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Nº 260 - TOMO 460 - 10 DE DICIEMBRE DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

64ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

EL SEÑOR SENADOR ARQUITECTO MARIANO ARANA Primer Vicepresidente

EL SEÑOR SENADOR DOCTOR FRANCISCO GALLINAL Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- El señor Senador Juan Justo Amaro, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y por su intermedio al Banco Hipotecario del Uruguay, relacionado con la situación de los promitentes compradores de las viviendas que integran el núcleo habitacional OC6 de la ciudad de Sarandí Grande, departamento de Florida.

- Oportunamente fue tramitado.

5) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Lara Gilene y Larrañaga.

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores Jorge Romero, Juan Andrés Ramírez, Gonzalo Aguirre y Carlos Garat, comunicando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo.

7) Exposición escrita

- El señor Senador Juan Justo Amaro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento del Senado, presenta una exposición escrita con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio al Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, relacionada con la existencia de vagones declarados fuera de servicio en la lo-calidad de Fray Marcos, departamento de Florida.

8) Problemática surgida a raíz de la aprobación de la Ley Nº 18.187, de colonización de tierras

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Instituto Nacional de Colonización, a las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca de ambas Cámaras, a la Asociación de Escribanos del Uruguay, al Colegio de Abogados del Uruguay, a la Asociación de Colonos, a la Asociación y a la Federación Rural del Uruguay y sus afiliadas, y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

9) Provisión de vacantes en cargos públicos con personas con discapacidad

- Manifestaciones del señor Senador Cid.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a todos los organismos que están obligados por ley a ajustar el manejo de las vacantes de acuerdo con el mecanismo que allí se establece, al PLENADI, a la Comisión Honoraria del Discapacitado, a la oficina local de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

- El señor Senador también solicita que los informes cuatrimestrales que eleva la Oficina Nacional del Servicio Civil se distribuyan a todos los señores Senadores.

10) Autonomía energética

- Manifestaciones del señor Senador Campanella.

11) Sexagésimo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a las Juntas y a los Gobiernos Departamentales.

12 y 17) Proyectos presentados

- Las señoras Senadoras Percovich y Topolansky, y los señores Senadores Oliver, Saravia y Vaillant presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se interpreta la nueva legislación que regula la titularidad de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias por intermedio de sociedades y asociaciones.

- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

- Los señores Senadores Francisco Gallinal, Enrique Antía y Luis Alberto Heber presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se suspende por el término de veinticuatro meses la aplicación de lo dispuesto en los literales f), g) y h) del artículo 3º del Título II de la Ley Nº 18.396, de 24 de octubre de 2008, en lo relacionado con los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

13 y 22) Régimen de trabajo

- Por moción de la señora Senadora Percovich, se procede al repartido de la Carpeta Nº 1410/08.

- Por moción de la misma señora Senadora, el Senado resuelve pasar los temas que figuran en el Orden del Día de hoy para una sesión extraordinaria a realizarse el próximo martes 16, en la que también se incluirán la Carpeta Nº 1410/08 y los asuntos que pudieran elevar las Comisiones que funcionen esta semana.

14, 16, 18, 20 y 23) Ley General de Educación

- Por moción de la señora Senadora Percovich, se procede al repartido de la Carpeta corres-pondiente y se declara su urgente consideración.

- Proyecto de ley por el que se declara de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Levantamiento del receso

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado resuelve habilitar el funcionamiento de las Comisiones luego del 15 de diciembre.

19 y 21) Cambio en la Integración de la Comisión Permanente del Poder Legislativo

- Habiendo comunicado el señor Senador Ríos su imposibilidad de integrar este órgano, el Senado resuelve designar como titular a la señora Senadora Xavier y como alterno al señor Senador Arana.

24) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 9 de diciembre de 2008.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 10 de diciembre, a la hora 9 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas referidas al derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral.

Carp. Nº 1027/07 - Rep. Nº 959/08

2) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Hospital Pasteur. (Plazo constitucional vence el 10 de febrero de 2009)

Carp. Nº 1385/08 - Rep. Nº 953/08

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Astori, Campanella, Camy, Castro, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gargano, Heber, Lapaz, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Mujica, Oliver, Penadés, Percovich, Ramela, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Alfie, Fernández Huidobro, Lara Gilene, Larrañaga y Ríos.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 41 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Senador Juan Justo Amaro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento del Senado, presenta una exposición escrita con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio al Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, relacionada con la existencia de vagones declarados fuera de servicio en la localidad de Fray Marcos, departamento de Florida.

- REPARTASE. SE VA A VOTAR LUEGO DE LEIDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas referidas al derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral.

- HA SIDO REPARTIDO Y ESTA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY"

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Juan Justo Amaro, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y por su intermedio al Banco Hipotecario del Uruguay, relacionado con la situación de los promitentes compradores de las viviendas que integran el núcleo habitacional OC6 de la ciudad de Sarandí Grande, departamento de Florida".

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 9 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Cúmpleme dirigirme a Ud. atento al artículo 118 de la Constitución de la República para solicitar al Banco Hipotecario del Uruguay a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la información que a continuación detallaremos ya que distintas familias del departamento de Florida, que habitan el núcleo habitacional OC6 de la ciudad de Sarandí Grande, compuesto por 48 viviendas, nos han hecho llegar su incertidumbre respecto a la cantidad de cuotas que componen el saldo deudor de la promesa de compraventa suscrita oportunamente con el citado Ente Público.

En tal sentido solicitamos la siguiente información:

1. Detalle de saldos adeudados, caso a caso, por los promitentes compradores del núcleo habitacional OC6 de la ciudad de Sarandí Grande, Departamento de Florida.

2. Confirmar si mantiene vigencia, por no existir modificaciones entre las partes posteriores a su firma, el Acta de entrega de llaves, anexo a la promesa de compraventa, el cual en su numeral N° 13 dice: "Cuota de Prest. 30 años, UR 2.91".

3. Se indique, de existir alguna variación al compromiso original, cuáles son las mismas y los motivos del cambio, así como que se adjunten, en caso de existir, los documentos modificativos de la promesa de compraventa y acta de entrega de llave firmada con el Banco Hipotecario del Uruguay por el referido núcleo habitacional (Se adjuntan documentos de 23 familias involucradas).

Sin otro motivo, lo saluda atentamente.

Juan Justo Amaro. Senador".

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión ordinaria del 9 de diciembre de 2008 faltaron con aviso los señores Senadores Antía y Gallinal.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 5 de diciembre faltaron con aviso los señores Senadores Mujica y Saravia.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 8 de diciembre faltaron con aviso la señora Senadora Xavier y el señor Senador Long.

A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 8 de diciembre faltaron con aviso los señores Senadores Mujica y Ríos.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara Gilene solicita licencia para los días 10 y 11 de diciembre."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 9 de diciembre de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración.

Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia para los días 10 y 11 de diciembre por motivos personales.

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente,

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se comunica al Cuerpo que el señor Jorge Romero ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria al Cuerpo, quedando convocado el señor Walter Campanella.

-Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Larrañaga solicita licencia para el día 10 de diciembre."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 10 de diciembre de 2008.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo se me otorgue 1 día de licencia a partir del día 10 de diciembre y se convoque a mi suplente correspondiente de conformidad con la Ley Nº 17.827, Artículo 1º, literal D).

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Jorge Larrañaga. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se comunica al Cuerpo que los señores Juan Andrés Ramírez, Gonzalo Aguirre y Carlos Garat han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, quedando convocado el señor Carlos Camy.

7) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la exposición escrita presentada por el señor Senador Amaro, de la que se diera cuenta en los asuntos entrados.

(Se vota:)

-15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 9 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicito se curse la presente exposición escrita al Señor Ministro de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio al Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado.

Hemos recibido el planteamiento de vecinos de la localidad de Fray Marcos, del departamento de Florida, a través del cual nos manifiestan que desde hace muchos meses se han dejado estacionados una gran cantidad de vagones de AFE en las proximidades a la Estación de ferrocarriles, los que de acuerdo a informaciones, en la mayoría de los casos fueron declarados fuera de servicio.

Haciéndonos eco de este hecho es que nos dirigimos al Directorio del Ente ferroviario, a los efectos de hacerles saber que pudimos comprobar en el propio lugar esta situación y que la misma provoca una polución visual dado que la Estación divide la localidad prácticamente en partes iguales. Esta situación genera una verdadera controversia ya que esta localidad ha logrado un importante desarrollo desde fines de la década de los 80 gracias al tesón y permanente trabajo de sus habitantes que con mucho esfuerzo han posibilitado, entre otras cosas, que los predios de AFE fueran embellecidos a través de la concreción de plazas y espacios verdes con hermosa forestación que revirtieron el aspecto de esta localidad.

Por tanto Sr. Presidente, a través de estas palabras solicitamos a las autoridades ferroviarias, que de forma urgente, se tomen las medidas necesarias y que rápidamente esos vagones sean retirados del lugar para que los mismos no sigan dividiendo y dando una imagen de deterioro y desprolijidad, que en nada colabora con los sueños de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Agregamos que situaciones similares se están dando en otros centros poblados de Florida, por lo que también solicitamos que se tengan en cuenta esas situaciones y que se haga un relevamiento, con lo que de tomarse medidas se estará trabajando en un esfuerzo mancomunado de gobernantes y ciudadanos que en todo el país, han buscado mejorar el entorno de los espacios públicos de propiedad de AFE.

Sin otro motivo, lo saluda atentamente.

Juan Justo Amaro. Senador."

8) PROBLEMATICA SURGIDA A RAIZ DE LA APROBACION DE LA LEY Nº 18.187, DE COLONIZACION DE TIERRAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Muchas gracias señor Presidente.

"Hoy tengo que insistir en una situación que ya en su momento consideré lamentable. Se trata de que la Ley Nº 18.187, llamada ‘de Colonización de Tierras’, tenga aplicación con efecto retroactivo sobre colonos que adquirieron sus tierras a través de la ley anterior a la que creó el Instituto Nacional de Colonización, la Nº 11.029, del 12 de enero de 1948.

Sostuve en aquella oportunidad, y reitero ahora, que buscando incorporar tierras para nuevos colonos, se desconocen derechos incorporados en las primeras leyes de colonización, que regulaban la adquisición de predios rurales al Banco Hipotecario del Uruguay, que dio origen a la creación de numerosas colonias.

Ninguna de las disposiciones vigentes hasta 1948 para la adjudicación de tierras establece la obligación de pedir autorización para enajenar o gravar el inmueble cuando el beneficiario ya hubiera pagado la deuda al Banco.

Una vez amortizado el préstamo, el dueño del predio era libre de disponer de su propiedad sin limitaciones, tal como lo establece el Derecho común.

Asimismo, la Ley de Colonización limitó la disponibilidad, pero respetó el criterio de que las normas no deben ser retroactivas, para no cambiar las reglas de juego violando el principio de certeza jurídica.

La nueva ley limitó severamente el derecho de propiedad de bienes adquiridos dentro del régimen e incluso determinó que toda enajenación, gravamen, subdivisión o cesión debe hacerse con la autorización previa de Colonización, aun en el caso de que el colono haya satisfecho todas sus obligaciones.

Invocando el interés general, no apuntamos al objetivo de seriedad y seguridad jurídica, pues el Estado aparece confiscando o reteniendo por vía indirecta el patrimonio de personas que legítimamente adquirieron predios, no sin poco esfuerzo, hace más de 60 años, y hoy son destratados simplemente por haber confiado en la ley.

La seguridad jurídica es un elemento clave para la vigencia del Estado de Derecho, y da sustentabilidad al ordenamiento institucional al consagrar derechos de propiedad inviolables, incluyendo la posibilidad de la expropiación mediante justa indemnización.

Por todo esto, presentamos un proyecto de ley que intenta enmendar lo que en la norma referida aparecen como evidentes vicios de inconstitucionalidad y violación a derechos fundamentales que hacen a la seguridad jurídica que rigen en nuestro Estado de Derecho.

En la propuesta correspondiente, presentada el 13 de mayo último, se incluye que todo propietario, antes de vender un campo de una extensión igual o superior al equivalente a 500 hectáreas de índice de productividad CONEAT 100, está obligado a ofrecerlo en primer término a Colonización, que tendrá preferencia para la compra en iguales condiciones.

Al tiempo, la propiedad, uso o goce de las parcelas que formen las colonias estarán afectadas a los fines de interés colectivo que esta ley promueve y en toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, debe hacerse con la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización aun en el caso en que el colono haya satisfecho íntegramente sus obligaciones. Incluso se faculta a Colonización a oponerse a cualquier operación que entienda contraria al principio establecido en la propuesta.

Por ser injusto y contrario a Derecho, queda en claro que las fracciones enajenadas por el Banco Hipotecario previamente a la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948, o las que formaban parte de las colonias creadas anteriormente a esa norma, incluso las privadas, no deben quedar comprendidas por las disposiciones de esta ley, debiéndose regir por el Derecho común.

La seguridad jurídica es fundamental para asegurar reglas de juego estables a los potenciales inversores y operadores económicos, que necesitan ponderar sus decisiones sobre la base de una certeza que los habilite a considerar la viabilidad o no de la explotación.

Esta es la garantía que deben dar los países que llamamos ‘en serio’ -expresión que muchas veces se usa para indicar que el nuestro no pertenece a esa categoría-, a efectos de asegurar que cada uno sepa lo que está en juego en las decisiones de riesgo, y precisamente es el Estado el que tiene que ser gestor de estas condiciones.

En vías de lograr, urgente, los mencionados objetivos, viendo que se viene el receso, las vacaciones de verano, y que están pasando los seis meses votados por el Parlamento, con vencimiento el 2 de abril, para encontrarle una solución a este tema, requiero que mis palabras sean enviadas a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Instituto Nacional de Colonización, a las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca de ambas Cámaras, a la Asociación de Escribanos del Uruguay, al Colegio de Abogados del Uruguay, a la Asociación de Colonos, a la Asociación y a la Federación Rural del Uruguay y sus afiliadas, y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

Muchas gracias señor Presidente".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) PROVISION DE VACANTES EN CARGOS PUBLICOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, cuya redacción luego fuera modificada por la Ley Nº 18.094, del año 2007, y su decreto reglamentario, del mismo año, establece que el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales, tienen la obligación de informar, cada cuatro meses, las vacantes originadas, los créditos generados y el número de cargos provistos con personas sin discapacidad y con discapacidad. En las leyes referidas, el Legislador establece que el 4% de las vacantes deben ser reservadas para personas con discapacidad documentadas ante el Ministerio de Salud Pública por medio de un tribunal integrado por profesionales debidamente capacitados. Asimismo, encomienda a la Oficina Nacional del Servicio Civil la tarea de solicitar a los organismos y entidades obligadas, que remitan a ese organismo el número de vacantes generadas, así como la cantidad de personas con discapacidad que ocuparon dichas plazas. Esta información debe ser elevada anualmente a la Asamblea General.

La semana pasada, cuando tenía ya redactado un pedido de informes sobre este tema en función de lo denunciado por personas con discapacidad a quienes en varios organismos del Estado les comunicaron el desconocimiento de tal resolución, la Secretaría de nuestro Presidente me hizo llegar el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, fechado en julio de 2008. En el mencionado informe se comprueba que, de los organismos obligados por la ley, solamente se han ajustado a ella -reconozco que es antipático realizar esta enumeración, pero tampoco sería justo excluir a aquellos que sí tuvieron en cuenta la normativa- el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación y Cultura, el Banco de Previsión Social, la Administración Nacional de Puertos, la Administración de Obras Sanitarias del Estado, las Intendencias Municipales de Canelones, Colonia y Salto, y la Junta Departamental de Montevideo. Si bien en la mayoría de los casos la información proporcionada fue suficiente, en otros fue catalogada por la Oficina Nacional del Servicio Civil como de carácter incompleto.

En la Ley Nº 17.216, del año 1999, se establece la responsabilidad de los jerarcas que no cumplan con lo dispuesto en las referidas leyes y se dispone la posibilidad de caracterizar su conducta como causal de omisión, lo que tiene consecuencias constitucionales notorias. Basándonos en este alcance y en el énfasis que el Legislador puso en contemplar a las personas con discapacidad, es que propongo al Cuerpo que la versión taquigráfica de mis palabras se curse a todos los organismos que están obligados por ley a ajustar el manejo de las vacantes de acuerdo con el mecanismo que allí se establece.

Solicito, asimismo, que los informes cuatrimestrales que eleva la Oficina Nacional del Servicio Civil se distribuyan a todos los señores Senadores, a efectos de supervisar el cumplimiento de las normas. El objetivo de este planteo es cumplir con las leyes vigentes y adaptarnos a la normativa de las Naciones Unidas, que en su artículo 27 declara que los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás.

Finalmente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita al PLENADI, a la Comisión Honoraria del Discapacitado, a la oficina local de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) -que demostró estar interesada en este tema, así como otras organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema- y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, en reconocimiento de su trabajo, sobre el cual quiero señalar, en este mismo acto, que es muy prolijo, extenso, detallado, minucioso y redactado con gran objetividad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Cid.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) AUTONOMIA ENERGETICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Campanella.

SEÑOR CAMPANELLA.- Señor Presidente: coherentes con lo que siempre hemos manifestado, queremos aprovechar cada minuto y cada segundo del tiempo que tengamos para hablar del tema energético.

Ante todo, quiero informar al Cuerpo que el día martes 2 realizamos la presentación del libro "Rumbo a la autonomía energética" -que ya fue entregado a los compañeros Senadores- en el departamento de Tacuarembó. Previamente estuvimos en Presidencia para entregarle al señor Presidente de la República -porque creíamos que así debía ser- un ejemplar. A su vez, tenemos previsto presentarlo aquí, en el Palacio Legislativo, el día 17, y en el departamento de Treinta y Tres el día 19, con el auspicio de la Junta Departamental. Es una propuesta concreta, que podrá ser compartida o no, pero que procura aportar una salida a esta situación de fragilidad que vive nuestro país en el tema energético. La idea es, justamente, buscar un rumbo para la autonomía energética y apuntar, en concreto, a la diversificación y generación electronuclear, porque creemos que lo que más necesita el Uruguay es energía firme, y debemos tener 700 megavatios generados por un reactor nuclear CANDU 6, de origen canadiense, además de todas las otras fuentes que puedan existir.

Por este tema, en algunas épocas tenemos más problemas y en otras menos, pero a veces hacemos oídos sordos y les exigimos a los técnicos más de lo que debemos. Entendemos que se les puede exigir el asesoramiento y la ejecución, pero la decisión debe ser del sistema político; sin embargo, desde el fondo de la historia les hemos trasladado absolutamente toda la responsabilidad a los técnicos, mientras el sistema político está en una siesta eterna y muy pocas veces decide lo que debe hacerse en materia energética.

Como todos sabemos, el barril de petróleo tenía un precio de US$ 26 en el año 2002, de US$ 31 en el 2003, de US$ 41 en el 2004, de US$ 56 en el 2005, y después subió hasta US$ 145,27 en el mes de julio de este año. Ahora estamos otra vez en cifras parecidas a las del año 2005. Entonces, cabe preguntarse si hemos mejorado algo.

Quiero transmitir al Cuerpo -porque quizás los señores Senadores no lo sepan- que el 28 de noviembre la demanda fue de 26.600 megavatios. Salto Grande aportó el 38,8%; las centrales térmicas, el 40,6%; las represas del río Negro, el 19,85% y no tuvimos importación de la Argentina, porque no estaba disponible. En tanto, la demanda de hoy está prevista en 25.310 megavatios, de los cuales 6.110 provienen de Salto Grande -es decir, un 24,14%- y 9.600 -que representan el 37,92%- de las centrales térmicas; las represas del río Negro no están funcionando; Argentina, por contrato, nos vede 3.120 megavatios, y de emergencia, 6.000 megavatios más, por lo que estamos hablando de que la importación representa un 36%. Si a esto agregamos la generación de las centrales térmicas, nos encontramos con que un 74% de la demanda energética del Uruguay proviene de estas fuentes. No debe existir fragilidad más grande que esa.

Por eso, señor Presidente, queríamos hacer un aporte más de nuestra posición, que entendemos se debe discutir a nivel de toda la sociedad, pero con posición tomada; no es tiempo de imparciales.

Muchas gracias, señor Presidente.

11) SEXAGESIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: no podíamos permanecer en silencio el día en que se cumplen los sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, quería referirme a las leyes que hemos aprobado en este período legislativo, que tienen relación con la generación de derechos -porque me parece que es bueno que las recordemos, ya que son parte del capital que estamos aportando desde nuestra función legislativa- y que están enmarcadas dentro de los convenios internacionales que nuestro país ha ratificado.

Voy a empezar a nombrar dichas normas de acuerdo con la fecha en que fueron votadas. La primera fue la declaración de ausencia -iniciativa que venía del Poder Ejecutivo y que nunca se llegó a tratar-, que tiene que ver con la apertura legal y la sucesión de los desaparecidos confirmados por la Comisión para la Paz; luego se votó el proyecto de ley sobre humanización y modernización del régimen del sistema carcelario, al que se le dio un marco de Derecho, en esa aspiración permanente de mejorar dicho sistema; se aprobó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; se ampliaron las potestades al Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario -recordemos su instalación, que es un aporte bien importante de este período legislativo-; se creó un registro de deudores alimentarios, que tiene que ver con los derechos de la niñez; se aprobó un procedimiento que adopta el Uruguay de cooperación con la Corte Penal Internacional, así como la definición de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra; se promovió una reparación a los perseguidos políticos por la dictadura, a través de la Ley Nº 18.033, en la que se establece la recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios a los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales durante ese período; se aprobaron normas con relación a las trabajadoras domésticas -y a los trabajadores domésticos, en caso de que los hubiera-, que entendemos amparan el derecho de miles de mujeres que nos ayudan a disponer de un tiempo para realizar nuestro trabajo; se aprobó un Estatuto del Refugiado, que era otro debe que tenía el país; se modificó la Ley Nº 16.095, quedando aprobada una reglamentación precisa para el ingreso al Estado de personas con discapacidad; se legisló con respecto a las normas a las que se deben acoger las empresas que tercerizan, a efectos de proteger a sus trabajadores, quienes se veían bien disminuidos en sus derechos; se promovió el interés general de la ley de igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres; se otorgó una prórroga especial con respecto a la Ley Nº 18.033, porque fueron muchas las demandas recibidas en cuanto a la pensión reparatoria; se hizo una declaración de obligatoriedad de la educación física, y se estableció la educación obligatoria a partir de los cuatro años -son temas que vamos a incluir en la ley de educación, pero que ya fueron votados por esta Cámara-; se legisló sobre la prohibición del castigo físico a los niños; se aprobó la ley de unión concubinaria, en la que se establecieron nuevos derechos; se votó la Ley de Migración; se reglamentó sobre el consumo del tabaco y su comercialización; se aprobaron una serie de derechos que tienen que ver con la seguridad social; se legisló sobre el habeas data, es decir, la protección de los datos personales y el acceso a la información; se aprobaron normas sobre los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios; se aprobó la Convención Interamericana sobre la Adopción de Menores; se otorgaron licencias especiales para los trabajadores del Banco de Previsión Social; hubo una flexibilización de la causal jubilatoria y se legisló sobre los regímenes de los seguros de desocupación; se trabajó en las normas relacionadas con los derechos de la salud sexual y reproductiva, y muchas otras que tienen que ver con la legislación laboral y la seguridad social.

Por lo tanto, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras -en las que realizamos un breve resumen de las leyes aprobadas, aunque seguramente omitimos muchas otras- se envíe a las Juntas y a los Gobiernos Departamentales, porque me parece importante que esto se tenga en cuenta para la acción política y social que desarrollan los Legisladores en esos ámbitos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Percovich y Topolansky, y los señores Senadores Oliver, Saravia y Vaillant presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se interpreta la nueva legislación que regula la titularidad de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias por intermedio de sociedades y asociaciones.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA."

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"Exposición de Motivos

Ante las diversas interpretaciones que se han efectuado sobre los siguientes aspectos de la nueva legislación que regula la titularidad de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias por intermedio de sociedades o asociaciones:

a) El alcance del plazo legal establecido por el artículo 2º de la ley N° 18.092 de 7 de enero de 2007 en la redacción dada por el artículo 349 de la ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, y los respectivos decretos reglamentarios, para que las sociedades anónimas y en comandita por acciones, así como las demás sociedades o asociaciones referidas en dicha normativa, que fueren titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias, adecuaran su capital al régimen establecido por la referida normativa.

b) Los actos que estas personas jurídicas pueden realizar durante el plazo otorgado por el Legislador para su adecuación.

Resulta conveniente y necesario a la seguridad jurídica, pilar esencial para el desarrollo de las actividades productivas, que el Legislador las despeje completamente mediante la aprobación de este proyecto de ley, que recoge la interpretación efectuada por el Poder Ejecutivo en el artículo 11 del Decreto 225/007 de 25 de junio de 2007 en la redacción dada por el artículo 2º del Decreto 201/008 de 1º de abril de 2008 y que es la única que garantiza que estos cambios de política legislativa agropecuaria no produzcan distorsiones u obstáculos en el desarrollo del sector.

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero -

El plazo otorgado a las sociedades y demás asociaciones a que se alude en el inciso 1º del artículo 2º de la ley Nº 18.092 de 7 de enero de 2007 en la redacción dada por el artículo 349 de la ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007, que fueren titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias, y realicen las actividades referidas en el artículo 3º de la ley N° 17.777, de 21 de mayo de 2004, para que se adecuen al régimen establecido por las normas legales referidas, vence el 31 de diciembre de 2009, por lo que si a esa fecha no adecuaron su capital o no obtuvieron la autorización del Poder Ejecutivo a que refiere el artículo 1º inciso 4º de la ley N°18.092 en la redacción dada por el artículo 349 de la ley N° 18.172, se considerarán disueltas de pleno derecho a todos los efectos legales.

Artículo Segundo -

Declárase con carácter de ley interpretativa, que durante el plazo otorgado para la adecuación de su capital a que refiere el artículo anterior de la presente ley, las referidas personas jurídicas, pueden realizar válidamente todos los actos y contratos lícitos, aún aquéllos en los que la ley requiere su registro, que estimen necesarios o convenientes".

13) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: solicito que se reparta la Carpeta Nº 1410/08, a fin de que pueda ser tratada en el día de hoy como urgente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la distribución de la referida carpeta.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) LEY GENERAL DE EDUCACION

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para otra cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- En el Orden del Día figura un proyecto de ley que había sido aprobado por la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, pero con el resto de los señores Senadores hemos acordado tratar en el día de hoy la Carpeta Nº 1402/08, correspondiente al proyecto de ley de educación, por lo que solicito su distribución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la distribución de la Carpeta Nº 1402/08.

(Se vota:)

-18 en 22. Afirmativa.

15) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en razón de que el día 15 de diciembre finaliza el período legislativo, solicito que se habilite el funcionamiento de las Comisiones luego de esa fecha. Seguramente, la Presidencia también convocará al Plenario para alguna sesión extraordinaria, en virtud de que todavía hay temas pendientes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

16) LEY GENERAL DE EDUCACION

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en virtud del acuerdo alcanzado entre todos los señores Senadores, solicito que se altere el Orden del Día y se trate en primer término el proyecto de ley de educación, una vez que se haya repartido.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, señora Senadora, hay que votar la urgencia, porque acabamos de votar el distribuido de la carpeta correspondiente.

Se va a votar si se declara urgente y se trata de inmediato el proyecto de ley de educación.

(Se vota:)

-16 en 23. Afirmativa.

En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se declara de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. (Carp. Nº 1402/2008)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1402/08

Dist. 2972/08

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 2 de junio de 2008.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo Alto con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley General de Educación y la exposición de motivos que se acompaña.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente y por su intermedio al resto de los integrantes de ese Alto Cuerpo, con la consideración más distinguida.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Héctor Lescano, Ernesto Agazzi, María Simon, Ricardo Bernal, Gonzalo Fernández, José Bayardi, María Julia Muñoz, Jack Couriel, Víctor Rossi, Marina Arismendi, Jorge Bruni, Daniel Martínez.

