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N° 3674 - 20 DE OCTUBRE DE 2010

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVII LEGISLATURA

46ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES
IVONNE PASSADA

Presidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA EL TITULAR DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y
LOS PROSECRETARIOS TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

 

 

Texto de la citación

                                                                                                                                                                                                                                                                 Montevideo, 19 de octubre de 2010.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 20, a la hora 10, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA -

Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República). (Carp. 395/010). (Informado). Rep. 379 y Anexo I

                                                                                          MARTI DALGALARRONDO AÑÓN TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI

Secretario Prosecretario

        

 

 

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2, 12.- Asuntos entrados

13.- Proyectos presentados

3 y 5.- Exposiciones escritas

4.- Inasistencias anteriores

CUESTIONES DE ORDEN

8, 15, 19, 23.- Integración de la Cámara

10.- Intermedio

8, 15, 19, 23.- Licencias

21.- Prórroga del término de la sesión

17.- Rectificación de trámite

25.- Urgencias

VARIAS

7.- Comisión de Asuntos Internacionales. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara)

— Se aprueba una moción en ese sentido

ORDEN DEL DÍA

6, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24.- Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República).

Antecedentes: Rep. Nº 379, de setiembre de 2010, y Anexo I, de octubre de 2010. Carp. Nº 395 de 2010. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

26.- Ejercicios de Alistamiento Naval del año 2010. (Se autoriza la salida del país de personal y buques de la Armada Nacional)

Antecedentes: Rep. Nº 384, de octubre de 2010. Carp. Nº 412 de 2010. Comisión de Defensa Nacional.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

 

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, José Amy, Daniel Aquino, Saúl Aristimuño, Andrés Arocena, Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Battistoni, José Bayardi, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi, Gustavo Borsari Brenna, Cecilia Bottino, Heber Bousses (1), Samuel Bradford, Irene Caballero, Graciela Cáceres, Fitzgerald Cantero Piali, Rodolfo Caram, José Carlos Cardoso, Alberto Casas, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa Bruno, Marco Correa, Hugo Dávila, Walter De León, Gonzalo de Toro, Álvaro Delgado, Gustavo A. Espinosa, Guillermo Facello, Martín Fernández, Roberto Frachia, Carlos Gamou, Javier García, Mario García, Juan Manuel Garino Gruss, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Mauricio Guarinoni, Aldo Guerrini, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Luis Alberto Lacalle Pou, María Elena Laurnaga, Irene Lima, Daniel López Villalba, Gustavo Magallanes, José Carlos Mahía, Rubén Martínez Huelmo, Graciela Matiauda Espino, Felipe Michelini, Gonzalo Mujica, Amin Niffouri, Gonzalo Novales, Ruben Núñez, Raúl Olivera, Jorge Orrico, Nicolás Ortíz, Miguel Otegui, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, Daniel Peña Fernández, Nicolás Pereira, Aníbal Pereyra, Susana Pereyra, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Esteban Pérez, Mario Perrachón, Ana Lía Piñeyrúa, Ricardo Planchón Geymonat, Iván Posada, Jorge Pozzi (2), Luis Puig, Daniel Radío, Roque Ramos, Nelson Rodríguez Servetto, Edgardo Rodríguez, Sebastián Sabini, Berta Sanseverino, Pedro Saravia, Víctor Semproni, Rubenson Silva, Mario Silvera, Martín Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo, Juan Ángel Vázquez, Álvaro Vega Llanes, Walter Verri, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivian y Horacio Yanes.

Con Licencia: Verónica Alonso, Julio Bango, Felipe Carballo, Germán Cardoso, Julio Fernández, Jorge Gandini, Andrés Lima, Óscar Magurno Souto, Alma Mallo Calviño, Daniel Mañana, Martha Montaner, Yerú Pardiñas, Alberto Perdomo Gamarra, Gustavo Rombys, Alejandro Sánchez, Richard Sander, Juan C. Souza y Carlos Varela Nestier.

Observaciones:

(1) A la hora 14:35 cesó en sus funciones por reintegro de su titular el Sr. Representante Nacional Alejandro Sánchez.

(2) A la hora 16:18 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Roque Ramos.

2.-    Asuntos Entrados.

"Pliego Nº 45

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas del Bicentenario del Proceso de Emancipación Oriental. C/438/010

-     A la Comisión de Hacienda

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide, con un informe en mayoría y dos en minoría, sobre el proyecto de ley por el que se declara como interpretación obligatoria que los artículos 1º, 3 y 4 de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en lo relativo a la aplicación efectiva de las normas de derecho internacional ratificadas por la República en materia de derechos humanos. C/395/010

-     Se repartió con fecha 19 de octubre

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Florida remite copia del texto de la exposición realizada por dos señores Ediles sobre la situación institucional en la República de Ecuador. C/71/010

-     A la Comisión de Asuntos Internacionales

La Junta Departamental de Río Negro remite copia del texto de la exposición realizada por una señora Edila, referente a la necesidad de tomar medidas a fin de evitar accidentes de tránsito. C/178/010

-     A la Comisión de Transporte y Obras Públicas

La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de las siguientes exposiciones realizadas por varios señores Ediles:

· relacionada con la conmemoración del Día Mundial del Turismo el pasado 27 de setiembre. C/439/010

-     A la Comisión de Turismo

· acerca de los logros alcanzados en el sistema de seguridad social nacional en lo referente a la situación de jubilados y pensionistas. C/424/010 y C/195/010

-     A las Comisiones de Seguridad Social y de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

· referente a la labor realizada por un médico que representó a nuestro país en el reciente Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down llevado a cabo en Madrid. C/177/010

-     A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

· sobre el papel del Estado frente a los hechos de violencia que se producen en la sociedad. C/72/010

-     A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Junta Departamental de Rivera remite los siguientes asuntos:

· copia del texto de la exposición realizada por una señora Edila, sobre la creación del cargo de Coordinador Departamental en el proyecto de Presupuesto Quinquenal. C/104/010

-     A la Comisión de Hacienda

· informe de la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente de ese Cuerpo, relacionado con la instalación de una policlínica en la localidad de Villa Indart. C/177/010

-     A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

La Junta Departamental de Artigas remite los siguientes asuntos:

· copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, acerca del reclamo de haberes compensatorios formulado por ex trabajadores de las represas de Salto Grande y Palmar. C/424/010

-     A la Comisión de Seguridad Social

· comunicación relacionada con visitas a ese departamento de señores Representantes integrantes de las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria, Energía y Minería. C/132/010 y C/245/010

-     A las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería

· nota referente al proyecto de ley por el que se establece en favor de los trabajadores un recargo del veinte por ciento para el caso de no pago del salario en los plazos fijados por la normativa legal vigente. C/162/000

La citada Junta Departamental contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Richard Sander, relacionada con el alcance de los beneficios derivados de la reducción del monto del IMESI para los denominados "combustibles de frontera". C/19/010

La Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Walter De León, sobre la posibilidad de extender el servicio de transporte de esa empresa hasta el kilómetro 32 de la Ruta Nacional Nº 1, sin aumentar el costo del boleto. C/19/010

La Intendencia de Lavalleja contesta las siguientes exposiciones escritas:

· del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto, acerca de la necesidad de realizar obras de mantenimiento en un tramo de la Ruta Nacional Nº 13, y de construir rotondas en las intersecciones de las Rutas Nacionales Nos. 39 y 13, y en el ingreso a la ciudad de Aiguá. C/19/010

· del señor Representante Andrés Lima, referente al acceso a viviendas para personas con discapacidad. C/19/010

La Suprema Corte de Justicia remite oficio librado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 17º Turno, por el que solicita se informe sobre el trámite dado al petitorio comunicado en relación a la solicitud de desafuero del señor Representante Nacional Alberto Casas. C/42/010

-     A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta los siguientes pedidos de informes:

· del señor Representante Mario Silvera, sobre la existencia de informes referentes al trabajo de periodistas, destinados a fijar políticas de relacionamiento con la prensa o decidir pautas publicitarias. C/231/010

· del señor Representante Alberto Casas, relacionado con la situación del Sistema Nacional de Información Ganadera. C/268/010

El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes pedidos de informes:

· del señor Representante Hugo Dávila, acerca de la extracción de piedras semipreciosas en el departamento de Artigas y los controles de dicha explotación. C/202/010

· del señor Representante Antonio Chiesa, referente a la realización de controles de calidad a los termos de metal ingresados al país. C/308/010

El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informes del señor Representante Juan Manuel Garino Gruss, sobre los criterios aplicables para el reajuste de los salarios del personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas. C/320/010

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes asuntos:

· pedidos de informes:

· del señor Representante Ricardo Planchón, relacionado con las condiciones exigidas a una empresa de transporte interdepartamental para la concesión de un servicio diario para cubrir el recorrido San Ramón – Montevideo. C/227/010

· del señor Representante Mario Silvera, acerca de la existencia de informes sobre el trabajo de periodistas, destinados a fijar políticas de relacionamiento con la prensa o decidir pautas publicitarias. C/231/010

· exposición escrita presentada por el señor Representante Ricardo Planchón, sobre el arribo de cruceros al puerto de la ciudad de Colonia del Sacramento. C/19/010

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Ricardo Planchón, referente al incremento del Impuesto de Primaria en el departamento de Colonia. C/266/010

La citada Secretaría de Estado remite información complementaria del pedido de informes del señor Representante Antonio Chiesa, sobre la realización de controles de calidad a los termos de metal ingresados al país. C/308/010

El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos:

· exposiciones escritas:

· presentada por el señor Representante Fitzgerald Cantero, relacionada la posibilidad de permitir mediante concurso la efectividad en el cargo a becarios y pasantes. C/19/010

· presentada por el señor Representante Rubén Martínez Huelmo, acerca de la posibilidad de otorgar una pensión graciable a la señora Lina Oliú Carbonell. C/19/010

· exposición realzada por el señor ex Representante Daniel López Villalba, en sesión de 15 de junio de 2010, por la que solicita que se generen espacios de educación y de prevención para la adopción de medidas contra la violencia doméstica. S/C

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ruben Núñez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas:

· sobre el monto de los subsidios de boletos urbanos. C/436/010

· con destino a la Unidad Nacional de Seguridad Vial, relacionado con el Registro Nacional Único de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores. C/437/010

-    Se cursaron con fecha 19 de octubre".

3.-     Exposiciones escritas.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Está abierto el acto.

(Es la hora 10 y 36)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Nelson Rodríguez Servetto solicita se curse una exposición escrita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al Municipio de Solís Grande; y a los medios de prensa de ese departamento, sobre la instalación de un Centro de Atención Ciudadana en la localidad de Gregorio Aznárez. C/19/010".

——Se votará oportunamente.

4.-      Inasistencias anteriores.

——Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión especial realizada el día 14 de octubre de 2010:

Sin aviso: Marcelo Díaz y Álvaro Fernández.

Inasistencias a las Comisiones

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Domingo 10 de octubre

ASUNTOS INTERNOS

Con aviso: Luis Alberto Lacalle Pou.

Martes 19 de octubre

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS VINCULADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO

Con aviso: José Bayardi.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Nelson Rodríguez Servetto".

5.-    Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de la exposición escrita de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

(Texto de la exposición escrita:)

Exposición del Representante Nelson Rodríguez Servetto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al Municipio de Solís Grande; y a los medios de prensa de ese departamento, sobre la instalación de un Centro de Atención Ciudadana en la localidad de Gregorio Aznárez.

"Montevideo, 18 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a la Intendencia de Maldonado y, por su intermedio, al Municipio de Solís Grande; a la Junta Departamental de Maldonado, y a los medios de comunicación del citado departamento. Días pasados el Alcalde de Solís Grande, señor Hernán Ciganda, nos hizo llegar un planteamiento con respecto a la necesidad de que la OPP instale un centro de atención ciudadana en la localidad de Gregorio Aznárez, departamento de Maldonado. Dichos centros, son un espacio físico y logístico donde se aspira a que la ciudadanía se encuentre con una administración pública más accesible, eficiente, cercana y rápida. Los mismos tienen una estructura técnica y de atención, que permite el acercamiento del Estado al ciudadano con un fuerte uso de tecnologías de la información. Está previsto que se instalen en localidades del interior del país, donde sus habitantes no poseen acceso a los trámites y a los servicios que brinda el Estado. Previo a ello, se realiza un relevamiento en la comunidad conociendo, de esa manera, cuáles son los trámites que más demanda la población. A la hora de instalar los servicios, se priorizan aquéllos que los ciudadanos de la localidad valoran más. En los mencionados centros, se desconcentran trámites de la Administración Central y de los Gobiernos Departamentales como, por ejemplo, los servicios de la Administración Nacional de Correos, del Banco de Previsión Social (BPS), de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y demás empresas públicas. Nuestra solicitud se encuentra basada en los siguientes fundamentos. En dicha localidad, existe una población de 1.100 personas y su zona de influencia incluye a los centros poblados de Cerros Azules, Estación las Flores, Barrio Las Flores, Bella Vista, Barrio Solís y Solís Grande, los que cuentan con una población aproximada a los 2.000 habitantes, por lo que hacen un total de unas 3.000 personas. Cabe resaltar que en la localidad de Gregorio Aznárez y su zona de influencia, no existen oficinas del BPS, de ANTEL, de UTE y de OSE. Por lo expuesto, esperamos una rápida atención al tema planteado. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado".

6.-    Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República)".

(ANTECEDENTES:)

Rep Nº 379

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárese como interpretación auténtica de la Constitución de la República (artículo 85, numeral 20), que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a la Constitución de la República por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.

Artículo 2º.- Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12) que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, violan los artículos 4º, 72, 83, y 233 de la Constitución de la República, siendo en consecuencia inaplicables.

Artículo 3º.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente ley:

A) Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales.

B) Sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley.

Montevideo, 27 de setiembre de 2010.

ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano, ALFREDO ASTI, Representante por Montevideo, JULIO BANGO, Representante por Montevideo, JULIO BATTISTONI, Representante por Montevideo, JOSÉ BAYARDI, Representante por Montevideo, GUSTAVO BERNINI, Representante por Montevideo, GRACIELA CÁCERES, Representante por Río Negro, FELIPE CARBALLO, Representante por Montevideo, HUGO DÁVILA, Representante por Artigas, WALTER DE LEÓN, Representante por San José, GONZALO DE TORO, Representante por Montevideo, ROBERTO FRACHIA, Representante por Lavalleja, JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ, Representante por Rivera, CARLOS GAMOU, Representante por Montevideo, ÓSCAR GROBA, Representante por Montevideo, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, MARÍA ELENA LAURNAGA, Representante por Montevideo, ANDRÉS LIMA, Representante por Salto, JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representante por Canelones, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, Representante por Montevideo, FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, GONZALO MUJICA, Representante por Montevideo, RAÚL OLIVERA, Representante por Canelones, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, YERÚ PARDIÑAS, Representante por Cerro Largo, IVONNE PASSADA, Representante por Montevideo, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, GUZMÁN PEDREIRA, Representante por Flores, ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha, DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado, ESTEBAN PÉREZ, Representante por Canelones, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, Representante por Maldonado, MARIO PERRACHÓN, Representante por Colonia, JORGE POZZI, Representante por Montevideo, LUIS PUIG, Representante por Montevideo, EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó, GUSTAVO ROMBYS, Representante por Paysandú, SEBASTIÁN SABINI, Representante por Canelones, ALEJANDRO SÁNCHEZ, Representante por Montevideo, BERTA SANSEVERINO, Representante por Montevideo, VÍCTOR SEMPRONI, Representante por Canelones, JUAN C. SOUZA, Representante por Canelones, MARTÍN TIERNO, Representante por Durazno, HERMES TOLEDO ANTÚNEZ, Representante por Treinta y Tres, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, CARLOS VARELA NESTIER, Representante por Montevideo, ÁLVARO VEGA LLANES, Representante por Florida, DIONISIO VIVIAN, Representante por Canelones, HORACIO YANES, Representante por Canelones, HEBER BOUSSES, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los legisladores firmantes del proyecto de ley que se presenta a la Cámara de Representantes tienen el honor de darle estado parlamentario a esta iniciativa que reconoce el rango constitucional de normas internacionales de protección de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. A su vez como una consecuencia obvia, directa y automática deja sin efecto por resultar inaplicables, los artículos 1º, 3º, y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

El proyecto que se presenta tiene una profusa fundamentación jurídica en sus aspectos generales y al mismo tiempo un claro e inequívoco sentido de ratificar el compromiso de la República con la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Por ello directamente y sin ambages dilucida la inaplicabilidad de los artículos 1º, 3º y 4º de la mencionada Ley Nº 15.848 en virtud de las consideraciones generales así como particulares que se exponen:

I.- Reconocimiento del rango constitucional de normas internacionales de protección de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos ha representado la máxima garantía de los derechos de la persona humana, "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".

Las disposiciones establecidas en ella, así como las posteriormente incorporadas en los diversos tratados de derechos humanos y derecho humanitario constituyen la base fundacional de toda la sociedad humana y representan condiciones imprescindibles de la existencia de todo Estado de Derecho.

En tal sentido, la legislación, la doctrina y la jurisprudencia internacional y doméstica han tenido un continuo y manifiesto avance en el sentido de reconocer el predominio de esas normas por sobre toda otra de carácter interno de los Estados, inclusive, respecto de las normas constitucionales.

El proceso de reconocimiento de la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos, ha llevado a los diversos ordenamientos nacionales y regionales a reconocer la validez de estas normas como un estándar mínimo indispensable, que constituye un bloque inexpugnable, frente al cual ceden las normas internas, aún las de rango constitucional.

Así lo ha expresado claramente la Jurisprudencia constitucional de Costa Rica hace ya más de quince años al señalar: "como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas priman sobre la Constitución (Sentencia 2313-95, de 9 de mayo de 1995, 3435/92)". (Sentencia 2313-95, de 9 de mayo de 1995. Considerando VI Citado por Rodolfo Piza Escalante en Liber Amicorum Hector Fix-Zamudio Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica, 1998). En nuestro país, la reciente sentencia Nº 365/09 "Sabalsagaray Curutchet, Blanca Stella. Denuncia. Excepción de Inconstitucionalidad artículos 1º, 3º y 4º Ley Nº 15.848, Ficha 97-397/2004) dictada por la Suprema Corte de Justicia, recoge esta jurisprudencia, al analizar la constitucionalidad de la Ley Nº 15.848, declarando la inconstitucionalidad de varios artículos por oponerse no solamente a la Constitución Nacional, sino a los principios y normas de derecho internacional, que constituyen un todo con la parte dogmática de nuestra Constitución y deben considerarse incorporadas a ésta de acuerdo con el artículo 72 de la Carta. "…no puede ahora invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la potestad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos humanos" así como que "... la regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los Estados, sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos esenciales no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado". (Sentencia Nº 365/2009 SCJ, párrafo 6º, punto III.8).

En tal sentido ha establecido claramente que las garantías genéricas esenciales del Estado de Derecho tales como el derecho a la justicia, y la separación de poderes entre otros, constituyen principios universales básicos, que no pueden ser derogados ni aún por mayorías circunstanciales, ya sean de carácter popular o parlamentarias.

Si bien la declaración de inconstitucionalidad de la ley solo tiene efecto para el caso concreto en que se ha dictado sentencia, resulta claro que el reconocimiento constante de la inconstitucionalidad de una norma, obliga a los Jueces a considerar la desaplicación de la misma en virtud de los principios generales del derecho. Así por ejemplo, ningún Juez de la República ha dudado en la desaplicación del artículo 165 del Código Penal -Abandono colectivo de funciones, es decir huelga del funcionario público-, pese a que no existe registro de que el mismo haya sido derogado expresamente por norma alguna.

De esta suerte, el principio de jerarquía de la norma impone al tribunal, aplicar la norma de mayor jerarquía, y, por tanto resulta hoy, un principio general la aplicación de la norma internacional de derechos humanos, en virtud de su incorporación a través del artículo 72 de la Constitución, por tratarse de una norma superior a cualquier ley nacional.

Por último, la Convención Americana de Derechos Humanos fue aprobada por Ley Nº 15.737, de 22 de marzo de 1985, en su artículo 15 y su texto forma parte de esa ley, habiendo sido ratificada debidamente por Uruguay en abril de 1985. Por tanto, sus normas, en tanto reconoce derechos inherentes a la persona humana se incorporaron de pleno derecho, en el artículo 72 por lo que resulta claro que una ley posterior no puede derogar derechos constitucionalmente garantidos.

II- Inaplicabilidad de los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848.

La Ley Nº 15.848 ha sido una de las más controvertidas y repudiadas en la historia de nuestro país. Más allá de intenciones, su aplicación e interpretación hasta marzo del 2005 permitió durante años garantizar la impunidad más absoluta para los autores de los delitos y crímenes más oprobiosos que recuerde la historia nacional utilizando todo el aparato estatal para la consecución de tales crímenes como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas dentro y fuera de fronteras, el secuestro de niños y niñas y la tortura sistemática -incluida la violencia sexual- entre otras prácticas aberrantes cumplidas en forma sistemática, en el marco del terrorismo de estado que asoló la República entre 1973 y 1985.

Asimismo, se ha impugnado la norma a través de varias acciones de inconstitucionalidad, con fallos controvertidos en el pasado, pero con una clara y contundente sentencia el año pasado que establece claramente que la propia existencia de la norma vulnera principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico-constitucional. La declaración de inconstitucionalidad fue además objeto de análisis del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación que dictaminó que era una norma incompatible con la Constitución Nacional, y de expresos pronunciamientos del Poder Ejecutivo como de la Asamblea General, máximo órgano del Poder Legislativo.

A nivel de la movilización ciudadana, la norma que este proyecto promueve dejar sin efecto en nuestro sistema normativo, ha sido un factor de constante movilización en su repudio, pues los supuestos factores que le dieron origen y justificaban su vigencia, hoy son anacrónicos, y en cambio perduran los efectos más nocivos de la impunidad que impide a las víctimas y sus familiares acceder al amparo del Estado para la salvaguarda de sus derechos y el ejercicio de los mismos a través de los cometidos constitucionalmente asignados al Poder Judicial de ser salvaguarda última de los derechos inherentes a la persona humana.

En el ámbito internacional, estos artículos de la mencionada norma han sido objeto de análisis por parte de los más prestigiosos organismos intergubernamentales de protección y supervisión de los derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, cuya competencia ha aceptado soberana y expresamente la República. Además de consideraciones generales sobre la incompatibilidad de la norma mencionada con los instrumentos fundantes de la protección del ser humano como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se deben tener presente la Resolución 29/92 de la Comisión Interamericana y el caso Rodríguez contra Uruguay en el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que expresa y explícitamente han condenado a nuestro país en virtud de los artículos propuestos para ser dejados sin efecto.

Por otra parte es público y notorio que ha sido presentada una acción contra nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando el amparo por parte del máximo órgano jurisdiccional en la materia, en representación de García Iruretagoyena de Gelman. Toda la jurisprudencia de la Corte, especialmente en el caso Velásquez Rodríguez c/ Honduras y el caso Barrios Altos c/ Perú, así como la pacíficamente aceptada doctrina de la Comisión Interamericana, indican que nuestro país será condenado por hechos que nuestra sociedad repugna, pero que los artículos de la norma mencionadas la Ley Nº 15.848, protegen a autores materiales, cómplices y coautores, impidiendo además el conocimiento de la verdad judicial. La condena será por obligaciones que nuestro país ha asumido soberana y voluntariamente en la materia.

A su vez en todas y cada una de las expresiones de los soportes de los órganos de protección de los derechos humanos como es el caso del Alto Comisionado de Derechos Humanos o los relatores especiales en materias específicas, como es el caso del Relator Especial en materia de Tortura, la referencia a la incompatibilidad de la "ley de caducidad" es constante y unánime como uno de los mecanismos más perversos de impunidad.

Así lo entendió claramente en octubre de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que la Ley Nº 15.848 es incompatible con el artículo XVIII (Derecho a la Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su resolución 29/92 en ocasión de los casos 10.029 -Hugo Leonardo de De los Santos Mendoza-; 10.036 -Álvaro Balbi-; 10.145 -Enrique Rodríguez Larreta Pieri-; 10.305 -Noris Alejandra Menotti Cobas, Luis Alberto Estradet, Josefina Mirta Detta Paolino, Rita Ibarburu, Federico Martínez, Jorge Burgell, William Torres Ramírez, Guillermo Francisco Stoll, Osiris Elías Musso Casalas, Clarel de los Santos Flores-; 10.372 -Juan Manuel Brieba-; 10.373 -Félix Sebastián Ortiz-; 10.374 -Amelia Sanjurjo Casal- y 10.375 -Antonio Omar Paitta-.

Asimismo en el caso García Iruretagoyena de Gelman Nº 12.607 que se demanda al estado uruguayo por no respetar entre otros, el derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial, el derecho a la vida, la libertad personal y la integridad personal (objeto de la demanda, párrafo 5), y con su petitorio pide que se adopten "…las medidas legislativas y de otra índole para que de acuerdo con sus procesos constitucionales y las disposiciones de la Convención Americana, quede sin efecto la Ley Nº 15.848 o Ley de Caducidad" (párrafo 144.b, textual -subrayado de los firmantes de este proyecto-) para reparar la situación, permitiendo la investigación de la justicia.

Debe destacarse que esta es la interpretación ya adoptada por el Poder Ejecutivo con fecha 23 de junio de 2005, en relación a la aplicación de la referida ley -la cual fue comunicada al Poder Judicial en su momento y se mantiene hasta el presente- que ha sido reafirmada en nueva integración.

Situación similar ha ocurrido en el Poder Legislativo, en ocasión de ser consultado por la Suprema Corte de Justicia en autos "Sabalsagaray Curutchet, Blanca Estela. Denuncia. Excepción de inconstitucionalidad artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848" Ficha 97- 397/2004.

Asimismo en dichos autos, la Suprema Corte de Justicia declaró "inconstitucionales e inaplicables" los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848 y a su vez, comunicó dicho fallo a la Asamblea General. No escapa a los firmantes que el fallo de la Suprema Corte de Justicia refiere exclusivamente al caso concreto y tiene efecto en el procedimiento en el cual se ha pronunciado (artículo 259 de la Constitución de la República), no obstante lo cual el mismo implica, necesariamente, la declaración de la inconsistencia entre una norma contenida en una ley formal con la norma de mayor eficacia formal, en el ordenamiento jurídico nacional, es decir la Constitución de la República. Por ello el artículo 522 del Código General del Proceso impone la obligación de comunicar toda sentencia de inconstitucionalidad de la ley al Poder Legislativo.

El proyecto de ley puesto a vuestra consideración no desconoce el resultado del referéndum contra la Ley Nº 15.848 realizado en el año 1989 ni del proyecto de agregado a la Constitución de la República plebiscitado el 25 de octubre del año 2009, para su anulación. Por una parte dichos pronunciamientos no invalidan el ejercicio de los cometidos irrenunciables e indelegables asignados al Poder Legislativo. Tampoco impiden bregar por un país en el que impere la justicia y por ello este proyecto es el resultado de un análisis tendiente a adecuar el sistema jurídico nacional a la Constitución de la República y a las normas internacionales de las cuales el país es parte.

No escapa a los promotores de esta iniciativa que la interpretación y aplicación de la norma que se busca su inaplicabilidad, ha sido, a partir del 1º de marzo de 2005 en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, de una forma que ha permitido la intervención del Poder Judicial. Así es que efectivamente algunos de los más reconocidos criminales de lesa humanidad han sido objeto de procesamientos y algunos incluso ya han sido condenados.

La norma propuesta recoge este principio de jerarquía de la norma internacional, y su incorporación al bloque constitucional de derechos, efectuando un reconocimiento legal de esta situación, con el objetivo de unificar la jurisprudencia al respecto.

Cumple además con el objetivo de dar satisfacción al reclamo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana y de esta forma evitarle al Estado una condena segura, exponiendo a nuestro país a figurar en la nómina de los países sancionados por negarse a dar cumplimiento a las normas vinculantes de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Los proponentes entienden que es imposible para los Poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, reconocer la existencia de una norma inconstitucional y no actuar para dejarla sin efecto alguno. Citando al jurista Kelsen, Sánchez Carnelli señala "la declaración de inconstitucionalidad de una ley supone la violación del derecho por el legislador. Así, el acto legislativo, colocado en el ámbito de un orden inferior, en cuanto está limitado por el orden supremo -Constitución- está sometido al contralor jurisdiccional. Este contralor ha sido confiado a la Suprema Corte de Justicia, como órgano superior del Poder Judicial" (Declaración de inconstitucionalidad de los actos legislativos, página 139, FCU, Montevideo, 2005).

Reconociendo esta situación el legislador debe actuar para darle efectos generales evitando de esta forma la discriminación que puede surgir de la aplicación desigual de las leyes violentando en los hechos el artículo 8º de la Constitución.

La norma en cuestión propone la aplicación directa de la norma internacional por parte de los Jueces. Es obvio, pero es necesario dejarlo a texto expreso que los magistrados que entiendan que hubiera obstáculos de índole constitucional pueden recurrir al mecanismo de inconstitucionalidad establecido en la Carta Magna por el tercer inciso del artículo 258.

Ya oportunamente la sentencia 22/93 de la Suprema Corte de Justicia, señalaba que "la interpretación de la Constitución no es monopolio exclusivo de la Suprema Corte de Justicia: ninguna norma de derecho positivo consagra una tal exclusividad… y tanto la Justicia ordinaria como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, y en general, todo órgano público deben interpretar la Constitución para y a la luz de sus disposiciones, aplicar los textos legales y reglamentarios… no es por cierto la de que se le haya sido atribuida en forma exclusiva la custodia de la Constitución: todos los órganos públicos, en especial los Jueces, deben velar por la primacía del texto constitucional frente a normas jurídicas de menor jerarquía…".

Al respecto señala Sánchez Carnelli comentando esta sentencia "En el futuro el Juez de la causa, puede opinar compartiendo la tesis. Su independencia técnica lo habilita. Puede entender que tiene competencia para resolver los casos de existencia de derogación de la ley anterior a la Constitución por esta última. Por lo cual serían muchos… los casos que no llegarían a la Corte, siempre y cuando no alcance el conocimiento de la litis por la vía de interposición de Recurso de Casación, que es otra posibilidad muy reducida. Solamente se elevarían los casos en que el Juez de la causa no compartiera la tesis de la derogación. Pensamos entonces que la situación podría fácilmente llegar a ser definitiva. Se agilitará considerablemente la Administración de Justicia, por la inmediatez del procedimiento". (Sánchez Carnelli Lorenzo, Declaración de inconstitucionalidad de los actos legislativos, página 145, FCU, Montevideo, 2005).

Enseñaba el ilustre Justino Jiménez de Aréchaga en la Defensa jurídica de la Constitución, "Hemos visto ya que la Constitución se integra con dos partes distintas, la dogmática o sustantiva, en la cual se declaran y salvaguardan los derechos de los ciudadanos y personas jurídicas, y la parte orgánica, en la que se fijan las normas para la estructuración del Estado y sus diversas actividades… El individuo dentro del Estado puede hacer todo lo que no se encuentre prohibido por el orden jurídico: el Estado puede hacer solamente lo que en forma expresa le está permitido realizar. Esto nos da un nuevo criterio afirmativo, que nos faculta para rechazar en términos absolutos la posibilidad de que una costumbre o una ley que no se sujete a los requisitos constitucionalmente prescriptos corrija la competencia atribuida al Estado, facultándolo a hacer lo que por el texto le era cometido. Debe recordarse además y es consecuencia de lo que ya hemos dicho, que el Estado, además de ser un sistema de normas, implica una idea moral" (Teoría del Gobierno, Tomo II, FCU, 1977, página 134).

En el mismo trabajo cita al Juez Marshall, cuando señala que "o admitimos que la Constitución anula cualquier medida legislativa que la contraríe, o consentimos en que la legislatura pueda alterarla por medidas ordinarias. O la Constitución es una ley superior, soberana, irreformable por medios comunes o se nivela con los actos de legislación usual, convirtiéndose en reformable al sabor de la legislatura. Si la primera proposición es verdadera, entonces el acto legislativo, contrario a la Constitución, no será ley, si es verdadera la segunda, entonces las Constituciones escritas son absurdos esfuerzos del pueblo para limitar un poder por su naturaleza ilimitada. Todos los que han sancionado constituciones escritas, lo hicieron siempre con el intento de establecer la ley fundamental y suprema de la nación, y por consiguiente la teoría de tales gobiernos debe ser que cualquier acto de la legislatura ofensivo a la Constitución es nulo. Esta doctrina está esencialmente ligada a las Constituciones escritas y por tanto se debe observar como uno de los principales fundamentos de la sociedad" (página 131).

Asimismo y refiriéndose a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad dice Jiménez de Aréchaga "Vulgarmente se afirma -y no es exacto- que es ésta una facultad privativa de la Suprema Corte: cualquier Juez puede decretar la inconstitucionalidad de una ley. Pero la decisión sobre inconstitucionalidad, en cualquier caso, no aprovecha sino a las partes…". Y más adelante señala "En la Constitución de los Estados Unidos de Norte América, rige el mismo principio (que la nuestra) y por ello puede afirmarse que en ella y en nuestro país, y en todos los demás que adoptan el principio del juicio particular, la ley inconstitucional en principio es nula; pero la justicia no declara su nulidad, no la deroga. La declara inaplicable en el litigio en que se promueve su declaración y esa declaración sólo tiene fuerza ejecutoria en el caso debatido" (página 135).

A su vez Martín Risso cita entre las posiciones afirmativas a la posibilidad de desaplicar las normas legales claramente inconstitucionales sin necesidad de recurrir previamente a la Suprema Corte de Justicia, al Fiscal de Gobierno de Primer Turno que consideraba "Si el Poder Ejecutivo tiene la obligación de cumplir la Constitución, de cuyo cometido es responsable, civil y políticamente, el Presidente de la República -artículos 24, 84, 160- no sería lógico ni sensato, cercenarle la facultad de juicio para apreciar, íntegramente, los elementos de sus actos, precisamente de aquellos que una vez realizado son violatorios de la Constitución".

Juan Andrés Ramírez concluyó en que tanto los particulares como los órganos públicos (incluyendo al Poder Ejecutivo), están habilitados para no aplicar una ley que consideran inconstitucional, quedando la cuestión librada a la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia.

Cassinelli Muñoz, en "La Defensa Jurídica de la Constitución" sostuvo que como defensa de la misma, es posible que tanto los particulares como los órganos estatales, dejen de aplicar una disposición legal que consideran inconstitucional, y en la medida que estén convencidos de que tendrán éxito en sede jurisdiccional, apliquen directamente la Constitución con prescindencia de la norma de jerarquía inferior contraria a Derecho. El fundamento estaría en la solución de principio de que frente al conflicto entre dos normas la que debe aplicarse es la de mayor jerarquía salvo que medie excepción expresa.

Martín Risso señala refiriéndose a las potestades de interpretación constitucional de la Asamblea General (numeral 20 del artículo 85) que la interpretación constitucional realizada por una norma de inferior jerarquía a la norma interpretada, tendrá la eficacia de cualquier ley, agregando que como enseñaba Jiménez de Aréchaga, esa interpretación será generalmente obligatoria como cualquier ley. Más adelante señala inclusive que, fuera de la función jurisdiccional, en materia de interpretación constitucional y legal, regirán los principios generales, y el interesado aplicará la totalidad del ordenamiento jurídico (y no sólo la ley), resolviendo las contradicciones de acuerdo a los principios ya enunciados (jerarquía y temporalidad) (Derecho Constitucional, páginas 226 y siguientes, FCU, Montevideo, 2006).

Asimismo en otra obra, Risso expresa "el intérprete no tiene libertad ni discrecionalidad para buscar los principios sino que éstos le son dados, a veces en forma expresa (por ejemplo los artículos 7º y 8º de la Constitución), otras en forma implícita y otras por la vía del artículo 72 de la Carta. Y es dentro de estos principios que se mueve dicha discrecionalidad o margen de la decisión del Juez. Pero además debe tenerse presente que esos principios generales son en definitiva la formulación jurídica de los valores superiores de la comunidad nacional (plasmados en la Constitución) y de la comunidad internacional (plasmados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos). O sea que son estos valores los que enmarcan la labor judicial". (Algunas Garantías Básicas de los Derechos Humanos, Risso Ferrand, FCU, Montevideo, 2008).

De esta forma entonces, este proyecto permite incorporar con carácter general normas de reconocimiento de derechos humanos por la vía de la interpretación, con carácter general y por tanto con pleno valor legal. Al mismo tiempo, permite que los Jueces apliquen directamente la Constitución, al declararlas inaplicables. Ello no impide por supuesto que ante la duda el Juez pueda recurrir, como ya se ha expresado a las disposiciones del artículo 256 y siguientes.

Pero en todo caso una norma inconstitucional y violatoria de la Convención Americana así como de otros tratados internacionales y normas consuetudinarias de derecho humanitario, como la Ley Nº 15.848, dejará de tener todo valor por cuanto, la presente ley, ordena su desaplicación, le quita todo efecto jurídico y fija el criterio de interpretación, ordenando la aplicación de las normas de derecho internacional de los derechos humanos, en forma directa.

Debe destacarse que esta norma propuesta no hace más que reconocer y dar cumplimiento con carácter general, en aplicación del artículo 12 del Código Civil, cosa que corresponde al Poder Legislativo, de lo decidido unánimemente por la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia (conforme a lo dispuesto por el Código General del Proceso) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 12.607.

El proyecto además tiene como clara consecuencia la imprescriptibilidad de los delitos que puedan ser considerados de lesa humanidad o contrarios al derecho humanitario, conforme a las disposiciones internacionales, estableciendo al mismo tiempo una suspensión del plazo, durante el cual inclusive aquellos delitos que pudieran ser objeto de prescripción, no pudieron ser objeto de investigación, juzgamiento y castigo, por estar en vigencia la Ley Nº 15.848.

Finalmente, al recogerse las normas internacionales, así como la sentencia de inconstitucionalidad dictada por unanimidad de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, queda claro que en lo que refiere específicamente a la Ley Nº 15.848, resultarán inaplicables, los artículos 1º, 3º y 4º de la misma, estableciéndose en particular que los actos administrativos que hayan motivado el archivo de acciones judiciales no causan estado y por tanto las mismas podrán continuarse a solicitud de parte o del Ministerio Público.

Debe considerarse que las decisiones de carácter administrativo adoptadas por el Poder Ejecutivo, además de violentar el principio de separación de Poderes, que es la base del sistema democrático republicano de gobierno, tuvieron por efecto impedir la investigación en la etapa del Presumario. Por tanto las resoluciones de archivo adoptadas por el Poder Judicial en función de la vigencia de las disposiciones de la Ley Nº 15.848, no generaron una sentencia o una decisión que pasara en autoridad de cosa juzgada. Al removerse el obstáculo administrativo el Poder Judicial recupera sus facultades de investigación respecto de los hechos y las pruebas aportadas, así como sus competencias de juzgar y castigar en los casos sometidos a su jurisdicción.

III – Consideraciones finales.

La norma proyectada, de ser sancionada tendría además un claro objetivo simbólico: restablecer plenamente la dignidad de la República ante el pueblo uruguayo y la comunidad internacional, en tanto declara la inaplicabilidad absoluta de los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848 por incompatibilidad absoluta con la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que nuestro país reconoce y en su caso, ha ratificado.

Resulta claro que la norma proyectada cumple con el deber de protección asignado por el artículo 7º de la Carta. Por otra parte debe señalarse que la Ley Nº 15.848 nunca pudo interpretarse válidamente como una amnistía, o indulto, como lo ha señalado claramente la Suprema Corte de Justicia en la Sentencia 365/09 ya mencionada.

Al solo efecto de dejar constancia, el proyecto de ley no vulnera ningún artículo de la Constitución de la República, ni su espíritu garantista de los derechos inherentes a la personalidad humana como reza el artículo 72 de la Constitución de la República, sino por el contrario lo adecua al declarar inaplicable la norma más indigna de nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco se vulnera principio alguno del derecho penal garantista, pues no hay retroactividad de la ley penal, pues los delitos existían a nivel internacional y a nivel nacional cuando se cometieron y las penas que aplicarán los Jueces son aquéllas y no unas más severas.

Los firmantes entendemos que mantener en nuestro ordenamiento jurídico una norma con tal contenido e inconsistencia compromete nuestro prestigio internacional como país respetuoso de los derechos de las personas y de los principios más caros al sistema democrático representativo de gobierno. Es por eso que la aprobación de la norma propuesta resulta de especial consideración y urgencia en la instancia.

Los proponentes, aspiramos que este proyecto sea acompañado por la mayor cantidad de legisladores que vean en su sanción un paso a la verdadera reconciliación de los orientales, que puede y debe hacerse sobre la base de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el reconocimiento de la honorabilidad de las víctimas del terrorismo de Estado. Será una forma para continuar el camino de afianzamiento de las instituciones democráticas, sobre la base de la igualdad ante la ley y el repudio a conductas incompatibles con los derechos humanos y con la identidad nacional. La búsqueda de un país de primera, debe necesariamente superar nuestro pasado, asumiéndolo, erradicando los obstáculos del presente incluidos los jurídicos, que no nos permiten ver ni construir un porvenir de esperanza donde las conductas que configuren crímenes de lesa humanidad, nunca más sean realizadas y menos aún toleradas, justificadas o aceptadas.

Montevideo, 27 de setiembre de 2010.

ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano, ALFREDO ASTI, Representante por Montevideo, JULIO BANGO, Representante por Montevideo, JULIO BATTISTONI, Representante por Montevideo, JOSÉ BAYARDI, Representante por Montevideo, GUSTAVO BERNINI, Representante por Montevideo, GRACIELA CÁCERES, Representante por Río Negro, FELIPE CARBALLO, Representante por Montevideo, HUGO DÁVILA, Representante por Artigas, WALTER DE LEÓN, Representante por San José, GONZALO DE TORO, Representante por Montevideo, ROBERTO FRACHIA, Representante por Lavalleja, JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ, Representante por Rivera, CARLOS GAMOU, Representante por Montevideo, ÓSCAR GROBA, Representante por Montevideo, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, MARÍA ELENA LAURNAGA, Representante por Montevideo, ANDRÉS LIMA, Representante por Salto, JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representante por Canelones, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, Representante por Montevideo, FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, GONZALO MUJICA, Representante por Montevideo, RAÚL OLIVERA, Representante por Canelones, JORGE ORRICO, Representante por Monte-video, YERÚ PARDIÑAS, Representante por Cerro Largo, IVONNE PASSADA, Representante por Montevideo, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, GUZMÁN PEDREIRA, Representante por Flores, ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha, DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado, ES-TEBAN PÉREZ, Representante por Canelones, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, Representante por Maldonado, MARIO PERRACHÓN, Representan-te por Colonia, JORGE POZZI, Representante por Montevideo, LUIS PUIG, Representante por Montevideo, EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó, GUSTAVO ROMBYS, Representante por Paysandú, SEBASTIÁN SABINI, Representante por Canelones, ALEJANDRO SÁNCHEZ, Representante por Montevideo, BERTA SANSEVERINO, Representante por Montevideo, VÍCTOR SEMPRONI, Representante por Canelones, JUAN C. SOUZA, Representante por Canelones, MARTÍN TIERNO, Representante por Durazno, HERMES TOLEDO ANTÚNEZ, Representante por Treinta y Tres, DAISY TOURNÉ, Representante por Mon-tevideo, CARLOS VARELA NESTIER, Representante por Montevideo, ÁLVARO VEGA LLANES, Representante por Florida, DIONISIO VIVIAN, Representante por Canelones, HORACIO YANES, Representante por Canelones, HEBER BOUSSES, Representante por Montevideo".

Anexo
Rep. Nº 379

"Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME EN MAYORÍA

Señoras y señores Representantes:

Vuestra asesora ha analizado el proyecto presentado oportunamente por la bancada del Frente Amplio, Repartido Nº 379 y carpeta 395 de 2010. La iniciativa se refiere a la incorporación por vía del artículo 72º de la Constitución de la República, de derechos humanos consagrados por tratados internacionales y de normas de "ius cogens". Asimismo se declara que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de la denominada "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", violan la Constitución de la República.

Aspectos de procedimiento.

Al proyecto se le dio entrada formal el 28 de setiembre próximo pasado. El mismo fue distribuido previamente a los coordinadores de las otras bancadas, así como que se lo incorporó como un asunto previo en esta Comisión en una sesión anterior a la entrada formal.

Se tuvo a bien de citar para expresar su opinión a diferentes cátedras de derecho de las distintas universidades en nuestro país. En este sentido participaron de sendas reuniones en el seno de vuestra asesora de los siguientes profesores que por su orden participaron: Dr. Felipe Luzardo, de las Cátedras de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Dra. Carmen Asiaín de la cátedra de Derecho Constitucional y de Derecho Público de la Universidad de Montevideo, el Dr. Martín Risso Ferrand de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, los Drs. Roberto Puceiro y Agustín Prat de la cátedra de Derecho Internacional de de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y el Dr. José Gamio de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica y de la Universidad de Montevideo.

Asimismo, la Comisión recibió al Sr. Ministro Inte-rino de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, al Embajador Dr. Pedro Vaz, al Director de Asuntos Institucionales Embajador Carlos Orlando, al Director de Asuntos Jurídicos Internacionales Dr. Carlos Mata y al Jefe de Asuntos Institucionales, Federico Ghilino, al efecto de interiorizarse sobre las actuaciones relacionadas con la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos caso "Gelman vs. Uruguay" ante la Corte de Derechos Humanos.

Finalmente la Comisión se expidió en mayoría en los términos del proyecto de ley que se acompaña a los efectos de que resuelva en definitiva, el Plenario de la Cámara de Representantes.

Aspectos sustantivos.

El proyecto resuelto en mayoría a estudio de la Cámara de Representantes mantiene el espíritu general que se desarrolló ampliamente en la exposición de motivos que acompaño al originalmente presentado. Otro proyecto presentado por varios señores legisladores Repartido Nº 87 y Carpeta 58 de 2010, versaba sobre el mismo tema, pero su solución era obviamente diferente y por lo tanto aceptar un proyecto era contrapuesto al otro.

La iniciativa votada por la mayoría, en tanto se apruebe restablece la independencia del Poder Judicial, adecua la normativa legal a las disposiciones de la Constitución de la República, compatibiliza la legislación con la reciente pero muy sustanciosa sentencia de la Suprema Corte de Justicia y a su vez, armoniza las normas internas a las disposiciones de derecho internacional de protección de los derechos humanos.

Una vez que el proyecto sea sancionado con valor y fuerza de ley quedará manifiesta la voluntad del legislador en nuestro país, en su carácter de intérprete de la Constitución de la República, estableciendo que hechos gravísimos como la desaparición forzada, el asesinato extrajudicial, la tortura sistemática, el secuestro de niños entre otros delitos aberrantes, tienen un especial y categórico rechazo. Así se reflejará en nuestro ordenamiento jurídico.

A su vez en relación a estos hechos ocurridos dentro y fuera de fronteras durante el terrorismo de estado, el proyecto levanta los obstáculos establecidos por la malhadada Ley Nº 15.848. Una vez aprobada la norma a consideración de esta Cámara, ninguna persona sospechada de haber cometido la comisión de esos hechos gravísimos, podrá escabullirse de la acción de la justicia invocando los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986.

Los representantes firmantes estamos convencidos que el texto del proyecto es total y absolutamente compatible con lo establecido con las normas de la Constitución de la República, en particular con las sustantivas y fundamentales que hacen a la actuación de los poderes públicos y la defensa de los derechos humanos.

El Poder Legislativo ha recibido un mandato del Cuerpo Electoral, claro, especifico e inequívoco de expedir las leyes que entendiera corresponden para la felicidad pública (artículo 85 numeral 3º de la Constitución de la República). Ello se armoniza simple y pacíficamente con la regla general establecida en el artículo 82, siempre que se exprese de la forma que la propia Carta Magna establece. Afirmamos que el contenido de la norma proyectada, no vulnera principio constitucional alguno, cuando tiene como propósito enmendar en alguna forma las graves inconstitucionalidades comprobadas en la Ley Nº 15.848.

Una descripción del texto en relación a su contenido definitivo, ayudará a la Cámara a su cabal comprensión. En su artículo primero se refuerza el conjunto de derechos, deberes y garantías establecido por la Constitución, al incorporar derechos sustantivos como parte integrante del artículo 72 de la Carta. En este primer artículo se hizo una redacción más comprensible y se retiró el vocablo "autentica" que fue cuestionado por varios de los profesores de las distintas cátedras que opinaron sobre el proyecto.

En cuanto al artículo 2º se mantiene la esencia del proyecto original. Se declara en forma obligatoria que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848 presentan una ilegitimidad manifiesta, carecen de valor jurídico alguno y son violatorios de la Constitución. Se acepta la crítica recibida de los distintos visitantes que consistía en el uso del vocablo "inaplicabilidad" como reservado a la Suprema Corte de Justicia, y en este sentido fue retirada de la redacción final.

Dos conceptos que no estaban en el proyecto original "ilegitimidad manifiesta" y de "carecen de valor jurídico alguno" se incorporan para reforzar el fin y propósito de este proyecto: los artículos 1º, 3º, y 4º de la Ley Nº 15. 848 no pueden legítimamente ser un obstáculo para cercenar derechos humanos como son el derecho a la vida, a su integridad personal, a no ser víctima de desaparición forzada o de víctima de la tortura, por parte de agentes estatales o con su aquiescencia. Es decir que la norma que justificó y legitimó esos hechos aberrantes en la República Oriental del Uruguay, es inválida. El proyecto que la Cámara tiene a estudio, es en un sentido opuesto y directamente contrario del texto y espíritu de la "Ley de Caducidad". Asimismo, este proyecto es coincidente con la sentencia 365/09 de la Suprema Corte de Justicia dándole un sentido general.

No se puede afirmar que el legislador puede derogar una norma legal, es decir quitarle todo efecto hacia el futuro y al mismo tiempo negar, a ese mismo legislador que interprete los alcances y contenidos de una norma legal dictada con anterioridad.

Es bueno tener presente que de todas formas, que si de la sanción de este proyecto alguien sintiera que le causa perjuicio de algún tipo, todo particular afectado o el juez competente en su caso, tienen a su alcance los mecanismos de control jurisdiccional de constitucionalidad que por derecho corresponde y que este proyecto obviamente, no excluye ni pretende hacerlo.

En el artículo tercero en el proyecto aprobado se clarifican en sus tres literales tres situaciones, derivadas de la interpretación racional de los artículos primero y segundo del texto.

En el literal a) se aclara como es tradicional en nuestro derecho, que no hay extinción de la acción penal ni causa estado de cosa juzgada por el archivo de las actuaciones en aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 15.848. Una decisión claramente administrativa y no sustantiva, no tiene ni puede tener efecto de una sentencia sustantiva definitiva.

En el literal b) se establece el reinicio de toda intervención judicial que no hubiese continuado por la mencionada ley o por aplicación de decisiones administrativas basadas en ella.

En el literal c) se especifica que el plazo de prescripción entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de esta ley, no será computado para el caso de los delitos de naturaleza prescriptibles, teniéndose presente que a los de naturaleza imprescriptibles no les corre plazo alguno.

Se deja expresa constancia que la norma no crea figuras penales a ser aplicadas a conductas realizadas con anterioridad a su promulgación, ni agrava las penas establecidas oportunamente. Al contrario dichas conductas, como lo atestiguaron todos y cada uno de las cátedras que asistieron a la Comisión, estaban tipificadas como delitos tanto del derecho interno como del derecho internacional, con mucha anticipación a la promulgación de la Ley Nº 15.848.

Por último se agregó un artículo cuarto a los efectos que las normas de la ley que se somete al Plenario de la Cámara, se aplicarán también a las nuevas denuncias que se presenten en el futuro.

Por todo lo expuesto, esta asesora a través de este informe en mayoría, solicita a la Cámara que tenga a bien de sancionar el proyecto de ley que se adjunta.

Sala de la Comisión, 18 de octubre de 2010.

FELIPE MICHELINI, Miembro Informante, JOSÉ BAYARDI, JORGE ORRICO, ANÍBAL PEREYRA, DAISY TOURNÉ.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Interprétase de conformidad con el artículo 85, numeral 20 de la Constitución de la República, que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de "ius cogens", están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.

Artículo 2º.- Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12) que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4º, 72, 83, y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno.

Artículo 3º.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de esta ley:

A) El archivo de las actuaciones decretadas por el Juez competente por aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 15.848, no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada.

B) Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales, continuará de oficio, o por solicitud del interesado o del Ministerio Público.

C) Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles, y hayan sido o pudieren haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, no podrá computarse a los efectos de la prescripción, el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta ley.

Artículo 4º.- Asimismo, lo dispuesto en esta ley se aplicará a las nuevas denuncias que se presenten.

Sala de la Comisión, 19 de octubre de 2010.

FELIPE MICHELINI, Miembro Informante, JOSÉ BAYARDI, JORGE ORRICO, ANÍBAL PEREYRA, DAISY TOURNÉ.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME EN MINORÍA

Señoras y señores Representantes:

Los abajo firmantes aconsejan al Cuerpo desechar el proyecto de ley que interpreta que las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República se incorporan a la Constitución y declara como interpretación obligatoria que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado presentan una ilegitimidad manifiesta, violan la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno.

Antes de analizar el articulado del proyecto de ley en consideración es imprescindible ingresar en un tema que ha sido medular a la hora de adoptar esta posición y que supera cualquier consideración de índole jurídica que pueda merecer el mismo.

La Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, acerca de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue ratificada por el Cuerpo Electoral a través de un recurso de referéndum en abril de 1989.

El artículo 4º de la Constitución dice: "La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará", y el artículo 82 expresa: "La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma".

Por lo tanto, desconocer la voluntad del Cuerpo Electoral, al resolver un recurso de referéndum en ejercicio de la soberanía de la Nación, sería tan grave como desconocer el resultado de una elección ya que el constituyente le ha dado igual jerarquía a ambos pronunciamientos.

El artículo 79 de la Constitución, por su parte expresa: "El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo.."

El referéndum es un recurso contra las leyes. En este caso, el Cuerpo Electoral, al resolverlo, actúa como jerarca del Poder Legislativo que es el órgano que lo representa y que debe respetar su voluntad en todo tiempo, no pudiendo modificar su decisión en ninguna circunstancia.

A esto cabe agregar que al pronunciamiento del Cuerpo Electoral en el recurso de referéndum se ha agregado otro, en octubre pasado, que rechazó una reforma constitucional que tenía por consecuencia la anulación de la Ley Nº 15.848.

Por tanto, ha habido dos pronunciamientos, los que si bien tienen distinta naturaleza, han sido confirmatorios de la referida ley en dos circunstancias históricas absolutamente distintas.

No es correcto decir, como se ha dicho, que esta teoría implicaría un menoscabo de las competencias constitucionales del Poder Legislativo ya que no es lo que se desprende de las normas constitucionales citadas que dan, en este caso, prioridad a la voluntad del Cuerpo Electoral ejercida en forma directa. En una democracia representativa, quien delega y, por tanto, fija las competencias del Poder Legislativo es el Cuerpo Electoral en ejercicio de su soberanía y no a la inversa.

Igual posición sostienen los Dres. Korzeniak, Aguirre Ramírez y la Cátedra de la Universidad de Montevideo cuya posición fue expuesta en la Comisión por la Dra. Asiaín.

Ella dijo: "En este caso, con todos los cuestionamientos que nos caben respecto de la Ley de Caducidad –reitero que la posición de la Cátedra es que esta norma es inconstitucional-, de todas maneras el soberano se ha manifestado expresando la voluntad de mantener su vigencia. A nuestro juicio, no corresponde al Representante desvirtuar la voluntad del soberano; entendemos que sería traicionar el mandato representativo que le fue conferido. …. Entonces si los legisladores que fueron electos en el mismo momento que el soberano se pronunció acerca de la permanencia de la Ley de Caducidad, a los pocos meses quisieran desvirtuar lo decidido, a nuestro juicio, y muy respetuosamente, estarían defraudando aquel mandato representativo esencia del Estado de Derecho".

Sin ser tan explícito el Dr. Luzardo de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UDELAR, dijo: "El mito del legislador soberano, hace más de cien años que se terminó, y cada vez más el legislador deber tener en cuenta la voluntad del cuerpo electoral".

Como consecuencia de lo expuesto, el Poder Legislativo no puede ni modificar ni derogar la Ley Nº 15.848, menos aún anularla dado que esto último no es admisible en nuestro ordenamiento jurídico.

El artículo 1º del proyecto de ley consagra la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos posición que ha sido superada por posiciones de la doctrina más moderna que apuntan a dar más garantías a la vigencia y respeto de dichos derechos.

El artículo 2º del proyecto de ley plantea una solución absolutamente inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico, ya que violenta el principio de separación de poderes y por vía oblicua pretende anular las normas que se citan.

En realidad este artículo sustituye en su texto pero no en su espíritu ni en sus consecuencias el originalmente proyectado que declaraba "como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12) que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986 violan los artículos 4º, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República siendo en consecuencia inaplicables".

Por lo tanto, las mismas críticas que se le ha hecho al texto original son válidas para el texto ahora propuesto.

Dijo la Dra. Asiaín: "Pero aquí se habla de interpretación obligatoria. Entonces tenemos que partir de la premisa de que primero sea interpretación y luego obligatoria. En rigor, interpretar una norma es desentrañar el sentido, es decir lo que la norma dice, sin introducir efectos foráneos a la interpretación, ajenos a su letra y espíritu, desatendiendo su tenor literal, tal como dice el artículo 17 del Código Civil. Cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. (…)" Estimamos que en este caso no se trata de una interpretación de la Ley de Caducidad sino de una innovación de la norma. El legislador está haciendo una calificación jurídica de la Ley de Caducidad, no la está interpretando".

En primer lugar, entonces, este artículo no constituye una interpretación de las normas que cita buscando darle al texto efecto retroactivo. De serlo, además, no podría tener todos los efectos que el proyecto de ley le otorga en el artículo 3º ya que según el artículo 13 del Código Civil "la interpretación auténtica o hecha por el legislador tendrá efecto desde la fecha de la ley interpretada; pero no podrá aplicarse a los casos ya definitivamente concluidos".

En segundo lugar, de ser aprobado el texto, este es inconstitucional ya que sólo la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con la Constitución, tiene competencia para el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva para declarar que un texto legal carece de valor jurídico o, lo que es lo mismo, que es inaplicable ante una acción o una excepción de inconstitucionalidad en un caso concreto. (artículos 256 y siguientes de la Constitución). En consecuencia, el texto propuesto, de ser aprobado, provoca una invasión por parte del Poder Legislativo de las competencias propias de la Suprema Corte de Justicia y, por tanto, viola el principio de separación de poderes. Por tanto, adolece del mismo vicio que se atribuye a la Ley Nº 15.848 en la que el Poder Ejecutivo asume competencias propias del Poder Judicial lo que ha constituido uno de los fundamentos de su declaración de inconstitucional.

En tercer lugar, al declarar como interpretación obligatoria, con carácter general, la ilegitimidad manifiesta y la carencia de valor jurídico de los artículos que se mencionan se pretende, por vía oblicua, anular los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848 lo que es inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico, que no admite que las normas jurídicas puedan ser anuladas.

El único caso de anulación de normas jurídicas conocido está contenido en la Ley Nº 15.738, de 13 de marzo de 1985, dictada apenas recuperada la democracia en nuestro país, en cuya exposición de motivos sus redactores expresaron: "los referidos actos legislativos del Consejo de Estado del gobierno militar "de facto" que acaba de fenecer son radicalmente nulos, por emanar de un órgano inexistente para la Constitución de la República y por haber sido dictados sin seguir los procedimientos que ésta prescribe para la sanción de las leyes, en cuyo mérito están afectados de un vicio de incompetencia absoluta, así como el señalado vicio de forma".

El Dr. Risso dijo: "...el Poder Legislativo es el sistema orgánico competente para la aprobación de las leyes, lo cual implica crear nuevas, derogarlas o sustituirlas, pero creo que no puede anularlas".

Si los artículos mencionados presentaran una ilegitimidad manifiesta y se pretendiera, como se pretende, restarles valor jurídico, el único medio que tiene el Parlamento para eliminarlos es derogarlos, siempre y cuando no existieran los impedimentos constitucionales ya citados. O bien, todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo, el Juez o el Tribunal actuantes o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su caso, podrán solicitar la declaración de inconstitucionalidad de conformidad con lo que establecen los artículos 256 y siguientes de la Constitución de la República.

Por otra parte, no puede sostenerse que la Ley Nº 15.848 o alguno de sus artículos "presentan una ilegitimidad manifiesta" ya que dicha ley fue aprobada por un Parlamento democráticamente electo, siguiendo los procedimientos que establece la Constitución de la República y su vigencia fue ratificada por el Cuerpo Electoral en ejercicio de la soberanía la Nación.

Asimismo, su constitucionalidad fue sostenida en dos casos concretos por la Suprema Corte de Justicia, la que la ha declarado inconstitucional en su último fallo respecto de otro caso. En consecuencia, no puede sostenerse que su inconstitucionalidad ha sido admitida pacíficamente por el órgano que tiene la competencia "originaria y exclusiva en la materia" (artículo 257 de la Constitución). Nadie puede predecir que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia no variará y, por tanto, la ilegitimidad manifiesta no puede sustentarse en un fallo de la Suprema Corte de Justicia emitido respecto de un caso concreto (artículo 259 de la Constitución).

El artículo 3º en su literal a) es claramente violatorio del principio de irretroactividad de la ley penal que impide que se apliquen a hechos pasados disposiciones más desfavorables para el actual o eventual imputado. Este principio es una garantía fundamental en todo Estado de Derecho.

Si bien la norma propuesta no crea nuevos delitos ni agrava penas, restituye la acción penal o la pretensión punitiva del Estado la cual caducó por imperio de la Ley Nº 15.848 de conformidad con las condiciones y procedimientos que esta establece. Por tanto, posibilita que sean juzgados penalmente quienes se beneficiaron de las disposiciones de dicha ley, razón por lo cual, de ser aprobado el proyecto de ley, los coloca en una situación más desfavorable de la que gozaban bajo el imperio de la ley cuyos artículos se cuestionan, vulnerando, además, sus derechos adquiridos.

Por otra parte, la irretroactividad de la ley penal es consecuencia del principio de legalidad, es una garantía de la seguridad jurídica y tiene su fundamentos en la Constitución de la República en los artículos 10 –que consagra el principio de libertad- y 72 –que recibe los principios del jus naturalismo-. La misma, además, es reconocida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Dr. Risso dijo en su comparecencia en la Comisión: "Fundamentalmente en materia penal, los principios protectores del acusado y demás, por supuesto que forman parte del bloque de derechos humanos. Algunos de ellos no tienen rango expreso en nuestra Constitución, pero siempre se infirieron por el artículo 72, y hoy pueden ser completados por las normas internacionales. Pero la irretroactividad de la ley penal más perjudicial es una conquista del derecho occidental, eso no se discute. De la misma forma que la aprobación de la ley más benigna siempre tiene efecto retroactivo. Las leyes más gravosas en materia penal o en el Derecho Procesal Penal no pueden tener efecto retroactivo y las leyes más benignas lo tienen siempre."

Asimismo, a través de una disposición inadmisible desde el punto de vista jurídico, se pretende quitar con carácter retroactivo la calidad de cosa juzgada a aquellas actuaciones que la adquirieron.

De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 15.848 si el Poder Ejecutivo considerare que el hecho investigado está comprendido dentro del artículo 1º de la ley, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes, no sólo el archivo como dice el artículo proyectado que comentamos.

Esa decisión es una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva que, de no haber sido impugnada a través de los recursos correspondientes o habiendo sido estos interpuestos y resueltos, pasó en autoridad de cosa juzgada. Así lo entendió la Suprema Corte de Justicia en la sentencia Nº 322/2004.

En efecto, la Corte afirmó: "La providencia regula, atento a lo expresado por el Poder Ejecutivo en cuanto a la inclusión de los hechos denunciados en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, la clausura de las actuaciones, configurando un pronunciamiento sobre la aplicabilidad de la norma referida, esto es, una decisión cuyo contenido es afirmación de que se ha verificado la caducidad de la pretensión de punitiva del Estado con relación a dichos hechos".

"No se trata de una mera clausura en el sentido previsto por el art. 24 del C.P.P (por falta de un presupuesto de la acción) o de la providencia que dispone el archivo de las actuaciones por falta de mérito para procesar (art. 112 ejusdem), puesto que en dichos casos no necesariamente se extingue la acción penal, la que puede ejercitarse posteriormente si se remueve el obstáculo legal o surgen nuevas pruebas que den mérito al enjuiciamiento".

"Lo típico de la clausura de las actuaciones en aplicación del art. 1º de la Ley Nº 15.848, en cambio, es que, al implicar que ha operado la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, resulta extintiva de la acción penal, que no podrá posteriormente ejercerse, por imperio del legislador, actuando en función ontológicamente jurisdiccional".

"Por ende la providencia que dispuso la clausura es, desde la óptica procesal penal, una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva (art. 269 C.P.P). Y, actualmente, al no haber sido objeto de los recursos previstos en los art. 250 a 252 del C.P.P., se encuentra firme, por lo que la caducidad de la pretensión punitiva relativa a los hechos denunciados tiene fuerza de cosa juzgada y no puede ser revisada ni en éste ni en otro (eventual) proceso".

La sentencia al pasar en autoridad de cosa juzgada se torna inmutable. Este principio es absoluto en derecho penal mientras que en materia civil la ley puede habilitar alguna posibilidad de revisión.

La Dra. Asiaín dijo en la Comisión:"La cosa juzgada es un principio general y fundamental del derecho que preserva el valor de la seguridad jurídica, concretado en la certeza. Forma parte, también de los derechos inalienables, inderogables e imprescriptibles. Y parte también del "jus cogens" internacional que se impone por sobre los ordenamientos jurídicos nacionales en caso de que lo desatendieran, y su desconocimiento comprometería la responsabilidad del Estado pues está también plasmado en todos los tratados de derechos humanos".

Además, la inmutabilidad de la cosa juzgada se vincula con otros principios tales como el de seguridad jurídica, la estabilidad de los derechos y la separación de poderes. Esto último porque impide a otros poderes del Estado alterar o modificar los resultados del ejercicio de la función jurisdiccional y ha sido reconocida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por último, el literal a) del artículo 3 del proyecto de ley en discusión, al igual que el literal b), que comentaremos más adelante, viola el principio de separación de poderes ya que provoca que el Poder Legislativo invada el ámbito de actuación del Poder Judicial al cercenar la posibilidad del Juez de actuar de acuerdo a su leal saber y entender en el marco de sus competencias de conformidad con el ordenamiento jurídico.

En conclusión, la disposición que comentamos vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho como la irretroactividad de la ley penal desfavorable al reo, la inmutabilidad de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la separación de poderes.

El literal b) de artículo 3º, como dijimos, también viola el principio de separación de poderes ya que invade las competencias del Poder Judicial. De aprobarse este artículo, el Poder Legislativo estaría excediendo sus competencias al imponerle al Juez la continuación de las intervenciones judiciales que se describen "de oficio, o por solicitud del interesado o del Ministerio Público" aún contra su voluntad. Se le ordena al Juez actuar en una determinada dirección impidiéndole aplicar su criterio y su libre albedrío dentro de los límites normativos en el ejercicio de sus competencias.

El Dr. Risso Ferrand dijo al respecto: "el problema que le veo al literal A) (en el a proyecto de ley original este era el literal que lo identificaba) del artículo 3 es que incurre en el mismo error que generalmente se critica a la Ley de Caducidad. Una de las críticas más fuertes recogidas por la Suprema Corte de Justicia en la sentencia del año pasado es que la Ley de Caducidad implica que el Poder Ejecutivo le dice a los Jueces lo que tienen que hacer dentro de su esfera de actuación. El artículo 3º, en cierta forma, implica que ahora es el Poder Legislativo el que le dice a los Jueces lo que tienen que hacer dentro de su esfera de actuación. Si se considera que aquel era un argumento de inconstitucionalidad, creo que podría trasladarse a este caso".

El literal c) del artículo 3º violenta el principio de irretroactividad de la ley penal más desfavorable al reo el que como se ha dicho es uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho, y también forma parte del bloque de derechos humanos.

Si un delito puede prescribir por imperio de las normas vigentes no pueden agregarse con efecto retroactivo condiciones nuevas que impidan que tal prescripción opere como ser prohibir el cómputo del período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor del proyecto de ley de ser aprobado. Esto implica dictar una norma con efecto retroactivo y, por tanto, podría convertir en eventual imputado a quien nunca lo habría sido por efecto de la prescripción.

Según Milton Cairoli (Código Penal de la República Oriental del Uruguay. Anotado y comentado.- 2003): "Para las leyes de prescripción, rige también la regla de la benignidad. Si por ejemplo, la nueva ley establece que un delito prescribe en menos años que los determinados por la ley anterior, se aplica la nueva ley retroactivamente. Si en cambio, el tiempo es más largo será irretroactiva".

La Dra. Asiaín dijo en la Comisión: "Las normas internacionales de derecho humanitario que declararon la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad fueron suscritas por Uruguay con posterioridad al acaecimiento de los hechos delictivos de referencia. Entonces, siendo más perjudiciales al reo, no podrán aplicarse retroactivamente sin contrariar una máxima de derecho penal que es protectora del hombre. Pueden acatarse dichas normas internacionales por las vías orquestadas en nuestro derecho para la protección de los derechos: declaración de inconstitucionalidad, derogación de la ley, revocación de actos administrativos, etcétera. Pero las normas internacionales en ningún momento alientan a nuestro derecho a desconocer los mecanismos de tutela que el constituyente ha instituido".

Algunos comentarios sobre la exposición de motivos del proyecto de ley.

Se argumenta, en primer lugar, "el reconocimiento del rango constitucional de normas internacionales de protección de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario" invocándose, en tal sentido, la legislación, la doctrina y la jurisprudencia internacional y doméstica.

Según opina Gonzalo Aguirre Ramírez "tales normas son tratados y, por tanto, no pertenecen al derecho interno sino al internacional. Son de obligatoria aplicación para los Estados que los celebran y ratifican, pero es por completo inexacto que tengan rango constitucional. Salvo la Constitución argentina que en el numeral 22 de su artículo 75 otorga jerarquía constitucional a una serie de normas internacionales sobre derechos humanos, a lo más que ha llegado, en otros países, es a que sus Constituciones les reconozcan jerarquía superior a la de las leyes. Así contienen este tipo de normas las Constituciones de Alemania (art. 25), Francia (art. 55), España (art. 96), Portugal (art. 81), Grecia (art. 28), Holanda (art. 93) y Paraguay (arts. 137 y 141). En nuestro país la Constitución guarda silencio al respecto, por lo que no sólo ningún tratado –verse o no sobre derechos humanos- tiene rango constitucional, sino que ni siquiera está resuelto el problema de si los tratados tiene jerarquía igual o superior a la de las leyes".

El proyecto de ley en consideración se afilia a esta tesis al proponer la constitucionalización de todas las normas que en la doctrina más moderna integran el bloque de los derechos humanos.

Por su parte Eduardo Jiménez de Aréchaga basándose en reglas de Derecho Internacional consuetudinario, enseñaba que los tratados contrarios a la Constitución vigente en un Estado no son válidos:

a.- Para el derecho interno porque modificarían la Constitución, lo que es inadmisible en un sistema de Constitución rígida (art. 331).

b.- Para el derecho internacional porque las reglas sobre competencia para celebrar tratados se delegan en la Constitución de cada estado que establece qué autoridades son las que han de contratar por el Estado (limitación formal) y qué es lo que no podrán contratar (limitación sustancial).

Desde esta óptica, según, Aguirre Ramírez, en opinión que comparto, la llamada Ley de Caducidad, es sustancialmente una ley de amnistía, nominada de otra manera por razones políticas coyunturales. Así lo estableció la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 184 de 5 de mayo de 1988. Configura, por tanto, el ejercicio regular de una atribución constitucional del Poder Legislativo, que es de carácter absolutamente general, incluyendo por ello a todo tipo de delitos, cualquiera sea su gravedad, No puede, pues, ser cercenada por un Tratado pues ello conlleva una modificación inconstitucional de la Carta.

"La inconciliabilidad de los tratados invocados en la exposición de motivos y el sistema de nuestra Constitución- mas que con una o más de sus disposiciones- es aún más clara respecto de las dos resoluciones adoptadas por el Cuerpo Electoral en ejercicio directo de la soberanía de la Nación. Sostener que por efecto de los Tratados pueda dejarse sin efecto lo resuelto plebiscitariamente por el Cuerpo Electoral, sea para reformar la Constitución como para mantener incambiado su texto, es una teoría que subvierte principios esenciales de nuestra Lex Magna, desde que condiciona y hasta puede modificar el contenido de la misma, en razón de lo dispuesto por los tratados".

En consecuencia, nos parece peligroso aceptar pacíficamente lo que nos dijo el Sr. Mata, quien compareció junto al Canciller interino a la Comisión: "Claramente, para un tribunal internacional, las leyes internas de cualquier Estado son hechos; no aplica normas de Derecho Interno sino, exclusivamente de Derecho Internacional. En cuanto a la técnica jurídica debo decir que la Corte valora esa norma de Derecho Interno uruguayo como incompatible con la norma internacional; es un hecho que igualmente lo toma en consideración… Las valora como hechos si son compatibles o no con las normas del Derecho Internacional pero aplica normas internacionales".

Esto equivale a decir que el contenido de las normas de derecho interno, aún las constitucionales, pueden ser el fundamento de una condena de la Corte pero no pueden ser invocadas y si lo fueran no serían tenidas en cuenta como tales para evitar un fallo adverso, aunque hayan sido aprobadas por un Parlamento democrático de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución o por los mecanismos legítimos para aprobar normas constitucionales.

Por último, cabe hacer una reflexión respecto de la premura de una decisión del Parlamento respecto de algunos artículos la Ley Nº 15.848 para cumplir con nuestros compromisos internacionales y procurar evitar una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordando lo manifestado por el Sr. Mata al ser preguntado acerca de su convencimiento de que Uruguay va a ser condenado: "Con relación a la presunción de condena, ella está basada fundamentalmente, en las normas internas de Uruguay. Por ejemplo, en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 18.596 del año 2009, se establece un reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado uruguayo. El artículo 2º de la mencionada ley establece: " Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación (…)" "En el artículo 1º se establece: "Reconócese el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales de las personas, en violación a los Derechos Humanos o las normas de Derecho Internacional Humanitario (…)". "Es decir, hay una ley interna del Estado uruguayo que reconoce expresamente su responsabilidad en esta materia. Entonces, razonablemente, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos accede a esta norma en la que se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo por citar solo una ley, pero hay otras, es razonable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos asuma que se cometieron esos hechos. (…). Aunque la demanda de la Comisión y el escrito de argumentaciones y pruebas de las presuntas víctimas son muy extensas y tienen valoraciones objetivas y subjetivas, de hecho la Corte no debería ingresar a estas valoraciones porque las leyes internas del Uruguay ya reconocen su responsabilidad en estos hechos. De ahí deduzco o presumo que es razonable que la Corte falle condenando al Estado uruguayo".

