N.º 15 - TOMO 606 - 3 DE JUNIO DE 2020

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3), 10), 14) y 16) Trasmisión de las sesiones del Senado por las redes sociales

– La señora presidenta da cuenta de que, en virtud de la situación sanitaria que atraviesa el país, la barra no estará abierta al público, pero la ciudadanía podrá seguir las sesiones a través de todas las herramientas que brinda la tecnología.

– En la tarde se informa que han estado siguiendo la sesión más de doscientas setenta personas; a lo largo del día se superaron las ochocientas.

– Aclaración de la señora presidenta acerca de la decisión de esta trasmisión.

4) Asuntos entrados

5) Pedidos de informes

– La señora senadora Lazo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la designación del director general de la Junta Nacional de Salud;

- con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con actos delictivos en bases militares.

– El señor senador Lozano solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con las empresas constructoras que realizaron las reformas en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

– El señor senador Olesker solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la compra directa de vinilo decorativo para la flota vehicular policial.

• Oportunamente fueron tramitados.

6) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

7) y 12) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Mujica, Sanguinetti (Julio María) y Astori.

– Quedan convocados los señores senadores Sánchez, Viera y Mahía.

8), 11), 13), 15) y 17) Proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración

– En discusión general.

• Aprobado.

9) Presencia del señor presidente de la república en la barra

– El señor senador Botana saluda la presencia del señor presidente de la república.

18) Levantamiento de la sesión

– Concluida la discusión general, por moción del señor senador Penadés el Senado resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el jueves 4 de junio a las 09:30.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 2 de junio de 2020

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria y permanente, de conformidad con lo establecido por el literal d), numeral 7.º del artículo 168 de la Constitución de la república, en régimen de cuarto intermedio, mañana miércoles 3 de junio a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

– Discusión general y particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

Carp. n.º 143/2020 - n.º 61/2020 -anexos I y II

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Camy, Carrera, Cosse, Coutinho, Della Ventura, Domenech, Gandini, Kechichian, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Niffouri, Olesker, Penadés, Peña, Rubio, Sabini, Sánchez, Sanguinetti (Carmen), Sartori y Viera.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Mujica, Sanguinetti (Julio María) y Topolansky.

3) TRASMISIÓN DE LAS SESIONES DEL SENADO POR LAS REDES SOCIALES

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores senadores: muy buenos días.

Antes de dar inicio formalmente a la sesión extraordinaria del día 3 de junio, queremos dejar constancia de que en virtud de la situación sanitaria que estamos transitando y que todos conocemos, la barra no está abierta al público. Por eso hemos decidido –con el acuerdo de todos los coordinadores de bancada del Senado– que estas sesiones serán trasmitidas por todas las herramientas que las tecnologías nos brindan. Por lo tanto, durante estos días la ciudadanía va a poder seguir todas las sesiones del Senado que tienen que ver con el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Y esperamos, por qué no, que se pueda seguir en el futuro con este sistema de trasmisión de las sesiones de la vida parlamentaria, no solo para quienes asisten normalmente a las barras, sino para todos en general.

Queremos dejar constancia en la versión taquigráfica de esta decisión que, vuelvo a decir, fue propuesta y aceptada por los coordinadores de bancada de todos los partidos que tienen representación parlamentaria.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Son las 09:34).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica que ha dictado resoluciones designando en forma interina:

• en calidad de presidente y de miembro integrante en el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones a los señores Alejandro Stipanicic y María Silvia Emaldi, respectivamente;

• en calidad de presidente y de vicepresidente en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública a los señores Hugo Odizzio y Salvador Ferrer, respectivamente.

TÉNGANSE PRESENTES.

Asimismo, remite mensajes por los que solicita las siguientes venias:

• de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley n.º 15785, de 4 de diciembre de 1985, en la redacción dada por el artículo 30, de la Ley n.º 17243, de 29 de junio de 2000, a los efectos de designar en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo:

- como representante del Estado al señor Ángel Fachinetti;

- como representante del Estado en calidad de miembro integrante al señor Alfredo Asti;

• de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en los artículos 3 y 4 de la Ley n.º 15977, de 14 de setiembre de 1988, a los efectos de designar en el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay:

- en calidad de vicepresidente al señor Aldo Fabián Velázquez Alonso;

- en calidad de directora a la señora Natalia Argenzio;

• de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el literal a) del artículo 7, de la Ley n.º 15800, de 17 de enero de 1986, a los efectos de designar en el Directorio del Banco de Previsión Social:

- en calidad de directora a la señora Daniela Barindelli;

- en calidad de miembro integrante a la señora Araceli Desiderio;

• de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la república y en el artículo 58 de la Ley n.º 18437, de 12 de diciembre de 2008, en la redacción dada por el artículo 1.º de la Ley n.º 19314, de 13 de febrero de 2015, a los efectos de designar en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública en calidad de miembro integrante a la profesora Dora Araceli Graziano Marotta;

• de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 3 de la Ley n.º 18716, de 24 de diciembre de 2010, a los efectos de designar en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay en calidad de directores a los señores Leandro Francolino y Max Sapolinski;

• de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el literal a) del artículo 1 de la Ley n.º 15740, de 8 de abril de 1985, a los efectos de designar en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas:

- en calidad de vicepresidente al señor Julio Luis Sanguinetti;

- en calidad de miembros integrantes al señor Enrique Sergio Pées Boz y a la señora Fernanda Cardona;

• de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el literal a) del artículo 1 de la Ley n.º 15740, de 8 de abril de 1985, a los efectos de designar en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos en calidad de miembro a la señora Alejandra Koch;

• de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 28 de la Ley n.° 17243, de 29 de junio de 2000, a los efectos de designar en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos en calidad de vicepresidente al señor capitán de navío del Cuerpo General (r.) Gastón Emilio Bianchi Conti;

• de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el literal b) del artículo 1 de la Ley n.º 15740, de 8 de abril de 1985, a los efectos de designar en el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado:

- en calidad de vicepresidente a la señora Susana Montaner;

- en calidad de miembro integrante al señor Edgardo Ortuño.

HAN SIDO REPARTIDOS POR DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta por noventa días como máximo, el subsidio por desempleo de los extrabajadores de PILI S. A.

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración eleva informado el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.º del artículo 168 de la Constitución de la república.

HA SIDO REPARTIDO Y SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Suprema Corte de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.° del artículo 239 de la Constitución de la república, remite un mensaje solicitando la aprobación correspondiente para designar en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones al doctor Gustavo Antonio Mirabal Bentos.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Ministerio de Salud Pública remite notas por las que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de los pedidos de informes realizados por el señor senador Carlos Camy, de fecha 17 de marzo del corriente, relacionados con:

• cifras epidemiológicas de los accidentes cerebrovasculares –ACV–;

• la integración y condiciones de contratación de parte del equipo profesional del Hospital Policial, el Hospital Maciel y el Hospital de Tacuarembó;

• el tratamiento de las personas con accidentes cerebrovasculares –ACV– ante situaciones de emergencia, centros de referencia y la logística profesional médica aplicada.

OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR SENADOR CAMY».

5) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«La señora senadora Sandra Lazo solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la designación del director general de la Junta Nacional de Salud;

• con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con actos delictivos en bases militares.

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

«El señor senador Raúl Lozano solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con las empresas constructoras que realizaron las reformas en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«El señor senador Daniel Olesker solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la compra directa de vinilo decorativo para la flota vehicular policial.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En las sesiones extraordinarias del 26 de mayo no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración matutina del 20 de mayo faltó con aviso el señor senador Sergio Abreu; y a la sesión vespertina del 20 de mayo faltó con aviso la señora senadora Amanda Della Ventura. A la sesión vespertina del 21 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Sergio Abreu, Mario Bergara, Sergio Botana y Guillermo Domenech.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 2 de junio de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito gestione licencia a quien suscribe, durante los días 6 y 7 de junio de 2020, por integrar uno de los grupos de más alto riesgo para su salud, dada la situación sanitaria que está afectando al país.

Saludo atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Queda convocado el señor Alejandro Sánchez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 2 de junio de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia a partir del lunes 8 de junio y hasta el martes 7 de julio inclusive, en virtud de tener que cumplir con la exhortación de las medidas sanitarias adoptadas de no salir de nuestras residencias.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Julio María Sanguinetti. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

Queda convocado el señor Tabaré Viera, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la consideración del único punto del orden del día: «Proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. (Carp. n.º 143/2020 - rep. n.º 61/2020 - anexos I y II)».  

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Muchas gracias, señora presidenta.

Al inicio de mi intervención quiero agradecer a la Mesa por las medidas adoptadas para que la Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración pudiese funcionar lo más normal posible en el contexto que a nuestro país le ha tocado vivir producto de la declaración de emergencia sanitaria. Queremos agradecer a los funcionarios de la Comisión Administrativa y muy especialmente a los funcionarios del Senado porque nos tienen acostumbrados al trabajo tan profesional y comprometido con esta institución desde hace tanto tiempo.

Quiero tener unas palabras especiales para los funcionarios que trabajaron en la sala y, especialmente, a los secretarios de la comisión. Quiero también, intentando representar a los integrantes de la comisión y, sin lugar a duda, a todos los señores senadores y a todos los que trabajamos en el Poder Legislativo, especialmente en el Senado, trasmitir nuestro más profundo y sentido pésame al secretario de la comisión Bernardo Pollero, que el domingo, justamente trabajando aquí en el Parlamento en el armado de todo el material que hoy nosotros tenemos sobre nuestras bancas, se enteró del asesinato de su hermano. En nombre de todos los señores senadores y de todos los funcionarios del Senado, queremos hacer llegar nuestro más profundo y sentido pésame ante la tragedia que a él y a su familia les ha tocado vivir.

Empezamos a analizar un proyecto de ley particular desde todo punto de vista. Es particular por el tamaño, pues vamos a aprobar 476 artículos en el correr de los próximos días, y particular porque ese proyecto de ley fue remitido con el rótulo de urgente consideración estableciendo, entonces, condiciones especiales en cuanto al trabajo y a su aprobación.

Por el fragor del debate que vamos a vivir, por las declaraciones públicas y por el legítimo intento –a veces demasiado exagerado– de tratar de marcar diferencias, me gustaría reconocer el trabajo que llevaron adelante todos los integrantes de la comisión, tanto los senadores del oficialismo como los del Frente Amplio. No podría iniciar mis palabras sin agradecer ni resaltar que en las diferencias y en los acuerdos realmente se pudo llevar adelante un trabajo de altísima calidad e intensidad.

Señora presidenta: me gustaría iniciar este informe diciendo que la comisión trabajó durante veintidós días. En ese período, los señores senadores del Frente Amplio hicieron uso de la palabra 832 veces y los de la coalición, 520. El objetivo no es marcar a nadie, sino demostrar que a pesar del corto tiempo de trabajo todo el que quiso hablar, lo pudo hacer; todo el que quiso criticar, lo pudo hacer; todo el que quiso proponer, lo pudo hacer. Quiere decir que aquí no se puede sostener que en esos veintidós días nadie tuvo la oportunidad de ser escuchado, de debatir, de proponer o de criticar. Creo que todos debemos congratularnos en el sentido de que se reinició una tradición –que por lo menos quien habla hacía tiempo que no veía–, que es la del intercambio; desde el Gobierno no tuvimos ningún problema en aceptar críticas, propuestas o modificaciones y desde la oposición no tuvieron inconveniente en hacer propuestas. Me parece que eso lo tenemos que resaltar con honestidad intelectual. Después vendrá el debate. Empecemos por el principio: reconocer esto que nos permite conceptualizar –por lo menos eso espero– el trabajo parlamentario, producto además de que en estos veintidós días, cuando los señores senadores hicieron uso de la palabra tantas veces como ya mencionamos, también se recibieron veintisiete delegaciones oficiales; dieciséis de instituciones académicas, catedráticos y expertos; ciento doce de la sociedad civil; cuatro de organismos internacionales y una de organismos gubernamentales extranjeros. O sea que en el correr de esos veintidós días, además de haber analizado 476 artículos, recibido 160 delegaciones de todo tipo, pelo y señal, de haber trabajado y escuchado a todo el mundo, venimos al Senado a presentar este proyecto de ley, que además reúne la condición de que más del cincuenta por ciento de sus artículos fue votado por unanimidad. Eso también es producto de una sana e interesante tarea parlamentaria. Diferencias va a haber miles y vamos a tener debates fortísimos –esperemos que se den dentro de los márgenes de la civilidad–, pero recordemos que cuando llegó el momento de analizar, proponer y discutir, pudimos hacerlo; se escucharon a las organizaciones, se tomaron en cuenta muchas de las cosas que se nos propusieron y varias de las críticas no cayeron en saco roto.

En definitiva, señora presidenta, quiero finalizar la introducción de este análisis resaltando positivamente, no el trabajo de uno sino el de todos; el de un equipo, por supuesto con el rol que a cada uno le corresponde cumplir: el oficialismo tiene uno, la coalición de gobierno, otro, y el partido de la oposición, en el Senado, tiene otro, y está muy bien que sea así.

Ahora, vamos a poner las cosas en su justo término para no trasmitir que aquí hubo avasallamiento –no hubo ninguno– o imposiciones –tampoco hubo ninguna– y que, por supuesto, cuando llegó el momento legítimo de tener que tomar una decisión, ocho votos son más que siete. Eso es así, ha sido así y ojalá que siga siendo así, porque es el espíritu central de un sistema democrático representativo de gobierno como el que tiene nuestro país.

El proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración ¿sorprendió? Imposible, porque durante el transcurso de toda la campaña electoral se avisó que el primer año de gestión tendría tres piezas centrales legislativas: la ley de urgente consideración, la ley de rendición de cuentas y la ley de presupuesto.

En enero se dio a conocer el primer texto y, en febrero o en marzo, el segundo. O sea, el presidente de la república decidió, sorprendiendo a todos, que quería democratizar y hacer participar a todo el mundo de la redacción de la ley que iba a ser enviada con el rótulo de urgente consideración, refiriéndose a la temática que iba a comprender y a su contenido. Inmediatamente, además, agregó algo que me parece muy sano –por lo menos quienes hace muchos años que estamos aquí adentro, sabemos que eso no es muy común–: que el Parlamento tendría la última palabra y que sería el que terminaría decidiendo y laudando el tema. Fue lo que sucedió. Está bueno que sea así. Creo que eso permitió a la coalición de gobierno trabajar en equipo y lograr hacer una gran labor. El Gobierno, el Poder Ejecutivo logró, o logrará –en los próximos días lo veremos– tener el consistente respaldo parlamentario con el que convalidar su acción. A su vez, con la aprobación de este proyecto de ley, con los matices que no se ocultaron y las diferencias que se sabía se tenían, se logrará encontrar un punto medio.

Resalto esto aún más porque a pesar de que afuera, al parecer, hay diferencias insoslayables entre el oficialismo y la oposición –por supuesto que hubo temas en los que no nos pudimos poner de acuerdo porque tenemos visiones absoluta y diametralmente opuestas; una logró la mayoría en el balotaje y conformó el Gobierno, y la otra ejerce el rol de ser el principal partido de la oposición–, en el transcurso de estos días logramos avanzar sobre algo que hacía mucho tiempo no se veía. De esta manera nos acercamos transitando todos hacia el centro y dejando muchas veces nuestras posiciones dogmáticas de lado, por entender que el tema era encontrar el punto medio y justo. En algunos temas eso sucedió; respecto a los otros, cuando oportunamente los analicemos y discutamos, veremos que son mucho más importantes que el texto mismo que terminará aprobándose. Ellos constituyen el mensaje de la realidad que nos ha golpeado en los últimos tiempos, que nos convenció de que nadie es poseedor absoluto de la verdad y nos hizo entender que todos podemos tener algo de verdad. Esto hizo que se dieran encuentros.

Es en ese sentido, señora presidenta y señores senadores, que el Gobierno entendió que en las once secciones que tiene esta legislación radicaba la declaratoria de urgencia. Se ha insistido mucho, en los últimos tiempos, en que esta no es la urgencia que tiene la gente. Pero también entiendo que hay una serie de urgencias que han sido enfrentadas por el Gobierno y que muchas de ellas han contado con el respaldo de todos los partidos políticos. Eso se ha visto reflejado en la aprobación de leyes vinculadas al escenario que lamentablemente nos ha tocado vivir por la aparición de la emergencia sanitaria, declarada el 13 de marzo pasado. Pero se entiende, y aquí se ve, que en esta ley radica la necesidad que tiene el Gobierno de atender esta situación con urgencia. ¿Alguien se anima a decir que la seguridad pública no es un tema urgente?; ¿Alguien se anima a sostener que la educación no es un tema urgente?; ¿Alguien se anima a decir que no urge la creación de un ámbito para que se aprueben políticas focalizadas vinculadas a la defensa de la sostenibilidad del medioambiente? Se entiende que en materia económica se tomaron decisiones, aunque nos plantean con honestidad que no se pueden aplicar inmediatamente, más allá de que es necesario ir hacia una regla fiscal o hacia la mejora de la gestión de las empresas públicas, así como bajar algunos costos de producción que son reclamados por la sociedad y que en este caso están vinculados a la energía, más precisamente al combustible. Hay que promover las micro- y las medianas empresas. Es necesario dotar de autonomía y jerarquía a la Ursea y a la Ursec como forma de exigir a las empresas, tanto públicas como privadas, que brinden a la población mejores servicios, de mayor calidad y a menores costos, en la medida de lo posible o, por lo menos, que sean competitivos. Para optimizar las compras públicas es necesario tomar algunas medidas sobre normas vinculadas a los empleados públicos o al sistema de participación público-privado y a las concesiones. El Gobierno entiende que es imperioso adoptar medidas vinculadas a la producción en el Instituto Nacional de Colonización y en el Instituto Nacional de Carnes. Hay que crear el Instituto Nacional de la Granja y jerarquizar el Instituto de Bienestar Animal. ¿Alguien no entiende que es urgente y necesaria la creación de un Comité de Expertos vinculada al trabajo, las relaciones laborales y la seguridad social? Luego de haber escuchado a varias delegaciones, especialmente a las que vinieron en nombre del Poder Ejecutivo, entendemos que es urgente atender el régimen de adopciones. Se dice que hay miles de niños que están en condiciones de ser adoptados y no pueden serlo por un sinnúmero de razones, muchas de ellas, sin lugar a duda, de carácter presupuestal. ¿Se entiende que es necesario fortalecer al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y buscar otras herramientas que estaban comprometidas en el programa de gobierno en el sentido de ir hacia un nuevo sistema para el arrendamiento sin garantía que no sustituya a ninguno de los anteriores sino que se agregue? También hay que atender el ámbito de aplicación de Mevir.

Nos animamos a poner sobre la mesa algo que no sé si todos los señores senadores vieron aquí, pero que a mí me llamó particularmente la atención porque desnuda la esencia de la idiosincrasia que tenemos los orientales: el eterno diálogo. Escuché a un sinnúmero de delegaciones que reclamaban diálogo. A muchas las escuché analizar lo que tienen que hacer desde hace muchísimo tiempo, pero ya diremos lo que pensamos cuando analicemos esos temas. Estoy cansado de escuchar delegaciones de sectores públicos y privados que vienen desde hace treinta años –cuando ingresé al Parlamento por primera vez– a avisarnos lo que van a hacer y en el medio hay miles y miles de jóvenes, de niños, de compatriotas que padecen la inacción porque, al final, el diálogo para muchos se ha transformado en una excusa del no hacer, de mantener el statu quo, del no tocar, del no innovar, del «no te metas». Y si alguien conoce a la coalición de gobierno, al Partido Nacional y al presidente de la república, como es mi caso, sabe que si hay algo de lo que no abrevamos es de la idea del dejar hacer, del dejar pasar; preferimos hacer y equivocarnos que no hacer. Tan así es, señora presidenta, que no tuvimos ningún prurito en retirar inmediatamente algunas normas del proyecto de ley original cuando entendimos que no estaban cumpliendo con la estricta vigencia de la Constitución; cuando vimos que eran de carácter presupuestal y no se podían tratar en una ley de urgencia, fueron retiradas; cuando vimos que estaban vinculadas a los empleados públicos y a mayorías especiales para adoptar medidas y no se podía hacer en una ley de urgente consideración, también fueron retiradas. No tenemos problema en reconocer que el proyecto de ley sufrió muchas modificaciones y esperemos que haya sido para mejorarlo.

También se ha instalado la idea de que se modificaron trescientos artículos del proyecto de ley y eso no es verdad. El problema está en que quisimos hacer una ley tan prolija que, entre otras cosas, decidimos que cada artículo tuviera un nomen juris y entre las modificaciones figura la incorporación del título al artículo que acompaña. ¡Eso no es una modificación!, pero si así fuese vayámonos acostumbrando a que ese es el rol del Parlamento. Ahora bien, hacía mucho tiempo que no sucedía; lo que venía se votaba. Participé en cientos de reuniones en las que me decían: «Tenés razón, es inconstitucional, pero lo vamos a votar igual» o «Tenés razón, esto lo cambiamos». Llegué a escuchar en sala a algunos legisladores decir: «No se preocupen, sabemos que es inconstitucional, pero lo cambiamos en la reglamentación», como creyendo que la reglamentación de una ley puede sustituir lo que la ley establece.

Es decir que abandonamos el relativismo jurídico y el «se puede hacer de cualquier manera», por el férreo y estricto control de la Constitución y la ley, y no tenemos problema en reconocerlo. Al contrario, venimos con satisfacción a decirlo, porque creemos que ahí radica la verdadera jerarquización de estos cuerpos legislativos.

Entonces, hay temas que por supuesto están vinculados a cosas que darán para hablar y que son para debatir, como la protección de la libre circulación y las normas vinculadas a establecer claramente los derechos de todos y no de algunos, fundamentalmente los derechos consagrados en diversos artículos de la Constitución. Por su parte, no tuvimos inconveniente en buscar una nueva regulación para un tema en el que vamos a tener que trabajar muchísimo, que es el de las áreas naturales protegidas. Debemos decir, también, que en el proyecto de ley hay un tema vinculado a la portabilidad numérica que, sin lugar a duda, entendimos que era una medida que merecía una aprobación en el contexto de este proyecto de ley.

Antes de empezar a hacer algunas consideraciones sobre estas secciones, señora presidenta, me gustaría ratificar un concepto –aunque es obvio, vale la pena que lo ratifiquemos– que expresaron jerarcas del Poder Ejecutivo cuando vinieron aquí y que, además, lo reafirmaron una y otra vez: estamos dispuestos a debatir y también a intercambiar, pero no vamos a aceptar que se nos atribuya intencionalidad de violentar la Constitución, de vulnerar derechos consagrados en la Constitución y en la ley, o de dar marcha atrás en derechos adquiridos.

Por otra parte, en el transcurso del debate sobre muchos artículos, algunos señores senadores sostuvieron legítimamente cierta precaución o visión con respecto a que determinadas normas establecidas aquí podrían generar algún tipo de exceso por parte de quien vaya a ejecutarlas. Me gustaría que en la mañana de hoy quedara meridianamente claro que el Gobierno de la coalición que hoy está ejerciendo la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo no va a admitir, bajo ninguna circunstancia, que se violente la Constitución de la república o las leyes. Nadie puede llegar a sostener que el espíritu con el que serán aprobadas estas normas en el transcurso de estos días tiene ese objetivo en el marco del Estado de derecho que existe en nuestro país. Digo esto porque por ahí se quiere instalar o construir el relato –ya lo expresé en el momento en que tuvimos una discusión al analizar el intento de levantamiento del rótulo de urgente consideración y no sería sincero si no lo señalara; además, lo que sostengo aquí lo digo en todos lados– de que este es un Gobierno que viene a avasallar, a violentar y a atentar contra la Constitución y la ley. Creo que, además, es un relato bastante peligroso porque genera la idea –en esta proliferación de información directa que existe en estos tiempos de relativismo y en esta posverdad tan triste, lamentablemente, en algunas áreas de la vida y fundamentalmente en las redes sociales, detrás del anonimato se ven la cobardía y las cuestiones más inmundas que un ser humano pueda escribir, y se refleja la negrura de algunas almas– de que aquí estamos por atentar contra los derechos de alguien y eso es realmente ofensivo e innecesario.

¿Que tenemos diferencias? ¡Por supuesto que sí! ¿Que somos partidos políticos que tenemos visiones distintas de la realidad? ¡Bienvenido sea! Esa es la democracia, pero así como yo no atribuyo intenciones tampoco admito que me las atribuyan. Y lo lamento por quienes lo hacen, vengan de donde vengan; muchas veces vienen de mi partido y lo digo con total honestidad. Ahora bien, quienes pretendemos ser referentes y somos representantes, debemos tener una visión enaltecedora de la actividad pública y ser esencialmente defensores de «Yo no pienso igual que usted, estoy en el otro polo de lo que usted sostiene y dice, pero no puedo atribuir que su intención sea –si no lo digo claramente– la de atentar contra el Estado de derecho, contra la Constitución o contra la ley». No nos corresponde a nosotros establecer la constitucionalidad de esta iniciativa, sino al Poder Judicial frente a quien se presente ante él con el interés legítimo de llevar adelante algún intento de declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora bien, la intención no fue esa, el trabajo no es ese y el objetivo que se busca no es ese. La realidad que nos golpea en algunas de las áreas que toca el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración es verdaderamente trágica. Entendemos que estas son las herramientas que se necesitan para combatir y revertir esa realidad que lamentablemente hoy nos sacude en vastas áreas de la vida nacional y que atenta contra la vida de nuestros compatriotas y contra la capacidad y la posibilidad de desarrollarse.

Señora presidenta: mirando a vuelo de pájaro algunas de las secciones incluidas en este proyecto de ley, hablemos, en primer lugar, de la seguridad pública y del derecho a la protección de la seguridad consagrado en el artículo 7 de la Constitución. Es un cometido esencial del Estado y competencia del Poder Ejecutivo la conservación del orden y tranquilidad en lo interior. Eso es lo que establece el numeral 1.° del artículo 168 de la Constitución. ¡Y en esa dirección van dirigidas las normas que estamos promoviendo! A través de las normas legales que estamos impulsando, vamos a tratar de restablecer, en el menor plazo posible, las condiciones necesarias para asegurar la convivencia pacífica de las personas que habitan en nuestro país.

Señoras y señores senadores: es un deber irrenunciable del Estado el garantizar la seguridad de las personas y de las familias; hoy, lamentablemente, no lo está logrando. De eso hablan las cifras. En estos sesenta días en los que nos hemos hecho cargo del Gobierno hemos pretendido revertir esa situación.

Es público y notorio que la inseguridad ha ido agravándose, por lo que resulta necesario poner al Estado en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de prevención, de disuasión y de represión del delito, con acciones complementarias que doten al sistema de la eficacia requerida para transformar y erradicar la situación actual. Por eso estamos promoviendo un marco jurídico e institucional que respalde el accionar policial, las políticas de seguridad pública y de seguridad ciudadana, en cuya esfera se encuentra la libertad respecto al miedo y a la necesidad.

Ese es el objetivo, señora presidenta, de la sección I, «Seguridad pública», que contiene normas penales, sobre el proceso penal, sobre la legislación profesional policial, sobre estupefacientes y sobre adolescentes privados de libertad. A este respecto, no tenemos ningún prurito en reconocer que buscamos una legislación alternativa, pero gracias a la gestión de muchos de los señores senadores que integran el Gobierno y a los aportes que provinieron de la oposición, la redacción ha sido mejorada. En esta sección se incluyen también normas sobre la gestión de la privación de libertad, sobre la creación del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, sobre prevención y represión de la violencia en el deporte y otros espectáculos de carácter masivo, sobre la protección de la soberanía del espacio aéreo, etcétera. Entendimos la seguridad como un todo y sobre él venimos a legislar.

Concomitantemente con esto, señora presidenta, entre los objetivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado –que forma parte de la sección II–, figura mejorar el marco jurídico del Sistema de Inteligencia Estratégica de Estado. En este sentido, modificamos algunas cosas que en oportunidad de abordar esa sección vamos a analizar con mayor intensidad. Aquí el objetivo es uno solo. En la integralidad y la totalidad de las normas penales y de la reorganización interna de algunos de los servicios que brinda el Estado para mantener el orden público, y en la necesidad de establecer una visión estratégica del Estado desde las más altas esferas de nuestro país, el objetivo es tratar de lograr una armonía y la necesaria coordinación entre todas estas áreas.

Con respecto a la educación –otros van a referirse a esto con mayor capacidad que yo–, me gustaría decir que lo que buscamos es un cambio en la gobernanza del sistema educativo, en el funcionamiento de los centros educativos, en el fortalecimiento de la profesión docente –en especial, de la formación docente de grado y posgrado–, y transparentar y fraccionar el funcionamiento del sistema educativo. También se establecen una serie de normas y de iniciativas que apuntan a modernizar la institucionalidad y ajustarla a las mejores prácticas vigentes a nivel internacional.

Por otra parte, quiero decir que las cifras que fueron manejadas por algunas de las organizaciones que comparecieron ante la comisión me dejaron realmente alarmado. ¡Una de las aseveraciones que se manejaron tenía que ver con que en los quintiles más pobres el grado de analfabetismo ronda el ochenta por ciento! ¡Eso es algo realmente insostenible! Ya podremos profundizar en ese tema, pero esto no da para más. Nosotros entendemos legítimamente que el camino que nos comprometimos a transitar ante la ciudadanía, que esta conocía y que además fue acompañado por la mayoría, es el que pretendemos implementar con estas normas.

En materia de economía y de gestión de empresas públicas, es imperioso poner en marcha mecanismos que aseguren un manejo responsable y óptimo de los dineros públicos, así como crear una regla fiscal como la que establecemos aquí. Asimismo, se establecen la construcción de instituciones económicas sólidas que limiten los eventuales comportamientos irresponsables por parte de los Gobiernos y nuevas normas sobre la libertad financiera. Entendimos necesario flexibilizar algunas normas vinculadas a la inclusión. Al respecto, se conocía de antemano cuál era nuestra posición, por lo que nadie puede sorprenderse.

Ya hablé sobre la necesidad de la jerarquización de las unidades reguladoras del Estado.

Una de las cosas que más me sorprendieron y que lamenté mucho de las organizaciones que nos visitaron –fundamentalmente las vinculadas a los temas medioambientales– es que no reconocieran que en el proyecto de ley estuviera contemplada la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Eso realmente me sorprendió porque vinieron muy enfocadas en el tema de las áreas protegidas, pero no resaltaron lo que debían resaltar, que era la voluntad de dar rango ministerial a un tema que nos golpea con una virulencia inocultable. El deterioro de la calidad medioambiental de nuestro país es inocultable, especialmente en las áreas vinculadas al agua. Aquello del Uruguay Natural, hoy, lamentablemente, parece un chiste de mal gusto. Debemos recobrar la intención de ejercer y llevar adelante políticas públicas en esa dirección, por lo que la creación de un ministerio nos parecía algo fundamentalmente central.

Por otra parte, existe la necesidad de crear una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas –a los efectos de que el Poder Ejecutivo tenga autocontrol y pueda exigir resultados a las diversas áreas de la Administración pública– y de unificar la contratación administrativa con la Agencia Reguladora de Compras Estatales como forma de optimizar el sistema de compras, así como también la de crear normas para el fortalecimiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil de la república. No tenemos prurito en reconocer que en las últimas Administraciones ha sido mejorada, pero necesita muchísimo más.

En el sector agropecuario, en cuanto a las normas laborales y de seguridad social en el régimen jurídico del Instituto Nacional de Colonización y del Instituto Nacional de Carnes, se establece igualdad de derechos. Vale aclarar que nadie atenta o piensa atentar contra el derecho de huelga consagrado en la Constitución, pero vamos a defender el derecho al trabajo y, aunque parezca contradictorio, también el derecho de los empresarios y de los industriales de poder ingresar a sus dependencias cuando lo entiendan oportuno.

Asimismo, se crea una normativa que atenderá la emergencia de vivienda. Hoy hacen falta 70.000 nuevas unidades habitacionales; si no hacemos nada, en 2025 se necesitarán 87.500. Por lo tanto, debe haber un cambio en la atención de estas realidades que nos han golpeado de forma inocultable. Muchas de estas cosas son consecuencia de políticas –que no consideramos acertadas– llevadas adelante en las últimas Administraciones que hicieron aumentar sistemáticamente los asentamientos en todo el país. Por otro lado, era necesario establecer un régimen de arrendamiento sin garantía novedoso –no el único ni que sustituya a ninguno– que permita que las personas que no tengan garantía puedan hacerse de una vivienda donde vivir.

Señora presidenta: planteamos la incorporación de las modificaciones al Código Civil. Y es verdad que se retiraron varios de los artículos con el compromiso –que aquí volvemos a asumir públicamente– de crear una comisión en el ámbito del Senado o de la Asamblea General para el análisis de un tema que, como tantos, hace cuarenta años que se dice que tenemos que modificar y nunca tenemos tiempo para hacerlo. Ahora bien, se toman algunas decisiones vinculadas a modificaciones en materia de herencias y de prescripciones que entendíamos que eran imprescindibles. En ese sentido, nos animamos a poner sobre la mesa la necesidad de encarar este tema directamente.

Por otro lado, establecemos también normas vinculadas a la protección de la libre circulación de personas, bienes y servicios. Es un artículo que, sin lugar a duda, vamos a discutir en el transcurso de estos días, pero también hay que entender que lo que pretendemos es que todo el mundo tenga el derecho a manifestarse, a protestar, a ocupar el espacio público con un fin informativo, y el derecho al libre tránsito y la libre circulación. En algunos momentos estos derechos parecían enfrentarse, colisionar, pero no tiene por qué ser así ni pretendemos que lo sea; entendemos que no debe haber un avasallamiento de unos sobre otros.

Por último, señora presidenta, el Gobierno de la coalición que hoy ejerce la responsabilidad y la titularidad del Poder Ejecutivo y que tiene las mayorías parlamentarias ha entendido que este es un proyecto de ley que más que justificadamente tiene el rótulo de urgente consideración. Su contenido tiene como eje central, como columna vertebral, los compromisos asumidos ante la ciudadanía en los últimos comicios nacionales. Tiene como objetivo ejercer la autoridad con el claro fin de defender la libertad y los derechos de los ciudadanos, dando las herramientas y, fundamentalmente, una visión integradora de una sociedad que no admite más demoras en que se encaren algunos de los problemas que nos golpean con fiereza todos los días de nuestra vida.

Por lo tanto, señora presidenta, hay que entender que todo esto se hace en el marco de un estricto –repito– cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes. Digo esto para quien pretenda ofender al Gobierno –aunque sea dejando soslayar la posibilidad– integrado por los partidos políticos de una coalición diciendo que se pretende avasallar algún tipo de derecho.

Ahora, señora presidenta, se acabó el relativismo; se terminó el «no se puede»; vamos a intentar hacerlo. Podremos equivocarnos, pero al final de este mandato de gobierno nadie va a poder acusarnos de no haber tratado por todos los medios posibles de llevar adelante los compromisos asumidos ante la ciudadanía en la última campaña electoral dentro del marco legal y constitucional vigente. El quietismo, el «esto se puede arreglar en muchos años», no va con nosotros. Quizá nos equivoquemos, pero tenemos la más absoluta convicción de que estamos en el camino correcto.

Era todo lo que quería decir, señora presidenta. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- En primer lugar, señora presidenta, quisiera mencionar algunas formalidades.

Hacemos nuestras las palabras del señor senador Penadés, que nos representó al saludar a nuestros funcionarios y, especialmente, a Bernardo por el suceso trágico que sufrió su hermano el otro día. Sé que eso impactó muy fuerte en todos los funcionarios que estaban trabajando aquí.

En segundo lugar, siguiendo con las formalidades, quiero agradecer al presidente de la comisión, señor senador Gustavo Penadés, que permitió que la oposición se expresara. Por los números que él tiene, trabajamos más nosotros que sus legisladores y quizás cumplieron con aquella máxima de Tarigo que dice que la oposición habla y el oficialismo vota. Esperemos que el presidente de la comisión siga con esa máxima, pero queremos agradecerle porque permitió que la oposición se expresara; permitió que, a pesar de las dificultades de este proceso –porque las tiene–, se pudiera trabajar en tres o cuatro semanas; y permitió que se escuchara a un número muy importante de delegaciones y de agencias internacionales radicadas en la república. Reitero que queremos agradecerle la manera en que se manejó y el haber permitido que la oposición se expresara. Hay que dejar constancia de eso porque forma parte de la cortesía parlamentaria y cuando un presidente de una comisión actúa y trabaja así tenemos que reconocerlo.

Pero lo que no podemos aceptar es que este procedimiento denominado ley con declaratoria de urgente consideración sea puesto como el paradigma de la democracia. Eso no lo acompañamos.

El 28 de abril hicimos una caracterización de cómo el Frente Amplio veía este proceso: era una ley inoportuna y la calificábamos de inconstitucional. Presentamos una moción y perdimos la votación. Luego fuimos a comisión y el talante que tuvimos fue el de trabajar, escuchar, estudiar y tratar de entender qué era lo que se proponía por parte del Poder Ejecutivo. Ahora, como parece que es el paradigma de la democracia, se dice que el Frente Amplio va a acompañar el 51 %, el 50 %, o el 47 % del articulado, pero para nosotros la discusión no está ahí, sino en que el Frente Amplio ya definió que va a votar en general en contra de esta ley porque no podemos consentir esta forma de gobernar y de legislar. No estamos de acuerdo con eso, no lo compartimos y, reitero, no vamos a consentirlo con nuestro voto. Luego, en la discusión particular, vamos a acompañar unos cuantos artículos. Por ejemplo, uno de los que vamos a acompañar es el que tiene que ver con la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado. El Poder Ejecutivo propone hacer una modificación en su ubicación institucional y que pase a depender de Presidencia. Nosotros dimos una discusión y nuestro fundamento. ¿Por qué era importante mantener el rol institucional tal como estaba definido? Porque ahí radica el tema de la responsabilidad política y del control parlamentario. Nosotros logramos esa modificación. ¡Cómo no vamos a acompañar ese artículo si vamos a hacer uso del control parlamentario y de la responsabilidad política!

Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que este sea el paradigma de la democracia. Perdimos la discusión y fuimos a trabajar con un talante de oposición responsable y constructiva. Aportamos y, en nuestra visión, hicimos reducción del daño. Esos son los artículos que vamos a acompañar y que luego –me refiero a jueves, viernes y quizás sábado– analizaremos en la discusión particular. Quiero dejar eso claro, señora presidenta, en el inicio de la discusión.

Como dije, no es ninguna novedad que el Frente Amplio no va a acompañar en general este proyecto de ley. Ya lo hemos señalado. Tal como dijimos el 28 de abril, para nosotros existían razones de oportunidad: no era oportuno que nos abocáramos a discutir este proyecto de ley en el momento en que nuestro país se encontraba sufriendo una pandemia, una emergencia sanitaria declarada sin fecha de cese por nuestro presidente de la república. Esta crisis sanitaria, esta pandemia, trajo una serie de consecuencias en el ámbito social, laboral y económico que está sufriendo nuestra población, y nosotros creemos que no era el momento oportuno. En los cuatrocientos ochenta y siete artículos finales no hay una referencia a la crisis sanitaria que hoy sufre nuestro país.

También hacíamos menciones a razones de calidad democrática. Nosotros consideramos que esta metodología de trabajo impide un debate profundo de este proyecto de ley. Por más que pusimos nuestra buena voluntad –como dijo el señor senador Penadés–, esta no es la mejor forma de legislar; en nuestra opinión, este no es el mejor instrumento.

En definitiva, discutir quinientos un artículos en tres o cuatro semanas no es lo correcto, señora presidenta. Estudiar y discutir treinta y siete ejes temáticos no es adecuado. Lo dijimos en la discusión del 28 de abril y perdimos. Como dije, como oposición responsable y constructiva, fuimos a trabajar a la comisión especial. Tan así fue que, después de aquella dura discusión que tuvimos ese día, a nosotros nos correspondió asumir la vicepresidencia de la comisión especial y lo aceptamos. Si el Frente Amplio se hubiera cruzado de brazos y no hubiera querido aportar, no habría aceptado la vicepresidencia, pero no fue así. Ese no es el rol del Frente Amplio.

Como señalé, vamos a votar en contra y no vamos a acompañar este proyecto de ley, ya que no podemos consentir esta forma de legislar. No podemos consentir esta forma de gobernar. En la historia institucional es la primera vez que se propone utilizar este mecanismo excepcional, este mecanismo extraordinario, en forma normal. Repito, el Frente Amplio no puede consentir esa forma de legislar. Y, según nuestra visión, este proyecto de ley tuvo intenciones. Lógicamente es la mirada de la oposición, pero tuvo intenciones. Para nosotros, la primera intención de este proyecto de ley fue desmantelar al Estado, desregularlo; tuvo como foco a las empresas públicas y podemos decir que esa dimensión, la dimensión privatizadora, fue la que quedó por el camino, como más adelante desarrollaremos. La segunda intención puso el foco en una política que nosotros denominamos el uso de la fuerza irracional.

También debemos decir que el proyecto de ley que hoy comenzamos a tratar en forma general es bien diferente –hacía mención el señor senador Penadés– al que ingresó al Parlamento. Si comparamos el proyecto de ley que estamos tratando hoy con el original, veremos que solamente se mantuvieron setenta y seis artículos de los quinientos uno, esto es, un quince por ciento. Como dijimos, señora presidenta, vamos a votar en contra y acompañaremos algunos artículos en la discusión particular. Si bien la dinámica del debate, en nuestra opinión, no fue adecuada –no por la voluntad de los quince miembros de la comisión especial, sino por la metodología, los procesos y los tiempos que nos impone la Constitución–, entendemos que hay medidas que debemos respaldar porque allí aportamos, y ese es el rol de esta oposición.

Antes mencioné el tema de las dimensiones del Estado en la ley de urgente consideración. Como primer punto a ese respecto, hay algo que nos preocupa muchísimo –aun reconociendo que tenemos problemas serios de seguridad en nuestro país– y es lo que denominamos el uso irracional de la fuerza.

En materia de seguridad pública aquí se rompió un acuerdo, un pacto no escrito del sistema político del Uruguay, pues por lo menos desde el año 1995, las leyes en materia de seguridad han sido discutidas en ámbitos más amplios y consensuados. Y voy a citar, como ejemplo, la Ley n.º 16707, Ley de Seguridad Ciudadana –días pasados hablaba de esto con el señor senador Rubio–, que creó una comisión en la que se discutió y se hicieron aportes en los tiempos adecuados. Nosotros, los legisladores del Frente Amplio, abogamos por eso, abogamos por políticas de Estado en esta materia. ¡Y allí queremos aportar! ¡Con los tiempos necesarios! ¡Para llegar a consensos, aun cuando quizás haya disensos! Pero todos debemos poder aportar, la academia, los operadores, reitero, todos. Abogamos por que se generen ámbitos de discusión, y nos comprometemos a discutir y a trabajar en ellos.

Hay que reconocer que este es un tema muy complejo, en el que debemos poner lo mejor de cada uno y no hacer política con el dolor de la sociedad. No estoy queriendo atribuir intenciones a nadie, acá estamos todos trabajando con la mejor buena fe, pero este es un tema muy complicado, más aún después del pasado fin de semana, de ese domingo trágico que nos tocó vivir como sociedad, en el que se perpetraron siete homicidios. El compromiso del Frente Amplio es trabajar en políticas de Estado en esta materia, y siempre tendremos la mano tendida para ayudar.

¿Por qué buscamos políticas de Estado en materia de seguridad y convivencia? Porque en esa área el consenso y los acuerdos son fundamentales. La gran mayoría de las medidas legislativas respecto a seguridad pública, de un tiempo a esta parte, han sido votadas por unanimidad. Mencionamos la Ley n.º 16707 del año 1995, pero también podemos hablar de cuando nos tocó a nosotros estar en el Gobierno. Al menos en la historia reciente, desde el año 2005 al pasado 1.º de marzo –fecha en que asume el Gobierno de la coalición–, la gran mayoría de las leyes fueron votadas por unanimidad. ¿Y por qué es importante la unanimidad? Porque están en juego los derechos fundamentales y las garantías individuales.

Lamentablemente, señora presidenta, entendemos que en la ley de urgente consideración faltan las dimensiones del problema. Y me refiero al vinculado a la seguridad pública. Ante este problema –que es mundial, regional y nacional– creemos que, lamentablemente, no han existido los espacios adecuados de discusión, que deben ser precedidos de suficiente estudio y reflexión. No se pudo escuchar a los diversos actores y tampoco se buscó el consenso político cuando es más que necesario.

Esta ley, en su primer capítulo, apunta a implementar lo que nosotros denominamos el uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas policiales. Se propone encarar la lucha contra la delincuencia a través de la modificación de normas jurídicas, sin considerar los problemas de la dimensión internacional en materia de seguridad ni los de la violencia estructural en nuestra sociedad, así como tampoco los relacionados con la violencia de género.

La dimensión internacional impacta sobre nuestro territorio y sobre los problemas de seguridad que tenemos. Sin embargo, aquí no se considera esta dimensión. Tampoco se tiene en cuenta el crimen organizado; no hay normas que apunten a combatirlo ni hay normas referidas a la trata de personas. Hay alguna referencia en ciertos artículos –que también acompañamos– a lo que tiene que ver con el narcotráfico. De los cinco artículos propuestos nosotros acompañamos dos, por considerar que lo que tiene que ver con la dimensión del crimen organizado, del gran narcotráfico, hay que penarlo con mayor severidad; por eso acompañamos esas dos propuestas.

En nuestra humilde visión, no se considera la dimensión internacional del crimen organizado. Además, se hacen modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera y a la Ley Integral contra el Lavado de Activos, lo que nos puede traer una serie de complicaciones a futuro. Se camina hacia atrás en los avances del antilavado y en los avances de la financiación contra el terrorismo, lo que luego vamos a discutir y sobre lo que aportará el señor senador Bergara, quien conoce muchos de estos temas.

Otra dimensión que no se considera es la que tiene que ver con la violencia estructural y los problemas de violencia de género. Hasta el 28 de mayo hubo cinco femicidios; en los últimos días ocurrieron dos femicidios y el asesinato brutal de dos niños, y en el correr de este año se registraron trece tentativas. Sin embargo, en la LUC no se considera esa dimensión. Hay alguna norma relativa a la rotura de tobilleras y alguna modificación orgánica, institucional; pero, en nuestra humilde opinión, la creación de la dirección nacional se realiza sin ningún estudio que respalde la decisión de esa transformación.

Entonces, señora presidenta, tengamos presente que la violencia social no es una construcción que se detiene mágicamente con una reforma legislativa; tengamos presente eso. El gran problema de proponer reformas legislativas como si fueran mágicas, es que se juega con las expectativas de la gente, y en ese juego salimos perdiendo todos. Se termina minando la confianza de la ciudadanía, de los habitantes, en el sistema político, y eso es malo porque ahí perdemos todos. Nosotros no dudamos de la buena fe de los proponentes, pero lamentamos informar que, en nuestra visión, estas medidas proyectadas posiblemente no tengan efecto alguno; peor aún, en algunos casos pueden llegar a tener un efecto contrario.

Como dijimos, este proyecto de ley apuesta a implementar el uso irracional de la fuerza por parte del Estado. Nosotros no compartimos los cambios en la legítima defensa ya que la normativa vigente es equilibrada y preserva el derecho de las víctimas a defenderse, quedando exentas de responsabilidad. La legítima defensa hoy está adecuadamente regulada y no existe evidencia que amerite su flexibilización. ¡No existe evidencia alguna que amerite la creación de la legítima defensa presunta para los funcionarios policiales! Del 1.º de noviembre de 2017 a la fecha no hubo ningún policía procesado por abatir a un delincuente en un procedimiento policial. Además, esto es equivocado desde el punto de vista jurídico, y no lo decimos nosotros, lo dijo aquí el doctor Germán Aller, que es el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Los funcionarios policiales y militares, cuando actúan, lo hacen respaldados por la Constitución de la república y por la ley, actúan en cumplimiento de la ley. No actúan en legítima defensa, sino –reitero– en cumplimiento de la ley. Hay que decirlo en forma clara: que se trata de una flexibilización de los requisitos para disparar las armas de fuego, es equivocado. Nosotros no vamos a acompañar el capítulo que refiere a las modificaciones a la ley de procedimiento policial, que nos preocupan.

Se crean delitos nuevos, autónomos, como, por ejemplo, el delito de resistencia al arresto, y nuestra opinión –la de la bancada de senadores del Frente Amplio– es que se trata de una previsión peligrosa y sin fundamento alguno. Aquí queremos señalar en forma clara que la criminalización de la resistencia al arresto parece que está indudablemente vinculada a la criminalización de la protesta social. Esto lo dijo el doctor Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas.

Asimismo, se crea el delito de agravio a la autoridad policial, por lo que creemos que esta norma, al igual que otras que se encuentran en diferentes partes del proyecto, buscan criminalizar las protestas. Además, existe una gran ambigüedad en la definición y en los verbos nucleares. Hay que tener en cuenta que estas figuras descritas aquí como delitos autónomos ya existen. Si lo que buscamos es respaldar al funcionario policial, lo que tenemos que hacer es establecer agravantes en los delitos que ya están establecidos; me refiero, por ejemplo, al delito de atentado y al de violencia, entre otros.

Para cerrar este punto, señora presidenta, me gustaría destacar algunos comentarios que realizó el señor Jarab, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Sudamérica. En este sentido, expresó que la legislación actual es suficiente y que los cambios normativos que se proponen pueden implicar retrocesos en materia de derechos humanos y de seguridad humana. Asimismo, manifestó preocupaciones y discrepancias respecto a casi todos los puntos relativos a la seguridad pública.

La segunda dimensión que le queremos dar a nuestra intervención es la fuerte impronta privatizadora que tenía la LUC 3.0 que llegó aquí, al Parlamento.

Es un aspecto que queremos destacar de este proyecto: originariamente tuvo una fuerte impronta privatizadora y desreguladora –reitero–, pero podemos decir que fue desarticulada a través de la discusión en la comisión; es cierto que nosotros hicimos una fuerte oposición, pero también fue desarticulada por intervención del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Aquí se logró entorpecer los planes que había respecto a dos de nuestras principales empresas: Ancap y Antel. Aquí se logró revertir la desmonopolización del mercado de combustibles y evitar que Antel quedara obligada a compartir su infraestructura –la que abonamos todos los uruguayos– con sus competidores. Eso, por suerte, quedó por el camino.

Sin embargo, también hay que decir que el hecho de que se haya desandado el camino que estos artículos establecían –es decir, la desmonopolización de hidrocarburos y de Antel– es una pequeña victoria en defensa de las empresas públicas, que son centrales en la configuración del Uruguay actual. ¡Eso hay que reconocerlo! Si tenemos la configuración de este Uruguay es por el rol que han tenido a lo largo de la historia empresas como Ancap o UTE, por ejemplo, con todo el tema de la electrificación rural.

Nosotros, como personas del interior, debemos reconocer los avances existentes en materia de electrificación rural. De la misma forma hay que reconocer todo lo que tiene que ver con la digitalización, el desarrollo y el despliegue de la gran infraestructura que ha hecho Antel en el 85 % del territorio nacional. ¡Esto hay que reconocerlo!

El Frente Amplio estará firme en la defensa de las empresas públicas junto con el movimiento social y sindical, pero también es importante destacar que en esta nueva legislatura hay otros partidos políticos que tienen una mirada nacional de soberanía y de defensa de las empresas públicas, porque son un patrimonio público que hay que defender.

En cuanto al sector agropecuario, señora presidenta, creemos que pudimos avanzar en algunos aspectos, pero hay retrocesos. Precisamente, queremos señalar que hay un retroceso muy grande en las modificaciones que se proponen al régimen de colonización. En la comisión, los legisladores del Frente Amplio expresaron sus discrepancias y salvedades entendiendo que, con las modificaciones que se hacen en este proyecto de ley, se desnaturaliza un instituto que ha sido fundamental para permitir el acceso a la tierra. Pensamos que el Instituto Nacional de Colonización es un ente que debemos defender entre todos, porque es un patrimonio muy importante de todos los orientales y, además, debemos evitar que se transforme en un instrumento de especulación.

Creemos que la medida que busca desafectar entre 92.000 y 120.000 hectáreas es equivocada. Me refiero a las primeras tierras que ingresaron al Instituto Nacional de Colonización y que provenían de la vieja sección de colonización del Banco Hipotecario. Es un error hacer esto sin analizar el impacto de la medida. ¡Es un error! Además, hoy el directorio tiene facultades para permitir, para autorizar a dejar la tierra a un colono que por diferentes razones no quiere estar más allí. Por lo tanto, reitero que nos parece que es un error.

A su vez, entendemos que implica un daño sin precedentes a la cartera de tierras del Instituto Nacional de Colonización y una pérdida patrimonial muy importante para todos los uruguayos. Por lo tanto, al desafectar miles y miles de hectáreas se debilita la política nacional de colonización y –queremos decirlo– se viola el espíritu de la ley de 1948. Con estas modificaciones estamos favoreciendo la especulación de la tierra y no estamos incentivando el trabajo en ella.

Esa es la visión que queremos presentar como minoría, aunque más adelante los senadores de la bancada del Frente Amplio harán uso de la palabra para poner énfasis en otras circunstancias que creemos muy perjudiciales para la sociedad en su conjunto.

Por todo lo dicho, aclaro que votaremos en contra este proyecto en general, sin perjuicio de que, como dije, en la discusión particular vamos a acompañar algunos artículos que en su mayoría fueron modificados durante el corto debate parlamentario –hay que reconocerlo– de esta iniciativa. Durante ese período intentamos realizar modificaciones que fueran beneficiosas para el conjunto de la sociedad.

Era cuanto quería manifestar.

Muchas gracias.

SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEÑA.- Señora presidenta: quiero agradecer el trabajo de todos los que participaron en estos días intensos. Me refiero a los funcionarios, a los senadores y, en especial, al presidente de la comisión que hizo un formidable trabajo y al vicepresidente que presidió de muy buena manera una de las subcomisiones que sesionó los viernes en la sala 17, en la que pude participar.

Hay un proverbio latino que dice: «Más confío en el trabajo que en la suerte» y creo que el resultado de la comisión tiene mucho que ver con ese trabajo intenso de los senadores de todos los partidos políticos. Tenemos un proyecto de ley mejorado, una mejor iniciativa que la que ingresó y eso se debe fundamentalmente a ese trabajo que hemos realizado.

Hubo tiempo para escuchar, para tomar nota y para corregir cuando fue necesario. Por eso, como señalaba con acierto el señor senador Penadés, barrimos todas las posibles inconstitucionalidades; todo lo que tenía carácter presupuestal –o aparente carácter presupuestal– que no puede ser incluido en una ley de urgente consideración, fue eliminado, incluso a iniciativa del propio Poder Ejecutivo.

Creo además, señora presidenta, que estamos abriendo una nueva etapa en el Parlamento nacional. La gran diferencia entre este proyecto y los que se han analizado en los años anteriores es que este vino abierto; este proyecto no vino cerrado. Esa es, reitero, la gran diferencia y, a mi juicio, lo que permitió que avanzáramos y trabajáramos en la búsqueda de acuerdos hacia la interna de la coalición de gobierno, y también con la bancada del Frente Amplio. Es una gran diferencia porque pone una vez más al Parlamento en el centro político del país, y esto es algo muy relevante. Yo no estoy para cuestionar lo que ocurrió antes, pero lógicamente los acuerdos que se daban hacia la interna del Frente Amplio en los últimos quince años no posibilitaban la apertura de esos proyectos de ley, de esas iniciativas, por lo que muchas veces nuestros aportes –o posibles aportes– no llegaban a destino. Me parece que esto es muy importante en estos tiempos porque estamos ganando en calidad democrática y en calidad de la democracia representativa.

Como señalábamos en el debate cuando se trató la declaratoria de urgente consideración de este proyecto de ley, el profesor Cassinelli Muñoz definió muy bien esta herramienta que ese día, aquí en sala, decidimos utilizar. Él dice que este mecanismo, el de la ley con declaratoria de urgente consideración, tiene la ventaja de que asegura al Poder Ejecutivo un pronunciamiento –a favor o en contra, pero un pronunciamiento al fin– en un plazo más o menos razonable acerca de una ley que considera necesaria para la ejecución de su política, y elimina esa situación de incertidumbre de quien tiene un plan político y no sabe si lo va a poder realizar o no porque el asunto se sigue discutiendo y discutiendo, y pasan los años, se le acaba el mandato y no ha podido concretar su línea política.

Pues bien, este proyecto con declaratoria de urgente consideración consolida la línea política de este Gobierno; consolida en la norma el rumbo que tendrá este Gobierno de la coalición; consolida en ley el Compromiso por el País, el acuerdo que firmaron los cinco partidos políticos que hoy gobiernan al país. Es un acuerdo político que incluyó propuestas de todos los partidos; un acuerdo político que permitió la inclusión de propuestas en el transcurso del debate, y también aquí, en la Cámara de Senadores, fundamentalmente durante el tratamiento en la comisión. Por eso, señora presidenta, me tomé el trabajo de señalar todos aquellos puntos que figuran en el proyecto de ley de urgencia que responden a nuestro programa de gobierno, al del Partido Colorado. Muchas de las propuestas fueron incluidas –además, eran coincidentes– en aquel Compromiso por el País, pero otras tantas fueron incorporadas ahora, en el trabajo en comisión.

El Partido Colorado está muy conforme con su participación como protagonista en este debate por haber sido tenido en cuenta con respecto a las modificaciones que fue presentando.

Este proyecto está conformado por once capítulos. Seguramente, los dos más importantes, por su extensión, son el de seguridad y el de educación. ¡Vaya si el Uruguay necesita cambios en estas dos materias! Todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo en cuanto a la seguridad. Ahora, este proyecto propone una serie de medidas, de cambios, que van en el camino de mejorar la gestión en materia de seguridad y que el Partido Colorado está acompañando. Hay cambios en las normas penales que tienen que ver con la legítima defensa; la configuración de delitos para casos de encubrimiento, complicidad y otros; se prevé una pena para la autoevasión simple; se tipifica como delito la ocupación de espacios públicos; se pena el acto de romper las tobilleras.

Hace instantes se hablaba de cuestiones vinculadas a género, tema que está tan en el tapete y que encierra una problemática profunda que tiene nuestro país. En tal sentido, apenas asumió el Gobierno, tomó la decisión de disponer de los recursos para aumentar la cantidad de tobilleras. Bien, ahora esa práctica común de romper las tobilleras pasa a estar penado.

También se prevé un aumento de penas para los delitos gravísimos, como la violación y el abuso sexual.

Asimismo, se elimina la suspensión condicional del proceso. Nosotros habíamos planteado su revisión, tal como figura en la página 277 del programa de gobierno. Se regula la procedencia del proceso abreviado sin perforar el espíritu del nuevo Código del Proceso Penal. Eso aparece en el artículo 37, en el cual se crea el proceso simplificado –que también fue una propuesta de nuestro programa de gobierno–, es decir, un proceso intermedio entre el proceso abreviado –que se lleva la mayor parte de la gestión de justicia– y el proceso oral. Esta propuesta fue originalmente redactada por la coalición, pero tuvo una mejora sustancial a partir de un texto redactado por parte de la Fiscalía General de la Nación, y ahora vamos a votarlo prácticamente tal cual fue propuesto por dicha institución, lo que demuestra claramente la apertura que tuvo la coalición de gobierno a recibir insumos y a mejorar la calidad del proyecto de ley que estamos considerando. Aquí se plantea el uso de los dispositivos de control en materia de rastreo de salidas transitorias y el régimen de libertad a prueba; este último fue analizado en nuestro programa de gobierno –en la página 277– y tenía que ser revisado porque terminaba siendo como otro proceso al que se le adjudicaba la libertad vigilada sin ningún tipo de control, y ahora se pasa a un régimen superador, que es la libertad a prueba. Nosotros cuestionábamos mucho la libertad vigilada tal cual se había instrumentado en los últimos tiempos; ahora creo que para algunos delitos la libertad a prueba mejora muchísimo ese sistema y no pasa a ser una especie de otro proceso.

Apoyamos las medidas de respaldo a la Policía nacional que se están aprobando, tales como las herramientas para el cumplimiento de la función, la resignificación del rol de las comisarías –que está planteado en la página 267 de nuestro programa de gobierno–, el deber de identificación y de advertencia de su conducción. Nosotros hablábamos de poder pedir los registros personales en un marco de una política preventiva, y eso está incluido en este proyecto de ley de urgente consideración.

Otras medidas propuestas son los cambios en la dirección de la Policía nacional, en cómo se organiza y la creación tan importante de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural. Nosotros hablábamos de una guardia rural y ahora se propone crear un órgano de dirección de seguridad rural con el objetivo de concentrarse estrictamente en un problema tan importante que tiene el país como es el abigeato, en esa afectación que tiene el Uruguay productivo y el Uruguay como economía global.

A su vez, se plantean los deberes inherentes al estado policial del personal en situación de retiro, medida que a mi entender colabora para tener más elementos a la hora de la gestión en materia de seguridad. En cuanto al aumento de las penas vinculadas a estupefacientes y, sobre todo, a lo que tiene que ver con la utilización del hogar como punto de distribución, hacíamos hincapié especialmente en esa venta de droga al minoreo porque, evidentemente, desde allí se puede trabajar mucho no solo para combatir este delito, sino para entender la lógica de cómo funciona el sistema de incentivos que están vinculados con este tipo de delitos.

En nuestro programa de gobierno, en la página 280, establecíamos que el primer pasaje por la cárcel debía ser el último. Para el Partido Colorado, este punto es muy importante. Consideramos que Uruguay tiene una gran problemática en cuanto a la gestión de su sistema penitenciario; hay entre seis mil y siete mil presos, es decir, personas privadas de libertad, que todos los años salen y que no encuentran desde nuestro Estado el respaldo suficiente para poder reincorporarse a la sociedad. Esto, si lo vemos desde un punto de vista hasta egoísta, redunda en niveles altos de reincidencia y en un empeoramiento de la seguridad pública.

Este proyecto de ley propone la creación del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, que tendrá como funciones esenciales el diseño, la planificación, la coordinación y la evaluación de la política criminal y penitenciaria del país, todas medidas para gestionar de forma adecuada los establecimientos de reclusión. Considero que esto es muy importante debido a lo que va a pasar. Estos días han sido terriblemente trágicos en muchos aspectos, pero así son también las muertes que se dan en nuestras cárceles.

En el artículo 86 de este proyecto de ley se encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación la elaboración de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario con una serie de objetivos. Este artículo fue propuesto por nuestro partido y nos parece fundamental –reitero: fundamental–, ya que es una de las patas primordiales de la gestión de la seguridad pública y de la convivencia en nuestro país.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la violencia en los espectáculos deportivos y de carácter masivo, se plantea la importancia del deporte, de la integración social y de la convivencia, de involucrar a las federaciones en estos procesos y de construir sobre la ley aprobada en el Gobierno anterior, que fue muy buena y que ha mejorado la situación en este sentido. Esto lo establecíamos en nuestro programa de gobierno, en la página 252, y hoy se está consolidando en mejoras de esa legislación.

En lo que tiene que ver con las disposiciones varias en materia de seguridad, podemos citar los beneficios a la pensión que reciben las víctimas de violencia. Cabe recordar que esto surgió originalmente con un proyecto de quien fuera en aquel momento diputado por el Partido Colorado, Fitzgerald Cantero, y hoy eso se mejora. A su vez, apoyamos la extensión de los beneficios a las familias del policía fallecido en todo hecho asociado a un enfrentamiento con la delincuencia y las mejoras en materia de manejo de información y uso de tecnología para el rastreo de la delincuencia. Se crea el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, y se establecen disposiciones que, en particular, favorecen el desempeño de la Fiscalía General de la Nación. Esto es muy importante y constituye un debe que tenemos; además de estas resoluciones, cuando llegue el momento de analizar el tema deberán volcarse recursos a ese ámbito. Justamente, es algo que solicitábamos en la página 278 de este programa de gobierno y ahora está contemplado en este proyecto de ley de urgente consideración.

Apoyamos las disposiciones que tienen que ver con la protección de la soberanía en el espacio aéreo, el marco jurídico para combatir eficazmente el crimen organizado, el contrabando y el narcotráfico, así como el protocolo de derribo de vuelos sospechosos no identificados, a cargo del presidente, en acuerdo con el ministro de Defensa Nacional, tal como solicitáramos en comisión.

En la página 269 de este programa de gobierno manifestábamos la necesidad de integrar y mejorar la coordinación en materia de inteligencia estratégica de Estado. Esto aparece en este proyecto de ley de urgente consideración, desde el texto original que envía el Poder Ejecutivo. Se modifica el marco jurídico, se regulan aspectos relativos a su dirección, a su designación, y se cambia la política nacional de inteligencia y la integración del Consejo de Defensa Nacional.

Para nosotros un tema muy relevante era –y es– lo que consideramos una necesaria transformación integral de la educación. Este será seguramente uno de los temas más polémicos del debate aquí en sala, pero tenemos una educación pública que hoy genera desigualdad, ya que el 64 % de los jóvenes de nivel socioeconómico alto completan la educación media y solo el 13 % de los provenientes de los sectores muy bajos lo logran. Esto nos habla de una educación que lamentablemente genera desigualdad, en lugar de ser el mayor factor de equidad, como históricamente lo fue. Este proceso no es de los últimos tiempos, sino que es un deterioro que data de muchos años, pero para nosotros aquí había que establecer cambios, y algunos de ellos son muy importantes. Nosotros planteamos revisar la Ley General de Educación, y fue lo que se hizo; aquí no se trata de ir en contra de la ley, como lo señaló el ministro de Educación y Cultura cuando estuvo en la comisión. Aquí se retocan y se cambian algunas cosas, pero no se va en contra de la Ley General de Educación que oportunamente votara este Parlamento. Fortalecemos la función del Ministerio de Educación y Cultura como coordinador de las políticas educativas nacionales y fortalecemos el rol de la ANEP, en tanto autónomo, en la dirección de la Administración Nacional de Educación Pública en el país. Los cambios en la gobernanza del sistema de la ANEP fortalecen la capacidad de decisión del Consejo Directivo Central. Es cierto que hay cambios en los órdenes, pues pasamos de los consejos a las direcciones, y para nosotros eso puede mejorar y redundar en eficiencia del sistema, en mejora de la gestión, pero, además, estos directores van a estar integrados al Consejo Directivo Central, así como también lo estará el presidente del Consejo de Formación en Educación. Quiere decir que estarán participando de las decisiones integrales en materia de educación pública, lo que es muy importante porque nos permite comenzar a ver la educación sin compartimentos estancos, sin ver a cada subsistema de la educación como independiente del otro, como chacras separadas unas de otras. Esto nos va a permitir avanzar en esa visión integral de la educación.

Algo muy importante para nosotros es el funcionamiento de los centros educativos y su necesaria autonomía. Lo hemos reclamado durante muchos años, está en nuestro programa de gobierno en la página 172, pero ha estado en la plataforma propositiva de todos los partidos políticos que integramos la coalición. Vamos por centros educativos más autónomos, con direcciones y equipos de dirección que puedan tomar decisiones, por ejemplo, en los modelos pedagógicos a aplicar en esos centros de estudio. Como dije, para nosotros esto es muy importante porque va a mejorar la calidad de la educación en esos lugares, sobre todo atendiendo los contextos en los que los centros educativos están instalados. Se trata de un cambio cualitativo, así como también lo es la modificación de la integración de las Comisiones Departamentales de Educación, aspecto que para nosotros también es muy importante.

Es central para el Partido Colorado el fortalecimiento de la formación docente de grado y de posgrado, y fundamentalmente la formación continua de los docentes. Así lo establecemos en la página 169 de nuestro programa de gobierno. Este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración mandata al Estado a hacer todos los esfuerzos para que la formación docente tenga carácter universitario: otorga reconocimiento legal al Consejo de Formación en Educación; crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación con un sistema nacional de becas; crea institucionalidad para el procedimiento de reconocimiento del nivel universitario de formación en educación, que es un avance. No es todo lo que queremos, pero constituye un avance con respecto a lo que se venía dando. También crea el Plan de Política Educativa Nacional y el Compromiso de Política Educativa Nacional sobre criterios utilizados para seleccionar a los jerarcas responsables de su ejecución. Es para nosotros muy importante remarcar que los docentes deben ir hacia la profesionalización a nivel universitario. Esta es una bandera histórica de nuestro partido que recoge este proyecto de ley de urgente consideración y respecto a la cual el Gobierno se ha comprometido a avanzar.

Se modifica la gobernanza del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEEd, dándole más independencia. Se trata de un instituto creado en la ley de educación; es algo muy bueno, incluido en la Ley General de Educación de los Gobiernos del Frente Amplio. Ahora nosotros lo estamos jerarquizando, porque no existe lo que no se mide. No se puede gestionar aquello que no se mide, y el INEEd ahora tendrá mayor independencia técnica y más elementos. Estamos respaldando una herramienta que surgió a partir de esa ley, con lo que queda claro que no vinimos a barrer lo que había, sino a construir sobre lo que había. Esa es una lógica que para nosotros es importante que quede clara, o por lo menos es la lógica con que nosotros vemos la política.

En la página 168 de nuestro programa de gobierno hablamos de efectivizar la alianza estratégica entre tecnología y educación. Bien, se modifica la directiva del Plan Ceibal, se va a coordinar con la Agesic, y se traslada de Presidencia de la República al Ministerio de Educación y Cultura. Todos conocemos la importancia de esta herramienta, todos sabemos lo útil que ha sido, sobre todo en estos tiempos. Bueno: potenciémosla, mejorémosla. Hay mucho para hacer ahí en esta alianza estratégica.

Creemos que estas normas de carácter programático, fundamentalmente, y de cambios en la gobernanza, además de lo que venga en el próximo presupuesto nacional, son cambios fundamentales para producir transformaciones en cuanto a la educación. En materia de educación, señora presidenta, todo está diagnosticado, todo está estudiado, todo está analizado. Es hora de tomar decisiones, y este Gobierno las va a tomar, en el entendido de que los grandes problemas que tiene Uruguay se relacionan con la educación. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de educación; cuando hablamos de trabajo, hablamos de educación; cuando hablamos de integración social, hablamos de educación.

En materia de economía y de empresas públicas, se va a aprobar aquí una regla fiscal que estuvo en todos los programas de gobierno –figura en la página 6 de nuestro programa de gobierno– y que apunta a la necesidad de ser ordenados en los momentos de bonanza para poder tener políticas sociales sostenidas en el tiempo. El diseño y la implementación de una regla fiscal con limitación del gasto para lograr finanzas públicas sostenibles tienen por objeto principal evitar un nivel de deuda excesivo. La regla fiscal busca mantener las políticas sociales imprescindibles, más allá de los vaivenes del ciclo económico. Mide la meta indicativa del resultado fiscal estructural para el período de gobierno teniendo por finalidad la sostenibilidad de las finanzas públicas. La regla fiscal será complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía. La metodología será aplicada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Consideramos que esto es muy importante, porque Uruguay tiene hoy un grave deterioro fiscal y debe comenzar a converger hacia políticas de este tipo, con responsabilidad en materia fiscal. Seguramente es el comienzo; seguramente se pueda mejorar, pero sin dudas es un camino que apoyamos y compartimos, y quedará aprobado cuando se vote este proyecto de ley de urgente consideración.