PROYECTO DE LEY GENERAL DE EDUCACION

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación es la mejor inversión que un país pueda hacer para su desarrollo individual y colectivo. De la educación que se ordene ahora dependerá en gran parte cómo sea el Uruguay dentro de veinte o treinta días.

El Gobierno Nacional, obedeciendo a un compromiso ético, especialmente con los sectores más desfavorecidos, y al mandato otorgado por la ciudadanía, está desarrollando un proyecto de país democrático, solidario y con justicia social. Ha impulsado e impulsa el desarrollo productivo, promoviendo la innovación, la ciencia, la tecnología y la inserción competitiva de Uruguay a la región y al mundo, así como la cultura y su accesibilidad. Coherente con estos propósitos, desde el primer momento ha reconocido el papel central de la educación en ese proyecto.

La inversión del 4.5% del Producto Bruto Interno para la educación pública demuestra la prioridad que se le otorga a la educación como un derecho humano fundamental. Sin embargo, la sola asignación de recursos no es suficiente. Es preciso un proyecto que comprometa a toda la sociedad y que asegure que estos recursos son destinados a lograr los objetivos deseados. Por esta razón se propone una Ley General de Educación que contenga fuertes elementos programáticos.

La intención de aprobar una nueva ley de educación fue señalada desde un comienzo por este gobierno y consagrada en el acuerdo firmado por todos los partidos con representación parlamentaria en febrero de 2005.

La aprobación de una nueva Ley de Educación es una deuda del sistema político con la educación. La Ley N° 15.739, permitió el tránsito de la dictadura a la democracia. Sin embargo, su propia denominación, "Ley de Emergencia", recoge el sentir mayoritario de que era necesario elaborar otra norma legal. Esta ley, por su contenido y denominación no condice con el rol protagónico que la ciudadanía y este Gobierno asignan a la educación.

Si bien una Ley no opera por sí misma los cambios, sí puede y debe facilitarlos, favorecerlos y orientarlos programáticamente.

En atención al objetivo de elaborar una Ley que abarque a toda la educación, desde el nacimiento hasta la vida adulta, el presente proyecto deroga a la Ley N° 16.802, que regula las "guarderías", privadas e incorpora la educación de la primera infancia al Sistema Nacional de Educación.

El gobierno se comprometió a que la discusión y elaboración de la nueva Ley de Educación se hiciera con la más amplia participación de todos los sectores directa o indirectamente involucrados. Por ello, se realizó durante 2006 el Debate Nacional sobre la Educación, promovido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (UdelaR) y organizado por una Comisión integrada por personas de amplia representatividad de todos los ámbitos de la educación nacional y de los partidos políticos. El Proyecto de Ley que se presenta al Poder Legislativo se nutre de este proceso y pretende dar continuidad al mismo al abrir espacios de participación social diversos, incluida la institucionalización del Congreso Nacional de Educación con cometidos de asesoramiento y consulta.

Se propone un ordenamiento de acuerdo a principios impulsados por el Gobierno y recogidos en el proceso del Debate. El Proyecto establece metas de futuro inmediato y mediato para un proyecto educativo sólido y abarcativo, y establece la coordinación entre dicho proyecto educativo y el proyecto de país democrático, productivo, innovador e integrado. Aspira a ser un marco flexible, capaz de generar los elementos para su propia transformación.

La meta es educación de calidad, con equidad, relevancia y pertinencia para todos, como derecho inalienable, y durante toda la vida, en una sociedad de aprendizaje, tanto de saberes organizados en disciplinas como de actitudes y modos de vida. Democratización de una educación conectada con el trabajo, en que todos puedan seguir aprendiendo siempre.

Se mantienen y exaltan los principios varelianos: laicidad, gratuidad y obligatoriedad. En particular se establecen las metas programáticas de obligatoriedad de la enseñanza desde los 4 años y hasta la educación media superior con extensión del horario a un mínimo de 900 horas al año, con vistas a llegar a la jornada escolar extendida para todos los niños y jóvenes, de manera que las oportunidades de cada uno no estén signadas por su origen. Metas sumamente ambiciosas pero imprescindibles para el Uruguay del siglo XXI.

El proyecto pretende lo mismo que se quiere para los propios hijos, o para los jóvenes compatriotas. Que sean buenas personas, solidarios, honestos: entonces las líneas trasversales que atraviesan el proyecto en Derechos Humanos, formación en ciudadanía y desarrollo de criterio propio. No como asignaturas, sino que impregnen toda la educación. Que lleguen a ser independientes: entonces la formación en el trabajo, para un mundo en que la capacitación es un requisito imprescindible. Que entiendan el mundo en que viven y sean capaces de transformarlo: para ello conocimientos científicos y sociales. Que sean capaces de disfrutar de la vida individual y social: por eso educación en artes, para la salud, la educación física, la recreación, la sexualidad. Que comprendan la relación de los seres humanos con la naturaleza, por eso la educación ambiental. Que sean capaces de comunicarse adecuadamente, por ello la educación lingüística.

Hay muchas formas de aprender que deben ser estimuladas y reconocidas, por eso se habla de sociedad de aprendizaje. Se aprende en el trabajo, en los sindicatos, en organizaciones variadas. Por este motivo se incluye la educación no formal y se establecen sus lazos con la formal.

Se apunta a una educación cuyo sujeto es el educando. Se jerarquiza el centro educativo como un espacio de aprendizaje y de socialización clave para la política educativa nacional, promoviendo la participación de alumnos, docentes, padres o representantes y de la comunidad. Se estimula la descentralización, creando Comisiones Departamentales y posibilitando instancias regionales.

Se propone un sistema coordinado, que en su parte formal contempla los siguientes niveles.

- La educación inicial (3 a 5 años de edad), la educación primaria (de seis años de duración) y la educación media básica (de tres años).

- Esta educación media básica busca atender los intereses y necesidades de los adolescentes y se propone recoger todas las experiencias de la enseñanza secundaria, la técnico profesional y la rural.

- La enseñanza media superior tiene varias orientaciones y perfiles, que pueden ser de egreso o de tránsito.

- La enseñanza terciaria tiene tres vertientes: la profesional, la universitaria y la formación para la educación. El tránsito o la reválida entre las tres será facilitado por el reconocimiento de créditos y por la posibilidad de cursos de complementación.

- Los niveles de post grado son maestría y doctorado.

Se prevé que desde las distintas vertientes sea posible llegar a los niveles más altos.

La educación media se estructura de manera que el aprendizaje sea uno solo en cuanto a aprender trabajando y trabajar aprendiendo, generando egresados capaces de integrarse al mundo del trabajo y de seguir estudiando a través de diferentes opciones terciarias. Se busca entonces que trabajo y estudio no sean antagónicos sino complementarios en la vida.

Se da especial importancia a las formaciones de tipo profesional y terciario (incluyendo tecnologías, comerciales, idiomas, servicios); son opciones de interés para muchas personas y son indispensables para el desarrollo del país.

El Proyecto de Ley caracteriza como universitaria la formación de los docentes. Para ello, se crea el Instituto Universitario de Educación el que deberá consignar el cogobierno de los actores directos, y recibir el apoyo y la complementariedad de la Universidad de la República, admitiendo que estas formaciones deben ser compatibles y de tránsito fácil entre ellas. Esta nueva institucionalidad, en el futuro podría desembocar en la autonomía de este Instituto o en la creación de una nueva Universidad.

El Proyecto atiende la educación de personas jóve-

nes y adultas, de personas con alguna forma de discapaci-dad, de la población carcelaria, procurando la integración de todos a la educación a la que acuden las personas de similar edad, para promover la integración social y la tolerancia.

En la formación terciaria profesional y en la de educación, se prevé la participación de la Universidad de la República, creando sistemas abiertos, que colaboren en la capacitación de personas, en la investigación en sus diferentes disciplinas, así como en la enseñanza y en el aprendizaje.

Se busca entonces que el sistema sea un gran cuerpo coordinado a su interna, coordinado con la investigación, la innovación y la cultura y coordinado con el desarrollo. Se establecen equilibrios entre coordinación, autonomía y participación, entre multiplicidad de actores y especializaciones; equilibrios que no deben ser disyuntivos sino constructivos. El Consejo Directivo Central de la ANEP, autónomo, estará integrado con personas designadas por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, como actualmente, ya que el gobierno electo representa a la ciudadanía y tiene entre sus roles armonizar el proyecto educativo con el de desarrollo nacional. Incluye la elección de dos miembros por los docentes del Ente. Dos miembros de los consejos de educación dependientes del CDC de ANEP serán designados por el propio CDC y uno de ellos será electo por el cuerpo docente del respectivo Consejo. La participación docente en la elección de dos consejeros del CDC y uno en cada Consejo constituye un cambio sustancial, promueve la coparticipación de los docentes y responde a la consideración de que no hay transformaciones en la educación sin su participación.

La Ley crea en el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP), conformado por el MEC, la ANEP y la UdelaR. El propósito es que el Estado tenga un ámbito de concertación y coordinación de políticas educativas y que permita que cada institución se responsabilice de su propio ámbito.

Se crean mecanismos de evaluación independientes que permiten rendir cuentas a la sociedad y tener bases objetivas para seguir cambiando fundadamente. La creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una innovación clave para conocer la realidad y para rendir cuentas a la sociedad de cómo se avanza en materia educativa.

En suma, el país necesita una Ley General de Educación, que conforme un verdadero sistema educativo articulado con el proyecto de desarrollo del país, que establezca metas y objetivos ambiciosos, propios del Siglo XXI, que incorpore y promueva innovaciones, que permita crear nuevas instituciones y que abra espacios de participación docente, estudiantil y social. Lo necesita porque la situación actual no satisface y requiere cambios. Uruguay requiere una Ley para cambiar la educación para que colabore en la transformación del país.

Montevideo, mayo de 2008.

TITULO I

DEFINICIONES, FINES Y ORIENTACIONES GENERALES

CAPITULO I

Artículo 1°. (De la educación como derecho humano fundamental).-

Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.

Artículo 2°. (De la educación como bien público).-

Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo -físico, psíquico, ético, intelectual y social- de todas las personas sin discriminación alguna.

Artículo 3°. (De la orientación de la educación).-

La Educación estará orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada a través del trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto al medio ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía, como factores esenciales del desarrollo sostenible, la tolerancia, la plena vigencia de los derechos humanos, la paz y la comprensión entre los pueblos y las naciones.

Artículo 4°. (De los Derechos Humanos como referencia del ejercicio del derecho a la educación).-

La Educación tendrá a los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución de la República y en el conjunto de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, como elementos esenciales incorporados en todo momento y oportunidad a las propuestas, programas y acciones educativas, constituyéndose en un marco de referencia fundamental para la educación en general y en particular para los educadores en cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

Artículo 5°. (Del sujeto de la educación).-

Los titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación, son los educandos. Los educadores como agentes de la educación deben formular sus objetivos y propuestas, y organizar los contenidos en función de los educandos, de cualquier edad.

CAPITULO II

Artículo 6°. (Interpretación).-

Para la interpretación de esta ley, se tendrán en cuenta las disposiciones y principios generales que informan la Constitución de la República, los tratados internacionales en la materia, las leyes nacionales y demás instrumentos internacionales que obligan al país. En caso de duda, se deberá recurrir a los criterios generales de interpretación y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

Artículo 7°. (Integración).-

En caso de vacío legal o insuficiencia se deberá recurrir a los criterios generales de integración y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

Artículo 8°. (Principio específico de interpretación e integración).

Para la interpretación e integración de esta ley se deberá tener en cuenta el interés superior del educando, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana. En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos.

TITULO II

DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACION

CAPITULO I

Artículo 9°. (De la universalidad).-

Todos los habitantes de la República son titulares del derecho a la educación, sin distinción alguna.

El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres.

Artículo 10. (De la obligatoriedad).-

Es obligatoria la educación inicial para los niños de cuatro y cinco años de edad, la educación primaria y la educación media básica y superior. A tales efectos, se asegurará un mínimo de actividad curricular de novecientas horas anuales a los alumnos de educación primaria y media básica.

Los padres o responsables legales de niños y adolescentes, tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje.

Artículo 11. (De la diversidad e inclusión educativa).-

El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social.

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.

Artículo 12. (De la participación).-

La participación es un principio fundamental de la educación, en tanto el educando debe ser sujeto activo en el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los saberes. Las metodologías que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y la autonomía de las personas.

Artículo 13. (De la libertad de enseñanza).-

La libertad de enseñanza estará garantizada en todo el territorio nacional y tal, como lo establece el Art. 68 de la Constitución de la República, la intervención del Estado será "al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos". Asimismo promoverá la calidad y pertinencia de las propuestas educativas.

Artículo 14. (De la libertad de cátedra).

El docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio.

Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura.

TITULO III

POLITICA EDUCATIVA NACIONAL

Artículo 15. (Concepto).-

La Política Educativa Nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los habitantes del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado, tanto de carácter formal como no formal.

Asimismo, el Estado articulará las políticas educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico y económico. También articulará las políticas sociales para que favorezcan al cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional.

Artículo 16. (Fines).-

La Política Educativa Nacional tendrá en cuenta los siguientes fines:

1. Promover la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración regional y la convivencia pacífica.

2. Procurar que las personas adquieran aprendizajes que les permitan el desarrollo de las competencias relacionadas con aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que todas las personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultura local, nacional, regional y mundial.

3. Formar personas reflexivas, autónomas, solidarias y protagonistas de la construcción de su comunidad local, de la cultura, la identidad nacional y de una sociedad con desarrollo sostenible.

4. Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la resolución de conflictos y una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto a los demás y la no discriminación.

5. Fomentar diferentes formas de expresión, promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada persona.

6. Estimular la creatividad y la innovación científica y tecnológica.

7. Integrar el trabajo como uno de los componentes fundamentales del proceso educativo, promoviendo la articulación entre el trabajo manual e intelectual.

Artículo 17. (Tratados internacionales y cooperación internacional).-

Los Poderes del Estado, en el ejercicio de la representación indirecta de la soberanía de la Nación, al definir la Política Educativa Nacional promoverán, que la educación sea concebida como un bien público y que la cooperación internacional sea coadyuvante a los fines establecidos en el artículo precedente. No se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con Estados u Organismos Internacionales, que directa o indirectamente signifiquen considerar a la ecuación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización.

TITULO IV

PRINCIPIOS DE LA EDUCACION PUBLICA

Artículo 18. (Principios).-

La educación estatal se regirá por los principios de gratuidad, de laicidad e igualdad de oportunidades, además de los principios y fines establecidos en los títulos anteriores. Toda institución estatal dedicada a la educación deberá velar en el ámbito de su competencia por la aplicación efectiva de estos principios.

Artículo 19. (De la gratuidad).-

El principio de gratuidad asegurará el cumplimiento efectivo del derecho a la educación y la universalización del acceso y permanencia de las personas en el sistema educativo.

Artículo 20. (De la laicidad).-

El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y critico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias.

Artículo 21. (De la igualdad de oportunidades o equidad).-

El Estado brindará los apoyos específicos necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación de vulnerabilidad, a los efectos de que alcancen una real igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes.

El Estado asegurará a los alumnos que cursen la enseñanza pública obligatoria el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Promoverá su máximo aprovechamiento para la educación, su uso con sentido y su apropiación por parte de los educandos.

Artículo 22. (De los recursos).-

El Estado promoverá los recursos necesarios para asegurar el derecho a la educación y el cumplimiento de lo establecido en esta ley.

TITULO V

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION

CAPITULO I

AMBITO

Artículo 23. (Concepto).-

El Sistema Nacional de Educación es el conjunto de propuestas educativas integradas y articuladas para todos los habitantes a lo largo de toda la vida.

CAPITULO II

LA EDUCACION FORMAL

Artículo 24. (Concepto).-

La educación formal estará organizada en niveles que son las diferentes etapas del proceso educativo, que aseguran su unidad y facilitan la continuidad del mismo.

Artículo 25. (De la estructura).-

La estructura de la educación formal se estructurará de acuerdo a los siguientes niveles:

Nivel Descripción

0 Educación Inicial: 3, 4 y 5 años de edad

1 Educación Primaria

2 Educación Media Básica

3 Educación Media Superior

Incluye tres modalidades: educación general, educación Tecnológica y formación técnica y profesional.

4 a. Educación Terciaria. Incluye cursos técnicos no universitarios, tecnicaturas y educación tecnológica superior.

b.Formación en educación con carácter universitario.

c. Educación Terciaria Universitaria: Incluye carreras de grado.

5. Educación de postgrado.

Artículo 26. (De la movilidad de los estudiantes).-

Los conocimientos o créditos correspondientes, adquiridos dentro de cualquiera de los niveles educativos, serán reconocidos o revalidados de forma de permitir la movilidad horizontal de los educandos.

Se facilitará la movilidad de los estudiantes entre las modalidades del nivel 4, reconociendo o revalidando los conocimientos adquiridos en cada una de ellas, con el propósito de crear un sistema de formaciones variado y no compartimentado.

Artículo 27. (De la Educación Inicial).-

La educación inicial tendrá como cometido estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. Se promoverá una educación integral que fomente la inclusión social del educando, así como el conocimiento de sí mismo, de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural.

Artículo 28. (De la Educación Primaria).-

La Educación Primaria abarcará seis años escolares y tendrá el propósito de adquirir los conocimientos básicos y desarrollar las competencias, principalmente comunicativas y de razonamiento, que permitan a niños y niñas la convivencia responsable en su comunidad.

Artículo 29. (De la Educación Media Básica).-

La Educación Media Básica abarcará tres años posteriores a la educación primaria, profundizará el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico - práctico de diferentes disciplinas que pueden ser: artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas, a través de la presentación de asignaturas.

Artículo 30. (De la Educación Media Superior).-

La educación media superior abarcará hasta tres años posteriores a la educación media básica, según las modalidades ofrecidas en el nivel y tendrá un mayor grado de orientación o especialización. Tendrá tres modalidades: la educación general que permitirá la continuidad en la educación terciaria (bachilleratos generales); la tecnología que permitirá continuar estudios terciarios y la inserción laboral (bachilleratos tecnológicos); y la formación técnica y profesional que estará orientada principalmente a la inserción laboral. La culminación de todas sus modalidades permitirá la continuidad educativa.

Artículo 31. (De la Educación Terciaria).-

La educación terciaria requerirá la aprobación de los ciclos completos de educación primaria y media (básica y superior); profundiza y amplía la formación en alguna rama del conocimiento; incluye, entre otras, la educación tecnológica y técnica.

Artículo 32. (De la Educación Terciaria Universitaria).-

La educación terciaria universitaria será aquella cuya misión principal será la producción y reproducción del conocimiento en sus niveles superiores, integrando los procesos de enseñanza, investigación y extensión. Permitirá la obtención de títulos de grado y postgrado.

Artículo 33. (De la Formación en Educación).-

La formación en educación se concebirá como enseñanza terciaria universitaria y abarcará la formación de maestros, profesores, profesores de educación física y educadores sociales, así como de otras formaciones que el Sistema Nacional de Educación requiera.

Artículo 34. (De la Educación de Postgrado).-

Los postgrados universitarios corresponden a estudios realizados con posterioridad a la obtención de un primer grado universitario o licenciatura. Estos cursos pueden ser de especialización, maestría o doctorado.

Artículo 35. (De las modalidades de la educación formal).-

La educación formal contemplará aquellas particularidades, de carácter permanente o temporal, personal o contextual, a través de diferentes modalidades, entendidas como opciones organizativas o metodológicas, con el propósito de garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. Se tendrá especial consideración a la educación en el medio rural, la educación de personas jóvenes y adultas y la educación de personas con discapacidades, promoviéndose la inclusión de éstas en los ámbitos de la educación formal, según las posibilidades de cada una, brindándoles los apoyos necesarios.

Artículo 36. (De la educación formal en el medio rural).-

La educación formal en el medio rural tendrá por objetivo asegurar, como mínimo, la educación obligatoria de las personas, teniendo en cuenta las especificidades del medio en que se desarrolla.

Artículo 37. (De la educación formal de personas jóvenes y adultas).-

La educación formal de jóvenes y adultos tendrá como objetivo asegurar como mínimo, el cumplimiento de la educación obligatoria en las personas mayores de 15 años.

CAPITULO III

OTRAS MODALIDADES

Artículo 38. (De la educación a distancia y semi-presencial).-

La educación a distancia, -en línea o asistida-, comprenderá, los procesos de enseñanza y de aprendizaje que no requieren la presencia física del alumno en aulas u otras dependencias similares, para el dictado regular de sus cursos, siempre que se empleen materiales y recursos tecnológicos específicamente desarrollados para obviar dicha presencia, y se cuente con una organización académica y un sistema de gestión y evaluación específico, diseñado para tal fin. La modalidad semipresencial, además de las características anteriores, requiere instancias presenciales.

Las certificaciones de estas modalidades serán otorgadas por los organismos competentes del Sistema Nacional de Educación Pública, los cuales reglamentarán la habilitación y autorización a instituciones privadas para el dictado de cursos a través de estas modalidades, y el reconocimiento de los certificados otorgados.

CAPITULO IV

LA EDUCACION NO FORMAL

Artículo 39. (Concepto).-

La educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida, comprenderá todas aquellas actividades, medios y ámbitos de educación, que se desarrollan fuera de la educación formal, dirigidos a personas de cualquier edad, que tienen valor educativo en sí mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer determinados objetivos educativos en diversos ámbitos de la vida social (capacitación laboral, promoción comunitaria, animación sociocultural, mejoramiento de las condiciones de vida, educación artística, tecnológica, lúdica o deportiva, entre otros).

La educación no formal estará integrada por diferentes áreas de trabajo educativo, entre las cuales se mencionan: alfabetización, educación social, educación de personas jóvenes y adultas.

Se promoverá la articulación y complementariedad de la educación formal y no formal con el propósito de que ésta contribuya a la reinserción y continuidad educativa de las personas.

CAPITULO V

LA EDUCACION DE PRIMERA INFANCIA

Artículo 40. (De la Educación en la Primera Infancia).-

La Educación en la Primera Infancia comprenderá el ciclo vital desde el nacimiento hasta los tres años, y constituirá la primera etapa del proceso educativo de cada persona, a lo largo de toda la vida.

Tendrá características propias y específicas en cuanto a sus propósitos, contenidos y estrategias metodológicas, en el marco del concepto de educación integral. Promoverá el desarrollo armónico de los aspectos intelectuales, socio-emocionales, y psicomotores en estrecha relación con la atención de la salud física y mental.

CAPITULO VI

LA REINSERCION Y CONTINUIDAD EDUCATIVAS

Artículo 41. (De la validación de conocimientos).-

El Estado, sin perjuicio de promover la culminación en tiempo y forma de los niveles de la educación formal de todas las personas, podrá validar para habilitar la continuidad educativa, los conocimientos, habilidades y aptitudes alcanzados por una persona fuera de la educación formal, que se correspondan con los requisitos establecidos en algún nivel educativo.

La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública en el plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, reglamentará los procedimientos de validación y evaluación, estando a cargo de la Institución del Sistema Nacional de Educación Pública correspondiente, la expedición de los certificados, previa solicitud del interesado.

CAPITULO VII

LINEAS TRANSVERSALES

Artículo 42. (De las líneas transversales).-

El Sistema Nacional de Educación, en cualesquiera de sus modalidades contemplará líneas transversales entre los cuales se encuentran:

1. la educación en derechos humanos,

2. la educación ambiental para el desarrollo humano sostenible,

3. la educación artística,

4. la educación científica,

5. la educación lingüística,

6. la educación a través del trabajo,

7. la educación para la salud,

8. la educación sexual,

9. la educación física, la recreación y el deporte, de acuerdo a los lineamientos que se especifican:

1. La educación en derechos humanos tendrá como propósito que los educandos, sirviéndose de conocimientos básicos de los cuerpos normativos, desarrollen las actitudes e incorporen los principios referidos a los derechos humanos fundamentales. Se considerará la educación en derechos humanos como un derecho en sí misma, un componente inseparable del derecho a la educación y una condición necesaria para el ejercicio de todos los derechos humanos.

2. La educación ambiental para el desarrollo humano sostenible tendrá como propósito que los educandos adquieran conocimientos con el fin de fomentar actitudes y comportamientos individuales y colectivos, para mejorar las relaciones entre los seres humanos y de éstos con el entorno. Procurará desarrollar habilidades para potenciar un desarrollo humano sostenible en la búsqueda de una mejora sostenida de la calidad de vida de la sociedad.

3. La educación artística tendrá como propósito que los educandos alcancen a través de los diferentes lenguajes artísticos, una educación integral, promoviendo el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y la percepción, impulsando la creación de universos singulares que den sentido a lo que es significativo para cada ser humano.

4. La educación científica -tanto en las áreas: social, natural y exactas- tendrá como propósito promover por diversas vías, la comprensión y apropiación social del conocimiento científico y tecnológico para su democratización. Significará, también, la difusión de los procedimientos y métodos para su generación, adquisición y uso sistemáticos.

5. La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las competencias comunicativas de las personas, el dominio de la lengua escrita, el respeto de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, la consideración de las diferentes lenguas maternas existentes en el país (Español del Uruguay, Portugués del Uruguay, Lengua de Señas Uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras.

6. La educación a través del trabajo tendrá como propósito incorporar a los educandos en el concepto del trabajo como actividad propia de los seres humanos e integradora a la vida social.

7. La educación para la salud tendrá como propósito la creación de hábitos saludables, estilos de vida que promuevan la salud y prevengan las enfermedades. Procurará promover, en particular, la salud mental, bucal, ocular, nutricional, la prevención del consumo problemático de drogas y una cultura de prevención para la reducción de los riesgos propios de toda actividad humana.

8. La educación sexual tendrá como propósito favorecer que los educandos se sitúen ante sus relaciones de género y ante la sexualidad en general, proporcionándoles instrumentos adecuados que promuevan actitudes y conductas elaboradas desde una ética de la racionalidad y la reflexión crítica, para un disfrute responsable de la misma.

9. La educación física, en recreación y deporte, tiene como propósito el desarrollo del cuerpo, el movimiento, la interacción, y la actividad humana, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo personal y social, así como a la adquisición de valores necesarios para la cohesión social y el diálogo intercultural.

Las autoridades velarán para que estas líneas transversales estén presentes, en la forma que se crea más conveniente, en los diferentes planes y programas.

CAPITULO VIII

LOS CENTROS EDUCATIVOS

Artículo 43. (Concepto).-

El centro educativo de cualquier nivel, o modalidad será un espacio de aprendizaje, de socialización, de construcción colectiva del conocimiento, de integración social y de convivencia social y cívica y de respeto y promoción de los Derechos Humanos.

Será un ámbito institucional jerarquizado, dotado de recursos y competencias, a los efectos de lograr los objetivos establecidos en su proyecto educativo. El proceso de formulación, seguimiento y evaluación del mismo contará con la participación de los docentes del centro y se promoverá la participación de funcionarios, padres y estudiantes.

El Estado fortalecerá la gestión de los centros educativos públicos en los aspectos pedagógicos, de personal docente y no docente, administrativos y financieros para cumplir con lo precedentemente expuesto. Asimismo, se procurará la concentración horaria de los docentes en un centro educativo y se fomentará su permanencia en el mismo.

El Centro Educativo público dispondrá de fondos presupuestales para el mantenimiento del local, la realización de actividades académicas y proyectos culturales y sociales de extensión. Los centros educativos podrán realizar convenios con otras instituciones, con la autorización correspondiente.

CAPITULO IX

LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION

Artículo 44. (De la Comisión Nacional de Educación. Integración).-

Créase la Comisión Nacional de Educación, que se identificará con la sigla COMINE y estará integrada por:

1. Los miembros de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública.

2. Los Directores Generales de los Consejos de Educación integrantes de la Administración Nacional de Educación Pública - ANEP.