Por tanto, la Ley Nº 15.848 podrá ser un elemento central para la Corte Interamericana, como dijo el Ministro interino de Relaciones Exteriores, pero como acabamos de ver, no el único, a la hora de evaluar la responsabilidad del Estado uruguayo.

En consecuencia, la anulación de los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848 agregaría poco para evitar la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la luz de la información brindada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por lo expuesto, se aconseja la aprobación del siguiente proyecto de resolución.

Sala de la Comisión, 18 de octubre 2010.

ANA LÍA PIÑEYRÚA, Miembro Informante, GUSTAVO BORSARI BRENNA.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo Único.- Deséchase el proyecto de ley referente a la interpretación de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Carpeta Nº 395/2010).

Sala de la Comisión, 18 de octubre 2010.

ANA LÍA PIÑEYRÚA, Miembro Informante, GUSTAVO BORSARI BRENNA.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME EN MINORÍA

Señoras y señores Representantes:

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, ha considerado el proyecto de ley por el que se pretende interpretar obligatoriamente los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, "de caducidad de la pretensión punitiva del Estado", respecto del cual aconsejamos a la Cámara rechazar el mismo por las siguientes razones.

Como cuestión preliminar, no procede incurrir en paralogismos de falsa oposición.

En general, quienes aprobaron la Ley Nº 15.848, y esto refiere tanto a los legisladores que la votaron como a la inmensa mayoría de los ciudadanos que la ratificaron en dos ocasiones, deploran y no comparten las violaciones de los derechos humanos, el abuso de autoridad, y la comisión de delitos aberrantes. Precisamente, fueron en pos de un instrumento que juzgaron adecuado para asentar la pacificación nacional y cimentar la convicción generalizada de que la República había transitado caminos de enfrentamiento irracional que habían herido profundamente a la sociedad. Acaso, los que habían actuado no fueron capaces de seguir el consejo de Ernesto Guevara contenido en su discurso en el Paraninfo de la Universidad de enero de 1961, cuando sostuvo: "Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es, precisamente la posibilidad de expresar sus ideas; la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir; la posibilidad en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América .... sin derramar sangre, sin que se produzca nada de lo que se produjo en Cuba, que cuando se empieza el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último... Si ... la aspiración del pueblo a su bienestar, se puede lograr por medios pacíficos, eso es lo ideal y eso es por lo que hay que luchar".

La apertura democrática se hizo en forma pactada, no mediando una derrota militar como sucedió en la República Argentina, con la guerra de las Malvinas. La salida democrática estuvo precedida por un consenso del que participaron las máximas jerarquías militares que, probablemente, tuvieron que superar las renuencias que en el ámbito castrense todavía se mantenían.

Las circunstancias políticas del momento determinaron que del acuerdo participaran la Unión Cívica, el Frente Amplio y el Partido Colorado y no lo hiciera el Partido Nacional, que a la postre presentara el proyecto de ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, hoy cuestionado por el proyecto propuesto por el Frente Amplio.

Más allá de si se trata o no de la interpretación correcta, en amplios sectores de la población, incluso entre quienes se oponían férreamente al régimen de facto, se mantuvo la idea de que el país había vivido una guerra y que la pacificación exigía una manifestación de mutua renuncia a revisar el pasado: algo con parangón al espíritu de "Ni vencidos ni vencedores" proclamado en la Paz de 8 de Octubre de 1851 que puso fin a la Guerra Grande.

Es indiscutible que la República vivió una tragedia que no supo, previamente, evitar. Todo abuso, todo exceso, toda vida trunca, sólo se evita previniendo. Luego de que suceden, ya es demasiado tarde y ni el castigo ni la venganza permiten retornar a la situación anterior. Si las disposiciones que buscaron la pacificación y el reencuentro no hubieran existido, las víctimas, cualquiera hubiera sido su situación en el decurso de los hechos, igual seguirían siendo víctimas. El sentido de las amnistías es intentar dar vuelta la hoja y abrir una nueva etapa. Sostenerlas no contraviene la ética ni quienes se oponen al perdón monopolizan la moral. Podrá discutirse si el precio que se paga por la paz es demasiado elevado, en una circunstancia determinada, pero no puede sostenerse que las mayorías que, con dudas y cuestionamientos de conciencia, entendieron que había que cerrar un capitulo histórico, no lo hubieran hecho con inspiración elevada.

La Ley Nº 15.848, tuvo ese propósito. Tuvo un objeto claramente reparatorio en sus disposiciones no cuestionadas y pretendió, asimismo, obtener una mejor integración de las fuerzas armadas en el seno de la sociedad. En cuanto a lo que se le discute, el no ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, el artículo 2º, excluyó los delitos cometidos cuyo móvil hubiera sido la obtención de provecho económico.

Más allá de la discusión sobre si se trató o no de una amnistía y si la ley podía establecer que el Estado se abstendría de ejercer la pretensión punitiva sobre determinados delitos, fuera de los institutos de indulto y amnistía, en la práctica dicha norma operó como una verdadera amnistía. Los delitos anteriores quedaron, por mandato de la ley, fuera del alcance punitorio.

Si de algo sirve la opinión del "soberano", la ley fue ratificada en dos ocasiones, la última a título de plebiscito constitucional. No puede argumentarse que, por un lado, la Nación es la soberana, y en consecuencia, la única que tiene derecho a equivocarse y luego decir que es una especie de incapaz que no sabe lo que vota, desoyendo su criterio mayoritario. Tampoco nuestro pueblo que asumió una postura, merece que se lo considere como cómplice de los excesos que se verificaron. La ley intentó afirmar la paz y la paz es la máxima garantía que evitará, para el porvenir, la reiteración de los hechos luctuosos que seguimos deplorando.

La Ley Nº 15.848 fue ratificada por el referéndum de 16 de abril de 1989. En esa ocasión, el 57% de sufragantes votaron por la ratificación, frente al 43% que lo hicieron por la derogación. El intento de declarar nula la ley que se hizo por plebiscito de reforma constitucional de 25 de octubre de 2009, resultó frustrado dado que la propuesta obtuvo el 47,3%, no alcanzando la mayoría requerida.

Debe destacarse la relevancia de la confirmación, en dos ocasiones, de la norma por el Cuerpo Electoral, titular de la soberanía. No se trata de señalar que, ni siquiera la nación soberana puede avasallar los derechos fundamentales de las personas. No es eso, que no lo hizo. De lo que se trata es haber considerado que, dado el propósito de pacificación, respecto de determinadas conductas correspondía inhibirse de castigarlas. Si como entendió el propio Parlamento en el año 1972, cuando autorizó que se decretara el estado de guerra interno, hubo un enfrentamiento armado, es de suponer que la mayoría de la ciudadanía entendió que correspondía reconocer una situación de indemnidad (act of indemnity en el Derecho Público inglés) como forma de defensa extraordinaria del Estado. Se podrá no compartir la solución pero basta con comprobar que así se determinó.

La Ley Nº 15.848, fue un jalón más entre un conjunto de disposiciones que procuraron reencausar la convivencia social y así fue considerado por la opinión mayoritaria que, seguramente, creyó que la responsabilidad por los hechos acaecidos era difusa y compartida, que no quiso seguir caminos que se advirtieron como maniqueos y que, como dijo el Presidente Batlle y Ordóñez, cuando celebró la Paz de Aceguá que puso fin a la Revolución de 1904, había que deplorar, también, la situación de quienes, a su juicio, se habían visto "extraviados en el no siempre claro camino del deber".

La Ley Nº 15.848 no impide el repudio de los crímenes y excesos cometidos, de todos los crímenes y de todos los excesos, cualesquiera hayan sido sus autores y el bando a que hubieran pertenecido. Tampoco impide el conocimiento de la verdad de los hechos, más bien lo consagra, ni la reparación de las victimas. En particular, no puede sino despertar adhesión solidaria la situación de las víctimas, de todas las víctimas. La solidaridad y el repudio de los crímenes constituyen un sentimiento que se asienta en lo más esencial de la condición humana. Sin embargo, no merecería similar consideración, que se tratara de proseguir mediante el cumplimiento de la actividad jurisdiccional un enfrentamiento que debe quedar en el pasado y, tampoco, que el comprensible sentimiento de dolor se explote para mejor ubicarse en la consideración de la opinión pública.

Cabe preguntarse, si luego de cuatro décadas, le hace bien a la sociedad, al Gobierno, a la Justicia y a la vigencia de los derechos humanos, abrir una serie innumerable de casos en el orden penal. Aunque se sostenga que luego de años de sustanciación de los procesos, de eventuales privaciones preventivas de la libertad, podrá decretarse, finalmente, la absolución. Porque, sin duda hubo situaciones de extrema iniquidad y autores identificados y también procesamientos con la Ley Nº 15.848 vigente. Pero, además de estas situaciones extremas, y dado que para el procesamiento basta la semiplena prueba o sea, solamente una presunción calificada ¿tiene sentido el procesamiento, ya no del autor notorio, sino del que no se sabe si fue el autor pero pudo haberlo sido porque trabajaba en la dependencia donde sucedieron los hechos? ¿O del que no se sabe si conoció los hechos pero debió haberlos conocido por la actividad que desarrollaba en la época y no los denunció? ¿O del que será denunciado porque alguien quiere ejercer una venganza contra determinadas personas, sus inclinaciones políticas o las instituciones en que se desempeñaron? ¿O del que, aún habiendo cometido un delito, fue de menor entidad?

No hay foro ni jurisdicción en el mundo que pueda considerar que la República no procuró, desde 1985, conformar un cabal Estado de Derecho y que extremó los esfuerzos para reparar lo que podía repararse y para evitar que se creara el caldo de cultivo para que asomara la menor sombra de reiteración.

En tal sentido, la Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, decretó la amnistía de todos los delitos políticos, comunes y militares conexos con éstos, cometidos a partir del 1º de enero de 1962, con excepción de los autores y coautores de delitos de homicidio intencional consumados, a los que igualmente se les suspendió el castigo. A los efectos de dicha ley se consideraron delitos políticos, los cometidos por móviles directa o indirectamente políticos los que participaban de la misma finalidad de éstos o se cometieron para facilitarlos, prepararlos, consumarlos, agravar sus efectos o impedir su punición.

También se consideraban delitos conexos todos aquellos que concurran de cualquier manera (reiteración real, reiteración formal o concurrencia fuera de la reiteración) con los delitos políticos. En ese primer momento se excluyó de dicha amnistía a los funcionarios policiales o militares y a las personas que hubieren actuado amparadas por el poder del Estado o desde cargos de gobierno, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes de la detención de personas luego desaparecidas, y por quienes hubieren encubierto cualquiera de dichas conductas.

La Ley Nº 15.743, de 14 de mayo de 1985, decretó la amnistía de determinados delitos comunes, condenados a penas de prisión, y procesados privados de libertad, demostrando el ánimo de perdonar el pasado e ingresar a una nueva etapa que nutrió al legislador en el momento de recuperación de la democracia. La misma ley estatuyó un régimen excepcional de libertad anticipada.

La Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, estableció el derecho a ser reincorporadas al organismo correspondiente a todos los funcionarios destituidos entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

La Ley Nº 17.358, de 22 de junio de 2001, dispuso el ascenso de los Oficiales Generales y Superiores a los que se había aplicado el inciso G del art. 192 del Decreto-Ley 14.157, de 21 de febrero de 1974, con excepción de aquellos que tenían el grado de la máxima jerarquía.

La Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, reconoció derechos jubilatorios a todos los trabajadores de la actividad privada que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales; a los que hubieran estado detenidos durante dicho lapso por delitos políticos o militares conexos, y a los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en dicho período. Esa ley estableció un período de caducidad que fue eliminado por el artículo 23 de la Ley Nº 18.596, de 18 de setiembre de 2009.

La Ley Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006, modificó el régimen anterior para volverlo más comprensivo. Estableció una pensión especial reparatoria para las personas comprendidas en la ley "que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985", alternativa a otros regímenes de seguridad social. Dicha norma fue ampliada por Ley Nº 18.235, de 26 de diciembre de 2007.

La Ley Nº 18.596, de 18 de setiembre de 2009, dispuso la reparación integral a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. Reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, define la condición de víctimas del terrorismo de Estado y de la actuación ilegítima del Estado.

Ninguna de estas soluciones aportadas por la sucesiva legislación se vieron impedidas por la vigencia de la Ley Nº 15.848. Ésta tampoco impidió el esclarecimiento posible de los hechos. Cabe citar, de este modo, la investigación efectuada a partir de la resolución 858/2000, del 9 de agosto de 2000, a cargo de la "Comisión para la Paz" que elaboró un amplio informe que se dio a conocer el 10 de abril de 2003.

La iniciativa bajo consideración debe rechazarse. El artículo 1º tiene un alcance retórico. Es sobreabundante e innecesario. Resulta superfluo sostener que se necesita una ley interpretativa para entender consagrado o reafirmado el derecho a la vida, a la integridad personal, a no ser desaparecido ni torturado, la vigencia de los derechos humanos, el acceso a la justicia o el castigo de las violaciones y de los crímenes de lesa humanidad. Sostener su vigencia no requiere de la referencia al artículo 72 de la Constitución, sino que se trata de derechos consagrados a título expreso en disposiciones específicas, como lo son los artículos 26, 7, 15, 16, 17, 18, 22 y 23, entre otros. Nadie ha discutido que las normas consagratorias de la integridad de la condición humana y del Estado de Derecho, deben ser aplicadas directamente por las autoridades, los magistrados judiciales entre ellas, sin necesidad de normas reglamentarias, máxime cuando, desde el texto constitucional de 1942, se consagró la fórmula hoy contenida en el artículo 332 que da cima al articulado de la Carta. Afirmar que tales derechos deben considerarse incorporados por obra del artículo 72, constituye un error. Además, la redacción, en su afán de contundencia, contiene imprecisiones. ¿Qué se quiso decir, por ejemplo, cuando se emplean las expresiones "persecución" o "cooperación"?

El artículo 2º afecta la más elemental lógica jurídica. Declarar por vía de interpretación que una ley anterior es inconstitucional, y por tanto inaplicable es absurdo. Lo que corresponde, al Poder Legislativo, si ha cambiado de criterio es, en todo caso, derogar la ley anterior, lo que podría abrir, es cierto, el debate sobre los alcances de la derogación. La declaración de inconstitucionalidad de las leyes es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. La disposición propuesta no sólo contraviene las normas constitucionales que regulan la competencia del Poder Legislativo y el mecanismo de declaración de inconstitucionalidad de las leyes sino, lo que es probablemente más grave, vulnera los principios del razonamiento lógico. Es absurdo que el legislador deje vigente una ley pero, a la vez, la declare inaplicable. Se busca mediante el mecanismo propuesto, seguramente, y a pesar del reciente pronunciamiento soberano, someter a la justicia penal a quienes fueron, en su tiempo, beneficiados por una norma que los puso al abrigo de tales procedimientos. Se busca, por vía indirecta, anular una ley, cuando ni la anulación está prevista ni el legislador puede proclamarla.

El artículo interpreta que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, son manifiestamente ilegítimos, que violan los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución y que carecen de valor jurídico alguno.

La "ilegitimidad" de una ley, lógicamente, debe referirse a una norma superior. No es el legislador el que puede decir que una ley es ilegítima, sólo puede derogarla. Cuando la Suprema Corte de Justicia, que tiene la competencia exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, así lo hace, de acuerdo con el artículo 259 de la Constitución, ello tiene efectos para el caso concreto y en los procedimientos en que se ha pronunciado. Nunca la declaración de inconstitucionalidad de una ley significa que carezca "de valor jurídico alguno".

El artículo 4º de la Constitución, consagra que la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación. Sorprende que se invoque ese artículo para contradecir el reciente pronunciamiento de la Nación de octubre de 2009.

El artículo 72 de la Carta Magna, declara que la enumeración constitucional de derechos, deberes y garantías, no excluye a los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Quizás se quiso, hacer referencia a la postura de defensa de los derechos humanos que asume el constituyente patrio pero, como ya se afirmó, habría otras normas a citar que formulan una consagración específica. El derecho a la vida, incluso a la Justicia imparcial son derechos fundamentales pero ¿puede postularse que existe el derecho al castigo y que éste posee la misma primacía?

El artículo 83 de la Constitución, establece que el Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea General, por lo que no se advierte por qué es citada dicha norma.

El artículo 233 de la Constitución, establece que el Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y sus tribunales subalternos, "en la forma que estableciere la ley". Hasta podría sostenerse que la mención de este artículo de la Constitución constituye un argumento en favor y no en contra de la Ley Nº 15.848. Es probable que la mención pretenda rea-firmar la tesis de la inconstitucionalidad del artículo 3º de la Ley Nº 15.848, oportunamente desestimada por la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia ahora modificada por ésta, en su actual integración. Pero, habrá que convenir, que el proyecto a estudio no lo hace con el mejor estilo o redacción y que las referencias constitucionales que contiene carecen de mayor sentido.

Flaco favor se le hace al supremo valor de la defensa de los derechos humanos, cuando se intenta moldear el ordenamiento jurídico, de acuerdo con las circunstancias que se prefieren o según perspectivas sesgadas.

El artículo 3º establece que la aplicación pasada del artículo 3º la Ley Nº 15.848, no extinguió la cosa juzgada. Hay casos en que la misma Justicia ha entendido que sí operó. O sea que, ya no se trata de haber dispuesto, meramente, el archivo en función de la ley, sino de un pronunciamiento judicial especial que entendió que hubo cosa juzgada (por ejemplo, en el caso Gelman).

El literal c) mantiene un criterio que constituye una verdadera revolución. Parte de la base de que hay delitos imprescriptibles, que no enumera. Pero, refiere además, a los delitos que considera prescriptibles, seguramente menos graves. O sea que para los delitos cometidos "por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto", aún en el caso de que el delito fuera de menor gravedad, a los efectos de la prescripción, no debería considerarse el transcurso de 24 años. ¿Alguien puede, sensatamente considerar que un hurto, una amenaza, una lesión personal o la penetración ilegítima en fundo ajeno, cometidas en 1984, puede ser castigada en el 2010, por el mero hecho de que su autor haya sido un militar o policía que hubiera actuado en aquellas oscuras circunstancias? En clave de derechos humanos cabe preguntarse ¿por qué hay delitos, incluso aberrantes que se perdonan y otros que no? ¿Por qué se entiende que si se es policía o militar, aún de bajo rango, las conductas son punibles hasta la eternidad y se termina discriminando a los presuntos autores en función de su profesión?

El artículo 4º de la propuesta, aclara que lo dispuesto en esa ley, se aplicará a las nuevas denuncias. En realidad, alude al 3er literal del artículo 3º. Lo demás busca exhumar los procedimientos interrumpidos o archivados, o sea que no son "nuevas denuncias que se presenten".

Adviértase que es, prácticamente, un llamado a formular nuevas denuncias por si alguien tuviera, tras cuatro décadas, alguna cuenta pendiente o, por la razón que fuera, se hubiese abstenido a denunciar en su oportunidad.

Demuestra la visión vindicativa del proyecto: Nada se perdona; el tiempo nada soluciona ni atempera; no se distingue en función de la gravedad de los delitos cometidos; todo riesgo, hasta el de un posible error judicial, es menor con tal de castigar.

En suma, un meditado análisis demuestra que debe desestimarse la propuesta. La misma es inconstitucional, porque:

- Afecta la competencia del Poder Judicial.

- Abroga para cierta categoría de autores de delitos, definida por su tarea de la época, la prescripción ya operada. Ello no sólo para delitos considerados imprescriptibles, por su naturaleza y gravedad sino para cualquier tipo de delito que pudiera entenderse alcanzado por la Ley Nº 15.848.

- Reinstala la responsabilidad penal por parte de quienes, al haber sido declarada su irresponsabilidad, estaban al abrigo de la pena.

- Vulnera la cosa juzgada.

- Afecta la seguridad jurídica de las personas.

- Se terminaría dando una situación en la que, ya no se juzgan las conductas sino la posición de las personas en la desgraciada confrontación que se verificó. Cuando se juzgan los hechos, éstos son aberrantes en sí mismos y no en función de si se estaba en una u otra trinchera.

- La irretroactividad de las leyes, en general, está consagrada por la ley, no explícitamente por la Constitución. Ahora la irretroactividad de las leyes penales integra, esa sí, el bloque de constitucionalidad. No puede castigarse lo que no está tipificado como delito en el momento de la comisión. Y si un delito fue perdonado, o se declara que no será castigado, el que está libre del castigo, queda liberado definitivamente.

En virtud de lo antedicho se aconseja aprobar el siguiente proyecto de resolución.

Sala de la Comisión, 18 de octubre 2010.

GUSTAVO CERSÓSIMO, Miembro Informante, FITZGERALD CANTERO PIALI.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo Único.- Deséchase el proyecto de ley referente a la interpretación de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Carpeta Nº 395/2010).

Sala de la Comisión, 18 de octubre 2010.

GUSTAVO CERSÓSIMO, Miembro Informante, FITZGERALD CANTERO PIALI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Señores Diputados: les informamos que hemos tenido una reunión interpartidaria en la que se ha llegado a acuerdos para el funcionamiento de la sesión. Descontamos que se van a cumplir y que tendremos una sesión como la anterior, es decir, de discusión en un marco de respeto. Esperamos que así sea y que no tengamos que hacer cumplir el Reglamento. ¡Ojalá en esta sesión haya una discusión que fortalezca al pleno y también a la ciudadanía!

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: el Frente Amplio me ha conferido el honor de designarme como miembro informante de este proyecto de ley que, estoy convencido, una vez aprobado, contribuirá al esclarecimiento de delitos odiosos que atentaron contra la dignidad del ser humano, aliviará la responsabilidad jurídica de la República en los foros internacionales y contribuirá al fortalecimiento y la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país, a la defensa de la Constitución de la República, así como a la reconciliación de los uruguayos sobre bases sólidas y duraderas.

A efectos de esta exposición ante la Cámara, ordenaré mi razonamiento en los siguientes apartados: consideraciones generales, hechos sustantivos, derecho internacional sobre derechos humanos, derecho constitucional, efectos de los artículos del proyecto de ley una vez sancionado, y consideraciones finales.

Permítame la Cámara hacer, antes que nada, alguna puntualización desde lo anímico que creo ayudará a comprender el espíritu de lo que expresaré a continuación. No pretendo convencer a quienes, por una razón u otra, ya tienen una posición definitiva sobre el proyecto de ley que se va a votar luego de esta consideración en general, pero sí esclarecer su sentido sustantivo; es más importante en este caso que en otros que quede claro e inequívoco el sentido de la iniciativa que vamos a votar.

Hay un dato fáctico, cierto e innegable: en nuestro país se desarrolló un régimen de terrorismo de Estado en el sentido de que se utilizó todo el aparato, los Poderes y los recursos humanos y financieros del Estado para usurpar la soberanía de la nación, poniéndolos al servicio de una causa ilegítima y contraria al interés general, violatoria de la Constitución, de la decisión popular y de las más ricas tradiciones de convivencia pacífica y tolerante que nuestro país construyó a lo largo de su historia.

El régimen utilizó, para el logro de sus fines, los procedimientos más repugnantes como la tortura, la desaparición forzada, el asesinato y la persecución en un marco de violación sistemática y constante de los derechos humanos. Solo la lucha de un pueblo hizo posible, en definitiva, salir de ese régimen. Naturalmente, hubo autoría de muchos y complicidades de otros, pero queremos rescatar la valentía y el coraje de aquellos que se resistieron a la opresión.

A dos años de reconquistada la democracia, en 1986, se dictó la Ley Nº 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Hemos expresado en forma reiterada y constante que es una ley oprobiosa, la más indigna del ordenamiento jurídico uruguayo. La combatimos antes de su promulgación, durante su aplicación perversa, y ahora, en esta histórica sesión, levantamos nuestra voz y expresamos nuestra voluntad para dejarla sin efecto ni valor jurídico alguno y restablecer la dignidad de la República y restituir la honorabilidad a quienes fueron víctimas de este infame régimen.

No son afirmaciones desde la soberbia, el odio, el revanchismo y tantas otras cosas con las que se pretende descalificar y desprestigiar esta causa; son expresiones del sentir más profundo de nuestra razón y de nuestra sensibilidad decir que esta norma, al negar mecanismos judiciales adecuados a derecho y a un sentido elemental de justicia para perseguir a los responsables de las conductas delictivas más abyectas como las descritas, justifica nuestro accionar permanente para restablecer los valores sustantivos que deben alentar y nutrir nuestro sistema jurídico, nuestras instituciones republicanas y la democracia.

Este sentir no es una novedad; lo hemos expresado en las puertas de los cuarteles y comisarías, en las entradas de los cementerios, en toda tribuna pública, en las calles y en toda ocasión en que se ha podido, en todos y cada uno de los ámbitos institucionales en que hemos tenido oportunidad, intentando dar un correcto sentido de actuación a los Poderes públicos. No cesaremos en nuestro esfuerzo ni en nuestra voluntad para erradicar de plano todos y cada uno de los efectos más perversos del terrorismo de Estado en nuestro país.

Repetiremos una vez y otra también que la idea del "no se puede" nos hubiese dejado inertes frente a la opresión, no hubiese restituido a Macarena ni a Simón, no hubiese permitido decir que en este país el criminal de lesa constitución no estaría sirviendo una pena dictada por jueces con todas las garantías y en condiciones que, incluso, las personas de más edad, como el siempre recordado y admirado maestro Julio Castro ni las demás víctimas, nunca tuvieron.

En el día de hoy, señora Presidenta, no solo las emociones nos acompañan; hace mucho tiempo que sabemos que no alcanza con la emotividad para entender los complejos procesos políticos y sociales que atraviesa nuestro pueblo. Aquellos que tenemos responsabilidades públicas debemos atender a las soluciones inteligentes que permitan la construcción de la pública felicidad, con el menor de los sacrificios para el ciudadano común, con el objetivo de alcanzar el mejor destino de la República. Estamos convencidos de que el proyecto a consideración permitirá establecer un mojón más, y muy significativo, por cierto, en la lucha por la erradicación de la cultura de la impunidad.

Por lo tanto, el ánimo que nos convoca no es solo la erradicación de una norma que ha tenido efectos nefastos en la lucha contra la impunidad, sino ayudar a construir una democracia de calidad en la que quede claro para todos que jamás será posible volver a gobernar a los uruguayos basados en la tortura, la desaparición forzada, la violación y el abuso sexual o el asesinato. Queremos un mensaje claro, inequívoco y contundente de nuestro sistema político en cuanto a que la violación de los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana nunca será tolerada. Si ello sucediera, la respuesta de nuestra sociedad y el Estado será que todo el aparato estatal se pondrá siempre en marcha para proteger a los habitantes de este país, para el cese de las violaciones, la investigación de los hechos, el sometimiento de los responsables a la Justicia competente con todas las garantías del debido proceso y, en el caso de encontrar los responsables, penarlos de acuerdo con la ley, adjudicando, además, la reparación que por derecho corresponde a las víctimas. Es un mensaje categórico en cuanto a que la utilización del poder del Estado tiene un límite que la sociedad uruguaya ha decidido que es infranqueable, que no admite justificación alguna, y que su traspaso tendrá siempre el repudio de toda la sociedad y la contundente sanción penal.

El proyecto a consideración del plenario de esta Cámara fue presentado por la bancada del Frente Amplio con la firma de todos y cada uno de sus legisladores el día 28 de setiembre pasado. Fueron informados los coordinadores y los integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración con antelación para su estudio, y a la Comisión fueron convocados diversos catedráticos de varias universidades de nuestro país, así como el señor Ministro de Relaciones Exteriores, para dar informe sobre el acontecer de la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Habiendo dicho lo anterior, permítaseme expresarme sobre el contenido de este breve pero sustancioso proyecto de ley a estudio del plenario que, pese a tener algunas variantes en la redacción con respecto a la oportunamente presentada, sin duda, mejorando su versión primigenia y habiendo atendido las observaciones realizadas en la Comisión, se refiere a lo siguiente.

El primer artículo consiste en la interpretación del artículo 72 de la Constitución de la República. Le compete a la Asamblea General la interpretación de la Carta Constitucional, mandato que viene de la Constitución de 1830, que establecía en el Cuerpo Legislativo como facultad de control del Poder Legislativo la constitucionalidad de las leyes y la responsabilidad de interpretar el texto constitucional.

En este primer artículo del proyecto se establece, por mandato legal, que el artículo 72 de la Constitución de la República comprende, en el haz de los derechos inherentes a la personalidad humana, a un conjunto de derechos consagrados internacionalmente, que la protegen.

Estos son los contenidos en los tratados ratificados en la materia y los incorporados en el "ius cogens" como normas imperativas de derecho internacional que, por ello, son de orden público y no aceptan pacto ni disposición en contrario.

El artículo establece que los tribunales deben aplicar esas normas en forma directa, sin necesidad de norma legal habilitante que traduzca al derecho interno tales preceptos normativos.

La disposición del artículo 1º proyectado se encuentra en concordancia en un todo con lo expresado en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 365 de octubre de 2010, con relación al caso de inconstitucionalidad "Sabalsagaray Curuchet", "Excepción de Inconstitucionalidad", que establece que el bloque de los derechos inherentes a la persona humana se incorpora, por vía del artículo 72, a nuestro ordenamiento jurídico.

El proyecto especifica algunos derechos que, por su importancia, deben resaltarse, como el derecho a no ser objeto de desaparición forzada o no ser víctima de tortura. Se expresa con claridad, además, el derecho de toda persona a exigir a nuestro Estado el ejercicio de responsabilidad de prevenir y sancionar penalmente a los culpables de tales violaciones.

Las bases sustantivas del proyecto coinciden con las disposiciones de la Ley Nº 18.026, que establecen la cooperación del Estado con la Corte Penal Internacional, contenida en el Estatuto de Roma y, a su vez, tipifica como crímenes autónomos los de lesa humanidad, de guerra y de genocidio, en formas penales más amplias que el mencionado Estatuto.

El artículo 2º del proyecto declara solemnemente que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, denominada "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", presentan una ilegitimidad manifiesta, carecen de todo valor jurídico y violan en forma flagrante la Constitución de la República. Se hace expresa mención al artículo 12 del Código Civil en el sentido de que las leyes son obligatorias y lo hacen por tener forma y fuerza de ley en términos generales. La referencia al Código Civil es a los efectos de reforzar el sentido obligatorio de las leyes por esa condición de norma general y abstracta expedida por el Poder Legislativo.

En los artículos 3º y 4º se establecen los efectos que tiene la norma al deducir los efectos lógicos de los mandatos jurídicos de los artículos 1º y 2º. Toda investigación o actuación judicial que hubiese sido archivada o suspendida por la Ley Nº 15.848 o por decisiones administrativas en aplicación directa de esos artículos continuará de oficio, a petición del interesado o por el Ministerio Público. Es decir, se repara el efecto sustantivo por el cual, a las víctimas o a sus familiares, por la operatividad de los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, se les impidió ejercer el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, como reza el artículo 7º de la Constitución de la República.

Asimismo, se establece que los plazos de prescripción de hechos aún no investigados serán computados entre la fecha de promulgación de la ley de caducidad y la sanción de este proyecto de ley.

Por último, se declara a texto expreso que la acción penal no se extinguió por el hecho de haber sido archivado el procedimiento en virtud de la ley de caducidad, ni ello causa estado de cosa juzgada. El proyecto que está a estudio y debate de esta Cámara es de singular importancia. No deriva de la voluntad de los legisladores proponentes, sino de la trascendencia que tiene en cuanto a responsabilidad internacional del Estado, hoy examinada a la luz del juicio sustanciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también por referirse a los límites que la sociedad uruguaya está dispuesta a establecer con relación a la dignidad humana.

En un sentido de síntesis, el proyecto resuelve tres aspectos que están íntimamente relacionados y que la Suprema Corte de Justicia ya trató al analizar la inconstitucionalidad en el caso Sabalsagaray ya mencionado.

En primer lugar, define el tratamiento de conductas que atentaron y atentan contra la dignidad de las personas. Al declarar sin valor jurídico los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, se permite reparar en parte a las víctimas de estas atrocidades, pues van a poder -pese al transcurso del tiempo y su impacto en todo lo concerniente a la ubicación de evidencia y pruebas- recurrir a los estrados judiciales sin cortapisa alguna.

En segundo término, adecua y compatibiliza nuestra legislación a los estándares internacionales en la materia. En este sentido, el proyecto promueve esa adecuación, no en teoría, en la simple retórica o fuera de la realidad, sino en los hechos concretos que la comunidad internacional siempre reclamó.

Por último, confiere seguridad jurídica e igual tratamiento a idénticas situaciones al adaptar la legislación a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. En efecto, al declarar sin valor jurídico alguno los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848 por ser violatorios de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia notificó de dicha sentencia a la Asamblea General -como por ley corresponde- a fin de que esta, si así lo creyera necesario, procediera a la adecuación de las normas a los efectos de garantizar el derecho a la igualdad establecido en el artículo 8º de nuestra Constitución.

También queremos destacar la gravedad del asunto. En este sentido, además de la voluntad de los legisladores, este proyecto contiene temas que presentan una especial relevancia: se trata de la defensa de la Constitución de la República. El proyecto da respuesta clara e inequívoca a la sentencia que la Suprema Corte de Justicia estableció acerca de que un acto con forma y fuerza de ley devenía inaplicable por ser violatorio de la Constitución y, en particular, del artículo 4º de la Carta Magna. Este establece: "La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará". Es decir que la sentencia impugna la extralimitación del Poder Legislativo en un aspecto sustancial y de enorme entidad y gravedad. La inconstitucionalidad no fue dictada por un hecho menor o accesorio, sino por haber sido violentado un principio radical de nuestro ordenamiento jurídico.

Además, se trata de la defensa de derechos inherentes a la persona humana, eje central y vértice absoluto de nuestro ordenamiento constitucional.

También se trata de la defensa de la sociedad democrática. La sanción del proyecto a estudio de la Cámara proveerá a las víctimas de la posibilidad de recurrir a los juzgados y tribunales de justicia al efecto de ser amparados en el goce de derechos tales como la vida y la libertad. Asimismo, esta posibilidad restaura la esencia en una sociedad democrática que debe disponer de mecanismos adecuados y eficaces para la protección de los derechos sustantivos de la persona humana.

El momento de presentación de este proyecto tampoco es caprichoso, pues responde a dos hechos de pública notoriedad y sobre los que la Cámara ha tenido amplio conocimiento. Sin perjuicio de que la Ley Nº 15.848 ha sido una de las más criticadas en nuestro ordenamiento jurídico, tanto por la forma como se aprobó como por su contenido, no conoce precedente en la historia jurídica del país. Esos aspectos de oportunidad son los siguientes. En primer lugar, la Sentencia Nº 365 de la Suprema Corte de Justicia, a los efectos de asegurar los mismos derechos y garantías establecidas en la Sentencia para darles carácter general -así es como ha actuado el Poder Legislativo cuando la Suprema Corte de Justicia se pronuncia declarando la inconstitucionalidad de una norma. En segundo término, el caso Gelman versus Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en una etapa procesal determinante en el juicio contra el Estado uruguayo en el caso presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por García Iruretagoyena de Gelman.

En cuanto a las necesidades, se ha demostrado con claridad la importancia, la gravedad y la oportunidad del proyecto a estudio de esta Cámara. La inacción agrava la responsabilidad del Estado y profundiza la confusión jurídica por lo que se impone, por ser necesario y evidente, legislar en la materia. No legislar, quedarse omiso, constituye rehuir las responsabilidades que tenemos y, sin duda, agrava la responsabilidad de nuestro país en el ámbito internacional, además de continuar profundizando la confusión jurídica en la materia, perpetuando la indefensión de las víctimas del terrorismo de Estado en el Uruguay.

Los hechos que hacen a la sustancia de este proyecto no son baladíes; constituyen una afrenta a la conciencia del pueblo uruguayo y sus mejores tradiciones. No se interprete que voy a eludir otras cuestiones concretas y específicas del proyecto, pero sería una hipocresía referirse a este tema sin tener presente las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos soportadas por nuestra población. La implementación de acciones y políticas sistemáticas de violación masiva de los derechos humanos concretadas en la vulneración grave al derecho a la integridad personal, la vida y la libertad, en un marco de inexistencia de garantías y de restricción de la sociedad democrática, conlleva como un elemento intrínseco e indisoluble, a las violaciones y a establecer una cultura de impunidad. La aplicación de la tortura, la ejecución extrajudicial, el homicidio político, la desaparición forzada y la prisión prolongada son muchas de las formas en que esas políticas se expresan y todas incorporan el elemento de impunidad. Estas políticas violatorias de derechos requieren de la consecuente complicidad de las instituciones: certificados forenses fraguados, ausencia de registro de detenidos, modificación de la escena del crimen, anulación de los relatos individuales, suplantación de las garantías judiciales por una farsa de proceso judicial, negación de la participación de los funcionarios, destrucción de registros de ingreso y salida del país, utilización de transportes clandestinos y camuflados, una política de comunicación dirigida al ocultamiento y la tergiversación de los hechos. Estos son solo algunos de los aspectos que suponen la infraestructura necesaria para lograr la impunidad. Esta impunidad se agrega al sufrimiento de ser víctima o familiar de esta, a quien se ha vulnerado los derechos implicados en cada uno de los crímenes mencionados, la conciencia de que no se puede denunciar, protestar ni acudir a mecanismos de protección y de amparo. La cultura de la impunidad se diseña para garantizar a los autores materiales e intelectuales de gravísimos y repugnantes hechos, un halo de intocabilidad y, por ende, de estar por fuera de las leyes humanas. Asimismo, se pretende imponer a la víctima y sus familiares el aceptar su destino como hecho ineludible e ineluctable.

Desarrolladas por el Estado las prácticas sistemáticas violatorias de los derechos humanos y agregada la ausencia absoluta de mecanismos de protección, nos encontramos frente a lo que se ha denominado terrorismo de Estado. Todo el aparato estatal se justifica, en definitiva, en implementar las violaciones y en brindar la cobertura legal justificatoria. La política de la impunidad implementada desde el origen de las violaciones tiene elementos que se mantienen en el tiempo al establecer siempre una triple estrategia. En efecto, confrontada a la existencia de prácticas violatorias de los derechos humanos, niega los hechos y pretende que nunca existieron. Luego impide o retrasa al máximo la posibilidad de que los sospechados sean llevados ante una corte o tribunal. Por último, enfrentado a ellos, realiza actos para disimular y confundir. Todo pretende evitar las responsabilidades derivadas de su accionar y, en general, se construye un muro de silencio para entorpecer toda averiguación genuina de la verdad.

Es una "cultura" de la impunidad, pues no se trata solo de un acto aislado reflejado en una ley, un perdón presidencial o una amnistía, sino que se configura en un conjunto de acciones cuyo fin y propósito es que las víctimas y la sociedad acepten como lógico y, por ende normal, las violaciones a los derechos humanos y la falta de mecanismos de protección. Estos fenómenos, con todos estos elementos, han sido los que se observaron desde 1968 a 1985 en Uruguay, y las políticas para mantener la impunidad continuaron luego de la asunción de las autoridades votadas legítimamente en las urnas.

Por cierto, estos hechos no llegan a la Cámara por primera vez. Por ejemplo, en setiembre de 2005 se aprueba como ley la iniciativa del Poder Ejecutivo que establece la declaración de ausencia por causa de desaparición forzada, cuya exposición de motivos tipifica el período 1973-1985 como de terrorismo de Estado. A su vez, la Ley Nº 18.596, de 18 de setiembre de 2009, reconoce la actuación ilegítima del Estado. En efecto, hubo una violación de derechos humanos esenciales: vida, libertad e integridad física y moral de la persona humana, y del derecho a no ser objeto de torturas, no ser víctima de desaparición forzada o de ser ejecutado extrajudicialmente. También podemos citar el caso extremo de la apropiación ilegítima de un bebé por nacer de madre secuestrada a la espera del nacimiento.

Todo ello se hizo en coordinación y colaboración ilegal con Estados extranjeros para la represión de opositores políticos y la comisión de esos delitos en lo que se denominó Plan Cóndor.

(Murmullos)

——Las violaciones se perpetuaban con la imposibilidad de disponer de recursos idóneos, adecuados y eficaces para la protección de esos derechos sustantivos, y la práctica de negación de esos mecanismos era parte de la represión. La falta de garantías llevó a la intimidación de abogados. Vaya pues nuestro homenaje a esos profesionales del derecho que por el solo hecho de ejercer las defensas en juicio, muchos de ellos tuvieron que exiliarse...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Voy a ampararlo en el uso de la palabra.

Solicito a los señores legisladores que hagan las reuniones fuera de la Sala.

Puede continuar el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: decía que las violaciones se perpetuaban con la imposibilidad de disponer de recursos idóneos, adecuados y eficaces para la protección de esos derechos sustantivos, y la práctica de negación de esos mecanismos era parte de la represión. La falta de garantías llevó a la intimidación de abogados y vaya pues nuestro homenaje a esos letrados que en muchos casos tuvieron que exiliarse por el solo hecho de ejercer las defensas en juicio y muchos sufrieron encarcelamiento, aumentando las condiciones de inseguridad para la preservación, inclusive, de su integridad personal.

La impunidad, entonces, fue un aspecto sustancial del régimen, a sabiendas de que sus actos eran delitos y crímenes y que constituían, además, una violación a todos y cada uno de los mandatos de la Constitución de la República. Una política para consolidar las instituciones democráticas tiene que asumir que la denuncia permanente de la impunidad es fundamental para tener una democracia de calidad. Las denuncias de atrocidades no son de ahora; se realizaron antes del golpe de Estado, durante todo el régimen cívico militar y una vez finalizado el terrorismo de Estado en nuestro país. Se hicieron dentro de fronteras -cuando hubo condiciones para hacerlo- y en el exterior, en todos y cada uno de los foros e instancias internacionales. Recuperada la democracia, se realizaron a través de los canales del Poder Judicial y a nivel parlamentario.

No respeta la verdad histórica ni es justo atribuir a las víctimas y sus familiares la omisión de no haber accionado en los resortes del Estado. Solo una actitud ingenua o de mala fe puede sostener que no se impugnó por todos los medios la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que se diseñó, precisamente, para impedir toda investigación, esclarecimiento y juzgamiento de los gravísimos hechos y conductas denunciadas. La situación es del presente y no del pasado. Por una parte, se mantiene en el tiempo actual, tanto en el caso de las víctimas y de sus familiares por las graves torturas sufridas, como en el de los cientos de detenidos desaparecidos. La Ley Nº 15.848 es un ingrediente altamente imitativo de la negación de justicia y el desamparo, poniendo a las víctimas y sus familiares la carga de ser garantes de la paz y la democracia, pues si protestaban -porque esa democracia era incompleta al no brindarles justicia-, se les acusaba de desestabilizadores, porque al poner en peligro la democracia, alentaba la dictadura. Al mismo tiempo, a los sospechados de esos graves crímenes, se los trataba como personas honorables, se los distinguía con ascensos y misiones en el exterior, se los llamaba a consultorías internacionales y se les pagaba sueldos y pensiones de privilegio.

La iniciativa que proponemos no mitigará el sufrimiento ni las injusticias padecidas, pero al menos pondrá las cosas en su lugar; se restablecerá mínimamente un sentido moral a nuestra legislación.

Vamos a mencionar rápidamente el marco conceptual del Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos y las obligaciones de los Estados en general, en el sentido de que un Estado no puede excepcionarse en sus obligaciones internacionales en la materia de derechos humanos, sosteniendo que ejerce el poder de la soberanía, porque sus obligaciones en derechos humanos, precisamente, están dirigidas a controlar ese poder; más aún, no puede excepcionarse invocando su derecho interno, aunque proviniera de pronunciamiento popular de especie alguna, porque el régimen, a partir de la Declaración Universal de 1948, sancionada por la Asamblea General de Naciones Unidas, y de lo que establece la Carta de Naciones Unidas, es controlar ese poder. Los Estados tienen límites, que son la plena vigencia de los derechos humanos. Si ello es así con relación a instrumentos no convencionales, como la costumbre o "ius cogens", como normas imperativas de derecho internacional, más aún cuando se trata de Pactos, Convenciones o Tratados que el Estado suscribió voluntaria y libremente en poder de todas sus facultades como tal. Nadie obligó a Uruguay a suscribir todos y cada uno de nuestros compromisos internacionales en la materia. Las exigencias de la Comunidad Internacional son tan estrictas que en caso de que un Estado firme un Tratado y no lo ratifique, de todos modos, adquiere la obligación de no hacer nada en sentido contrario.

Además, los Tratados deben ser cumplidos de buena fe. Por lo tanto, un Estado no puede excepcionarse del cumplimiento de una obligación haciendo una interpretación absurda del texto que contradiga este como el fin y el propósito de dicho Tratado; más aún en materia de derechos humanos, porque estos se firman por razones atinentes al pleno reconocimiento de la dignidad de todas las personas.

Estos conceptos han ido evolucionando; hoy se acepta pacíficamente que los Estados tienen un doble deber: por una parte, respetar y, por otra, garantizar esos derechos. Es decir que tiene la obligación de no hacer, en el sentido de no transgredir el mandato de respetar determinado derecho, así como la obligación de garantizar, que consiste en poner todo el aparato del Estado, cuando se ha producido una violación de derechos, a la responsabilidad y a la tarea de hacer cesar las violaciones, investigar y esclarecer los hechos, identificar a los responsables, someterlos a proceso, y en caso de hallárseles culpables, penarlos de acuerdo a derecho con todas las garantías, y compensar a las víctimas. Este haz de obligaciones no es potestativo; el Estado uruguayo no puede disponer libremente, porque esto está establecido como interpretación auténtica de los compromisos internacionales que hemos firmado y la sentencia Velásquez Rodríguez. Cabe aclarar que fue Juez e integrante de esa sentencia el extinto y reconocido publicista internacional, encumbrado profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público, doctor Héctor Gros Espiell.

No debería sorprender que nuestro país sea destacado por aceptar las normas internacionales; todos estamos orgullosos de ello. Además, las ha aceptado en forma libre y voluntaria. Cabe destacar que, uno de nuestros mejores juristas, don Justino Jiménez de Aréchaga, participó activamente en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, piedra angular de todo el sistema de protección. Además, fue partícipe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tampoco debería sorprender, cuando nuestro país está en falta, que la propia comunidad internacional sea la que le recuerde -aunque siempre fue respetuoso de sus compromisos- y le llame la atención sobre la falta de cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de todos y cada uno de los instrumentos internacionales que ha suscrito. El llamado de atención de la comunidad internacional se debe a que los derechos sustantivos fueron violados por el Estado uruguayo, y en base a la continuidad internacional de la personalidad de todo Estado, a sabiendas de que ahora existen Gobiernos democráticos y se ha restablecido el Estado de derecho, se le reclama que disponga los mecanismos internos para amparar a las víctimas que la ley de caducidad y su implementación impidió en forma constante, desde su promulgación hasta ahora.

Asimismo, la Ley Nº 15.848 ha impedido cumplir con la obligación del Estado de identificar a los responsables de esos gravísimos hechos y punirlos.

Repasemos sucintamente las obligaciones del Estado uruguayo en la materia. Podemos citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y los Tratados en la materia. Puedo mencionar muchas citas, pero voy a elegir algunas de especial importancia que me parece que hacen al debate. Además, estoy convencido de que todos los integrantes de la Cámara lo tienen presente. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 5º establece: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". El artículo 7º señala: "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley [...]". El artículo 8º dispone: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley".

Asimismo, el artículo I de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre dice: "Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". El artículo XVIII establece: "Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: "El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente". Asimismo, su artículo 2.3.a. dispone: "Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales [...]".

La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo 1.1 el deber de todo Estado "[...] de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción". A su vez, su artículo 25 dice: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la amparan contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". Quisiera decir que se autorizó la ratificación de esta Convención a través de la Ley Nº 15.737. En esta norma se estableció que todos los contenidos de esta Convención eran parte integrante de la ley. Entonces, ¿cómo se puede sostener que el artículo 72 conlleva un haz de derechos fundamentales que incorpora a la Convención Americana de Derechos Humanos y, a su vez, sostener que en diciembre de 1986 esa norma no era oponible ante la limitación de recursos adecuados y efectivos para protección de derechos?

Señora Presidenta, podemos seguir refiriéndonos a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que hacen que nuestro país se comprometa a penar, independientemente del momento en que ocurrieron los hechos. En definitiva, hay una aceptación del espacio temporal en esa Convención.

No solo debemos tener en cuenta estas citas referentes a las normas que nuestro país aprobó libre y voluntariamente, porque Uruguay ha dado su consentimiento constante, pacífico y continuado todas las veces que el tema se ha presentado a nivel internacional, empezando por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, ratificatorios de los principios de Nuremberg y Tokio, o la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos. Además de eso, nuestro país aceptó todas y cada una de las resoluciones específicas en la materia, empezando por la Resolución 29/92. Al momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la Resolución 29/92 -específicamente en noviembre de 1992-, hubo un llamado de atención, y de acuerdo con el procedimiento, nuestro país podía haber llevado el caso ante la Corte Interamericana pero decidió no hacerlo, aceptó estar en falta, en incumplimiento, y utilizó una estratagema diversa solicitando una opinión consultiva -mecanismo que el Pacto Interamericano de Derechos Humanos puede establecer- para ver si la Comisión podía dictar resoluciones sobre las leyes. La Opinión Consultiva 13 de la Corte Interamericana dice que la Comisión puede analizar las normas internas, no en su constitucionalidad pero sí en su compatibilidad con el Pacto Interamericano de Derechos Humanos.

En un pedido de informes de 1996, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció expresamente que no había cumplido con la Resolución 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero no fue solo en esa oportunidad. En el caso "Rodríguez contra Uruguay", el Comité de Derechos Humanos del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en forma coincidente reafirmó el contenido de sus comentarios generales -que Uruguay en su oportunidad tampoco cuestionó- en cuanto a que las amnistías son incompatibles con la práctica de la tortura, a que la obligación de los Estados en su investigación es asegurar que se está libre de dichas prácticas y garantizar que no ocurran en el futuro; por lo tanto, tienen la obligación de investigar y punir.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese mismo pedido de informes, también dijo que estaba en incumplimiento. Es decir, los incumplimientos no son de ahora.

Asimismo, la comunidad internacional nunca aceptó los argumentos esgrimidos para mantener los efectos de la Ley de Caducidad, argumentos que cambiaron a partir del 1º de marzo de 2005. Desde el momento en que fue sancionada la Ley de Caducidad se decía que la responsabilidad no era del gobierno actual -o de los gobiernos de la época- porque los hechos no ocurrieron en su período sino durante el gobierno dictatorial pasado. Este argumento ha sido y es inaceptable; hay una continuidad. Tanto es así que los entonces señores Senadores Zumarán y Hierro Gambardella fueron a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -esto no me lo contó nadie, sino que yo estaba presente en esa sesión como público- a agradecer a la comunidad internacional por su perseverancia, seguimiento y solidaridad con el pueblo uruguayo y a decir, además, que se comprometían a todas las resoluciones de la Comisión, que se abrirían todos los archivos y que no habría nada que esconder.

El segundo argumento que se manejaba era que la afirmación de la democracia justificaba el incumplimiento de los derechos humanos. La idea es que a la democracia no se le pueden pedir cuentas, pues el solo hecho de ser democracia garantiza "per se" los derechos humanos. Es justo reconocer que algunos Cancilleres manejaron esto con educación, pero otros lo hicieron con soberbia insostenible y arrogancia inadmisible. Este argumento tampoco fue aceptado por la comunidad internacional porque siempre dijo que a las democracias, por ser democracias, hay que exigirles más, porque por algo son democracias. No se entiende democracia sin derechos humanos, no se entiende democracia sin un Poder Judicial independiente, no se entiende democracia si no hay garantía plena de los derechos humanos.

El tercer argumento fue la excepcionalidad del caso uruguayo: el referéndum. Eso tampoco fue aceptado; esa especialidad no fue aceptada por lo que se dijo y tampoco porque si se permitiera el libre albedrío de que los pueblos voten y, en definitiva, terminen estableciendo violaciones a los derechos humanos por ley o por normas ratificadas popularmente, se permitiría todo y no habría derechos universales porque dependerían de los referéndum.

Además, recordemos que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en su visita a Uruguay dijo con todas las letras que la ley era incompatible con los principios de protección de los derechos humanos. Últimamente esto también lo dijo el profesor Novak.

En definitiva, desde la perspectiva internacional, mantener operativos los efectos de la Ley de Caducidad expone al Estado uruguayo a responsabilidad internacional, en todos los ámbitos, jurídica, política y multilateral. Transcurridos más de veinte años desde la sanción de la ley, su mantenimiento en el orden jurídico es insostenible, conspira contra nuestra tradición de pleno respeto de los derechos humanos y apego al Estado de derecho.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Más aún cuando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia muestra una clarificación definitiva del tema por parte del Poder Judicial.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- ¡Que se prorrogue!

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Puede continuar el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: que quede claro, en forma inequívoca, expresa: ¡esta bancada no será omisa y actuará con responsabilidad para proteger el prestigio y la dignidad de la República! Lo digo con todas las letras.

Pero vayamos al tema de derecho constitucional. Naturalmente, el apasionamiento no implica ninguna acusación de nada.

La situación desde el punto de vista jurídico en el plano nacional es la siguiente: los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848 fueron declarados violatorios de la Constitución de la República y, por ende, inaplicables al caso de Nibia Sabalsagaray. La Suprema Corte de Justicia entendió que tenía competencia por los artículos 256 y siguientes de la Carta Magna. La sentencia fue dictada por unanimidad de los cinco Magistrados actuantes y revirtió sentencias anteriores que databan de 1988. Me refiero a sentencias sobre el fondo del asunto. La norma impugnada, de acuerdo con la sentencia, violentó los artículos 4º -soberanía que radica en la nación-, 72 -derechos inherentes a la personalidad humana y forma democrática republicana de gobierno-, 82, y 233 -Poder Judicial- de la Constitución de la República. En el expediente dictó su opinión, a favor de la inconstitucionalidad, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, doctor Rafael Ubiría, y se allanaron a lo solicitado por la demanda, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo por resolución expresa de la Asamblea General. Dictada la sentencia, fue comunicada oportunamente al Poder Legislativo.

Por lo tanto, una lectura atenta, franca y desapasionada demuestra que en el país existen dos regímenes diferentes: uno es el establecido por la Ley de Caducidad, y el otro por la previsión de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. De no corregirse esa situación, el sistema jurídico se resiente; hay una clara contradicción fundamental en las reglas aplicables que hacen a la esencia del Estado, pues afectan su poder sancionatorio.

La inseguridad jurídica no proviene de este proyecto de ley sino que viene, en primer lugar, de los hechos que la Ley Nº 15.848 impidió juzgar y, en segundo término, de la existencia de una contradicción insalvable en un sistema jurídico que asume y que va en la lógica de tener una única solución para casos idénticos.

¿Qué puede hacer el legislador? No hacer nada, no asumir, no legislar; puede promover iniciativas de reforma constitucional -es cierto, lo puede hacer-, o puede legislar.

Si se siguiese la opción de no legislar, las denuncias seguirán su curso, y los Magistrados y Fiscales no sabrán a qué atenerse: aplican el régimen de la Ley de Caducidad preguntándole al Poder Ejecutivo qué hacer o no tomándolo en cuenta, pues admiten que la ley no los obliga, o solicitan la declaración de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Creo que la tradición parlamentaria consiste en que el Parlamento actúe. Acepto que se pueda argumentar que no es conveniente, que no es oportuno, que no vale la pena comprar este lío. Lo acepto. El Parlamento puede legislar desechando una reforma constitucional, porque se tendrían los mismos problemas que estamos enfrentando con esta norma; la reforma constitucional tendría los mismos problemas: la pone dentro de la reforma o la deja liberada de la ley y, por lo tanto, estaríamos discutiendo qué es lo que pasa con algunos hechos. Naturalmente, deshacer el mamarracho jurídico de la Ley Nº 15.848 tiene sus complejidades.

Por lo tanto, si legisla directamente, como se propone hacer esta bancada, la norma tiene que pasar ciertos exámenes. No tenemos un sentido de inexistencia de límites en la legislación; por supuesto que no. Así es. El Cuerpo no puede aprobar actos caprichosos o expedirse acerca de tales actos. Tiene que cumplir con requisitos de forma y contenido, ajustados a Derecho y al conjunto social. Ese examen lo hace el Poder Ejecutivo porque puede vetar ya que es colegislador; lo hace el cuerpo electoral que puede recurrir al recurso de referéndum en caso de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo o cuando se establecen tributos y también lo hace la Suprema Corte de Justicia a través del mecanismo de control de constitucionalidad. Son los mecanismos que este proyecto de ley, de aprobarse, tendrá que sortear. Además, la norma que estamos presentando no pretende ser una excepción, ni ese es el propósito. Cada vez que legislamos, estamos sometidos a estos exámenes. Por lo tanto, no nos duelen prendas en cuanto a decir que la ley puede ser objeto de tal o cual imperfección, porque todas las leyes pueden ser objeto de tal o cual imperfección.

El proyecto será ley y tendrá efectos hacia el futuro, valorando hechos, actos y soluciones del pasado. Es así; toda ley tiene efectos hacia el futuro. Nuestra Constitución dice que el Poder Legislativo es legislador y crea leyes.

Además de las observaciones ya mencionadas de forma y de restricción, tiene otra más. Si un proyecto es rechazado en una legislatura, no puede volver a ser tratado. Es una inconstitucionalidad flagrante la Ley Nº 15.848 y los que dicen que es una amnistía, no lo pueden levantar.

Pero nada dice la Constitución acerca de la supuesta irretroactividad de las leyes. Ya observamos que toda norma tiene efecto hacia el futuro. Es decir que el legislador tiene absoluta libertad para aprobar leyes que tomen hechos o actos del pasado de los que deriven efectos jurídicos. Lo hacemos siempre. Cuando el Código de la Niñez y Adolescencia modifica categorías jurídicas entre hijos legítimos e ilegítimos o habidos dentro o fuera del matrimonio, está tomando hechos producidos con anticipación. O cuando hablamos de la unión concubinaria, también estamos tomando hechos del pasado para proyectarlos en el futuro. Cuando modificamos plazos de prescripción adquisitiva -hay varios proyectos para hacerlo-, también estamos considerando hacia el futuro.

En nuestro derecho constitucional no hay derechos absolutos; todo derecho tiene límites. Para que esas limitaciones sean armónicas con el texto constitucional, deben ser establecidas por ley y basadas en razones de interés general. El derecho a la seguridad, y entre ellos a la seguridad jurídica, no constituye una excepción a este concepto y puede ser limitado en forma idéntica a los otros derechos consagrados constitucionalmente. Establecido en el artículo 10 de nuestro texto constitucional, el principio es la libertad. Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Esto, en el derecho penal, se refleja en el concepto de que el delito debe estar establecido o existir desde el punto de vista jurídico, previamente a la conducta del sujeto. Eso es así. Si el Parlamento expidiera un delito, el que sea, y lo trata de imponer a conductas realizadas cuando no era delito, claramente está transgrediendo su voluntad legislativa. Yo comparto ese argumento. Ahora, no es lo que hace este proyecto. Esta norma habla de delitos que estaban tipificados como tales, según el derecho nacional e internacional, mucho antes del 27 de junio de 1973. Basta leer el artículo 9º del Código Penal.

¿Qué otra conclusión se puede sacar? Que no se pueden imponer penas más gravosas o más severas a las que estaban establecidas al momento de la conducta delictiva. El principio garantista, que recoge nuestra Constitución, dice que no podemos hacer trampas al solitario. La figura estaba penada pero tenía una pena pequeña o una sanción menor; entonces, le agrandamos la pena. No. El constituyente dice: "Usted no puede hacer eso. Usted no puede aumentar las penas".

¿El proyecto que está a estudio aumenta las penas, las hace más severas, las hace más gravosas? No, señora Presidenta. En definitiva, este proyecto se refiere a las penas que estaban establecidas para los delitos del orden jurídico anterior al 27 de junio de 1973.

Por eso, decimos que la Ley Nº 15.848 es de una ilegitimidad manifiesta, porque impidió actuar al Poder Judicial en tanto Poder y el Poder Legislativo exorbitó sus cometidos establecidos constitucionalmente otorgándole poderes del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Eran delitos gravísimos al momento de incurrir en ellos y en la sanción de esa norma.

Estaba releyendo un debate que tuvo lugar en Comisión del Senado en 2005 y el doctor Sanguinetti dice que no había una conmoción pública; que había una situación de inestabilidad pero que a él nunca le comunicaron otra cosa. Naturalmente, no es lo que dice el doctor Gonzalo Aguirre. Cierro este paréntesis político.

Lo que no comprendo es que se invoque una lógica absoluta de garantismo formal para el análisis de este proyecto de ley, férrea, pétrea y cerrada, pero no se tenga en cuenta, curiosamente, al momento de analizar la Ley Nº 15.848, a la que este proyecto intenta quitar los efectos más nefastos, adaptando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Sinceramente, me sorprende. En este país se acepta que una persona, invocando su grado militar, haga desaparecer personas, secuestre bebés, mate a la madre, entregue al hijo, siga cobrando la pensión, siga teniendo los honores y el grado militar y no le pase nada; y esa ley no es inconstitucional. Esa ley acepta la razón de Estado. Esa norma puede mantenerse y navegar tranquilamente con los artículos 72, 332 y 7º. No; sinceramente, uno podrá aceptar argumentos políticos con sentido de ética y de responsabilidad. Pero, retirados esos argumentos, ¿cuál es la razón de que se mantenga ahora?

Un Senador en un debate me dijo que gracias a esa ley no siguió desapareciendo gente. Yo no le voy a hacer la ofensa, porque probablemente fue parte del debate. Pero lo piensa. En definitiva, eso es inadmisible.

Se habla del concepto de cosa juzgada, es decir, del principio según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, como el de la prohibición de las pesquisas secretas, que es una garantía frente al Estado para que las personas no sean objeto de persecución permanente. Se complementa con la obligación de que en caso de atribuírsele la comisión de un delito, su situación sea analizada frente a un tribunal imparcial e independiente cuyas actuaciones se desarrollen en un plazo razonable. Pero el juicio tiene el rostro de la víctima a la que el Estado debe proteger por mandato constitucional expreso y a la que la existencia del derecho penal procesal debe garantizarle la judicialidad del examen y la sanción del delito de que ha sido objeto. ¿De qué se habla, entonces, cuando se dice que el artículo 7º es iusnaturalista y que se protege el goce, mientras otros dicen el derecho, si en definitiva la ley puede decir: "Le saco toda posibilidad de recurrir ante un Tribunal de Justicia", inclusive cuando las razones sustantivas ya perimieron?

Pero la cosa juzgada, que es una garantía procesal muy importante y nos parece muy razonable, no está garantizada constitucionalmente. La establece el Código del Proceso Penal. Ya el señor Diputado Orrico desarrollará en profundidad este concepto

Además, es el que se aplica cotidianamente sin ninguna dificultad.

Nosotros decimos que la Constitución no es simplemente una entelequia formal; la Constitución es sustantiva, y ya lo decía Jiménez de Aréchaga al afirmar que "[...] las Constituciones tienen una función civilizadora, que pueden proyectarse hacia adelante, y que pueden ejercer así una función de pedagogía política fundamental" de los valores que protege. El profesor Risso Ferrand -que tuvo la cortesía de visitarnos- también dice que la Constitución es un "[...] código de valores y principios que se proyecta a todo el ordenamiento jurídico, adquiere una singular importancia en nuestros días, siendo un elemento básico al proceder a la hermenéutica jurídica". Por lo tanto, la Constitución no puede leerse, interpretarse, integrarse, aplicarse, sin asumir que tiene un programa de valores que se ha dado el soberano, que trasciende los meros aspectos formales y orgánicos, y estos aspectos deben estar orientados al conjunto de valores sustantivos protegidos por la norma.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado.

Tiene la palabra el señor Diputado Yanes.

SEÑOR YANES.- Señora Presidenta...

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR YANES.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero saber de cuánto tiempo dispongo, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dispone del tiempo del señor Diputado Yanes, es decir que serían tres interrupciones de cinco minutos.

SEÑOR MICHELINI.- Trataré de ir finalizando mi intervención.

Quiero referirme a algunos temas centrales. Podría explayarme sobre el artículo 332 de la Constitución o sobre el 82, sobre las garantías que da la independencia del Poder Judicial y su competencia exclusiva para ejercer dicha función, salvo excepciones constitucionales expresas, como principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, consideramos que este proyecto avanza en cuanto a la progresividad de la protección del individuo. En ese sentido, creo que todos han estado contestes en que el artículo 1º es mejor que lo que existe ahora.

La nación se expresa a través del cuerpo electoral, y se dice que el cuerpo electoral se ha expresado en dos instancias en este tema, y es cierto. También debemos decir que algunos de los que se rasgan las vestiduras hoy hicieron lo imposible para que el pueblo no se expresara. La recolección de firmas y su posterior verificación ante la Corte Electoral fue un camino lleno de dificultades, fue una cima tremenda. Independientemente de lo que se opine de la ley, creo que algún día tendríamos que escribir la historia de lo que fue el fundamentalismo para que este tema no se presentara ante la opinión pública.

Asimismo, se presentó otra iniciativa ciudadana, que votamos el año pasado, para modificar la Constitución de la República en lo que respecta a este tema.

Como ha dicho claramente la Suprema Corte de Justicia -hay que leer la sentencia; lo recomiendo-, el recurso de referéndum no la inhibe, en definitiva, de expresar su constitucionalidad o apego a la Carta, porque en última instancia el control es de la ley, independientemente de los obstáculos que haya sorteado en su configuración.

En definitiva, no existen las superleyes; no lo argumenta nadie. Solo una posición fundamentalista llegaría a sostener esto sobre las leyes que sortearon el referéndum; podrá haber argumentos políticos para considerar -y los consideramos-, pero superleyes no hay. En ese sentido, voy a mencionar solo a un autor, Correa Freitas, insospechado de promover esta causa.

Entonces, esas iniciativas no negaron al Poder Legislativo la facultad de legislar, no le expropiaron el ejercicio de sus cometidos legales. Tanto es así que hubo dos proyectos presentados por el Partido Nacional después de que la ley hubiera sido objeto de referéndum, que se referían a la Ley Nº 15.848. Naturalmente, todos asumimos que no era un delito, sino una iniciativa. Por lo tanto, creo que perfectamente podemos legislar en la materia.

Además, el recurso de referéndum, en definitiva, es sobre la oportunidad o conveniencia, no es sobre la legalidad.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado.

Puede continuar el señor Diputado Yanes.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite otra interrupción, señor Diputado?

SEÑOR YANES.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- El pronunciamiento del 16 de abril de 1989 -sin contar las condiciones en las que se arribó a esa instancia- y el del 25 de octubre del año pasado, son dos pronunciamientos. Yo me baso en los pronunciamientos históricos, sistemáticos, de nuestro pueblo, ante los que deberíamos inclinarnos, que permitieron mantener la defensa de los derechos, libertades y garantías desde 1830 en adelante. Creo que estos pronunciamientos valen mucho más, y ahora están ratificados por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Me pregunto -creo que tendré una respuesta inmediata, clara e inequívoca- qué pasaría en el caso de que un Parlamento aprobase una ley que eliminara derechos políticos de un sector de la población, que reimplantara la esclavitud, que suprimiera derechos por razones de sexo, que modificara las garantías del sufragio, que estableciera la pena de muerte y otras atrocidades legales, y que esta ley fuese ratificada por un plebiscito. Creo que todos los presentes estaríamos conjugando esfuerzos para restablecer el imperio del derecho.

La búsqueda de justicia es inherente al ser humano. ¿Las víctimas y sus familiares no han esperado demasiado para que se removiera el obstáculo legal que impide acceder a la justicia? Primero se dijo que era porque no había democracia; cuando se recuperó la democracia, se dijo que había que esperar y ceder a la paz, y así cuidarla; cuando el país tiene instituciones fuertes y consolidadas, se dice que no porque pasó mucho tiempo y el tema molesta. Con este tipo de argumentos no se pueden justificar los hechos gravísimos a los que fue sometido el pueblo uruguayo.

El último argumento es que se pueden encontrar vericuetos legales; sí, pero si se pueden encontrar, ¿cuál es el problema de remover la ley, de hacerla inefectiva, inválida?

Creo que este proyecto tiene muchos más beneficios que defectos. Salda una deuda histórica de la sociedad uruguaya con las víctimas; tarde, es cierto, pero justa y efectiva.

El terrorismo de Estado se construyó sobre el miedo y la ausencia total de garantías, pero también gracias a la acción y complicidad de quienes miraron para el costado. Este proyecto pone las cosas en su lugar y hace que lo que nunca debió ocurrir, como los gravísimos crímenes mencionados, puedan ser perseguidos desde el punto de vista penal, contando con las pruebas de tales delitos, obviamente, en el marco del debido proceso legal.

Si no se remueve el obstáculo legal, será difícil que tengamos autoridad moral para hablar de otras realidades, de otras situaciones en países lejanos, que sufren violaciones puntuales y sistemáticas de los derechos humanos.

Cada uno debería preguntarse si podrá señalar en forma acusatoria a alguien si hoy es incapaz de restablecer el imperio del derecho y liberar a nuestros Magistrados de la obligación de pedir permiso antes de actuar para investigar y, si procede, sancionar los delitos más graves que conoce nuestra historia, cometidos por delincuentes que se prevalecieron para ello del poder del Estado y de las armas que nuestro pueblo les había confiado para que lo defendieran.

Se trata de recuperar el prestigio de la República, reconociendo nuestro pasado, mirándolo de frente, sin ocultarlo para consolidar definitivamente una democracia basada en la justicia. ¿Vamos a dejar esta carga a las próximas generaciones? ¿Vamos a continuar sosteniendo, de hecho, que la tortura y la desaparición forzada se justifican en ciertas circunstancias?

Un legislador amigo -que no es de esta tienda- me dijo: "eso va a molestar mucho"; y como yo no quiero molestar ni ofender a nadie y él es un buen amigo, le tomé el consejo. Por eso cambié la forma de decirlo. Lo que quiero expresar es que a esta patota de criminales y delincuentes, este legislador no les debe nada. Y como creo que nadie les debe nada, estoy convencido de que esta ley es justa.

Hay otros procesos históricos que el proyecto, naturalmente, no salva: si la transición fue buena o fue mala; si estuvimos mal o si estuvimos bien; si debimos haber acentuado la movilización; o si nos pesaron -¡vaya que nos pesaron!- los 4.000 presos que teníamos. Sin duda, lo podemos seguir discutiendo.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Yanes.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR YANES.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: podemos discutir y lo seguiremos haciendo. ¡Si se discuten, apasionadamente, hechos de 1904 y de 1918! A mí no me molesta discutir, pero estoy convencido de que este proyecto, como proyecto justo, apunta a remover todos los obstáculos en el ámbito judicial.

Lo que pasa es que algunos, en su tarea aplicada de asegurar la impunidad, han creído que se puede fijar por vía legal límites al debate social sobre hechos trágicos y tristes de nuestro acontecer nacional durante el período de la dictadura, entre ellos, el reclamo de las víctimas y sus familiares, de justicia y amparo. Tal vez piensan que, declarando la caducidad de la pretensión punitiva del Estado -que la Suprema Corte de Justicia dice es inconstitucional-, también se está afirmando la prohibición de que una madre busque a su hijo, de que un abuelo busque a su nieta, o de que un nieto busque a su abuela. Eso, más allá de que haya ley o referéndum, va a seguir ocurriendo porque está en la condición humana. Lo que pasa es que algunos quieren ahogar estos temas y no los quieren escuchar.

En 1997 el periodista Marcelo Pereira -fíjese si seguimos discutiendo, señora Presidenta-, comparando las atrocidades de nuestro pasado reciente con el nazismo, señalaba la aspiración de algunos actores relevantes de la vida política nacional de que no se hablara de ese período nuestro. Pero, como él decía: "No hay ley ni espíritu de ley que pueda lograrlo, y pensar otra cosa es un pecado de soberbia que, tarde o temprano, tiene su penitencia".

Naturalmente, nos quedan muchas cosas por decir, pero vamos a ir finalizando.

Continuamos inspirándonos en la lucha y la acción permanente del padre Luis Pérez Aguirre por la verdad y la justicia. El afirmaba, en abril de 1997, con relación a la situación de los detenidos desaparecidos y sus familiares: "Queremos que el aprendizaje en el dolor inconmensurable se vuelque en beneficio, no solo de aquellos que todavía hoy pugnan por restañar sus heridas, sino de las nuevas generaciones que se asoman con ojos asombrados al pavor de esa experiencia de crueldad, difícil de explicar y entender razonablemente por quienes no la padecen". Luego finaliza: "Con Artigas, ayer como hoy, le recordamos que es de uruguayos nobles trabajar juntos por la verdad, recordando que 'No conseguiremos jamás el progreso de nuestra felicidad si la maldad se perpetúa al abrigo de la inocencia. Llegado es el tiempo en que triunfe la virtud' [...]". Él no terminó esa cita -me parece que hizo bien-, que finaliza: "[...] y que los perversos no se confundan con los buenos".

Aquí hay una convocatoria a sumar esfuerzos quienes estamos luchando por la virtud.

Es difícil ocultar mi emoción y el deseo de honrar la memoria de luchadores y luchadoras incansables por la verdad y la justicia, que desde distintos ámbitos conforman el mejor legado en la promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro país y, por ende, en la región y en el mundo; personas que hoy no están físicamente, pero cuya lucha no ha sido en vano porque se mantiene como fuego vivo en el trabajo cotidiano de luchadoras y luchadores.

La opción entrañable de la que nos hablaba Luis Pérez Aguirre; la búsqueda incansable que en los foros internacionales hacía de su hija María del Carmen Almeida de Quinteros, "Tota"; la enorme capacidad organizativa y la lucidez permanente de Luz Ibarburu de Recagno; la claridad doctrinaria y sin tapujos de la doctora Jacinta Balbela; el amigo y compañero generacional Fernando Miranda, todos ellos con la esperanza tenaz y contagiosa de que finalmente se podría triunfar sobre la ignominia de la impunidad que la ley de caducidad representa. Si se me permite la licencia, entre esas personas que me impulsan a no cejar en este esfuerzo político, quiero incluir a Elisa Dellepiane de Michelini.

Por último, deseo señalar que la aprobación de esta norma tiene un especial significado personal que hace que miremos siempre a las fuentes inspiradoras de los maestros y reavivemos de alguna forma el impulso primario de rebeldía frente a la injusticia. Recordamos el legado de Eduardo J. Couture, quien en su Decálogo del Abogado nos convoca, si debemos elegir entre el derecho y la justicia, a escoger la justicia. En este caso, humildemente, creo que no estamos ante esa opción y que la fórmula cuya sanción se propone une adecuadamente los conceptos de justicia y derecho.

Gracias, señora Presidenta.