Todos conocemos la importancia de la inversión en infraestructura para el desarrollo de las naciones, para el desarrollo del producto bruto. La inversión en infraestructura es fundamental, es necesaria; figura en todos los análisis de todos los organismos, pero nuestro país viene con un déficit en esta materia, generado fundamentalmente entre los años 2010 y 2015, cuando Uruguay llegó a una desinversión de USD 1.500:000.000. Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos años el ministro Rossi hizo un gran esfuerzo por recuperar ese atraso en materia de inversiones. Yo diría que dejó años valiosos de su vida tratando de recuperar lo que se había perdido y de superar ese déficit que teníamos. No obstante, hoy, más allá de esos esfuerzos, seguimos con ese déficit. Creo que aquí, con las PPP, que tratan de hacer más ágil el mecanismo y de que sea más rápido para que las inversiones se puedan concretar de mayor y mejor manera, y el destino que pueda darles el Poder Ejecutivo –al requerir contribuciones adicionales de hasta un 30 % de las utilidades netas del Banco República, así como los excedentes del Fondo de Estabilización Energética–, estamos ante buenas decisiones. El país necesita esta clase de inversiones, obviamente, para fomentar su desarrollo. Estos cambios figuran en la página 81 de nuestro programa de gobierno.

Otro tema que será polémico tiene que ver con la libertad financiera. En la página 28 de nuestro programa de gobierno planteábamos que era tiempo de evaluar la ley porque ya se había alcanzado una masa crítica en cuanto a sus efectos y, entonces, podíamos analizar algún tipo de flexibilización. Creemos que el mundo va hacia la bancarización, y pensamos que la Ley de Inclusión Financiera no ha sido tan mala, pero tenemos que ser conscientes de que trajo perjuicios y que, en su primera implementación, cuando fue presentada, dejó fuera del sistema a muchos uruguayos. De hecho, esto queda evidenciado en las sucesivas correcciones, fundamentalmente por medio de la reglamentación, en atención a esos errores que originalmente traía la ley. De todos modos, el objetivo, adonde apunta, no nos parece malo, y por eso siempre propusimos que las modificaciones tenían que presentarse por ley y no participamos de ningún intento de reforma constitucional al respecto. En consecuencia, consideramos muy oportuno que a través de este proyecto de ley de urgente consideración se incorporen algunos cambios, que no son grandes cambios.

Escuchaba la discusión que se dio en comisión y lo que aquí se hizo fue flexibilizar algunas cosas como, por ejemplo, la obligación de pagar sueldos y honorarios por vía electrónica hasta determinado monto, permitir las transacciones hasta determinado monto y habilitar los descuentos de pago en efectivo, que también era una propuesta de nuestro partido. No estamos yendo en contra de la inclusión financiera; no estamos dejando de fomentar esos mecanismos, sino que simplemente estamos advirtiendo que tenemos una masa crítica suficiente y que Uruguay hoy puede flexibilizar de forma de solucionar algunos inconvenientes que la ley original había causado.

Creo que el camino ha sido bueno –así lo hemos hecho y estudiado– y no me parece que estemos retrocediendo en ese sentido; entonces, decir lo contrario sería generar una falsa alarma, con todo respeto por las otras opiniones.

Las páginas 67 y 68 de nuestro programa referían a la promoción del emprendedurismo en el Uruguay, de las micro- y pequeñas empresas, algo en lo que se ha venido avanzando, aunque quizás no todo lo rápido que uno quisiera. Este proyecto de ley contempla la reestructuración del régimen fiscal para las mipymes, que va a ir evolucionando según el nivel de actividad. Es una herramienta más, es una herramienta positiva, es un incentivo más para incorporar emprendedores en el sistema productivo nacional. Nos parece una buena medida y, obviamente, el Partido Colorado está muy conforme con que figure en este proyecto de ley.

En lo que tiene que ver con la autorización de operaciones financieras, en la página 27 de nuestro programa proponíamos la incorporación de pautas para las operaciones financieras para entes estatales.

Motivo de mucho trabajo de la comisión ha sido lo referente al mercado de combustibles en el Uruguay. El objetivo es que el Poder Ejecutivo apruebe precios, teniendo como referencia preceptiva el precio de paridad de importación, que será establecido por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua –Ursea–, y converger en ese precio de aquí a un tiempo razonable, lo que además le establece a Ancap una meta alcanzable –entiendo– de eficiencia para poder lograr niveles que aseguren a la producción y a todo el sistema económico del país un combustible a precios razonables y accesibles, además de solicitar información para la toma de decisiones en otras etapas de la cadena, dado que ahora vamos hasta la planta de distribución.

Aquí, señora presidenta, me quiero detener en dos cosas –figuran en las páginas 101 y 107 de nuestro programa de gobierno– que para nosotros son muy importantes. Me refiero al fortalecimiento de las unidades reguladoras, tanto de la Ursea como de la Ursec, que ya no serán unidades reguladoras dependientes de Presidencia de la República. Se elimina la subordinación respecto del Poder Ejecutivo fortaleciendo la autonomía y, fundamentalmente, su gestión económica, además de que se le otorgan mayores potestades para la aplicación de los criterios técnicos en materia tarifaria, con independencia de la situación fiscal, lo que para nosotros es muy importante y se alcanza en este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

Asimismo, se mejora la gobernanza del control de las sociedades anónimas de los entes autónomos y servicios descentralizados, se obliga a llevar a cabo el manual de buenas prácticas y a la divulgación de estados contables auditados para entes autónomos y servicios descentralizados. En síntesis, se mejora en transparencia, lo que también se hace transformando una oficina ya existente en Presidencia de la República en la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, lo que también supone un avance en esa materia para monitorear, controlar y auditar todo lo que tiene que ver con la gestión pública.

En el sector agropecuario apoyamos los cambios en el régimen jurídico del Instituto Nacional de Colonización. En la página 121 de nuestro programa proponíamos el fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes en la misma línea del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración; se modifica el Código Rural para atender el gran problema de las jaurías; se crean el Instituto Nacional de la Granja –algo en lo que hemos estado de acuerdo y en lo que trabajaremos todos los partidos políticos–, y el Instituto Nacional de Bienestar Animal, que consideramos muy importante. Si bien lo proponíamos en la órbita del ministerio especializado en medioambiente, se lo ubica en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, pero lo importante es que luego de la Cotryba –que también fue un paso hacia adelante en todo lo que tiene que ver con el bienestar animal–, vamos a una instancia superadora, que es la creación del instituto. Creemos que es muy positivo.

Respecto a las relaciones laborales y de seguridad social, en todos nuestros programas de gobierno propusimos preservar el derecho al trabajo y, también, el derecho de dirección de las empresas. Proponemos cambios involucrando a todos los actores para la reforma fundamental y necesaria del sistema de seguridad social, en la medida en que allí está, sin duda, uno de los principales problemas que tiene que enfrentar el Uruguay.

En materia de desarrollo social y salud, se introducen cambios para mejorar el régimen de adopciones.

SEÑOR COUTINHO.- ¿Me permite?

Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR PEÑA.- Muchas gracias.

Los cambios en adopciones, que trabajamos con la señora senadora Sanguinetti son todavía pocos y hay mucha materia para trabajar ahí, pero se propone lo que se considera un avance en la materia y lo estamos respaldando.

Proponíamos en nuestro programa de gobierno la creación de una agencia de evaluación independiente para realizar los estudios técnicos a efectos de evaluar adecuadamente las tecnologías de la salud e incluía consideraciones costo-efectividad. Esto se está creando en este proyecto de ley de urgente consideración, y tiene el respaldo de muchos actores, incluido el Sindicato Médico del Uruguay. En ese marco, a raíz de una iniciativa del señor senador Abreu, estaremos armando esta agencia en el marco de los proyectos de ley de presupuesto y de rendición de cuentas. Pero hay un consenso de todos en avanzar en la necesidad de esta agencia. Para nosotros eso es muy importante.

En materia de la emergencia de vivienda, compartimos la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, la coordinación con las intendencias y la OPP. Ambos conceptos estaban en la página 195 de nuestro programa de gobierno.

Se amplía, en casos de emergencia, el trabajo de Mevir a zonas urbanas y suburbanas.

Acompañamos los cambios en el Código Civil, dejando para la Comisión de Constitución y Legislación lo que tiene que ver con donaciones, tal cual lo acordado.

Respaldamos la medida que asegura la libertad de circulación y ni que hablar los cambios en portabilidad numérica. Esto fue originalmente un proyecto del en su momento senador Alfie y luego del entonces senador Amorín. Hoy, después de mucho tiempo, se están dando estos cambios en portabilidad numérica.

Como conclusión, el Partido Colorado va a votar, y con gusto, este proyecto de ley de urgente consideración. Ha tenido un trabajo de partido. Las posiciones que ha tomado el partido han sido respaldadas por su Comité Ejecutivo Nacional. Nos hemos sentido muy conformes. Y, como ustedes habrán visto, este proyecto de ley incluye gran parte de nuestras propuestas. Nuestro partido se siente representado en este Gobierno de la coalición, se siente representado en este proyecto de ley de urgente consideración, y lo consideramos un proyecto de ley integral porque, como habrán visto, muchos de los puntos están conectados. Es una buena ley para el Uruguay; no tengan ninguna duda.

Y, por último, ninguna ley va a cambiar todo. Días pasados leía algunas reflexiones que escribía Gros Espiell analizando a Uruguay –que no era el Uruguay– cuando se juró la Constitución de 1830. Decía que todo el mundo creía que jurando la Constitución los problemas se iban a solucionar al otro día, y en realidad los problemas ahí empezaban, porque el Uruguay empezaba su vida institucional.

El proyecto de ley es muy bueno, nos da muchísimas herramientas para avanzar en la consecución de nuestros objetivos y nuestro programa de gobierno, pero no va a ser la solución a todos los males, y es bueno decirlo. Mucho dependerá de lo que el sistema político logre, y ahí quiero detenerme un minuto para señalar la importancia de tener un sistema político tan sólido. Si tengo que rescatar algo de esta piedra que llegó siendo el proyecto de ley de urgente consideración y que se fue puliendo hasta empezar a tener algún brillo, es la posibilidad que tuvimos de trabajar entre todos los actores de todos los partidos en la búsqueda de acuerdos y la forma en que se desarrolló el debate y el trabajo. Es esa tenue virtud de los uruguayos –de la que habla el periodista Fantino y que le da nombre a su libro– de cuidar y fortalecer todos los días la democracia, sabiendo que es muy frágil, sabiendo que es muy débil, sabiendo que no somos modelo de nada. Creo, señora presidenta, que integramos un sistema político que está a la altura de las circunstancias. No soy del Uruguay del blanco o negro; soy del Uruguay de los grises, donde encontramos muchos colores, y creo que eso ha estado en evidencia en este trabajo parlamentario.

Ernesto Sábato, citado en ese libro al que hacía mención recién, dice: «Quiero pluralidad, diálogo y quiero perfeccionar la sociedad mediante la libertad y el respeto sagrado hacia las personas». Y el Uruguay es esa construcción colectiva a la que hacía referencia ese gigante. Hay un amigo que dice que un enano en los hombros de un gigante ve más lejos que un gigante. Creo que nosotros en este momento tenemos un sistema político a la altura para ver más lejos, para ver a la distancia, porque hoy es un momento especial, porque hoy estamos en transición. Esto ya se vivió en 1958, cuando después de muchos años de gobierno del Partido Colorado se transitó al Gobierno del Partido Nacional, y el Uruguay lo hizo bien. También sucedió en el 2005, cuando después de muchos años de gobierno de los partidos fundacionales vino el Frente Amplio, y se hizo bien esa transición. Hoy estamos pasando de quince años de gobierno del Frente Amplio a un gobierno de los partidos fundacionales, básicamente; de una nueva coalición. Y creo que lo estamos haciendo bien. Estamos aprobando una ley muy importante en medio de una crisis sanitaria, de una crisis económica y, en estos días, de una crisis de violencia, en la que los hechos demuestran que el Uruguay es una sociedad violenta. En este momento estamos legislando, y lo estamos haciendo con responsabilidad. Yo me siento orgulloso de ser parte de este sistema político.

Por eso, señora presidenta, repito lo que dijo Sábato: «Quiero pluralidad, diálogo y quiero perfeccionar la sociedad mediante la libertad y el respeto sagrado hacia las personas».

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- En primer término, quiero hacer llegar mi pésame a todos los familiares de las víctimas de este fin de semana violento que hemos tenido, y muy particularmente al compañero Pollero, que ha sufrido la pérdida de su hermano.

En segundo término, quiero resaltar la labor de los funcionarios del Palacio Legislativo, que todos sabemos que tantas veces han sido criticados, como en general se critica a los empleados públicos. En mi primera actuación parlamentaria, ellos me han permitido observar el compromiso y dedicación con que han afrontado la tarea, cumpliéndola incluso fines de semana y en horas inhábiles con la más absoluta eficacia y voluntad de servicio.

En otro orden de cosas, quiero felicitar al presidente y al vicepresidente de la comisión. Conozco al señor senador Penadés desde hace muchísimos años, pero esta comisión me ha permitido aquilatar la enjundia y la capacidad con que desarrolla su tarea. Y si bien conozco hace muy poco al señor senador Carrera, también tengo que destacar que su intervención merece el pláceme creo que del conjunto de los señores senadores que integraron la comisión.

Quiero decir que Cabildo Abierto apoya de la primera a la última de las normas contenidas en este proyecto de ley de urgente consideración, no porque refleje íntegramente sus puntos de vista, pero vivimos en una democracia y, como tal, todos tenemos que ceder algo para hacer a la felicidad pública. Este proyecto de ley ha sido debatido en un clima de respeto. Uno conoció épocas difíciles, donde era poco frecuente que se pudiera exponer una posición o un planteo sin merecer el agravio, o a veces incluso el gesto violento. Este proyecto de ley, que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo como de urgente consideración –y yo en su momento dije que para mí era urgente por su forma, pero también por su contenido–, mereció críticas que surgieron en algunos casos –vamos a reconocerlo– del propio ámbito de la coalición, y en otros, de la oposición. Y se llegó a un texto que, en gran medida, también refleja puntos de vista que la oposición, con acierto, destacó e hizo valer, y que el Gobierno o, por lo menos, los sectores parlamentarios que apoyamos al Gobierno, consideramos que debían ser tenidos en cuenta.

Recuerdo que, siendo un joven abogado, un experimentado profesional me pidió que lo suplantara en una audiencia y me dijo: «Exponé tu posición con vehemencia y firmeza». A lo que le dije: «¿Pero si encuentro que la otra parte tiene algo de razón?». «Si la otra parte tiene algo de razón, tratá de transar, porque es muy necio pretender llevar a juicio una posición equivocada». Bueno, eso fue lo que se hizo, se siguió el consejo de ese viejo abogado y se transó en aquellos asuntos que merecían ser transados porque la oposición presentaba puntos de vista que eran atendibles; y a nosotros eso nos alegra.

Tenemos un proyecto de ley que es aprobado por la mayoría de la comisión que integramos, que refleja los puntos de vista de esa mayoría que tiene un sustento de votos libremente expresados en recientes elecciones, porque el país hace unos pocos meses optó por un cambio; un cambio que, seguramente, tenía que trasuntarse en modificaciones de algunos aspectos importantes de la política nacional, particularmente la seguridad, la educación y la economía.

En materia de seguridad es insostenible esta cadencia de violencia que vive el país –que el año pasado se reflejó en aproximadamente 28.000 rapiñas y 400 homicidios–, y parecería que sigue proyectándose hasta nuestros días. Este proyecto de ley pretende dar a la policía armas jurídicas para enfrentar a la delincuencia y, sobre todo, hacer sentir a la fuerza policial que hay un respaldo del sistema político a su actuación. Por cierto, no vamos a consentir ningún desborde, si los hubiera, esperamos que sean duramente castigados en el marco de la Constitución y la ley.

En materia de educación, el país necesita un cambio y, en ese sentido, me llegaron profundamente las palabras del maestro Juan Pedro Mir cuando dijo que aquí, en Uruguay, el 30 % de nuestros adolescentes son analfabetos funcionales, y que ese porcentaje se extiende al 70 %, si tenemos en cuenta exclusivamente a aquellos adolescentes que provienen de hogares de las familias menos favorecidas económicamente. Creo que aquí se juega el futuro del país, se juega la seguridad, porque la delincuencia, más que un fenómeno económico o de seguridad personal, es un problema educacional; y se juega el futuro del país, porque nuestro país, para proyectarse en el concierto internacional, necesita jóvenes formados, educados.

El país también votó por un cambio en lo económico. Necesitamos, de alguna forma, terminar o, por lo menos, disminuir de manera importante la desocupación; tenemos que terminar con las altas tasas de interés, con esa usura legalizada que vemos extenderse en el país, y tenemos que terminar con los altos precios de la energía. Este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración nos abre la esperanza en el sentido de que un estudio de los costos de los combustibles va a permitir morigerar los precios de algo que está frenando el desarrollo nacional. Por algún motivo, en nuestro país, ha disminuido una cuarta parte del área de arroz plantada, han desaparecido cientos de tambos y la industria y el comercio en general viven una situación poco alentadora.

Quizás no se ha escuchado exclusivamente a las organizaciones sociales ni a los partidos políticos, sino a la voz del pueblo. Cuando era niño, recuerdo que mi padre tenía colgado en su escritorio el discurso de Gettysburg, pronunciado por aquel insigne presidente norteamericano Abraham Lincoln, que define la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este proyecto de ley de urgente consideración que hoy estamos tratando y que tiene el respaldo de esta coalición es la expresión de ese pueblo que se gobierna y que quiere que sus aspiraciones sean plasmadas por el sistema político.

En síntesis, con ese espíritu aprobamos y vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias, señora presidenta.

También corresponde unirme al pésame a los familiares de las víctimas de estos últimos días: los infantes de marina, los niños y el árbitro de fútbol.

Voy a tratar de hacer un sobrevuelo muy general, no particularizado, dejando para las sesiones de mañana y pasado el análisis más pormenorizado de los artículos y centrándome en el antes y el durante, desde dentro y fuera, de la LUC.

En primer lugar, me voy a referir a la modalidad de trabajo. Iba a empezar por la forma de trabajo del Poder Ejecutivo, pero el señor senador Peña me hizo ver que este comenzó mucho antes, el año pasado, desde cada partido de la coalición. Con esto no quiero decir que la oposición no haya trabajado, pero me estoy refiriendo a la LUC. El señor senador Peña nos hizo ver que se recogieron muchos de los puntos programáticos y que se les dio satisfacción. Citó página por página y punto por punto el cumplimiento del compromiso en el que el Partido Colorado se sintió representado y sobre el que hemos negociado. Es más, me tocó negociar; eso es parte de mi vida porque hace treinta y siete años que estoy con mi actual marido, que es colorado, o sea que vivo la coalición en mi casa.

Lo mismo sucede con Cabildo Abierto ya que el proyecto de ley no refleja el cien por ciento de sus aspiraciones. Eso es la coalición: acordar sobre determinados puntos; no es confundirse, amalgamarse ni perder la identidad, sino tener un acuerdo político de gobierno sobre determinadas metas. Se transó. Eso es un pacto político. Se adelantó un trabajo que es considerado voluntario para la comunidad.

Del mismo modo, el Poder Ejecutivo se puso a trabajar antes de asumir. Quiere decir que realizó tareas mientras todavía no era Gobierno; regaló esas horas porque hizo un trabajo no remunerado. Lo hizo a los efectos de economizar tiempo y de avanzar, sin tener obligación jurídica alguna. Desde el comienzo hizo partícipe a la sociedad civil porque en las redes compartió el contenido del proyecto de ley con todo aquel que quisiera hacer comentarios, objeciones, recomendaciones, etcétera. Desde este punto de vista y basados en algo que hasta ahora ha sido inaudito, no se puede negar que estamos hablando de una democratización máxima del proceso legislativo. También se extendieron los plazos perentorios que establecía la Constitución de la república para el tratamiento de la LUC. Esto se empezó a tratar y se puso en conocimiento mucho antes. Allí se condensa un pacto social desde todo punto de vista, desde la génesis hasta la formación de sus contenidos, se condensa la parte medular del programa de gobierno de la coalición multicolor titulado Compromiso por el País.

Esto no se limita a los socios de la coalición y aquí vamos al trabajo del Poder Legislativo. Destaco fundamentalmente el trabajo de los funcionarios, de los secretarios de la comisión y de todos quienes hicieron posible este proyecto de ley.

Quiero destacar también al presidente de la comisión, que marcó los tiempos con mucha moderación, respeto y consideración, así como al vicepresidente, que no está en este momento en sala. Creo que todos debemos congratularnos de que, en medio de la pandemia y con las debidas medidas sanitarias, fuimos capaces de reunirnos, debatir respetuosamente, negociar, acordar, reflexionar, discrepar y escuchar.

Estuvimos trabajando entre diez y once horas todos los días. El presidente de la comisión hacía alusión a la cantidad de días que estuvimos reunidos y me pregunto cuántos proyectos de ley condensan esa cantidad de trabajo parlamentario. Si tenemos en cuenta que un proyecto de ley va a una comisión especializada –por ejemplo, de salud o población–, se lo atiende durante más o menos una hora y media una vez por semana del 1.º al 18 de cada mes y juntamos todas las horas trabajadas en esta ocasión, veremos que exceden las que tuvo la consideración de cualquier otro proyecto de ley.

Quiero destacar, además, a la oposición, que cumple el rol que debe cumplir, es decir, el de hacer notar las contradicciones, plantear observaciones positivas –que se recogen–, formular una crítica constructiva y, también, acercar posiciones hacia una negociación.

Asimismo, quiero resaltar lo humano del grupo de trabajo, que no se circunscribió a los miembros de la comisión, sino también a todos aquellos asesores y senadores que se acercaron. Terminamos compartiendo un frugal almuerzo y aplaudiendo, no porque todos estuvieran de acuerdo con el contenido del proyecto de ley, sino por la labor realizada, y la verdad es que eso me llena de orgullo.

Por otra parte, el pacto que está condensado en la LUC incluyó a muchos legisladores y no solamente a los senadores integrantes de la comisión. Se integró también a la sociedad civil; entre todas las delegaciones que fueron escuchadas también estuvieron legisladores porque sus inquietudes se plasmaron y se recogieron en este proyecto de ley.

En cuanto a las contribuciones de los legisladores de la oposición –esto ya lo dije en la comisión–, quiero destacar aquí, especialmente, las del señor senador Bergara, que con mucha generosidad prestó sus conocimientos para que, en materia de contratación administrativa directa, pudieran adecuarse algunas excepciones para amparar reclamos de la sociedad civil. Todos legislamos y fuimos oídos, y todos los argumentos fueron considerados.

En cuanto al espíritu, lo primero que me surgió cuando leí el proyecto de ley por primera vez fue pensar que este es un Gobierno que legisla para ponerse más controles a sí mismo, para que existan más controles. ¿Para qué? Por lo que dice el título «Uruguay seguro, transparente y de oportunidades». De esa manera proliferan en el texto los casos en que hay que dar cuenta a la Asamblea General, los controles por el Tribunal de Cuentas, los topes, las restricciones a la contratación administrativa directa, los pedidos de venia y la autoimposición del cuidado de los dineros públicos, justamente, por respeto a lo público y para que, con los dineros públicos, las políticas sociales se puedan atender. De ahí que el proyecto de ley atiende las partes de la sociedad más vulnerables.

El que recorta gastos superfluos es el Estado en cuanto a los excesos, a las repeticiones y a las duplicaciones, no en cuanto a lo esencial. De esta manera se evitan filtraciones y duplicaciones; todo ello para mayor eficiencia y transparencia.

En cuanto a los contenidos, hay una atención a las emergencias; unas heredadas, otras que no son responsabilidad de las anteriores Administraciones, y algunas que surgieron por coyunturas de la región.

Se reclamó que este proyecto de ley no contempla las emergencias de la pandemia, pero ¡no!, las emergencias de la pandemia no pueden esperar los tres meses de tramitación del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, sino que deben ser atendidas, como lo fueron, con carácter urgente, y aprobadas en el día, como aprobamos el proyecto de ley para la creación del Fondo Solidario COVID-19 y tantos otros del paquete sanitario. Lamentablemente, no es el caso de otras normas.

El señor senador Carrera decía que les preocupa el uso irracional de la fuerza, como crítica a algunos contenidos del proyecto de ley. A nosotros también nos preocupa el uso irracional de la fuerza, pero provenga de quien provenga. Nos preocupa el uso irracional de la fuerza cometida por delincuentes y cuando no está la respuesta de la autoridad del Estado para frenarla. A las fuerzas de seguridad, que también pueden incurrir en excesos, la ley, la autoridad judicial, la autoridad administrativa les da un marco jurídico y tienen responsabilidad penal, civil, administrativa y hasta política. Pero sobre todo la responsabilidad judicial es el último garante.

Se hablaba también de la criminalización de la protesta como una crítica al proyecto de ley. Solo se va a criminalizar la protesta que incurra en delito o en un crimen; de lo contrario, no hay nada que temer.

Decían que puede correrse el riesgo de cercenar derechos. Siempre que actúa la autoridad hay riesgo de que se incurra en excesos; de ahí que la ley venga a dar un marco jurídico y que ello esté bajo el contralor de la Justicia. Es seguro que hay cercenamiento de derechos cuando no hay una autoridad y la delincuencia actúa libremente.

No voy a reiterar lo que se ha dicho sobre temas como la seguridad, la emergencia habitacional, el medioambiente, la adopción, los medicamentos, la libre circulación, la prolijidad en las cuentas del Gobierno, es decir, de las cuentas públicas. Sí voy a decir que se puede discrepar, en todo caso, con los medios empleados, pero está claro que el objetivo es el mejoramiento de la vida de los habitantes.

El señor senador Carrera también nos recordaba que no se ha legislado sobre organizaciones criminales o violencia doméstica, pero este no es el último tren. Aquí no se acaban todas las iniciativas de este Gobierno. Van a venir otras iniciativas. No se trata de meter todo en el proyecto de ley de urgente consideración o no se legisla más. Vamos a continuar; esta norma es para empezar a encauzar las cosas.

Si miramos desde afuera, o desde lejos, impacta que sea el propio Gobierno, y no la oposición, el que se imponga más controles sobre cómo administrar los dineros de todos, cómo responder a la gestión pública y los resultados. Por eso, si este proyecto de ley lo viera un extranjero diría que es presentado por la bancada opositora para controlar al Gobierno o que viene de algún órgano de control, pero no lo es. Esta es una iniciativa del propio Gobierno que se autocercena con la finalidad de achicar este gasto superfluo y mejorarlo. ¿Para qué? Para que haya más disponibilidad de dineros públicos a efectos de atender las cuestiones de vulnerabilidad social. Se le da mayor intervención al Poder Legislativo para reforzar las funciones de contralor. Es un Gobierno que, en definitiva, usa sus potestades constitucionales, su iniciativa legislativa y, más aún, aprovecha la oportunidad de una ley de urgente consideración para imponerse más control.

Se habla de los orígenes de los parlamentos, de las asambleas populares de Grecia o de los comicios de las centurias de Roma que contaban con algunos rasgos y funciones similares a las de los parlamentos actuales, aunque en realidad eran muy distantes en muchas cosas porque no integraban a todos los habitantes, sino a los varones que no fueran esclavos. Lo cierto es que se los señala como los orígenes de los parlamentos, así como también a las asambleas medievales, donde se debatían intereses de distintos estamentos con el objetivo de controlar. ¿Por qué traigo esto a colación, que parece tan ajeno a lo que estamos conversando? Porque en los orígenes está la función de control; una función de control sobre el monarca, sobre la autoridad ejecutiva, pero que venía desde fuera de la órbita ejecutiva. Así, en el Magnum Concilium de Inglaterra, asamblea compuesta por los grandes señores del reino –que es consejo, sí, pero, democrático, no mucho–, se da esta génesis del Parlamento, para la descentralización de la autoridad, para una acción balanceadora del poder absoluto del monarca. Ahora bien, esa verdadera función de control no se concreta, no se cristaliza, hasta tanto no se limitan los abusos, esto es, hasta que no se firma la carta magna. A raíz de las protestas de los barones ante el rey Juan Sin Tierra –todos conocemos la historia– se limita la potestad del monarca con la finalidad de tener parte en la fijación de los impuestos; se trata de una intimación a que el monarca se someta a la ley. Esa carta magna, símbolo de la libertad –con límites y con muchísimas modificaciones en sus ochocientos años de vida–, vive hoy en el derecho inglés. Entonces, ¿por qué esta alusión? Porque en ese caso fue el Parlamento o su génesis que, con mayor autonomía, limita la autonomía del poder regio mediante poderes de control y de freno al monarca. Es el Parlamento el que limita al gobernante, al ejecutivo, y no a la inversa.

Aquí, con la LUC, hemos dado vuelta la historia. Es el propio Poder Ejecutivo el que a través del proyecto de ley pide que se lo controle más, establece mayores controles a través de los distintos órganos que crea y de los distintos mecanismos, pide más control para una mejor eficiencia del gasto público. En ese sentido, estamos cumpliendo –más allá de las diferencias– con la función por excelencia de los parlamentos, que es el control y el freno a los excesos, en caso de que sea necesario.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: primero voy a sumarme al pésame, tanto por la situación del funcionario del Palacio, como de lo sucedido esta última semana.

Nosotros estamos ante un debate de una enorme trascendencia política y social. Hay valoraciones que sostuvimos cuando intentamos, como bancada del Frente Amplio, que no se escogiera este camino para aplicar un plan de gobierno a marcha forzada, y las seguimos sosteniendo. Algunas de ellas son políticas, en el sentido de que consideramos que esta forma de legislar pone al Parlamento en una condición difícil para desarrollar su función de manera plena y con todas sus capacidades, lo que lleva a que podamos cometer errores importantes. Esto, que era una apreciación cuando ingresó el proyecto de ley de urgente consideración, se pudo constatar cuando pudimos profundizar en la iniciativa durante estas semanas y también se puede constatar hoy, con algunos componentes del articulado que quedaron y claramente son el resultado de un error del Senado y de la comisión, no porque no se haya intentado trabajar estas semanas, sino porque es imposible abordar la complejidad de un proyecto de este tamaño, con una cantidad tan gigantesca de temas. Además, la circunstancia política de considerar el plan del Gobierno de esta forma –por primera vez desde que la Constitución prevé este mecanismo de urgente consideración– genera el riesgo de que las leyes de urgente consideración pasen, a partir de ahora, a ser fuente principal del derecho y no una excepción. Este es un riesgo que debilita la calidad democrática, y lo decimos como valoración política y no como una interpretación de intencionalidad.

En segundo término, esta forma –y no queremos obviarlo– merece reparos constitucionales, porque claramente la Constitución prohíbe enviar más de un proyecto de ley por vez, y parece bastante obvio que no estamos ante un solo proyecto de ley, aunque se me podrá decir que va a tener un solo número. Creo que no es una interpretación forzada decir que hay decenas de leyes dentro de este proyecto y, por lo tanto, se intenta lograr por vía indirecta lo que no se puede lograr por vía directa. Además, somos de los que participan de la idea de que debe existir una circunstancia de urgencia para habilitar mecanismos excepcionales que no se pueden declarar de manera discrecional. Por ejemplo, la declaración de emergencia sanitaria no tendría sentido y podría ser un acto declarado nulo, vía administrativa, si no hubiera circunstancias fácticas que lo demostraran. En este caso algunos de los componentes de la declaración de urgencia pueden sustentarse dentro del proyecto de ley, otros claramente tratan aspectos que no son urgentes. En esa instancia la coalición de gobierno defendió la posición de que no es necesario que haya una urgencia fáctica, sino que alcanza con que sea urgente de manera discrecional para el Poder Ejecutivo. Es una interpretación que no compartimos, fundamentalmente por el doble riesgo. Si la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional esta norma por el hecho de incorporar en un solo proyecto decenas de leyes, lo que se impide de manera separada, estaríamos ante el riesgo de poner en jaque un elemento que el Uruguay presenta como valor respecto a la región que es la estabilidad jurídica. En mi opinión, si la declara constitucional también estaríamos en un problema, porque esta pasaría a ser la forma habitual en la que mañana cualquier partido que estuviera en el Gobierno podría instalar su agenda generando conflictos.

El primer problema es la elaboración, porque es evidente que hubo dificultades, y no me refiero a lo que se quiso construir en términos políticos. Supongamos –aclaro que estoy hablando de manera hipotética– que no se encuentran las mayorías para aprobar el proyecto de ley que vino de comisión y, por lo tanto, queda aprobado tal cual vino del Poder Ejecutivo. En ese caso, estaríamos ante la situación de que cualquier relación entre adolescentes implicaría delito penal, de acuerdo con la forma en que venían redactados los artículos 6.° y 7.°. Había señalado, entre las inconsistencias que presenta el proyecto, que el artículo 75 que refiere al 310 bis es una norma que está derogada; no obstante, ahora revisando vimos que no corregimos eso en la comisión. Y no creo que haya sido porque faltó trabajo en la comisión –porque sí lo hubo–, sino porque abordar un proyecto de esta naturaleza es muy difícil. Lo cierto es que hoy estamos tratando el proyecto de ley que viene de comisión con un aspecto que refiere a una norma que fue derogada. Esto no hubiera sucedido si el proyecto hubiera pasado por una comisión especializada, ya que ante esa circunstancia se habría detectado el error en su tratamiento. Ahora, si hubiéramos aprobado el numeral 6.° del artículo 36 de la Ley n.° 14294 tal cual venía del Poder Ejecutivo, habría quedado con dos redacciones diferentes. Esto lo digo para dar un ejemplo; no me detengo en los elementos que refieren a la inconstitucionalidad y que los propios integrantes del Poder Ejecutivo señalaron. En este sentido, cabe destacar la perplejidad con que se expresó el secretario nacional del Deporte cuando se presentó en la comisión y sostuvo que no había podido participar en ninguno de los temas que eran considerados en la ley.

Ahora bien, no es el Frente Amplio, señora presidenta, el que cuestiona los potenciales resultados de la norma. En la comisión, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos habló del capítulo I, que intenta atender una problemática que existe respecto a la violencia en la sociedad, que nadie niega que es un problema –en mi opinión es estructural– y tiene que ver con la segmentación territorial desde el punto de vista de la cultura, pero que tiene poco que ver con el incremento punitivo o con la posibilidad de dar rienda suelta a los operativos policiales. Al respecto, el alto comisionado dijo: «Primero, porque abona un cambio general hacia un modelo más punitivo de la política penal, el mismo que se mostró ineficaz y contraproducente en la experiencia internacional, incluso en países de la región. Este modelo resulta en el aumento de personas privadas de libertad, hacinamiento en las cárceles y falta de rehabilitación de personas privadas de libertad. Entonces, esto puede resultar en un círculo vicioso de creciente violencia en la sociedad. Y, segundo, porque varias de las disposiciones propuestas estarían en tensión con los estándares internacionales».

Más adelante expresa: «… nos parece que la legislación actual está más propicia a proteger la seguridad humana que varios de los cambios que se proponen […] pueden representar retrocesos desde la perspectiva de los derechos humanos y desde el concepto amplio de seguridad humana». Aclaro que hablo de seguridad humana porque es la expresión que utiliza el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos para, sobre esa base, pavimentar las modificaciones en materia de seguridad. Se tenía la intención de alinear la política de seguridad con este postulado de Naciones Unidas de la década de los noventa.

El Instituto de Derecho Penal y Criminología fue aún más duro en su informe, del que disponemos todos los señores senadores. En él se dice: «En cuanto a ello, la Sala se pronunció por unanimidad de los presentes rechazando el borrador propuesto por observar –entre otras consideraciones técnicas– que implica la supresión de derechos, vulneración de principios y garantías constitucionales, restricción de libertades e incremento punitivista, alteración inadecuada de la dosimetría de las penas y expansión penal desmedida. Asimismo, se expresó que el borrador en consideración exhibe deficiencias jurídicas así como de rigor científico y también carencias hermenéuticas, primando aspectos meramente políticos. Se concluyó que su implementación legal podría ocasionar graves inconvenientes interpretativos y de aplicación en la praxis forense, así como cuestionables criterios político-criminales de selectividad negativa».

La ponencia de Germán Aller, director del Instituto Uruguayo de Derecho Penal, fue contundente en la comisión. Yo estoy entre los que participan de la idea de que no encontró fundamentación en contrario por ninguno de los senadores miembros de la comisión.

El alto comisionado parlamentario sobre los cambios propuestos en la LUC –en un documento con el que contamos todos los senadores y sobre lo que deberemos dar cuenta de si el resultado de las normas que estamos modificando van en esa dirección–, sostuvo: «Entiendo que debe cuidarse, al pensar el resultado final de la acción legislativa, en no impulsar mecanismos que, como artículos o piezas aisladas pueden ser razonables o atractivos para la preocupación que nos genera el delito, pero que sumados produzcan un sistema penal de enorme magnitud, sobrepoblado, de cerrado funcionamiento y sin alternativas lógicas y cuidadosas a la privación de libertad».

Subrayo que Uruguay tiene una cantidad de personas privadas de libertad que lo ubica entre los treinta mayores del mundo en más de doscientos veinte países, y segundo en América Latina, después de Brasil.

El alto comisionado continúa diciendo: «La experiencia internacional muestra que sistemas penitenciarios gigantes se vuelven, para cualquier Gobierno, infinanciables. Al ser infinanciables tienen malas condiciones de reclusión (pobres en tratamiento, salud, capacitación y cultura). Y al ser pobres en tratamiento se vuelven causa directa de nueva trasgresión y delincuencia, en un ciclo vicioso que genera mayor inseguridad y la ocurrencia de más delitos».

Más adelante agrega: «La experiencia internacional, en muy diversos países, indica que, ante la preocupación legítima sobre la seguridad ciudadana, el mejor camino no es aumentar penas, ampliar tipos penales, cerrar beneficios liberatorios, cortar sistemas de redención o de puntaje y aumentar la población penal (la llamada “inhabilitación” tiene un efecto muy acotado en el tiempo)».

«Una lectura global del Capítulo I indica que buena parte del planteo implica un aumento de penas, reformas procesales que acotan posibilidades liberatorias, achicamiento del sistema de redención de penas, de soluciones de justicia restaurativa o de medidas alternativas, pareciendo soluciones pensadas para casos de gravedad conductual que son minoritarias y que son habitualmente contenidos por las normas vigentes, pero que de aprobarse las modificaciones de esos temas significarán un aumento injustificado de la población penitenciaria lo que a corto plazo es contraproducente para la propia seguridad pública y la rehabilitación según nuestro entender y lo que creemos indican las mejores prácticas internacionales».

Por su parte, los representantes de Amnistía Internacional señalaron: «Amnistía Internacional Uruguay (en adelante AI UY) manifiesta su preocupación por el impacto negativo en los derechos humanos en el país, así como la regresividad en los estándares internacionales y regionales, que puede significar la aprobación de diversos artículos contenidos en la Ley de Urgente Consideración (LUC) que está siendo tratada actualmente a nivel parlamentario». También dejaron constancia de su preocupación por el alcance de las modificaciones en materia de legítima defensa, aumento de penas y creación de nuevos tipos penales.

El capítulo relativo a la seguridad tiene algunos cambios que, sinceramente, son muy difíciles de entender. Por ejemplo, la advertencia que se nos hace en materia de legítima defensa tiene, por lo menos, dos aspectos que me gustaría seguir discutiendo y, si es posible en el tiempo que nos queda, modificar. Voy a poner un ejemplo. En el actual numeral 3 del artículo 26 (Legítima defensa) del Código Penal se establece: «El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el numeral 1…». Si cualquiera de nosotros en la calle ve a una señora que es agredida de manera violenta con un arma y la defiende, estaría amparado en la legítima defensa. Ese aspecto fue derogado en la actual redacción.

El Instituto de Derecho Penal y Criminología nos reclama cómo es posible que un elemento de solidaridad mínima sea derogado, a la vez que se incrementa un conjunto de postulados de la legítima defensa que tienen que ver con componentes patrimoniales. En ese aspecto, el alto comisionado de Naciones Unidas dice: «El Artículo 1° del Proyecto sobre la ampliación de la legítima defensa dispone la exención de responsabilidad penal de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley creando nuevas hipótesis de legítima defensa que no reflejan en su totalidad a las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Se relativizan los requisitos de racionalidad, proporcionalidad y progresividad diciendo que estos funcionarios les utilicen “en cuanto eso sea posible”. Dicha expresión puede abrir la puerta a arbitrariedades, y uso innecesario de la fuerza bajo pretexto de la legítima defensa».

El Instituto de Derecho Penal y Criminología sobre el mismo artículo, sostiene: «La reforma legislativa proyectada respecto al artículo 26 del Código Penal merece el más absoluto rechazo, en base a que adolece de deficiencias jurídicas y conceptuales que denotan un escaso –por no decir nulo– rigor científico. Los tipos penales tienen que cumplir con el principio de legalidad, el cual exige o reclama una ley escrita y estricta. Claramente, la expresión “razonable proximidad” –expresión hartamente porosa– no cumple ni por asomo con la estrictez que exige el principio de legalidad». Los operadores del derecho –la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Fiscales del Uruguay, los defensores de oficio– coinciden en que el tipo penal que se crea es impreciso y que puede dar lugar a arbitrariedades. No es que el Frente Amplio quiera encontrarle la quinta pata al gato y que los aspectos que se modifican con respecto a la legítima defensa abran la posibilidad de una cuestión de todos contra todos. Al contrario, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo dice: «Esta modificación afecta “un elemento sustancial” de la legítima defensa, que es la inminencia de la agresión que se repele, dado que “la agresión deja de ser inminente porque ya cesó» y si no existió no corresponde habilitar el ejercicio de una defensa agresiva, ya que debe prevalecer el deber de protección del Estado por medio de diversos institutos».

Entonces, ¿no nos preocupa la violencia de todos? Hacemos reparos que son coincidentes con los que realizan las instituciones de derechos humanos, los ámbitos especializados, los expertos en derecho penal y criminología, y los ámbitos internacionales. Todos coinciden en que los cambios presentados al artículo 1.º del proyecto de ley de urgente consideración pueden generar un caos de todos contra todos y de más violencia social.

Los argumentos en contrario que fundamentan los cambios, salvo la postura de la Asociación Rural del Uruguay –que aplaudió este artículo e, incluso, sostuvo que lo quería ampliar en el sentido de que entiende que efectivamente genera la condición de proteger la propiedad contra el hurto– y algunos actores sociales, tienen que ver con que se percibe que está bien el homicidio como respuesta al hurto. Tenemos que ser claros y precisos de que no, de que no es eso lo que estamos habilitando. Sin embargo, comprenderán nuestra preocupación cuando en el artículo en consideración de la interpretación de la legítima defensa se agrega: «Cuando la defensa deba ser ejercida respecto a cualquier derecho de contenido patrimonial». Razonando por el absurdo: si un legislador se queda con el cargador de otro legislador está muy mal, pero no está bien que le responda con un balazo en la cabeza. No está bien. Esto es de una ambigüedad tal que todos los operadores jurídicos sostienen que el efecto que puede generar es muy distinto al que se pretende. No voy a adjudicar intenciones de que la coalición de gobierno quiere generar el lejano Oeste en el Uruguay, pero sí digo que la inmensa mayoría de las organizaciones que trabajan con el tema de manera profunda desde hace muchos años son coincidentes en decir que modificar este instituto vía ley de urgente consideración sin tener el tiempo suficiente para discutir es un inmenso error.

En la misma dirección nos alertan por artículos que, en lo personal, considero que son un mensaje simbólico a la sociedad. Eso no está bien y es propio del derecho penal autoritario –esto es una caracterización, no es un adjetivo–; equiparar la responsabilidad de un cómplice a un autor no está bien. Sin embargo, se insiste en recorrer un camino que es equivocado. Así lo dice el artículo 3 sobre la resistencia al arresto. Lo mejor que dijeron los especialistas que visitaron la comisión es que, en definitiva, puede ser que existan otras normas que hagan que esta no sea necesaria. La inmensa mayoría intenta mirar esto orgánicamente en un conjunto de cambios que están en el proyecto de ley de urgente consideración, que van desde el tiempo que pueden tener a una persona detenida en la comisaría y el poder revisarla aunque no esté vinculada en nada, hasta la lógica de un delito tan confuso como el agravio a la autoridad cuando ya existe el desacato. En la redacción no solamente la cantidad de verbos que acompañan el delito lo hacen impreciso cuando estamos hablando de materia penal, sino que, además, especialistas nacionales e internacionales nos están diciendo que colocar con ese grado de laxitud que el agravio pueda ser por escrito, puede ser un elemento que vaya en contra del derecho a la libertad de pensamiento y de opinión. Por otro lado, especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han acercado alertas a la comisión. Sin embargo, ha sido débil la fundamentación de por qué es urgente incluir el agravio escrito, en términos de la autoridad policial, y votarlo en medio de un proyecto de ley de urgente consideración, más allá de que podamos estar violentando disposiciones internacionales. ¿Cuál es la urgencia hoy? Uno puede interpretar que hasta una crítica ácida de un periodista a un operativo puede tener respuesta penal. Repito: está escrito con mucha laxitud. Alcanza con repasar los informes que todos los señores senadores que integramos la comisión tenemos acerca de este tema.

Con respecto a la ocupación de los espacios públicos, continúa con una lógica que es equivocada.

Por otra parte, el proyecto de ley original de forma muy cruda intentaba abordar con una respuesta punitiva la cuestión de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Tengo que reconocer que el texto actual que salió de la comisión –que votamos en contra– es menos grave que el original, pero sigue enfocado en una perspectiva que es equivocada. La cantidad de adolescentes en conflicto con la ley penal viene en una tendencia de reducción en los últimos años; sería una reflexión muy reduccionista pensar que la baja tiene que ver con el incremento de penas. Cualquiera que haya trabajado con adolescentes en conflicto con la ley penal –con vehículos para el trabajo, para el estudio, para la reinserción, con convenios, en nuestro caso, con decenas de situaciones de adolescentes en conflicto con la ley penal– sabe que la respuesta de mayor nivel de no reincidencia se da con otras medidas, o sea, se juega en otra cancha. Sin embargo, lo único que aparece en el proyecto de ley de urgente consideración es el incremento de penas más graves, incremento de penas mínimas, ampliación de la cantidad de delitos en los que se recogen los antecedentes, limitación de la libertad y, además –es una cuestión general–, eliminación de la suspensión condicional del proceso. Es una circunstancia que todos los especialistas –¡todos!, fiscalía, fiscales, jueces, defensores de oficio–, todos los operadores del proceso penal nos dicen que es una barbaridad; todo esto por dos o tres casos que tuvieron mucha promoción mediática. Al calor de la tribuna, tomar una decisión así, le complica la vida al proceso judicial y puede generar un efecto tremendamente negativo, en particular, para más del cuarenta por ciento de los adolescentes que tuvieron procesos penales y pasaron por este instituto.

Creo que, como en muchos temas del proyecto de ley de urgente consideración, se carece de un estudio previo profundo, de tiempo necesario para la discusión y, por lo tanto, las normas terminan no encontrando el objetivo que se persigue. ¡¿O alguien puede decir entre nosotros que hay uno más preocupado que otro por la seguridad?! ¡¿Hay alguien acá que tiene más sensibilidad que otro ante la violencia y que se siente menos dolorido cuando roban o matan a un comerciante?! ¡La discusión no puede estar en ese nivel de fango! ¡No está ahí! Está en cómo construimos instrumentos eficaces para atender un problema social y profundo en América Latina y también en Uruguay. Los especialistas nos recomiendan que no lo hagamos por este camino.

Solamente voy a hacer una referencia sobre lo que más me preocupa, que es el tema de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, a lo que también aludió el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo: «Nos llama la atención que en este capítulo también se derogue tácitamente la prohibición de interponer las reservas basadas en cualquier motivo cuando se trata de investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos. Esta salvaguarda está establecida en el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública (18.381): “(Inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos).- Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”.

Uruguay fue uno de los países pioneros de la región en establecer esta salvaguarda, un avance sustantivo para el país y la región en la búsqueda de poner fin a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos que caracterizó al continente».

¿Esto fue suficientemente ponderado en la comisión? No, entre otras cosas porque no tuvimos tiempo. Y ni el que más haya estudiado acá me puede decir que leyó hasta el último documento. No es posible; aun dedicando horas de tiempo, de trabajo y de estudio no es posible. Estamos legislando de una forma que no es la mejor. Espero que sea un error cometer potencialmente estas equivocaciones.

En segundo lugar, tenemos una diferencia sustancial con respecto al papel del trabajo. Esta es una discrepancia profunda que tenemos que tratar de plantear con altura y no desde la caricatura de la diferencia. Reitero: tenemos una diferencia profunda.

Todo el trabajo debe tener centralidad. Cualquier perspectiva hacia adelante que la desconsidere, comete un severo error. Tendríamos que ver cómo hacer para que la perspectiva del trabajo recupere centralidad. El concepto de trabajo, etimológicamente, abarca desde la herramienta de tortura de tres palos, que en la antigüedad tuvo una concepción negativa, hasta el castigo bíblico de ganarse el pan con el sudor de la frente. En nuestra opinión, el trabajo debe tener centralidad. Ahora bien, el problema es si esa centralidad tiene que subordinarse a las lógicas del mercado que impongan y establezcan un concepto de competitividad a la baja en base a los costos y pensando que adaptarse al mercado trasnacional es igual a asumir las condiciones desde el punto de vista de la organización del trabajo –que la división internacional del trabajo nos impone– o, por el contrario, tener una perspectiva diferente cuyo centro sea el trabajo de calidad. Esto requiere relaciones laborales de calidad, diálogo social y profundo, y que los aspectos principales del trabajo, como la formación profesional, la posibilidad de incorporar valor, las desigualdades basadas en género, el desempleo juvenil, la informalidad, la siniestralidad en el trabajo formen parte de un amplio diálogo social –ese sí urgente– para que Uruguay logre transitar de una economía extraordinariamente primarizada a una economía que incorpore valor. Incorporar valor en un mundo con una revolución científico-tecnológica del tamaño de la que tenemos implica desafíos en la educación que es necesario hacer con la comunidad educativa y no sin ella. Quizás ese sea el principal reparo que tenemos con relación al capítulo II vinculado a la educación.

Es muy difícil pensar en una reforma de estas características que no cuente con el impulso, el convencimiento, los procesos de diálogo y de acuerdo de quienes, en última instancia, colocan al sistema educativo. Impulsar el trabajo implica participación del Estado y por eso tenemos una diferencia sustancial con respecto al proyecto original y al papel que les daba a las empresas públicas como locomotoras del desarrollo. En los países más desarrollados de la OCDE, las empresas públicas representan un 13 % del producto bruto interno y un 5 % del empleo. Sin embargo, en Uruguay desde hace décadas hay un debate que la ciudadanía laudó en un plebiscito en 1992, en el que la inmensa mayoría de los uruguayos se pronunciaron sobre la propiedad de las empresas públicas y volvió a laudarlo en 2003, cuando el pueblo uruguayo fue convocado a pronunciarse sobre Ancap.

Por lo tanto, capítulos que venían en el proyecto de ley de urgente consideración e iban en dirección contraria al pronunciamiento popular eran un grave error. Señalamos que es un avance en esa perspectiva del trabajo el pensar cómo una estrategia de integración social, de seguridad, de vivienda debe tener centralidad en el trabajo de calidad. Ahora bien, si queremos generar condiciones para una perspectiva de desarrollo productivo que tenga como centro el trabajo de calidad, ¿tiene sentido que abordemos la cuestión de la relación laboral desde su patología? Si por cada incumplimiento patronal –estos no son puntuales; son amplísimos– tuviéramos que tomar medidas normativas para el conjunto de la actividad empresarial, no habría forma de generar condiciones mínimas de convivencia.

Se menciona un derecho humano fundamental como el derecho a la huelga. Fíjense que la Constitución de 1934 declara el derecho de huelga porque existía desde antes –nosotros entendemos que lo mismo tiene que pasar con la emergencia: tiene que existir para ser declarada– y el texto a estudio de la comisión –el original del Poder Ejecutivo era todavía peor– intenta equiparar derechos que no son equiparables porque ninguna huelga cuestiona el derecho a la propiedad. La huelga tiene un carácter transitorio, provisional; no hay huelgas eternas. La huelga, el conflicto, como instrumento de los trabajadores, del sector que tiene menos peso en la relación laboral, tiene un componente funcional indiscutible.

SEÑORA COSSE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA COSSE.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, señora presidenta.

Creo que no incorporar este concepto es desconocer la historia de las relaciones laborales en el Uruguay y en el mundo. En una sociedad dinámica y plural, el conflicto tiene una función. Alcanza con repasar la discusión parlamentaria de la Ley n.º 5032, que es apasionante. Parte del fundamento del Partido Colorado, que presentaba la primera ley relativa a la salud y a la seguridad en el trabajo, se basaba en que estos aspectos ya habían sido conquistados por los sindicatos en determinadas áreas. Lo mismo sucedió al año siguiente. En 1915, cuando se discutió el tema de las ocho horas, parte de la argumentación de la legislación laboral –consta en actas; hay que revisarlas– tenía que ver con que amplísimos sectores de trabajadores ya habían conseguido ese régimen. No hay duda de que la ampliación de la seguridad social, que tiene un elemento indiscutible en el Uruguay desde 1919 hasta la década de los sesenta –sé que hay antecedentes desde el siglo XIX–, se da al amparo de lo que eran las plataformas laborales y sociales y de elementos que hoy son patrimonio nacional. Me refiero a que son patrimonio nacional desde el punto de vista cultural, de lo que nos enorgullecemos.

Cuando se dice que hay países de la región con determinada legislación, me pregunto a qué países de la región queremos parecernos en términos laborales. ¡¿A cuál, en términos de negociación colectiva?! Hay tres pilares sustanciales para una sociedad democrática: conflicto, negociación colectiva y sindicato.

Repito que con la huelga no se pone en riesgo el derecho a la propiedad. Supongamos que alguien tiene un galpón –no es mi caso– y en él hace lo que se le canta porque es su propiedad. Ahora bien, en el momento en que deja de ser galpón y pasa a tener una actividad productiva, ya no hace lo que se le canta; debe tener vestuario, debe tener comedor y debe tener ventilación. Ya no hace lo que se le canta, por más que sea de su propiedad. Existen normas que regulan esa propiedad. En el momento en que contrata a un trabajador o a una trabajadora, señora presidenta, no la contrata sola; viene con derechos. Desde el momento del contrato, viene con derechos laborales, derecho a la negociación colectiva y derecho de huelga, entre otros.

Se dice que con la huelga se atenta contra el patrimonio. La coalición decidió no poner –no voy a decir «no se animaron»– la ocupación, que es lo que la OIT reconoce como una forma de ejercer el derecho de huelga. Lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo y también el Comité de Libertad Sindical. ¡Uruguay tuvo observaciones con respecto a la ocupación! El problema que tenemos es que hay una parte de los colegas que integran la coalición de gobierno –no sé si toda– que no reconoce esto que sí reconoce la OIT. Se hubiera ahorrado mucho camino si se hubiera dicho que, cuando está la ocupación como una de las formas del ejercicio del derecho de huelga, hay que ampararse en lo que la OIT dice. De esta forma hubiéramos tenido muchos menos problemas; sin embargo, se hace una referencia general a la huelga.

Las intenciones de limitar la huelga y los sindicatos son viejas y nuevas, porque hay partidos de la coalición de gobierno que, al mismo tiempo que estamos discutiendo esto, acaban de presentar –lo tengo acá– un articulado referido a la limitación de los sindicatos, a una intervención descarada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tiene mucho que ver con la ley de Bolentini –o, incluso, con una anterior– con la que en agosto de 1973 se intentó prohibir manifestaciones sindicales. No estamos inventando nada ni haciendo caza de brujas, sino hablando de proyectos de ley presentados en la Cámara de Representantes, de los que todavía no hemos escuchado pronunciamientos generales.

Por lo tanto, ¿cuál es la urgencia con respecto al trabajo? La urgencia tendría que ser un amplísimo diálogo social y político para ver cómo logramos que los efectos de la pandemia –que tiene ahora a más de doscientos veinte mil uruguayos en seguro de desempleo– se minimicen, se mitiguen. Debemos tratar de encontrar acuerdos para que el número de despidos sea el menor posible, para que la cobertura social se amplifique, para que los impactos duelan menos, para que no se salga con mayor desigualdad, para que no decaiga el salario y para que no haya actitudes oportunistas, que las hay. En medio de la pandemia hemos visto que el alcohol en gel subió diez veces su precio y lo mismo con la venta de los tapabocas. Hace poco estuve con la directora del Hospital de Clínicas –con quien me une una amistad de mucho tiempo– y me decía que los tapabocas de doble filtro aumentaron diez veces su valor. Tenemos sectores que en medio de esta crisis –es así y es histórico– aprovechan para pasar por arriba de derechos.

Por lo tanto, una circunstancia de estas características es, más que nunca, el momento en que debemos pensar que los derechos nunca pueden ser un obstáculo para el desarrollo, sino que son una condición para el desarrollo.

En el mismo sentido, hay algunos temas en los que parece que tenemos una preocupación común, pero abordarlos en una ley de urgente consideración limita las posibilidades de acuerdo. Tengo que resaltar que en el debate que tuvimos en la comisión, el senador Camy defendió con mucho énfasis al Instituto Nacional de Colonización como un instrumento cardinal para atender la cuestión agraria. Esto tengo que señalarlo claramente.

Tenemos un instrumento que queremos jerarquizar en un tema que es complejo y que es tendencia en América Latina –me pueden dar cifras de la extranjerización de la tierra–, y en nosotros van a encontrar voluntades para profundizar las políticas diferenciales que han existido. En todo caso, podemos ser críticos en cuanto a que no han tenido la fuerza suficiente para la pequeña producción y la producción familiar, pero también queremos compararlas con las que vendrán, se sostendrán o se profundizarán. Quizás tendríamos que ser críticos en el sentido de que deberíamos haber hecho un esfuerzo mayor aún para favorecer al Instituto Nacional de Colonización, pero después queremos compararlo con el impulso que se le dará hacia adelante con respecto a las medidas que pueden afectar a 70.000 o 120.000 hectáreas, según quienes han llegado a la comisión en representación del instituto.

Ahora bien, cuesta entender por qué esto no se considera en el mismo momento en que llevamos adelante un conjunto de medidas que tienen que ver con políticas agrarias para intentar que no sea el mercado el que determine qué pasa con esas tierras. Podemos tener medidas que ayuden a generar condiciones para que la pequeña producción, la producción familiar –responsable del 30 % del producto del valor agropecuario– no se vea resentida.

Desde la perspectiva del trabajo –que lo veo como centralidad: trabajo y educación, trabajo y empresas públicas, trabajo y derechos laborales, trabajo y seguridad social–, parece claro que tenemos diferencias que, de fondo, se traducen en lo siguiente: hay quienes piensan que tomar medidas para alentar la inversión es igual a limitar derechos. Y en cualquier estudio serio, si uno incluye diez ramas de actividad distintas y opina sobre ellas, y de esas diez ramas de actividad en cinco hay fuertes sindicatos y negociación colectiva y en las otras cinco hay inexistencia de sindicatos, sindicatos débiles o no hay negociación colectiva, va a encontrar que en estas últimas es donde están los mayores niveles de informalidad, de precarización del trabajo, de salarios bajos, de desigualdad de género; va a encontrar que esas son las ramas que están más afectadas por la siniestralidad laboral. Por lo tanto, precisamos un abordaje diferente de estos temas.

La última referencia que quiero hacer tiene que ver con la norma sobre piquetes. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice: «Las autoridades deben facilitar la celebración de reuniones, protestas sociales o manifestaciones públicas, garantizándose que puedan ser llevadas adelante, vistas y oídas por el público destinatario en el espacio elegido por los convocantes, para que llegue el mensaje que los organizadores y los participantes desean difundir. Por ello, como regla general el derecho de manifestarse y protestar incluye el derecho a elegir el tiempo, lugar y modo de hacerlo».

Más adelante sostiene: «En definitiva las manifestaciones y protestas constituyen una vía para hacer posible el juego democrático y el cumplimiento de los derechos humanos, pero también una forma a través de la cual las personas y la población en general se organizan y expresan sus demandas de formas distintas y por medio de estrategias que varían de formas más institucionales y estructuradas, a través de organizaciones formalmente constituidas, pero que también abarca estrategias no institucionales, manifestaciones y protestas espontáneas y de gestación horizontal…».

Por lo expuesto, la CIDH ha señalado que declarar ilícitas per se una amplia gama de protestas, en atención al contexto en el que se desarrollan, resulta incompatible con los estándares interamericanos. Tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de derechos humanos, se acepta que algunas modalidades de la protesta buscan generar cierta disrupción de la vida cotidiana o contestación de prácticas y normas, como forma de visibilizar protestas o amplificar voces que de otro modo difícilmente ingresarían en la agenda del país o formarían parte de la deliberación pública. Si lo que realmente se pretende es fortalecer la república, deben promoverse los derechos en lugar de recortarlos. Todos estos conceptos figuran en el Informe temático de la CIDH y su relatoría especial sobre protesta y derechos humanos.

Más adelante, se destaca que no pueden suprimirse las protestas como forma de garantizar otros usos más rutinarios de espacios públicos, como la actividad comercial o la circulación de personas y vehículos. En ese sentido, la CIDH ha destacado que las calles y plazas también son lugares adecuados y legítimos para la expresión pública. Esto lo establece el sistema interamericano de protección de derechos.

Por lo tanto, señora presidenta, nosotros no compartimos, desde el punto de vista político, la elección de este camino, el del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Nos parece que el grueso de su contenido generó, en muchos casos, la condición de obturar, de impedir la posibilidad de un diálogo social y político sobre temas complejos. ¿O alguien cree que la violencia en la sociedad se resuelve al otro día de que se aprueben los artículos del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración? ¿Alguien cree que los complejos desafíos en materia de educación van a estar resueltos el día después o que de forma escrita se pueden resolver cuestiones complejas, estructurales que merecerían un tratamiento distinto?

Por todo esto, vamos a votar en contra del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Señora presidenta: me gustaría comenzar sumándome al profundo pésame que sentimos por todos los uruguayos en estos días tan especiales que nos ha tocado vivir como país.

También me uno al agradecimiento a las tantas personas que participaron de lo que fue el proceso de análisis de este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración –seguramente coincidimos en que hoy tenemos una versión mucho mejor que la original–: a los integrantes de la comisión; a su presidente, cuyo sentido del humor fue clave en jornadas largas; a los funcionarios del Palacio Legislativo, y a las ciento doce organizaciones de la sociedad civil, a las veintisiete delegaciones oficiales y a los dieciséis académicos que comparecieron. Para todas estas personas esto implicó trabajo por fuera de su trabajo normal: reuniones, informes y demás.

Hoy comenzamos una serie de jornadas que seguramente serán intensísimas para todos los que estamos acá presentes. Muchos de los que harán uso de la palabra en los próximos días son veteranos de esta casa, han pasado largas horas de su vida acá debatiendo, confrontando; otros han vuelto luego de décadas, después de haber estado varios períodos de gobierno en el Poder Ejecutivo. Somos una minoría, una franca minoría, los que somos más nuevos en esta actividad. Como ocurre en cualquier actividad nueva, durante los primeros días, las primeras semanas, incluso meses, uno observa y aprende, porque no es lo mismo seguir el debate parlamentario por esa pantalla que está ahí, en la que se enfoca principalmente al orador que está en sala hablando. Tampoco es lo mismo leer las versiones taquigráficas. Estar acá, señora presidenta –y usted lo sabe bien–, es bien diferente, porque desde acá se percibe el clima, se percibe si hay o no escucha, se percibe mucho más de lo que queda en los registros.

Nos esperan días intensos, y bien sabemos todos que sostener la atención durante diez horas o más es muy difícil, por no decir imposible. Lo era cuando se inauguró esta casa, y lo es aún mucho más hoy, con estos aparatitos que todos tenemos al alcance de nuestra mano.

Quisiera, señora presidenta, en lo que es el inicio del debate parlamentario de esta ley de urgente consideración, invitar a todos a tomar conciencia de que lo que aquí pase y deje de pasar en los próximos días es responsabilidad de todos. Es algo que coconstruiremos juntos. Quiero invitar a cada uno de nosotros a tomar conciencia de que esto permea de alguna manera en nuestra sociedad uruguaya, tan cascoteada y tan golpeada en estos últimos días, porque estamos viviendo tiempos especiales, tiempos difíciles para nuestro país y para el mundo. La COVID-19 nos pone a prueba a todos; pone muy a prueba nuestra salud mental, nuestro equilibrio individual y también nuestro equilibrio colectivo. Por eso, quiero invitarlos a todos a tomar conciencia de que, desde acá, desde este recinto, podemos ser ejemplo para el resto de la sociedad sobre cómo dirigirnos hacia el que piensa distinto, hacia el que elegiría otros caminos, hacia el que discrepa de los contenidos e, incluso, hacia el que discrepa con las formas. Y podemos, también, elegir no serlo.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: ante todo, adhiero a las palabras que se han mencionado aquí de agradecimiento y de reconocimiento a los funcionarios, a los secretarios de la comisión –que han hecho un gran trabajo, no solo en las sesiones, sino también luego de ellas, tras bambalinas, para proporcionarnos conclusiones, elementos, documentos– y, por supuesto, a su presidente, quien actuó con solvencia, con un fino sentido del humor –a veces irónico– pero también, siempre que fue necesario, con la autoridad que lo caracteriza. Asimismo, adhiero al sentir manifestado respecto a estos días que estamos viviendo y que nos impactan por la violencia que se instala; y es este un sentir que nos gana en el debate, en el ánimo, en la preocupación.

Entrando al tema que nos ocupa, señora presidenta, hoy la Cámara de Senadores asiste a un debate bien interesante. Me parece que este primer debate de fondo es la síntesis de un tiempo que empieza, de un tiempo que se inicia. Subyacen en el debate sobre una ley, el cambio y la resistencia al cambio. Ese es el debate que tenemos hoy.

Llega aquí una coalición de partidos que el pueblo eligió para gobernar, a nuestro entender, porque la gente quiso cambiar, dejar atrás el Gobierno que tuvo mayorías absolutas en los quince años anteriores. Y quienes llegamos al Gobierno, desde la gestión en el Poder Ejecutivo y desde la tarea parlamentaria nos hemos propuesto cumplir con el compromiso que hicimos ante la ciudadanía, que es llevar adelante el cambio. Es obvio que quienes hoy son la oposición van a resistir buena parte de esos cambios, dado que van a sustituir políticas, visiones e ideologías en algunos casos, que fueron mayoritarias durante este último tiempo. Pero el mandato que nos dio la gente fue cambiar, y hoy estamos aquí debatiendo algunos de esos cambios. Es probable que no nos pongamos de acuerdo en el fondo de muchos de ellos porque los razonamos y concebimos desde lugares diferentes, desde visiones e ideologías diferentes, pero así es el juego democrático. La gente encomendó a diversos partidos que nos pusiéramos de acuerdo para cambiar algunas cosas y este es el objetivo. En el camino nos agarró la pandemia y el estado de emergencia, pero aun así el esfuerzo y la mirada para el día después están puestos en transformaciones como estas.

Se ha cuestionado, calificado y descalificado duramente este proyecto de ley de urgente consideración, pero lo que nadie puede hacer es sorprenderse. El 30 de marzo de 2019, en el acto de lanzamiento de la campaña de su sector, en el estadio Franzini, cuando ni siquiera era candidato del Partido Nacional, el hoy presidente de la república ya empezaba a hablar de esto y decía que iba a presentar una ley con estas características. En abril de ese año hizo ciertas referencias y el 11 de julio –ya en campaña electoral y como candidato único del partido–, en algunos artículos de prensa, mencionó que el comando de campaña estaba redactando un proyecto de ley de urgente consideración que estaría compuesto por quinientos artículos –reitero que estoy hablando de julio del año pasado–, para aplicar en los primeros meses de gobierno.

En agosto de ese año anuncia doce puntos claves de la LUC, los detalla y habla de muchos de los artículos que hoy tenemos aquí.

El 22 de enero, ya como presidente electo pero cuarenta días antes de asumir pone en consideración de la opinión pública un texto que en ese momento tenía cuatrocientos cincuenta y siete artículos. Los legisladores del Gobierno lo conocimos el mismo día que la prensa, los legisladores de la oposición, el movimiento sindical y todo aquel que tuviera algo que decir, y se instaló ese tema. En lo personal, puedo decir que recibí a varias delegaciones gremiales; recuerdo un par de largas reuniones con COFE y hasta una mesa redonda en la que participé con el senador Andrade sobre el tema de la minoridad. Eso fue antes de que tuviéramos el texto definitivo, porque se instaló un debate democrático, abierto, sincero y transparente, y se recogieron devoluciones de los partidos de la coalición, de la oposición y de la sociedad. Así fue como se elaboró un nuevo proyecto de ley con quinientos dos artículos y, en lugar de darle entrada en el Parlamento, el 9 de abril fue entregado a la señora presidenta del Senado para que lo pusiera en conocimiento de todos los partidos políticos. Luego, el 23 de abril, ingresó a esta casa y comenzó a correr el plazo.

Quiere decir que llega aquí un proyecto de ley muy cuestionado, pero que también por primera vez se da a conocer y se pone en debate público en forma transparente mucho tiempo antes. Con esto, el presidente de la república estaba pidiendo a los que nos iban a criticar que empezaran a hacerlo antes, porque los queríamos escuchar. Así llega a esta cámara –a diferencia de muchos otros que nos habían malacostumbrado–, con la idea del presidente de que no era un texto cerrado ni mucho menos uno sagrado; ese es el proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo, pero está aquí, en otro poder del Estado para ser analizado y modificado. De hecho, no nos incomoda decir que este proyecto de ley que saldrá del Senado es mejor que el que ingresó hace cuarenta días. Esto no debería ser noticia para nadie porque vivimos en un régimen democrático representativo con separación de poderes, donde a cada uno le concierne lo suyo y al Parlamento le corresponde legislar, más allá de que la Constitución establezca que para leyes como esta la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo.