3. El Director General del Instituto de Educación.

4. El Presidente del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia.

5. El Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Educación No Formal.

6. El Presidente del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

7. El Director Nacional de Deporte, del Ministerio de Turismo y Deporte.

8. Dos representantes de la educación privada inicial, primaria, media y técnico profesional.

9. Un representante de la educación universitaria privada.

10. Un representante de los trabajadores.

11. Dos representantes de los trabajadores de la educación.

12. Dos representantes de los estudiantes.

13. Un representante de los empresarios.

14. Un representante del movimiento cooperativo.

15. Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales.

Los organismos o sectores integrantes de la COMINE además de los representantes titulares ante dicha Comisión, podrán designar representantes alternos.

El Poder Ejecutivo reglamentará en su caso, el procedimiento para la elección o designación de los representantes arriba mencionados.

Artículo 45. (Naturaleza y cometidos).-

La COMINE constituirá el ámbito nacional de deliberación sobre políticas educativas del Sistema Nacional de Educación y tendrá carácter asesor y consultivo en los siguientes cometidos:

1. Recibir y formular propuestas sobre lineamientos generales de política educativa, en los temas referidos a esta ley y a otras normas vinculadas a la materia educativa.

2. Procurar la articulación de las políticas educativas con otras políticas públicas.

3. Integrar comisiones de asesoramiento o de coordinación en temas educativos.

4. Propiciar foros, congresos y conferencias referidos a temas educativos.

La COMINE dictará su propio reglamento de funcionamiento y el Ministerio de Educación y Cultura asegurará el apoyo presupuestal, administrativo, organizativo y técnico que requiera la Comisión para cumplir con sus cometidos.

Artículo 46. (De la creación del Congreso Nacional de Educación).-

Créase el Congreso Nacional de Educación que tendrá una integración plural y amplia que refleje las distintas perspectivas de los involucrados en el Sistema Nacional de Educación.

Artículo 47. (Naturaleza y Cometidos del Congreso Nacional de Educación).-

El Congreso Nacional de Educación constituirá el ámbito nacional de debate del Sistema Nacional de Educación y tendrá carácter asesor y consultivo en los temas de la aplicación de esta ley. Será convocado por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública como mínimo en el primer año de cada período de gobierno.

TITULO VI

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CAPITULO I

PRINCIPIOS

Artículo 48. (De la Autonomía).-

La Enseñanza Pública estará regida por Consejos Directivos Autónomos de conformidad con la Constitución de la República y la ley, que en aplicación de su autonomía tendrán la potestad de dictar su normativa, respetando la especialización del ente.

Artículo 49. (De la Coordinación).-

Los Consejos Directivos Autónomos y los demás organismos que actúen en la Educación Pública deberán coordinar sus acciones con el fin de cumplir con los principios, las orientaciones y los fines de la educación establecidos en la Constitución de la República y la Ley.

Artículo 50. (De la Participación).-

La participación de los educandos o participantes, docentes, madres, padres o responsables y de la sociedad en general, en la Educación Pública constituirá uno de sus principios básicos. Se promoverá el cogobierno en los ámbitos que corresponda, atendiendo los diferentes ámbitos y niveles educativos.

CAPITULO II

ORGANOS

Artículo 51. (Integración).-

El Sistema Nacional de Educación Pública estará integrado por el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República.

Artículo 52. (Coordinación).-

El Sistema Nacional de Educación Pública estará coordinado por la Comisión Coordinadora de la Educación Pública, creada por el artículo 107 y siguientes de esta Ley.

CAPITULO III

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Artículo 53. (Del Ministerio de Educación y Cultura).-

El Ministerio de Educación y Cultura, en relación a los temas de la educación nacional, tendrá los siguientes cometidos:

1. Desarrollar los principios generales de la educación.

2. Facilitar la coordinación de las políticas educativas nacionales.

3. Articular las políticas educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico y económico.

4. Promover la articulación de la educación con la investigación científica y tecnológica y con la cultura.

5. Presidir los ámbitos de coordinación educativa.

6. Relevar y coordinar la información y documentación educativa.

7. Confeccionar las estadísticas del sector educativo, en el marco del Sistema Estadístico Nacional.

8. Coordinar la representación internacional de la educación nacional.

9. Realizar propuestas al Consejo Coordinador del SNEP y a la Comisión Nacional de Educación.

10. Relacionarse con el Poder Legislativo, en los temas relativos a la educación, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República.

CAPITULO IV

LA ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

Artículo 54. (Creación y naturaleza).-

La Administración Nacional de Educación Pública, que se identificará con la sigla ANEP, Ente Autónomo con personería jurídica creado por la Ley N° 15.739, funcionará de conformidad a los artículos 202 y siguientes de la Constitución de la República y de la presente Ley.

Artículo 55. (Cometidos).-

La Administración Nacional de Educación Pública tendrá los siguientes cometidos:

a) Garantizar la educación en los diferentes niveles y modalidades educativas de su competencia a todos los habitantes del país, asegurando el ingreso, permanencia y egreso.

b) Asegurar el cumplimiento de los principios y orientaciones generales de la educación establecidos en la presente ley en los ámbitos de su competencia.

c) Promover la participación de toda la sociedad en la formulación, implementación y desarrollo de la educción en la órbita de su competencia.

Artículo 56. (De los órganos).-

La Administración Nacional de Educación Pública tiene los siguientes órganos: el Consejo Directivo Central, los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica, de Educación Media Superior, de Educación Técnico-Profesional (UTU) y del Instituto Universitario de Educación.

Artículo 57. (De los bienes).-

La Administración Nacional de Educación Pública tendrá la administración de sus bienes. Los bienes que estén destinados a los Consejos o al Instituto Universitario de Educación o en el futuro fuesen asignados específicamente por resolución del Consejo Directivo Central, estarán a cargo del Consejo respectivo o Instituto.

Artículo 58. (Adquisición, enajenación y afectación de bienes inmuebles).-

La adquisición y enajenación de bienes inmuebles a título oneroso, así como su afectación o gravamen por parte de la Administración Nacional de Educación Pública, deberán ser resueltas en todos los casos por cuatro votos conformes, previa consulta a los Consejos y al Instituto Universitario de Educación cuando se tratare de bienes destinados o a destinarse a su servicio. Las enajenaciones a título gratuito requerirán la unanimidad de votos del Consejo Directivo Central.

Artículo 59. (De los ingresos).-

Forman parte del patrimonio de la Administración Nacional de Educación Pública:

a) Los recursos y las partidas que se le asignen por las Leyes de Presupuesto Nacional y las de Rendición de Cuentas y el Balance de Ejcución Presupuestal.

b) Los frutos naturales, industriales y civiles de sus bienes.

c) Los recursos o proventos que perciba el Ente por la venta de la producción de los centros educativos o de los servicios que estos vendan o arrienden, de conformidad con los reglamentos que oportunamente se dicten.

d) Los que perciba por cualquier otro título.

CAPITULO V

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ANEP

Artículo 60. (Del Consejo Directivo Central).-

El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública estará integrado por cinco miembros, los que deberán poseer condiciones personales relevantes, reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de educación, y que hayan actuado en la educación pública por un lapso no menor de diez años.

Tres de sus miembros serán designados por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuestas fundadas, por un número de votos equivalentes a los tres quintos de sus componentes elegidos conforme al artículo 94 inciso primero de la Constitución de la República.

Si la venia no fuera otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta del Senado.

Por el mismo procedimiento será designado de entre los propuestos por el Poder Ejecutivo el Presidente del Consejo Directivo Central.

Las designaciones deberán efectuarse al comienzo de cada período de gobierno y los miembros designados permanecerán en sus cargos hasta tanto no hayan sido designados quienes les sucedan.

En caso de vacancia definitiva, el cargo correspondiente será provisto en la forma indicada en los incisos anteriores.

Los otros dos miembros serán electos por el cuerpo docente del Ente, según la reglamentación que oportunamente apruebe el Poder Ejecutivo. Durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos solamente por un período subsiguiente debiendo para una nueva elección mediar por lo menos cinco años desde su cese. La elección estará a cargo de la Corte Electoral y se deberá realizar en el año anterior a las elecciones nacionales.

Los Directores Generales de los Consejos y del Consejo del Instituto Universitario de Educación también integrarán de pleno derecho con voz y sin voto el Consejo Directivo Central.

Artículo 61. (Cometidos del Consejo Directivo Central).-

El Consejo Directivo Central tendrá los siguientes cometidos:

a) Promover un clima de participación democrática y propiciar en forma permanente una reflexión crítica y responsable, en todo el ámbito organizacional.

b) Definir las orientaciones generales de los niveles y modalidades educativas que se encuentran en su órbita.

c) Designar a los integrantes de los Consejos de Educación, según lo establecido en el artículo 65 de esta Ley.

d) Homologar los planes de estudio aprobados por los Consejos de Educación y el Consejo Directivo del Instituto Universitario de Formación en Educación.

e) Definir el proyecto de presupuesto y de rendición de cuentas, como resultado de un proceso de elaboración que atienda las diferentes propuestas de los Consejos de Educación, del Instituto Universitario de Formación en Educación y considere las iniciativas de otros sectores de la sociedad.

f) Representar al Ente en las ocasiones previstas por el artículo 202, inciso tercero de la Constitución, oyendo previamente a los Consejos respectivos en los asuntos de su competencia.

g) Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

h) Aprobar los Estatutos de los funcionarios docentes y no docentes del servicio, con las garantías establecidas en la Constitución y en esta ley.

i) Designar al Secretario General y al Secretario Administrativo del Consejo Directivo Central con carácter de cargos de particular confianza. El Secretario Administrativo deberá haber sido funcionario del ente por un lapso no menor a diez años.

j) Destituir por ineptitud, omisión o delito, a propuesta de los Consejos y del Instituto Universitario de Educación cuando dependieren de estos y con las garantías que fija la ley y el Estatuto, al personal docente, técnico, administrativo, de servicio u otro de todo el Ente.

k) Destituir por ineptitud, omisión o delito a los miembros de los Consejos de Educación y del Instituto Universitario de Educación por cuatro votos conformes y fundados, previo ejercicio del derecho constitucional de defensa.

l) Coordinar los servicios de estadística educativa del ente.

m) Conceder las acumulaciones de sueldo que sean de interés de la Educación y se gestionen conforme a las leyes y reglamentos.

n) Establecer lineamientos generales para la supervisión y fiscalización de los institutos privados habilitados de educación inicial, primaria, media y técnico profesional, siguiendo los principios generales de esta ley y los criterios establecidos por cada Consejo de Educación, con participación de representantes de las instituciones de educación privada.

o) Resolver los recursos de aprobación interpuestos contra sus actos, así como los recursos jerárquicos.

p) Organizar o delegar la educación formal de personas jóvenes y adultas en los niveles correspondientes.

q) Delegar en los Consejos de Educación y en el Instituto Universitario de Educación, por resolución fundada, las atribuciones que estime conveniente. No son delegables las atribuciones que le compete la Constitución de la República y aquellas para cuyo ejercicio esta ley requiere mayorías especiales.

Artículo 62. (Presencia de los Directores de los Consejos de Educación).-

El Consejo Directivo Central, en cumplimiento de las competencias indicadas en los literales b), d), e) y h) del artículo precedente, tomará decisión con la presencia de los Directores Generales de los Consejos, sin perjuicio de que pueda convocarlos cada vez que lo entienda pertinente.

El Consejo Directivo Central convocará a los Directores Generales de los Consejos y del Instituto Universitario de Educación cada vez que lo entienda pertinente y cuando se traten asuntos relacionados con las competencias de los respectivos consejos.

Artículo 63. (De las remuneraciones, incompatibilidades y prohibiciones).-

El Presidente del Consejo Directivo Central percibirá idénticas remuneraciones que un Secretario de Estado y los demás Consejeros el equivalente al noventa por ciento de su remuneración. Terminado el ejercicio del cargo, los integrantes del Consejo Directivo Central y de los Consejos tendrá derecho a ser restablecidos en su caso a la situación docente que ocupaban o que tenían derecho a ocupar, en el momento de asumir sus funciones, sin perjuicio de la aplicación del régimen de seguridad social que corresponda. Será aplicable lo dispuesto en los artículos 200 y 201 de la Constitución y no podrán tener vinculaciones laborales o patrimoniales con instituciones de enseñanza privada, ni desempeñar la función docente a título particular en la órbita de la educación básica y general.

CAPITULO VI

CONSEJOS DE EDUCACION

Artículo 64. (Ambito de competencia).-

Cada Consejo será responsable en el ámbito de la ANEP de los siguientes niveles educativos de la educación formal:

a) el Consejo de la Educación Inicial y Primaria (CEIP) tendrá a su cargo la educación inicial y la educación primaria;

b) el Consejo de Educación Media Básica (CEM Básica) tendrá a su cargo la educación media básica;

c) el Consejo de Educación Media Superior (CEM Superior) tendrá a su cargo la educación media superior general (bachilleratos diversificados);

d) el Consejo de Educación Técnica y Profesional (UTU) tendrá a su cargo la formación profesional, la educación media superior técnica (bachilleratos tecnológicos), la educación media superior orientada al ámbito laboral y la educación terciaria técnica (tecnicaturas).

Artículo 65. (Cometidos de los Consejos).-

Compete a los Consejos de Educación:

1. Promover un clima de participación democrática y propiciar en forma permanente una reflexión crítica y responsable, en todo el ámbito de la institución a su cargo.

2. Desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje correspondientes a su respectivo nivel educativo.

3. Verificar en el caso de los Consejos de Educación Media Básica, Educación, Media Superior y Educación Técnica y Profesional (UTU), la aprobación o validación en su caso del nivel anterior, así como habilitar para cursar los niveles educativos superiores correspondientes.

4. Aprobar los planes de estudio y los programas de las asignaturas que ellos incluyan.

5. Administrar los servicios y dependencias a su cargo.

6. Supervisar el desarrollo de los planes, programas y cursos.

7. Reglamentar la organización y el funcionamiento de los servicios a su cargo y adoptar las medidas que los mismos requieran.

8. Realizar toda clase de nombramientos, reelecciones, ascensos y sanciones, así como otorgar licencias y designar el personal docente y no docente, conforme al Estatuto del Funcionario y a las ordenanzas que apruebe el Consejo Directivo Central.

Podrán también dictar normas en esta materia con arreglo al Estatuto y a las ordenanzas.

9. Proponer al CDC de la ANEP la destitución del personal docente o no docente a su cargo, por razones de ineptitud, omisión o delito con las garantías que fija la ley y el Estatuto respectivo.

10. Designar al Secretario General de cada Consejo, con carácter de cargo de particular confianza, quien deberá haber sido funcionario del ente por un lapso no menor a diez años.

11. Proyectar las normas estatutarias que crea necesarias para sus funcionarios y elevarlas al Consejo Directivo Central a los efectos de su aprobación e incorporación al Estatuto de los Funcionarios del Ente.

12. Proyectar los presupuestos de sueldos, gastos e inversiones correspondientes al nivel educativo asignado y sus modificaciones, así como las rendiciones de cuentas y balances de ejecución presupuestal correspondientes a los servicios a su cargo.

13. Habilitar, autorizar, supervisar y fiscalizar los institutos del nivel educativo correspondiente, en consonancia con los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo Central.

14. Conferir y revalidar certificados de estudio nacionales y revalidar certificados de estudio extranjeros en los niveles y modalidades de educación a su cargo.

15. Adoptar las resoluciones atinentes al ámbito de su competencia, salvo aquellas que por la Constitución, la presente ley y las ordenanzas correspondan a los demás órganos.

16. Ejercer las demás atribuciones que le delegare especialmente el Consejo Directivo Central.

Artículo 66. (De la designación o elección de los integrantes de los Consejos).-

Los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica y de Educación Media Superior y de Educación Técnico Profesional (UTU), se integrarán con tres miembros que hayan ejercido la docencia en la educación pública por un lapso no menor a diez años.

Dos de ellos serán designados por el Consejo Directivo Central por cuatro votos conformes y fundados. De no haberse realizado las designaciones a los sesenta días de instalado el Consejo Directivo Central o en el mismo plazo en caso de vacancia definitiva, la designación podrá ser realizada por mayoría absoluta de integrantes del Consejo.

Por el mismo procedimiento y con el mismo sistema de mayoría especial, será designado el Director General de cada Consejo.

El tercer miembro de cada Consejo será electo por el cuerpo docente del mismo, según la reglamentación que oportunamente apruebe el Consejo Directivo Central. Durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos solamente por un período subsiguiente debiendo para una nueva elección mediar por lo menos cinco años desde su cese. La elección estará a cargo de la Corte Electoral y se deberá realizar en el año anterior a las elecciones nacionales.

Artículo 67. (Atribuciones de los Presidentes del Consejo Directivo Central y de los Directores Generales de los Consejos de Educación).-

El Presidente del Consejo Directivo de la ANEP y los Directores Generales de los Consejos de Educación, tendrán las siguientes atribuciones:

1. Presidir los Consejos respectivos, dirigir las sesiones, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y resoluciones.

2. Representar al Consejo cuando corresponda.

3. Autorizar los gastos que sean necesarios, dentro de los límites que establezcan la ley y las ordenanzas.

4. Tomar resoluciones de carácter urgente que estime necesarias para el cumplimiento del orden y el respeto de las disposiciones reglamentarias. En ese caso dará cuenta al Consejo en la primera sesión ordinaria, y este podrá oponerse por mayoría de votos de sus componentes, debiendo fundar su oposición.

5. Adoptar las medidas de carácter disciplinario que correspondan, dando cuenta al Consejo en la forma señalada en el inciso precedente.

6. Inspeccionar el funcionamiento de las reparticiones de su competencia y tomar las medidas que correspondan.

7. Preparar y someter a consideración del Consejo los proyectos que estime conveniente.

Artículo 68. (Vacancia).-

En caso de vacancia temporal por licencia o impedimento, o vacancia definitiva del Presidente del Consejo Directivo Central o de los Directores Generales de los Consejos, el Consejo Directivo Central, por mayoría simple, designará a quien ocupe esa función en forma interina hasta tanto se reincorpore o designe en su caso, al titular.

CAPITULO VII

ESTATUTO DEL DOCENTES Y DEL FUNCIONARIO

Artículo 69. (Del Estatuto Docente y del Funcionario no Docente).-

El Consejo Directivo Central de la ANEP, previa consulta a los Consejos e Instituto Universitario de Educación, aprobará el Estatuto Docente y el Estatuto del Funcionario, de acuerdo a las siguientes bases:

1. Para el ejercicio de cargos docentes, administrativos y de servicio será preciso acreditar dieciocho años de edad cumplidos y estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 76 de la Constitución de la República.

2. Los Maestros de Educación Inicial y Primaria y los Profesores de Educación Media Básica deberán poseer el respectivo título habilitante.

3. El sistema de concurso será de precepto para ocupar en efectividad cualquier cargo docente, así como será obligatorio para el ingreso y ascenso del personal administrativo.

4. A los efectos de la carrera docente se jerarquizará la evaluación del desempeño en el aula, los cursos de perfeccionamiento o postgrado, así como las publicaciones e investigaciones realizadas por los docentes.

5. La destitución de los funcionarios solo podrá ser resuelta por causa de ineptitud, omisión o delito, previo sumario durante el cual el inculpado haya tenido oportunidad de presentar sus descargos, articular su defensa y producir prueba.

Artículo 70. (De las Asambleas Técnico Docentes).-

En cada Consejo de Educación funcionará una Asamblea Técnico Docente (ATD), representativa del cuerpo docente que tendrá derecho a iniciativa y función consultiva en aspectos educativos de la rama específica y de educación general. El Consejo Directivo Central reglamentará su funcionamiento, previa opinión de los Consejos respectivos.

Las Asambleas Técnico Docentes serán preceptivamente consultadas antes de la aprobación o modificación de Planes o Programas del nivel correspondiente.

En cada Centro Educativo (escuela, liceo o instituto de enseñanza media o técnica), funcionará una Asamblea Técnico Docente con función consultiva y derecho a iniciativa frente a la Dirección del Centro Educativo. Se relacionará con la ATD nacional de la forma que la reglamentación lo indique.

CAPITULO VIII

DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS

Artículo 71. (De las Comisiones Consultivas).-

En cada Consejo de Educación se integrarán Comisiones Consultivas de funcionarios no docentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Constitución de la República, de estudiantes y de madres, padres o responsables.

En el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), se integrará una o más Comisiones Consultivas con participación de trabajadores y empresarios.

El Consejo Directivo Central, en consulta con los Consejos respectivos, reglamentará la conformación y funcionamiento de estas Comisiones, a propuesta de los respectivos Consejos.

CAPITULO IX

DERECHOS Y DEBERES

DE LOS EDUCANDOS Y DE MADRES, PADRES O RESPONSABLES

Artículo 72. (De los derechos de los educandos).-

Los educandos de cualquier centro educativo tendrán derecho a:

1. Recibir una educación de calidad y acceder a todas las fuentes de información y cultura, según lo establecido por la presente ley.

2. participar, emitiendo opinión y realizando propuestas a las autoridades de los Centros Educativos y de los Consejos de Educación, en aspectos educativos y de gestión del Centro Educativo.

3. Recibir los apoyos educativos específicos y necesarios en caso de discapacidad o enfermedad que afecte su proceso de aprendizaje.

4. Agremiarse y reunirse en el local del Centro Educativo, siempre que no obstaculice el normal funcionamiento de los mismos. Cada Consejo y Centro Educativo reglamentará el ejercicio de este derecho, con participación de los educandos.

Artículo 73. (De los deberes de los educandos).-

Los educandos de cualquier centro educativo tendrán el deber de:

1. Cumplir con los requisitos para el cumplimiento de los planes y programas de estudio aprobados y para la aprobación de los cursos respectivos.

2. Respetar la normativa vigente y las resoluciones de los órganos competentes y de las autoridades del Centro Educativo.

3. Respetar los derechos de todas las personas que integran la comunidad educativa (docentes, funcionarios, estudiantes, familiares y responsables).

Artículo 74. (De las alumnas en estado de gravidez).-

Las alumnas en estado de gravidez tendrán derecho a continuar con sus estudios, en particular el de acceder y permanecer en el Centro Educativo, a recibir apoyo educativo específico y justificar las inasistencias pre y post parto, las cuales no podrán ser causal de pérdida del curso o año lectivo.

Artículo 75. (De los derechos y deberes de las madres, los padres o responsables).-

Las madres, los padres o responsables de los educandos tienen derecho a:

1. Que su hijo o representado pueda concurrir y recibir clase regularmente en el Centro Educativo que le corresponda y así poder cumplir con la obligatoriedad establecida en esta Ley.

2. Participar de las actividades del Centro Educativo y elegir a sus representantes en los Consejos de Participación establecidos en el artículo 75 y en las Comisiones Consultivas que se constituyan según lo establecido en el artículo 70 de esta Ley.

3. Ser informados periódicamente acerca de la evolución del aprendizaje de sus hijos o representados.

Las madres, los padres o responsables de los educandos tienen el deber de:

1. Asegurar la concurrencia regular de su hijo o representado al Centro Educativo, de forma de cumplir con la educación obligatoria establecida en esta Ley.

2. Seguir y apoyar el proceso de aprendizaje de su hijo o representado.

3. Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad pedagógica del docente, las normas de convivencia del Centro Educativo y los demás integrantes de la comunidad educativa (educandos, funcionarios, padres o responsables).

CAPITULO X

CONSEJOS DE PARTICIPACION

Artículo 76. (Concepto).-

En todo Centro Educativo público de Educación Inicial, Primaria, Media Básica y Medio Superior y Educación Técnico Profesional, funcionará un Consejo de participación integrado por: estudiantes o participantes, educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad.

Los respectivos Consejos de Educación reglamentarán su forma de elección y funcionamiento.

Artículo 77. (Cometidos).-

A los Consejos de Participación les compete realizar propuestas a la Dirección del Centro Educativo en relación a:

1. Al proyecto educativo que en ejercicio de su responsabilidad profesional elabore la dirección y el cuerpo docente del Centro Educativo.

2. La suscripción de acuerdos y convenios con otras instituciones según lo establecido en el Art. 43 de la presente ley.

3. La realización de obras en el Centro Educativo;

4. La obtención de donaciones y otros recursos extrapresupuestales;

5. Al destino de los recursos obtenidos y asignados.

6. Al funcionamiento del Centro Educativo.

7. La realización de actividades sociales y culturales, en el centro educativo.

8. Sobre todo aquello que lo consulte la Dirección del Centro Educativo.

CAPITULO XI

LA EDUCACION TERCIARIA

Artículo 78. (Ambito).-

La Educación Terciaria Pública se constituirá con: la Universidad de la República, el Instituto Universitario de Educación y los Institutos de Educación Terciaria.

Artículo 79. (Régimen legal).-

La Universidad de la República se regirá por la Ley N° 12.549, de 16 de octubre de 1958. El Instituto Universitario de Educación y los Institutos de Educación Terciaria se regirán por las disposiciones de esta ley.

Artículo 80. (Ingreso).-

La Educación Terciaria Pública facilitará el ingreso a sus cursos y carreras a los estudiantes que hayan cursado en otras instituciones terciarias, por medio de reválidas, o del reconocimiento de los créditos correspondientes.

Artículo 81. (De la educación terciaria privada).-

La educación terciaria privada se regirá por lo establecido en la Ley N° 15.661 y sus decretos reglamentarios.

CAPITULO XII

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACION

Artículo 82. (Creación).-

Créase el Instituto Universitario de Educación que funcionará en la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública.

Artículo 83. (Naturaleza y cometidos).-

El Instituto Universitario de Educación es un órgano desconcentrado de la ANEP de carácter universitario y desarrollará actividades de enseñanza, investigación y extensión. Formará maestros, profesores y educadores sociales, así como otorgará otras titulaciones que la educación nacional requiera.

Artículo 84. (Estructura y funcionamiento).-

Se encomienda a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública la conformación de una comisión de trabajo con representantes del MEC, ANEP, INAU y Universidad de la República, que en un plazo de un año de promulgada la presente Ley, elabore, teniendo en cuenta las formaciones en educación existentes al momento de aprobarse la presente ley, una propuesta de estructura y funcionamiento del Instituto Universitario de Educación que contemple la participación en su órgano de conducción de los órdenes docentes, estudiantil y de egresados, en forma de cogobierno.

La propuesta será aprobada por la Comisión Coordinadora del SNEP, previa resolución expresa de los organismos que la integran.

Artículo 85. (Validación de títulos anteriores a la fecha de creación del Instituto Universitario de Educación).-

El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, reglamentará, en un plazo no mayor a los dieciocho meses de promulgada la presente Ley, el procedimiento para revalidar los títulos docentes otorgados por ANEP, con anterioridad a la fecha de creación del Instituto Universitario de Educación.

CAPITULO XIII

INSTITUTOS DE EDUCACION TERCIARIA

Artículo 86. (Creación).-

Créanse los Institutos de Educación Terciaria que funcionarán en la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública.

Artículo 87. (Estructura y funcionamiento).-

Se encomienda a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública la conformación de una comisión de trabajo con representantes del MEC, del CDC de la ANEP, del CETP-UTU y de la Universidad de la República, con el cometido de elaborar, en un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, un proyecto académico y organizativo para la creación y funcionamiento de Institutos de Educación Terciaria que funcionarán en la órbita de la Administración Nacional de la Educación Pública, para el dictado de carreras terciarias teniendo en cuenta necesidades e intereses nacionales y locales. La comisión recabará opiniones y propuestas de las Asambleas Técnico Docentes, así como de sindicatos de trabajadores y de organizaciones empresariales.

La propuesta será aprobada por la Comisión Coordinadora del SNEP, previa resolución expresa de los organismos que la integran.