7.-      Comisión de Asuntos Internacionales. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Martínez Huelmo.

(Se lee:)

"Mociono para que se autorice a reunirse a la Comisión de Asuntos Internacionales durante el transcurso de la sesión de la Cámara. (Artículo 50, numeral 10 del Reglamento)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA.

8.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Carlos Gamou, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 21 de octubre y 5 de noviembre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Julio Balmelli.

De la señora Representante, Martha Montaner, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 20 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Gustavo Magallanes.

Del señor Representante, Gustavo Rombys, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 20 de octubre de 2010, convocándose a la suplente siguiente, señora Cecilia Bottino.

Del señor Representante Pablo Abdala, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 21 de octubre y 4 de noviembre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Guekdjian.

De la señora Representante, Alma Mallo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 20 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Ortíz.

De la señora Representante Verónica Alonso, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la Audiencia Pública organizada por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el día 25 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Martín Fernández.

De la señora Representante Verónica Alonso, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al Seminario "Oportunidades, dificultades y retos de la América Latina en esta época", organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento "Patria Soñada" a desarrollarse en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, por el período comprendido entre los días 20 y 22 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Martín Fernández.

Del señor Representante Juan C. Souza, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al acto de imposición en el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa y a la Ceremonia de Relevo del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, por el día 20 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente señor Nicolás Pereira.

Del señor Representante, Doreen Javier Ibarra, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 25 de octubre y 12 de noviembre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Tutzó.

De la señora Representante, María Elena Laurnaga, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 3 y 5 de noviembre de 2010, convocándose a la suplente siguiente, señora Carmen Millán.

De la señora Representante, María Elena Laurnaga, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para concurrir a la reunión de la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo del Parlamento del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por los días 25 y 26 de octubre de 2010, convocándose a la suplente siguiente, señora Carmen Millán.

Del señor Representante, Felipe Carballo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 20 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Saúl Aristimuño.

Del señor Representante, Walter Verri, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la XIII Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Valparaíso, República de Chile, por el día 28 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Luis Alberto Ziminov.

Del señor Representante, Andrés Lima, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 19 y 20 de octubre de 2010, convocándose a la suplente siguiente, señora Ana Irene Lima por el día 20 de octubre de 2010.

Del señor Representante, José Bayardi, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro - Latinoamericana, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca, República de Ecuador, por el período comprendido entre los días 2 y 6 de noviembre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Juan José Bentancor.

Del señor Representante, Germán Cardoso, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 20 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Marco Correa.

Del señor Representante Carlos Varela Nestier, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al Festival para la Paz Mundial 2010, a desarrollares en la ciudad de Asunción, República del Paraguay por el período comprendido entre los días 20 y 22 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente señor Mauricio Guarinoni".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente solicito a usted, licencia por motivos personales, a partir del día 21 de octubre hasta el día 5 de noviembre inclusive de 2010.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

CARLOS GAMOU
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Gamou.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 21 de octubre y 5 de noviembre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Gamou, por el período comprendido entre los días 21 de octubre y 5 de noviembre de 2010.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Julio Balmelli.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración.

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día 20 del corriente mes y año.

Sin otro particular, la saludo con mi más alta consideración y estima,

MARTHA MONTANER
Representante por Tacuarembó".

"Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración.

Quien suscribe Susana Montaner, le informo que por esta única vez no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que Ud. tan dignamente preside por el día 20 de octubre del corriente año.

Sin otro particular la saludo con mi más alta consideración y estima,

Susana Montaner".

"Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración.

Quien suscribe Dante Dini, le informo que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular la saluda con mi más alta consideración y estima,

Dante Dini".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Tacuarembó, Martha Montaner.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de octubre de 2010.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señora Susana Montaner y señor Dante Dini.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Tacuarembó, Martha Montaner, por el día 20 de octubre de 2010.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señora Susana Montaner y señor Dante Dini.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2215, del Lema Partido Colorado, señor Gustavo Magallanes.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
vonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda licencia por el día de hoy por motivos personales.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

GUSTAVO ROMBYS
"Representante por Paysandú".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Paysandú, Gustavo Rombys.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Gustavo Rombys, por el día 20 de octubre de 2010.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Cecilia Bottino.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente solicito licencia desde el día 21 de octubre al 4 de noviembre inclusive, por motivos personales y pido se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo atentamente,

PABLO ABDALA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Abdala.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 21 de octubre y 4 de noviembre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Abdala, por el período comprendido entre los días 21 de octubre y 4 de noviembre de 2010.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Jorge Guekdjian.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día de mañana 20 de octubre del año en curso.

Sin otro particular, le saluda atentamente

ALMA MALLO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

Le informo que por esta única vez no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside, por el día 20 de octubre.

Sin otro particular, la saludo con mi más alta consideración y estima

Álvaro Fernández".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo.

CONSIDERANDO:I) Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de octubre de 2010.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Álvaro Fernández.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo, por el día 20 de octubre de 2010.

2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Álvaro Fernández.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Nicolás Ortíz.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar la licencia correspondiente al día 25 de octubre, con motivo de la invitación cursada por Parlamento del MERCOSUR, para participar de la Audiencia Pública organizada por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR, para la elaboración del informe anual sobre la situación de los derechos Humanos en los Estados Partes" en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al literal C) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827.

Adjunto invitación de dicho encuentro.

Solicito se convoque a mi suplente (sistema preferencial).

Saluda a usted muy atentamente.

VERÓNICA ALONSO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso, para asistir a la Audiencia Pública organizada por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 25 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia en misión oficial, por el día 25 de octubre de 2010, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 33, del Lema Partido Nacional, señor Martín Fernández.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar la licencia correspondiente entre los días 20 y 22 de octubre inclusive, con motivo de la invitación cursada por Fundación Paz Global para participar en la Conferencia Internacional de Liderazgo "Oportunidades, dificultades y retos de la América Latina en esta época hacia la formación de una nueva dirigencia", de acuerdo al literal D) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827.

Adjunto invitación de dicho encuentro.

Solicito se convoque a mi suplente (sistema preferencial).

Saluda a usted muy atentamente.

VERÓNICA ALONSO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al seminario sobre "Oportunidades, dificultades y retos de la América Latina en esta época", organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento "Patria Soñada", integrante de la Fundación Paz Global, a llevarse a cabo en la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 20 y 22 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al seminario sobre "Oportunidades, dificultades y retos de la América Latina en esta época", organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento "Patria Soñada", integrante de la Fundación Paz Global, a llevarse a cabo en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, por el período comprendido entre los días 20 y 22 de octubre de 2010.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 33, del Lema Partido Nacional, señor Martín Fernández.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, literal D), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para el día miércoles 20 del corriente.

Sin más, le saluda atentamente.

JUAN C. SOUZA
Representante por Canelones"

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la Banca en mi carácter de suplente.

Sin más, saluda atentamente.

Sergio Ashfield".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior, del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al acto de imposición en el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa y a la ceremonia de relevo del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de octubre de 2010.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Sergio Ashfield.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al acto de imposición en el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa y a la ceremonia de relevo del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea por el día 20 de octubre de 2010.

2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Sergio Ashfield.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración

Por intermedio de la presente solicito licencia por enfermedad (intervención quirúrgica), desde el 25 de octubre al 12 de noviembre inclusive, convocándose a mi suplente el señor Carlos Tutzó.

Sin otro particular saluda atentamente,

DOREEN JAVIER IBARRA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración

Quien suscribe, señor Óscar Andrade, comunica a usted que por esta única vez no acepta la convocatoria de la cual ha sido objeto.

Sin otro particular saluda atentamente,

Óscar Andrade".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 25 de octubre y 12 de noviembre de 2010 y adjunta certificado médico.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Óscar Andrade.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal A) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 25 de octubre y 12 de noviembre de 2010, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra.

2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Óscar Andrade.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1001, del Lema Partido Frente Amplio, señor Carlos Tutzó.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

Quien suscribe comunica a usted que tomará licencia por motivos personales, según inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, desde el día 3 de noviembre hasta el día 5 de noviembre del corriente año. Se solicita por lo tanto, se convoque al suplente correspondiente.

Le saluda atentamente,

MARÍA ELENA LAURNAGA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, María Elena Laurnaga.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 3 y 5 de noviembre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1 Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, María Elena Laurnaga, por el período comprendido entre los días 3 y 5 de noviembre de 2010.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señora Carmen Millán.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar licencia por los días 25 y 26 de octubre del corriente año, por misión oficial, según artículo 1º, inciso C) de la Ley Nº 17.827.

Como Parlamentaria del MERCOSUR concurriré a la reunión de la "Comisión de Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo", a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Atentamente,

MARÍA ELENA LAURNAGA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, María Elena Laurnaga, para asistir a la Reunión de la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo, a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aries, República Argentina.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 25 y 26 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 25 y 26 de octubre de 2010, al señor Representante por el departamento de Montevideo, señora María Elena Laurnaga, para asistir a la Reunión de la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo, a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aries, República Argentina.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señora Carmen Millán.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración.

A través de la presente, solicito al Cuerpo que tan honorablemente preside, me conceda licencia por el día 20 de octubre de 2010, por motivos personales.

Sin otro particular, saluda atentamente,

FELIPE CARBALLO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo, por el día 20 de octubre de 2010.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Saúl Aristimuño.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración.

Solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para concurrir en misión oficial a la XIII Reunión de la Comisión de Equidad, de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, por el día 28 de octubre del corriente año.

Sin otro particular, la saludo con mi más alta consideración y estima,

WALTER VERRI
Representante por Paysandú".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Paysandú, Walter Verri, para asistir a la XIII Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO).

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 28 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia en misión oficial, por el día 28 de octubre de 2010, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Walter Verri para asistir a la XIII Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñéz y Juventud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO).

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Luis Alberto Ziminov.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 13 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

Por este medio y por motivos de índole personal, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia, los días martes y miércoles 19 y 20 de octubre de 2010, respectivamente.

Sin otro particular, saluda atentamente,

ANDRÉS LIMA
Representante por Salto".

"Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

En consideración a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular doctor Andrés Lima, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca.

Sin más, saludo atentamente,

Felipe Mutti Severo".

"Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

En consideración a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular doctor Andrés Lima, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca.

Sin más, saludo atentamente,

Nadia Cordone".

"Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

En consideración a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular doctor Andrés Lima, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca.

Sin más, saludo atentamente,

Martín Pertusatti Beppo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Salto, Andrés Lima.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 19 y 20 de octubre de 2010.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señor Felipe Mutti, señora Nadia Cordone y Martín Pertusatti.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 19 y 20 de octubre de 2010, al señor Representante por el departamento de Salto, Andrés Lima.

2) Acéptanse las negativas presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes, señor Felipe Mutti, señora Nadia Cordone y señor Martín Pertusatti.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 20 de octubre de 2010, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 888 del Lema Partido Frente Amplio, señora Ana Lima.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia de acuerdo al literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, entre los días 2 y 6 de noviembre de 2010, para asistir a la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

Dicha comisión funcionará entre el 3 y 5 de noviembre en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

Sin otro particular, la saluda muy atentamente.

JOSÉ BAYARDI
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico que por esta vez no acepto integrar la Cámara por Ud. presidida.

Sin otro particular la saluda atentamente,

Eduardo Brenta".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico que por esta vez, no acepto integrar la Cámara por Ud. presidida.

Sin otro particular la saluda atentamente,

Eleonora Bianchi".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por este intermedio deseo comunicar que no acepto, por esta única vez la convocatoria a integrar el Cuerpo que usted preside.

Cordialmente,

Edgardo Ortuño".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico que por esta vez no acepto integrar la Cámara por usted presidida.

Sin otro particular lo saluda atentamente,

Daoiz Uriarte".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, José Bayardi, para asistir a la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro - Latinoamericana, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca, República de Ecuador.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 2 y 6 de noviembre de 2010.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Eduardo Brenta, Eleonora Bianchi, Edgardo Ortuño y Daoiz Uriarte.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 2 y 6 de noviembre de 2010, al señor Representante por el departamento de Montevideo, José Bayardi, para asistir a la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro - Latinoamericana, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca, República de Ecuador.

2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Eduardo Brenta, Eleonora Bianchi, Edgardo Ortuño y Daoiz Uriarte.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 77, del Lema Partido Frente Amplio, señor Juan José Bentancor.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente y al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día jueves 20 de octubre del corriente año.

Sin otro particular, la saludo atentamente,

GERMÁN CARDOSO
Representante por Maldonado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso, por el día 20 de octubre de 2010.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Marco Correa.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por los días 20 al 22 de octubre y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827, artículo 1º, literal D), que establece la causal ausencia en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política dentro o fuera del país", del legislador.

El motivo es para participar del Festival para la Paz Mundial 2010 "Global Peace Festival 2010", el mismo se está llevando a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Adjunto invitación.

Sin otro particular, saludo atentamente,

CARLOS VARELA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Carlos Varela Nestier, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo a la señora Presidenta muy atentamente,

Jorge Patrone".

"Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Carlos Varela Nestier, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo a la señora Presidenta muy atentamente,

Jorge Iribarnegaray".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Varela Nestier, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al Festival para la Paz Mundial 2010, a desarrollarse en la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 20 y 22 de octubre de 2010.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Jorge Patrone y Jorge Iribarnegaray.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Varela Nestier, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al Festival para la Paz Mundial 2010, a desarrollarse en la ciudad de Asunción, República del Paraguay por el período comprendido entre los días 20 y 22 de octubre de 2010.

2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Jorge Patrone y Jorge Iribarnegaray.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señor Mauricio Guarinoni.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

9.-     Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra la miembro informante en minoría, señora Diputada Piñeyrúa.

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: en nombre del Partido Nacional, expreso el rechazo al proyecto de ley que tenemos a consideración; lo hacemos siendo fieles a nuestros principios, en defensa de la voluntad popular libremente expresada en las urnas y del Estado de derecho.

En mi caso personal, integré la Comisión Nacional Pro-Referéndum; milité en contra de la ley de caducidad; recolecté firmas; participé de las mesas en las cuales los ciudadanos ratificaron sus firmas cuestionadas por la Corte Electoral y estuve en las mesas el día en que la ciudadanía se pronunció. Esa noche lluviosa de abril, el soberano se pronunció y quienes integramos esa Comisión admitimos que la solución que hubiéramos deseado no se había consolidado.

¿Qué me inspiró, qué inspiró al grupo político al que yo pertenecía en ese momento a adoptar esa posición? En primer lugar, no nos gustaba la solución. Obviamente no nos gustaba la solución: queríamos que los militares fueran juzgados. En segundo término, en lo personal, pensaba que mi Partido no debía involucrarse en las consecuencias de un pacto en el cual no había tenido arte ni parte, del cual no había participado. Sin embargo, la ciudadanía no acompañó lo que muchos queríamos en ese momento, cuando integrábamos esa Comisión, militando y remontando esa cima a la que hacía referencia el señor Diputado Michelini.

El Frente Amplio, desde la oposición, convocó a la ciudadanía -obviamente, cuando no tenía mayoría parlamentaria- en numerosas oportunidades y sobre diversos temas para que laudara, para que se pronunciara. En diversas oportunidades relativizó los valores de la democracia representativa y reivindicó los valores de la democracia directa, de la participación ciudadana. De lo que estoy segura es de que cuando ya no esté en el Gobierno y no cuente con mayorías parlamentarias, no podrá volver a hacerlo. No puede convocarse al pueblo para resolver, para laudar un tema y luego, desde el Gobierno, haciendo uso de mayorías legítimas pero circunstanciales, desconocer esa voluntad soberana, desoír la voz del pueblo. Ni la dictadura militar, señora Presidenta se animó a hacerlo, aunque tenía la fuerza de las armas.

No se puede razonar por el absurdo en un sistema democrático para desvalorizar lo que es un pronunciamiento del soberano. Nuestro pronunciamiento no implica, en modo alguno, defender a quienes se beneficiaron o pueden beneficiarse por imperio de la ley de caducidad. Mal podría sostenerse tal posición, cuando nuestro Partido no vaciló nunca en ponerse al frente de la oposición, cuando apenas se sospechaba que las instituciones en este país iban a ser avasalladas, y denunció en ámbitos nacionales -cuando pudo, porque era difícil- y en ámbitos internacionales las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en nuestro país. Nosotros también tuvimos torturados; también tuvimos muertos, detenidos y exiliados y hablábamos por ellos y por todos.

Repito: más allá de las objeciones jurídicas muy serias y muy fuertes, porque el proyecto de ley que hoy tenemos a consideración cercena principios que hacen al Estado de derecho, lo que nos mueve fundamentalmente a votar en contra de la iniciativa es el respeto de la soberanía popular, el respeto de la voluntad popular libremente expresada por el pueblo uruguayo en ejercicio de la soberanía nacional y el respeto por el Estado de derecho, y vamos a ver de qué estoy hablando.

El artículo 4º de la Constitución -me gusta leerlo porque parece una poesía- dice: "La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará".

El inciso primero del artículo 82 de la Constitución establece: "La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana". No dice "democrática y representativa", según Justino Jiménez de Aréchaga, porque la Constitución introdujo el recurso de referéndum y el ejercicio de la soberanía directa por parte del cuerpo electoral. Y continúa, en el inciso segundo, así: "Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma".

Por lo tanto, de acuerdo al texto que acabo de leer, desconocer la voluntad popular emitida frente a un recurso de referéndum, equivaldría a que el Parlamento desconociera el pronunciamiento popular en un acto electoral. Nuestra Constitución, en su artículo 82, equipara los actos electorales, el referéndum y la iniciativa a los efectos de dar al cuerpo electoral la posibilidad de ejercer la democracia de manera di-recta.

El artículo 79 de la Carta establece la posibilidad de interponer el recurso de referéndum. Se trata de un recurso contra las leyes que, al decir de Gonzalo Aguirre Ramírez, el cuerpo electoral, al resolverlo, actúa como jerarca del Poder Legislativo, que es el órgano que lo representa y que debe respetar su voluntad en todo tiempo, no pudiendo modificar su decisión en ninguna circunstancia.

Cabe agregar que hubo un segundo pronunciamiento del cuerpo electoral mucho más reciente, hace apenas un año, de distinta naturaleza, porque resolvió una iniciativa de reforma constitucional que promovía la anulación de la ley de caducidad, y que también resultó negativa.

Por lo tanto, señora Presidenta, ha habido dos pronunciamientos populares negativos frente a la derogación o anulación de la ley de caducidad que, si bien tienen distinta naturaleza, en ambos casos han sido confirmatorios de su vigencia. Por esa razón, porque nuestra historia nos llama y nos mueve a defender la voluntad popular, expresada libremente en las urnas, y a defender el Estado de derecho, votaremos en contra de este proyecto de ley y haremos las argumentaciones jurídicas respecto de su articulado en la discusión particular.

Muchas gracias.

(¡Muy bien!)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Cersósimo.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: tanto en la Comisión -donde hemos votado negativamente- como ahora aconsejamos rechazar este proyecto de ley, y lo hacemos no solo por argumentos jurídicos sino también por argumentos políticos consustanciados con los jurídicos. Defendemos, en esta instancia, la decisión del pueblo; defendemos el Estado de derecho soberano y la democracia; defendemos la paz entre los uruguayos; defendemos los principios protectores y las garantías democráticas y constitucionales. Entendemos, también, que las víctimas han sido atendidas, y si eso no ha sido suficiente seguirán siendo atendidas y amparadas, de acuerdo con la política actual que se prioriza en estos casos tan traumáticos y difíciles como los que tienen que ver con los hechos que estamos volviendo a analizar.

(Murmullos)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa quiere amparar al señor Diputado en el uso de la palabra. Solicita a los señores legisladores que hagan silencio y que si necesitan hacer reuniones sean fuera de la Sala.

Puede continuar el señor Diputado Cersósimo.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: tampoco queremos continuar con las divisiones entre los uruguayos. Este es un nuevo eslabón, un nuevo obstáculo que se incorpora para seguir separando a los uruguayos, lo que creíamos se había superado, logrando la restauración de un régimen democrático y su continuidad en paz, en diálogo y en permanente perfeccionamiento.

Quiero citar lo que mis colegas, Diputados del Partido Colorado, pidieron que se destacara de manera preliminar, y es que en estas circunstancias no procede incurrir en un paralogismo de falsa oposición. Quienes aprobaron la Ley Nº 15.848, conocida como la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado -me refiero tanto a los legisladores que la votaron como a la inmensa mayoría de los ciudadanos que la ratificaron en dos ocasiones-, deploran y no comparten las violaciones de los derechos humanos, el abuso de autoridad y la comisión de delitos aberrantes. Precisamente fueron en pos de un instrumento que juzgaron adecuado para asentar la pacificación nacional y cimentar la convicción generalizada de que la República había transitado caminos de enfrentamiento irracional que hirieron profundamente a la sociedad. ¿Acaso quienes habían actuado no fueron capaces de seguir el consejo de Ernesto Guevara, contenido en su discurso en el Paraninfo de la Universidad en enero de 1961? Allí decía: "Ustedes" -refiriéndose a los uruguayos- "tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas; la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir; la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América. [...] -sin derramar sangre, sin que se produzca nada de lo que se produjo en Cuba, que es que cuando se empieza el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último". Y continuaba diciendo: "Pero si [...] la aspiración del pueblo a su bienestar se puede lograr por medios pacíficos, eso es lo ideal y eso es por lo que hay que luchar".

(Murmullos)

——Nuestra apertura democrática, o lo que se ha conocido como nuestra salida democrática, se hizo en forma pactada, no mediante una derrota militar como sucedió, por ejemplo, en la República Argentina, con las consecuencias de la Guerra de las Malvinas. La salida democrática estuvo precedida por un consenso del que participaron las máximas jerarquías militares que, probablemente, tuvieron que superar las renuencias que todavía se mantenían en el ámbito castrense. Esa es una realidad histórica, larga y extensamente analizada. Las circunstancias políticas del momento, que siempre debemos repasar -y estos proyectos nos obligan a tener en cuenta para ver el marco fáctico en que se sancionó la ley que hoy se critica y se pretende declarar inexistente-, determinaron que del acuerdo participaran la Unión Cívica, el Frente Amplio y el Partido Colorado y no lo hiciera el Partido Nacional que, a la postre, presentara el proyecto de ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, hoy cuestionado por la iniciativa presentada por el Frente Amplio. Más allá de si se trata o no de la interpretación correcta, en amplios sectores de la población, incluso entre quienes se oponían férreamente al régimen de facto, se mantuvo la idea de que el país había vivido una guerra y que la pacificación exigía una manifestación de mutua renuncia a revisar el pasado. Algo que tiene parangón con el espíritu de la frase "Ni vencidos ni vencedores" proclamado en la paz del 8 de octubre de 1851, que puso fin a la Guerra Grande.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar, señor Diputado.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: es indiscutible que la República vivió una tragedia que no supo, previamente, evitar. Todo abuso, todo exceso, toda vida trunca, solo se evita previniendo; luego de que suceden estos hechos ya es demasiado tarde y ni el castigo ni la venganza permiten retornar a la situación anterior. Si las disposiciones que buscaron la pacificación y el reencuentro no hubieran existido, las víctimas -cualquiera hubiera sido su situación en el decurso de los hechos- igual seguirían siendo víctimas.

El sentido de las amnistías es intentar dar vuelta la hoja y abrir una nueva etapa; sostenerlas no contraviene la ética y quienes se oponen al perdón no monopolizan la moral. Podrá discutirse si el precio que se paga por la paz es demasiado elevado en una circunstancia determinada, pero no puede sostenerse que las mayorías -que con dudas y cuestionamientos de conciencia entendieron que había que cerrar un capítulo histórico-, no hayan actuado con inspiración elevada.

La Ley Nº 15.848, de amnistía de policías y militares, tuvo ese propósito; tuvo un objeto claramente reparatorio en sus disposiciones no cuestionadas. Pretendió, asimismo, obtener una mejor integración de las Fuerzas Armadas en el seno de la sociedad. En cuanto a lo que se discute, el no ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, el artículo 2º excluyó los delitos cometidos cuyo móvil hubiera sido el provecho económico. Más allá de la discusión sobre si se trató o no de una amnistía -nosotros entendemos que es claramente una amnistía y tiene los efectos de una amnistía, que son los de renunciar a la pretensión punitiva del Estado- y de si la ley podía establecer que el Estado se abstuviera de ejercer la pretensión punitiva sobre determinados delitos, fuera de los institutos de indulto y amnistía, en la práctica dicha norma operó como una verdadera amnistía. Los delitos anteriores quedaron, por mandato de la ley, fuera del alcance punitorio.

Si de algo sirve la opinión del soberano, la ley fue ratificada en dos ocasiones; la última como plebiscito constitucional. No se puede argumentar que, por un lado, la nación es la soberana y, en consecuencia, la única que tiene derecho a equivocarse y por otro, decir que es una especie de incapaz que no sabe lo que vota, desoyendo su criterio mayoritario. Tampoco nuestro pueblo, que asumió una postura, merece que se lo considere como cómplice de los excesos que se verificaron. La ley intentó afirmar la paz, y la paz es la máxima garantía que evitará, en el porvenir, la reiteración de los hechos luctuosos que seguimos deplorando.

La Ley Nº 15.848, fue ratificada por el referéndum de 16 de abril de 1989. En esa ocasión, el 57% de los sufragantes votó por la ratificación y el 43%, por la derogación. El intento de declarar nula la ley, que se hizo por plebiscito de reforma constitucional el 25 de octubre de 2009, resultó frustrado, dado que la propuesta obtuvo el 47,3%, no alcanzando la mayoría requerida.

Debe destacarse la relevancia, en dos ocasiones, de la confirmación de la norma por el cuerpo electoral, titular de la soberanía. No se trata de señalar que ni siquiera la nación soberana pueda avasallar los derechos fundamentales de las personas; no es eso, y no lo hizo. De lo que se trata, señora Presidenta, es de haber considerado que, dado el propósito de pacificación respecto de determinadas conductas, correspondía inhibirse de castigarlas. Si como entendió el propio Parlamento en el año 1972, cuando autorizó que se decretara el estado de guerra interna, hubo un enfrentamiento armado, es de suponer que la mayoría de la ciudadanía entendió que correspondía reconocer una situación de indemnidad -"act of indemnity"- en el derecho público inglés- como forma de defensa extraordinaria del Estado. Se podrá no compartir la solución, pero basta con comprobar que así se determinó.

La Ley Nº 15.848 fue un jalón más entre un conjunto de disposiciones que procuraron reencauzar la convivencia social, y así fue considerado por la opinión mayoritaria que, seguramente, creyó que la responsabilidad por los hechos acaecidos era difusa y compartida, que no quiso seguir caminos que se advirtieron como maniqueos y que, como dijo el Presidente Batlle y Ordóñez cuando celebró la Paz de Aceguá, que puso fin a la Revolución de 1904, había que deplorar también la situación de quienes, a su juicio, se habían visto "extraviados en el no siempre claro camino del deber".

Se han manejado importantes opiniones doctrinarias y argumentos jurídicos. En este sentido, nosotros también queremos señalar algunas opiniones y argumentaciones que nos hacen tomar la decisión de rechazar este proyecto de ley.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CERSÓSIMO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: la señora Diputada Piñeyrúa y el señor Diputado Cersósimo han hecho referencia al 16 de abril de 1989, oportunidad en que se celebró el plebiscito sobre la Ley de Caducidad. El 20 de abril, cuatro días después, en la página 7 del semanario "Búsqueda" se publica una entrevista al entonces integrante del MNL -Tupamaros-, Luis Rosadilla, quien expresa: "El dirigente tupamaro Luis Rosadilla opinó que el tema del revisionismo sobre la actuación de los militares durante el régimen de facto es 'para el país un capítulo cerrado'".

Y el periodista le pregunta: "¿Para el MNL el 'revisionismo' es un capítulo cerrado?" Contesta Luis Rosadilla: "Para el país es un capítulo cerrado. Planteamos un método para impugnar la ley (de caducidad) y hubo un pronunciamiento popular. ¿Qué otro tipo de discusión puede haber? Conociendo las reglas de juego, las aceptamos. Anunciamos antes (del plebiscito) que íbamos a acatar el resultado (del referéndum) y hemos cumplido. Somos tipos de palabra".

Gracias, señora Presidenta; gracias, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Cersósimo.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: Queremos hacer algunas consideraciones jurídicas sobre nuestro ordenamiento jurídico.

El ordenamiento jurídico uruguayo es democrático y hay una correlación entre el grado o fuerza del acto jurídico y la participación mayor o menor, más directa o más indirecta que en su formación tienen los interesados. Por ejemplo, no puede dictarse ningún acto constitucional sin que haya una ratificación por plebiscito. El hecho de que no puede entrar en vigencia si no hay una mayoría a favor es una garantía democrática.

Tratándose de actos constitucionales, se termina siempre en el plebiscito, según el artículo 331 de la Constitución. Si se trata de actos legislativos, la regla es que se dicten con intervención del órgano más representativo, aquel que tiende a ser un mapa de las distintas tendencias en proporción a la cantidad de votos obtenidos en las elecciones: el Parlamento.

Además de esta participación de los órganos más representativos de la opinión pública, existe otra garantía democrática: la eventualidad de un recurso de referéndum contra los actos legislativos. Esta es la decisión que estamos defendiendo al votar en contra de este proyecto.

Cada vez que se dicte una ley, se hace bajo la condición de que el pueblo no está en contra, y si el pueblo está en contra, basta que un porcentaje de los ciudadanos interponga un recurso de referéndum para que la decisión legislativa sea sometida a votación de los representados, es decir, del cuerpo electoral. El referéndum es la vía para corregir el desajuste entre lo que deciden los representantes legislativos y la opinión de los representados, la mayoría de la opinión pública.

Lo mismo sucede con el plebiscito, pero este no es un recurso sino que forma parte del propio acto que se dicta: no se puede reformar la Constitución si no se hace un plebiscito, si no es aprobada previamente por el pueblo. Cuanto más importante es el acto, más directa es la participación del cuerpo electoral. Esto lo dice y lo enseña desde hace muchos años el doctor Horacio Cassinelli Muñoz en la Universidad de la República.

Ya se mencionó el artículo 4º de la Constitución, que estamos defendiendo en nombre del Partido Colorado en este debate legislativo. El artículo establece: "La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación [...]". Solano García dijo que cuando la Comisión expresó que la soberanía en su plenitud residía radicalmente en la nación entendió que la universidad de los ciudadanos comprendía la nación y que la soberanía no era otra cosa que la supremacía de la voluntad general.

Lo mismo prescribe el artículo 82 de la Constitución: "La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana.- Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma".

Lacónicamente dijo Justino Jiménez de Aréchaga a este respecto: "las decisiones del Cuerpo Electoral no pueden ser casadas por ningún otro Poder del Gobierno".

Los actos jurisdiccionales son los que liquidan los conflictos dando una opinión que no va a poder seguir discutiéndose. Estos tienen lo que se llama autoridad de la cosa juzgada: no se va a discutir más, y aunque se hubiera equivocado el Juez y hubiera dicho algo que viola la Constitución, igual se cumplirá lo que dijo. Sin cosa juzgada no sabremos nunca a qué atenernos.

Indudablemente, estas referencias son fundamentos jurídicos que nos dan razón cuando decimos que el proyecto de ley a consideración arrasa el ordenamiento jurídico de nuestro país en todos estos aspectos, sin discusión y como fue confirmado por todos los catedráticos de Derecho Constitucional que fueron convocados para asesorar a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

La Ley Nº 15.848 no impide el repudio de los crímenes y excesos cometidos; de todos los crímenes y de todos los excesos, no importa quiénes hayan sido sus autores y el bando al que hayan pertenecido. Tampoco impide el conocimiento de la verdad de los hechos -más bien lo consagra- ni la reparación de las víctimas. En particular, no puede sino despertar adhesión solidaria con respecto a la situación de las víctimas, de todas las víctimas. La solidaridad y el repudio de los crímenes constituyen un sentimiento que se asienta en lo más esencial de la condición humana. Sin embargo, no merecería similar consideración que se tratara de proseguir, mediante el cumplimiento de la actividad jurisdiccional, un enfrentamiento que debe quedar en el pasado ni que el comprensible sentimiento de dolor se explotara para mejor ubicarse en la consideración de la opinión pública.

Cabe preguntarse si, luego de cuatro décadas, hace bien a la sociedad, al Gobierno, a la Justicia y a la vigencia de los derechos humanos abrir una serie innumerable de casos en el orden penal, aunque se sostenga que luego de años de sustanciación de los procesos y de eventuales privaciones preventivas de la libertad, finalmente podrá decretarse la absolución. Sin duda, vigentes, hubo situaciones de extrema iniquidad, autores identificados y también procesamientos con la Ley Nº 15.848. Pero, además de estas situaciones extremas y dado que para el procesamiento basta la simple semiplena prueba, o sea, solamente una presunción calificada, ¿tiene sentido el procesamiento, ya no del autor notorio, sino del que no se sabe si fue el autor pero pudo haberlo sido porque trabajaba en la dependencia donde sucedieron los hechos? ¿O del que no se sabe si conoció los hechos pero debió haberlos conocido por la actividad que desarrollaba en la época y no los denunció? ¿O del que será denunciado porque alguien quiere ejercer una venganza contra determinadas personas, sus inclinaciones políticas o las instituciones en que se desempeñaron? ¿O del que, aun habiendo cometido un delito, fue de menor entidad?

No hay foro ni jurisdicción en el mundo que pueda considerar que la República no procuró, desde 1985, conformar un cabal Estado de derecho y que extremó los esfuerzos para reparar lo que podía repararse y evitar que se creara el caldo de cultivo para que asomara la menor sombra de reiteración.

En tal sentido, señora Presidenta, la Ley Nº 15.737, de marzo de 1985, decretó la amnistía de todos los delitos políticos, comunes y militares, conexos con estos, cometidos a partir del 1º de enero de 1962, con excepción de los autores y coautores de delitos de homicidio intencional consumados, a los que igualmente se les suspendió el castigo. A los efectos de dicha ley se consideraron delitos políticos, los cometidos por móviles directa o indirectamente políticos, los que participaban de la misma finalidad de estos o se cometieron para facilitarlos, prepararlos, consumarlos, agravar sus efectos o impedir su punición.

Esta fue, precisamente, la ley conocida como de "amnistía de los delitos políticos".

También se consideraban delitos conexos todos aquellos que concurrieran de cualquier manera -reiteración real, reiteración formal o concurrencia fuera de la reiteración- con los delitos políticos. En ese primer momento se excluyó de dicha amnistía a los funcionarios policiales o militares y a las personas que hubieren actuado amparadas por el poder del Estado o desde cargos de gobierno, que fueran autoras, coautoras o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes, de la detención de personas, luego desaparecidas, y a quienes hubieren encubierto cualquiera de dichas conductas.

Esta ley fue propia de una trilogía de amnistías, que incluyó los delitos políticos, los delitos comunes y los cometidos por policías y militares. El hecho de que se hayan resuelto independientemente unos de otros configuró, en nuestra sociedad, en la búsqueda del camino de la paz y la reconciliación, lo que la doctrina española ha llamado "el agravio comparativo", refiriéndose a aquellos que no son alcanzados por el beneficio de la clemencia, cuando otros sí lo han sido en su misma situación.

Así fue que el 14 de mayo de 1985 se dictó una ley de amnistía para los presos comunes, luego de manifestaciones y acciones de reclamación realizadas por ellos.

Finalmente, quedaba pendiente la solución del tema a los otros involucrados en esta guerra. La Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, estableció el derecho a ser reincorporados al organismo correspondiente para todos los funcionarios destituidos entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

Estamos enunciando -y seguiremos haciéndolo- todas las medidas que tomó el Gobierno democrático para reparar a las víctimas y solucionar los problemas derivados de aquel cruel enfrentamiento.

También podemos mencionar que la Ley Nº 17.358, de 22 de junio de 2001, dispuso el ascenso de los Oficiales Generales y Superiores a los que se había aplicado el inciso G). Para que se recuerde, estos eran los militares que no habían acompañado el golpe de Estado y habían sido perseguidos por el régimen de facto.

La Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, reconoció derechos jubilatorios a todos los trabajadores de la actividad privada que entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales; a los que hubieran estado detenidos durante dicho lapso por delitos políticos o militares conexos y a los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en dicho período. Esta ley estableció un período de caducidad que fue eliminado por el artículo 23 de la Ley Nº 18.596.

La Ley Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006 -ya con el Gobierno del Frente Amplio-, modificó el régimen anterior para volverlo más comprensivo. Estableció una pensión especial reparatoria para las personas comprendidas en la ley "[...] que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ellos, sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985[...]", alternativa a otros regímenes de seguridad social. Dicha norma fue ampliada por la Ley Nº 18.235.

La Ley Nº 18.596, de 18 de setiembre de 2009, dispuso la reparación integral de las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

Sin duda que la adaptación del régimen jurídico que ha hecho el Estado uruguayo al derecho internacional y a los tratados que ha celebrado ha sido adecuada y ha permitido no solamente atender a las víctimas, sino recorrer un camino de paz e, inclusive, averiguar la verdad. Por lo tanto, ninguna de las soluciones aportadas por las sucesivas legislaciones se vieron impedidas por la vigencia de la Ley Nº 15.848. Esta tampoco impidió el esclarecimiento posible de los hechos. De este modo, cabe citar la investigación efectuada a partir de la Resolución Nº 858/2000, de 9 de agosto de 2000, a cargo de la Comisión para la Paz, que elaboró un amplio informe que se dio a conocer el 10 de abril de 2003.

Luego, en la discusión particular de los artículos, iremos viendo y dando nuestra opinión acerca de las inconstitucionalidades de este proyecto de ley y del atropellamiento que realiza al orden jurídico y a distintos institutos de garantía democrática y de garantía constitucional para los derechos humanos. No tenemos dudas en afirmar que el proyecto en consideración es un retroceso, un paso atrás, en la defensa de los derechos humanos por cuanto busca, de una forma indirecta, consagrar una ficción jurídica, que es la inexistencia de una ley, y darle retroactividad, violando claros principios de nuestro ordenamiento jurídico garantista. El Poder Legislativo no puede anular.

El doctor Daniel Hugo Martins dice: "Del análisis de nuestras normas constitucionales concluimos que, en nuestro régimen jurídico, el Poder Legislativo no puede anular las leyes dictadas con anterioridad, sólo puede derogarlas.- [...] el legislador [...] no puede declarar absolutamente nula una ley (lo que equivale a derogarla con efecto retroactivo), si en base a esa ley los individuos han configurado situaciones jurídicamente definitivas, o se han dictado sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, o actos jurídicos perfectos (contratos, actos administrativos, etc) que configuran la adquisición de un derecho.- Si así lo hiciere, esa ley podría ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia e inaplicable al caso concreto, por imperio del procedimiento establecido en la Constitución".

El pueblo uruguayo rechazó la anulación. Cuando se planteó el recurso de referéndum contra la ley que estamos considerando, la propuesta de la Comisión Nacional Pro Referéndum fue someter a la decisión definitiva de la gente la anulación de la norma referida.

Al respecto, opinaron los doctores Pérez Pérez, Korzeniak y Cassinelli quienes, al referirse a los efectos anulatorios del referéndum, se basaron en el sistema de jerarquía de autoridades y de soberanía que surge de la Constitución, según la cual, el Cuerpo Electoral estaría por debajo de la Nación y por encima de los tres poderes etáticos.

Por su parte, el doctor Héctor Gros Espiell, manifestó: "Si la Democracia es una forma de organización del Estado fundada en el respeto de la dignidad y de los derechos inherentes a la persona humana, que implica un sistema de gobierno basado en el consentimiento de la comunidad libremente expresado, es obvio que la expresión de este consentimiento debidamente controlado, el pronunciamiento del Cuerpo Electoral es la más pura manifestación de libertad, sin cuya existencia no se concibe la Democracia".

Por lo tanto, no vamos a acompañar este proyecto y lo rechazamos por las razones expresadas, por los fundamentos jurídicos, por las opiniones políticas y por otras consideraciones que haremos en su momento.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CERSÓSIMO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: pedí una interrupción ahora al señor Diputado porque entiendo que se está acercando al final de su exposición.

Como esta sesión tiene aspectos de discusión política, de discusión jurídica y constitucional -yo también voy a incursionar en esos aspectos-, y el señor Diputado hizo referencia a quien los abogados consideran el maestro: Justino Jiménez de Aréchaga, me gustaría que se citara los textos referidos, y voy a decir por qué. La lectura que yo hago del doctor Justino Jiménez de Aréchaga no va en la dirección que expresa el señor Diputado Cersósimo, salvo que constatemos que la voluntad popular no puede ser casada en tanto se exprese como constituyente. En ese caso, comparto que el profesor Justino Jiménez de Aréchaga dice en más de una oportunidad que las leyes constitucionales, por ser ratificadas, no podrían ser declaradas ni siquiera inconstitucionales desde el punto de vista de sus contenidos; esto lo digo, mal que le pese a alguien, porque hace algunas observaciones al respecto.

Entonces, el hecho de si se puede casar o no la voluntad popular, en mi opinión, refiere a la participación del constituyente con respecto a la voluntad popular expresada como constituyente y no como materia de ley.

Después desarrollaré más estos aspectos. Esta era la pregunta que quería formular en cuanto a la cita, de manera de compartir los argumentos o de seguir discrepando.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Cersósimo.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: sobre lo que dijo el señor Diputado Bayardi, quiero agregar dos cosas. En primer término, la cita corresponde a la página 16 del Tomo III de "La Constitución Nacional", obra del doctor Justino Jiménez de Aréchaga.

En segundo lugar, no hace ninguna distinción acerca de actuar como órgano constituyente. Precisamente, se refiere a la expresión del Cuerpo Electoral como órgano soberano de la nación en cualquiera de las posibilidades que tiene para expresarse. Esto lo dice claramente el doctor Justino Jiménez de Aréchaga cuando señala: "Las decisiones del Cuerpo Electoral" -como órgano soberano de la Nación, es decir, por la ciudadanía mayoritaria- "no pueden ser casadas por ningún otro Poder del Gobierno".

Como se sostiene que el proyecto de ley a consideración afecta nuestro Estado de derecho y viola las garantías del Estado de derecho, al respecto también vamos a citar al doctor Justino Jiménez de Aréchaga. En la revista "Derecho, Jurisprudencia y Administración", Tomo 47, página 217, sección "Panorama institucional del Uruguay a mediados del Siglo XX", expresa algo que nos ahorra mayores comentarios. Según la diáfana síntesis del doctor Justino Jiménez de Aréchaga, la organización institucional del país reposa en cuatro fundamentos, que son desconocidos en este proyecto: primero, un modo singularmente amplio de entender la igualdad entre los hombres; segundo, un modo igualmente amplio de entender la libertad; tercero -y lo subrayo- el efectivo poder político del pueblo; y cuarto, la eficaz contención de la autoridad pública.

Con estas expresiones del doctor Justino Jiménez de Aréchaga -que vertió en una época distinta a la de la ley que estamos considerando; no se refiere precisamente a la ley, como es lógico, sino a los fundamentos de nuestro Estado de derecho-, dejamos fundado nuestro argumento acerca de la peligrosidad de este proyecto de ley, porque afecta no solo las garantías constitucionales y democráticas sino también el ordenamiento jurídico en su conjunto.

Para el futuro, esta intención manifestada en el proyecto de ley, pone en duda la validez de las decisiones adoptadas en ejercicio de la democracia directa, como hemos podido percibir en esta Sala, en especial, la validez de las decisiones tomadas por el Cuerpo Electoral en referéndum.

Por ello, decimos que esta iniciativa es inconveniente a todas luces y que no se justifica por un tema de derecho internacional. Digo esto porque la República ha tomado un camino ejemplar en su salida democrática -ha sido admirada desde el exterior- y ese puede ser un argumento fundamental para que maneje nuestro país en cualquier instancia internacional que se desarrolle sobre estos temas.

En caso de que se necesite una adecuación de la legislación -que es el compromiso asumido por nuestro país en los tratados y pactos internacionales que hemos suscrito y consagrado como ley interna de nuestro ordenamiento jurídico-, correspondería la derogación de la ley para el futuro, pero sin que se afecten los derechos adquiridos, la separación de Poderes, el orden jurídico, el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de la ley penal procesal o de fondo más perjudicial para el reo, etcétera.

Por lo tanto, nuestra intención es dejar clara la posición del Partido Colorado, sus fundamentos, reservándonos para el momento de la discusión puntual de los artículos las opiniones que nos han merecido cada uno de ellos y, sobre todo, los fundamentos por los que los rechazamos y que confirman los riesgos que hemos visto en este proyecto de ley.

10.-      Intermedio.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: tal como acordamos, solicitamos un intermedio hasta la hora 14.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 12 y 45)

——Continúa la sesión.

(Es la hora 14 y 33)

11.-     Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República).

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

La Mesa quiere informar que de acuerdo con la lista de oradores que se ha entregado, que ha sido acordada, tendríamos unas diez horas de debate. Por tanto, solicitamos a los señores legisladores el uso estricto del tiempo de que disponen.

Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: voy a empezar mi exposición mencionando al Che Guevara, que ha sido citado aquí cuando realizó su famoso discurso en el Paraninfo de la Universidad...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa solicita a los señores Diputados que tomen asiento y hagan silencio.

Puede continuar el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- No me voy a referir al discurso que Guevara realizó en el Paraninfo de la Universidad, sino que voy a recordar cuando decía algo así como que hay que luchar contra la injusticia no importa donde ella esté, y yo voy a agregar: no importa desde cuándo ella esté. Ese va a ser el espíritu con que voy a tratar de hilar mi presentación hoy en esta Cámara.

(Murmullos)

——En el año 1985 en Uruguay se presentó lo que se llamó Ley de Amnistía para presos políticos. Voy a empezar diciendo -y quiero que se retenga este dato- que esa ley de amnistía no fue total. Fue una ley de amnistía para algunos presos, que reconoció las extremas condiciones de crueldad en que habían estado detenidas algunas personas para computarles tres años por cada año de prisión. Entonces, en ciertos aspectos, fue una amnistía y en otros no lo fue. Es bueno tener en cuenta esto porque demuestra que no se dan las tales compensaciones que a veces se pretenden establecer.

Voy a decir que esa ley de amnistía, en su artículo 3º, excluyó expresamente a militares y policías; y luego el Senado estuvo en contra de un proyecto de ley de amnistía para policías y militares que se presentó y que fue votado negativamente, cosa que rara vez se hace, pero esa vez se hizo.

La ley de caducidad fue sancionada en condiciones muy diferentes por cierto a estas de las que vamos a gozar en el día de hoy. Cuando digo que fue sancionada en condiciones muy diferentes no me refiero solamente a la cuestión de si había o no libertad, de si estaban o no constreñidos o si podían decir lo que se les antojara, sino que me refiero al hecho de que entró al Senado, pasó directamente a la consideración del pleno, fue aprobada, vino a la Cámara de Diputados, donde se trató sin que fuera a ninguna Comisión, empezó la discusión y, cuando habían hablado once oradores, se votó una moción por la cual se dio el punto por suficientemente discutido y se le impidió hablar a muchas personas que estaban anotadas. Esas fueron las condiciones en las que se aprobó la ley de caducidad.

Cuando uno lee la versión taquigráfica -yo quiero aclarar que era de los que estaban alrededor del Palacio cuando esa ley se aprobó- se encuentra con expresiones, como por ejemplo las del Senador Zumarán, que dice algo así como "Tengo cuarenta y cinco años y nunca estuve más presionado en mi vida; qué me van a hablar de presión a mí", lo cual demuestra que aquellos legisladores eran cualquier cosa menos seres libres al momento de votar esto.

El doctor García Costa, que fue de los primeros que habló de este tema en el Senado -y no tengo ningún reparo en decir que es un excelente abogado-, dice: "Esto es absolutamente inconstitucional", o sea, "Bueno, tendremos que hacerlo, pero esto es inconstitucional".

Me interesa sobremanera destacar una intervención del doctor Gonzalo Aguire. Los que me conocen saben que, para mí, Gonzalo Aguirre es una personalidad de consulta periódica. Es muy interesante lo que dijo esa noche en que se aprobó la ley de caducidad, cuando explica que él no está de acuerdo con nada de esto, pero que lo va a votar igual. Dice lo siguiente: "Las pretendidas leyes dictadas por el Consejo de Estado, formalmente eran todas inconstitucionales y no se debieron aplicar. Pero en los hechos, se aplicaban desde hacía años, por lo cual el Parlamento reconoció que se tenían que seguir aplicando, más allá del vicio de inconstitucionalidad que tenían. Por ello, dictó la ley de convalidación, de la cual nadie se arrepintió". Vale recordar que cuando se instala, el Parlamento democrático se encuentra con una serie de normas emanadas de un poder absolutamente ilegítimo, que era el Consejo de Estado. Entonces, el Parlamento dijo: "Bueno, vamos a ratificar esto, y le damos la categoría de decretos-leyes y de esa manera constitucionalizamos aquello que era absolutamente inconstitucional".

Continúa diciendo el doctor Gonzalo Aguirre: "Ahora bien, si hubo que votar una ley de consolidación para" -abro comillas- "'constitucionalizar'" -cierro comillas- "lo que nació inconstitucional, por qué no dictar ahora una ley con el sentido inverso". Vale decir: hacer inconstitucional lo que era constitucional. Lo constitucional era que todo el mundo, si había sido denunciado, fuera a declarar ante la Justicia, pero lo que se estaba diciendo era: "Bueno, reconocemos que acá hay una lógica de los hechos que no sabemos muy bien qué es, pero no van a ir". Y agrego yo ahora: eso es lo que intentamos hacer nosotros hoy. Lo que tratamos de hacer es devolver la constitucionalidad que nunca se debió haber perdido y hacer que las decisiones sobre este tema no las determine el Poder Ejecutivo, sino la Justicia uruguaya. ¡Es exactamente eso! El doctor Gonzalo Aguirre reconoce que por algunos hechos que no vienen al caso -si estaba bien o no lo del Club Naval, es otra discusión-, no tiene más remedio que votar esto, que es inconstitucional. Lo que nosotros queremos es constitucionalizar todo esto de una vez por todas, porque así no puede seguir.

Asimismo, el señor Senador Ortiz dijo: "Hubiera preferido que nuestra democracia e instituciones estuviesen perfectamente consolidadas, y que la Constitución y las leyes rigieran sin limitaciones [...] Desgraciadamente aun no estamos en esa etapa", de donde se desprende que la inconstitucionalidad de esta norma, llamada de la pretensión punitiva del Estado, en ese momento no fue discutida por nadie. Se puede leer toda la discusión parlamentaria y se verá que eso no existe: no hay ninguna intervención que defienda la constitucionalidad de esto. Se basan en otras cosas, no en la constitucionalidad.

También se menciona frecuentemente la tesis de que estamos ante una ley de amnistía, tesis que inclusive manejó la Suprema Corte de Justicia en el famoso caso del año 1988, que realmente creo es un verdadero disparate. Lamento mucho que algunos señores Ministros de la Corte hayan ingresado a la historia con un fallo de este talante. Realmente lo lamento mucho. Creo que a veces hay que pensar un poco en la historia, y no pensar como Latorre, en cuya época ustedes saben qué se hacía con la historia.

Bueno, lo cierto es que se dice que esto es una amnistía, y no lo es de ninguna manera. No es una amnistía por varias razones. En primer lugar, no es una amnistía porque expresamente quienes estuvieron en la discusión parlamentaria descartaron ese término. Nadie reivindicó el término "amnistía" para hablar de la ley de caducidad.

En segundo término, no es una ley de amnistía porque el artículo 1º de la Ley Nº 15.848 se remite a la lógica de los hechos, que puede ser dos cosas. Una puede ser el estado de gran presión al que estaba sometido el Parlamento, que le estaban diciendo: "Aprueban esto o damos un golpe de Estado", o una cosa así. No sé bien cómo era. Tal vez nuestros nietos sepan exactamente qué pasó, porque hace relativamente poco el doctor Sanguinetti descartó que hubiera presión de especie alguna. Esto lo dijo en la Legislatura pasada; y ya lo mencionó mi gran amigo, el señor Diputado Michelini, de manera que no voy a ahondar en ello. Pero, ciertamente, la lógica de los hechos podía ser la de que estábamos en un sistema irregular, un poco eso que recogió el señor Senador Ortiz al decir: "Yo lamento que la Constitución y la ley no rijan 'in totum' y, en consecuencia, tenemos que votar esto que no queremos. Pero lo vamos a votar igual. ¡Qué vamos a hacer!".

En tercer lugar, la lógica de los hechos puede ser interpretada de otra manera. Se puede decir: como la lógica de los hechos se refiere a una serie de delitos aberrantes, entre los cuales se encuentra la tortura y otra serie de tratos degradantes, entonces, me despojo de toda carga emotiva, de toda carga humana -diría yo-, y pienso como un alma podrida, que le juro que no lo soy, pero pienso como tal, y esa lógica de los hechos me lleva a torturar a este señor porque, si lo hago, me va a dar información y con eso voy a ahorrar vidas de mis soldados y, además, voy a conseguir información a la que de otro modo no podría acceder. Esa puede ser una explicación de la lógica de los hechos.

Ahora, yo digo: las palabras en la ley hay que interpretarlas todas, así lo dicen todos los textos y los tratadistas. Nunca se interpretó demasiado qué quiere decir la expresión "la lógica de los hechos". Entonces, yo puedo decir: "Muy bien, torturaste, pero la lógica de los hechos me lleva a que, en esta concepción, no te castigue". Pero, ¿qué tiene que ver eso con un señor que agarra a una mujer que está embarazada, la hace parir, la hace desaparecer, y al niño o a la niña lo vende o no sé qué hace con él? ¿Qué tiene que ver esto con la lógica de los hechos? ¿Dónde está la lógica de los hechos en esto? ¡Ni siquiera se cumplió la ley de caducidad tal cual ella lo establecía!

Además de todo esto -lo dejo para el final porque, si se quiere, es el remate de lo que estoy diciendo-, no hay ningún artículo de la Constitución uruguaya que diga que la lógica de los hechos es una fuente obligatoria de derecho o que es una fuente de derecho. Eso no existe, no tiene rango constitucional. Por lo tanto, no se puede invocar. Y es muy claro, entonces, que no estamos ante una ley de amnistía, porque la amnistía no reconoce la lógica de los hechos.

Tampoco es una ley de amnistía porque -como ya fue expresado- la Ley Nº 15.737 excluyó expresamente a militares y policías de esa norma. Por lo tanto, fue rechazada la amnistía que muchos proponían. Poco después, el Senado, en una sesión de setiembre de 1986, votó negativamente un proyecto de ley que decía con todas las letras que se concedía la amnistía a militares y policías desde determinado momento -no recuerdo exactamente los años- hasta 1985. Quiere decir que tampoco es una amnistía al establecer cosas como esta.

Además, esto es absolutamente inconstitucional -si bien la amnistía es un instituto establecido en la Constitución- porque el Poder Legislativo del Uruguay no tiene la posibilidad de declarar ninguna caducidad de este tipo en materia penal. ¡No la tiene! Podrá derogar el delito, pero no puede declarar la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Eso no se puede hacer, y esta apreciación ha sido recogida, no solo por toda la doctrina sino, inclusive, por el fallo más reciente de la Suprema Corte de Justicia.

Podemos seguir analizando por qué no es una amnistía, pero creo que estos que he dado son los argumentos más sólidos. Entre otras cosas, porque este no es el procedimiento de la amnistía. El procedimiento de la amnistía indica que, declarada la amnistía, determinados delitos ingresan en ella y quienes están presos por esos delitos salen todos porque hubo amnesia: la sociedad olvida. Eso quiere decir amnistía. Pero acá no hay olvido, esto no es una cosa automática, inmediata sino que, como dice la ley de caducidad en otra inconstitucionalidad manifiesta, lo que hay que hacer es consultar al Poder Ejecutivo.

Entonces, si hay un trámite previsto, no hay amnistía, porque el Poder Ejecutivo, como tal, no tiene nada que ver con la amnistía. El que va a considerar si ese señor está incluido entre los aspectos que las Cámaras tuvieron en cuenta para decretar esa amnistía, va a ser el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo. Y esa es la inconstitucionalidad más grande que tiene esta ley: el hecho de que una acción penal no puede prosperar si el Poder Ejecutivo, sin expresión de causa, dice: "Este señor o esta señora está incluida en la ley de caducidad".

Y la ley de caducidad ni siquiera se respetó en estas cosas. En primer lugar, la ley de caducidad es una ley de interpretación estricta porque lo normal en una sociedad es que se persigue a quien comete un delito. Acá resultó ser que no se aplicó así porque la ley de caducidad dice, en su artículo 1º, que se trata de militares y policías. Por lo tanto, todo aquel que no fuera militar o policía no estaba incluido en la ley; pero los incluyeron igual. Los civiles no iban porque se les aplicaba la ley de amnistía. Ni siquiera respetaron la propia ley. Ni que hablar que cuando se mandó investigar las desapariciones de niños, la investigación se la dieron al INAME, lo cual parece una especie de broma de mal gusto.

Ahora, también se dice que este proyecto de ley, si se sanciona, va a afectar la cosa juzgada.

En primer lugar, la decisión administrativa del Poder Ejecutivo de decir que alguien está incluido en la ley de caducidad no es, de ninguna manera, cosa juzgada; no puede serlo. No lo es porque es una decisión administrativa. Como enseñaba el doctor Tarigo, la esencia de cosa juzgada es inherente a las sentencias y solamente a ellas. Entonces, en el caso de que un Juez haya archivado sin perjuicio, no hay cosa juzgada; definitivamente, no hay cosa juzgada.

Distinto es el caso cuando el Juez da por clausurado todo el proceso. En este caso, debo admitir que la Suprema Corte de Justicia ha dicho que ahí hay cosa juzgada. Pero yo vengo acá a discrepar abiertamente con eso. ¿Por qué? Porque como enseñaron los maestros desde siempre, no puede haber cosa juzgada a partir de una decisión ilícita tomada por un Poder, que es el Poder Ejecutivo, que se mete dentro del Poder Judicial para decirle lo que puede hacer y lo que no. Ese es el argumento. Y voy a decir algo más.

En el año 1927, para que vean que esto no es muy moderno que digamos, el doctor Pedro Díaz escribió un libro que se llama "Cosa Juzgada Penal". Entre las páginas 75 a 77, dice: "Para que haya cosa juzgada en materia penal se exige un verdadero juicio [...]. No es razonable dar por definitivamente resuelta la cuestión que no fue discutida y absolver al que no ha sido acusado".

El doctor Barrios de Angelis, en su libro "Cosa Juzgada y Cosa Juzgada Administrativa", en la página 12, expresa: "La cosa juzgada es un estado particular de la sentencia". Aquí, Barrios de Angelis hablaba de la sentencia en general.

Pero Arlas, en su libro de 1960, "La Cosa Juzgada Penal y su eficacia sobre la materia civil", dice: "Cuando a raíz de la comisión de un hecho con apariencias delictivas, se ejercita una acción penal contra alguien, se promueve una contienda de carácter penal que el Juez debe resolver. Para ello, el Juez debe pronunciarse sobre las cuestiones planteadas en la contienda, determinando si se ha cometido o no el delito imputado; en caso afirmativo, quién y cómo lo ha cometido; cuál es la responsabilidad penal del imputado y, finalmente, qué pena o medida de seguridad debe imponérsele. Según los casos, el Juez resolverá la contienda condenando, absolviendo o sobreseyendo.- En cualquiera de estos casos, el Juez resuelve la contienda o litigio, dictando una decisión sobre el fondo del asunto. Cuando esa decisión adquiere la autoridad de cosa juzgada, produce fundamentalmente dos categorías de efectos: en primer lugar, fija indiscutiblemente las cuestiones planteadas en el litigio o contienda; en segundo término, las fija a perpetuidad".

Este gran profesor que fue Arlas tiene razón en lo que está diciendo: ¿cómo se puede decir que hay cosa juzgada si no hubo proceso, si el proceso abortó porque hubo que ir a preguntarle al Poder Ejecutivo? ¿Dónde está la cosa juzgada? Honestamente, discrepo con los que sostienen otra posición. Y creo que el Parlamento -es lo más importante- tiene derecho a establecer qué entiende por cosa juzgada y qué no, cuando se habla de la interpretación de una ley. Eso es tan importante como lo demás. Yo tengo claro que la cosa juzgada forma parte de los derechos humanos. Lo que no quiero es que se invoque la cosa juzgada en vano, porque así no debe ser.

Se ha hablado -sobre todo a través de los medios de prensa, pero también en la Cámara ha habido intervenciones en tal sentido- sobre el referéndum, y que dicho referéndum debe ser respetado, lo que nadie duda. Yo no dudo que deba ser respetado.

Ahora, voy a poner algunos ejemplos y veremos hasta dónde llega el respeto al referéndum. Si resulta que el referéndum blanquea todo -sin ninguna alusión política-, la Suprema Corte de Justicia no puede hacer el control de constitucionalidad, porque ya está blanqueado. Esa posición no la sostiene nadie. Eso de que el referéndum blanquea la constitucionalidad, no existe.

Supongamos que el señor Hitler hubiera plebiscitado o hecho un referéndum con respecto a las leyes de Nuremberg de la pureza racial, que fueron las que declararon que los judíos, los gitanos y no recuerdo quiénes más, eran todos seres inferiores. ¿Eso qué significaba? ¿Que nadie hubiera podido juzgar a esos criminales nazis que hicieron los campos de concentración? ¿Esa es la respuesta que se da cuando se dice que el referéndum trajo como consecuencia que de esto no se puede hablar más? Me parece que no.

Voy a poner un ejemplo más concreto, más cercano y que lamentablemente puede suceder. Supongamos que los españoles -luego de poblar el mundo de emigrantes, resulta que últimamente España es un lugar sagrado- crean una ley que diga que los gitanos son inferiores o que no pueden habitar ese país. Y luego, hacen un referéndum o un plebiscito, y lo aprueban. Lamentablemente, no estoy tan seguro de que no aprobaran algo de esto. ¿Significa que la comunidad internacional tiene que admitir calladamente que haya un país que, invocando sus fronteras, dice que hay gente que es de distinta categoría a otra? ¿Yo tengo que aceptar eso a esta altura del Siglo XXI? Discúlpeseme, a mí no me gusta citarme ni pido que lo vayan a leer. Pero, por honestidad intelectual, quiero decir que hace diez años hice un trabajo que se llamó "El concepto de soberanía en el Siglo XXI", en el que modestamente trato de plantear estas cosas. Realmente, no estamos en ese concepto de soberanía encerrada en el Estado y nada más.

Voy a poner otro ejemplo más, trayéndolo al Uruguay. Supongamos que en el Uruguay, el Parlamento, por el 90% de los Representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, aprueba una ley que admite la expropiación sin indemnización previa. Entonces, se va a la casa de cualquiera de nosotros y decimos: "Esta casa va a ser expropiada porque al Estado uruguayo le viene bien". Y la persona pregunta: "¿Cuánto me van a pagar?" Y le decimos: "Nada. Acá tenemos que hacer una ruta, así que te vamos a sacar de acá; andate y no te pagamos nada". Y luego hacemos el referéndum y resulta que se aprueba que hay que expropiar sin indemnización. ¿Todos nosotros estaríamos contentísmos con esto? ¿Estaríamos diciendo: "Y bueno, hicieron un referéndum. Pedimos el referéndum, la gente lo aprobó. Así que en el Uruguay ahora..."

SEÑOR CERSÓSIMO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- No, señor Diputado, no se la puedo conceder porque no tengo tiempo suficiente.

Así que como tenemos un referéndum, eso está aprobado y, en consecuencia, vamos a expropiar sin indemnización. Realmente, parecería que esta situación fue blanqueada y ni siquiera se puede plantear una acción de inconstitucionalidad. Quiero creer que si en algún momento a alguien se le ocurre un disparate de esta naturaleza, lo vamos a solucionar.

Entonces, el referéndum o este tipo de procedimientos están en lo que Ferrajoli decía, que las sociedades deben tener claro qué es lo decidible y qué es lo no decidible. Los derechos humanos no son fundamentalmente establecidos para proteger a las mayorías, que se protegen solas, sino para proteger especialmente a las minorías, porque si no sucede como cuando los abogados vamos a una asamblea de un edificio y siempre aparece alguno que dice: "¡Ah, la asamblea es soberana!". Sí, soberana, pero dentro de los límites que la propia asamblea tiene y no puede hacer cualquier cosa.

A su vez, Garzón Valdés habla del "coto privado" y Norberto Bobbio del "territorio inviolable". El artículo 72 de la Constitución no está hecho por gusto y establece: "La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno". ¿Qué significa esto? Como según Valdés Costa el derecho natural ingresó a la Constitución uruguaya a través de ese artículo 72, forma parte de la Constitución y, en consecuencia, hay derechos que son anteriores al Estado, porque el Estado es una creación relativamente reciente en la historia de la humanidad, por ende, anteriores a la Constitución, porque desde que el ser nace -sin importar la etapa histórica en que nació- tiene esos derechos, y a eso nos referimos cuando citamos el artículo 72.

Voy a aportar un detalle más, vinculado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es bueno que toda la población sepa que a Uruguay le están haciendo un juicio, creo que por US$ 800.000, y que lo perderá, por la vigencia de esta ley de caducidad. En este sentido, me remito a lo que dice el doctor Mata, que es nuestro defensor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aclaro que el doctor Mata no pertenece al Frente Amplio; no me siento autorizado para decir a qué partido pertenece. Dice: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció acerca de la valoración respecto de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Se trata de una valoración negativa en el sentido de que dicha ley no se adecuaría o no sería sustentable con lo previsto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y es de presumir que la Corte va a seguir el mismo camino que la Comisión. Es de presumir que Uruguay sea condenado en el sentido de mantener una norma de derecho interno que no es compatible con una norma de derecho internacional [...]". Más adelante agrega: "Si obviamente la voluntad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo fuera la de sancionar y promulgar antes de esa fecha una ley de estas características," -se está refiriendo al proyecto que hoy estamos proponiendo- "naturalmente mejoraría la posición procesal del Estado uruguayo. Hay que tener claro que es presumible que el Estado uruguayo va a ser condenado [...]".

Se ha hablado poco de esto. Nosotros no somos una isla que pueda hacer lo que quiera; eso no existe más. He escuchado -no en esta Cámara; esperaba oírlo, pero por las dudas lo voy a decir ahora- a algunos líderes políticos diciendo: "No importa, si igual lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una recomendación y no es obligatorio". Creo que a este líder lo van a invitar a dar rápidamente una conferencia en Gualeguaychú, porque para qué fuimos al Tribunal de La Haya si después no pasa nada. Entonces, pido por favor que cuando se hagan algunos comentarios se tenga cuidado.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Redondeo, señora Presidenta.

Admito muchas discusiones políticas, pero tengamos un concepto mínimo de qué es el Estado, y de lo que es el Estado uruguayo inmerso en una sociedad donde la globalización no solo significa que heladeras fabricadas en China se están usando en Pocitos, sino que las normas, especialmente las de protección de los derechos humanos, son para todos los ciudadanos del mundo, porque no hay otra ciudadanía que la ciudadanía del mundo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Borsari Brenna.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señora Presidenta: vamos a tratar de aterrizar en la Cámara de Representantes, después de haber sobrevolado por Hitler, por Nuremberg, por las expropiaciones sin indemnización previa, etcétera. ¡Aterricemos el avión en la Cámara de Representantes!

El texto que han propuesto los Diputados del Frente Amplio, sigue siendo tan inconstitucional como el que ingresó a esta Cámara. Además, es algo paradójico. El proyecto que se está tratando, que fue declarado por todos los expertos como inconstitucional, es algo paradójico: se intenta sustituir algo que se dice que es inconstitucional por otra norma inconstitucional, como el proyecto que hoy se va a votar en la Cámara. Señalo esto porque su artículo 1º sigue siendo inconstitucional, pues la interpretación de los textos constitucionales se debe hacer solo cuando los textos no son claros. En el artículo 2º se quiere, por vía oblicua, declarar la inconstitucionalidad, ya que se dice que carecen de valor jurídico alguno y, de esta manera, se está usurpando una competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Luego, el artículo 3º parece de Ripley, ya que consagra la retroactividad de la ley, cuando todos sabemos que el artículo 7º del Código del Proceso Penal vigente prohíbe la retroactividad de este tipo de leyes; pero esto ya fue analizado.

Este proyecto es inconstitucional por donde se lo mire, y en ese sentido han coincidido todos los expertos.

Además, nos preguntamos: ¿por qué el Frente Amplio no vota lisa y llanamente la derogación de la ley? Tuvo todo un período de gobierno y parte de este; entonces, ¿por qué no la derogaron? Si tanto importa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recién se citó, ¿por qué no se derogó esta ley hace seis años?

Lo que tendrán que explicar ahora -por eso hablaba de aterrizar en la Cámara- al pueblo uruguayo es por qué se le pidió la opinión, una y otra vez y, luego de que la diera -una vez en 1989 y otra en 2009-, se la desconoce: "Miren que nosotros somos más inteligentes que ustedes. Vamos al Parlamento a borrar lo que ustedes han decidido. Nosotros los legisladores estamos por encima del dictamen o los dictámenes del pueblo uruguayo, de 1989 y de 2009". Me parece que ahora habrá que explicar al pueblo uruguayo por qué se lo convocó.

Además, advierta, señora Presidenta, que en este frontispicio estamos presididos por una de las frases más célebres de Artigas: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana". Algún pícaro me podrá decir que eso fue dicho por Artigas a los Representantes del Pueblo Oriental, pero el fondo de lo que decía Artigas, la razón, la teleología, la finalidad era que su autoridad emanaba del Pueblo Oriental, y yo digo que la nuestra también emana del Pueblo Oriental, y una vez consultado el Pueblo Oriental, no puede ser desconocido.

Tenemos que defender, cualquiera sea nuestra ideología y cualquiera sean nuestras convicciones, lo que ha resuelto el pueblo uruguayo. Además, así lo han dicho todos los compañeros del Frente Amplio en el pasado, cuando hubo consultas populares. En 1989, la Comisión Nacional Pro Referéndum dijo: "1) De acuerdo con los resultados del plebiscito, la Ley de Caducidad ha sido confirmada. Sin duda, debe acatarse ese pronunciamiento del Cuerpo Electoral".

El General Líber Seregni, dijo: "El Frente Amplio y nosotros, una vez más decimos que como desde el momento que propulsamos el pronunciamiento popular, también esta noche decimos que aceptamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, el veredicto popular". "El tema objeto del Referéndum está terminado en tanto que sigue vigente avalada ahora por el pronunciamiento popular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", afirmó el General Seregni.

El dirigente tupamaro Marenales "Aseguró que el MLN respetará el pronunciamiento soberano del pueblo". Marenales enfatizó que: "[...] no creemos necesario abundar una vez más sobre nuestra posición ya conocida y difundida por todos los medios, en el sentido de que se aceptará obviamente el resultado de las urnas".

Guillermo Álvarez, fallecido Diputado del socialismo, dijo: "De ahora en adelante tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo para ir cicatrizando las heridas que aún quedan y para buscar las mejores formas de convivencia pacífica" y enfatizó que el tema del plebiscito "[..] queda terminado".

Decía un titular de un diario: "Frente Amplio acepta y acata esta decisión ciudadana, aseguró el General Líber Seregni". En el mismo artículo, expresaba: "[...] la mayoría de la ciudadanía del país se inclinó por el mantenimiento de la Ley de Caducidad [...]" y que el Frente Amplio "-como no podía ser de otra manera- acepta y acata esta decisión soberana".

Puedo seguir leyendo durante toda la sesión, señora Presidenta, los dichos y aseveraciones de todos los dirigentes del Frente Amplio en virtud de la consulta popular.

En esta Sala se ha hablado de la impunidad. Bueno, yo no voy a rehuir el tema. Aquí, el Partido Nacional se opuso a la dictadura como el que más, y no vamos a hacer cuentas, ni nada por el estilo. Aquí sufrió todo el pueblo uruguayo; por supuesto que sí. Lo decimos con el mayor respeto por quienes sufrieron más. Muertos hubo de todos los partidos, o de varios de ellos, al igual que perseguidos, torturados y desaparecidos. Nos opusimos, yo mismo me opuse, y quienes estamos aquí sentados, también. Fui preso, y tres veces fue allanado mi domicilio a punta de metralleta. Así que en cuanto al tema de la oposición a la dictadura, tiene que quedar muy claro, por la verdad histórica, que el Partido Nacional se opuso como el que más a la dictadura y concertó con los otros partidos acciones antidictatoriales.

Pero aquí se ha hablado de impunidad. Voy a leer una frase del 4 de diciembre de 1986, del máximo dirigente del MLN, Raúl Sendic. Aquí tengo el texto original, no una copia. "Hay una parte, la referida a la impunidad para los militares, que evidentemente es un problema que surgió en el Pacto o se institucionalizó en él [...]". Está hablando del Pacto del Club Naval. Y es verdad. No voy a cometer el agravio de decir -porque no lo sé, porque no estuve ahí- que la impunidad surgió de un texto expreso, pero lo que sí puedo afirmar y decir aquí es que la impunidad surgió y fue consecuencia del Pacto del Club Naval. Además, así lo dice Raúl Sendic. Por acción o por omisión, la impunidad fue consecuencia del Pacto del Club Naval.

Tan clara fue, señora Presidenta, dicha consecuencia -querida o no-, que en los veintidós meses posteriores a la asunción del doctor Sanguinetti como Presidente nadie, ni un militar, fue citado. Dos años después, ningún militar fue citado, tan siquiera a declarar, cuando nuestro país pasó de la dictadura a la democracia.

Además, Ministros de la época admitieron que el tema de las violaciones a los derechos humanos estuvo subyacente o sobrevolando. Con esto quiero decir que ahora nadie puede venir a hablar angelicalmente de la Ley Nº 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado ni a sacar la pata del lazo. ¡No! Todos los partidos intervinieron. Y si bien mi Partido no intervino en el Pacto del Club Naval -no intervino-, luego votó la ley de caducidad, sí, porque había un estado de emergencia.

Tengo también palabras del General Medina, porque hay que situarse en aquella época, cuando en los corrillos se nos pedía "¡Por favor, arreglen esto!". Y lo decían al más alto nivel: "¡Por favor, arreglen esto que nosotros no podemos!"

Se ha hablado del doctor Gonzalo Aguirre. Pero cuando se lee no hay que ser hemipléjico, leyendo con el ojo izquierdo y cerrando el otro. ¡No! Cuando se trató la ley de caducidad, Gonzalo Aguirre dijo -como decimos todos- que era una ley que no nos gustaba ¡Por supuesto que no! Y dijo también, entre otras cosas, invocando al doctor Quijano: "'Nosotros" -decía- "estamos lejos del país y no tenemos la responsabilidad de resolver estos hechos. Y debemos, por ello, recordar la enseñanza de Max Weber y distinguir entre la ética común y la ética de la responsabilidad". El doctor Quijano decía: "La ética de la responsabilidad debe ser la ética de los políticos o, por lo menos, la de los mejores de ellos". Es por eso que el doctor Aguirre votó esta ley, sabiendo que era una solución, no la perfecta, no la mejor, ni tan siquiera la buena, sino la necesaria en ese momento del país.