Hemos legislado en un ejercicio que también es novedoso, porque aquí se decía que por primera vez llegaba un proyecto de ley de urgente consideración de este tamaño. Sí; y también llega una ley de urgencia que se conoció tanto tiempo antes y que tuvo que ser acordada primero por cinco partidos políticos que trabajaron desde el primer día, aunque dos de ellos no están representados en el Senado; lo hicieron en los ámbitos internos de la coalición y también en la comisión. Además, ¡son partidos políticos diferentes! Si bien la coalición integrada por cinco partidos no fusiona nada ni disimula sus identidades, los cinco tenemos un objetivo común y superior que es cambiar este país; nos lo encargaron por cinco años, y queremos cumplir y ser exitosos. Tuvimos que trabajar mucho para ponernos de acuerdo y en algunos asuntos no lo logramos. Y ¿cuál es el problema? ¡Me siento orgulloso de vivir en un país democrático donde las manos no son de yeso ni los legisladores obedientes soldados de un Poder Ejecutivo que con autoridad cree que le puede pasar por encima a quienes estamos sentados aquí con el mandato de la gente! Nos pusimos de acuerdo ¡en todos y en cada uno de los temas! Eso me pone muy orgulloso porque era el primer desafío que tenía una coalición de la que se auguró que iba a durar muy poco; esto muestra que tiene una enorme salud.

Hoy de tarde nos vamos a interpelar a nosotros mismos y vamos a demostrar que en la democracia también se pueden hacer esas cosas.

Se nos ha dicho que este proyecto de ley es inconstitucional –incluso en sala– porque, entre otras cosas, no es urgente. Ya lo hemos señalado y lo repetiremos: el artículo 168 de la Constitución de la república establece cuáles son los cometidos del Poder Ejecutivo y en el numeral 7.º –que contiene los literales que van de la a) a la h)– no establece la calidad de los temas como urgentes, sino el procedimiento de urgente consideración. Estas leyes no son para contener temas urgentes, sino para contener temas importantes a juicio del Poder Ejecutivo.

Podría leerles aquí un excelente artículo del año 1966, del exsenador Zelmar Michelini –no los quiero cansar, pero se los recomiendo–, de cuando era colorado, en el momento en que se dio esta reforma que le da contenido al porqué. Allí queda claramente definido que es para que el Parlamento trabaje rápido en aquellas cosas que el Poder Ejecutivo entiende que así lo ameritan. No es que sean urgentes; ningún tema urgente puede esperar cien días. ¡Ninguno! No quiero poner ejemplos del pasado porque ya los puse cuando hablamos de este tema en la sesión anterior, pero sí puedo poner ejemplos de hoy. El proyecto de ley sobre telemedicina lo extrajimos como con un sacabocado del proyecto de ley de urgente consideración el 24 de marzo, ingresó ese mismo día al Senado, se votó por unanimidad y el 25 de marzo se votó en la Cámara de Representantes. Otro ejemplo es la Ley n.º 19872, Exoneración de aportes personales y patronales de industria y comercio, de la prestación tributaria unificada monotributo y de monotributo social Mides, cuya iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo el 24 de marzo, ese mismo día se votó en el Senado y el 25 de marzo en la Cámara de Representantes. La creación del Fondo Solidario COVID-19 fue remitida por el Poder Ejecutivo el 31 de marzo; el 1.º de abril entró al Senado, ese mismo día en cuarto intermedio lo consideró la Comisión de Hacienda del Senado, en la tarde fue votado en el plenario y al otro día, el 2 de abril, lo sancionó la Cámara de Representantes. La prórroga de las elecciones departamentales, que se tuvo que discutir y aprobar porque estábamos en emergencia sanitaria, ingresó al Senado el 1.º de abril y se votó el 2 de abril en la Cámara de Representantes. El subsidio mensual para el monotributo social fue enviado el 14 de abril por el Poder Ejecutivo; el 21 de abril la Comisión de Hacienda del Senado con participación de legisladores de la Comisión de Hacienda de la otra cámara recibió a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Trabajo y Seguridad Social; el 22 de abril lo votó el Senado por unanimidad y ese mismo día en la tarde lo hizo la Cámara de Representantes. Podría seguir mencionando ejemplos, pero queda claro que esos son proyectos de urgencia y son urgentes porque no pueden esperar cien días –que es el tiempo que demora el tratamiento de una ley de urgencia– y porque además se obtienen a través del acuerdo. Si fueran temas urgentes, la coalición tiene votos suficientes para venir, imponer y aprobar quinientos artículos en dos días si quisiéramos, porque los votos los tenemos, y antecedentes también tenemos. Pero no quisimos hacerlo así. Por lo tanto, ni atropellamos, ni avasallamos la democracia –como se dijo en alguna declaración–, ni tampoco estamos fuera del marco constitucional, porque lo que es urgente es la consideración, y el Poder Ejecutivo y la Constitución de la república dan la herramienta para que el proyecto sea de rápida consideración, para que no duerma, para que no se instale en el debate y que vengan todos y opinen, vayan a los plenarios, consulten a los partidos, se haga la asamblea, tengamos un congreso y después vengan temas urgentes que posterguen su aprobación. Digo esto teniendo en cuenta también, sobre todo, que ahora ingresa la rendición de cuentas y el 30 de agosto el presupuesto quinquenal. Es decir, si esto no se aprueba ahora, se muere acá dentro.

Se dice que es inconstitucional porque puede habilitarse un solo proyecto por año y que acá hay decenas; esto no es así, acá hay un solo proyecto de ley, con una sola exposición de motivos, con cuatrocientos cincuenta y siete artículos y un montón de contenidos –eso es verdad–, pero va a salir con un solo número de ley. Punto.

Cuando consideremos el presupuesto nacional, ¿se va a decir que son muchos proyectos de ley y que solamente puede presentarse uno? En realidad, los presupuestos contienen infinidad de temas, y tenemos cuarenta y cinco días, sin conocer el articulado antes, para tratar en algunos casos más de ochocientas disposiciones. Además, hay que tener en cuenta los tomos añadidos y anexos que trae el presupuesto en cada uno de los rubros para los cinco años siguientes. Como dije, eso lo analizamos en cuarenta y cinco días, y recibimos a todos quienes vienen a pelear por su presupuesto, porque en esos casos vienen por plata, legítimamente, a pedir atención a sus legisladores; me refiero a organizaciones sociales, sindicales, etcétera.

Por lo tanto, solo es la Suprema Corte de Justicia la que puede calificarlo y, si alguien quiere, apelará a ella. Acaba de declararse inconstitucional una ley que aprobamos sobre el voto en el exterior, y ahí murió. Será, entonces, la Suprema Corte de Justicia la que diga algo sobre esto, pero no resiste el análisis político. Puede descalificarse la ley diciendo cosas sobre ella. Es más, se la ha calificado de muchas maneras, se ha juzgado su contenido, y en el debate de campaña electoral se le puso los contenidos que se quiso y se habló de que era el eje del mal, se dijo que íbamos a privatizar el país, que íbamos a destruir todo y que íbamos a sacarle derechos a la gente. Y resulta que esta ley, inconstitucional, ómnibus, avasalladora, sale del Parlamento con una enorme fortaleza; al menos, llega de la comisión con más de la mitad –con el cincuenta y dos por ciento– de sus cuatrocientos setenta y seis artículos aprobados por unanimidad, y con el otro cuarenta y ocho por ciento votado por mayoría absoluta. Es decir que todo el proyecto de ley viene votado por más de la mitad de los miembros de la comisión y será votado por más de la mitad de los integrantes de este Parlamento. Pero reitero: ¡más de la mitad de sus artículos fueron votados por unanimidad!

Es cierto que tuvo modificaciones y, además, voy a adelantar que hay artículos que no se votaron que ya tienen acuerdo, porque hemos apartado algunos puntos para discutirlos mejor y ya nos comprometimos a votarlos, como por ejemplo el relativo a la agencia de medicamentos y procedimientos médicos de alto costo, que debería venir en la ley de rendición de cuentas o de presupuesto.

En definitiva, esta será una buena ley. Podrá decirse de ella lo que se quiera, como que consagra y justifica la violencia irracional –lo que nos ofende–, pero lo que no podrá decirse es que nos dormimos con los cambios. Podrá venir la Organización de las Naciones Unidas y decirnos, a través de sus consultores, que lo que estamos proponiendo aquí se aplicó en otros países y no dio resultado; puede ser, pero lo que yo sé es que lo que se aplicó aquí no dio resultado y nosotros queremos cambiar eso. La evidencia no admite discusión: 30.000 rapiñas y 400 homicidios por año, muchos de ellos por ajuste de cuentas –que son asesinatos del narcotráfico– y más de 100.000 hurtos por año; todos estos delitos fueron, en buena medida, la razón por la cual la gente quiso cambiar de gobierno, y nosotros traemos aquí lo que a nuestro juicio son las soluciones. ¡Ya nos juzgarán por ellas! ¡Ya veremos si son o no necesarias! Pero también es verdad que estos cambios legislativos no serán ni los únicos ni los últimos, vendrán otros, vendrán más, pero buena parte de los cambios se están haciendo y se van a hacer desde la gestión; lo que estamos dando aquí son herramientas y elementos. El país no se fundó cuando el Frente Amplio ganó la elección del año 2005 –ese es un viejo debate que tuvimos muchas veces–, algo que intentó instalarse como parte del relato; tampoco el país va a cambiar por esta ley. Estas son solo herramientas, instrumentos que luego los hombres y las mujeres que tengan la responsabilidad de gobernar, cada uno desde su lugar, tendrán que aplicar y usar bien, estos y otros que ya están aprobados, porque el país no está naciendo ahora. ¡Tampoco estamos destruyendo lo que hizo Varela! Lo traigo a colación por una publicidad que escuché en alguna radio. Ni nos oponemos al derecho de huelga.

Este proyecto de ley está atravesado en todo su articulado por un concepto que para nosotros es fundamental, y es la idea de libertad. La idea de libertad es transversal a toda esta ley. ¿De quién? En todo el capítulo sobre seguridad está la idea de la libertad de los ciudadanos honestos, la libertad de que puedan salir a la calle, de que puedan sacar su auto sin tener que pensar que los van a robar; es la libertad de no tener que sospechar, cada vez que llego a mi casa y abro el portón, si el que viene por ahí está pasando nomás o me está mirando a mí; es la libertad de no tener miedo. ¡Es la libertad de ver a un policía y pensar que me viene a defender, que me va a pedir la cédula –qué suerte– porque está controlando! Es sentirnos libres del sistema financiero, que no puede controlar todo lo que hacemos; es la libertad de unos, que termina cuando empieza la libertad de los otros. Esta es la consagración del equilibrio de tres derechos fundamentales que están garantizados en la Constitución de la república: el derecho de huelga –establecido en el artículo 57– y el derecho al trabajo y a la propiedad –consagrados en el artículo 7.º, junto al de libertad y seguridad–; a veces estos derechos constitucionalmente acreditados entran en conflicto y unos avasallan a otros. Y para que eso no quede en la esfera de libertad de los hombres que tienen que juzgar y definir cómo lo arreglan, lo regulamos como establece la OIT.

¡Seguirá habiendo piquetes! ¡Y seguirá siendo consagrado y defendido el derecho de protesta que tienen los ciudadanos! Y me opondría radicalmente, yo, que fui uno de quienes protestó cuando tuve que hacerlo, a que ese derecho sea limitado. Lo que pasa es que tenemos que vivir en un país como el que nos enseñaron nuestros padres, donde mi libertad y mi derecho terminan donde empiezan la libertad y el derecho de los demás. Los piquetes aquí no son declarados ilícitos ni son un delito, son declarados ilegítimos solamente cuando impiden la libre circulación de los demás. Quiere decir que podrá seguir habiendo piquetes, pero nadie más podrá poner seis o siete cubiertas prendidas fuego en una ruta, en un acceso o en una avenida para impedir que otros circulen libremente hacia su hogar, su trabajo o al liceo. Podrán prender cubiertas, ¡sí!, pero al costado del camino; podrán pararse en el semáforo y entregar volantes; podrán hacer piquete en la puerta de una fábrica, pero no podrán ocupar un espacio que les pertenece a todos; podrán hacerlo en una plaza pública –que es pública–, y tendremos que rodearla para pasar, pero eso no nos impedirá la libre circulación, porque si así fuera, sería ilegítimo, y entonces el Estado tendrá que salir a proteger la libertad de otros, que está siendo limitada y conculcada por algunos. Entonces, es la libertad que prometimos en campaña electoral la que tiene que estar garantizada. Y esta ley lo asegura, como también lo hace en materia educativa. Nos vamos a hacer cargo de nuestra educación y de que su resultado no figure al final de la tabla en materia de éxitos. Le agregaremos transparencia para que los informes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa –INEEd–, que lo independizamos del poder político, no se conozcan después de la elección, como ya nos pasó, de conocer en marzo el desastroso resultado, en lugar de haberlo hecho antes de la elección de octubre. Y ahora lo independizamos para que haya libertad y que los ciudadanos sepan.

Me siento orgulloso de este proyecto de ley; es mejor que el texto que vino. Algunas cosas logramos cambiar desde la coalición; otras, las vinieron a cambiar los señores ministros. Hice el relato temporal, la cronología: este proyecto de ley se comenzó a escribir cuando muchos ministros no sabían que iban a serlo; su borrador se hizo conocer en el mes de enero. Vinieron ministros y dijeron: «Yo no estoy de acuerdo con eso». ¿Y qué sucedió? El presidente de la república los respaldó. Esta es una construcción libre y democrática.

Hay que acostumbrarse a que esta coalición gobierna el país y es diferente al Frente Amplio. No es mejor ni peor. ¡Es diferente! Pero se tienen que acostumbrar. Hay cosas que van a censurar cien veces, porque cien veces van a estar mirándolas desde un ángulo diferente, como nosotros también se las censuramos. Somos diferentes, pero esta vez la gente nos encargó el Gobierno a nosotros. Y esta iniciativa hace honor a eso. No es el único proyecto de ley; vendrán otros y muy rápido.

Este proyecto de ley no mira la pandemia; la pandemia se está gestionando muy bien desde el Poder Ejecutivo y cuando este necesitó leyes en dos días las tuvo. Esta iniciativa está mirando, casi sin proponérselo, el día después. Tenemos que salir adelante. Hoy desde el BPS se pagan 280.000 prestaciones. Tomamos este país con un 5 % de déficit fiscal y un 10,5 % de desempleo: 170.000 uruguayos ya no tenían empleo antes de la epidemia. Y el país entraba en recesión; la inflación estuvo por fuera del rango meta en varios períodos, y cada año el endeudamiento superaba el límite de deuda establecido por ley, norma que se modificaba para no violarla. Todos los guarismos daban mal y nos agarró la epidemia. Por eso estamos orgullosos del Gobierno que tenemos, que está conduciendo las cosas bien, pero tenemos que aportarle algunos otros marcos para que pueda salir adelante el día después.

Este proyecto de ley va a salir con un muy buen respaldo del Parlamento. De eso no tenga duda, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Señora presidenta: antes que nada comparto y me sumo al reconocimiento del clima de trabajo que hubo en la comisión, y a las condolencias y pésame al señor Bernardo Pollero.

Antes de fundamentar mi posición, quiero dejar dos constancias. En primer lugar, no voy a entrar en el debate que tuvimos el 28 de abril. Ese fue otro debate. Hoy me voy a referir al proyecto de ley en consideración y lo voy a hacer desde el punto de vista de los fundamentos y contenidos que nos guiaron en su discusión, y no tanto en la cantidad de acuerdos o desacuerdos.

No me cuesta reconocer que este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración no es el mismo que empezamos a discutir en la comisión. Esta es una ley que, a mi juicio, aunque pueda pecar de atrevido, es una síntesis mucho más cabal del conjunto de la coalición. Perdió parte del afán privatizador que tenía la LUC original –a la que me voy a referir, de aquí en adelante, como la LUC 1.0–, pero mantiene lo que pretendía el Poder Ejecutivo: un marco adecuado para desarrollar su programa de gobierno.

En la campaña electoral todos discutimos sobre los diferentes proyectos que proponía cada sector y esa discusión estuvo presente, quizás como telón de fondo, en el debate sobre el proyecto de ley que se vio en la comisión. Sin embargo, también aparecieron aspectos en los que distintos sectores que participamos en la discusión mostramos algunas sintonías parecidas –el poblamiento de la campaña, la producción y la defensa de la soberanía nacional, la convicción de que la banca internacional ha tenido demasiadas prerrogativas–, pero no encontramos una formulación común ante esos problemas. Nosotros discutimos el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración apoyados en nuestras convicciones y convencidos de que tenemos que seguir defendiendo los principios que nos guiaron en el debate. Ni que decir que éramos conscientes de que teníamos visiones diferentes sobre la libertad sindical, el enfoque de la seguridad basada en el aumento de la violencia y el aumento de las penas como receta y la concentración del poder de decisión en los organismos centrales de la educación.

En comisión muchas veces pedimos la palabra –todos lo hicimos, yo lo hice– para aclarar que íbamos a dejar una constancia y que el debate lo daríamos en la sesión plenaria; sin embargo, tampoco es muy fácil hacerlo hoy acá. Son demasiados artículos para poder profundizar en cada uno de ellos y, por lo tanto, voy a hacer una fundamentación general que pueda contener distintos temas globales y conceptuales, pero claramente relacionados con la ley con declaratoria de urgente consideración. Luego voy a fundamentar, más detalladamente, algunos temas de derecho laboral.

Atrás de nuestra fundamentación hay un proyecto global sobre las bases de un modelo nacional de desarrollo, que se apoya en el papel del Estado como escudo de los pobres, como decía Batlle y Ordóñez, o el escudo de la nación, como podemos actualizar al día de hoy. Un proyecto basado en la necesidad de que la tierra esté en manos de productores nacionales, en la necesidad de inversión y la defensa de acceso al crédito, en la libertad sindical y la libertad de organización de los colectivos de productores, en la educación como base del crecimiento nacional y en la relación con los países de la región y la búsqueda de nuevos mercados en el mundo. Este proyecto contiene, por lo menos, tres puntos decisivos, y los voy a enumerar.

El primero de ellos es la defensa de la soberanía y el territorio nacional, porque el problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía. Esta termina siendo el talón de Aquiles de las posibilidades de desarrollo del país. La tierra y la producción que emerge de ella representan la pata fundamental de nuestro comercio exterior. Es la base sobre la que fundamos nuestra posibilidad de salir a competir, abrir nuevos mercados y mejorar nuestro producto bruto interno para así generar las políticas que habilitarán nuestras posibilidades de desarrollo. Por eso se vuelve imprescindible defender la tierra ya que esta es un recurso estratégico. Su preservación, cuidado y defensa terminan siendo un problema de soberanía. La soberanía no puede definirse solo en función de la propiedad privada de su suelo. No obstante, eso importa, y mucho, sobre todo en un pequeño país como el nuestro. Debemos asegurar a nuestros legítimos descendientes que una parte importante del territorio sea de propiedad de nuestros compatriotas. Y, en este sentido, defender nuestra tierra se vuelve un mandato ineludible porque nuestro territorio es pasible de ser comprado por las leyes del mercado. En este sentido, nuestra tierra termina siendo un bien de cambio que, si no es protegida legalmente, puede terminar en manos extranjeras, afectando toda nuestra cadena productiva y transformándonos en una especie de colonia moderna. Al capital transnacional le resulta redituable generar valor a través de la tierra, pues el paso del tiempo no hace otra cosa que incrementar su valor. En una economía agroexportadora como la nuestra, los productores arrendatarios cada vez son más importantes en la agricultura de secano, en el arroz, en la lechería e, incluso, en la ganadería. La concentración de grandes superficies a cargo del capital transnacional perjudica la oportunidad y, con ello, la productividad real de vastos sectores de nuestra ruralidad. A la larga, además, tiende a expropiar definitivamente a la clase media rentista –que también serán compatriotas perjudicados– de nuestros campos.

En la LUC 1.0 los dos artículos que tendían a favorecer la compra de tierras por empresas del exterior tenían que ver, por un lado, con la desafectación de las tierras que pertenecen al Instituto Nacional de Colonización para permitir a sus poseedores que las vendan libremente y, por otro, con la autorización a comprar tierras por parte de las sociedades anónimas no nominativas, facilitando de esta manera la adquisición por empresas del exterior. Afortunadamente, este artículo se retiró del acuerdo, aunque el primero quedó firme en la versión que se está poniendo a consideración del pleno. Además, se autorizó a los colonos a residir fuera de sus tierras, lo que afecta la política nacional de colonización tendiente al poblamiento de la campaña.

La concentración de la propiedad –y, consecuentemente, su extranjerización– es algo inherente al sistema económico y social; es un proceso tan fuerte en nuestros días, que es muy difícil revertirlo si no existen políticas con un fuerte respaldo político tendientes a poner un freno. La puntería original de la LUC 1.0 no solo no ayudaba a frenar este proceso, sino que, por el contrario, lo incentivaba. En general, aunque con cambios, esa tendencia se mantiene en lo que se aprobó en la comisión.

El otro aspecto fundamental del proyecto de desarrollo que está detrás de nuestros fundamentos es el papel del Estado como escudo de los pobres que proclamaba Batlle y Ordóñez. Es más: creemos que en las circunstancias actuales y por el peso decisivo de las empresas multinacionales se necesita como contraparte un Estado fuerte, que funcione como el escudo de la nación y apalanque, junto a otras grandes empresas nacionales, públicas y privadas, el crecimiento y el desarrollo de otras más pequeñas que contribuyan al progreso de nuestro país. La LUC 1.0 contradecía con gran fuerza esta necesidad. Se sostenía que Antel tenía que compartir su infraestructura, las redes y la fibra óptica con las telefónicas extranjeras, que iban a aprovechar el trabajo nacional, la inversión del Estado y el esfuerzo de todos los uruguayos para competir con grandes ventajas relativas con la empresa que hizo el esfuerzo y el gasto, y que nos puso en un lugar de privilegio.

El otro artículo que contradecía y tiraba por la borda la necesidad de un Estado fuerte para apalancar el desarrollo nacional era el que derogaba el monopolio de la importación de combustibles. Este artículo afectaba al Estado y a la soberanía nacional, quitando a Ancap la posibilidad de desarrollo en lo que tiene que ver con la refinería. Un país como el nuestro, que depende de las compras de petróleo, con una refinería fuerte compra mucho mejor en un mercado regulado como el del petróleo, pero tendría mayores dificultades para competir en el mercado de los productos refinados. Este cambio, además, no aseguraba ni remotamente la baja del precio de los combustibles. Los tres artículos fueron retirados y nosotros compartimos que así se haya hecho.

El tercer aspecto importante, a nuestro juicio, para el desarrollo de un proyecto nacional, es tener facilidades para el acceso al crédito y, en nuestro caso, mantener el grado inversor. En la LUC 1.0, como en la versión salida de la comisión, se desmanteló la inclusión financiera promoviendo el uso del dinero en efectivo y, como consecuencia indirecta, la informalidad en la economía y en el trabajo. Esto va a debilitar la reputación de Uruguay como economía transparente; ya no somos el Uruguay que se ofrecía al exterior como plaza financiera, transformándonos en un país opaco en la región y en el mundo. Eso ya no existe, porque como decía el señor senador Bergara en la comisión que trató el tema, hubo políticas que fueron en sentido contrario. Se terminaron las sociedades anónimas financieras y se controla mucho más el origen de los depósitos y las inversiones. Además, la inclusión financiera le impuso muchas cosas al sistema bancario. Antes de la inclusión, los bancos cobraban comisiones del 7 % a los usuarios de tarjetas; ahora bajó a un máximo del 1 % para las tarjetas de débito. Por otra parte, se impuso que todas las cuentas referidas a las remuneraciones no tuvieran costo para el trabajador y hoy el 40 % de los pagos totales que se realizan en la economía uruguaya se hacen con medios electrónicos. Vale decir que, en términos de formalización, tenemos cuatrocientas mil nuevas cuentas de sueldo que permiten al trabajador tener un conjunto de servicios financieros gratuitos. Todo ello contribuyó a que Uruguay, según datos de la Cepal, se transformara en uno de los países más formalizados de América Latina, por no decir el más formalizado.

En materia laboral, el presente proyecto introduce modificaciones en tres áreas netamente diferenciadas en nuestro sistema legal: a) en materia del derecho individual del trabajo, modificando la forma de pago de los salarios de los trabajadores; b) en materia del derecho colectivo, afectando el derecho de huelga, la libertad sindical y el derecho de protesta; y c) en el tema de la seguridad social. Si bien estos tres aspectos se encuentran ubicados en secciones diversas del proyecto, yo los voy a encarar de manera conjunta, y voy a aclarar que en ninguno de ellos se respetó el Convenio de Trabajo n.° 144 ratificado por el Parlamento uruguayo en 1987, que obliga a la consulta previa antes de tomar decisiones sobre reformas laborales.

En cuanto al derecho individual del trabajo y la forma de pago de los salarios, artículo 214 de la LUC –y sirva esto de complemento de lo que mencioné anteriormente sobre la inclusión financiera–, paso a informar lo siguiente. El salario posee naturaleza jurídica alimentaria, esto es, el trabajador enajena su tiempo de trabajo, un segmento de su libertad, a cambio de dinero para su subsistencia y la de su familia, enseñanzas que ya impartían los profesores Plá Rodríguez y Barbagelata cincuenta años atrás y que aun con el pasaje del tiempo no pierden actualidad. El salario en nuestro país desde siempre ha sido objeto de una protección especial, pues una de las primeras leyes en materia de protección de los derechos del trabajo es la n.° 3299, de 25 de junio de 1908, esto es, incluso previo a la ley de 1915 de limitación de la jornada laboral. En esa ley se declara la intangibilidad de los salarios de los trabajadores y la prohibición de cederlos. El trabajador no puede ceder su salario y un tercero no lo puede tocar. ¿Por qué se previó esto? Porque ha habido un grupo de especuladores que compraban los créditos salariales de los trabajadores al bajo precio de la necesidad. En el año 2004, en medio de la crisis financiera, cuando las empresas financieras, una vez más, se apropiaban, a través del crédito familiar, de los salarios de los trabajadores, este Parlamento debió modificar dicha ley y sancionar la n.° 17829 redoblando la protección inicial. Finalmente, la Ley de Inclusión Financiera blindó la posibilidad de afectar el salario respecto del empleador y de los acreedores del trabajador. Esa es la verdadera libertad que hoy tiene el trabajador: disponer de su salario líquido sin que este sea objeto de retenciones o cesiones ilimitadas. El salario intangible es el 40 % del total nominal. El trabajador se beneficia con una forma de pago segura. Antes, al salir de su trabajo, ¿cuántas veces lo robaban, era víctima de carteristas, de especuladores o de aprovechadores de todo tipo? En el mundo, la forma moderna de cobrar los salarios es a través del sistema bancario o de dinero electrónico. Por seguridad y por otras razones, el mundo cada día más abandona el dinero físico. Incluso, diferentes agencias gubernamentales recomiendan abonar con dinero plástico para evitar la contaminación por COVID-19.

Por otra parte, aunque se entienda lo contrario, el pago a través de transferencia bancaria colabora firmemente para la formalización del mercado laboral. La policía del trabajo, la Justicia, la policía tributaria, ven facilitada su tarea. Habilitar el pago a través del dinero físico implica un retroceso. Se alega que algunos trabajadores rurales en ciertas localidades no cuentan con máquinas autómatas expendedoras de dinero. Se olvida que esos casos se encuentran exonerados a través de la legislación actual y, también, que cada día más el comercio, la industria y aun las micropymes utilizan en forma regular el pago mediante transferencias bancarias o dinero electrónico. También se olvida el crecimiento del comercio electrónico en el mundo y en nuestro país. Se dice que la forma de pago se pactará libremente entre trabajador y empleador, pero con los respetos del caso, cualquiera que haya trabajado sabe cómo funcionan las relaciones laborales. El empleador le dirá al trabajador cómo va a cobrar y este no tendrá otra alternativa –porque la ley no la da– más que aceptar. ¿Eso es libertad para el trabajador? No; eso es libertad de elegir para el empleador.

Otro punto tiene que ver con las afectaciones al derecho de huelga –artículo 388– y otras formas de ejercicio de la libertad sindical, artículos 466 a 468.

Desde el punto de vista metodológico resulta imposible realizar un análisis por separado de lo dispuesto en el artículo 388, que regula el ejercicio del derecho de huelga, y lo establecido en los artículos 466 a 468, que pretendiendo regular los piquetes y la libre circulación, introducen serias restricciones al ejercicio de la libertad sindical y al denominado derecho de protesta, derecho tan necesario en cualquier sociedad que se tilde de democrática y pluralista. La huelga es un derecho humano reconocido en innumerables instrumentos internacionales, entre ellos la declaración de los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas y la Declaración Sociolaboral del Mercosur. El derecho colectivo del trabajo se asienta en tres vértices: la negociación colectiva, la libertad sindical y la huelga. Entre estos existe un fino equilibrio de tal manera que si se afecta uno se afecta el sistema. Los artículos que estamos analizando operan como un misil dirigido a dos de ellos: la huelga –restringiéndola a través de una calificación de pacífica que se contradice con su propia esencia y que no se sabe quién la realizará– y la libertad sindical, al restringir los derechos de acción de los trabajadores, la movilización, la protesta. La libertad sindical requiere de otras libertades para ser llevada adelante: libre expresión, libre pensamiento, libre circulación y derecho de protesta. Pues bien, aquí no solo se limita el ejercicio de huelga, que debe ser pacífica, sino que además los trabajadores tendrán limitado su derecho de protesta. Este último punto no es una idea mía, sino que es lo que han dicho la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Udelar y el representante del Comité de Expertos de la OIT en sus comparecencias ante la comisión.

Llamo la atención de este Cuerpo en cuanto a que la restricción del derecho de huelga es una señal negativa seria de restricción de derechos democráticos. Debe alarmarnos no solo como trabajadores, sino también como ciudadanos –y más a nosotros, que ocupamos cargos de responsabilidad política–, el hecho de que se pretenda restringir el derecho de protesta. La protesta, la contradicción de ideas y las movilizaciones son la base de la democracia, del pluralismo. Con esta restricción, si mañana cualquiera de nuestros partidos o agrupaciones organiza un mitin, lo pueden calificar de ilegítimo. Estamos restringiendo derechos humanos fundamentales.

La reglamentación de los derechos humanos debe realizarse en forma expansiva y no restrictiva, conforme lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actuemos en consecuencia y no sometamos a nuestro país a un proceso internacional en el que luego seremos condenados.

Volviendo sobre la huelga, quiero señalar, en primer lugar, que una senadora en comisión manifestó que el control de que la huelga sea pacífica lo va a ejercer el Poder Judicial. Pues bien, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, en su comparecencia, nada dijo sobre este punto.

En segundo lugar: ¿qué tribunales serán competentes? Los de trabajo no, porque su competencia, según la Ley n.º 18572, refiere exclusivamente a asuntos originados en materia de conflictos individuales de trabajo. Entonces, repito: ¿qué tribunales serán competentes? Aún más, aceptando la tesis que proclaman autores como Barbagelata, Mantero, Ermida Uriarte y Loustaunau, la Justicia no posee jurisdicción en esta clase de asuntos. Pero aun aceptando la tesis de que la justicia ordinaria –no la de trabajo– es competente, ¿qué procedimiento se utilizará? La ley no dice nada sobre eso. ¿Debe acudirse al juicio ordinario que, en primera instancia, fácilmente durará seis meses? ¿Esa es la solución? No; la solución que pensaron los autores de estos artículos es que el que resuelva esta situación sea el Poder Ejecutivo. Nada de tribunales, nada de Justicia; lo va a resolver el Ministerio del Interior. En ese caso, si una huelga es declarada no pacífica, o un piquete ilegítimo, nos preguntamos cuáles serán las consecuencias para los trabajadores que participen de ello. ¿Podrán ser despedidos? ¿Esos despidos se calificarán como de notoria mala conducta y, en consecuencia, no tendrán derecho a indemnización? En la peor hipótesis, se pretende volver a la solución del Código Penal de 1934, que consideraba la huelga como un delito.

Todo lo que estamos diciendo no constituye un disparate jurídico y va a generar más conflictos que soluciones, sin contar con que las disposiciones que restringen el derecho de circulación no solo limitan la libertad sindical –tal como lo señaló veladamente el representante del Comité de Expertos de la OIT–, sino que agreden el derecho de protesta y la movilización en una sociedad democrática.

Se alegan los desbordes de los piquetes y el uso abusivo del derecho de huelga. Pues bien, discutamos esos extremos y esos desbordes; cuando se sobrepasa la licitud deben ser objeto de denuncia penal, como cuando ocurren agresiones o sabotajes. Legislar es la tarea de regular la convivencia, es articular derechos de toda la población, de mayorías y minorías. Legislar es visualizar que un país puede ser mejor y contribuir a esa mejoría. Y recuérdese: legislar no es restringir derechos, sino garantizar su ejercicio.

Ahora me voy a referir a la seguridad social, que se regula en los artículos que van del 389 al 394. En este campo corresponde señalar que cualquier ciudadano responsable e informado sabe que resulta necesaria una revisión del sistema de seguridad social de nuestro país por diferentes motivos, entre otros, la mayor expectativa de vida de las personas, así como por las modificaciones ocurridas en el mercado de trabajo por el impacto de la robotización, la automatización y la creciente ola migratoria. Ahora bien, en la última gran reforma de la seguridad social uruguaya se pasó de un sistema clásico de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional, a un sistema mixto que respondía a la teoría de los tres pilares del Banco Mundial: solidaridad intergeneracional, ahorro obligatorio y ahorro voluntario. Las experiencias de derecho comparado, encabezadas por Chile, donde las jubilaciones resultan paupérrimas, y el propio reconocimiento del Banco Mundial respecto a que el modelo no da los resultados esperados son los faros conductores para una reforma de la seguridad social en nuestro país. La diferencia es que Uruguay posee un sistema de seguridad social que responde al Convenio Internacional de Trabajo n.º 102. Es decir, es un sistema de seguridad social que no solo satisface prestaciones jubilatorias y pensionarias, sino que además satisface el desempleo, la enfermedad común, las asignaciones familiares. Ahora se crea una comisión para reformar el sistema de la seguridad social. De la lectura de sus cometidos parece que la reforma solo abarcará el régimen previsional: jubilaciones y pensiones. Si esa es la intención, que quede claro que no es válido crear una comisión que tenga por objeto la reforma del sistema previsional y luego, colado por la ventana, se pretenda modificar todo el sistema de seguridad social. Y mucho me temo que, en los tiempos que corren, una reforma de esas características será en perjuicio de los derechos ya adquiridos por los trabajadores uruguayos. Nos gustaría que el capítulo se denomine correctamente, bajo el rótulo de «Reforma Previsional» o que la comisión que se cree sea con el nombre de Comisión para la Reforma Previsional. No es una cuestión formal; es un tema de fondo.

Por otro lado, cabe recordar que cualquier reforma previsional debe ser el resultado del diálogo social que debe darse entre trabajadores, empleadores, pasivos y el Estado. Así está concebida la integración de nuestro Banco de Previsión Social y eso indican las normas internacionales.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Continúo.

Estaba diciendo que esto lo indican las normas internacionales, como el Convenio Internacional de Trabajo n.º 102. Al procesarse una reforma de estas características debe llamarse al diálogo social. ¿Ha habido diálogo social previo al envío de este proyecto de ley en materia de previsión social, como nos obliga el convenio mencionado? La respuesta es un rotundo no. No se ha escuchado a los trabajadores, a los empleadores ni a los pasivos. Pero más aún, no se los convocó a dialogar; en consecuencia, se desconoce el mecanismo de diálogo social, se desconoce el poder de las organizaciones sociales, se desconoce la importancia de las organizaciones intermedias en la sociedad. La participación de estos interlocutores legitima cualquier reforma; este mecanismo la hace ilegítima desde su nacimiento. ¿Cómo haremos partícipe de esta reforma a la comunidad si excluimos de su participación a los sectores sociales? Una reforma de estas dimensiones para un país que posee una población envejecida solo puede llevarse adelante a través del consenso social, del acuerdo. Su génesis debe estar en el diálogo social. Se equivoca el Gobierno al no convocar a un diálogo social por la seguridad social, como lo hicieron Gobiernos anteriores.

La reforma del sistema de previsión social debe ser, necesariamente, el producto de un profundo y comprometido diálogo social. Si no, observen las cartas que tenemos a la vista. La Ley n.º 16713 nunca contó con el apoyo de los trabajadores, de los jubilados ni de muchos sectores políticos, y la consecuencia fue que el sistema se vio perforado y modificado una y otra vez, porque inicialmente fue una ley inconsulta, no querida, resistida por muchos sectores sociales. No deberíamos repetir errores del pasado y reiterarlos en esta oportunidad.

Finalmente, advertimos una vez más el exceso de utilizar el mecanismo de una ley de urgente consideración para temas menores. No digo que el tema previsional sea menor, pero sí afirmo que es absolutamente innecesario utilizar una ley de urgente consideración para crear una comisión que estudiará la situación actual y propondrá un proyecto o líneas para trabajar en un eventual proyecto de reforma previsional. Alcanzaba –o alcanza– con que el Poder Ejecutivo dictara un mero acto administrativo para crear la comisión de referencia, darle sus cometidos y el tiempo de trabajo. Es innecesario incluir este tema en la ley.

Pero, además, siendo generosos y dejando pasar este exceso del mecanismo legal nos preguntamos: ¿quién y de qué manera determinará cómo se integra esa comisión de notables? ¿Quién adjudicará esa condición? ¿El propio Poder Ejecutivo? Creo que con este mecanismo nos estamos haciendo trampas al solitario; el único mecanismo válido para legitimar una reforma como la que se pretende es el diálogo social. Debo aclarar que, más allá de esta opinión, nosotros apoyamos que en la comisión de notables exista pluralidad política y social. Lo propusimos y lo vamos a votar, pero sería bueno que el Gobierno considere la necesidad de convocar también a las propias organizaciones sociales.

Señora presidenta: me quedan en el tintero otros temas, entre ellos, la seguridad ciudadana y el enfoque que se le ha dado desde la lógica de la guerra, desconociéndose que en los países en los que se ha instalado esa lógica no se hizo más que agravar el problema, pues eso lleva siempre al aumento de la violencia del enemigo y se entra en un espiral de violencia del que es muy difícil salir. Las experiencias de México y Colombia son muy ilustrativas al respecto, pero no es posible encarar este tema en el tiempo que me queda.

Para terminar, solo voy a decir que nosotros empezamos este debate señalando que esta LUC era anticonstitucional, no era urgente y no era oportuna; pero, como era de prever, antes de empezar perdimos la votación, por lo que encaramos el trabajo en la comisión discutiendo con total seriedad, tratando de mejorar desde el punto de vista de los contenidos el proyecto de ley que finalmente había entrado. Votamos en contra de lo que para nosotros no tenía arreglo posible, y votamos a favor aquello que para nosotros mejoraba lo que se había presentado, y lo mismo vamos a hacer en esta sesión plenaria: vamos a votar en contra del proyecto de ley en general, y después votaremos los artículos con el mismo criterio que adoptamos en comisión.

Muchas gracias.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Señora presidenta: como bien se ha dicho, hemos finalizado un trabajo arduo y de muchos días en comisión. En ese sentido, me sumo al reconocimiento y al agradecimiento por el trabajo que han realizado los funcionarios, la secretaría, los asesores que colaboran con nosotros y, en definitiva, todos los partidos políticos. Estamos ahora en la instancia de resumir de alguna manera lo que fue ese trabajo de cuarenta días. Si tengo que resumirlo en una frase, me atrevería a decir que es un gran éxito lo que hemos obtenido; un gran éxito de trabajo, de método, de aplicación y de resultados. Por eso creo, también, que debemos congratularnos del buen tono que tiene esta sesión, con las diferencias que obviamente podemos llegar a tener, que después, cuando tratemos en particular el articulado, va a quedar de manifiesto que no son tantas.

Se insiste –y lo tenemos que dejar claro para la versión taquigráfica– con la legitimidad de la declaratoria de urgencia, cuando ya tuvimos un largo debate y evidentemente es inobjetable desde todo punto de vista. Además, como herramienta constitucional tiene una larga historia. Empezó con aquel proceso reformista de la Constitución de 1966, en que se elaboraron varios proyectos: uno de la Unión Colorada y Batllista, liderada por el después presidente Gestido; otro de Unidad y Reforma, con Jorge Batlle y el doctor Sanguinetti al frente; y otro de la Lista 99, liderada por Michelini, a quien luego apoyaron otros grupos colorados. Esa fue la base de la reforma que terminaría siendo aprobada por la ciudadanía.

Una de las innovaciones de esa reforma, entre otras tantas, fue la creación de este régimen de proyectos con declaratoria de urgente consideración. Ese instituto –acordado, además, con el Partido Nacional– fue defendido en su momento por el mencionado líder de la Lista 99, Zelmar Michelini, luego fundador del Frente Amplio, en un artículo publicado en agosto del año 1966 que se titulaba, precisamente, Las leyes de urgencia beneficiarán al país, y decía: «El sistema de las leyes de urgencia es para nosotros uno de los puntos fundamentales de esta reforma que tanto defendemos, porque lejos de ser una medida contra el Parlamento, tiende justamente a lo contrario, a defenderlo al obligarlo a funcionar y a prestigiarse ante una opinión pública cansada ya de que los asuntos duerman por años en las carpetas o de que el ausentismo sea la norma de la labor legislativa». Más adelante continúa diciendo: «Uno de los más trascendentes es este de las leyes de urgencia, que permitirá solucionar muchos problemas del país y servirá como elemento seguro en la reconquista del prestigio perdido por el Parlamento de la República».

Indudablemente, señora presidenta, estas afirmaciones fueron dadas en un contexto muy diferente de la vida del país, pero en ciertos aspectos creo que mantienen plena vigencia.

¿Acaso alguien duda de que la intensa labor de este Parlamento desde el momento en que la ley de urgente consideración –popularmente conocida como LUC–ingresó a este Poder del Estado, y que seguirá hasta que se agoten los tiempos constitucionales, no ha prestigiado a este Cuerpo?

Generar una ley con amplio contenido, que llegó al Poder Legislativo con la aparente oposición de una gran parte de los legisladores pero que en comisión finalmente contó con la aprobación unánime de más de la mitad de sus artículos ¿no habla de la capacidad de diálogo, de aunar esfuerzos y de trabajar seriamente oposición y Gobierno para mejorar la ley? El día que el Poder Ejecutivo enviaba la ley al Poder Legislativo, respetuoso de la labor parlamentaria, a través del prosecretario de la Presidencia de la República manifestaba con humildad lo siguiente: «El Gobierno aspira a que sea enriquecido con modificaciones y con los mayores acuerdos partidarios, a los efectos de tener la mejor ley posible y más consensuada».

Por otra parte, siempre hablando de la legitimidad de las leyes de urgencia, el profesor Cassinelli –ya nombrado en esta sesión–, al analizar la nueva Constitución, reconocía otra faceta relevante al considerar que «… este instituto de las Leyes con declaratoria de urgente consideración se inscribe en la innegable orientación que tuvo la Constitución del año 1967 de fortalecer al Poder Ejecutivo en pos de su mayor eficacia activa». La oposición podrá discrepar de algunos de sus contenidos, pero no hay duda de que, para un Gobierno que inicia su mandato con notorias dificultades –algunas conocidas y otras inesperadas– es fundamental comenzar a transitar el quinquenio con las herramientas necesarias para aplicar las políticas que presentó a la ciudadanía y que, en definitiva, lo llevaron a la victoria electoral.

Por eso, al final de este proceso y muy al contrario de lo que algunos han dicho, la democracia uruguaya se habrá fortalecido. Me refiero a la democracia como la entiendo yo y como la entendemos desde la bancada oficialista, que sabemos que es muy distinta a la concepción de democracia que tienen otros colegas, que por eso han criticado nuestro sistema democrático frente a este tipo de herramientas.

Encontraremos, entonces, al Poder Ejecutivo con las herramientas para desarrollar su compromiso con la ciudadanía, y al Parlamento reafirmando su prestigio, justamente a partir del trabajo intenso, del diálogo y de los aportes para mejorar este proyecto de ley.

He dicho –y quiero repetirlo una vez más– que se ha inaugurado un novedoso pero acertado sistema de legislar con propia iniciativa del Poder Ejecutivo. Este proyecto de ley que, como sabemos, ingresó con quinientos un artículos, lo hizo sin la pretensión explícitamente manifestada de que se votara por disciplina partidaria, regimentada, que tanto sufrimos durante los últimos quince años, donde la oposición apenas tenía derecho al pataleo. Recuerdo que se nos decía que era muy importante el aporte que estábamos haciendo, y que quedaría plasmado en las versiones taquigráficas para que a la hora de interpretar la norma se conociera el espíritu del legislador, pero que no podían llevar la propuesta en función del acuerdo interno alcanzado, que no permitía su modificación. Y así votamos, no bajo el rótulo de «urgente consideración» pero sí a tambor batiente, una cantidad de proyectos de ley con la aplanadora de las manos enyesadas de la mayoría circunstancial.

Ahora logramos trabajar libremente, aportando, modificando y hasta recibiendo –este es un mérito de la oposición, pero fundamentalmente del oficialismo– a las ciento sesenta delegaciones que nos visitaron. Se escuchó a la oposición, que hizo aportes que ayudaron a mejorar el proyecto de ley, con los que estuvimos de acuerdo. Entonces, recogimos aportes de los socios de la coalición, pero también de la propia oposición.

Fueron muchos los proyectos de ley de urgente consideración presentados en el período democrático, desde 1985 a la fecha. Vale recordar que en el período posterior a la restauración democrática se presentaron trece proyectos de ley de urgente consideración, seis de los cuales tuvieron iniciativa durante Gobiernos del Frente Amplio. Las materias allí consideradas fueron muy variadas y en la mayoría de los casos estaban vinculadas a cuestiones urgentes. Al decir de Cassinelli Muñoz, lo que se buscaba era una mayor eficacia activa de las políticas que cada Poder Ejecutivo pretendía llevar adelante. Algunas de estas iniciativas, que luego se transformaron en ley, tuvieron un contenido específico, pero en varias de ellas su contenido era muy variado e implicaba la modificación de decenas de leyes.

De parte de la oposición y de algunas corporaciones se realizan algunos cuestionamientos generales –que se reiteran en esta sesión–, tales como que su contenido no es de urgente consideración, que elude la prohibición de remitir más de un proyecto de ley a la vez al enviar una ley ómnibus que modifica decenas de leyes, y que su extensión no permite un trámite parlamentario adecuado. Creo que esto ha quedado totalmente desmentido, porque hemos trabajado mucho, muchas horas, pero el tiempo alcanzó perfectamente, incluso para recibir a todo aquel que pidió una audiencia a la comisión para ser escuchado.

También se ha dicho que resta calidad a la democracia, que es un avasallamiento al Poder Legislativo, que es un instrumento de carácter excepcional. Todas las críticas tienen algo en común: carecen de un fundamento de texto constitucional. ¡Todas se responden por la vigencia de nuestra Constitución!

Como ya hemos visto al considerar el origen de las leyes con declaratoria de urgente consideración, el claro texto del numeral 7.° del artículo 168 y la historia fidedigna de la aprobación de la Constitución de 1967 dejan en evidencia que la urgencia de este proyecto de ley está referido al procedimiento y no a su contenido. No tiene por qué contener cosas urgentes, sino que se le da el carácter de urgente al tratamiento; no existe limitación alguna en cuanto al contenido de la norma –una o múltiples materias– ni mucho menos a su extensión; no es un instrumento de carácter excepcional –no lo dice la Constitución–, a tal punto que nada impediría que el Poder Ejecutivo de turno enviara al Parlamento un proyecto de ley de urgente consideración cada vez que concluya la aprobación o rechazo de uno anterior. Lo podría hacer.

Si bien fortalece al Poder Ejecutivo en el impulso de una mayor celeridad en la implantación legal de sus políticas públicas, se hace dentro de los límites que le ha impuesto la Constitución, aun con la chance de levantar la declaratoria de urgente consideración y darle un tratamiento normal, como a cualquier ley. Se resolvió no hacerlo. El Frente Amplio propuso quitarle ese carácter y se votó democráticamente, por las mayorías de la sociedad uruguaya aquí expresadas, no hacerlo.

En cuanto a que la extensión de la norma no permite un trámite parlamentario adecuado, la intensa labor parlamentaria desplegada en la comisión echa por tierra esta crítica. Se han retirado artículos –en muchos casos a instancias de la oposición o de actores sociales–, se ha modificado la redacción de muchísimos otros y se ha aprobado por unanimidad más del cincuenta por ciento de los artículos en la comisión, en una prueba irrefutable del enriquecimiento parlamentario dado al proyecto.

Como sabemos, en once secciones esta norma considera varios aspectos de nuestra vida nacional y da marco legal –diría yo– a los cambios a los que nos hemos comprometido con la ciudadanía en la campaña electoral en materias tan importantes como la seguridad, la educación y otras.

En materia de seguridad se ocupa de normas penales que tienen como objetivo devolver la seguridad a la gente y revertir el caos existente, porque realmente hay caos en el Uruguay en esta materia. Ese fue, tal vez, el principal argumento para la decisión de cambio de gobierno que adoptó la mayoría de la sociedad uruguaya: solucionar el desastre que heredamos en materia de seguridad pública. Se busca combatir la impunidad y recuperar la legalidad perdida; recuperar calidad de vida para que los uruguayos vuelvan a vivir sin miedo; enviar una señal muy clara y contundente a la delincuencia, en el sentido de que la ley no ampara más al delincuente; establecer que la seguridad es una prioridad, que antepone la defensa de la víctima y el restablecimiento de la autoridad; respaldar a la policía para que cuide a la gente; ejercer la autoridad; realizar una buena gestión con una mayor presencia del Estado en los barrios, con una tarea coordinada de las fuerzas de seguridad, con un mayor esclarecimiento de los crímenes y la captura de los delincuentes, que haga caer la impunidad; llevar adelante una lucha frontal de combate al narcotráfico, que permita incautaciones de drogas e ir desarticulándolo. Establece un camino viable, con un plan sólido e integral de emergencia nacional contra la inseguridad, sin gradualismo ni dilaciones, y con la decisión política de ir a fondo contra la delincuencia.

Señora presidenta: se trata de una visión de la seguridad no ideológica, sino como un instrumento para tratar de solucionar los problemas de la gente que hoy se siente desamparada y desprotegida por un Estado ausente en algunas áreas. Este proyecto de ley, en aquellos artículos que refieren a la seguridad, puede resumirse como un plan para que los ciudadanos honestos y quienes hoy tenemos la responsabilidad de gobernar y cambiar esta situación de inseguridad nos organicemos contra la delincuencia. Por lo tanto, la lucha debe ser contra el delito y en defensa de la gente trabajadora y honesta, de los inocentes y de las víctimas en riesgo. También hay que dar garantías y un tratamiento humano a los delincuentes, pero nuestro objetivo es defender al ciudadano honesto y trabajador que desde hace muchos años se siente encerrado, en lugar de estar en libertad y tranquilo porque los delincuentes están presos. La crisis de seguridad y el aumento de la violencia en el accionar delictivo constituyen una realidad innegable. Todos los días están afectando derechos esenciales como la vida, la integridad física y la propiedad. En materia de seguridad pública lo que está en juego es la vida de las personas. Las estadísticas referentes a seguridad son personas lesionadas o fallecidas, no son simplemente datos; son familias destruidas o que quedan marcadas de por vida por la delincuencia. Estamos en un país en donde hasta la policía es víctima de las rapiñas, es decir, un país con un problema muy grave.

Quiero consignar que los terribles fenómenos del sicariato, los ajustes de cuentas y las bandas de narcotraficantes aparecieron, se instalaron y crecieron en los últimos años. Actualmente, las rapiñas simples y agravadas pueden resolverse mediante un proceso abreviado y, por ende, no llegar a juicio, porque las penas dispuestas son de cuatro años en los casos leves, y de cinco y cuatro meses en los más graves. La modificación al código prevista en el proyecto de ley que vamos a aprobar elimina esa posibilidad porque habilita los procesos abreviados solo para delitos con penas de cuatro años o menos. El exministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Chediak, recordó que la discusión entre los fiscales y la Suprema Corte de Justicia por ese tema ya se había dado: «En 2018, una comisión integrada por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia analizó cambios al nuevo CPP y enfrentó las opiniones de fiscales y de la Corte por el mismo motivo. “Habrá que seguir hablando y ver cómo organizamos este sistema sin que más del 90 % de los casos terminen en el proceso abreviado con algunas penas absolutamente incomprensibles tanto para el ciudadano como para quienes algo sabemos del tema”». Esto lo decía el doctor Chediak. «Para el exministro de la Suprema Corte, los cambios propuestos no tienen ningún tipo de inconstitucionalidad y dan más garantías al sistema de Justicia». Con el proceso abreviado, tal como se aplica, «las penas previstas en el Código Penal para las rapiñas terminan siendo más leves porque por el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa no se llega a imponer una condena mínima». Chediak afirmó que la puesta en marcha de los juicios abreviados ha operado como una rebaja de las penas para cierto tipo de delitos.

En materia de seguridad pública, el nuevo Gobierno ha heredado una situación de récord delictivo como nunca en la historia del país. El descontento de la gente por la falta de seguridad fue creciendo sin parar al tener que sufrir una delincuencia envalentonada por la impunidad reinante y el hartazgo de la ciudadanía por tener que vivir en una continua zozobra se hizo cada vez más fuerte y notorio. Si algo estaba claro al momento de las elecciones era que, justamente, la gente que cumple con la norma no quería seguir viviendo bajo la ley de la selva, y quizás esa fue una de las razones por la que votó por el cambio. La coalición de partidos que ganó la elección nacional atendió el reclamo de la sociedad; lo está atendiendo. Se comprometió a dar una respuesta, y de inmediato. La población reclama firmeza para con las políticas de seguridad. Por eso, al día siguiente de la trasmisión de mando, el nuevo presidente se reunió con la cúpula policial y dio la señal inequívoca de cuál sería su actitud frente al delito. Entonces, el nuevo Gobierno se estrenó dejando clara su prioridad por la seguridad; sacó la policía a la calle, la población saludó esa presencia y el espacio quedó marcado. No habrá territorio liberado ni la policía en retaguardia, la república se defiende y defiende a sus ciudadanos. Es un combate con la ley y por la ley.

En medio de una situación muy difícil, no cabe duda de que el reclamo mayor de la ciudadanía en relación con los sangrientos episodios de los asesinatos a policías y a infantes de marina pone todo al rojo vivo. Hay que ser muy poco sensato para no entender que hay un desafío abierto a la policía y que eso nos impone, a todos, deberes cívicos que van desde la integralidad del sistema político hasta la ciudadanía en general. No se trata de venganza, señora presidenta, ni de represalias, sino de un deber del Estado y de la sociedad organizada bajo el Estado de derecho. No confundamos las cosas.

La lógica más elemental dice que hay riesgos en los procedimientos policiales y que estos pueden, a veces, no ser perfectos. Esos riesgos se acentúan en estos días en que la institución sufre el acoso de una delincuencia que está tratando de desanimar a la autoridad para que baje los brazos. La policía actúa bajo enorme presión. El modesto agente que está en la calle, que vive día y noche con ese estado psicológico, está obligado a discernir instantáneamente situaciones imprevistas. Debemos respaldar y fortalecer la actuación policial dentro de la ley y con la debida preparación profesional. Eso es lo que hace esta ley en materia de seguridad y de actuación policial.

Todas las medidas propuestas en la ley de urgente consideración podrán discutirse; hay detalles técnicos o matices de opinión, pero está claro que había que asumir un cambio. Avalar la nueva actitud policial con un respaldo legal que la ampare en su acción y llevarlo a las nuevas normas procesales –tan discutidas en los últimos tiempos– son algunos cambios que eran imprescindibles. Naturalmente, en esta materia no hay milagros; no puede haberlos. La autoridad puede contener, acotar o aislar el mal, pero no erradicarlo. También tiene un ingrediente social e incuestionable que podrá irse superando, como ha ocurrido en países desarrollados, en la medida en que el crecimiento económico, las políticas sociales y la educación vayan superando los subsistentes enclaves de retraso. Por supuesto, nadie ha podido llegar al paraíso porque el fenómeno del narcotráfico, por ejemplo, sacude a las sociedades más evolucionadas y mientras no se disminuya la demanda de drogas, no saldremos de ese comercio ominoso.

Por encima de cualquier consideración, entonces, lo que importa es que el Gobierno y la coalición multipartidaria están tomando las medidas para las que fueron elegidos. Haremos, por supuesto, un pormenorizado análisis –en oportunidad de la discusión en particular–, pero debemos acotar que en materia de seguridad también hay reformas al procedimiento penal. La LUC encara diversas reformas a ese procedimiento, que tienen su origen en deficiencias de las normas contenidas en el nuevo código y otras que derivan de su aplicación en la práctica por parte de los jueces y fiscales. En muchos casos, eso ha llevado a una verdadera situación de impunidad de los delincuentes que, a pesar de ser detenidos, contando con las pruebas de la comisión de un delito, terminan en libertad, al amparo de algunos regímenes instaurados por el nuevo código. En contrapartida, la sociedad y en especial las víctimas de la delincuencia sienten que el Estado las ha abandonado y ha optado por defender a quien las agredió, las robó, etcétera. Ese es el sentimiento popular.

Entre las modificaciones principales se encuentra la derogación de la suspensión condicional del proceso y de la libertad vigilada, institutos que han dado lugar a sanciones increíbles por su benevolencia con los delincuentes. Se producen modificaciones al principio de oportunidad; se limitan las situaciones en las que se habilita el acuerdo en el proceso abreviado; se crea un nuevo proceso simplificado, y se modifican disposiciones referidas a la prisión preventiva y a la libertad anticipada a efectos de que, ante determinados delitos graves, los delincuentes no puedan eludir la prisión u obtener, en forma rápida, la libertad.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–La libertad a prueba es un instituto que se crea –según nos informaron las autoridades cuando concurrieron a la comisión– para el cumplimiento de una sanción penal en régimen de libertad ambulatoria sometida a diversas condiciones, que se ha impuesto por la comisión de delitos culposos en toda su extensión o de delitos dolosos, inferiores a los veinticuatro meses de prisión. Logramos un cambio que considero importante –se aprobó por unanimidad–, eliminando –luego de lograda la libertad a prueba– los antecedentes en caso de los delitos culposos. Nos parecía importante.

El facultativo del tribunal refiere a su aplicación en las condiciones antedichas excepto que los imputados tengan la condición de reincidentes, reiterantes o habituales, en cuyo caso no es posible su aplicación.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Debo destacar, porque acá se ha hecho mención a la defensa de las empresas públicas, que nosotros siempre asumimos la defensa de lo que entendemos fue un gran aporte para la sociedad uruguaya: la creación de las empresas públicas. Lo hicimos siempre en nuestra convicción batllista; lo hicimos en los plebiscitos en los que se proponían las privatizaciones, o se ponía en riesgo la propia vigencia y existencia de las empresas públicas. Las entendemos necesarias cumpliendo el rol para las que fueron creadas, es decir, asegurar el servicio universal a todos los uruguayos.

La empresa privada –obviamente defendemos y entendemos la necesidad de su existencia– tiene un legítimo fin que es el lucro y eso lleva a que, muchas veces, algunos servicios esenciales no estén cubiertos en el territorio nacional. Esto fue lo que ocurrió con la telefonía celular; comenzó siendo privada –una empresa privada detentó el monopolio durante cuatro años– y se quedó limitada a la zona de Montevideo y a la zona sur. Fue Antel, la empresa del Estado, la que terminó llevando y asegurando el servicio a todo el territorio nacional, aún en la zona donde el negocio, obviamente, no es rentable. No lo hizo para recaudar más recursos para el Estado, no se utilizó como medio, como sí se hizo en algunos momentos en estos últimos años, para recaudar un impuesto encubierto, con tarifas que van más allá de lo que son sus costos y sus necesidades. En definitiva, también es rol de las empresas del Estado asegurar precios razonables.

Por lo tanto, tampoco voy a aceptar, no es de recibo, la acusación de que este era un proyecto de ley que intentaba o que tiene un principio privatizador, o un principio, como se ha dicho, de desmantelar el Estado. ¡Para nada! A tal punto fue así, que no se llegó siquiera a debatir los artículos referidos a la infraestructura de Antel y su colectivización; fueron retirados, más allá de que se anunció que va a venir de otra manera en otra ley.

En definitiva, no es esa la intención; por lo menos así lo entiendo. Lo mismo sucede con el tema de los combustibles, que ya fue explicado por el señor senador Peña. Después de un importante trabajo se llegó a un objetivo y claramente la intención es buscar la mayor eficiencia de las empresas del Estado y, con ello, lograr mejores servicios y precios para el ciudadano.

Esta ley recoge otros temas importantes –eligiendo algunos en los que no tenemos unanimidad–, como el establecimiento de una regla fiscal, que también ha sido criticada. La regla fiscal es un instrumento que ha demostrado utilidad en contribuir a la disciplina fiscal. Al apuntar al equilibrio presupuestario intertemporal, antes que nada, es un instrumento que hace a la justicia intergeneracional, es decir, terminar con aquello de que se gasta hoy y que el Gobierno o la generación que venga se arregle. En las últimas décadas, varios países –incluso en nuestro continente– han avanzado en el uso de este instrumento con buen resultado.

La regla fiscal propuesta instala una metodología en la que se fijan metas y se miden resultados depurados de variaciones cíclicas –del ciclo económico– y otros elementos extraordinarios. El objetivo es llegar de esta forma al resultado fiscal estructural y ratios de deuda medidos considerando el producto bruto interno potencial.

La institucionalidad estará constituida por el Comité de Expertos y el Consejo Fiscal Asesor. Creo que esa objetividad da garantías, y no a nosotros porque, como decía al principio, es algo intergeneracional.

Sin reglas fiscales claras, técnicamente fundadas, los famosos espacios fiscales –autoengaños para gastar sin límite– y la política contracíclica para paliar tiempos de crisis son una nueva frustración colectiva.

La creación del Fondo de Estabilización, en el que se guardarán recursos para financiar un mayor gasto fiscal en la fase recesiva del ciclo económico, es la herramienta ideal para instrumentar definitivamente una política contracíclica.

Se ha dicho que en la situación fiscal, económica y financiera actual del país no es posible que esta regla empiece a operar. Es verdad; las reglas fiscales no son para tiempos de crisis, sino para tiempos de bonanza. Cuando hay crisis obligatoriamente tenemos que gastar más, endeudarnos, aumentar los déficits fiscales, pero ¿cuándo vamos a gastar, si no es en los tiempos de bonanza? Entonces, este es el momento de establecer una regla fiscal, que no se aplicará ahora, pero que se lo hará en el futuro, porque el país va a salir de la crisis y van a venir nuevos tiempos de bonanza.

Hay un aspecto bien importante, que tiene que ver con el fin del Fondes. El Fondo para el Desarrollo, que fue creado ilegalmente por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto n.º 341 de 2011 con el objetivo de dar asistencia y soporte financiero a proyectos productivos viables y sustentables que resulten de interés a juicio del Poder Ejecutivo, en particular a aquellos vinculados a sectores estratégicos definidos, desde el comienzo incumplió con los proclamados objetivos de asistir a proyectos productivos viables y sustentables. Se utilizó normalmente para mantener de manera artificial empleos en empresas inviables con fuerte presencia sindical. El sindicato se transformó en cooperativa y el Fondes le proveyó los fondos para funcionar hasta que se produjera la segunda, tercera o enésima quiebra, según los casos. Los ejemplos los recordamos: Pluna, Metzen y Sena, Paylana, Envidrio. Tal es la grosería del funcionamiento del Fondes bajo las Administraciones pasadas, que el presidente Vázquez lo reforma –también ilegalmente– por el Decreto n.º 100, del 23 de marzo de 2015, y se transforma definitivamente en ley. Me refiero a la Ley n.º 19337, de 20 de agosto de 2015, reglamentada por el Decreto n.º 159 de 2016, por la que se ampliaron los cometidos del Inacoop dispuestos en la Ley n.º 18407, sobre el sistema cooperativo, incluyendo como destinatarios de su política a las cooperativas y distintas formas de economía social y solidaria, así como a emprendimientos productivos autogestionarios. Los prejuicios ideológicos impidieron contener así la sangría de recursos de toda la sociedad uruguaya en proyectos, en la gran mayoría de los casos, sin futuro. Basta releer la rendición de cuentas del año 2018 –Fondes-Inacoop–, para tener algunas cifras del tendal que dejó ese amiguismo populista: de una cartera de préstamos con intereses devengados de USD 41:953.276 –casi cuarenta y dos millones– al 31 de diciembre de 2018, se llevaron contablemente a pérdida USD 32:225.000 a la misma fecha, es decir, un 84 % de la cartera de créditos.

El artículo 212 de este proyecto de ley termina con esta financiación poco transparente y destructora de la riqueza que pertenece a todos los uruguayos y deriva una parte de las utilidades del Banco República a la creación de fondos, con el objetivo de apoyar el financiamiento de proyectos productivos sustentables y viables, así como de proyectos de infraestructura que resulten de interés a juicio del Poder Ejecutivo.

Este proyecto de ley también fortalece la normativa sobre la vivienda y la emergencia; lo hace creando el Ministerio de Medio Ambiente separado del de Vivienda y Ordenamiento Territorial. A su vez, el proyecto contiene una serie de disposiciones que tienen un objetivo muy claro: atacar la emergencia en vivienda por la que atraviesa el país y que en períodos de bonanza no solo no se redujo, sino que, increíblemente, señora presidenta, se acrecentó. Con más de seiscientos cincuenta asentamientos y más de doscientos mil uruguayos viviendo en ellos, en condiciones precarias, de hacinamiento y hasta de abandono por parte del Estado, resulta de suma urgencia que el Gobierno actúe y que lo haga cuanto antes.

En este sentido, el proyecto de ley contiene algunas medidas que con seguridad permitirán actuar en serio y con una política definida sobre el problema. Me refiero a la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que se encargará de coordinar –entre otros cometidos– la acción social conjunta del Plan Nacional de Integración Socio Habitacional-Juntos, la Unidad de Coordinación del Programa de Mejoramiento de Barrios –que es el que sucedió al PIAI, Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, de gran éxito, a mi entender– y el Plan Nacional de Relocalización.

En materia de expropiaciones, se declara de utilidad pública la expropiación por parte del Poder Ejecutivo o de los Gobierno departamentales –según corresponda– de los bienes inmuebles necesarios para la regularización de asentamientos irregulares, así como su prevención, algo que realmente es necesario, si no, no se acabará nunca ese problema. Algún día debemos correr el problema desde adelante y no desde atrás.

Se busca ampliar la cartera de bienes inmuebles disponibles para dar nuevas soluciones habitacionales a través de la transferencia de bienes públicos que estén vacíos y sin uso al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la inclusión de este como segundo beneficiario de las herencias yacentes, luego de la ANEP, que siempre fue la beneficiaria.

Se crea una nueva modalidad de alquiler: los arrendamientos sin garantía. Sin duda, esta va a ser una herramienta más que va a permitir a muchos, que hoy no tienen la posibilidad de alquilar una vivienda por carecer de garantías, acceder a un techo digno.

Asimismo, se establece un nuevo rol de Mevir ante casos de emergencia de vivienda. Es de suma importancia haber incorporado en este proyecto de ley la posibilidad de que la exitosa experiencia de Mevir sea aplicada en los centros poblados del interior del país con menos de cinco mil habitantes y de que, en caso de emergencia de vivienda declarada por el Poder Ejecutivo, también alcance las zonas urbanas y suburbanas de todo el país.

Para ir ya finalizando quiero referirme, rápidamente –pues se acaba el tiempo de que dispongo–, a otra diferencia sustancial que se mencionó y que tiene que ver con la protección a la libre circulación y a las libertades sindicales en el país.

La Constitución uruguaya consagra la libertad de circulación, esto es, la posibilidad del individuo de desplazarse libremente dentro de su territorio. Este derecho emana del artículo 7 de la Constitución y está, además, sustentado por otros acuerdos y pactos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica. Las normas incluidas en los artículos 466 a 468 vienen a dar cumplimiento, justamente, al mandato del artículo 7 de la Constitución, pretendiendo garantizar a todos el derecho al goce de la libre circulación. Sin embargo, desde la oposición y también desde algunas organizaciones sociales, se levantaron críticas en contra de estos artículos, argumentando que afectan la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de protesta. Inclusive algunos llegaron a hablar de la criminalización de la protesta –eso también lo hemos escuchado– o a decir que la LUC trata de impedir, por medios indirectos, que se materialicen y se canalicen las expresiones de descontento, la manifestación a nivel popular. Realmente, los argumentos no son de recibo. Creo que están equivocados. Pretenden desvirtuar el real sentido de las normas propuestas y toman partido por unos derechos en desmedro de otros, como si algunos derechos fueran más importantes o válidos que otros.

En este proyecto de ley se asegura que quienes realicen manifestaciones podrán hacer piquetes siempre y cuando no entorpezcan la libre circulación, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, o que quien ocupe un lugar de trabajo –respaldado incluso por normas internacionales, por recomendaciones de la OIT– lo haga asegurando también el derecho y la libertad de quienes quieren trabajar y de los propietarios o directores de las empresas.

Señora presidenta: este proyecto de ley será votado afirmativamente, con el cincuenta por ciento de sus artículos aprobados por unanimidad, y será una gran ley que dará principio a los cambios a los que nos hemos comprometido, como Gobierno, en la campaña electoral.

Gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: ante todo, quiero manifestar mi solidaridad y mis condolencias con las familias de las víctimas de este trágico fin de semana y, en particular, con el funcionario del Senado por el fallecimiento de su hermano.

En segundo lugar, quiero hacer un reconocimiento a los funcionarios por su tarea, así como también a los senadores de la coalición de gobierno y, en particular, al presidente Gustavo Penadés y al vicepresidente Charles Carrera por su contribución al buen desarrollo de la tarea que se nos encomendó. Pudimos manifestar las diferencias, que en muchos temas quedaron bien explícitas, pero todo ello en el marco de un buen relacionamiento y con respeto, como tiene que ser.

Cuando en la sesión respectiva del mes de abril de este Cuerpo intentamos, como Frente Amplio, que se le quitara a este proyecto de ley el rótulo de urgente consideración fue porque –como dijimos– a las dudas que se nos generaban sobre su constitucionalidad y la falta de oportunidad en medio de una pandemia –elementos que detallamos largamente–, se sumaba el problema de no poder tratar, con la seriedad y la responsabilidad que cabían, la inmensa temática que abarcaba debido a lo acotado del plazo de cuarenta y cinco días en esta cámara.

Hoy, culminando esta etapa de su tratamiento, lo que siento es que trabajamos contra el tiempo, contra reloj, para poder hacer lo mejor posible nuestra tarea, pero que no se nos permitió hacerla con el diálogo y la profundidad que ameritaban los diferentes temas abordados.

Se me dirá que se escuchó a quien quiso ser recibido, o a quienes como Frente Amplio sugerimos que se invitara. Sí, pero esas visitas eran de veinte minutos para cada delegación, y como los senadores pudimos participar solo en una de las dos subcomisiones que se distribuyeron la tarea, no todos pudimos escuchar, preguntar, dialogar con todas las delegaciones. Pudimos hacerlo solo con una parte de ellas y en las condiciones que mencioné, es decir, contra reloj y sin posibilidad de profundizar.