CAPITULO XIV

DESCENTRALIZACION Y COORDINACION TERRITORIAL

Artículo 88. (Concepto).-

La descentralización y coordinación territorial entre todas las instituciones vinculadas a la educación es un elemento central para el logro de las metas educativas.

Artículo 89. (Creación de las Comisiones Departamentales de Educación).-

Créanse por cada departamento de la República una Comisión Coordinadora Departamental de la Educación integrada por los siguientes respresentantes: uno por cada Consejo de Educación de la ANEP, del Instituto Universitario de Educación, del Instituto Nacional de Educación no Formal, del Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia, de la Universidad de la República y del Gobierno Departamental.

La Comisión Coordinadora del SNEP reglamentará el funcionamiento de las Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación y podrá establecer mecanismos de coordinación regional, entre las Comisiones Departamentales.

Artículo 90. (Cometidos).-

Las Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación tendrán los siguientes cometidos:

1. Coordinar acciones en el departamento.

2. Convocar a los representantes de los Consejos de Participación de los Centros Educativos para recibir opinión acerca de las políticas educativas en el departamento.

3. Promover la coordinación de planes y programas procurando se contemple las necesidades, intereses y problemas locales.

4. Asesorar a los diferentes órganos del SNEP en la aplicación de los recursos en el departamento y en la construcción y reparación de locales de enseñanza.

5. Difundir, seleccionar y proponer las becas a otorgarse a estudiantes con dificultades económicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 15.851, y en función de lo previsto en el Art. 95 de la presente ley.

CAPITULO XV

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION NO FORMAL

Artículo 91. (Creación).-

Créase el Instituto Nacional de Educación No Formal, como órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 92. (Integración).-

El Instituto Nacional de Educación No Formal tendrá un Consejo Directivo integrado por tres representantes designados respectivamente por la ANEP, la Universidad de la República y el Ministro de Educación y Cultura, que lo presidirá.

Artículo 93. (Cometidos).-

Al Instituto de Educación No Formal le compete:

1. Articular los programas y proyectos de educación no formal que se desarrollen en el país, en función de los principios, orientaciones y fines que determina esta ley.

2. Ejecutar programas y proyectos de educación no formal.

3. Llevar un registro de instituciones de educación no formal.

4. Promover la profesionalización de los educadores del ámbito de la educación no formal.

5. Orientar y supervisar los proyectos y acciones de las instituciones privadas de educación no formal que se desarrollen en el país.

Artículo 94. (De la Dirección).-

El Instituto Nacional de Educación No Formal tendrá un Director Ejecutivo, que tendrá la responsabilidad de implementar las propuestas de educación no formal de acuerdo a las directivas del Consejo Directivo dictadas en función de los principios, fines y orientaciones de esta ley, así como de las recomendaciones del Consejo Asesor y Consultivo.

El Director será designado por el Consejo Directivo previa selección, mediante concurso abierto de méritos y oposición. El tribunal de dicho concurso estará integrado por un representante de la ANEP, uno de la Universidad de la República y uno del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 95. (Del Consejo Asesor y Consultivo).-

Créase el Consejo Asesor y Consultivo del Instituto Nacional de Educación No Formal integrado por el Consejo Directivo que lo presidirá, y un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Deporte y Turismo, del Instituto Nacional de la Juventud, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del Congreso de Intendentes, y por dos representantes de los educadores y por dos de las instituciones de educación no formal privada.

El Consejo Asesor y Consultivo del Instituto Nacional de Educación No Formal tendrá funciones de asesoramiento y consulta, así como iniciativa en materia de educación en general y de educación no formal en particular, y promoverá la coordinación de programas y proyectos de educación no formal.

El Instituto Nacional de Educación No Formal consultará al Consejo Asesor y Consultivo en las materias de su competencia.

CAPITULO XVI

COMISION COORDINADORA DE LA EDUCACION DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS (EPJA)

Artículo 96. (Creación).-

Créase la Comisión Coordinadora de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la órbita del Instituto Nacional de Educación No Formal.

Artículo 97. (Integración).-

La Comisión Coordinadora de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas se integrará por un representante de cada Consejo de Educación o Dirección de la ANEP que realice actividades de Educación de Jóvenes y Adultos, uno del Ministerio de Desarrollo Social y uno del Instituto Nacional de Educación No Formal que la coordinará.

Artículo 98. (Cometidos).-

La Comisión Coordinadora de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas tendrá los siguientes cometidos:

1. Coordinar las acciones educativas dirigidas a personas mayores de 15 años.

2. Promover y coordinar planes de alfabetización.

3. Articular acciones con sectores de la sociedad civil que trabajan en la educación de personas jóvenes y adultas.

4. Impulsar campañas educativas dirigidas a personas jóvenes y adultas.

5. Impulsar acciones para la atención educativa de la población carcelaria.

CAPITULO XVII

LA EDUCACION EN LA PRIMERA INFANCIA

Artículo 99. (Integración).-

La Educación en la Primera Infancia, definida en el Art. 40 de esta Ley, estará a cargo, según sus respectivos ámbitos de competencia, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El INAU regirá la educación de niños y niñas de estas edades que participen en programas, proyectos y modalidades de intervención social bajo su ámbito de actuación, en consonancia con lo establecido por la Ley N° 15.977, de 14 de setiembre de 1988 y el Art. 68 de la Ley N° 17.823, de 7 de diciembre de 2004.

La ANEP supervisará y orientará la educación en la primera infancia que ofrezcan las instituciones privadas habilitadas por el Consejo de Educación Inicial y Primaria.

El MEC autorizará, supervisará y orientará la educación de los Centros de Educación Infantil Privados definidos en el Art. 105, según lo establecido por la presente Ley.

Artículo 100. (Creación del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia).-

Créase el Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia como órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 101. (Integración del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia).-

El Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia estará integrado por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que lo presidirá, y representantes del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del Ministerio de Salud Pública, del Congreso de Intendentes, de los educadores en Primera Infancia y de los Centros de Educación Infantil Privados.

Artículo 102. (Cometidos).-

Al Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia le compete:

1. Promover una educación de calidad en la primera infancia.

2. Articular y coordinar los programas y proyectos de educación en la primera infancia que se desarrollen en el país, en función de los principios, orientaciones y fines que determina esta ley.

3. Realizar propuestas relacionadas con la educación en la primera infancia a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública y a la Comisión Nacional de Educación.

4. promover la articulación de las políticas educativas con las políticas públicas para la primera infancia.

5. Promover la profesionalización de los educadores en la primera infancia.

6. Asesorar al Ministerio de Educación y Cultura para la autorización, supervisión y orientación de los Centros de Educación Infantil Privados.

Artículo 103. (Cometidos del Ministerio de Educación y Cultura en la Educación en la Primera Infancia).-

El Ministerio de Educación y Cultura tendrá los siguientes cometidos relacionados con la Educación en la Primera Infancia:

a) Autorizar el funcionamiento de los Centros de Educación Infantil Privados, definidos en el Art. 105.

b) Llevar el Registro Nacional de Centros de Educación Infantil Privados sustituyendo al Registro Nacional de Guarderías creado por la Ley N° 16.802.

c) Supervisar y controlar los Centros de Educación Infantil Privados.

d) Aplicar sanciones, cuando los Centros de Educación Infantil Privados no cumplan con la normativa, desde la observación hasta la clausura definitiva del Centro. También podrá recomendar sanciones económicas en aplicación de los artículos 95 y concordantes del Código Tributario.

Artículo 104. (De la Dirección).-

El Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia tendrá un Director Ejecutivo, que será responsable de implementar las propuestas de educación en la primera infancia de acuerdo a las orientaciones del Consejo Coordinador establecidas en función de los principios, fines y orientaciones de esta Ley.

El Director Ejecutivo será designado, previa selección, mediante concurso abierto de méritos y oposición. El tribunal de dicho concurso estará integrado por un representante de la ANEP, del INAU, del MSP y del MEC.

CAPITULO XVIII

LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL PRIVADOS

Artículo 105. (Concepto).-

Toda institución que desarrolle actividades de educación de niños y niñas entre 0 y 5 años de edad en forma presencial, por períodos de doce horas o más semanales, deberá estar habilitada o autorizada para funcionar por los organismos competentes -ANEP, MEC o INAU-, en el marco de esta Ley y de las competencias correspondientes.

Se considera Centro de Educación Infantil Privado, a todos los efectos legales, toda institución que cumpla con lo establecido en el inciso anterior, independientemente de su razón social -incluyendo instituciones oficiales, Intendencias Municipales o empresas públicas-, y que no sea habilitada o supervisada por la ANEP o el INAU.

Los Centros de Educación Infantil Privados, realizarán su actividad en el marco de la Constitución de la República y esta Ley. Asimismo, el Estado velará por el cabal cumplimiento del respeto a los derechos del niño, especialmente en los consagrados en las Leyes Nos. 16.137 (Convención sobre los Derechos del Niño), de 28 de setiembre de 1990 y 17.823 (Código de la Niñez y la Adolescencia), de 7 de setiembre de 2004.

Artículo 106. (Condiciones Generales para la autorización).-

Los Centros de Educación Infantil Privados, deberán contar con personal idóneo para la atención de niños y orientar sus actividades hacia fines educativos, constituyéndose en espacios educativos de calidad, implementando proyectos institucionales con lineamientos curriculares específicos y acordes a las características de la edad.

Artículo 107. (Requisitos para la autorización).-

Los Centros de Educación Infantil Privados para ser autorizados a funcionar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener un proyecto educativo.

2. Un Director responsable técnico de la institución, que deberá poseer título de nivel terciario universitario vinculado al área educativa, social o de la salud, expedidos por el Instituto Universitario de Educación, la Universidad de la República o revalidados, o tengan reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura en el marco de lo establecido por el Decreto 308/1995, de 11 de agosto de 1995.

3. Al menos la mitad del personal de docencia directa deberá ser egresado de carreras o cursos específicos en la materia, cuyos planes de estudio supongan más de 500 horas de duración, dictadas durante un año lectivo completo. Esa nómina incluirá otro profesional que deberá poseer título de nivel terciario con formación específica en las áreas de educación, social o de la salud expedidos por el Instituto Universitario de Educación, la Universidad de la República o revalidados, o tengan reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura en el marco de lo establecido por el Decreto 308/1995, de 11 de agosto de 1995.

4. El inmueble y las instalaciones deberán cumplir las normas de higiene, salud y seguridad, así como las comodidades básicas para satisfacer las necesidades de los niños matriculados y contar con las certificaciones correspondientes.

5. No podrán instalarse a menos de cien metros de locales donde se estuvieran desarrollando actividades potencialmente peligrosas para la salud física o moral de los niños, asimismo esas actividades no podrán instalarse para funcionar en locales a menos de cien metros de distancia de un centro de educación infantil ya funcionando.

CAPITULO XIX

EDUCACION POLICIAL Y MILITAR

Artículo 108. (Concepto).-

La educación policial y militar, en sus aspectos específicos y técnicos estará a cargo de los Ministerios del Interior y Defensa Nacional, respectivamente.

Los aspectos curriculares generales se regirán por los mismos criterios que los niveles educativos correspondientes. La selección e ingreso de los docentes, cumplirá los mismos requerimientos que se establezcan para cada nivel educativo. En sus planes de estudio deberán estar presentes las líneas transversales establecidas en el artículo 42 de esta Ley.

Con respecto a la educación terciaria se regirán de acuerdo a la normativa y disposiciones que emanen de esta ley y las que se dicten a sus efectos.

CAPITULO XX

COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

Artículo 109. (Creación).-

Créase la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública, que funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 110. (Integración).-

La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública, se integrará por:

1. El Ministro o en su defecto el Subsecretario de Educación y Cultura, que la presidirá.

2. El Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura.

3. El Rector de la Universidad de la República o en su defecto el Vicerrector.

4. Dos integrantes del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.

5. El Presidente o en su defecto otro integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP.

6. Dos integrantes del Consejo Directivo Central de la ANEP.

Artículo 111. (Cometidos).-

A la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública le compete:

1. Velar por el cumplimiento de los fines y principios establecidos en la presente Ley.

2. Coordinar y concertar las políticas educativas de la educación pública e impartir recomendaciones a los Entes.

3. Promover la planificación de la educación pública.

4. Cumplir con los cometidos expresamente señalados en esta Ley.

5. Promover la aplicación de los principios, fines y orientaciones generales que emanan de esta ley.

6. Convocar al Congreso Nacional de Educación.

Artículo 112. (De la Secretaría Ejecutiva).-

La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública tendrá una Secretaría Ejecutiva con el cometido de apoyar el funcionamiento e implementar sus resoluciones.

El Ministerio de Educación y Cultura y los Entes de Enseñanza designarán los funcionarios asignados a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública.

Artículo 113. (De la coordinación en Educación en Derechos Humanos).-

La Comisión Coordinadora del SNEP conformará una Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos que tendrá como cometido proponer líneas generales en la materia.

Artículo 114. (De la coordinación en educación física, la recreación y el deporte).-

La Comisión Coordinadora del SNEP conformará una Comisión a los efectos de coordinar políticas, programas y recursos, así como promover y jerarquizar la educación física, la recreación y el deporte en el ámbito educativo.

Artículo 115. (Coordinación del Sistema Nacional de Becas).-

La Comisión Nacional de Becas, constituida de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 15.851, aprobará las solicitudes de becas que las Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación le remitan a su consideración. La supervisión será realizada por la Comisión Nacional de Becas con la colaboración de las Comisiones Corodinadoras Departamentales de la Educación.

La Comisón Nacional de Becas procurará articular los sistemas de becas y apoyos a estudiantes para lograr una mayor racionalidad en la gestión y mayor impacto en los fines perseguidos con las becas.

TITULO VII

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA

Artículo 116. (Creación).-

Créase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" como órgano desconcentrado con carácter privativo la Unidad Ejecutora "Instituto Nacional de Evaluación Educativa".

Artículo 117. (Dirección).-

El Instituto será dirigido por una Comisión integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo: uno a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá; dos a propuesta del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; uno propuesto por la Universidad de la República y uno propuesto por la educación privada de nivel inicial, primaria y media.

Los miembros deberán ser designados entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente por única vez por igual período debiendo mantenerse hasta la designación de quienes deberán sucederlos.

Artículo 118. (Cometidos).-

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá como cometido evaluar la calidad de la educación nacional, a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas.

Asimismo deberá:

1. Evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, primario y medio.

2. Aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad.

3. Aportar información acerca de los aprendizajes de los educandos.

4. Rendir cuentas a la sociedad acerca del grado del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas.

5. Favorecer la investigación educativa.

6. Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Nacional de Educación en los niveles inicial, primario y medio.

7. Asesorar al Ministerio de Educación y Cultura y a la Administración Nacional de Educación Pública en cuanto a la participación en instancias internacionales de evaluación y realizar los procesos correspondientes a las mismas.

8. Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas a fin de lograr el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 119. (De la Dirección Ejecutiva).-

Créase una función de Alta Prioridad de Director Eje-cutivo que se considerará incluida en el Art. 7° de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

El Director Ejecutivo será designado por el Poder Ejecutivo previo concurso abierto de oposición y méritos.

Artículo 120. (Informe del Estado de la Educación).-

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa cada dos años realizará un Informe sobre el Estado de la Educación en el Uruguay que tendrá en cuenta entre otros aspectos los resultados de las pruebas de evaluación nacionales o internacionales en los que el país participe, el acceso, la cobertura y la permanencia en cada nivel educativo, los resultados del aprendizaje, la relevancia y la pertinencia de las propuestas y contenidos educativos y la evolución y características del gasto educativo. El mismo será aprobado por el Poder Ejecutivo el que lo comunicará al Poder Legislativo y a los distintos organismos de la enseñanza.

En el marco de sus respectivas competencias corresponde a cada organismo de enseñanza brindar al Instituto los medios necesarios para obtener la información que se requiera para realizar el referido Informe e implementar las evaluaciones en las que participen los centros dependientes de su órbita.

Artículo 121. (Criterios Rectores).-

Para la evaluación de la calidad de la educación el Instituto tendrá en cuenta los siguientes criterios rectores:

1. La coherencia entre los currículos y recursos educativos con las orientaciones, principios y fines de la educación establecidos en la presente ley.

2. La calidad de la formación y el desarrollo profesional de los docentes.

3. La eficiencia de la administración de los recursos humanos y materiales disponibles y de las condiciones edilicias y equipamiento de los Centros Educativos.

La evaluación se realizará según normas técnicas e indicadores establecidos por la Comisión del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

TITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y EXCEPCIONALES

A) Las autoridades del Consejo Directivo de la ANEP y de los Consejos de Educación en ejercicio al momento de la promulgación de la presente Ley se mantendrán en sus funciones hasta la designación de los nuevos integrantes, de acuerdo a los mecanismos establecidos en esta Ley. La renovación de la integración de los nuevos Consejos se realizará por única vez en forma completa y conjunta, ingresando al mismo tiempo los designados y los electos por el cuerpo docente.

B) Hasta tanto se integre el Instituto Universitario de Educación, se faculta al Consejo Directivo Central de la ANEP a adoptar las decisiones que correspondan para mantener la continuidad de los servicios a su cargo.

C) La Administración Nacional de Educación Pública deberá incorporar a la escuela a todo niño de cuatro años de edad, cuyos padres o responsables legales hayan solicitado su matriculación, a partir del 1° de enero de 2009.

D) La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, al efecto de cumplir con la obligatoriedad de la educación media superior, establecida en el artículo 10 de esta ley remitirá a la Asamblea General antes del 1° de setiembre de 2010, un plan específicamente diseñado para tal fin.

E) La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública remitirá a la Asamblea General, antes del 1° de setiembre de 2010, un plan con el objetivo de asegurar a los alumnos de educación primaria y educación media básica un mínimo de 900 horas anuales de actividad curricular y para avanzar en la implementación de la extensión del tiempo pedagógico en esos niveles.

F) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64 literal b) se crea una Comisión integrada por representantes de los Consejos de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Técnico-Profesional (UTU) con el cometido de elaborar una propuesta de Educación Media Básica, a partir de las experiencias de los Ciclos Básicos de las diferentes modalidades existentes, incluyendo 7°, 8° y 9° año del medio rural. La Comisión deberá constituirse en los siguientes noventa días, recibirá la opinión de las Asambleas Técnico Docentes y elevará su informe para consideración y aprobación del CDC de la ANEP, con la presencia de los Directores Generales de los Consejos de Educación, en un plazo de un año a partir de la instalación formal de la misma.

G) Se encomienda al Consejo de Educación Media Básica elaborar en un plazo de 180 días de su creación, un plan para asegurar el cumplimiento del literal 2 del Art. 69 de la presente Ley, el que será aprobado por el CDC en presencia de los Directores Generales de los Consejos.

H) El Poder Ejecutivo en un plazo de noventa días remitirá a la Asamblea General del Poder Legislativo un proyecto de ley que establezca procedimientos adecuados, técnicamente diseñados y que ofrezca garantías a las instalaciones y a la sociedad, para la autorización, el reconocimiento y el seguimiento de las instituciones privadas de educación terciaria.

TITULO IX

DEROGACIONES Y OBSERVANCIA DE ESTA LEY

Deróganse las siguientes leyes: la N° 15.739, de 28 de marzo de 1985, a excepción de los artículos 29 a 43; la N° 16.115, de 3 de julio de 1990, la N° 16.802, del 16 de diciembre de 1996 y la N° 18.154, de 9 de julio de 2007, así como todas las disposiciones legales que se opongan a esta ley.

Ernesto Agazzi, Danilo Astori, Alberto Couriel, María Simon, Ricardo Bernal, Daniel Martínez, Jorge Bruni, Gonzalo Fernández, Victor Rossi, Marina Arismendi, María Julia Muñoz, Héctor Lescano, José Bayardi.

Carp. N° 2599/08

Anexo I al

Rep. N° 1267/08

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME EN MAYORIA

Señores Representantes:

El presente informe sintetiza los fundamentos por los cuales aconsejamos al Cuerpo la aprobación del proyecto de Ley General de Educación, fundamentos que ampliaremos y complementaremos en Sala.

Conscientes del significativo papel que la educación tiene en la formación del ser humano y en la construcción social, como asimismo su ligazón con un proyecto de país apegado a valores de democracia, de justicia, de solidaridad y de progreso, es que se viene encarando una integralidad de acciones para que la educación cumpla con el rol que se le asigna.

El crecimiento permanente y significativo de los recursos hasta llegar a la meta planteada del 4,5% del Producto Bruto Interno, ha permitido aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza, crear cargos que se hacían imprescindibles, realizar importantes inversiones en materia de infraestructura edilicia e invertir en planes, programas y equipamiento, fundamentales para mejores resultados educativos.

La instrumentación del Plan Ceibal, de profundas características integradoras y que coloca a todos los niños y las niñas en pie de igualdad para el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, ha significado una acción revolucionaria que ha pasado a ser ejemplo a nivel internacional.

La obligatoriedad de la educación inicial en el nivel de cuatro años a partir del año 2009 y la obligatoriedad de la educación física en todas las clases de las escuelas públicas urbanas y rurales del país a partir de la misma fecha, marca dos nuevos e importantes mojones en lo que significa una acción más temprana en la educación formal y una concepción de formación integral del ser humano.

La elaboración de nuevos planes y programas a nivel de Educación Primaria, Media y de Formación Docente, la incorporación de la enseñanza de la historia reciente y de una clara orientación, y acción para no retrasar más la educación sexual, forman parte de lo mucho que se ha venido trabajando y avanzando en la materia educativa.

Todo ello debe complementarse con la aprobación de una nueva normativa legal que es un debe que se arrastra desde 1985, cuando en un período muy especial de la vida de nuestro país, en una etapa en la cual se salía de la dictadura y se procedía a la reinstitucionalización democrática se aprobó la Ley N° 15.739, de 28 de marzo de 1985, denominada "Ley de Emergencia", donde se hicieron los acuerdos mínimos para avanzar, con la conciencia plena, manifestada en el propio título de la ley que era para la emergencia y había que proceder a realizar transformaciones legales mucho más profundas.

Veintitrés años han pasado de aquel entonces, hasta que el actual gobierno asume la responsabilidad de poner manos a la obra e inicia el proceso para aprobar la nueva Ley de Educación.

Para ello se convoca a un participativo debate educativo donde, a lo largo y a lo ancho del país, a través de asambleas de base y de un congreso nacional, se vuelan los más variados aportes que reflejaron plurales opiniones y sentires ligados a la educación.

Dichos aportes constituyeron algunos privilegiados al momento de elaborar la ley. También se recogieron otros múltiples aportes que enriquecieron la elaboración del proyecto a estudio.

El Título I del proyecto de ley que trata sobre las "Definiciones, fines y orientaciones generales de la educación" y el Capítulo VII referente a las "Líneas transversales", le ponen un norte y una orientación al sistema educativo. La educación no es neutra ni aséptica, implica compromiso con valores y principios comunes de la sociedad, y por lo tanto compromete a todos los actores vinculados a ella: alumnos, docentes, autoridades.

Se define a la educación como un derecho humano fundamental y como un bien público. La prioridad es el sujeto de la educación: el educando.

Se reafirman los principios varelianos: la obligatoriedad y la gratuidad (que hace a la universalidad) y la laicidad (que está íntimamente ligada a la libertad de enseñanza y a la libertad de cátedra).

Se eleva a la categoría de principio a la diversidad e inclusión educativa como, asimismo, a la participación.

Se promueve como fines: la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración social e internacional y la convivencia pacífica.

Se busca formar personas reflexivas, autónomas, solidarias, no discriminatorias y protagonistas de la construcción social.

Para ello se transversaliza la vida del sistema a través de la educación en derechos humanos, ambiental, artística, científica, lingüística, a través del trabajo, para la salud, la educación sexual y la educación física.

Se estructura la educación formal a través de los distintos niveles y modalidades, que van desde la educación inicial hasta la educación de postgrado, pasando por la educación primaria, media básica, media superior, terciaria y universitaria.

Se establece la movilidad horizontal de los educandos a través del reconocimiento y revalidación de los conocimientos adquiridos.

Se fijan normas relativas a la educación a distancia y semipresencial, como modalidades que aportan a la enseñanza.

Se establece la validación de conocimientos adquiridos en la vida, como forma de contribuir a la reinserción y continuidad educativas.

Tema neurálgico y de enorme trascendencia, que traerá significativo avance en la educación, es el papel que se le asigna al centro educativo, al que se considera como el lugar clave, el núcleo básico donde se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje, la socialización y la construcción colectiva del conocimiento. Por tal motivo, la norma legal establece que será un ámbito institucional jeraquizado, dotado de recursos y de competencias y que dispondrá de fondos presupuestales para el mantenimiento del local y la realización de actividades académicas y proyectos culturales y sociales de participación.

La creación de Consejos de Participación en los centros educativos públicos, integrados por estudiantes, docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad, jerarquiza la vida del centro y generan compromiso, identidad y sentido de pertenencia en todos los actores involucrados, al participar activamente en su vida interna.

La norma que establece que al menos un tercio de los miembros de los Consejos de Participación sean estudiantes, fortalece en ellos el sentimiento del compromiso y de identidad con la institución, alejando la ajenidad que es de consecuencias nefastas.

La creación del Congreso Nacional de Educación, como ámbito nacional del debate del Sistema Nacional con carácter asesor y consultivo, de integración plural y amplio, se constituye como ámbito privilegiado de participación.

La creación de la Comisión Nacional de Educación, integrada por representantes de los organismos públicos más directamente ligados a la educación, más representantes de trabajadores, estudiantes, empresarios, Organizaciones No Gubernamentales y la educación privada, permitirá la articulación de las políticas educativas con las otras políticas públicas, como asimismo integrar comisiones de asesoramiento y de coordinación.

Tres principios son resaltados en la ley y se manifiestan en su articulado: la autonomía y la coordinación (ambos establecidos en la Constitución de la República) y la participación.

Se definen los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura en lo que hace a los temas de la educación nacional.

Con respecto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Ente Autónomo creado por la Ley N° 15.739, de 28 de marzo de 1985, se fijan sus cometidos y sus órganos: el Consejo Directivo Central (CODICEN), el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Media Básica, el Consejo de Educación Media Superior y el Consejo de Educación Técnico-Profesional.

Al igual que en la normativa vigente el CODICEN se integra por cinco miembros, pero el gran cambio está dado en que dos de ellos serán electos por voto secreto y directo por los propios docentes, lo que significa un nivel de participación muy importante nunca llevado a cabo en el sistema educativo de nuestro país. Esto permitirá que la visión, aspiraciones y expectativas del cuerpo docente, que es parte indisoluble de la vida educativa, esté representado en el máximo organismo de dirección, lo que implicará un valioso aporte diario para la dirección de la educación como, asimismo, un importante compromiso de los docentes.

Establecer a su vez legalmente la presencia de los Directores Generales de los Consejos Desconcentrados en reuniones del CODICEN, permitirá un nivel de aporte muy importante al momento de definir políticas educativas y de tomar decisiones.

Cada uno de los cuatro Consejos Desconcentrados estará integrado por tres miembros, uno de los cuales será electo por el cuerpo docente respectivo por voto secreto y directo, lo que está en consonancia con el principio de participación que caracterizará al sistema educativo y que tan importantes resultados traerá.

La creación de Comisiones Consultivas de funcionarios no docentes, de estudiantes, de madres, padres o responsables y de otros sectores permitirán canalizar y recibir aportes de actores ligados a la educación, cuya visión es importante tomar en consideración.

De una gran trascendencia es la creación del Instituto Universitario de Educación, con carácter de ente autónomo, que formará maestros, profesores, maestros técnicos y educadores sociales y otorgará otras titulaciones que la educación nacional requiera.

Ha sido una aspiración largamente planteada por los docentes de nuestro país que sus títulos tengan carácter universitario. Con este instituto habrá una formación de carácter universitario donde la formación académica, la investigación y la extensión serán sus características.