Se ha hablado de impunidad. Tanto no es de impunidad esta ley, que el doctor Tabaré Vázquez fue quien más la aplicó e hizo un uso correcto de la misma. Nosotros no podemos decir lo mismo, porque durante el Gobierno del doctor Lacalle no fue deducida tan siquiera una acción de derechos humanos. Pero el doctor Vázquez la aplicó con continuidad, y están presos varios ciudadanos civiles y militares por la utilización de la ley de caducidad. Por lo tanto, la impunidad nació allá, donde se pactó entre tres partidos políticos y los militares determinada situación. Nosotros nos hacemos cargo de la ley de caducidad porque también tenemos nuestras responsabilidades y las teníamos entonces para con el país.

Se ha hablado mucho del derecho internacional -parecería que estamos en las Naciones Unidas-, pero nada se ha dicho del derecho interno. Yo me pregunto: ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos? ¿No se sabe que siempre hay una tensión entre el derecho internacional y el derecho interno?

(Suena timbre indicador de tiempo)

——Si me permite unos minutos más, voy a ir redondeando.

Esa tensión que hay no es una abstracción. Los artículos 4º y 82 de nuestra Constitución establecen dónde radica el poder de nuestra nación, de nuestro pueblo y, una vez deducido el referéndum, ese es el camino de la democracia directa y lo que el derecho interno consagra como autodeterminación de los pueblos.

Yo creo que, en noviembre, cuando se vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno debe deducir -se lo he dicho al Canciller en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración- que aquí hubo dos pronunciamientos populares según los cuales esta ley ha quedado firme. El país tendrá que asumirlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre, porque si no, estará faltando a su deber. La Cancillería tiene que hacerlo; de lo contrario, estará faltando a su deber.

El derecho de la libre determinación de los pueblos o de la autodeterminación es el de un pueblo a decidir sus propias formas de Gobierno, a estructurarse libremente, sin injerencias externas. Así como los tratados están reconocidos en el derecho internacional, la libre determinación está recogida en los documentos internacionales más importantes, como la Carta de las Naciones Unidas…

Por estas razones es que no vamos a votar el proyecto de ley propuesto por el Frente Amplio.

¡Ha llegado la hora de respetar la voz del pueblo uruguayo!

(Suena timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado el tiempo de que disponía, señor Diputado.

12.-      Asuntos entrados fuera de hora.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Tourné y por los señores Diputados Pedreira y de Toro.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"Los señores Representantes Gonzalo de Toro, Jorge Pozzi y Guzmán Pedreira presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre embargos y arrestos de buques de bandera nacional o extranjera. C/440/010

-     A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Presidencia de la Asamblea General remite el Mensaje del Poder Ejecutivo, por el que se modifica la fecha de salida del territorio nacional del ROU "Uruguay", una aeronave y sus tripulaciones para participar en la Operación "Atlasur VIII", entre el 26 de octubre y el 12 de noviembre de 2010. C/412/010

-      A sus antecedentes".

13.-    Proyectos presentados.

Rep. Nº 403

"EMBARGOS Y ARRESTOS DE BUQUES DE BANDERA NACIONAL O EXTRANJERA. (Normas).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El embargo o arresto (prohibición de salir de las aguas de la República y de sus puertos) de buques de bandera nacional puede ser decretado de acuerdo a las normas de la presente ley:

A) Por créditos marítimos privilegiados.

B) Por créditos comunes pero derivados de su explotación o de la navegación del buque.

Los embargos preventivos por créditos comunes ajenos al buque, a su explotación o la navegación, deberán reunir para su procedencia, los requisitos exigidos por la ley común.

Artículo 2º.- El embargo o arresto (prohibición de salir de las aguas de la República y de sus puertos) de un buque de bandera extranjera procederá:

A) Por créditos marítimos privilegiados.

B) Por deudas contraídas en territorio nacional en utilidad del mismo buque o de sus cargas, o a pagar en la República, o que sean exigibles ante los tribunales del país.

C) Por reclamos originados en responsabilidad extracontractual derivada de la actividad del buque.

D) Por deudas de las indicadas en los literales A, B y C precedentes que hayan sido contraídas por otro buque que pertenezca o haya pertenecido, cuando se originó el crédito, al mismo propietario o armador.

Artículo 3º.- El embargo de buques de bandera nacional implicará la inoponibilidad de su enajenación al embargante desde la fecha en que el mismo se inscriba en el Registro de Naves a cargo de la Escribanía de Marina. Obstará asimismo a que se otorgue el cese de bandera. El embargo cautelar no determinará el arresto, ni el desapoderamiento y secuestro de la nave u otras medidas similares que impidan la explotación del buque, en tanto el tribunal no las decrete en forma expresa.

El embargo de buques de bandera extranjera implicará siempre el arresto, salvo expresa autorización del tribunal.

Artículo 4º.- El peticionante de la medida deberá justificar sumariamente la apariencia de un buen derecho, en los términos establecidos por el artículo 312 del Código General de Proceso.

No será necesario justificar el peligro de lesión o frustración del derecho, el cual se presumirá evidente por el solo hecho de estar destinado el buque, a la navegación.

No obstante, en el caso que se soliciten medidas cautelares contra buques de bandera nacional que excedieran el mero embargo registrable y que incluyeran el arresto, el secuestro u otras similares, el peticionante deberá justificar en forma estricta el peligro de lesión o frustración del derecho en el que funda su solicitud.

Artículo 5º.- La contracautela se regirá por las reglas generales, y su monto se calculará en función del que resultare menor de los siguientes dos parámetros:

A) La suma reclamada más un veinte por ciento.

B) Un estimativo del costo de estadía del buque en puerto durante un máximo de diez días más el veinte por ciento. Esto último deberá ser acreditado por el peticionante, mediante certificado de un perito naval inscripto en el Registro de Peritos Navales a cargo de la Prefectura Nacional Naval.

El embargo o arresto cesará si cualquier interesado diere fianza bastante para el pago de la deuda reclamada e ilíquidos.

Se considerará fianza idónea tanto para el embargo o arresto, como para su levantamiento, la otorgada por una compañía de seguros autorizada a operar en el país o por un Club de Protección e Indemnización (P&I Club), sin perjuicio de otras garantías que sean acordadas por las partes y comunicadas en conjunto al Juzgado competente.

La fianza otorgada por un Club de Protección e Indemnización, deberá contener una admisión expresa de la jurisdicción de los tribunales nacionales para la ejecución de la misma y constitución de domicilio en el país por parte del otorgante.

La Suprema Corte de Justicia informará periódicamente a los tribunales:

A) La lista de Compañías de Seguros autorizadas a operar en el país, elaborada según información que requerirá al Banco Central del Uruguay por medio de la Superintendencia respectiva.

B) La lista de Clubes de Protección e Indemnización existentes en el mundo y de reconocida solvencia, la cual se elaborará previa consulta del Centro de Navegación y la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo.

Artículo 6º.- Tanto la medida cautelar a trabarse como el levantamiento de la misma se proveerán y cumplirán en forma urgente, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de presentada la solicitud, debiendo comunicarse en forma inmediata a la autoridad marítima (Prefectura Nacional Naval o Prefectura del puerto respectivo). Ambas medidas se comunicarán también por oficio a la Administración Nacional de Puertos.

Artículo 7º.- Cualquiera sea la jurisdicción internacionalmente competente para conocer en el litigio de fondo, los tribunales de la República podrán ordenar y ejecutar a solicitud fundada de parte, todas las medidas cautelares, conservatorias o de urgencia cuya finalidad sea garantir el resultado de un litigio pendiente o eventual, respecto a buques que se encuentren en aguas jurisdiccionales uruguayas.

Artículo 8º.- Las normas sobre materia cautelar de los artículos 530 a 536 del Código General del Proceso, serán aplicables en lo pertinente a las medidas cautelares sobre buques.

Artículo 9º.- En todos los casos en que un buque haya sido objeto de una medida cautelar y arrestado en un puerto de la República, los tribunales nacionales tendrán competencia acumulativa para entender en el juicio de fondo, cualquiera fuera la jurisdicción internacionalmente competente en el caso de acuerdo a las reglas generales.

No obstante ello, el demandado podrá solicitar que la acción se traslade a alguno de los tribunales competentes, de conformidad con las normas que determinen la jurisdicción en el caso de fondo. El Tribunal deberá acceder a ello siempre que la petición reúna los siguientes requisitos:

A) Al formular esta petición el demandado deberá prestar fianza bastante para responder de las sumas que pudieran resultar de una sentencia dictada por el nuevo tribunal al que se remite el caso.

B) Si hubiera varios tribunales competentes en forma acumulativa o alternativa en el caso de fondo, la opción respecto a cuál de ellos se trasladará el juicio será del actor.

C) La solicitud del demandado deberá plantearse dentro del plazo para contestar la demanda y suspenderá dicho plazo hasta tanto se resuelva en definitiva.

Montevideo, 20 de octubre de 2010.

GONZALO DE TORO, Representante por Montevideo, JORGE POZZI, Representante por Montevideo, GUZMÁN PEDREIRA, Representante por Flores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene el cometido de solucionar el problema que existe actualmente, cuando se entabla una demanda legal de cualquier tipo contra un buque y el Juez no tiene más alternativa que decretar el embargo con prohibición de zarpe del mismo, para asegurar el posible cobro de los créditos de los demandantes.

En el caso de demandas que se puedan entablar contra empresas o fábricas que se encuentran instaladas en el país, por créditos de cualquier tipo impagos, el Juez puede decretar el embargo con todos los efectos que el mismo tiene, pero ello no implica que la unidad productiva deje de producir, ni que los trabajadores de la misma dejen de trabajar.

Con los buques no sucede lo mismo: cuando se embarga y se prohíbe zarpar a un barco se genera un perjuicio mucho mayor, ya que la unidad queda detenida y al embargo se le suma la imposibilidad de producir.

Por otra parte debe velarse por los derechos de los demandantes.

Siguiendo con el ejemplo anterior, cuando se embarga una fábrica, la misma puede seguir produciendo, pero es claro que la misma no puede irse, lo cual da garantías al demandante. Los buques en cambio, pueden de no mediar la prohibición de zarpar, salir a navegar, con lo cual puede darse en muchos casos que el demandante quede con la razón, pero sin poder hacerla efectiva.

Esta situación es la que este proyecto busca resolver, fijando normas claras que den seguridad jurídica sobre los temas de embargos y arrestos de buques.

El proyecto resuelve también los problemas que se plantean en la práctica con las fianzas y contracautelas que se necesitan para trabar o levantar embargos.

La práctica que en el mundo se sigue en esta materia en el derecho marítimo, es que las fianzas necesarias para levantar un embargo, se otorguen por los llamados Clubes de Protección e Indemnización (P&I Club) o por compañías de seguros registradas y autorizadas a funcionar en el país.

El texto propuesto prevé la existencia de los Clubes P&I y obliga a admitir su garantía a efectos de la fianza y contracautela. Se prevé también un procedimiento por el cual la Suprema Corte se informará y facilitará a los tribunales una lista de los Clubes de P&I de reconocida solvencia y seriedad.

El proyecto obliga a aceptar esta garantía de pago como fianza válida pero al mismo tiempo, a fin de garantizar a los acreedores, se obliga a los P&I Clubs a constituir domicilio en nuestro país y aceptar la jurisdicción nacional al momento de otorgar la fianza.

Por otra parte todo lo que refiere al embargo de un buque es de trámite urgente en forma extrema.

Cuando se pide un embargo, el mismo debe trabarse de inmediato.

Los buques están en puerto pocas horas y cualquier demora puede hacer ineficaz la medida.

Lo mismo sucede cuando se tramita el levantamiento. Un buque arrestado en puerto genera gastos por miles de dólares diarios, sin contar con los posibles perjuicios a terceros. La demora en puerto puede causar costos tan enormes que hacen que la deuda supere el valor del navío y el mismo termine abandonado.

El proyecto prevé que cuando se pide el levantamiento de la medida, ésta debe proveerse con la mayor diligencia y cumplirse dentro de las 24 horas de decretado.

Por estas razones es que proponemos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

Montevideo, 20 de octubre de 2010.

GONZALO DE TORO, Representante por Montevideo, JORGE POZZI, Representante por Montevideo, GUZMÁN PEDREIRA, Representante por Flores".

14.-    Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.548, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República).

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Cantero Piali.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Señora Presidenta: a quienes interpretamos el pasado mirando los errores propios y ajenos para aprender y no repetirlos, nos gusta mirar más hacia delante, mirar el porvenir.

No desconozco que este tema está cargado de sensibilidad. Y como no lo desconozco, me referiré a este desde dos aspectos: el jurídico y el político.

Sobre el aspecto jurídico, debemos decir que en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración recibimos las opiniones de destacados juristas, especializados en la materia, que coincidieron en señalar graves errores en el proyecto a estudio; artículo por artículo, y en recientes apariciones en la prensa, ratificaron sus manifestaciones, que no han sido levantadas por las leves modificaciones introducidas luego de su comparecencia. Después, cuando discutamos el articulado, nos vamos a detener en algunas de ellas.

Veamos algunos aspectos políticos que tienen, por supuesto, su fundamentación jurídica, que nos llevan a una posición contraria al proyecto presentado por el oficialismo.

Recordaba en el ámbito de la Comisión que hace unos días nos enteramos por la prensa que el doctor Korzeniak sostenía que una norma como la que nos ocupa -que ha tenido un doble pronunciamiento de la ciudadanía: en el referéndum de 1989 y en el plebiscito de 2009- no podía ser interpretada ni modificada, en este caso, por el Poder Legislativo que, en realidad, es representativo de la ciudadanía, pero no es el soberano directo.

Voy a leer una pregunta que le hacían al doctor Korzeniak en una entrevista: "¿Usted aconseja no legislar?" Y contesta: "Yo comprendo que a Uruguay lo dejaría mejor que esa ley no existiera. Supongo que por eso hay algunos compañeros que quieren impulsar su eliminación. Aunque en la práctica, como le digo, se puede recurrir a la Corte. A mí me alegraría que esa ley no existiera. Y quisiera que se lograra el mayor consenso".

Este deseo del ex Senador Korzeniak, constitucionalista del Partido Socialista, Frente Amplio, es compartido por quien habla. Lamentablemente, no va a ser posible por la decisión de su propio partido en el día de hoy.

En este mismo punto, el doctor Luzardo, catedrático de la UDELAR, quien nos visitó en la Comisión, dijo: "Hoy en día la doctrina, trabajando sobre la parte final del artículo 9º de la Constitución española, que habla de la proscripción de la arbitrariedad de los Poderes públicos, sobre todo un autor, Tomás Fernández, analiza el tema de la arbitrariedad de la Administración y del legislador". Más adelante, expresó: "Obviamente, si lo miramos desde un punto de vista político sociológico, el cuerpo electoral ya ha emitido su opinión dos veces. Y, por lo que decía de la arbitrariedad del legislador, que se funda en el artículo 9º de la Constitución española que tuvo una elaboración muy importante desde el punto de vista doctrinal sobre todo en España, el legislador tiene la obligación -según esta teoría- de tomar en cuenta eso". Y continúa manifestando: "El mito del legislador soberano, hace más de cien años que se terminó y, cada vez más el legislador debe tener en cuenta la voluntad del cuerpo electoral". Ahí hay un elemento ya laudado, según Luzardo, hace cien años: el legislador soberano.

Justino Jiménez de Aréchaga, en el Tomo IV de "La Constitución Nacional" -disponible en la biblioteca de esta Casa- analizando la jerarquización de las normas, decía: "Todas las autoridades constituidas están sometidas a una triple limitación: de competencia, de forma y de fin. El Parlamento no es soberano".

Volviendo a los expertos que amablemente nos visitaron en la Comisión, la doctora Carmen Asiaín, de la Universidad de Montevideo manifestó: "Respecto a la historia jurídica de la Ley de Caducidad, es más que sabido que fue objeto de pronunciamiento popular en dos oportunidades, con un cuerpo electoral con distinta integración". [...] "Voy a hacer una mención constitucional a este tema. La Constitución no establece un valor mayor a las llamadas leyes populares; las leyes populares no tienen un rango superior a las leyes comunes en nuestro Derecho. Sin embargo, cabe analizar el valor que nuestro constituyente le asignó al ejercicio directo de la democracia por parte del soberano, que es la nación; cabe analizar el fin, la teleología de toda la Constitución.- En ese sentido, nuestra Constitución ha radicado la soberanía en la nación". Y allí cita el artículo 4º de la Constitución, que ya ha sido mencionado aquí. Asimismo, fundamentó sus argumentos en el artículo 82 de nuestra Constitución, que ya fue leído por varios legisladores.

Más adelante, continúa la experta: "[...] es decir, no expresado de cualquier manera, sino conforme a las reglas expresadas en la misma. Además, sobre todo el artículo 4º es considerado en el artículo 80 como dentro de las bases fundamentales de la nacionalidad.- Entonces, queda claro que el constituyente -que en el caso de Uruguay es el cuerpo electoral, la nación- se pronuncia a través de su órgano, el cuerpo electoral, y ha dado una preeminencia al ejercicio directo de la soberanía".

También hemos tenido la inquietud de preguntarnos qué piensa el señor Presidente de la República respecto a este proyecto, es decir, cuál es su posición.

Hace apenas un año, decía José Mujica en el libro "Pepe Coloquios": "¿Sabés lo que dije yo cuando firmé?" Acá está hablando de la campaña por la papeleta rosada. "Porque si sale el plebiscito va a haber una trancadera, y sobre esto no te dicen nada. Eso no hay por qué ocultarlo, porque es un documento público y lo hice previendo; después no me dieron bola. No importa, no pretendía que me dieran bola, porque ahora el tema se va a resolver, se va discutir.- Yo nunca he querido discutir ese tema públicamente porque, como fui parte del conflicto, me parece que hago mal al meterme como primer actor, como Michelini. No puedo, porque estoy enchastrando todo. ¿Entendés?". Nos preguntamos: ¿Pensará hoy el Presidente que al aprobarse esta ley habrá una trancadera, como creía que iba a haber si el plebiscito era positivo?

Continúa el entonces candidato Mujica en el citado libro: "Hay gente que no tiene otro objetivo. La gente del PVP se pasa en eso, pero ojo, no es un tema de masa. La gente lo siente pero no es de actualidad. La gente vive condicionada por los problemas que la muerden.- La gente tiene bastante sentido común, esto ya está. Porque te digo una cosa, agarrar un tipo de setenta u ochenta años para llevarlo en cana, como figura, es jodido. [...] Al estar las firmas, va a consideración de carácter electoral; yo no me voy a dedicar a eso, pero va a ser inevitable que gente de mi alrededor se dedique. ¿Qué querés que haga? No le voy a decir: 'Dejate de joder'". Así termina la cita. ¿Qué hace y qué les dice a los de su alrededor el hoy Presidente Mujica? Al parecer, para él iba a ser laudatorio el mandato ciudadano. Entonces, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración consultó expresamente sobre este tema al Vicecanciller Conde, quien nos respondió: "El Presidente de la República, como corresponde, ha ilustrado a la Cancillería acerca de cuál es su voluntad y su posición en este tema. Por lo tanto, cuando la Cancillería, que es parte del Poder Ejecutivo, y el señor Ministro, que está bajo las órdenes directas del Presidente de la República, adoptan esta posición, lo hacen, naturalmente, en concordancia con la voluntad del señor Presidente de la República".

¿A quién le creemos? ¿Al Vicecanciller Conde o al Vicepresidente Danilo Astori? Este último dijo, según declaraciones publicadas por el diario "La República" el 24 de setiembre de este año: "[...] los plebiscitos son 'un elemento que no se puede ignorar. Y me parece que, al elaborar la propuesta, debe ser tenida en cuenta esa influencia. Que no es (preocupación) solo mía: muchos compañeros, y en particular, el compañero Presidente de la República sienten ese peso también'".

Entonces, ¿cuál es la posición del Presidente? Yo creo que el Presidente de la República no tiene por qué expresarse públicamente sobre el tema si no lo desea. Pero que se tenga presente que habrá un acto que el Presidente debe llevar adelante si este proyecto se sanciona en el Parlamento. En ese acto el Presidente no va a poder evadirse. Ese acto es el de estampar su firma, y el señor Presidente lo puede hacer en dos sentidos: puede poner su firma para promulgar esta iniciativa o la puede poner para vetarla, y allí nos enteraremos cuál es la opinión real del señor Presidente Mujica y sabremos si tuvo razón el señor Conde o si la tuvo el señor Astori. Si el señor Presidente promulga esta iniciativa, vamos a entender que es la voluntad presidencial y, por tanto, que está yendo contra lo que dijo que no iba a ir.

Vamos a votar en contra de esta propuesta por varias razones y adelantamos que pediremos que la votación sea nominal. Lo hacemos porque se borra, con una mayoría simple y circunstancial, el mandato popular del mismo pueblo que eligió este Parlamento y al Presidente de la República hace menos de un año; votamos en contra porque este proyecto tampoco garantiza que las personas acusadas sean sometidas a la Justicia, porque seguramente interpondrán acciones de inconstitucionalidad en las que fácilmente resultarán gananciosas. Es como burlarse de la justicia internacional al aprobar una ley por la que tampoco se podrá condenar a nadie, por ser inconstitucional.

Los organismos internacionales no pueden, y creo que no es su intención, condenar a Uruguay a seguir conductas como la que establece el proyecto de ley que se pretende aprobar, que también son violatorias de los derechos humanos. ¿Qué mejor señal de maduración política de nuestra democracia que la nacida cuando quienes constituyeron un movimiento político en armas, tal cual lo define Julio Marenales, por la vía democrática, por el voto soberano, hayan llegado a los principales cargos de la República? Ese capital, señora Presidenta, se echa por la borda si el Parlamento, con esta mayoría simple y circunstancial, vota el proyecto que nos convoca.

Yo nací en 1978, en plena dictadura. Siento que soy parte de una generación que no desea vivir esa época. Para ello, nuestro compromiso diario es el de fortalecer a los partidos políticos y a la democracia. Esa fortaleza se basa en el voto popular; sin él, todo carece de legitimidad. Me siento parte de una generación que quiere mirar hacia delante, que no niega lo que pasó, que lamenta lo que pasó, pero que quiere resolver los problemas del hoy. No tenemos los ojos en la nuca.

Reconozco el derecho que tienen las personas de saber qué pasó con sus seres queridos, pero ese derecho pueden ejercerlo hoy a través de la propia ley de caducidad, que aunque sea una ley que no nos guste debemos reconocer que no ha sido obstáculo para investigar y procesar a supuestos responsables de hechos totalmente repudiables.

En el fondo de la norma proyectada está la legitimidad de un sistema que nos diferencia. Parece que al oficialismo no le importa, no mide consecuencias, y nos va a encaminar hacia una situación delicada.

Votamos en contra porque no se puede usar al pueblo. El Frente Amplio habla de profundizar la democracia, de ensancharla, de la participación de la gente. ¿De qué participación hablamos? De la que se alinea con el pensamiento hegemónico del partido. Si hay participación, si hay mecanismos de democracia directa que decidan algo distinto a lo que el pensamiento central opina, allí se acabó la participación y se borra, con mayoría simple y circunstancial, lo que decidió el soberano. Le están diciendo al pueblo: "Vote, vaya, vote, que después con nuestras mayorías simples y circunstanciales hacemos lo que queremos, contrariando lo que ustedes voten, si no nos gusta".

Señora Presidenta: por todas estas razones votaremos en contra de este proyecto de ley. Esperamos reflexión. Y si se aprueba hoy, como está previsto, apelamos a la reflexión del Senado. Si allí también se aprueba, la última palabra la tendrá el Presidente de la República.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: aclaro que no voy a dar interrupciones en esta primera media hora y que no contestaré el conjunto de alusiones que se hicieron a miembros de nuestra fuerza política, ni me voy a hacer el pícaro respecto a enunciaciones que pueda haber hecho. Pido disculpas por no conceder interrupciones, y voy a pasar a hacer algunas consideraciones previas.

Soy miembro de esta fuerza política, del Frente Amplio, y estuve en contra del Pacto del Club Naval. No estuve en contra del Pacto del Club Naval porque allí se hubiera acordado la impunidad; estuve en contra del Pacto del Club Naval porque creí, y sigo creyendo, que la acumulación de fuerzas que se había realizado en el movimiento popular a través de años de manifestación podía determinar otro tipo de salida que la acordada. Yo no quería admitir una salida con restricciones; no quería que a Wilson Ferreira Aldunate ni que al General Seregni se les prohibiera ser candidatos en la elección de 1984. Reitero: no estuve en contra del Pacto del Club Naval porque allí se hubiera acordado nada. Me sumé a aceptar la decisión mayoritaria de mi fuerza política y de ese enorme liderazgo que significó el General Líber Seregni y avanzamos por el camino que la mayoría de nuestra fuerza política determinó en esa oportunidad. Esto es lo único que voy a decir respecto al acápite de la ley de caducidad.

Quiero hablar de los problemas políticos y dar mi interpretación -la de un frenteamplista desde los 16 años, que ha recorrido la historia del país en el Frente Amplio- de los problemas políticos que pueden estar planteados acá. El resultado del pronunciamiento de 1989 fue que el 57% de quienes participaron votaron por no derogar la ley de caducidad, y el 43% por sí derogarla. La opción de reformar la Constitución en el pronunciamiento de 2009 no alcanzó el 50% más uno de los votos emitidos para la pretendida anulación de la ley de caducidad. El resultado fue por "Sí" de 47,98% del total de los votos emitidos. No existía papeleta por "No". No existía papeleta por el "No", y esto fue así porque no dejó de ser una maniobra de la mayoría de la Corte, que cuando no quería que se sumara la expresión de los votos por "No" y en blanco obligó a que hubiera una única papeleta. Espero que este Cuerpo, que necesita mayoría para legislar en materia electoral, corrija lo que para mí fue una limitante de la expresión de la voluntad popular en los referéndum.

Así que mal podemos interpretar otra cosa que lo que dije: que no alcanzó el 50% más uno de los votos emitidos para habilitar la reforma. Cualquier otra interpretación sería hacerle decir al 52,02% que no introdujo la papeleta por el "Sí" lo que no podemos aseverar. Tan incorrecto es decir que el total de ese 52,02% votó por no anular como que votó en blanco reflejando que se desinteresó por el tema y trató de expresar que dejaba que otros definieran por él. De ahí que, en realidad, lo único que podemos decir es que no se llegó al total exigido para que tuviera valor y pronunciamiento, por ende, la anulación de la ley que estaba planteada.

Mi fuerza política no impulsó después de 1989 la derogación de la ley de caducidad, no solo por entender que no tenía la fuerza parlamentaria para hacerlo -que no la tenía- sino en consonancia con lo resuelto por la ciudadanía. No estuvo omisa -porque he escuchado cualquier cosa en estos días- previamente a la elección de 2004 con respecto a qué iba a hacer con la ley de caducidad. Lo discutió en su Congreso y dos figuras, grandes polemistas de la izquierda de este país, el compañero fallecido Hugo Cores y el compañero Eleuterio Fernández Huidobro, dieron ese debate. El Congreso resolvió que no iba a propiciar la derogación de la ley y que la iba a aplicar de acuerdo con la interpretación que le correspondía hacer, en tanto, obligado a cumplir las leyes, nadie discute que primero hay que interpretar para luego ejecutar, y lo hizo de manera armónica a cómo se debería haber realizado históricamente si hubiera existido voluntad efectiva de dar satisfacción a las demandas que víctimas y familiares realizaron en un marco de Estado de derecho. Primero había que investigar qué había sucedido; luego identificar a los eventuales culpables, y finalmente si la responsabilidad correspondía a civiles o a militares y policías ver si quedaban amparados en lo dispuesto por una ley que aunque considerara inconstitucional debía aplicar, salvo opinión contraria de la Suprema Corte de Justicia.

No firmé para habilitar la reforma constitucional planteada en 2009 por entender que no correspondía anular una ley mediante una reforma constitucional. Voté la papeleta por "Sí" para que no se pudiera interpretar lo que hoy se quiere con respecto a su legitimidad. Yo estuve solo en el cuarto secreto, por lo que eso no lo puedo probar ni a confesión de parte; pero hice campaña para que la gente acompañara la papeleta del "Sí" con los mismos fundamentos que expuse ante los Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas que me despidieron cuando abandoné el Ministerio de Defensa Nacional para dedicarme a la campaña electoral. Nobleza obligaba a que se enteraran por mí de lo que iba a hacer y no por los medios de comunicación. En todas las instancias dije que lo hacía con tres fundamentos; en primer lugar, para devolver al ordenamiento jurídico que rige nuestra vida en sociedad un marco de derecho positivo que no pudiera recibir tacha alguna -ni internamente ni desde el exterior- en lo que corresponde a una sociedad democrática. En segundo término, porque quiero una sociedad en la que cualquiera de sus miembros, si entiende que quiere reclamar justicia frente a un agravio o daño que se le haya inferido, pueda presentarse ante los Tribunales con todas las garantías. Bastaría que una sola persona, un solo compatriota o un solo habitante de este país quisiera hacerlo para que debamos garantizar su derecho. Por último, lo hice para quitar la mochila que pesa sobre las Fuerzas Armadas y sus actuales integrantes, en el sentido de que pueden ser vistos como un segmento de la sociedad que cuenta con alguna prebenda o beneficio distinto al del resto de sus compatriotas.

El presente proyecto no deroga ni anula la ley de caducidad. Hace nacer un nuevo marco legal que, interpretando la Constitución, expresa con claridad derechos que son parte integrante del "jus naturalismo" que la ha inspirado y que precede a su propia existencia. En ese sentido, realiza un pronunciamiento que determina que hay artículos de otra ley -la Ley Nº 15.848- que violan preceptos constitucionales y que, por ende, ella tiene ilegitimidad manifiesta y carece de efectos jurídicos. De ser aprobada, esta norma llevará a los Jueces que deban interpretarla para aplicarla en causas que se les presente, a determinar si comparten o no su texto. Si no lo comparten, deberán elevar el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para que en esa causa no se aplique.

En todo caso, aunque el proyecto fuera manifiestamente inconstitucional en todo sentido, estamos devolviendo al fuero jurisdiccional lo que nunca debería haber salido de él, con la diferencia de que ahora ubicamos en igualdad de condiciones a las partes en litis. O sea que deberán interponer recurso de inconstitucionalidad tanto la defensa como la parte acusadora, tanto las víctimas o sus familiares como los sindicados como eventuales victimarios. Quiere decir que estamos reintegrando al marco jurisdiccional la quintaesencia de su razón de ser.

El resto del contenido de la ley está en armonía con las valoraciones que emanan de los artículos 1º y 2º, que discutiremos en su momento.

Voy a hacer referencia a los llamados problemas jurídicos constitucionales. No existe ninguna limitación constitucional a las atribuciones asignadas a la Asamblea General para legislar sobre los temas que hayan sido puestos a su consideración. Ninguna.

En este sentido, voy a citar al doctor Ruben Correa Freitas -que ya fue mencionado-, que dice: "La Constitución uruguaya no prevé un sistema de jerarquía entre los distintos tipos de leyes, como lo encontramos en el Derecho Comparado con las leyes orgánicas, las leyes marco, las leyes de bases, sino que la diferencia que consagra la Constitución de la República tiene que ver con el procedimiento de sanción de las leyes [...]".

Continúa diciendo el doctor Correa Freitas: "A mi juicio el pronunciamiento de la ciudadanía sólo tiene efecto confirmar o ratificar el acto legislativo impugnado por el recurso de referéndum, por lo que el Parlamento legítimamente puede en el futuro modificar o incluso derogar la ley que ha sido ratificada por la ciudadanía en un recurso de referéndum. La ratificación de la ciudadanía no le da mayor valor y fuerza de ley, porque la Constitución no prevé un efecto especial [...]".

No quiero abundar en citas, pero esta me parecía importante desde el punto de vista de los contenidos constitucionales.

Saben que no vengo del área del derecho y que durante mucho tiempo he discutido acá los temas constitucionales. Hoy pedí al miembro informante en minoría, señor Diputado Cersósimo que me ubicara bien las citas; lo que pasa es que él lee de un tomo más veterano que el que tengo yo, no sé si será por un problema de edad.

En las páginas 47 a 49 del tomo II de "La Constitución Nacional", editado por el Senado, el doctor Justino Jiménez de Aréchaga -a quien todos los juristas reconocen como un maestro- analiza lo relativo al ejercicio de la soberanía. Expresa: "Ejercicio de la soberanía.- Pero, además, la Comisión entendía que el sistema de gobierno proyectado en 1934 se apartaba del régimen representativo, porque se incrustaban en la Constitución ciertos institutos como el referéndum y la iniciativa.- Hasta aquí lo que la Constituyente quiso y dijo.- Vamos a ver ahora lo que hizo.- ¿Abandonó realmente nuestro sistema constitucional, en 1934, el régimen representativo? Esto nos obliga a volver sobre lo que expusimos al estudiar el Art. 4º, en cuyo estudio aludimos ya a este Art. 72" -hoy artículo 82- "Debemos comenzar por recordar que la Constitución del 34 no confunde la Nación con el Cuerpo electoral. Obsérvese el propio Art. 72: la Nación adopta para su gobierno la forma tal; su soberanía, la soberanía de la Nación, será ejercida por el Cuerpo electoral. Vale decir que los entes 'Nación' y 'Cuerpo electoral' aparecen perfectamente diferenciados: Nación es raíz del poder, sede de la soberanía; Cuerpo electoral es simple mecanismo para el ejercicio de cierto modo particular de la soberanía, en casos determinados por la Constitución.- Por lo demás, que el Cuerpo electoral no es el soberano, sino que lo es la Nación, resulta por texto expreso del Art. 4º antes citado.- Solamente se encomendó al Cuerpo electoral la realización de ciertos actos de soberanía, pero en representación del soberano. El Cuerpo electoral actúa en esos casos con todas las limitaciones con que actúan los otros cuerpos representativos. Limitaciones de oportunidad [...] de competencia [...] de forma [...] Y limitaciones de fin, [...] Aunque la expresión 'representativo' se use en el Art. 72" -reitero, en la actual, artículo 82- "solo en relación a los otros Poderes, el Cuerpo electoral no aparece sino como un Poder representativo de gobierno".

Después continúa diciendo: "La verdad es que la distinción entre órganos que ejercen la soberanía de la Nación y órganos a los cuales es delegado el ejercicio de la soberanía de la Nación" -dice Justino Jiménez de Aréchaga- "es nula". Más adelante dice: "Pero delegación 'de la soberanía' no la hemos conocido nosotros bajo ninguno de nuestros sistemas constitucionales.- ¿Por qué se ha suprimido la expresión 'se delega el ejercicio de la soberanía' en relación al Cuerpo electoral? ¿Por qué los Constituyentes pensaron que el Cuerpo electoral no ejercía algo que le hubiere sido delegado, sino un poder que le era inherente? No, porque ya la Constitución ha dicho que a quien es inherente el poder, no es el Cuerpo electoral, sino a la Nación.- Parecería que la única diferencia que existe entre la situación jurídica del Cuerpo electoral y la situación jurídica que cabe a los demás Poderes, es la que resulta de la palabra 'directamente' utilizada en relación al Cuerpo electoral, e 'indirectamente' utilizada en relación a los demás poderes. Parece que el Constituyente ha supuesto" -dice Justino Jiménez de Aréchaga- "al Cuerpo electoral en una relación de proximidad respecto del titular de la soberanía," -la Nación- "mayor que la que corresponde a los otros órganos. [...] Que el Cuerpo electoral no actúa como soberano resulta, por otra parte, de la frase final del Art. 72," -actual 82- "que establece que tanto el Cuerpo electoral como los Poderes representativos actuarán conforme a las reglas que se determinan en otras disposiciones de la Constitución; es decir, que actuarán supeditados a lo que establezca la Constitución.- Por todo esto," -sigo leyendo a Justino Jiménez de Aréchaga- "yo pienso que el Cuerpo electoral, en la teoría de la Constitución actual, no es más que un órgano representativo de la Nación. Si se quiere, un órgano más inmediatamente representativo de la Nación que los que integran los otros Poderes del gobierno; pero no otra cosa que un órgano representativo de la Nación.- La supresión de la expresión 'se delega el ejercicio de la soberanía' habría tenido sentido si la Nación, conforme al texto constitucional, hubiera retenido poderes de legislación. Pero aun cuando se considere que 'Nación' y 'Cuerpo electoral' son sinónimos, la verdad es que ni siquiera el Cuerpo electoral ha retenido poderes de legislación. ¿Qué es lo que puede hacer el Cuerpo electoral? Votar. Eso es cosa distinta de legislar. Iniciar reformas constitucionales. Eso es cosa distinta de legislar; eso es ejercicio parcial del Poder constituyente. Intervenir en referéndum de reformas constitucionales. Eso es también cosa distinta de legislar; eso es intervenir parcialmente en el proceso constituyente".

Después, refiere a la intervención municipal que tenía antes de la Constitución de 1967.

Termina diciendo: "Lo que quiere decir que, a pesar de todo lo que se expresa en el informe de la Comisión de Constitución," -el informe de la Constituyente- "la Asamblea General, en concurrencia con el Poder Ejecutivo, sigue siendo el único órgano de legislación, sin que la Nación retenga en absoluto una parte de este poder".

De la discusión que teníamos antes, interpreto que cuando se dice que, por lo demás, las decisiones del Cuerpo electoral no pueden ser causadas por ningún otro Poder del gobierno, salvo cuando el Cuerpo electoral haya actuado fuera del ámbito de su competencia o con desarreglo respecto de la forma prevista por la Constitución, refiere, fundamentalmente, a las potestades constituyentes que no pueden ser alcanzadas por nadie. Entiendo que esas son las potestades que pueden ser alcanzadas y no la de legislar, para la cual el Constituyente no tiene potestades.

SEÑOR CERSÓSIMO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BAYARDI.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: voy a ser breve para no abusar del tiempo del señor Diputado.

Como se hizo referencia, coincidimos en lo que estamos diciendo: el órgano soberano no es el Cuerpo Electoral; el órgano soberano es la Nación, que se expresa a través del Cuerpo electoral. Eso es lo que dice Justino Jiménez de Aréchaga, y eso es lo que tenemos que respetar, es decir, las decisiones del Cuerpo Electoral cuando vota, no cuando legisla. La legislación está sujeta a la condición de no ser impugnada, precisamente, por el Cuerpo electoral.

Gracias, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: agradezco al señor Diputado la deferencia por la brevedad.

El tema central de la interpretación es que se expresa directamente a través del Cuerpo electoral, y la soberanía de la Nación se expresa indirectamente a través de la Asamblea General, y en la Constitución no hay preeminencia de ninguna de las dos expresiones.

Voy a hacer referencia a si la incorporación planteada por la vía de la interpretación del artículo 72 de las normas de derecho internacional violentan nuestra soberanía. En el Tomo I, página 186 de la edición citada de "La Constitución Nacional", Justino Jiménez de Aréchaga plantea: "Para terminar. Ustedes saben que la expresión 'soberanía' tiene en la teoría de Estado una doble significación, o que, dicho de otro modo, la soberanía puede ser considerada desde dos puntos de vista distintos. Desde el punto de vista interno, interno en relación al Estado particular, aparece como el poder de auto-organización; desde el punto de vista externo," -por apreciaciones que se hicieron en Sala, ya Justino Jiménez de Aréchaga decía en esa época: "desde el punto de vista externo"- "es decir, considerada desde fuera del Estado particular, aparece como la calidad de independencia que lo caracteriza respecto de los demás Estados, sin perjuicio de la subordinación de todos respecto del orden jurídico internacional.- ¿Qué sentido tiene la expresión soberanía usada en el artículo 4º?.- Ella se refiere, [...]" -a juicio de Justino Jiménez de Aréchaga- "exclusivamente a la soberanía en el sentido interno, es decir, a la soberanía en cuanto poder de auto-organización. La soberanía como independencia ya ha sido definida [...] en el artículo 2º.- Claro que la independencia, en cuanto soberanía exterior, es un concepto cuya dimensión debe considerarse esencialmente variable".

¿Cómo podemos decir que afectan nuestra soberanía los compromisos que libremente hemos asignado, hemos firmado, respaldado y hecho ley en la comunidad internacional?

Justino Jiménez de Aréchaga dice: "Del mismo modo, el concepto de soberanía como independencia del Estado, es también susceptible de ampliaciones o de restricciones, las cuales no pueden venir legítimamente sino de un orden jurídico internacional libremente consentido. Ese orden jurídico internacional podrá ampliar o restringir el grado de la soberanía, en función de los intereses comunes de la colectividad internacional; pero no podrá negar esta categoría ni privarla de ciertos contenidos sustantivos irreductibles".

Entiendo que la interpretación que se hace en el proyecto que está a consideración, en consonancia con lo que dice el maestro Jiménez de Aréchaga, para nada compromete nuestra soberanía en la medida en que ha sido asumido libre y soberanamente por nuestro Estado.

Voy a dejar para después la interpretación de Justino Jiménez de Aréchaga respecto a normas de aplicación y algo bien interesante que dice del tema de los derechos adquiridos. Es claro cuando expresa -no voy a hacer toda la cita ahora, pero la discutiremos después-: "En relación a la Constitución, considero que no hay derechos adquiridos contra la Constitución, salvo los inherentes a la personalidad humana [...]".

Me extiendo en una cuestión más, a los efectos no de hacer una categorización; se dijo que la Corte, en 1988, había hablado de la constitucionalidad de la ley de caducidad. Para que conste en la versión taquigráfica, solo voy a leer lo que dice Justino Jiménez de Aréchaga en la página 529 del Tomo IV de "La Constitución Nacional": "[...] Yo no creo que solamente pueda prosperar una defensa de inconstitucionalidad cuando quien la interpone (sea la parte interesada, o el juez o Tribunal, de oficio) cite expresamente textos escritos de la Constitución infringidos por la ley. Considero que igualmente debe prosperar una defensa de inconstitucionalidad cuando la ley está en conflicto con principios generales de la Constitución, aun cuando estos no hayan sido traducidos por el Constituyente en disposiciones expresas; tanto es inconstitucional una ley cuando colide con un artículo determinado de la Constitución, como cuando vulnera de algún modo los principios generales que inspiran todo el sistema constitucional, aun cuando ellos no estén recogidos por el Constituyente en textos escritos".

No tengo ninguna duda, señora Presidenta, de que el texto en consideración es mucho más consonante con los principios generales que inspiran todo nuestro sistema constitucional.

Por último, abusando de la Cámara, voy a plantear una cuestión personal que refiere a mi periplo vital como legislador desde la Legislatura inmediatamente posterior al pronunciamiento ciudadano que no admitió la derogación de la ley de caducidad. Vaya como un legado personal, íntimo, muy íntimo, solo referido a mi entorno inmediato. En el correr del último año he sido abuelo en dos oportunidades: en una, con el carácter de abuelo político y, en otra, con el carácter de abuelo sanguíneo. La historia seguirá fluyendo. Si la biología me lo permite, podré discutir todos estos temas con algunas de mis nietas y con los eventuales nietos que el destino me pueda deparar, ya sea porque se dediquen al derecho o porque se les plantee en el marco de preocupaciones sociales o políticas saber qué hizo o qué dejó de hacer su abuelo. Si ya no estuviese -porque la biología no me lo permitiera-, podrán leer esta versión taquigráfica, que es la primera vez que hago referencia al tema de ley de caducidad. Si quisieran conocer la historia de cómo se paró su abuelo respecto a una ley y a una circunstancia que nunca debería haber sucedido, podrán leer la versión taquigráfica. También podrán leerla, si biológicamente estoy vivo pero si el alemán Alzheimer -que cuando te agarra no te larga- no me permitiese comunicarme con ellas. Y verán que trabajé por el voto verde, que voté para derogar la ley de caducidad en 1989 y que no fui contra la voluntad popular en las restantes legislaturas.

Integré un Gobierno como Ministro, que aplicó la ley de caducidad para satisfacer las legítimas aspiraciones de conocer la verdad y de lograr justicia en el marco de las potestades que en una sociedad democrática corresponden al Poder Judicial.

Por los motivos expuestos anteriormente, no firmé para la reforma constitucional que planteaba la anulación de la norma, pero la voté en octubre de 2009. En 2010 van a poder ver que voté y defendí una ley que, en mi opinión, devuelve al fuero jurisdiccional lo que nunca debió haber salido de él, para que este resuelva, y les habré dejado una sociedad un poquito más avanzada, de la que se sientan orgullosas.

Si la circunstancia vital de ese momento me deparara -como dije- encontrarme con Alzeihmer, seguramente después de leer las actas, llegarán -espero que lo hagan- a donde estuvieran, caminarán hacia mí y espero que con una lágrima y con una sonrisa. En ese momento, seguramente, Alzheimer me soltará por breves segundos y en el intercambio de sonrisas me permitirá darme cuenta no solo que entendieron lo que hizo su abuelo sino de que -espero- se sienten orgullosas de ello.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: es cierto que en 2010 hizo veinticinco años de la restauración democrática. En pocos días conmemoraremos treinta años de aquel acto cívico ejemplar que significó el pronunciamiento del pueblo uruguayo rechazando el proyecto constitucional planteado por la dictadura militar. También es cierto que a la salida de la dictadura hubo acuerdos y desacuerdos pero, en general, todos compartimos y festejamos el retorno a la democracia en marzo de 1985.

Yo soy de los que cree que el Pacto del Club Naval fue la salida posible e, integrando el Frente Amplio, en la Lista 99 y en el Movimiento por el Gobierno del Pueblo, apoyamos esa decisión planteada por el general Líber Seregni. Es cierto que fue una salida imperfecta, pero una salida al fin.

En los años posteriores, casi en soledad, estuvo planteado en el Senado un proyecto de ley firmado por los doctores Hugo Batalla y Alberto Zumarán, que procuraba una forma de juzgar los delitos de lesa humanidad que, lamentablemente, no tuvo acogida -hay que decirlo así- en el resto de los partidos políticos. Después vino la ley de caducidad. Luego vino una ley de caducidad que dividió indudablemente al sistema político uruguayo. Más que la ley, en la que se estableció claramente la impunidad respecto a los delitos de lesa humanidad cometidos por militares y policías, lo que dividió al país fue todo el proceso de verificación de firmas, especialmente en 1988. De alguna manera, se trató de impedir algo que era una necesidad, es decir, que el pueblo uruguayo decidiera en un tema tan crucial como la caducidad de la pretensión punitiva del Estado por los delitos de lesa humanidad cometidos por militares y policías.

En ese entonces, claramente nos opusimos a esa norma, trabajamos en la recolección de firmas y votamos en abril de 1989 para derogar la ley de caducidad, pero perdimos. Entre otras cosas, a los efectos de que nuestros conciudadanos nos acompañaran con su firma, les dijimos que firmaran para que el pueblo pudiera decidir. Y aunque no nos gustó lo que decidió el pueblo en esa oportunidad, fue la decisión del soberano y, por cierto, la respetamos. Tanto se respetó, que las personas que estuvieron al frente de la Comisión Nacional Pro Referéndum, consultadas inmediatamente después del acto electoral, señalaron que se acataba el fallo del soberano. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ese es un antecedente que debemos tener en cuenta.

En los años subsiguientes y coincidentemente con todo el período del doctor Luis Alberto Lacalle como Presidente de la República, salvo los familiares de los detenidos desaparecidos, el tema de los derechos humanos estuvo ausente de la agenda política. Recién vuelve a aparecer en 1995 y es puesto arriba del tapete como una cuestión sin resolver.

En aquel momento no había mayorías en el ámbito parlamentario para cambiar la decisión de una ley de caducidad y también es bueno señalar que durante ese período la aplicación de la ley de caducidad muchas veces se hizo extralimitando claramente sus fundamentos y lo que se establecía en particular en los artículos 3º y 4º.

Llegamos a la instancia del período legislativo anterior, en que tuvimos oportunidad de derogar la ley de caducidad, pero no se hizo. La simple derogación de la ley nos hubiera evitado todo el problema derivado de este planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aún hoy sigo pensando que la simple derogación de la ley va a tener ese efecto porque, indudablemente, lo que se cuestiona es la existencia de esa norma en nuestro ordenamiento jurídico.

Se desechó la posibilidad de derogar la ley, a pesar de que en este ámbito legislativo había mayorías muy amplias para hacerlo. Obviamente, en tales circunstancias se contaba con el voto del Partido Independiente, como ahora.

Después se presentó una iniciativa para modificar la Constitución de la República. A través de esta se buscaba una reforma de la Constitución para anular la Ley de Caducidad. En ese entonces señalamos nuestro desacuerdo con esa iniciativa, explicamos nuestra posición y la votamos en contra -también aconsejamos hacerlo- porque para nosotros la aprobación de una ley de esa naturaleza suponía un apartamiento del Estado de derecho que, en definitiva, es la gran garantía que tenemos todos los uruguayos.

De alguna manera, las referencias históricas valen para ilustrar lo que ha sido un largo proceso de desencuentros entre todos los uruguayos, que solo se podrían subsanar si todos los habitantes de este país y todos los partidos políticos diéramos una respuesta institucional diferente, en la que estuviéramos todos comprendidos; no queremos -como sucedió en el pasado- una mayoría imponiéndole al resto de la sociedad su solución.

El Partido Independiente ha planteado una alternativa; lo hemos hecho con carácter general y no específicamente para este tema. En todo caso, vale la pena expresarla nuevamente en el sentido que cabalmente tiene.

Uruguay es uno de los pocos países del mundo en los que los pronunciamientos sobre la constitucionalidad de las leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia tienen aplicación únicamente para quien planteó la acción o el recurso de inconstitucionalidad. Si se estudian las Constituciones comparadas en este sentido, se advertirá que prevén que los fallos, ya sea de las supremas cortes de Justicia o de los tribunales constitucionales -en los países donde existen- tengan un alcance de carácter general. Estamos convencidos de que Uruguay, independientemente del tema planteado hoy, debería recorrer el camino de modificar o reformar la Constitución de la República para dar a los fallos de la Suprema Corte de Justicia un carácter aplicable a todos, y que tengan como efecto la anulación de las leyes. En estos días un integrante de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que estos fallos deberían tener el efecto de la expulsión de esa norma de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, insistimos en que ese es un camino que nos podría comprender a todos.

Por otra parte, no tenemos dudas de que la propuesta planteada por el Frente Amplio es, en todo caso, un camino notoriamente inconstitucional. Tanto es así que si la doctora Asiaín, y los doctores Luzardo y Risso Ferrand se hubieran constituido en una especie de tribunal examinador, quienes plantearon este proyecto habrían sido reprobados, y les habrían dicho: "Muchachos, vuelvan en febrero".

Es notorio -creo que existe conciencia de ello entre quienes plantean este proyecto de ley- que esta iniciativa contiene violaciones claras a la Constitución de la República, porque lo que se plantea en el artículo 2º es la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad, y esa es -así establecido por la Constitución de la República- una atribución que solo tiene la Suprema Corte de Justicia. Los legisladores podemos modificar o derogar las leyes, pero solo la Suprema Corte de Justicia puede declarar a una ley inconstitucional. El artículo 2º del proyecto de ley plantea, en definitiva, la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Y una ley inconstitucional no soluciona los problemas causados por otra ley inconstitucional como, a nuestro juicio, es la ley de caducidad. En todo caso, esto tiene que dirimirse en el marco del Estado de derecho y no salteándolo.

Nosotros estamos dispuestos a recorrer todos los caminos dentro del Estado de derecho, pero no creemos que a través de la propuesta que está contenida en el proyecto de ley a consideración de la Cámara se esté respetando; por el contrario, se le está avasallando, asumiendo una competencia que el Parlamento de la República no tiene.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Puig)

——Por estas razones, el Partido Independiente no va a acompañar este proyecto de ley. Queremos dejar constancia de que el artículo 1º, en todo caso, es compartible, pero como expresó muy claramente el doctor Risso Ferrand en su intervención en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, es limitativo, y habría que buscar una redacción distinta, como la que él propone, para que sea realmente abarcativo de todos los derechos humanos, no solamente de aquellos que aparecen relacionados con aspectos de la ley de caducidad, como los delitos de lesa humanidad.

Al margen de eso, queremos dejar expresado nuestro voto contrario a este proyecto de ley en los términos que hemos señalado.

Muchas gracias, señor Presidente.

15.-       Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Jorge Pozzi, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 20 de octubre y 3 de noviembre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Roque Ramos.

De la señora Representante Daisy Tourné en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Valparaíso, República de Chile, por el período comprendido entre los días 27 y 29 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Núñez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales, desde el día 20 de octubre hasta el día 3 de noviembre inclusive del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

JORGE POZZI
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicita por el señor Diputado Jorge Pozzi del día 20 de octubre al día 4 de noviembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Jorge Caffera".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicita por el señor Diputado Jorge Pozzi del día 20 de octubre al día 4 de noviembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

María Elena Martínez".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Pozzi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 20 de octubre y 3 de noviembre de 2010.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señor Jorge Caffera y señora María Elena Martínez.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Pozzi, por el período comprendido entre los días 20 de octubre y 3 de noviembre de 2010.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señor Jorge Caffera y señora María Elena Martínez.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000, del Lema Partido Frente Amplio, señor Roque Ramos.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, en mi carácter de 2ª Vicepresidenta de la Comisión de Equidad, De Género, Niñez y Juventud del PARLATINO, he sido convocada a la reunión de dicha comisión los días 28 y 29 próximos en la ciudad de Valparaíso-Chile (adjunto convocatoria y agenda de la misma).

Solicito entonces licencia entre el 27 y 29 (inclusive) del corriente año, convocándose al suplente respectivo.

Sin más la saluda atentamente,

DAISY TOURNÉ
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné, para asistir a la Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Valparaíso, República de Chile.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 27 y 29 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 27 y 29 de octubre de 2010, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné, para asistir a la Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Valparaíso, República de Chile.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Núñez.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

16.-    Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.548, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República).

——Prosigue la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Iturralde Viñas.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: en primer lugar, queremos hacer una reflexión en cuanto a que, seguramente, a todos los que integramos este Parlamento y a todos los ciudadanos uruguayos, cuando nos ponemos a discutir acerca de temas vinculados a la violación de los derechos humanos durante la dictadura, nos duelen muchas prendas. Por consiguiente, quiero felicitar a esta Cámara por la forma como ha llevado adelante este debate, ya que nos resulta absolutamente necesario enfocarlo con plena conciencia de que cada uno de quienes estamos aquí participamos para aportar y contribuir con lo mejor de nosotros mismos a esta extensa discusión que se ha producido el país. Esto tiene raíces muy profundas, en una crisis que comenzó hace medio siglo, y en la cual hubo manifestaciones de todo tipo; lamentablemente, vivimos trece largos años de ostracismo, de dictadura, de violación de los derechos humanos, de atraso, y luego muchísimas personas ya no pudieron volver a estar junto a nosotros.

Cuando uno analiza las normas jurídicas debe partir de la materia prima que tiene por delante: precisamente, las leyes. Esas leyes que regulan las situaciones suelen ser -como le gustaba repetir incansablemente al maestro Gelsi Bidart- normas que deben reflejar una realidad social, política y económica. Cuando estas normas no reflejan esa realidad se transforman en letra muerta, que no regula una situación jurídica sino que solo manifiesta la voluntad de un cuerpo legislativo, sin que necesariamente sea un marco regulatorio.

Hoy nos detiene aquí una norma jurídica que fue votada el 22 de diciembre de 1986, pero que tiene raíces mucho más profundas, que en mi opinión derivan del tipo de salida que Uruguay se dio en su momento.

Las fuerzas opositoras, que hasta ese momento habíamos hecho un frente común y en forma conjunta conducíamos una lucha en pos de la recuperación democrática, se fragmentaron. Sería muy fácil para nosotros señalar y decir que eso se hizo por el interés de tal o cual partido, o que tal o cual ciudadano no quiso hacerlo porque no le convenía. Pero la realidad indica que Uruguay se dio un tipo de salida que implícitamente conllevaba una serie de cosas; en su momento manifestamos eso, como fuerza política, y siempre queremos recordarlo porque entendemos que el principal mal en todos estos temas parte del tipo de salida que se dio nuestro país.

Nosotros creíamos que no debía concurrirse a un diálogo con las Fuerzas Armadas; nosotros creíamos que no debía concurrirse a dialogar con quienes detentaban el poder, con los dictadores -para decir las cosas sin eufemismos-, porque entendíamos que el pueblo uruguayo estaba movilizado y porque del tipo de salida que obtuviéramos dependía el futuro.

Particularmente luchamos por una salida en la que se pudiera obtener una amnistía general e irrestricta, se dejaran atrás las heridas del pasado y siguiéramos hacia delante mirando el porvenir. Eso es lo que creíamos necesario, en particular desde mi Partido, en el que habíamos sufrido la cárcel y el exilio de nuestro principal dirigente, que no pudo participar en las elecciones. Entendimos que el camino debía ser ese; pero el pueblo uruguayo optó por otra salida, la gran mayoría de los ciudadanos optó por una salida pactada con los militares y en la que había algunas cosas implícitas. Quiero recordar a quien dignamente y con su mayor entereza señaló que en la salida acordada con los militares estaba sobrevolando, subyacente o implícita, la solución a los derechos humanos. Esto fue reconocido con la mayor dignidad por el General Líber Seregni, y así consta en todos los documentos de la época; creo que hay que recordarlo en ese momento.

Después vinieron momentos muy difíciles, en que nuevamente se ponía en tela de juicio la institucionalidad. Frente a eso hubo una manifestación del Parlamento, que reconoció determinada realidad -no la generó- derivada del tipo de salida que Uruguay se había dado.

Naturalmente que nos referimos a todos estos antecedentes porque estamos seguros de que para mirar las cosas en el porvenir, debemos mirar hacia el pasado; no podemos dejar de saber de dónde parten todas estas dificultades que hoy tenemos.

La iniciativa que hoy se nos presenta para ser votada, en mi opinión, desde el punto de vista jurídico, es por lo menos curiosa. Creemos que ha habido un avance porque no se plantea la anulación de la norma, que es un instituto que no está reconocido como tal en nuestro derecho; sí se plantean algunos caminos que, en nuestra opinión, resultan igualmente inconstitucionales, aunque no por ello llegan a crear una categoría como la anulación, que no está prevista en nuestro derecho.

En definitiva, no es eso lo que nos lleva a decir que no acompañamos esta norma. Es un análisis sencillo que parte de un silogismo elemental a través del cual, desde hace más de dos siglos, se discute sobre los distintos tipos de democracia y sobre cuál es el significado de una democracia directa o de una democracia representativa. Esto ya se discutía luego de la Revolución Francesa, cuando se pensaba que tipo de gobierno debía darse.

El mundo moderno nos lleva a tener una democracia representativa, pero no "in totum". Existen algunos institutos de democracia directa. Y así como la ciudadanía, el pueblo, delega, con la democracia representativa, en quienes nos sentimos honrados con la representación de la gente, en los Representantes, la potestad de legislar y de dictar normas para la mejor convivencia, también en algunos casos el pueblo se reserva la potestad de abocarse directamente a algunos temas con determinadas condiciones. En ese caso es el pueblo que dice: "Aquí no. Yo te delegué a ti para votar; yo te delegué a ti para dictar las normativas jurídicas, pero este caso lo quiero tomar directamente".

Cuando la ciudadanía toma un tema en forma directa para sí misma y se pronuncia, nosotros no podemos optar por el camino de decir: "Resolvemos un asunto, luego lo toma la ciudadanía y después lo volvemos a tomar en el sentido contrario", porque estaríamos jugando a la mosqueta.

El hecho de aceptar que en nuestro sistema institucional hay un momento en el que la ciudadanía puede y quiere pronunciarse, y así lo hace, implica aceptar el resultado que esta se da. Si no, ¿qué otro sentido puede tener la democracia directa? ¿Qué sentido puede tener si se dice: "Señores ciudadanos: tomen el tema, resuelvan lo que quieran, pero no se preocupen porque luego nosotros vamos a resolver lo que tengamos en ganas"?.

Nosotros entendemos, por consiguiente, que aquí no se trata de un análisis jurídico, no se trata de buscar una lógica sistemática en el pensamiento jurídico de nuestra Constitución, sino de un tema mucho más sencillo, de cómo es el ejercicio del poder. Y si el poder lo ejercemos los legisladores a través de los mecanismos previstos en nuestra Constitución, y eso tiene como límite que la ciudadanía en cierto momento toma determinado tema para resolverlo directamente, el corolario natural que debe tener toda esta lógica, toda esta hermenéutica, es aceptar que el pueblo se pronuncia y, una vez que eso ocurre, debe ser acatado. ¿Esto tiene que ver con que compartamos o no la solución? Yo señalé al principio cuál era mi posición y acompañé, desde mi fuerza política, la solución que en aquel momento se encontró, y no estoy tratando de escabullir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. No se trata de saber qué es lo que pensamos nosotros sobre el fondo del asunto.

Nosotros entendemos que esto es muy sencillo y que, por más que se ha repetido en los últimos días, creemos que vale la pena decir, como rezaba Artigas: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana".

También es importante señalar algo que deriva de nuestro ordenamiento jurídico y que -como han señalado algunos colegas que me precedieron en el uso de la palabra- refiere a cuáles son los mecanismos con los que se procesan las soluciones jurídicas que deben darse para el caso en que una norma sea declarada inconstitucional. Nuestro sistema jurídico tiene prevista la declaración de inconstitucionalidad, caso a caso, por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y este sistema -lo hablábamos días pasados con algunos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia- reposa sobre la base de un pacto de caballeros por el cual, si la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional una norma, el Parlamento debe proceder a su derogación. Y creo que, además, no está siendo analizado adecuadamente el problema de si la norma genera derechos adquiridos. Si la norma es declarada inconstitucional, no genera derechos adquiridos. Pueden volver a iniciarse todos los juicios que se crean necesarios y no podrá interponerse la excepción derivada de dicha norma porque esta sea declarada inconstitucional. Por consiguiente, el tema estaría resuelto.

Por otra parte, sabemos que estos temas son escabrosos, difíciles, con los cuales la ciudadanía ha transitado durante veinticinco años. Durante un cuarto de siglo, hemos dialogado y discutido sobre este tema, y hemos logrado pacificar el Uruguay. Muchos de aquellos que cometieron violaciones de los derechos humanos hoy están detenidos, y precisamente no es porque de la ley de caducidad derive una impunidad. Reitero que no deriva una impunidad y así lo demuestra el mismo hecho de que existe una gran cantidad de presos.

Además, a través del ordenamiento vigente, sabemos que podría continuarse adelante y realizarse determinados juicios, sin necesidad de esta norma.

Lo que nosotros no creemos es que este tipo de normas haga bien a nuestro sistema porque no adelantamos nada. Alcanzaría con la derogación; alcanzaría simplemente con retirar del ordenamiento jurídico esta norma, de acuerdo con lo que reclama la Suprema Corte de Justicia en sus últimos pronunciamientos y, finalmente, podríamos resolver este tema de esa manera.

SEÑOR AMARILLA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: en diciembre de 1986 se vota la ley de caducidad y quien habla cumple su primer ejercicio de derecho ciudadano firmando la papeleta para interponer el recurso de referéndum a la Ley Nº 15.848. Me acuerdo que aquella campaña de recolección se inicia con la consigna "Por verdad y justicia", y además se utilizaba publicitariamente la frase que recordaba el señor Diputado Posada: "Yo firmo para que el pueblo decida". Con estos dos conceptos, se manifestaban dos líneas argumentales muy claras.

Por un lado, se atacaba el fondo de la norma, reclamando por lo que entendíamos su injusticia y, por lo tanto, que queríamos se permitiera el libre accionar del Poder Judicial para alcanzar la verdad de los hechos sucedidos durante la dictadura y hacer justicia.

Por otra parte, el otro fundamento argumental de la campaña, de igual trascendencia, era acerca de la necesidad de que el pueblo, mediante la participación directa del Cuerpo Electoral, se expidiera sobre un tema tan polémico y que considerábamos los Representantes no habían resuelto en concordancia con lo que creíamos que la ciudadanía pensaba.

En aquella instancia dimos una dura batalla en lo personal para lograr el reconocimiento de las firmas. Recuerdo al Ministro de aquel entonces de la Corte Electoral, escribano Eladio Fernández Menéndez, que precisamente luchaba en el seno de este organismo para que no primara el criterio que se utilizaba, de que ante la duda se descartaba la firma, y realmente se respetara a aquellos que la habían estampado y expresado su voluntad para que se realizara la consulta popular.

Luego vino la batalla popular, que tuvo una positiva particularidad, que fue una convocatoria expresa y directa, desprovista de cualquier tema electoral, partidario y de elección de cargos. Me parece que esto hacía que la instancia fuera mucho más pura y que la discusión sobre este tema fuera más transcendente. El fragor de la campaña merece una mención a un debate doctrinal que se dio entre dos catedráticos de la Facultad de Derecho sobre los efectos de la anulación -en caso de que la ciudadanía optara por anular la norma-, si era "ex tunc" o "ex nunc", o sea, si los efectos de la norma se mantenían hasta el momento mismo de la consulta popular o si se consideraba que nunca había existido la norma y se anulaban también sus efectos.

Personalmente, como estudiante de 1er. año de derecho hice una nota y la envié a la sección "Cartas del lector" del diario "El País", abogando por la posición de que si el pueblo se expresaba en el sentido de anular la norma, no había dudas de que la gente quería que el Poder Judicial conociera directamente sobre los hechos acaecidos en la dictadura y que no se podía intentar excluir ese veredicto con artilugios, mediante interpretaciones doctrinales.

Reconozco que cuando fui a emitir el voto sentí la emoción de hacerlo por primera vez por una noble causa, honrado de que el primer sello en mi credencial fuera por este tema. El resultado del referéndum todos lo conocemos. Fue categórica la decisión del pueblo de que había que dar vuelta la página.

Hoy estamos analizando un proyecto de ley que pretende interpretar la Constitución de la República y, novedosamente y tal vez como efecto de esa interpretación, declarar sin valor jurídico los efectos de la ley.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Puede continuar el señor Diputado Iturralde Viñas.

SEÑOR AMARILLA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: además de todos los argumentos que se han dado en Sala -que no voy a reiterar- sobre la inconstitucionalidad de esta norma, ya se ha expresado -por parte del señor Diputado Iturralde Viñas quien, generosamente, me concedió esta interrupción- la competencia privativa que tiene la Suprema Corte de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

Me voy a quedar con un argumento que esgrimió en el seno de la Comisión una de las integrantes de la Cátedra, quienes unánimemente resaltaron que este proyecto intenta interpretar, pero no interpreta. Interpretar significa desentrañar el sentido, precisar el alcance de la norma, aclarar su expresión oscura, y este proyecto no aclara, no desentraña el sentido, no precisa su alcance. Tiene efecto sobre otra norma, modificando, o intentando modificar, los efectos de otra norma que fue sancionada por un Gobierno democrático en plena atribución de sus facultades, otorgadas por la Constitución de la República.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Passada)

——Finalmente, quiero hacer referencia a una frase que también se ha utilizado mucho ante este tema: "no habrá olvido ni perdón". Realmente, siento tristeza frente a esta frase, pues un grupo de orientales que anidan este sentimiento se niegan a sentir la experiencia poderosa del perdón. Seguramente, estos ciudadanos tienen muchos motivos justificados, familiares muertos o desaparecidos; tal vez muchos de ellos hayan estado presos. Lamento que tal vez muchos de ellos todavía hoy sigan presos: siguen presos del odio, del rencor y del resentimiento. El perdón pleno e incondicional es una acción que nos libera, nos quita un gran peso de nuestras vidas; contribuye a sanar las heridas y nos permite desarrollarnos plenamente como seres humanos y también como sociedad.

No dejemos a las nuevas generaciones atrapadas en el odio y el rencor. Contribuyamos a sanar las heridas del pasado y a afrontar con libertad, respetando la expresión directa del pueblo en las urnas, los desafíos del futuro.

Muchas gracias, señor Diputado Iturralde Viñas.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Iturralde Viñas, a quien le restan ocho minutos de su tiempo.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señora Presidenta: estaba anotado para hacer uso de la palabra, pero voy a intervenir brevemente por la vía de la interrupción.

Tengo la impresión de que salvo los que estamos en esta Sala -lo digo con el mayor de los respetos-, muy poca gente más en todo el Uruguay está interesada en lo que estamos discutiendo. Me parece que estos son los debates que generamos dentro del sistema político, para el sistema político y para insumo del sistema político.

Ese pueblo, el que anda y arde en la calle, hoy no está esperando el resultado de este debate, por la sencilla razón de que ese mismo pueblo ya tomó este debate en sus manos hace muchos años, lo asumió y, por sí y ante su conciencia, lo decidió, para gusto o disgusto de quienes estamos en esta Sala.

Podrá decirse que en 1989 la situación particular que vivía el país, a apenas cuatro años de haber terminado la dictadura, podía condicionar este debate. Pero nadie en Uruguay podrá afirmar con mediana certeza -iba a decir "honestidad intelectual", pero quizás sea una expresión fuerte- que cuando en octubre del año pasado, veinte años después de la primera vez que se consultó a la gente, se decidió con miedo. La gente, en octubre del año pasado, decidió en libertad, con libertad y con absoluta conciencia de lo que estaba realizando, por si dudas quedaban de la resolución de 1989. La gente tomó esta decisión y nos la sacó; lo que seguramente mucha gente se está preguntando es cómo los políticos traemos nuevamente este tema al debate cuando este ya fue trasladado a la gente, que tomó una decisión.

Estoy seguro de que hoy la gente está preocupada por la seguridad pública y que los que nos está reclamando es que este Cuerpo tome decisiones para terminar de una vez por todas con ese flagelo que tiene la sociedad uruguaya, que se llama inseguridad pública, que se llama no poder salir tranquila por las calles de Montevideo ni de cualquier ciudad o pueblo del interior a vivir una vida en familia, en paz y de trabajo, por miedo a no volver a su casa. Estoy seguro de que la gente no está atenta a este debate, porque no le soluciona lo otro, y además porque en buena medida es una burla a la opinión pública. Como decía recién, la gente entró dos veces a un cuarto secreto -en este acto tan sagrado en términos republicanos- y se enfrentó, en dos oportunidades, 1989 y 2009, a dos papeletas, y con absoluta libertad tomó una y la introdujo en un sobre. Este es un acto sagrado desde el punto de vista republicano; este acto sagrado fue convocado por parte del sistema y por la gente autoconvocándose. Por eso, no es ético robar ese pronunciamiento popular a la gente.

Reitero que lo que está en juego hoy aquí no es un tema de derechos humanos. Esta no es una competencia para saber quién defiende más los derechos humanos, en primer lugar porque no es necesario y, en segundo término, porque hacer competencias para saber quién es mejor defensor de los derechos humanos, denigra los derechos humanos. Este no es un tema de derechos humanos ni de la ley de caducidad. Lo que está debatiéndose en la Cámara es si en Uruguay se respetarán o no los resultados de las elecciones.

Además, muchos de los tratados internacionales que se mencionan en la exposición de motivos y que concluyen en este proyecto de ley estaban vigentes antes de 1989, y el resto estaba vigente antes de 2009. La pregunta es: si estos tratados sirven hoy de argumento para impulsar este proyecto de ley, ¿por qué antes de convocarse a un plebiscito no se recorrió el camino que se está recorriendo hoy? Si esos tratados internacionales fundamentan este proyecto de ley, ¿por qué no se recurrió a ellos antes de convocar a la gente al plebiscito?

(Suena timbre indicador de tiempo)

——En la exposición de motivos del proyecto de ley original se decía algo que quiero señalar, porque lo rechazo. Dice: "La norma proyectada, de ser sancionada tendría además un claro objetivo simbólico: restablecer plenamente la dignidad de la República ante el pueblo uruguayo y la comunidad internacional, [...]". Yo digo que la dignidad de la República ante el pueblo uruguayo y la comunidad internacional existe cuando en un país se respeta lo que decide su gente.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Iturralde Viñas, a quien restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señora Presidenta: ya hemos manifestado nuestra posición.

Queremos señalar a modo de resumen que creemos, fundamentalmente, que este Cuerpo no tiene potestades para derogar una norma que votó el Parlamento y refrendó directamente la gente.

Quiero culminar con una reflexión: ya son muchos los años de dolor que lleva este país; es mucho el dolor de nuestras familias, de todas las ideologías. En todas las familias ideológicas se ha sufrido; algunas han sufrido muchísimo; otras han sufrido de otra manera. Ya es tiempo de que comencemos a mirar hacia adelante. Como decía don Juan Pivel Devoto en "La Amnistía en la Tradición Nacional", la historia de las amnistías es la historia de la nación uruguaya.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Vázquez.

SEÑOR VÁZQUEZ.- Señora Presidenta: una vez más la ciudadanía debe soportar incrédula que el sistema político se concentre hoy en la discusión de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, mientras que la inseguridad pública azota a la población, dejando un cúmulo de víctimas, y los conflictos sindicales en los hospitales impiden que sean operados cientos de niños y enfermos oncológicos. El oficialismo, para hacernos más dramática la situación nacional, desconociendo la máxima artiguista, que es fundamento esencial de nuestra democracia y que está estampada en el frontispicio de esta Sala; "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana", pretende además violentar el artículo 4º de la Constitución de la República, que establece: "La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes [...]". También se lleva por delante el artículo 82 de la Constitución que, como consecuencia de ese precepto artiguista, sentencia: "La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana.- Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral [...]".

El oficialismo omite, precisamente, que la ley fue aprobada por amplia mayoría en este mismo Cuerpo en diciembre de 1986 y sometida a referéndum por iniciativa del Frente Amplio. Fue ratificada por la ciudadanía el 16 de abril de 1989 y veinte años más tarde, en noviembre de 2009, cuando un 47% de los sufragantes votó a favor de la Presidencia del señor José Mujica Cordano, en esa misma expresión electoral, un 52% ratifica la citada ley. Es decir que no existe norma con mayor legitimidad formal y sustancial en la historia de nuestro derecho. Dos pronunciamientos del cuerpo superior de la soberanía nacional deberían cerrar definitivamente todo debate al respecto. Es por esa razón que el constitucionalista más respetado del oficialismo, el ex Senador José Korzeniak, sentencia que, como principio que todos debemos entender, un órgano inferior no puede desconocer lo que determinó un órgano superior. Y agrega: "Aunque me duela y no me guste". Jurídicamente, entonces, no hay mérito para hacer lugar a ninguna otra interpretación.