Entonces, la primera conclusión es que como Cámara de Senadores no pudimos llevar adelante el debate con los involucrados en cada tema, como hubiera requerido un debate democrático en una sociedad democrática. A eso debemos sumar que las movilizaciones, a través de las cuales las organizaciones sociales y sindicales podrían haber hecho escuchar su voz en la calle, con la gente, frente a determinados temas, fueron casi imposibles por la reclusión, el distanciamiento y todo a lo que nos ha sometido el coronavirus, lo que constituye otra traba para un tratamiento realmente democrático de este proyecto de ley.

Ahora, aquí se vuelve a decir que durante los períodos de gobierno del Frente Amplio los temas no se abrían a la discusión y que venían con acuerdos cerrados a nivel interno. Voy a reiterar algo que escuché decir al diputado de Flores en uno de los talleres que se hicieron antes del comienzo de nuestra función parlamentaria. Él dijo que, como diputado del período pasado, agradecía los tiempos que se le habían dado para los debates en la Cámara de Representantes. Creo que ese es un buen testimonio que niega lo que se dice en cuanto a que en otros períodos se votaba a tapas cerradas.

En este caso y en relación con la LUC, con tan pocos días de trabajo se quitó a los senadores y, lo que es más preocupante, al pueblo uruguayo, el derecho a conocer realmente todo lo que estaba en juego en esta ley. Además –hay que decirlo–, estuvimos cuatro semanas aquí adentro, concentrados y abocados a temas que no representan una urgencia para nuestros conciudadanos. Para miles de uruguayos hoy la urgencia está en encontrar la forma de poder sobrevivir, de tener trabajo, tener una renta provisoria y mantener el poder adquisitivo de los salarios cuando el costo de vida se incrementa día a día. Esos son los problemas urgentes de nuestra gente, pero ni uno solo de ellos fue abordado en la LUC. En el caso de las medidas económicas, a través de la regla fiscal, estamos convencidos –como dije en comisión– de que se vuelve al criterio de que hay que esperar a que crezca la torta para después repartirla, lo que significa que los más postergados serán los más perjudicados. En definitiva, se les dice que tendrán que esperar para que su situación mejore. Esto es muy distinto a la cláusula económica del Frente Amplio, que permitió que nuestro país creciera sin detenerse durante quince años –aunque reconocemos que en los últimos años se enlenteció–, distribuyendo y repartiendo la riqueza a la mayoría de la población. Ojalá nos equivoquemos y realmente se mejoren las condiciones de vida de estas grandes mayorías, pero estamos convencidos de que esta forma de ver la economía, lamentablemente, no va en ese sentido.

De todas formas, los senadores del Frente Amplio hicimos lo humanamente posible para que, en los escasos días de que disponíamos, el proyecto de ley perdiera algunos de los aspectos muy negativos que tenía para nuestro país. En algunos casos lo logramos, pero en otros, que son muy importantes, no. La actitud de nuestra bancada fue –como siempre ha sido la actitud del Frente Amplio– llevar adelante una oposición constructiva. Habría sido mucho más fácil decir, simplemente, no a todos los artículos del proyecto de ley, pero eso no era lo correcto. Y como nos preocupan realmente las consecuencias de este invento creado por la coalición de gobierno para, de una –como suele decirse–, instrumentar cambios profundos en muchas áreas, no podíamos más que hacer lo que hicimos: analizar a pesar de la premura de los tiempos y atender lo que las organizaciones plantearon respecto a los temas –porque son las que tienen el conocimiento–, tomar posición en nuestra bancada y luego hacer propuestas. Esa fue nuestra forma de actuar. En varios casos logramos que se concretaran los cambios y se mejorara el articulado de la LUC que llegó en abril.

Recién se dijo que este proyecto de ley no pretendía privatizar porque se retiraron artículos como los vinculados a Antel o a Ancap, pero lo cierto es que su articulado original así lo disponía. En realidad, sí se quería privatizar, y la esencia de la LUC permanece ya que es una visión del país y del Estado que no compartimos. Aquí se dijo que hay quienes prefieren dejar hacer y dejar pasar y que esa era nuestra actitud como Frente Amplio. Eso es paradójico, porque no fue lo que hizo el Frente Amplio; durante nuestros períodos de gobierno hicimos mucho más de lo que se hizo antes. Evidentemente, en la LUC se apuntó a desarmar y a deshacer mucho de lo que hizo el Frente Amplio; si no hubiera hecho, si hubiera dejado hacer o si hubiera dejado pasar temas, no se estarían cambiado. Si no hubiera cambiado el statu quo, no habría nada que tocar por parte de este Gobierno; por ende, la LUC es una prueba de que el Frente Amplio hizo mucho.

En definitiva, decimos que esta ley apuntó a desregular, privatizar, reprimir, desmontar el modelo que favorecía a las grandes mayorías y que procura desestatizar. Cuando ante la pandemia el mundo se da cuenta de la importancia que tiene el Estado en el sostén del bienestar de las personas o cuando en nuestro país el Gobierno recién asumido encuentra un Estado dejado por los Gobiernos de nuestra fuerza política que le permite sobrellevar esta crisis sanitaria y social, la LUC apuesta a ir por el camino contrario, es decir, el de quitar peso al Estado. Pensemos solamente qué hubiera sido de nuestro país de no contar con un Sistema Nacional Integrado de Salud; con la base de datos del Mides para los apoyos económicos a los más vulnerables; con las ceibalitas o el acceso a Internet por la extensión de la fibra óptica, en este momento en que la educación y el teletrabajo son a distancia, o con científicos de nuestra Universidad de la República que pudieron elaborar kits para los testeos.

Podríamos seguir enumerando elementos que refuerzan la idea de que ha sido necesario un Estado fuerte y políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías. Sin embargo, el espíritu de la LUC va en el sentido contrario: hay que privatizar lo que se pueda, poner en libre competencia a las empresas del Estado, dar injerencia a los privados en la educación, sacar de la órbita del Instituto Nacional de Colonización más de cien mil hectáreas y pasar al propietario la resolución para autorizar un área protegida. En este último caso, ahora pasan a ser los Gobiernos departamentales los que tienen esa potestad.

Algunos de estos aspectos se eliminaron o se cambiaron; por ejemplo, se logró retirar el artículo de la LUC referido a la desmonopolización de Ancap. En esto tuvo gran incidencia no solo el Frente Amplio, sino también el Partido Colorado. Se retiraron también artículos que perjudicaban a Antel porque obligaba a dicha compañía estatal a dar toda su infraestructura –que ha mejorado ostensiblemente en los Gobiernos del Frente Amplio con los dineros de todos nosotros, de los uruguayos– a privados que la usarían, evidentemente, con fines de lucro.

En educación se quita nada menos que la palabra «Pública» a un sistema que hasta el presente se denominaba Sistema Nacional de Educación Pública. Eso desnuda, claramente, cómo concibe este Gobierno la educación y a quién debe fortalecer en ella. De este modo, en esta concepción referida al rumbo de las políticas educativas, pasan a incidir las instituciones privadas, que comienzan a integrar este sistema. Esto no sucedía hasta la fecha con la Ley General de Educación vigente, que entendemos que es reformada en los hechos por la cantidad de aspectos que se modifican con la LUC.

La Ley General de Educación vigente fue debatida en el Parlamento con los sindicatos y la sociedad civil. Ahora, de un plumazo se borran aspectos fundamentales referidos nada menos que a la educación. Si hay un tema en el que se deberían promover los mayores consensos y en el que se debería pensar muy a largo plazo, más allá de los Gobiernos de turno, es la educación porque estamos definiendo lo que habrá de suceder con las próximas generaciones. ¡No es cualquier cosa!

Otro elemento que atraviesa la LUC es la concepción jerárquica, antidemocrática y concentradora de poder en el Poder Ejecutivo u otras autoridades, que supone desde otorgar el mayor poder a la policía para implementar una seguridad que no creemos para nada que vaya a lograr el objetivo que se espera, hasta un mayor poder al ejecutivo, a través del MEC, para conducir la educación que hasta la fecha tenía su autonomía y no era regida por un ministerio que, como sabemos, responde al ejecutivo de turno. Sostengo también que es concentradora de poder porque en ella se quita –sucedía también en algunos artículos que logramos cambiar– la posibilidad de participación de las partes involucradas. En educación, por ejemplo, uno de los tres integrantes –un miembro de la educación inicial y primaria, otro de la educación secundaria y otro de la educación técnico-profesional– de los consejos era un representante electo democráticamente por los docentes, pero ahora pasa a ser un director general, lo que elimina –como decía– la participación.

Un logro importante fue establecer en la LUC la incorporación de un representante de los estudiantes y otro de los docentes electos democráticamente en el Consejo de Formación en Educación. Asimismo, se logró –no estaba previsto en la LUC del mes de abril– que para la reforma de la seguridad social se tuviera en cuenta a los partidos políticos y a la sociedad civil. Resta aún –lo mencionaba recién el senador Bonomi– convocar a los representantes de trabajadores, jubilados y empresarios, o sea a los directamente involucrados al momento de reformar el sistema de seguridad social. En la LUC no se los incluyó. En varios artículos que referían a la actuación o supervisión del Poder Ejecutivo exclusivamente, la modificación que se obtuvo –me parece importante– fue incorporar el control parlamentario.

Voy a pasar a otra caracterización para afirmar que esta ley es autoritaria, pues pretende limitar los derechos de los trabajadores; derechos que ya fueron conquistados tras décadas de lucha. Así sucede con un derecho constitucional, como lo es el derecho de huelga, pues se agregan otras confrontaciones y se pone el adjetivo «pacífica» que la Constitución no previó, porque justamente el espíritu de los constituyentes de aquel entonces era exactamente al revés de lo que hoy se pretende. Se entendía –y se entiende en la legislación vigente hasta el momento– que debían buscarse todas las formas de garantizar ese derecho y los límites no se preveían porque no eran necesarios. Nuestra clase trabajadora, organizada a través de los sindicatos, siempre ha tenido una actitud responsable y ha usado este derecho sin abuso, pero en la LUC –lamentablemente– pasan a privilegiarse otras formas de entender los derechos laborales. En el caso de los trabajadores de la educación, desde el momento en que las direcciones de los centros educativos pueden seleccionar el personal con el que desean trabajar, están en colisión los derechos que hasta la fecha tenían los maestros y profesores. En los hechos, se pasa a analizar una reforma de los estatutos y a lesionar aspectos salariales que debían tratarse en una negociación colectiva a través de los consejos de salarios.

La LUC impone sus criterios pasándole por encima a la forma en que hasta ahora se dirimían los temas laborales y también impone que el trabajador acordará con su empleador para definir la forma de pago de su salario al momento de iniciar su vínculo laboral. Todos sabemos que un trabajador que está comenzando un vínculo laboral –máxime en estos momentos en los que no es fácil conseguir empleo– no está en igualdad de condiciones que su empleador. Eso es evidente y no lo ve quien no lo quiere ver. En definitiva, quizá muchos empleadores –ojalá no todos– impondrán la modalidad de pago en efectivo, lo que conllevará a tiempos pretéritos en los que se evadía información al BPS, se pagaba en negro y los que cargaban con las consecuencias eran los trabajadores al momento de jubilarse o de pretender usufructuar otros derechos.

No solo a los trabajadores se los limita, sino también a cualquier ciudadano que se organice con otros para manifestarse públicamente por un tema. Esto se podrá considerar un piquete y la autoridad actuará aplicando las medidas pertinentes si valora que se obstaculiza el tránsito de personas, bienes y servicios. Podríamos poner como ejemplo de esto una manifestación de vecinos ante un femicidio o un reclamo para pedir un semáforo en una esquina de muchos accidentes, etcétera. La autoridad puede entender que se obstaculiza el tránsito y a partir de allí tomar las medidas correspondientes.

También se pretende mostrar el principio de autoridad en el trayecto de los capítulos de las normas penales. Como decíamos al inicio, se promueve la violencia y el uso de armas para dirimir presuntos hechos delictivos sin confirmación por las vías judiciales correspondientes. Ojalá nos equivoquemos, pero lo que tenemos redundará en muertes de inocentes. Incluso, hasta por escribir algo que se perciba como un ataque a la policía –pensemos en los periodistas– podría someterse a alguien a medidas punitivas tremendas. Parecería que la solución a todo es más prisión como camino a recorrer para la gran mayoría de los delitos, tengan la gravedad que tengan. Tal vez olvidamos que Uruguay tiene la segunda tasa de prisionalización de América del Sur, porque parece que se quiere seguir por ese camino o quizás obtener el primer lugar. El fiscal Jorge Díaz, en una entrevista de La Diaria, dijo que al 1.° de noviembre de 2017 había 11.005 presos en nuestro país y al día de hoy ese número asciende a 12.116, lo que es un máximo histórico. ¿Estamos más tranquilos después del domingo sangriento que tuvimos? ¿Mejoró nuestra seguridad con muchos presos en las cárceles? ¿La cárcel es un lugar de donde el delincuente sale rehabilitado? Tarde o temprano va a salir; entonces, desde el punto de vista más interesado de todos, no desde la humanidad, ¿no nos conviene, como sociedad, que salga mejor para que no reincida? ¿Es eso posible en cárceles al borde de la detonación?

Este mes de mayo –¡terrible!– hubo seis muertos en las cárceles, porque ese lugar es un infierno donde los que cometieron delitos por primera vez salen convertidos en una versión mucho más corrompida de sí mismos. Por lo tanto, hay que mandar a la cárcel solamente a una cantidad muy bien identificada y con un sistema que vaya haciendo funcionar las perillas –como le gusta decir al presidente de la república– y los prepare para la salida.

Otro aspecto que rechazamos enfáticamente es la forma de ver la seguridad pública en lo que refiere a las normas sobre adolescentes privados de libertad. Aunque se mejoraron algunos artículos, sin embargo sigue sin atenderse lo que nos dijeron distintas fuentes, como los académicos, los organismos internacionales como Unicef, el alto comisionado de las Naciones Unidas y las organizaciones sociales que trabajan con adolescentes. No hubo dos visiones en cuanto a la valoración de este capítulo. Es más, todos coincidieron en que en esa etapa de la vida hay que ser muy cuidadosos en la forma de abordar la problemática, en que no se promueve la rehabilitación y la reinserción en la sociedad manteniendo a los menores aislados en régimen de detención, y en que se ha avanzado en el estudio y en el accionar en ese sentido, pero que las soluciones no pasan por ahí, máxime cuando en nuestro país las políticas venían dando resultado: de seiscientos adolescentes privados de libertad en 2017, se pasó a tener trescientos, o menos, en el presente. Entonces, ¿cuál es el fundamento de querer cambiar hacia un camino que se nos advierte que no es el correcto? Este tema realmente nos preocupa. Si como país nos equivocamos en la forma de abordar el tema de los adolescentes infractores, estaremos condenándolos a la reincidencia y a su expulsión de la sociedad, cuando debería trabajarse justamente en lograr reinsertarlos para que puedan tener una vida digna, como a la que todos tenemos derecho.

Señora presidenta: hemos tratado de fundamentar por qué razón no votaremos en general el proyecto de ley de urgente consideración. Son varios los aspectos que enumeramos, pero evidentemente no mencionamos todos. Estos quinientos un artículos, hoy devenidos en cuatrocientos setenta y seis, ameritan un tratamiento con mayor profundidad. Durante el desarrollo de la discusión particular en los días siguientes podremos incursionar con mayor detalle en el contenido de cada artículo de este proyecto de ley, pero en esta referencia general no queremos dejar de decir algo que sentimos desde lo emocional: nos duele, y mucho, que se apruebe en estos días –más allá de las mejoras que se pudieron introducir– una cantidad de medidas que van en desmedro del bienestar y los derechos de las grandes mayorías. Nos duele que a través de esta ley vaya a desarmarse y a desarticularse la rica y buena historia tanto de la educación pública de nuestro país como de la construcción y defensa de los derechos laborales y otros aspectos. Se va a cambiar sí –como se ha dicho aquí–, de acuerdo con las mayorías democráticas obtenidas en las últimas elecciones. Es un derecho que tiene la coalición de gobierno; el problema es si el cambio es o no para bien. El tiempo lo dirá.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: seguramente caigamos en alguna reiteración, es muy difícil no hacerlo en una sesión en la cual, además de tratar un tema tan importante –que nos ha llevado un mes de trabajo muy intenso–, nos interesa plantear las razones de cada actitud de voto que vamos a asumir, y también por la cantidad de senadores que hablan. O sea que, en la coincidencia o en la discrepancia, posiblemente reiteremos algunos conceptos.

Me voy a permitir, previamente, hacer un reconocimiento muy especial –créanme, muy sentido– a dos asesores en particular, los doctores Leandro Claramunt y Gabriel Berreta, y por intermedio de ellos a todos los asesores que nos acompañaron en este proceso largo de intenso trabajo y a cada uno de los legisladores. Todos ellos dedicaron tiempo y aportaron conocimiento, compromiso y responsabilidad, de igual o mayor manera que nosotros mismos.

Este proyecto de ley ingresó al Poder Legislativo el 23 de abril de este año con quinientos un artículos, fue aprobado por la comisión especial, y hoy lo estamos considerando con cuatrocientos setenta y seis artículos. El señor senador Gandini señalaba con precisión un hecho no menor, el cual es que el día 22 de enero tomamos conocimiento de aquel proyecto de ley original del Poder Ejecutivo, que contenía cuatrocientos cincuenta y siete artículos, los legisladores al mismo tiempo que la prensa y la ciudadanía en general. Hoy, durante su tratamiento en el plenario, voy a permitirme hacer dos consideraciones, ya que en la sesión pasada fui uno de los únicos dos senadores que no hicieron uso de la palabra porque preferí escuchar. Antes de comenzar esa extensa sesión estuvimos abocados precisamente a discutir, o a participar desde la legítima convicción de cada uno, acerca de si la iniciativa era o no de urgente consideración, de qué significaba una urgente consideración, de si era o no pertinente y de si el alcance de lo que contenía el proyecto de ley ameritaba esa consideración constitucional que asumió el Poder Ejecutivo al enviarlo al Poder Legislativo.

Voy a ser lo más objetivo posible. Se ha considerado que la norma no ha sido democrática o que ha afectado la capacidad de participación de la sociedad en este proceso de discusión. Sin embargo, debo decir que se recibió a ciento sesenta organizaciones de la sociedad civil, actores del Gobierno y –como se ha dicho– prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales. La comisión sesionó durante un mes –el 29 de abril fue la primera reunión y el 29 de mayo, la última–, en jornadas dobles y muy extensas. Después de eso, en las pocas horas del día que quedaban, muchos de nosotros nos reuníamos como coordinadores, con todos los partidos políticos, para trabajar sobre distintos temas. Algunos, como quien habla, nos abocamos centralmente al tema de la seguridad pública, responsabilidad que me adjudicó el Partido Nacional y que llevé a cabo con los propios pares del resto de los partidos de la coalición y también del Frente Amplio. Los dos feriados del mes de mayo –el 1.º y el 18– nos encontraron en esa instancia de coordinación trabajando prácticamente todo el día y ajustando el acercamiento de las posiciones.

Alguien señaló que el proyecto de ley ha sido mejorado; creo que es así, que tiene un aporte legislativo importante que estuvo basado, a su vez, en planteamientos provenientes de la sociedad civil. Tiene aportes que vamos a votar, algunos en forma unánime, logrados por iniciativa del propio Poder Ejecutivo, pero también de la oposición; y también tuvo muchas mejoras, fruto de la discusión que mantuvimos en la comisión especial.

Estos cuatrocientos setenta y seis artículos refieren a normas que figuran en el Código Penal, el Código General del Proceso, el Código del Proceso Penal, el Código Civil, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Rural, el Código Aduanero, el Código de Comercio, en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 1996, en cien leyes, en el Acto Institucional n.º 9 y en seis decretos leyes. Es decir que hubo abundante trabajo, que muchas veces culminó en concordancia, ya que –como se señalaba– el cincuenta y uno por ciento de las normas aprobadas en la comisión especial tuvieron un criterio unánime.

Permítame señalar humildemente, señora presidenta, como fruto de la responsabilidad particular que tuvimos los coordinadores del tema de la seguridad pública de todos los partidos políticos, que en esa área logramos un cincuenta y cinco por ciento de consentimiento: sesenta y tres artículos de un total de ciento quince. Y de los veintiún artículos que desglosamos, logramos ponernos de acuerdo en quince. Incluso, señalamos las diferencias en muchos artículos que no nos permitieron votar porque tenemos posiciones filosóficas, políticas o partidarias distintas, pensamientos diferentes. Se trabajó sobre esta base lo que permitió, no solamente hacer amena la discusión –tal vez a veces cargada por la pasión desde la convicción– sino también, sin duda, lograr la calidad legislativa, la calidad parlamentaria. No fue otro el ánimo.

Destaco a dos senadores que han hablado hoy: en su condición de presidente de la comisión, el senador Penadés, quien nos representó y que como miembro informante destacó de manera precisa y concreta el ánimo de trabajo y su conclusión. También concuerdo y destaco plenamente su sugerencia de extender ese ánimo de trabajo hasta el final del tratamiento del proyecto, lo que no implica no discrepar, sino al contrario. No implica que en la jornada de mañana principalmente, cada uno hable sobre aquellos artículos sobre los que no pudimos acordar porque tenemos arraigadas diferencias o conceptos distintos.

El otro senador al que quiero destacar es el vicepresidente de la comisión, el senador Carrera, quien la presidió en distintas oportunidades de la misma manera que el senador Penadés. Cuando habló reconoció el clima de trabajo en el ámbito parlamentario y el proceso legislativo. Dijo textualmente: «Reconozco el talante de trabajar y de escuchar». Creo que eso es un mérito de todos. ¿Saben por qué lo digo? Porque voy a procurar en estos cinco años, o en el tiempo que ocupe la banca en esta legislatura, hacer coincidir todo lo que haga con lo que hice y pretendí hacer en la anterior legislatura. Y si desde la oposición de hoy me piden aquello que muchas veces solicité y reivindiqué ayer, desde el Gobierno, lo haré. No me va a pesar coincidir cuando tenga que hacerlo y tampoco destacar este clima de objetividad, de democracia, de participación, que tiene que honrar esta casa, particularmente, la Cámara de Senadores, por la representatividad que cada uno de nosotros tiene por la Constitución.

El senador Gandini y, particularmente el senador Viera, aludieron al exsenador Zelmar Michelini. Leí su artículo publicado en agosto de 1966, que tiene un gran valor porque viene de un senador directamente vinculado a la reforma constitucional que propició el inicio del debate que nos ocupa hoy, desde que comenzó el trámite en la Asamblea General, en cuanto a si es pertinente y qué significa la urgente consideración. Con todo respeto –y creo que es un error de algunos senadores que lo han señalado legítimamente–, debo decir que no es el tratamiento urgente lo que consideramos subjetivamente de mayor rango de importancia respecto a otras cosas. ¡No! Es una definición jurídica, precisa y constitucional, pero también tiene una connotación política sobre la que se fundamentó el constituyente.

Decía el exsenador Zelmar Michelini: «El sistema de las leyes de urgencia es para nosotros uno de los puntos fundamentales de esta reforma que tanto defendemos, porque lejos de ser una medida contra el Parlamento, tiende justamente a lo contrario, a defenderlo al obligarlo a funcionar y a prestigiarse ante una opinión pública cansada ya de que los asuntos duerman por años en las carpetas o de que el ausentismo sea la norma de la labor legislativa». Más adelante expresaba: «… se han levantado críticas contra esta medida. Provienen justamente de quienes más se benefician de esa inoperancia de diputados y senadores, que buen tema les ha dado para sus ataques a la democracia. La sanción del sistema que permita las leyes de urgencia corregirá esos males y quitará tema, indudablemente, a los enemigos de la democracia representativa». También señalaba: «… uno de los más trascendentes es este de las leyes de urgencia, que permitirá solucionar muchos problemas del país y servirá como elemento seguro en la reconquista del prestigio perdido por el Parlamento de la República».

En la primera reunión plenaria que tuvimos cuando hace un mes ingresamos a considerar este tema, fui uno de los dos senadores que no habló –hablaron veintinueve– y quise escuchar con la consideración que tengo por todos los señores senadores, pero por la formación jurídica, que mucho respeto, particularmente escuché a la señora senadora Asiaín. Y ella aludió –creo que también hoy lo aludió el señor senador Peña– al profesor, al doctor en Derecho Público Horacio Cassinelli Muñoz. Todos quienes pasamos por la Facultad de Derecho alguna vez –nosotros de paso, porque no nos llegamos a recibir– estudiamos en sus libros. El libro de derecho público que editó la Fundación de Cultura Universitaria a que aludió la señora senadora Asiaín –creo que contiene la versión completa de las clases de Derecho Público de Cassinelli Muñoz en la Facultad de Ciencias Económicas– específicamente señala que, en forma paralela al procedimiento normal de sanción de las leyes, la Constitución de la república introduce en el numeral 7.º del artículo 168 la declaratoria de urgente consideración de un proyecto de ley. Es decir que está en ese artículo referido al Poder Ejecutivo y no en la sección del Poder Legislativo. ¿Por qué? Precisamente porque se trata de una atribución que le corresponde al Poder Ejecutivo. Es decir que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo, específicamente, la capacidad de declarar proyectos de ley de urgente consideración. Por lo tanto, la legítima opinión que podamos tener los señores senadores sobre qué es o no es urgente poco vale a estos efectos, porque el artículo 168 de la Constitución no le consagró la facultad de declarar la urgente consideración de un proyecto de ley al Poder Legislativo, sino al Poder Ejecutivo. Es un acto que el Poder Ejecutivo asume en Consejo de Ministros, y para que tenga eficacia dicha declaración tiene que remitirse al Parlamento junto con el proyecto de ley. En definitiva, el proyecto de ley vino con una declaración de urgente consideración del Poder Ejecutivo, facultado por el constituyente.

Ahora, si se me permite, voy a citar al doctor Cassinelli Muñoz que decía que este método tiene, evidentemente, la ventaja de asegurar al Poder Ejecutivo un pronunciamiento a favor o en contra, pero un pronunciamiento en plazo más o menos razonable acerca de una ley que considere necesaria para la ejecución de su política y elimina esa situación de incertidumbre de quien tiene un plan político y no sabe si lo va a poder realizar o no, porque el asunto se sigue discutiendo y discutiendo, pasan los años, se le acaba el mandato y no ha podido concretar esa línea política.

Es decir, es claro que la Constitución de la república le dio la facultad al Poder Ejecutivo de declarar proyectos de urgente consideración para dar cumplimiento a un plan político y para evitar que el tratamiento común del proceso parlamentario –que está regulado, precisamente, en la sección referida al Poder Legislativo por la Constitución de la república– pueda entorpecer el asunto. Nada tiene que ver con lo que el señor senador Camy o cualquier otro senador pueda opinar respecto a la urgencia o no, a la mayor trascendencia o no de los temas que involucra ese proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración dado por el artículo 168, como un acto administrativo que es potestad del Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros.

Algún destacado senador ha señalado en su intervención que no hay una sola referencia a la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país en este proyecto de ley. Quiero decir que, entre otras cosas, no la hay porque, desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 23 de abril de 2020, que fue el día en que el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración ingresó al Parlamento, se dictaron por parte del Poder Ejecutivo y se asumieron por dicho poder y por este Parlamento –muchas medidas se tomaron por vía legal– veintitrés iniciativas concretas, específicas. Es más, al día de hoy son treinta y tres; la última medida se tomó el 25 de mayo.

Un proyecto de ley de urgente consideración es un proceso constitucional que habilita al Poder Ejecutivo para que, con un propósito político, de gobierno, pueda actuar en el marco de los tiempos constitucionales, legales y por prioridades políticas. Yo agrego lo que denomino «legitimidad ética». ¿Por qué? Porque este procedimiento de urgente consideración lo han utilizado Gobiernos de todos los partidos políticos desde que se instauró la democracia por distintas consideraciones subjetivas que oportunamente tuvieron. Seguramente también, en cada uno de los casos, habrá habido parlamentarios que hicieran referencias a favor o en contra de esto. Y hablo de «legitimidad ética» porque, como lo señaló con precisión el señor senador Gandini, este mecanismo estuvo sobre la mesa desde la primera instancia del proceso electoral interno del Partido Nacional por parte de quien hoy es presidente de la república. Después fue parte de sucesivas instancias de medios de prensa o de actos políticos y estuvo en el debate preelectoral. Siempre se señaló que iba a haber una ley de urgente consideración al amparo de la Constitución de la república como marco para llevar adelante las primeras medidas si se llegaba al Gobierno. Luego la idea fue planteada más ampliamente en lo que terminó siendo la coalición multicolor, que es la que está gobernando, la que le da sustento a este Gobierno, y también tuvo y tiene la legitimidad ética de que está fundada expresamente en lo que se denominó Compromiso por el País. Entonces, sabíamos que esto se iba a plantear de esta manera.

Me parece que es importante destacar este aspecto porque discusiones parlamentarias vamos a tener; discusiones de corte político vamos a tener, y seguramente a veces se den con tonos que no corresponden, pero siempre ha sido marca distintiva de este país, y nos enorgullece el clima democrático y de respeto. Ahora bien, a lo que sí le tengo miedo es a que desconsideremos la legitimidad que tienen los compromisos que cada uno de nosotros ha asumido con el electorado. Seguramente se puedan presentar proyectos de ley que no necesariamente se hayan planteado en la instancia preelectoral, y vamos a encontrar caminos de entendimiento para llegar a decisiones legislativas ante problemas que surjan de la coyuntura y que, por esa razón, ninguno lo haya tenido en consideración en su programa de gobierno. Pero ¡qué grave sería si lo que fue en un programa de gobierno, lo que está escrito en un programa de asociación política electoral, lo que es el soporte por el cual fuimos a convocar la confianza de la ciudadanía, no lo cumplimos, no lo respetamos o nos desdecimos de ello! Por eso creo que aquí hay también legitimidad ética. Es más, yo lo señalaba en la comisión especial del Senado cuando se trataron al menos cuatro artículos del capítulo sobre minoridad infractora. Nosotros, la coalición de gobierno y específicamente el Partido Nacional –el señor senador Andrade tiene razón cuando señala que no está de acuerdo, pero reconoce que el proyecto de ley se mejoró–, logramos acordar en algo en lo que no necesariamente todos coincidíamos. En esa oportunidad y más allá de la convicción personal que pueda tener respecto a algunos de esos artículos, yo señalaba que las disposiciones originales que vinieron al Parlamento se habían copiado textualmente de las que se habían escrito en el programa de gobierno que se le mostró a la ciudadanía. Para mí la legitimidad ética es muy importante y se la atribuyo en forma especial a este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

Señora presidenta: mañana vamos a tener el ámbito de discusión más detallado, exegético, artículo por artículo. Si nos sentimos aludidos y pretendemos contestar alguna posición específica con respecto a determinado artículo o capítulo en particular, no está en nuestro ánimo hacerlo hoy. Obviamente, vamos a hacer referencia en general a un proyecto de ley que nos parece importante, no solamente por el tema de la seguridad pública –del que queremos ocuparnos específicamente–, sino también por lo que plantea en el ámbito de la economía, de las empresas públicas y también, especialmente, de la educación.

Aquí se presentan propuestas concretas para la eficiencia del Estado, así como también iniciativas dirigidas al sector agropecuario, a las relaciones laborales y a la seguridad social. Asimismo, se incluye normativa de emergencia en el tema de la vivienda, propuestas para el desarrollo social y la salud, y modificaciones al Código Civil. También hay otras disposiciones concretas como, por ejemplo, la que tiene que ver con el Instituto Nacional de Colonización. Mañana vamos a hablar particularmente de este tema, que es importante, pero, más allá de los dos artículos concretos y únicos que sobre la Ley n.o 11029 vienen en esta propuesta legal, también queremos referirnos al concepto de la tierra y al tema del Instituto Nacional de Colonización.

Vamos a hablar, también, de la protección de la libre circulación de las personas, los bienes y los servicios –que, como se aludió aquí, está presente en esta norma y es un tema importante–; de la denominada portabilidad numérica, que es un derecho otorgado por esta iniciativa a los usuarios de la telefonía móvil; de lo que sería una mayor independencia para el mejor funcionamiento y la eficacia correspondiente en las que hoy son unidades de regulación, Ursea y Ursec; de la mejoría, como se ha mencionado aquí, del régimen de adopciones, y de los cambios en la institucionalidad, que no son menos importantes, por lo que implican y porque encierran, en todos los casos, un compromiso a trabajar a futuro, que ya dejamos establecido en la comisión entre los distintos partidos. Me refiero, concretamente, a la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, del Instituto Nacional de la Granja, del Instituto Nacional de Bienestar Animal y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al que, como señalaba con sorpresa el señor senador Penadés, se le ha dado muy poca trascendencia.

Vamos a referirnos también a las normas vinculadas a las áreas naturales protegidas o, como se señaló, al nuevo rol, concreto y específico, que vamos a asignar a Mevir y al que hizo mención el señor senador Viera.

Más allá de que mañana vamos a hablar específicamente y en detalle de este articulado, permítasenos adelantar una posición. La sección I de este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, señora presidenta, es muy amplia y abarca normas penales, del proceso penal y de la legislación profesional policial, así como también normas sobre estupefacientes, sobre la minoridad infractora, sobre la prevención y represión de la violencia en los espectáculos deportivos y de carácter masivo de otro orden, y sobre la planificación, la evaluación, el diseño y el monitoreo de la política criminal y de penitenciaría. Pero dicho esto, queremos dar nuestra opinión sobre un aspecto importante que consideramos que elevó la discusión del capítulo de seguridad pública en todo el proceso. En esta casa, no hace mucho tiempo, el hoy presidente de la república, doctor Luis Lacalle Pou, dio su discurso ante la Asamblea General y escuchamos palabras concretas referidas a la gravedad de la situación en que vivimos. Señaló textualmente: «Nuestro país atraviesa por una crisis de seguridad humana. No tenemos dudas de que estamos ante una emergencia». Hoy todos estamos preocupados por ello de igual manera.

Hoy estamos respaldando este paquete de medidas, de normas, que envía el Poder Ejecutivo porque estamos convencidos, señora presidenta, de que va a ayudar a combatir el delito. Este es un flagelo que golpea duramente a la sociedad, que se lleva sueños y anhelos de los uruguayos, que desalienta el trabajo y desestimula la producción nacional.

Uruguay, en concordancia con las normas internacionales y las Naciones Unidas, acompaña la tendencia mundial, ayudando a desarrollar el concepto de seguridad humana. Creo que tenemos que estribar en la seguridad humana como concepto. Si bien desde los años noventa Naciones Unidas estudia y viene puliendo esta concepción, no fue hasta 1994, en el informe «Nuevas dimensiones de la seguridad humana», en que este tema se instala en el debate político y en el debate académico. Se trata de una perspectiva holística, inclusiva y diría que en plena construcción.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señor senador Botana y demás señores senadores.

Como dijimos, el Uruguay no ha sido ajeno a esta tendencia y, en base a los textos que estuvimos estudiando para esta sesión y en este tiempo, podemos afirmar que en 2010 con la aprobación de la Ley n.º 18650, Ley Marco de Defensa Nacional, se da un paso muy importante en este sentido. Me voy a permitir leer el artículo porque es muy breve. «Artículo 1º.- La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población». La referencia expresa que se hace al bienestar social presente y futuro de la población da cuenta de la decidida voluntad de nuestro país de acompasar la normativa internacional.

La seguridad se centra ahora en las personas y no solamente en el Estado. Este es el Uruguay construyendo institucionalidad en el consenso. La Ley Marco de Defensa Nacional fue votada por todos los partidos políticos. El Código del Proceso Penal también fue votado por todos los partidos políticos y es oportuno que lo tengamos presente. La Ley n.º 19293 del año 2014 coloca a la víctima del delito en un lugar preponderante del proceso. Ese es uno de los cambios. Concretamente, los artículos 3.º y 48 de la ley son un claro ejemplo. Esto es un reflejo del desarrollo de ese concepto de seguridad humana.

Estoy convencido de que ahora nos toca a nosotros seguir modernizando la legislación, construyendo políticas públicas que converjan en una mayor seguridad de las personas en su sentido más amplio. En esto el Estado tiene un rol preponderante; lo tiene. Aquí tendríamos que referirnos a un concepto que me parece importante. Nadie puede arrogarse la facultad de ser el intérprete fiel del concepto de seguridad humana; no hay una única opinión ya que se encuentra en plena construcción y podemos citar a calificados autores que se expresan en este sentido: Karlos Pérez de Armiño, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, en una publicación de la fundación Cidob, de España, Revista n.º 76; Gabriel Orozco, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, en una publicación de la misma fundación, en la Revista n.º 72; y el doctor Alejandro Iturra, investigador en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, que en 2003 elabora un documento sobre la noción de seguridad integral.

Además de no estar laudado, este concepto de seguridad humana tiene dos vertientes. Existe un enfoque amplio, que pone a la libertad en el desarrollo humano y un mínimo de bienestar en seguridad sanitaria, alimentaria, ambiental; y también un enfoque restrictivo –el enfoque canadiense– de la libertad frente al temor, la protección a la violencia física en contextos de conflictos y donde los derechos políticos están afectados. A nuestro juicio, no alcanza con apreciar la seguridad solo en su fase objetiva, esto es, la medición seria, la medición constante y cuantitativa de los delitos y la inversión concreta destinada, desde el punto de vista económico, al equipamiento policial. Desde luego que eso es muy importante, pero la población también necesita sentirse segura y esto es un aspecto político, es una señal que debemos dar. Hay que intentar que la gente tenga esa sensación, que nos escuche decir que estamos del lado de las víctimas, que estamos del lado de los ciudadanos de trabajo, de los ciudadanos honestos y no estamos del lado de los delincuentes. Hay que seguir trabajando en la fase subjetiva de la seguridad. Para nosotros es urgente considerar la famosa sensación de inseguridad, como lo es también dar garantía y respaldo a la actuación policial.

En este camino de edificación de políticas públicas se realizan modificaciones importantes en este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Estamos convencidos de que son importantes las modificaciones en el Código Penal, son importantes las modificaciones que se realizan –y a las que se ha aludido– en el Código del Proceso Penal, son importantes las modificaciones en la Ley de Procedimiento Policial y son importantes las modificaciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, además de que se moderniza y actualiza la normativa sobre la gestión de los privados de libertad y la violencia en el deporte.

Aquí quiero detenerme en la gestión de los privados de libertad y aludir a una situación que estoy convencido de que nos preocupa de igual manera a todos y, si no es así, debería preocuparnos a todos muy especialmente. Este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración también contiene y establece definiciones en consonancia con el concepto de seguridad humana. Por ejemplo, el artículo 81 tiene relación con lo que establecen los numerales 1, 2 y 3 de la regla 97 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, Reglas Nelson Mandela, que dicen textualmente: «1. El trabajo penitenciario no será de carácter aflictivo. 2. No se someterá a los reclusos a esclavitud o servidumbre. 3. No se obligará a ningún recluso a trabajar en beneficio personal o privado de ningún funcionario del establecimiento penitenciario». El artículo 82 que vamos a votar –evito la lectura– es la transcripción textual de las reglas 88 y 91 de las Reglas Nelson Mandela, y el artículo 83 también las incorpora.

Por lo tanto, estamos ante una ley que va en consonancia con la seguridad humana y con lo que estableció el presidente de la república –a pocos pasos de aquí, en esta misma casa, al ser ungido como tal– de manera clara, certera y expresa –como hemos visto en estos primeros días o semanas del nuevo Gobierno por parte del Ministerio del Interior–, en cuanto a trabajar definidamente en dirección a respaldar a la policía y a combatir el delito, el narcotráfico, el crimen organizado, así como a respaldar y a considerar a la víctima. Por esa razón se establece la creación de determinadas unidades policiales que se jerarquizan por el imperio de propuestas normativas de esta ley: la división de políticas de género, que pasará a ser una dirección general, y la creación de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural, que salda una vieja deuda con la seguridad en el medio rural y con un sector comprometido con la producción nacional.

Estoy convencido, señora presidenta, de que este Senado de la república, este Parlamento, está cimentando las bases de una nueva realidad que es la que promueve esta norma y que también aporta transparencia en la perspectiva de la seguridad, en los artículos 87 y siguientes del proyecto original del Poder Ejecutivo al proponer la creación del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria como órgano asesor colegiado que funcionará en la órbita del Ministerio del Interior y se encargará del diseño, la coordinación, la planificación y la evaluación de la política criminal y penitenciaria a nivel nacional.

Por último, queremos dejar una opinión no menos importante y alineada con la idea de dotar de mayor transparencia a la actuación del Estado en la represión del delito: se pondrá a consideración del Cuerpo un paquete de nueve artículos que moderniza y potencia la actividad que desarrolla la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado creada por la Ley n.° 19696, de octubre de 2018.

Con estas modificaciones queda absolutamente claro que la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado supervisa técnicamente la actividad de inteligencia y contrainteligencia que, por supuesto, siguen realizando por su cuenta cada uno de los cuatro ministerios que se mencionan en la ley.

Del estudio de los restantes artículos se desprende que hay una cuidada actualización terminológica que responde a una concepción académica moderna de la actividad estratégica.

La inclusión del director de Secretaría de la SIEE en el Codena, creado por la Ley n.° 18650, y la ampliación de las competencias en el mando superior de defensa nacional, que incluirá textualmente la determinación de la política nacional de inteligencia, dan cuenta claramente de una jerarquización en la actividad de análisis, procesamiento y diseminación de la información.

Con esta nueva impronta estamos convencidos de que se van a hacer más y mejores estudios prospectivos –fue un tema aludido en la comisión especial–, a través de diferentes técnicas que contribuirán a montar escenarios futuros ciertos, tan reclamados desde el sistema político y vitales para respaldar la actividad que desarrolla el Estado en materia de seguridad pública.

Señora presidenta: mañana vamos a introducir algunos aspectos que no abordamos hoy. En la discusión por capítulo de cada una de las secciones podremos poner un mayor énfasis particularmente en algunos artículos relativos a la seguridad pública.

Por el momento era cuanto queríamos señalar.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta.

Ante todo, queremos ser solidarios y expresar nuestra condolencia al funcionario Bernardo Pollero por el fallecimiento de su hermano y también a las víctimas de este fin de semana trágico que tuvo el país.

Quiero comenzar mi intervención, por supuesto, saludando el trabajo que hizo la comisión especial designada por el Senado y poniendo el foco en la actitud de su presidente, el señor senador Gustavo Penadés, y de su vicepresidente, señor senador Charles Carrera, así como en cada uno de sus integrantes que pudieron hacer aportes. Quiero destacar el trabajo de los funcionarios y de las funcionarias de la Cámara de Senadores que, con solvencia, pudieron ir resolviendo cuestiones que eran de último momento. Y, tal como lo señaló hace un rato el señor senador Camy, quiero destacar especialmente en nuestro caso, el Frente Amplio, el aporte que realizaron compañeros asesores de nuestra bancada que hicieron –más allá de la especialidad de cada uno de nosotros– un enorme esfuerzo para sintetizar, proponer, responder y darnos insumos para que hoy estemos aquí trabajando. Además, quiero destacar el clima de respeto y de cordialidad en la circunstancia que determinó abordar el proyecto de ley de urgente consideración porque, sin duda alguna –y puedo llegar, por supuesto, a caer en algún lugar común, pero es importante señalarlo–, se trabajó en las condiciones que se pudo. Obviamente, las condiciones que se establecieron no eran las necesarias para un trabajo riguroso ni desde el punto de vista político ni del técnico.

La modalidad resuelta el 28 de abril por el Senado, en el sentido de llevar adelante un proyecto de ley de urgente consideración con contenidos que, a nuestro entender, no debían ser parte de este, determinó un funcionamiento complejo. Insisto en que, más allá del buen clima de trabajo y de la voluntad de todos, no estaban dadas las condiciones para abordar las normas allí propuestas. Quiero señalar que estono fue dicho solo por los senadores de la bancada del Frente Amplio, sino por muchas de las delegaciones que concurrieron a la comisión. Diría que, de las ciento sesenta delegaciones, unas cuantas y de diversos orígenes –en un trabajo a marcha forzada, pues disponían de veinte minutos para exponer temas centrales para ellas y para el país–, manifestaron el escaso tiempo de que disponían y las pocas condiciones existentes para llevar adelante el trabajo. Por supuesto que aquí formulamos opiniones políticas sin adjudicar intencionalidades ni mala fe; simplemente apuntamos a las circunstancias por las cuales se definen las opciones en materia política.

La decisión por parte del Gobierno de esta modalidad, como se expresó en sala, fue comunicada durante la campaña electoral. Es cierto, se manifestó que iba a presentarse un proyecto de ley de alrededor de quinientos artículos y también se anunció –en el cierre, en la última etapa, la del balotaje– un acuerdo entre los partidos que hoy gobiernan el país, pero lo que no se dijo fue que el contenido de ese acuerdo iba a estar en esos quinientos artículos. Se optó por un acuerdo que luego, en parte, se fue cayendo en el tratamiento. Insisto en que esta modalidad no la compartimos ni por forma ni por contenido. Uno entiende –casi todos los partidos políticos aquí presentes hemos estado antes en el Gobierno–, además, cuáles son, a veces, las circunstancias determinantes. Para esta circunstancia en particular estaban todos en la foto. Y el presidente, junto con el Consejo de Ministros, decidió tener a todos en esta foto. Capaz que en la que viene no están todos o sale una parte borrosa. A esta misma hora, en la que hoy estamos en el Senado analizando el contenido de la ley de urgente consideración, tenemos en la Cámara de Representantes una interpelación de entrecasa, promovida por el propio Gobierno y la coalición de partidos que lo respalda. Entonces, tenemos claras las opciones –son las que hoy permiten llevar adelante estas cuestiones–, pero eso no quiere decir que las compartamos.

Desde un principio se ha dicho, como una especie de verdad revelada, que el contenido de los artículos de la ley de urgente consideración –en la versión 1.0 que señalaba el señor senador Bonomi– se puso en conocimiento a partir de enero. Pues bien, eso es así, pero no es la primera vez que en el Parlamento se anticipa el contenido ni a la sociedad ni a los partidos políticos. Parafraseando el humor de Les Luthiers, dicen que fue a fundar Caracas y Caracas ya estaba fundada; esto lo vamos a demostrar con un ejemplo. El proyecto de ley de reforma tributaria ingresó al Parlamento el 21 de marzo de 2006. El proceso tuvo todos los plazos, consultas e intercambios posibles antes de que ingresara la ley y durante el tratamiento parlamentario –incluso debieron postergar su entrada en vigor del 1.º de febrero de 2007 a julio de 2007– el contenido de la ley fue previamente puesto en consulta pública –reitero: en consulta pública– en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, recibiéndose muchísimas consultas y propuestas de modificación. Luego de haberse puesto en consulta pública ingresó al Parlamento en marzo, tuvo su aprobación en la Cámara de Representantes a fines de octubre, luego en el Senado el 12 diciembre y el 19 de diciembre recién tuvo la aprobación definitiva en la Cámara de Representantes. En el trámite parlamentario se produjeron modificaciones y se incluyeron nuevos temas como, por ejemplo, el régimen de tax free y el descuento del Imesi en los combustibles en las estaciones de frontera, herramientas que vaya si fueron necesarias en la vida nacional.

Es decir que no se trata de que acá se inventó la pólvora y por primera vez en la historia del Parlamento uruguayo llegaron y pusieron a consideración de la opinión pública un proyecto de ley, en este caso, de urgente consideración. Hay precedentes. Es más, voy a nombrar uno en el que estuve involucrado; me refiero a la Ley General de Educación, en la que también se tuvo conocimiento público y se mantuvo un amplio debate. Insisto en que acá todos podemos tener la tentación de arrogarnos la iniciativa de cualquier cuestión, pero en este caso hay precedentes muy importantes de leyes estructurales como las que acabo de nombrar, que fueron notoriamente consultadas con mucha más amplitud de la que aquí se ha dado en nombrar una y otra vez por parte de representantes del Gobierno, como el presidente de la república y muchos legisladores. Dicho esto, cuando se presentó la iniciativa, expresamos que su contenido –y lo reiteramos– no tenía que ver con las urgencias del país, mucho más allá del debate jurídico de la pertinencia o no que ya se dio cuando entró este proyecto de ley. Desde nuestro punto de vista reafirmamos que las iniciativas no contienen las prioridades que deben tener, que son: la salud, el trabajo y, en muchos casos, cuestiones tan básicas y esenciales como el acceso a la alimentación. Por lo tanto, ratificamos lo que dijimos en su momento: hay más de treinta políticas públicas que aparecen en el contenido original de los quinientos un artículos que luego fueron cambiados, casi en el ochenta y cinco por ciento y que, reiteramos, refiere a prioridades legítimas de la coalición de gobierno, pero no obedecen, a nuestro modo de ver las cosas, a la realidad que viven los uruguayos.

Ya anunciamos nuestro voto en contra en general de esta iniciativa, pero vamos a determinar cuál es el encare político que tenemos desde el Frente Amplio. Somos una fuerza política de cambio, progresista, de izquierda, democrática, plural, inclusiva, con un claro compromiso con la mayoría de las políticas públicas estatales que priorizan a las personas y defienden la soberanía nacional. Ese es el marco en el que nos paramos. También somos una fuerza política que tiene vocación de gobierno y que gobernó durante quince años el país transformando la realidad de los uruguayos para bien; es una cuestión que está quedando clara. Estamos convencidos de que, a partir de las definiciones de políticas públicas aplicadas por contraste, lamentablemente va a quedar claro lo que ha sido y lo que es el encare de una administración y de otra. Somos una oposición responsable; por esa razón decimos no a los artículos más regresivos para la sociedad, como son los que refieren a seguridad, a educación, a inclusión financiera, a derechos laborales de los trabajadores o a lo puntual y concreto, que tan importante es, como son las áreas protegidas. Al mismo tiempo, señalamos un no con contundencia, con rigurosidad a estos aspectos que consideramos –insisto– regresivos para la sociedad en su conjunto. Somos una fuerza política que tiene vocación de trabajo y que durante el transcurso del debate en la comisión propusimos redacciones distintas, cambiamos otras, propusimos cuestiones que a nuestro entender eran reducción de daño con respecto al contenido original de los artículos, y en otros casos fuimos parte del acuerdo de ese articulado.

No vamos a caer en un falso dilema porque para nosotros cuanto peor no es mejor, siempre es peor, porque es la gente que sufre los errores en las decisiones que toman los gobernantes. Por esta razón el Frente Amplio acompañará con su voto cerca del cuarenta y seis por ciento de los artículos del proyecto de ley de urgente consideración, pero con una salvedad que nos parece muy importante señalar: solo el diecisiete por ciento corresponde a la versión original remitida por el Poder Ejecutivo ya que, como dijimos hace unos minutos, el ochenta y tres por ciento fue modificado en el proceso del debate en la comisión. Es por eso por lo que, insisto, tenemos la convicción de decir no a líneas que son, a nuestro modo de ver, para la sociedad y el Uruguay, contrarias al interés general. En ese sentido, tenemos el derecho y la responsabilidad de incidir en el debate y en la propuesta para mejorar o sustituir contenidos que hacen a este y a todos los proyectos de ley que se presentan. Repito: acá no vamos a caer en falsos dilemas.

Además, en esta parte de nuestra intervención, vamos a referirnos a algunos aspectos que ya sabemos de antemano que tienen mayorías; pero las mayorías no son circunstanciales, son legítimas y democráticas. Personalmente, no puedo mencionar la frase del Sabalero: «Lindo haberlo vivido pa’ poderlo contar», porque no digo que necesariamente haya sido lindo, pero me tocó estar diez años –con algunos colegas– en la oposición. Les puedo asegurar que en esos diez años no nos dejaban pasar una. En algunos casos ni siquiera podíamos proponer el nombre de un liceo. Es decir, durante esos diez años –que nos tocó ser oposición– hubo una legítima mayoría de blancos y colorados que llevaban adelante su proyecto de país. Y el Frente Amplio señaló críticas y alternativas, y siempre tuvo una actitud constructiva en el Parlamento. La prueba más clara de lo que acabo de decir sucedió en esta sala durante el presupuesto nacional del año 2000. En ese momento, el país tuvo presupuesto nacional porque el Frente Amplio dejó de intervenir en el Parlamento para que los tiempos constitucionales fueran posibles y la coalición que cogobernaba pudiera tener su propio proyecto para gobernar esos cinco años. Si el Frente Amplio hubiese hablado, el Gobierno no tenía proyecto propio. ¿Por qué? Porque como sucede muchas veces las negociaciones internas, los acuerdos que buscan los partidos, las coaliciones, las subcorrientes y toda la composición que hay en un debate presupuestal determinaron que si eso no pasaba no había presupuesto nacional. Por lo tanto, esa realidad lo hizo posible con una actitud constructiva que ha caracterizado la historia de nuestra fuerza política y con ejemplos concretos, como el que acabo de señalar. Esa actitud la vamos a mantener siempre porque, insisto, no diremos que no a todas las iniciativas solo porque provengan de la actual coalición de gobierno de este país. Vamos a decir que no solo a aquellas que sean regresivas y contrarias al interés de la sociedad en su conjunto y, particularmente, de los sectores más vulnerables.

El primer aspecto que quiero determinar es el referido a la seguridad. Entendemos que se nos plantea un abordaje escaso o nulo que posee una impronta fuertemente punitiva desde el punto de vista de la convivencia social. No compartimos esa concepción. Naturalmente, hoy temprano el señor senador Carrera señalaba que faltaba una referencia más específica a la dimensión vinculada a la violencia de género, y lo compartimos. Pero, además, no nos parece una buena solución que haya una concepción y un paradigma que, en primer lugar, implique una política de una parte del sistema de partidos. Desde 1995, todas o casi todas las iniciativas en materia de seguridad –fueran del Gobierno o de la oposición– tuvieron el acuerdo de todos los partidos políticos. Hoy, eso se está cambiando. Se abandona la concepción que se podría llamar «política de Estado», para adoptar una que se denomine «política de gobierno» o incluso «política de coalición de partidos de gobierno». ¿Tienen derecho a hacerlo? Sin duda. ¿Pueden tomar esa opción? Sin duda. Pero, al menos, de 1995 a la fecha, es decir, cuando se votó por primera vez la Ley de Seguridad Ciudadana, el abordaje fue diferente. Y, en ese entonces, el Frente Amplio contaba con una minoría de treinta y un diputados en la Cámara de Representantes y ni siquiera tenía la posibilidad de hacer llamados a sala, ya que no contaba con la cantidad de votos necesarios. De todas maneras, se tenía otra concepción, pero hoy se abandona. Y, además, por un paradigma punitivista que, insisto, no compartimos y que presenta como característica fundamental no tener precedente alguno que demuestre que eso sea posible como una mejora para la calidad de vida de los uruguayos en materia de seguridad.

Creemos, asimismo, que en la redacción hay un claro sesgo no solo de lo que es el punitivismo, sino también de un desbalance, una discrecionalidad hacia el uso de la fuerza pública en desmedro del ciudadano. Así está, por ejemplo, en el primer artículo, pero no solo hay que analizar esa disposición; lo señalábamos en nuestra intervención el 28 de abril. El artículo 1.º modifica un instituto que funciona bien en el Uruguay desde hace noventa años. Eso no fue solo consignado por nuestra fuerza política, sino también por el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República en la intervención de su director, doctor Germán Aller. Con ese texto, por decirlo en términos coloquiales, señora presidenta, se corre por derecha al propio Irureta Goyena. Todos los que estamos en esta sala sabemos que Irureta Goyena no era un hombre que se caracterizara por tener una concepción liberal del derecho; más bien lo contrario.

En el artículo 11, además, se exacerban las potestades de la policía, generando una potencial indefensión ante situaciones que suelen o pueden suceder, de eventual abuso en el uso de la fuerza. Si uno observa, notará que en este mismo articulado aparece la legítima defensa, el agravio a la autoridad policial, el acortamiento de los plazos para la fiscalía y la obligatoriedad –¡obligatoriedad!– de presentar documento de identidad. Asistimos a una especie de combo que, notoriamente, establece un desbalance en la concepción punitiva de la seguridad pública. En nuestra opinión, genera un clima favorable a lo que se denomina la criminalización de la protesta, en lugar de atender lo que todos buscamos: el combate de la inseguridad.

En lo que refiere al endurecimiento de las penas es notorio que, como consecuencia de lo que acabamos de señalar, va a haber una mayor cantidad de presos en el Uruguay. Ese va a ser un dato de la realidad. ¿Por qué? Porque si en la actualidad hay una cantidad muy importante de presos, el aumento de las penas propuesto traerá esa consecuencia. Nos preocupa fundamentalmente porque ni en la presentación del Ministerio del Interior ni en la de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo vinculada a estos temas se hizo previsión alguna en materia, por ejemplo, de plazas carcelarias, de estimaciones de cuál podría llegar a ser el impacto en este segmento de la seguridad, que es tan determinante para la seguridad pública en su conjunto.

A veces se tiende a pensar que cuando una persona resulta detenida termina el problema de la inseguridad. En algunas circunstancias, el problema no termina, sino que empieza. Ni que hablar que el capítulo «Inteligencia del Estado» es otro que procede con cambios negativos y que tiene otra transversalidad en materia de seguridad. ¿Cuáles? Recién se han señalado. La ley hoy vigente obtuvo el acuerdo unánime de todo el sistema político; ahora se va a cambiar. Se va a cambiar en aspectos que, insisto, para nosotros, son complejos para la sociedad. Vamos a dar un solo ejemplo relativo al artículo 125, en el que se expresa: «Se considerarán secretos los actos, documentos, registros, actividades y cualquier otro material o insumo de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, cuya difusión pueda provocar daño a los acuerdos internacionales de cooperación en materia de inteligencia, al Estado de Derecho, a la independencia del Estado respecto de otros Estados u organismos internacionales, y a las relaciones con éstos». Acá me detengo: «Dicha clasificación será realizada por el Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, y solo se podrá acceder a la misma mediante resolución fundada del Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros». Esta redacción, sin duda, deja fuera a un poder del Estado clave en la defensa de los ciudadanos: el Poder Judicial. Esta norma cambia sustancialmente y marca todo este capítulo referido a la seguridad y, en particular, a la inteligencia de Estado. Los cambios, insisto, modifican acuerdos unánimes y eso, realmente, hace de esta norma algo muy complejo.

Con respecto a la educación, hoy solamente nos referiremos a los grandes lineamientos. A partir de mañana profundizaremos en la materia, en el articulado y específicamente en el capítulo.

A nuestro entender, se produce una centralización de potestades en el Ministerio de Educación y Cultura en detrimento de la ANEP, llevando hasta el límite –y cuando no transgrediendo– las potestades constitucionales que tiene el ministerio en la materia.

Se elimina o se reduce la participación de los docentes haciendo también un cambio de algo que tiene más de sesenta o setenta años en el país. En este caso, se ve la participación del orden docente en la conducción de la educación como un factor negativo para el desarrollo de las políticas públicas.

Por otro lado, se promueven modificaciones en el estatuto docente de modo inconsulto y de forma inconstitucional, desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Escuché con atención cuando se dijo que se habían salvado todas las inconstitucionalidades, pero no es así. Aquí, primero, se introducen cambios estructurales en materia de educación en una ley de urgente consideración; son cambios fuertes, son cambios en la gobernanza, no son accesorios. Los cambios estructurales en esta materia deben ser llevados a una ley general de educación y necesariamente se debe dar un debate y el involucramiento de los actores y de la sociedad en su conjunto. Aquí se hace en este clima: con barras vacías y en medio de una pandemia, circunstancia que hace que quienes se sientan directamente afectados por estas normas no puedan desarrollar con total libertad su derecho a la protesta, al reclamo o hacer escuchar su voz ante estos hechos.

Algunas de las modificaciones que se plantean en cuanto al estatuto docente pueden ser positivas y vamos a dar un ejemplo. Capaz que es bueno para muchos de nosotros decir y hacer que tenga cada vez más peso la formación académica en el ascenso de los educadores que el que tiene la antigüedad. Eso está bien. Ahora bien, eso no se debe llevar adelante por medio de una ley. Al respecto, la Constitución de la república establece una especial protección en la autonomía técnica, y por consiguiente es la ANEP la que tiene que llevar adelante este tipo de innovaciones, cambios u otros elementos que se proponen. Lo mismo sucede con el título universitario, al que se le busca dar una solución de índole administrativa, cuando hay un debate que se viene librando desde hace setenta años como el que se dio entre Grompone y Vaz Ferreira, que nunca se pusieron de acuerdo y todavía tenemos pendiente como país llegar a una síntesis.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta.

Decía que la solución de título universitario que se promueve en esta ley es absolutamente riesgosa porque en su contenido no tiene lo que debería ser una verdadera solución, que es ir hacia una universidad de la educación y de la investigación. Es la materia pendiente que tenemos y los atajos siempre llevan a mal camino.

Se crea también una modificación estructural que, insisto, no debería estar en una ley de urgente consideración, como por ejemplo la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública, como noción, como concepto. Reitero: eso no debería estar en una ley de este tipo. Es obvio que esta es una línea general. Ya va a llegar el tiempo de debate y vamos a ver. Hoy se hacen muchos diagnósticos catastróficos sobre la educación del Uruguay, que no compartimos. Podemos tener una visión de preocupación y hasta de autocrítica sobre algunos segmentos y resultados de la educación uruguaya, pero hacer anuncios de crisis o de catástrofes en materia de educación le hace mal al sistema educativo y, además, no honra la verdad. En materia de educación también tenemos cuestiones que nos pueden hacer sentir orgullosos; por ejemplo, que hoy tengamos la posibilidad, a través de la plataforma CREA u otras, de que miles y miles de estudiantes del país puedan tener clases pese a esta pandemia no es fruto de la casualidad, sino de una decisión de política pública llevada adelante, y hoy la tenemos como una herramienta básica para poder sobrellevar el estado en el que están el país y la región. En este caso, además, Uruguay es referencia a nivel mundial. Podríamos hablar de otros ejemplos, pero ya va a haber tiempo para hacerlo, quizá en el tratamiento del presupuesto nacional. En ese momento vamos a ver cuáles son las prioridades de este Gobierno en materia de asignación de recursos para la educación: para infraestructura, para edificios y para salarios, salarios que todos sabemos que estaban a un nivel paupérrimo hace quince años.

En lo que refiere a la inclusión financiera, entendemos que en nombre de la libertad se promueven modificaciones que, en realidad, lo que hacen es flexibilizar cambios que modernizaron al país en esta materia con respecto a la región, y voy a leer algo que me parece bien ilustrativo. Dice: «En el 2019 se continuó acentuando la tendencia de crecimiento del uso de las tarjetas de débito en Uruguay. Tras el hito que significó en el segundo semestre de 2018 que las operaciones con débito hayan superado a las de crédito, durante el año pasado se experimentó un aumento de 33 % en el uso del plástico asociado a una cuenta bancaria. […] Esto significa que en total los uruguayos pasaron el plástico por el POS unas 52 millones de veces más que en 2018. El monto total de pagos realizados con débito se ubicó en US$ 6346 millones. La cifra es 16 % más que la del año anterior, cuando se habían hecho pagos por US$ 5464 millones».

Uno entiende que, como todo en la vida, puede haber correcciones en un sistema y que este puede ser distinto, pero, en este caso, lo que ha quedado demostrado es que aquello que parecía un abismo, algo que no estaba al alcance de la ciudadanía, año a año ha ido mejorando, y esto se vulnera a través de la propuesta de este proyecto de ley.

También se pone en desventaja a los trabajadores con respecto a los empresarios, en particular cuando tienen que asumir el primer contrato de trabajo, porque esa libertad nunca opera en igualdad de condiciones para ambas partes. Sabemos que quien puede ser empleado tiene muchas menos posibilidades de elegir que quien ofrece el trabajo en estas condiciones.

A su vez, se puede estar flexibilizando el cumplimiento de normas tributarias, de prevención y control del lavado de activos, de combate a la evasión y de formalización de la economía. Creemos que el país ha avanzado mucho en esta materia, tenemos compromisos internacionales en este tema, pero las normas que se plantean pueden llevar al país a una situación negativa, tanto en su concepción general, en su imagen, que ha avanzado muchísimo en transparencia, así como en derechos concretos de los trabajadores.

Con respecto a las relaciones laborales, a lo que notoriamente refiere el artículo 388 –me tomo el trabajo de leerlo–, se dispone: «El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente». Cabe recordar el artículo 57 de la Constitución, que declara la huelga como un derecho gremial esencial. Habría que analizar –aquí lo han señalado algunos compañeros– cuál es, por quién y cómo se define el ejercicio pacífico, y a qué se apunta con ello. Y ni que hablar cuando se hace referencia a la ilegitimidad de los piquetes sin hacer una descripción. Es decir, acá lo que aparece, en nombre de la libertad, son conceptos vagos y de discrecionalidad, que significan falta de garantías para el futuro, en particular para los trabajadores. A veces tenemos la tendencia a creer que cuando legislamos lo hacemos para nuestro propio Gobierno o para nuestra propia visión, pero en realidad estas normas, como todas, son generales y abstractas. Hoy podrá haber compromisos –y uno lo asume de buena voluntad– en el sentido de que a partir de la aplicación de estas normas no va a haber restricciones para los derechos de los trabajadores, pero cuando la norma queda, hoy se aplica de una manera y mañana se puede aplicar de otra. Por lo tanto, esto en sí es un retroceso en materia de derechos para los que más los necesitan, que son los trabajadores.

Termino con tres cuestiones. En cuanto a las áreas protegidas –lo vamos a analizar en la discusión particular–, sin duda hay un retroceso con respecto a la legislación vigente, cuando en realidad habría que profundizar en esta materia y no retroceder.

En el capítulo vinculado al agro valoramos los cambios referidos a la postergación de la puesta en marcha del Instituto Nacional de la Granja. Por supuesto que seguiremos muy de cerca este proceso, que afecta o se vincula directamente con el departamento por el cual fui electo diputado, Canelones, que tiene, como saben, una particular referencia a la producción granjera.

Y quiero cerrar con estos conceptos. Muchas veces se ha dicho que en política es tan importante lo que uno propone, o lo que sale, como lo que se impide. A veces es bueno que salgan determinadas normas y otras veces es bueno que no. Y nosotros celebramos, en particular, que no hayan avanzado –como figuraban en el proyecto que ingresó al Parlamento– tres cuestiones que son pilares fundamentales. Uno es el referido a Antel, que estaba relacionado con la obligación de ceder el uso de su infraestructura, inversión hecha por el Estado; era un retroceso para Antel como empresa pública. El segundo es el capítulo referido a la tenencia de la tierra por parte de sociedades anónimas. Y el tercero es el capítulo referido a Ancap. Esos tres pilares fueron eliminados. Hubo opiniones de organizaciones sociales, así como opiniones, digamos, virtuales, de ciudadanos y ciudadanas en contra de eso. Como es obvio, el Frente Amplio, por su historia y por su trayectoria, se opuso a este tipo de iniciativas y tuvimos la feliz coincidencia en esta concepción con partidos que hoy integran la coalición de gobierno. De ese modo se pudo frenar algo en lo que ojalá no se insista en el resto del período de gobierno, porque sería un retroceso frente a definiciones que la sociedad uruguaya ya tomó y que necesariamente hacen un poco a la identidad del país.

Es por eso que nosotros reafirmamos la concepción del trabajo responsable de una fuerza política con vocación de gobierno y de transformar la realidad, que dice claramente no al retroceso en materia de derechos y se involucra en aquellos cambios que puedan hacer posibles transformaciones, evitar males mayores o simplemente respaldar políticas públicas aunque no sean de su propia iniciativa, vengan de donde vengan. Esa es una línea de política que hemos desarrollado desde siempre en el Frente Amplio y que hoy reivindicamos también en la consideración de este proyecto de ley.

Gracias.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero manifestar mi pésame por el asesinato de los camaradas, jóvenes infantes de marina, así como por el del hermano de Bernardo Pollero, compañero en el Parlamento. También quiero extenderlo a las cuatrocientas víctimas que hemos tenido el año pasado y a las cuatrocientas que tenemos todos los años como resultado de homicidios.

Por todo esto, digo que en todo momento es imperante confrontar la teoría con la realidad. Nosotros lo hicimos y vimos que la realidad muchas veces era diferente a lo que se nos decía; vimos los problemas que había en cuanto a la seguridad, y si bien no vimos el país maravilloso del que hablaban algunos, tampoco nos parece que sea desastroso. Sabemos que se avanzó en muchas cosas, pero se retrocedió en otras, y por eso proponemos un cambio. Evidentemente, los otros partidos de la coalición también propusieron un cambio. La diferencia fue clara: había que elegir entre un continuismo de lo que teníamos desde hacía quince años y un cambio. La mayoría de la población eligió el cambio, y por eso entendemos que podremos tener opiniones y puntos de vista distintos, pero evidentemente nosotros estamos abocados a cambiar el paradigma que existió hasta el 1.° de marzo de este año. Realmente, queremos cambiar la realidad y para eso trabajamos en la coalición.

Agradezco al señor presidente y al señor vicepresidente de la comisión especial, quienes supieron interpretar que los partidos que componemos el sistema político tenemos distintos puntos de vista. De ese modo, muchos de esos puntos de vista fueron interpretados y se introdujeron modificaciones. No me corresponde analizar el proyecto de ley tal como vino del Poder Ejecutivo, pero puedo decir que realmente nos sentimos interpretados por este nuevo texto que estamos comenzando a analizar y vamos a votar en general en el día de hoy.

A nuestro juicio, se imponía la necesidad de hacer cambios en materia de seguridad; lo clamaba y pedía la gente. Entonces, ¿cómo no atender esa realidad de lo que hoy es el crimen organizado y la droga, que poco a poco fueron ganando terreno en nuestro país y, lamentablemente, día tras día estamos viviendo? ¿Cómo no entender eso? ¿Cómo no confrontar la teoría con la realidad cuando vemos que en los establecimientos carcelarios todos los días se violaban –y todavía hoy se violan– los derechos humanos? ¿Cómo no interpretar esa realidad? ¿Cómo no darnos cuenta de que nuestros establecimientos penitenciarios de ninguna manera son centros de rehabilitación? ¿Cómo no querer cambiar eso? ¡Claro que lo queremos cambiar! ¿Cómo no vamos a darnos cuenta de que los números algunas veces no muestran la realidad? Me podrán decir: «¿Cómo puede ser que los números no tengan relación con la realidad?». Sí, los números decían que la pobreza en este país estaba prácticamente superada y, sin embargo, durante la campaña electoral vimos que la realidad era muy distinta.

Entonces, se podrá decir que estamos dudando de lo que informa el Instituto Nacional de Estadística. No es así; yo dudo de la forma en que se toman esos números. ¡Claro que tengo derecho a interpretarlos! Entonces, ¿quiero cambiar esa realidad? Sí, quiero cambiarla.