Se establece que el Consejo Directivo Central de este Instituto estará integrado por docentes, egresados y estudiantes que serán electos por sus respectivos órdenes, así como por un representante designado por ANEP, uno por la Universidad de la República, y otro por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Para su implantación se constituirá una comisión que antes del 30 de abril de 2010 deberá proponer a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública todos los aspectos para su puesta en marcha: organización, funciones, plan, lo académico y curricular, el personal, patrimonio y demás.

Otra creación de gran trascendencia es el Instituto Terciario Superior, Ente Autónomo que vendrá a llenar una necesidad enormemente sentida como lo es la formación de técnicos y tecnólogos de nivel terciario, que el mundo del trabajo y la producción en el Uruguay actual está requiriendo.

Su organismo de dirección estará integrado por docentes, egresados y estudiantes, que serán electos por sus respectivos órdenes, así como por un representante de la ANEP y uno de la Universidad de la República.

La descentralización y coordinación territorial entre todas las instituciones vinculadas a la educación estará dada por Comisiones Departamentales de Educación que cumplirán funciones de coordinación, de asesoramiento e intervendrán en el tema becas.

Para la educación no formal, que cumple una importante labor en materia educativa en el seno de la sociedad, con la liberación y aporte de valiosas energías, se crea el Consejo Nacional de Educación No Formal en el Ministerio de Educación y Cultura, que tendrá un Consejo Asesor y Consultivo.

Para la educación en la primera infancia, definida a los efectos legales al tramo comprendido entre 0 y hasta 3 años, se crea un Consejo Coordinador integrado por repre-sentantes de quienes tienen mayor vinculación directa: el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el INAU, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y los educadores y los centros de educación infantiles privados, con múltiples cometidos para una mejor atención de este tramo etáreo en la educación.

Importantes son las definiciones legales en materia de Educación Policial y Militar como, asimismo, la creación de una comisión con el cometido de elaborar un proyecto de ley de rediseño integral de esta área de la educación.

El establecimiento de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, cumplirá en el ámbito estatal fines de cooperación, de promoción de los principios, fines y orientaciones que se establecen en este proyecto de ley.

Finalmente, y con el claro criterio de que la evaluación en materia de educación es un instrumento invalorable para mejorar sus niveles, medir resultados, analizar eficiencia y realizar informes sobre el estado de la educación, y que no solo debe haber evaluación interna sino que también debe existir la externa, es que se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como persona de derecho público no estatal.

Sala de la Comisión, 27 de noviembre de 2008.

Roque Arregui, Miembro Informante; Daniel Carbajal, Nora Castro, José Carlos Mahía.

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

Nadie merece ser condenado desde el inicio a una vida sin perspectiva. Esta idea forma parte de nuestra moral compartida, pero debe estar acorde con la otra idea que juzgamos igualmente valiosa: toda persona tiene derecho a compartir con los suyos aquello a lo que accedió gracias a su responsabilidad y esfuerzo.

El sistema de educación pública enfrenta una crisis muy profunda de resultados y de pérdida de prestigio. Lo que otrora fue orgullo de los uruguayos y admiración de los intelectuales del mundo hoy ha perdido ese brillo.

En las últimas décadas la educación no ha sido instrumento para la formación del ciudadano, ni ha tenido el nivel que permita al país desarrollarse como las circunstancias lo requieren, bajando el nivel de formación así como los recursos humanos.

Uno de los síntomas de no dar respuesta a las expectativas requeridas, es el alto índice de deserción en todos los ciclos, sobre todo en secundaria.

El sistema debería formar individuos para el futuro, como ciudadano con determinados valores y con capacidad de ser útil para el país.

La formación ciudadana implica trasmitir los valores permanentes para la convivencia social y la capacidad de interpretar eventos nacionales y globales. La formación de recursos humanos requiere inculcar ciertas actitudes básicas para participar en el mercado laboral y la capacidad de aprendizaje continuo.

El formar de una vez y para toda la vida ha quedado obsoleto, la dinámica del mundo, las realidades nacionales cambiantes, el acceso a las nuevas tecnologías son un permanente desafío para los sistemas educativos actuales, no solamente en nuestro país.

La educación es un asunto político, en el sentido más noble del término, por lo que los ciudadanos deben de saber en el hoy para qué futuro estamos formando.

Para que un sistema educativo sea organizado y moderno debe de estar focalizado sobre la calidad en los aprendizajes y a partir de ello llevar adelante la gestión.

La sociedad necesita que sus miembros se preparen para contribuir al buen funcionamiento de las instituciones y a la generación de riqueza.

El Uruguay es un país pequeño pero con realidades territoriales distintas, con una fuerte centralización administrativa, una histórica transferencia de recursos desde el interior a la capital, situación que ha ido generando concentración de bienes y servicios en la capital del país, entre ellos los educativos, tanto públicos como privados.

En los últimos años no solamente ha decaído el nivel educativo sino también el clima social que reina en los centros de estudio, producto del traslado de la realidad social externa al centro educativo.

El concepto de la subsidiariedad es fundamental para atacar el fenómeno social y educativo, que permita soluciones para los dos aspectos, desde el nivel más pequeño hacia el más grande, pero ello implica un marco legal que conciba al centro de estudio como un elemento importante en la gestión.

Los docentes realizan una tarea admirable y están movidos por una vocación genuina, pero además constituyen una corporación formada por miles de personas que comparten intereses.

Hubo una época en que la función docente era muy valorada y resultaba atractiva para muchos. En ese tiempo era posible tener a Carlos Real de Azúa como profesor en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA). Pero las cosas han cambiado desde entonces: el prestigio social de la profesión se ha reducido, los niveles de remuneración han caído y, consiguientemente, han crecido las dificultades para reclutar personas que quieran formarse para la tarea.

Entre 1995 y 2002, el número de alumnos de educación primaria y secundaria creció en casi ciento veinte mil individuos, pero la cantidad de inscriptos en el centro de formación docente solo aumentó en nueve mil. En el año 2002, solo el 49% de los profesores de enseñanza secundaria tenía un título de formación docente. Un 8% se había formado como maestro, un 19% había hecho otros estudios y el 23% no había concluido ningún estudio terciario.

Las cosas han mejorado desde entonces, en parte porque se impulsaron políticas que resultaron exitosas (como la creación de los CERP) y en parte porque disminuyó la matrícula de secundaria tras haber alcanzado su pico histórico en el año 2003. Luego se inició una contracción que, solo en el período 2004-2005, significó una pérdida de trece mil estudiantes. Según un censo docente realizado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en el año 2007, la proporción de docentes de secundaria con título específico es hoy del 59%, diez puntos más que en 2002. La situación es mejor en primaria, donde la totalidad de los maestros están titulados y peor en la enseñanza técnica, 46% con titulación específica. Compensar este déficit no es una tarea sencilla, dadas las necesidades de reposición de una fuerza de trabajo compuesta por unos cuarenta y cinco mil docentes, la cuarta parte de los cuales tiene cincuenta o más años de edad.

La profesión docente atrae menos interesados de los que necesita el sistema, y además tiene dificultades crecientes para reclutar candidatos entre las personas con mayor capital cultural, los docentes más jóvenes tienden a provenir de hogares que son apenas más fuertes en términos culturales que el hogar uruguayo promedio.

Ante esta realidad debemos buscar los caminos de cambios que no sean solamente formales o coyunturales sino de fondo y con aspiración de permanencia.

EL PROYECTO DE LEY

PANORAMA GENERAL

CARACTERISTICAS

No es una ley general de educación sino una ley orgánica de un Ente Autónomo, la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP).

Enfatiza lo orgánico-institucional por sobre lo estrictamente educativo, debería priorizar los objetivos pedagógicos y sociales, asegurar la pertinencia de los contenidos curriculares y la calidad académica, definir valores esenciales a preservar y no define el perfil técnico de integrantes de los distintos organismos.

Resigna el principio representativo en la conducción de los órganos de dirección de la educación a favor del gobierno corporativo.

Tiene un fuerte perfil declarativo.

Impulsa la burocratización del sistema porque se multiplican los órganos de conducción y la cantidad de personas que los integran.

Instala una participación de actores sociales a todos los niveles, con lo que diluye el principio de autoridad, desdibujando las líneas de responsabilidad y complejizando la gestión.

Violenta la autonomía de la ANEP en numerosos artículos, habilitando la injerencia del Poder Ejecutivo contra lo que dice la Constitución de la República.

Define de manera restrictiva el principio de laicidad.

PRINCIPIOS GENERALES

El proyecto se refiere a los principios clásicos, en general en forma correcta, salvo en lo que refiere a la laicidad.

Laicidad. El principio de laicidad es devaluado y degradado en dos aspectos:

Se omite la obligación ética del docente de impartir enseñanza con "objetividad" e "imparcialidad", solo mantiene de la ley vigente el concepto de "integralidad".

Se omite toda referencia a la prohibición de hacer proselitismo de cualquier especie y de respetar la conciencia autónoma del alumno. Se enfatiza el garantizar "la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias", con lo que se oculta que la relación Maestro-Profesor/Alumno es asimétrica en términos de poder institucional, de autoridad y saber por parte del docente.

De hecho, la norma habilita a que el docente ejerza influencia en el alumno con sus ideas y creencias, con tal que admita la libertad de opinión, cosa que siempre es relativo porque, en definitiva, el que califica, luego al alumno es el docente.

OBLIGATORIEDAD Y AUTONOMIA

Es declarativa la obligatoriedad de la educación media superior donde existe un notable rezago de cobertura y retención de la matrícula.

En las disposiciones transitorias se intenta avanzar operativamente, encomendando a la Comisión Coordinadora Nacional de Educación Pública la presentación de un plan para alcanzar esas metas de obligatoriedad.

Se afecta con ello doblemente la autonomía de la ANEP.

Encomendando el plan a un organismo externo a la ANEP (presidido por el MEC e integrado por la UDELAR) en una materia de su especialidad orgánica.

Por otra parte remite al Poder Legislativo aspectos que corresponden a la gestión interna de la ANEP.

Tiene innovaciones en lo institucional. Se multiplican los consejos, comisiones e institutos. Se crean diecinueve organismos y una gran variedad de integrantes.

Comisión Nacional de Educación, veintidós miembros; Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, ocho miembros; Comisiones Coordinadoras Departamentales de Educación, diecinueve: siete miembros por cada una; Congreso Nacional de Educación, Consejo Directivo Central (CODICEN), cinco miembros; Consejo de Educación Inicial y Primaria, tres miembros; Consejo de Educación Media Básica, tres miembros; Consejo de Educación Media Superior, tres miembros; Consejo de Educación Tecnológica y Superior, tres miembros; Comisiones Consultivas de los Consejos de Educación integrados por funcionarios, docentes, padres y alumnos; Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia, siete miembros; Consejo Directivo del Instituto Nacional de Educación No Formal; Instituto Universitario de Formación en Educación (cogobierno de estudiantes, docentes y egresados); Comisión Coordinadora de la Educación de Personas, Jóvenes y Adultas; Instituto Nacional de Evaluación Estadística; Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos; Consejos de Participación de los Centros Educativos, lo integran, padres, docentes, funcionarios, estudiantes y vecinos; Asambleas Técnico Docentes Nacionales; Asambleas Técnico Docentes por Centro Educativo.

De un criterio de participación emana también la representación corporativa en la dirección de los Consejos de Enseñanza de la ANEP.

La idea expresada por los sindicatos de la enseñanza es que para acceder a una "real y auténtica autonomía" se debe partir del co-gobierno, de modo que los directamente involucrados en la educación designen a los jerarcas del ente.

Se unifica el Ciclo Básico de la enseñanza media que se imparte en Secundaria y en UTU en un solo organismo: el Consejo de Enseñanza Media Básica.

Es impracticable en este momento, porque el Ciclo Básico de UTU que funciona en las escuelas técnicas tiene más de quince mil alumnos y, al salir de las mismas, no hay disponibilidad locativa para albergarlos.

En el estatuto del docente se adiciona como novedad la exigencia del respectivo título docente para la educación media básica. Aunque es una medida deseable e ideal, no puede cumplirse para la enseñanza media básica. Hay cuantiosos profesores sin titulación especialmente en Ciencias y en el interior del país esto implicaría dejar sin profesores a multitud de alumnos.

Se crea como persona jurídica de derecho público no estatal el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Su integración no es la más conveniente, será dirigido por una Comisión Honoraria de cinco miembros, uno designado por el Ministerio de Educación y Cultura, dos por el CODICEN, uno por la Universidad de la República y uno por la educación privada.

Hubiera sido mejor que no fuera honorario y designado de una manera más independiente de los organismos públicos de la educación que debe evaluar.

El Instituto Terciario Superior y el Instituto Universitario de Educación son órganos que se consideran necesarios si se los concibe individualmente, incluso conceptualmente se puede coincidir con algunas de sus fundamentaciones, pero en el presente proyecto pasan a ser parte de un sistema educativo inadecuado y parcializado de la visión del país.

No se le da la importancia mediante un marco legal adecuado a los centros educativos, solo buenas intenciones declarativas.

La distribución de cometidos entre los Consejos de la ANEP está presidida por una lógica que desdibuja el papel del CODICEN, operando respecto a la normativa vigente una distribución de competencias a favor de los Consejos de las diversas ramas de la enseñanza.

Debilita en forma significativa la coordinación de políticas que opera el actual CODICEN.

En cuanto al proceso que se llevó adelante, es de destacar el valioso aporte del "debate educativo", en cuanto que ciudadanos de distintos lugares y dedicados a distintas actividades del quehacer nacional pudieron expresarse. La integración y posterior funcionamiento del Congreso de la Educación solo fue una puesta en escena del Gobierno para tratar de mostrar su preocupación por la educación y de los gremios tratando de fortalecer su posición, que actuaron con mayorías artificiales constituidas por negociaciones.

El resultado ha sido que el proyecto presentado no contempla el mandato emanado del Congreso, según esas mismas organizaciones gremiales.

Este proyecto no ha sido consensuado entre los sectores políticos y sociales, lo que hace discutible su legitimidad y por lo tanto su permanencia en el tiempo.

Por los fundamentos expuestos votamos negativamente el proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 27 de noviembre de 2008.

Juan José Bruno, Miembro Informante; David Fernández.

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

La consideración de un proyecto de ley de educación implica por sobre todas las cosas apostar a una herramienta que efectivamente permita un salto cualitativo en el proceso educativo, acompasando este a los vertiginosos cambios que en el área del conocimiento, la ciencia y la tecnología ocurren hoy en el mundo.

Ese desafío debiera ser el principio rector de cualquier iniciativa que demuestre que con lo establecido en la Ley N° 15.739, de 28 de marzo de 1985, esos objetivos no sean pasibles de lograr.

Entendemos que este proyecto en consideración no apunta en términos generales en esa dirección. Se trata en su inmensa mayoría de disposiciones que establecen un complejo organigrama de distribución de autoridades y competencias, con un evidente aumento de la burocracia y una pretendida participación de múltiples sectores en las propuestas y decisiones que debilitan la verdadera efectividad de esa participación.

Ciertas disposiciones en particular ofrecen dudas y otras despiertan franca discrepancia de forma y fondo. La discusión de los diferentes artículos que se dará en Sala no nos exime de realizar comentarios y fijar posición sobre algunas de estas disposiciones proyectadas.

La creación de una Comisión Nacional de Educación, con la capacidad de recibir y formular propuestas sobre política educativa, limita a nuestro entender las potestades del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, a quien compete por ley establecer la orientación general de los planes y programas de estudio.

La integración del Consejo Directivo Central de ANEP con miembros electos por el cuerpo docente del ente, que a su vez serán definitorios en la designación de los integrantes de los Consejos de Educación, transfiere desde el ámbito político representativo hacia el corporativo el poder de decisión, desconociendo la legítima autoridad emergente de las decisiones ciudadanas.

Se crean multiplicidad de Consejos de Educación, Coordinadores y Consultivos, con superposición de funciones y un aumento desmedido de cargos de confianza que desdibujan las atribuciones y cometidos de cada uno.

Queremos dejar constancia que algunas propuestas contenidas en este proyecto podrían ser objeto de consideración oportunamente y fuera del contexto de esta ley, ya que compartimos la creación de algunos de estos organismos y así lo hemos manifestado en su momento, aunque no con las características y la integración de sus órganos conductores como se propone. Nos referimos a la creación de un Instituto Universitario de Educación y un Instituto Terciario Superior a nivel tecnológico u órganos similares.

Finalmente, la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, si bien avanza en el sentido de independizarlo de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, no asegura la absoluta independencia del juicio evaluatorio que debería ser externo al país.

Por todo lo expresado, voto negativamente el proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 27 de noviembre de 2008.

Manuel María Barreiro

Miembro Informante.

Carp. N° 1402/08

Dist. 2971/08

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO I

DEFINICIONES, FINES Y ORIENTACIONES GENERALES DE LA EDUCACION

CAPITULO I

Artículo 1°. (De la educación como derecho humano fundamental).- Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.

Artículo 2°. (De la educación como bien público).- Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna.

Artículo 3°. (De la orientación de la educación).- La Educación estará orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada a través del trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto al medio ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía, como factores esenciales del desarrollo sostenible, la tolerancia, la plena vigencia de los derechos humanos, la paz y la comprensión entre los pueblos y las naciones.

Artículo 4°. (De los derechos humanos como referencia del ejercicio del derecho a la educación).- La educación tendrá a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución de la República y en el conjunto de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, como elementos esenciales incorporados en todo momento y oportunidad a las propuestas, programas y acciones educativas, constituyéndose en un marco de referencia fundamental para la educación en general y en particular para los educadores en cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

Artículo 5°. (Del sujeto de la educación).- Los titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación, son los educandos. Los educadores como agentes de la educación deben formular sus objetivos y propuestas, y organizar los contenidos en función de los educandos, de cualquier edad.

CAPITULO II

DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACION

Artículo 6°. (De la universalidad).- Todos los habitantes de la República son titulares del derecho a la educación, sin distinción alguna.

El cuidado y educación de los hijos e hijas para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres.

Artículo 7°. (De la obligatoriedad).- Es obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de cuatro y cinco años de edad, la educación primaria y la educación media básica y superior. A tales efectos, se asegurará la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria y media básica.

Los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje.

Artículo 8°. (De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social.

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.

Artículo 9°. (De la participación).- La participación es un principio fundamental de la educación, en tanto el educando debe ser sujeto activo en el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los saberes. Las metodologías que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y la autonomía de las personas.

Artículo 10. (De la libertad de enseñanza).- La libertad de enseñanza estará garantizada en todo el territorio nacional y tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución de la República, la intervención del Estado será "al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos". Asimismo promoverá la calidad y pertinencia de las propuestas educativas.

Artículo 11. (De la libertad de cátedra). El docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio.

Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura y el docente el deber de ponerlas a su alcance.

CAPITULO III

POLITICA EDUCATIVA NACIONAL

Artículo 12. (Concepto).- La política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los habitantes del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado, tanto de carácter formal como no formal.

Asimismo, el Estado articulará las políticas educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, técnico, científico y económico. También articulará las políticas sociales para que favorezcan al cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional.

Artículo 13. (Fines).- La política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines:

A) Promover la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración regional e internacional y la convivencia pacífica.

B) Procurar que las personas adquieran aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que todas las personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultural local, nacional, regional y mundial.

C) Formar personas reflexivas, autónomas, solidarias, discriminatorias y protagonistas de la construcción de su comunidad local, de la cultura, la identidad nacional y de una sociedad con desarrollo sustentable y equitativo.

D) Propender al desarrollo de la identidad nacional des-de una perspectiva democrática, sobre la base del reconocimiento de la diversidad de aportes que han contribuido a su desarrollo, a partir de la presencia indígena y criolla, la inmigración europea y afrodescendiente, así como la pluralidad de expresiones culturales que enriquecen su permanente evolución.

E) Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la resolución de conflictos y una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto a los demás y la no discriminación.

F) Fomentar diferentes formas de expresión, promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada persona.

G) Estimular la creatividad y la innovación artística, científica y tecnológica.

H) Integrar el trabajo como uno de los componentes fundamentales del proceso educativo, promoviendo la articulación entre el trabajo manual e intelectual.

Artículo 14. (Tratados internacionales y cooperación internacional).- El Estado al definir la política educativa nacional, promoverá que la educación sea concebida como un bien público y que la cooperación internacional sea coadyuvente a los fines establecidos en el artículo precedente. No se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con Estados u organismos internacionales, que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización.

CAPITULO IV

PRINCIPIOS DE LA EDUCACION PUBLICA

Artículo 15. (Principios).- La educación estatal se regirá por los principios de gratuidad, de laicidad e igualdad de oportunidades, además de los principios y fines establecidos en los títulos anteriores. Toda institución estatal dedicada a la educación deberá velar en el ámbito de su competencia por la aplicación efectiva de estos principios.

Artículo 16. (De la gratuidad).- El principio de gratuidad asegurará el cumplimiento efectivo del derecho a la educación y la universalización del acceso y permanencia de las personas en el sistema educativo.

Artículo 17. (De la laicidad).- El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y critico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias.

Artículo 18. (De la igualdad de oportunidades o equidad).- El Estado brindará los apoyos específicos necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación de vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir a las personas y sectores discriminados cultural, económica o socialmente, a los efectos de que alcancen una real igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes.

Asimismo, estimulará la transformación de los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u orientación sexual.

El Estado asegurará a los educandos que cursen la enseñanza pública obligatoria, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Promoverá su máximo aprovechamiento para la educación, su uso con sentido y su apropiación por parte de los educandos.

Artículo 19. (De los recursos).- El Estado proveerá los recursos necesarios para asegurar el derecho a la educación y el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

TITULO II

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION

CAPITULO I

AMBITO

Artículo 20. (Concepto).- El Sistema Nacional de Educación es el conjunto de propuestas educativas integradas y articuladas para todos los habitantes a lo largo de toda la vida.

CAPITULO II

LA EDUCACION FORMAL

Artículo 21. (Concepto).- La educación formal estará organizada en niveles y modalidades que conforman las diferentes etapas del proceso educativo, que aseguran su unidad y facilitan la continuidad del mismo.

Artículo 22. (De la estructura).- La estructura de la educación formal comprenderá los siguientes niveles:

Nivel Descripción

0 Educación Inicial: 3, 4 y 5 años de edad

1 Educación Primaria

2 Educación Media Básica

3 Educación Media Superior

Incluye tres modalidades: educación general, educación tecnológica y formación técnico profesional.

4 A) Educación Terciaria. Incluye cursos técnicos no universitarios, tecnicaturas y educación tecnológica superior.

B) Formación en educación con carácter universitario.

C) Educación Terciaria Universitaria: Incluye carreras de grado.

5 Educación de postgrado.

Artículo 23. (De la movilidad de los estudiantes).- Los conocimientos o créditos correspondientes, adquiridos dentro de cualquiera de los niveles educativos, serán reconocidos o revalidados de forma de permitir la movilidad horizontal de los educandos.

Se facilitará la movilidad de los estudiantes entre las modalidades de los niveles 2, 3 y 4, reconociendo o revalidando los conocimientos adquiridos en cada una de ellas, con el propósito de crear un sistema de formaciones variado y no compartimentado.

Artículo 24. (De la educación inicial).- La educación inicial tendrá como cometido estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. Se promoverá una educación integral que fomente la inclusión social del educando, así como el conocimiento de sí mismo, de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural.

Artículo 25. (De la educación primaria).- La educación primaria tendrá el propósito de brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el razonamiento que permitan la convivencia responsable en la comunidad.

Artículo 26. (De la educación media básica).- La educación media básica abarcará el ciclo inmediato posterior a la educación primaria. Profundizará el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas.

Artículo 27. (De la educación media superior).- La educación media superior abarcará hasta tres años posteriores a la educación media básica, según las modalidades ofrecidas en el nivel y tendrá un mayor grado de orientación o especialización. Tendrá tres modalidades: la educación general que permitirá la continuidad en la educación terciaria (bachilleratos generales); la tecnológica que permitirá continuar estudios terciarios y la inserción laboral (bachilleratos tecnológicos); y la formación técnica y profesional que estará orientada principalmente a la inserción laboral. La culminación de todas sus modalidades permitirá la continuidad educativa.

Artículo 28. (De la educación técnico profesional).- La educación técnico profesional estará dirigida a personas de quince años y más. Tendrá el propósito de la formación para el desempeño calificado de las profesiones y de técnicos medios y superiores vinculados a diferentes áreas ocupacionales comprendiendo la formación profesional (básica y superior), técnica y tecnológica del nivel medio incluyendo a las tecnicaturas. Las propuestas de la educación técnico profesional deben permitir la continuidad educativa de los educandos. Los conocimientos o créditos adquiridos serán reconocidos o revalidados para continuar estudios en los niveles educativos que correspondan.

Artículo 29. (De la educación terciaria).- La educación terciaria requerirá la aprobación de los ciclos completos de educación primaria y media (básica y superior); profundiza y amplía la formación en alguna rama del conoci-miento; incluye, entre otras, la educación tecnológica y técnica.

Artículo 30. (De la educación terciaria universitaria).- La educación terciaria universitaria será aquella cuya misión principal será la producción y reproducción del conocimiento en sus niveles superiores, integrando los procesos de enseñanza, investigación y extensión. Permitirá la obtención de títulos de grado y postgrado.

Artículo 31. (De la formación en educación).- La formación en educación se concebirá como enseñanza terciaria universitaria y abarcará la formación de maestros, maestros técnicos, profesores, profesores de educación física y educadores sociales, así como de otras formaciones que el Sistema Nacional de Educación requiera.

Artículo 32. (De la educación de postgrado).- Los postgrados universitarios corresponden a estudios realizados con posterioridad a la obtención de un primer grado universitario o licenciatura. Estos cursos pueden ser de especialización, diplomaturas, maestría o doctorado.

Artículo 33. (De las modalidades de la educación formal).- La educación formal contemplará aquellas particularidades, de carácter permanente o temporal, personal o contextual, a través de diferentes modalidades, entendidas como opciones organizativas o metodológicas, con el propósito de garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. Se tendrá especial consideración a la educación en el medio rural, la educación de personas jóvenes y adultas y la educación de personas con discapacidades, promoviéndose la inclusión de estas en los ámbitos de la educación formal, según las posibilidades de cada una, brindándoles los apoyos necesarios.

Artículo 34. (De la educación formal en el medio rural).- La educación formal en el medio rural tendrá por objetivo asegurar, como mínimo, la educación obligatoria de las personas, teniendo en cuenta las especificidades del medio en que se desarrolla.

Artículo 35. (De la educación formal de personas jóvenes y adultas).- La educación formal de jóvenes y adultos tendrá como objetivo asegurar, como mínimo, el cumplimiento de la educación obligatoria en las personas mayores de quince años.

CAPITULO III

OTRAS MODALIDADES

Artículo 36. (De la educación a distancia y semipresencial).- La educación a distancia, en línea o asistida, comprenderá, los procesos de enseñanza y de aprendizaje que no requieren la presencia física del alumno en aulas u otras dependencias similares, para el dictado regular de sus cursos, siempre que se empleen materiales y recursos tecnológicos específicamente desarrollados para obviar dicha presencia, y se cuente con una organización académica y un sistema de gestión y evaluación específico, diseñado para tal fin. La modalidad semipresencial, además de las características anteriores, requiere instancias presenciales.

Las certificaciones de estas modalidades serán otorgadas por los organismos competentes del Sistema Nacional de Educación Pública, los cuales también reglamentarán la habilitación y autorización a instituciones privadas para el dictado de cursos a través de estas modalidades y el reconocimiento de los certificados otorgados.

CAPITULO IV

EDUCACION NO FORMAL

Artículo 37. (Concepto).- La educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida, comprenderá todas aquellas actividades, medios y ámbitos de educación, que se desarrollan fuera de la educación formal, dirigidos a personas de cualquier edad, que tienen valor educativo en sí mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer determinados objetivos educativos en diversos ámbitos de la vida social, capacitación laboral, promoción comunitaria, animación sociocultural, mejoramiento de las condiciones de vida, educación artística, tecnológica, lúdica o deportiva, entre otros.