¿Con qué autoridad política un sector muy respetable de legisladores considera que puede estar por encima de la ciudadanía? Entonces, me pregunto: ¿por qué esta iniciativa? Y ante esta pregunta, surge la voz de José Batlle y Ordóñez -hoy, 20 de octubre, aniversario de su fallecimiento- quien desde una publicación denominada "Uruguay a la Vanguardia del Mundo", en su página 136 decía lo siguiente: "Si se permite a la Asamblea Legislativa que proceda por su cuenta durante su mandato y se inhabilita al mandante para reclamar de su gestión, el carácter representativo desaparece y solo queda en pie una corporación dotada de poderes absolutos que puede hacer su arbitraria voluntad en cuanto se le ocurra dentro de su esfera de acción, tal es el vicio fundamental del sistema representativo siendo el plebiscito o el referéndum el que corrige ese vicio, afirmamos entonces que las multitudes cuando pueden reflexionar y expresar su voluntad se equivocan mucho menos que los individuos, los plebiscitos son entonces la perfección del sistema".

Consecuentes con el pensamiento de nuestro maestro, José Batlle y Ordóñez, nuestro Partido votará en contra de este engendro jurídico con el que se pretende vulnerar la voluntad del pueblo que se expresó en los dos plebiscitos en que fue convocado, precisamente, por quienes hoy ejercen el poder, invocando una legislación internacional que, por supuesto, no está por encima de los principios de nuestra Constitución. Porque la autoridad del Cuerpo Legislativo, frente a la pura expresión de la democracia directa, optó por no derogar la ley de caducidad. Esta conducta deja claramente patentizado un sentimiento de infidelidad, de deslealtad de parte de quienes desoyen la voluntad popular. Difícilmente se pueda encontrar en la historia del Parlamento nacional un acto legislativo tan grosero y tan agraviante para los valores sobre los que reposa la voluntad del pueblo uruguayo que, por supuesto, no deberá olvidar esta afrenta que hoy se le comete y que deja como consecuencia, primero, que no se podrá anular la ley de caducidad y, segundo, que hoy se anula aquí la voluntad del pueblo oriental.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Aníbal Pereyra.

SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Señora Presidenta: hace unos momentos un legislador nos planteaba la necesidad de aterrizar en este Parlamento la discusión del tema para el que fuimos convocados, y trataré de ir en esa línea.

Voy a leer algunos párrafos de la exposición de motivos de un proyecto de ley que no fue presentado por nuestra fuerza política, que está en Comisión y que fue planteado se tratara conjuntamente con esta iniciativa.

Dice así: "Si la norma es inconstitucional no hay dos alternativas. El único camino es derogarla y quien tiene la facultad para hacerlo es el Poder Legislativo. Esa sí es una responsabilidad que no puede eludir. Y derogar es una función que el Parlamento cumple casi semanalmente, cuando aprobando normas que modifican vigentes, deroga artículos o leyes, integralmente. En este caso, basta la mayoría. El Frente Amplio la posee. [...] Es responsabilidad del Poder Legislativo, ejerciendo sus facultades, contribuir a la normalidad de la convivencia democrática. Esta es una de esas ocasiones, derogando, como lo ha hecho tantas otras veces en el pasado, hará posible destrabar un tema que ha dividido a los uruguayos en los últimos años.- No más dilaciones y discursos." -reitero: ¡no más dilaciones y discursos!- "Frente a estas circunstancias estamos convencidos que no hay más lugar para las especulaciones. Es hora de actuar y cada cual lo debe hacer en funciones de sus convicciones, no de intereses electorales en el año electoral".

Esta exposición de motivos es de un proyecto de ley que plantea la derogación de la ley de impunidad y fue presentado el 17 de marzo de este año. Por lo tanto, aterrizando, no damos lugar a los planteos que se han hecho, en el sentido de que el Frente Amplio no va en consonancia con lo que dijo la gente. ¡Acá hay otro proyecto de ley que presentó el Partido Nacional!

Por las piedras, vamos caminando. Y vamos a discutir el tema de fondo pero, respetando lo que todos hemos dicho y hecho. En la línea del aterrizaje, queda claro que no solo el Frente Amplio ha planteado una norma legislativa en este sentido. Lo dice el proyecto de ley que ingresó el 17 de marzo y que está a consideración de este Parlamento. Creo que ahorramos horas de discursos con esto, salvo que se dé lo que hace unos días algunos legisladores de la oposición plantearon: que en algunos temas hay gente que actúa como personaje y otros como actores, como legisladores o como quienes representan a la institución. Eso se dijo en esta Cámara cuando se discutió el Presupuesto. Respecto a este proyecto de ley, habría que definir quién está actuando y quién a la hora de legislar, en el acierto o en el error, lo hace siguiendo una línea.

Señora Presidenta: a nosotros nos costó tomar esta decisión. ¡Lo decimos con todas las letras porque, sin duda, nos pesa el referéndum! Sin ninguna duda es así, pero hay realidades que no se pueden obviar.

Tenemos que ser responsables de lo que decimos en esta Cámara. Tenemos que ser muy responsables. Aquí se dijo que Uruguay no había planteado la situación de los referendos ni de las normas que se han votado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡No es así! ¡Léase la versión taquigráfica! Yo le voy a dar lectura. Esto figura en la versión taquigráfica de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración cuando contó con la presencia de nuestra Cancillería.

Como dijo el compañero Diputado Orrico, quien expresó estas palabras es alguien que no pertenece al Frente Amplio: el doctor Carlos Mata. Leo textualmente: "En cuanto a los artículos 3º y 82 de la Constitución de la República, precisamente, el análisis que realiza la Corte es desde el punto de vista del Derecho Internacional. La Corte no dice que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de acuerdo con el sistema constitucional uruguayo, es constitucional o inconstitucional. La valoración que realiza la Corte es entre esa ley interna y la Convención Interamericana de Derechos Humanos y las normas internacionales generales, o sea, el Derecho Internacional Público y, en especial, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, no hace una valoración interna sino que dice que Uruguay, de acuerdo con su sistema constitucional, puede dictar esta u otras normas. Ahora, la valoración que realiza la Corte es desde el punto de vista de la norma internacional y se pregunta: esa norma interna, ¿es compatible con la norma internacional o no?.- Buena parte de las argumentaciones que hizo Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue precisamente de orden interno, diciendo que la ley que se estaba cuestionando fue discutida y votada por las dos Cámaras, promulgada por el Poder Ejecutivo cuando regía plenamente el Estado de derecho, sometida a un referéndum, etcétera. Pero la Corte no toma en cuenta esas argumentaciones sino que dice que, desde el punto de vista del derecho interno, puede ser sostenible jurídicamente, pero desde el punto de vista del Derecho Internacional, esa norma interna, sobre la que la Corte no hace presunciones, no es compatible con la norma internacional. Por eso creo que en algún momento hubo dos lenguajes diferentes, porque el tema se puede analizar solo desde el punto de vista del derecho interno o solo del Derecho Internacional.- Con relación al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien es una recomendación, la cuestión es analizar cuál es su efecto. Y el efecto, por más que no se trate de un acto jurisdiccional propiamente dicho, está dado porque Uruguay voluntariamente ratificó esos Tratados. Y al hacerlo, se obligó a comportarse de conformidad al pronunciamiento de la Comisión Interamericana. Entonces, de acuerdo con los efectos que se den al pronunciamiento de la Comisión, si la pregunta fuera si se trata de un acto jurisdiccional diríamos que no, que no se trata de un acto jurisdiccional, pero que tiene el valor que le da la Convención que Uruguay voluntariamente ratificó y se hizo parte".

Esto, señora Presidenta, no lo podemos soslayar: debemos tenerlo en cuenta. A nuestro entender, este ha sido uno de los argumentos que nos hizo ver la necesidad de que este Parlamento discutiera y aprobara esta norma.

Nuestro pueblo fue convocado para derogar, para anular la ley de caducidad; no fue convocado para interpretar la Constitución de la República. En ese sentido, ese es el derecho que nos arrogamos como legisladores: no el derecho de nuestro pueblo.

SEÑOR DE TORO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DE TORO.- Señora Presidenta: muy brevemente, vamos a precisar algunos puntos que creemos son fundamentales a la hora de discutir este tema.

No somos constitucionalistas ni abogados; no vamos a hablar de Constitución ni de derecho; vamos a hablar en términos políticos y queremos constatar el tema desde ese punto de vista.

Previamente, quisiera hacer una precisión sobre algo que fue planteado como un reto al Presidente de la República. En ese sentido, queremos decir que nuestro Presidente, el compañero José "Pepe" Mujica, en más de una oportunidad ha dicho que él va a respetar las instituciones, la voluntad democrática de las propias instituciones, las definiciones que se hagan en los diferentes ámbitos institucionales y que no va a utilizar el derecho al veto, de ninguna forma. Por lo tanto, la decisión que tome el Parlamento será respetada por nuestro Presidente de la República.

Por otra parte, hemos sido aludidos en varias oportunidades desde que comenzó la discusión de este tema. No vamos a dar ninguna respuesta a esas alusiones; simplemente, esto sirve para constatar nuestra posición. Fuimos y somos partidarios de la democracia directa; preferimos la democracia directa antes que la democracia representativa; pero aquí estamos tratando un tema que va mucho más allá de la definición de respetar o no respetar la decisión del pueblo. Aquí estamos hablando nada menos que de derechos humanos. Estamos hablando, nada menos que del derecho a la vida, del derecho a la libertad personal, del derecho a la dignidad humana. Por lo tanto, creemos que no hay ninguna mayoría, ni ninguna tutela que pueda definir esta voluntad. No hay interés general, ni bien común o público, que pueda siquiera plantearse tutelar o limitar los derechos del pueblo y los derechos humanos. Todo intento de nuestro pueblo para desechar o tirar abajo esta tutela, este límite -o como quiera definirse-, bienvenido sea: es válido, es justo y debe realizarse por todos los medios legales, constitucionales y democráticos que existen.

Entendemos, no mirando hacia atrás, sino tratando de mirar hacia delante, que estamos dando esta discusión en medio de una situación muy particular. En muy poco tiempo iniciaremos las conmemoraciones del bicentenario de la gesta emancipadora de nuestra patria: doscientos años de la conformación de nuestra nación y de nuestra patria. Permítaseme recordar, señora Presidenta, la idea fundamental de nuestro prócer, José Artigas: "¡Uníos caros compatriotas […]" Y decía muchas cosas más, pero apuntaba a algo fundamental: trabajar y defender la construcción de nuestra patria y de nuestra nación.

Tomando como marco esa definición, hoy debemos rescatar la idea fundamental de la discusión de este tema que para nosotros es de gran importancia: construir y trabajar por la unidad nacional. Construir la patria y nuestra nación sobre la base de la justicia, de la igualdad y sobre la base de los derechos de todos los ciudadanos.

El pasado, y aún el presente, sigue siendo muy doloroso.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Todos hemos sufrido, de alguna forma, cuestiones que nos duelen, que nos lastiman, pero debemos ir logrando cicatrizar estas heridas que provocaron la situación vivida en el país durante las décadas del sesenta, del setenta y parte del ochenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Aníbal Pereyra.

SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Señora Presidenta...

SEÑOR DE TORO.- ¿Me permite otra interrupción?

SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DE TORO.- Señora Presidenta: partiendo de esa base, entendemos que sin unidad nacional no hay desarrollo posible de nuestra patria, no hay justicia, no hay igualdad de oportunidades. Sin conocer y reconocer la verdad, sin que todos asumamos la responsabilidad del pasado, no hay integración social ni reconciliación nacional. Reconstruir la confianza mutua dentro de la sociedad y con los integrantes de las Fuerzas Armadas es una tarea que debemos asumir, responsabilizándonos en todos sus términos. Esa es la única forma de integrar y de resolver las diferencias al interior de nuestro pueblo. Debemos hacerlo sin rencor, sin revanchismo, construyendo la unidad nacional sobre la base de la verdad, la igualdad y los derechos de la Justicia.

Es fundamentalmente sobre esta base que vamos a dar nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley. Como fuimos militantes por el voto verde y el "Sí" rosado, seremos hoy, junto a nuestro pueblo, militantes por un proyecto de país diferente, por un proyecto de transformación social del Uruguay, y trabajaremos para conseguir la justicia y la igualdad, eliminar la pobreza y reconstruir un país diferente y nuevo para nuestra sociedad. Es en base a esto que creemos que la discusión debe darse y que nosotros vamos a votar afirmativamente este proyecto.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Aníbal Pereyra.

SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Señora Presidenta...

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: vamos a ser muy breves.

Conjuntamente con mi compañero Nicolás Pereira vamos a hablar en nombre de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad.

En primer lugar, fuimos, somos y seremos opositores cabales y tenaces a la ley que consagró la impunidad en este país. En eso no le damos la derecha ni la izquierda a nadie. Militamos y votamos verde y militamos e hicimos campaña -cuando nuestra garganta valía un poco más- por el voto rosado, y aportamos casi ochenta mil votos por esa papeleta rosada en las elecciones de 2009. Y quien se atreva a decir lo contrario, miente. Quizá, pueda conseguir quince minutos de fama mintiendo, pero sería bueno que ahora fuera a buscar la conciencia.

En segundo término -no lo vamos a negar-, en la tarde de hoy vamos a votar este proyecto estrictamente por razones de disciplina partidaria.

En tercer lugar, hemos planteado nuestros argumentos, razones y principios a los compañeros en los ámbitos internos en los que pudimos participar, en forma franca y descarnada. No logramos convencerlos. Pero si es fácil aceptar la disciplina interna cuando nuestros puntos de vista prevalecen, forma parte de la integridad, el compromiso y la honradez intelectual y política de un frenteamplista, respetar los mandatos cuando la posición asumida no coincide con la nuestra. Somos compañeros en las verdes y en las maduras y, mal o bien, elegimos a los compañeros que están acá y a muchos de los que están en la Barra para seguir buscando el bienestar de nuestro pueblo.

Por estos motivos vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley.

Gracias, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Aníbal Pereyra, a quien le restan once minutos de su tiempo.

SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Señora Presidenta: hoy nadie discute sobre la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Todos sabemos que hace veinte años en este país sí había fundamentos defendiéndola desde el punto de vista constitucional. Hoy no los hay; hoy hay partidos de oposición que dicen que no es buena ley y que es oprobioso que siga vigente. Las diferencias que están planteadas refieren a la manera cómo nos hacemos cargo de que esta ley no siga y no tenga la aplicación que nunca debió haber tenido. Hoy no hay en este Parlamento -como en el año 1986- resoluciones o solicitudes de Juzgados guardadas bajo llave; no las hay; hoy hay gente que está adentro, que está en cana, y fue posible porque hubo Presidentes que dieron lugar a la Justicia para que actuara y que no le dijeron que no.

Hay otra realidad, señora Presidenta. En ese sentido, entendemos que se podrá seguir discutiendo la forma en que el Parlamento resuelva este tema -se podrá y se va a seguir discutiendo acerca de una temática como esta-, pero no más dilaciones, como dice la exposición de motivos, la fundamentación que acordamos.

Por eso hoy nos pareció necesario abordar este tema con la seriedad con la que el Parlamento lo está haciendo. Los uruguayos saben -lo sienten y lo ven a diario- que esta fuerza política, hoy en el Gobierno, tiene el compromiso asumido de seguir tirando abajo injusticias, muchas de las cuales tienen decenas de años. Ese es nuestro norte. ¡Esa es nuestra agenda! ¡No nos confundan la agenda de prioridades! ¡Esa es la agenda! Cuando un Parlamento discute y aprueba un Presupuesto Nacional también va en esa dirección. No nos quieran entreverar en cuanto a la necesidad y a los problemas de la gente discutiendo otros asuntos. ¡Vaya si ha habido un Gobierno que también abordó el tema de la seguridad pública, entre otras cosas, dando los recursos que se precisan para actuar y que antes no se tenían! Esa es la agenda. Los uruguayos, más que nadie, saben que hay injusticias que se remontan a decenas de años y que hay que seguir batallando contra esto.

Por eso hoy votamos conscientes y orgullosos de pertenecer a un colectivo que tiene ese norte.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Señora Presidenta: aquí se hizo referencia a la institución del veto presidencial. Yo tampoco soy abogado ni constitucionalista, pero debo decir que es una institución que está dentro de nuestra Constitución y que es una herramienta que tiene el Presidente de la República; la podrá usar o no. Si la usa, nadie podrá decir que va en contra de las instituciones. De hecho, en la Administración pasada el Presidente Vázquez la utilizó vetando ciertos artículos de algunas leyes y a nadie se le pasó por la cabeza decir que estaba yendo en contra de las instituciones. Es un instrumento que el Presidente puede usar si quiere, o no, pero su uso no implica ir contra ninguna institución.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR PUIG.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PUIG.- Señora Presidenta: consideramos que esta discusión que se ha desarrollado por parte de varios legisladores desde diferentes ángulos, desde nuestro punto de vista, tiene aspectos sustanciales, a los cuales vamos a referirnos.

No cabe duda de que el comportamiento de las sociedades contemporáneas en relación al terrorismo de Estado es un capítulo abierto a nivel internacional. A nadie escapa que a más de setenta años de instalada la dictadura franquista en España, con sus secuelas de terrorismo de Estado, de asesinatos, de desapariciones masivas, hoy la sociedad española no da por cerrada esta situación porque entiende que de la forma que la laudó, con impunidad, constituye una grave amenaza para las generaciones futuras.

Más cerca geográficamente, las Madres de Plaza de Mayo han dicho que los desaparecidos siempre vuelven, y en la hermana República Argentina se ha asistido a un proceso de anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Y lo que hoy estamos discutiendo en esta Sala tiene una enorme connotación con el tipo de sociedad con la que este Parlamento tiene la obligación de contribuir. No hay ninguna sociedad sana que pueda basarse en la impunidad y en la mentira. La verdad y la justicia no solo tienen un valor inconmensurable para laudar heridas del pasado; son un ingrediente fundamental de los valores democráticos que queremos trasmitir a las futuras generaciones de uruguayos. Si así no fuera, ¿cómo se explicaría, entonces, que jóvenes que no habían nacido en la época de la dictadura ni cuando se aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, hayan incorporado la lucha por la verdad y la justicia como un valor fundamental en la transformación de una sociedad más justa, más solidaria?

Desde nuestro punto de vista, se están invirtiendo los órdenes de discusión. Hoy hay que analizar si el Estado uruguayo va a cumplir con sus compromisos, no solo con la comunidad internacional sino con su compromiso de asumir íntegramente que, convertido en una maquinaria criminal, asoló los derechos de la ciudadanía, de los miles de presos torturados, de los más de doscientos desaparecidos; el terrorismo de Estado operó sobre el conjunto de la sociedad. La aplicación de recetas llevadas adelante por el régimen nazi sirvieron de referencia para aplicar el terror a fin de poder llevar adelante designios económicos y políticos.

Hace un rato, un señor legislador nos llamaba a aterrizar el debate. Esto nos trae a colación cuando el 5 de octubre de 1976 aterrizó un avión proveniente de la República Argentina, trayendo decenas de presos políticos, uruguayos y argentinos, que venían de estar en la cárcel clandestina de Automotores Orletti, y ese fue un vuelo reconocido por la Fuerza Aérea Uruguaya. Los prisioneros que allí vinieron fueron entregados al Ejército uruguayo, y la desaparición se produjo en nuestro país. Entre ellos también venía la ciudadana María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, secuestrada junto a su esposo Marcelo en Argentina, que fue asesinado y cuyo cuerpo fue reconocido años después. Esa joven de diecinueve años, con un embarazo casi a término, fue secuestrada por las Fuerzas Armadas uruguayas. Se esperó a que naciera su hija. Luego, se asesinó a la madre, y se entregó a la niña a un jerarca de la Policía.

¡Lo que estamos discutiendo es si se va a avalar ese tipo de aberraciones, si se va a seguir consagrando un cuarto siglo después la impunidad para los peores criminales de la historia de nuestro país! Esa es la discusión de fondo que estamos dando, referida a lo que fue la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado el 22 de diciembre de 1986. Fue una ley aprobada en tiempo récord, votada en cinco días, porque el lunes 22 de diciembre, a la hora 14, estaban citados por la Justicia connotados terroristas de Estado que habían participado en la represión en nuestro país y en la región.

No es cierto, señora Presidenta, cuando se dice que aquí hay una trilogía: la Ley de Amnistía de Presos Políticos, la Ley de Restitución de Funcionarios Públicos y la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, porque el artículo 5º de la Ley Nº 15.737, votada por este Parlamento el 8 de marzo de 1985, expresamente establecía, con absoluta claridad, que quedaban exceptuados de esa amnistía funcionarios militares, policiales asimilados, que hubieran participado en tratos degradantes y crueles, con la posterior desaparición de los presos políticos.

El Parlamento tenía claro que los crímenes desarrollados desde el Estado no podían ser amnistiados. ¿Qué es lo que pasó después? Existió un chantaje de los mandos militares contra la democracia; un chantaje que fue corroborado y está estipulado en las versiones taquigráficas del Parlamento, cuando el entonces Senador Zumarán decía que nunca había existido tanta presión sobre el Parlamento, que de lo contrario el Partido Nacional no hubiera votado esta ley.

La actitud del General Medina desafiando a la población, a la Justicia y al Parlamento diciendo que tenía en un cofre Fort las citaciones de la Justicia, fue la institucionalización de esa amenaza contra la democracia. La lógica de los hechos no es fuente de derecho en nuestro país; la lógica de los hechos es la expresión de ese chantaje a la democracia.

En esta Cámara, donde estuvieron figuras entrañables de nuestro país, como Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, víctimas del terrorismo de Estado, nos debemos esa discusión, con el mayor respeto, pero con la mayor claridad. Lo que estamos discutiendo en este Parlamento tiene una proyección a nivel nacional e internacional, pero no se trata únicamente de que revisar el pasado, sino de analizar cuáles son los valores en los que se va a cimentar la convivencia democrática entre los uruguayos. No queremos trasmitir a nuestros jóvenes que en nuestro país dar un golpe de Estado, torturar, asesinar, sale gratis. Así se ha instalado una cultura de impunidad en nuestro país, que va mucho más allá de esta ley. Sin duda, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es una piedra fundamental en esa cultura.

Hemos dado pasos tendientes a lograr revertir esta situación. Y permítaseme hacer un paréntesis. Así como algunos señores legisladores han dicho que se sienten orgullosos -y me parece bien- de los episodios de resistencia de su fuerza política a la dictadura, como integrante de esta fuerza política tengo la profunda convicción y orgullo de decir que el Frente Amplio no aportó un solo Consejero de Estado, ni un Ministro a la dictadura; en todo caso, aportó las víctimas del terrorismo de Estado, miles y miles de torturados, de desaparecidos. Esa es nuestra contribución y nuestro compromiso con la democracia, en definitiva: lograr una sociedad en la cual el valor de la vida, el derecho a no ser torturado, a que los presos no sean violados -como sucedió en este país y en la región-, sean valores fundamentales.

En algunas intervenciones se ha planteado que los excesos cometidos por la dictadura podían ser analizados e investigados aun con la ley de caducidad vigente, y al mismo tiempo se decía que esto era una amnistía, lo que genera una contradicción. No estamos hablando de excesos; estamos hablando de la peor maquinaria criminal puesta en funcionamiento, que es la del Estado terrorista. Eso fue lo que se aplicó en Uruguay.

Se plantea que pretendemos desconocer las resoluciones del soberano: no es así. Nosotros fuimos convocantes a la reforma constitucional por iniciativa popular del año pasado, que implicó un largo proceso de recolección de firmas, y no haber alcanzado los votos para anular la ley de caducidad mediante ese mecanismo, no significa, al existir una sola papeleta, que el 52% restante haya votado para mantenerla. Hoy este Parlamento tiene la obligación histórica de dar un mensaje categórico, no solo a la comunidad internacional, no solo para dar cumplimiento a los compromisos que hemos asumido libremente como Estado, sino a nuestros conciudadanos en el sentido de que este Parlamento no puede estar omiso ante las responsabilidades intrínsecas que el Estado tiene en esta situación.

Lo que estamos planteando con este proyecto de ley es derogar una ley que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia por ser violatoria de la Constitución, por ser violatoria de los convenios internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Esta ley ha sido declarada inconstitucional en el caso de Nibia Sabalsagaray, joven comunista asesinada, y esa declaración de inconstitucionalidad genera que se pueda investigar con relación a esa causa. Y se está investigando; hay acusados que tendrán que responder ante la Justicia. En otras causas, como la de María Claudia y otras, no se ha podido avanzar.

Se ha dicho que las leyes no se pueden anular por vía parlamentaria. Sin embargo, el 7 de abril de 1987 un grupo de parlamentarios del Partido Nacional presentó un proyecto de anulación que decía textualmente: "Anúlense por inconstitucionales los artículos 1º a 4º de la Ley de Caducidad", y saludamos la coherencia de esos legisladores en su momento.

Se ha expresado que no se puede desconocer el mandato popular. Eso lo han dicho algunos legisladores y nosotros lo compartimos plenamente. Por desgracia, en esta Sala se han desconocido mandatos populares. El 22 de diciembre de 1986, cuando se aprobó la ley de caducidad en este Parlamento, se desconoció el mandato popular que le otorgó la ciudadanía a Germán Araújo para constituirlo en Senador, y mayorías circunstanciales del Senado lo expulsaron de ese Cuerpo. ¡Vaya nuestro homenaje a Germán Araújo y a todos aquellos que hicieron posible mantener viva la esperanza de la verdad y la justicia en nuestro país!

Estamos convencidos de que este proceso -que hoy se inicia en esta Cámara, que continuará en el Senado y que finalizará con la promulgación del Poder Ejecutivo- no es un acto contrario a la Constitución de nuestro país. Pero por sobre todas las cosas tenemos la profunda convicción de que será una herramienta fundamental para ir generando algo que se viene llevando adelante en la conciencia internacional y a través de los dictámenes internacionales; algo ante lo cual el Uruguay y este Parlamento no pueden permanecer ajenos: ir ampliando la concepción de los derechos humanos, ir ampliando los mecanismos de protección de la persona humana, ir planteando que el Estado no tiene derecho a cercenar la vida de sus ciudadanos, a encarcelarlos injustamente, a torturarlos, a ejecutarlos. Y eso ha sido lo que pasó en nuestro país. Consideramos que en medio de este debate, con el aporte de todos, se va a poder analizar de qué manera nuestro país va a ir ingresando a cumplir cabalmente con todas las disposiciones en materia de derechos humanos. No solo durante la dictadura se desconocieron los derechos de las víctimas. Durante mucho tiempo, durante cuatro Gobiernos que sucedieron a la dictadura, el Estado se ha mostrado reacio a asistir a las víctimas y asegurarles sus derechos.

Hace pocos días, en la República Argentina, un joven recuperó su identidad: Simón Riquelo Méndez. Durante mucho tiempo, el Estado uruguayo no contribuyó a la búsqueda que Sara Méndez hizo de su hijo. Tampoco contribuyó a la búsqueda que emprendieron las madres y los familiares de detenidos desaparecidos, que muchas veces investigaron más que el Estado, y muchas de las denuncias que se sustentaron se hicieron a riesgo de sus vidas. Creemos que esas situaciones se deben revertir, no en aras de ningún revanchismo ni de ningún odio: en aras de la necesidad de consagrar los valores democráticos de los que nuestro país no debió apartarse nunca y que, en definitiva, la oprobiosa ley de caducidad impidió que se llevaran adelante durante años.

No estamos planteando una dicotomía. No estamos mal utilizando el tiempo del Parlamento dedicándonos a estos temas. Porque cuando se habla de seguridad pública, yo pregunto: ¿qué favor le hacemos a la seguridad pública? ¿Qué favor le hicimos durante veinte años manteniendo libres a violadores y asesinos, manteniéndoles sus cargos y su mandato sobre tropas? Esa es la peor contribución que se puede hacer en una sociedad sana.

Nosotros, señora Presidenta, vamos a votar afirmativamente este proyecto, en el convencimiento de que será una contribución, como fueron las leyes de reparación integral, más allá de todo lo que falta en materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. En definitiva, creemos que será una contribución para que se pueda avanzar en materia jurídica. Saludamos que los Jueces de nuestro país estén incorporando los aspectos más avanzados de la legislación internacional. Y voy a mencionar un ejemplo muy claro que nos dio la doctora Mota, hace pocos días, al procesar por asesinato político a los responsables del crimen de Ubagesner Chávez Sosa, crimen que permaneció en la impunidad durante mucho tiempo, y cuyos restos fueron encontrados por una decisión inequívoca del Gobierno del doctor Tabaré Vázquez de avanzar en materia de investigación e ingresar en los cuarteles.

Lo que estamos discutiendo hoy, señora Presidenta, es si se va a perpetuar aquello que hace más de veinticuatro años se viene llevando adelante, que es la impunidad sobre los crímenes del terrorismo de Estado. Creemos que el Uruguay debe dar un salto muy importante en materia de derechos humanos, ¡y ese salto va a ser de un valor inconmensurable para las futuras generaciones de uruguayos a las que les vamos a trasmitir que la verdad y la justicia son principios fundamentales para la construcción de la democracia!

Muchas gracias.

(¡Muy bien!)

17.-     Rectificación de trámite.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Orrico, Battistoni, Delgado, Verri y Trobo.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el proyecto de ley relativo a 'Reforma Código de Minería', artículos 378 a 397 desglosados del proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional correspondiente al Período 2010 - 2014', (Carpeta Nº 427/2010), que se encuentra en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, pase a la Comisión de Industria, Energía y Minería".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA.

18.-     Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.548, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: que se pretenda reducir el debate al concepto de que quienes estamos discutiendo en la Cámara avalamos o dejamos de avalar las aberraciones cometidas en el pasado, nos parece un camino muy peligroso que nosotros no estamos dispuestos a transitar. Y si en todo caso se nos convoca a transitarlo, una sesión que, más allá de las diferencias de criterios importantes, hemos logrado llevar -por lo menos hasta ahora- por carriles de civilización política y de tolerancia en el intercambio de las ideas, correría el riesgo de terminar mal. Nosotros no estamos dispuestos a recorrer este camino, pero nos preocupa que se emitan algunas señales en ese sentido.

Nadie tiene el monopolio de la sensibilidad frente al tema de los derechos humanos. Nadie. Seguramente, las aberraciones que se hayan cometido en contra de los derechos humanos, en el pasado y en cualquier tiempo, merecerán una valoración y una condena similar de parte de los noventa y nueve integrantes de esta Cámara. Por lo tanto, establecer una falsa oposición según la cual los que están de un lado de este proyecto de ley son los paladines de los derechos humanos y los que estamos del otro somos algo así como una manga de forajidos que no tenemos la misma sensibilidad que quienes nos proponen esta salida, no solo es una exageración sino un grave riesgo al que se somete a la Cámara de Diputados y al análisis serio y delicado de esta situación.

Francamente, señora Presidenta, pienso que lo que está detrás de este debate tiene que ver con otra cosa. Me parece que con la excusa de la inconstitucionalidad que fue declarada por la Suprema Corte de Justicia -es un dato de la realidad- y también con la excusa de una posible condena que el país pueda llegar a sufrir por parte de los organismos internacionales -seguramente también sea un dato factible de analizar-, lo que en verdad se esconde, en forma más o menos consciente o inconsciente -descuento que con la mejor intención, porque yo no atribuyo intenciones-, es el afán de reescribir la historia y, en algún sentido, de volver todo este tiempo para atrás, a fin de reeditar el debate político que el país se dio a fines del año 1986.

La verdad, en cualquier caso y cualquiera sea la suerte de este proyecto de ley, termina prevaleciendo, y yo creo que lo que sin ninguna duda define y califica la situación que se vivía en diciembre de 1986 es lo que está contenido en el artículo 1º de la ley de caducidad; esa es, a nuestro juicio, la prueba irrefutable de la realidad institucional que en ese momento se vivía.

Hoy se preguntaba qué se quiso decir con aquello de la lógica de los hechos. Yo creo que la lógica de los hechos, como dice el artículo 1º de la ley de caducidad, está referida a las consecuencias -como dice también a texto expreso la ley- de los acuerdos celebrados entre los partidos políticos que concurrieron al Club Naval y las Fuerzas Armadas, y, por lo tanto, al riesgo institucional que de ello devino hacia fines de 1986, cuando los militares que fueron citados a declarar por la Justicia se negaron a comparecer, en lo que sin ninguna duda representaba una situación de virtual desacato. Esa es una verdad irrefutable y tal vez, el paso legislativo -a nuestro juicio, absolutamente equivocado- que se pretende dar hoy, en algún sentido intente modificar, encubrir o reescribir la historia, como decíamos antes. Pero entiendo yo, además, señora Presidenta, que a esta altura alcanza con revisar los hechos de aquel momento, con repasar las crónicas y recordar algunos acontecimientos muy elocuentes que se dieron con relación a esta discusión. Todos, más o menos, todos los partidos políticos, todos los actores de aquel entonces, reconocieron que el país vivía un momento de zozobra desde el punto de vista institucional. Por eso se votó la ley de caducidad. Pero por eso también, otros, que no la votaron pero sí estuvieron en el Club Naval, propusieron como salida y como solución, la postergación de todos los juicios penales por un año, a condición -cosa curiosa- de que quien proponía esa solución no la votara, porque de lo contrario merecería la censura de sus adherentes, de sus simpatizantes, de sus votantes. Y más allá de pretender -que no pretendo- calificar esa actitud, me parece que el hecho sirve por lo menos como demostración cabal de que en la situación que se vivía todos hacíamos -un poco más o un poco menos- la misma lectura y todos los partidos políticos estaban en ese momento i buscando una salida.

Ahora se llega a Sala -repito-, frente a la eventualidad de un fallo internacional y al hecho consumado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, a proponernos una solución que nosotros no dudamos en calificar de impertinente desde el punto de vista jurídico -y que se nos entienda bien: impertinente en el sentido de que no tiene pertinencia, de que está por fuera del marco constitucional y legal-, que va en contra de los principios generales del derecho y que, por lo tanto, es violatoria de la Constitución de la República porque representa -como todos sabemos y creo que a esta altura ha quedado demostrado- una construcción jurídica compleja. Nada tiene que ver con el argumento que recién se mencionaba de las propuestas de derogación de la ley de caducidad que algunos legisladores del Partido Nacional presentaron, incluso en esta Legislatura. Esa es otra discusión. Aquí no se propone la derogación de la ley de caducidad. Si esa fuese la propuesta del Gobierno, o de la bancada mayoritaria, por lo menos nos hubiera obligado a un análisis o a una reflexión mucho más profunda, porque frente a esa alternativa tal vez habríamos tenido dos visiones, dos sensibilidades o dos actitudes, pues se trataría de una decisión que es sostenible desde el punto de vista jurídico. Pero esta que se nos trae es absolutamente insostenible y, por esa razón, al Partido Nacional le insumió muy poca discusión definir, por unanimidad, la posición que hoy vamos a sustentar.

Es cierto que el derecho internacional humanitario, de acuerdo con la actual tendencia de la doctrina y de la jurisprudencia, se incorpora a la norma constitucional. De cualquier manera, esta posición no es unánime. Todos sabemos que el doctor Korzeniak, por ejemplo, no la comparte, que sostiene que para que las normas internacionales se puedan incorporar, nuestra Constitución debería ser reformada. También está claro que esta es una tendencia reciente que no regía en el año 1986 o que, en todo caso, no se había configurado todavía y nadie la sostenía. El doctor Cajarville, que fue uno de los propulsores en el ámbito doméstico, aun no la había argumentado. Por eso mismo es que en el año 1986 la ley de caducidad fue perfectamente constitucional y por eso mismo es que la Suprema Corte de Justicia de la época la declaró como tal, porque no violaba preceptos constitucionales y tampoco violaba normas internacionales de especie alguna.

Lo absolutamente imposible, señora Presidenta, es que se sugiera la invasión de las competencias de la Suprema Corte de Justicia, cosa que no hace la ley de caducidad; sí lo hace esta ley interpretativa que propone el Frente Amplio en el sentido de que es la ley la que declara que la ley de caducidad no tiene valor jurídico alguno. Eso no le corresponde al Poder Legislativo; eso es tarea del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia.

Lo que tampoco resulta sostenible desde el punto de vista jurídico, aunque no nos guste -¡ojalá se pudiera, pero no se puede!- es declarar que, por lo tanto, el archivo de las actuaciones realizado durante la vigencia de la ley de caducidad no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada. La acción penal está extinguida, y lo está por la sencilla razón de que, nos guste o no, en aquel momento se dispuso -porque las circunstancias así lo determinaron- que la pretensión punitiva del Estado caducaba y con ella, naturalmente, todos los procesos en marcha, o los que se intentaron tramitar después derivaron inexorablemente, de acuerdo con el mecanismo del artículo 4º, en el archivo de las actuaciones por parte del Juez y también en la extinción de la acción penal correspondiente. De manera que estamos frente a una solución que violenta la Constitución. Y yo pienso que esta percepción la tenemos no solo los Representantes de la oposición, no solo los integrantes del Partido Nacional, sino muchos integrantes del Frente Amplio, porque han sido notorias las manifestaciones llegadas desde el Senado. Y también tengo para mí la sensación de que muchos legisladores que están aquí presentes hacen una lectura no demasiado alejada de lo que estoy afirmando. He leído declaraciones de colegas que integran, inclusive, la propia Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración reconociendo que tal vez esta norma, este proyecto que estamos analizando, conduzca a alguna forma de inconstitucionalidad.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA.- Ahora me gustaría terminar. Tengo pocos minutos, pero con mucho gusto, en la medida de lo posible, le concederé la interrupción.

Decía que hay dos Diputados del Frente Amplio -que no voy a nombrar por razones de delicadeza- que declararon en forma pública que tienen prácticamente la convicción de que es muy factible que esto provoque alguna forma de inconstitucionalidad, pero no importa porque, en todo caso, ahora será la Justicia la que resolverá, como si el fin justificara los medios y, por lo tanto, como el afán es devolverle la competencia al Poder Judicial, en la lógica o en la perspectiva de quienes están impulsando el proyecto de ley, importa poco si el costo que hay que pagar es cometer alguna violación a la Constitución, a través del texto que en este momento estamos analizando.

Por supuesto que cualquier análisis de este tema estaría incompleto si no mencionáramos -¡y vaya si ha sido materia de análisis permanente en el correr de este ya largo debate de la mañana y la tarde de hoy!- a los pronunciamientos populares que con relación a este tema han acontecido, y yo, por lo tanto, también me voy a referir a ello.

Creo que los pronunciamientos -por supuesto- no resuelven definitivamente la cuestión, no convierten, desde nuestro punto de vista, esta ley o cualquier otra en una norma de carácter inderogable, por más que hay quienes sostienen que sí, entre ellos el doctor Korzeniak, que dice también que como esta norma ha sido sometida por dos veces al veredicto popular no se la puede derogar, porque el Cuerpo electoral es un órgano superior a los órganos representativos del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Yo no me afilio a esa tesis; entiendo que sí, que eventualmente puede procederse, por ejemplo, a la derogación, pero también entiendo que ante los pronunciamientos populares -y en eso coincide toda la doctrina constitucional-, las normas sometidas a referéndum y al veredicto de la gente, tienen un valor y una estabilidad especial, si no desde el punto de vista jurídico, por lo menos, inexorablemente desde el punto de vista político.

Creo que aquí llegamos a otro aspecto del análisis que tiene que ver con la ética política, referida al valor que asignamos a los veredictos de la gente. No se puede sostener, como se sostuvo recién, que en todo caso el Poder Legislativo, después de que la gente se pronunció en una convocatoria popular, en la consulta de un referéndum o un plebiscito, puede hacer lo que quiera. Eso se dijo aquí hace un rato por parte de un señor legislador que integra la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, y eso no es verdad. ¿Qué hubiera pasado en el año 2003 si después de que el pueblo derogó la ley que modificaba el régimen de la actividad de ANCAP, los mismos legisladores que la votaron se hubieran convocado, hubieran iniciado un nuevo procedimiento legislativo, y hubieran cambiado un punto o una coma de esa ley y, en ese caso, por lo tanto, hubieran aprobado un nuevo texto prácticamente equivalente al anterior? ¿O si lo mismo hubiese ocurrido con la ley sobre empresas públicas del año 1992? ¿No se nos hubiese condenado desde la izquierda, desde el Frente Amplio, por estar burlando la voluntad popular, por estar quebrantando el mandato de la gente, por haber asumido una actitud irrespetuosa, temeraria y, desde ese punto de vista, soberbia, elitista y todos los calificativos que se puedan imaginar, por haber desoído lo que poco tiempo antes la gente había pronunciado? ¡Por supuesto que eso hubiera ocurrido! Creo que eso es lo que está pasando hoy, nos guste o no nos guste, con este proyecto de ley que la Cámara está analizando y en la perspectiva del pronunciamiento que hace menos de un año la gente emitió y que, sin duda, constituyó eso: un pronunciamiento inequívoco del Cuerpo Electoral, de la ciudadanía, integrada por el conjunto de nuestros compatriotas.

Creo que la izquierda -y lo ha dicho un Senador muy representativo del Frente Amplio-, en estos últimos días, ha variado su posición con relación a los instrumentos de democracia directa, o termina de hacerlo en este acto de hoy. Del uso y, muchas veces, del abuso de los mecanismos de referéndum, como por ejemplo cuando se falsificaron firmas para someter a plebiscito...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——...la ley que modificó el sistema de Seguridad Social a esto de hoy, de desconocer los pronunciamientos y los veredictos de la gente hay, sin duda, un cambio cualitativo enorme que, a nuestro juicio, desde el punto de vista de la historia de la democracia en el Uruguay, va a marcar un antes y un después. Sin ninguna duda, esto será tremendamente negativo a los efectos de la calidad democrática, que es una tarea, un desafío y una responsabilidad que a todos nos está encomendada y que muy especialmente deben observar quienes están a cargo de la conducción del país, quienes tienen la responsabilidad de ejercer el Gobierno de la República.

Nada más; muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: la alusión política es evidente. Se ha mencionado en reiteradas oportunidades la fuerza política, y lo que este miembro informante del proyecto que está a estudio quiere aclarar es que en la tarde de hoy no está en el banquillo de los acusados el Frente Amplio. En la tarde de hoy, la que está sentada en el banquillo de los acusados es la Ley Nº 15.848, que en forma absolutamente inconstitucional invadió prerrogativas del Poder Judicial y se las otorgó al Poder Ejecutivo. Eso es lo que estamos discutiendo, y todos los catedráticos que pasaron por la Comisión dijeron que la ley era inconstitucional.

(Interrupción del señor Representante Abdala)

——Y hubo uno que dijo que en 1986 probablemente no lo fuera, pero que hoy sí lo es, y hoy lo es por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Además, todos dijeron que estaríamos mucho mejor con el proyecto original y no con este, que está mejorado y que sorteó todas las observaciones, naturalmente, desde mi punto de vista, pese a que algunos dicen que los muchachos no pasamos el examen. ¡En la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración no estábamos en el banquillo de los acusados, sino que estábamos preguntando! Hay que leer la versión taquigráfica.

Por lo tanto, lo que está a estudio y consideración de esta Cámara no son las actitudes políticas del Frente Amplio, que las podemos discutir cuando quieran. Lo que está en discusión acá es cómo salimos de la impunidad.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Solicito a los señores legisladores que, cuando hagan uso de la palabra, se dirijan a la Mesa y no dialoguen entre sí.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: no pretendo poner en el banquillo de los acusados a nadie pero, en todo caso, cuando se me lleva al terreno de discutir en términos de quiénes son los que reivindican los derechos humanos y quiénes somos los que poco nos preocupamos por ellos, ¡no tengo más remedio que juzgar también actitudes! ¡Cómo no las voy a juzgar!

Francamente, actuando con absoluta honestidad intelectual, advierto que aquí hay algo que va bastante más allá de la mera discusión jurídica o del posible advenimiento de un fallo contrario a nuestro país, como se ha sostenido.

Creo que existe -lo reitero, y lo dije sin juzgar intenciones-, implícita o subconscientemente, el afán de volver atrás y de reeditar una discusión que, en verdad, el país ya había laudado.

Ahora, con relación la discusión de este proyecto de ley y al proceso legislativo que se viene cumpliendo, no es cierto que todos los catedráticos consultados hayan sostenido la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Además, yo sostuve concretamente que la tendencia de incorporar el derecho internacional humanitario a la Constitución es, en todo caso, de vigencia reciente y no tenía vigencia en el año 1986, porque por lo menos uno de los invitados, el doctor Risso Ferrand, sostuvo en forma clara que era perfectamente constitucional la ley en aquel entonces, que no violaba la Constitución y que no violaba el derecho internacional, como sostuvo también la Suprema Corte de Justicia de la época. ¿O es menos Suprema Corte aquella que esta porque esta falló de acuerdo con lo que yo entiendo es lo correcto y aquella emitió un dictamen que a mí no me gustó?

(Interrupción del señor Representante Michelini.- Respuesta del orador)

——Y lo que se ha sostenido, que las modificaciones que se introdujeron en el proyecto original de los Diputados del Frente Amplio satisfizo los reclamos de los catedráticos que comparecieron a la Comisión, a mí no me consta. Por ejemplo, el doctor Luzardo hizo declaraciones públicas y dijo: "La verdad es que han levantado muy pocas observaciones"; tengo delante esas declaraciones. Además, sostuvo "que el Legislativo se entromete en la competencia del Poder Judicial" y que viola la seguridad jurídica; eso no lo dijo cuando compareció en la Comisión sino públicamente, después de que la Comisión modificara el texto. Pero digámoslo claro: la Comisión no modificó el texto sino que apenas lo retocó; le introdujo un maquillaje pero la solución siguió siendo la misma y, por lo tanto, siguió siendo absolutamente antijurídica y reñida con los principios generales del derecho y con la mejor tradición de este país. Esto no tiene nada que ver con catalogar y calificar las violaciones de derechos humanos como aberrantes. Aunque se pretenda sostener que sí, sobre eso no hay dos opiniones en esta Cámara ni en cualquier ámbito democrático y republicano que analice la cuestión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Solicito a los señores Diputados que no aludan cuando hagan sus aclaraciones.

Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: no quiero entrar en un debate con el señor Diputado preopinante porque es una persona inteligente -discúlpeme que me vaya del Reglamento- y porque, además, hace observaciones interesantes. De todos modos, quiero aclarar lo que dijo el señor Representante Abdala, que había dudas en integrantes de nuestra fuerza política de la Cámara de Diputados. Quiero aclarar esto estrictamente.

A los efectos de la Cámara de Representantes, el proyecto fue firmado por los cincuenta señores Diputados, también fue firmada su exposición de motivos, y aquí van a estar los cincuenta votos del Frente Amplio para apoyarlo.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR ESPINOSA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ESPINOSA.- Señora Presidenta: trataré de no hacer alusiones; pero no me rezongue porque lamentablemente voy a tener que hacerlas.

Cuando se habla del banquillo de los acusados, allí no está el Frente Amplio sino la democracia. Y este Parlamento, hablando en términos políticos, está debatiendo, nada menos, qué rumbo va a tener en el futuro la democracia uruguaya. ¿Sabe por qué, señora Presidenta? Hablando en términos políticos, ¿qué autoridad tiene el Parlamento para violentar la voluntad de los ciudadanos, la voluntad de su pueblo?

Quiero decir, señora Presidenta, que a pocas horas del resultado electoral de octubre de 2009, la Mesa Política del Frente Amplio -analizando los resultados de la votación y del plebiscito-, señala lo siguiente: "El Frente Amplio (FA) recibió 'con dolor' el fracaso del plebiscito para anular la ley de Caducidad, pero resolvió en forma unánime que acatará la resolución popular y ya no intentará eliminar la norma". Un importante referente de esta Mesa señala: "La ley fue ratificada por la ciudadanía. Ese es un dato de la realidad, por más que nos duela. Creemos que una ratificación veinte años después no nos deja otro camino que aceptar la voluntad popular y aplicar la ley en toda su cabalidad".

Quiero complementar todo esto con lo que expresó en aquel entonces el candidato a la Presidencia de la República -y que hoy es el Presidente de todos los uruguayos y de todas las uruguayas- en relación con el resultado del plebiscito. Decía: "[...] acatamos y lo que decide por mayoría nuestro pueblo lo respetamos íntegramente [...]". Además, por sus convicciones, señala que se seguirá luchando y caminado por sus ideas.

De todas maneras, quiero señalar dos o tres cosas y no pretendo aludir a nadie. No hay una obligación histórica de este Parlamento de avanzar en la aprobación de un proyecto de ley; hay una obligación histórica de este Parlamento de hacer respetar la voluntad de la gente, de respetar la voluntad ciudadana y de no torcer en términos políticos dicha voluntad. Lamento tener que hacer esta reflexión ante un tema de tanta sensibilidad, con tanta gente que aun tiene cicatrices, de tanto dolor y de tanta angustia. Vaya si este país, en el error o en el acierto, ha recorrido los caminos para intentar corregir esta situación. Vaya si yo también tengo que reconocer a esta bancada oficialista -en esa generosidad de espíritu- cuando señala que aquí hay términos de disciplina partidaria. Quizás los corazones de muchos de los colegas Diputados del Frente Amplio estén intentando recorrer otro camino y como hay una articulación política y no ciudadana, tendrán que votar este proyecto político. ¿Esto va en contra de esos ideales? No, señora Presidenta, estoy convencido de que no es así. Yo confío en los buenos ideales y en los buenos gestos de los colegas del Frente Amplio aunque discrepe con ellos filosófica y políticamente. De todos modos, no puedo convalidar que la disciplina partidaria vaya en contra de Juan Pueblo, que la disciplina partidaria atente contra esa voluntad, sabiendo que hay otros caminos para recorrer.

Se ha hecho muy especial hincapié en las convenciones internacionales y quizás por ahí se escapó algo; puede ser que miremos las convenciones internacionales para un lado y no para el otro. La propia Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en su artículo 29, referido a "Normas de Interpretación" expresa: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: [...] c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno [...]". ¡¿Y qué mejor instrumento representativo de la forma republicana de gobierno que el voto de la gente?! Yo no quiero entrar a jugar con esa cuestión filosófica ni con el dolor de quienes están escuchando este debate, que rememora cosas muy tristes del pasado, para nuevamente no discutir alegatos jurídicos, alegatos de sensibilidad, sino votar solo por una decisión política.

Creo que la bancada oficialista -lo digo con respeto- se está equivocando cuando avanza en contra de la voluntad de la gente. Entonces, la pregunta que corresponde formular es la siguiente: ¿qué democracia queremos? Los ciudadanos de este país en la próxima instancia electoral, ¿van a confiar en un sistema electoral que no les ofrece garantías? La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que tanto pánico nos produce porque nos va a castigar con una sanción, ¿también nos va a castigar porque estamos desobedeciendo, como dice su artículo 29, la voluntad de Juan Pueblo? ¿Cuál es el equilibrio que hay en todo esto? ¿Quién tiene la razón? ¿La tienen los unos o la tienen los otros? Creo que este es un tema más a reflexionar.

A mí no me gustaría que se terminara resolviendo este diferendo solamente en términos políticos. Tenemos para presentar una argumentación jurídica sobre este tema; lamentablemente, advertimos que esto va a atravesar lo jurídico. Esto ya no es la legislación; esto ya no es la oportunidad o la conveniencia jurídica. Estos son términos políticos que va a votar el Frente Amplio, que va a contramano del proyecto que votó la gente. ¿Por qué digo a contramano, con todo respeto? Todos sabemos que el caudal electoral permitió que el Frente Amplio obtuviese la legítima mayoría. Sin embargo, en el proyecto político que votó la ciudadanía, no figuraba este tema. Si hubiera estado incluido en el proyecto político, se habría aprobado la derogación de la ley de caducidad. Entonces, debemos reflexionar. Creo que los colegas del oficialismo tienen que comprender que si la disciplina partidaria es un instrumento legítimo, no son los términos políticos que hoy maneja la ciudadanía, que va a interpretar y que va a convalidar. Indudablemente, va a ser el faro, la ruta que indicará qué clase de democracia, qué respeto y qué garantías nos van a proponer los próximos resultados electorales. No sea cosa de que en el futuro -que no se me considere loco-, si el próximo resultado electoral define un Presidente, haya que hacer una articulación jurídica y en términos políticos, y lo cambiemos por otro. Total, por allí hay alguna convención a la que no le gusta la filosofía, la religión o el sexo del político que ha salido electo y lo tenemos que cambiar. Eso es violentar la voluntad de la gente; vamos a violentar la voluntad popular, no una vez, señora Presidenta -¡no solo una vez!-, sino dos veces. Quiero reiterar que la sensibilidad de este tema, que el dolor de los uruguayos y las uruguayas no puede resolverse en términos políticos.

Ojalá los términos políticos también nos permitan resolver otros temas pendientes, porque si hablamos de violación de los derechos humanos, ¡vaya si en este momento histórico -es triste decirlo- en Uruguay ocurren claras violaciones a los derechos humanos! ¡Recordemos las violaciones a los derechos humanos que ocurren en los hogares del INAU! ¡Recordemos las violaciones de los derechos humanos que ocurren en nuestras cárceles! ¡Es triste!; ¡es lamentable! ¿Hemos recibido una condena? No, señora Presidenta, ¡hemos recibido montones de condenas! ¡Montones de condenas que no han hecho doblegar a nuestro país en el esfuerzo de seguir trabajando para que eso no ocurra! Y esa es la grandeza que debemos tener. La grandeza no es ser un gigante y pegarle a un enano; la grandeza es que ese gigante le dé una mano al chico para que este pueda crecer y arreglar sus problemas.

Esta Convención, en lugar de condenarnos, debería darnos la posibilidad de considerar y de ponderar los esfuerzos que hace Uruguay para reconstruir un pasado, y permitir que en nuestro país avancemos juntos, avancemos como hermanos, avancemos sin dolor, sin odio y sin rencores. ¡Eso es lo que reclamamos a los organismos internacionales, y no que nos digan que hay que torcer la voluntad de Juan Pueblo!

SEÑOR VERRI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ESPINOSA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR VERRI.- Señora Presidenta: en aras de abreviar esta larga sesión, le pedí al señor Diputado Espinosa que si le sobraban minutos me concediera una interrupción para no usar el tiempo que me correspondería cuando llegara mi turno de hacer uso de la palabra.

En primer lugar, quiero decir que rechazamos enfáticamente este claro intento de ciertos Diputados de hacer quedar a algunos a favor de los derechos humanos y a otros en contra. En este Cuerpo estamos todos a favor de los derechos humanos; en este Cuerpo no hay ningún Diputado en contra de los derechos humanos. Lo que estamos discutiendo es si la forma que han elegido el Frente Amplio y el Gobierno para derogar o anular una ley es la correcta, porque hay dos plebiscitos que la han ratificado. Eso es lo que queremos discutir y de lo que nos vamos a ocupar.

Por cierto, no avalamos lo que pasó en la dictadura; por cierto que no nos hacemos eco de lo que fue el terrorismo de Estado, y lo condenamos como el que más, pero eso es historia. Además, eso fue lo que precisamente la ley de caducidad ayudó a resolver. Si bien podemos discutirla y decir que era mala, fue lo que en aquel momento el Gobierno, legítimamente electo por la gente, definió para salir de esa situación.

Por lo tanto, rechazamos fuertemente eso de que hay algunos a favor y otros en contra de los derechos humanos. Reitero que estamos todos a favor de los derechos humanos, y no le damos la derecha ni la izquierda a nadie, como se ha dicho.

Entrando en la consideración del tema, quiero decir dos o tres cosas. No soy jurista; tampoco voy a citar a Jiménez de Aréchaga porque lo han hecho todos los legisladores que me han precedido en el uso de la palabra. Por tanto, me limitaré a hacer consideraciones políticas, pero de fondo.

El proyecto de ley tiene cuatro artículos que, básicamente, disimulan lo que el Frente Amplio no quiere decir, y es que se anula la Ley Nº 15.848. ¿Por qué no lo quiere decir? Porque en nuestros institutos jurídicos no existe la anulación de las leyes. Esto lo han dicho todos los juristas que han sido consultados por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, que fueron unos cuantos. Todos estos destacados juristas han dicho que no existe la anulación de las leyes, en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Por lo tanto, es absurdo declarar inexistentes artículos de una ley, cuando existieron y tuvieron efecto, al punto de que el mismo proyecto de ley dice: "continuará de oficio la tramitación de las causas"; no se puede continuar lo que nunca existió, por lo tanto, evidentemente, pretende haber una anulación incorrecta.

Además, los juristas también dicen claramente que este no es el camino para integrar a la Constitución tratados específicos de derecho internacional, sino que habría que llegar a una instancia de reforma constitucional, lo que compartimos, sin ser juristas.

Otros juristas también expresan que tampoco puede admitirse como fuente constitucional, como normativa soberana, un conjunto inarticulado y cambiante de prácticas internacionales que pueden hasta resultar contradictorias con la legislación uruguaya. También se dice que la retroactividad de la ley es peligrosa, que hace caer la certeza jurídica. Estoy mencionando afirmaciones que he ido sacando de las versiones taquigráficas y de las entrevistas que se han hecho en estos días, en estas horas, a destacados hombres de derecho de nuestro país.

Los juristas que concurrieron a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración dijeron, por ejemplo, que el artículo 2º del proyecto anula la Ley de Caducidad -lo decíamos recién-, y que eso no está entre las potestades ni las competencias del Poder Legislativo, y que se le quiere dar retroactividad. Asimismo, otros juristas dijeron que al declarar que una ley viola la Constitución se sustituye la labor de la Suprema Corte de Justicia. Se viola la Constitución y la separación de Poderes, decían otros juristas. La declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de una ley con efectos generales y abstractos sería antijurídico; por lo menos es lo que dicen.

Así podríamos seguir hasta llegar a lo que dice Cassinelli Muñoz, que establece que anular, desde el punto de vista jurídico, significa dejar sin efecto; por lo tanto, tiene un claro y expreso efecto retroactivo. Entonces, la aprobación de la propuesta llevaría a anular los procedimientos. Y podríamos seguir.

Sin duda, esta fue una solución política de nuestro país, como también lo fueron las salidas que llevaron a la liberación de los presos políticos, a la recomposición de las carreras administrativas o de las cédulas jubilatorias, lo cual compartimos, avalamos y votamos. Pero, en el fondo, fue una salida política.

Hace más de veinte años, en 1989, se nos consultó por primera vez...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Continúa en el uso de la palabra el señor Diputado Espinosa.

SEÑOR VERRI.- ¿Me permite otra interrupción, señor Diputado?

SEÑOR ESPINOSA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR VERRI.- Señora Presidenta: decía que hace más de veinte años, en 1989, se nos consultó por primera vez si avalábamos o no la ley en cuestión hoy. La ciudadanía se pronunció fuertemente -el 57%- por el "No", que mantenía la norma y daba por bueno el sistema que había elegido la mayoría de este Parlamento para salir de la dictadura y de esa etapa de transición, que fue el cambio en paz. Sin embargo, en aquella campaña de recolección de firmas, el eslogan era: "Firmar para que el pueblo decida". Es paradójico; el pueblo decidió y hoy lo estamos desconociendo.

En 1989, esa misma noche, el General Seregni y la señora Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz dijeron que aceptaban el resultado de las urnas y que lo iban a acatar. Lamentablemente, veinte años después, el PIT-CNT primero, y el Frente Amplio después, desconocieron el dictamen de aquellas autoridades del Frente Amplio y de la Comisión Pro Referéndum, y volvieron a someter a referéndum una reforma constitucional para anular la ley. Eso lo hicimos el 25 de octubre del año pasado, en la misma elección por la que la gente nos trajo aquí, por la que nos puso en esta banca, por la que nos dijo que teníamos que ser legisladores por cinco años y que le otorgó al señor Mujica la Presidencia de la República. Esa misma mayoría que le dio el Gobierno al Frente Amplio dijo que no estaba de acuerdo con anular la ley de caducidad a través de una reforma constitucional; nuevamente volvieron a perder. Sin embargo, hoy el Frente Amplio está desconociendo lo que manifestó la ciudadanía en dos oportunidades.

El doctor Korzeniak, destacado jurista y político del Frente Amplio decía: "Yo enseño hace 40 años en la Facultad de Derecho, que el artículo 82 de la Constitución dice que la nación, que es la soberana, ejerce directamente su soberanía a través del cuerpo electoral e indirectamente a través de los tres Poderes representativos". "Como principio que todo el mundo entiende, un órgano inferior no puede derogar lo que hizo un órgano superior. En este caso, el Parlamento, que es inferior al cuerpo electoral no puede ni derogar" ni anular "lo que hizo un órgano superior como es el cuerpo electoral". "Esto es lo que yo sostengo jurídicamente, aunque me duela y no me guste". Esta es una verdad a gritos, y la dijo un hombre que fue Senador del Frente Amplio. Es que la seguridad jurídica es uno de los derechos fundamentales, no es posible reírse de la cosa juzgada, no es posible revivir delitos que ya fueron anulados, desaplicar una ley que ya se aplica, imponer retroactivamente una ley penal y despreciar los pronunciamientos del cuerpo electoral". La ley, con todo lo discutible que pueda ser, sin duda fue pacificadora y por eso Uruguay no sufrió lo que sí sufrió Chile, lo que sufrió Argentina. Inclusive, en Chile el dictador hasta terminó siendo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

(Interrupciones)

——Me acotan que también fue Senador vitalicio.

Sin duda, es un hecho deplorable, pero fue la solución que lamentablemente se encontró.

Predominó la ética de la paz, que ante la ley igualó a todos aquellos que, de una manera u otra, habían desbordado los marcos legales: a quienes estuvieron empuñando las armas en nombre de su teoría revolucionaria y a quienes en nombre de la doctrina de la seguridad nacional cometieron los excesos que todos condenamos.

Hay otro argumento que es un principio del derecho internacional que refiere a la autodeterminación de los pueblos. Uruguay, a través del sufragio -así lo ha hecho en dos oportunidades-, decidió qué quería hacer: mantener vigente la ley. Por lo tanto, no se nos podrá invocar que por el derecho internacional tenemos que derogarla; los organismos internacionales tendrán que entender que nuestra soberanía radica en la nación y que esta, en dos oportunidades, a través del sufragio ha dicho que no quiere derogarla.

El 5 de abril de 1813, Artigas expresó la frase que encabeza este recinto y que ya han reiterado unos cuantos: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana". Creo que la persona que decidió que debía figurar en ese lugar ha sido muy sabia ya que a todos quienes entramos a esta Casa en nombre de la democracia nos obliga a recordarla siempre, porque el día que dejemos de hacerlo podrían ocurrir cosas como las que ya sucedieron. Por lo tanto, tenemos que aceptar que somos parte de este pueblo, que somos Representantes de ese pueblo, que ha sido esa autoridad soberana la que nos puso aquí y la que debemos respetar.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Redondeo la idea, señora Presidenta.

El Frente Amplio hoy no está respetando esa voluntad del pueblo porque, en dos oportunidades -reitero-, este ha dicho que no quería derogar la ley de caducidad.

Los legisladores deberíamos tener presente que, habiéndose pronunciado categóricamente el soberano y funcionando los mecanismos de democracia directa a la perfección -como funcionan-, no nos corresponde modificar su pronunciamiento. Hacerlo atenta contra nuestros más caros principios republicanos y democráticos.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Espinosa, a quien restan diez minutos de su tiempo.

SEÑOR ESPINOSA.- Señora Presidenta...

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ESPINOSA.- Con mucho gusto, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: cuando nos toque hacer uso de la palabra -nos hemos anotado en la lista de oradores- profundizaremos un poco más sobre lo que entendemos es el desgaste de una materia tan sensible y preciosa como la que en esta jornada está abordando la Cámara de Representantes.

Hemos solicitado una interrupción al señor Diputado Espinosa para hacer una reflexión sobre el valor de la disciplina partidaria. Aquí se ha invocado la disciplina partidaria para votar afirmativamente un proyecto que recurre a una materia preciosa y sensible -reitero los adjetivos- como los derechos humanos, especialmente para quienes han vivido el calvario -sin duda alguna- que reconocemos padecieron los familiares de los desaparecidos, de los torturados, de los atropellados por la autoridad y por la barbarie.

Cuando aquí se hacía referencia a la disciplina partidaria se dijo que se hacía por convicción. Creo que la disciplina partidaria alcanza a todo menos, precisamente, a la conciencia y a las convicciones. No hay disciplina partidaria que pueda enfrentar la conciencia de un auténtico hombre libre. No hay límite partidario que pueda encerrar y obligar a alguien a votar, en un tema como este, en contra de sus propias convicciones, en contra de su propia conciencia.

Voy a señalar un ejemplo admirable que va en sentido contrario a lo que se ha escuchado, a lo que se ha planteado en Sala. No hace muchos meses pudimos escuchar y admirar a una persona que, a nuestro juicio, es un baluarte de la historia política de la izquierda de los últimos veinticinco años. Me refiero a una persona que conocimos hace veintiséis años durante los Presupuestos de la Junta Departamental de Montevideo, a quien fuera asesora de ADEOM, Secretaria General de la Intendencia, Ministra de Defensa Nacional, y a quien fuera Presidenta del SODRE. Estoy hablando de la doctora Azucena Berrutti, y lo hago con respeto y reconocimiento.

La doctora Berrutti, una mujer de derecho, en declaraciones que van mucho más allá de lo que es su ser jurídico, dijo que no le gusta que los militares estén presos; que se tenga a todos esos viejos enfermos presos, cocinándolos en el odio, no le gusta. Y calificó la situación en que estos se encuentran como un acto de crueldad. La doctora Azucena Berrutti se refería a los militares que están presos, a que mantener en prisión nada más ni nada menos que al Teniente General Gregorio Álvarez era un acto de crueldad. Y se preguntó qué les importa llevar a los militares a declarar si no tienen pruebas.

Berrutti develó también que el pasado 25 de octubre -es decir, en el plebiscito, en la oportunidad en que se llamó al pueblo para consultarlo otra vez por este mismo tema- no votó por la anulación de la ley de caducidad porque, según ella, no existe la anulación de las leyes ni es algo aceptable en derecho.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Nosotros decimos con respeto y admiración que esto fue manifestado por una mujer que ha reconocido el problema tal cual es: como un tema sensible y como una materia preciosa. Esta señora, la doctora Berrutti, no ha sido enmarcada por ninguna disciplina partidaria. No existe la disciplina partidaria para esto si no se violenta su propia conciencia. Ha habido un pronunciamiento popular y una señora ejemplar, que en los últimos veinticinco años ha ocupado los cargos más importantes de la izquierda, que no ha permitido que se la someta a ninguna disciplina partidaria porque es la voz de su conciencia la que se ha expresado.

Ojalá los legisladores, que son Representantes del pueblo, también actúen como lo ha hecho la doctora Azucena Berruti.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Espinosa a quien le restan tres minutos de su tiempo.

SEÑOR ESPINOSA.- Señora Presidenta...

SEÑOR AMADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ESPINOSA.- Con mucho gusto, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR AMADO.- Señora Presidenta: aquí en Sala se ha dicho bien que el monopolio de la defensa de los derechos humanos no la tiene un partido, sino que todos estamos detrás de esa bandera. También se ha dicho en este ámbito que el Frente Amplio no tuvo ni tiene a integrantes de la dictadura militar. Y ello no es así, no se ajusta a la verdad. Y en aras de contribuir a que las verdades sean dichas por su nombre, quiero dejar constancia de que la fuerza de Gobierno, ha contado y cuenta con un referente de peso en el departamento de Maldonado, que en el pasado fue un connotado colaborador de la dictadura militar.

Lamentablemente, ninguno de los partidos estamos ajenos a tener estos tumores malignos. Sin duda, lo bueno sería poder irlos extirpando.

Gracias señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Espinosa.

SEÑOR ESPINOSA.- He terminado, señora Presidenta.

SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: estoy escuchando atentamente y con mucho respeto a todos los colegas que, una y otra vez, hacen referencia a la forma en que nuestra fuerza política se da para resolver y a algunas opiniones individuales respecto a los temas que están en discusión. Podríamos abrir el debate sobre tantos temas en los que tenemos matices, pero particularmente pedí la palabra debido a que se ha nombrado a la compañera Azucena Berrutti, haciendo referencia a algunas convicciones que ella tiene; es la misma doctora Berrutti que fue defensora de presos políticos cuando se aplicaba el terrorismo de Estado; la misma que recorría los Juzgados para tratar de que por lo menos no se siguiera torturando a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Por eso, fue perseguida, destituida y casi no pudo ejercer su profesión de abogada. Es la misma doctora Azucena Berrutti que fue la primera Ministra de Defensa Nacional del primer Gobierno de izquierda de nuestro país. Al otro día de asumir, vimos con admiración, a través de todos los medios de comunicación, cómo se enfrentó, con la serenidad que la caracteriza, a algunos gorilas, que siguen existiendo, que la vinieron a increpar; y siendo mujer, con la valentía que la caracteriza, los enfrentó con su calma y les ganó a carpeta. ¡Les ganó a carpeta!

(Apoyados)

——Esa es la doctora Azucena Berrutti.

¿Y saben una cosa? No nos sorprende ni nos asusta que podamos tener matices en nuestro Partido político y en el Frente Amplio. Los tenemos. Hace pocos días, durante la discusión del Presupuesto Nacional, no nos encegueció el hecho de que haya habido algunos matices como para no poder decir que es uno de los mejores presupuestos de la historia de nuestro país.

Lo que les pido, con el mayor respeto posible, es que tratemos de respetarnos también nosotros, en cuanto a que no se hable una y otra vez de las carencias o matices que podemos tener. Digo esto, entre otras cosas, porque no tengo dudas de que si la doctora Azucena Berrutti estuviera sentada en una de estas bancas, levantaría la mano al igual que la bancada del Frente Amplio.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: celebro la intervención del señor Diputado preopinante. No ha hecho otra cosa que darle más valor al gesto de la doctora Azucena Berrutti. Una persona que recorrió los Juzgados para liberar a los presos y evitar que se les torturara no vota, nada más y nada menos, la anulación de esta ley; por el contrario, reclama la posibilidad de dar un tratamiento humano a aquellos que eran impulsores del terrorismo de Estado, que aquí se señala.

Esa misma persona, que recorrió los Juzgados y que aquí se la menciona con el respeto que merece, es la que no hace más de seis meses dijo que no votó la anulación de la ley. Y dudo que votara acá si no votó en la urna. Porque tiene coraje y valentía, dijo que no votó la anulación de la ley y, además, reclamó humanidad para quienes no la habían tenido con aquellos a los que ella defendió.

Creo que es tiempo de que los uruguayos actuemos como tales. He leído en los últimos días una frase que, con franqueza, me conmovió en el sentido más negativo: "Déjense de robar con los setenta"; "Déjense de robar con los setenta". Es la frase que figuraba en la tapa de una revista argentina. El debate por aquellos años ha terminado generando exabruptos de esa naturaleza que pasan por encima de la memoria de quienes cayeron, de un lado y del otro, y de la dignidad de gente como la doctora Azucena Berrutti que, aún habiendo vivido todo lo que vivió, tiene la grandeza y la valentía de expresar lo que expresó y de votar como votó.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RADÍO.- Señora Presidenta: la Ley Nº 15.848, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, siempre me pareció una deplorable solución, entre otras cosas, porque creo que no fue una solución y porque es una norma esencialmente injusta. Pero como en tantas otras cosas que están pasando en el Uruguay, lo que pienso, quiero y siento para este país no necesariamente condice con el sentimiento de la mayoría del pueblo uruguayo.

En todo caso, no soy de los que cree que los pronunciamientos populares hacen invulnerables las normas, entre otras cosas, porque si bien es verdad que en 1989 la gente ratificó en las urnas la vigencia de la ley de caducidad, no es exactamente así en 2009. En 2009 no hubo un plebiscito sobre si queríamos o no la ley de caducidad. En 2009, la gente se pronunció sobre si quería anular la ley. Yo tampoco voté rosado. No es un secreto para nadie. Eso no quería decir que me gustara la ley de caducidad. La ley de caducidad sigue no gustándome. Para mí eso no era una ratificación de la norma; de ninguna manera.

No creo que los pronunciamientos populares hagan invulnerables las normas. Lo que no me gusta es que descalifiquemos o despreciemos los pronunciamientos populares, y eso es otra historia.

Se ha afirmado que en 1989 la gente votó lo que votó porque a lo mejor tenía miedo de que hubiera un nuevo golpe de Estado. Se ha afirmado que en 1989 los orientales aparentemente no eran tan valientes como los que sosteníamos que había que votar verde y había que derogar definitivamente la ley de caducidad. Pero hace algunos días leímos que se da un paso más y, en un reportaje, una autoridad de Gobierno dice que si la gente se hubiera ilustrado de otra manera, probablemente hubiera votado otra cosa. Esto es peor todavía. Los orientales de 1989 no eran tan valientes y los de 2009 no eran tan ilustrados. Me parece una cosa lamentable y me permito esta digresión porque una cosa es que la ley no sea invulnerable por los pronunciamientos populares y otra cosa es descalificar y despreciar los pronunciamientos populares.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Puig)

——La llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado siempre me pareció una lamentable solución, entre otras cosas, porque no es solución y porque nunca va a lograr que los orientales olvidemos aquellos momentos de silencio, de muerte, de gritos en medio del silencio; porque nunca nos vamos a olvidar de la sangre derramada; porque nunca nos vamos a olvidar de los que no están. Pero en este momento no estamos discutiendo si avalamos o no avalamos aquellas atrocidades. Ni siquiera estamos discutiendo en este momento si nos gusta o no nos gusta la ley de caducidad. Estamos discutiendo acerca de un proyecto de ley que a juicio de especialistas del derecho constituye otra aberración, una nueva aberración. Y no lo digo yo, sino en forma unánime los especialistas del derecho que desfilaron por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, porque irrespeta el Estado de derecho. Y quiero decir que el irrespeto del Estado de derecho es la piedra fundamental para las aberraciones que hoy se están denunciando.

El análisis del proyecto de ley propuesto, que ha sido realizado por destacados especialistas del derecho que unánimemente opinan que la norma proyectada es inconstitucional, supone que el Parlamento se constituya en un órgano constituyente y, con el sinuoso argumento de interpretar la Constitución, realice flagrantes modificaciones a lo que el texto constitucional no expresa. Esto no es interpretar la Constitución; esto es transformarnos en constituyentes, y estas son las cosas que esta asamblea no puede hacer.

La llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado siempre me pareció una solución deplorable, entre otras cosas, porque hace poco tiempo la Suprema Corte de Justicia dijo que es inconstitucional.

Por supuesto que estoy de acuerdo con que el derecho internacional humanitario se incorpore a la Constitución; por supuesto que acompañamos esa idea que en Uruguay sostuvo inicialmente el doctor Cajarville. Lo que se discute es si este es el Poder que debería decirlo. ¿Qué pasaría si la mayoría no estuviera de acuerdo con esa tesis? ¿Quiere decir que los principios que en el mundo protegen los derechos humanos no se incorporan al derecho uruguayo porque la mayoría circunstancial de la Cámara dice que no? ¡No es este Cuerpo el que tiene que incorporarlos!; es la Justicia, y no somos nosotros quienes debemos decir eso a la Justicia.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es una norma injusta y, además, es inconstitucional, pero en nuestro país la constatación de que una norma es inconstitucional no alcanza para que sea expulsada del Estado de derecho. Es un absurdo, es un absurdo de este país, pero un absurdo que solo puede ser corregido por la voluntad del pueblo, que es al que le corresponde determinar las modificaciones del texto constitucional que sean necesarias; todo lo otro, es iluminismo.