¿Cómo me van a hablar de los grandes avances que se hicieron en el tema de la vivienda cuando los asentamientos no dejaron de crecer en los últimos años? ¿Cómo me pueden decir eso? Bueno: quizás interpretan de otra forma la realidad que estoy viendo. ¿Cómo me pueden hablar de los enormes avances que tuvimos en la educación cuando los números nos indican –y le indican a cualquiera– otra cosa muy distinta? ¿Cómo podemos decir que todo está perfecto, que acá todos tienen igualdad de oportunidades, que hay equidad? Estas son todas palabras muy bonitas, frases muy conocidas, pero la realidad demuestra otra cosa.

Entonces, nosotros gustosos conformamos ese equipo de la coalición, en el que realmente nos sentimos confortados de que muchísimo de lo que propusimos hoy está en este proyecto de ley que vamos a votar. Entendemos que esta iniciativa refiere a muchos aspectos y, es cierto, se nos puede decir que este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración es muy extenso y abarca muchos temas. También se nos puede decir que algunos temas no son tan urgentes. Pensamos que, en realidad, este proyecto de ley de urgente consideración es precisamente eso: de urgente consideración, y por eso es por lo que el Gobierno trata de que el paradigma que mencionábamos recién, de cambio, se concrete lo antes posible. No se puede decir que como fruto de la pandemia no se puede estudiar; nosotros seguimos estudiando todos los días, pandemia mediante. No hubo ningún problema que nos impidiera continuar estudiando el articulado de este proyecto. O sea, como dice aquel paisano, cualquier excusa sirve. Aparte de eso, antes de que existiera la pandemia, o antes de que llegara al Uruguay –todo el mundo sabía que iba a llegar a este país, pero no cuándo: si en febrero o en marzo; se instaló en marzo–, ya decían que no les daba el tiempo, que no se podía. O sea, diez mil objeciones por las cuales no se podía votar este proyecto de ley de urgente consideración.

Claro que nos quedaron por el camino muchas otras consideraciones, entre ellas la personería jurídica de las organizaciones sociales. Claro que sí: está en nuestro programa de gobierno; nosotros lo planteamos. ¡Claro que queremos democratizar lo que son las relaciones laborales! ¡Claro que queremos que la dirigencia sindical sea elegida en forma democrática por el voto universal de todos los trabajadores! ¡Claro que lo queremos! Es lo que nosotros propusimos y está en nuestro programa de gobierno. ¿Acaso eso no se trata de democracia? Eso es democracia.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Ahora, lo que no nos gusta es que haya vacas sagradas, que haya vacas de las que nadie puede decir nada porque parece que son intocables. Nos negamos a eso; no estamos de acuerdo. No seremos políticamente correctos en muchos sentidos, y uno quizás sea en ese.

Por eso quiero simplemente reafirmar que estamos de acuerdo con el articulado que vamos a empezar a votar y que lo haremos en forma afirmativa. Nos sentimos muy compenetrados con el hecho de ser parte de la coalición, pero cuando tengamos puntos de acuerdo con la oposición por supuesto que también lo expresaremos, como sucedió respecto a este articulado que estamos considerando, porque sabido es que tuvimos también coincidencias con la oposición en muchos de los cambios que este articulado tuvo.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Me sumo al sentimiento de solidaridad y congoja con las familias que sufren tragedias humanas por la pérdida de sus seres queridos en estos últimos días.

A su vez, me sumo al agradecimiento y reconocimiento a la totalidad de los funcionarios que trabajaron todas estas semanas siguiéndonos la cabeza. Realmente, las discusiones en la comisión especial tomaban ribetes en todas las direcciones y por momentos no sabíamos bien qué redacción de qué artículo estábamos tratando; la verdad es que la readecuación del articulado que hoy tenemos sobre la mesa para votar habla de su profesionalismo y su capacidad.

Hace poco más de un mes el presidente de la república envió al Parlamento nacional el proyecto de ley con el rótulo de urgente consideración. En plena cuarentena y en medio de la completa incertidumbre sanitaria, laboral, financiera global, el Gobierno expuso sus propias urgencias, con todo derecho, pero lejanas –según nuestra opinión– de las urgencias de la gente. No hay que confundir temas que deben ser abordados rápidamente para mejorar la convivencia y el bienestar social, con el mecanismo de tratamiento de urgente consideración, que implica plazos exiguos e inadecuados y la permanente espada de Damocles, porque sobre lo que no se expida el Parlamento, queda vigente lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Ese fue un incentivo fuerte para trabajar, remangándonos todos, artículo por artículo, en las condiciones planteadas. Debíamos tratar en tiempo récord todos los artículos propuestos, porque peor hubiera sido –y hasta lo reconocieron hoy senadores del Gobierno– que hoy se estuviera votando la propuesta del Poder Ejecutivo. De allí a concluir que todo se pudo analizar con la profundidad que la democracia uruguaya merece, hay un trecho enorme, porque no tratamos una sola iniciativa. Habrá un único número de ley, sí, pero tratamos más de treinta leyes incorporadas en la propuesta. El tratamiento parlamentario no consiste únicamente en que los legisladores estudien y evalúen cada artículo. Un tratamiento democrático profundo obliga a escuchar todas las voces de la sociedad: gremiales de empresarios, de trabajadores, de la sociedad civil y de la academia. Es cierto que desfilaron por la comisión especial más de ciento veinte organizaciones y expertos, pero todo debió hacerse en tiempo récord y no permitió en todos los casos las profundizaciones necesarias. No creemos que esta sea la forma natural de legislar; creemos que asistimos –como ya dijimos aquel 28 de abril– a un uso abusivo de la previsión constitucional de la urgente consideración.

Por esta y otras razones vamos a votar negativamente el proyecto de ley en general.

La oposición política, las organizaciones sociales, y en particular esta bancada del Frente Amplio, sostuvieron, con fundamentos, que no había condiciones para embarcar a la sociedad en semejante debate: más de quinientos artículos y más de treinta ejes temáticos, muchos de ellos de enorme impacto en la vida cotidiana de los uruguayos. Expusimos razones de oportunidad, de sentido de la urgencia, de participación democrática, de involucramiento ciudadano, así como reparos constitucionales para solicitar que se dejara sin efecto la declaratoria de urgente consideración. Siempre planteamos que estábamos dispuestos a tratar todos y cada uno de los temas propuestos, pero nos parecía imperioso que se lo hiciera en el marco del régimen normal de tratamiento de las leyes. Sabemos que esto no fue acompañado por los legisladores del Gobierno. Se documentaron con sustento doctrinario razones de inconstitucionalidad y evidenciamos que no se trataba de un proyecto de ley de urgencia, sino de muchas iniciativas subsumidas en un único articulado, pero eso no fue atendido por parte de la bancada oficialista. Comprometimos el debate en los tiempos que merecía solicitando retirar el carácter de urgente consideración, pero tampoco fue de recibo. En ese momento el oficialismo no accedió a diferir ni uno solo de los capítulos del proyecto de ley.

En ese marco comenzó el trabajo de la comisión especial del Senado, en medio de restricciones sanitarias, con tiempos por demás exiguos, abocados al análisis de un articulado extensísimo y diverso, que en nuestra opinión no reflejaba las verdaderas urgencias ciudadanas, es decir, la pandemia y sus impactos económicos y sociales: el empleo, la informalidad, la pobreza.

El texto final aprobado por la comisión especial tiene muchas modificaciones respecto a lo que envió el Poder Ejecutivo. Ese dato en sí es eso: solo un dato. Alguien que mirara de afuera las circunstancias podría pensar que los cambios son el resultado del debate democrático, del enriquecimiento por parte de la academia y de la sociedad civil, y del contraste con la literatura comparada, pero no necesariamente y no todo es así.

La distancia entre lo enviado y la versión aprobada en comisión obedece, en primer lugar, a las corridas del propio Gobierno, que remitió temas que hasta sus jerarcas en ocasiones desconocían. Hubo autoridades que declararon enterarse en el Senado de los contenidos del proyecto de ley de urgente consideración; hubo quienes pidieron su retiro; hubo quienes comparecieron con los cambios bajo el brazo antes de oír la primera consideración en el Poder Legislativo.

En segundo lugar, hay cambios, moderaciones o giros importantísimos que fueron promovidos por el Frente Amplio, que convocó a un conjunto enorme de expertos y de organizaciones representativas de la sociedad; constituyó nodos de análisis según los temas, elaboró documentos que son de conocimiento público, se multiplicaron asambleas y juntas virtuales, instancias de dirección política y mesas transversales. Además, reunió equipos y relevó opinión calificada dentro y fuera del país. También demandó la comparecencia de la academia, de organismos internacionales y de la sociedad civil –reitero–; no rehuyó el estudio ni dio el debate por perdido en uno solo de los artículos, aunque perdió la mayoría. Esta bancada elaboró propuestas concretas y redactó, de puño y letra, sustitutivos y agregados. Ser oposición responsable y constructiva no es retórica; son horas de trabajo colectivo y compromiso de sus legisladores.

A continuación, daremos cuenta de algunos de esos asuntos en los cuales la oposición contribuyó a enriquecer el texto, a moderar propuestas o directamente a evitar daños que, de prosperar, habrían tenido consecuencias nefastas. En esos casos pudimos revertir daños, pero en muchos otros no y nos preocupa profundamente. Confiamos en que la discusión en la Cámara de Representantes pueda aportar nuevos elementos y diferir debates como la protección del medioambiente; las garantías en materia de inteligencia de Estado; la inflación punitiva indiscriminada; el potencial sobredimensionamiento del sistema carcelario; el retroceso de derechos y garantías tales como la expresión ciudadana, las movilizaciones o el derecho de huelga; la marcha atrás en la inclusión financiera y el debilitamiento del marco de prevención del lavado de activos.

No asignamos intencionalidades. Estas reflexiones son simplemente el fruto de nuestro análisis, que se puede compartir o no, pero que tenemos todo el derecho de manifestar en esta instancia. Confiamos en que el poco tiempo que resta de debate parlamentario contribuya a continuar reduciendo ese daño.

La ley que finalmente se apruebe dará las normas que regirán buena parte de nuestra vida cotidiana, compleja por demás, jaqueada por la crisis sanitaria y económica, el aumento del desempleo, el deterioro del poder de compra, la profundización de las desigualdades, el consecuente incremento de las demandas ciudadanas y la conflictividad social. A pesar de las alertas del Frente Amplio y de las opiniones de docenas de instituciones, organizaciones sociales y académicas que recogen las versiones taquigráficas de la comisión, el país tendrá un nuevo conjunto de normas regresivas y, lo que es peor, seguirá en deuda con las innumerables urgencias que se agigantan.

Argumentamos en contra de varias disposiciones relevantes que se incluían en el proyecto de ley original y que finalmente fueron eliminadas en comisión. Nos congratula –lo reconocemos– y nos alivia que eso haya ocurrido.

En materia de eficiencia de nuestras empresas públicas, por ejemplo, originalmente se pretendía que ya no pudieran comprar por el mecanismo de excepción previsto en el Tocaf cuando estuvieran en competencia. De haber prosperado esta iniciativa, se hubiera puesto en desventaja a las empresas públicas, precisamente cuando deben competir, beneficiando a sus competidores privados. Se evitó, entonces, un movimiento en dirección completamente contraria a la eficiencia del Estado, cuando ese es el nombre que paradójicamente lleva por nombre y proclama promover esa sección del proyecto de ley. Se planteaba la búsqueda de eficiencia y competitividad de nuestras empresas públicas, pero se le retaceaban herramientas básicas para poder competir lealmente.

En esa misma línea también se logró revertir la disposición que limitaba la capacidad de competir de las universidades públicas frente a las privadas en materia de asesoramiento. Se evitó también que se derogara la norma que habilita a la ANEP para contratar en forma directa la realización de pequeñas reparaciones en escuelas y liceos públicos, valioso instrumento para una gestión eficiente de la infraestructura de la educación pública.

En materia de Gobiernos departamentales, se apoyó el mecanismo que habilitaba a que estos pudieran contratar en forma directa la realización de obras conexas a proyectos llevados adelante por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Propusimos y logramos que, en pos de una mayor transparencia y eficiencia, dichas contrataciones deban realizarse a través de convenios con el propio ministerio.

En lo que respecta a empleados públicos y estructura organizativa de la Administración central, el proyecto de ley enviado por el Gobierno pretendía que el Poder Ejecutivo, por sí solo y sin pasaje por el Parlamento, pudiera definir la estructura de la Administración central. También se permitía que el Poder Ejecutivo resolviera el traslado de funcionarios de la Administración central a los entes autónomos y servicios descentralizados o viceversa, aspectos que llevaban a una concentración de potestades en dicho poder desconociendo el rol que al respecto debería cumplir, justamente, el Parlamento nacional. Estos aspectos pudieron ser revertidos a partir de las críticas formuladas.

Asimismo, argumentamos en contra de transformar en norma lo que hoy es una excepción reglada en materia de la titularidad de inmuebles y explotaciones agropecuarias. El proyecto de ley original derogaba de forma oblicua la exigencia de que en estos casos las acciones debían ser nominativas. De haber prosperado esa iniciativa, en nada se hubiera beneficiado la inversión privada en este sector fundamental de nuestra economía. Queda en evidencia –tal como surge de otros artículos del proyecto– que esta no era una iniciativa aislada, sino que obedecía a una visión, a una concepción en la cual no se priorizaba la transparencia, no se la valoraba en la organización de los mercados ni en el funcionamiento de la economía. Esta concepción, evidentemente, no la compartimos y es contraria a los esfuerzos y avances en transparencia y en calidad de las reglas de juego que Uruguay ha recorrido durante los Gobiernos anteriores, en atención a la evolución de las recomendaciones internacionales tanto en materia de transparencia tributaria como de prevención de lavado de activos.

Hemos dicho en más de una oportunidad que para la reputación y la credibilidad que debe tener un país como Uruguay para insertarse en el mundo, esa credibilidad es absolutamente fundamental. Tener buenas evaluaciones por parte de los organismos referidos a prevención de lavado y transparencia tributaria son sellos de credibilidad tan importantes como el grado de inversión en el terreno financiero.

Un comentario especial merece el haber logrado erradicar del proyecto de ley la desmonopolización de los combustibles. Siempre planteamos que era una iniciativa basada, principalmente, en un posicionamiento político-ideológico más que en ingredientes evidenciados a partir de análisis profundos. El cambio en el articulado no hace más que confirmar esta presunción porque incorpora, precisamente, el reclamo al Poder Ejecutivo de que realice todos los estudios en la materia, que abarcan los temas que el Frente Amplio decía que no estaban estudiados ni fundamentados.

No vamos a votar el capítulo I de la sección IV, «Regla fiscal». En rigor, lo que se propone allí no es una regla fiscal, no tiene la institucionalidad ni los parámetros de una regla fiscal; es una regla meramente indicativa y sin consecuencias en caso de no cumplirse. No agrega elementos sustanciales en materia de salvaguardas a la salud de las cuentas públicas. Planteada así no supone una mejora a la regla fiscal que por mandato constitucional ya rige en Uruguay y que obliga al Poder Ejecutivo a contar con la aprobación del Poder Legislativo para aumentar la deuda por encima de determinado tope.

Habiendo sido este un tema central de campaña electoral del actual Gobierno, esta formulación resulta, al menos, decepcionante. Queda en evidencia, también en este caso, la inconveniencia de tratar esta temática con carácter de urgencia en este contexto, porque el diseño y la redacción de una verdadera regla fiscal –a la vista está– requiere más tiempo y otras circunstancias.

Lo dijimos en comisión y lo volvemos a decir acá: estamos abiertos a analizar alternativas en esta materia, pero dejando en claro que no debemos caer en la falsa ilusión de que la mera instalación de una regla fiscal resuelve de manera casi mágica los resultados deseados en las cuentas públicas. Incluir disposiciones de este tipo en medio de una incertidumbre extrema como la que estamos atravesando, carece de sentido. Por un largo tiempo no existirán las condiciones indispensables para computar variables básicas que permitan construir una verdadera regla fiscal, como por ejemplo el crecimiento estructural de la economía uruguaya. ¿Quién se anima a estimar razonablemente el producto potencial del Uruguay en el mundo de hoy, con el marco de incertidumbre global, con el marco de incertidumbre regional, con el marco de incertidumbre de la propia economía nacional y con el funcionamiento irregular de los mercados, el comercio y las finanzas? Por un largo rato esa variable no va a poder ser estimada con un mínimo de confiabilidad como para ser soporte de una regla fiscal. Poner en un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración una norma que no se va a poder implementar adecuadamente por algunos años, parece más un saludo a la bandera que otra cosa.

Tampoco vamos a acompañar las disposiciones incluidas en el capítulo IV de dicha sección, que figura bajo la engañosa denominación «Libertad financiera». En este caso, bajo un relato inspirado en la libertad, se esconden –según nuestra visión– retrocesos significativos en materia de inclusión, de formalización, de transparencia y de combate al lavado de activos. En efecto, se da marcha atrás en buena parte de la Ley de Inclusión Financiera, afectando el acceso gratuito a los servicios financieros, en particular de los sectores históricamente excluidos del sistema financiero formal, y debilitando mecanismos que promueven la formalización en el mercado de trabajo. Ello resulta más preocupante en el marco de la actual pandemia, cuando la crisis empuja naturalmente a una mayor informalidad, y el acceso y el uso de medios de pago electrónicos resultan necesarios y convenientes, tal cual lo recomiendan las propias autoridades sanitarias.

Llama la atención que la proclamada libertad de elección del trabajador –de la que tanto se habló y respecto a la cual se hicieron promesas durante la campaña– haya quedado muy debilitada en los hechos –diríamos que casi quedó por el camino–, en manos de un poder de negociación desigual en la relación con el empleador en lo que respecta a la forma en que se cobra el salario, en una negociación y diálogo que se daría, justamente, en el momento en que el trabajador está consiguiendo su empleo. No se fundamenta, ni en la exposición de motivos ni en otros ámbitos, la ventaja de permitir el pago de remuneraciones en efectivo. Esto implicará un perjuicio importante para los trabajadores –no tenemos dudas–, en particular en los sectores con mayor propensión a la informalidad, tanto en relación con la cobertura de la seguridad social como con la posibilidad efectiva de acceder al sistema financiero formal de manera gratuita.

Se plantea la necesidad –también lo escuchamos hoy– de evaluar los impactos de la Ley de Inclusión Financiera, y nuestro compañero, el señor senador Mahía, ya daba algunos datos al respecto. En cuanto a la utilización de medios electrónicos, vale decir que hoy hay más de cuatrocientas mil nuevas cuentas de sueldos en el sistema financiero, con las ventajas que esto implica para los trabajadores. En el país hay más de dos millones de tarjetas de débito asociadas a cuentas bancarias, pero también más de un millón trescientas mil tarjetas que son instrumentos de dinero electrónico, emitidas por entidades no bancarias, porque la Ley de Inclusión Financiera le generó competencia al sistema bancario en lo que hace a los instrumentos de pago electrónico. Esto echa por la borda la formulación que a veces se escucha de que la Ley de Inclusión Financiera es meramente una ley de bancarización. Ya señalamos en comisión varios aspectos que contradicen esa afirmación. Además, hoy los bancos tienen una competencia que antes no tenían, hay muchos servicios que están obligados a dar de manera gratuita, cuando antes de la Ley de Inclusión Financiera cobraban, y bien cobrados.

Asimismo, la proporción de pagos con medios electrónicos en el total de pagos del país, en el total de pagos que hacemos los uruguayos, pasó del orden del 8 % al momento de entrar en vigor la ley, a más del 40 % en la actualidad. No dudamos en decir, entonces, que la sociedad uruguaya abrazó el proceso de inclusión financiera y de utilización de medios electrónicos en el sistema de pagos. Y eso nos permite, además, ver a un Uruguay que se mueve en la dirección en la que lo hace el mundo entero. Ir en la dirección de debilitar la inclusión facilita, sin dudas, mecanismos de evasión de tributos y aportes a la seguridad social. El Gobierno debería ser el primero en sentir preocupación por estos efectos muy previsibles, dada la necesidad compartida de corregir las cuentas públicas.

Por otra parte, los cambios incluidos en la ley de urgente consideración implican un notorio retroceso en materia de transparencia. Nuevamente aclaro que no estamos asignando intencionalidad, sino que esto es fruto de un análisis que puede ser compartido o no. En nuestra visión, la transparencia se ve debilitada por algunas normas, revirtiendo los avances registrados en los últimos años, que no empezaron con los Gobiernos del Frente Amplio –nosotros no tenemos la visión refundacional de que un país nace cuando uno entra al Gobierno–, sino que se iniciaron en el Gobierno previo; pero, sin dudas, los tres Gobiernos del Frente Amplio promovieron un avance sustancial en esta materia.

Decimos que hay un debilitamiento cuando vemos –según nuestra interpretación, reitero– un relajamiento importante de los controles en materia de lavado de activos, porque no solo se aumenta el tope máximo para la utilización de efectivo a cifras notoriamente excesivas, sino que se derogan las sanciones por incumplimiento –repito: se derogan las sanciones por incumplimiento–, vaciando de contenido la norma. Este retroceso será, sin duda, aprovechado, quizás, por quienes no queremos que lo aprovechen, mientras que la reputación del país en esta materia se hiere. Y esa reputación –reitero– es fundamental como un valioso activo para todos los uruguayos.

No creemos que poder hacer transacciones con USD 100.000 en efectivo, en billetes, pueda ser parte de una estrategia eficiente de combate al lavado de activos y, por ende, a los delitos que lo generan.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Decía que no nos caben dudas –no solo por lo que pensamos nosotros, sino por lo que plantearon casi todos los expertos en la materia en su comparecencia ante la comisión– de que estas modificaciones nos van a traer problemas en las futuras evaluaciones de los organismos internacionales especializados en la materia. Afectar la reputación del país en esta dimensión flaco favor le hace a la credibilidad imprescindible que un país pequeño como el nuestro necesita para insertarnos en un mundo cada vez más complejo.

Asimismo, discrepamos de la disposición que limita el ingreso a la función pública, que nos retrotrae a una política a nuestro gusto fracasada en la década de los noventa. Esta norma llevará a un vaciamiento de los recursos humanos más calificados en los organismos con menor retribución, privándolos, al mismo tiempo, de captar talentos jóvenes que contribuyan a la mejora de la eficiencia en la gestión pública. Esta propuesta, por otra parte, se basa en una premisa falsa referida al aumento generalizado de empleados públicos, cuando en la Administración Central, sin incluir los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, estamos hablando de poco más 20.000 vínculos laborales, que además han permanecido estables en los últimos diez años. Donde sí aumentaron los vínculos –que no es equivalente a funcionarios– fue en educación, en salud y en seguridad, áreas priorizadas por los Gobiernos del Frente Amplio y que el actual Gobierno excluyó de la limitación para el llenado de vacantes. Por lo tanto, todos coincidimos en que estas son áreas en las que no se deben retacear recursos humanos.

Quiero adicionar una referencia a un tema relevante que tendremos que abordar, ineludiblemente, en los próximos tiempos. Estoy hablando del sistema de seguridad social. Aquí se aprobará la conformación del Comité de Expertos para que elabore un diagnóstico y propuestas en la materia. Vamos a acompañar esa propuesta porque logramos que se explicite que el análisis abarcará todas las áreas de la seguridad social y no solo el régimen general, y que en la integración de este comité se incorporará la diversidad de visiones que reflejan a las diversas organizaciones sociales: empresarios, trabajadores, pasivos y partidos políticos. Esto nos parece sustancial porque este tema debe –ahora sí– ser objeto de una política de Estado y eso presupone la participación amplia de toda la sociedad.

Por estas y otras consideraciones que nuestros colegas de bancada han desarrollado y seguirán desarrollando es que vamos a votar negativamente la ley en general. Además de tratarse en tiempos demasiado exiguos –en régimen de urgente consideración–, refleja en general un posicionamiento político-ideológico con el que discrepamos y nos sentimos distantes. No obstante, acompañaremos artículos que consideramos que van en la dirección correcta –no tenemos por qué negarlo–, muchos de los cuales se han modificado, a partir de nuestros planteos, para mejorar las normas o reducir los daños. Pero que quede claro: somos contrarios a la ley.

El número de artículos que vamos a acompañar no es reflejo de un apoyo integral, porque lo importante es la sustancia y no la cantidad. La desmonopolización de los combustibles era un solo artículo; imponer a Antel que abriera su infraestructura eran dos artículos; la reglamentación del derecho de huelga es un artículo; la criminalización de los piquetes y las movilizaciones son dos o tres artículos. Resulta nítido que no se pueden sacar esas conclusiones políticas a partir de estadísticas sobre la cantidad de artículos.

En definitiva, este proyecto de ley refleja una visión de país con la que discrepamos y, por eso, no lo vamos a apoyar.

También reivindicamos –siguiendo algunas intervenciones precedentes– las bondades del sistema político uruguayo, que nos distingue en el mundo y nos enorgullece. Discrepamos en muchos temas y tenemos posiciones político-ideológicas distantes en múltiples dimensiones, pero la sabiduría del pueblo uruguayo no nos perdonaría que no administráramos esas diferencias de manera civilizada y en el marco del derecho. No hacerlo así solo le abriría la puerta a posiciones autoritarias y dictatoriales a las que no queremos retornar.

Muchas gracias, señora presidenta.

9) PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA BARRA

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero saludar la presencia del señor presidente de la república en la barra, con naturalidad, sin formalismos, en un gesto que es una reverencia de un republicano a las instituciones democráticas, en este caso, el Senado de la república. Creo que es un gesto de enorme valor.

SEÑORA PRESIDENTA.- Hacemos extensivo el saludo al resto de quienes lo acompañan, que también son conocidos de la casa.

10) TRASMISIÓN DE LAS SESIONES DEL SENADO POR LAS REDES SOCIALES

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero agregar que nos acaban de informar que desde el inicio de la sesión nos han estado siguiendo permanentemente, a través de todas las formas de comunicación de que disponemos –Facebook, Twitter, Instagram y el canal tradicional del Parlamento–, más de doscientas setenta personas, con oscilaciones según los horarios. Creo que es una buena noticia, en virtud de que había preocupación de varios señores senadores en ese sentido. A través de los equipos del Senado se pudo dar respuesta a la inquietud y logramos la mayor transparencia que podíamos tener en una sesión de estas características, en vistas de la situación sanitaria.

Me parecía importante compartir este dato con los señores senadores.

Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BERGARA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Bergara.

SEÑOR BERGARA.- Mientras hacía uso de la palabra, obviamente no me percaté de que a mis espaldas estaba presente el señor presidente de la república.

Quiero reafirmar las palabras del señor senador Botana en el reconocimiento a su presencia. Obviamente, es un elemento que realza esta sesión, porque realmente estamos abordando un proyecto de ley importante para el país. Esto muestra, como decíamos recién, la madurez del sistema político, aun en las diferencias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR COUTINHO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: como bancada del Partido Colorado queremos decir que no nos parece un gesto menor que el presidente de la república esté siguiendo tan de cerca esta sesión. Por lo tanto, como integrantes de la coalición, queremos saludar su presencia.

El señor senador Bergara expresó algunas palabras que yo hubiera dicho si él no hubiera pedido antes la interrupción. Mientras un representante de la oposición criticaba tanto este proyecto de ley que varios estamos impulsando, el propio presidente lo estaba siguiendo con su presencia. Ojalá mantengamos este Uruguay, con el tono en que se están tratando las diferencias sobre este proyecto de ley en el Senado de la república.

Muchas gracias, señora presidenta.

11) PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Volviendo a la consideración del tema que nos convoca, puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Los señores senadores Gandini, Viera y Camy mencionaron las palabras de Zelmar Michelini en oportunidad del tratamiento de la modificación de la Constitución de la república de 1966, que introdujo el mecanismo de la ley de urgente consideración. Decía: «En las leyes de urgencia, el Parlamento mantiene intactas sus facultades y posibilidades y puede, por supuesto, rechazar expresamente cualquier proyecto del Ejecutivo. Lo único que tiene es la obligación perentoria, inaplazable, de reunirse y emitir opinión, y en caso de que así no lo haga, el correr de los plazos, permitirá la afirmación y validación del proyecto del poder Ejecutivo.

En lugar de que el tiempo juegue a favor del desinterés y la inoperancia, cuando no la insensibilidad de un grupo de hombres, las leyes de urgencia obligan a que los plazos sean un elemento a favor de las soluciones que se propongan». Y sigue el texto, el sabio aporte de Zelmar Michelini.

Quiero aclarar que ninguno de los que ha utilizado este texto, ni mucho menos quien habla, cometería el sacrilegio de enrostrar en el debate dichos de un sagrado del batllismo y de la izquierda con ánimo de destrucción. Lo utilizo sí como respetuoso fundamento y para que tomemos conciencia del imperio de las circunstancias en los tiempos en que nos toca decidir las cosas.

Las herramientas siempre son relativas. Lo que no cambia es la esencia, los principios, los valores, las convicciones fundamentales de cada uno de nosotros. Las herramientas son eso: herramientas, que deben sí ser respetuosas de un sistema, pero no son otra cosa. Por lo tanto, creo que hemos hecho el mejor de los usos de esta herramienta. El Gobierno está consiguiendo sus valiosas metas, una ley que será la base de los cambios necesarios para el país que se viene, y en un tiempo breve.

El proyecto de ley de urgente consideración tuvo todo el debate necesario. No hubo, seguramente, tiempo para la cháchara discursiva ni para largas negociaciones entre nosotros para reflejar nuestros eslóganes de campaña. El debate fue exigente y completo; fue a la esencia de los temas. Fueron días en que las organizaciones pusieron encima de la mesa sus opiniones más importantes y consiguieron claros resultados. El Gobierno escuchó al país, a la interna partidaria, a los partidos de la coalición y a la oposición. A su vez, la oposición vio reflejado su pensamiento en varias partes del proyecto de ley y votó la mitad de los artículos en la comisión. El Parlamento trabajó duro y produjo. El tiempo fue dedicado al trabajo, no a otra cosa más que a trabajar, a construir. No se perdió excesivo tiempo en discutir aquellas cuestiones en las que ya sabíamos que no íbamos a alcanzar los acuerdos, pero hubo tiempo sí para construir aquellas soluciones que nos pudieron unir.

El Gobierno escuchó también en aquellos asuntos en que no estamos de acuerdo, pero en los que se considera que el adversario político tiene argumentos valederos que merecen ser incorporados a los razonamientos. Hubo preocupación por eliminar de la legislación todo aspecto que pudiera ser lesivo de intereses o de principios de una porción de la sociedad. La mayoría, que siempre es circunstancial, debe ser aprovechada para edificar un mejor país, y no para salirse con la de uno.

Creo que también para la oposición la experiencia ha sido positiva. Aquel día del primer debate querían desterrar el proyecto de ley; hoy van a votar la mitad de los artículos, y eso nos da alegría, porque quiere decir que no era tan malo. Algún artículo se cayó en la interna de la coalición, porque preferimos estudiar y discutir con mayor profundidad ciertos asuntos. Algunos pasaron a otros proyectos de ley que ya ingresaron al Parlamento, como los vinculados a Antel y antes el de telemedicina. Ningún artículo importante se cayó por otra cosa.

Este es el nuevo Uruguay, que quiere ser igual al viejo Uruguay, un Uruguay a la uruguaya, un país donde se conversan las cosas y la gente se entiende, donde no prima el egoísmo ni la soberbia apaga la contribución del otro, sea del lado que sea. Compañero de la coalición o integrante de la oposición es lo mismo si quiere aportar, si tiene algo con sentido formal o sustantivo. El proyecto de ley se abrió a la crítica y a la reconstrucción. Cien veces nos hicieron aportes para mejorar y otras cien fueron críticas que siempre escuchamos, y no en pocos casos nos hicieron dar vuelta en el camino que pretendíamos emprender o en el mecanismo que íbamos a llevar a cabo. Estas diferencias nunca fueron motivo para no buscar caminos comunes. El consenso nunca es derrota. Para el que tiene la mayoría avenirse al consenso es tener la sabiduría de la estabilidad. Las leyes de amplio apoyo son duraderas, firmes raíces de inversiones duraderas, de conductas permanentes y de acciones acumuladas con un mismo sentido. El consenso en el rumbo compartido acarrea firmeza en el destino, elimina las dudas que distraen el esfuerzo, potencia la acción y trae consigo la alegría que siempre da la paz.

En materia de seguridad el proyecto de ley de urgente consideración encontró al Gobierno y a la oposición en lugares distintos, bien distintos. Nosotros tozudamente defendemos a la familia, al trabajo y a la policía, mientras que la oposición defiende unos tales nuevos valores: la institución familiar como etapa superada y la justificación de conductas que nosotros ni siquiera hemos podido comprender. Aún no llegamos a comprender los valores de la sociedad que se propone. No sabemos si es la aceptación del cambio como se da o un nuevo modo de convivencia que se está proponiendo desde lo político. No conseguimos traducir cosas que nos cuesta aceptar. Seguimos creyendo en la familia, en la paz, en el trabajo y en su defensa como medio de progreso de la sociedad y no únicamente como espacio para la disputa de intereses políticos. Creemos en la libertad de andar por la calle, ir a una parada, esperar el ómnibus con tranquilidad, caminar por el barrio y vivir en la casa sin que nadie ingrese a llevarse todos los sueños y a romper para siempre el tiempo futuro. Creemos que el policía es un trabajador que tiene la misión de protegernos y que debemos proteger. Cuando en la desesperación recurrimos a la ayuda policial a ninguno de nosotros se nos ocurre pensar que es un gatillo fácil. Lo vemos como nuestra única protección. ¡Y eso es! Entonces, ¿por qué desconfiar de su actitud? ¿Por qué mantener una presunción negativa de su acción? ¿Por qué mandarlo a trabajar con el peso de una acusación? ¿No será mejor respaldarlo y demostrar confianza en él y en su trabajo? ¡Es así!

Debo decir que confío en que el mañana nos encuentre a todos; confío en el diálogo, y el tratamiento de este proyecto de ley es lo que más me alienta a ese sentimiento. Si pudimos dialogar y acordar tantas posiciones en tantos temas, nada nos impide ensayar un diálogo para acordar posiciones. A unos nos tocará comprender algunas posiciones y a otros entender lo que nos pega tan duro. Seguramente, podamos conseguir actitudes comunes y estables –con fuerte base de entendimiento político– que se traduzcan en un sentimiento mayoritario que preserve valores y sepa comprender otras realidades en un entorno de paz social. Ese es el desafío de esta generación.

El distintivo de los protagonistas de este tiempo debe ser esa capacidad de construcción compartida y de crear el Uruguay como lo soñamos los uruguayos. Nuestros sueños nunca son de conflicto y disputa, siempre son de abrazos entre todos. Nuestra generación vio y soportó el Uruguay partido al medio. Vimos la victoria y el aplastamiento hegemónico de unos y el ansia de revancha en el triunfo de los otros. Ahora vino otro tiempo, llegó el tiempo del Uruguay. No es tiempo de un signo o de otro signo, sino de todos. Todos hemos demostrado que ese es el mecanismo que hemos elegido; lo demostramos prontamente –apenas empezada esta legislatura–, con hechos, y el tratamiento de este proyecto de ley ha sido la prueba. Todos tenemos conciencia de que hay cosas que no se pueden demorar: la indefensión de los inocentes, la indefensión del hogar de la gente, devolver al país la policía en la campaña y la policía caminera, la protección al que protege, impedir que nuestra cultura y nuestro deporte sucumban frente a los vándalos, dar al Estado una inteligencia que permita enfrentar el delito con eficacia, que la educación eduque, que los directores dirijan, que el Estado no gaste con irresponsabilidad, que los beneficios del Banco República o los de la UTE –que siguen siendo nuestra platita– se destinen al progreso y no al despilfarro, que la pequeña empresa viva y se la ayude, que los combustibles sean energía para el desarrollo y no simples medios recaudatorios, que se independice al que regula y al que controla para que evite el desvío, que el Estado compre lo que debe comprar y del modo que debe comprar y que lo haga por igual en todo el territorio de la república, que no se use el mecanismo de agilidad estatal para evadir la competencia ni para pagar más caro, que se respete al que quiere trabajar y producir, que se tienda una mano al colono, que se fortalezca nuestra cadena de producción exportable, que se cuide a los animales –a todos los animales–, que se proteja la naturaleza y el trabajo con tanta fuerza como equilibrio, que las relaciones laborales sean relaciones de trabajo y no fuente de discordia, que la banca no se sirva del sudor del trabajo nacional, que el techo sea más fácil de conseguir, que no se le siga metiendo la mano al interior, que los niños que esperan un hogar lo puedan tener sin que siga pasando el tiempo eterno.

Este proyecto de ley modificará estos aspectos imprescindibles: algunos completamente, otros de manera parcial.

La pandemia ha hecho que el alcance de este proyecto de ley se quede corto.

Otras cuestiones, tan imprescindibles como las señaladas, estarán esperando. Esperemos que nadie nos tenga que avisar que esas otras cosas también son de urgente resolución.

Estoy seguro de que ante la iniciativa del Poder Ejecutivo daremos respuesta con la misma dedicación y determinación, y lo haremos todos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Buenas tardes a todos. Es un gusto poder exponer y me sumo a las condolencias que se han planteado.

(Dialogados).

–Voy a centrar mi exposición en cinco puntos: haré una caracterización general del proyecto de ley; hablaré de cada uno de los tres ítems que me llevan a hacer esa caracterización, para finalmente aludir a los vínculos entre esta iniciativa y otros aspectos de la coyuntura económica y social que inciden.

Con respecto al primer punto, la caracterización general del proyecto de ley, quiero decir que nosotros caracterizamos esta iniciativa de manera global como una norma conservadora y restauradora.

Tengo en mi poder un cuadro del que voy a leer las conclusiones básicas, pero estará a disposición la versión taquigráfica. Muchos de los ministros que pasaron por la comisión y muchos de los senadores expresaron que parte de los justificativos de este proyecto de ley es la herencia recibida. Quiero decir que si me dan a elegir entre gobernar con la herencia de 2005 o con la herencia de 2020...

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores senadores: hay mucho ruido en sala y me gustaría poder facilitar el trabajo a los taquígrafos, además de amparar al orador en el uso de la palabra.

Puede continuar, señor senador Olesker.

SEÑOR OLESKER.- Voy a volver a mi terminología porque en un tuit dije algo sobre la crisis del 2002 y se me interpretó mal. En realidad, la crisis no es del 2002; hablar de crisis como si fueran icebergs es un error. La crisis fue desde 1999 a 2004, es decir que hubo cuatro años de caída del producto. Entonces, prefiero vivir con la herencia actual y no con la de 1999-2004. Además, si me la cambiaran, arranco pelito –como decíamos cuando éramos jóvenes–, no la devuelvo.

Voy a dar algunos datos: en el 2005 el PBI era de USD 13.200:000.000, hoy es de USD 60.000:000.000. En el 2004 había una informalidad del 42 % y ahora es del 24 %. La tasa de desempleo era de 13,7 % y al 2019 era de 8,9 %, y me adelanto al comentario del senador Gandini, que tomó la tasa de desempleo de febrero, pero creo que hay que tomar la tasa promedio anual para poder comparar.

A la salida de 2004 el salario real era igual al salario real de 1984, es decir que todo el esfuerzo de crecimiento del salario real hasta 1989 –luego no creció más–, se perdió. En el 2004 el salario real era de USD 104, comparado con 1984, y hoy estamos en USD 170, o sea que la herencia es USD 170. El salario mínimo era de USD 70 y hoy es de USD 400. La pobreza representaba el 39,6 % –comparto el criterio de que hay varias formas de medir la pobreza, pero la pobreza por ingresos es muy importante– y hoy es de 8,5 %. El coeficiente de Gini era de 436 y hoy es 382. Por lo tanto, no creemos que la herencia de quince años justifique ninguna medida. En un solo rubro estamos peor, que es el de resultado fiscal, pero en doce resultados estamos mejor, en términos de situación económica y social. No es lo mismo un déficit fiscal alto con USD 13.000:000.000 de PIB, que con USD 60.000:000.000. Aquí se ha hablado mucho de la deuda, pero debo decir que la deuda sobre el producto, que es de 66 %, era de 105 %.

Vayamos ahora a la caracterización, que no es la herencia. Esta ley quiere transformar la sociedad y la economía uruguaya con un sentido liberal, desregulador, privatizador, concentrador y punitivo-represivo. Creemos que esas son las cinco características principales de la ley. Esto no cambia la votación; voy a decir algo que ya expresó el señor senador Bergara, pero con otros números: no se pueden analizar promedios de votación. Nosotros votamos el 100 % en la Ursea, en la Ursec, en las pymes y en algunos más que no recuerdo. Pero quiero decir que votamos seis artículos en diecisiete en normas penales; diez en veinticinco en legislación policial; cero en seis en privados de libertad; uno en seis en inteligencia; diecisiete en setenta y nueve en educación; cero en siete en regla fiscal; uno en diez en libertad financiera; cero en cuarenta en desalojo exprés, como le llamamos nosotros al arrendamiento sin garantía. Entonces, no vale contar el promedio, sino cuáles capítulos tuvieron esta votación y cuáles tuvieron otra, porque los promedios nunca son representativos.

Para finalizar este primer punto, quiero decir que esta confusión entre cuanti y cuali o entre promedio y votación puede ser resumido con una frase de Antonio Machado, en cuanto a que a veces confundimos valor con precio. Esto es lo que sucedió en esta discusión.

Paso ahora al segundo punto, que es una de las primeras características que anuncié: la desestatización. Lo primero que hay que preguntarse es qué significa desestatizar, porque estamos muy acostumbrados a mirar el Estado desde diferentes modalidades. En una economía capitalista el Estado interviene siempre; no se discute si interviene o no. Lo que hay que discutir es la manera de intervenir y ahí hay que referirse a algunos desarrollos teóricos más modernos, para que no crean que estamos hablando de la discusión del Estado con literatura histórica. Me refiero, por ejemplo, a François Perroux y su análisis de la comunidad europea. También está James Robinson, en el libro El pasillo estrecho, de 2019, o sea bastante reciente. Básicamente se dice que el Estado puede intervenir subsidiariamente, generando condiciones para que el mercado funcione correctamente y dando garantías, o intervenir estratégicamente. Eso significa que interviene para modificar la asignación de recursos que se haría en condiciones de un mercado que es generador de desigualdad.

Voy a poner dos ejemplos para que se entienda: uno social y otro económico. La evolución de los salarios sin negociación colectiva en general es descendente o estancada, según lo que ha mostrado la historia del Uruguay. En la evolución de los salarios con negociación colectiva, o sea, desde 1945 a 1957, de 1985 a 1989 y desde 2005 a 2019 –es decir los tres períodos en los que Uruguay gozó de negociación colectiva por rama de actividad tripartita–, el salario real creció.

Voy a poner otro ejemplo que es menos conocido: en 1996 este Parlamento aprobó una ley de inversiones que establecía que debían clasificarse por nivel de empleo, por localización geográfica y por uso de tecnologías. Desde 1996 a 2007 eso no se reglamentó, no hubo una matriz de cálculo y daba lo mismo, si una inversión era considerada de interés nacional, se subsidiaba fiscalmente, independiente de estas tres variables. La reglamentación de 2007 que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas cambió eso; ahora no es lo mismo el subsidio fiscal si genero empleo o si no, o si me localizo en Canelones, en Tacuarembó o en el centro de Montevideo. Entonces, está claro que lo que estamos discutiendo es esto.

También voy a dar algunos ejemplos de cómo se da la desestatización, de la reducción del papel del Estado en esa triple dimensión de privatización, desregulación y desinstitucionalización.

El primero es la eliminación de la institucionalidad sistema de educación pública; aun con el reingreso de la coordinadora nacional de la educación pública, no hay forma de decir que en un sistema –que se llamaba sistema de educación pública y ahora es sistema de educación– el hecho de que ingresan los privados y otros actores en su órgano de conducción signifique un cambio en la lógica de privatización en el sector educativo. La literatura internacional sobre privatización en educación nos dice que hay dos maneras de privatizar: privatizar «en» o privatizar «de». Acá no hay privatización «de», no se venden instituciones públicas al privado, hay privatización «en», porque se introduce la lógica del mercado dentro del sistema educativo. Ese es el primer ejemplo.

El segundo –solo lo voy a mencionar porque quiero hacer una especial intervención cuando discutamos el artículo– es la existencia de dos estatutos de trabajadores lesionando derechos laborales, lo que es absolutamente contrario a cualquier norma de regulación pública. Imagínense eso en el sector metalúrgico, de la construcción o el textil; ¡esto sería una barbaridad! En el sector educativo sigue siendo una barbaridad.

En tercer lugar, se restringe el derecho de huelga en contra de la opinión en general de los expertos que vinieron a la comisión.

En cuarto término, se otorgan al Mides amplísimas facultades de contratación. Quiero decir que en esto hubo un avance porque el artículo 307 original no tenía límite, y ahora el límite es el doble de la compra directa, pero sigue estableciendo amplísimas potestades; yo que estuve en ese ministerio puedo asegurarlo.

En quinto lugar, se pretende crear un sistema de arrendamiento sin garantías que desinstitucionaliza y desregula un mercado como el de los alquileres, que no funciona muy bien. En vez de avanzar hacia mayores regulaciones, para romper algunos problemas de la vieja ley de alquileres, que es de la época de la dictadura, se avanza en el sentido de la desregulación.

Por último, en sexto término, las normas aprobadas en áreas protegidas también significan un debilitamiento de la política institucional.

Voy a ingresar a la segunda característica de la concentración. En este caso, nosotros decimos que el proyecto de ley de urgente consideración –en mi último punto lo voy a vincular a otras medidas concentradoras– genera concentración de poder, de riqueza, en los propios servicios públicos y en la actividad privada. En esta lógica transversal que he tratado de hacer –no hago análisis capitulares, sino que veo características y por medio de ellas recorro los capítulos–, hay varios ejemplos relativos a la concentración. El señor senador Mahía habló del fuerte centralismo de la educación en el MEC, que rompe la lógica de la autonomía histórica. Pero, por si esto no fuera poco y concentrador, se agrega que, dentro del MEC, la ANEP también concentra poder internamente para dárselo al Consejo Directivo Central. De esta manera, se eliminan, el Consejo de Educación Primaria, el Consejo de Educación Secundaria y el Consejo de Educación Técnico-Profesional como colectivos conductores de la política educativa. No creo que sea solo para sacar al docente que está allí, porque, seguramente, eso también está incluido. Básicamente, es para concentrar la política educativa, porque el MEC le quita autonomía al Codicén y este a los Consejos Desconcentrados. Por lo tanto, en el sistema educativo hay una fuerte concentración de poder. Esto se fortalece –podría parecer contradictorio porque a los directores de los centros educativos se les da mucho poder y descentralización– y es compatible con esta concentración para arriba; a su vez se concentra para abajo, dando poder discrecional a los directores para cooptar y para elegir. Y eso es absolutamente contrario a las normas de un estatuto de función pública. Casualmente, concentrar poder hacia arriba y también abajo coincide con las recomendaciones que en materia educativa han hecho el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la mayoría de los organismos internacionales de crédito, que durante muchos años –en especial en la década de los noventa– financiaron las reformas educativas, en particular, en América Latina y en Uruguay, donde fue muy potente y en una dirección privatizadora. De privatización «en» y no «de».

También voy a mencionar lo que tiene que ver con la regla fiscal. El senador Bergara hizo una afirmación respecto de eso. En la presentación que hice en la primera sesión que tuvimos, hablé de tres características de esta regla fiscal, que es innecesaria, porque ya hay un tope de deuda y, en todo caso, este es peor. Varios senadores en la comisión han dicho que es un tope de deuda que nosotros levantamos con mayoría parlamentaria, y es verdad. Pero también es verdad que esta regla ni siquiera tiene control parlamentario porque el supuesto crecimiento potencial y el Comité de Expertos los fija el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en este caso, no va a ser necesario levantar la restricción fiscal porque con esta modalidad no va a haber control parlamentario. Además, es una regla fiscal fuera de la realidad. Quizás, dentro de dos años, podemos discutir sobre esto; aunque tal vez tengamos la misma posición, podremos hacerlo. Ahora bien, la Unión Europea decidió dejar temporalmente de lado su regla fiscal –que establece que no puede haber un déficit fiscal superior al 3 % del producto interno bruto– y encomendó a los países endeudamiento y gasto por encima de ese porcentaje, para financiar la pandemia. Mientras tanto, en Uruguay, a contrapelo y caminando en sentido contrario de la flecha, se pone una regla fiscal. Cuando señalamos esto en la comisión, la ministra dijo que no era de implementación inmediata. Entonces, si es así, ¿por qué lo discutimos en un proyecto de ley de urgente consideración? No parece lógico lo que se está haciendo. Además, preguntamos si había una estimación de la duración de la pandemia y de los efectos permanentes y transitorios que iba a tener porque, en función de eso, podemos fijar normas para reglas fiscales; sin embargo, sobre ese punto tampoco hubo respuesta.

Quiero terminar este bloque referido a la concentración con una reflexión de economía política, que es de lo que sé por mi formación. Los senadores del Frente Amplio que me precedieron en el uso de la palabra dijeron que la mayoría de las organizaciones que visitaron la comisión opinaron en contra del carácter represivo, de tal o cual carácter, de lo relativo a la educación y demás. Pero hubo excepciones, y la principal excepción –a nuestro juicio– fue la intervención de la Confederación de Cámaras Empresariales. Planteó coincidencias casi absolutas con la ley, con la regla fiscal y con la reforma de las empresas públicas, aunque dijo que la consideraban insuficiente; así que imagino que ahora que salió el artículo 230, relativo a la desmonopolización del combustible, estarán aún más convencidos de que es insuficiente y se sentirán menos conformes. También expresó su acuerdo con los temas vinculados a las relaciones laborales e insistió con algo de lo que no hay evidencia empírica que lo demuestre –el senador Bonomi hacía referencia a un trabajo de Ermida Uriarte–, respecto a que el mercado de trabajo de Uruguay es rígido. Repito, no hay evidencia empírica que demuestre eso. Existe la indemnización por despido, pero no hay prohibición de despido en Uruguay, y la indemnización tiene un costo bastante más bajo si lo comparamos con la legislación internacional sobre relaciones laborales.

Por otro lado, los representantes de esas cámaras dijeron algo que es un mito: que hay muchos empleados públicos, y que ven con buenos ojos la reducción que plantea este proyecto de ley. Sin embargo, no trajeron ningún estudio al respecto y, en lo personal, no conozco estudio alguno de las cámaras empresariales que fundamente por qué hay muchos empleados públicos. Como bien dijo el senador Bergara, los puestos públicos que no son de salud, de educación, de seguridad y del Ministerio de Desarrollo Social decayeron en estos quince años. Y el crecimiento de los vínculos laborales –concepto que no es el de funcionarios, pero tomémoslo así– se basa en estos cuatro sectores; en los demás, bajaron su participación.

El carácter concentrador lo dan las normas. Como veremos al final, se da en el contexto de otras leyes y, sobre todo, lo otorga el apoyo de sectores que, básicamente, tienen en la concentración y en el desarrollo en expansión de las grandes corporaciones su leitmotiv.

Quiero referirme al tercer concepto: el carácter represivo punitivo. A pesar de que está al inicio del proyecto de ley, lo dejé para el final. Lo hice por varias razones. Una de ellas es porque considero que el carácter concentrador y desestatizador son principios de la LUC y del programa que está en este proyecto de ley. Son fines en sí mismos. Sin embargo, no creo que sea un principio aumentar el carácter represivo punitivo, sino que es un instrumento claramente pensado para las contingencias que se generan a partir de este carácter concentrador y desestatizador del proyecto de ley. Acá es más difícil hacer un componente transversal porque está muy concentrado en el capítulo I, pero lo voy a hacer porque efectivamente hay un espíritu transversalmente punitivo en todo el proyecto de ley.

Como decía el senador Andrade al comienzo, los invitados sociales, los académicos y los organismos internacionales fueron casi masivamente contestes en que este es un proyecto de ley que va en un camino equivocado. El catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Montevideo –el de la Udelar fue mencionado por el senador Andrade– dijo que este proyecto de ley carcelizaba –no creo que esta palabra figure en los diccionarios de la Real Academia Española, pero seguramente sea bueno– en vez de buscar formas alternativas para enfrentar el delito. Repito que lo dijo el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo.

Voy a plantear algunos ejemplos, en este caso solo tres, porque las intervenciones de mis compañeros senadores hurgaron mucho en este aspecto. Uno de ellos es el aumento de la discrecionalidad de la policía y la posibilidad de generar condiciones de un sistema de gatillo fácil por las normas de legítima defensa, sumado al porte de armas de los retirados –esto tiene un primer paquete, que es el de la discrecionalidad y la no rendición de cuentas–, y también por la política de inflación de las penas, especialmente en adolescentes. Respecto a esto también hay aspectos cuantitativos y cualitativos. Alguien me podrá decir que la bancada de senadores del Frente Amplio dice que está mal aumentar las penas y vota el artículo que en la redacción original figuraba como el 68 –todavía no lo pude mirar–, relativo a la organización y financiamiento del narcotráfico. Sí, porque cuando es para la organización y financiamiento del narcotráfico, para el cuello blanco, para las grandes corporaciones de delitos complejos, lo votamos. Si observan, fue el único artículo que votamos; ahí también está lo cualitativo y lo cuantitativo que hoy mencionamos.

Quiero terminar este cuarto y penúltimo punto con un enfoque que claramente es transversal. Si hacemos una mezcla entre seis artículos –el artículo 388, que reglamenta el derecho de huelga, los artículos 466, 467 y 468, que declaran ilegítimos los piquetes, el artículo 11, numeral 1, que incluye dentro de los agravantes el accionar policial cuando la acción es de tres o más personas y el artículo 45, que sustituye el literal F) del artículo 20 de la Ley de Procedimiento Policial por el que se habilita a disolver manifestaciones callejeras– uno no puede no concluir que esta iniciativa tiene una clara postura de criminalización de la protesta.

Por último, señora presidenta, el quinto punto es el contexto de este proyecto de ley y voy a analizar dos elementos: la crisis económica derivada de la pandemia y el futuro de los salarios. Ambos están vinculados indisolublemente a lo que resolvamos en el correr de estos días con la aprobación de este proyecto de ley. Sobre el primero quiero decir que hay una clara diferencia –y lo hemos expresado más de una vez públicamente– en la manera en que se ha conducido el aspecto sanitario de la pandemia, del social y económico, a los que me referiré.

Quiero hacer referencia a algo que el presidente de la república –que nos ha visitado hoy– dijo en una conferencia de prensa con relación al debate sobre los impuestos del capital cuando hablamos del fondo coronavirus, pero lo voy a hacer de manera más general. Señaló en esa oportunidad que en el día después es muy importante crear las condiciones para la salida y, en particular, que no hay que hacer cosas que afecten a los que van a conducir esa salida que, en sus palabras, los llamó malla oro. Creo que está más que históricamente demostrado –hay mucha evidencia empírica sobre esto, no me daría el tiempo para usarla– lo que sucede con la vieja teoría liberal del derrame, sobre la que la señora senadora Della Ventura señaló que había que esperar a que creciera la torta para repartirla, o ahora que se la llama, en su nueva versión, malla oro. No hay evidencia empírica que sustente tal afirmación. Si no hubiera evidencia empírica internacional sobre esto, miremos al Uruguay. Hace unos dos años tuve que dirigir un trabajo académico referido al impacto sobre el empleo y el efecto multiplicador de los grandes exportadores. Demostramos, con cifras oficiales, que los grandes grupos exportadores, de los grandes consorcios, los complejos agroindustriales exportadores que representaban los veinte primeros exportadores –estamos hablando de la exportación de bienes; otra cosa distinta es la exportación de servicios y en particular el efecto empleo del turismo–, entre 2007 y 2017, redujeron, a pesar del incremento notable de su PBI y de su valor agregado exportado, el empleo en el conjunto del complejo. No es que se aumentó en menor proporción, sino que, reitero, se redujo. Son sectores de bajo efecto empleo y de impacto hacia atrás, no son generadores de grandes impactos y, por si fuera poco, su aporte al fisco en impuestos es menor. Por ejemplo, la presión tributaria en el agro es 9 % sobre el PBI según datos de la Opypa, la más baja de todos los sectores productivos.

Por lo tanto, nosotros creemos que una salida equilibrada de la pandemia, poner en marcha los motores de la economía –para utilizar otro término que usaron los ministros actuales– o hacer que estos no se apaguen, solo se puede lograr si se apoya a las pequeñas y medianas empresas, se sostiene su nivel de empleo y se las subsidia, y si se auxilia a los sectores desligados de la seguridad social. Esto es lo que están haciendo todos los países del mundo; nadie apoya a los malla oro, o nadie apoya solo a los malla oro, ¡nadie en el mundo!

Al respecto, hay un análisis comparativo de la Cepal muy reciente y mañana o pasado mañana el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración va a realizar una conferencia vía web para discutir experiencias internacionales; no la vamos a poder ver porque, obviamente, vamos a estar aquí, pero vale la pena mirar después lo que allí se diga, porque esta es la experiencia internacional, lo que están realizando todos los países. Todos, además, han adelantado inversiones. Hay países de Europa que adelantaron inversiones que tenían programadas para el segundo semestre del 2020 o para el primer semestre del 2021. Acá, en cambio, se reduce un quince por ciento el gasto en inversión pública de acuerdo con el decreto de marzo, y esto afecta notablemente la obra pública, la vivienda y, particularmente, significó la suspensión del sorteo de cooperativas del mes de junio.

La alternativa es clara, nosotros ya la presentamos. Hace cuarenta y cinco días presentamos cuarenta y dos medidas, que luego nuestra bancada de diputados transformó en diez leyes. Solo un tercio de ellas se han llevado adelante y, de ese tercio, algunas de manera…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: el senador Rubio está solicitando que se prorrogue el tiempo de que dispone.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–21 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: estoy ya en el último punto.

Como estaba diciendo, lo que no se hizo son las medidas que nosotros presentamos en su momento; algunas se adoptaron tardíamente, cuando la inflación ya se había disparado.

Sin duda, como pasa siempre en la economía, una crisis económica como esta va a generar ganadores y perdedores, no hay forma de que esto no suceda. Entonces, el rol del Estado –el Estado estratégico, no el subsidiario– es lograr que los ganadores ganen menos y aporten a la salida y que los perdedores tengan menos impactos en su vida. Esa es la lógica de actuación de un Estado estratégico frente a una crisis, no la de dejar que se amplíe la brecha –como está pasando ahora–, en términos de desigualdad y de pobreza, por actuar con la lógica subsidiaria.

Como economista, comparto la idea de que la salida de la crisis en Uruguay va a ser en uve. Ahora a los economistas nos entró la locura de poner letras a todo; entonces, decimos que puede ser una ele, o sea, caemos y nunca más salimos, o una uve, es decir, caemos muy profundamente, pero salimos rápidamente. Esa es la posición que ha manifestado la ministra de Economía y Finanzas, que la Cepal ha expresado sobre Uruguay y que nosotros creemos que puede ser así. Pero la uve no es neutra: la caída se está dando con altos costos, fundamentalmente para los trabajadores y no queremos que la salida en uve sea en base a la sobreexplotación del trabajo y a la lógica del malla oro, en la que todos los demás están esperando que algún día, los que están allá arriba, en la punta de la uve, tiren algo para abajo, cosa que –como dije– la evidencia empírica muestra que no pasa.

El segundo aspecto de este quinto y último punto es el futuro de los salarios. Ya dije, en el punto anterior, que el aumento de la inflación ha afectado mucho a los trabajadores que dependen de sus salarios, por el tipo de cambio, por el aumento de las tarifas, por actitudes oligopólicas de los mayoristas y los minoristas que han remarcado precios sin el criterio de tomar en cuenta la situación en la que se estaba. La medida del acuerdo de precios nosotros la saludamos, pero decimos que es tardía. Y todos sabemos que el impuesto inflacionario es el que hace más mal a los trabajadores y a los jubilados que tienen ingreso fijo. Pero en este caso también hay que tener en cuenta que así como la inflación no es neutra para los que tienen ingresos fijos y variables, tampoco es neutra para los que tienen ingresos fijos, dependiendo de qué productos sean los que más aumentan. Cuando los que más aumentan son los englobados bajo el rubro alimentación o vivienda –que son básicamente las tarifas–, los sectores de menos ingresos fijos son más afectados que los sectores de ingresos fijos altos, porque tienen un mayor porcentaje de gasto en alimentos y en vivienda. Doy un dato. Los alimentos deben ser aproximadamente el 27 % o 28 % de la canasta. En los sectores del primer decil de distribución –el más alto– no llegan al 10 %, pero en el sector del último decil pueden pasar el 50 %. Entonces, para quien gasta el 50 % en alimentos y capaz que el 30 % en tarifas y vivienda, esta inflación en que estamos ahora los liquidó.

Por lo tanto, nosotros queremos dejar planteada nuestra preocupación sobre la nueva ronda de consejos de salarios, porque no sabemos nada. Parecería que el viernes se van a anunciar las pautas, pero ya hay dimes y diretes sobre esto; ya se habla de que hay que hacer un convenio puente por un año, sin correctivo al final. ¿Y saben lo que dicen? –yo ya se lo he escuchado al sector empresarial–: «No; vamos a dar el correctivo de ahora». No; no van a dar el correctivo ahora; el correctivo de ahora es del convenio anterior y es ley. No está en discusión; no es un aporte a la discusión del futuro de los salarios dar el correctivo. Eso hay que darlo, no hay discusión. En todo caso, podrá discutirse con los trabajadores si se da en dos veces, etcétera, pero eso ya no depende de nosotros. Insisto: no tomemos eso como un aporte a la discusión porque eso es ley.

Ahora bien, si en el año próximo hay ajuste salarial bajo y sin correctivo al final, habrá caída del salario real. Y nosotros nos preguntamos: ¿cuál es la razón de que, si el producto bruto interno cae un 3 %, los salarios puedan llegar a caer el 7 %, el 8 % o el 10 % si hay un ajuste salarial pequeño o una inflación no menor al 12 %? No hay ninguna razón. En realidad, la razón será tratar de salir de la uve con costos salariales muy bajos y beneficiando a un pequeño grupo de grandes corporaciones económicas.

Este era el quinto punto que quería plantear. Por todas estas razones –las cuatro primeras hacen relación directa con la ley y esta hace una relación de contexto– nosotros no vamos a votar en general la ley de urgente consideración.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero expresar mi pésame a las familias de las víctimas o de los muertos en estos últimos días, en hechos tan lamentables, tan luctuosos para el país, a los que se suman los muertos de la semana anterior, la anterior y la anterior. Desde hace bastante tiempo estamos viendo que más de cuatrocientos uruguayos al año son asesinados, hecho que yo diría nos debe llamar a todos a reaccionar. En especial, le doy mi sentido pésame al funcionario del Senado, el señor Bernardo Pollero.

Quiero comenzar por decir que durante cuarenta y seis años integré una institución en la cual desempeñé distintas funciones, muy variadas: desde dirigir un hospital, de los más grandes que tiene el Uruguay, hasta ser director y fundador del liceo extraedad que tiene la institución, que todavía funciona y es uno de los pocos de esa naturaleza en el país. También formé parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ejército. Y, por supuesto, estuve en reparticiones específicas de mi carrera. En todas ellas aprendí que cuando uno llega a un lugar, hay que tratar que las cosas que están funcionando bien, sigan funcionando bien y no hacer cambios sustanciales, porque por algo funcionan bien. Pero, en contrapartida, hay que cambiar las cosas que funcionan mal. Lo que está muy mal, hay que cambiarlo más rápido, sobre todo cuando afecta derechos de personas tan importantes como el derecho a la vida. No se pueden perder meses o años en discusiones cuando hay que hacer cambios sustantivos que afectan la vida de tanta gente.

Creo que el Uruguay del 1.° de marzo estaba mal en muchos aspectos –hoy también lo está– y, por lo tanto, se requiere la responsabilidad suficiente de los gobernantes como para asumir los cambios rápidamente, sin pérdida de tiempo y sin discusiones. Se ha dicho que se debió negociar en profundidad, durante más tiempo, para dar seriedad, etcétera. Me pregunto cuánto más sería el tiempo necesario y cuál debería ser la profundidad de esas negociaciones cuando todos los días se está muriendo gente, víctima de la inoperancia del Estado y de que las instituciones que deben bregar por la seguridad de todos hoy tienen las manos atadas.

Cuando Cabildo Abierto adhirió a la coalición, lo hizo en el entendido de respetar tres puntos que para nosotros eran esenciales, y lo dijimos desde el primer momento. Podríamos decir que fueron condiciones para integrar esa coalición. La primera de ellas era la recuperación del país productivo, entendiéndose por ello la recuperación del empleo y que el uruguayo que trabaja se pueda recuperar y salir adelante sin terminar fundiéndose, como ocurre desde hace muchísimo tiempo. La segunda tenía que ver con condiciones de seguridad para todos los uruguayos y la tercera se relacionaba con el ataque frontal a la corrupción en todas sus formas. Por lo tanto, nuestra adhesión a la coalición se basó en esos tres principios cardinales y así vamos a transitar este camino.

Estamos convencidos de que esta ley de urgente consideración aborda algunos de estos temas. En cuanto a la seguridad –para nosotros el principal de estos temas cardinales–, se aborda dando a las instituciones de seguridad herramientas que hoy no tienen. Me refiero a un marco jurídico –que hoy está limitado– que les permita actuar con eficacia y con eficiencia. Se ha dicho en esta sala que en los últimos años no hubo ni un solo caso de efectivos policiales procesados por no haber sido amparados por la legítima defensa. Si bien eso es cierto, también lo es que en muchos casos es claro que han dejado de actuar por no tener el marco que los ampare. En ese sentido, creo que esta ley le da al pueblo uruguayo la posibilidad de recuperar la convivencia en paz. Esto se ha perdido desde hace tiempo, fruto de políticas equivocadas que han llevado a una escalada del delito, cuyo corolario tal vez vimos el domingo pasado, y nada nos garantiza que no siga en ascenso.

Creemos que hay que hacer algo de una vez por todas porque la situación de la seguridad está mal y me parece que en esto coinciden no solo los votantes de la coalición; más del noventa por ciento de los uruguayos está convencido de que la situación de inseguridad en la que vivimos es insostenible en el tiempo y que es imprescindible cambiar. Cuando las cosas están mal, no podemos seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo y seguir partiendo de los mismos conceptos y juicios que afirman que el delito es el fruto de la injusticia social, etcétera. Por más que haya algo de realidad en eso, está claro que acá lo que está faltando es una acción efectiva y eficaz de las fuerzas de seguridad, una acción decidida y firmeza a la hora de enfrentar el delito.

Entendemos que si bien esta ley no contempla todos los aspectos que debería –Cabildo Abierto hizo propuestas que no fueron contempladas o que, según se nos dijo, lo serán en la ley de presupuesto o en otras instancias legislativas–, creo que en esta materia aquí se dan herramientas que hoy no tienen aquellos que deben velar por la seguridad de todos los uruguayos.

Es claro que tuvimos que negociar mucho en esta ley; es claro que no todo lo que finalmente se va a someter a votación y que vamos a apoyar con nuestros votos nos resulta simpático o lo hubiéramos impulsado nosotros, pero es claro también que en toda negociación hay que ceder; todos tienen que ceder algo para llegar a un acuerdo final.

Acá se ha hablado de una especie de golpe mortal al Instituto Nacional de Colonización cuando se le habilita –por el artículo 353– la enajenación de bienes que fueron traspasados a colonización de la cartera del Banco Hipotecario. Nos hemos informado y se nos ha dicho que esos bienes, esos padrones, no fueron adquiridos en el marco de colonización, sino justamente en el marco del Banco Hipotecario con mucha anterioridad. Hace mucho tiempo, por una ley del año 2011, se pasó toda esa cartera a colonización, lo que generó juicios de inconstitucionalidad y aquellos que los llevaron adelante terminaron recibiendo la razón de la Suprema Corte de Justicia. Es decir que creemos que lo que se habilita en el artículo 353 no es liquidar, afectar ni debilitar al Instituto Nacional de Colonización, sino hacer justicia con una situación que a partir de la ley de 2011 fue notoriamente injusta.

Aquí hemos visto argumentaciones de todo tipo para justificar los errores o las cuestiones que están mal en el proyecto de la ley, pero generalmente esas argumentaciones vienen de la mano de conceptos vertidos por extranjeros, por organismos extranjeros. Se ha mencionado una y otra vez a la ONU, a tal o cual repartición, a tal o cual funcionario; siempre son extranjeros que opinan sobre el Uruguay y expresan que está mal tomar tal o cual medida prevista en este proyecto. Yo quiero pensar como uruguayo –así lo hacemos nosotros–, con nuestra mente, y no seguir comprando libretos que se escriben en otras latitudes por personas que son famosas porque tienen todos los medios de comunicación a su favor, pero quién sabe con qué intencionalidad nos quieren vender el producto. En este recinto, que debería ser casi sagrado, nosotros repetimos esas cosas como si vinieran de grandes personalidades que tienen toda la razón. Con eso pretendemos justificar leyes o modificaciones o criticar normas basándonos en conceptos elaborados en otras latitudes.

Creo que, por lo menos, debemos tener un mínimo de artiguismo; Cabildo Abierto así lo siente. El artiguismo antes que nada era autonomía de los pueblos y el Uruguay tiene que razonar por sí mismo y no a través de la mente de extranjeros que elaboran sus libretos en otros lados y acá ejecutamos como peones serviles.

Se ha dicho que se limita el derecho de huelga porque se pone límite a las ocupaciones. Esto es una equivocación, una falsedad. No se lo limita, sino que simplemente se preserva el derecho de los que quieren trabajar. Acá se preserva el derecho de quienes detentan la propiedad de las empresas. Tampoco se limita el derecho de huelga en un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes, como se ha dicho. Honestamente, no sé si se recoge lo planteado en otras épocas, pero sí sé que ese proyecto de ley recoge lo planteado por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Ernesto Murro cuando remitieron un proyecto de ley similar en octubre del año pasado, que simplemente buscaba cumplir con un artículo de la Constitución.

Acá se dijo que la extranjerización de la tierra afecta la soberanía nacional. Coincido totalmente en este punto: la extranjerización de la tierra generalizada afecta la soberanía nacional. El día en que todo el Uruguay esté en manos de extranjeros seremos en cierta forma menos soberanos, aunque esos extranjeros tengan toda la justificación para ser propietarios de la tierra. Sin lugar a duda, los Gobiernos que más han extranjerizado la tierra en la historia del Uruguay son los tres últimos: los quince años de gobierno que nos anteceden. Esos son los que más han extranjerizado la tierra, son los que más han habilitado sociedades anónimas con acciones al portador como propietarias de la tierra, a lo que nos opusimos en este proyecto. Son esos Gobiernos los que lo han hecho. Entonces, uno ve como una tomadura de pelo que ahora nos digan que eso es lo que tenemos que evitar, cuando ellos lo han propiciado. Por supuesto que nosotros somos contestes y estamos de acuerdo con que no se debe permitir o facilitar que sean los extranjeros, sociedades anónimas al portador, los dueños de nuestro territorio. Y vamos a actuar en consecuencia a lo largo y ancho de toda esta legislatura porque lo sentimos sinceramente.