La educación no formal estará integrada por diferentes áreas de trabajo educativo, entre las cuales se mencionan, alfabetización, educación social, educación de personas jóvenes y adultas.

Se promoverá la articulación y complementariedad de la educación formal y no formal con el propósito de que esta contribuya a la reinserción y continuidad educativa de las personas.

CAPITULO V

EDUCACION DE PRIMERA INFANCIA

Artículo 38. (De la educación en la primera infancia).- La educación en la primera infancia comprenderá el ciclo vital desde el nacimiento hasta los tres años, y constituirá la primera etapa del proceso educativo de cada persona, a lo largo de toda la vida.

Tendrá características propias y específicas en cuanto a sus propósitos, contenidos y estrategias metodológicas, en el marco del concepto de educación integral. Promoverá la socialización y el desarrollo armónico de los aspectos intelectuales, socio-emocionales, y psicomotores en estrecha relación con la atención de la salud física y mental.

CAPITULO VI

REINSERCION Y CONTINUIDAD EDUCATIVAS

Artículo 39. (De la validación de conocimientos).- El Estado, sin perjuicio de promover la culminación en tiempo y forma de los niveles de la educación formal de todas las personas, podrá validar para habilitar la continuidad educativa, los conocimientos, habilidades y aptitudes alcanzados por una persona fuera de la educación formal, que se correspondan con los requisitos establecidos en algún nivel educativo.

La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública en el plazo de ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, reglamentará los procedimientos de validación y evaluación, estando a cargo de la Institución del Sistema Nacional de Educación Pública correspondiente, la expedición de los certificados, previa solicitud del interesado.

CAPITULO VII

LINEAS TRANSVERSALES

Artículo 40. (De las líneas transversales).- El Sistema Nacional de Educación, en cualesquiera de sus modalidades contemplará líneas transversales entre las cuales se encuentran:

A) La educación en derechos humanos.

B) La educación ambiental para el desarrollo humano sostenible.

C) La educación artística.

D) La educación científica.

E) La educación lingüística.

F) La educación a través del trabajo.

G) La educación para la salud.

H) La educación sexual.

I) La educación física, la recreación y el deporte, de acuerdo a los lineamientos que se especifican:

1) La educación en derechos humanos tendrá como propósito que los educandos, sirviéndose de conocimientos básicos de los cuerpos normativos, desarrollen las actitudes e incorporen los principios referidos a los derechos humanos fundamentales. Se considerará la educación en derechos humanos como un derecho en sí misma, un componente inseparable del derecho a la educación y una condición necesaria para el ejercicio de todos los derechos humanos.

2) La educación ambiental para el desarrollo humano sostenible tendrá como propósito que los educandos adquieran conocimientos con el fin de fomentar actitudes y comportamientos individuales y colectivos, para mejorar las relaciones entre los seres humanos y de estos con el entorno. Procurará desarrollar habilidades para potenciar un desarrollo humano sostenible en la búsqueda de una mejora sostenida de la calidad de vida de la sociedad.

3) La educación artística tendrá como propósito que los educandos alcancen a través de los diferentes lenguajes artísticos, una educación integral, promoviendo el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y la percepción, impulsando la creación de universos singulares que den sentido a lo que es significativo para cada ser humano.

4) La educación científica tanto en las áreas: social, natural y exactas, tendrá como propósito promover por diversas vías, la comprensión y apropiación social del conocimiento científico y tecnológico para su democratización. Significará, también, la difusión de los procedimientos y métodos para su generación, adquisición y uso sistemáticos.

5) La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las competencias comunicativas de las personas, el dominio de la lengua escrita, el respeto de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, la consideración de las diferentes lenguas maternas existentes en el país (español del Uruguay, portugués del Uruguay, lengua de señas uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras.

6) La educación a través del trabajo tendrá como propósito incorporar a los educandos en el concepto del trabajo como actividad propia de los seres humanos e integradora a la vida social.

7) La educación para la salud tendrá como propósito la creación de hábitos saludables, estilos de vida que promuevan la salud y prevengan las enfermedades. Procurará promover, en particular, la salud mental, bucal, ocular, nutricional, la prevención del consumo problemático de drogas y una cultura de prevención para la reducción de los riesgos propios de toda actividad humana.

8) La educación sexual tendrá como propósito proporcionar instrumentos adecuados que promuevan en educadores y educandos, la reflexión crítica ante las relaciones de género y la sexualidad en general para un disfrute responsable de la misma.

9) La educación física, en recreación y deporte, tiene como propósito el desarrollo del cuerpo, el movimiento, la interacción, y la actividad humana, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo personal y social, así como a la adquisición de valores necesarios para la adhesión social y el diálogo intercultural.

Las autoridades velarán para que estas líneas transversales estén presentes, en la forma que se crea más conveniente, en los diferentes planes y programas.

CAPITULO VIII

LOS CENTROS EDUCATIVOS

Artículo 41. (Concepto).- El centro educativo de cualquier nivel, o modalidad será un espacio de aprendizaje, de socialización, de construcción colectiva del conocimiento, de integración y de convivencia social y cívica, de respeto y promoción de los Derechos Humanos.

Será un ámbito institucional jerarquizado, dotado de recursos y competencias, a los efectos de lograr los objetivos establecidos en su proyecto educativo. El proceso de formulación, seguimiento y evaluación del mismo contará con la participación de los docentes del centro y se promoverá la participación de funcionarios, padres y estudiantes.

El Estado fortalecerá la gestión de los centros educativos públicos en los aspectos pedagógicos, de personal docente y no docente, administrativos y financieros para cumplir con lo precedentemente expuesto. Asimismo, se procurará la concentración horaria de los docentes en un centro educativo y se fomentará su permanencia en el mismo.

El Centro Educativo público dispondrá de fondos presupuestales para el mantenimiento del local, la realización de actividades académicas y proyectos culturales y sociales de extensión. Los centros educativos podrán realizar convenios con otras instituciones, con la autorización correspondiente.

CAPITULO IX

LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION

Artículo 42. (De la Comisión Nacional de Educación. Integración).- Créase la Comisión Nacional de Educación, que se identificará con la sigla COMINE y estará integrada por:

A) Los miembros de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública.

B) Los Directores Generales de los Consejos de Educación integrantes de la Administración Nacional de Educación Pública.

C) La máxima autoridad del Instituto Universitario de Educación.

D) El Presidente del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

E) Dos representantes de la educación privada inicial, primaria, media y técnico profesional.

F) Un representante de la educación universitaria privada.

G) Un representante de los trabajadores.

H) Un representante de los trabajadores de la educación.

I) Dos representantes de los estudiantes.

J) Un representante de los empresarios.

K) Un representante de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la educación.

Los organismos o sectores integrantes de la COMINE además de los representantes titulares ante dicha Comisión, podrán designar representantes alternos.

El Poder Ejecutivo reglamentará en su caso, el procedimiento para la elección o designación de los representantes arriba mencionados.

Artículo 43. (Naturaleza y cometidos).- La Comisión Nacional de Educación (COMINE) constituirá el ámbito nacional de deliberación sobre políticas educativas del Sistema Nacional de Educación y tendrá carácter de asesoramiento y de consulta en los siguientes cometidos:

A) Procurar la articulación de las políticas educativas con otras políticas públicas.

B) Integrar comisiones de asesoramiento o de coordinación en temas vinculados a la presente ley y a otras normas de la materia educativa.

C) Propiciar foros, congresos y conferencias referidos a temas educativos.

La COMINE dictará su propio reglamento de funcionamiento y el Ministerio de Educación y Cultura asegurará el apoyo presupuestal, administrativo, organizativo y técnico que requiera la Comisión para cumplir con sus cometidos.

Artículo 44. (De la creación del Congreso Nacional de Educación).- Créase el Congreso Nacional de Educación que tendrá una integración plural y amplia que refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía en el Sistema Nacional de Educación.

Artículo 45. (Naturaleza y cometidos del Congreso Nacional de Educación).- El Congreso Nacional de Educación constituirá el ámbito nacional de debate del Sistema Nacional de Educación y tendrá carácter asesor y consultivo en los temas de la aplicación de la presente ley. Será convocado por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública como mínimo en el primer año de cada período de Gobierno.

TITULO III

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CAPITULO I

PRINCIPIOS

Artículo 46. (De la Autonomía).- La educación pública estará regida por Consejos Directivos Autónomos de conformidad con la Constitución de la República y la ley, que en aplicación de su autonomía tendrán la potestad de dictar su normativa, respetando la especialización del ente.

Artículo 47. (De la Coordinación).- Los Consejos Directivos Autónomos y los demás organismos que actúen en la educación pública deberán coordinar sus acciones con el fin de cumplir con los principios, las orientaciones y los fines de la educación establecidos en la Constitución de la República y la presente ley.

Artículo 48. (De la Participación).- La participación de los educandos o participantes, funcionarios docentes, otros funcionarios, madres, padres o responsables y de la sociedad en general, en la educación pública constituirá uno de sus principios básicos. Se promoverá el cogobierno en los ámbitos que corresponda, atendiendo los diferentes ámbitos y niveles educativos.

CAPITULO II

ORGANOS

Artículo 49. (Integración).- El Sistema Nacional de Educación Pública estará integrado por el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República y demás entes autónomos de la educación pública estatal.

Artículo 50. (Coordinación).- El Sistema Nacional de Educación Pública estará coordinado por la Comisión Coordinadora de la Educación Pública, creada por el artículo 106 y siguientes de la presente ley.

CAPITULO III

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Artículo 51. (Del Ministerio de Educación y Cultura).- El Ministerio de Educación y Cultura, en relación a los temas de la educación nacional, tendrá los siguientes cometidos:

A) Desarrollar los principios generales de la educación.

B) Facilitar la coordinación de las políticas educativas nacionales.

C) Articular las políticas educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico y económico.

D) Promover la articulación de la educación con la investigación científica y tecnológica y con la cultura.

E) Presidir los ámbitos de coordinación educativa que le corresponde según la presente ley.

F) Relevar y difundir en coordinación con los entes autónomos la información estadística y documentación educativa.

G) Confeccionar las estadísticas del sector educativo, en el marco del Sistema Estadístico Nacional.

H) Coordinar en forma preceptiva con los entes autónomos de la educación, qué integrantes del Sistema Nacional de Educación Pública compondrán la representación internacional de la educación nacional.

I) Realizar propuestas a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Educación.

J) Relacionarse con el Poder Legislativo, en los temas relativos a la educación, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República.

CAPITULO IV

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

Artículo 52. (Creación y naturaleza).- La Administración Nacional de Educación Pública, que se identificará con la sigla ANEP, ente autónomo con personería jurídica creado por la Ley N° 15.739, de 28 de marzo de 1985, funcionará de conformidad a los artículos 202 y siguientes de la Constitución de la República y de la presente Ley.

Artículo 53. (Cometidos).- La Administración Nacional de Educación Pública tendrá los siguientes cometidos:

A) Elaborar, instrumentar y desarrollar las políticas educativas que correspondan a los niveles de educación que el ente imparta.

B) Garantizar la educación en los diferentes niveles y modalidades educativas de su competencia a todos los habitantes del país, asegurando el ingreso, permanencia y egreso.

C) Asegurar el cumplimiento de los principios y orientaciones generales de la educación establecidos en la presente ley en los ámbitos de su competencia.

D) Promover la participación de toda la sociedad en la formulación, implementación y desarrollo de la educación en la órbita de su competencia.

Artículo 54. (De los órganos).- La Administración Nacional de Educación Pública tiene los siguientes órganos: el Consejo Directivo Central, los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica, de Educa-ción Media Superior y de Educación Técnico-Profesional (UTU).

Artículo 55. (De los bienes).- La Administración Nacional de Educación Pública tendrá la administración de sus bienes. Los bienes que estén destinados a los Consejos o al Instituto Universitario de Educación o en el futuro fuesen asignados específicamente por resolución del Consejo Directivo Central, estarán a cargo del Consejo respectivo o Instituto.

Artículo 56. (Adquisición, enajenación y afectación de bienes inmuebles).- La adquisición y enajenación de bienes inmuebles a título oneroso, así como su afectación o gravamen por parte de la Administración Nacional de Educación Pública, deberán ser resueltas en todos los casos por cuatro votos conformes, previa consulta a los Consejos y al Instituto Universitario de Educación cuando se tratare de bienes destinados o a destinarse a su servicio. Las enajenaciones a título gratuito requerirán la unanimidad de votos del Consejo Directivo Central.

Artículo 57. (De los ingresos).- Forman parte del patrimonio de la Administración Nacional de Educación Pública:

A) Los recursos y las partidas que se le asignen por las leyes de Presupuesto Nacional y las de Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal.

B) Los frutos naturales, industriales y civiles de sus bienes.

C) Los recursos o proventos que perciba el ente por la venta de la producción de los centros educativos o de los servicios que estos vendan o arrienden, de conformidad con los reglamentos que oportunamente se dicten.

D) Los que perciba por cualquier otro título.

CAPITULO V

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ANEP

Artículo 58. (Del Consejo Directivo Central).- El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública estará integrado por cinco miembros, los que deberán poseer condiciones personales relevantes, reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de educación, y que hayan actuado en la educación pública por un lapso no menor de diez años.

Tres de sus miembros serán designados por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuestas fundadas, por un número de votos equivalentes a los tres quintos de sus componentes elegidos conforme al artículo 94 inciso primero de la Constitución de la República.

Si la venia no fuera otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta del Senado.

Por el mismo procedimiento será designado de entre los propuestos por el Poder Ejecutivo el Presidente del Consejo Directivo Central.

Las designaciones deberán efectuarse al comienzo de cada período de gobierno y los miembros designados permanecerán en sus cargos hasta tanto no hayan sido designados quienes les sucedan.

En caso de vacancia definitiva, el cargo correspondiente será provisto en la forma indicada en los incisos anteriores.

Los otros dos miembros serán electos por el cuerpo docente del ente, según la reglamentación que oportunamente apruebe el Poder Ejecutivo. Durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos solamente por un período subsiguiente debiendo para una nueva elección mediar por lo menos cinco años desde su cese. La elección estará a cargo de la Corte Electoral y se deberá realizar en el año anterior a las elecciones nacionales.

Los Directores Generales de los Consejos de Educación también integrarán de pleno derecho con voz y sin voto el Consejo Directivo Central.

Artículo 59. (Cometidos del Consejo Directivo Central).- El Consejo Directivo Central tendrá los siguientes cometidos:

A) Promover un clima de participación democrática y propiciar en forma permanente una reflexión crítica y responsable, en todo el ámbito organizacional.

B) Definir las orientaciones generales de los niveles y modalidades educativas que se encuentran en su órbita.

C) Designar a los integrantes de los Consejos de Educación, según lo establecido en el artículo 65 de la presente ley.

D) Homologar los planes de estudio aprobados por los Consejos de Educación.

E) Definir el proyecto de presupuesto y de rendición de cuentas, como resultado de un proceso de elaboración que atienda las diferentes propuestas de los Consejos de Educación y considere las iniciativas de otros sectores de la sociedad.

F) Representar al ente en las ocasiones previstas por el inciso tercero del artículo 202 de la Constitución de la República, oyendo previamente a los Consejos respectivos en los asuntos de su competencia.

G) Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

H) Aprobar los Estatutos de los funcionarios docentes y no docentes del servicio, con las garantías establecidas en la Constitución de la República y en la presente ley.

I) Designar al Secretario General y al Secretario Administrativo del Consejo Directivo Central con carácter de cargos de particular confianza. El Secretario Administrativo deberá haber sido funcionario del ente por un lapso no menor a diez años.

J) Destituir por ineptitud, omisión o delito, a propuesta de los Consejos cuando dependieren de éstos y con las garantías que fija la ley y el estatuto, al personal docente, técnico, administrativo, de servicio u otro de todo el Ente.

K) Destituir por ineptitud, omisión o delito a los miembros de los Consejos de Educación por cuatro votos conformes y fundados, previo ejercicio del derecho constitucional de defensa.

L) Coordinar los servicios de estadística educativa del ente.

M) Conceder las acumulaciones de sueldo que sean de interés de la Educación y se gestionen conforme a las leyes y reglamentos.

N) Establecer lineamientos generales para la supervisión y fiscalización de los institutos privados habilitados de educación inicial, primaria, media y técnico profesional, siguiendo los principios generales de la presente ley y los criterios establecidos por cada Consejo de Educación, con participación de representantes de las instituciones de educación privada.

O) Resolver los recursos de aprobación interpuestos contra sus actos, así como los recursos jerárquicos.

P) Organizar o delegar la educación formal de personas jóvenes y adultas en los niveles correspondientes.

Q) Delegar en los Consejos de Educación, por resolución fundada, las atribuciones que estime conveniente. No son delegables las atribuciones que le comete la Constitución de la República y aquellas para cuyo ejercicio la presente ley requiere mayorías especiales.

Artículo 60. (Presencia de los Directores de los Consejos de Educación).- El Consejo Directivo Central, en cumplimiento de las competencias indicadas en los literales B), D), E) y H) del artículo precedente, tomará decisión con la presencia de los Directores Generales de los Consejos, sin perjuicio de que pueda convocarlos cada vez que lo entienda pertinente.

El Consejo Directivo Central convocará a los Directores Generales de los Consejos cada vez que lo entienda pertinente y cuando se traten asuntos relacionados con las competencias de los respectivos Consejos.

Artículo 61. (De las remuneraciones, incompatibilidades y prohibiciones).- La remuneración del Presidente y de los Consejeros del Consejo Directivo Central se regirá por lo establecido por el artículo 34 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996. Terminado el ejercicio del cargo, los integrantes del Consejo Directivo Central y de los Consejos tendrán derecho a ser restablecidos a la situación docente que ocupaban o que tenían derecho a ocupar, en el momento de asumir sus funciones; tendrán las incompatibilidades establecidas en los artículos 200 y 201 de la Constitución de la República, y no podrán tener vinculaciones laborales o patrimoniales con instituciones de enseñanza privada ni desempeñar la función docente particular en la órbita de la educación básica y general.

CAPITULO VI

CONSEJOS DE EDUCACION

Artículo 62. (Ambito de competencia).- Cada Consejo será responsable en el ámbito de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de los siguientes niveles educativos de la educación formal:

A) El Consejo de la Educación Inicial y Primaria (CEIP) tendrá a su cargo la educación inicial y la educación primaria.

B) El Consejo de Educación Media Básica (CEM Básica) tendrá a su cargo la educación media básica.

C) El Consejo de Educación Media Superior (CEM Superior) tendrá a su cargo la educación media superior general (bachilleratos diversificados).

D) El Consejo de Educación Técnico-Profesional (UTU) tendrá a su cargo la formación profesional (básica y superior), la educación media superior técnica tecnológica (bachilleratos tecnológicos), la educación media superior orientada al ámbito laboral y la educación terciaria técnica (tecnicaturas).

Artículo 63. (Cometidos de los Consejos).- Compete a los Consejos de Educación:

A) Desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje correspondientes a su respectivo nivel educativo.

B) Aprobar los planes de estudio y los programas de las asignaturas que ellos incluyan.

C) Administrar los servicios y dependencias a su cargo.

D) Supervisar el desarrollo de los planes, programas y cursos.

E) Reglamentar la organización y el funcionamiento de los servicios a su cargo y adoptar las medidas que los mismos requieran.

F) Proyectar los presupuestos de sueldos, gastos e inversiones correspondientes al nivel educativo asignado y sus modificaciones, así como las rendiciones de cuentas y balances de ejecución presupuestal correspondientes a los servicios a su cargo.

G) Realizar toda clase de nombramientos, reelecciones, ascensos y sanciones, así como otorgar licencias y designar el personal docente y no docente, conforme al Estatuto del Funcionario y a las ordenanzas que apruebe el Consejo Directivo Central. Podrán también dictar normas en esta materia con arreglo al estatuto y a las ordenanzas.

H) Proponer al Consejo Directivo Central de la ANEP la destitución del personal docente o no docente a su cargo, por razones de ineptitud, omisión o delito con las garantías que fija la ley y el estatuto respectivo.

I) Designar al Secretario General de cada Consejo, con carácter de cargo de particular confianza, quien deberá haber sido funcionario del ente por un lapso no menor a diez años.

J) Proyectar las normas estatutarias que crea necesarias para sus funcionarios y elevarlas al Consejo Directivo Central a los efectos de su aprobación e incorporación al Estatuto de los Funcionarios del ente.

K) Habilitar, autorizar, supervisar y fiscalizar los institutos del nivel educativo correspondiente, en consonancia con los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo Central.

L) Conferir y revalidar certificados de estudio nacionales y revalidar certificados de estudio extranjeros en los niveles y modalidades de educación a su cargo.

M) Adoptar las resoluciones atinentes al ámbito de su competencia, salvo aquellas que por la Constitución de la República, la presente ley y las ordenanzas correspondan a los demás órganos.

N) Verificar en el caso de los Consejos de Educación Media Básica, Educación Media Superior y Educación Técnica-Profesional (UTU), la aprobación o validación en su caso del nivel anterior, así como habilitar para cursar los niveles educativos superiores correspondientes.

O) Promover un clima de participación democrática y propiciar en forma permanente una reflexión crítica y responsable, en todo el ámbito de la institución a su cargo.

P) Ejercer las demás atribuciones que le delegare especialmente el Consejo Directivo Central.

Artículo 64. (De otros cometidos del Consejo Directivo Central - UTU).- Además de los cometidos establecidos en el artículo anterior, el Consejo de Educación Técnico-Profesional (UTU) tendrá los siguientes:

A) Impartir cursos de capacitación laboral.

B) Producir bienes y servicios, con la participación de alumnos y docentes, en el marco de su actividad educativa.

C) Administrar los fondos generados por la venta o arriendo de los bienes y servicios producidos, informando al Consejo Directivo Central de la ANEP, según las normas establecidas a tales efectos.

D) Promover la coordinación con otras instituciones públicas en materia de la formación profesional.

E) Participar en procesos de certificación de saberes o competencias técnicas.

Artículo 65. (De la designación o elección de los integrantes de los Consejos).- Los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica y de Educación Media Superior y de Educación Técnico Profesional (UTU) se integrarán con tres miembros que hayan ejercido la docencia en la educación pública por un lapso no menor a diez años.

Dos de ellos serán designados por el Consejo Directivo Central por cuatro votos conformes y fundados. De no haberse realizado las designaciones a los sesenta días de instalado el Consejo Directivo Central o en el mismo plazo en caso de vacancia definitiva, la designación podrá ser realizada por mayoría absoluta de integrantes del Consejo.

Por el mismo procedimiento y con el mismo sistema de mayoría especial, será designado el Director General de cada Consejo.

El tercer miembro de cada Consejo será electo por el cuerpo docente del mismo, según la reglamentación que oportunamente apruebe el Consejo Directivo Central. Durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos solamente por un período subsiguiente debiendo para una nueva elección mediar por lo menos cinco años desde su cese. La elección estará a cargo de la Corte Electoral y se deberá realizar en el año anterior a las elecciones nacionales.

Artículo 66.- Los Consejos de Educación Media Superior y de Educación Técnico-Profesional (UTU) podrán incorporar con voz y sin voto a un representante estudiantil del nivel, que no haya cumplido los veinte años de edad, electo por la Comisión Consultiva respectiva. Los Consejos acordarán con las respectivas Comisiones Consultivas las demás condiciones que deberá poseer el estudiante para ser electo y las características de su participación.

Artículo 67. (Atribuciones de los Presidentes del Consejo Directivo Central y de los Directores Generales de los Consejos de Educación).- El Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP y los Directores Generales de los Consejos de Educación, tendrán las siguientes atribuciones:

A) Presidir los Consejos respectivos, dirigir las sesiones, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y resoluciones.

B) Representar al Consejo cuando corresponda.

C) Autorizar los gastos que sean necesarios, dentro de los límites que establezcan la ley y las ordenanzas.

D) Tomar las resoluciones de carácter urgente que estime necesarias para el cumplimiento del orden y el respeto de las disposiciones reglamentarias. En ese caso dará cuenta al Consejo en la primera sesión ordinaria, y este podrá oponerse por mayoría de votos de sus componentes, debiendo fundar su oposición.

E) Adoptar las medidas de carácter disciplinario que correspondan, dando cuenta al Consejo en la forma señalada en el inciso precedente.

F) Inspeccionar el funcionamiento de las reparticiones de su competencia y tomar las medidas que correspondan.

G) Preparar y someter a consideración del Consejo los proyectos que estime conveniente.

Artículo 68. (Vacancia).- En caso de vacancia temporal por licencia o impedimento, o vacancia definitiva del Presidente del Consejo Directivo Central o de los Directores Generales de los Consejos, el Consejo Directivo Central, por mayoría simple, designará a quien ocupe esa función en forma interina hasta tanto se reincorpore o designe en su caso, al titular.

CAPITULO VII

ESTATUTO DEL DOCENTES Y DEL FUNCIONARIO

Artículo 69. (Del estatuto docente y del funcionario no docente).- El Consejo Directivo Central de la ANEP, previa consulta a los Consejos e Instituto Universitario de Educación, aprobará el estatuto docente y el estatuto del funcionario, de acuerdo a las siguientes bases:

A) Para el ejercicio de cargos docentes, administrativos y de servicio será preciso acreditar dieciocho años de edad cumplidos y estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 76 de la Constitución de la República.

B) Los Maestros de Educación Inicial y Primaria y los profesores de Educación Media Básica deberán poseer el respectivo título habilitante.

C) El sistema de concurso será de precepto para ocupar en efectividad cualquier cargo docente, así como será obligatorio para el ingreso y ascenso del personal administrativo.

D) A los efectos de la carrera docente se jerarquizará la evaluación del desempeño en el aula, los cursos de perfeccionamiento o postgrado, así como las publicaciones e investigaciones realizadas por los docentes.

E) La destitución de los funcionarios solo podrá ser resuelta por causa de ineptitud, omisión o delito, previo sumario durante el cual el inculpado haya tenido oportunidad de presentar sus descargos, articular su defensa y producir prueba.

Artículo 70. (De las Asambleas Técnico Docentes).- En cada Consejo de Educación funcionará una Asamblea Técnico Docente (ATD), representativa del cuerpo docente que tendrá derecho a iniciativa y función consultiva en aspectos educativos de la rama específica y de educación general. El Consejo Directivo Central reglamentará su funcionamiento, previa opinión de los Consejos respectivos.

Las Asambleas Técnico Docentes serán preceptivamente consultadas antes de la aprobación o modificación de planes o programas del nivel correspondiente.

En cada centro educativo (escuela, liceo o instituto de enseñanza media o técnica), funcionará una Asamblea Técnico Docente con función consultiva y derecho a iniciativa frente a la Dirección del Centro Educativo. Se relacionará con la ATD nacional de la forma que la reglamentación lo indique.

CAPITULO VIII

DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS

Artículo 71. (De las Comisiones Consultivas).- En cada Consejo de Educación se integrarán Comisiones Consultivas de funcionarios no docentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Constitución de la República, de estudiantes y de madres, padres o responsables.

En el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) se integrará una o más Comisiones Consultivas de carácter sectorial atendiendo a la diversidad productiva con participación de los diversos actores públicos y privados, trabajadores y empresarios.

El Consejo Directivo Central, en consulta con los Consejos respectivos, reglamentará la conformación y funcionamiento de estas Comisiones, a propuesta de los respectivos Consejos.

CAPITULO IX

DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCANDOS Y DE MADRES, PADRES O RESPONSABLES

Artículo 72. (De los derechos de los educandos).- Los educandos de cualquier centro educativo tendrán derecho a:

A) Recibir una educación de calidad y acceder a todas las fuentes de información y cultura, según lo establecido por la presente ley.