Muchas gracias.

19.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Gustavo Borsari Brenna, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 24 de octubre y 1º de noviembre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Diego Guadalupe.

Del señor Representante Gustavo Borsari Brenna, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a las Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EUROLAT), a desarrollarse en la ciudad de Cuenca, República de Ecuador, por el período comprendido entre los días 2 y 7 de noviembre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Diego Guadalupe.

Del señor Representante Amin Niffouri, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 3 y 15 de noviembre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor José Luis Núñez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Sra. Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente solicito se me autorice licencia por motivos personales desde el día 24 de octubre hasta el 1º de noviembre inclusive, debiéndose convocar a mi suplente.

Sin otro particular, saluda a usted cordialmente

GUSTAVO BORSARI BRENNA
Representante Nacional".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por esta única vez no acepto la convocatoria por la solicitud de licencia del Diputado Gustavo Borsari.

Sin otro particular, saluda a usted cordialmente,

Hernán Bonilla".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Las solicitudes de licencia por motivos personales y para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 24 de octubre y 1º de noviembre de 2010.

II) Que solicita se le conceda licencia en misión oficial para asistir a las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EUROLAT), a desarrollarse en la ciudad de Cuenca, República de Ecuador, por el período comprendido entre los días 2 y 7 de noviembre de 2010.

III) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Hernán Bonilla.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, en el literal C) y en el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 24 de octubre y 1º de noviembre de 2010 y para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna, para asistir a las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EUROLAT), a desarrollarse en la ciudad de Cuenca, República de Ecuador, por el período comprendido entre los días 2 y 7 de noviembre de 2010.

2) Acéptase, por esta única vez, la denegatoria presentada por el suplente siguiente, señor Hernán Bonilla.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el período comprendido entre los días 24 de octubre y 7 de noviembre de 2010, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Diego Guadalupe.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por haber sido convocado por el Parlamento del MERCOSUR para participar en las Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EUROLAT), a realizarse en la ciudad de Cuenca, Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el literal C) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, por tratarse de una misión oficial, solicito licencia desde el 2 al 7 de noviembre inclusive.

Solicito se convoque a mi suplente.

Sin otro particular, saluda a usted cordialmente,

GUSTAVO BORSARI BRENNA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por esta única vez no acepto la convocatoria por la solicitud de licencia del Diputado Gustavo Borsari.

Sin otro particular, saluda a usted cordialmente,

Hernán Bonilla".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Las solicitudes de licencia por motivos personales y para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 24 de octubre y 1º de noviembre de 2010.

II) Que solicita se le conceda licencia en misión oficial para asistir a las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EUROLAT), a desa-rrollarse en la ciudad de Cuenca, República de Ecuador, por el período comprendido entre los días 2 y 7 de noviembre de 2010.

III) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Hernán Bonilla.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, en el literal C) y en el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 24 de octubre y 1º de noviembre de 2010 y para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna, para para asistir a las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EUROLAT), a desarrollarse en la ciudad de Cuenca, República de Ecuador, por el período comprendido entre los días 2 y 7 de noviembre de 2010.

2) Acéptase, por esta única vez, la denegatoria presentada por el suplente siguiente, señor Hernán Bonilla.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el período comprendido entre los días 24 de octubre y 7 de noviembre de 2010, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Diego Guadalupe.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi consideración:

Por la presente, solicito licencia por motivos personales por los días 3 al 15 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, saluda atentamente.

AMÍN NIFFOURI

Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Amin Niffouri.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 3 y 15 de noviembre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Amin Niffouri, por el período comprendido entre los días 3 y 15 de noviembre de 2010.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400, del Lema Partido Nacional, señor Jósé Luis Núñez.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

20.-    Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.548, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República).

——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra la señora Diputada Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: es verdad lo que han dicho varios señores legisladores: que nadie es dueño de los derechos humanos. Paulatinamente, a lo largo del proceso de nuestro país, aun aquellos que no estuvieron muy convencidos en un inicio, han ido incorporando la importancia que tiene para una democracia el respeto irrestricto de los derechos humanos. Pero todo esto ha sido parte de un proceso que vivimos todos.

Como yo acepto que no es potestad de ningún partido político el acatamiento y la defensa de los derechos humanos y reivindico el papel de mi fuerza política en la lucha constante por su vigencia, tampoco acepto que haya algún partido que sea el dueño de la defensa de la soberanía popular, y menos aun que pretenda excluir de esta a mi fuerza política, el Frente Amplio.

SEÑOR MICHELINI.- ¡Apoyado!

SEÑORA TOURNÉ.- Mi fuerza política, el Frente Amplio, a la que represento con honor, tiene historia y pruebas suficientes de honra, de respeto y de defensa de la soberanía en la expresión de nuestro pueblo, cuando algunos miraban para el costado hace mucho tiempo o decretaban medidas prontas de seguridad. No quiero entrar en esta discusión; no nos hace bien. Quiero mirar para adelante, pero necesito expresar algunas cosas.

Esta discusión -que es política, profundamente política- es, sin ninguna duda, una de las más importantes que ha tenido el Parlamento. Sin lugar a dudas. Y es obvio que hay otros temas, pero no es cierto, o por lo menos yo siento que no es cierto, que al pueblo uruguayo le sea indiferente esta discusión; no es verdad.

Por otra parte, como mujer de izquierda que soy, con la historia que he vivido, sé que nada se da fuera de contexto. Los contextos inciden y los procesos se dan, y se va cambiando; ninguno de los que estamos aquí somos los mismos que en 1971. Hemos vivido cosas, pero hay principios que sí mantenemos en alto, y que en este país se ejerza la justicia es uno de los principios que mantenemos.

Queremos devolver la potestad al Poder Judicial para que aplique justicia y para que todos tengan derecho a legítima defensa, que fue lo que se impidió con la ley de caducidad.

Algún legislador reflexionaba diciendo: "No he visto acto tan agraviante y grosero" -o algo por el estilo- "como la votación del proyecto que hoy se propone". ¡Yo sí!; yo vi la votación de la ley de impunidad, y eso sí que fue agraviante y grosero para la democracia uruguaya, y esta fuerza política no la votó.

Tampoco quiero que queden implícitas determinadas cosas que me duelen en el fondo del corazón, porque para mí sí importan los pronunciamientos populares, y los acaté, pero también sé que no tengo restringido el derecho, como legisladora o como fuerza política, a proponer una nueva solución, porque así me comprometí, porque cuando acepté que no habíamos logrado el 50% más uno, en el mismo momento, el Frente Amplio, y particularmente nosotros, los socialistas, nos comprometimos ante ese 47,98% a seguir adelante con nuestra lucha en la búsqueda de la justicia y de la verdad. ¡Y esto no lo puede negar nadie!; nadie puede decir que lo que estoy afirmando sea mentira.

Y como muy bien explicó nuestro compañero, el Diputado Michelini en su brillante exposición de motivos de nuestro proyecto, los legisladores, a pesar de reconocer la importancia del pronunciamiento popular, no tenemos limitada nuestra capacidad de seguir adelante en la búsqueda de soluciones que reintegren a la Justicia lo que a la Justicia le corresponde, y acá no hay rencor, ni deseo de venganza, ni nada que se le parezca. Lo hemos demostrado con nuestra trayectoria: nunca deseamos venganza, y tengo un orgullo enorme de pertenecer al Partido Socialista del Uruguay, que ha sido mencionado en reiteración real en la esta sesión de la Cámara. Espero que, así como en este tema se ha dado importancia al doctor Korzeniak, en el futuro se lo tenga en cuenta en todas las discusiones, y no solamente cuando nos conviene. Sería muy interesante que se leyeran los libros escritos por mi querido compañero el doctor Korzeniak.

También aprecio muchísimo la opinión de mi querida y respetada compañera Azucena Berrutti, por todo lo que explicó mi compañero, el señor Diputado Bernini. Pero además, que quede claro: nosotros creemos en la unidad de acción. ¡Sí, señor! Somos socialistas, pero no amordazamos a nuestros compañeros; tienen total libertad para expresar su pensamiento. Sin embargo, también tenemos claro que cuando decidimos las cosas lo hacemos discutiendo, con diferencias, como nos ha pasado tantas veces -¡cuántas veces nos dijeron "colcha de retazos"! ¡Y miren dónde llegó la "colcha de retazos"!-, afirmando que la unidad de acción no implica unanimidad. ¡Cuántas veces lo hemos dicho y aquí estamos y lo seguimos reivindicando!

Señores: no tengo dos días en el Parlamento; tengo algunos años. Ví actuar disciplinadamente a otras mayorías y las admiré. Vi cómo se levantaban las manos, todas juntas, sin una sola fisura, para aprobar los proyectos. ¡Y nunca lo critiqué! ¡Nunca me metí en la vida interna de otros sectores políticos! ¡Admiré la disciplina! Inclusive, bromeando -no se me vayan a enojar-, se lo decía a mis queridos colegas de entonces, cuando el Partido Colorado era mayoría, y se reían mucho: que era el mejor partido leninista del Uruguay, porque tenían una disciplina admirable en la forma de actuar que, a veces, nosotros perdíamos. Se los dije y se rieron un montón.

Sinceramente, como legisladora, una más entre mis pares, no siento que estoy representando a todo el pueblo uruguayo. Siento que estoy representando a ese 47,98% que quiso cambiar, anular esta ley oprobiosa. Quiero representar a esos jóvenes que lloraban cuando no alcanzamos el cincuenta más uno. Quiero representar esas ganas, esa rebeldía por seguir buscando la justicia, porque para los delitos habrá prescripciones, pero para la sed de justicia no hay prescripción. Tengo el derecho de reivindicar y de buscar por todos los medios posibles, que se aplique la justicia y que lo haga el Poder Judicial.

No odio absolutamente a nadie. Simplemente, quiero equidad en la aplicación de justicia. Quiero que los que fueron responsables de cosas atroces se sometan a la Justicia pero, por sobre todas las cosas, aunque les parezca mentira -porque también sobre mí pesa un gran sentimiento humano y no quiero oprobios para nadie y no odio ni guardo rencor-, quiero que mi país no tenga la mancha de seguir aceptando una ley que ha impedido conocer la verdad a nuestra gente, a nuestro pueblo. La verdad, nada más que la verdad.

Es imposible pensar un país y una democracia fuerte en términos de futuro si el pueblo no tiene el derecho irrestricto al conocimiento de la verdad. Este es un sentimiento antiquísimo, como decía el señor Diputado Michelini, que nadie puede acallar: la necesidad de saber dónde están, el derecho a poner una flor o a verter una lágrima. ¡Quién puede decir que ese derecho está conculcado, amordazado! ¡Antígona, aquella mujer que tanto recorrió para ejercer el derecho de enterrar a su hermano -recordémoslo- representa esencialmente el derecho humano a esa rebeldía, a ese pedido, a esa fuerza por saber la verdad.

Yo no me arrogo la potestad de decir cuál es; quiero depositarla en manos de quien puede hacerlo: la Justicia. Que ella lo diga, que sepamos y que pensemos en toda esa cantidad de muchachas y de muchachos que son el presente, que van a hacerse cargo del futuro y tienen que conocer toda la verdad para saber que no están viviendo todavía en una democracia recortada por una ley absolutamente inconstitucional.

Porque no hay nadie que si de verdad respeta -como escuché decir en Sala- los derechos internacionales -que nuestro país votó soberanamente y por los mecanismos que corresponden- pueda considerar que la ley de caducidad es constitucional. Nosotros no derogamos ni anulamos la ley: volvemos a entregar a la Justicia el derecho a que se pronuncie. Tratamos de quitar la mordaza que la ley de caducidad le puso. Y allí, señor Presidente -¡vaya diferencia con lo que venía pasando!-, las víctimas y los victimarios tendrán derecho a legítima defensa, cosa que no sucedió hasta ahora. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer.

Acepto -¡cómo no!- que hoy los derechos humanos luchados y peleados a nivel internacional, ratificados en toda su vigencia por nuestro país, no son propiedad de ninguna fuerza política; tampoco el respeto a nuestro pueblo; tampoco la defensa de la democracia es potestad de algunos. Entonces, cada uno votará de acuerdo con su conciencia, con lo que concibe, pero no carguen intencionalidades oblicuas, perversas, oscuras, implícitas, a una fuerza política que para nada ha pregonado el odio entre los uruguayos, el rencor entre los uruguayos. Para nada. Hemos actuado con los mecanismos que considerábamos nos daba la ley y tal como nos amparaba: este es uno más, y no se puede negar que tenemos esa libertad.

Quiero decir que levantaré mi mano a favor de este proyecto de ley con enorme orgullo, y no me dolerá la conciencia en absoluto al haber contribuido a que la Justicia uruguaya comience de verdad a ejercer en este tema con independencia del Poder Ejecutivo.

Por último, señor Presidente, reconozcamos que la aplicación del artículo 4º fue una pelea que dio la izquierda, a pesar de que sabía de su inconstitucionalidad. A pesar de ello, dejó una ventanita abierta para hacer algo, y el único Gobierno que abrió esta posibilidad fue el del doctor Tabaré Vázquez; por eso se llevaron adelante los juicios que se hicieron.

Entonces, con todo respeto, con todo el reconocimiento al derecho a la diferencia, que es lo que caracteriza y llena de gloria al sistema democrático, así como yo no califico la actitud política de ninguno de los partidos que hoy ejercen su libertad absoluta de expresión, no quiero ser calificada e interpretada. Que los sectores políticos digan lo que piensan, pero que no interpreten lo que pensamos y hacemos desde la izquierda a través del Frente Amplio; esa es la forma de respetarnos y de tenernos en cuenta.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR ESPINOSA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ESPINOSA.- Señor Presidente: creo que aquí nadie ha hablado de exclusividad de nada, ni de defensa de la democracia, ni de defensa de los principios. Ha habido elogios de parte de este legislador hacia la actitud y hacia los pensamientos del oficialismo.

Lo que se debate en esta sesión, señor Presidente, son los términos jurídicos, y nadie pretende atribuir intencionalidad a las definiciones políticas. Pero quien habla sí va a marcar la diferencia entre los términos políticos que se determinaron a poco tiempo de conocido el resultado electoral, a lo cual hemos dado lectura: "La ley fue ratificada por la ciudadanía. Ese es un dato de la realidad, por más que nos duela. Creemos que una ratificación veinte años después no nos deja otro camino que aceptar la voluntad popular y aplicar la ley en toda su cabalidad".

Y también Korzeniak -a quien voy a seguir citando por mucho tiempo más-, ante la eventual declaración de inexistencia de la ley de caducidad, a través de un proyecto de ley, y tras su aprobación, manifiesta: "[…] es lo mismo que anularla. La inexistencia es hacer que la ley no existe en el orden jurídico y la anulación es establecer que se deja sin efecto desde el mismo momento en que nació".

Y se pregunta Korzeniak, quien discrepa con el mecanismo parlamentario de erradicación por el argumento de que la ley de caducidad ya fue refrendada en dos oportunidades por la ciudadanía mediante consulta popular: "¿De dónde saca poder el Parlamento o el gobierno para anular una ley que fue ratificada dos veces por el pueblo?". Aquí está el punto, señor Presidente: no se trata de decir que hay exclusividad o de que algunos partidos defienden más otra cosa. ¿Y qué nos pueden decir a las personas de mi edad a las que no nos corresponden las generales de la ley?

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Passada)

——Como digo siempre, tenemos la espalda como caparazón de tortuga por tanto palo que nos han dado, cuando a esa edad andábamos en monopatín. Pero ¡por favor! ¡Que no se nos meta a todos en el mismo saco! ¡Eso sí es inmiscuirse en los temas de los sectores partidarios y del pensamiento partidario! No ha habido de parte de quien habla ninguna ponderación oscura ni maliciosa: estamos hablando de términos políticos. Y acá el término político que se discute es si respetamos o no la voluntad de la gente, si respetamos o no lo que la gente decidió.

La pregunta concreta es la que se hace Korzeniak, no este Diputado de la oposición: "¿De dónde saca poder el Parlamento o el Gobierno para anular una ley que fue ratificada dos veces por el pueblo?". Ese es el punto, señora Presidenta; esa es la cuestión de fondo: qué tenemos nosotros, como Parlamento, para ir contra la voluntad del pueblo.

Entonces, propongo que doblemos la apuesta; vamos a reformar la Constitución y vamos a sacar el instrumento del plebiscito. ¡Saquemos el instrumento del referéndum! ¿Para qué los queremos? ¡Si después la mayoría circunstancial, en la alternancia del poder -que bienvenida sea- da la posibilidad al Parlamento de tomar el camino que quiera! Ese es el punto, señora Presidenta; esos son los términos políticos a los cuales hemos hecho alusión.

(Interrupciones)

——Lamento si en esta intervención aludimos sin querer a colegas que tanto apreciamos, porque no se trata de un enfrentamiento de personas de uno u otro partido. Como dije, se trata de ver de qué manera el Uruguay reconstruye esta situación; de qué manera este país mira hacia delante y de qué manera este país logra la paz.

Muchas gracias.

(Murmullos)

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- ¿Para qué pide la palabra, señor Diputado?

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Me están informando, señor Diputado, que usted ya hizo la aclaración. En el momento en que un orador finalice su exposición, usted puede pedir la palabra para hacer una aclaración.

(Interrupción del señor Representante Gloodtdofsky)

——¿Usted va a hacer una aclaración o a contestar una alusión? Si se trata de una aclaración, no la puede hacer; sí puede contestar una alusión.

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Quiero hacer una aclaración a la Mesa.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Gloodtdofsky.

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Muy bien, señora Presidenta: así da gusto.

(Interrupción de la señora Representante Payssé)

——Señora Presidenta: ¿por qué cada vez que uno pide la palabra…

(Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado Gloodtdofsky: estoy esperando que usted diga cuál es la aclaración que quiere hacer a la Mesa.

Puede continuar el señor Diputado Gloodtdofsky.

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Perfecto.

Señora Presidenta: yo estoy pidiendo la palabra para hacer una aclaración en virtud de lo expresado por una Diputada preopinante, quien habló después de que yo hiciera una aclaración. Quizás usted no estaba en Sala y no se enteró que hizo uso de la palabra la Diputada Tourné.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Estaba escuchando atentamente a la señora Diputada Tourné. Lo que la Mesa le quiere decir es que tiene que pedir la palabra cuando el legislador a quien usted desea realizar una aclaración finalice su exposición.

Puede continuar el señor Diputado Gloodtdofsky.

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: yo creo que las aclaraciones van por su orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).-Señor Diputado: si usted lee el Reglamento con tranquilidad, va a ver que es así.

Continuando con la lista de oradores tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: desde aquella jornada a fines de 1986 que vivió el Parlamento cuando se votó la ley de caducidad, a este octubre de 2010, no solamente ha pasado mucho tiempo sino que, sin duda, han cambiado las circunstancias. Hoy hemos tenido un debate sereno, estableciendo diferencias, con una barra apenas ocupada en su primer piso; poca gente adentro y poca gente afuera. En diciembre de 1986, algunos Diputados salieron a golpes de puño de esta Cámara; a otros se les dio vuelta el auto en la puerta; a otro, le gritaron traidor; a un Diputado por mi departamento, le destruyeron el auto en el estacionamiento. Y, posteriormente, se inició otro proceso que llevó, inclusive, al desafuero de un Senador. A un Senador se lo llegó a comparar con un militar torturando, en pleno debate.

El país estaba enardecido; habíamos vivido y estábamos viviendo un proceso, sin duda, complejo y difícil, del que el Partido Nacional políticamente no era partícipe. Aquí se han descrito algunos de esos hechos.

Hoy estamos discutiendo, en medio de la apatía, qué hacer con una ley que ha coronado la vida política del Uruguay durante los últimos veinticinco años y que ha servido para el debate de todos los Gobiernos que han pasado en este período y para el debate de los partidos. Desde su promulgación, el único Presidente que no la utilizó fue el doctor Lacalle, porque durante el Gobierno del Partido Nacional no se presentó ninguna causa y por tanto no se consultó al Poder Ejecutivo. A excepción de ese período, 1990-1995, todos los Gobiernos fueron consultados por la ley de caducidad. Todos respondieron al Poder Judicial respecto de las causas consultadas. Inclusive, el último Gobierno del doctor Tabaré Vázquez.

En este largo debate nadie ha mencionado que el recurso de inconstitucionalidad nació porque una Fiscal se retobó contra el Poder Ejecutivo, cuando el Presidente Vázquez amparó la muerte de Nibia Sabalsagaray en la ley de caducidad. Casualmente, nadie lo ha mencionado, a pesar de que es un episodio absolutamente relevante. El doctor Vázquez utilizó el artículo 4º de la ley de caducidad y consideró que el crimen de Sabalsagaray estaba amparado en ella. Ese fue el origen del recurso de inconstitucionalidad. Fue a partir de ese hecho que la Fiscal Mirtha Guianze comienza su trámite y consigue que la Suprema Corte de Justicia considere inconstitucional la ley de caducidad. Es decir que todos los Presidentes, menos el del Partido Nacional, fueron consultados. Esa es la historia que tenemos que escribir. El debate de esta tarde, entre otras cosas, procura escribir historia. Cada uno escribe con su lápiz; cada uno escribe con su mirada; cada uno ve lo que quiere ver y deja de ver lo que no quiere.

Desde las diez de la mañana hemos estado en este debate y nadie mencionó ese episodio que desde mi punto de vista es relevante y disparador de lo más importante que ha pasado: la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad. No es casual; no es casual. No se les olvidó Es que quieren escribir la historia sin contar todo, porque contar todo a veces duele.

Apenas se declaró la inconstitucionalidad este legislador presentó un proyecto de ley para derogar la ley de caducidad. La derogación lisa y llana es una costumbre parlamentaria que registra múltiples antecedentes. También en el Gobierno de la izquierda, cuando una ley es declarada inconstitucional se procede a su derogación, porque un Parlamento democrático, republicanamente elegido y legítimo como este no mantiene vigente una ley que es inconstitucional; no la mantiene vigente sino que la alinea en el derecho positivo, eliminándola. Algún legislador -veo que leen mis dichos y siguen mis actos- ha hecho algunos comentarios sobre el proyecto de ley presentado. ¡Claro que presenté un proyecto de ley para la derogación!

En el Gobierno del doctor Vázquez la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el impuesto a los sueldos de los jubilados. ¿Y qué hizo el Gobierno del doctor Vázquez? Lo derogó; presentó un proyecto de ley para derogarlo. Existen múltiples antecedentes en el pasado. Por lo tanto, la derogación corresponde. ¡Claro que corresponde! ¿Porque hago un juicio de valor de la ley de caducidad? No, porque la Suprema Corte de Justicia indicó que esa ley es inconstitucional, es decir que choca o violenta la Constitución, y el Parlamento está obligado a protegerla, cuidarla y respetarla. Si una ley es inconstitucional, se deroga. Pues esta no se deroga; esta se modifica, pero se la mantiene. Desde el año 1985 a la fecha este es el segundo episodio en el que veo que por la vía de la ley se entra en un Juzgado y se le dice al Juez qué hacer. Hay dos leyes así; más bien hay una y otra en camino: la ley de caducidad y la que se va a votar hoy. Esta ley hace lo mismo que la ley de caducidad; exactamente lo mismo. Lean el literal B) del artículo 3º y verán que le dice al Juez lo que tiene que hacer. El literal B) establece: "Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada [...] continuará de oficio". Es decir que nos metemos en el Juzgado y le decimos al Juez qué hacer. Es lo mismo que hace la ley de caducidad. Con la ley de caducidad nos metemos en el Juzgado y le decimos al Juez: "Consulte primero antes de seguir".

Yo no soy abogado y en esta Casa todo el mundo lo sabe; aplico el sentido común, y el sentido común normalmente va con el derecho: la ley de caducidad debe ser derogada. Tengo mi propia interpretación de que una causa que no avanzó no es cosa juzgada. Esa es mi interpretación y puedo estar equivocado. Es decir, si no hubo testigos, si no hubo acusación fiscal, si una causa fue archivada por encomienda del Poder Ejecutivo, el sentido común me dice que eso no es cosa juzgada. La cosa juzgada se da cuando el procedimiento avanza y se destraba toda la acción. Esa es mi interpretación. ¿Pero eso quién lo debe decir? ¿La ley? Yo creo que no. El sentido común me dice que lo debe determinar el Juez.

Decía el miembro informante en mayoría que no se entiende democracia sin un Poder Judicial independiente. ¿Entonces cómo vota el literal B) de esta norma? ¿Cómo se puede decir que no hay democracia -como dijo el señor Diputado Michelini- sin Poder Judicial independiente? ¿Vota este literal B) del artículo 3º que hace lo mismo que la ley de caducidad, que entra al Juzgado y le dice al Juez qué hacer con la causa? El sentido común me indica que si la ley se deroga, el Juez que la archivó es el que debe interpretar si es cosa juzgada o no. Reitero que no soy abogado, pero si me preguntan, a mí me parece que no es cosa juzgada, porque una causa que se archivó sin estudiar, ¿cómo va a ser cosa juzgada? Eso me lo dice el sentido común, y trato de aplicarlo.

El otro día en la Comisión escuchaba decir al doctor Risso que una misma norma constitucional es interpretada de modo diferente de acuerdo con la época y el momento que se vive. Puso como ejemplo el derecho de huelga, incorporado en el año 1934 a la Constitución, que no permitía la huelga de los funcionarios públicos. Sayagués Laso, en su Tratado, dijo que debía haber una causa penal si un funcionario público hacía huelga. ¿Hoy a quién se le ocurre decir eso? ¿A alguien se le ocurre? El texto no fue modificado, sigue como en la Constitución de 1934; es exactamente el mismo texto. ¿Cómo se interpreta hoy? Por eso las interpretaciones jurídicas se hacen de acuerdo a la época y al tiempo.

La Suprema Corte de Justicia, que vivió los episodios de la década del ochenta y conoció la ley de caducidad y su aplicación, interpretó que la ley era constitucional. Pero esta Suprema Corte de Justicia, veinticinco años después, cuando la ley es obsoleta, declara que la ley es inconstitucional. El mismo Poder Judicial, distinta integración: uno dijo que es constitucional y otro que no es constitucional. ¿Cómo se explica? Yo no lo puedo hacer; todos vivimos en el tiempo en que nos toca vivir, y los Jueces son como nosotros, ven la realidad, viven en la misma sociedad, ven los mismos noticieros y escuchan las mismas noticias. Por lo tanto, se impregnan de lo que acontece a su alrededor y van interpretando las normas de acuerdo al tiempo en el que viven. Por eso ahora se declara la inconstitucionalidad. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es obsoleta porque resolvió un problema de su tiempo. ¿Qué vigencia tiene hoy? Ninguna. ¿Qué necesidad política tiene? Ninguna. Cada uno va a escribir la historia como quiere. Hoy se intentó reivindicar a los muertos, reivindicar que unos fueron torturados más que otros, reivindicar, reivindicar y reivindicar; escribir la historia y otra vez con el maniqueísmo, poner a unos de un lado y a otros de otro: unos los buenos y otros los malos.

El Partido Nacional, con Wilson vivo, ahí presente, interpretó la realidad. En 1986 los episodios no nos tenían como protagonistas a nosotros; eran otros. Pero acudimos a interpretar por esta vía una salida que nos diera estabilidad. Esa es nuestra interpretación. El que no crea esto, que escriba su historia; que escriba como quiera y que la cuente como quiera. Yo la voy a contar como la siento y voy a tratar de apegarme a lo que mi Partido hizo, que fue redactar la ley de caducidad. Ese era un lío entre Sanguinetti y el General Medina; Seregni fue testigo del acuerdo y del pacto. Pero el lío fue entre Sanguinetti y el General Medina y nosotros intervinimos sobre la realidad.

Hoy, el Frente Amplio interviene sobre la realidad y reabre causas por ley. Desde mi punto de vista es un antecedente muy peligroso para la vida institucional de la República que una mayoría parlamentaria se meta por la puerta del Juzgado a decir al Juez y al Fiscal lo que tienen que hacer: archive antes, desarchive ahora.

Es lo mismo, es la misma historia, están haciendo exactamente lo mismo que en 1986. ¿Para qué? Para cumplir con aquello de que llegamos al Gobierno y vamos a seguir dando esta batalla, la vamos a ganar ahora porque tenemos mayoría para hacerlo. Bueno, cada uno se hace cargo. Ojalá este no sea el antecedente de cosas más peligrosas que nos puedan pasar: seguir entrando al Juzgado con la ley en la mano, hecha a la medida, para abrir o cerrar causas.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora Presidenta: voy a comenzar mi intervención aclarando que la Fiscal se le retobó a la ley de caducidad, no al Presidente Vázquez.

Voy a votar con mucha convicción este proyecto de ley, porque va a sacar esa ley que fue calificada de engendro jurídico. Todos estamos de acuerdo con que fue un engendro jurídico, aunque hay quienes dicen que es producto de su historia, y eso le aliviana esa característica.

La iniciativa que vamos a votar devuelve sus potestades al Poder Judicial, adecua las normas legales a las disposiciones de la Constitución de la República, compatibiliza la legislación con la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Además, para mí genera algo que es muy importante: armoniza las normas internas a las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos.

Como nos tocó ser protagonistas de algunos hechos vinculados a lo que dije últimamente, quiero hacer referencia a cuando en esta Cámara se votó el Estatuto del Refugiado. El doctor Gros Espiell, en la Comisión de Derechos Humanos, consultado respecto al artículo 43, que establece: "En la materia regulada por la presente ley se aplicará directamente el Derecho internacional, especialmente el relativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos [...]", dijo que bastaba que ese artículo estuviera en esa ley para que la votara con las dos manos. Este artículo después sufrió modificaciones en el Senado, que en ese momento no tuvo la visión de asumir aquello que el doctor Gros Espiell había indicado con su sabiduría a los legisladores.

Pero recientemente, en una intervención en el Seminario sobre Institución Nacional de Derechos Humanos, el señor Senador Abreu dice que quiere hablar precisamente sobre la primacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno. Entonces, expresa: "Ahora bien: el análisis que tenemos que hacer es la relación actual entre la Constitución y la inclusión de los derechos humanos, tema sobre el que es importante que vayamos reflexionando. El Parlamento, al ratificar un tratado internacional de derechos humanos, está elevando el contenido internacional a nivel constitucional. Esto en virtud del artículo 72 que expresa que no excluye los demás derechos inherentes a la personalidad humana o que se derivan de la forma republicana de gobierno". El Senador dice algunas otras cosas más, que voy a obviar para economizar tiempo.

Quiero hacer algunas aclaraciones porque acá se ha dicho que la ley de caducidad es una ley de amnistía, y nada más incierto. La ley de caducidad no es uno de los dos platos de una balanza ni parte de trilogía alguna. La ley de caducidad fue producto de una circunstancia en la que la presión fue tanta...

(Murmullos)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa solicita a los señores Diputados que están hablando que lo hagan fuera de la Sala.

Puede continuar, señora Diputada.

SEÑORA PAYSSÉ.- Decía que fue tal la presión del Parlamento de la época, con el voto contrario del Frente Amplio, que tomó resolución presionado. La ley de amnistía, votada el 8 de marzo de 1985, como bien se dijo en Sala, en su artículo 5º dejó afuera a los militares y policías. Sin embargo, en su artículo 15 -que nadie recuerda- aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y en el artículo 16 establece su aplicación. Nada que ver la ley de amnistía con la ley de caducidad.

Como bien decía, la ley de caducidad fue votada bajo presiones, que ya fueron mencionadas. El señor Diputado Orrico habló de la intervención del ex Senador Zumarán. Quiero agregar que yo vivía frente a su casa y el domingo 21 de diciembre de 1986 vi, con dolor, que el pegotín del Voto Verde había sido retirado de ese gran ventanal del garaje que había convertido en su salón de estar. Con gran dolor lo vi. Además, ese día el Partido Colorado emitió una declaración que en su punto 2º) dice: "Con ella el país evitará una situación de hecho muy grave que, más allá de las posibles desobediencias a las citaciones para comparecer a declarar ante los jueces, consideradas como actitudes individuales pasibles de las sanciones consiguientes, ha de originar un serio conflicto institucional".

Por economía de tiempo, solo voy a decir que el Partido Colorado, a través del ex Diputado García Pintos, presentó el proyecto de ley que figuraba en el Repartido Nº 187, Carpeta Nº 2640, en cuyo artículo 1º declaraba por vía interpretativa "que la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, consagró una verdadera amnistía". Por ley querían determinar que era una amnistía lo que realmente no lo era.

A veinte años de aquellos hechos, algunos integrantes del Partido Colorado, en este caso el señor Senador Pasquet, en Montevideo Portal, el 1º de octubre de 2009 dice: "Aunque la ley no empleó la palabra 'amnistía' -por motivos que hoy solo tienen valor anecdótico-, su artículo primero otorgó una verdadera amnistía a militares y policías". Allí hay un conflicto, porque no termina de dilucidarse qué opinan algunos actores políticos de los partidos históricos, en este caso el Partido Colorado, respecto a la calidad de la ley de caducidad.

Quiero aclarar que la ley de caducidad no es una superley. El hecho de que en dos oportunidades haya sido sometida a la consulta del soberano, no hace que tenga más estrellitas que las demás leyes; tiene el mismo valor. Fue refrendada, por supuesto, en el año 1989. En ese caso, se pidió la derogación, pero los votos no alcanzaron. En el año 2009, por un plebiscito se propuso la reforma constitucional que, de alguna manera, declaraba su inconstitucionalidad.

Aquí también se ha dicho que el Frente Amplio desconoce las decisiones del soberano. El Frente Amplio no desconoce las decisiones del soberano; el Frente Amplio actúa en consecuencia. Como bien decía la señora Diputada Tourné, a los legisladores no nos está vedado proseguir trabajando, más cuando ninguna consulta al soberano puede declarar constitucional lo que es inconstitucional.

Entonces, con tranquilidad de conciencia, con serenidad de espíritu y con mucha convicción, decimos que creemos que debemos seguir trabajando para dejar sin efecto esta ley.

Aquí se han manejado comentarios de Danilo Astori, del General Seregni y del Ministro Rosadilla, del año 1989, cuando la ley todavía no había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Fiscal de Corte. El contexto hace al texto. Entonces, nos parece importante que lo tengamos en cuenta.

También quiero decir que no me afilio a la teoría de los dos demonios. No hubo un bando de un lado y un bando del otro. Quiero descartarlo porque en el informe en minoría del Partido Colorado se hace referencia expresa a que: "Cuando se juzgan los hechos, estos son aberrantes en sí mismos y no en función de si se estaba en una u otra trinchera". Yo pregunto: ¿en qué trinchera estaba Macarena Gelman? ¿En qué trinchera estaban Simón Riquelo, Amaral o todos aquellos y todas aquellas que sufrieron las consecuencias de esta lógica perversa de las trincheras y los bandos? Quiero descartar esta tesis; no me afilio a ella. Acá no hubo dos demonios; acá hubo un pueblo que sufrió terrorismo de Estado y eso debe quedar claro.

(Aplausos en la barra)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa solicita a quienes se encuentran en la barra que no hagan manifestaciones a los efectos de no proceder a su desalojo.

Puede continuar la señora Diputada Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora Presidenta: por eso tampoco me voy a afiliar a la lógica de los combatientes y establecer que tiene que haber normas en función de que hubo un combate. Reiterando lo que dije anteriormente, acá hubo un pueblo que sufrió y que sigue sufriendo. Acá algún legislador dijo: "¡El calvario que han sufrido los familiares de los desaparecidos!". No es así, no lo han sufrido, lo siguen sufriendo porque esos delitos siguen estando vigentes.

(Apoyados)

——Entonces, no se puede hablar con liviandad y decir que eso ya pasó y al que le tocó, le tocó.

Voy a finalizar mi intervención porque después, por el mecanismo de la fundamentación de voto, diré algunas otras cosas. Quiero decir que comparto totalmente la transcripción que los compañeros Diputados Orrico y Aníbal Pereyra hicieron sobre lo que manifestó el doctor Mata en la Comisión correspondiente. Pero el doctor Mata dijo algunas cosas más. Por ejemplo, manifestó: "Con relación a la presunción de condena, ella está basada, fundamentalmente, en las normas internas de Uruguay. Por ejemplo, en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 18.596, del año 2009 [...]". Y continúa: "[...]'Aquí hay un reconocimiento expreso del Estado uruguayo de que no cumplió con las normas'. Entonces, a partir de ese cúmulo de información que produce el Estado uruguayo, es presumible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado en este caso". Yo no quiero que mi país y el Estado uruguayo sean condenados. Yo quiero que prime el derecho internacional de los derechos humanos.

Me olvidé de un detalle y lo voy a decir ahora. Se acusa al Frente Amplio -a mi juicio, en forma totalmente equivocada- de que no respeta al soberano, pero el partido que lo dijo, presentó un proyecto de derogación de la ley de caducidad. ¿Dónde estaba el soberano? Cuando se presenta un proyecto de derogación, ¿hay argumentos? No, señora Presidenta. El argumento es que los legisladores tenemos la obligación ética y política de que los derechos humanos, en este caso la primacía del derecho internacional de los derechos humanos -que no es una forma de involucramiento espurio, sino que es la consecuencia de acuerdos de nuestro país-, se cumpla cabalmente.

(¡Muy bien!)

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: cuando se habla de alinear el Uruguay al sistema internacional de derechos humanos, se dice que la ley de caducidad genera un conflicto con lo que todos compartimos, es decir, alinear al país con un sistema internacional de derechos humanos.

Creo que los derechos humanos son algo que nos involucra como país. Si estuviéramos en la década del treinta, quizás Uruguay sería más claramente protagonista a nivel internacional, porque lo fuimos en muchos aspectos: en materia de tratados, hicimos aportes sustanciales; de hecho, hicimos aportes sustanciales a la construcción de la Carta de Naciones Unidas. Estamos en otro tiempo, quizás rezagados y vamos incorporándonos a los tratados. Comparto que Uruguay debe incorporarse al sistema internacional de derechos humanos, tanto a los de Naciones Unidas como a los interamericanos. Podríamos alinear la legislación uruguaya a ese sistema, derogando la norma; no hay ninguna duda. No se necesita ningún gesto más, no se necesita ninguna explicación más. Derogar la norma implica alinearse con los tratados internacionales que Uruguay ha suscrito y a los que está incorporado. Es así, lisa y llanamente.

Gracias.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Será por una alusión, porque no se puede hacer aclaración de una aclaración.

SEÑOR ORRICO.- Eso lo decide usted, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- ¿En carácter de qué voy a hablar? Digamos que es por una alusión jurídica, como me acota el señor Diputado Mahía.

El problema es que en una ley que, pretendidamente, en forma inconstitucional genera una serie de beneficios absolutamente irregulares en personas que cometieron los delitos más atroces y que por su aplicación no pueden ser juzgados, la derogación no tiene efecto alguno porque indicaría que se deroga hacia el futuro, pero los efectos ya se produjeron. Además, como se parte de la base de que en un sistema jurídico democrático...

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado: quiero que comprenda que no está contestando una alusión. Por tanto, vamos a continuar con la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor Diputado Groba.

SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta:...

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GROBA.- Concedo la interrupción, con mucho agrado, al compañero y amigo, señor Diputado Orrico.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: la respeto y la quiero mucho, pero me parece que esta vez está equivocada. De todos modos, no importa.

Entonces, la derogación de una ley como esta no tiene ningún efecto práctico. En realidad, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que hay que remover el obstáculo que representa la ley de caducidad, lo que está diciendo es que toda persona denunciada tiene que ser sometida a un juicio justo y luego, estar a la resultancia de ese juicio. Derogar no significa eso, porque si no alguien va a decir: "La norma ya fue dictada. Yo ya fui amparado. En consecuencia, esto no corresponde". Entonces, derogar tendría un efecto simbólico, que no es descartable pero que hoy no es el que buscamos.

Agradezco muchísimo la interrupción a mi amigo, el señor Diputado Groba, la interrupción que me concedió.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Groba.

SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta: esta línea de pensamiento que se ha utilizado para tratar de confundir a la población -es mi opinión; no quiero decir que sea así y pido disculpas de antemano- en cuanto a la diferencia entre derogar y lo que estamos haciendo en esta sesión, ha quedado clara por lo que ha dicho el señor Diputado Orrico hace un momento y lo que han manifestado otros compañeros a lo largo de esta sesión. Para nosotros la diferencia es muy clara y creo que, a esta altura, para la población también.

SEÑOR ARISTIMUÑO.- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR GROBA.- En materia de derechos humanos, todos estamos comprometidos en la necesidad de defenderlos, como se dijo en Sala. Por eso y porque se han propuesto distintas medidas en función de ayudar a la resolución de este tema, solicitamos a la oposición que se sume a los cincuenta votos del Frente Amplio que va a tener el proyecto en esta tarde histórica para nuestro país, para que todos juntos promovamos esta interpretación de la ley, a fin de que la Justicia vuelva a tener la independencia, que nunca debió perder, para poder operar sobre estos hechos. El llamado es en serio, porque estamos convencidos -y se dijo en Sala- de que este Uruguay democrático y todos los sectores democráticos aquí representados están comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Por eso, repito que sería muy bueno que en esta tarde histórica se sumaran a los votos del Frente Amplio, a los efectos de ir dando el primer paso para devolver a la Justicia las potestades que nunca debió perder.

Señora Presidenta: hace unas horas alguien habló de la necesidad de aterrizar la discusión en la Cámara, y nosotros queremos aportar en ese sentido. Nunca más terrorismo de Estado, trabajadoras y trabajadores asesinados, desaparecidos, torturados, exiliados; nunca más una sociedad postergada y perseguida, niños desaparecidos y otros niños que nunca nacieron. Nunca más. De eso se trata, y para eso estamos discutiendo este proyecto de ley.

Acá se ha mencionado -y lo quiero reiterar- que la Mesa Política Nacional del Frente Amplio ha ratificado una vez más la posición tomada el 16 de agosto último, resuelta por consenso, de apoyar en todos los términos el proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad, con las modificaciones presentadas en el día de hoy. Esta tarde, algunos sectores opositores han elogiado al Frente Amplio por su capacidad de disciplina y su constancia, y quiero hacer un reconocimiento por los halagos de los que siempre nos hemos enorgullecido. La intención es sacar del cuerpo normativo lo inconstitucional de la ley de caducidad, y siempre lo dijimos. Lo aclaramos porque en más de una oportunidad se ha hecho alusión aquí a la frase: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana", escrita en el frontispicio de esta Sala, que nosotros respetamos y con la que estamos de acuerdo. Pero ahora, repito, estamos haciendo constitucional lo que claramente es inconstitucional. Habría sido bueno que quienes han manejado -y bien- esta frase de Artigas hubieran mirado para arriba y la hubiesen leído cuando se echó del Parlamento al Senador José Germán Araújo, la misma tarde y noche en que se votó la ley de caducidad. Al Senador José German Araújo lo puso en el Parlamento el pueblo soberano y en 1986 se violó claramente esa decisión por parte de la mayoría de los legisladores blancos y colorados. Como yo comparto lo que aquí se dijo con respecto a la frase "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana", quiero recordar que en aquel momento no se alzó la vista, no se miró hacia arriba y se echó a un Senador de la República.

No fue la única vez que pasó esto. Repito: si se hubiera alzado la vista y se hubiese leído esa frase, tal vez no estaríamos en esta discusión. No fue el Frente Amplio el que violó reiteradamente esa frase sino otro partido.

Nosotros no estamos tratando de fomentar el odio y el rencor, como se ha dicho en más de una oportunidad en la tarde de hoy. Se trata de lo que dijimos al inicio: de que el terrorismo de Estado que se aplicó contra nuestro pueblo no se use nunca más. También se ha establecido que, en función de los procesos a que ha sido sometida esta ley, deberíamos renunciar a la posibilidad de continuar buscando la verdad y la justicia. ¿Cómo renunciar, siendo legisladores, a que la Justicia no dependa de que el Poder Ejecutivo de turno dé la orden para actuar? Nunca vamos a renunciar a la justicia y, por ende, a la verdad. Naturalmente, tenemos identidades diferentes a las del Partido Nacional y del Partido Colorado. Por eso, decimos que es cierto que la defensa de los derechos humanos le corresponde a todos, pero tenemos diferencias de identidad con esos partidos.

Se ha argumentado extensamente en materia jurídica la decisión que tomamos. Nosotros también vamos a hacer una breve mención a algunos aspectos. Como aquí bien se dijo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció; lo dijo el señor Diputado Orrico esta mañana pero quiero hacer hincapié en ello porque no se escuchó o no se entendió lo que aquí se pronunció con respecto a la necesidad de la nación de resolver este tema. Voy a citar al doctor Mata, que para algunos está por encima de la verdad porque no pertenece a nuestro sector. Dice: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció acerca de la valoración respecto a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Se trata de una valoración negativa en el sentido de que dicha ley no se adecuaría o no sería sustentable con lo previsto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y es de presumir que la Corte va a seguir el mismo camino que la Comisión. Es de presumir que Uruguay sea condenado en el sentido de mantener una norma de derecho interno que no es compatible con una norma de derecho internacional, en este caso con la establecida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos".

El Ministro interino de Relaciones Exteriores también decía: "No existe ningún impedimento jurídico por haber sido rechazada en dos recursos de pronunciamiento de democracia directa en sus etapas previas. Esa es nuestra interpretación, y por eso en el alegato del Estado uruguayo no aparece este elemento como establecimiento de una valla infranqueable para remover la ley de caducidad".[...] "De modo que" -continúa el señor Ministro interino- "en este caso, en el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos muy claro que la condena moral tiñe las relaciones exteriores del Uruguay, por lo menos en la dimensión del relacionamiento internacional que tiene que ver con el compromiso, defensa y vigencia de los sistemas de protección de los derechos humanos".

Señora Presidenta, hemos leído y hecho mención a parte de una de las versiones taquigráficas de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Ya se ha hablado sobre este tema y tanto los compañeros de la Comisión como el miembro informante han dado una extensísima explicación de que es necesario para el país que no se lo condene internacionalmente en materia de derechos humanos.

Queremos decir que vamos a acompañar esta iniciativa por estos motivos: por motivos constitucionales, para devolver al Poder Judicial lo que nunca debió perder; por razones internacionales de derechos humanos, a fin de evitar una condena que sería vergonzosa para nuestro pueblo y, además, complicaría todo el proyecto de relaciones exteriores y de difusión que se está haciendo de Uruguay al mundo, que involucra, necesariamente, el futuro del país en muchos aspectos; y por los valores de derechos humanos que, como hemos dicho, no solo son nuestros, pero hablé de que tenemos identidades diferentes y tal vez veamos por ventanas diferentes este tema. ¡Claro! Lo decimos con mucho respeto, pero además porque son datos de la realidad.

No queremos que exista y que quede impune todo lo que pasó, por lo que decíamos al principio. Aquí hubo una huelga general defendiendo la democracia, hubo obreros y estudiantes que formaron parte de una resistencia realmente muy importante durante todos los años de la dictadura. Han quedado por el camino compañeros y compañeras, seguramente -como aquí se mencionó- de todos los sectores políticos, por defender la democracia. Por eso, con estos tres aspectos fundamentales que manejamos -el aspecto jurídico, el aspecto internacional y los valores de los derechos humanos-, queremos decir: ¡Por Roslik, por Nuble Yic, por Cuesta, por León Duarte, por Gatti, por Chaves Sosa, por los fusilados de la Seccional 20, por Líber Arce y tantos estudiantes, en ellos a todos y a todas! Y a Germán también queremos decirle, después de veinticuatro años: "¡Germán, te sacaron de aquí por defender los derechos humanos!" Y también podríamos llegar a pensar en ese complot que se armó, porque podría haber habido un paquete en aquel momento: presionados por el terrorismo de Estado, no solo se buscaba promover la ley de caducidad, sino también expulsar a uno de los paladines y héroes de la resistencia a la dictadura, como nuestro compañero Germán Araújo. Por eso, Germán, después de veinticuatro años, nuestro pueblo y los cincuenta Diputados frenteamplistas hoy vamos a levantar la mano; ¡ojalá nos acompañe la oposición!, que también tiene derecho a participar en la defensa de los derechos humanos, como nuestra nación reclama.

Voy a conceder ahora una interrupción al señor Diputado Aristimuño, que me la solicitara casi al comienzo de mi intervención.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado Aristimuño.

SEÑOR ARISTIMUÑO.- Señora Presidenta: el enfoque que hago de este tema, indudablemente, surge de mi doble condición: la de legislador y la de ex preso político por motivos ideológicos. Tendría mucho para decir, pero trataré de resumirlo en los términos que hace tiempo venimos manifestando con los compañeros de CRISOL: erradiquemos esta ley de nuestro ordenamiento jurídico, por inconstitucional, injusta e inmoral.

Un precepto fundamental en un sistema democrático como el actual es que todo aquello que nace inconstitucional, muere inconstitucional, y eso no requiere interpretaciones. La ley de caducidad consistió en una precaria solución para un momento de desconcierto social, donde lo urgente era encauzar la institucionalidad de un país ensangrentado y convulsionado por acción de la dictadura cívico militar. Solo en ese contexto podemos entender la aprobación de la Ley Nº 15.848, carente de sustento legal y, sobre todo, moral, en el marco de una democracia representativa. Pero como todos sabemos, aquel tratamiento parlamentario no tuvo un curso normal porque el país todavía estaba amenazado por un nuevo quiebre institucional, y hubo que dejar principios y convicciones de lado en pos de una salida a la crítica situación institucional de aquel entonces. Sin embargo hoy, a tres décadas de ese desdichado capítulo de la vida del país, tenemos la posibilidad -diría, la obligación- de enmendar ese error histórico que tanto mal le ha hecho y le sigue haciendo a la sociedad.

Apoyo con todas mis convicciones esta enmienda a un texto ilegal e inconstitucional en el mismo ámbito en que fue originado: el Poder Legislativo. Y esto no tiene que ver con mirar solamente el pasado; tiene que ver, fundamentalmente, con el futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos.

En una Latinoamérica constantemente amenazada por procesos autoritarios y reñidos con los principios republicanos, no debemos dejar espacio para que nuestra joven democracia sea erosionada. Hoy nuestro país es un ejemplo para el mundo, al contar con una democracia que da cabida a todas las ideologías y formas de pensamiento. Sin embargo, en sus cimientos se halla un componente que fisura su estructura y que, en tanto sobreviva, es un signo de permanente intimidación para el sistema y, sobre todas las cosas, es una herida abierta que lacera el tejido social, su moralidad, su integridad.

Quiero dejar constancia de que esta ley interpretativa apenas mitiga el dolor de miles de compatriotas que enfrentaron una situación extremadamente dramática, que dejó secuelas imborrables, con vidas truncadas y familias destruidas. También queremos dejar claro que esta ley interpretativa no significa olvidar lo ocurrido en nuestro pasado reciente, porque el daño que se le causó al país y a una generación entera no es comparable con ninguna ley reparatoria, por amplia que esta fuese.

De todas formas, señora Presidenta, este día será recordado como histórico y, en lo personal, saldremos de este recinto parlamentario con una sensación de alivio porque, aunque más no sea en lo simbólico, estaremos ejerciendo un acto de justicia con los compañeros que ya no están, con los que aún luchamos por una sociedad más justa y, sobre todo, con la convicción de que dejaremos un legado de esperanza para las generaciones futuras.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Muchas gracias, señor Diputado Groba.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Groba, a quien le restan once minutos de su tiempo.

SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta: culminamos diciendo que vamos a levantar nuestra mano fervientemente, con pasión, como lo van a hacer mis otros cuarenta y nueve compañeros frenteamplistas, y ojalá que también la oposición.

Sí, señora Presidenta, vamos a hacerlo por nunca más terrorismo de Estado, por nunca más trabajadoras asesinadas y trabajadores asesinados, despedidos, torturados, exiliados políticos, toda la sociedad uruguaya postergada y perseguida. Lo vamos a hacer para que nunca más haya niños desaparecidos y otros que nunca nacieron. ¡Nunca más! De eso se trata. Que se sepa que aquí, en el Uruguay, el terrorismo de Estado no va a poder pronunciarse más sin saber que va a ser juzgado por la Justicia y se va a reconocer la verdad de los hechos.

Para eso vamos a votar este proyecto de ley.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Facello.

SEÑOR FACELLO.- Señora Presidenta: hay un viejo dicho referido a las traducciones que expresa: "Traduttore, traditore", "Traductor, traidor", y como ustedes saben, la actividad del traductor está muy emparentada con la del intérprete.

Me he acordado mucho de esta frase en estos días, cuando se bautizó el proyecto que aquí se va a someter a votación como una "ley interpretativa". Aquí sí que se puede decir con razón que esta interpretación es una traición; es una traición simplemente al sentido común de los ciudadanos, a los que hemos leído la Constitución de la República y en ella aprendimos que en nosotros, en el pueblo, radica la soberanía.

Todo el mundo ya lo sabe a esta altura, y aquí se ha reiterado varias veces: el pueblo soberano se ha pronunciado sobre esta cuestión, no una sino ¡dos veces! Y no fueron dos veces el mismo día, la misma semana o el mismo mes, para que se pueda decir que las dos en realidad valen como una o que no se estaba informado. Pasaron veinte años; una generación pasó entre una y otra consulta. Y el pueblo soberano, a los que querían derogar la ley de caducidad -una de las leyes en que se basó la pacificación de nuestro país a la salida de la dictadura-, les dijo terminantemente que no.

Es de sentido común que lo que dispuso el pueblo, en ejercicio de la democracia directa y dentro del orden constitucional, no sea desvirtuado ni ignorado por los representantes de ese mismo pueblo, que nos ha puesto aquí, en estas bancas, para defender sus ideas y sus derechos y no para desconocer sus pronunciamientos. Pero bien dicen, señora Presidenta, que el sentido común es el menos común de los sentidos.

Se ha traicionado también -y se está traicionando- a los votantes, a quienes más de una vez se les dijo que no se tocaría la ley de caducidad. No solo la tocaron: la retocaron, la desvirtuaron, la pintaron con "Fotoshop" y ahora, pudiendo derogarla -porque tienen facultades para hacerlo-, quieren ir más lejos. Quieren no solo dejarla sin efecto sino con efecto retroactivo. Esto significaría dar efecto retroactivo a una norma penal, desconociendo la más elemental garantía que ha establecido la civilización.

Y lo peor es que se ha traicionado también la verdad de los hechos en todo este largo proceso de mistificación de nuestra historia reciente. Como se dijo aquí, no solo Latorre cambiaba la historia.

Los programas de computación se entregan en una primera versión y después se les va agregando modificaciones que se hacen por Internet, que algunos ni siquiera advertimos y que se llaman actualizaciones. Me parece que hemos sufrido una larga lista de actualizaciones tendientes a acomodar la realidad histórica al gusto y al paladar de algunos que quieren sacar partido de ella. Así y todo, como se vio en el plebiscito de octubre del año pasado -cuando se dijo que no a quienes querían anular la ley, consagrando una monstruosidad jurídica en nombre de los derechos humanos- tantas mistificaciones no han conseguido vender a las nuevas generaciones una historieta por la cual lo que pasó, no pasó y las cosas no fueron como en realidad fueron. Así resulta, por ejemplo y para algunos, que los tupamaros lucharon contra una dictadura; para otros, los tupamaros no tiraron un tiro contra ninguna dictadura porque cuando se produce, hacía rato que ya estaban todos presos, condenados por la justicia. Para otros, los tupamaros no se opusieron a ninguna dictadura sino que se levantaron en armas contra un Estado democrático dirigido por autoridades legítimas elegidas por el pueblo.

También se dice que ellos no necesitaron amnistía porque pagaron con años de cárcel, en condiciones excesivamente rigurosas, los crímenes que cometieron. Lamento realmente que fueran sometidos a condiciones inapropiadas durante su detención. Además de ese hecho lamentable, del cual no somos responsables nosotros ni podemos remediarlo, nos preguntamos: ¿ellos cumplieron con la totalidad de sus condenas? ¿Fueron juzgados y procesados todos los que cometieron ilícitos o hubo algunos que se escaparon y sus actos han quedado impunes?

Así ocurrió luego el desastre, el famoso golpe, ocasionado por la subversión que trajo a la dictadura con su insano asalto a las instituciones democráticas. Eso dio pie a los militares, que aprovecharon la oportunidad de ser convocados para defender el orden constituido, usurpando luego el poder. Unos y otros dejaron el desastre para que los partidos tradicionales, votados por la gran mayoría del electorado en 1984, lo arreglaran. Y estos partidos respondieron con amplitud de miras, dejando de lado agravios y revanchismos, en la mejor tradición de nuestro país.

Se votó una amnistía para los insurgentes. Se aplicó, con razón, el criterio de que más vale ser amplio de más que quedarse corto en las reparaciones; que más vale que algún avivado pueda sacar provecho de la situación antes que dejar desfavorecido a alguien que realmente hubiera sido perseguido. Así, se repuso en sus cargos a todos, se reconstruyó la carrera de todos, se indemnizó a todos y se atendieron todos los reclamos. No era el momento de investigar a nadie ni de perseguir a nadie, era el momento de cicatrizar heridas y de sacar al país adelante, no de sumirlo en otra etapa de revanchismo ni de odio.

Cuando llegó el momento de resolver la situación de los militares no se pudo, por razones políticas, aplicar el mismo criterio; y para subsanar esa dificultad se apeló al mecanismo previsto en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, perfectamente conocida por todos. Esta ley no impide investigar los hechos ocurridos, como se ha podido ver. Tampoco pretende, como se ha dicho, despojar a los Jueces parcialmente de sus competencias jurisdiccionales. Simplemente quiero decir que está claro -salvo para quien no lo quiera ver- que la ley procuró, sin amnistiar a todos, hacerlo indirectamente con los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía cuyas acciones ilegales fueran producto o estuvieran vinculadas con actos de servicio.

Esto es indiscutiblemente justo. Si hubo amnistía para unos, también debía haber amnistía para todos: para los que infringieron la ley sin razón o sin más razón que su ambición de poder y para los servidores del Estado que pudiesen haberla infringido en cumplimiento de sus funciones. Eso es lo justo, eso es lo razonable.

Pasaron más de treinta años de aquello. La tradición de nuestro país, historia de luchas heroicas y reconciliaciones generosas y humanitarias, no puede ser traicionada ahora con un acto de venganza que quiere llevar el espíritu de revancha más allá, no solo de lo que autoriza el sentido común, sino de lo que permite la existencia de una sociedad civilizada.

Podrán quedar crímenes y criminales sin juzgar, algo lamentable, pero eso muchas veces ha ocurrido y ocurrirá en la historia porque ningún sistema judicial es perfecto. Pero lo que no puede ser es que se cometa el crimen de desconocer lo vivido y lo juzgado para volver atrás y tomar venganza; que de eso se trata lo que estamos discutiendo hoy. Estamos haciendo como si lo que pasó no hubiera pasado, como si el pueblo no hubiera hablado, como si los Jueces no hubieran tomado decisiones.

¿Quieren derogar la ley para que de aquí en adelante no se siga aplicando? Muy bien; tienen las mayorías necesarias. ¡Háganlo! Pero aquí también podemos proponer algo más que eso. ¿Si proponemos dejar sin efecto también la amnistía que benefició a los sediciosos? ¿Por qué no reinterpretamos aquella amnistía? ¿Por qué no nos lanzamos a investigar las causas de todos los presos de la dictadura y las de los que no fueron presos, para ver si todos realmente purgaron sus condenas y pagaron sus deudas con la sociedad? Hagamos más: indaguemos si la anulación de todas las amnistías haría posible que algunos todavía puedan recibir algún beneficio de lo que quedó de aquel terrible estropicio. No sea cosa que alguno, por la vía sucesoria o como sea, saque ventaja de una desgracia nacional. Hagamos eso y habremos sumido al país en un infierno, en otra etapa de odio, resentimiento, abuso de poder y de violencia solapada u ostensible. Hagamos eso, sí. Que vea el pueblo uruguayo que quienes eligió para resolver sus problemas, para forjar el futuro, se enfrascan en una lucha destructiva por cuestiones del pasado, en las que es inútil buscar una razón porque nadie la tiene.

Los hechos lamentables del pasado son eso: son hechos lamentables y son pasados. Traficar con ellos por razones políticas -o vaya a saber uno por qué más- sería una traición a quienes nos han votado, esperando de nosotros otra amplitud de miras, otra proyección hacia el mañana, mirando al futuro de nuestros hijos y no a la degradación o demonización de las generaciones anteriores.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: hemos estado escuchando este debate que se ha enfocado en distintos puntos de vista: algunos jurídicos, otros ideológicos y políticos y otros prácticos. Inclusive, algunos provienen desde lo más profundo de los sentimientos.

No compartimos la Ley Nº 15.848 y menos después de que fuera declarada inconstitucional. Tampoco compartimos esta interpretación porque, a nuestro juicio, adolece de la misma problemática.

El texto del proyecto de ley que se nos presenta es una forma indirecta de no atender muchas de las cosas que deberíamos cuidar, entre otras, y principalmente, aquello que ya fue expresado en dos oportunidades por nuestros mandantes, los electores.

Si una herramienta jurídica tiene defectos, soy partidario de que se corrija, pero no con otra que también los tiene. Planteemos la derogación lisa y llana y yo estoy seguro de que va a haber mucho más que cincuenta manos levantadas. Si lo que queremos hacer es advertir para el futuro que cualquier quiebre en la institucionalidad o agresión a los derechos humanos va a ser duramente sancionado, hagámoslo en forma expresa y no sigamos poniendo parches a situaciones que no se arreglan de esta manera.

Probablemente, cuando estos hechos ocurrieron, el 40% de los ciudadanos del Uruguay no votaban o no habían nacido, y hoy están viviendo nuevamente una discusión que, en mi concepto, no ayuda a cerrar heridas. Comprendo, entiendo y justifico la necesidad de dar a determinadas personas una especie de satisfacción, porque hubo cosas horrendas en el pasado, pero en la vida del país esas cosas también existieron de otra manera y con otros conceptos.

Yo provengo de un departamento donde se iniciaron todas las revoluciones civiles, y nadie me va a decir que esas revoluciones no fueron tanto o más cruentas que los episodios de los que estamos hablando, pero llega un momento en que la sociedad tiene que buscar la manera de hacerse recíprocas concesiones para tratar de cerrar la mayor cantidad de heridas y juntos mirar hacia el futuro, por un país mejor. Creo que en algún momento el señor Presidente de la República dijo que ni aun cuando se muera la generación que participó se habrá encontrado la forma de satisfacer a todos.

Como legislador creo que nadie tiene la verdad revelada y que creerlo es un acto de soberbia impropia, considerando el mandato que tenemos de nuestros electores. Seguramente, en esta Sala hay noventa y nueve posiciones o maneras distintas de ver el mismo hecho, las que después se van juntando y alineando con muchos detalles. Nosotros tenemos que buscar soluciones globales; naturalmente esta no lo es.

Sabemos que va a haber cincuenta votos, lo que es una mayoría circunstancial, como también podemos decir que lo fue -o una minoría circunstancial- la que en los plebiscitos no permitió que se alcanzaran los mínimos requeridos para esas oportunidades. En mi opinión, más allá de las doctrinas, más allá de los jurisconsultos -en quienes tanto se han basado los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra-, hay un problema de interpretación. En el derecho existen, por lo menos, dos bibliotecas, a veces cuatro o cinco, porque el idioma español es tan rico que permite que una misma cosa se diga o interprete de muchas maneras. Pero como legislador creo que no se puede interpretar de manera distinta -me atrevo a discrepar con los jurisconsultos que fueron citados- que cuando el soberano se expresa lo hace por encima de los poderes que yo pueda tener, porque es quien me los otorga y quien me concede, en ese momento, un mandato que, además, es revocable. Por lo tanto, si yo quiero defender la democracia y la libertad, en primer lugar, debo responder y aceptar como veredicto supremo lo que diga el cuerpo electivo, aun cuando sea por un voto de diferencia, porque eso es democracia y es libertad. Y esos son los principios por los que estoy acá y los que quiero defender.

No creo que en esta Sala haya alguien que esté a favor de ultrajar los derechos humanos; no creo que alguien esté de acuerdo con que Uruguay país tenga una posición distinta internacionalmente respecto de esto, pero creo que debemos ir alineando las normativas internas de nuestro país -que forman nuestra soberanía- con las internacionales, sobre todo en los grandes principios. Yo no creo que con esta modificación podamos cambiar la opinión sobre nosotros en el mundo. Lo que debemos tener claro es con qué herramientas y con qué actitudes vamos a enfrentar el futuro para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y si alguno tiene la mala idea de que puedan llegar a pasar nuevamente estas cosas, que sepa claramente cuál será el castigo que no solo los legisladores, sino todo el pueblo, le harán caer encima.

Yo no justifico los medios para llegar a un fin, y menos cuando esos medios, desde mi punto de vista, no son los apropiados. El soberano es el pueblo, y cada cinco años nos da un mandato, y creo que no existen esos derechos tan fundamentales que hacen que un legislador tenga la soberbia de creer que puede estar por encima de quien lo votó y lo colocó en el Parlamento. Ese es un acto impropio de un legislador. Entonces, debemos saber respetar, tanto la separación de Poderes como el mandato que hemos recibido. Seguramente, en esta Sala los mandatos no son todos iguales pero, sin duda, lo que la gente espera de nosotros es una conducta que nos permita seguir pensando que la democracia y la institucionalidad están garantizadas. Pero cuando votamos una ley inconstitucional, y nos desviamos o tratamos de interpretar "ut supra", por encima de nuestras capacidades, no estamos ejerciendo el mandato que nos dio la ciudadanía.

Yo no voy a votar afirmativamente este proyecto, pero no porque discrepe con los principios, no es así, sino porque discrepo con el procedimiento y con esta norma. Desde mi punto de vista, la Ley Nº 15.848 es tan inconstitucional como esta norma interpretativa, que nos pone por encima del soberano, hasta en un acto de soberbia que no quiero asumir.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR FERNÁNDEZ (don Martín).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SARAVIA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ (don Martín).- Señora Presidenta: efectivamente, si hoy estamos discutiendo este tema es porque con respecto a los derechos humanos no hay vuelta de página. No pudo dar vuelta la página el Pacto del Club Naval, no lo pudo hacer la ley de caducidad y tampoco lo podrá hacer este proyecto de ley. Y como dijo el señor Diputado Saravia, tampoco esto se podrá lograr cuando hayan muerto todos los que participaron de estos procesos, por la sencilla razón de que antes de que nacieran, durante y después seguirá habiendo nación, y la memoria es una construcción colectiva y va a trascender a todos nosotros.

Se ha dicho que la ley de caducidad se votó en momentos de tremenda presión. ¡Por supuesto! Prácticamente, estábamos en los límites de vivir una democracia tutelada. El propio Wilson Ferreira Aldunate, en su editorial de "La Democracia", de 12 de diciembre de 1986, decía lo siguiente: "[...] no es verdad que el llamado Pacto del Club Naval haya liquidado todos los vestigios del gobierno de facto, y que el país viva, desde el 1º de marzo del año pasado en plena normalidad institucional. Reconocerlo no significa resignación ni entregamiento, sino la mera comprobación de un hecho que está ahí y punto. Obstinarse en negarlo es hacer como el pollo, que suprime la realidad metiendo la cabeza debajo del ala. El Uruguay salió de la dictadura, pero esta no ha desaparecido del todo: quedan todavía muchos resabios, vivimos aún bajo su sombra, y es deber de todos sumar esfuerzos para aventar definitivamente hasta el último vestigio de uno de los períodos más negros de nuestra historia".

Por supuesto que esta fue una solución extraordinaria para un momento absolutamente extraordinario. Y las leyes, todas ellas, son hijas de nuestro tiempo. Seguramente hoy la ley de caducidad, con el transcurso de todos estos años ya no tenga razón de ser, pero en este proyecto de ley no vemos la vía, la solución para que podamos encontrar la verdad que, en definitiva, es lo que a todos nos interesa.

Ese día de diciembre de 1986, con doce años de edad, yo estaba aquí al lado, en la antesala de la Sala Luis Alberto de Herrera, acompañando a mi madre, militante de "Por la Patria"; en ese momento se estaba votando la ley de caducidad y estábamos en contra, al igual que muchos militantes blancos de aquel entonces. Recuerdo que en horas del mediodía estuvimos en una despedida de año organizada por el entonces Diputado López Balestra y que luego fuimos a la casa del también Diputado Héctor Lorenzo Ríos para tratar de recoger voluntades contrarias a la ley de caducidad.

Por supuesto que muchos de los militantes nacionalistas en ese momento se encontraron con una situación más que difícil, con algo que el Partido Nacional no había engendrado, pero de todas maneras se tomaba la responsabilidad de buscar la salida institucional.

Se votó esa ley y, posteriormente, en abril de 1989, se refrenda y luego de eso el tema se borró de la agenda, no solo política: la sociedad, lamentablemente, le dio la espalda a ese tema. Solo la militancia de los familiares logró que por algunos momentos recordáramos los tristes episodios que habíamos pasado y que esa herida aún estaba abierta.

La vuelta de este tema a la consideración pública seguramente se haya dado en mayo de 1996, cuando se recordaban los veinte años de la desaparición física de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, William Withelaw y Rosario Barredo. En aquel entonces se hizo una marcha de silencio -a la que por supuesto asistimos- con una pancarta que la encabezaba en la que se decía: "Verdad, memoria, y nunca más". En algún momento se habló de la posibilidad de incluir el término reconciliación, pero hubo sectores políticos que la vetaron diciendo que no acompañarían la marcha si este se incluía.

La aplicación que hizo Vázquez posteriormente y el avance que se ha logrado en los derechos humanos han sido importantes, pero no suficientes, seguramente porque quienes en su momento fueron los dueños de la verdad callaron o bien mintieron. Hubo otro pronunciamiento popular en octubre del año pasado y hoy nos encontramos ante esta situación, considerando un proyecto de ley tan inconstitucional como el que pretendemos anular, tratando de poner nuevamente...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Le concedo un minuto para que redondee su pensamiento.

SEÑOR FERNÁNDEZ (don Martín).- Señora Presidenta: lo que nos preocupa es el futuro. Este proyecto de ley no resuelve la situación, este proyecto de ley le pasa la pelota a la Suprema Corte de Justicia que deberá establecer la constitucionalidad, y este proyecto de ley no contribuye a lo que entendemos primordial: la búsqueda de la verdad.

Lamentablemente, hoy al Partido Nacional no se lo encuentra para llevar adelante este proyecto de ley, pero sepa, señora Presidenta, y sépanlo todos, que cada vez que se busque la verdad, podrán contar con nosotros.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero aclarar que voy a votar afirmativamente este proyecto, pero no lo hago por disciplina partidaria ni por un mandato de la Mesa Política del Frente Amplio, que lamento no poder integrar porque no ha sido autorizado el ingreso de mi grupo político, tal como hubiera correspondido. Lo voto, sí, porque soy biológicamente frenteamplista desde el nacimiento de nuestra fuerza política; lo voto porque en mi vida he sido un demócrata auténtico y siempre he aceptado las decisiones que por mayoría se toman en los ámbitos en que participo. He votado y voy a votar -uno más entre los cincuenta votos de nuestro Frente Amplio- porque mi sector político dentro del Frente Amplio, el "Congreso Frenteamplista", no tiene ninguna fórmula mejor que la que estamos considerando, aunque nos deja serias dudas sobre su constitucionalidad. De todos modos, no tenemos ninguna duda de que esta es la menos mala de todas las que se han manejado y que los intentos para mejorarla han sido múltiples. También voy a votar este proyecto porque sacar esta mancha que nos avergüenza del sistema legal uruguayo es absolutamente imprescindible.

Antes de continuar, señora Presidenta, quisiera decir dos cosas. Una de ellas tiene que ver con la ley de caducidad: en su momento, cuando fue aprobada, cumplió con su papel. La segunda consideración que deseo formular es que las leyes no son eternas y requieren permanentes adecuaciones, y esto lo estamos viendo todos los días en el Parlamento, porque a veces aprobamos normas y al poco tiempo vemos que hay necesidad de cambiarlas o corregirlas. Entonces, antes de utilizar argumentos diciendo que lo que se votó hace treinta años hoy sigue teniendo plena vigencia y antes de hacer referencia como argumento fundamental a los plebiscitos -después me referiré a esto-, hay que tener en cuenta que las situaciones, las realidades, las exigencias cambian tanto en lo interno del país como en el mundo. Por consiguiente, lo que hoy puede ser visto y exigido de determinada manera podría no haberlo sido ayer.

Y por las dudas también quiero decir que para llegar a esta conclusión a mí no me presionan las amenazas de los organismos internacionales. Por ejemplo, las Naciones Unidas para el caso de Israel, ha emitido trescientas resoluciones, pero ese país nunca les dio pelota y nadie obliga a que se cumplan. Y hoy el ejército israelí sigue matando a ciudadanos palestinos, tal como ocurrió hace algunos días. Además, ante situaciones como las que se viven en Cisjordania, y más allá del intento de conversaciones de paz, se continúa adelante con la instalación de asentamientos. Esto se desoye y no pasa nada.

En el debate del día de hoy se dijo que el Parlamento se arroga el derecho de declarar inconstitucional algo que solo corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero decir que si el Poder Legislativo fue el que aprobó esta ley, ahora, en función del pronunciamiento de inconstitucionalidad emitido por esa misma Suprema Corte de Justicia, lo que se está haciendo es convalidar, en definitiva, la resolución de inconstitucionalidad dictada por ese organismo que es el encargado de establecer la inconstitucionalidad de las leyes. Pero quiero responder, como dije recién, al principal argumento que se ha utilizado hoy por parte de quienes no quieren votar este proyecto de ley y que tiene que ver con las dos consultas ciudadanas realizadas en 1989 y en 2009.

En la consulta de 1989 todavía el plafón estaba bajo en el país. La inseguridad era permanente. A mí me tocó recorrer el país propiciando el voto verde y siempre me encontré con una pregunta que no tenía posibilidad de contestar con certeza. Y era: si la ley se derogaba, ¿quiénes iban a meter presos a los militares? Y en función de esa situación, muchísimos ciudadanos aprobaron el voto amarillo porque veían que era el único camino para poder seguir flotando en la situación en que nos encontrábamos. Pero eso fue en 1989. Sin ninguna duda, hubo una brutal presión y, además, existía inseguridad porque recién el país empezaba a retomar, aunque había limitaciones, el sistema de funcionamiento democrático.