Estamos convencidos de que hay que preservar la tierra, porque es la base para la producción de lo que más va a requerir la humanidad en las próximas décadas sin lugar a duda, que son los alimentos. Por eso hemos presentado un proyecto –no dio para incorporarlo aquí, porque en determinado momento se quiso poner límite a los temas de este proyecto– para limitar el descontrolado uso de la tierra con fines que la inhabilitan para producir alimentos en el futuro. Y aclaro que esa es una iniciativa para limitar, no para prohibir. Acá nosotros siempre vamos a velar por el impulso, por el rescate del país productivo, de ese país genuino que representa el esfuerzo de los uruguayos y por facilitar y estimular el capital nacional antes que al extranjero. En todo momento vamos a velar por eso y vamos a hacer todas las propuestas que sean necesarias para ello. Yo creo que este proyecto de ley tiene algunos elementos en ese sentido, como el establecimiento de un mecanismo para ir hacia una baja de los combustibles en un plazo razonable, con algo más estudiado que permita, en una ley específica, tratar ese tema tan importante y que tanto afecta a la producción nacional.

Otro ejemplo es la creación del Instituto Nacional de la Granja y otras disposiciones que se establecen aquí. Sabemos que esto es solamente una parte de todo lo que hay que legislar para rescatar ese mundo, ese país productivo que todos queremos. Nosotros vamos a luchar incansablemente y a bregar para que esas leyes se vayan presentando e intentaremos encontrar las mayorías necesarias para su aprobación.

Este proyecto de ley es parte de las soluciones que estamos precisando y por supuesto que no son todas. No vamos a hablar de otros temas porque varios señores senadores ya se han referido a ellos en profundidad, pero creo que el capítulo de la educación merece una reflexión. ¿Qué cosa más urgente hay que empezar a cambiar el camino? ¿Alguien puede decir que la educación hoy está bien? ¿Alguien puede decir que la educación no exige de todos nosotros un cambio sustancial, radical? ¿Alguien puede decir eso con un mínimo de objetividad, cuando gente que ha trabajado en educación en gobiernos frentistas, que han sido directores de educación del Ministerio de Educación y Cultura, nos ha dicho que el 70 % –estos son números que se dijeron hoy aquí– de los jóvenes que vienen de los hogares más humildes son analfabetos funcionales? Esa sola reflexión nos tiene que llamar a todos a reaccionar de una vez por todas. Creemos que acá se empiezan a hacer cambios que tendrán que ser profundizados en leyes mucho más específicas para que realmente se pueda salir adelante. Pero creemos firmemente que esta herramienta que se va a votar en estos días es útil, necesaria y que tiene que ser continuada por otras leyes que terminen de completar la atención a las necesidades de tanta gente. Por lo tanto, señora presidenta, Cabildo Abierto va a apoyar con su voto este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, señora presidenta.

En este debate nosotros tenemos posiciones diferentes que estamos intentando expresar con mucha claridad y sin caer en la descalificación gratuita.

Entiendo que puede haber valoraciones diferentes acerca del peso que tienen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, y las recomendaciones internacionales que se realizan. Se puede tener una valoración mejor o peor, por decirlo así. Lo que no corresponde y no vamos a aceptar, personalmente ni como bancada del Frente Amplio, es que ningún senador de la oposición nos caracterice como peones serviles. ¡No! Porque si desbarrancamos en el terreno, mucho menos vamos a aceptar que se nos den clases de artiguismo. Si desbarrancamos en ese terreno, algunos de los valores que venimos reclamando en el debate desde temprano, con los que trabajamos en la comisión, se pierden.

¡Hoy no hicimos adjetivaciones! Cuando dijimos que el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto es similar a la Ley n.º 15137, lo que hicimos fue leer y si los senadores leen podrán encontrar que tiene artículos similares, casi calcados, de cuando en la dictadura se intentó intervenir a los sindicatos.

Entonces, se podrá dar el debate desde el punto de vista jurídico, político, pero lo que no es bueno ni vamos a aceptar es que se caiga en el terreno del insulto o de la adjetivación, porque esa no es la forma en la que ha venido debatiendo el Senado hasta este momento.

SEÑOR MANINI RÍOS.- ¿Me permite, señora presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Simplemente quería agregar que también tiene artículos casi calcados de la ley que remitió el expresidente Tabaré Vázquez con Ernesto Murro en octubre del año pasado.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa exhorta a mantenernos en el tratamiento del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Seré breve, señora presidente.

Todos habrán notado que he permanecido callada. Es más, ni siquiera estoy anotada en la lista de oradores. Este es un esfuerzo que todos estamos haciendo para poder empezar la discusión particular.

Ahora bien, quiero decir que, si bien tengo mucho respeto intelectual por el señor senador Olesker, en lo personal me sentí agraviada; no contesté en el momento para no alterar el ritmo de funcionamiento de la sesión, pero como otros se sintieron con el derecho de hacerlo, voy a asumir el mío.

¡Cómo que no nos están atribuyendo intenciones! En especial, reitero, el señor senador Olesker, a quien he escuchado atentamente –como lo hago con todo el mundo– y que prácticamente nos ha acusado, sobre todo en la última parte de su intervención, de tener en esta ley un criterio de legislación de carácter punitivo, represivo, de criminalización de la protesta. Pero, sobre todo, lo que más me dolió –es lo último que voy a decir y no voy a dejar de hacerlo; aclaro que si todos hubieran seguido en la misma línea, yo también lo hubiera hecho– es que haya dicho que, en realidad, nosotros estamos en esa línea –por eso el señor senador Olesker dejó para el final de su intervención lo del carácter punitivo que él ve en la legislación– para imponer el modelo privatizador y de grandes corporaciones que vienen en esta ley. Incluso, en ese momento le pregunté al coordinador si acaso no se estaban juzgando intenciones, lo que por reglamento no se puede hacer.

Por lo tanto, dejo constancia de que no voy a aceptar que ningún senador de la oposición diga que nosotros venimos con un criterio punitivo para justificar un modelo privatizador ni voy a permitir que se juzguen intenciones porque, claramente, nos están atribuyendo una intención y de las más bajas.

Gracias, señora presidente.

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Si los señores senadores están de acuerdo, luego de este momento de aclaraciones, vamos a retomar el espíritu con el que veníamos trabajando.

Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 3 de junio de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos de prevención de salud, a partir del día 8 de junio hasta el 1.º de julio del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Danilo Astori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Queda convocado el señor José Carlos Mahía, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

13) PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión general del punto en consideración.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora presidenta: honestamente, no soy partidario de la grieta en el Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Sin embargo, en el mes de enero, cuando vi el proyecto de ley, me dije: la verdad es que acá, aunque queramos evitarlo, se va a producir una confrontación política y social de gran envergadura. Luego vino la pandemia y, en la comisión –en la que no pude participar por razones etarias, llamémosle así, pero que seguí muy de cerca–, vi el conjunto de transformaciones que se hicieron y me llevaron a pensar que, en realidad, había una actitud negociadora, porque si bien se mantenían ejes centrales que nosotros no compartíamos, en otros se realizaron modificaciones. Entonces llegué a una conclusión contraria a la que había llegado en el verano. Pensé que acá iba a ser posible convivir, aunque las diferencias son muy muy importantes, por lo que se mantuvo en el proyecto de ley.

No voy a hacer un inventario de los cambios que se realizaron, ya que varios señores senadores –como Bergara, Olesker, Andrade y el miembro informante en minoría, entre otros– los mencionaron. Fueron cambios importantes para nosotros en relación con la presencia del Estado en la sociedad, en particular, de Ancap y de Antel o respecto al tema de las sociedades anónimas en el agro.

Sabemos –pues no somos ingenuos– que esto recién empieza y que, en realidad, una parte ya está siguiendo en la otra cámara con la discusión de la ley de medios. Pero lo importante es que se da en el marco del debate político y que va a estar fuera de los proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración.

En 1967, en el movimiento pendular que se dio entre el colegiado, que era la ingobernabilidad, y el Poder Ejecutivo, con gran concentración de poder, se hizo la reforma «naranja» y no estuve de acuerdo –no muchos pueden decir eso porque varios no eran nacidos– con la ley de urgencia. Zelmar podrá haber estado de acuerdo, pero yo no. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley con carácter de urgente consideración tiene una diferencia esencial –y en esto discrepo totalmente con el señor senador Gandini– con el de presupuesto. El proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, si no se modifica, queda aprobado; en cambio, si el proyecto de ley de presupuesto no se aprueba, queda vigente la ley anterior. Por lo tanto, no se pueden comparar. Además, en general, el presupuesto –aunque a veces también hace de ley ómnibus en algunos aspectos– trata un tema central, mientras que acá hay una veintena de leyes.

Por lo tanto, desde el punto de vista formal, no estuve de acuerdo con el procedimiento. Además, comparto el juicio del doctor Cajarville en el sentido de que el proyecto de ley es, realmente, una veintena o una treintena de leyes en una, o sea, una exageración completa. En términos jurídicos, él dice, entre otras cosas, que es un abuso de poder y demás, pero no voy a entrar en ese terreno.

De todas formas, desde el punto de vista político, me parece que acá hay una ambición desmedida. Creo que gran parte de esta ley es un búmeran, porque levanta la vara muy alto y hace grandes promesas de resultados inmediatos en algunos terrenos, pero después se va a enfrentar con la realidad y va a encontrar que hay escollos muy importantes a vencer en temas sociales que llevan mucho tiempo. Esa es una responsabilidad de la coalición de gobierno que la ha impulsado.

Estoy orgulloso de mi bancada por su actitud constructiva y negociadora, ya que logró mejorar muchos aspectos y minimizar el daño, pero han persistido otras diferencias que son muy importantes, a mi juicio, fundamentalmente en cuatro aspectos. En primer lugar, creo que se erra el camino en materia de seguridad pública. En realidad, esto viene de un debate de la década de los noventa. Lo primero que hizo el doctor Lacalle Herrera a principios de abril de 1995 fue enviar al Parlamento la Ley de Seguridad Ciudadana argumentando que la situación era terrible. A consecuencia de eso, apoyamos algunos artículos, pero no otras figuras que se crearon en aquel momento. Recuerdo que hubo un debate al respecto y no solo se dio una prolongada discusión desde el punto de vista parlamentario, sino que en la Cámara de Representantes se creó la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Debo decir que, entre otras cosas, conservé un repartido de aquel entonces. ¿Por qué? Porque en dos años se trabajó mucho; lo que señalaban en ese entonces los parlamentarios de todos los partidos tenía relación con el agravamiento del ciclo y sobre eso se tomó nota. En realidad, todo comenzó a mediados de los años ochenta o quizás antes; no lo sabemos. Es un ciclo largo. Hablar aquí de los últimos quince años –se ha hablado mucho–, después que se hizo un cambio monumental en el Ministerio del Interior –se creó una nueva Policía, se usó el doble de los recursos, se profesionalizó a los funcionarios, etcétera–, para decir que allí estaban la causa y la responsabilidad del problema, es no tener idea del tema. Justamente, al no tener idea, se cree que hay una solución mágica, pero como eso no va a existir ni se va a dar, va a ser un búmeran. Eso es malo para todos los uruguayos y, por la misma razón, también es malo para la coalición de gobierno y para nosotros.

En el repartido que mencioné, cuando le toca al Partido Colorado hacer un juicio sobre los nuevos elementos centrales que impactan en materia de seguridad, habla del aumento de la violencia en los delitos y del consumo de droga. Reitero que eso es lo que expresa el informante del Partido Colorado, pero cuando habla el Frente Amplio, ¿qué es lo que dice? Expresa que entre 1990 y 1996 las rapiñas se han duplicado y expone distintas causales. El extinto exrepresentante Trobo, que era muy trabajador y con quien tuvimos un buen vínculo a pesar de nuestras notorias diferencias políticas –uno debe reconocer las virtudes de sus adversarios–, expresaba que los antecedentes recogidos permitían concluir la existencia de una situación de conmoción pública como resultado de una clara percepción de inseguridad individual agravada –en especial en algunas zonas y, sobre todo, en el área metropolitana–, constatándose en algunos lugares una suerte de impunidad del delito.

A su vez, Felipe Michelini –desgraciadamente fallecido hace pocos días– hizo juicios similares, muy duros, sobre la corrupción policial y la presunción de la legítima defensa.

En ese período, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se había presentado el proyecto de ley que hoy está acá, que contiene un cambio trascendente y creo que va a generar un problema muy importante. De acuerdo con las atribuciones que se le dan, nuestra policía va a interpretar, salvo prueba en contrario, que lo que haga en el marco de este proyecto de ley estará eximido de responsabilidad y que, por lo tanto, no pasará nada. Sin embargo, esto no va a suceder después en los juzgados, porque este librito que estoy mostrando, que es el Código Penal, tiene una coherencia interna y hay principios generales de derecho que ningún juez formado en la Facultad de Derecho va a dejar de aplicar.

En consecuencia, ahí se va a generar un problema muy importante. Me parece que se erra el camino, pero lo discutiremos cuando se trate el artículo 1.o, referido al artículo 26 del Código Penal. ¿Por qué? Porque hay una tesis de fondo que viene de los años noventa y dice que a mayores penas menos delitos; pero esto no se ha verificado en la realidad, sino todo lo contrario. Por lo tanto, cuando oigo a algún señor senador decir que vamos a tomar acciones urgentes para revertir esta situación en beneficio de la sociedad digo que no, porque la realidad no se va a corresponder con lo que se está diciendo. ¡Ojalá fuera así!

Como producto de este capítulo habrá inflación en materia carcelaria; eso sí va a suceder. En el 2000 teníamos cuatro mil presos y actualmente hay más de doce mil; si se hace una proyección de la aplicación de una serie de dispositivos que impiden o vuelven más severos una serie de institutos que rigen en materia penal, relativos a la preventiva, a la transitoria, a la anticipada y a otros –con muchos de los cuales podemos estar de acuerdo–, veremos que el conjunto es una sumatoria que va a traer una inflación carcelaria. Con el punto de partida que tenemos, una inflación carcelaria es un destino preanunciado que ya podemos decir que va a tener un resultado muy, pero muy malo.

Si el doctor Larrañaga –exsenador de la república– sigue estando en el Ministerio del Interior, se va a tener que confrontar con una realidad que lo va a desbordar y eso es malo para los uruguayos.

Me parece que la segunda consecuencia es que los límites de muchas de las figuras que se crean son tan ambiguos que dan margen a la discrecionalidad. Precisamente, ese margen de discrecionalidad va a tener una consecuencia que no será el choque con los ámbitos delictivos, sino con la sociedad uruguaya y, en particular, con los jóvenes de nuestra sociedad. Los jóvenes se van a ver sorprendidos –ya está sucediendo– por el hecho de que se han trasmitido mensajes del tenor de «Yo me hago cargo» o «Se terminó el recreo» y otras figuras más o menos parecidas…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: usted está aludiendo claramente a otros senadores.

Si es posible, le pido –como habíamos quedado– retomar el estudio del proyecto de ley que tenemos en consideración. Hemos escuchado atentamente todo su raconto histórico y ahora le pido que no haga alusiones.

SEÑOR RUBIO.- Está bien, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le agradezco, señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Acepto sus reparos, aunque si uno alude, el otro tiene todas las posibilidades de responder. Creo que aumenta la discrecionalidad, expande el uso de las armas y trasmite el mensaje, a través de la figura de la legítima defensa, del principio de inocencia aplicado de la manera en que se hace, y también de otras figuras, de que, salvo prueba en contrario, en principio lo que se haga no tiene ninguna consecuencia, y esto no va a ser lo que pase en los juzgados.

Entonces, me parece que en esto hay un problema muy grande y, si no lo tratamos con otra profundidad, va a tener una consecuencia en el instituto policial e, incluso, en miembros de las Fuerzas Armadas que están en las mismas condiciones por artículos expresos –por lo menos una parte de los retirados militares y de los activos– y otra vez vamos a tener un problema con la sociedad uruguaya. Me parece que este es el primer gran asunto: este camino, a mi juicio, no es conducente.

El segundo gran problema se va a generar a raíz de que se intenta hacer un cambio en materia educativa, de golpe, más o menos al estilo de lo que Rama quiso hacer. No digo que no haya que hacer cambios en materia educativa, fundamentalmente en algunas áreas, porque hay otras que marchan tan bien que nos están sacando las castañas del fuego a todos los uruguayos. Lo mejor que ha hecho el presidente de la república en lo que respecta a la pandemia, entre otras cosas, fue apoyarse en la academia. ¡Lástima que no hemos tenido la oportunidad en el Parlamento de apoyarnos en la academia con relación a este proyecto de ley! Seguramente habríamos tenido resultados distintos porque estábamos bajo este sistema. Una cosa es escuchar veinte minutos a los catedráticos de derecho penal y otra es discutir con ellos y tener tiempo para estudiar. Acá hay problemas penales muy importantes. En materia educativa, se apela a un cambio drástico. Creo que la lectura indica –y no es un problema de intenciones, sino que es algo objetivo– que habría un hilo de verticalidad entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Codicén y los directores de los liceos. Y en ese hilo de verticalidad los elementos de participación y de autonomía están minimizados, pero lo más importante de todo es que se habilita el establecimiento de un doble estatuto de relación laboral a nivel de los liceos. Esta ley concedería facultades al Codicén para hacer movimientos, es decir, sacar docentes de los establecimientos educativos e incluir otros cuerpos docentes. Esta va a ser una fuente de conflictos muy importante; creo que más que una transformación educativa, va a traer un problema, o sea, no vamos a solucionar el problema, sino que va a incorporar otro. A mí esto me preocupa mucho; creo que la educación nos preocupa a todos los uruguayos.

El tercer asunto muy importante que hace que esté en discrepancia con este proyecto de ley de urgente consideración es el tema de la transparencia. Hemos visto con enorme simpatía la prédica que se ha hecho por parte del Poder Ejecutivo acerca de la cuestión de la transparencia, y la compartimos totalmente. Ahora bien, tenemos que confrontarla con lo que se propone en este proyecto de ley, y creo que el señor senador Bergara fue muy explícito al decir que, en lo que respecta a la inclusión financiera, la transparencia se debilita y de una manera muy significativa. En esta materia la situación de los trabajadores sueltos –digámoslo así–, o sea aquellos que no tienen un respaldo sindical sólido, se debilita de una manera muy importante.

En lo que respecta a los alquileres, se introduce un sistema que puede estar pensado con el propósito de agilizar el funcionamiento de esto. Se trata de evitar que los jóvenes y la gente pobre tengan que hacer esos recorridos que les generan enormes problemas al ofrecer un respaldo y una garantía, aunque sean abiertos; estoy hablando de mecanismos de garantías que atenderían a decenas de miles de personas por parte del Estado uruguayo. Entonces, ¿qué pasa? Se estaría introduciendo un mercado que es la legitimación y el estímulo a la informalidad generalizada. Con esta ley alguien podría hacer una expulsión exprés de la persona que está ocupando una vivienda y con la que hizo un contratito que registró sin probar que es propietario ni que está al día con los impuestos nacionales. Esto es una cancha abierta para la informalidad, fundamentalmente en determinados sectores y estratos sociales. Creo que el propósito se contradice con el mecanismo ideado para abordar el problema.

El último tema que tiene que ver con la transparencia es el de inteligencia estratégica de Estado. Todos sabemos que esta secretaría se maneja con niveles importantes de secreto porque, de lo contrario, no funciona. Ahora, si el secreto abarca hasta el Poder Judicial estamos pasando el Rubicón, o sea, estaríamos más allá de la frontera de lo razonable, y me parece que eso no es bueno.

Si veo que se trata de esta manera la inteligencia de Estado y observo cómo se trata al mercado laboral, al mercado de los alquileres y a todo el mercado automotor –porque hay que tener un auto de alta gama que pase los USD 100.000 para estar adentro y no son tantos los vehículos de nuestro mercado de ese nivel– puedo concluir que, en realidad, con el sistema que se está ideando se contradice el propósito.

Por último, creo que este proyecto de ley está mal planteado en un aspecto que es importante y que tiene que ver con las expresiones sociales de protesta. En realidad, tenemos uno de los movimientos sindicales más maduros del mundo. ¿Qué necesidad hay –repito: ¡qué necesidad hay!– de que en el artículo 388 se establezca que se garantiza el derecho de huelga pacífico? Eso tendríamos que decirlo para todos los derechos que se garantizan en la Constitución de la república. ¿Por qué seleccionamos este artículo constitucional y no otros? ¿Por qué no decimos, respecto a otras disposiciones constitucionales que hacen a libertades o a derechos fundamentales de los uruguayos, que el Estado tiene el deber de garantizar que esos derechos deben ejercerse de forma pacífica? A mi juicio, esta es una discriminación totalmente equivocada y refleja una prédica que desde hace mucho tiempo vienen haciendo algunos sectores del empresariado nacional. Subrayo: algunos sectores del empresariado nacional, no todos; hay otros –a mi juicio mucho más inteligentes– que no dicen ese tipo de cosas.

Por otra parte, ¿qué sentido tiene meter tres artículos convirtiendo en sospechosos a quienes hacen piquetes? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuándo acá en Uruguay se ha ejercido esto de una manera condenable? Piquetes puede haber de otro tipo; piquete es cuando alguien se manifiesta por un problema de seguridad ciudadana y va a la ruta interbalnearia un domingo a cortar o semicortar el tránsito porque la gente está muy preocupada por un problema que tenemos todos: el de la seguridad pública. En realidad, qué sentido tiene que haya cinco muchachos, de repente, de capas medias en una esquina. Y acá no estamos hablando de la pobreza, yo no asimilo la pobreza al asentamiento, porque está probado que hay más pobres fuera de los asentamientos que dentro de ellos. Insisto, eso está probado. Se dicen muchas cosas sin fundamento. Se dice que los asentamientos crecieron y todo lo demás, pero está probado que no es así, aunque lo discutiremos en su momento. Como decía, qué sentido tiene que si hay cinco muchachos de clase media uruguaya o de clase popular tomando una cerveza en una esquina un fin de semana, pase la policía, alguno miró mal al otro y alguno dijo un adjetivo que estaba de más, y con eso se entre en la figura más subjetiva del mundo que es la de «me agravió». Entonces, si «me agravió», de acuerdo con la ley tengo todo el derecho a llevármelos y me los llevo. Esto va a ser una fuente de conflictos muy grande. Nuestros jóvenes no vivieron, por suerte, la dictadura y no tuvieron el trauma de tener que andar con la cédula arriba porque, si no, iban presos. A mí una vez casi me llevan preso –después me llevaron– porque crucé a un boliche frente a mi casa a pedir un refresco y como solo estaba cruzando la calle no llevé la cédula de identidad, pero justo cayeron y casi marcho. La verdad que me salvó el dueño del boliche, pero era el Uruguay de otra época. Ahora hay que tener mucho cuidado con eso. Los jóvenes uruguayos piensan que levantan este aparatito, lo muestran y dicen: esta es mi cédula de identidad, pero no sirve para nada. No sirve para nada, pero se van a enterar adentro, no afuera. Entonces, yo creo que esto es equivocado.

Finalmente, quiero decir –porque no quiero usar todo el tiempo– que me parece un error la manera en la que se resuelve el tema de las áreas protegidas. Estoy a favor de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, aunque creo que por el apuro nos adelantamos a incluir algunas de las cosas en el ministerio y la forma en que lo hicimos no fue la mejor, sacándoselas a la Dinavi, pero esos son temas más de detalle que se verán en la discusión particular.

Pero que políticas públicas de áreas protegidas estén subordinadas a lo que decidan los Gobiernos departamentales, que normalmente piensan distinto unos de otros y que, además, piensan distinto en el tiempo –se pueden citar muchos casos de intendentes que fueron partidarios de una cosa, después vino otro intendente y fue partidario de lo contrario– me parece un error. Hablar de políticas públicas subordinadas a esto en materia de áreas protegidas, que es un tema de máxima sensibilidad, reitero que me parece un error muy importante. Ojalá que en el tiempo que nos queda para trabajar logremos corregir algún aspecto que sea significativo desde este punto de vista. Si hay un tema que venía subiendo como flecha en el mundo, que quedó ahí por la pandemia, pero que va a retomar el camino, es el de las áreas protegidas. Entre otras cosas va a retomar el camino porque muchísimos científicos están diciendo que muchas de estas cosas tienen que ver con el desequilibrio ecológico, con el desequilibrio en la biosfera entre la sanidad vegetal, la sanidad humana y la sanidad animal, y entonces el tema de las áreas protegidas va a ser muy importante.

Por tanto, por el Gobierno y también por el país no quisiera que esto tiñera el conjunto de la ley a la que nos oponemos como bancada.

Muchas gracias, señora senadora floridense, pero no voy a hacer uso del tiempo que me resta.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: pedí la palabra simplemente para aclarar un dato histórico que creo que manejó el senador Rubio y es inexacto. Él hizo referencia a la creación de una comisión parlamentaria durante la presidencia del doctor Lacalle Herrera y eso no fue así, fue durante la presidencia del doctor Sanguinetti. No es un dato menor, porque en el relato que pretendió construir quería involucrar al Gobierno del Partido Nacional, cuando en los hechos se creó durante la presidencia del doctor Sanguinetti. Lo terminé de confirmar cuando entre los parlamentarios que mencionó que integraban la comisión estaba el extinto doctor Michelini que ingresó a la Cámara de Representantes en el año 1995 y es por eso que me terminé de dar cuenta de lo que me imagino fue un error involuntario del distinguido senador.

Hice uso de la palabra nada más que para dejar esa constancia.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero decir que cometí un error. Tenía en mi mesa la referencia a que la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana fue creada en 1996 y el repartido es de octubre de 1998; fue lo primero que hizo el doctor Sanguinetti en su segunda presidencia. Tiene razón el senador Penadés.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda aclarado, entonces, que la alusión a que en el ejercicio del Gobierno estaba el doctor Luis Alberto Lacalle no es acertada, pues se creó durante el segundo Gobierno del doctor Sanguinetti.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU.- Señora presidenta: en primer lugar, me quiero solidarizar con las familias y amigos de los asesinados en el Cerro y con el funcionario de esta casa que sufrió la pérdida infame de un hermano en un acto de violencia de los que sufrimos casi todos los días.

Por otra parte, también me siento reconfortado con el trabajo de la comisión. El proyecto de ley logró consensos y respetó diferencias. Es cierto que muchos de los temas que abordamos vienen del pasado, pero no se trata de pasar cuentas ni de erigirnos en una fuerza refundadora del país; una cosa es aprender del pasado y, otra, buscar en los errores de los demás la causa de todos nuestros males.

Este proyecto de ley, que tiene su hilo conductor –más allá de que se argumente que es de carácter inorgánico– refiere a una visión del país, recoge –y esto es muy importante– las inquietudes de la gente, va al encuentro de sus necesidades, de sus derechos fundamentales y, en particular, de los más vulnerables.

Leyes vinculadas a actividades importantes de la defensa del trabajo fueron, por ejemplo, la ley de forestación, la de zona francas, la de puertos, la de inversiones y varios tratados de inversión y doble tributación –empezando por el de Alemania– que no fueron votados en su oportunidad por la oposición y que nunca fueron derogados en quince años de la Administración. Entonces, alguien estaba en lo correcto o, mejor dicho, algunos adelantos de la modernidad fueron recogidos por Gobiernos posteriores.

Una excepción fue la aprobación del tratado del Mercosur, que fue votado por unanimidad en el Senado y contó con el voto en contra de los diputados del actual MPP en la Cámara de Diputados en aquella oportunidad. Digo esto para que veamos cómo se puede construir una idea donde se puedan hacer concesiones en las rigideces ideológicas para que las negociaciones se resuman siempre en insatisfacciones compartidas, pero, sobre todo, tomando en cuenta el interés nacional. En esa oportunidad, tuve el honor de ser informante único del proyecto de ley y recuerdo que el senador Astori –que lamentablemente no está acá y espero que tenga una pronta recuperación– me pidió que la presentación la hiciera, textualmente, con «asepsia», así se hizo y así se aprobó. El tiempo, después, lamentablemente desvirtuó el Mercosur, y todo ese proceso de integración se ideologizó y perdió lo más importante que tenía, que era su naturaleza comercial.

Quería hacer estas apreciaciones previas para ir después al corazón de lo que es nuestra visión política de este proyecto.

Aquí hay una histórica identificación con la fuerza de la ley –herencia que sí debemos trasmitir de un gobierno a otro–, con el respeto a la ley y la Constitución, que no es otra cosa que la libertad. Que quede claro, señora presidenta: la democracia no deja herencias malditas; en todo caso, trasmite buenos y malos resultados. La intolerancia, la soberbia y la violencia son la peor maldición que un pueblo y las nuevas generaciones pueden heredar.

Me comprenden las generales de la ley, en todo caso por la especialización. Somos parte de un nuevo escenario global. Los derechos humanos, la seguridad internacional, la salud –basta la prueba que estamos viendo–, el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, el desequilibrio ecológico, el comercio internacional y el mercado laboral son temas globales que necesitan la atención de todo gobierno. Nuestro país es hijo de la geografía y de las condiciones que definen su estructura productiva y sus condiciones de relacionamiento político, como lo vemos en la corta historia, entre otras cosas, de las dictaduras que vivimos.

Pero, además, tenemos un nuevo factor de producción en los elementos que hacen a la modernidad, relacionado con la tecnología. Esta se impone desde afuera e implica una modernización muy importante de todo nuestro sistema productivo, así como de nuestro relacionamiento del sector empresarial y de los que son las fuentes de la riqueza y de la inserción externa del país.

Pero los uruguayos votaron por cambios que los contemplen con celeridad y eficiencia. No es ni será una tarea fácil. Esto es lo que recoge este proyecto.

El Uruguay del siglo XXI –y esa es mi apreciación personal– tiene un recuerdo idealizado de un pasado mítico próspero. Nos refugiamos en proclamas, en frases ampulosas, en el gran debate nacional, en una inflación declamatoria que termina anteponiendo lo bueno contra lo malo, dividiéndonos entre nosotros y hasta forzando una división de una izquierda licuada y una derecha eventualmente inexistente. Y lo podríamos discutir en otro momento.

Esta es una cómoda forma de definirnos y de disolvernos. Pero ¿qué es lo que exige la gente? Somos representantes del pueblo, en todo caso, y escuchamos todos los días: «Trabajen»; «Sean eficientes, honestos, coherentes»; «No me prometan lo que no van cumplir»; «No me hablen del pasado; los problemas de mi familia son hoy»; «Mientras ustedes pelean, nosotros tenemos problemas que ustedes no atienden». Esto lo hemos escuchado todos y también lo podemos ver, incluso en el resultado electoral, que obviamente se puede analizar desde muchos puntos de vista.

El proyecto quiere enfrentar lo que denomino «pachorra», esa bacteria que nos hace lentos al actuar y verborrágicos al hablar de cambios que nunca llegan. Es una cultura contraria a la realidad, a la modernidad, alimentada de memorias históricas, de nostalgias viejas, de una retórica que se resiste una y otra vez a enfrentarse a la tozudez de los hechos. Por eso la visión que los años y el tiempo nos permiten realizar nos exige no darnos el lujo de postergar reformas anunciadas y aplazadas durante años. Tampoco debe resignarse el Gobierno a concentrarse –como se le ha pedido– en luchar solo contra la pandemia de la COVID-19.

El sistema político debe impulsar reglas de juego para estabilizar la macroeconomía y enfrentar la llamada «brecha social» con políticas públicas consistentes. Por eso el proyecto de ley es la antesala de la rendición de cuentas y del presupuesto quinquenal, que fijará metas, objetivos y asignará recursos para este período de gobierno.

También me hago cargo, señora presidenta, de la resistencia que se ha expresado en sala, que es parte de la dinámica de la democracia.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- Sé que es una sesión un poco larga y hay mucho para conversar, pero se puede hacer en el ambulatorio y después volver.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ABREU.- Muchas gracias.

Decía que me hago cargo, señora presidenta, de la resistencia expresada, pero me sumo a la voluntad del Poder Ejecutivo, que apunta –y aquí está el tema– a reconstruir el tejido social. Y lo voy a decir con absoluta objetividad y sin ningún tipo de prejuicio ni de preconcepto: se quiere combatir la burocracia pública, el oscurantismo de los monopolios estatales y la dilapidación de los recursos. Me remito a los ejemplos; no voy a profundizar en el tema. Precisamente de esto trata este proyecto de ley: es una respuesta de sensibilidad política y jurídica a la señora que tiene miedo de salir de su vivienda, al policía que necesita el respaldo legal para actuar, a la madre que quiere que sus hijos se eduquen para superarse, a los cientos de miles de trabajadores informales que no tienen sindicato que los represente, a los que quieren pagar en efectivo en los comercios de su barrio –en especial los habitantes del interior profundo– y al pequeño empresario que cada mes paga tributos y tarifas públicas que terminan llevándolo a la opción de cerrar o sumarse a la informalidad. Y también es una respuesta a los trabajadores que declaran una huelga, a otros trabajadores que desean trabajar y a los empresarios que quieren ingresar a sus establecimientos.

Señora presidente: tal como se ha dicho, el sector privado es el que dinamiza la economía, en especial las pequeñas y medianas empresas. En Uruguay hay 170.000 empresas, de las cuales el 95 % son pymes. Su crecimiento depende de la inversión, de reglas de juego claras, de un sistema tributario justo y de un sector público eficiente y eficaz. En los últimos años hemos perdido 30.000 puestos de trabajo en el sector privado y hemos ganado también una suma similar en materia de empleados públicos.

Insisto en que estamos tratando de coincidir en el concepto de que la productividad y la competitividad son el motor del mercado interno y de la inserción externa del país, de apertura comercial, más allá de todas las respuestas proteccionistas que vienen del norte, de Europa o de acuerdos comerciales de carácter lateral, es irreversible. Dos tercios del comercio mundial actualmente es intrafirma y el 60 % de los bienes que se exportan son semiterminados. Las cadenas de valor se instalan en varios mercados buscando una mejor relación costo-beneficio. Esta es la realidad; no es una posición político-ideológica, pero se hizo visible a partir de la caída del socialismo real y de la defunción de las economías colectivistas. Seguramente puedan preguntarse qué tiene que ver esto con el proyecto de ley. Tiene que ver todo, porque la ley está hablando de las demandas de una población y del proyecto de país que se plantea. China es hoy la primera exportadora del mundo en bienes y la tercera exportadora de servicios; inundó con la tecnología 5G el mercado global. China es una potencia que nos va a afectar y afecta, no solo nuestra estructura productiva, sino también el mercado laboral y el destino de nuestros trabajadores, en función de su capacidad de ajustar las demandas laborales con la oferta laboral. El mundo es otro y eso es lo que tenemos que ver.

En 1950, China se retiró del GATT porque Mao Tse- Tung decidió recorrer el camino del gran salto y la revolución cultural. Dijera un viejo senador desaparecido: «Fracasó con rotundo éxito». Luego, en materia comercial y económica apostó a la apertura, a las inversiones, a las cadenas de producción, a todo lo que hoy el inefable señor Trump nos muestra en su cuenta de Twitter, incomprensible en muchos aspectos, pero también respondiendo a una realidad que es otra y que no es ajena a nuestro país. Estamos hablando de nuestro país. China fue admitida en la OMC en el 2011, pidió ser ingresada en 1986, antes de la caída del noventa. Como me dijo un día el primer ministro de China: «Nosotros también somos un país en vías de desarrollo, la única diferencia es que no sabemos en qué apartamento viven ustedes». Obviamente tiene que ver con la comparación demográfica de mil doscientos millones de chinos con tres millones de uruguayos.

Vamos a encontrar una línea para poder entendernos. El Estado no es el enemigo, al Estado no tenemos por qué destruirlo. El Estado tiene que ser orientador, regulador y garante, como contracara de un mercado que hasta por inercia no puede derivar en monopolios privados ni en posiciones dominantes; eso mirado desde el punto de vista de una política, no de una ideología cerrada.

Por eso, cuando analizo los temas de seguridad –más allá de las discrepancias puntuales–, debo reconocer que el Estado en estos temas cumple con sus cometidos esenciales. Desde el punto de vista constitucional, este proyecto de ley respalda la acción de la fuerza de seguridad y regula con precisión los componentes de la legítima defensa. Precisamente es lo que pide el pueblo para ser protegido y lo que debe tener la fuerza pública para protegerlo, pero con la ley que la autoriza, con la Constitución que la limita y con las barreras que deben tener en la política quienes tienen responsabilidad de ejercer la fuerza pública en materia de seguridad.

Por eso, no coincido con la idea de que este es un Estado políticamente represor. La prevención y la represión de los delitos deben ser más eficientes y modernas. Es otro tema. No podemos sacarle la fotografía de cuántos presos teníamos hace unos años y cuántos tenemos ahora. El delito es otro y la forma en que se expresa también. El proyecto de ley busca aumentar penas y toma en cuenta nada menos que los delitos de abuso sexual y violación, administrando con equilibrio todos sus agravantes. Asimismo, le da mucha importancia –y en eso hemos coincidido– al narcotráfico y al crimen organizado en todos sus niveles, y los trata con especial severidad desde que estos –una nueva realidad que venía esbozándose– no tienen patria ni territorios limitados.

De manera que, desde nuestro punto de vista, los derechos humanos –que aquí también están en juego, más allá de la casuística que se puede invocar de ejemplos que todos podemos haber vivido– son de todas las personas sin importar las funciones o el trabajo que desempeñen. Los derechos humanos son los que defendemos acá o en el exterior. No hay derechos humanos de izquierda, hay personas que necesitan ser respetadas en su dignidad y tienen que ser defendidas en todos lados porque lo que sucede hoy en el exterior termina enfrentando las políticas internas de los Estados y a las dualidades o a las eventuales hipocresías que se puedan tener en la interpretación de estos derechos.

Por eso, señora presidenta, en este proyecto de ley la regla fiscal incluida no es tan inocua como se afirma.

La situación macroeconómica que el país atraviesa –esto también tenemos que analizarlo– es preocupante; además está agravada por los efectos de la pandemia. Si bien la Administración y los montos de la deuda externa podrán explicarse, no pueden ignorarse los indicadores macroeconómicos previos a la llegada del coronavirus: el déficit fiscal –no vamos a discutir la cifra– está entre el 4 % y el 5 %–; el desempleo, entre el 8,9 % y el 10 % del producto bruto interno –no es un tema a destacar–; la inflación fuera del rango y un claro atraso del tipo de cambio que afectó la competitividad, fundamentalmente, del sector exportador. Esta regla fiscal es una señal política y de seriedad en cuanto a la prioridad que el Gobierno da a la estabilidad macroeconómica. Esa inestabilidad macroeconómica es más grave hoy, porque en tiempos de vacas gordas gastamos sin pensar en tiempos de vacas flacas. Esta regla fiscal está determinada en función del resultado fiscal ajustado por el ciclo económico e incluye a la Administración central, a los entes autónomos, a los servicios descentralizados y a las demás entidades estatales.

Del mismo modo podemos interpretar las normas de inclusión financiera. Acá no se trata de hacer buena letra con algunos organismos internacionales –que la hicimos y la haremos– y tampoco se trata de vivir asustados porque técnicos muy especializados nos digan que vamos a entrar en una lista gris. Aquí lo que no puede ser es que se nos amenace desde afuera, por parte de las organizaciones que no integramos –como es la OCDE, que la integran países desarrollados– y se nos marque la pauta de nuestro comportamiento. Mientras tanto, nos ha costado explicar muchas veces algunas valijas que vinieron desde Buenos Aires e, incluso, un sindicalista argentino que llegó a tener hasta un zoológico propio en Uruguay.

¿Ahora nos transformamos en los primeros alumnos de los que exigen a los países en vías de desarrollo? El señor Sarkozy –que ni siquiera pudo, o no quiso, arreglar el tema de Luxemburgo y todas sus sociedades– nos acusaba con el dedo. ¿A nosotros? ¡Nunca fuimos un paraíso fiscal, señora presidenta! ¡Nunca! Podemos tener disciplina y reglas, lo que es muy importante, pero no en este tema en el que ahora nos vamos a rasgar las vestiduras porque tenemos que cumplir con quienes nos exigen determinadas conductas económicas, que van más allá de lo razonable.

Respecto al otro punto, somos flexibles con relación a las opciones de compra, podemos discutirlo en su momento y vamos a ver qué sucede. También es importante que se interprete que en este tema de la libertad financiera no hay que confundir los instrumentos de pago con las medidas simplificadas para no duplicar los controles; es un tema conceptual.

Con relación a la educación, parecería que esto ya es parte de esa declamación que tenemos. Todos asumimos que la educación está mal, que ya no es esa educación de la cual durante tanto tiempo nos sentimos orgullosos. Por lo tanto, nadie puede negar que se debe fortalecer el sistema educativo con la participación de nuevos actores, que los educandos, el niño y el joven son la prioridad, señora presidenta; no son ni los sindicatos por el esfuerzo que hacen –que también se reconoce– y tampoco ninguno de esos sectores o corporaciones con tintes ideológicos que quieren superponer su interés –que puede ser legítimo– sobre el interés nacional, que es el que prevalece. Y acá no estamos derogando la autonomía, lo que estamos combatiendo es la autarquía y el concepto de participación, que es un elemento que disgrega y afecta nada menos que a la base del sistema republicano, que es la representación. Y acá estamos nosotros, tratando de dar señales para recorrer su camino.

El Uruguay se acostumbró a verse a sí mismo como un país educado, pero cuando los informes nos enfrentan el dato frío de que el setenta por ciento de los jóvenes tienen habilidades mínimas, el sentimiento es demoledor. Y no me voy a detener en el fracaso, pero la gente –que somos todos–, los niños, las familias, necesitan respuestas urgentes e imperiosas para recibir una educación integral dirigida a la formación del ciudadano, del trabajador y de la persona. Nuestro país, señora presidenta –y puedo decirlo como testigo–, le dio la oportunidad de educarse a miles de inmigrantes para que sus hijos se sintieran orgullosos de su esfuerzo, y no puede tener hoy un sistema educativo en el que, en vez de recibir a los que quieren tener una oportunidad, ve fugar a sus jóvenes que tienen capacidad intelectual y de educación para realizarse fuera del país. Este es el tema; es una lucha entre el analfabetismo y la modernidad. Lo tenemos que plantear, no desde el punto de vista ideológico. No podemos ampararnos en que la autonomía es de determinada naturaleza y hablar de la privatización. Yo no sé qué es la privatización; lo que sí sé es que el primer refugio de estos niños –que son los que tienen más dificultades– es la plaza pública y la pasta base. Tenemos que mirar esto con un sentido político, responsable, sin adjudicar culpas y sin calificar, sin decir que todo esto es parte de una ideología privatizadora, o estatizadora, porque vamos a volver sobre la historia para refugiarnos en las nostalgias y perder nuestro futuro.

No tendremos un sistema educativo si el corporativismo no permite facilitar las salidas. Y este proyecto de ley es la respuesta a una educación antigua y lenta, un paso previo a lo que todos han coincidido en llamar una impostergable ley de educación, que tendremos que abordar en esta legislatura entre todos.

Que nadie piense que esto es algo contra el Estado y el sector público. Lo único que quiere cualquier persona que paga tarifas de UTE, de Antel, de OSE, es saber a dónde va su plata. ¡La gente, que paga tarifas y alimenta más de cincuenta sociedades de derecho privado que no han sido controladas por el Tribunal de Cuentas y que nos han hecho perder cientos de millones de dólares sin que los veamos ni los sintamos, quiere saber dónde está su dinero, dónde está lo que puso en su litro de gasoil para sostener determinadas obras faraónicas que se construyeron! Eso es lo que quiere la gente; no está pidiendo una ideología, sino diciendo que al Estado no hay que destruirlo, sino hacerlo creíble, que las empresas públicas sean eficientes y que los sindicatos y las corporaciones sean también parte de los que no tienen representación sindical, y que son los que los financian.

Podemos discutir el tema de la desmonopolización de Ancap y demás, pero si nos aferramos a una cuestión ideológica, cada uno va a decir: «No me tocan el Estado; las reformas que se plantean son hijas de la privatización o de la ideología». No es así y no acepto esa visión, porque rescato un Estado eficiente y no oscuro y gordo que nos hace pagar a todos sus resultados negativos. Un ejemplo es el Banco República. No es el momento de analizar los resultados del Fondes, una política destinada a financiar proyectos viables y sustentables por parte del Banco República, pero sí quiero resaltar lo que el proyecto establece: la posibilidad de que las obras de infraestructura se puedan financiar, justamente, con los recursos del Fondes. Más allá de todos los esfuerzos, la infraestructura hace a la calidad de vida de los habitantes y a la fluidez del transporte de la producción. Es el gran instrumento de la descentralización. Sustrae del aislamiento a cientos de miles de ciudadanos que viven de espaldas a los centros urbanos, en especial de la capital. Es la deuda que tenemos los uruguayos, entre otras cosas, con nuestra producción, con el transporte multimodal, eje de nuestra inserción geopolítica externa. Ahí está, justamente, la orientación que el proyecto está planteando como plan estratégico del país.

En cuanto al tema laboral, lo vamos a discutir en su momento. También reivindico que el articulado va al encuentro de todos los trabajadores, siguiendo la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, que prioriza el cumplimiento de las normas y principios sobre libertad sindical: negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil y eliminación de la discriminación en materia de empleo y de ocupación.

SEÑOR GANDINI.- ¿Me permite, señor senador?

Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- La norma toma en cuenta la posición del Comité de Libertad Sindical, que interviene en las quejas relacionadas con la libertad sindical y las violaciones de los tratados internacionales: artículos 97, 98 y los complementarios. El Estado es el que se erige como garante al poner en pie de igualdad tres derechos: el de huelga, en su modalidad pacífica; el de trabajar por parte de los no huelguistas, y el de los directores de una empresa a ingresar al establecimiento. Precisamente –lo podemos analizar en cada caso–, es lo que dispone la Constitución nacional en determinados artículos.

No hemos hablado de la importancia del monitoreo de las políticas públicas, porque este es, sí, un instrumento de Gobierno. ¿Cómo evaluamos los resultados teniendo en cuenta lo prometido y los recursos que asignamos? A veces discutimos sobre si tiene que ubicarse acá o allá, pero la instalación, obviamente, tiene que responder a la Constitución, y así se ha buscado la solución. La evaluación de las políticas públicas y sus resultados constituyen una formidable herramienta de gestión y de control. El ciudadano –vuelvo a insistir–, el que paga, debe ver y vivir el resultado del Estado, ese ogro filantrópico al que se refería el mexicano Octavio Paz.

Tampoco quiero dejar de lado el tema de las unidades reguladoras, que también van al encuentro de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque retoman independencia técnica y funcional, perdida en el 2005. La energía, el agua y las comunicaciones deben contar con agencias que regulen actividades que tienen naturalmente tendencias mono- u oligopólica, públicas o privadas. Para defensa ¿de quién? Del consumidor, y así evitar que el pez grande se coma al pez chico, que es una cosa muy normal.

Pido a la señora presidenta que me avise cuando esté en el estertor del tiempo.

Hacemos una especial mención a la salud porque los artículos que quedaron en el proyecto de ley van al encuentro del desvalido; se refuerza el financiamiento del Fondo Nacional de Recursos y se dispone la creación de una agencia. Esta agencia, que debe autorizar la comercialización de medicamentos y de productos médicos, existe en la mayoría de los países, tanto en los de alta vigilancia sanitaria como en América Latina; existe en Estados Unidos, en cada país de la Unión Europea, en Canadá, en Brasil, en Argentina, en Colombia y en México. Es certificada por la Organización Panamericana de la Salud, pero a nosotros, los uruguayos, ni siquiera nos certifica porque no hemos dado ni un paso para evitar que se nos contamine la conjunción del interés público con el privado.

Debo decir, señora presidenta, que no recuerdo otro momento en la historia de este Parlamento en que un proyecto de ley haya sido distribuido y dado a conocer públicamente dos meses antes de asumir el Gobierno, que se haya discutido y que todos hayan tenido la oportunidad de participar y de hacer sus observaciones. El resultado que obtuvimos es un cúmulo de artículos que, de alguna manera, están consensuados. Sabemos que no se trata de un problema de tiempo ni de urgencia, sino que simplemente hay una barrera ideológica –es parte de la democracia– que no se va a poder superar. Nosotros tenemos la mejor intención y somos fieles al compromiso electoral que asumimos. Generamos consensos y enriquecimos este proyecto de ley con firmeza, transparencia y –un elemento que debería inundar a toda nuestra sociedad– humildad.

Ese es nuestro aporte y el proyecto de ley inicia el camino. Forma parte de una filosofía que no puede ser etiquetada, que reclama la eficiencia y va particularmente en defensa de los más pobres, de los más humildes, de los ciudadanos que no tienen sindicato, de los que nos dicen: «No se peleen. Terminen de dar vueltas sobre este tema que yo no puedo salir de casa», «He perdido mi trabajo», «Tengo un negocio chico y todos los días, desde antes de la pandemia, estoy entre cerrar o trabajar en la informalidad».

Este es el Uruguay que queremos; no hay ideologías excluyentes. Más allá de la filosofía que pueda defender cada uno, lo que hay acá es una clara definición en el sentido de cumplir con lo que se prometió y de llevar adelante ese compromiso republicano que hace a la credibilidad de las instituciones, que es lo más importante que debe tener una democracia, porque ya tuvimos nuestras violencias de todos lados, ya tuvimos a los portadores de la verdad absoluta y ahora debemos tener nuestras verdades relativas para convivir entre mayorías y minorías con respeto, con visión de país, pero sobre todo con el compromiso de que la república y la libertad no sean rehenes de posiciones infundadas.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Señora presidenta: voy a hacer una precisión muy breve.

Los diputados que votaron en contra del Mercosur fueron tres, y los tres fallecieron. Los exdiputados Helios Sarthou y Hugo Cores –de la lista 609–, pero también el diputado Sergio Sacha Previtali, que pertenecía al grupo de la exsenadora Alba Roballo y fue electo diputado por la lista 1001.

SEÑORA COSSE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA COSSE.- Señora presidenta: lo primero que quiero señalar es que, al igual que los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra, me sumo a la congoja por los hechos del domingo y también quiero saludar especialmente al funcionario del Parlamento que perdió a su hermano.

También quiero felicitar a los funcionarios del Senado por el trabajo tan intenso de todos estos días y sumarme a la observación con respecto al sistema político que realizaron, tanto el señor senador Penadés como el señor senador Carrera, al inicio de esta sesión. También permítame, señora presidenta, hacer una referencia no solo a la bancada del Frente Amplio, sino a su equipo de asesores, que puso tanto empeño y compromiso y que, de alguna manera, nos recuerda que hay que trabajar mucho en política, pero que la política no es solo un trabajo.

Una vez dicho esto, pasaré a desarrollar las líneas conceptuales de mi exposición. No vamos a apoyar en términos generales el proyecto de ley porque creemos que desconoce la realidad mundial y nacional y, además, niega las recomendaciones de buenas prácticas de todos los organismos internacionales y de la academia, tanto a nivel nacional como internacional. Nos parece que va en reversa de todos los avances logrados por nuestro país que, a su vez, son las fortalezas que nos han permitido discurrir en esta pandemia; pensamos que debemos apoyarnos en ellas para la construcción del tan necesario camino compartido, porque no cabe la menor duda de que la urgencia es la salud humana.

Para desarrollar estas ideas quisiera contextualizarlas y referirme a la situación previa a la pandemia.

Antes de la pandemia, las previsiones de crecimiento del producto bruto interno mundial para 2020 se habían revisado a la baja. Del 2011 al 2019 la tasa media de crecimiento mundial fue del 2,8. En 2019 la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento del 2,5. En ese marco, tras quince años de crecimiento sostenido, Uruguay logró mantenerse en esa posición a pesar del deterioro de la economía mundial y en el contexto de una crisis regional profunda –sobre todo desde el 2016–, con una Argentina que al 2019 se mantenía por debajo de los niveles de 2015, o incluso de 2014, y con Brasil que, después de años consecutivos de caída, logra recién equiparar el 2015. En ese marco regional, Uruguay, aunque a menor ritmo, consigue mantener el camino estable de crecimiento.

Inicialmente, cuando comenzó la pandemia, se previeron tasas de crecimiento mundial que iban a disminuir al 1 % o menos, pero durante su transcurso, diversos organismos, como Goldman Sachs, empezaron a ajustar esas caídas anuales previendo, por ejemplo, una caída del 3,8 % del PIB de Estados Unidos y del 9 % en la zona euro. El FMI, por su parte, previó una caída global de la actividad del 3 % en 2020 y una posterior recuperación –con toda la incertidumbre que esto tiene– del 5,8 % en 2021.

Para Uruguay, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del 3 %, el Banco Mundial del 2,7 % y la Cepal del 4 %. Por su lado, nuestro Gobierno prevé una caída del 3 %.

También previo a la pandemia, el comercio mundial ya se había desacelerado. En 2019 el volumen del comercio mundial de bienes cayó un 0,4 %. Fue su primera disminución desde la crisis de 2008, en gran medida debida a la acumulación de diversas barreras, sobre todo entre Estados Unidos y China. La acumulación de estas barreras en 2018 tuvo un efecto en las cadenas globales de valor, que están profundamente interconectadas.

Después de haber revisado a la baja el crecimiento de la economía mundial en el transcurso de la pandemia, todo parece indicar que el volumen de comercio mundial va a seguir contrayéndose. Es más, la Cepal estima que el valor de las exportaciones de Latinoamérica va a caer por lo menos un 10,7 % en 2020, y la mayor parte de la reducción del valor de las exportaciones corresponde no solo al volumen, sino también a los precios. El mayor impacto, estima la Cepal, lo van a sentir los países de América del Sur porque se especializan en la exportación de bienes primarios. Uruguay no es ajeno a esta tendencia. Según datos de la Unión de Exportadores del Uruguay, los primeros cinco meses de este año representaron una caída del 13,9 % en las exportaciones con respecto a los mismos meses de 2019, y en los últimos doce meses se registró un 2,95 % de caída con respecto al año cerrado 2019. Ese es el contexto.

Además, casi todos –yo diría que todos– los análisis coinciden en que ya se está dando un fenómeno de aceleración de una cantidad de cambios estructurales que se venían anunciando, y esto implica, desde mi punto de vista, una doble condición simultánea: desafío y riesgo. De esta forma, si no reaccionamos al reconocimiento del desafío y de los riesgos, se van a perder puestos de trabajo. De hecho, la OIT ha estimado que el aumento del desempleo mundial puede llegar a ser hasta de 24:700.000 personas.

Hablé de desafíos. Sin duda, la economía se consolida como una economía digital en el mundo, con fuertes modos de operación virtual, incorporándolos a las relaciones sociales. Parece indudable que el teletrabajo se va a extender a todos los sectores de actividad, o a muchos otros sectores de actividad, y las empresas y países que estén mejor preparados van a tener ventajas en este sentido.

Por otro lado, tenemos el aspecto del riesgo. La falta de presencialidad probablemente sea un factor más que va a incrementar la automatización y la robotización, y sin lugar a duda se van a incorporar herramientas de inteligencia artificial en una enorme cantidad de eslabones y de sectores de actividad que hasta ahora no las tenían.

Otro aspecto que va a implicar pérdida de puestos de trabajo es que la propia enfermedad puede generar secuelas que afecten la capacidad de los trabajadores para seguir desempeñándose, por ejemplo, el daño pulmonar.

Hasta aquí, todas estas preocupaciones, desde nuestro punto de vista, son temas que están ausentes en este proyecto de ley. Las recomendaciones internacionales proponen, entendiendo estos desafíos y estos riesgos, vigilar y revisar los equilibrios de poder entre empleadores y empleados y vigilar, revisar y promover las dinámicas de la negociación colectiva, con acento en los más débiles. En esta iniciativa nosotros vemos cambios en el sentido contrario. Nos parece que sería mejor que nos ocupáramos de los cambios necesarios para ajustarnos a estos nuevos escenarios mundiales que están en Uruguay y tomar los desafíos, porque la otra opción es no hacer nada en el ámbito del trabajo y, por lo tanto, no mitigar los desbalances en las propias relaciones de trabajo.

Sin lugar a duda, la crisis va a tener los mayores impactos en los más vulnerables, en las personas con precondiciones de salud, en los adultos mayores, en los jóvenes desempleados, en las personas subempleadas, en las mujeres, en los trabajadores desprotegidos y en los migrantes. Dice la Cepal que América Latina y el Caribe enfrentan la pandemia desde una posición más débil que el resto del mundo. Sin embargo, Uruguay reúne una serie de precondiciones que lo podrían potenciar para atravesar esta pandemia sin que nadie quede atrás, porque se ha llevado adelante, durante muchos años, una política progresista, con un preponderante rol estratégico del Estado. Estas precondiciones podrían lograr que estuviéramos en condiciones de realizar cambios estructurales y que fuéramos encontrando el lugar en el nuevo concierto internacional, donde van a estar a la orden del día las nuevas reglas a nivel internacional.

Solo para ver un caso: todos los analistas a nivel internacional indican que uno de los sectores más afectados en la economía va a ser el turismo, los sectores de servicios. En Uruguay este sector es relevante: representa el 8 % de la población económicamente activa. Parecería razonable que nos ocupáramos ahora de preparar medidas de inteligencia comercial, de capacitación, de subsidios, de reconversión necesarias para un rubro que en el Uruguay también va a estar fuertemente afectado y que sin duda cambiará. No vemos nada de esto en este proyecto de ley.

Otra preocupación en el mundo es el tema de la informalidad. La Cepal pronostica con gran preocupación que el 53 % del empleo en América Latina se da en condiciones de informalidad que se van a ver severamente afectadas. En Uruguay, sin embargo, logramos llevar la informalidad de un 40 % en todos los Gobiernos democráticos previos al 2005, a un 23,9 % en 2019, lo que permite el acceso al sistema de salud tanto del trabajador como de su familia, al sistema de pensiones, al seguro de desempleo, subsidios, etcétera. Nosotros creemos que este proyecto de ley contiene elementos en sentidos contrarios a esa tendencia de formalización, habilitando el pago en efectivo, exponiendo a los trabajadores a una negociación profundamente desigual en el momento de mayor fragilidad, que es cuando ingresan a un trabajo. Llevamos los niveles de pobreza, de más del 39 % en el 2004, al 8,5 % en 2019. Es interesante en este sentido, en plena pandemia, el análisis realizado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, que va en línea con las recomendaciones de varios organismos, incluyendo la Cepal. Este instituto, el Iecon, plantea que de mantenerse exclusivamente las medidas implementadas por nuestro Gobierno, con una perspectiva de un PBI cayendo entre el 3 % y el 3,5 %, si no se agregan más medidas a lo planteado, lo que va a suceder, según la academia, es que entre 94.000 y 127.000 personas más pasarían a estar por debajo de la línea de pobreza, y estima que para evitarlo el Estado debería aportar USD 22:000.000 adicionales por mes.

A nivel internacional, estamos ante un fenómeno económico y social de magnitud, y a nivel nacional también. Fíjense en lo siguiente: la Cepal hace la recomendación de que, en promedio, en Latinoamérica es necesario un aporte de seis meses equivalente al 3,4 % del PBI en un año para evitar que la pobreza crezca un 14 % en un año. Eso es lo que se estima sucedería si no se hace tal aporte. Por su parte, el Iecon de nuestra Universidad estima que de mantenerse las medidas actuales y si no se hace nada más, la pobreza en Uruguay aumentaría, no ya un 14 %, sino un 35 %. Sin embargo, según el cálculo del Iecon, por las condiciones de nuestro país, para no movernos de los niveles del 2019 haría falta durante seis meses un 0,22 % del PBI, ya no un 3,4 %. Por eso es importante el rol estratégico del Estado y aquí quiero detenerme un minuto en una reflexión que haré a posteriori. Felicito la decisión del Gobierno de apoyarse en la academia y en los científicos para conducir la crisis sanitaria, pero lamento –y creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión– que no recurra a ellos para los aspectos vinculados a la economía. Creo que ahí hay una gran oportunidad.

Se prevé que en todo el mundo los déficits fiscales aumentarán. Por lo tanto, la preocupación que se plantea, también en todo el mundo, está vinculada a la evasión fiscal. Uruguay logró ser el país con menor evasión de América Latina; todas las recomendaciones van en el sentido de mantener ese camino, pero otra vez en este proyecto de ley vemos que el sentido es inverso, permitiendo el pago en efectivo y aflojando los controles antilavado, en reversa de las transformaciones realizadas en materia de inclusión financiera y modernización del sistema de pagos. Este sistema, además de todos sus efectos positivos, promociona el dinero y el comercio electrónicos, sumamente importantes en estos tiempos de aislamiento físico y pandemia.

El panorama internacional indica que solo el mercado direccionando las acciones tiene malas perspectivas, sobre todo para los más vulnerables, y por eso es vital el rol estratégico del Estado. Así, por ejemplo, la propia Cepal destaca que en América Latina se han implementado paquetes fiscales que van del 0,6 % a más del 10 % del PBI. En el caso de nuestro país, el propio Gobierno lo ha estimado en 0,7 % del PBI, el más bajo de los aportes de América Latina.

Nosotros creemos que las medidas planteadas son valiosas, pero dada la magnitud del fenómeno económico a nivel mundial y nacional, entendemos que son insuficientes. Además, nos parece importante un estudio profundo y planificado de las medidas transitorias que permitan evitar efectos permanentes, porque las situaciones transitorias no atendidas a tiempo pueden devenir en permanentes. Es por esto que los Gobiernos del mundo optan por aplicar planes económicos contundentes en respuesta a la pandemia. En este sentido, Uruguay también está en una buena precondición porque cuenta con líneas de crédito de desembolso inmediato con cuatro organismos multilaterales por USD 2.200:000.000, negociadas y aprobadas en 2019. Por supuesto que en los países desarrollados las respuestas fiscales son mucho mayores, pero en todas partes se resignifica el rol estratégico del Estado frente a una crisis como nunca se había dado antes y también como una oportunidad de transformación estructural de la economía, del sistema productivo y de la sociedad. El rol que cumplió el Estado y las políticas de Estado en los últimos quince años son las fortalezas que todos los organismos internacionales marcan como recomendaciones de buenas prácticas para los demás países. Uruguay venía por ese camino, pero en este proyecto de ley no hay ninguna medida o consideración sobre la urgencia real, sino que, por el contrario, las medidas y condiciones planteadas van en contra de esas buenas prácticas. Todo apunta a la inversa: a debilitar el Estado, las instituciones, las garantías y el estado de bienestar. Es trasversal a este proyecto de ley la filosofía del sálvese quien pueda cuando, en realidad, el rumbo debiera ser transitar sobre los grandes pilares, sin que nadie quede atrás. El Estado, en su rol de escudo de los débiles, es la principal herramienta que tenemos, porque esta pandemia, sin lugar a duda, nos va a afectar a todos, pero los sectores más vulnerables serán los que tengan que transitar la ruta más dura y larga. Creo que tenemos que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué pudimos mantener la actividad educativa aún con los centros cerrados? Pudimos hacerlo porque tenemos una educación pública que incorporó a decenas de miles de jóvenes de los deciles más bajos a la educación, y porque desarrolló y se entrenó en prácticas pedagógicas sobre una plataforma de conectividad e Internet única en América Latina. Las dos cosas.

Los organismos internacionales marcan con preocupación la desigualdad en el acceso y la dificultad de cobertura de la población conectada en América Latina y en el mundo. Uruguay se presenta, no solo a la cabeza en cobertura y en porcentaje de hogares conectados a Internet, sino también y al mismo tiempo como el país con la brecha de acceso por ingresos más baja de América Latina. Debemos recordar que hay más de 120.000 hogares conectados a través del servicio Universal Hogares. Esto se debió al desarrollo de un modelo uruguayo de un sistema de educación pública unido a una fuerte empresa pública de telecomunicaciones, que entre 2010 y 2019 invirtió USD 2.200:000.000, generó ganancias por USD 1.400:000.000, aportó por impuestos USD 2.500:000.000 y contribuyó con USD 800:000.000 a rentas generales.

Es bueno no olvidar esto, como también lo es no olvidar los pensamientos fundacionales que animaron las cosas más queridas, más caras de nuestro país, tal como el pensamiento fundacional de Artigas con respecto a la educación, que sostenía: «Sean los orientales tan ilustrados como valientes»; o el de Varela, con todo su accionar en La educación del pueblo; o el de don José Batlle y Ordóñez, con su esfuerzo por descentralizar y democratizar la educación, llevando los liceos al interior y fundando institutos como el de química, además de facultades. Todos ellos construyeron la esencia de una concepción central del Estado, garante de la educación para todos y para toda la vida. Es por esta razón que el Sistema Nacional de Educación Pública –bastante ignorado en este proyecto refundacional en ese sentido– es importante.

A su vez, es bueno no olvidar el esfuerzo, el compromiso y la capacidad de nuestros docentes de la enseñanza pública, que han sido sostén de la educación en estas condiciones de pandemia, absolutamente novedosas y adversas, cuando en el mundo se propone el funcionamiento colaborativo a nivel institucional. En esta situación ha quedado demostrado que es un aspecto clave. Por lo tanto, no solo es imprescindible fortalecer la coordinación entre docentes, estudiantes, distintas áreas de la educación pública y demás miembros de las instituciones educativas, sino también fomentar su participación; sí, fomentar la participación, y no detenernos en cambios de gobernanza que, con el pretexto de una eficiencia, lo que están haciendo en realidad es plantear la idea subyacente de que las buenas ideas y las buenas prácticas surgen cuando hay una resolución basada en pocas personas. Creemos que es exactamente al revés: cuantas más personas participen en una decisión, más sólido y seguro va a ser el rumbo de una institución.

Deberíamos ocuparnos del fortalecimiento de la educación pública y no de su debilitamiento. Un Sistema Nacional de Educación Pública que incluye a la Universidad de la República, como muy bien decía el senador Rubio, debería llenarnos de orgullo porque en una de las más críticas situaciones, como es la pandemia, ha dado muestras de la importancia de su rol, del rol de los estudiantes y de los profesionales formados en nuestra Universidad. En un mundo con una enorme y brutal revolución científica, en medio de una pandemia que está cambiando todas las reglas de juego, la educación y el trabajo es lo que nos debería preocupar, en clave de futuro y en clave de mitigación de los riesgos que vamos a enfrentar.

En plena pandemia, a América Latina le preocupan los impactos en el sector de la salud, porque la mayoría de los países no ha invertido en este sector –en términos de gasto público del Gobierno central– lo que debería haber invertido. A este respecto, según la Cepal, el promedio del gasto público invertido en América Latina es del 2,2 %, muy alejado de la recomendación de los CEI de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, ese no es el caso de Uruguay, ya que la inversión era del 4,2 % antes de la reforma de la salud y en la actualidad excede el umbral determinado por la OPS, llegando al 6,2 %. El gasto del Estado en salud por persona pasó de USD 600 a USD 1500. Mientras que la mayoría de los países de Latinoamérica –incluso algunos muy desarrollados– se caracterizan por tener sistemas de salud débiles y fragmentados, que no garantizan para nada el acceso universal, Uruguay está exactamente en la otra condición. De hecho, quisiera destacar la inclusión, en el año 2014, de la totalidad de los pasivos en el Fonasa. Esta es una enorme fortaleza del Uruguay y por eso tendríamos que estar pensando muy aceleradamente, no solo en los desafíos del futuro de la salud, sino también en los cambios de política que habrá que hacer para llevar la atención a los hogares y no los hogares a los centros de salud. Deberíamos preocuparnos por cómo establecer mejor las garantías para que se cumplan las leyes o el espíritu con que ellas fueron aprobadas por este Parlamento, como por ejemplo en el tema de la salud sexual y reproductiva.

Como dije hace un rato, en el ámbito sanitario creo que es una excelente definición del Gobierno la de buscar el asesoramiento científico con destacadísimos profesionales formados en la Universidad de la República. Asumo que esto se basa en el doble reconocimiento de la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia y en la calidad y el valor del conocimiento de los científicos formados en nuestra Universidad. Ahora bien, sean cuales sean las medidas que se tomen en base a esa evidencia, es innegable el consenso –también mundial– acerca de la necesidad de realizar un monitoreo constante, con métodos modernos, con técnicas predictivas.

Para eso, además de saber hacerlo –tenemos las capacidades–, son fundamentales los datos. Creo que deberíamos preocuparnos por eso. Me pregunto si los científicos tienen datos o si tienen cifras totales. ¿No deberíamos preocuparnos, como expresión del sistema político, por entender en profundidad la verdadera dimensión de la protección de datos personales, para así habilitar –con las modernas técnicas de anonimización, de generalización, de introducción en el análisis de riesgos en los datos– herramientas informativas serias para la toma de decisiones en todos los ámbitos de la política? ¿Podemos hablar de transparencia sin datos? ¿El Estado no debería promover la apertura, en condiciones adecuadas –ese sería nuestro enorme desafío–, de esos datos? Esas son las cosas que nos deberían ocupar y nada de eso está en esta ley de urgente consideración, así como tampoco figura el impacto de la aplicación de la inteligencia artificial en la salud, y la protección, ya no de los datos personales, sino de la condición humana.

Otro aspecto remarcado en todo el mundo es el tema de los cuidados. Esta pandemia ha evidenciado la injusta organización social de los cuidados. Las respuestas a las necesidades de cuidados –lo dice todo el mundo– deben pensarse desde un enfoque de género, porque son las mujeres las que, en forma remunerada o no remunerada, absorben la mayor carga. En América Latina, en marzo de 2020, alrededor de 154 millones de niños, niñas y adolescentes se encontraban temporalmente fuera de las escuelas porque estaban cerradas. Esos niñas y niños requieren cuidados que sobrecargan el tiempo de las familias y, en particular, de las mujeres, que diariamente dedican, en promedio, el triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, en comparación con el de los hombres. Las desigualdades de género se acentúan, además, en hogares de menores recursos; ahí las demandas de cuidados son mayores dado que hay más personas en el hogar. La recomendación que hacen todas las organizaciones internacionales es poner en marcha un sistema de cuidados, colocando nuevamente sobre la mesa el rol estratégico del Estado; Uruguay ya lo había hecho.

En vez de centrarnos en los desafíos, en la nueva problemática, en la posibilidad de generar trabajo y de permitirlo, nos estamos ocupando de otros temas. Nada de eso está en la LUC. Hoy hay más de 220.000 personas en el seguro de paro, que han visto disminuidos sus ingresos por lo menos en un 40 % y ante quienes debemos tener una gran sensibilidad. Me pregunto si en vivienda no deberíamos atender temas como, por ejemplo, el incremento temporal de subsidios transitorios; sin embargo, este tema también está ausente en esta ley de urgente consideración.

En un panorama de aislamiento, en plena pandemia, me pregunto cuál es el rol que debemos asignar a la cultura. Hoy más que nunca necesitamos a los trabajadores de la cultura, como el pan y el agua. En un ambiente de aislamiento precisamos, más que nunca, recurrir a la cultura, y para eso el rol del Estado debe ser fundamental desde todo punto de vista. Una de las tareas de este Parlamento tendría que ser ayudar a las áreas culturales a encontrar nuevos modelos de negocios en un mundo de aislamiento. Me refiero a cómo potenciar la trasmisión en directo y el acceso a esas técnicas para que sea accesible a la más amplia gama de industrias culturales. Por eso es tan importante Vera Tv. También se podría proponer suspender o subsidiar el costo de los locales culturales. Sin embargo, nada de esto ha sido incluido en la ley de urgente consideración.