B) Recibir los apoyos educativos específicos y necesarios en caso de discapacidad o enfermedad que afecte su proceso de aprendizaje.

C) Agremiarse y reunirse en el local del centro educativo.

Cada Consejo reglamentará el ejercicio de este derecho, con participación de los educandos.

D) Participar, emitiendo opinión y realizando propuestas a las autoridades de los centros educativos y de los Consejos de Educación, en aspectos educativos y de gestión del centro educativo.

E) Emitir opinión sobre la enseñanza recibida. Los Consejos deberán reglamentar la forma en que los educandos podrán ejercer este derecho.

Artículo 73. (De los deberes de los educandos).- Los educandos de cualquier centro educativo tendrán el deber de:

A) Cumplir con los requisitos para el cumplimiento de los planes y programas de estudio aprobados y para la aprobación de los cursos respectivos.

B) Respetar la normativa vigente y las resoluciones de los órganos competentes y de las autoridades del Centro Educativo.

C) Respetar los derechos de todas las personas que integran la comunidad educativa (docentes, funcionarios, estudiantes, familiares y responsables).

Artículo 74. (De las alumnas en estado de gravidez).- Las alumnas en estado de gravidez tendrán derecho a continuar con sus estudios, en particular el de acceder y permanecer en el centro educativo, a recibir apoyo educativo específico y justificar las inasistencias pre y post parto, las cuales no podrán ser causal de pérdida del curso o año lectivo.

Artículo 75. (De los derechos y deberes de las madres, los padres o responsables).- Las madres, los padres o responsables de los educandos tienen derecho a:

A) Que su hijo o representado pueda concurrir y recibir clase regularmente en el centro educativo que le corresponda y así poder cumplir con la obligatoriedad establecida en la presente ley.

B) Participar de las actividades del centro educativo y elegir a sus representantes en los Consejos de Participación establecidos en el artículo 76 de la presente ley y en las Comisiones Consultivas que se constituyan según lo establecido en el artículo 71 de la presente ley.

C) Ser informados periódicamente acerca de la evolución del aprendizaje de sus hijos o representados.

Las madres, los padres o responsables de los educandos tienen el deber de:

A) Asegurar la concurrencia regular de su hijo o representado al centro educativo, de forma de cumplir con la educación obligatoria establecida en la presente ley.

B) Seguir y apoyar el proceso de aprendizaje de su hijo o representado.

C) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad pedagógica del docente, las normas de convivencia del centro educativo y a los demás integrantes de la comunidad educativa (educandos, funcionarios, padres o responsables).

CAPITULO X

CONSEJOS DE PARTICIPACION

Artículo 76. (Concepto).- En todo centro educativo público de Educación Inicial, Primaria, Media Básica y Media Superior y Educación Técnico-Profesional, funcionará un Consejo de Participación integrado por: estudiantes o participantes, educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad.

Los respectivos Consejos de Educación reglamentarán su forma de elección y funcionamiento.

Los Consejos de Participación de Centros Educativos de Educación Media Básica, Educación Media Superior y Educación Técnico-Profesional (UTU) deberán incluir entre sus miembros, al menos un tercio de representantes estudiantiles.

Artículo 77. (Cometidos).- A los Consejos de Participación les compete realizar propuestas a la Dirección del centro educativo en relación:

A) Al proyecto educativo que en ejercicio de su responsabilidad profesional elabore la dirección y el cuerpo docente del centro educativo.

B) A la suscripción de acuerdos y convenios con otras instituciones según lo establecido en el artículo 41 de la presente ley.

C) A la realización de obras en el centro educativo.

D) A la obtención de donaciones y otros recursos extrapresupuestales.

E) Al destino de los recursos obtenidos y asignados.

F) Al funcionamiento del centro educativo.

G) A la realización de actividades sociales y culturales en el centro educativo.

H) Sobre todo aquello que lo consulte la Dirección del centro educativo.

Artículo 78. (De la información a los Consejos de Participación).- Los Consejos de Participación podrán solicitar informes y realizar propuestas al Consejo de Educación respectivo, así como requerir la presencia de un representante de dicho Consejo, ante situaciones que lo ameriten a juicio de sus integrantes.

Las Direcciones escolares deberán poner a consideración de los Consejos de Participación sus memorias anuales.

Los Consejos de Educación deberán remitir anualmente a los Consejos de Participación un informe de lo realizado durante el año.

Los Consejos de Participación participarán en los procesos de autoevaluación que desarrolle el centro educativo y podrán emitir opinión sobre el desarrollo de los cursos, la enseñanza impartida, la convivencia en el centro, la asiduidad y dedicación de los funcionarios docentes y no docentes, que será recibida por la Dirección del Centro y los Consejos de Educación.

Serán convocados por la Dirección al menos tres veces al año o a pedido de la mayoría de sus miembros, sin obstaculizar el desarrollo de los cursos.

CAPITULO XI

LA EDUCACION TERCIARIA

Artículo 79. (Ambito).- La Educación Terciaria Pública se constituirá con: la Universidad de la República, el Instituto Universitario de Educación y los Institutos de Educación Terciaria.

Artículo 80. (Régimen legal).- La Universidad de la República se regirá por la Ley N° 12.549, de 16 de octubre de 1958. El Instituto Universitario de Educación y los Institutos de Educación Terciaria se regirán por las disposiciones de la presente ley.

Artículo 81. (Ingreso).- La Educación Terciaria Pública facilitará el ingreso a sus cursos y carreras a los estudiantes que hayan cursado en otras instituciones terciarias, por medio de reválidas, o del reconocimiento de los créditos correspondientes.

Artículo 82. (De la educación terciaria privada).- La educación terciaria privada se regirá por lo establecido en el Decreto-Ley N° 15.661, de 29 de octubre de 1984, y sus decretos reglamentarios.

Artículo 83. (Del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública).- En el marco del Sistema Nacional de Educación se propenderá a la formación de un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública (SNETP) que tendrá las siguientes finalidades:

A) Promover la generalización de la enseñanza terciaria de calidad y conectada a lo largo de toda la vida activa con el trabajo, el ejercicio de la ciudadanía, el acceso a la cultura, la mejora en la calidad de vida colectiva y la realización personal de carácter integral.

B) Impulsar la articulación de esfuerzos públicos y de la sociedad civil para el enriquecimiento de las mo-dalidades de enseñanza y su diversificación institucional.

C) Contribuir a formar capacidades acordes con el desarrollo productivo del país.

D) Contribuir a la dignificación de la profesión docente, así como a la formación de nivel universitario, la calificación permanente y la evaluación sistemática de todos los docentes de la enseñanza pública, desde el nivel inicial hasta el superior.

E) Constituirse en un sistema integrado en que se pueda elegir variados trayectos, reconociéndose los saberes adquiridos en los distintos niveles y modalidades (4 A, B y C definidos en el artículo 22 de la presente ley).

F) Acelerar los procesos de descentralización compartiendo recursos de las diferentes instituciones.

CAPITULO XII

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACION

Artículo 84. (Creación).- Créase el Instituto Univer-sitario de Educación (IUDE) en el ámbito del Sistema Nacional de Educación Pública que desarrollará actividades de enseñanza, investigación y extensión. Formará maestos, maestros técnicos, educadores sociales y profesores, y otorgará otras titulaciones que la educación nacional requiera.

Artículo 85. (Estructura y funcionamiento).- Constitúyese una Comisión Coordinadora de Implantación del Instituto Universitario de Educación (IUDE) integrada por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, uno de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y uno de la Universidad de la República que cuenten con reconocida competencia y experiencia en la materia, cuyo cometido será:

A) Elaborar, antes del 30 de abril de 2010, una propuesta general para la estructura académica y curricular, la cuantía y características del personal, el patrimonio, el presupuesto y finanzas necesarios para la instalación y puesta en marcha, el marco legal, fines, organización y mecanismos de dirección del IUDE.

El órgano de conducción de esta nueva institución deberá incluir representantes electos por docentes, estudiantes y egresados, y representantes de la ANEP y la Universidad de la República.

La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, con la información proporcionada por la Comisión de Implantación, decidirá los plazos de puesta en marcha del IUDE.

A partir de dicha propuesta, el Poder Ejecutivo elevará al Parlamento el Proyecto de Ley Orgánica del IUDE, en un plazo no mayor a ciento veinte días posteriores a la presentación del informe.

B) Proponer a la ANEP y a la Universidad de la República programas conjuntos para la formación de docentes de todos los niveles de la enseñanza pública.

Artículo 86. (Validación de títulos anteriores a la fecha de creación del Instituto Universitario de Educación).- El Instituto Universitario de Educación expedirá títulos universitarios y reglamentará en un plazo no mayor a los dieciocho meses de su constitución efectiva el procedimiento para revalidar los títulos docentes otorgados o habilitados por la educación pública con anterioridad a la fecha de su creación.

CAPITULO XIII

INSTITUTO TERCIARIO SUPERIOR

Artículo 87. (Creación).- Créase el Instituto Terciario Superior (ITS) en el ámbito del Sistema Nacional de Educación Pública. Estará constituido por una red de instituciones ubicadas en diferentes lugares del país. Desarrollará actividades de educación terciaria, integrando enseñanza, investigación y extensión. Formará técnicos en diversas áreas de la producción y los servicios. Los conocimientos y créditos adquiridos serán reconocidos o revalidados por las demás instituciones terciarias o universitarias, de forma de facilitar la continuidad educativa de sus estudiantes y egresados.

Artículo 88. (Estructura y funcionamiento).- Constitúyese una Comisión de Implantación del Instituto Terciario Superior, integrada por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y uno de la Universidad de la República que cuenten con reconocida competencia y experiencia en la materia, cuyo cometido será:

A) Elaborar, antes del 30 de abril de 2010, una propuesta general para la estructura académica y curricular, la cuantía y características del personal, el patrimonio, el presupuesto y finanzas necesarios para la instalación y puesta en marcha, el marco legal, fines, organización y mecanismos de dirección del Instituto Terciario Superior (ITS).

El órgano de conducción de esta nueva institución deberá incluir representantes electos por docentes, estudiantes y egresados, y representantes de la ANEP y la Universidad de la República.

La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, con la información proporcionada por la Comisión de Implantación, decidirá los plazos de puesta en marcha del ITS.

A partir de dicha propuesta, el Poder Ejecutivo elevará al Parlamento el Proyecto de Ley Orgánica del ITS, en un plazo no mayor a ciento veinte días posteriores a la presentación del informe.

B) Impulsar Programas Regionales de Enseñanza Terciaria, que reúnan en distintas regiones los esfuerzos de las instituciones educativas públicas, de otras instituciones públicas y de actores de la sociedad civil.

C) Impulsar Programas Nacionales de Desarrollo de la Enseñanza Terciaria en áreas específicas, tales como el área agraria, artística, de la salud, tecnológica, científica, humanística y social.

La Comisión de Implantación del ITS, consultará a las organizaciones representativas de trabajadores, empresarios y movimiento cooperativo, así como a las Intendencias, Ministerios y otras entidades públicas y privadas cuyo aporte se entienda necesario.

CAPITULO XIV

DESCENTRALIZACION Y COORDINACION TERRITORIAL

Artículo 89. (Concepto).- La descentralización y coordinación territorial entre todas las instituciones vinculadas a la educación es un elemento central para el logro de las metas educativas.

Artículo 90. (Creación de las Comisiones Departamentales de Educación). Créanse por cada departamento de la República una Comisión Coordinadora Departamental de la Educación integrada por los siguientes representantes: uno por cada Consejo de Educación de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto Terciario Superior, del Consejo Nacional de Educación No Formal, del Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia y de la Universidad de la República.

La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública reglamentará el funcionamiento de las Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación y podrá establecer mecanismos de coordinación regional, entre las Comisiones Departamentales.

Artículo 91. (Cometidos).- Las Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación tendrán los siguientes cometidos:

A) Coordinar acciones en el departamento.

B) Convocar a los representantes de los Consejos de Participación de los Centros Educativos para recibir opinión acerca de las políticas educativas en el departamento.

C) Promover la coordinación de planes y programas procurando se contemple las necesidades, intereses y problemas locales.

D) Asesorar a los diferentes órganos del Sistema Nacional de Educación Pública en la aplicación de los recursos en el departamento y en la construcción y reparación de locales de enseñanza.

E) Difundir, seleccionar y proponer las becas a otorgarse a estudiantes con dificultades económicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986, y en función de lo previsto en el artículo 112 de la presente ley.

CAPITULO XV

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NO FORMAL

Artículo 92. (Creación).- Créase el Consejo Nacional de Educación No Formal, en el Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 93. (Integración).- El Consejo Nacional de Educación No Formal tendrá una Comisión Directiva integrada por tres representantes designados respectivamente por la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y el Ministro de Educación y Cultura.

Artículo 94. (Cometidos).- Al Consejo Nacional de Educación No Formal le compete:

A) Articular y supervisar los programas, proyectos y acciones de educación no formal que se desarrollen en el país, en función de los principios, orientaciones y fines que determina la presente ley.

B) Llevar un registro de instituciones de educación no formal.

C) Promover la profesionalización de los educadores del ámbito de la educación no formal.

D) Promover y coordinar acciones educativas dirigidas a personas jóvenes y adultas.

E) Contribuir a reincorporar a la educación formal a quienes la hayan abandonado.

Artículo 95. (Del Consejo Asesor y Consultivo).- Créase el Comité Asesor y Consultivo del Consejo Nacional de Educación No Formal integrado por una Comisión Directiva, que lo presidirá, y un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Turismo y Deporte, uno del Instituto Nacional de la Juventud, uno del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, dos representantes de los educadores y dos representantes de las instituciones de educación no formal privada.

El Consejo Nacional de Educación No Formal tendrá funciones de asesoramiento y consulta, así como iniciativa en materia de educación en general y de educación no formal en particular, y promoverá la coordinación de programas y proyectos de educación no formal.

El Consejo Nacional de Educación No Formal consultará al Consejo Asesor y Consultivo en las materias de su competencia.

CAPITULO XVI

LA EDUCACION EN LA PRIMERA INFANCIA

Artículo 96. (Integración).- La educación en la primera infancia, definida en el artículo 38 de la presente ley, estará a cargo, según sus respectivos ámbitos de competencia, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y del Ministerio de Educación y Cultura.

El INAU regirá la educación de niños y niñas, de entre cero y hasta tres años de edad, que participen en programas, proyectos y modalidades de intervención social bajo su ámbito de actuación, en consonancia con lo establecido por la Ley N° 15.977, del 14 de setiembre de 1988 y el artículo 68 de la Ley N° 17.823 del 7 de diciembre de 2004.

La ANEP supervisará la educación en la primera infancia que ofrezcan las instituciones privadas habilitadas por el Consejo de Educación Inicial y Primaria.

El Ministerio de Educación y Cultura autorizará y supervisará la educación de los Centros de educación infantil privados definidos en el artículo 102, según lo establecido por la presente Ley.

Artículo 97.- Toda institución que desarrolle actividades de educación de niños y niñas, entre cero y cinco años de edad, en forma presencial, por períodos de doce horas o más semanales, deberá estar habilitada o autorizada para funcionar por los organismos competentes -Administración Nacional de Educación Pública, Ministerio de Educación y Cultura o Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay- en el marco de la presente ley y de las competencias correspondientes.

Artículo 98. (Creación del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia).- Créase el Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia en el Ministerio de Educación y Cultura, dependiente de la Dirección de Educación.

Artículo 99. (Integración del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia).- El Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia estará integrado por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que lo presidirá, y representantes del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del Ministerio de Salud Pública, de los educadores en primera instancia y de los centros de educación infantil privados.

Artículo 100. (Cometidos).- Al Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia le compete:

A) Promover una educación de calidad en la primera infancia.

B) Articular y coordinar los programas y proyectos de educación en la primera infancia que se desarrollen en el país, en función de los principios, orientaciones y fines que determina la presente ley.

C) Realizar propuestas relacionadas con la educación en la primera infancia a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública y a la Comisión Nacional de Educación.

D) Promover la articulación de las políticas educativas con las políticas públicas para la primera infancia.

E) Promover la profesionalización de los educadores en la primera infancia.

F) Asesorar al Ministerio de Educación y Cultura para la autorización, supervisión y orientación de los centros de educación infantil privados.

Artículo 101. (Cometidos del Ministerio de Educación y Cultura en la educación en la primera infancia).- El Ministerio de Educación y Cultura tendrá los siguientes cometidos relacionados con la Educación en la primera infancia:

A) Autorizar el funcionamiento de los centros de educación infantil privados, definidos en el artículo 102 de la presente ley.

B) Llevar el Registro Nacional de Centros de Educación Infantil Privados sustituyendo al Registro Nacional de Guarderías creado por la Ley N° 16.802, de 19 de diciembre de 1996.

C) Supervisar y controlar los centros de educación infantil privados.

D) Aplicar sanciones, cuando los centros de educación infantil Privados no cumplan con la normativa, desde la observación hasta la clausura definitiva del Centro.

También podrá recomendar sanciones económicas en aplicación de los artículos 95 y concordantes del Código Tributario.

CAPITULO XVII

LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL PRIVADOS

Artículo 102. (Concepto).- Se considera centro de educación infantil privado, a todos los efectos legales, toda institución que cumpla con lo establecido en el artículo 97 de la presente ley, independientemente de su razón social -incluyendo instituciones oficiales, Intendencias Municipales o empresas públicas-, y que no sea habilitada o supervisada por la Administración Nacional de Educación Pública o el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Los centros de educación infantil privados realizarán su actividad en el marco de la Constitución de la República y la presente ley. Asimismo, el Estado velará por el cabal cumplimiento del respeto a los derechos del niño, especialmente en los consagrados en las Leyes N° 16.137 (Convención sobre los Derechos del Niño), de 28 de setiembre de 1990 y N° 17.823 (Código de la Niñez y la Adolescencia), de 7 de setiembre de 2004.

Artículo 103. (Condiciones generales para la autorización).- Los centros de educación infantil privados deberán contar con personal idóneo para la atención de niños y orientar sus actividades hacia fines educativos, constituyéndose en espacios educativos de calidad, implementando proyectos institucionales con lineamientos curriculares específicos y acordes a las características de la edad.

Artículo 104. (Requisitos para la autorización).- Los Centros de Educación Infantil Privados para ser autorizados a funcionar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1) Tener un proyecto educativo.

2) Un Director responsable técnico de la institución, que deberá poseer título de nivel terciario vinculado al área educativa o social y de la salud, con especialización en el área expedidos por la ANEP o institutos habilitados por ésta, el Instituto Universitario de Educación, la Universidad de la República o revalidados, o aquellos que tengan reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura.

3) Al menos la mitad del personal de docencia directa deberá ser egresado de carreras o cursos específicos en la materia, cuyos planes de estudio supongan más de quinientas horas de duración, dictadas durante un año lectivo completo. Esa nómina incluirá otro profesional que deberá poseer título de nivel terciario con formación específica en las áreas de educación, social o de la salud expedidos por la ANEP o institutos habilitados por ésta, el Instituto Universitario de Educación, la Universidad de la República, o revalidados, o aquellos que tengan reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura.

4) El inmueble y las instalaciones deberán cumplir las normas de higiene, salud y seguridad, así como las comodidades básicas para satisfacer las necesidades de los niños matriculados y contar con las certificaciones correspondientes.

5) No podrán instalarse a menos de cien metros de locales donde se estuvieran desarrollando actividades potencialmente peligrosas para la salud física o moral de los niños, asimismo esas actividades no podrán instalarse para funcionar en locales a menos de cien metros de distancia de un centro de educación infantil ya funcionando.

CAPITULO XVIII

EDUCACION POLICIAL Y MILITAR

Artículo 105. (Concepto).- La educación policial y militar, en sus aspectos específicos y técnicos, estará a cargo de los Ministerios del Interior y Defensa Nacional, respectivamente.

Los aspectos curriculares generales se regirán por los mismos criterios que los niveles educativos correspondientes. La selección e ingreso de los docentes, cumplirá los mismos requerimientos que se establezcan para cada nivel educativo. En sus planes de estudio deberán estar presentes las líneas transversales establecidas en el artículo 40 de la presente ley.

Con respecto a la educación terciaria se regirán de acuerdo a la normativa y disposiciones que emanen de la presente ley y las que se dicten a sus efectos.

Créase una Comisión integrada por el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República, con el cometido de elaborar un proyecto de ley de rediseño integral de la educación policial y militar. La Comisión tendrá como plazo hasta el 1° de enero de 2012.

CAPITULO XIX

COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

Artículo 106. (Creación).- Créase la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 107. (Integración).- La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública, se integrará por:

A) El Ministro o en su defecto el Subsecretario de Educación y Cultura.

B) El Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura.

C) El Rector de la Universidad de la República o en su defecto el Vice-Rector.

D) Dos integrantes del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.

E) El Presidente o en su defecto otro integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP.

F) Dos integrantes del Consejo Directivo Central de la ANEP.

G) Representantes de las nuevas instituciones autónomas que se crean.

Artículo 108. (Cometidos).- A la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública le compete:

A) Velar por el cumplimiento de los fines y principios establecidos en la presente ley.

B) Coordinar, concertar y emitir opinión sobre las políticas educativas de la educación pública e impartir recomendaciones a los Entes.

C) Promover la planificación de la educación pública.

D) Cumplir con los cometidos expresamente señalados en la presente ley.

E) Promover la aplicación de los principios, fines y orientaciones generales que emanan de la presente ley.

F) Convocar al Congreso Nacional de Educación.

G) Conformar comisiones de asesoramiento y estudio de distintas temáticas educativas.

Artículo 109. (De la Secretaría Permanente).- La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública tendrá una Secretaría Permanente con el cometido de apoyar el funcionamiento e implementar sus resoluciones.

El Ministerio de Educación y Cultura y los Entes de enseñanza asignarán los funcionarios necesarios a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública y proporcionarán la infraestructura necesaria.

Artículo 110. (De la coordinación en educación en derechos humanos).- La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública conformará una Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humaos que tendrá como cometido proponer líneas generales en la materia.

Artículo 111. (De la coordinación en educación física, la recreación y el deporte).- La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública conformará una Comisión a los efectos de coordinar políticas, programas y recursos, así como promover y jerarquizar la educación física, la recreación y el deporte en el ámbito educativo.

Artículo 112. (Coordinación del Sistema Nacional de Becas).- La Comisión Nacional de Becas, constituida de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986, y por un representante del Fondo de Solidaridad, creado por la Ley N° 16.524, de 25 de julio de 1994, y modificativas, aprobará las solicitudes de becas que las Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación le remitan a su consideración. La supervisión será realizada por la Comisión Nacional de Becas con la colaboración de las Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación.

La Comisión Nacional de Becas procurará articular los sistemas de becas y apoyos a estudiantes para lograr una mayor racionalidad en la gestión y mayor impacto en los fines perseguidos con las becas.

TITULO IV

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA

Artículo 113.- Créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como persona jurídica de derecho público no estatal, el cual tendrá su domicilio en la capital de la República y se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 114.- El Instituto será dirigido y administrado por una Comisión Directiva integrada por siete miembros: uno designado por el Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá; tres designados por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; dos designados por la Universidad de la República; y uno por la educación privada inicial, primaria y media habili-tada.

Estos deberán ser designados entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente por única vez por igual período, manteniéndose en los mismos hasta la designación de quienes deberán sucederlos.

Artículo 115.- El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá como cometido evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas.

Asimismo deberá:

A) Evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, primario y medio.

B) Aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad.

C) Dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos, Entes y demás instituciones educativas.

D) Favorecer la producción de conocimiento sobre los procesos de evaluación.

E) Aportar información acerca de los aprendizajes de los educandos.

F) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Nacional de Educación en los niveles inicial, primario y medio.

G) Asesorar al Ministerio de Educación y Cultura y a la ANEP en cuanto a la participación en instancias internacionales de evaluación.

Artículo 116.- El Instituto Nacional de Evaluación Educativa cada dos años realizará un Informe sobre el estado de la educación en el Uruguay que tenga en cuenta entre otros aspectos los resultados de las pruebas de evaluación nacionales o internacionales en las que el país participe, el acceso, la cobertura y la permanencia en cada nivel educativo, los resultados del aprendizaje, la relevancia y la pertinencia de las propuestas y contenidos educativos y la evolución y características del gasto educativo. El mismo será publicado, será enviado al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los distintos organismos de la enseñanza, dándole la máxima difusión.

En el marco de sus respectivas competencias corresponde a cada organismo de enseñanza, brindar al Instituto los medios necesarios para obtener la información que se requiera para realizar el referido informe e implementar las evaluaciones en las que participen los centros que de ellos dependan.

La política de difusión de esta información resguardará la identidad de los educandos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación.

Artículo 117. (Criterios Rectores).- Para la evaluación de la calidad de la educación el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá en cuenta los siguientes criterios rectores:

A) La coherencia entre los currículos y recursos educativos, con las orientaciones, principios y fines de la educación establecidos en la presente ley.

B) La calidad de la formación y el desarrollo profesional de los docentes.

C) La adecuación de los procesos educativos de cada nivel a las características, necesidades e intereses de los educandos y su pertinencia en relación a los ejes transversales del Sistema Nacional de Educación establecidos por la presente ley.

D) La eficiencia de la administración de los recursos humanos y materiales disponibles.

E) Las condiciones edilicias, equipamiento y mantenimiento de los centros educativos.

La evaluación se realizará según normas técnicas e indicadores establecidos por la Comisión del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Artículo 118.- A los efectos del cumplimiento de los cometidos establecidos en el artículo 115 de la presente ley, la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá las siguientes atribuciones:

A) Administrar, distribuir y fiscalizar sus recursos económicos.

B) Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas.

C) Designar el personal dependiente, fijar sus retribuciones y disponer su cese.

D) Establecer el régimen de personal dependiente de acuerdo con lo que disponga la respectiva reglamentación.

Artículo 119.- Contra las resoluciones de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, la Comisión dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto, configurándose la denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de reposición, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil del Turno asignado por la Oficina Distribuidora de Asuntos.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de los veinte días siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o, en su defecto, del día siguiente al que se configura la denegatoria ficta.

La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

TITULO V

PRINCIPIO ESPECIFICO DE INTERPRETACION E INTEGRACION DE LA LEY

Artículo 120. (Principio específico de interpretación e integración).- Para la interpretación e integración de la presente ley se deberá tener en cuenta el interés superior del educando, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana. En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y EXCEPCIONALES

A) La elección de los docentes para integrar el Consejo Directivo de la Administración Nacional de Educación Pública y los Consejos de Educación se realizará en el momento que lo considere oportuno la Corte Electoral, antes del 1° de marzo de 2010. Los docentes electos asumirán sus funciones en el mismo momento que lo hagan los designados según los procedimientos establecidos en la presente ley.

B) La Administración Nacional de Educación Pública deberá incorporar a la escuela a todo niño de cuatro años de edad, cuyos padres o responsables legales hayan solicitado su matriculación, a partir del 1° de enero de 2009.

C) El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, a los efectos de cumplir con la obligatoriedad de la educación media superior establecida en el artículo 7° de la presente ley, propondrá a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, un plan específicamente elaborado para tal fin. El mismo, luego de ser aprobado por esta Comisión será elevado al Poder Legislativo, antes del 30 de agosto de 2010.

D) El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, a los efectos de cumplir con el objetivo de asegurar a los alumnos de educación primaria y educación media básica la extensión del tiempo pedagógico en esos niveles, establecido en el artículo 7° de la presente ley, propondrá a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, un plan específicamente elaborado para tal fin. El mismo, luego de ser aprobado por esta Comisión será elevado al Poder Legislativo, antes del 30 de agosto de 2010.

E) Se encomienda al Consejo de Educación Media Básica elaborar, en un plazo de ciento ochenta días de su creación, un plan para asegurar el cumplimiento del literal B) del artículo 69 de la presente ley, el que será aprobado por el Consejo Directivo Central en presencia de los Directores Generales de los Consejos.