Pero me quiero referir al plebiscito de 2009. Por eso digo que a mí, esos dos mandatos soberanos no me obligan. No me obliga el primero por las características que ya dije. Pero tampoco me obliga el de 2009, porque fue una consulta flechada; fue una consulta que se hizo con una papeleta sola; fue una consulta en la que solo teníamos que votar por "Sí" aquellos que queríamos que la ley se anulara, derogara o como se le quiera decir. En el día de hoy escuché que un legislador afirmó que el 52% del electorado dijo que la ley quedaba. Y yo estoy absolutamente seguro de que no puede haber un solo legislador que se atreva a afirmar que entre ese 52% que no votó la anulación, todos eran contestes en que había que dejar vigente la ley de impunidad. Me permito señalar que en el debate, en las recorridas, en las conversaciones y en los actos políticos, por lo menos, había cuatro situaciones totalmente diferentes. No tengo ninguna duda de que, tal vez entre ese 52%, una mayoría equis que no podemos precisar, debía querer dejar la ley. Pero tampoco tengo ninguna duda -porque lo escuché en reiteradas oportunidades como argumento de aquella gente que tenía serias dudas sobre lo que debía hacer- de que no se dio el debate suficiente y tampoco había información suficiente. Inclusive, hubo aspectos que confundieron a muchos de los ciudadanos. El fallo de la Suprema Corte de Justicia hablando de la inconstitucionalidad hizo que alguien emitiera como opinión -yo lo escuché- que la ley estaba anulada. En consecuencia, prácticamente daban el tema por liquidado.

Además, podría decir que hubo también versiones -todas disparatadas; debo aclararlo- que afirmaban que la anulación de la ley representaba la liberación de los militares que estaban presos. Eso también se argumentó. Las dudas que hay entre ese 52% se pueden comprobar más que fehacientemente teniendo en cuenta que no debe haber -creo- ningún frenteamplista que esté de acuerdo con la ley de caducidad. Sin embargo, a la hora de abrir los sobres de votación para saber el resultado del acto electoral de 2009 -que fue cuando se hizo este plebiscito-, hubo un 15% de votos frenteamplistas que no tenían la papeleta rosada.

Por consiguiente, respetaría la voluntad ciudadana hasta sus últimas consecuencias, como estoy dispuesto a hacerlo, en la medida en que las consultas se hagan con todas las de la ley: es decir, que haya ciudadanos que me digan que quieren que la ley quede y que haya ciudadanos que me digan que quieren que la ley se liquide. Pero eso no fue lo que pasó en 2009 y, por lo tanto, a mí ese resultado no me obliga. Además no tengo la certeza del resultado, teniendo en cuenta la escasa diferencia existente entre quienes votaron por anularla, lo que faltó para llegar al número exigido y aquellos que no se pronunciaron. Repito: no se puede saber cuántos quisieron dejarla; hay que referirse a los que no se pronunciaron sobre la necesidad de anularla.

SEÑOR VERRI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SEMPRONI.- Cuando termine, si me queda tiempo, le concedo la interrupción. Pido que me disculpe porque tengo necesidad de decir algunas cosas más.

Después de estas consideraciones, vamos a tener, como pronunciamiento de este Cuerpo, de las Cámaras, del Poder Legislativo que fue el que aprobó esta ley, el texto que hoy todos los Diputados del Frente Amplio vamos a votar.

También tenemos que decir que existen mecanismos en nuestro sistema legal y jurídico que permiten que los que hoy están anunciando inconstitucionalidad, etcétera y que por cualquier otra razón están planteando consultas populares, junten firmas para consultar a la población acerca de si el proyecto que hoy vamos a votar debe quedar o no. Desde ya les digo a los que quieran hacerlo que cuenten con mi firma para habilitar una consulta popular en ese sentido.

Quiero terminar diciendo lo siguiente. No lo habría hecho porque no es un tema que esté muy metido en este debate, pero como en el desarrollo de esta reunión del Cuerpo se habló de los militares presos, de lo inhumano de tener a esos viejos presos, quiero decir para que quede constancia que hoy uno de ellos, el coronel Silveira, alias "Pajarito" o "Rojo 7 Sierra", en las claves de las Fuerzas Conjuntas, se está declarando inocente y por eso está haciendo una huelga de hambre. Deseo expresar a todo el Cuerpo y a la población que escucha esta sesión que este señor, además de mentiroso y de falso, es un torturador sádico e inhumano. No digo esto porque me lo contaron. Además, no torturaba para sacar información; torturaba por placer. Y yo fui, en varias oportunidades, una de sus víctimas.

Asimismo manifiesto que en oportunidad de la aparición de los cinco fusilados de Soca, este oficial, en el lugar de detención en el que me encontraba, el Cuartel de La Paloma, ante la llegada de una visita que me correspondía, me paró para decirme que en virtud de lo que había ocurrido con el coronel Trabal en Francia, habían matado a cinco de los nuestros, pero que la próxima vez que cayera uno de ellos iban a matar a diez y que yo estaba autorizado a decirlo. Este señor hoy se está declarando inocente.

El país y el Cuerpo, cuando digo esto, emitirán la opinión que entiendan que corresponde.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR SEMPRONI.- Con mucho gusto, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta: pedí una interrupción al compañero Semproni, para no hablar más tarde.

Quiero comunicar una declaración de mi grupo político que dice lo siguiente: "1) La Alianza Progresista," -Lista 738- "ha estado siempre en franca oposición a la ley de caducidad, aun desde antes de su formación, donde el Frente Amplio y el entonces Intendente de Cerro Largo Rodolfo Nin Novoa junto a otros dirigentes, personalidades y organizaciones sociales convergieron en la lucha por su derogación a través de la consulta popular de 1989 y 2009.- 2) Nuestra diferencia con esta solución legislativa es que ninguno de sus argumentos supera a nuestro juicio las dos expresiones de la soberanía popular que lamentablemente ratificaron la vigencia de la Ley.- 3) Ante la decisión adoptada por la mesa política del Frente Amplio, la Agrupación de Gobierno de la Alianza Progresista" -Lista 738- "habilitará con el voto de su diputado la media sanción del proyecto, posibilitando así la continuidad de la discusión y del debate en sus instancias posteriores".

En virtud de esta declaración, vamos a votar afirmativamente el proyecto.

Finalizo diciendo que estamos cumpliendo con la resolución de la Mesa Política del Frente Amplio, porque de esta manera fortalecemos uno de los pilares fundamentales de nuestra fuerza política, que es la unidad de acción. En efecto, discusión interna, resolución democrática y unidad de acción son los tres pilares de nuestra fuerza política, Frente Amplio, que la han hecho fuerte y sostenible en el tiempo.

Era cuanto quería decir.

SEÑORA PEREYRA.- ¡Muy bien!

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Semproni.

SEÑOR VERRI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SEMPRONI.- Sí, señor Diputado, con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR VERRI.- Señora Presidenta: simplemente quiero hacer una aclaración, porque debe ser el tercer legislador que interpreta que el plebiscito de 2009 para reformar la Constitución estaría viciado de nulidad o no se respetaría, porque había solo una papeleta. Esta fue una decisión de la Corte Electoral del año 1999, cuando resolvió que en los plebiscitos se votara solo con una papeleta.

En 2009 lo que se hizo fue aplicar esta reglamentación, que lamento comunicar fue aprobada por unanimidad, lo que significa que también la acompañaron los representantes del Frente Amplio, que ya integraban la Corte Electoral en ese momento.

Si quedaran dudas y fuera necesario, se podría recurrir a las actas de la Corte Electoral.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero agradecer el aporte documental que hizo el señor Diputado Verri, que ya conocíamos, pero el hecho de que la Corte Electoral haya votado esta resolución por unanimidad no cambia la opinión que en su momento sostuve, así como la propuesta que formulé en los ámbitos a los que podía acceder respecto a la inconveniencia de esa resolución, que viene de antes, no recuerdo exactamente de cuándo.

Además, esta resolución fue adoptada por una Corte Electoral que si bien era legal, no era legítima, en virtud de que llevaba quince años manejando y conduciendo a la corporación en materia electoral. Más allá de que no tenga por qué cuestionar ningún aspecto de fondo en lo que fueron sus disposiciones posteriores, quiero decir que si bien la resolución se votó, inclusive con el apoyo de los representantes del Frente Amplio, por suerte, en el Frente Amplio no hay unanimidades; muchas veces hay polémicas, visiones distintas y decisiones que se toman soberanamente, respetando las mayorías, conforme al funcionamiento real de la democracia, como corresponde a todos los niveles de la actividad política.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SEMPRONI.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Señora Presidenta: me había anotado para hacer uso de la palabra y me borré, pero se me fue calentando la sangre y pedí esta interrupción para poder hablar.

Había preparado algo con respecto a este tema. Al igual que con la despenalización del aborto, tengo una profunda necesidad interior de opinar sobre lo que discutimos. Vinculo este tema con cosas esenciales a lo humano y a la vida. Todos tenemos posiciones predeterminadas, inamovibles, determinadas por nuestras historias, y el final de la discusión ya se conoce.

Anhelamos por mucho tiempo que los efectos de la ley de caducidad cayeran de otra manera. La característica de la salida democrática ya marcó lo que ocurriría. Aquellos polvos trajeron estos lodos.

El Pacto del Club Naval y la moña del paquete, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, nos obligaron a recurrir al mecanismo del plebiscito. El primero se dio en un clima anormal, de miedo y de presión, con citaciones a los militares guardadas en la caja fuerte de un General en jefe, terminó en derrota y muchos de los aquí presentes lloramos. La segunda, en otro clima, habiéndose utilizado por primera vez en veinte años el único resquicio, la única fisura, la única grieta por donde entrar a juzgar algunos crímenes de lesa humanidad, también terminó en derrota y nos calentamos. Por razones que no voy a analizar en profundidad -desidia, desinterés, escaso compromiso, un discurso táctico alejado de este tema-, también terminó en derrota, impotencia y calentura.

Valoro el intenso y comprometido trabajo de mis compañeros del Frente Amplio para pulir un proyecto de estas características, pero no es lo que más me interesa, no es a donde voy. Quiero ir al fondo, al carozo, a la médula: justicia o no justicia, igualdad o no igualdad. Me interesa demostrar que existe una conciencia y un sentido común de la justicia y de la igualdad que resiste todo argumento, que es imposible de empañar, matar, esconder o deformar. Justicia e igualdad son hermanas, que solo existen si están presentes las dos.

No sé en qué momento de la evolución del cerebro del género humano apareció el sentimiento de amor y su contraparte el odio, el altruismo y el egoísmo; tampoco el sentido de justicia e igualdad o, mejor dicho, eso que sin razonar vemos simplemente como justo o injusto.

Podremos tener ideas y religiones diferentes, pero la médula del sistema de creencias, porque nacimos en esta parte del mundo, la matriz está construida por el pensamiento occidental y cristiano, también en su aspecto laico -libertad, igualdad y fraternidad- y en valores cristianos.

Cuando ponga los próximos ejemplos, seguramente coincidiremos todos, porque sin duda tenemos un sentido de conciencia común de la justicia y de la igualdad. Cuando hablamos del genocidio indígena de las Américas, si pudiéramos llevar a la justicia, en un viaje en el tiempo, a los colonizadores, ¿no lo haríamos? Cuando hablamos del genocidio del pueblo armenio -un millón de muertos-, si pudiéramos llevar a la justicia a sus perpetradores, ¿no lo haríamos? Cuando vemos lo que se ha hecho el pueblo judío, ¿a alguien le parece mal que los nazis hayan sido perseguidos, capturados y hasta ejecutados por sus crímenes? En el caso de la limpieza étnica hecha por Serbia contra los musulmanes de Kosovo -estoy dando ejemplos al pasar-, de la violación sistemática de veinte mil musulmanas por parte de nacionalistas serbios, ¿no le parece, señora Presidenta, que está bien el enjuiciamiento de esos criminales? ¡Ni qué hablar de las matanzas tribales que sistemáticamente ocurren en África!

Sin embargo, cuando hablamos de los crímenes cometidos en dictadura, parecería que la vara, que la balanza, que la mirada de algunos es diferente; ahí aparecen defensores y propulsores de una ley que, aunque no se quiera y aunque no sea la intención, termina protegiendo a los criminales.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Creo que existe ese sentido o conciencia común de la Justicia, y yo los voy a enfrentar a eso.

Si ustedes en el lugar donde están las taquígrafas...

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado el tiempo de que disponía, señor Diputado.

Puede continuar el señor Diputado Semproni, a quien le restan cuatro minutos.

SEÑOR SEMPRONI.- Señora Presidenta:...

SEÑOR PÉREZ BRITO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SEMPRONI.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Señora Presidenta: seguramente, el tiempo no me va a alcanzar, por lo que pido tolerancia a la señora Presidenta, ya que yo en la Cámara hablo poco.

Decía que, si por un momento, donde están las taquígrafas vieran a una mujer pariendo en malas condiciones higiénicas y de todo tipo, seguramente, hambreada, y no sé si después de algún plantón o cosa parecida, y luego a alguien que viene, corta el cordón umbilical, se lleva al gurí, y lo desaparece y lo mata, ¿qué produciría en cada uno de ustedes?

Si vieran a un hombre en una parrilla de metal -así la electricidad corre más fácil-, con la picana en la planta de los pies, en la entrepierna, en los testículos, en el pecho, en los pezones, en la boca, en la nariz, ¿qué pensarían del ser que es capaz de hacer eso? ¿Qué pensarían del ser que le mete la cabeza al otro en agua o en mierda? ¡Estoy hablando de mierda! Estoy seguro de que cualquiera de los que están aquí se sentirían indignados.

¿Notaron cómo, sin decirlo, existe en este ámbito un sentido o conciencia común de la Justicia?

En algún caso se quiso deslizar la peregrina idea, la hipótesis de la guerra -no estamos hablando del movimiento armado que hubo en determinado momento en el país, estamos hablando de gente que resistió a la dictadura, en la mayoría de los casos con un pincel y un volante, de gente desarmada- y yo pregunto si alguien se ha tomado el trabajo de leer lo que dice el Convenio de Ginebra -ya sé que no se cumple- con respecto a los prisioneros. Lo voy a citar por si alguien después lo quiere leer: me refiero al artículo 13 del Título II, "Trato humano a los prisioneros", y al artículo 17 de la Sección I del Título III, "Interrogatorio del Prisionero".

Voy a leer la definición de justicia, según el diccionario de la Real Academia Española. Justicia: "Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.- Hacer justicia a alguien: Obrar en razón con él o tratarle según su mérito, sin atender a otro motivo, especialmente cuando hay competencia o disputa". Y en el diccionario de la lengua española se define a la igualdad como el trato idéntico entre todas las personas, al margen de razas, sexo, clase social y otras circunstancias diferenciadoras.

Para finalizar y antes de que la señora Presidenta me llame al orden, voy a referirme a algo que vivimos con el compañero "Yuyo" Pérez. Estuvimos presos juntos, pasamos por determinadas cosas y seguramente, se acuerda del viejo Tizze. El viejo Tizze, pobre, se la comió sin ninguna razón. Era un hombre veterano. Generalmente, lo tenían atado de pies y manos en un sillón de peluquero -no de almohadón sino de madera; lo veíamos por debajo de la capucha cuando pasábamos para el baño- y amordazado. Una noche -quizá "Yuyo" todavía estaba por ahí- lo envolvieron en poncho, lo ataron como un salame y lo llevaban en la cuadra, de punta a punta, patada tras patada. El viejo, rebelde -porque era rebelde y no se les callaba-, con la mordaza entre los dientes alcanzó a decir: "¡Alguno va a quedar vivo para contar lo que ustedes hacen, asesinos!"

Les quiero decir que, por formación y creo que por mi corazón también, no guardo el más absoluto rencor, más allá de que me subleva, de que la sangre me corre con más fuerza y que mi corazón se apura cuando tengo que hablar de estos temas. Pero no existe rencor. Es más: en mi fuero íntimo, lo único que desearía es que quienes cometieron estos crímenes pasaran por un juzgado. No van a estar encapuchados, no van a ser torturados ni les va a pasar nada de lo que ocurrió a miles de uruguayos en este país. Si después este pueblo decide que no tienen que estar presos, bueno, no me importaría.

Pero de lo que se trata en el día de hoy -más allá de toda esta discusión jurídica que lo que hace es edulcorar el fondo de lo que les dije cuando los puse ante la situación de ver ese tipo de cosas- es de la Justicia, de la pura Justicia, aunque parezca inocente.

Sé que, quizá, los adversarios y muchos compañeros no están conformes...

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado: le ruego que redondee su pensamiento.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Ya termino.

Sé que es así, pero recuerden que lo que va a suceder a partir de este momento es que todos los uruguayos vamos a ser iguales ante la ley.

Muchas gracias.

(Aplausos en la barra)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Garino Gruss.

SEÑOR GARINO GRUSS.- Señora Presidenta: así como a la señora Presidenta se le hizo difícil aplicar el Reglamento, a mí se me dificulta hablar después de quien ha hecho uso de la palabra y ha manifestado todo lo que acaba de expresar.

Yo no tengo ataduras con respecto a los tristes hechos de los años sesenta, setenta y ochenta ni mochilas por un simple hecho: no había nacido o era muy pequeño, porque nací en 1981.

Quiero hacer algunas reflexiones, partiendo de lo que sucedió en el año 2009. Sucedieron dos hechos: se votó a la fuerza política Frente Amplio para ocupar cinco años más el Gobierno y la ciudadanía dijo que no en el plebiscito para anular la ley de caducidad. Y cuando se votó por el Frente Amplio, se hizo por un montón de disposiciones contenidas en el Plan de Gobierno y también por algunas promesas que me gustaría compartir con ustedes: la baja de un punto del IVA; doscientos mil nuevos puestos de trabajo; la nueva ley de empleo juvenil con la creación de cuarenta mil puestos de trabajo; más equidad en la estructura impositiva y en la seguridad social; más infraestructura para apoyar el desarrollo productivo; puertos, aeropuertos y ferrocarriles; planes viales; parques industriales; polos tecnológicos en el interior del país; política crediticia, capacitación y gestión para ayudar a las PYMES; deducciones al IRAE; creación del banco de inversión; implementación de planes nacionales de desarrollo de tecnología de la información y tecnologías en general; fondo de desarrollo rural; Plan Nacional de Recursos Hídricos; desarrollo de represas multiprediales para el riego; Plan Nacional de Pesca; potenciación del desarrollo de las industrias militares; Plan Nacional de Infancia y Adolescencia 2010-2015; Plan Ceibal en liceos y UTU; potenciar la educación inicial, primaria y media; Plan Nacional de Juventudes; Parlamento Juvenil; setenta mil a ochenta mil soluciones habitacionales solo para los jóvenes; veinticinco mil soluciones para personas con viviendas que tienen viejas deudas o problemas con títulos de propiedad; Plan Nacional de Eficacia Energética y Vivienda; Plan Cardales; ley de medios; modificar el proceso laboral y el proceso penal; corregir las inconstitucionalidades de la ley sobre colonización y buscar su correspondiente solución; ley de creación de la agencia nacional de evaluación de institutos universitarios; reorganización del Estado; reforma del Estado; creación del IUDE; ley sobre asignación de publicidad oficial y ley sobre defensa nacional.

Esto se decidió hace un año y las soluciones no llegan. Es oportuno decirlo porque hay un montón de gente que está mirando lo que hacen los legisladores, más allá de que la ley de caducidad hace veinticinco años que está sobre la mesa -sin lugar a dudas, este es un día histórico- y en mayor o menor medida está presente en el debate político y figura en las librerías y bibliotecas de todo el Uruguay a través de un montón de libros. Es bueno decirlo porque estamos en una sesión extraordinaria y todavía no hemos visto las soluciones del Gobierno para ese montón de temas.

Quiero hacer una referencia a algunos hechos vinculados con los derechos humanos, porque me importan todos: los que se han vulnerado, los que se siguen vulnerando y, particularmente, lo que sucede en la actualidad. Hoy se hablaba de que Uruguay participa de un montón de organismos internacionales y tiene puntos negativos. Voy a citar algunos de ellos como ejemplo: el informe Novak; la Organización Mundial contra la Tortura, que también ha hecho observaciones; las acciones de amparo llevadas adelante por Fiscales en lo Civil de Tercer Turno y la futura creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue votado en el año 2009 y todavía no ha sido integrado, que es uno de los mecanismos de prevención para el respeto de los derechos humanos. Estaría bueno que también nos ocupáramos de esto. Con ello no quito importancia al tema, pero me parece que se trata de un asunto de actualidad que debía ser puesto en debate.

Asimismo, destaco que todos conocemos de forma directa o indirecta los tristes hechos acaecidos en las décadas del sesenta, del setenta y del ochenta -por narraciones como las que escuchamos hoy de parte del Diputado preopinante- que llevaron a un espiral de violencia. Hubo un enfrentamiento, sí, de orientales contra orientales que, en lo particular, me resulta triste, doloroso; hasta me da vergüenza que eso haya sucedido en el Uruguay.

Ahora bien: la disposición que nos convoca en este ámbito es la ley de caducidad y no puede ser entendida de forma aislada, sino dentro de un conjunto de normas que también son extraordinarias, irregulares y presentan anomalías. Personalmente, creo que la ley de caducidad es mala, es una mala forma de solucionar lo acaecido en aquella época y, si bien permitió la reapertura democrática, debe ser entendida dentro de un conjunto de normas excepcionales. A modo de breve "racconto", voy a mencionar algunas de ellas -que fueron votadas por la gente en forma directa o por el Parlamento-: la Ley Nº 15.737 referida a la amnistía de determinados delitos comunes; la Ley Nº 15.783, que consagra el derecho de los funcionarios destituidos entre febrero de 1973 y 1985 a ser reincorporados; la Ley Nº 17.358, relativa a ascensos militares; la Ley Nº 17.449, que otorgaba determinados derechos jubilatorios; la Ley Nº 18.033, que extendía aún más dichos derechos; la Ley Nº 18.596, de reciente creación, tendiente a una reparación integral de las víctimas. Como decía, todas ellas son leyes atípicas, irregulares, cuestionables pero, ante todo, excepcionales, con el fin de regular una situación excepcional. La ley de caducidad no puede ser una excepción a esta línea concatenada de leyes.

Cuando el año pasado se trató la anulación de la ley de caducidad, personalmente sentía que no era un punto final, ni nada parecido. Sí pensaba que si no se anulaba, el hecho de rever en este Parlamento la ley de caducidad y otras normas a nivel institucional -porque a veces se ha formulado la pregunta de qué hacer con la ley de amnistía-, tal vez, era una forma de que no se volviera a tratar el tema, pero parece que no es así. Adviértase que la voluntad popular se expresó, con todas las garantías, y dijo que no; primero, por medio del sistema democrático representativo, del Parlamento, en el año 1986 y, luego, en forma directa en 1989 y 2009, dos oportunidades bien distanciadas en el tiempo.

Un Diputado decía anteriormente que de todas formas esta ley ya era nula y que violaba la Constitución. Entonces, ¿por qué eso no se dijo y se reafirmó cuando estábamos discutiendo este tema el año pasado y en otras instancias anteriores? Creemos que eso hubiese sido ilustrativo para la gente en el momento de votar.

Voy a remitirme a algunos mecanismos de democracia directa, haciendo ciertas reflexiones que figuran en el libro "Democracia Directa" de Martín Krause y Margarita Molteni. Textualmente, en la página 34 dice: "La manera más efectiva y democrática de asegurar la responsabilidad es la democracia directa, por la cual la gente se reserva el derecho de iniciar sus propias leyes y votar directamente en legislaciones y reformas constitucionales propuestas […].- Hay numerosas ventajas del voto popular. Asegura que los representantes electos permanezcan responsables, refleja la opinión pública en forma precisa y disminuye la importancia de los partidos políticos, reduciendo en consecuencia la polarización y el conflicto. Los votantes aceptan las derrotas electorales de sus partidos con ecuanimidad cuando saben que aunque su partido no ha ganado la mayoría en el Parlamento, aún pueden hacerse oír a través del voto popular […].- Los políticos, privados de su poder para imponer sus puntos de vista en una población impotente y sin resistencia, se convierten en participantes del proceso legislativo en lugar de tiranos y adversarios legislativos".

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Puig)

——También es oportuno hacer una alusión al artículo 82 de nuestra Constitución que, justamente, otorga a la nación, a través de la ciudadanía, el rumbo democrático de nuestro país y la forma republicana de Gobierno.

Es más: Uruguay conoce un montón de antecedentes: el de 1980, el de 1989, el de 2009. En 1992 está el antecedente de las empresas públicas. También podemos recordar lo que fue la instancia por la que se derogó la ley sobre ANCAP, o la iniciativa del año 2004 respecto al agua, dándole rango constitucional.

Con relación al tema que nos ocupa se ha mencionado a muchas personas, pero yo voy a citar a alguien un poco más contemporáneo, el ex Presidente Tabaré Vázquez, quien en ocasión de un discurso que pronunciara el 5 de febrero de 2004, en el trigésimo tercer aniversario del Frente Amplio, dijo textualmente -y cito un pasaje-: "Hace varios años trabajamos fuertemente para derogar esa ingrata, infame y triste ley de impunidad, trabajamos todos nosotros con mucha fuerza.- Quien habla integró el Ejecutivo de la Comisión por el Voto Verde y fue Secretario del área de finanzas.- Trabajamos para conseguir las firmas y lograr que el pueblo uruguayo se expidiera, hubo que trabajar muy duro, fue muy difícil, pero las firmas se juntaron y el pueblo uruguayo se expidió en una expresión de democracia directa que nosotros defendemos como una herramienta fundamental, y en esa expresión del pueblo lamentablemente desde nuestro punto de vista no pudimos derogar esa ley de impunidad.- Si defendemos la democracia directa, si defendemos la opinión que el pueblo debe dar en instancias fundamentales para el país lo tenemos que defender en todas las instancias, cuando esa resolución nos es favorable y también cuando nos es adversa y fue adversa para los intereses de quienes queríamos derogar la ley de impunidad, por tanto vamos a respetar esa ley de caducidad pero vamos a exigir el cumplimiento de toda la ley, fundamentalmente del artículo cuarto que establece que tenemos que conocer qué ha pasado con los ciudadanos presos, desaparecidos, adultos y niños hasta el último y no descansaremos hasta saber qué ha pasado con cada uno de estos ciudadanos.- Pero de la misma manera que actuamos con esta lealtad institucional hacia el pueblo uruguayo exigimos porque tenemos derecho a hacerlo […]".

Entonces, en aquella instancia, en febrero de 2004, precisamente en un año electoral, quien fuera Presidente del Frente Amplio se había manifestado a favor de respetar la ley de caducidad. Y cito el titular de este discurso: "Miles de uruguayos han dado su vida defendiendo la libertad, históricamente el pueblo uruguayo ha luchado por la libertad y en la gesta artiguista, en el pensamiento artiguista está inscripto con letras de oro como lo dijera Artigas la cuestión es entre la Libertad y el despotismo, por eso luchamos, por ese mandato histórico en todo instante, por la libertad".

Y hoy, en mi caso personal, esas letras de oro que están escritas en el frontispicio de esta Sala, de este Cuerpo, "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana", de alguna forma, fueron una luz para decidir qué hacer y qué no hacer con este proyecto de ley que propone votar el Frente Amplio. Me inclino por respetar las voluntades del soberano que han sido expresadas en dos oportunidades, tanto en 1989 como en 2009.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: hemos escuchado varias exposiciones dando distintos argumentos. No vamos a hacer un análisis de aspectos jurídicos, sino que haremos una breve intervención desde el punto de vista político y de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Adelanto que vamos a conceder interrupciones a varios compañeros que en la noche de hoy también quieren participar de la discusión de este proyecto de ley.

Luego de escuchar a aproximadamente veintiséis legisladores y legisladoras, saco la conclusión de que la Ley Nº 15.848, denominada de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, vulgarmente llamada ley de impunidad, fue mal parida en su oportunidad a raíz de las circunstancias que se vivían en el país, por las amenazas, los miedos; inclusive, como decía el compañero Diputado Pérez Brito, se guardaban citaciones en las cajas fuertes, por ejemplo, por parte del General Medina. En definitiva, es una ley que limita absolutamente el ejercicio de los derechos humanos.

Aquí también se ha hablado de traición. Diría que uno de los elementos que ha indignado a gran parte de la ciudadanía uruguaya es que los mismos que promovieron la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no cumplieron, como corresponde, con la aplicación del artículo 4º. Distintos Gobiernos, por un motivo u otro, no aplicaron el artículo 4º de la ley de impunidad.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Passada)

——Tuvo que venir la izquierda, el Gobierno del Frente Amplio, para que el Presidente de la República, en la escalinata del Palacio Legislativo, se comprometiera ante los uruguayos a aplicar el artículo 4º de la ley de caducidad. Así lo hizo, y al poco tiempo se logró algo que parecía imposible, porque los demás Gobiernos nada habían hecho, y quiero destacar la actitud del ex Presidente de la República, doctor Jorge Batlle, que creó la Comisión para la Paz, que tuvo algún resultado desde el punto de vista de las averiguaciones y las investigaciones.

Así fue que a partir del 1º de marzo de 2005, como decía, se logra algo que parecía imposible: entrar a los cuarteles, hacer excavaciones y encontrar restos de entrañables compañeros de la izquierda que toda la vida recordaremos, como Chávez Sosa y el escribano Miranda, lo que representó un avance muy importante. Pero también se habilitó que distintos recursos, distintos juicios, pasaran directamente al Poder Judicial, y eso, señora Presidenta, representó que ex dictadores de ese período tan nefasto para nuestro país, como Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, hoy estén presos, acompañados de una serie de delincuentes que violentaron los derechos humanos en nuestro país.

Por lo tanto, la traición se produce cuando no se cumple directamente con lo que el pueblo aspira y desea y, fundamentalmente, cuando no se cumple con una ley.

Hoy, a primera hora, como es mi costumbre, leí varios medios de prensa. En la segunda página del diario "La República", vi algo que me resultó importante sabiendo que hoy íbamos a tratar el tema de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Encontré el espacio que periódicamente dedica ese diario al recuerdo de los detenidos desaparecidos, y un recuadro que decía: "Este mes cumpliría 71 años Oscar José Baliñas.- Nació en Uruguay, el 2 de octubre de 1939.- Detenido-desaparecido el 21 de junio de 1977 en Uruguay.- Casado, padre de dos hijos, funcionario del Banco de Previsión Social.- Militante del MPU y del FIDEL, FA.-" -mi sector político, por lo que teníamos una entrañable amistad- "Hoy cumplimos preservando su memoria". Y bueno, simplemente quiero decir que a mí me impactó, porque sabía que precisamente en la sesión del día de hoy la mayoría de la Cámara de Representantes iba a transitar el camino para habilitar que los verdaderos delincuentes que violentaron los derechos humanos en nuestro país pudieran ser juzgados como corresponde, sin ningún tipo de limitaciones.

Por lo tanto, señora Presidenta, vamos a votar con toda nuestra energía y nuestra fuerza este proyecto de ley. Considero que la bancada del Frente Amplio que integra la Comisión permanente de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha hecho un gran esfuerzo. Hemos escuchado detenidamente las distintas oratorias de los compañeros que integran esa Comisión, fundamentalmente las de los señores Diputados Michelini, Orrico, Bayardi y Aníbal Pereyra. Estamos convencidos de que vamos por el buen camino y que, en definitiva, estamos dando respuesta a algo que realmente fue muy doloroso para nuestro país y para los uruguayos en su conjunto, a través del artículo 2º de este proyecto de ley, que dice: "Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12) que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4º, 72, 83, y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno".

Se abrió un nuevo camino cuando la izquierda asumió el Gobierno, a partir del 1º de marzo de 2005, aplicando el artículo 4º y avanzando en el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos. Con la aprobación de este proyecto de ley, primero en esta Cámara, luego en el Senado, y a partir de su promulgación por parte del Presidente de la República, don José Mujica, también se va a producir un punto de inflexión muy importante y nos sentiremos orgullosos de defender los derechos humanos, de ser orientales y uruguayos, y de dar la cara, de frente, al conjunto de los países que también pregonan la libertad, la fraternidad y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

SEÑOR DÁVILA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR IBARRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÁVILA.- Señora Presidenta: tenemos el gusto de compartir esta fuerza política, el Frente Amplio, y también de ser miembros del Partido Comunista.

Aquí se hizo referencia a la historia y a hablar de la historia cierta, y ¡vaya si para nosotros, los comunistas, será parte de la historia del Uruguay el aporte que hicieron con sus vidas, con su sacrificio, con el exilio, tantos camaradas nuestros, muchos de los cuales no están entre nosotros!

Durante estos veinticinco años hemos transitado este difícil camino de la búsqueda de la verdad y la justicia; en lo personal, llevo prácticamente la mitad de mi vida en esto, juntando firmas en su momento para plebiscitar la ley de caducidad, luego yendo a buscar a la gente a sus casas para que fueran a ratificar sus firmas, y trabajando cuando llegó la instancia del plebiscito a favor del voto verde, con una consigna muy clara para nosotros: que los uruguayos realmente pudiéramos saber qué había pasado y mandar presos a los responsables de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Sin duda que en aquel momento sentimos dolor por haber sido derrotados en las urnas. Pero también vimos que la vida continúa y cómo el pueblo uruguayo se fue dando formas de seguir peleando para que en Uruguay exista verdad y justicia en forma definitiva

Posteriormente, volvimos a juntar firmas para la reforma constitucional y votamos rosado.

Nosotros venimos de un departamento con muchos muertos, desaparecidos, torturados y presos. Yo, personalmente, vengo de una zona, de Bella Unión, donde fueron muertos Saúl Facio, Dante Porta, Miguel Cuello, y ¡vaya si en esta oportunidad estamos comprometidos con la lucha por verdad y justicia! No queremos volver a Bella Unión y decir que nosotros privamos al pueblo uruguayo de la oportunidad de continuar en la lucha por verdad y justicia.

Aquí se dice que a veces se tratan temas que la gente común no entiende; es indudable que hay cosas que no se entienden. En Bella Unión, en la zona norte del país, mucha gente no entiende cuando se habla de esta ley de nombre raro. Pero esa gente común, que se dice que no entiende de leyes, pregunta: ¿la Constitución no se aplica igual para todos los uruguayos? ¿No dice que todos los uruguayos somos iguales ante la ley? En Artigas, como en todos lados, cualquiera que roba una gallina va preso. Pero muchos de aquellos que se ensuciaron las manos con la sangre de los uruguayos, quitando la vida a los inocentes, están libres.

Entonces, ¿qué le diríamos a nuestra gente si este Parlamento no acompañara esta iniciativa, que da instrumentos a la Justicia para que de una vez por todas los responsables de las violaciones de los derechos humanos en Uruguay sean investigados, cumplan su pena y realmente se haga justicia en este país?

Votamos este articulado para dar herramientas a los que tienen responsabilidad de aplicar las leyes e impartir justicia, para que se investiguen todos los casos de violaciones de los derechos humanos y para que haya verdad y justicia. Lo hacemos por compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro, para que algún trasnochado que piense que puede cometer cualquier tipo de violación de los derechos humanos en el Uruguay y quedar impune sepa que se equivoca, que aquí nunca van a existir este tipo de delitos.

Tratamos de ser coherentes y de vivir como pensamos. Sin duda, esta será otra noche en que voy a dormir tranquilo, porque cuando levantemos nuestra mano para votar este proyecto de ley estaremos votando para que haya memoria, verdad y justicia.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: ...

SEÑOR PEREIRA (don Nicolás).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR IBARRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PEREIRA (don Nicolás).- Señora Presidenta: voy a fundamentar brevemente nuestro voto en el día de hoy. Como ya expresara el compañero Diputado Gamou, la bancada del CAP-Libertad va a acompañar el proyecto interpretativo de la ilegítima ley de impunidad por disciplina partidaria.

En el correr de esta sesión escuchamos al menos dos comentarios de Diputados del Partido Colorado acerca del alcance de la disciplina partidaria del Frente Amplio. Con mucho respeto, decimos a los señores Diputados que el alcance de la disciplina partidaria del Frente Amplio la definimos los frenteamplistas y nadie más que los frenteamplistas.

Señora Presidenta: alertamos sobre las consecuencias jurídicas y políticas que entendemos puede acarrear la aprobación de este proyecto y lo que nos pesa acompañarlo; nos pesan los plebiscitos, con total franqueza, pero con la lealtad y la fraternidad que caracterizan a la bancada frenteamplista, lo plateamos en ese ámbito. Entendemos la unidad de la izquierda y la unidad de acción de esta izquierda como un valor estratégico a preservar, que no estamos dispuestos a violentar. Nosotros no la vamos a violentar, independientemente de cuestiones azarosas, como ser que hoy la construcción de esa unidad nos encuentre fuera de los espacios de elaboración colectiva. Entendimos que ese era el ámbito donde explicitar el conjunto de aspectos críticos que tenemos para plantear sobre el proyecto y allí lo desarrollamos extensamente, señora Presidenta, quizás por aquello de que a los compañeros se los critica de frente y se los elogia por la espalda.

Tenemos que decir sí que nos genera una sensación sumamente contradictoria votar por disciplina partidaria un proyecto que, independientemente de nuestras dudas desde el punto de vista jurídico, así como de nuestras objeciones sobre el mecanismo escogido, va en el sentido de terminar de una buena vez con la cultura de la impunidad que es necesario derrotar para construir una sociedad realmente libre y democrática; cultura de la impunidad que inauguraron, regaron y cuidaron celosamente los partidos blanco y Colorado durante más de veinte años; cultura de la impunidad que comenzó a resquebrajarse hace tan solo cinco años, cuando el Frente, con Tabaré a la cabeza, y como consecuencia de la lucha incansable de todo nuestro pueblo, permitió que se investigara y empezaran a desfilar los represores, asesinos, violadores de los derechos humanos, por los juzgados de nuestro país, y, desde allí, derechito a donde corresponde. Cultura de la impunidad, señora Presidenta, que nació en el marco del sentimiento que el Senador Zelmar Michelini expresara en el Senado, en 1972, cuando se analizaba el proyecto de declaración de estado de guerra, y que el Senador Araújo citaba el 21 de diciembre de 1986, en el mismo acto en que se aprobaba la ley de impunidad.

Decía Germán Araújo, a quien me permito citar en la noche de hoy: "Señor Presidente: en momentos en que nos alejamos de la justicia -porque ese va a ser el resultado de esta votación, por supuesto con nuestro voto contrario- en que este Cuerpo ha de resolver ignorar la verdad y posponer para siempre la justicia, nosotros queremos que nuestro voto traiga a Sala a un gran ausente,...

(Murmullos.- Campana de orden)

——...a un mártir de la democracia.- En el año 1972, cuando la Asamblea General estudiaba aquella solicitud del Poder Ejecutivo para declarar el estado de guerra interno y la suspensión de las garantías individuales, él anunció lo que iba a pasar, lo que sucedió y lo que a él -y no solamente a él- le costó la vida.- Vamos a traer a Sala, entonces, aquellas palabras pronunciadas ante este Cuerpo por el entonces senador Zelmar Michelini. Las pronunció en 1972 y parecían premonitorias; hoy tienen más valor aún que en aquella oportunidad.- El expresaba: '...en el ambulatorio ha estado permanentemente el fantasma de las Fuerzas Armadas. Se ha dicho que si no se hacía tal cosa las Fuerzas Armadas adoptarían tal actitud. En definitiva, ha existido el fantasma y el cuco del golpe de Estado. Todo esto lo rechazo completamente. Cada cual en el país tiene que cargar con su responsabilidad. Los gobiernos que son tolerantes con los planteos militares terminan siendo sus prisioneros; los gobiernos débiles frente a las exigencias militares -América Latina está llena de ejemplos- terminan sumiendo al país en situaciones mucho peores de las que pretendían corregir...".

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta:...

SEÑOR PEREIRA (don Nicolás).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR IBARRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PEREIRA (don Nicolás).- Gracia, señora Presidenta.

Continuaba Araújo en la cita del Senador Michelini: "Luego dijo: '...con respecto a esto pueden suceder dos cosas: o que no sea cierto y, por consiguiente, el argumento se hace jugar frente a los legisladores y a los partidos políticos como un elemento de presión para decidirlos y hacer que entre dos males elijan el menor: que el Poder Ejecutivo sea el que disponga y no que las Fuerzas Armadas se alcen con el gobierno de la República; o que sea cierto, y hubo exigencias por parte de las Fuerzas Armadas para que se aprobase una determinada cosa, y esto es tan grave como lo otro, porque supone entrar en un camino del cual no se retorna jamás'". Hasta aquí la cita del Senador Michelini.

No me quiero extender más, pero queríamos puntualizar que más allá de la discusión fuerte, fraterna, descarnada pero leal que damos en el seno de nuestra bancada sobre estos temas, nadie se olvida de quiénes y qué mayorías nos trajeron hasta donde estamos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta:...

SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR IBARRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.- Señora Presidenta: dos aspectos han primado en las intervenciones de mis queridos compañeros, con los que me siento absolutamente representado y consustanciado. Son dos cuestiones que hacen a la vida misma; dos cuestiones que se complementan, amalgaman y distinguen a los hombres. Ellas son la razón y el corazón. También esta es una complementariedad imprescindible entre individuos que integramos un partido, que es el Frente Amplio, que sintetiza lo individual, lo humano con ese otro ser colectivo racional y orgánico que es la fuerza política unitaria, comprometida históricamente con los derechos humanos, con la verdad...

(Murmullos)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa solicita a los colegas que hagan silencio y que, en lo posible, las reuniones se lleven a cabo afuera de Sala.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.- Decía que esta fuerza está comprometida históricamente con los derechos humanos, con la verdad, con la justicia, con el derecho y el respeto por la independencia de los Poderes, dándole a la Justicia lo que es de la Justicia, y es de justicia que así sea.

Hoy, señora Presidenta, cobra más fuerza aquel viejo dicho popular: la justicia tarda, pero llega.

Agradezco al compañero Ibarra por la interrupción.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Ibarra, a quien le restan ocho minutos de su tiempo.

SEÑOR IBARRA.- He terminado, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Gloodtdofsky.

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: hoy, en uso de una interrupción, establecimos algunos parámetros sobre los alcances de nuestra intervención. Ahora, en esta oportunidad, voy a empezar diciendo que, francamente, no sentimos la necesidad de plantear un debate de alcance jurídico porque creemos que esto fue discutido y laudado.

Los colorados vamos a votar de acuerdo con nuestra disciplina partidaria. Hoy, cuando me referí a ella, no pretendí -nunca lo hago- inmiscuirme en el funcionamiento de otras tiendas. Simplemente, trataba de referirme a la disciplina partidaria como la entendemos los colorados, los batllistas, en este día tan especial que hoy mencionara el señor Diputado Vázquez, 20 de octubre, fecha de José Batlle y Ordónez. Y los batllistas votamos con nuestra disciplina partidaria, que no es otra que la que nos impone votar de acuerdo con nuestros principios y nuestra conciencia, sin ningún otro tipo de imperativo ni de cortapisa. Lo decimos porque muchas veces hemos escuchado en esta asamblea decir cosas, palabras, denominaciones que sonando igual, para unos significan una cosa y, para otros, otra muy distinta.

Cuando hablo de la lucha de nuestro pueblo, estoy hablando de la lucha de nuestro pueblo, estoy hablando de Artigas; ¡esa es la lucha de un pueblo! Cuando hablo del combate de ideas que se plantea alrededor de un tema tan sensible como el que estamos tratando, entonces, estoy hablando de otro tipo de cosas, porque nuestro pueblo ¿cuál es? ¿Es el 47% o el 53%? ¿Es el que votó en dos oportunidades, ejerciendo su poder soberano y diciendo que los uruguayos entendemos esto de esa manera? Siento que el pronunciamiento del pueblo -de nuestro pueblo- es el que dijo que esta ley está vigente y que está bien estando vigente. Estamos hablando de la ley de caducidad, una ley que -si se nos permite- amerita reflexionar con una de las personas más inteligentes que ha transitado por nuestro país, que ha vivido y que tanto dejó. Me refiero a Vaz Ferreira, quien dijo: "'Y después, sobre todo: falta de dolor por el mal hecho'". ¿Cómo se aplica esto? Él dice: "Porque siempre, cuando los hombres públicos deciden, toman decisiones y eligen, no hay blancos y negros, soluciones buenas -las mejores- y soluciones imperfectas -las peores-. Siempre que tomamos una decisión también estamos generando un mal, porque el hecho de que la solución no sea perfecta implica que cada una de nuestras decisiones conlleve también un mal". Y este es un gesto con el que pretendo decir que estamos de acuerdo con que la solución a la que se arribó, y que fue ratificada dos veces por el soberano, no es la mejor ni es perfecta. Es la menos perfecta y, naturalmente, el haber llegado a ella, implica también un mal y es el mal al que se dice que se combate impulsando este proyecto.

¿Señora Presidenta: cuántas veces en esta Sala, los Diputados discuten, dan argumentos de un lado y dan argumentos del otro, y dan perspectivas históricas de un lado y perspectivas históricas de otro...

(Murmullos.- Campana de orden)

——Señora Presidenta: no voy a referirme concretamente a este caso porque siento, como decía hoy, que es un tema de alta sensibilidad, pero a nosotros como al Partido Nacional, a lo largo de tantos años, cada una de las fechas que involucran a nuestras colectividades, nos hacen plantear el recuerdo de tantos hombres que murieron en el campo de batalla. Y estas reivindicaciones han ido de un lado para el otro, de una tienda a la otra.

Es claro que las soluciones a las que arribamos fueron imperfectas y esas son las que perpetúan el debate. Por eso entiendo a la bancada oficialista; ante una solución imperfecta, perpetúan el debate. Lo que no es posible, lo que no está dentro de esa lógica que señala Vaz Ferreira, es desconocer el pronunciamiento del soberano. Cuando el pueblo -nuestro pueblo- decide una y otra vez, cuando este Parlamento decide, entendemos que es la voz del soberano que ha hablado y es la voz del soberano la que debe respetarse.

Pero continuemos con el maestro: "Ahora bien: los actos que se cometieron, pueden seguirse en todas las consecuencias. La historia registra y valora males, a veces espantosos, que por haberse realizado ciertos actos se pudieron apreciar y medir". Dice Vaz Ferreira que es posible medir, constatar e identificar un acto espantoso. Es decir, esa cosa espantosa es posible medirla porque realmente sucedió; pero es imposible pensar qué es lo que hubiera sucedido si tal cosa no hubiera pasado. Tantas veces este es un lugar común en el discurso político. Nadie habla de lo que se evitó cuando se hizo algo con relación a las crisis económicas o cuando se votó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. ¡Nadie habla de lo que se evitó! Sin embargo, el haber hecho no solamente trajo los males que se señalaron desde la bancada oficialista sino los beneficios de la paz, los beneficios de que hoy el Frente Amplio sea gobierno, los beneficios de que hoy José Mujica sea Presidente, los beneficios de que tantas consultas al soberano también hayan sido respetadas de la misma manera que exigimos nosotros que se respete en este caso.

Continúa Vaz Ferreira: "Nadie habla de lo que se evitó hacer cuando se hizo algo"; nadie se preguntó qué hubiera pasado. Sin embargo, el hombre carga con la culpa o con la responsabilidad de lo que hizo; pero, ¿cuánto hubiera evitado? Y pone un ejemplo interesantísimo. Dice: "Pero si aquellos actos no se hubieran cometido, ni la reputación ni la historia harían adivinar ni que pudieron cometerse ni sus efectos fatales. Todo el mal que contenían en potencia, no se puede apreciar". Todo el mal que contenía en potencia no haber aprobado esta ley no se puede apreciar, porque el mal se dispersó, se esfumó a partir de la aplicación de la norma. "Todo el mal que contenían en potencia, no se puede apreciar" -reitero lo que decía Vaz Ferreira-, y refiere al triste episodio en que Lavalle fusila a Dorrego.

Decimos, señora Presidenta, que esta ley permitió que hoy estemos aquí reunidos discutiendo de la forma en que lo hacemos. Reclamamos el reconocimiento del soberano como lo hizo hasta la propia dictadura, cuando en 1980 perdió aquel plebiscito que de haber resultado afirmativo nos hubiera condenado a una Constitución francamente indigna. Recuerdo y asumo que mi conducta en absoluto tiene que ver con nuestras diferencias ideológicas o políticas, que yo desde aquellos días seguí, tomé y aun continúo en la senda de un destello de luz increíble que atravesó el firmamento de esta República, el doctor Enrique Tarigo quien, con su discurso junto a Pons Etcheverry, ganara en aquel famoso debate la posibilidad de que un pueblo silenciado se expresara, y que esa dictadura derrotada en el poder, con las armas, con todas las posibilidades, acatara y actuara increíblemente con un sentido democrático que, más allá de la actitud del propio gobierno de fuerza, sorprende y llama la atención.

Creo, señora Presidenta, que estamos todos notoriamente sensibilizados por el tema de los derechos humanos y yo me pongo del lado de nuestro pueblo, del pueblo que dos veces ratificó esta ley, para preguntarme -como se señalaba antes-, en este país donde los derechos humanos siguen en cuestión porque sus cárceles son señaladas por los organismos internacionales como violatorias de los derechos humanos -aunque no tengo necesidad de que ningún organismo internacional me diga de qué manera viven y qué cosas padecen hoy los uruguayos-, por qué no estoy feliz de discutir lo que pasó hace tantos años, a pesar de conocer el dolor que hasta hoy sufren muchas familias. No estoy feliz porque estoy preocupado por los derechos humanos de los uruguayos de hoy.

Quiero referirme a la familia de Fabricio Amarelli, de Bella Italia, a quien mataron, sin siquiera enterarse, y deja una novia llorando, a la que podemos ver en la televisión. Quiero hablar de Ricardo Melgarejo, quien murió hace dos días; de Javier Ferreira, de treinta y tres años, que murió hace una semana; de Romina Severo, que murió en Paysandú de una manera espantosa y dejó una niña; de Michael Mariño, de Maldonado, que también dejó una bebé, y de tantos otros uruguayos. Quiero hablar de los 193 uruguayos que murieron en 2007; de los 1.118 delitos sexuales que se han cometido en este país. ¡Este Parlamento tendría que estar discutiendo qué hacer a favor de los uruguayos que hoy están siendo violentados en sus derechos! ¡Y estamos hablando de lo mismo que discutíamos hace veinticinco años, después de que el pueblo se pronunció definitivamente!

Esa es nuestra preocupación: los derechos humanos de hoy, sin olvidarnos -repito y subrayo- del dolor de las familias de los desaparecidos, porque cada vez que se nos presenta esta situación, sensibles ante esa realidad, no podemos hacer otra cosa más que recrear la escena homérica en que Príamo reclama a Aquiles los restos de Héctor. Los combatientes enfrentados, en las afueras de Troya se reúnen en una carpa para recoger el cadáver del hijo y para velarlo, para darle el entierro que merece, para llevar esa flor que decía hoy la señora Diputada Tourné, para orar delante de su tumba y sentirlo vivo, junto a ellos, junto a todos, junto a su familia. Ese es el destino: el de Príamo, el de Aquiles y el de Héctor. Ese es el destino que tenía esta ley y esa es la misión que tenemos los uruguayos para mirar al futuro, para que no vuelva a haber Fabricios Amarellis ni cárceles vergonzosas.

Gracias, señora Presidenta.

21.-     Prórroga del término de la sesión.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Tourné.

(Se lee:)

"Mociono para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y siete en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

22.-     Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra la señora Diputada Matiauda Espino.

SEÑORA MATIAUDA ESPINO.- Señora Presidenta: el proyecto de ley que plantea que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, presentan una ilegitimidad manifiesta porque establece que violan los artículos 4º, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno, fue aprobado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, con la posición contraria de los legisladores de la oposición.

Quiero ser muy clara: quienes aprobaron la Ley Nº 15.848 -me refiero tanto a los legisladores que la votaron como a la inmensa mayoría de los ciudadanos que la ratificaron en dos ocasiones-, deploran y no comparten las violaciones de los derechos humanos, el abuso de autoridad y la comisión de delitos aberrantes. No obstante, no podemos desconocer que las realidades se evalúan en los contextos en que estuvieron inmersas. Convengamos que todos somos conscientes de cuánto influyen las circunstancias; de lo contrario, no existirían, por ejemplo, la jurisprudencia, la sentencia definida como legítima defensa.

Por lo tanto, es poco inteligente posicionarnos totalmente ajenos a la realidad que vivía el Uruguay de antes, ya que la decisión que se tomó se ajustaba a la situación que todos los uruguayos conocen. Es evidente que no podemos desprender, por la vía de acción o estrategia de mediación, la aprobación de la Ley Nº 15.848 del contexto en que vivíamos. La defensa de la democracia como única forma de gobierno aceptada por todos se realizó desde una perspectiva distinta. La Ley Nº 15.848 fue una forma articuladora de negociar por la paz en momentos de guerra. Fue una medida que negoció la libertad en días de dictadura. Fue una forma de encontrar una salida cuando todas las puertas del Uruguay estaban cerradas. Fue nada más y nada menos que un instrumento que juzgaron necesario, fundado en el contexto, para asentar la pacificación nacional y cimentar la convicción generalizada de que la República había transitado caminos de enfrentamiento irracional, que hirieron profundamente a la sociedad uruguaya.

Quiero evocar nuevamente una frase que Ernesto Guevara pronunció en el Paraninfo de la Universidad en 1961. Allí expresó: "[...] si [...] la aspiración del pueblo a su bienestar se puede lograr por medios pacíficos, eso es lo ideal y eso es por lo que hay que luchar [...]". Seamos capaces de comprender el contexto; no solamente evalúen lo que nosotros cedimos para sacar a la dictadura del Gobierno; evaluemos también lo que cedieron los propios militares al aceptar una salida democrática pactada. Se bajaron del poder pacíficamente, lo cual, desde la idiosincrasia militar, debe haber sido una decisión que se asemejaba mucho a la cobardía.

La idea de que el Uruguay había vivido una guerra y que la pacificación exigía una manifestación de mutua renuncia fue un sentimiento que se gestó en cada uno de los uruguayos, quienes no solamente compartieron la toma de decisión que llevó a la aprobación de la Ley Nº 15.848, sino que luego la ratificaron, a través de la consulta popular. Pudiendo retractarse, no lo hicieron, y si esto no dejaba explícitamente claro que se comprendía la necesidad de esta ley, generaciones posteriores volvieron a ratificar su aprobación.

Los uruguayos somos ciudadanos con juicio crítico, capaces de rever la historia, sabiendo que esta solo se puede estudiar desde el contexto en que se desarrolló. Por otra parte, creo que es un atropello y una falta de respeto a quienes se convocó en más de una oportunidad para que expresaran su postura a través del voto. La última convocatoria fue específicamente a solicitud del partido de Gobierno, o sea, el Frente Amplio, hace tan solo nueve meses.

¿Podrán explicarme basados en qué desatino solicitan al pueblo uruguayo se proclame a favor o en contra de la anulación de la ley de caducidad sabiendo que no respetarían el resultado? ¿Podrían trasmitirnos cuándo para el Frente Amplio el sufragio dejó de ser un valor democrático inapelable? ¿Desde cuándo para el Frente Amplio el pueblo dejó de ser el soberano? Disculpen mi dureza, pero en lo que a mí respecta, discutir la anulación de la Ley Nº 15.848 implica muchísimo más que lo que se pone en el tapete. Me refiero -y quiero ser muy franca en mi planteo- a que con este proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, con posición contraria de los legisladores pertenecientes a la oposición, se deja de manifiesto un desconocimiento total de las bases de una democracia saludable como la que queremos tener todos. Dar vuelta la cara al pronunciamiento del pueblo es una acción antidemocrática que no se funda en contextos que la avalen, ya que vivimos en democracia y el respeto por el resultado de las urnas no es un bien a discutir.

Vivimos en 2010; hace veinticinco años que disfrutamos de la vuelta a la democracia. La decisión de no acatar la ratificación de esta ley a través de dos pronunciamientos del soberano se evalúa hoy y se evaluará con el correr del tiempo como que en plena democracia se desconoció el verdadero resultado de las urnas.

Soy de esas personas que ven donde no se muestra y leen donde no se escribe, ya que todo ser humano que sea capaz de usar su juicio crítico está obligado, por su responsabilidad, a prever qué implica cada decisión para no cometer errores, como ya ha sucedido, anulando artículos que luego inciden negativamente en la población.

Por esto apelo a todos ustedes: para rever que la Ley Nº 15.848 pertenece a una época que debemos tener en cuenta, ya que el contexto la avala; para rever que su anulación echa por tierra veinticinco años de democracia, ya que no es respetar el voto popular, es una medida antidemocrática que afecta los cimientos de nuestras instituciones y enferma a la sociedad con un flagelo que no nos podemos permitir, dado que nos induce a desconfiar de nuestra democracia.

Desde mis bases batllistas, soy consciente de que este tema carece de sentido en todos sus enfoques. Fue y será siempre una ley que permitió dilucidar una salida pacífica. Fue la forma que nos permitió recobrar nuestra democracia. Fue una forma que implicó ceder desde ambas aceras. El pueblo, desde entonces, lo comprendió y lo apoyó. Generaciones posteriores tuvieron la grandeza de leer la historia inmersa en su contexto y ratificaron el resultado y aquella decisión.

La existencia de esta ley no impide el repudio de los crímenes y excesos cometidos. Tampoco impide el conocimiento de la verdad de los hechos; más bien, lo consagra. No impidió la investigación efectuada a partir de la Resolución Nº 858/2000 de 9 de agosto de 2000, a cargo de la Comisión para la Paz. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón para anularla? Creo que la anulación de esta ley no será capaz de dilucidar nuevos casos, pero estoy segura de que gestará en el pueblo uruguayo la desconfianza sobre la transparencia de nuestra democracia.

Me atrevo a citar a José Batlle y Ordóñez, con quien, por su grandeza, pueden todos los uruguayos -colorados o no- sentirse batllistas y compartir su pensamiento: "Si las asambleas legislativas tienen la obligación de representar al pueblo, de interpretar su voluntad y hacer las leyes en su nombre, se requiere un instrumento que determine cuándo una asamblea legislativa, cumple con su misión y cuándo no. Ese instrumento, es el plebiscito".

Fundada en este pensamiento de nuestro José Batlle y Ordóñez, apelo al buen criterio de quienes, siendo Representantes del pueblo, sean capaces de aceptar que se solicite al pueblo -aunque sea por tercera vez- que plantee su postura al respecto. Si nosotros no estamos de acuerdo, si no logramos llegar a un consenso, demos la potestad a quien realmente es el soberano y la autoridad máxima de un país que se define como demócrata. Esta verdad, que parece tan obvia desde la gesta artiguista, es olvidada al continuar presentándose proyectos contrarios a la opinión popular; no es usando los colores de Artigas que se rinde homenaje a lo que su figura representa para todos. Por ello, en honor a nuestro prócer, quiero recordar una frase que representa su convicción demócrata, que lo perfiló como padre de nuestra patria: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana".

Concluyo: el pueblo ya se pronunció; ¿qué estamos juzgando hoy?

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta en ochenta: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de que no he votado el proyecto de ley.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MAHÍA.- Señora Presidenta: durante la sesión estuvimos escuchando atentamente los argumentos dados por los colegas. En particular, sentimos que estamos en un día histórico. Creo que hace muy bien la Cámara -en forma mayoritaria en este caso- en votar este proyecto de ley, que es notoriamente constitucional -como se ha dicho- y que salva la reputación del Uruguay en materia de derechos humanos en el mundo; esas son dos de sus virtudes. Además, no está innovando en general, pero sí haciendo un avance muy importante en materia de derechos humanos porque estamos llevando las cosas al sitio en que tuvieron que estar desde siempre en la normativa uruguaya.

Respeto y respeté profundamente todos los argumentos presentados en cuanto a los dos plebiscitos que hubo en el pasado y a aquellos colegas y compañeros que sienten que con su voto podrían vulnerar la voluntad de la gente. Con los argumentos presentados en Sala, con los informes que hemos recibido y con lo que tenemos que decidir acá, siento que voto convencido.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Recuerdo cuando hace muchos años, a fines de los ochenta, hacíamos esos puerta a puerta, casa a casa en un Uruguay que aún temía para recoger las firmas de los ciudadanos a efectos de poder hacer un plebiscito. Desde siempre, esa materia pendiente estaba y está en el pueblo uruguayo.

Hoy el destino quiso que tuviésemos la oportunidad de ocupar una banca aquí para optar con nuestro voto por mantener o terminar con una ley que durante años representó la impunidad para represores y violadores de la Constitución, que tanto mal ha hecho a los uruguayos en particular, a su reconciliación como sociedad y al Uruguay como imagen en el mundo. A la hora de optar, sin duda -esto trata de opciones-, optamos por la justicia.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR GUARINONI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GUARINONI.- Señora Presidenta: cuando hoy hablamos de la ley de caducidad, nos referimos a una ley que la Suprema Corte de Justicia y todos los organismos internacionales de protección de los derechos humanos dicen, por un lado, que es inconstitucional y, por otro, que hace caer al Estado uruguayo en una responsabilidad internacional por no establecer mecanismos de protección judicial adecuados y eficaces frente a las gravísimas violaciones que se han cometido.

(Murmullos.- Campana de orden)

——La ley de caducidad es inconstitucional porque, además de lo que acabamos de denunciar, existe una invasión del Poder Ejecutivo en competencias del Poder Judicial, en cuanto se arroga la facultad de determinar que se clausuren los procedimientos. Reitero: hay una invasión de competencias propias del Poder Judicial al que corresponde, por mandato constitucional, el ejercicio de la función jurisdiccional. Esta invasión la realizó el legislador que aprobó la ley de caducidad, careciendo de competencias para ello.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señores Diputados: se está fundando el voto y no puede ser que cada tres minutos esté pidiendo silencio.

Puede continuar el señor Diputado Guarinoni.

SEÑOR GUARINONI.- Señora Presidenta: por lo tanto, no avalamos ni avalaremos invasión de funciones de un Poder a otro porque se está violando la separación de Poderes, máxima esencial en un Estado de derecho.

Respecto a la historia jurídica de la ley de caducidad, es sabido que fue objeto de pronunciamientos populares en dos oportunidades. Simplemente voy a hacer una mención constitucional con respecto a este tema.

La Constitución no establece un valor mayor al plebiscito ni al referéndum; esto no tiene un rango superior a las leyes comunes en nuestro derecho. Entendemos que un referéndum no blanquea una inconstitucionalidad de origen; el referéndum no es un mecanismo que tenga una potestad habilitante. Por lo tanto, sigue existiendo la posibilidad de que sea planteado un recurso de inconstitucionalidad aunque sea refrendada la ley por un referéndum. De hecho, se hizo. En algunos casos, se sometió al control de constitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional.

Queremos agregar otro argumento que ya fue mencionado.

Compartimos la opinión de rango supraordenado de los tratados internacionales de derechos humanos -el "jus cogens" internacional, principio general de derecho-, conformadores de un bloque de derechos humanos directamente aplicable que, a nuestro juicio, está supraordenado con respecto al resto del ordenamiento. Si esgrimimos la otra posición, que sostiene que no está supraordenado, se debe reconocer que tiene rango constitucional por virtud de la incorporación -hecha por el artículo 72- de todos aquellos derechos inherentes a la persona humana o que derivan de la forma republicana de gobierno.

En el futuro, posiblemente haya una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenatoria de nuestro país. Además, existe incumplimiento de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad que impone a nuestro país juzgar los hechos independientemente de la fecha en que hayan ocurrido.

Con respecto a la ley que votamos hoy, alguien puede decir...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado: ha finalizado su tiempo para el fundamento. Por favor, redondee su exposición.

SEÑOR GUARINONI.- Señora Presidenta: en conclusión, estamos ante el desafío de mejorar la calidad de la democracia en la política, pero también de dar una señal a la sociedad hacia el futuro, a todas las esferas sociales y generaciones, especialmente, a los más jóvenes. Los más jóvenes tenemos el desafío de construir un camino propio, con verdad y con justicia, sin recetas preestablecidas ni ansiedades que nos frustren, pero teniendo como norte la construcción de una memoria permanente basada en la defensa irrestricta de los derechos humanos, la ampliación de las libertades y de las igualdades. Esto es la ampliación de una democracia cada vez de mejor calidad, promoviendo una concepción integral de los derechos humanos.

SEÑOR YANES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR YANES.- Señora Presidenta: voté afirmativamente por tres aspectos fundamentales. Primero, porque soy un hombre libre. De todos modos, si hubiese votado por disciplina partidaria no me habría asustado porque no creo que ningún actor político que sea persona de partido o de grupo durante toda su vida política siempre vote porque esté de acuerdo en un 100% con su pensamiento. En este caso, yo voté libremente y hago el homenaje y el reconocimiento a los compañeros que votan por disciplina partidaria porque en algún momento a mí me ha tocado hacerlo, y me va a tocar hacerlo nuevamente en mi vida política.

Voté porque quiero la igualdad entre todos. Desde que se votó la ley de caducidad -yo estaba ahí afuera, en la calle- he luchado y me he comprometido a enterrarla.

No creo no estar cumpliendo con la gente o no respetando su mandato. Para llegar acá tuve que conseguir los votos en mi departamento; nadie me los regaló. Todos saben lo que pienso de la despenalización del aborto; todos saben lo que pienso de la corrupción; todos saben lo que pienso de los acomodos de los amigos y de sacar las multas de tránsito. Todos en mi departamento saben lo que pienso y todos los que me votaron -"todos" es un decir- saben que yo iba a luchar con todas mis fuerzas y a través de todos lo recovecos que me dejara la Constitución y la ley para derogar, anular, matar, enterrar -póngasele el nombre que se quiera- pelear en contra de la ley de caducidad.

He aguantado toda la tarde que me tomaran el pelo y que me insultaran. Pero quiero decir que votar o no esta ley es problema de cada quien, así como lo fue votar o no la ley de caducidad en su momento. Como dijo aquí algún Diputado: cada uno escribe la historia que le toca escribir y la escribe como quiere. Yo la escribo con libertad, con igualdad y con un compromiso sagrado con lo que prometí a la gente. Hago lo que pienso y mañana en mi departamento nadie me va a decir que yo le fallé.

SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: voy a votar por convicción, luego de un análisis bastante intenso de los argumentos a favor y en contra que esgrimieron los compañeros de nuestro Frente Amplio. También lo haría sin ninguna restricción por obediencia al mandato de nuestra bancada y de nuestra fuerza política. De todos modos, luego de ese análisis, voy a votar por convicción.

No lo hice sin dudas. Obviamente, en mi análisis pesaron mucho los pronunciamientos que hubo, fundamentalmente el último -el primero creo que está fuera de contexto- porque lo que la población conoció luego de que se empezara a aplicar correctamente la ley de caducidad, a partir de 2005, cambió las cosas. Pero el último pronunciamiento popular me dejaba dudas sobre su validez. Creo que en este momento, con la emisión de mi voto, no voy a afectar la validez de los pronunciamientos populares, y digo esto por razones que mis compañeros ya han expresado y que me llevaría mucho tiempo explicar.

Entonces, voté en general este proyecto por todos los fundamentos que expusieron mis compañeros de sector y de Partido, creyendo, reitero, que no afectaré los pronunciamientos populares y los ejercicios de democracia directa, que voy a seguir defendiendo cada vez que corresponda. Lo hago porque quiero devolver a la Justicia el papel exclusivo que esta nunca debió haber perdido en cuanto a estos temas; lo hago por todo lo que luchamos, desde el primer momento, para que en este país haya justicia.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA SANSEVERINO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA SANSEVERINO.- Señora Presidenta: deseo hacer un reconocimiento explícito y firme a los informes desarrollados en esta sesión y a las intervenciones de mis queridos compañeros y mis queridas compañeras del Frente Amplio.

Como frenteamplista y como militante de Asamblea Uruguay me siento honrada por la decisión que asumimos. Pienso en todo el esfuerzo que hicieron el Frente Amplio, su Mesa Política y los compañeros que se reunieron con los parlamentarios para trabajar seria y profundamente en esa línea de justicia que nos habíamos marcado, a fin de llegar a una decisión que nos contemplara a todos. También pienso en este momento en las magníficas manifestaciones que protagonizamos con familiares de detenidos desaparecidos, con organizaciones sociales, con CRISOL y con todos los compañeros de la sociedad civil y de los grupos políticos. No olvido lo que sucedió ese 20 de mayo, fecha en que se agrupó un crisol de generaciones, de jóvenes y adolescentes, que en el silencio que nos impregnaba marcaban el horizonte que no debemos abandonar nunca, esa justicia. No debemos olvidar lo que sufrimos y debemos lograr que ese "nunca más" tenga una fuerza tan vital que haga imposible los retrocesos y esas añoranzas que cada tanto surgen, por suerte, muy débilmente.

Para mí este es el homenaje a todas las luchadoras y los luchadores que hacen y honran a este Uruguay en el Siglo XXI.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: yo estaba anotado en la lista de oradores, pero por respeto a la economía de tiempo opté por no hacer uso de la palabra en esa instancia y sí fundar el voto.

Es evidente que en el desarrollo de esta sesión se han abordado una serie de temas; hasta se dijo que la salida de la dictadura dependió de algunas figuras, pero yo pienso lo contrario. Creo que el proceso para derrotar a la dictadura fue llevado adelante por el pueblo uruguayo organizado, peleando palmo a palmo, hasta lograr conquistar la democracia.

Coherente con esa visión, y luego de escuchar atentamente los distintos aportes y posicionamientos que se han vertido desde el punto de vista jurídico y político, no tengo ninguna duda de que la sesión de hoy -a diferencia de lo que piensan algunos colegas que han hecho uso de la palabra-, es tremendamente emotiva, lo que me llena de alegría. Se trata de un día histórico, que miles y miles de uruguayos están esperando desde la década del ochenta.

Soy consciente de que esta norma es discutible desde el punto de vista jurídico -hay distintos puntos de vista-, pero si hay algo que está claro es que muchas veces la constitucionalidad o no de las leyes se valora en función del marco o del contexto en que se discuten. Cuando estaba en 4º de liceo, en Educación Cívica o en Introducción al Derecho aprendí sobre la separación de Poderes y la independencia del Poder Judicial, algo muy elemental; pues bien, recién ahora estamos asumiendo que la ley de caducidad es un mamarracho desde el punto de vista jurídico y absolutamente inconstitucional.

Lo que me motiva más en todo esto es hacer el esfuerzo -creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de cualquier legislador- de conciliar la ley, el derecho y el cuerpo normativo con la Justicia con mayúscula, lo que no siempre se logra. Pienso que hoy estamos aproximándonos, a través de una norma legal, al concepto de Justicia que siempre debemos perseguir.

Uno de los mayores logros de sancionar esta iniciativa será que por fin estaremos igualando ante la ley a las víctimas y a los victimarios porque, objetivamente, seguirá siendo la Suprema Corte de Justicia la que tendrá que definir, tanto por la ley de caducidad, como por la que se puede llegar a aprobar en la sesión de hoy y que pasará al Senado. Por lo menos, estarán en un mismo nivel las víctimas y los victimarios, cuando en realidad el marco normativo privilegiaba a los victimarios. Entre otras cosas no olvidemos que la dictadura en este país atacó al conjunto de la sociedad, y los que más pagaron el precio de combatir hasta conquistar la democracia fueron los militantes sindicales, legales, los militantes sociales y los militantes de los partidos políticos, que pagaron con sus vidas, con la cárcel, con la desaparición. Por tanto, desde mi punto de vista, estamos saldando una deuda histórica.

Por otro lado, no tengo dudas de estar representando lo que prometí, y creo que con el resto de mis compañeras y compañeros fuimos honestos y coherentes en el discurso acerca de lo que íbamos a hacer. Estamos aquí para representar a quienes nos votaron y estamos cumpliendo a cabalidad lo que prometimos; creo que en lo personal lo he logrado, así como los cuarenta y nueve compañeros y compañeras del Frente Amplio.

En última instancia, la prueba del nueve siempre la va a hacer el pueblo; cuando sea convocado va a opinar y a introducir el voto en función de la valoración que corresponda. Por lo tanto, tengo toda la tranquilidad del mundo y una enorme alegría por empezar a reparar la historia.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR GROBA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta: voy a ser muy breve porque ya hice uso de la palabra, aunque no utilicé los treinta minutos de que disponía, los cuales compartí con otros dos compañeros.

En primer lugar, quiero decir que he votado con total convicción; creo que eso es obvio.

Asimismo, en este largo periplo de defensa de los derechos humanos, además de a los familiares de los detenidos desaparecidos, quiero hacer mención y recordar, en esta lucha, a dos compañeros. Quiero mencionar al compañero Víctor Vaillant, que fue el único legislador del Partido Colorado que en 1986 compartió conmigo y con Germán Araújo las giras que realizamos por todo el país promoviendo el voto verde. Quería mencionar especialmente a este compañero y Presidente de mi sector, Claveles Rojos, por su lucha y su coraje, ya que en 1986, a pesar de las presiones de su sector y de las que todos recibíamos del terrorismo de Estado de aquella época, hizo lo imposible para que el voto verde triunfara.

También quiero mencionar especialmente al compañero José "Pepe" D'Elía, Presidente de la Central de Trabajadores, quien como todos, desde aquel 1986 y hasta el día en que dejó de existir, tuvo siempre la bandera de los derechos humanos en sus hombros.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Señora Presidenta: en nuestra intervención solicitamos que la votación se hiciera en forma nominal, y nuestro coordinador, el señor Diputado Amy, también lo manifestó a la Mesa. Quizás nos faltó oficio para presentar la petición, la cual, de pronto, debió hacerse por escrito. De todos modos, nuestra intención no es complicar la sesión, ni mucho menos la gestión de la señora Presidenta, que en lo personal ha sido excelente.

A través de esta fundamentación de voto quiero dejar constancia de nuestro voto negativo a esta iniciativa, en función de lo expresado en nuestro informe en minoría -a cargo del señor Diputado Cersósimo-, de lo que manifesté en mi exposición en la tarde de hoy y de todas las expresiones de los legisladores del Partido Colorado.

De este modo, señora Presidenta, fundamentamos el voto en contra del Partido Colorado en base a las argumentaciones ya señaladas.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Muchas gracias, señor Diputado. Agradecemos sus consideraciones.

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: quiero manifestar que he votado en contra -tal como anuncié cuando di el informe en minoría- por lo manifestado en horas de la mañana: por respeto a la voluntad del pueblo uruguayo emitida libremente en las urnas, y por la defensa del Estado de derecho.

El proyecto de ley que se acaba de votar en general vulnera el principio de separación de Poderes, pues permite que el Poder Legislativo invada las competencias de la Suprema Corte de Justicia; resta independencia a los Jueces, dado que les impone determinada forma de actuación, restándoles la potestad de actuar de acuerdo con su libre albedrío y dentro de las normas que regulan su función; vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable al reo y el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada. Estos dos principios han sido consagrados en forma pacífica en nuestro derecho interno, en la doctrina internacional y en los pactos internacionales, que tanto se han invocado en la sesión del día de hoy.

Lamento que una norma que nunca compartí, como la ley de caducidad, hoy se pretenda enmendar con una ley que tiene más vicios que la que se pretende destruir.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: quiero fundar nuestro voto negativo, que no es en función de la ley -sí o no-, sino que es por un tema más conceptual. La miembro informante por la minoría, por el Partido Nacional, señora Diputada Piñeyrúa, decía que este es un tema mucho más profundo, que tiene que ver con el respeto y la preservación de un instrumento como la expresión soberana, la decisión de la gente votando libremente, dando su veredicto.