Con respecto al futuro, todo parece indicar que probablemente sea de fragilidad laboral, donde los distintos efectos del aislamiento van a impactar en la sociedad, en la salud mental, en la calidad de vida de los adultos mayores, en la realidad de la violencia basada en género, en la discapacidad, y seguramente se produzcan desgarramientos del tejido social. Vamos a tener un sistema productivo muy afectado y un sistema de salud que, aun siendo fuerte, tiene que prepararse para los nuevos procedimientos y las nuevas tecnologías para atender las demás enfermedades.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA COSSE.- Muchas gracias, señora presidenta.

Como decía, me refiero a un sistema de salud que, aun siendo fuerte, tiene que prepararse para nuevos procedimientos y tecnologías que permitan atender nuevos desafíos y males que sigue sufriendo la sociedad, como otras enfermedades. Pensamos que vamos a pagar muy caro la demora en atender las verdaderas urgencias, que van a impactar en términos sociales, económicos y de estrategia del país, en esa búsqueda de nuestro lugar en el mundo, en la medida en que muchos países se están preparando para las nuevas reglas de juego.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–No creo que sea bueno que los problemas sociales nos vengan a buscar; nosotros tenemos que anticiparlos reconociendo el camino recorrido. Se estaban acortando las distancias en la sociedad y en el combate a la pobreza; hay que seguir el camino recorrido –en línea con todas las recomendaciones de las organizaciones internacionales–, con un rol estratégico del Estado y con políticas de Estado que han sido pilares en esta construcción. Construir lleva mucho tiempo; destruir, muy poco. Ese es el gran riesgo. Por eso planteamos una y otra vez que lo necesario y lo urgente es lograr un gran acuerdo social. Nada de eso es tenido en cuenta en esta ley de urgente consideración. Estamos convencidos de esto, porque lo urgente es la gente.

Gracias.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Antes que nada, quiero expresar la alegría que sentimos por consolidar en la noche de hoy un proyecto que arrancó hace mucho tiempo y que pasó por distintas etapas.

En primer lugar, queremos felicitar al presidente y al equipo de ministros, que muy bien trabajaron en el tema. También felicito a los legisladores del Gobierno y de la oposición porque, más allá de las diferencias que tenemos –que son claras–, habla bien del Gobierno y de sus ministros que hayan enviado un proyecto abierto a recibir los aportes de todos para mejorarlo. Es así como algunos artículos se corrigieron y otros se eliminaron, y ¡bienvenido sea! Creo que marca una nueva forma de gobernar y que el Parlamento, como interlocutor de las distintas fuerzas políticas, tiene una gran incidencia.

Decía que este proyecto de ley arrancó hace mucho tiempo. Recuerdo que ya en la campaña electoral para las internas del Partido Nacional el ahora presidente recorría el país con su programa de gobierno. Luego de ganar en esas elecciones, se conforma un programa de gobierno de todo el Partido Nacional. Más adelante, vienen las elecciones nacionales, y luego de estas, de cara al balotaje, recuerdo también al ahora presidente recorriendo el país con los programas de gobierno del Partido Nacional y de los demás partidos de la ahora coalición de gobierno –del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente y del Partido de la Gente–, diciendo que buscaba los puntos de encuentro. Con todo eso se fue gestando este proyecto de ley con carácter de urgente consideración, que se terminó refrendando antes del balotaje en ese acuerdo público entre todos los partidos de la coalición multicolor denominado Compromiso por el País.

En el mes de enero, antes de asumir el nuevo presidente, el proyecto de ley que luego fue enviado con carácter de urgente consideración se puso en conocimiento, no solo de los partidos políticos, sino también de toda la sociedad, para que lo leyeran, lo criticaran y lo mejoraran. Es así como se fue gestando este nuevo proyecto de ley, que se votará en general hoy en el Parlamento. De los cuatrocientos setenta y siete artículos que quedaron, doscientos cuarenta y uno se votaron por unanimidad. Se produjo una participación abierta en el Senado: se recibió a ciento sesenta delegaciones. O sea que todas aquellas delegaciones que quisieron venir a expresarse en el Parlamento fueron recibidas y marcaron sus acuerdos, sus desacuerdos y sus propuestas de mejora.

Sin duda, señora presidenta, terminamos en este documento que marca un cambio. La ciudadanía confió en este Gobierno multicolor para llevar adelante ese cambio y es por ello que se pone a consideración este proyecto de ley.

Fundamentalmente, este proyecto abarca dos grandes temas en los que entendíamos que la ciudadanía pedía un cambio, aunque mencionaremos alguno más.

El primer gran tema es el de la seguridad. Del 2015 al 2017 el aumento de las rapiñas estuvo en el orden del 40 %. Recuerdo que en campaña electoral se prometió, por parte del entonces Gobierno del Frente Amplio, que las rapiñas iban a bajar un 30 %. Sin embargo, aumentaron un 40 %. Recuerdo también que desde la oposición, ocupando una banca en la Cámara de Representantes, hablamos con el entonces intendente de Canelones y le solicitamos tener una reunión con el señor ministro del Interior y con toda la bancada de legisladores de ese departamento, porque la gente nos estaba pidiendo por favor que hiciéramos algo en materia de seguridad, más allá del partido político al que perteneciéramos. Y el 3 de julio de 2018 toda la bancada canaria de diputados mantuvimos esa reunión con el intendente de Canelones y con el ministro del Interior. La situación no era la mejor. Pero las cifras al 17 de agosto de 2018 –casi dos meses después de la reunión– aumentaron. En el departamento de Canelones los homicidios crecieron un 325 %; las rapiñas, un 100 %, y los hurtos, un 30,8 %.

Entonces, esto es algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo, porque la ciudadanía nos viene pidiendo por favor que hagamos algo en materia de seguridad. Así, apelamos –ni que hablar– a esta ley con declaratoria de urgente consideración.

Y no atribuimos intencionalidades políticas en el tema de seguridad. ¿Quién va a querer, estando en el Gobierno, que el problema de la seguridad no se solucione? ¡Nadie! Eso es claro. Pero lo cierto es que no podemos seguir haciendo lo mismo, porque en materia de seguridad se ha fracasado. Es por eso que proponemos cambios. ¡Ojalá que no nos equivoquemos con la buena intención de dar seguridad a la población y respaldo a la policía! Se hacen cambios en la legítima defensa; se crea la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que atenderá todo lo relacionado con la problemática del abigeato; se establece la prevención y represión de la violencia en los espectáculos deportivos masivos y también el aumento de penas para los delitos cometidos bajo los efectos de estupefacientes. Estas son algunas de las normas que figuran en este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, porque entendemos debemos hacernos cargo del tema de la seguridad.

Se crea el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, que consideramos muy importante. Pensamos que es mucho lo que hay para hacer en esa área. En el último informe del comisionado parlamentario sobre las cárceles se plantea que el 26 % de la población carcelaria recibe tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que el 47 % tiene insuficientes condiciones para la integración social. O sea que el 73 % de la población carcelaria al día de hoy está en una situación deficiente. ¡Es claro que hay que trabajar sobre las cárceles! Es claro, también, que vamos a tener mayor población carcelaria si aprobamos estas normas. ¡Pero hay que hacer algo! ¡Tenemos que trabajar sobre la población carcelaria!

Se habla de los organismos internacionales y de lo que recomiendan a nivel de las cárceles. Me refiero a la famosa ley Mandela, que se mencionó aquí hoy, más temprano. Se dice que es conveniente evitar que en los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. Se considera que los establecimientos no deberían pasar las quinientas plazas. Esas son las recomendaciones al día de hoy. Sin embargo, la realidad marca que en el último período se inauguró una cárcel nueva con más de mil doscientas plazas. Entonces, hay que trabajar sobre el sistema penitenciario, pero hay que saber de qué base partimos y qué hemos hecho durante todo este tiempo.

Otro gran tema, más que importante, incluido en este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración es el vinculado a la educación. De acuerdo con los datos manejados por el propio señor senador Penadés en su alocución, el 85 % de los jóvenes del quintil más pobre de la población son analfabetos, según EDUY21.

Todos hemos visto cuáles han sido los informes del INEEd. Se aguantó el informe del INEEd que iba a salir antes de las elecciones porque los resultados no eran los mejores y se creía que podían influir. Ocho de cada diez estudiantes de tercer año de liceo no logran leer en forma crítica un texto y solo pueden hacerlo en forma literal, según el informe de Aristas 2018. Reitero: ocho de cada diez estudiantes de liceo no logran leer en forma crítica. Entonces, algo tenemos que hacer, porque la educación no está bien. De modo que se proponen importantes cambios. En el informe se dice que la educación uruguaya está en problemas, lo que significa que la sociedad tiene un inmenso desafío. Si no conseguimos revertir la tendencia de los últimos años, corremos el riesgo de consolidar una realidad de fractura y exclusión en la que solo unos pocos tendrán realmente posibilidades. La verdad es que confiamos plenamente en el señor ministro Pablo da Silveira y en todo el equipo que se ha consolidado en el Ministerio de Educación y Cultura para llevar adelante estas transformaciones.

Al no haberse enfrentado los problemas de fondo, han quedado incumplidas todas las promesas del Frente Amplio en materia educativa: no sé llegó al 6 % del PBI en el gasto educativo, ni al 1 % en investigación y desarrollo, ni al 100 % de los jóvenes de diecisiete años matriculados ni a la tasa del 75 % de egresos en la educación media. Dinero se gastó, pero los resultados, lamentablemente, no son los esperados para la sociedad que nosotros queremos.

Es por todo esto que se plantean distintos cambios en la educación: el cambio en la gobernanza del sistema educativo, el fortalecimiento del Ministerio de Educación y Cultura como órgano representativo de la voluntad ciudadana, los cambios en el funcionamiento de los centros educativos, todos aspectos bien interesantes.

A nivel técnico existe un consenso, fuertemente respaldado por evidencia generada en todo el mundo, en cuanto a que lo que genera capacidad de retención de estudiantes, lo que genera aprendizaje de calidad y una distribución equitativa de los aprendizajes no es el dinero que se vuelca en la educación, no son los organigramas y ni siquiera los docentes individualmente considerados –si uno coloca a un docente muy bien formado e intencionado en un contexto de trabajo muy adverso va a tener muchas dificultades–, sino los centros educativos que consiguen funcionar como comunidades educativas con identidad propia, con sentido de pertenencia, con capacidad para tomar decisiones sobre su manera de trabajar y sobre los enfoques que van a darle al accionar educativo. Y esto es lo que se propone; por ahí es por donde hay que ir.

Entendemos y respaldamos al señor ministro y a todas las autoridades de la educación en el objetivo del fortalecimiento de la profesión docente y las demás alternativas que se plantean en materia de educación. El cambio hay que hacerlo y ni que hablar que la educación pública necesita un cambio urgente.

Después, hay una sección de economía y de empresas públicas donde se impulsan algunos cambios importantes como la libertad financiera, la promoción de las micro- y pequeñas empresas –vaya si será fundamental–, el control de las sociedades anónimas de los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado. ¡Vaya si será importante! ¡Si tendremos referencia sobre eso últimamente! Una empresa como Gas Sayago –lamentablemente, perdimos USD 200:000.000–, donde los gerentes generales ganan muchísimo dinero y cuando se trajo un gerente general a quien estaba en ese cargo se lo nombró gerente adjunto; a su vez, quien era gerenta general después se fue a dirigir un organismo del Estado y dejó reservado por cuatro años el cargo. ¡Si habrá que controlar y manejar bien los recursos del Estado y las sociedades anónimas de los entes autónomos y servicios descentralizados! ¡Si será fundamental la eficiencia del Estado! ¡La importancia de la creación del Ministerio de Medio Ambiente para el cuidado del medioambiente, porque si actuamos tarde, es irreversible después! ¡Los problemas que tenemos en el día de hoy con la problemática del agua potable y el abastecimiento de agua a la población! Tenemos que generar una alternativa desde hace mucho tiempo y todos son contestes, pero nada se ha hecho en lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua a la población de las proximidades del río Santa Lucía. Hay una alternativa en el arroyo Solís Chico para el abastecimiento de agua a la población. Increíblemente, ¿saben qué se quiso hacer hace un año en ese predio que OSE reservó para manejarlo como una alternativa para el abastecimiento de agua a la población? ¡Un megabasurero! La Intendencia de Canelones quería poner en el mismo predio un megabasurero. ¿Cuándo se echaron para atrás? Cuando el presidente anterior de OSE, Milton Machado, asistió a la comisión, porque lo llamamos, y nos dijo: «No, no hemos hecho nada, pero esto está reservado para el abastecimiento de agua». Ahí tuvieron que cambiar el megabasurero de lugar. ¡Vaya si será necesario analizar el tema de la basura y pensar en el siglo que viene! ¡Todavía estamos enterrando basura cuando en el mundo pasa por otros procesos y hasta genera energía y acá estamos contaminando y enterrando basura! ¡La importancia de la creación del Ministerio de Medio Ambiente!

En el sector agropecuario, la creación del Instituto Nacional de la Granja es una buena herramienta, y hace mucho tiempo se viene peleando para crearlo. Es más, desde el 6 de abril de 2010, quien ahora es presidente de la república presentó como diputado un proyecto para su creación. La verdad que no es más peso para el Estado, por el contrario, los propios granjeros están preocupados por ver cómo logran solucionar la financiación y que no le cueste recursos al Estado, sino que puedan financiarse, a partir de la propia actividad. Aquí también se propone la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, que parece una cosa menor, pero es bien importante.

En materia de desarrollo social, entendemos que está bien la adecuación organizativa del ministerio; la mejora en el régimen de adopciones; el tema de los recursos para financiar tratamientos de alto costo en el tema de la salud. Son todos temas bien importantes y están en esta ley que el Gobierno quiere llevar adelante.

En la sección IX, «Normativa sobre la emergencia en vivienda», cabe subrayar la importancia que tiene este tema; tengamos en cuenta que hay una necesidad que se sitúa en el orden de las 87.000 viviendas. Ya dijimos algunos datos anteriormente, pero señalo que en el 2010 en el departamento de Canelones había setenta asentamientos y hoy tenemos ciento veintiuno, o sea que casi se duplicaron y por eso hay que generar políticas.

Hace unos días mantuvimos una charla con la gente de Techo UY, que es la que hace el relevamiento, el informe –hacen un muy buen trabajo en el territorio–, y nos manifestaba que la problemática en los asentamientos no solamente es la vivienda, sino que hay que ofrecerles una solución integral. Nos decían que no se trata de darles únicamente la vivienda y que el Estado se vaya, sino que hay que generar trabajo digno, salud y saneamiento y que se llegue en los distintos temas.

¡Vaya si habrá que trabajar! Lo importante y lo urgente es la gente. Reitero que de diez años a esta parte se han casi duplicado los asentamientos en el departamento de Canelones, por lo que también hay que generar políticas para la gente de bajos recursos porque hoy en día las soluciones que se han generado a través de los distintos sistemas son muy caras y generalmente una familia trabajadora no puede acceder a una vivienda digna.

La ampliación de las potestades de Mevir entendemos que es una muy buena política; creemos que hay que darle recursos porque lo que ha generado en el tiempo ha tenido una buena trazabilidad.

Estas son algunas de las cosas que se proponen en este proyecto de ley de urgente consideración y que son bien importantes. Entendemos que es una propuesta buena, justa y popular, que tiene a un Ejecutivo que se hace cargo y a una coalición de gobierno que lo respalda y que trabaja para que se lleven adelante estas transformaciones. La votaremos convencidos de que es una buena herramienta para el bien de todos los uruguayos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR SABINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- Señora presidenta: he pedido la palabra para contestar una alusión política porque ya es la segunda vez que en el día de hoy se hace referencia a que el 80 % de los estudiantes de la educación pública no sabe leer y me parece que no es bueno que los legisladores nos manejemos con ese nivel de información.

Se hace referencia al informe Aristas del INEEd pero, en realidad, ese fue un titular que sacó el diario El Observador y que decía que el 80 % no entiende lo que lee. Después El Observador intentó corregirse y puso que el 80 % de los estudiantes de liceo no sabe hacer una inferencia y, en realidad, el informe Aristas no establece suficiencias. Este informe va del nivel uno al seis y los niveles cinco y seis implican excelencia, lo que quiere decir que el resto de los niveles no implican que los estudiantes no sepan leer.

Además, creo que hubo una enorme falta a la verdad histórica. En el 2006 en Uruguay había 2,2 % de analfabetismo –según la Encuesta Continua de Hogares– y en el 2019, 1,2 %.

A cuenta de la futura discusión que tendremos –mañana me voy a referir específicamente al tema educativo– quería leer la aclaración que realizó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a raíz de los titulares de El Observador y de un tuit de algún ministro. «Queremos aclarar que es incorrecto decir que el 80 % de los estudiantes que participó de “Aristas Media” no comprende los textos que lee. Todos los estudiantes poseen un nivel de comprensión lectora de los textos presentes en la prueba. Además, los tipos de lectura descritos en la evaluación –literal, experiencial y crítica–» –acá tengo los trabajos que hacen los docentes en ese sentido– «no se identifican con un nivel de habilidad de “Aristas Media”». Por lo tanto, es incorrecto decir que el 80 % de los estudiantes no sabe leer o no entiende lo que lee.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: con el objetivo de aclarar las afirmaciones del señor senador Niffouri, y las realizadas por mí esta mañana, voy a leer textualmente la versión taquigráfica de la sesión de la comisión especial para el estudio de la LUC, a la cual asistió el señor Juan Pedro Mir, en representación de EDUY21. Allí estableció esa cifra y ante la reiteración de una pregunta que le hace el señor senador Bonomi, el señor Mir responde lo siguiente: «Me refiero a los niveles de educación del INEEd publicados recientemente. El último informe establece que los niveles de acceso 1 y 2 no tienen las competencias necesarias como para poder lograr lo que hoy consideramos alfabetización. ¿Qué significaba la alfabetización hace veinte años? Significaba poder escribir el nombre de determinadas cosas. Hoy la alfabetización implica poder decodificar determinados elementos, poder escribir de acuerdo con determinadas intenciones. Entonces en la escala de 1 a 5, el 30 % de nuestros jóvenes y en la investigación de enseñanza en la UTU el 70 % de los muchachos llegan solamente al segundo nivel de comprensión lectora y escritora. Como se decía antiguamente, son analfabetos funcionales. Son personas que toman un diario y no pueden comprender la intención de lo que está escrito. Esto está en los informes Serce –Segundo Informe Regional Comparativo y Explicativo– y Terce –Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo– de la Unesco, que son claros». El informe sigue.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–En realidad, quería dejar constancia de que podrá discutirse sobre esto, pero no puede aseverarse que estemos diciendo cosas falsas. No son falsas, porque fueron dichas en la comisión por destacados profesionales en esta materia.

Nada más, señora presidenta.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: me sumo a todas las muestras de solidaridad planteadas aquí, vinculadas con la violencia vivida durante el pasado fin de semana. Sin duda, me solidarizo con Bernardo Pollero –funcionario de esta casa a quien no conozco pero que todo el mundo me ha dicho que tiene una contracción al trabajo muy grande– por el homicidio de su hermano.

También me solidarizo con los familiares de los infantes de marina que fueron asesinados en el Cerro.

Con mucha fuerza me solidarizo con la madre de esos dos niños que resultaron asesinados en respuesta a que ella no quiso volver con ese hombre, a quien se le ocurrió–una vez más debido a la violencia machista– matar a sus dos hijos.

Otro caso es el de una niñita de cuatro años que quedó sin madre y sin padre porque a ese hombre se le ocurrió tirarla de un balcón y después, como muchas veces ocurre, suicidarse.

Realmente quiero hacerlo con la misma fuerza porque esos temas tienen que estar fuertemente planteados en la sociedad uruguaya.

También quiero destacar el trabajo del presidente de la comisión que estudió este proyecto de ley, el señor senador Penadés, a quien conozco desde 1990 cuando integraba la Junta Departamental de Montevideo –al igual que a usted, señora presidenta–, y siempre se caracterizó por ser estudioso, inteligente y apasionado por la política y por su partido. De igual forma, destaco también la labor del señor senador Carrera a quien conozco muchísimo y sé de su contracción al trabajo y de la pasión con que defiende sus ideas.

Con respecto al proyecto de ley, quiero decir que lo que intento siempre es comprender; para saber, hay que comprender las cosas, y si no se sabe no se puede actuar. De esa manera se expresaba el general Seregni con respecto a los fundamentos y a la responsabilidad de la acción política. Él hablaba de comprender, de poner las cosas en contexto para, a partir de ese conocimiento aprendido, actuar en consecuencia; y como el general Seregni siempre ha sido una referencia para mí, quiero mencionarlo hoy, una vez más, para comprender la acción política.

Desde ese lugar, entonces, señora presidenta, intentaré reflexionar junto a todos, para comprender de qué estamos hablando cuando consideramos este proyecto de ley de urgente consideración, qué razones lo han justificado, cuál es el fundamento de la figura jurídica tan especial y específica, y qué fines tiene. Para ello, necesariamente, tengo que incursionar un poco en la historia y no en cada uno de los temas; eso voy a hacerlo mañana cuando se discutan los capítulos. En ese momento sí –seguramente al igual que el señor senador Sabini y otros compañeros– nos meteremos más en profundidad en los distintos aspectos, que en mi caso será la educación, un tema que me apasiona, me compromete y me preocupa.

Los proyectos de ley de urgente consideración aparecen en nuestro ordenamiento jurídico incorporados a la Constitución aprobada en noviembre de 1966, junto a un cuerpo de medidas que buscaban dar respuesta a una coyuntura muy específica de ese momento. Dicha reforma constitucional fue justificada como una esperanza para aquellos tiempos difíciles, fue un intento por destrabar un sistema institucional que no respondía a las circunstancias históricas y que planteaba transformar un –y abro comillas– «deliberativo lento, pesado y burocrático», que es como lo definió el doctor Ruben Correa Freitas en ese momento y años más tarde.

En 1952 Uruguay estaba siendo gobernado en un régimen de colegiado, por un Consejo Nacional de Gobierno integrado por nueve miembros –seis por la mayoría y tres por la minoría–, que expresaba en ese momento el acuerdo alcanzado entre los lemas tradicionales del país. Esa modalidad de gobierno, que era de responsabilidad despersonalizada, funcionó sobre una base filosófica de división a cuota fija de la estructura del Estado. El famoso «tres y dos» resultó, a la postre, inoperante a la hora de enfrentar la crisis que sufría el país y, personalmente, creo que contribuyó a generar cierta depreciación y desencanto que la población tuvo con el sistema político. Los partidos políticos mayoritarios encontraban serias dificultades a la hora de construir mayorías legislativas que le garantizaran una gobernabilidad razonable y, para colmo, había una coyuntura internacional extremadamente compleja que incidía en forma negativa en la sociedad nacional, envolviéndola en una crisis de magnitud y alcance desconocidos por las generaciones de entonces.

En ese momento el joven parlamentario Wilson Ferreira Aldunate analizaba la coyuntura en estos términos. Decía: «En menos de treinta años, ocurrieron transformaciones radicales en las condiciones de existencia y convivencia de hombres y pueblos». También afirmaba que esta gran transformación histórica «ha provocado en el Uruguay el paulatino agotamiento de los supuestos que permitieron una pacífica y laboriosa convivencia nacional». Luego agregaba: «Hoy día, todos están de acuerdo en que la situación es insostenible. Tal cual ha llegado a ser, solo podría alumbrar mayor anormalidad». Todos sabemos lo que pasó después y todo lo que sufrimos. Es para ese Uruguay en caída libre que yo analizo, ante una inminente crisis política, que el sistema recurre como una esperanza a la memoria de presidentes fuertes, ahora con mandato por cinco años, estableciendo facultades institucionales y mecanismos constitucionales que contribuirán al mejor ejercicio de la autoridad y que aportarán a la construcción de escenarios de gobernabilidad imprescindible y, entre ellos, aparecen los PUC. El mecanismo concede al Poder Ejecutivo la posibilidad de enviar proyectos de ley bajo la forma de urgente consideración, no más de uno por vez, que el Poder Legislativo debe resolver en un plazo no mayor a noventa días y en el caso de no hacerlo el proyecto se convierte automáticamente en ley. Entonces, en ese contexto de institucionalidad calificada como insostenible el mecanismo de urgente consideración legislativa hace su aparición en el país como una herramienta de cierta presión del Poder Ejecutivo sobre el Parlamento por esa inoperancia y lentitud con la que estaba calificado.

Un pormenorizado informe de la Universidad de la República de setiembre del 2019 –que realmente recomiendo leer– sobre programa de estudios parlamentarios, sobre proyectos de ley de urgente consideración, que comparto totalmente, sostiene que inspirados en el modelo de Francia los reformistas uruguayos idearon los PUC como un dispositivo orientado a reducir los costos de transacción que provocaba un Parlamento dominado, a veces, por partidos muy fraccionalizados y carentes de disciplina. Imponer un plazo para el tratamiento del proyecto a partir del ultimátum de la aprobación automática era visto como una solución para los problemas de acción colectiva derivados de una asamblea balcanizada. Así se la calificó en su momento. Si bien no pudimos acceder a la información sobre el uso de este mecanismo desde su aprobación en el año 1966, sí tenemos información muy precisa para el período 1985-2019 que surge del informe de la Udelar antes referido. Durante este lapso de treinta y cinco años, que corresponde a siete períodos de gobierno, hubo trece proyectos de urgente consideración que fueron enviados con ese rótulo. Esta pequeña cifra representa apenas el 0,003 % del total de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo durante todos esos períodos que fueron unos 3732. Esto aquilata el carácter excepcionalísimo con que el sistema acogió el mecanismo reservándolo, en principio, para temáticas o situaciones de real trascendencia. De esos trece proyectos, nueve fueron aprobados y cuatro rechazados. De estos últimos, uno corresponde a la primera administración del doctor Sanguinetti, la amnistía a los militares y a policías involucrados en violaciones de derechos humanos; dos al Gobierno de Lacalle Herrera, ambos referidos a la seguridad social y otro a la Administración de José Mujica, referido a la declaración de interés general del personal especializado en vuelos de la Fuerza Aérea.

Las aprobaciones corresponden: una al Gobierno del presidente Lacalle, el monopolio estatal de los seguros; dos al primer Gobierno de Tabaré Vázquez, la creación del Mides y del Panes, y tres al Gobierno de Mujica con la declaración de emergencia sanitaria por la asistencia anestésico-quirúrgica, unificación del cobro de patentes de rodados y los beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

En su primera Administración el presidente Sanguinetti no logró aprobar un PUC relativo a amnistía, un tema prioritario en ese primer Gobierno de salida de la dictadura con una marcada incidencia en el desarrollo de la aún frágil democracia. El asunto –como todos sabemos– desembocó en la aprobación de la ley de caducidad en diciembre de 1986. Cabe acotar que el citado proyecto fue el primero en ser tenido en cuenta en el país y el único presentado por el doctor Sanguinetti al cabo de sus dos presidencias. Por el contrario, el presidente Lacalle Herrera, en su único período de gobierno, hizo un uso más asiduo de esta herramienta y envió cuatro PUC fracasando en la mitad de la aprobación de ellos. Consiguió aprobar la desmonopolización de los seguros y la modificación de una serie de impuestos poco tiempo antes de culminar su mandato, pero no pudo sancionar los dos proyectos relativos a la seguridad social.

El Gobierno de la coalición de Jorge Batlle con Lacalle Herrera, ya bajo el sistema de balotaje, aprobó en el primer año de gestión dos PUC: uno sobre las mejoras a los servicios públicos y privados, seguridad pública y actividad productiva y, otro, denominado Mejora a la Administración Pública y Fomento al Empleo. En ambas instancias, los PUC profundizaron el concepto iniciado por el doctor Lacalle e involucraron a una treintena de políticas públicas diferentes cada una de ellas. El expresidente Tabaré Vázquez, al inicio de su mandato, consiguió aprobar dos PUC: uno fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social y otro la creación del Plan de Atención Nacional de Emergencia Social –llamado Panes– y, en su segundo período de gobierno, no hizo uso de este mecanismo.

Por su parte, el expresidente Mujica envió cuatro PUC: la declaración de emergencia anestésico-quirúrgica, el régimen de unificación del cobro de patente de rodados, la liquidación de la contribución mensual a beneficiarios de sanidad de las Fuerzas Armadas y la declaración de interés general del personal especializado. Este último fue desechado porque tenía una norma similar que había sido aprobada en la rendición de cuentas de 2011.

El informe de la Udelar expresa: «Por tanto, si descartamos este último caso, podemos ver que los PUC que salieron adelante fueron en general aprobados en situaciones en las que el presidente contaba con un respaldo parlamentario importante –primeros años del período de gobierno de Lacalle, Jorge Batlle y a lo largo del Gobierno de Mujica–. Esta situación contradice la intención de los reformadores de la Constitución, que idearon el mecanismo para favorecer precisamente a presidentes minoritarios. Esa tal vez sea la razón por la cual los presidentes uruguayos utilizan tan poco los PUC, dado que durante la mayor parte del período han existido mayorías –de partido o coalición– que apoyaban al presidente».

De lo antedicho se desprende –y cito textualmente el informe– lo siguiente: «En general los PUC han sido utilizados para aprobar temas sustantivos de la agenda de los gobiernos. La amnistía a los militares era una medida que el presidente Sanguinetti había concebido como parte de su plan de pacificación del país [...] La desmonopolización de los seguros o la reforma del régimen de seguridad social [...] La creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Plan de Emergencia [...] La unificación del cobro de las patentes de rodado en todo el país», etcétera.

Sin embargo, hay tres PUC que no pudieron ser caracterizados de ese modo, porque presentaban una naturaleza legislativa diferente. Nos referimos a tres leyes de urgencia que contenían una gran diversidad de temas y que la literatura politológica denomina «leyes ómnibus». Ellas son: la ley de modificación de impuestos, enviada por Lacalle Herrera, en agosto de 1994 y las dos leyes de urgencia presentadas por Jorge Batlle, en su primer año de gobierno.

En el informe de la Udelar se dice que las leyes ómnibus «son piezas legislativas inconvenientes para la democracia porque impiden un tratamiento parlamentario adecuado. El tema ha sido largamente debatido en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, donde aparecieron las primeras leyes ómnibus, llegándose a la conclusión de que las decisiones que se toman por esta vía restringen las posibilidades de un debate adecuado. Dado que una sola norma apunta a modificar el statu quo de varias políticas públicas a la vez, el análisis profundo y meditado por comisiones especializadas se vuelve improbable [...] Desde luego, esta situación empeora si se agrega el mecanismo de la urgente consideración pues a las dificultades estructurales para discutir cada tema, se agrega el problema de los plazos legislativos».

La Udelar concluye que los análisis de coyuntura señalan que la estrategia desarrollada en estos casos es hija de la necesidad. Y dice: «Las coaliciones de gobierno en Uruguay no sobreviven a los cinco años del mandato [...] por lo cual su rendimiento efectivo, en términos de producción de decisiones gubernativas, tiende a ser acotado [...] En otras palabras, era preferible enviar un gran paquete legislativo y negociar con sus socios una única vez, que enviar una decena de proyectos y reiniciar la discusión cada vez que uno de ellos iba a ser tratado. La estrategia resignó calidad en el debate parlamentario a cambio de eficacia legislativa (modificó de un plumazo un número grande de políticas)».

El proyecto de ley que estamos tratando, que se consideró en veintidós días, modifica cerca de treinta leyes. Algunas de ellas tuvieron más de doscientos días de discusión. Por lo tanto, solamente con eso estoy demostrando cómo se resignó la discusión y el carácter democrático del debate.

Este proyecto que hoy estamos debatiendo se inscribe, desde mi punto de vista, en este modelo de estrategia. Mucho se ha debatido sobre el sentido de urgencia asignado por el constituyente a los PUC: si se refiere a la urgencia social en algún plano específico –como, por ejemplo, la actual pandemia sanitaria que afecta hoy al país– o a la urgencia temporal definida por el Gobierno para un cronograma legislativo. El asunto es bastante confuso, a estar por el texto constitucional, y permite la interpretación en ambos sentidos, a tal punto que los diferentes Gobiernos, atentos a sus sensibilidades particulares, han hecho uso de los PUC en ambas acepciones.

Lo que a nuestro juicio no admite una doble interpretación es que el texto constitucional se refiere a un proyecto de ley, a uno por vez, y no a un programa de gobierno o a una ley ómnibus, como con acierto la califica el referido informe. Y revisando las leyes votadas en el transcurso de las diferentes legislaturas del país, no se encuentran normas heterogéneas que correspondan a materias variadas, fuera de las dos referidas materias presupuestales expresamente diferenciadas en su formulación en la Constitución, de lo que se desprende que la expresión de proyecto de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas que aparecen en el texto constitucional que da origen a los PUC debe entenderse con esa acepción y esa característica de la ley. Esta interpretación de los PUC en versión ómnibus, que va desde la creación de un ministerio hasta el control de las carnicerías en el interior del país, pasando por los perros sueltos en los campos, la educación y la seguridad, se asemeja a cierto talante que no es el que hubiéramos querido para discutir estos temas importantes.

Además, señora presidenta, refiriéndome explícitamente al PUC en consideración y leyendo cuidadosamente su exposición de motivos, encontramos que fuera de lo que compone el concepto «proyecto de ley de urgente consideración», el vocablo «urgente» aparece solo en tres oportunidades, referido a la seguridad, a la economía y al INAC.

Llama la atención que siendo muy otras las urgencias hoy en el Uruguay, referidas a la pandemia, a la salud, al empleo, a la lucha contra la pobreza y permítame decir al turismo, una de las actividades económicas más importantes del país, ninguna se mencione en la PUC. Y diría que ese borrador, que muchos señores senadores han dicho que se elaboró el 22 de enero, ya tenía alguna de estas urgencias planteadas. No aparecieron solo con la pandemia. Por lo tanto, podrían perfectamente haber sido contempladas.

El presente del turismo hoy es dramático en el Uruguay, porque es una actividad que requiere de la presencia, de la movilidad, y porque ya venía arrastrando algunos problemas vinculados a la región. La Organización Mundial del Turismo dice que iremos para atrás entre cinco y siete años y que se van a perder unos USD 450.000:000.000, porque se eliminó la demanda en los hoteles, en los restaurantes, en los parques, en los museos; porque han colapsado las líneas aéreas en el mundo, las líneas de cruceros, y porque la pandemia tiene un enorme impacto sobre las pymes, que son la mayoría de las empresas turísticas.

El Uruguay en el 2019 recibió USD 1.750:000.000 por turismo y casi 3:300.000 visitantes. Sin embargo, este proyecto no dice una sola palabra sobre el turismo, y no ahora, porque se podrían haber incorporado disposiciones al respecto cuando se elaboró. No plantea ninguna estrategia de apoyo al sector. No aporta ninguna mirada urgente a esta situación.

Otro aspecto que a mí me llama la atención es el que se refiere a la educación. Mañana voy a hablar más en profundidad al respecto –no lo voy a hacer hoy–, pero es una materia que hace más de un quinquenio que viene siendo presentada como un problema urgente a resolver, en tanto constituye la base de cualquier posible estrategia de desarrollo nacional, y en eso estamos todos de acuerdo. «La educación es un desastre»; esa es la imagen que se ha intentado matrizar en el imaginario colectivo, sin tener en cuenta los enormes avances vinculados a la infraestructura, al Plan Ceibal, a los 100.000 estudiantes de la UTU, a la UTEC en el interior, a la descentralización de la Universidad. ¿Hay problemas en secundaria? Por supuesto que los hay. Pero de verdad que calificar a la educación como un desastre me parece que es no conocer todos los avances que en muchos terrenos hemos tenido en ese tema.

Sin embargo, la exposición de motivos de este PUC dice: «… una nueva ley de educación no es una tarea que el Gobierno se haya planteado en este momento». Y más adelante agrega: «No se ha optado por una estrategia de reforma educativa radical, sino por la instalación progresiva de una dinámica de cambios». Mañana nos vamos a referir a este capítulo, pero de verdad que lo que hay aquí sí es una nueva ley de educación, tirando abajo otra que se discutió muchísimo más tiempo. Creo que esto no corresponde. Yo hubiera deseado estar el 28 de abril, cuando se discutió la urgencia, porque hubiera intentado de corazón que se llegara a un acuerdo con el Frente Amplio para discutir esta ley de educación y tener una respuesta en cuatro, cinco o seis meses. Pero debe haber una discusión más colectiva, más como política de Estado.

Con gran nitidez el informe de la Udelar habla de los temas de la gobernabilidad, siendo casi el exclusivo argumento para la creación del mecanismo de los PUC. Creo que hoy, a más de medio siglo de incorporadas estas normas en la Constitución –en ese momento, repito, como una esperanza para aquellos tiempos difíciles, pero incapaces de impedir el final que todos sabíamos cuál iba a ser–, la democracia uruguaya se afianza como una de las más firmes y profundas de América Latina. No estamos en la realidad del año 1966, que era totalmente diferente. Entonces, ¿qué sentido tiene este PUC? Tenemos una democracia que el país trabajosamente ha construido. La situación no tiene nada que ver con la de 1966. ¿Qué sentido tiene volver la mirada hacia una metodología para aquel momento, para una democracia en caída libre, que no es la que hoy tenemos?

Me pregunto sinceramente cómo ha sido posible que no nos hayamos puesto de acuerdo, a esta altura de la evolución democrática del Uruguay, en derogar este mecanismo constitucional –para mí obsoleto, fuera de tiempo histórico– o, cuando menos, reglamentarlo de una manera más clara y precisa en el sentido de la urgencia, para evitar, desde mi punto de vista, algo muy negativo, que son estas leyes ómnibus.

Hubiéramos preferido estar hoy en un Parlamento con otra mirada, legislando para las generaciones que vienen con certezas, con seguridades jurídicas, que hagan a la enseñanza, a la seguridad social, al derecho a la vivienda, a las políticas de Estado surgidas de grandes acuerdos nacionales; para hacer realidad esos gobiernos de mayoría nacional, que no necesariamente tienen que ver con las mayorías para llegar al Gobierno. Las mayorías nacionales se pueden seguir construyendo más allá de que uno llega al Gobierno.

Por último, señora presidenta, por todo lo expresado adelantamos que no vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de LUC. Como usted sabe, vamos a apoyar algunos artículos, porque los hemos podido mejorar y los compañeros que han trabajado nos han hablado de la riqueza de este trabajo. Pero no vamos a votar en general el proyecto no solamente por sus contenidos, sino también por la forma, por una génesis que no compartimos, por un talante que creo que este Cuerpo no se merece y por cierto componente antirrepublicano que pienso que conlleva este proyecto de ley.

En el informe en mayoría, el señor Penadés planteaba algunas cosas que no puedo dejar pasar. Decía: «Para nosotros el “no se puede” no existe». Y yo le quiero decir que para los que ejercimos el Gobierno en estos últimos quince años el «no se puede» tampoco existió. Por eso logramos cosas que durante cien años estuvieron planteadas en el Uruguay y que no pudieron resolverse, como las ocho horas para el trabajador rural, la lucha contra el tabaco o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Justamente, ese no es un tema nuevo, aquí aparece como un avance extraordinario y puedo decirles que desde el Ministerio de Turismo lo hemos apreciado enormemente. Otro logro es la interrupción voluntaria del embarazo, señora presidenta, que no fue una ley que propusimos, fue consensuada y en ella incorporamos cosas planteadas por integrantes de otros partidos; por eso la aprobamos. El ochenta por ciento de las leyes aprobadas en nuestros quince años de gobierno fue por unanimidad. Se pueden sacar de estos ejemplos las que no se aprobaron por unanimidad, porque hay dos miradas de país, indudablemente. Hay un cuerpo de ideas en las que no vamos a coincidir, pero siempre hay que trabajar buscando esos acuerdos.

Hoy el señor senador Peña decía: «No venimos a barrer; venimos al Uruguay de muchos colores»; y lo acompaño. No soy la misma que la del setenta y uno, ni después de haber ejercido el gobierno, ni la del 2000, cuando goberné en Montevideo. Soy otra; siento que tengo otra responsabilidad.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, senadora. Ha llegada a la Mesa una moción para que se le prorrogue el tiempo de que dispone.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Quiero decir que para nosotros hubo muchas cosas en las que el «no se puede» no fue un precepto, porque logramos disminuir la mortalidad infantil y el embarazo adolescente, porque después de hablar durante cien años sobre la descentralización en este país instalamos un proceso que hoy tiene a los municipios como un factor fundamental, y eso no se hizo diciendo «no se puede»; se hizo diciendo «se puede», con todas las dificultades que conlleva.

Ayer alguien me dijo: «¡Qué horrible, en Rivera hay más casos de COVID-19 que en Montevideo!». En Montevideo había cincuenta y dos casos, hoy son cuarenta y seis; parece que el virus está circulando menos. Todos debemos estar atrás de la estrategia que se está instalando en la frontera para poder luchar allí también. Pero ¿saben los señores senadores? En Rivera no hubo CTI en ochenta años; recién se instaló en el año 2012. Reitero, eso no se hizo diciendo «no se puede»; se hizo diciendo «se puede», y planificando la infraestructura que hoy nos permite enfrentar muchos de los enormes desafíos que la pandemia nos marca.

Sobre los temas de educación y seguridad, sin ninguna duda voy a profundizar en el día de mañana, pero quiero referirme a la frase «respaldo a la policía» como una solución a los temas de la seguridad. ¿Qué queremos decir con «respaldo a la policía»? Siento que a la policía la respaldamos, que aumentar los sueldos de los policías y darles uniformes adecuados, comisarías dignas, tecnología, tabletas, cámaras, chalecos y armas es respaldarla. Ahora, en un mundo en donde el delito es el que es, los resultados no siempre son los que muchas veces deseamos. Y, seguramente, hoy cambiamos de roles –como cambié yo, porque antes pertenecía al Gobierno– y no estoy dispuesta a ser la misma oposición que fui en los setenta. Soy otra persona y sé de las dificultades. Y quiero decir que tenemos un desafío enorme en estos temas, en el que nos va la vida como país, a todos: a los blancos, a los colorados, a los independientes, a los frenteamplistas, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a la ciudad, al campo, sin ninguna duda.

Por otro lado, saludo el trabajo de los funcionarios y también el del señor senador Bergara –con quien he conversado mucho–, que tuvo una activa participación en la comisión.

Por último, quiero decir que en mi vida política siempre –¡siempre!– he defendido a los empleados públicos. Es más, en la Intendencia de Montevideo –cuyos funcionarios son muy estigmatizados– me encontré con maravillosos empleados. Y ni que hablar en el Ministerio de Turismo que no sé si ustedes saben, pero tiene ciento cincuenta y ocho funcionarios. Es un ministerio con una entrega increíble, que se ocupa de todo el país y por el cual ingresan USD 1.700:000.000 al Uruguay. Por eso digo que confiemos y que no pongamos de ejemplo a la excepción, a la anécdota para hablar de los funcionarios. Eso dejémoslo para quienes realmente no entienden lo que es llevar adelante políticas públicas todos los días.

Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero saludar a los familiares de las personas que perdieron la vida de forma violenta. Me refiero a los tres marinos, al árbitro de fútbol –hermano de un funcionario de esta casa– y, en la misma línea que la senadora Kechichian, quiero detenerme, y creo que debemos interpelarnos frente a la muerte de las mujeres en mano de sus parejas, exparejas e incluso de sus propios hijos. Estoy hablando de la mujer que murió en manos de su hijo, de ese hombre que mató a sus dos hijos para hacer sufrir a su expareja, del hombre que tiró por un balcón a su pareja y de las dos mujeres que están en el CTI, una en Canelones y otra en Sarandí del Yi. Estos temas tienen que interpelarnos y comprometernos porque, realmente, en algo hemos fallado, y hemos fallado todos. De ahora en más tenemos que trabajar con una mirada coordinadora, sin diferencias partidarias, porque se trata de un tema que nos afecta a todos. No quería dejar de hacer esta mención.

Quiero saludar a los señores integrantes de la comisión especial para el estudio de la LUC, al señor presidente, senador Penadés, y al señor vicepresidente, senador Carrera, porque nos permitieron trabajar con muchísima comodidad, siendo que la integrábamos coordinando temas. Saludamos a los secretarios del Parlamento y a los secretarios de la bancada del Partido Nacional. Saludo a Irene Caballero, a Gabriel Berreta, a Hugo Javiel y a Martín Barcena, quienes estuvieron siempre a las órdenes en estas intensas reuniones.

Señora presidenta: nosotros llegamos a esta instancia legislativa luego de un muy intenso, comprometido, serio y absolutamente transparente trabajo de la comisión especial para el estudio de la LUC. Cuando destaco la labor realizada hasta ahora, me refiero a la totalidad de los integrantes de esta honorable cámara, sorteando ciertos tragos amargos, como aquella sesión del 28 de abril pasado cuando se presentó una moción para sacarle el rótulo de urgente consideración, procedimiento legítimo pero que incluía acusaciones tan duras como infundadas hacia el Gobierno de la coalición. Hoy quedó demostrado que esas acusaciones eran injustas e improcedentes. El trabajo mismo de todos estos días lo ha demostrado, como muy bien expresaba nuestro compañero el senador Gandini. Hemos recibido y hemos escuchado a infinidad de organizaciones civiles, el diálogo ha sido proactivo y con la oposición también fue muy rico.

Señora presidenta: que se hayan retirado o modificado artículos de este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo define la calidad de la democracia, del procedimiento y de la absoluta independencia de poderes y quiero destacar algo muy valioso: todo el trabajo legislativo permeado de pueblo. Abundan ejemplos; durante la manifestación pacífica contra la LUC frente al Palacio Legislativo, nada menos que usted, señora presidenta, acompañada del presidente de la Cámara de Representantes invitaron a delegados a pasar para ser escuchados. También se han considerado discrepancias y cuestionamientos de colectivos que terminaron muchas veces en modificaciones e incluso en el retiro de artículos, escuchando esas voces. Es decir que la participación ha sido amplia. Se los ha escuchado a todos.

Debo expresar que me siento sumamente orgullosa del sistema democrático que integramos y de las garantías que ofrece a toda la ciudadanía para participar activamente en esta difícil coyuntura que atravesamos y que, a su vez, legitima el carácter de urgente consideración de este proyecto de ley.

Por eso este proyecto de ley surge por decisión de la ciudadanía y es producto de la necesidad de cambio. Muchas veces se derivan los temas con el fin de no reconocer las buenas iniciativas que promueve esta norma.

Cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, nos referimos al derecho inherente de protección hacia las personas. Esto significa que hay que cuidar a la ciudadanía. La seguridad es un derecho humano que en estos últimos años no se le ha brindado. Los vecinos de esos barrios estigmatizados, a los que se llaman zonas rojas, donde vive gente sumamente honesta y trabajadora, muy lejos de la delincuencia, están esperando por esta ley porque realmente la están necesitando. Entiendo que se cuestionen algunos artículos y el aumento de las penas, pero quiero decir que cuando las mujeres trabajadoras tienen que salir a tomar el ómnibus ya no lo hacen solas, porque tienen temor a ser robadas; pero no solo eso, sino que tienen miedo de que las maten. Por eso hoy esta ley es sumamente necesaria.

Lo mismo sucede con el tema de la vivienda. Miles y miles de uruguayos, principalmente los que viven en asentamientos –tenemos más de seiscientos cincuenta–, se encuentran esperando una vivienda digna, un techo propio y aguardan ser atendidos por nuestro Gobierno para que se les brinde una respuesta. Ahora, luego de escuchar en esta sala que hay más pobres en otras zonas, que no son solo los que viven en los asentamientos, realmente me preocupa y mucho, porque en raras excepciones las personas que viven en asentamientos no son pobres y se los digo con propiedad porque vivo en una zona rodeada de asentamientos y son pobres. Puede haber algunas excepciones; pero si más allá de las personas que viven en los asentamientos tenemos otros núcleos que también son pobres –supongo que no estamos hablando de los que viven en situación de calle–, la verdad que esto es sumamente preocupante.

Se habló de que en la LUC no mencionamos el tema de la violencia doméstica y de la violencia de género, pero debo decir que se está creando la Dirección Nacional de Políticas de Género, que va a abarcar esos temas. Esta es una necesidad a nivel país, porque en la capital generalmente resulta más fácil realizar una denuncia, pero en el interior muchas veces las mujeres no sabemos a dónde recurrir. Esa dirección va a coordinar, pero no solamente con enfoque hacia la mujer y la familia, sino también hacia los propios funcionarios, que se van a sentir protegidos, amparados bajo ese paraguas.

Entiendo que la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, sea un tema que preocupa; por supuesto que sí y estamos dando respuestas. Cuando este Gobierno asumió, inmediatamente se comprometió a brindar los recursos para la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. Cuando se presentó ese proyecto de ley, que no vino de nuestro partido, nosotros lo acompañamos porque consideramos que era una herramienta muy válida. Es cierto que muchos compañeros de mi partido no lo apoyaron, pero nosotros sí lo hicimos porque estábamos convencidos y porque hubo un compromiso de que íbamos a tener los recursos necesarios. Lamentablemente, esos recursos no llegaron. Fuimos nosotros quienes exigimos la declaración de la emergencia frente a la ola de muertes de mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Somos muy sensibles a ese tema.

El tema de la educación acá se ha cuestionado muchísimo. Estoy segura de que ningún partido de gobierno quiere que la educación baje a los niveles a los que ha llegado en estos últimos años; sé perfectamente que no es así. Son políticas que no funcionan; por eso queremos encararlas, queremos buscar una solución, y eso tenemos que hacerlo todos juntos, porque ¿qué padre no quiere una buena educación para sus hijos?

Voy a ser muy concreta en esto. Ahora se cuestionó el tema de los analfabetos y semianalfabetos. Yo recuerdo que la expresidenta del Inisa, no hace mucho, manifestaba que los chicos privados de libertad no leen, no escriben y se expresan con sonidos guturales. De esas cosas no nos podemos olvidar, tenemos que revertirlas, y eso lo tenemos que hacer todos juntos. No se trata de buscar culpables, sino de reconocer cuando fallamos, y lo más probable es que nosotros fallemos. Si hemos sido críticos con el Gobierno que no pertenecía a nuestro partido político, vamos a serlo tanto o más con nuestro propio Gobierno, porque así debe ser. Vamos a aceptar cuando nos equivoquemos y vamos a escuchar cuando se nos sugiera.

No podemos decir que lo que está en la LUC está todo mal. La LUC adopta una solución muy esperada por todos y que es compartida: la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Es bueno hablar de las cosas que son importantes.

¿Quién puede cuestionar los avances de los trámites de adopción? Uruguay presenta un alto número de niños institucionalizados cuando se compara esa cifra a nivel internacional. Hay más de cuatro mil niños institucionalizados, a los que se suman los que viven en hogares de acogida. Hay muchos niños, hay muchos hijos y hay muchos padres esperando. Entonces, bienvenida la LUC en cuanto al tema de las adopciones.

¿Cómo no vamos a hablar –¡y con qué orgullo lo decimos!– de la creación del Ministerio de Ambiente, cuando hemos venido trabajando durante años y años sobre ese tema? Acá se cumple con un compromiso que fue promovido durante la campaña política de la coalición de gobierno y que la ciudadanía apoyó con su voto. Se está cumpliendo con la creación de ese ministerio y debemos felicitarnos todos.

También cabe destacar la promoción del financiamiento para los tratamientos de alto costo que no estén comprometidos en el Plan Integral de Atención en Salud. Aquí nadie puede cuestionarlo.

Asimismo, se va a crear el Instituto Nacional de Bienestar Animal. Al respecto, fueron escuchadas las organizaciones civiles que vienen reclamando, una y otra vez, que realmente se atienda esa problemática. Vamos a tener el Instituto Nacional de Bienestar Animal.

Por otra parte, el Mides escuchó; fue sensible al escuchar a los diferentes colectivos de adultos mayores, de discapacitados, de jóvenes y retiró los artículos cuestionados. Entonces, no podemos admitir que se nos diga que no se ha escuchado. Se ha escuchado.

Señora presidenta: a mí a veces me preocupa cuando se confunde urgencia con emergencia. Hay temas que son urgentes y otros que no lo son. De la emergencia nosotros nos estamos ocupando ahora, porque la emergencia es ahora. La emergencia es ubicar a las personas que están en situación de calle para que tengan un invierno digno y no duerman a la intemperie. Emergencia es el trabajo que venimos realizando al supervisar los residenciales, los hogares de ancianos; en muchos lugares, los mayores, en el ocaso de su vida, están hacinados, en una situación infrahumana. Eso es emergencia. Emergencia es la situación del Hospital Vilardebó, donde estamos atendiendo no solamente a los internos, sino también a los funcionarios. Emergencia es lo que estamos haciendo al atender a la gente para que nadie se quede sin tener algo para compartir en la mesa. Eso es emergencia. En cambio, urgencia es lo que estamos tratando acá en el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

Se ha dicho también que no se está atendiendo a las mayorías o que esta ley es para las mayorías; yo creo que sí, que se atiende a las mayorías. Es una ley para las mayorías, para aquellos cuatrocientos mil que cayeron y para el resto de los ciudadanos que están esperando una solución por el tema de la inseguridad y de la vivienda. Claro que es una ley para las mayorías, lamentablemente postergadas.

Acá nadie quiere eliminar la educación, y ya lo dijimos; otros que realmente pueden hablar del tema de la educación seguramente mañana se van a explayar al respecto. Repito: se dice que no se participó, que la gente no salió a la calle en una participación activa. Fueron recibidas ciento sesenta organizaciones. Participaron todos y a todos se los escuchó. Se dice que no se apoya al trabajador; sí se apoya al trabajador, pero también se apoya al empleador. Se dice que no se puede manifestar; sí se puede manifestar. Yo escuchaba algo al respecto. Permítame, señora presidenta, hacer un comentario, contar muy brevemente algo que viví hace muy poco. Cuando hablan de que no se deja manifestar, quiero decirles que hace muy poco en mi barrio llevaron detenidos a unos chicos porque habían cometido un delito. Los amigos se enojaron, hicieron un piquete y no dejaron salir a nadie. Estaban embretados entre la calle Iguá, Mataojo e Hipólito Yrigoyen. ¿Y saben una cosa? Es gente trabajadora que perdió el presentismo. ¿Quién les soluciona ese problema? Esa gente está buscando una solución. Por eso les digo que tenemos que pensar en los derechos de todos. Acá no se trata de castigar, sino de buscar una coherencia. Hemos hablado de las cárceles, del aumento de las penas; yo conozco las cárceles y ¿saben qué necesitamos? Trabajar en una rehabilitación. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El Uruguay ha sido observado por la situación en la que viven las personas privadas de libertad; me refiero a situaciones infrahumanas y a una violación total de los derechos humanos. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar para hacer una buena rehabilitación de todos estos ciudadanos.

He escuchado las exposiciones de los senadores que me precedieron en el uso de la palabra y parece que ahora cambiamos el relato porque estaba todo bien y ahora, con la LUC, parece que va a estar todo mal. La verdad es que me sorprende. Quiero decirles que la LUC es una ley popular, tiene una profunda carga social; es la ley que votó gran parte de la ciudadanía. Por eso nosotros acompañamos este proyecto de ley porque consideramos que tiene una mirada hacia aquellos más desprotegidos.

Muchas gracias.

14) TRASMISIÓN DE LAS SESIONES DEL SENADO POR LAS REDES SOCIALES

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: quiero hacer una consulta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra, señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Olvidé hacer una pregunta al final de mi intervención.

Sabido es el aprecio que tengo hacia la señora presidenta, pero no entiendo por qué hoy las barras de la Cámara de Representantes están abiertas y las del Senado están cerradas. Me gustaría tener una información directa de su parte.

SEÑORA PRESIDENTA.- Las barras de la Cámara de Representantes son mucho más grandes que estas y quienes están allí son los asesores de los legisladores. Aquí, en el Senado, como la barra es más pequeña, ni siquiera los asesores pueden estar y tomamos como medida –lo comentamos primero con los coordinadores porque fue una decisión que tomamos todos juntos, pero lo manifesté al inicio de esta sesión– que, por primera vez, esta sesión se trasmita por Facebook, Twitter y el canal de Youtube, lo que ha sido posible gracias a los funcionarios, que están trabajando duro. A primeras horas de la tarde mencioné un número, pero ahora se me notifica que superamos las ochocientas personas siguiendo la sesión por el canal de Youtube, que era la información que nos faltaba.

Ese es el motivo de esta decisión, que tomamos entre todos en el marco de las medidas sanitarias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Muchas gracias.

15) PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión general del único punto del orden del día.

SEÑOR SABINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- Señora presidenta: anteriormente aclaré lo relativo al ochenta por ciento del analfabetismo que se quiso marcar aquí. Creo que es mucho más importante la opinión de los técnicos en un instituto que la valoración que sobre esa investigación realiza un profesional particular, pero cada uno considera lo que le parece.

Aquí se ha dicho que la educación uruguaya es un desastre y yo voy a hablar de la educación porque mis compañeros han desarrollado otros temas. Eso no quiere decir que no comparta la opinión que han planteado aquí, pero el proyecto de ley de urgente consideración toca una enorme cantidad de temas vinculados a la educación. No puedo dejar pasar que aquí se dijo que la educación era un desastre. En definitiva, en estos tiempos se discute el relato, que es la mirada subjetiva que tenemos sobre una realidad objetiva. No comparto que se diga que está todo mal. Creo que esa mirada hemipléjica y psicotómica no ayuda a resolver los problemas que tenemos en materia educativa, que son muchos. Para discutir cuáles son los caminos de la educación nacional deberíamos tener una mirada integral que vea no solo una foto, sino la película; que considere las fortalezas, las debilidades, las oportunidades; dónde estaba la educación hace quince años y dónde está hoy; dónde estaba hace cuarenta años y dónde está hoy.

No puedo dejar pasar algunas cosas que planteó el ministro en su comparecencia a la comisión –aprovecho para saludar al presidente– en la que dijo, por ejemplo, que prácticamente ningún valor había mejorado en la educación. En particular, se refirió a los niveles de egreso de la educación media. Fíjese, señora presidenta, que en 1980, el 20 % de los estudiantes egresaban de la educación media y que treinta y seis años después, en 2016, alrededor del 30 % y en 2019, el 42 %. Podemos decir que todavía es insuficiente; podemos decir que deberían egresar más estudiantes. Sin duda, tienen que egresar más estudiantes, hay que tener más estrategias y hay que romper con la tradición de filtro de la educación media propedéutica para la Universidad de la República. Para ello, precisamos una educación media universalista, que no tiene esa vocación, sino una totalmente diferente, fruto de la cultura en la cual se gestó la educación media. A pesar de lo ya mencionado, no me parece correcto decir, después de la inversión más grande en educación de la historia de este país hecha por el Frente Amplio –que pasamos del 3 % del PBI al 5 %–, que todo está mal y que todo es un desastre porque no es cierto. No es cierto desde el punto de vista objetivo; quizás lo sea desde el punto de vista subjetivo porque ahí creo que sí fracasamos en el relato, como le gusta decir a alguna senadora compañera. Considero que fracasamos en el relato porque la enorme mayoría de la población sostiene que estamos peor y, en realidad, en nuestro país hay más jóvenes estudiando, hay más niños estudiando, hay una mayor cobertura educativa, se redujeron –aunque no todo lo que hubiéramos querido– las brechas entre los pobres y los ricos, tenemos mecanismos como el boleto estudiantil que antes no existían, las becas se quintuplicaron, tenemos carreras que se pueden hacer en el interior que antes no existían, aumentamos la posibilidad y el número de carreras de grado e incrementamos el número de carreras de posgrado. Todas estas cosas se hicieron porque hubo una inversión educativa como nunca en la historia; todas estas cosas que estoy diciendo, señora presidenta, están en los datos oficiales de la Encuesta Continua de Hogares, en el Monitor Educativo y en el Anuario Estadístico del MEC; son incontrastables.

Ahora, ese relato del fracaso educativo que se ha repetido una y mil veces es el que ha habilitado un proyecto como el que aquí tenemos. Pregunto si le parece que pasar de 70.000 estudiantes en UTU a casi 100.000 se puede calificar de fracaso educativo o si lo es pasar de 80.000 estudiantes en la Udelar a 130.000. Creo que estos son números elocuentes; más de la mitad de los estudiantes de la Udelar, el 75 % de la formación docente y el 90 % de la Universidad Tecnológica del Uruguay son de primera generación. Quiere decir que estamos hablando de jóvenes cuyas familias no pudieron acceder antes a esos niveles educativos y hoy sí están haciéndolo.

Yo estoy lejos del discurso meritocrático, señora presidenta, y por supuesto que todo lo que logramos en la vida tiene una cuota de esfuerzo, pero es mucho más fácil cuando el esfuerzo viene de la mano de políticas públicas que apoyan si la familia no puede pagar el boleto o en la compra de materiales educativos. En mi caso personal, mis padres tuvieron la posibilidad de comprar una computadora en la década de los noventa y creo que yo era el único de mi clase que tenía una. Hoy todos los niños de la educación pública tienen una computadora y eso es una política pública. Entonces, cuando se dice que la educación es un desastre, realmente a mí –como diría mi primo– me subleva.

Esto no quiere decir que no tengamos enormes problemas y dificultades, pero también tenemos desafíos por delante. Se puede enumerar una serie de logros –ni siquiera son todos, solo algunos– que están basados en el presupuesto. Acá durante mucho tiempo se discutió que el problema era que siempre debatíamos de presupuesto. Finalmente, la fundación EDUY21 reconoció que para su proyecto educativo se precisaba el 1 %. Nótese que hoy estamos en el 5 %, así que cuando planteábamos el 6 % para la educación no estábamos tan alejados. Este presupuesto que ejecutó el Frente Amplio se basó en dignificar la tarea docente, prácticamente duplicando, en términos reales, el salario de los trabajadores de la educación. Pero no solo se hizo eso, sino que también se aumentó el número de grupos en la educación pública. En 2005 teníamos 3784 grupos, en 2017 había 4554 y hoy que se habla tanto de personalizar la educación, ¡qué importante es tener grupos en los que los docentes puedan atender en forma individualizada! Podría continuar hablando de esto, señora presidenta, pero hoy estamos reunidos para otra cosa. Yo no quiero aburrir con este tipo de debates, pero me parece que no podemos dejar pasar tan livianamente que se nos diga que la educación es un desastre. Además, eso me parece ofensivo para los trabajadores de la educación, quienes por otra parte han visto multiplicada su tarea en la pandemia.

El ministro dijo en la comisión –de la que participamos eventualmente– que esto no era una ley de educación porque dejaba otros aspectos por fuera. Yo voy a compartir los temas que se modifican, a riesgo de ser aburrido porque creo que en esto hay que ser descriptivo. Se eliminan las referencias al tiempo pedagógico, se habla de libertad de cátedra, se eliminan las referencias a la mercantilización, se cambian definiciones de la educación formal, de la educación media superior, de la movilidad, de la educación primaria, de la educación técnico-profesional, de la educación terciaria, de la formación en educación, de la educación a distancia, de la primera infancia. Se cambian cometidos en la validación de conocimientos y en las características del Congreso Nacional de Educación. Asimismo, se elimina el sistema nacional de educación pública y se crea una organización, se cambian los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura, del Codicén y de la UTEC con relación a las reválidas, así como los de la ANEP en lo que hace a los programas. Se eliminan los consejos, se cambian las características para integrar el Codicén, se crean directores generales, se crea el Consejo de Formación en Educación, se hacen modificaciones al actual estatuto docente, se hacen modificaciones en las Asambleas Técnico-Docentes, cambios en los derechos de los estudiantes y en los de los tutores, se modifican los Consejos de Participación y el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Se crea el programa de formación en educación universitaria, el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación, se crean las Comisiones Departamentales de Educación y la Comisión Nacional de Educación No Formal, a la vez que se modifica todo el sistema de habilitación del sistema de educación en la primera infancia y la educación policial y militar. Se modifica la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública. A propuesta del Frente Amplio, se crea una Comisión Coordinadora de Educación Pública, también se hacen modificaciones en derechos humanos, en educación física, en el INEEd y en el Plan Ceibal. Entonces, señora presidenta, creo que no se puede decir que no se modifica la Ley General de Educación o que no estamos ante una nueva ley de educación. Se podrán hacer otras modificaciones a la ley de educación.

Nosotros tuvimos que discutir aquí, en tiempo récord, en condiciones muy diferentes a las que el Frente Amplio otorgó en su rol de Gobierno y con mayorías parlamentarias en el 2008, dando lugar a un amplio debate educativo a nivel nacional. Eso es incontrastable. Además, el expresidente Mujica en 2010 y en 2012 creó comisiones interpartidarias de educación. Recuerdo que en aquel momento con el señor senador Mahía e inclusive con el actual ministro, participamos en comisiones, y las condiciones para discutir sobre la educación eran totalmente diferentes a las que tenemos hoy.

Estos son temas de una enorme sensibilidad. Fíjese, señora presidenta, que el ministro estuvo once horas en la comisión y respondió no todas, pero sí la mayoría de las preguntas que le hicimos. Estoy convencido de que muchos de estos temas tienen que ver, por ejemplo, con la creación de un plan nacional de educación. En ese sentido, Robert Silva planteó en la comisión que ese plan había sido recogido, de alguna forma, de la propuesta del Congreso Nacional de Educación, pero a mi entender no tiene nada que ver con lo que allí se decía, ya que planteaba un amplio debate social y político para la creación de ese plan. Este plan que se propone aquí, lo van a acordar los nuevos consejeros con el Ministerio de Educación y Cultura y, eventualmente, lo presentarán al Parlamento.

Además, este proyecto de ley tiene una mirada privatizadora, que reduce la participación social, que recorta la libertad de cátedra; tiene una idea refundacional del sistema educativo, no tengo ninguna duda. Establece un estatuto docente sin ningún tipo de negociación; establece que las instituciones que van a ser evaluadas por el INEEd sean publicadas, y esto es un cambio fundamental del que prácticamente no se ha hablado. Además, tiene inconstitucionalidades que, si la señora presidenta me permite, intentaré desarrollar en el tiempo del que dispongo.

¿Por qué decimos que recorta las autonomías, violando así el artículo 202 de la Constitución? Este artículo establece la autonomía técnica de los entes autónomos en su especialidad. Inclusive, Jiménez de Aréchaga decía que el Parlamento debía estar exento de esta cuestión. Es claro que si el Ministerio de Educación y Cultura va a elaborar un plan nacional de educación conjuntamente con el Codicén, está interfiriendo en esa autonomía técnica. No hay dos lecturas.

¿Por qué decimos que reduce la participación social? Porque establece que como máximo podrá ser llamado el Congreso Nacional de Educación una vez por período; porque elimina la participación de los trabajadores de la educación en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en el Consejo de Educación Secundaria y en UTU, quitando la mirada plural a la toma de decisiones y llevando una mirada gerencialista, como si los problemas de la educación se resolvieran con una lógica empresarial. Además, elimina la participación de los estudiantes, como estaba marcado en la vieja ley de educación –actualmente vigente–, en cuanto a que por lo menos un tercio de esos consejos tenía que estar integrado por estudiantes, porque se entendía que los Consejos de Participación eran una escuela de ciudadanía. En definitiva, participar es tomar parte y tomar parte nos hace mejores ciudadanos.

¿Por qué decimos que tiene una orientación privatizadora? Como muy bien señalaba el señor senador Olesker, la privatización puede ser exógena o endógena; tiene diferentes formas y una de ellas es llevar la lógica gerencial a los centros educativos. En realidad, no solo se hace sin ningún tipo de negociación colectiva –lo que ya es bastante grave–, sino que se establece la posibilidad de que los directores puedan elegir a su cuerpo docente. Esto es de una gravedad tremenda. ¿Qué va a pasar con aquellos profesores que tengan horas en varios liceos y en un liceo funcione un estatuto y en otro liceo, otro estatuto? ¿Qué va a pasar cuando un docente se sienta afectado en su carrera y decida interponer un recurso de inconstitucionalidad porque esta ley no va a tener las mayorías especiales que aplican según el artículo 64 de la Constitución? ¿Qué va a suceder cuando se fundamente la inconstitucionalidad en base al numeral 7.º del artículo 168 de la Constitución que establece que no pueden merecer la calificación de urgente consideración aquellos proyectos de ley que requieran mayorías especiales? Creo que sería mucho más saludable que el Codicén estableciera el estatuto. Tiene todas las potestades para hacerlo y no precisa del Parlamento, del Senado ni de la Cámara de Representantes.

Señora presidenta; tengo una hipótesis, pero dejemos que pase el tiempo y veremos. Desde mi punto de vista, los cambios que se proponen en el estatuto y el nuevo estatuto son claramente inconstitucionales. No hay dos lecturas. Este fue el argumento que se usó –bajo cuerda– para retirar algunos artículos que referían a la Universidad de la República. Cualquiera que lea la Constitución se va a dar cuenta de eso; no hay que ser constitucionalista para entender que estamos votando un nuevo estatuto.

Además, se incluye a las instituciones privadas para coordinar las políticas. Reconozco que se quitó la referencia taxativa a los entes autónomos, pero si leemos los cometidos de la Comisión Coordinadora de la Educación Pública, nos vamos a encontrar con que allí van a discutir políticas. Esto no solo es violatorio de la autonomía de los entes, sino que, desde mi punto de vista, señora presidenta, también lo es de la laicidad. Por algo en el siglo XX se separó el Estado de la Iglesia; por algo José Pedro Varela quería que la educación confesional estuviera lo más separada posible y por algo Reina Reyes decía: «La educación laica al eliminar, en lo posible, la imposición de dogmas políticos, religiosos o pseudocientíficos favorece la duda intelectual, cultiva la observación objetiva de la realidad y hace posible el pensamiento reflexivo y el juicio crítico […]. La educación dogmática, en cambio, en lo intelectual, pone trabas al pensamiento reflexivo y, en lo afectivo, cultiva el asentimiento a la autoridad…». Y las instituciones privadas, en su mayoría confesionales y de origen religioso, en todo su derecho y en la libertad que tienen, por suerte, en nuestra república, no deberían estar en ámbitos de definición de políticas. Pueden ejercer su derecho a la educación confesional en el ámbito de la educación privada, pero no deberían ponerse a discutir en conjunto con las instituciones públicas las acciones a tomar y los planes a realizar. Creo que es absolutamente inconveniente.

Señora presidenta: nosotros vamos a votar la creación de la Comisión Coordinadora de la Educación Pública, pero quiero decir que es bastante menos de lo que teníamos. La que existía estaba ponderada en función de los volúmenes institucionales de cada uno de los organismos. Acá se pone a coordinar la formación artística del Sodre, con una matrícula de 500 estudiantes, con la Universidad de la República, que tiene 137.000. Creo que sobran las palabras.