En dos oportunidades la gente decidió mantener esta ley que hoy se deroga, que algunos Presidentes usaron en un sentido o en otro, incluyendo o excluyendo casos. Se me podrá decir que eso se hizo en dos oportunidades diferentes, y estoy de acuerdo con que la situación de 1989 era diferente a la de 2009, y también se puede decir que cuando se aprobó había cosas sobrevolando o subyacentes, pero no ahora; de ninguna manera las hay ahora.

Tanto es así que antes de la consulta que hubo en las elecciones nacionales de 2009, la Suprema Corte de Justicia tuvo un caso concreto para el cual declaró inconstitucional la ley de caducidad. Es más que obvio que la gente sabía lo que la Corte había decidido en función de un caso y de un recurso, y aun así la ciudadanía no optó por derogarla ni anularla.

Por estos motivos no acompañamos este proyecto, pues queremos preservar el instrumento de la consulta popular para que hoy, mañana y pasado sea creíble, y también para que cuando hagamos un esfuerzo juntando firmas -a veces a favor y a veces en contra-, utilizando un mecanismo válido previsto en la Constitución, el Parlamento respete lo que se decidió libremente.

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Señora Presidenta: me siento totalmente representado por lo manifestado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra: la señora Diputada Piñeyrúa y el señor Diputado Delgado.

Debo dejar constancia de que el voto negativo a este proyecto va orientado exactamente en el sentido que han dicho mis compañeros en cuanto al respeto a la voluntad expresada ante las dos consultas realizadas por esta ley.

No estamos ajenos a las situaciones que ha vivido nuestro país en las distintas instancias. Compartimos totalmente los momentos históricos de la sanción de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En su momento compartimos o no esta ley y sus efectos, pero la realidad de hoy indica que el pueblo se ha pronunciado en dos oportunidades a este respecto.

Para mí, aprobar el proyecto que se presenta hoy es hacerle trampa a la gente, y nosotros no estamos dispuestos a ello.

Estos son los fundamentos de nuestro voto negativo a este proyecto de ley.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR PUIG.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PUIG.- Señora Presidenta: creo que el Parlamento, la Cámara de Representantes, está haciendo una gran contribución al desarrollo, a la vigencia y a la protección de los derechos humanos. Haber llegado a esta instancia, y lograr en el futuro todo lo que nos queda por delante para seguir combatiendo la cultura de la impunidad, se basa en el enorme valor de las madres y familiares de los detenidos desaparecidos, de los sobrevivientes de los campos de concentración que dieron su testimonio. Para finalizar, permítaseme sintetizar esto en un homenaje a una persona que durante toda su vida fue un factor fundamental. Me refiero a una querida, vieja y porfiada luchadora que con sus dos armas, el bastón y su gran dignidad, transitó este camino: "Tota" Quinteros.

Muchas gracias.

(Aplausos en la barra)

SEÑOR SEMPRONI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SEMPRONI.- Señora Presidenta: si bien en una intervención anterior adelanté mi visión sobre el tema que estamos debatiendo, quiero aprovechar esta fundamentación de voto para dejar claramente establecido que he votado afirmativamente este proyecto con la más absoluta convicción de que no estoy desconociendo ningún mandato del soberano, porque la primera consulta realizada en 1989 se hizo en una situación del país absolutamente irregular e insegura. Además, desde ese momento al día de hoy han pasado veinticinco años.

Con respecto a la consulta de 2009, debo decir que por la forma en que se realizó solo puedo obtener una certeza: el 48% de los ciudadanos uruguayos quería anular la ley de caducidad y del 52% que no la votó, nadie puede asegurarme cuántos ciudadanos -dentro de ese porcentaje- entendía que la ley debía seguir vigente. Digo esto porque hubo, por lo menos, cuatro o cinco interpretaciones diferentes, una gran confusión; reitero que nunca nadie va a poder demostrar cuántas personas de ese 52% querían que quedara. Yo tengo el derecho a presumir que son más los que querían anularla que quienes deseaban mantenerla.

Muchas gracias.

SEÑOR VIDALÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VIDALÍN.- Señora Presidenta: somos de los que compartimos y experimentamos el dolor y el sufrimiento de la gente, pero también de los que apostamos al reencuentro de los orientales; formamos parte del partido defensor de las leyes: el Partido Nacional.

Creo que la mayoría de este Parlamento se está equivocando, quizás porque a veces nos encerramos mucho entre estas paredes, sentados en estas cómodas y mullidas bancas, y no estamos en contacto permanente con la gente.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Creo que hoy hemos desoído el sentir de nuestro pueblo y de nuestra gente, y nos hemos olvidado de que el que verdaderamente gobierna es el pueblo.

He escuchado atentamente las palabras del ex Vicepresidente de la República, señor Senador Nin Novoa, quien manifiesta que respeta la voluntad del pueblo. Nosotros también queremos ser respetuosos de la voluntad de nuestro pueblo.

Además, creo que este puede ser un aspecto negativo cuando mañana busquemos la participación de nuestro pueblo a través de la democracia directa. Va a ser difícil ir a juntar firmas cuando se nos recuerde que el pueblo decide una cosa y el Parlamento actúa en forma diferente.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: hemos votado en contra este proyecto de ley.

Entendemos que la decisión de la mayoría de apoyarlo deja sin respuesta la siguiente pregunta: ¿para qué se consultó al pueblo soberano? ¿Cuál fue la razón por la que se le consultó? Específicamente, se le consultó en dos oportunidades, planteando no la derogación sino, en concreto, la anulación. Se le consultó para que decidiera si iba a declarar inexistente la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Estas consultas se hicieron en un margen de tiempo de veinte años, aproximadamente. En ambos casos, se hizo la pregunta concreta sobre la anulación de la ley, y el pueblo contestó que no.

Por lo tanto, votamos por la negativa para defender la decisión del pueblo soberano.

SEÑOR OTEGUI GRIEGO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OTEGUI GRIEGO.- Señora Presidenta: voté negativamente este proyecto de ley.

Recuerdo que fui un ferviente militante y un activista del voto verde. Me comprenden las generales de la ley porque actué a favor del voto verde, lo que me significó una serie de enfrentamientos dentro de mi Partido. No tenía ningún cargo; simplemente, era un militante.

Por los motivos expuestos por la miembro informante en minoría, señora Diputada Piñeyrúa -que comparto plenamente-, voté por la negativa para dar cumplimiento a lo que entiendo es la democracia directa.

Se dijo que en 1989 la consulta se hizo bajo mucha presión. Sin embargo, en 1980, votamos en un plebiscito al que llamó la dictadura militar y, a pesar de que hubo más presión que en 1989, salió negativo.

Esto era lo que quería expresar.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora Presidenta: a la hora 12 y 26, escribí un mensaje de texto a mis seis hijos. Decía así: "Estoy en Cámara tratando el proyecto que declara la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Tal vez intervenga".

Es muy importante para mí dejarles a mis hijos y nietos un país sin esta ley siniestra. Creo que estamos cumpliendo.

Porque no quiero más viejas que sigan recorriendo lugares tratando de encontrar a sus hijos. Porque no quiero que más viejas sigan muriendo sin saber qué pasó con sus hijos. Porque no quiero que haya más hijos e hijas sin saber qué pasó con sus papás. Y porque no quiero volver a escuchar lo que escuché cuando el padre de una amiga estaba siendo intervenido quirúrgicamente del corazón en una institución médica; en el block quirúrgico de al lado fallecía un hombre, y los médicos que lo atendían, dijeron: "Miren cómo es por dentro el cuerpo de un uruguayo que fue torturado". Porque no quiero eso, es que voté como lo hice.

Gracias.

SEÑOR ARREGUI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ARREGUI.- Señora Presidenta: en nuestro voto afirmativo, quiero señalar que, más allá de alguna argumentación atendible de quienes no piensan igual que nosotros, siento que como saldo de esta jornada parlamentaria hemos hecho un avance importantísimo en el respeto de los derechos humanos. Para nosotros, el respeto a los derechos humanos, lo más sagrado que pueda tener un ser humano, es un valor supremo por encima de cualquier otra consideración.

También siento que como saldo de esta jornada parlamentaria, la justicia hoy ha avanzado en forma contundente. Considero que como saldo de esta jornada parlamentaria, los uruguayos somos un poco más iguales entre nosotros que antes.

Esta es una decisión legítima de un Parlamento elegido democráticamente y que tiene toda la fuerza de la institucionalidad democrática.

Este voto que hoy damos a conciencia y a convicción plena no significa que no hayamos valorado la instancia plebiscitaria de la ley; lo hemos hecho, pero en la balanza ha pesado muchísimo más el respeto al ser humano, a sus derechos, a la justicia y a la igualdad.

Por último, e independientemente de mi fundamentación de voto, quiero saludar el clima general que hemos vivido entre todos los parlamentarios porque, a pesar de lo difícil del tema y de las posturas que ha habido, diametralmente opuestas, se han dado muestras de cómo este Parlamento sabe funcionar democráticamente, como corresponde.

Muchas gracias.

SEÑOR AMY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AMY.- Señora Presidenta: hemos votado negativamente este proyecto con total y absoluta tranquilidad de conciencia. Yo también voy a conciliar el sueño sin ningún tipo de problemas. Más allá de esto, respeto en su totalidad el dolor de aquellos que tienen un desaparecido. Para mí es muy fácil, sentado en esta banca, intentar calibrar el dolor ajeno cuando no lo he padecido.

Pero quiero decir, además, que voto con total convicción, porque, más allá de estos cuestionamientos y posiciones personales -creo que le deben de caber a todos-, hubo dos expresiones populares que fueron impulsadas como un mecanismo de consulta sobre una determinada ley a la cual, en dos oportunidades, la población dijo que no.

Esto también se toma como antecedente. Para aquellos que otrora impulsaron la consulta utilizando este mecanismo, y después invalidaron el resultado, esto quedará para el futuro como un antecedente de invalidación de consultas populares, pues sus resultados no serán acatados.

Entonces, como pienso de esa forma, con mi voto negativo, por cuarta vez se expresa negativamente algo a lo que en dos oportunidades el pueblo le dijo que no.

Por último, creo que, indudablemente, aquello que se ha perdido en la cancha, no se puede ganar en la liga.

Muchas gracias.

SEÑOR ESPINOSA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ESPINOSA.- Señora Presidenta: indudablemente, el debate ha dado para mucho. Se ha hablado de lo jurídico; se ha hablado de la sensibilidad; se ha hablado del dolor y se ha hablado también desde la construcción democrática que deberá analizarse con mucha profundidad de aquí en más.

La democracia uruguaya, a través de esta definición de un oficialismo circunstancial, con una mayoría, legítima, pero que no se corresponde con la totalidad de personas que se han pronunciado en dos oportunidades por mantener una ley, quizás sin quererlo, ha sido herida, porque la democracia es respetar las mayorías, y esto significa saber ganar y perder.

Con este análisis de números y porcentajes no pretendemos lesionar, ni mucho menos, a quienes directa o indirectamente sufren las consecuencias de lo malo que ocurrió en el pasado. La apuesta es al futuro, y el futuro nos señala que este Parlamento Nacional tiene que ser el principal garante de los valores y el respeto de la voluntad popular. Este Parlamento nacional tiene que sostener, a capa y espada, el valor de los instrumentos constitucionales que le da a la gente para expresarse y garantizar su opción por una cosa u otra, ya sea en el error o en el acierto, con un pensamiento equivocado o acertado.

Repito que no quiero lesionar la sensibilidad de nadie pero, lamentablemente, la mayoría parlamentaria del oficialismo ha ido contra la democracia, guste o no guste; ha ido contra la voluntad de la gente, guste o no guste. ¿Que lo ha hecho por principios muy nobles? ¡Por supuesto! ¿Quién va a estar en contra de aliviar el dolor de la gente? ¿Quién va a estar en contra de resolver las cosas tristes que ocurrieron en el pasado?

¿Este es el camino? Lo dudo, señora Presidenta. Quizás unos tengan la conciencia tranquila y otros también. Celebro que en este debate hayamos podido hablar de todo, pero mañana el país se va a despertar con una democracia resquebrajada y con la duda acerca del futuro, de si se respetará lo que vote la gente en cualquier instancia o si este Parlamento, con un poder, que creo hoy se aplicó equivocadamente, torcerá su voluntad.

Muchas gracias.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: no pedí la palabra para fundar el voto, porque ya hablé en la discusión general.

Sin embargo, solicito a la Mesa que revise el fundamento de voto del señor Diputado preopinante, en virtud de que no se puede aludir, y no quiero pasar por aquel que porque calla, otorga.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Será revisado el fundamento de voto del señor Diputado Espinosa.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señora Presidenta: en la discusión general fundamenté debidamente desde el punto de vista jurídico por qué no iba a votar este proyecto y cómo entendía que esto se enraizaba en el pasado del Uruguay.

También quiero decir que hoy dormiré con la conciencia tranquila, habiendo votado lo que correspondía, y en la plena conciencia de que a lo largo de todos los años de la dictadura trabajé a sabiendas por lograr lo mejor y reinvindicar los derechos humanos de todos nuestros ciudadanos, más allá de su forma de pensar.

En el momento clave en que Uruguay se enfrentó a la encrucijada de decidir acerca del tipo de salida, esta nos iba a condicionar; y en su oportunidad lo señalamos, sabiendo, precisamente, que en el tipo de salida estaría marcada la solución al problema de los derechos humanos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se recuerda que la discusión particular se basará en el proyecto aprobado en Comisión.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señora Presidenta: desconozco el mecanismo que adoptaron los miembros de la Comisión, pero en virtud de la hora y de la ansiedad que ha generado este texto legal, mocionamos que se suprima la lectura y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

Ha llegado una urgencia a la Mesa, por lo que se solicita a los señores Diputados que, una vez concluido el trámite de este proyecto, no se retiren de Sala.

En discusión el artículo 1º.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Ya se votó la votación en bloque!

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Presidenta entendió que la moción del señor Diputado Lacalle Pou era para que se suprimiera la lectura.

Se va a votar si se vota en bloque.

(Se vota)

——Sesenta y seis en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º a 4º, inclusive.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Señora Presidenta: habíamos entendido que la moción del señor Diputado Lacalle Pou era para que se suprimiera la lectura y se votara en bloque, y por eso no la votamos. Si bien estamos de acuerdo con que se suprima la lectura, no queremos que se discuta en bloque, ya que vamos a considerar algunos artículos, más precisamente, el 2º y el 3º.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señora Presidenta: cuando mocioné, miré la Sala y no advertí que el señor Diputado Cantero Piali no estaba de acuerdo con mi propuesta. Por eso, le pido disculpas, porque es miembro de la Comisión.

En ese sentido, se empieza a discutir el bloque ahora o simplemente se desglosan los artículos 2º y 3º.

Creo que la primera solución es la que la Cámara estaría dispuesta a acompañar.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Señora Presidenta: aceptamos lo que se acaba de votar, pasaríamos a fundar por qué no votamos los artículos 2º y 3º, daríamos nuestra posición con respecto al 1º y 4º, y luego, se podrá votar en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa interpreta que sería más fácil que se suprimiera la lectura y que se votara por artículos, para solucionar el problema que se ha suscitado.

Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: no hemos votado este artículo, precisamente, por uno de los argumentos que manejamos en la discusión general. Entre otras cosas, habla del derecho de todo ser humano a la investigación. Y aquí vemos un ejemplo de lo que la doctrina española llama "el agravio comparativo", ya que la otra ley de amnistía, la de los delitos políticos, la Ley Nº 15.737, cesa de inmediato y en forma definitiva todas las investigaciones sobre los hechos. Es decir que hay un tratamiento distinto para situaciones iguales, y se concede la amnistía a unos sí y a otros no. Con este criterio, también se estaría violando la Ley Nº 15.737 en cuanto a los tratados internacionales sobre defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque deja sin investigar la verdad de los hechos delictivos y de dar satisfacción a las víctimas en ese sentido.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

(Interrupción del señor Representante Yanes)

——Señores legisladores: la sesión se está conduciendo desde la Mesa.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Señora Presidenta: pedí la palabra cuando se puso en discusión el artículo pero igualmente haré mi exposición por la vía del fundamento de voto; espero que me alcance el tiempo.

Votamos en contra de este artículo por las razones que esgrimieron, sobre todo, los diferentes catedráticos que fueron invitados a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y que expresaron estos argumentos. Por ejemplo, el doctor Martín Risso Ferrand habló de "reparos importantes" ante este artículo 2º. Dijo que el Poder Ejecutivo puede crear leyes, derogarlas o sustituirlas, pero no puede anularlas. "Esa es una función que escapa, excede, a lo que es tradicional del Poder Legislativo.- [...] Lo que sí creo que podría hacer el Poder Legislativo es derogar la Ley de Caducidad hacia el futuro, como una medida política, una medida ética; no se podría dar efecto retroactivo a esta ley porque -en materia penal o en cualquier materia- sería empeorar los derechos de las personas y eso es inconstitucional. Entonces, creo que en este artículo hay problemas importantes [...]".

La doctora Carmen Asiaín, integrante de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Montevideo, dijo que: "[...] interpretar una norma es desentrañar el sentido, es decir, [...] sin introducir elementos foráneos a la interpretación, ajenos a su letra y espíritu, desatendiendo su tenor literal, tal como dice el artículo 17 del Código Civil: 'Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, con el pretexto de consultar su espíritu.[...]'. Estimamos que en este caso no se trata de una interpretación de la Ley de Caducidad, sino de una innovación de la norma. El legislador está haciendo una calificación jurídica de la Ley de Caducidad, no la está interpretando". Además, indicó que "Lo que nos preocupa más de este artículo [...]" es "que hay una grave invasión a competencias propias exclusivas de la función jurisdiccional, en particular de la atribución constitucional de conocimiento y resolución originaria y exclusiva en materia de declaración de inconstitucionalidad de las leyes a la Suprema Corte de Justicia [...]". Prosigue: "[...] el legislador puede derogar la norma, modificarla, innovar, pero la tarea de declarar inconstitucional una ley ha sido atribuida por el constituyente, de forma original y exclusiva, a la Suprema Corte de Justicia [...]. De manera que la norma proyectada aparece como invasiva de potestades constitucionales atribuidas a la Suprema Corte de Justicia y violatoria del principio de separación de Poderes. La que podría ser declarada inconstitucional sería la propia ley proyectada".

Agradezco a la señora Presidenta que luego me dé la palabra para considerar el artículo 3º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el miembro informante en mayoría.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: quiero aclarar que este artículo 2º es perfectamente constitucional y está en el marco de los cometidos expresamente otorgados al Poder Legislativo a través del numeral 2º) y 3º) del artículo 85 de la Constitución de la República, que dicen que a la Asamblea General compete: "Establecer los Tribunales y arreglar la Administración de Justicia y de lo Contencioso Administrativo" y "Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República; protección de todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, agricultura, industria, comercio inte-rior y exterior".

Una ley interpretativa, como dice Cassinelli Muñoz, se dicta cuando hay una materia cuestionable que ha dado lugar a un litigio pendiente o que puede dar lugar a un litigio eventual. El concepto de ley interpretativa presupone una materia cuestionable, que ya haya dado lugar a interpretaciones discordantes o que eventualmente pueda generar interpretaciones discordantes, como es el caso.

Por otro lado, el artículo 2º establece ilegitimidad manifiesta. Nos basamos en la Ley Nº 16.011, en cuyo literal C) del artículo 1º dice que la acción de amparo no procederá en ningún caso "Contra las leyes y los decretos de los Gobiernos Departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción". Si el legislador lo excluyó de la Ley Nº 16.011 -que nadie tildó de inconstitucional- significa que entendió que era posible interpretar que una ley tenga ilegitimidad manifiesta, como sería, por ejemplo, una ley que estableciera la pena de muerte, cuando no puede haber una ley de ese tenor.

Por último, que el artículo 2º) diga que carece de valor jurídico alguno es como cualquier otro concepto de nuestro derecho; el Código del Proceso Penal está lleno de actos que se dice carecen de valor jurídico alguno.

Este proyecto de ley no decreta la inconstitucionalidad y, por ende, la inaplicabilidad por el Magistrado de la Ley Nº 15.848, sino que dice que viola la Constitución de la República en una interpretación obligatoria por el hecho de ser ley.

Hemos demostrado en todos sus términos que este artículo es claramente inobjetable desde el punto de vista constitucional y jurídico. Se podrá argumentar que hubo un referéndum, o dos, que hay voluntades populares, que fue una amnistía, todos aspectos de mérito, pero no que el Poder Legislativo se está extralimitando en los cometidos que le asigna la Constitución.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: quería dejar establecido que este es un artículo que declara en forma encubierta una inconstitucionalidad y, por lo tanto, viola la esfera de competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia.

El Parlamento puede crear, modificar y derogar leyes, pero no puede declarar la inconstitucionalidad de leyes con carácter particular ni general, porque está invadiendo la competencia de otro Poder del Estado.

Por otra parte, es absurdo que el legislador deje vigente una ley pero, a la vez, la declare inaplicable.

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora miembro informante en minoría.

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: hemos votado en contra de este artículo, en primer lugar, en función de que no se trata de una interpretación, como dice su texto, y por los fundamentos que manifestara en la Comisión la doctora Asiaín, cuyas expresiones han sido leídas por el señor Diputado Cantero Piali.

Lo único que busca la invocación a la interpretación es dar a este artículo efecto retroactivo. Por otro lado, si se tratara de una interpretación, no podría surtir los efectos que prevé el artículo 3º del proyecto de ley, en función de lo que dice el artículo 13 del Código Civil, que establece: "La interpretación auténtica o hecha por el legislador, tendrá efecto desde la fecha de la ley interpretada; pero no podrá aplicarse a los casos ya definitivamente concluidos".

En segundo lugar, este artículo hace que el Poder Legislativo invada las competencias de la Suprema Corte de Justicia, que es la única que tiene competencia exclusiva y originaria, de acuerdo con nuestro texto constitucional, para declarar que una norma legal carece de valor jurídico o es inaplicable, que es lo mismo.

En tercer término, al declarar como interpretación obligatoria y con carácter general la ilegitimidad manifiesta y la carencia de valor jurídico, el efecto directo es la anulación de los artículos de la Ley Nº 15.848 que se mencionan y la anulación no es admitida en nuestro orden jurídico, de acuerdo con lo que manifestaron todos los técnicos que comparecieron ante la Comisión. El único camino que tenía el Poder Legislativo, de no haber existido pronunciamientos de referéndum a favor de la ley de caducidad, era el de derogarla, pero nunca puede proceder a su anulación.

Por último, es improcedente la declaración de ilegitimidad manifiesta de estos artículos, en función de que fueron aprobados por un Parlamento electo democráticamente, siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución y refrendados dos veces por el soberano.

Muchas gracias.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: creo que está dentro de las atribuciones del Parlamento dictar una norma como la del artículo 2º y la del artículo 3º porque el Parlamento tiene, entre otras funciones, la de interpretar las leyes. Esto que yo digo, no solamente lo manifiesta el Diputado Orrico o el Frente Amplio, sino que ha sido sostenido en esta Cámara en la Legislatura pasada. Precisamente, tengo en mi poder un proyecto que dice: "Interprétase el alcance" -interprétase- "de los artículos 1º a 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, declarando que no se encuentran comprendidos en el alcance de dicho marco normativo, cualquiera sea su autor, los siguientes delitos" y los enumera. Luego dice: "Los pronunciamientos emanados del Poder Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, que hubieren declarado comprendidos dentro del artículo 1º de dicha ley los hechos investigados, podrán ser objeto de un nuevo pronunciamiento del Poder Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el referido artículo 3º".

Esto es lo que dice este proyecto de ley que, en su exposición de motivos manifiesta que se ha decidido interpretarla -la Ley Nº 15.848- "lo cual implica la honestidad intelectual de no modificarla", etcétera. Y expresa: "Si una misma ley tiene consecuencias diferentes según cuál sea el gobierno de la República y el estado de ánimo de la población, entonces es una ley que debe ser interpretada por el legislador para establecer claramente su alcance y no dejarlo librado a tales vaivenes".

O sea que esta interpretación no solo la hace el Frente Amplio; este es un proyecto de ley presentado por parlamentarios del Partido Nacional -algunos de los cuales actualmente están desempeñándose como legisladores- en la Legislatura pasada. Y habla de interpretar la ley y más que eso: el artículo 2º, según la interpretación que se podría hacer, prácticamente genera -este sí- una figura retroactiva.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- En discusión el artículo 3º.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CANTERO PIALI.- Señora Presidenta: vamos a votar en contra de este artículo y vamos a sostener nuestras razones en función de lo que manifestaron en la Comisión los catedráticos a quienes hemos citado en el día de hoy.

Con respecto a este artículo, el doctor Luzardo, profesor agregado de Derecho Constitucional de la Universidad de la República decía: "Los colegas saben que las normas penales retroactivas, si benefician al reo, al condenado, pueden aplicarse; si no, no". Luego manifestaba: "Me parece que esto no solo puede ser observable, sino también implicar la responsabilidad del Estado". Y agrega: "[…] indudablemente, la parte de suspensión de prescripción genérica atenta contra la seguridad jurídica y la certeza jurídica. Eso es indudable".

Por su parte, la doctora Asiaín -ya citada- indicó que era: "[…] un proceso jurisdiccional, que culminó con una sentencia, aunque fuera de clausura de los procedimientos, y en virtud de ello adquirió fuerza y valor de cosa juzgada, aptitud que hace al acto inmutable". Y agregó: "La cosa juzgada es un principio general y fundamental del derecho que preserva el valor seguridad jurídica, concretado en la certeza. Forma parte también de los derechos inalienables, inderogables e imprescriptibles. Y parte también del 'jus cogens' internacional, que se impone por sobre los ordenamientos jurídicos nacionales en caso de que lo desatendieran, y su desconocimiento comprometería la responsabilidad del Estado pues está también plasmado en todos los tratados de derechos humanos".

Prosigue la doctora Asiaín: "La delegación de la función jurisdiccional al administrador, al Poder Ejecutivo, para que se pronuncie de forma preceptiva y decisoria, pudiendo redundar en la clausura de los procedimientos, fue inconstitucional. Eso está claro. Entonces, los actos administrativos dictados a su amparo son ilegítimos. Pero cualquiera de los protagonistas podría haber promovido esto; podrían haber promovido la declaración de inconstitucionalidad de la norma por vía de acción, por vía de excepción. El Juez entendiendo en la causa podría haber elevado el asunto a la Suprema Corte de Justicia para obtener la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y la consiguiente desaplicación al caso concreto. De hecho, conocemos que muchos lo incoaron y obtuvieron declaraciones de inconstitucionalidad. De hecho, la tendencia actual de la Suprema Corte de Justicia es la de acoger dichas acciones declarando la inconstitucionalidad en ciertos casos. Pero quienes tuvieron oportunidad de plantear la inconstitucionalidad y no lo hicieron, o quienes lo incoaron y obtuvieron un pronunciamiento desfavorable de la Suprema Corte de Justicia, ya hay cosa juzgada y eso es inmutable. Estaríamos avasallando un principio esencial y muy caro al Estado de derecho si la desconociéramos.- En definitiva, la norma proyectada desconoce la cosa juzgada, que la hubo, con independencia de los actos administrativos ilegales que la precedieron.- Respecto a las personas cuyas causas resultaron clausuradas en virtud de las sentencias pronunciadas, de aprobarse el proyecto se estaría contraviniendo la máxima de la irretroactividad de la ley penal más perjudicial al reo".

Y expresa: "Las normas internacionales de derecho humanitario que declararon la imprescriptibilidad de los delitos de lesa nación fueron suscritas por Uruguay con posterioridad al acaecimiento de los hechos delictivos de referencia. Entonces, siendo más perjudiciales al reo, no podrían aplicarse retroactivamente sin contrariar una máxima del derecho penal, que es protectora del hombre. Lo mismo debe decirse respecto de la suspensión del término de prescripción proyectado".

Luego manifiesta: "[…] las normas internacionales en ningún momento alientan a nuestro derecho a desconocer los mecanismos de tutela que el constituyente ha instituido".

Posteriormente expresa: "el respeto por el valor de la cosa juzgada afianzará al Estado uruguayo como respetuoso de valores esenciales de seguridad jurídica y de Justicia, pues la cosa juzgada es también un valor sagrado al Estado de derecho y a la dignidad humana. No será responsabilizado el Uruguay por no atentar contra la cosa juzgada", concluyó la doctora.

Por su parte, el doctor Risso Ferrand, de la Universidad Católica señaló que este artículo incurre "[…] en el mismo error que generalmente se critica a la Ley de Caducidad. Una de las críticas más fuertes recogidas por la Suprema Corte de Justicia en la sentencia del año pasado es que la Ley de Caducidad implica que el Poder Ejecutivo le dice a los Jueces lo que tienen que hacer dentro de su esfera de actuación. El artículo 3º, en cierta forma, implica que ahora es el Poder Legislativo el que le dice a los Jueces lo que tienen que hacer dentro de su esfera de actuación. Si se considera que aquel era un argumento de inconstitucionalidad, creo que podría trasladarse también a este caso".

Este mismo catedrático expresó: "Creo que este artículo presenta problemas: el efecto retroactivo que se quiere dar a esta situación.- Además, aparece un concepto sobre el que no he escuchado hablar en Uruguay se ha utilizado mucho en Argentina, donde hay trabajos doctrinarios: los derechos humanos de los violadores de los derechos humanos. Este es un tema que rechina, pero es bastante claro que se trata de la base del Estado democrático de derecho. El Estado democrático de derecho reconoce los derechos humanos a aquellos que violaron los derechos humanos sin reconocer a sus víctimas los derechos humanos. Es la superioridad política, ética o moral que tiene el Estado de derecho. Creo que lamentablemente en este caso -reconozco que esto genera problemas, incertidumbres y hasta molestias- tenemos un problema que está dentro de este concepto. El efecto retroactivo que se le quiere dar choca contra determinados derechos que han sido adquiridos por los violadores de los derechos humanos".

Algo parecido indicó que pasa con respecto a la imprescriptibilidad: "que no se pueden eliminar retroactivamente las prescripciones que ya se operaron". Más adelante señala: "La legislación, en principio, tiene efectos hacia el futuro, pero hacia el pasado hay limitaciones en materia de derecho penal. La limitación hacia el pasado no puede alterar lo que ya está definitivamente resuelto por el Poder Judicial ni puede derogar o eliminar derechos que puedan haberse generado de acuerdo con la norma cuestionada. Ese es el límite. El límite no está en este caso; se trata del límite que el Poder Legislativo tiene en cualquier caso. En cualquier momento que quiera legislar va a tener exactamente este mismo límite".

Creo que estas son fundamentaciones sólidas, serias que hacen que nuestro voto sea negativo en este artículo.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: constantemente se nos ha intentado decir que no podemos legislar, y hemos demostrado que podemos hacerlo. Se podrá considerar inconveniente, pero ese es otro tema; las capacidades jurídicas para hacerlo las tenemos.

De todas formas se ha intentado sostener que estamos poco menos que destripando la Constitución, y no es así. ¿Qué dice el literal A) del artículo 3º de este proyecto? Dice lo que ya está en el Código del Proceso Penal y lo aclara. El Código del Proceso Penal en su artículo 3º establece: "Ninguna persona puede ser procesada dos veces por un mismo hecho constitutivo de infracción penal, excepto cuando la conclusión del primer proceso no extinga la acción penal".

En aplicación de la ley de caducidad no hubo ningún procesado porque el Poder Ejecutivo dijo que no podía avanzar ni siquiera en la investigación. Entre el 22 de diciembre de 1986 y el 1º de marzo de 2005 el Poder Ejecutivo nunca dijo que hubiera actos en los que el Poder Judicial pudiera intervenir.

¿Qué dice el artículo 24 del Código del Proceso Penal? Dice que si hay un presupuesto de la acción que no se cumple, la acción penal no se ha extinguido. Eso lo comenta el procesalista Greif. Tengo enorme respeto por el profesor Risso Ferrand, pero hay que leer toda la cita. Risso Ferrand dijo que en realidad había que ver cada uno de los expedientes y cómo se archivaron. Como bien demostró el señor Diputado Orrico, citando a Tarigo, la sentencia de cosa juzgada debe ser sustantiva. Por lo tanto, el literal A) es perfectamente constitucional y legal. No hay ningún problema en ese sentido.

En cuanto al literal B), ¿qué estamos diciendo? Una cosa muy sencilla: que todo aquello que haya sido obstaculizado por la Ley Nº 15.848 puede continuar. ¿Cuál es el problema de constitucionalidad? No hay ningún problema de constitucionalidad.

El literal C) establece que los delitos imprescriptibles no tienen prescripción. Es el Juez quien decidirá qué delito es prescriptible o imprescriptible. ¿Dónde está el acoso a nuestros Magistrados?

Después no computa el plazo de prescripción en el sentido del período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de la presente ley, porque se parte de la base de que hubo impedimentos reales que no se pueden atribuir a los familiares y víctimas. Por lo tanto, están levantadas las observaciones de ilegalidad e inconstitucionalidad. No vemos ninguna dificultad para la aprobación de esta norma ya que, como han dicho otros miembros de la Comisión, los que decidirán son los Magistrados, y no con el régimen actual de la Ley Nº 15.848.

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora miembro informante en minoría.

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: vamos a votar negativamente este artículo. El literal A) del artículo 3º es claramente violatorio del principio de irretroactividad de la ley penal, que impide que se apliquen a hechos pasados disposiciones más desfavorables para el actual o eventual imputado. Este principio es una garantía fundamental en el Estado de derecho. Si bien la norma propuesta no crea nuevos delitos ni agrava las penas, restituye la acción penal o la pretensión punitiva del Estado, que caducó por imperio de la Ley Nº 15.848, de conformidad con las condiciones y procedimientos que esta ley establece. Por tanto, posibilita que sean juzgados penalmente quienes se beneficiaron por las disposiciones de esta ley. En consecuencia, quedan colocados en una situación más desventajosa que la que tenían al amparo de la ley mientras esta estaba vigente. La irretroactividad de la ley penal es consecuencia del principio de legalidad, es una garantía de la seguridad jurídica y tiene sus fundamentos en la Constitución de la República en los artículos 10, que consagra el principio de libertad, y 72, que recibe los principios del iusnaturalismo. La misma, además, está reconocida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sobre este tema el doctor Risso Ferrand opinó en la Comisión, y me remito a la lectura que de su opinión hizo el Diputado Cantero Piali.

Asimismo, a través de esta disposición, desde un punto de vista inadmisible, se pretende quitar con carácter retroactivo la calidad de cosa juzgada a aquellas actuaciones que la adquirieron. La Suprema Corte de Justicia, cuyos fallos deben ser tenidos en cuenta, gusten o no, resolvió que la decisión del Juez que clausura los expedientes y ordena su archivo en virtud de la aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 15.848, son sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas que adquieren la calidad de cosa juzgada. Me refiero a la sentencia Nº 322 del año 2004. En orden a la brevedad voy a omitir la lectura del texto de esta sentencia que está contenido y transcripto en el informe en minoría que suscribimos.

La sentencia, al pasar en autoridad de cosa juzgada, se torna inmutable. Este principio es absoluto en derecho penal, y admite algunas excepciones en derecho civil. Me remito a la lectura que hizo el señor Diputado Cantero Piali sobre la opinión de la doctora Asiaín.

Además, la inmutabilidad de la cosa juzgada se vincula con otros principios tales como el de la seguridad jurídica, la estabilidad de los derechos, y la separación de Poderes. Esto último porque impide a otros Poderes del Estado alterar o modificar los resultados del ejercicio de la función jurisdiccional, y ha sido reconocida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

Por último, el literal A) del artículo 3º, al igual que el literal B), viola el principio de separación de Poderes, ya que provoca que el Poder Legislativo invada el ámbito de actuación del Poder Judicial al cercenar la posibilidad del Juez de actuar de acuerdo con su leal saber y entender en el marco de sus competencias, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

En conclusión, esta disposición vulnera los principios fundamentales del Estado de derecho como la irretroactividad de la ley penal desfavorable al reo, la inmutabilidad de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la separación de Poderes.

El literal B), como ya dijimos, viola el principio de separación de Poderes, ya que interfiere en las competencias del Poder Judicial. De aprobarse este artículo, el Poder Legislativo estaría excediendo sus competencias al indicar al Juez cuál debe ser su conducta en el futuro. De acuerdo con lo que dijo el doctor Risso Ferrand, incurre en el mismo vicio que tiene la ley de caducidad en cuanto a que el Poder Ejecutivo invade las competencias del Poder Judicial y, en este caso, sería el Poder Legislativo, que invadiría las competencias del Poder Judicial.

El literal C) del artículo 3º violenta el principio de irretroactividad de la ley penal más desfavorable al reo. Como se ha dicho, es uno de los principios fundamentales del Estado de derecho y también forma parte del bloque de derechos humanos. Si un delito puede prescribir por imperio de las normas vigentes, no pueden agregarse con efecto retroactivo condiciones nuevas que impidan que la prescripción opere, como prohibir el cómputo del período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigencia del proyecto de ley, si es aprobado. Esto implica dictar una norma en materia de prescripción penal con efecto retroactivo y, por tanto, podría convertir en eventual imputado a quien nunca lo habría sido por efecto de la prescripción.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: me voy a concretar al tema de la cosa juzgada.

Como habíamos dicho en la discusión general, este proyecto es un retroceso en materia de garantías a los derechos humanos, precisamente por todo lo que se ha dicho, por los fundamentos jurídicos que dieron los catedráticos que asesoraron a la Comisión, y porque es claro que en cuanto a la cosa juzgada como principio garantista de la defensa de los derechos humanos, se refiere tanto a la cosa juzgada material como a la cosa juzgada formal.

En cuanto a los casos en que la clausura es por acto administrativo, también lo abarca el principio de la irretroactividad, de la inmutabilidad, porque se refiere a que el caso ha agotado la vía administrativa o ha tenido una decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También es considerada la inmutabilidad del tratamiento del asunto como formando parte del principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada.

Es decir que hay un retroceso, una clara violación de este principio fundamental, que hace que votemos por la negativa también este artículo.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: quiero referirme a un tema a que hice referencia en la discusión general, relativo al efecto irretroactivo de las leyes. Cité la valoración del doctor Jiménez de Aréchaga, que expresa: "En cuanto a las reglas de aplicación," -se refiere a si las reglas del Código Civil se imponen a la interpretación de la Constitución- "una de las más importantes es la que se expresa por el artículo 7º del Código Civil diciendo que las leyes no tienen efecto retroactivo, es decir, que ellas solo rigen pro-futuro.- Se conocen los problemas que suscita el artículo 7º cuando se trata de saber si la ley nueva puede regular los efectos posteriores a su entrada en vigor, de relaciones jurídicas nacidas antes de su vigencia. El criterio más recibido de la doctrina es el que dispone que las nuevas leyes no pueden regular las consecuencias nuevas de actos anteriores cuando de ello derive lesión para derechos adquiridos. En cambio, se la puede aplicar cuando solamente vulnere meras expectativas". El Juez debería definir ante qué situación estamos respecto a la adquisición de derechos adquiridos o a las meras expectativas.

Además dice: "En relación a la Constitución considero que no hay derechos adquiridos contra la Constitución, salvo los inherentes a la personalidad humana [...]". Se me dirá, como acá se dijo, que también tienen derecho los violadores de los derechos humanos -comparto que lo tienen-; no obstante, preexiste el derecho de las víctimas y deberá el Juez o eventualmente la Suprema Corte de Justicia definir frente a la preexistencia de los derechos cuál de ellos está en juego o cuál deberá preservar.

Respecto -ya aclaró el señor Diputado Michelini- a cuando se dice que se le dan indicaciones a los jueces, en realidad la ley de caducidad le dio indicación al juez respecto a cómo pronunciarse o qué hacer con el tema de fondo. La función primordial del Poder Judicial, la jurisdiccional, es impartir justicia. Acá no se está condicionando para nada la decisión que pueda tomar el Juez a la hora de cumplir con su función. En todo caso, lo que se está indicando, a la luz de lo previsto en los artículos 1º y 2º, es cómo proceder con las causas que podrían haberse interrumpido o suspendido por aplicación de la Ley Nº 15.848.

Es claro que -creo que es un avance, que podría haber figurado como literal A) del artículo 3º tal, como está, o podría haber ido por fuera de este- el archivo de las actuaciones que se decreten por aplicación de un artículo que está viciado de inconstitucionalidad no extinga la acción penal ni constituya cosa juzgada, porque si bien no es fuente jurisprudencial de nuestro derecho, es una premisa que se adapta en el sentido de que aquellas cosas nacidas inconstitucionales no dan viso ni garantías de constitucionalidad a los actos que se puedan haber llevado adelante. Creo que estamos en situación de reafirmar el convencimiento que tenemos con respecto a este artículo.

En cuanto al concepto de la ley penal más favorable al reo, ya hice referencia a la retroactividad. El problema es que todavía no hemos identificado quién es el reo pasible -en los casos en que se quiera aplicar esa interpretación- de que se le esté conculcando algún derecho en términos generales, porque no se ha llevado adelante ninguna causa desde el punto de vista del proceso en cuanto a su función de fondo.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: me aproximo a estos artículos en la misma línea de pensamiento que lo hice en mi intervención en general.

En oportunidad del debate en la Comisión, pregunté al catedrático Risso Ferrand si consideraba que todas las causas que habían sido clausuradas y archivadas al amparo de la ley de caducidad, y por determinación del Poder Ejecutivo, eran cosa juzgada. Y la respuesta que me dio el doctor Risso Ferrand confirmó mi criterio -que solamente proviene del sentido común- y fue que había que ver caso a caso, que había que ver qué había dicho el Juez en el expediente; que podía haber casos que sí y casos que no, pero quien tenía la capacidad de decisión era el Juez. Creo que eso es lo que tendría que aplicarse. Quien tendría que interpretar si hay cosa juzgada es el Juez de la causa y no el literal A) del artículo 3º. No es el Parlamento o la ley la que tiene que intervenir en el expediente A, B, o Z, para decir "este expediente no es cosa juzgada".

Por eso mi línea de pensamiento era derogar y, luego, consultar al Juez en cada uno de los casos. Eso sería respetar estrictamente la independencia del Poder Judicial y del Juez competente en la causa, estrictamente.

El artículo 3º es el que hace entrar la ley al Juzgado para modificar el trámite de una causa.

Recién decía el señor Diputado Bayardi que la ley de caducidad se había expedido sobre el fondo. ¡No! Se expidió sobre la forma, no sobre el fondo. Tanto es así, que la investigación no siguió. Aplicando el sentido común, si no hubo una acción penal completa, si no estuvo el fiscal, la acusación, los testigos, interpreto que no hubo cosa juzgada, que ese expediente no avanzó, que quedó paralizado en la aplicación de una ley. Pero, ¿quién tiene que determinar eso? ¿Este Parlamento? ¡No! Además, es un antecedente terrible creer que el Parlamento va a intervenir en el Poder Judicial para determinar qué tiene que hacerse con un expediente. Y el literal B) confirma esta tendencia del proyecto de ley, que desde mi punto de vista está equivocado, respecto a indicar a la Justicia y al juzgado, donde esté esa causa -estamos hablando de un caso específico; esta no es una ley general; esta es una ley para un caso con nombre y apellido, con número de expediente-, que se continuará de oficio. Esto es igual que la ley de caducidad. Han utilizado el mismo instrumento que la ley de caducidad; la misma concepción política. ¡La misma! No hay una norma de carácter general. Esta no es una norma de carácter general. Podrían haber hecho un listado de las causas en las que se va a aplicar esta ley, y podrían haber puesto los nombres de las personas a las que se va a aplicar esta ley, con el número de juzgado y el número de expediente. Podrían haberlo hecho, porque lo saben. Saben a quién se va a aplicar esta ley. Es una ley con nombre y apellido y, además, está determinando, qué tiene que hacer nada más y nada menos que un juez, integrante de otro Poder del Estado. Esa es mi diferencia con este proyecto que, desde mi punto de vista, implica una intromisión brutal en el Poder Judicial. Es entrar con la puerta cerrada. ¡Brutal! Es entrar con la puerta cerrada, agarrar los expedientes y arrancar de vuelta. Eso es lo que está haciendo el Parlamento con este artículo. Es un atropello total y absoluto.

Es cuanto quería decir, señora Presidenta.

23.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Gustavo Rombys, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 21 de octubre de 2010, convocándose a la suplente siguiente, señora Cecilia Bottino.

Del señor Representante Felipe Carballo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 21 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Saúl Aristimuño.

Del señor Representante Yerú Pardiñas, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 21 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Daniel Aquino.

Del señor Representante Andrés Lima, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 21 de octubre de 2010, convocándose a la suplente siguiente, señora Ana Lima".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda licencia por el día 21 de octubre de 2010, por motivos personales.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente,

GUSTAVO ROMBYS
Representante por Paysandú".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Paysandú, Gustavo Rombys.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 21 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Gustavo Rombys, por el día 21 de octubre de 2010.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Cecilia Bottino.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración.

A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda licencia por el día 21 de octubre de 2010, por motivos personales.

Sin otro particular, saluda atentamente,

FELIPE CARBALLO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 21 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo, por el día 21 de octubre de 2010.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Saúl Aristimuño.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales por el día 21 de octubre de 2010.

Por lo que pido se convoque al suplente respectivo.

Saluda atentamente,

YERÚ PARDIÑAS
Representante por Cerro Largo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Yerú Pardiñas.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 21 de octubre de 2010.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 21 de octubre de 2010, al señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Yerú Pardiñas.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Frente Amplio, señor Daniel Aquino.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

Por este medio y por motivos de índole personal, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia, por el día jueves 21 de octubre de 2010,

Sin otro particular, saluda atentamente,

ANDRÉS LIMA
Representante por Salto".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

En consideración a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, doctor Andrés Lima, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Felipe Mutti Severo".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

En consideración a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, doctor Andrés Lima, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Nadia Cordone".

"Montevideo, 20 de octubre de 2010.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Ivonne Passada

Presente.
De mi mayor consideración:

En consideración a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, doctor Andrés Lima, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Martín Pertusatti Beppo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Salto, Andrés Lima.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 21 de octubre de 2010.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señor Felipe Mutti, señora Nadia Cordone y Martín Pertusatti.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 21 de octubre de 2010, al señor Representante por el departamento de Salto, Andrés Lima.

2) Acéptase las negativas presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes, señor Felipe Mutti, señora Nadia Cordone y señor Martín Pertusatti.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 21 de octubre de 2010, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 888 del Lema Partido Frente Amplio, señora Ana Lima.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2010.

LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO".

24.-     Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.548, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (Se declara como interpretación obligatoria que los mismos son violatorios de la Constitución de la República y se interpreta la misma en forma auténtica en cuanto a la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República).

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

SEÑOR YANES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR YANES.- Señora Presidenta: me solicita una interrupción el señor Diputado Michelini.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: creo que esta no es una ley con nombre y apellido, en absoluto. Es una ley en términos generales. El proyecto del Partido Nacional de 2005 sí especificaba los casos. Me parece que no estamos usando la terminología adecuada. Estamos hablando de términos generales. Y es muy distinta la filosofía que inspira este proyecto, que da al Poder Judicial su total capacidad para actuar, que la filosofía que inspiró la Ley Nº 15.848, que hasta el día de hoy le hace pedir permiso, arrodillarse ante el Poder Ejecutivo, para ver si este quiere, o no, investigar.

Acá se están diciendo cosas muy distintas. En el literal A) se dice que no hay cosa juzgada, pero en realidad eso pasa con todos los expedientes. Si se archiva por un prerrequisito, porque no hay elementos nuevos o lo que fuere, eso es sin perjuicio. Si después hay nuevos elementos, sigue la causa. En realidad, el proceso empieza cuando hay auto de procesamiento; ahí comienza el juicio. Pero acá no hubo auto de procesamiento porque el Poder Ejecutivo impidió los autos de procesamiento. Eso es lo que quiero decir en primer lugar.

En segundo término, ¿qué dice el literal B)? El literal B) dice que la causa debe continuar. Ahora, ¿dice que tiene que condenar? ¿Dice que tiene que procesar? ¿Dice que tiene que generar pruebas absurdas? No, no lo dice.

(Interrupción del señor Representante José Carlos Cardoso)

——No, no lo dice. Dice simplemente que la causa continuará. Si, en definitiva, el Juez entiende que hubo prescripción, si entiende que hay una sentencia sustantiva de cosa juzgada, si, como decía el profesor Korzeniak, no hay pruebas, no va a procesar. Hoy, tiene que pedir permiso. En definitiva, con esta ley, nosotros restablecemos a plenitud -¡a plenitud!- los derechos del Poder Judicial.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Yanes.

SEÑOR YANES.- He terminado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º.

(Se vota)

——Cincuenta en setenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará al Senado.

(Aplausos en la Sala y en la barra)

SEÑORA TOURNÉ.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en setenta y tres: AFIRMATIVA.

(Aplausos en la Sala y en la barra.- Campana de orden)

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado en mayoría)

25.-     Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados García, Amy y Vega Llanes.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de personal y buques de la Armada Nacional para participar en Ejercicios de Alistamiento Naval del año 2010".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y uno: AFIRMATIVA.

26.-     Ejercicios de Alistamiento Naval del año 2010. (Se autoriza la salida del país de personal y buques de la Armada Nacional).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el proyecto de ley: "Ejercicios de Alistamiento Naval del año 2010. (Se autoriza la salida del país de personal y buques de la Armada Nacional)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 384

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 29 de setiembre de 2010.

Señor Presidente de la Asamblea General

contador Danilo Astori.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir a ese Cuerpo, conforme con lo preceptuado en el numeral 12) del artículo 85 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se autoriza la salida del país de la plana mayor y tripulación de la Armada Nacional, a efectos de participar en el Ejercicio ATLASUR VIII, el que se realizará entre el 1º y el 31 de octubre de 2010, con escala en puertos de la República Argentina; en el Ejercicio SALVEX X, que se realizará entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre de 2010, con escala en el puerto de Río Grande do Sul, República Federativa del Brasil; en el viaje de instrucción "Operación ESNAL 2010", que se realizará entre el 1º y el 31 de diciembre de 2010, con escalas en puertos de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil y en la campaña antártica "Operación ANTARKOS XXVII", entre el 1º de noviembre de 2010 y el 31 de marzo de 2011, con escala en los puertos de Ushuaia (República Argentina) y Punta Arenas (República de Chile) .

Ejercicio ATLASUR VIII.

Este es un ejercicio internacional combinado, en el cual participan las Armadas de Argentina, Brasil, Sudáfrica y Uruguay en aguas del Atlántico Sur.

Su origen se remonta al año 1992, cuando la fragata ROU "Artigas" realizara la primera visita oficial a la República de Sudáfrica y operara con sus buques de superficie y submarinos, en una armonía operativa que hizo pensar en dar comienzo a las tratativas que permitieran la operación combinada de fuerzas navales de los países del Área Marítima del Atlántico Sur (AMAS).

Organizada y formalizada la operación, se determinó su carácter bianual, así como la participación exclusiva de aquellos países con costas sobre el Atlántico Sur. Cabe destacar que contó, al momento de ser sometida a la primera aprobación legislativa, con el aval de las bancadas de todos los Partidos políticos con representación parlamentaria.

El Área Marítima del Atlántico Sur está limitada por 9.000 kilómetros de costa americana y 7.800 kilómetros de costa africana, conformando aproximadamente 40.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie, cuya riqueza subyacente es difícil de evaluar.

Como se desprende de las citadas dimensiones, no es posible para un sólo país ejercer el control efectivo sobre ese espejo de agua.

Tampoco es factible dividir los espacios marítimos con la misma precisión que se delimitan las fronteras en tierra, razón por la cual, los países del área han venido impulsando acciones conjuntas que faciliten las tareas de custodia de explotación de recursos en áreas de interés común, control de las líneas de comunicación marítimas, preservación del medio ambiente marino y salvaguarda de la vida humana en el mar.

El Ejercicio ATLASUR permite mejorar las capacidades de interoperabilidad en el combate de las unidades participantes, reforzando el alistamiento y brindando la oportunidad de conducir operaciones navales combinadas en acuerdo a objetivos comunes.

Además de privilegiar la transparencia, la mutua información y la interoperabilidad, procura reemplazar la respuesta a las amenazas con una adecuada prevención, que evite el surgimiento de situaciones que desemboquen en el uso de la fuerza.

Se busca con este ejercicio multinacional regional los siguientes objetivos:

Alentar la amistad y el entendimiento mutuo entre las Armadas participantes, acrecentando las relaciones cordiales de cooperación y amistad existentes.

Incrementar el alistamiento específico, la interoperabilidad y la capacidad de integrar una fuerza naval combinada con las Armadas del Atlántico Sur.

Acrecentar el fortalecimiento alcanzado, de un elevado nivel de confianza mutua entre las Armadas, permitiendo además que éstas se constituyan en un útil instrumento de contribución a las relaciones internacionales.

Nuestro país ha participado activamente en todos los ejercicios realizados hasta la fecha y debemos decir que el mismo presenta un reto profesional importante desde el punto de vista del alistamiento operativo y logístico de nuestras Unidades, ya que se debe estar preparado para operar durante períodos prolongados sin apoyo de base. Esto ha generado el desarrollo de un elemento clave, como lo es la interoperabilidad entre Fuerzas, elemento concurrente además, con la política de defensa de la Nación en lo atinente a generar medidas de confianza mutua entre los países de la región.

Durante el transcurso del ejercicio, que ha llegado a durar 35 días, se realizan permanentemente ejercicios tácticos entre buques, poniendo en práctica el difícil concepto de la logística desarrollada en un medio hostil, como lo es el mar. En este aspecto se destacan los ejercicios de trasbordo de carga (equipos y repuestos), de personal y fundamentalmente de combustible, en horas diurnas y nocturnas.

Este tipo de ejercicio internacional brinda al personal de la Armada la oportunidad de conducir operaciones con múltiples unidades, sistemas de armas y de detección modernos, empleando tácticas y actualizando procedimientos. Permite además el adiestramiento en lenguaje técnico en diferentes idiomas, hecho que conjuntamente con lo antes expresado, coadyuva a elevar el grado de entrenamiento necesario, permitiendo a nuestras unidades y personal operar en forma combinada con las Armadas participantes.

Las Armadas, a diferencia de otras fuerzas, desarrollan sus acciones en espacios internacionales, donde el ejercicio con unidades de otros países está amparado en el derecho internacional, sin violentar la soberanía de los Estados.

La habilidad para maniobrar, comunicarse e interpretar las evoluciones de los buques presentes en su entorno, depende en gran medida de la experiencia obtenida en el mar.

La no participación de nuestra Armada en la Operación ATLASUR no alteraría sustancialmente la realización de la misma, sin embargo significaría resignar parte de una tarea de soberanía y control marítimo que involucra el AMAS, donde nuestro país, merced al esfuerzo de años se ha ganado un espacio que le permite participar en pie de absoluta igualdad.

Nuestra presencia en el mar no se limita al borde jurisdiccional de la plataforma continental, trasciende sus fronteras acuáticas y abarca toda el Área Marítima del Atlántico Sur. Nuestra presencia con unidades navales y aeronavales en todas las iniciativas que involucran el área mencionada se corresponden con la rica historia de trascendencia internacional que ha logrado nuestra Nación, sobre la base de la participación activa de sus representantes en todos los ámbitos del quehacer universal que involucran su espacio geopolítico.

Nuestro país, representado por la Armada Nacional como válido instrumento de la política exterior del Estado, no debería quedar al margen de una actividad que se lleva a cabo en el AMAS y que a pesar de nuestra ausencia, como ya se ha mencionado, se seguirá realizando.

La importancia del mar en la vida de los pueblos se incrementa continuamente y este Ejercicio brinda la oportunidad de continuar la construcción de una visión regional sobre la problemática del Atlántico Sur y los posibles proyectos de cooperación en el ámbito naval y marítimo.

ATLASUR representa un punto de fortalecimiento en el Atlántico Sur, desde la perspectiva política militar y un elemento de estabilidad que profundiza los vínculos existentes, neutralizando eventuales tendencias a la fragmentación y potenciando la capacidad para afrontar las posibles amenazas en la región, contribuyendo así a la seguridad cooperativa regional.

Uruguay es un país costero. Los académicos de la Universidad de Harvard han estimado que si la historia nos hubiera privado de acceso al mar, nuestro producto bruto sería exactamente la mitad. Esa es la significación de nuestras aguas y también el tamaño de la tarea de la Armada. Se trata de contribuir decisivamente al crecimiento económico del país, creando condiciones de explotación y uso del patrimonio marítimo. Es una responsabilidad no menor en relación a la economía nacional y por lo tanto, sobre la calidad de vida de nuestros compatriotas.

Hoy en día la competencia por los recursos naturales se desarrolla a nivel mundial, en los campos energéticos y alimenticios, siendo el mar el lugar buscado para su expansión. Considerando el espacio geopolítico regional (en su concepto integral, terrestre, marítimo y geoespacial), como un patrimonio, que junto con la población, no puede ser descuidado ya que representa el principal factor de poder del Estado. Este tipo de ejercicios genera condiciones para regionalizar soluciones a problemas comunes, brindando un marco adecuado al escenario estratégico, desalentando intenciones que pudieran resultar adversas al clima de distensión que se persigue en la región.

Los países del área tienen intereses concurrentes en cuanto a la necesidad de ejercer el control de este enorme espacio marítimo, siendo entonces una importante coincidencia en metas que pueden viabilizarse a través de nuestras Armadas, potenciando la integración regional en el intento de preservar los recursos del mar y el medio ambiente. Se persigue así un clima propicio para la búsqueda de soluciones integradas para los problemas de la región, lo cual puede redundar en nuevos roles para las Armadas, sin descuidar el rol principal, pero permitiendo sin duda, lograr posiciones de apreciable fortaleza regional en eventuales entendimientos con actores no regionales.

Ejercicio SALVEX X.

Este es un Ejercicio combinado de remolque, salvamentos, búsqueda y rescate (SAR), reaprovisionamiento vertical (VERTREP) y evacuación médica (MEDEVAC) con helicópteros, con aplicación de los procedimientos estipulados por la Organización Marítima Internacional (OMI) y es llevado a cabo con la Marina del Brasil.

Además del adiestramiento mencionado, este tipo de Ejercicios tienen como objetivo incrementar la interoperabilidad de las unidades de nuestra Armada con las similares de la Marina del Brasil en áreas de salvamento, en preparación de eventuales emergencias.

Su origen se remonta al año 1992, cuando se consideró de suma importancia intensificar los ejercicios combinados entre la Marina del Brasil y nuestra Armada, coordinando que estos ejercicios se limitarían a las áreas de socorro, salvamento y empleo de buzos. Aprovechando, asimismo la visita que realizan anualmente los buques del 1er. y 2do. Distritos Navales de la Marina del Brasil al puerto de Montevideo bajo el nombre de "Operación DIPLOMEX".

Como resultado del Plan de Cooperación Bilateral entre nuestras Armadas, para el bienio 2010-2011, se acordó la realización del Ejercicio SALVEX en fecha y área a ser determinada durante la conferencia de planificación a llevarse a cabo entre las mismas.

La presencia de la Armada Nacional en el Ejercicio SALVEX permitirá elevar los niveles de adiestramiento, en las capacidades de empleo de los medios de salvamento, que posee el ROU 23 "Maldonado", cuyo empleo a futuro redundará en una mayor interoperatividad con las Armadas de la región, fundamentalmente frente a los compromisos internacionales que el país tiene asumidos, ante la Organización Marítima Internacional (OMI), en el área de Búsqueda y Rescate (SAR, Search and Rescue), en cumplimiento al Convenio internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), aprobado por nuestro país por el Decreto-Ley Nº 14.879, de 23 de abril de 1979, y el protocolo de 1988 aprobado por la Ley Nº 17.504, de 18 de junio de 2002.

Operación ESNAL 2010.

La realización de los viajes de fin de curso a bordo de los buques de la Armada Nacional y la visita a puertos extranjeros, constituye una antigua tradición para los alumnos de la Escuela Naval.

El propósito principal del viaje de instrucción es consolidar con la práctica la formación profesional de las futuras generaciones de Oficiales de la Armada Nacional, permitiendo aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la Escuela Naval, desarrollando habilidades y destrezas marineras y poner a prueba su vocación. Constituye también una experiencia cultural muy enriquecedora para ellos y para la tripulación del buque que participa.

Estos viajes de instrucción ofrecen también una excelente oportunidad para estrechar vínculos con otras Armadas que interactúan con la Armada Nacional en distintas áreas, promoviendo la cooperación técnica y material y afianzando los lazos de amistad y confianza mutua entre las futuras generaciones de nuestros Oficiales con los de las Armadas de países amigos.

A fin de maximizar los objetivos del presente viaje, se incluye dentro de la misión, el control de nuestras aguas jurisdiccionales, tarea que se llevará a cabo tanto en el viaje de ida, como a su regreso.

Cabe destacar, que se utilizarán las facilidades ofrecidas por las Armadas de los países vecinos, quienes asumen los gastos de puerto.

Los costos del viaje son limitados, mientras que las experiencias de carácter profesional, cultural y humano que viven los jóvenes alumnos de la Escuela Naval y la tripulación del buque son recordadas por siempre, renovándose a la vez los profundos lazos de amistad y cooperación que nos unen con las Armadas de la República Federativa del Brasil y la República Argentina.

Asimismo, debe señalarse que el buque de guerra es tradicionalmente considerado como un representante del país en los puertos visitados. Su presentación y el desempeño de sus tripulantes, elevan el prestigio de la Nación en una proporción significativamente superior a los recursos aplicados para el cumplimiento de la misión.

ANTARKOS XXVII (Campaña Antártica).

La realización de la Campaña Antártica con el aporte de buques de la Armada, constituye uno de los eventos tradicionales y de vital importancia dentro de las actividades del Programa Antártico Nacional y año a año la Armada Nacional procura incrementar el alistamiento de sus Unidades, para que se cumpla de la mejor forma posible la misión de reabastecer por mar las instalaciones antárticas nacionales.

Importantes recursos son asignados a las unidades participantes en las campañas antárticas, realizándose un gran esfuerzo para mantener el alto grado de alistamiento de las tripulaciones, condición imprescindible para navegaciones por debajo del Paralelo 60º Sur.

Durante la navegación hacia y desde la Antártida, las unidades navales también participan en actividades de control de la contaminación y preservación del medio ambiente dentro del área operativa. Una vez arribado a la base, la tripulación proporciona apoyo a la investigación científica que allí se desarrolla.

Las capacidades de soporte logístico de las Unidades que la Armada utiliza para las campañas antárticas son sumamente aptas para llevar a cabo esta misión.

La preparación de una Campaña Antártica requiere de importantes coordinaciones con organismos nacionales y con las Armadas de otros países, la presencia de nuestras unidades en la Base "Artigas" constituye una verdadera necesidad para los compatriotas que cumplen su sacrificada labor a miles de kilómetros de nuestra Patria y que esperan la llegada de las provisiones, equipos y repuestos que les permitirán seguir desarrollando su trabajo. El medio marítimo permite el transporte hacia y desde la base de materiales en cantidades y calidades tales que hacen imposible su desplazamiento por otros medios a costos comparables.

Se aprovechará la oportunidad para brindar apoyo a programas antárticos de países amigos y operadores debidamente acreditados ante el Sistema del Tratado Antártico, que pueda requerir transporte de personal y materiales, tal como otros países con anterioridad han apoyado al nuestro.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, atentamente.

JOSÉ MUJICA, LUIS ROSADILLA, EDUARDO BONOMI, LUIS ALMAGRO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Autorízase la salida del país de personal y buque de la Armada Nacional a efectos de realizar los Ejercicios de alistamiento naval del año 2010 acorde al siguiente detalle:

Buque ROU 01 "Uruguay" y una aeronave Armada 871 con su Plana Mayor y tripulación compuesta de 150 integrantes, a efectos de participar en el Ejercicio ATLASUR VIII, el que se realizará entre el 1º y el 31 de octubre de 2010, con escala en puertos de la República Argentina.

Buque ROU 23 "Maldonado" con su Plana Mayor y tripulación compuesta por 35 efectivos, a efectos de participar en el Ejercicio SALVEX X, que se realizará entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre de 2010, con escala en el puerto de Río Grande do Sul, República Federativa del Brasil.

Buque ROU 02 "Comandante Pedro Campbell" con 190 efectivos integrados por su Plana Mayor, tripulación y alumnos aspirantes de la Escuela Naval a efectos de efectuar el Viaje de Instrucción "Operación ESNAL 2010", que se realizará entre el 1º y el 31 de diciembre de 2010, con escalas en puertos de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil.

Buque ROU 04 "General Artigas" y una aeronave Armada 063 con su Plana Mayor y tripulación integrada por 170 tripulantes y/o buque ROU 22 "Oyarvide" y una aeronave Armada 871 integrada por 80 tripulantes, a efectos de realizar la Campaña Antártica "Operación ANTARKOS XXVII", entre el 1º de noviembre de 2010 y el 31 de marzo de 2011, con escala en los puertos de Ushuaia, República Argentina y Punta Arenas, República de Chile.

Montevideo, 29 de setiembre de 2010.

LUIS ROSADILLA, EDUARDO BONOMI, LUIS ALMAGRO.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Autorízase la salida del país de personal y buque de la Armada Nacional a efectos de realizar los Ejercicios de alistamiento naval del año 2010 acorde al siguiente detalle:

Buque ROU 01 "Uruguay" y una aeronave Armada 871 con su Plana Mayor y Tripulación compuesta de 150 integrantes, a efectos de participar en el Ejercicio ATLASUR VIII, el que se realizará entre el 1º y el 31 de octubre de 2010, con escala en puertos de la República Argentina.

Buque ROU 23 "Maldonado" con su Plana Mayor y Tripulación compuesta por 35 efectivos, a efectos de participar en el Ejercicio SALVEX X, que se realizará entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre de 2010, con escala en el puerto de Río Grande do Sul, República Federativa del Brasil.

Buque ROU 02 "Comandante Pedro Campbell" con 190 efectivos integrados por su Plana Mayor, Tripulación y alumnos aspirantes de la Escuela Naval a efectos de efectuar el viaje de instrucción "Operación ESNAL 2010", que se realizará entre el 1º y el 31 de diciembre de 2010, con escalas en puertos de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil.

Buque ROU 04 "General Artigas" y una aeronave Armada 063 con su Plana Mayor y Tripulación integrada por 170 tripulantes y/o buque ROU 22 "Oyarvide" y una aeronave Armada 871 integrada por 80 tripulantes, a efectos de realizar la Campaña Antártica "Operación ANTARKOS XXVII", entre el 1º de noviembre de 2010 y el 31 de marzo de 2011, con escala en los puertos de Ushuaia, República Argentina y Punta Arenas, República de Chile.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de octubre de 2010.

DANILO ASTORI, Presidente, HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Es un proyecto que ha venido del Poder Ejecutivo y hemos recibido las modificaciones que le introdujo el Senado, acerca de las cuales va a informar el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, señor Diputado Amy.

SEÑOR AMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AMY.- Señora Presidenta: vamos a pedir que se vote por incisos, tal como hemos acordado entre los miembros de la Comisión, para atender la salida más inmediata, que es la correspondiente al Ejercicio ATLASUR. Vamos a proponer una modificación que contempla lo que pedimos en la Comisión y reclamamos en el plenario, es decir, que se establecieran con exactitud las fechas de salida y de regreso. Originalmente, el Senado votó una autorización entre el 1º y el 31 de octubre que, a nuestro entender, no se correspondía con lo que habíamos pedido, y además, la operación excede el mes de octubre, abarcando doce días de noviembre. Por lo tanto, la autorización original estaba invalidada de hecho, por lo que pedimos que se modificara.

El texto actual establece la fecha de salida y de regreso de las tropas y contempla la salida del buque ROU 01 y de un avión de la Armada con su Plana Mayor y la tripulación compuesta de ciento cincuenta integrantes. Es para un ejercicio en puertos de Argentina en conjunto con la Armada de dicho país.

Reitero que hemos acordado con los miembros de la Comisión y los coordinadores votar el inciso correspondiente al Ejercicio ATLASUR con la siguiente modificación: el 26 de octubre como salida y el 11 de noviembre como regreso. Proponemos votar el resto de los incisos en forma negativa, a los efectos de que vengan por separado, tal como lo hemos solicitado, cada una de las autorizaciones de salida a misión.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: propongo a los miembros de la Comisión no votar negativamente las otras autorizaciones. En todo caso, debemos votar el inciso primero y desglosar los otros para que pasen a la Comisión de Defensa Nacional y que esta después los envíe, porque si los votamos negativamente y luego viene un proyecto de ley con el mismo texto y la misma autorización, no se podrá considerar en este Período de la Legislatura.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado: se trata de un proyecto de ley que viene del Senado y sobre el cual el Cuerpo tiene que expedirse. Por lo tanto, no es posible desglosar algunos incisos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el acápite del artículo único y el inciso primero con las modificaciones propuestas.

(Se lee:)

"Autorízase la salida del país de personal y buque de la Armada Nacional a efectos de realizar los Ejercicios de alistamiento naval del año 2010 acorde al siguiente detalle: Buque ROU 01 'Uruguay' y una aeronave Armada 871 con su Plana Mayor y tripulación compuesta de 150 integrantes, a efectos de participar en el ejercicio ATLASUR VIII, el que se realizará entre el 26 de octubre y el 12 de noviembre, con escala en puertos de la República Argentina".

——Consulto al señor Diputado Amy si las modificaciones que propuso están recogidas en el texto leído.

SEÑOR AMY.- Sí, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- En discusión el acápite y el inciso primero del artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

Léase el inciso segundo.

SEÑOR YANES.- Mociono para que se suprima la lectura y se voten los tres incisos restantes en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión los incisos segundo a cuarto, inclusive, del artículo único.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: reitero que, según mi interpretación, si votamos negativamente, no podremos considerar las mismas salidas en este Período de la Legislatura. Entonces, tratando de hacer un correctivo vamos a afectar las autorizaciones para las salidas, y no creo que eso sea lo que pretende la Comisión.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BAYARDI.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señora Presidenta: en puridad, si viniera un proyecto de ley con las mismas fechas no se podría considerar, tal como afirmaba el señor Diputado Bayardi, pero lo que va a venir es un proyecto de ley con otras fechas y, por lo tanto, es una iniciativa diferente. Por consiguiente, de acuerdo con mi interpretación como médico -al igual que el señor Diputado Bayardi-, se puede votar en forma negativa con tranquilidad porque va a venir un nuevo proyecto de ley con otras fechas y, por lo tanto, será otra iniciativa.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta...

SEÑOR VEGA LLANES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BAYARDI.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR VEGA LLANES.- Señora Presidenta: si estas autorizaciones no se dan, no me inquieta porque hay una disposición constitucional que establece que las Cámaras deben aprobar las salidas de tropas, deben saber a qué van, etcétera. Podríamos derogar eso y, en tal caso, no habría necesidad de autorización, pero mientras lo mantengamos en el ordenamiento jurídico, hay que hacerlo con una seriedad absoluta y, en realidad, este proyecto decía que salían y volvían cualquier día. Es tomar esto de manera muy liviana. Así que si viene otro proyecto, macanudo, y si no viene, que no salgan, porque alguna vez hay que hacer cumplir las normas como corresponde, y si no las cumplen, no van y asunto arreglado. Además, ahorramos unos mangos.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: si viniera el mismo proyecto con otras fechas podríamos considerarlo como un proyecto distinto.

Quiero llamar la atención con respecto a algo que se planteó aquí sobre los proyectos que autorizan las salidas de tropas. En un caso no es lo mismo que se salga o no. Me refiero a la operación ANTARKOS XXVII que lleva el aprovisionamiento para un año a la Base Científica Antártica Artigas. Quiere decir que si no se hiciera esta misión, tendríamos que cerrar la Base y lograr que alguno nos traiga a los tripulantes que hoy están asignados allá.

Entonces, si un proyecto que viene con otras fechas pasa a ser otro proyecto, podría interpretarse sin violencia que puede ser tratado en este Período de la Legislatura. No tengo dudas de que debe volver al Senado; pero no sé si un proyecto referido a las mismas misiones puede ser considerado en este Período.

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BAYARDI.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: coincido con la visión que daba el señor Diputado Javier García. De cualquier manera, aunque ese criterio no se aceptara, considero que el Senado bien podría no avalar nuestras observaciones y, luego, la Asamblea General podría votar un proyecto global con todas las fechas correctas y los datos como corresponde. Creo que desde ningún punto de vista van a dejar de cumplirse las salidas que están programadas.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- He finalizado y voy a escuchar la explicación del señor Presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

SEÑOR AMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AMY.- Señora Presidenta: a esta altura de la noche es bastante complicado poder conciliar lo que habíamos planteado y acordado. En la Comisión acordamos claramente que era la última vez que se iban a votar en paquete misiones con fechas de ingreso y salida no determinadas y, a pesar del esfuerzo que hemos hecho, nuevamente estamos haciendo una excepción. Hasta hace algunas horas todavía el Comandante Caramés estaba preocupado por saber si íbamos a autorizar o no esta salida del país. Teniendo en cuenta la hora, debemos decir que falta de voluntad no ha existido. Ahora, lamento muchísimo si se tienen que quedar, porque de una vez por todas estas cosas tienen que venir en orden. Y uno de los que reclamaban -cuando era integrante de la Comisión de Defensa Nacional- que las solicitudes vinieran en tiempo y forma era el actual Ministro de Defensa Nacional. Entonces, es importante que no apoyemos esta iniciativa porque una de las misiones ya ha sido suspendida, se modificaron estas fechas, y tendremos que pedir que en el próximo Mensaje complementario también vengan modificadas. Esto no ha sido culpa de la Comisión; en eso hemos sido claros. Además, nos tomamos el trabajo de hablar con los tres Comandantes y decirles cómo tenían que venir las autorizaciones para salir en misión: con fechas de partida y de regreso, detalle de dotaciones y embarcaciones. Si no vamos a respetar más los acuerdos, será muy sencillo porque no vamos a votar ninguna salida más. Y créanme que en la Comisión hay mucha voluntad para que se deje salir a las misiones.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa interpreta que como las fechas han variado, se trata de un proyecto diferente.

En consecuencia, según el procedimiento aprobado, se va a votar en bloque los tres incisos.

(Se vota)

——Cero en sesenta y siete: NEGATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se devolverá al Senado.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo único.- Autorízase la salida del país de personal y buque de la Armada Nacional a efectos de realizar el Ejercicio de alistamiento naval del año 2010, acorde al siguiente detalle:

Buque ROU 01 "Uruguay" y una aeronave Armada 871 con su Plana Mayor y Tripulación compuesta de 150 integrantes, a efectos de participar en el Ejercicio ATLASUR VIII, el que se realizará entre el 26 de octubre y el 12 de noviembre de 2010, con escala en puertos de la República Argentina".

——No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Es la hora 23 y 53)

IVONNE PASSADA

PRESIDENTA

 

Tabaré Hackenbruch Legnani

Prosecretario
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor
 

Héctor Luis González

Supervisor del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.