Además, desde nuestro punto de vista, el artículo sobre la libertad de cátedra está recortando la libertad de cátedra. Y, al menos desde mi punto de vista, no es de recibo el argumento que dio el ministro en cuanto a que la libertad de cátedra era una cuestión universitaria. Sí puedo compartir que está relacionada a los diferentes niveles, pero siempre hay un ejercicio de libertad de cátedra de cada uno de los docentes, y acá se indica cómo tiene que ser. A mi entender, la inclusión que se hace olvida la referencia a la laicidad de la actual Ley General de Educación, que más o menos dice cosas parecidas al agregado que se le va a hacer. Reitero: está referida a la laicidad y no a la libertad de cátedra.

Entonces, en noventa días, este proyecto de ley elimina organismos que tienen más de ochenta años en nuestro país –me refiero a organismos plurales como los consejos de educación– y a nuestro entender con claras inconstitucionalidades. Además, tiene algunos cambios que desde mi punto de vista pueden ser calificados como una reforma curricular, tema que es muy debatido en el ámbito de la educación.

También se realiza una definición de la educación primaria, algo que mañana vamos a discutir largamente, y se incluye la idea de las competencias. En Uruguay hay centros educativos que enseñan por competencia. De hecho, hay centros educativos públicos que lo hacen de esa manera. El Liceo n.º 2 de Toledo funciona básicamente por proyectos.

Ahora bien, al igual que la educación contenidista, la educación por proyectos tiene sus críticas. Cuando se está cambiando la orientación que debe tener la educación primaria, estableciéndose cuáles son las asignaturas, ¿no sería bueno debatir y llegar a un gran acuerdo nacional en este sentido? Se deja de lado la definición que tenía, que era mucho más genérica, que hablaba de convivencia, de razonamiento, de adquisición de conocimientos básicos, y se cambia por otra que define taxativamente cuáles son las asignaturas que tienen que trabajar en educación primaria.

Creo que, tanto por forma como por contenido, nosotros no podemos acompañar ninguno de estos artículos.

Y dejo para lo último los cambios en el Consejo de Formación en Educación. En el 2010, en conjunto con la idea de la Universidad Tecnológica, nosotros propusimos la creación de la Universidad de la Educación porque pensamos que no es bueno que en el Uruguay exista el monopolio público en el ámbito universitario; no le hace bien a la Universidad. Ese proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes con las mayorías especiales que se requiere por tratarse de un ente autónomo; sin embargo, en el Senado faltó un voto y el proyecto resultó negativo. En el período pasado se presentó nuevamente la iniciativa vinculada a la Universidad de la Educación y nosotros seguimos luchando y bregando por tener una Universidad de la Educación que contenga toda la formación docente de este país.

De todos modos, nos parece bueno que se cree por ley el Consejo de Formación en Educación. Vamos a acompañar su creación porque, en su redacción definitiva, se integra a los estudiantes y a los docentes, lo cual nos parece que es un avance. Por eso, repito, lo vamos a votar.

SEÑOR SÁNCHEZ.- ¿Me permite?

Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR SABINI.- Ya culmino, señora presidenta.

Para finalizar, simplemente quiero señalar que en ningún momento se explicó por parte del señor ministro el porqué de estos cambios que se proponen y cómo van a mejorar la educación y sus resultados; no se explicó en la exposición de motivos ni tampoco en la comisión.

En particular, con referencia a las competencias que mencionaba recién, ¿cuál es el sustento para esa modificación? ¿Cómo se espera que la enseñanza por competencias mejore la educación pública? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene desde el punto de vista pedagógico? ¿Por qué se cree que generar mecanismos de selección tipo empresarial va a mejorar los resultados, cuando la evidencia dice que, en realidad, puede llevar a prácticas contrarias a la mejora educativa, y hasta diría que perversas? Los docentes tenemos que trabajar –y digo «tenemos» porque sigo siendo docente– en función de la obtención de resultados, como por ejemplo el número de estudiantes aprobados, y las instituciones van a verse publicadas en un ranking a través del INEEd. Fíjense qué curioso: se elimina el anonimato de las instituciones, pero no la de los docentes ni la de los estudiantes. Sin embargo, cuando en esa lista yo vea el liceo Manuel Rosé, al cual pertenezco, claramente voy a saber quiénes son sus estudiantes y sus docentes. Quizás estemos promoviendo que algunas instituciones, para aparecer en una mejor posición en la lista de resultados, no anoten a algunos estudiantes, que ya saben quiénes son.

Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando incluimos en la educación lógicas que son propias del mundo empresarial. Y no lo digo yo, señora presidenta, que simplemente soy una persona que trata de informarse; lo que estoy planteando lo dicen especialistas del mundo educativo, uruguayos y del exterior, quienes desaconsejan este tipo de prácticas porque, en lugar de generar una educación más integrada, generan una educación más estratificada.

Y yo no quiero ese riesgo en la educación pública. Quiero una educación pública que tenga las puertas abiertas a todos los estudiantes, sin importar de dónde vengan y si eso va a afectar o no los resultados educativos.

Señora presidenta: en el día de mañana vamos a analizar en profundidad el articulado y nos referiremos a cada uno de estos temas, así que, por hoy, es cuanto quería manifestar.

Muchas gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: en esta última etapa hice campaña acompañando a quien fuera dos veces presidente de la república, el hoy senador, doctor Julio María Sanguinetti. Nunca había tenido esa posibilidad y esa oportunidad, y pudimos hacer campaña juntos en octubre y en noviembre. Siempre, antes de que yo hablara, el doctor Sanguinetti me decía: «Sé breve; no avises, que te lo vamos a agradecer dos veces». Por lo tanto, ya avisé y voy a ver si sigo el consejo del doctor Sanguinetti, de acuerdo con el relato, aunque a esta hora todos estamos esperando llegar a votar el proyecto en general y mañana ver los temas en particular.

A ver, esto es la continuidad de lo que fue el cambio. Acá nadie iba pasando y lo invitaron a entrar porque justo iba pasando. Acá estamos quienes querían continuar y quienes queríamos cambiar, acá se encuentra la representatividad genuina de más gente: quienes querían continuar y quienes querían cambiar. ¡Y ganó el cambio! ¡Ganó el cambio! Por lo tanto, eso es lo que hoy estamos plasmando en el Senado de la república, a quienes nos apoyaron, nos respaldaron y nos votaron en octubre y en noviembre. Y me parece que esto es sumamente importante.

También nosotros, señora presidenta, pasamos quince años fuera del Gobierno. ¡Es mucho tiempo! No hemos estado improvisando en los últimos días diferentes proyectos o iniciativas o cosas que se nos ocurrieron al pasar. No. ¡Hace quince años que creemos en estas cosas! ¡En el acierto o en el error! Y, estando en democracia, durante quince años no nos eligieron. Por lo tanto, en lo que nosotros creíamos y de lo que estábamos convencidos, no prosperaba, pero no lo elaboramos ayer, no se nos ocurrió en la urgencia o en la necesidad de hacerlo, como suele decirse, pronto, listo y ya, improvisando. No. En esta LUC hay iniciativas que nuestro partido presentó hace años, hace mucho tiempo. Y hoy nos sentimos representados y reflejados en esos proyectos de ley que, mientras no vino el cambio, no estaban ni en la agenda, porque antes en el Parlamento había mayoría absoluta y marcaba la agenda un solo partido político.

Por lo tanto, esto es una actividad político-partidaria que nosotros venimos a trasmitir porque la mayoría de los uruguayos, la que nos eligió, está esperando eso de nosotros. Y en ese desarrollo es que estamos planteando este escenario para ese cambio tan esperado por muchos. Seguramente otros estaban a favor de otras opciones. Pero lo cierto es que todo esto tiene un proceso y nada se sacó de la galera, sino que es en lo que creíamos y de lo que estuvimos convencidos durante muchos años como lo mejor para nuestro país.

Por lo tanto, cuando se dice que van a discrepar del sistema que vamos a implementar o que va a implementar la coalición o el Gobierno, de acuerdo a cómo nos vamos a estar manejando, nosotros decimos: ¡sí! ¡Claro! ¡Nosotros estuvimos quince años discrepando! Y ahora tenemos la mayoría y encaminamos los proyectos de acuerdo con las circunstancias y a lo que votó el Uruguay. Por lo tanto, de ese punto de vista no nos vamos a apartar, señora presidenta. Vinimos a cambiar, a hablar del futuro. ¡La LUC es constitucional! La LUC no es pasado, es futuro. Y para todos nosotros es, principalmente, la esperanza y la expectativa de cantidad de proyectos que se fueron impulsando durante mucho tiempo y que no contaron con las mayorías ni con los respaldos, ni siquiera se creía que estaban en agenda.

Está claro, también, que aquí nadie iba pasando y lo invitaron a entrar. Hoy escuché a los señores senadores todo el día y constaté que todos se prepararon, todos están informados, todos entienden y saben de esto, desde sus diferentes puntos de vista y ópticas. Está claro que podemos decir al Uruguay que aquí están sus representantes y que, sobre este tema tan importante para el país, todos se prepararon, todos saben de lo que están hablando y todos están impulsando sus iniciativas, según su entender. Me parece que eso también es importante.

Estamos convencidos de que hoy hay que votar la LUC y de que, claramente y de una vez por todas, tenemos que brindar las herramientas que permitan lograr algo que para nosotros es ¡urgente! y que seguramente para la oposición hoy no lo es. Definitivamente estamos convencidos de que todos estos artículos van a dar herramientas al Poder Ejecutivo y al ministro Larrañaga –que está haciendo un gran esfuerzo– para poder salir adelante de esta situación tristísima, ¡tremenda!, de récord en hurtos, récord en asesinatos y récord en rapiñas. ¿No le vamos a dar las herramientas a quien entiende que son las que necesita para velar por la seguridad de todos nosotros, de todos los compatriotas? El Poder Ejecutivo y el ministro entienden que cada uno de estos artículos es fundamental para poder recuperar un país que, lamentablemente, en los últimos quince años ha sido tristísimo en materia de seguridad. Y, para nosotros, eso fue siempre una prioridad.

Aquí está el señor senador Bonomi, quien fue nueve veces interpelado; venía por una puerta y se iba por la otra.

Siempre consideramos que había que generar ese tipo de escenarios y no lo pudimos concretar. ¡Hoy lo vamos a hacer! ¡Hoy va a votarse la LUC! Y, por lo tanto, hay miles de compatriotas que están esperando que todos esos artículos –a los que mañana nos referiremos e iremos desarrollando, uno por uno– sean, realmente, el instrumento para terminar con todo lo lamentable y triste que está ocurriendo en el Uruguay, que vemos todos los días y que ningún uruguayo de bien quiere.

Todos creemos que puede haber diferentes caminos para llegar a la solución. Como muy bien lo trasmitieron hoy mis compañeros de bancada Adrián Peña, Tabaré y Carmen Sanguinetti, casi todos los proyectos que proponemos e impulsamos estaban en nuestro programa de gobierno. Yo, que estuve en el período pasado, puedo decir que mucho de lo que se está proponiendo nuestro partido ya lo venía planteando, precisamente, desde el anterior período. Por lo tanto, no estamos improvisando, sino que estamos haciendo todo con mucha seriedad y mucha responsabilidad.

Me viene a la memoria una cosa. Hace rato que vengo diciéndole a la señora presidenta que los cuartos intermedios son buenos. Recuerdo aquel 28 de abril en que parecía que íbamos a terminar todos con guantes. Hoy, la situación es diferente. Parece que en el proceso todo fue cambiando. No sé cómo fue el funcionamiento de la comisión; tal vez fueron muchas horas en las que los senadores estuvieron juntos y compartieron e intercambiaron opiniones; en circunstancias como esas uno pasa bastantes horas lejos de la familia y de sus lugares habituales y empieza a sentirse más cercano a sus compañeros. Lo cierto es que la relación entre los legisladores del Gobierno y de la oposición hoy está mucho mejor que aquel 28 de abril, lo que me parece saludable y bueno.

Sin embargo, también se hablaba de que algo era antidemocrático, antirrepublicano, y de muchas cosas, pero los números eran contundentes. Y, al otro día, el presidente de la comisión dijo algo así como «¡sin traumas!». Usó alguna que otra palabra más que ahora no recuerdo, pero en definitiva me parece que eso fue lo que sucedió. No hubo traumas. Hubo cientos de modificaciones. Entonces, ¿estaba abierta o no la propuesta? ¡Lo estaba! Más de ochocientas intervenciones, más del 51 % de los artículos votados, alrededor de ciento sesenta delegaciones, y la oposición habló ochocientas treinta y dos veces, según lo que decía el señor senador Penadés. ¡No avasallamos a nadie! No era como decían el 28 de abril. Estamos intentando llevar adelante un programa de gobierno de coalición y de cambios para los uruguayos. La oposición trabajó y tuvo las oportunidades de hacer todas las modificaciones posibles. En ese sentido, me parece que no se pueden decir palabras que terminan siendo muy fuertes, pero a esta altura no quiero cambiar el tono de lo que durante todo el día fueron intervenciones saludables.

Queremos señalar lo importante que es la creación de la regla fiscal prevista en los artículos que van del 206 al 211. Ya lo habíamos propuesto como Partido Colorado en otras instancias. Voy a poner menos ejemplos. Mañana, seguramente, de acuerdo con el desarrollo del debate, iré viendo punto por punto.

También me parecen muy buenos los artículos 273 y siguientes sobre el control de las sociedades anónimas propiedad de los entes del Estado. Allí están los mismos lineamientos que veníamos proponiendo en el período pasado.

Voy a hacer referencia a dos o tres puntos porque ya que tengo la oportunidad de estar sentado en el Senado de la república, quiero trasmitir mi opinión. No integré la comisión especial porque también es cierto que debían ser quince miembros, pero los felicito y me sentí muy reconfortado por el relacionamiento y por cómo trabajaron los que la integraron. La verdad es que me parece muy bien la forma en la que trabajaron, pero en esta instancia estamos todos y tenemos la oportunidad de hablar y de decir lo que pensamos.

Voy a votar la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; ya lo había dicho. Sin embargo, creo que el tema ya estaba a nivel ministerial –lo reitero– y que era mucho más importante tener una cartera relacionada con ciencia y tecnología –cuyo proyecto ya tenemos pronto– que este ministerio de medioambiente. Vamos a votarlo, vamos a apoyarlo, pero nos parecía que ya tenía escenario ministerial. Hoy con la pandemia, con el coronavirus y con la situación que estamos viviendo, creo que muchos podríamos empezar a trabajar en otro proyecto, porque estamos en manos de científicos y todos decimos que esto va muy bien, pero parece mucho más importante dar rango ministerial a la ciencia y a la tecnología que crear el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En su momento también habíamos dicho que no íbamos a respaldar la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana porque la queríamos autónoma e independiente. De todas formas, fuimos a hablar con la ministra Moreira y con el subsecretario Hackenbruch; estuvimos interiorizándonos del tema, trabajando y trasmitiéndoles lo que muchas veces pensamos los del interior acerca de lo que pasa en Montevideo, porque Dios está en todas partes, pero todas las oficinas quedan por acá cerquita. A veces venimos desde el interior y vemos ese montón de escenarios «burrocráticos», donde parece que algunos temas pasan a ser residuales, pero son muy importantes para nosotros. Por lo tanto, cuando vemos que algo va a acaparar mucho, empezamos a preocuparnos y a generar la oportunidad de que sea autónomo y pueda ser mucho más eficiente. En ese escenario estamos buscando una dirección que le gane a los asentamientos, que le gane –en todo su contexto– a esa tristeza de cientos de miles de uruguayos que hoy viven en los asentamientos. Como decía hoy el señor senador Viera, de una vez por todas tenemos que conseguir antes los servicios para que después llegue la gente y no que siga llegando la gente antes de los servicios. Esta es una buena herramienta para utilizar y ganarle a esa tristeza en la que viven compatriotas tan cercanos de todos nosotros. En definitiva, vamos a apoyar y a respaldar ese contexto, confiados en que nada va a ser residual, que todo va a ser importante, que definitivamente le vamos a ganar a esto y que las familias uruguayas van a tener la oportunidad de contar con viviendas dignas.

En esa línea me parece muy bueno que también –lo hablé en su momento con el coordinador de bancada y con nuestros compañeros– se cree lo que nuestro partido propuso en su momento, que es el Meviur, o sea, el Mevir urbano. Hay algunas que otras experiencias y han sido realmente exitosas. En lo personal, creo que el Mevir es una de las obras sociales más importantes de la historia del Uruguay que terminó con el rancherío de la campaña. En realidad, también fue parte de un escenario de coalición que los uruguayos impulsaron –Gobierno de Gestido, propuesta de Gallinal-Heber y un inciso del presupuesto– y terminó siendo la principal solución de la vivienda rural. Por lo tanto, el proyecto del Meviur me alienta, me genera la expectativa, la ilusión de que pueda ser una gran herramienta para ayudar a los que no tienen vivienda y erradicar definitivamente los asentamientos.

También voy a hacer referencia a otra propuesta de nuestro partido, porque el propósito de mi intervención es decir: ¡Ojo, nosotros no estamos en nada que se nos haya ocurrido ahora! Hace años que estamos peleando por estas cosas. Hemos sabido vivir en minoría; hacía quince años que gobernaban ustedes. Bueno, miren, nos matamos en octubre para ir al balotaje, nos matamos en noviembre para ganar la elección y ahora gobernamos nosotros. ¡Ahora el punto de vista es nuestro! Los aportes, las reducciones de daño de las que hablan ustedes y todo lo que crean que tengan que hacer, ¡háganlo! Me parece fenomenal y notable, pero nosotros vamos a intentar el cambio en el Uruguay y no la continuidad que se quería proponer. Además, los uruguayos eligieron el cambio.

Por eso no me parecen menores algunos que otros planteos que hicimos en su momento, al igual que los exsenadores Amorín y Bordaberry. ¡Ni que hablar el senador Bordaberry! ¿Quién va a negar la cantidad de aportes y de proyectos de ley que dejó en este recinto? Iba a hacer referencia al de José Amorín, ya que se aprueba la portabilidad numérica, un proyecto de ley que es nuestro y nos parece fenomenal.

La verdad es que no sé si seguir el consejo del expresidente Sanguinetti; voy a decir, señora presidenta, que voy a votar la LUC en general, pero no voy a acompañar los artículos 233, 234 y 235. Sé que nuestros compañeros y mi partido han hecho un aporte tremendo y han puesto absolutamente todo con seriedad y con responsabilidad para que esto llegara de la manera en que lo están presentando. Mejoró muchísimo, pero en lo personal sigo manteniendo que tendríamos que haberlo dejado tal como llegó desde el Poder Ejecutivo. La desmonopolización de los combustibles es justa, necesaria, tiene que ser «pronto, listo y ya», y esta era una hermosa oportunidad que no tendríamos que haber temido. Por lo tanto, voy a votar el proyecto de ley en general –por supuesto– y la voy a defender si es necesario en el correr de todos estos días, pero no voy a votar –insisto– los artículos 233, 234 y 235. Quiero que los combustibles de mi país compitan, como hicimos con los celulares, como hicimos con el Banco de Seguros del Estado, como hicimos con el Banco República y como creo que tenemos que seguir haciendo; ese es el camino. No me pienso apartar de esa línea y estoy seguro de que no voy a alterar para nada ningún escenario, porque soy hombre de mi partido y de mi país, pero estoy convencido de esto y cuando estoy convencido de algo, no cambio.

Muchas gracias.

16) TRASMISIÓN DE LAS SESIONES DEL SENADO POR LAS REDES SOCIALES

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a realizar una breve aclaración.

Nos recordaba el señor senador Carrera que el lunes, en la reunión de la coordinación, hicimos el comentario sobre el tema de las barras y cuando se tomó la decisión el señor senador no estaba; él llegó después, por un tema de horarios, cuando yo estaba yendo al velatorio de los infantes de la Marina. Sí estuvo cuando hablamos de los medios de trasmisión que iban a utilizarse para sustituir las barras, pero él no formó parte de toda la conversación ni de la negociación.

Quería dejarlo sentado a efectos de aclarar que la actividad del coordinador da trabajo, así que pido las disculpas del caso al señor senador.

17) PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión general del único punto del orden del día.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: en primer término, quiero adherir al saludo y dar el pésame a las familias de las víctimas de este trágico fin de semana. En lo que respecta a la institución afectada, lo hemos hecho en forma personal.

En segundo lugar, también creo que vale la pena saludar y felicitar el trabajo de todos los integrantes de la comisión que estudió este proyecto de ley, y en particular a los presidentes de las subcomisiones, los señores senadores Penadés y Carrera, quienes ejercieron su función de manera firme pero cordial.

(Murmullos en sala).

–A esta hora, luego de las intervenciones de mis compañeros de bancada, correré el riesgo –y lo asumo– de reiterar algunos de los conceptos que con tanta claridad se han expresado en esta sala, muchos de los cuales –por supuesto, representan a la bancada del Frente Amplio– nos son comunes. No menos válidas han sido las declaraciones vertidas por la bancada oficialista, aunque entiendo que son, ni más ni menos, la expresión de dos concepciones de país.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa ruega a los señores senadores que no murmuren en sala.

Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Muchas gracias, señora presidenta, por ampararme en el uso de la palabra.

Desde una óptica parlamentaria, entendemos que el Frente Amplio asumió una actitud responsable en el rol que le compete. Nos comprometimos, tanto con el sistema político en su conjunto como con nuestra fuerza política y también con la sociedad, a llevar adelante un tratamiento serio, estudioso y analítico del planteo del Poder Ejecutivo.

Es así que, en una primera instancia, apegados al exhaustivo trabajo de asesores, de representantes y de profesionales sobre lo que entendimos que significaba esta ley como mecanismo constitucional, advertimos que, sin duda, innova en al menos dos cuestiones: en primer lugar, la extensión textual del proyecto y, en segundo término, su amplitud temática, según uno de los profesionales que se manifestó públicamente, el doctor Cajarville.

Nosotros seguimos creyendo que esta caracterización del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración es la correcta. En varias oportunidades en el seno del plenario representantes de nuestra bancada citaron las palabras de Zelmar Michelini, figura por demás representativa de nuestra fuerza política, pero que la trasciende, siendo representativa del sistema republicano. Michelini es uno de los fundadores de nuestra fuerza política, coalición y movimiento que cuenta con cuarenta y nueve años de permanencia. ¿En qué contexto se describe el artículo mencionado? Pregunto esto porque el contexto también importa; esta herramienta fue pensada para un sistema pulverizado de partidos, como el que teníamos en aquellos años, con estas mismas características. Ese formato es una estrategia legislativa que entendemos no mejora la calidad de la deliberación, pero además esta combinación no es lo mejor para la democracia. Fíjense que este proyecto de ley plantea la modificación de más de cincuenta leyes aprobadas –en su mayoría a lo largo de varios años– que, en promedio, insumen algo así como doscientos setenta y cinco días de trámite parlamentario, y tenemos que aprobarlo en menos de noventa días. Creo que más allá del muy buen ambiente de diálogo y de compromiso de trabajo, de parte de la bancada opositora y de quienes integraron la comisión especial en su totalidad, existieron momentos de desconcierto y de desencuentros; fueron sorteados, pero sí los hubo.

El contenido de este proyecto de ley es por demás diverso. Hubo que establecer órdenes de prioridades en tiempos escasos y en medio de una pandemia, que naturalmente menguó –sí, menguó– la participación imprescindible de los diversos actores de la sociedad. Esto llevó, entre otras muchas cosas, a lo que se mencionó hace instantes, es decir, a que estas barras hoy estén vacías.

Estamos asistiendo, en alguna medida –y lo decimos desde el más absoluto respeto–, a una actitud cuasirrefundacional, por la cual se propone, no solo cuestionar un modelo –que es válido en democracia–, sino también, en algunos casos, barrer con construcciones históricas en materia de derechos adquiridos. Solo eso puede explicar la mezcla de temas que se incluyen con carácter de urgente en este proyecto de ley. Y aclaro que entendimos el concepto de que lo urgente es el tratamiento.

Esta iniciativa contiene varias leyes y su fundamentación apunta a responder a un compromiso asumido con la ciudadanía durante la campaña electoral –lo que es válido–, pero entendemos que eso está lejos de expresar una fundamentación de urgencia.

Además entendemos, legítimamente, que es inoportuna. En lo que me es personal, aun discriminando lo que es la urgencia de la emergencia, entiendo que hoy los ciudadanos, las ciudadanas, los uruguayos y las uruguayas tienen otras urgencias que se relacionan con el mundo del trabajo y con las necesidades básicas que se ven menguadas a partir de los efectos de las medidas sanitarias. ¡Por supuesto que hemos acompañado en el seno de este Cuerpo muchas leyes que atienden esa pandemia!, pero quizás no tantas como las que hubiéramos querido o en las que entendemos podíamos haber avanzado.

Debemos decir, también, que la urgencia –como lo han manifestado algunos señores senadores– tiene que ver, entre otras cosas, con una emergencia vigente en materia de violencia de género. ¡Claro que vamos a continuar trabajando! ¡Esto no se agota con la ley de urgente consideración! Pero en materia de prioridades, ese tema no estuvo dentro de esta iniciativa, y soy absolutamente consciente del trabajo que han desarrollado de manera conjunta mujeres de todos los partidos políticos. Recuerdo particularmente cuando en la década de los noventa hubo un intento de arremeter contra la Línea Azul del INAU, y mujeres de los tres partidos que en ese momento tenían representación parlamentaria dieron una pelea muy fuerte para contrarrestarlo, incluso dentro de sus propias internas partidarias. Por eso entendemos que esa emergencia, esa urgencia, pudo haber sido contemplada.

Estos artículos, distribuidos en secciones y en capítulos, referidos a gran cantidad de temáticas muy diversas, abarcaron ochenta y cinco temas, cada uno de los cuales podría, perfectamente, formar parte de una ley independiente. Me refiero a leyes yuxtapuestas que plantean modificaciones a leyes preexistentes o agregados a la legislación vigente.

El constituyente previó que no podía tratarse más de una ley de urgencia en forma simultánea, pero este aspecto no se contempla en este proyecto de ley que abarca una enorme cantidad de temas, tales como seguridad, educación, economía, regla fiscal, empresas públicas, unidades reguladoras, funcionamiento del Estado, relaciones laborales, seguridad social, políticas sociales. Cada uno de ellos sería merecedor de, por lo menos, una ley.

Dijimos, además, que contenía una enorme reforma del Estado y allí también surgen las dos visiones de modelo, que entendemos merecen ser analizadas con sumo cuidado, con la participación de los sectores sociales involucrados.

Reitero que no diré muchas de las cosas para no ser reiterativa, pero me parece que algunas no son redundantes.

Basta con analizar el alcance de uno de los artículos que implica un duro golpe a las expectativas de los trabajadores, ya que consagra legalmente la imposibilidad práctica y de hecho del ejercicio de la modalidad de huelga con ocupación de los lugares de trabajo, con el agravante de asignar al Estado la competencia para garantizar el ingreso de los que quieren trabajar, pero también –como decía un viejo obrero de más de ochenta años– de una figura que no se nombra porque quizá no queda lindo, que es la figura del rompehuelgas y, por supuesto, también de los empresarios. El artículo en cuestión reglamenta en forma restrictiva un derecho que entendemos es fundamental e intenta bloquear cualquier posibilidad de rescate jurídico, político y sindical de la mejor tradición de lucha del movimiento obrero, por lo que al respecto no puede existir otra actitud que el rechazo de ese artículo en particular.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–Otro aspecto que nos preocupa y que entendemos se contrapone con la política de inclusión llevada adelante –la de los pequeños y medianos productores familiares, por ejemplo–, es lo que refiere al agro. Es el único sector económico que, como tal, merece un capítulo en la ley de urgente consideración. En el proyecto de ley se declaran algunas cuestiones que lejos están de contemplar al trabajador rural, porque ni se habla de él; parecería que no es sujeto de urgencias, por lo que nos quedamos esperando los aportes en ese sentido.

De alguna manera, la sección analizada no supera los problemas del sector. No se resuelve la pérdida de los productores radicados en el territorio rural, el repoblamiento de la campaña, la extranjerización de la tierra, la mejora de la competitividad o la inserción en los mercados internacionales. Por el contrario, entendemos que se debilita el rol del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, supeditando el interés general al individual del propietario del suelo. Nada se dice de mejorar la cantidad y la calidad de la producción uruguaya, transformándonos en un gran generador de alimentos para el mundo entero.

De esos quinientos un artículos que conocimos al ingreso formal en este Parlamento, en la versión final han quedado cuatrocientos setenta y seis. De ellos, un porcentaje que ronda el 15 % o el 18 % son los planteados originalmente. Hemos trabajado sin ningún trauma sobre la modificación de parte del articulado, con convicción y ante el planteo de más de cien delegaciones de la sociedad organizada que entienden que el contenido de gran parte de esas normas son regresivas en materia de derechos, y muchas de ellas atentan directamente contra intereses de trabajadores, a los cuales, entre otras cosas, se les va a recortar el derecho de huelga, se les va a ajustar la negociación colectiva –con la que defienden su salario– y a reducir su número en el Estado.

Reconocemos la honestidad de quienes desde el Gobierno electo, durante la campaña electoral, anunciaron antes del 1.º de marzo –como bien se dijo aquí– que iban a presentar una ley de urgente consideración para implementar los elementos fundamentales de su programa de gobierno.

La Cepal, en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019, en el capítulo sobre Uruguay expresaba: «Desde el punto de vista económico, el gobierno que asumirá en 2020 centró su discurso en la recuperación de la rentabilidad empresarial como forma de incentivar la inversión y el crecimiento económico. Entre sus prioridades se destacan la reducción del abultado déficit fiscal […] la apertura comercial, modificaciones en las relaciones laborales, y cambios normativos y de gestión en las empresas públicas…». No lo dice la izquierda, lo dice la Cepal, resaltando una definición del sujeto objeto de la política, de los obstáculos y de los instrumentos a utilizar, que hoy entendemos están expresados en este proyecto de ley de urgente consideración.

Además, esto se presenta en las peores circunstancias que ha vivido nuestro país, porque no existen las mínimas condiciones para que los parlamentarios y los sectores sociales afectados puedan participar adecuadamente, aunque sí recibimos a las delegaciones, hubo intercambio y tomamos en cuenta muchos de los cambios sugeridos.

Entendemos que en materia de funcionamiento y rol del Estado, como bien se ha expresado por parte de esta bancada, los artículos tienen como objetivo llevar adelante una fuerte reducción del gasto público en recursos humanos.

En conclusión, en materia de seguridad entendemos que no da todas las garantías individuales que quisiéramos, porque recorta derechos de la ciudadanía, alienta la represión, no aporta solución a problemas tan sensibles como reales y aumenta la discrecionalidad policial. Para nosotros son temas que no quedan cubiertos a partir del articulado, y seguramente la mayoría de ellos los vamos a votar negativamente.

Por otra parte, entendemos que se limita la capacidad de protesta de los trabajadores y se condiciona el derecho de huelga, como decíamos, a la voluntad del Poder Ejecutivo de turno.

Como bien lo expresaban algunos señores senadores, suprime la autonomía del sistema educativo, limita la participación de los profesionales de la educación y, en alguna medida, busca desmovilizar a estudiantes y a docentes.

En materia de legislación ambiental, entendemos que quedan en manos de privados algunas implementaciones de iniciativas ambientales importantes.

Por supuesto que también en esa visión de modelo creemos que la discusión sobre la regla fiscal no es solamente una discusión técnica sobre las cuentas públicas, sino que tiene de fondo qué nivel de participación se entiende que debe tener un Estado en la economía. Y el proyecto de ley cumple con el objetivo claro de limitar el aumento del gasto público social. Por lo tanto, pensamos que atenta contra una discusión democrática sobre la asignación de los recursos públicos.

Concluyendo –es tarde y creo que todos estamos cansados–, desde el abordaje político reafirmo mi preocupación en alerta para el buen desempeño del debate democrático de ideas, cuestión fundamental para la democracia. Estamos ante la aplicación de este mecanismo ómnibus, ante la designación de urgencias del actual o de cualquier otro Poder Ejecutivo.

El resultado de la propia votación en comisión, así como las diversas delegaciones que recibimos, en este caso fue para dar satisfacción al compromiso de campaña de una coalición en esta coyuntura.

Era todo cuanto teníamos para decir.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR SARTORI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARTORI.- Muchas gracias, señora presidenta.

Señores senadores: ya tarde en la noche de hoy, antes que nada quiero resaltar el gran trabajo que hizo la comisión y este Senado. Creo que vivimos gestos extraordinarios todo el día, desde el presidente que asistió a las barras, hasta la interpelación que se está llevando a cabo en la Cámara de Representantes a estas altas horas de la noche.

Para mí hay cosas que no son coincidencias en nuestro país: con lo que está viviendo Estados Unidos en estos momentos, que tengamos a Gloria Rodríguez sentada en la presidencia son señales que Uruguay le está dando al mundo, y creo que esas cosas son las que nos destacan y hacen que podamos avanzar.

El señor senador Olesker hablaba de un libro –capaz le permito una interrupción voluntaria– y decía que los países que más se desarrollan son los que tienen instituciones fuertes y donde los diferentes sectores políticos trabajan juntos en un diálogo con confianza. Creo que estamos dando señales de esas, de las mejores, en momentos en los cuales la gente precisa unidad, rumbos claros.

Este proyecto de ley de urgente consideración surge al final de todo un trabajo incansable de legisladores, asesores y funcionarios durante horas y horas, inclusive en fines de semana. Más de la mitad del articulado llega con un consenso real, pues en el trabajo hubo propuestas y se mejoró muchísimo el proyecto con redacciones que planteó la oposición, que agregaron muchísimo valor. También hay temas en los que no estamos de acuerdo, porque se trata de darle un nuevo rumbo a nuestro país en una cantidad de aspectos. Hay ideas nuevas para lograr soluciones nuevas en los ámbitos en los que pensamos que se puede mejorar. Nadie dice que todo está mal en nuestro país; hay cosas que preservar y muy valiosas. Estamos enfocados en que necesitamos resultados en aspectos que están más decaídos.

La seguridad es una preocupación nacional; por eso hay un capítulo muy fuerte dedicado a este tema. Se trabajó desde hace años para lograr una dirección diferente. Veremos los resultados, pero dar la base jurídica para que se pueda hacer ese trabajo es fundamental; es nuestro deber como legisladores.

La educación también es un tema sobre el que hemos discutido mucho. Yo estoy convencido de que saber de dónde venimos y cómo hemos caído en varios rankings internacionales o en resultados comparables a países que hace años no tenían nuestro nivel de educación hace que este tema tenga que ser una prioridad. Hay ideas nuevas, un equipo nuevo, y hay que darle la oportunidad y el respaldo jurídico para poder sacar esto adelante.

Ni que hablar de la parte económica. Estamos viviendo uno de los momentos de mayor desempleo de la historia de nuestro país y hay una inercia que no parece mejorar, debido a la pandemia y a la situación económica. Más de 200.000 personas están en seguro de paro, y lo más preocupante es que dentro de unos meses ese seguro de paro se acaba. ¿Cuántas de estas personas van a estar sin seguro de paro y sin trabajo? Tenemos que estar ya pensando que las medidas que vamos a implementar deben tener resultados en los próximos meses, rápidamente. Si no, vamos a vivir una situación social y económica muy dura.

Debemos tener el coraje de defender estas posiciones, con la convicción de que las políticas que estamos plasmando en este proyecto de ley de urgente consideración son las que van a tener buenos resultados. Es tan simple como eso. Y por eso vamos a tener, también, la responsabilidad política de los logros que podamos mostrar dentro de unos años, que hoy estamos empezando a procurar alcanzar desde un punto de vista legislativo con este proyecto de ley de urgente consideración que estamos apoyando.

Se trata de un proyecto de ley de urgente consideración que a cada uno de nosotros nos dejó con ganas de más en algunos aspectos. A mí me hubiera gustado ir más lejos en algunos temas, como por ejemplo en la liberalización de los combustibles, de la que hablábamos. Dentro de la coalición también debimos comprometer algunas cosas para tener un buen piso jurídico que nos permitiera saltar hacia la posibilidad de mejorar la situación de nuestro país. Pero creo que el resultado no podría haber sido mejor. Al final hoy vamos a votar, a altas horas de la noche, un proyecto de ley que va a permitirle un nuevo comienzo al Uruguay y que no es más que la radiografía de todos los cambios legislativos que podíamos hacer para darle una buena base jurídica a este nuevo Gobierno.

Yo soy de los que reivindican la urgencia. Lo urgente es bueno. Cuarenta y cinco días es demasiado, si me preguntan a mí. Son plazos constitucionales, pero en estos momentos tenemos que hacer mucho y hacerlo rápido. Y después de haber demostrado el gran trabajo de estos cuarenta y cinco días, quizás debería ser la norma y no la excepción seguir trabajando así y logrando juntos todo lo que podamos, yendo lo más lejos posible en los consensos y aún más allá cuando hay que tener el coraje político de intentar algo de una manera diferente.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Entonces quería, más que nada, resaltar ese trabajo y decir que apoyamos este proyecto de ley, porque creemos que es un gran instrumento, que nos va a permitir, en los meses y años que vienen, seguir desarrollándonos. Este es solo el comienzo de los cambios y los resultados que queremos ver en nuestro país. Además, refleja una cantidad de sensibilidades nuevas, entre las que puedo mencionar, por ejemplo, el tema del medioambiente, que no es solo una sensibilidad, porque el turismo y la agricultura son nuestras dos grandes industrias y ambas están dependiendo del cambio climático de una manera preponderante.

Es importante dar su lugar al bienestar animal, con la creación de un instituto que se ocupe del tema. Vivimos en un mundo de sensibilidades. Hay una estadística que muestra que nunca fue tan grande el porcentaje de gente que prefiere los animales a las personas. Es algo para reflexionar.

Creo que el proyecto se ha ajustado y modernizado, teniendo en cuenta muchísimas sensibilidades nuevas y, sobre todo, cosas que pensamos que van a funcionar. Y en eso es importante el respaldo político de toda esta coalición. Nos estamos jugando a estas respuestas, porque queremos y sabemos que van a dar resultados.

Y queremos que el Poder Ejecutivo y el Gobierno sepan que desde el Poder Legislativo cumplimos con dos cosas. En primer lugar, con todas las promesas de campaña electoral, que creo que nunca se cumplieron tan rápido después de haber ganado. Esos quinientos artículos corresponden, en gran parte, a cosas que dijimos que íbamos a hacer. Desde el punto de vista legislativo quedaron cumplidas a menos de tres meses de empezar este nuevo Gobierno. Pero también creo que desde acá, por el trabajo que hicimos todos juntos, permitimos al Gobierno lograr mejores resultados para nuestro país. Todos queremos estar dentro de cinco años discutiendo ideas, pero con mejores resultados para la gente que los que tenemos hoy en muchísimos ámbitos.

Es ese sentido pragmático y de esperanza en el futuro el que nos ha animado. Y creo que hemos demostrado un gran trabajo, quizás una nueva manera de trabajar en esta legislatura, donde más del setenta por ciento de los legisladores aquí presentes son de renovación. No estaban aquí en el pasado. Y para mí será un honor seguir trabajando de esta manera, espero que con este mismo ritmo y con este mismo resultado.

De manera que apoyamos este proyecto de ley porque pensamos que va a tener grandes y buenas consecuencias para el Uruguay. Pero sobre todo apoyamos estos gestos, esta manera de trabajar que destacan a nuestro país en el mundo y que no siempre valoramos como deberíamos.

Muchas gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias, señora presidenta.

Nos ha tocado hablar casi al final de esta sesión, que lleva aproximadamente trece horas de tratamiento de este proyecto de ley. Cuando a uno le toca hablar a esta hora se siente tentado de hacer algunas cosas, pero las voy a evitar.

En primer lugar, quiero solidarizarme con todas las personas que han perdido a sus seres queridos en las últimas horas.

(Murmullos en sala).

–Si me ampara en el uso de la palabra, señora presidenta, se lo voy a agradecer.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señores senadores, mantengamos silencio.

Puede continuar, señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias, señora presidenta.

Decía que nos solidarizamos con las personas que han perdido a sus seres queridos en estas últimas horas bastante trágicas.

También queremos saludar el trabajo de los funcionarios y de los equipos de asesores. Fueron cientos de personas, de todos los partidos, que estuvieron trabajando comprometidamente durante muchas horas, aportando su conocimiento, ideas y propuestas, para que el debate de este proyecto de ley pudiera transcurrir en la comisión de la mejor manera posible. Creo que así fue, y eso es bueno. De manera que hay que saludar, como se decía aquí, el trabajo que hacen muchos funcionarios tras bambalinas, aun después de que la sesión de la comisión termina, lo que es sustantivo para poder llevar adelante nuestra tarea.

Quisiera aprovechar también para saludar a las intérpretes de señas que, por lo que he visto, son dos, y hace trece horas que están ayudándonos a que otras personas puedan conocer el debate.

Señora presidenta: el Gobierno decidió enviar este proyecto de ley, que tiene varias particularidades, no solo su declaración de urgente consideración o la cantidad de artículos que tiene. Es de los primeros proyectos de ley de urgente consideración que pasa la centena de artículos. Pero tiene otra novedad, y es una innovación. Se ha fundamentado aquí, incluso por miembros del Gobierno, en este sentido. Me refiero a que este proyecto de ley contiene el programa de gobierno. Es la primera vez que un Gobierno es tan osado que pone en un solo proyecto de ley un conjunto tan vasto de iniciativas fundamentándose en que es la orientación de su programa –más allá de que seguramente vendrán otras leyes– y en que como hace quince años que no está en el Gobierno se hace necesaria la aplicación de una política de shock para cambiar todo lo más rápido posible.

Es la primera vez que sucede algo de esta naturaleza. Con el tiempo podremos considerar si fue o no una buena práctica. En principio, creo que no es la mejor manera de legislar. Nadie en esta sala puede fundamentar que tratar un proyecto de estas características y con tan vasta temática –cuando repasemos la versión taquigráfica de la sesión correspondiente a la discusión general de este proyecto de ley se podrá observar que hemos hablado de todo un poco– es la mejor manera de legislar. La gente que nos escucha va comprendiendo que en esta única ley podemos hablar de educación, seguridad, administración del Estado, empresas públicas, mercado de petróleo, normas penales, nuevos delitos, cambios en el proceso penal. La temática es vastísima y creo que no es la mejor manera de legislar. Es más, nadie puede sostener eso y menos decir que es una oda a la democracia, a la inclusión, a la incorporación de las opiniones de todos y que todos pudieron venir a plantear inquietudes. ¡Claro, vinieron ciento veinte organizaciones con un cronómetro, contra reloj, a tratar de exponer rápidamente lo que opinaban, pero no hubo un intercambio real! Creo que los legisladores del Gobierno son conscientes de que esta no es la mejor manera, por más que la están defendiendo, como corresponde. Legisladores oficialistas de distintos partidos consideraron que deben respaldar lo que el Poder Ejecutivo entendió que debía enviar al Parlamento, pero no se pueden hacer los distraídos y decir que esta es una gran oda a la democracia, a la participación, a la inclusión de ideas distintas, con la gran referencia de que llegó el Uruguay del pluralismo porque, parece que antes no existía. En este Parlamento había otras mayorías, como las hay hoy para imponer que el tratamiento sea urgente, para llevar adelante una agenda de gobierno en una sola ley tan vasta, y tiene la misma legitimidad que otras mayorías que siempre se conforman en este ámbito, porque aquí no hay empate. Esa es la particularidad del Parlamento: no hay empate. Entonces, arrogarse la idea de que como ahora la mayoría la tengo yo hay pluralismo, me parece que es un exceso y más cuando se legisla de esta manera, con un proyecto de ley de urgente consideración en el que sobrevivieron setenta y seis artículos enviados por el Poder Ejecutivo en su texto original –aproximadamente el quince por ciento– y el resto fue modificado, con dificultades, mucho esfuerzo y no voy a negar que también con diálogo político. Existen muchas diferencias, incluso dentro de la coalición. Hace poquito no podíamos escuchar mucho a una senadora porque había desavenencias en alguno de los partidos.

El Gobierno ha fundamentado que este proyecto de ley es así porque hay que cambiar y porque tiene un mandato de cambio. Este concepto es interesante, porque puede tener cierta retórica, que habla hacia el futuro, se nos presentan como innovadores o de alguna manera como refundadores de algo que estaba allí, que nadie lo veía y, por lo tanto, hay que hacer todo de nuevo. Pero el cambio no siempre es para mejor, puede ser para peor y voy a poner un ejemplo. Hoy hay casi doscientos mil compatriotas que cambiaron para peor, porque están en el seguro de paro. Hoy hay mucha gente que está con un táper haciendo cola en una olla popular; cambiaron para peor. ¿Sabe cuál es la mejor olla? La que se hace en su casa, esa es la mejor olla popular, no la que la gente tiene que hacer cola para recibir su alimento. No le voy a endilgar al Gobierno la COVID-19, no cometería ese atropello, pero lo que quiero significar es que se puede cambiar para estar peor.

Por lo tanto, el concepto de cambio, fundamentar transformaciones que están en este proyecto de ley solo por el concepto de cambio sin explicarlas, no nos permite identificar lo que la gente efectivamente quiere, señora presidenta. Yo creo que lo que quieren los uruguayos es que se resuelvan sus problemas. Y ¡claro!, naturalmente los uruguayos en las últimas elecciones entendieron que este Gobierno puede solucionarles los problemas y por eso lo eligieron, pero nosotros queremos dejar asentado en la versión taquigráfica, para que quede bien claro –les estamos avisando–, que esto no va a resolver los problemas, los va a agravar. Los problemas que existen hoy en el país van a ser agravados. Además, se han construido problemas nuevos, que después tendremos tiempo de discutir.

El senador Rubio decía que esto podía ser un búmeran; seguramente lo sea, porque no se puede fundar solo en la idea de cambio. En realidad, una herramienta, un instrumento –como se ha dicho, este es un instrumento– no solo hay que fundarlo en que cambia lo que existe hoy en términos jurídicos y en términos de política pública, sino en si ese cambio es beneficioso o no, en si es pertinente o no y en si es capaz de resolver los problemas que la gente tiene hoy o no. A nuestro juicio, señora presidenta, esencialmente el rumbo y los componentes centrales de este proyecto de ley, según como se han fundado hoy aquí, no van a traer soluciones a los uruguayos, van a traer problemas. Le van a traer problemas al Gobierno y, por correspondencia, a todos nosotros. Entonces, no digan después que no les avisamos que esto iba a generar problemas; también para eso sirven las versiones taquigráficas.

Hoy se habla mucho de que se va a transformar la realidad. Yo percibo un Gobierno que está ejercitando –escoba nueva barre bien, decía mi abuela– y que dice que va a solucionar todos los problemas del Uruguay. Ya tendremos tiempo de ver si las herramientas que se están presentando efectivamente cumplieron esa función.

Yo no le puedo adjudicar a los señores legisladores oficialistas una intención de entorpecer o de complicar al Uruguay –no lo podría hacer, no me lo permite el Parlamento, ni creo que efectivamente sientan eso–, pero entiendo que se están equivocando. Están cometiendo un profundo error, y ese error va a significar que algunos de los problemas que hoy existen en el país se agraven y que otros que no existían –por esta idea de cambio por el cambio– surjan.

Vamos a tratar de explicar en esta breve intervención –ya lo han hecho también mis compañeros de bancada– por qué creemos que en algunos aspectos este proyecto de ley no es el instrumento que necesita el país, y por eso vamos a votar negativamente, a pesar de haber acompañado en comisión un conjunto de artículos, y que estoy convencido de que el Frente Amplio hizo bien en acompañar. Nosotros hemos dicho que vamos a acompañar lo que está bien y que vamos a criticar lo que creemos que está mal; eso es lo que estamos haciendo. No es un discurso ni un eslogan, es una actitud política que tiene el Frente Amplio para con el país, no solo para con el Gobierno.

Entonces, aquellas cosas que efectivamente han mejorado las situaciones las hemos acompañado, más allá de los porcentajes, porque el problema no es de porcentajes o de cantidades, el problema es de contenidos. Y a los contenidos esencialmente negativos de este proyecto de ley nosotros nos hemos opuesto frontalmente, pero no solo nosotros, el Frente Amplio, sino también un conjunto de organizaciones profesionales, académicas y sociales y, asimismo, un conjunto de actores integrantes de la coalición de gobierno.

Este proyecto de ley era esencialmente privatizador, pero el capítulo privatizador fue derrotado en el Parlamento. Se retiraron los artículos más complejos relativos a ese proceso que debilitaba nuestras empresas públicas; se retiraron porque no había acuerdo dentro de la coalición y porque no había capacidad y evidencia para fundamentar lo que se estaba diciendo: que con esas modificaciones, que implicaban darle el negocio de nuestras empresas públicas a los privados, efectivamente iban a mejorar las condiciones de los servicios públicos. Por eso se retiraron esos artículos. Aún persisten algunos, como, por ejemplo, el que establece la posibilidad de que el capital accionario de las empresas que son propiedad del Estado y están en el derecho privado se pueda vender, o el que entrega el mercado de las compras estatales a la participación de privados, ¡vaya paradoja! El Estado tiene una empresa que provee un servicio y nosotros acá estamos definiendo que, en vez de comprarle a esa empresa, le puede comprar a cualquier otra. Parece de locos. Si tengo un almacén y voy a hacer un guiso, me voy a comprar los fideos a mí mismo, no le voy a ir a comprar a la competencia. Pero aquí se ha fundamentado eso como una gran innovación para las empresas que son propiedad del Estado y que brindan servicios. Algunas se salvaron, por suerte, como por ejemplo las que administran los fideicomisos, que es dinero público, como Afisa, pero lo que no se ha salvado es la posibilidad de que se venda una parte de su paquete accionario. Eso todavía permanece en la LUC. Es decir que no fue derrotado del todo. Además, no lo han anunciado, pero creo que se han retirado los artículos, aunque eso no quiere decir que no venga una nueva embestida baguala en contra de las empresas públicas; pero estaremos atentos y daremos el debate, como corresponde.

Entonces, señora presidenta, tenemos un problema de seguridad pública, sin lugar a duda, y la LUC tiene una perspectiva represiva que parte de una máxima: más penas, menos delitos. Esta es una discusión que hoy se relataba aquí, que tiene más de dos décadas y es un gran debate de las ciencias criminales, la criminalística, y de las cuestiones que tienen que ver con las seguridades públicas y la convivencia ciudadana acerca de estos elementos.

Aquí se está dando una señal muy fuerte, que va a desatar problemas reales, porque abrigado en el concepto de que vamos a defender a los policías –es el concepto equivocado, porque acá hay que defender a los ciudadanos– estamos dando un mensaje de piedra libre para algunas cosas, y eso es muy complicado. Yo no tengo por qué desconfiar de la Policía nacional o de los agentes de policía, pero el problema es que cuando legislamos podemos habilitar, o no, a que puedan utilizarse esas herramientas para el abuso. Y aquí se ha creado un delito, que es bastante complicado: el de sentirse agraviado. Un policía se puede sentir agraviado por un montón de razones. Yo me crié en el barrio municipal, en la Gruta de Lourdes, y cuando te juntabas en la esquina a tomar mate pasaba el patrullero, te paraba, te abría de piernas y te pegaba en los talones. Eso pasaba en los barrios populares, y seguramente sigue pasando hoy, en muchos casos. Pero resulta que acá estamos colocando un elemento en el que el ciudadano, en el ejercicio de su libertad, puede ser en definitiva –en un debate entre dos, porque los policías andan de a dos generalmente, y es razonable que así sea– acusado de un delito: haber agraviado a la fuerza pública, un delito extremadamente subjetivo. ¿Qué es lo que me agravia a mí? ¿Qué es lo que agravia a otro señor legislador? Pueden ser cosas distintas. Se crea un grado de enorme subjetividad.

Además de ese elemento, aquí se están generando las condiciones para que aquellas personas que son retirados policiales puedan actuar en algunos momentos de flagrancia. Y cuando la policía actúa, señora presidenta, actúa con equipamiento, con chaleco antibalas, actúa generalmente de a dos, con comunicación con su base porque está llevando adelante una acción que puede poner en riesgo su integridad física. Pero lo que estamos haciendo acá es poner a personas que no están preparadas físicamente ni responden a una cadena de mando, y cuando se hace eso se genera el ejercicio de la violencia por parte del Estado, porque la policía es la que detenta el monopolio. Y se lo estamos dando a unas personas que están retiradas, que parecen pueden llegar a transformarse en sheriff de barrio. Eso es muy complicado, porque estamos poniendo en riesgo no solo a los ciudadanos, sino a esas personas que hoy no están preparadas, que no tienen el equipamiento, que no tienen la cadena de mando para dar responsabilidades políticas, porque si un agente policial comete un abuso policial, hay una cadena de mando de la cual se tiene que hacer responsable y que llega hasta el señor ministro del Interior. Incluso, se le pueden pedir explicaciones políticas al señor ministro del Interior en el Parlamento de la república. Y si se da una situación con un retirado, ¿quién responde por esa acción? ¿Quién responde? Nadie. Él mismo, bajo su criterio, sin cadena de mando, sin equipamiento y sin entrenamiento porque por algo se retiró; porque ya no está apto para cumplir la tarea de persecución del delito. Aquí estamos tratando de que esa persona vuelva a estar en funciones automáticamente. Esto va a generar un enorme problema, señora presidenta.

Además, en el mismo acto, estamos estableciendo que los piquetes son ilegítimos. Estuve buscando una definición jurídica de «piquete» pero no encontré ninguna. Hay una definición en este proyecto de ley que dice: «Decláranse ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público». Saben lo que dice la Real Academia Española –y aclaro que me remito a ella porque el lenguaje jurídico no es una lengua distinta–: que el piquete es un pequeño grupo de personas que exhibe pancartas con lemas, consignas políticas y peticiones o que es un grupo de personas que pacífica o violentamente intenta imponer o mantener una consigna de huelga. Esto lo van a tener que interpretar los funcionarios del Ministerio del Interior que van a tener que tomar decisiones frente a un escenario de este tipo.

Entonces, cuando en una noche montevideana uno de estos funcionarios ande por el Barrio Sur y se encuentre con que la calle está cortada por una comparsa, ¿qué va a interpretar? Ahí no hay libre circulación y aquí la definición es genérica. Una de las características más importantes de nuestra democracia es el uso del espacio público para reivindicar manifestaciones políticas, sociales, culturales, ¡en el legítimo derecho de la libertad de los ciudadanos de expresar lo que piensan, sienten y reclaman! Esto sucedió hace muy poco en la interbalnearia, por seguridad pública, y se puede dar en otras situaciones. ¿Quién va a interpretar esta norma? La policía, porque acá no hay intervención de la Justicia para definir si la policía tiene que proceder o no frente a un hecho. Entonces, se puede dar una enorme discrecionalidad y cuando hay discrecionalidad de los agentes que tienen el uso de la fuerza, puede haber situaciones de abuso. Se pueden hacer muchas interpretaciones en este sentido.

En Argentina se dice piquete al corte de calles, pero en Uruguay no. Es verdad que se ha establecido una relación entre el movimiento sindical, el derecho de huelga –que aquí se está pretendiendo reglamentar– y el tema de los piquetes, pero estos van más allá. Cualquier manifestación de una organización social, de un colectivo de vecinos que entienda justo reclamar por algo, y que pueda cortar incluso parcialmente una avenida para que se les preste atención, puede llevar a una interpretación de los agentes de policía que estén allí y prestarse a situaciones que no son buenas. El espacio público tiene que ser el espacio de la democracia, por supuesto sin avasallar los derechos de otros ya que sin lugar a duda mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Pero ¿quién hace el balance y decide cuando un derecho está por encima del de otro? La Justicia y no la Policía. Es la Justicia la que debe resolver si alguien, en el ejercicio de su libertad, de sus derechos políticos y de su derecho a manifestarse, está avasallando el derecho de otro. Aquí se coloca desde otro lugar; por suerte se quitó lo relativo al uso de la fuerza y ahora se habla de hacer las gestiones pertinentes para resolver el problema. Eso ayuda bastante, pero no quiere decir que la inspiración no sea otra.

Creo que esto es un enorme problema como también lo es arrancar más de 100.000 hectáreas de la ley de colonización, cosa que también se consagra aquí. Hay colonos que son propietarios y provienen de una larga historia que tiene que ver con aquellas tierras que venían del Banco Hipotecario, antes de la creación del instituto y nadie discute sobre eso. Aquí lo que se discute es si ese predio está afectado o no a la ley de colonización que establece la colonización como un servicio público, como la necesidad de tener una mirada distinta respecto al poblamiento de la campaña y de acceso a la tierra de aquellos que no pueden hacerlo por la vía del mercado. Lo que estamos consagrando aquí es que 100.000 hectáreas que están dentro de las colonias del instituto queden fuera del imperio de la ley de colonización. ¿Saben qué significa eso? Que el total del predio puede pasar a ser hectárea arrendada. Entonces, en vez de colonos, vamos a tener arrendatarios porque hoy para arrendar tierras de colonización hay que pedir permiso al instituto y es este el que establece determinados criterios de cuánta tierra se puede arrendar en un predio, además de residir en él. Acá va a haber 100.000 hectáreas que se podrán arrendar a cualquier grupo de siembra, en el medio de las colonias, porque no solo las estamos desafectando del imperio de la ley que creó el Instituto Nacional de Colonización, sino que no estamos discutiendo al respecto. No se está discutiendo sobre quién es propietario, sino sobre el uso que se le va a dar a esa tierra. Aquí se le hizo un tajo al instituto, quizás casi como homenaje a aquel dicho de algún legislador cuando se votó la ley de colonización, que sostuvo: «Tranquilo, votamos la ley, pero no le ponemos los recursos». Aquí le estamos quitando los recursos a esa ley que establece un uso porque, además, ahora se puede fraccionar esa tierra. Cuando se vote esta ley, se podrá fraccionar y arrendar esos predios, no solo vender. Este es un problema de particulares, ya que al estar afectada esta ley por la de colonización, esa tierra vale menos. ¿Sabe por qué vale menos? Justamente porque no se puede disponer libremente de ese predio como se desea y como sucedería si hubiese sido comprado en el mercado, ya que hay que cumplir con la ley de colonización y con las reglas que establece el instituto por estar dentro de una colonia. Por eso es que las tierras valen menos. Si lo que hacemos ahora es quitarla del imperio de la ley de colonización, van a valer más, lo que significa que sus propietarios van a hacer un gran negocio inmobiliario.

Eso es lo que estamos haciendo hoy acá al consagrar esta norma. Esas tierras las podrá comprar cualquiera que compita con la cantidad de aspirantes a colonos que esperan tener esas tierras. Es más, una mejor solución hubiese sido que el Instituto Nacional de Colonización comprara todas las tierras y que siguieran perteneciéndole, porque la tierra es un bien finito. Además, hay que preservarla para las generaciones futuras. Este es todo un debate central en el Uruguay que tiene que ver con uno de los recursos naturales más importantes del país. A su vez, se debe preservar el uso de la tierra para quien la trabaje, para quien la quiera trabajar, para quien la cuide y para las próximas generaciones. Se debe seguir colonizando tierra porque el instituto Nacional de Colonización es el terrateniente más grande del Uruguay, aunque solo tiene el 2,5 % de la tierra productiva del país.

Lo que aquí se está proponiendo implica que se vuelva a concentrar la tierra y es ir en contra de la política del instituto porque, ¿quién va a comprar esa tierra? ¿Quién la compra? El que tiene recursos. Lo peor es que se va a poder arrendar el 100 % de esa tierra, por ejemplo, a un grupo sojero y, entonces, donde antes había un colono ahora va a haber alguien que se va a acomodar tranquilamente en la ciudad y va a vivir, si tiene ganas, de la renta del total de sus tierras, porque eso es lo que significa desafectarla de la ley de colonización. Por otro lado, se va a perder la comprensión de que las colonias deben mantener una lógica sistémica que implica que los productores familiares necesitan trabajar en conjunto. Esto va a permitir que, en realidad, entren otros actores a quienes no les interesa trabajar con el resto de los colonos en forma mancomunada –y quizás ni sean productores familiares– en un proyecto productivo.

Esto es lo que estamos consagrando al votar esta ley. Creo que eso está mal; reitero, está mal, porque hoy un colono propietario puede vender su tierra. Es más, hasta se puede desafectar el predio del marco de la ley de colonización si lo autoriza el directorio, en función del estudio caso a caso; pero con este proyecto se legisla al barrer, para todos. Es cierto que la legislación previa a la creación del instituto también establecía algunas limitaciones, por ejemplo, en cuanto a cómo deberían usarse dichas tierras.

Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es un negocio inmobiliario para algunos, además de que se va a favorecer que fracciones que hoy pertenecen y están en el marco de la colonización salgan de ese sistema, porque ya el instituto no podrá establecer que no se puede fraccionar el predio ni arrendar el cien por ciento de la tierra, ya que no existirá obligación de actuar bajo el imperio de la ley del instituto. Entonces, me parece que esas cosas no ayudan, pues van en un sentido contrario al desarrollo nacional.

Finalizando, quiero decir que el capítulo de vivienda y el de los desalojos exprés es, francamente, la creación de un gran problema. Se pretende solucionar el problema de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a garantías, pero en vez de extender la cobertura de garantías, se toma este camino en el que lo que va a terminar pasando es que la gente se va a ir mudando y cuando se termina de mudar ya se tendrá que preparar para hacerlo nuevamente. Según el régimen que existe hoy, muchos de los que alquilan y arriendan viviendas establecen que los contratos sean por un año.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite?

Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–29 en 31. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias a los señores senadores. Aclaro que no voy a utilizar los quince minutos de prórroga, pues me resta solo hablar de este tema, en el que seguramente luego profundizaremos.

Como decía, hoy el sistema implica que los inquilinos fijan un contrato, básicamente por un año. Lo que aquí está establecido es que una vez que venza ese contrato de los buenos pagadores, tendrán treinta días para desalojar, para retirarse. Quiere decir que yo voy a alquilar una casa, voy a desmontar mi mudanza y ni bien la esté desmontando ya estaré negociando con quien me alquiló la casa para ver si me la sigue alquilando un año más, porque generalmente los contratos de alquiler hoy se están firmando por un año. El veinticinco por ciento de los montevideanos alquilan, básicamente los más jóvenes. Cuando uno tiene que ir a alquilar, las condiciones las impone el que alquila y, por ejemplo, puede suceder que el inquilino quiera poner de garantía la contaduría, pero si el arrendatario no la acepta, no la puede alquilar. Es decir, hay que poner la garantía que exige quien alquila la casa. Por lo tanto, hoy estamos estableciendo un sistema de alquiler sin garantía que va a generar lo contrario a lo que se pretende. En realidad, los dueños de las propiedades, pero especialmente los promotores inmobiliarios, que tienen muchas propiedades, quieren que haya alta rotación, porque cada vez que se rota se establece un alquiler más caro y cada vez que se vence un contrato de alquiler hay una nueva negociación en la que se aumenta el alquiler. Puedo decir esto con propiedad porque he alquilado muchísimo. Además, esto va a generar un elemento muy preocupante, que es que, en vez de permanecer en el mismo barrio, la persona se va a estar mudando permanentemente, tal como sucede hoy. Vamos a tener un montón de jóvenes gitanos, saltando de barrio en barrio, acomodándose a la nueva comunidad, sin conocer a sus vecinos, sin poder arraigarse y sin poder tener compromiso social, incluso, con las cosas que pasan en ese barrio. Digo esto porque si mis hijos se van a criar con los hijos de mi vecino, seguramente estaré mucho más preocupado con lo que pase en la plaza pública y en la escuela de la zona, pero si me voy a estar mudando año a año, o cada dos años, eso no será así. Esta es una de las razones por las que se ha generado una segregación territorial. Esto es lo que va a terminar pasando con este sistema de alquileres sin garantía que, en definitiva, es el desalojo exprés, que está establecido acá como un gran beneficio de buen pagador. Así, vamos a exponer a un montón de gente que hoy no tiene la posibilidad ni la capacidad de ahorro para acceder a una vivienda propia a que le impongan las reglas, de tal manera que va a generar –particularmente a los jóvenes– un profundo problema, no solo de vivienda y de costo a esas familias, sino que también va a llevar a una enorme movilidad por los distintos barrios. Créame, señora presidenta, que ese es un gran problema, pues hay que anotar a los hijos en otra escuela, mudarse de nuevo, conocer de vuelta a los vecinos, y pasar por una cantidad de procesos que seguramente se generarán con esto. Entonces, se crean nuevos problemas, porque a los que hoy ya tenemos, se agregan dificultades. Entendemos que la orientación que tiene planteada el Gobierno –y que legítimamente puede llevar adelante– no va a resolver los problemas de la gente, que no solamente quiere cambios, sino que demanda que le resuelvan los problemas. Es más, si me invitan a discutir sobre el cambio les digo que me encanta el cambio, porque si hay algo que no me considero es conservador y los conservadores son los que precisamente quieren detener el cambio. Lo que hay que discutir es si la orientación del cambio es la correcta, si los instrumentos y las herramientas que se colocan efectivamente solucionan los problemas de la gente o los empeoran. Desde nuestro punto de vista, la orientación de este proyecto de ley empeora las condiciones de los problemas que tiene nuestro país, y crea nuevos.

Por esas razones es que nosotros vamos a votar en contra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores senadores: no habiendo más anotados en la lista de oradores, el señor senador Penadés solicita la palabra para hacer el cierre, según lo establece el reglamento.

Si me permite, me gustaría pedir o sugerir a los señores senadores que dejen los materiales, así no tenemos que reponerlos, en atención a esta política de reducir el uso del papel.

Tiene la palabra el señor senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Gracias, señora presidenta.

Según lo que establece el Reglamento de la Cámara de Senadores, el miembro informante dispone de los quince minutos finales para hacer uso de la palabra; no voy a utilizar el tiempo de que dispongo porque voy a ser telegráfico.

Ha sido un debate muy intenso, en el que hemos intentado mantener en muchos momentos la serenidad para no contestar algunas expresiones rayanas con el agravio. Habernos tratado de antirrepublicanos es un agravio que no vamos a olvidar fácilmente, porque esas cosas no se dicen. Se ha insinuado permanente e insistentemente que está en tela de juicio la legalidad, la constitucionalidad y, fundamentalmente, se ha creado una intención aviesa de parte de los que pueden tener otra opinión. Es un tema que se ha manejado en un tono muy respetable, pero serenamente, en la intervención final, rechazamos con contundencia. Mañana y pasado mañana vamos a poder extendernos con mayor profundidad en muchos temas que aquí se han manejado.

Debo decir que me ha sorprendido la soberbia de algunos que se creen poseedores de la verdad y que desde el púlpito de esa verdad pretenden atribuir a todos los que no la compartimos una intención o un objetivo que no está de acuerdo con los grandes intereses nacionales. En lo personal, no me animaría a ser tan contundente. Se puede estar de acuerdo o no, ¡por supuesto! Personalmente, con un marxista tengo muy pocas cosas en común en cuanto a pensamiento ideológico, político y económico –o con un socialista o un democratacristiano–, pero no voy a atribuirle –y no lo digo por nadie en especial– alguna intencionalidad, y me parece que de la misma manera tienen que proceder con nosotros.

Entonces, francamente, señora presidenta, ha sido una muy buena discusión y agradecemos los aportes. Lo que para muchos puede ser una cuestión de debilidad, para mí es una cuestión de fortaleza: poder escuchar, intercambiar y haber tomado cosas que nos parecían positivas. Creo que lo paradójico de mucha de la argumentación sustentada en el día de hoy ha sido escuchar decir: «Esto era muy malo, ahora no es tan malo, pero igual lo seguimos criticando». ¡Vamos a ponernos de acuerdo! Cuando se revise la versión taquigráfica se verá la cantidad de veces que se dijo que la iniciativa había mejorado, que estaba en el camino correcto, etcétera.

Por otro lado, se puede estar en desacuerdo; se puede decir frontalmente cosas que están vinculadas a posiciones contrapuestas porque obviamente somos partidos distintos. Pero otra cosa es intentar crear un ambiente –vuelvo a insistir con el tema del relato– en el que se ha insistido muchísimo con el tema de los jóvenes, al punto de decir que esto es en contra de ellos. ¿Cómo se puede llegar a insinuar que ese es el objetivo de un gobierno democráticamente electo, integrado por partidos democráticos? ¿A mí me van a venir a enseñar lo que es vivir en un asentamiento? ¡Recorro Montevideo desde hace treinta y cinco años! ¿A mí me lo van a venir a decir? ¡No! Y tampoco se lo puedo decir a nadie, porque reconozco que la dirigencia política de este país, por suerte, en su inmensa mayoría está integrada por partidos políticos que tienen cortes transversales de la sociedad. Entonces, no se puede venir a decir eso de nosotros. ¿Y quién va a venir a decir mañana que no haya excesos? ¡No los va a haber porque así lo establece la ley! Y si los hubiera, sobre el que se exceda caerá todo el peso de la ley. Pero excesos también hubo en el pasado. En todo caso, lo que estamos haciendo es legislar para poner freno a aquellas arbitrariedades que no se sustentaban en leyes.

La esencia central de la posición que venimos a defender está vinculada con un respeto irrestricto a los derechos de todos, no de algunos; no de los que más me conviene; no de los que creo tener más afines. Porque también es una visión un poco soberbia la de creer que los representantes de las causas populares en este país tienen un sesgo o un signo político. No es así.

Entonces, señora presidenta, en estos términos y agradeciendo la altura de la inmensa mayoría de los señores senadores, el debate frontal y el intercambio de ideas –no me desdigo en nada del informe que hice hoy en el inicio lejano de la sesión, a las 09:30–, dejo constancia de estas cosas porque no queremos que nadie vaya a pensar que el que calla otorga.

En ese sentido y con muchísima serenidad, decimos que esta es una gran ley, que no es la única, la primera y tampoco será la última. Aquí no está el resumen de un programa de gobierno. Esta es una herramienta más, que fue uno de los elementos prioritarios de un plan de gobierno cuyo contenido fue anunciado debidamente, conocido, modificado y mejorado. No puede decirse que esto se haya hecho a espaldas de nadie.

Quiero culminar mi informe rescatando: bienvenida la divergencia, bienvenidas las diferencias y bienvenidos los aportes con respeto. No se puede decir que no se atribuyen intenciones y luego hacerlo.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: quiero decir que comparto plenamente el espíritu de que tenemos que evitar agravios y asignar intencionalidades. Creo que, por un tema de consistencia, así como comparto lo planteado por el señor senador preopinante, también él debió evitar algunas de sus referencias justamente para no caer en lo que está reclamando.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

18) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: formulo moción para que el Senado pase a cuarto intermedio hasta mañana, a las 09:30, para ingresar entonces a la discusión particular.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 09:30.

(Así se hace, a las 23:13, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Abreu, Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Camy, Carrera, Cosse, Coutinho, Della Ventura, Domenech, Gandini, Kechichian, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Niffouri, Olesker, Penadés, Peña, Rodríguez, Rubio, Sabini, Sánchez, Sanguinetti [Carmen], Sartori y Viera).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.