F) El Poder Ejecutivo, en un plazo de noventa días, remitirá a la Asamblea General del Poder Legislativo un proyecto de ley que establezca procedimientos adecuados, técnicamente diseñados y que ofrezca garantías a las instituciones y a la sociedad, para la autorización, el reconocimiento y el seguimiento de las instituciones privadas de educación terciaria.

G) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal B) del artículo 62 de la presente ley se crea una Comisión integrada por representantes de los Consejos de Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria y Educación Técnico-Profesional (UTU), con el cometido de elaborar una propuesta de educación media básica, a partir de las experiencias de los Ciclos Básicos de las diferentes modalidades existentes, incluyendo 7°, 8° y 9° año del medio rural. La Comisión deberá constituirse en los siguientes noventa días, recibirá la opinión de las Asambleas Técnico Docentes. La Comisión de Implantación del Consejo de Educación Media Básica remitirá informes periódicos al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con recomendaciones vinculadas a la educación media básica. Establecerá un plan que tenga en cuenta la infraestructura edilicia, los recursos materiales y los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del nuevo Consejo.

H) Hasta tanto no esté en funcionamiento el Instituto Universitario de Educación, se faculta al Consejo Directivo Central de la ANEP a adoptar las decisiones que correspondan para mantener la continuidad de la formación y el perfeccionamiento docente a su cargo hasta el momento de aprobación de esta ley.

I) Luego de que los Consejos Directivos de la ANEP y la Universidad de la República aprueben el Informe elaborado por la Comisión de Implantación, y hasta tanto no se apruebe su Ley Orgánica, el Instituto Universitario de Educación funcionará en el ámbito de la ANEP, como órgano desconcentrado de carácter privativo, con las atribuciones establecidas en dicho informe para esta situación.

J) Luego de que los Consejos Directivos de la ANEP y la Universidad de la República aprueben el informe elaborado por la Comisión de Implantación, y hasta tanto no se apruebe su Ley Orgánica, el Instituto Terciario Superior funcionará en el ámbito de la ANEP, como órgano desconcentrado de carácter privativo, con las atribuciones establecidas en dicho informe para esta situación.

K) Los cursos de tecnólogos realizados actualmente entre la Universidad y la ANEP, se continuarán realizando como hasta el presente, y progresivamente se irán integrando a los institutos pertenecientes al Instituto Técnico Superior (ITS) de acuerdo con la Comisión de Implantación del mismo.

TITULO VII

DEROGACIONES Y OBSERVANCIAS

Deróganse los artículos 1° a 4°, 6° a 28 y 44 a 50 de la Ley N° 15.739, de 28 de marzo de 1985; las Leyes N° 16.115, de 3 de julio de 1990, N° 16.802, de 19 de diciembre de 1996, y N° 18.154, de 9 de julio de 2007, así como todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1° de diciembre de 2008.

Alberto Perdomo Gamarra Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

DISPOSICIONES CITADAS

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

SECCION II

DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS

CAPITULO II

Artículo 68.- Queda garantida la libertad de enseñanza.

La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos.

Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.

SECCION III

DE LA CIUDADANIA Y DEL SUFRAGIO

CAPITULO I

Artículo 76.- Todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos. Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino tres años después de habérseles otorgado la carta de ciudadanía.

No se requerirá la ciudadanía para el desempeño de funciones de profesor en la enseñanza superior.

SECCION V

DEL PODER LEGISLATIVO

CAPITULO III

Artículo 94.- La Cámara de Senadores se compondrá de treinta miembros, elegidos directamente por el pueblo, en una sola circunscripción electoral, conforme con las garantías y las normas que para el sufragio se establecen en la Sección III y a lo que expresan los artículos siguientes.

Será integrada, además, con el Vicepresidente de la República, que tendrá voz y voto y ejercerá su Presidencia, y la de la Asamblea General.

Cuando pase a desempeñar definitiva o temporalmente la Presidencia de la República o en su caso de vacancia definitiva o temporal de la Vicepresidencia, desempeñará aquellas presidencias el primer titular de la lista más votada del lema más votado y, de repetirse las mismas circunstancias, el titular que le siga en la misma lista. En tales casos se convocará a su suplente, quien se incorporará al Senado.

SECCION XI

DE LOS ENTES AUTONOMOS Y DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

CAPITULO I

Artículo 200.- Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del Instituto de que forman parte. Esta disposición no comprende a los Consejeros o Directores de los servicios de enseñanza, los que podrán ser reelectos como catedráticos o profesores y designados para desempeñar el cargo de Decano o funciones docentes honorarias.

La inhibición durará hasta un año después de haber terminado las funciones que la causen, cualquiera sea el motivo del cese, y se extiende a todo otro cometido, profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remuneración fija.

Tampoco podrán los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen.

Las disposiciones de los dos incisos anteriores no alcanzan a las funciones docentes.

Artículo 201.- Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, para poder ser candidatos a Legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección.

En estos casos, la sola presentación de la renuncia fundada en esta causal, determinará el cese inmediato del renunciante en sus funciones.

Los Organismos Electorales no registrarán listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con aquel requisito.

CAPITULO II

Artículo 202.- La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos.

Los demás servicios docentes del Estado, también estarán a cargo de Consejos Directivos Autónomos, cuando la ley lo determine por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.

Los Entes de Enseñanza Pública serán oídos, con fines de asesoramiento, en la elaboración de las leyes relativas a sus servicios, por las Comisiones Parlamentarias. Cada Cámara podrá fijar plazos para que aquéllos se expidan.

La ley dispondrá la coordinación de la enseñanza.

Artículo 203.- Los Consejos Directivos de los ser-vicios docentes serán designados o electos en la forma que establezca la ley sancionada por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.

El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que la integran, y los Consejos de sus órganos serán electos por docentes, estudiantes y egresados, conforme a lo que establezca la ley sancionada por la mayoría determinada en el inciso ante-rior.

Artículo 204.- Los Consejos Directivos tendrán los cometidos y atribuciones que determinará la ley sancionada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.

Dichos Consejos establecerán el Estatuto de sus funcionarios de conformidad con las bases contenidas en los artículos 58 a 61 y las reglas fundamentales que establezca la ley, respetando la especialización del Ente.

Artículo 205.- Serán aplicables, en lo pertinente, a los distintos servicios de enseñanza, los artículos 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198 (incisos 1° y 2°), 200 y 201.

Ley N° 15.739

de 28 de marzo de 1985

CAPITULO II - REGIMEN GENERAL

Artículo 5°.- Créase la Administración Nacional de Educación Pública, Ente Autónomo con personería jurídica que funcionará de acuerdo con las normas pertinentes de la Constitución y de esta ley.

Ley N° 16.736

de 5 de enero de 1996

SECCION II - FUNCIONARIOS

CAPITULO III - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Artículo 34.- Fíjase en $ 11.059,70 (pesos once mil cincuenta y nueve con 70/100) a valores del 1° de enero de 1995, la retribución básica de los siguientes cargos: Ministro de Estado; Secretario de la Presidencia de la República; Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Ministro del Tribunal de Cuentas; Ministro de la Corte Electoral; Presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; Rector de la Universidad de la República; Presidente, Vicepresidente y Director del Banco de Previsión Social; Ministro de la Suprema Corte de Justicia; Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación; Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo.

Fíjase en $ 9.617,13 (pesos nueve mil seiscientos diecisiete con 13/100) a valores del 1° de enero de 1995, la retribución básica de los siguientes cargos: Subsecretario de Estado; Consejero Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y Presidente del Instituto Nacional del Menor.

Las retribuciones establecidas para los cargos referidos en los incisos precedentes, no incluyen la retribución complementaria por dedicación permanente dispuesta por el artículo 16 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994.

Ley N° 12.549

de 16 de octubre de 1958

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

SE APRUEBA LA CARTA ORGANICA

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Régimen general. La Universidad de la República es una persona jurídica, pública, que funcionará como Ente Autónomo, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Constitución, esta ley Orgánica y demás leyes, y los reglamentos que la misma dicte.

Decreto-Ley N° 15.661

29 de noviembre de 1984

Reglamentado por: Decreto N° 308/995 de 11/08/1995

Artículo 1°.- Los títulos profesionales que otorguen las Universidades Privadas, cuyo funcionamiento haya sido autorizado por el Poder Ejecutivo, para su validez deberán ser registrados ante el Ministerio de Educación y Cultura, que organizará el Registro correspondiente.

Artículo 2°.- Los Títulos a que se refiere el artículo anterior tendrán, una vez registrados, idénticos efectos jurídicos que los expedidos por la Universidad de la Re-pública Oriental del Uruguay, e independientemente de éstos.

Artículo 3°.- Derógase toda disposición que directa o indirectamente se oponga a lo preceptuado por esta ley.

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.

Decreto N° 308/995

de 11 de agosto de 1995

Reglamentario/a de: Decreto-Ley N° 15.661, de

29/10/1984

CAPITULO I

DE LA ENSEÑANZA TERCIARIA UNIVERSITARIA Y NO UNIVERSITARIA CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1°. (Enseñanza terciaria).- Se considera enseñanza terciaria la que, suponiendo por su contenido que sus estudiantes hayan cursado con aprobación los ciclos completos de enseñanza primaria y secundaria o técnico-profesional en institutos estatales o privados habilitados, profundiza y amplía la formación en alguna rama del conocimiento.

La enseñanza terciaria es libre, conforme a lo dispuesto por el Art. 68 de la Constitución de la República.

En todas las instituciones docentes de enseñanza terciaria se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos (Constitución, Art. 71).

Artículo 2°. (Enseñanza universitaria).- A los efectos del artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.661, de 29 de octubre de 1984, se considera universitaria la enseñanza terciaria que por su rigor científico y profundidad epistemológica, así como por su apertura a las distintas corrientes de pensamiento y fuentes culturales, procure una amplia formación de sus estudiantes que los capacite para la comprensión crítica y creativa del conocimiento adquirido, integrando esa enseñanza con procesos de generación y aplicación del conocimiento mediante la investigación y la extensión de sus actividades al medio social.

CAPITULO II

DE LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR Y DEL RECONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA TERCIARIA UNIVERSITARIA Y NO UNIVERSITARIA

Artículo 3°. (Autorización para funcionar como institución del nivel universitario).- El Poder Ejecutivo otorgará la autorización para funcionar prevista en el artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.661, de 29 de octubre de 1984, a aquellas instituciones que, cumpliendo con los requisitos formales y sustanciales previstos en los artículos siguientes, proyecten impartir enseñanza universitaria en una o más áreas de conocimiento.

Artículo 4°. (Tipos de instituciones universitarias).- Las instituciones autorizadas conforme al artículo anterior para realizar actividades de enseñanza, investigación y extensión en tres o más áreas disciplinarias no afines orgánicamente estructuradas en Facultades, Departamentos o Unidades Académicas equivalentes, utilizarán la denominación "Universidad". Sólo se tendrán en cuenta, a tales efectos, aquellas áreas disciplinarias en que se dicte al menos una carrera completa de primer grado (artículo 19, apartado a).

Las instituciones autorizadas conforme al artículo anterior para realizar actividades de enseñanza, investigación y extensión que no cumplan con lo previsto en el inciso precedente y dicten al menos una carrera completa de primer grado, una maestría o un doctorado (artículo 9), utilizarán la denominación "Instituto Universitario".

Artículo 5°. (Reconocimiento de instituciones de enseñanza terciaria no universitaria).- Las instituciones de enseñanza terciaria no universitaria podrán solicitar al Ministerio de Educación y Cultura el reconocimiento del nivel académico adecuado de la enseñanza impartida y de los títulos expedidos por ellas, según pautas de valoración generalmente aceptadas en el ámbito nacional e internacional.

Esas instituciones se abstendrán de utilizar la denominación "Universidad", o sus derivados, de atribuir carácter "superior" a la enseñanza que impartan, y de aplicar a los títulos que expidan las denominaciones referidas en el artículo 19 de este decreto.

Las instituciones universitarias podrán además impartir enseñanza y expedir títulos de nivel no universitario, haciendo constar expresamente ese carácter en los respectivos planes de estudio, programas y títulos, y podrán solicitar para ellos el reconocimiento previstos en el inciso primero.

No serán consideradas las solicitudes de reconocimiento que refieran a carreras no universitarias cuya duración sea inferior a 750 horas-reloj de clases distribuidas en un lapso inferior a un año y medio lectivo.

Artículo 6°. (Alcance de la autorización para funcionar y del reconocimiento de nivel académico).- La autorización para funcionar como institución universitaria y el reconocimiento de nivel académico de instituciones terciarias no universitarias referirán a las carreras, incluidas en la solicitud inicial o en las solicitudes de inclusión posteriores, que cumplan con los requisitos formales y sustanciales contenidos en el presente decreto.

La solicitud de inclusión de nuevas carreras por instituciones autorizadas deberá presentarse para su autorización ante el Ministerio de Educación y Cultura dentro del plazo de seis meses contado a partir del comienzo de su dictado. La omisión de este requisito impedirá el reconocimiento de los estudios cursados con anterioridad a la autorización.

Artículo 7°. (Revocabilidad de la autorización para funcionar y del reconocimiento de nivel académico).- La autorización para funcionar como institución universitaria y el reconocimiento de nivel académico de instituciones terciarias no universitarias se otorgarán inicialmente con carácter provisional por un lapso de cinco años. Durante ese lapso podrán ser revocados por apartamiento relevante de las condiciones tenidas en cuenta para su otorgamiento o por incumplimiento de los planes y programas de desarrollo presentados para ese lapso.

Vencido el lapso inicial de cinco años, la autorización para funcionar como institución universitaria y el reconocimiento de nivel académico de instituciones terciarias no universitarias sólo podrán ser revocados por apartamiento relevante de las condiciones tenidas en cuenta para su otorgamiento o por manifiesta inadecuación superviniente de la enseñanza impartida a la evolución científica, técnica o artística ocurrida.

La revocación puede recaer sobre la actividad global de la institución o sobre una o más carreras incluidas en ella.

Lo establecido en este artículo será sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley N° 15.089, de 12 de diciembre de 1980.

Artículo 8°. (Diligencias probatorias).- Los hechos relevantes para las decisiones previstas en este Capítulo podrán acreditarse por cualquier medio de prueba no prohibido por la ley.

El Ministerio de Educación y Cultura podrá disponer de oficio las diligencias probatorias que estime necesarias para comprobar el cumplimiento de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la autorización o reconocimiento, y de los planes y programas de desarrollo, así como la adecuación de la enseñanza impartida a la evolución superviniente, incluyendo las inspecciones que considere pertinentes.

CAPITULO III

DE LA NATURALEZA JURIDICA Y DE LOS ESTATUTOS DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA TERCIARIA

Artículo 9°. (Naturaleza y estatutos de las instituciones de enseñanza terciaria).- Las instituciones de enseñanza terciaria que pretendan la autorización para funcionar

(Art. 3°) o el reconocimiento de nivel académico (Art. 5°), deberán estar constituidas como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro, con personería jurídica.

A tal efecto, la resolución aprobatoria de estatutos y de reconocimiento de personería jurídica, o aprobatoria de reforma de estatutos, según corresponda en cada caso se dictará conjuntamente con la autorización para funcionar o el reconocimiento de nivel académico, previo cumplimiento de todos los trámites requeridos por ambos actos jurídicos.

Además de las disposiciones comunes a las entidades de su naturaleza, sus estatutos deberán prever;

a) Organos de dirección administrativa y académica y procedimientos de designación de sus integrantes, la mayoría de los cuales deberán ser ciudadanos naturales o legales, o bien contar con una residencia en el país no inferior a tres años.

b) Fines, objetivos y misión de la institución.

Artículo 10. (Estatutos de instituciones universitarias).- Los estatutos de instituciones universitarias (artículos 3° y 4°) deberán prever la participación de docentes y estudiantes en los órganos de asesoramiento académico o en los órganos de dirección.

Deberán establecer también que los titulares de cargos de dirección académica (Rector, Decano, Director de unidad académica o equivalentes) deberán poseer grado universitario y experiencia académica no inferior a cinco años.

Esos estatutos consagrarán un régimen que permita a la institución ejercer, dentro del marco legal y reglamentario vigente, las siguientes atribuciones con plena autonomía institucional y académica:

a) Reformar sus estatutos, definir sus órganos de dirección y de asesoramiento, decidir su integración y forma de designación o elección de sus integrantes, y establecer sus funciones.

b) Elegir sus autoridades.

c) Crear carreras de grado y post-grado.

d) Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica y de extensión y servicios a la comunidad.

e) Establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal docente y no docente.

f) Establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de sus estudiantes.

g) Otorgar grados académicos y títulos.

h) Designar y remover a su personal.

i) Administrar sus bienes y recursos.

j) Impulsar y participar en emprendimientos que favorezcan el desarrollo académico.

k) Mantener relaciones de carácter educativo, científico y artístico con instituciones del país y del extranjero.

CAPITULO IV

DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA FUNCIONAR Y DE RECONOCIMIENTO DE NIVEL ACADEMICO

Artículo 11. (Solicitud de autorización para funcionar y de reconocimiento de nivel académico: requisitos comunes).- La solicitud de autorización para funcionar o de reconocimiento de nivel académico en su caso se presentará ante el Ministerio de Educación y Cultura, acompañando la siguiente documentación e información:

1) Estatutos de la institución.

2) Antecedentes de la institución en actividades de enseñanza, si los tuviera.

3) Datos personales, con expresión de antecedentes profesionales, académicos y en actividades de enseñanza, de los integrantes de los órganos de dirección administrativa y académica, con indicación de los cargos que ocupan.

4) Proyecto institucional fundamentando los programas o unidades académicas.

5) Carreras ofrecidas.

6) Personal docente acorde a la oferta de carreras prevista, con expresión de los antecedentes profesionales, académicos y en actividad de enseñanza de sus integrantes.

7) Personal de apoyo y de servicios complementarios a la tarea docente, acorde a la oferta de carreras prevista.

8) Bibliotecas, laboratorios o equipos técnicos acordes a la oferta de carreras prevista.

9) Vinculaciones interinstitucionales existentes y previstas, si las hubiere.

10) Servicios de información y comunicación interna.

11) Planta física disponible, número de aulas y oficinas acordes a la oferta de carreras prevista.

12) Inventario inicial y balances constitutivos y posteriores con certificación profesional; acreditación de un patrimonio suficiente en función de la oferta de enseñanza, plan financiero institucional, con expresión de apoyos financieros externos si los hubiera.

13) Plan de desarrollo en un plazo de cinco años en materia de carreras ofrecidas, personal docente, apoyo técnico y administrativo, infraestructura y proyección de sus recursos económicos.

14) Procedimiento de reválidas que asegure que los estudios hayan sido cursados y aprobados en las instituciones previstas en el artículo 20 y los mismos sean de nivel académico similar a los de la respectiva carrera.

Deberá presentarse los resguardos documentales que sean de recibo, en cada caso particular, para validar documentación extranjera.

Artículo 12. (Carreras ofrecidas).- La información sobre las carreras ofrecidas requerida en el Art. 11 N° 5, incluirá los datos siguientes:

a) Pertinencia y objetivos de la carrera.

b) Plan de estudios: objetivos, orientaciones metodológicas, asignaturas, duración total, carga horaria global y por asignatura, sistema de previaturas, perfil esperado del egresado.

c) Programa analítico de cada asignatura.

d) Bibliografía básica de cada asignatura.

e) Director o responsable académico de la carrera.

f) Docentes de cada asignatura.

g) Régimen de evaluación de los estudiantes.

h) Régimen de asistencia de los estudiantes.

Artículo 13. (Requisitos del personal docente).- A los efectos de la autorización o del reconocimiento, el personal docente (artículo 11 N° 6) deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Las tres cuartas partes del personal docente asignado a cada carrera, como mínimo, deberá poseer al menos un grado de nivel equivalente al de su culminación.

b) El 10% (diez por ciento) del personal académico, como mínimo, deberá acreditar experiencia en investigación o docencia no inferior a cinco años.

c) La mayoría absoluta del personal académico deberá estar integrada por ciudadanos naturales o legales, o bien residentes, en el país por un lapso no inferior a tres años, con un dominio solvente del idioma español.

Artículo 14. (Solicitud de autorización para funcionar como institución universitaria).- La solicitud de autorización para funcionar como institución universitaria deberá acompañar, además de la prevista en el artículo 11, la siguiente información:

a) Tareas de investigación programadas y plan de desarrollo en un plazo de cinco años.

b) Tareas de extensión programadas y plan de desarrollo en un plazo de cinco años.

c) Programa de publicaciones, si existiera.

Artículo 15. (Actualización de información).- Las instituciones de enseñanza terciaria autorizadas o reconocidas deberán actualizar ante el Ministerio de Educación y Cultura toda la información referida en este Capítulo, anualmente durante el lapso inicial de cinco años del artículo 7° inciso 1, y posteriormente cada tres años.

Artículo 16. (Gastos de tramitación).- Todos los gastos que insuma la tramitación y evaluación de las solicitudes de autorización o reconocimiento, y de las inclusiones posteriores de nuevas carreras, incluyendo los asesoramientos o peritajes que se requieran, serán de cargo de la respectiva institución de enseñanza.

El Ministerio de Educación y Cultura podrá requerir el depósito anticipado del importe estimado de esos gastos, antes de dar trámite a los procedimientos pertinentes.

CAPITULO V

DE LOS TITULOS PROFESIONALES

Artículo 17. (Concepto de título profesional).- A los efectos de los artículos 1 y 2 del Decreto-Ley N° 15.661, de 29 de octubre de 1984, se entiende por título profesional el que acredita haber cursado con aprobación en instituciones universitarias, los estudios correspondientes a una carrera universitaria completa de carácter científico, técnico o artístico, incluyendo las que carecen de propósitos utilitarios inmediatos.

Artículo 18. (Validez de los títulos profesionales otorgados por instituciones universitarias privadas).- Los títulos profesionales otorgados por instituciones privadas sólo serán válidos cuando la otorgante haya sido autorizada para funcionar como institución universitaria por el Poder Ejecutivo de conformidad con las normas de este decreto, y hayan sido registrados ante el Ministerio de Educación y Cultura.

Cumplidos tales requisitos, esos títulos tendrán idénticos efectos jurídicos que los expedidos por la Universidad de la República, independientemente de éstos.

Artículo 19. (Tipos de títulos profesionales universitarios).- Los títulos profesionales expedidos por instituciones universitarias serán de siguientes niveles:

a) Licenciatura universitaria: será el título acreditante de la culminación de la carrera de primer grado terciario. La duración de los estudios respectivos no será inferior a 1.800 horas-reloj de clases, distribuidas en un lapso no inferior a cuatro años lectivos;

b) Especialización: será el título acreditante de la culminación de estudios específicos de profundización en una disciplina o conjunto de disciplinas afines, comprendidas en la carrera universitaria de primer grado. La duración mínima será de un año lectivo.

c) Maestría o Magister: será el título que acredite la culminación de estudios de complementación, ampliación y profundización de los estudios universitarios de primer grado, y de tareas de investigación que impliquen un manejo activo y creativo de conocimiento, incluyendo la elaboración de una tesis o memoria final. La duración mínima será de dos años lectivos.

d) Doctorado: será el título que acredite la culminación de estudios de complementación, ampliación y profundización de los de maestría, y el desarrollo de tareas de investigación original superior, mediante la elaboración de una tesis. La duración mínima será de tres años lectivos.

Artículo 20. (Reválida de asignaturas).- Los títulos profesionales expedidos por instituciones universitarias se fundarán en estudios cursados y aprobados en la propia institución que lo otorga. Por excepción podrán fundarse en asignaturas revalidadas, cursadas y aprobadas en la Universidad de la República, en otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras o en Institutos de Formación Docente dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) o habilitados por ésta, siempre que su número no exceda de los dos tercios del total de asignaturas que conforman la respectiva carrera.

Si se trata de asignaturas cursadas y aprobadas en la República deberá haberlo sido en la Universidad de la República, en Instituciones universitarias autorizadas para funcionar por el Poder Ejecutivo y formando parte de carreras reconocidas, o en Institutos de Formación Docente dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) o habilitados por ésta.

La institución nacional que realiza la reválida deberá tener en cuenta los estudios efectivamente cursados y aprobados por el estudiante que la solicita.

Si las asignaturas fueron cursadas en el exterior, deberá haberlo sido en instituciones universitarias o de análogo nivel académico.

Artículo 21. (Reválida de títulos).- La reválida de títulos profesionales extranjeros es competencia exclusiva de la Universidad de la República, con exclusión de toda otra corporación (Ley N° 12.549 de 16 de octubre de 1958, artículo 21, apartado G).

CAPITULO VI

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ENSEÑANZA TERCIARIA PRIVADA

Artículo 22. (Cometidos).- Créase en el Ministerio de Educación y Cultura el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, con el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación y Cultura en las solicitudes de autorización para funcionar (Art. 3°) o de reconocimiento de nivel académico (Art. 5°), en las solicitudes posteriores de inclusión de nuevas carreras (Art. 6°), y en la revocación de los respectivos actos (Art. 7°).

El dictamen del Consejo Consultivo previamente a la resolución del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Edu-cación y Cultura en su caso será preceptivo pero no vinculante.

Cuando el dictamen contuviera objeciones a la solicitud formulada, se dará vista de lo actuado a los solicitantes. Evacuada la vista, las actuaciones volverán al Consejo Consultivo que emitirá un segundo dictamen teniendo en cuenta los elementos aportados por los interesados así como los que resulten de otros asesoramientos que pueda haber recabado el Ministerio de Educación y Cultura.

Si el órgano decisor se apartara del criterio del Consejo Consultivo, deberá hacer constar en la parte expositiva de la resolución los fundamentos por los cuales adopta decisión divergente. Los dictámenes del Consejo Consultivo y demás actuaciones serán públicos y estarán a disposición de quien quiera conocerlos en el Ministerio de Educación y Cultura, una vez concluida la tramitación.

El Consejo Consultivo, podrá también proponer las modificaciones que entienda convenientes al régimen establecido en el presente decreto.

Artículo 23. (Integración).- El Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada estará integrado por ocho miembros designados por el Poder Ejecutivo, quienes serán ciudadanos de destacada trayectoria académica que no ocupen cargos en órganos de dirección en instituciones de enseñanza terciaria públicas o privadas.

Tres de los miembros serán designados a propuesta de la Universidad de la República, dos a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, uno a propuesta de la Administración Nacional de Educación Pública y dos a propuesta de las instituciones universitarias autorizadas a funcionar como tales. Si el Poder Ejecutivo entendiera que alguno de los propuestos no cumple con los requisitos establecidos en el inciso anterior, podrá requerir nueva propuesta. Si las propuestas no fueran formuladas dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que el Ministerio de Educación y Cultura formule a quien corresponda, el Poder Ejecutivo podrá proceder a la designación prescindiendo de la respectiva propuesta.

Los miembros del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada que permanecerán 3 años en sus cargos, actuarán con autonomía técnica en el desempeño de sus funciones de tales y su permanencia no estará condicionada al mantenimiento de la confianza del o los proponentes. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar hasta nueva designación el plazo de actuación de los miembros del precitado Consejo Consultivo.

Las organizaciones mencionadas propondrán al Poder Ejecutivo, un alterno respectivo, por cada uno de los miembros del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, los que serán convocados por el propio Consejo Consultivo para integrarlo, en los casos de licencia o impedimento de los miembros titulares.

Artículo 24. (Presidencia del Consejo).- La Presidencia del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada corresponderá al integrante que el Poder Ejecutivo designe con esa calidad, entre los propuestos por el Ministerio de Educación y Cultura o la Universidad de la República.

Artículo 25. (Asesoramientos previos).- Para emitir su dictamen, el Consejo Consultivo podrá requerir los asesoramientos y peritajes que estime pertinentes.

Cuando se trate de una autorización para funcionar como institución universitaria privada, requerirá necesariamente la opinión de la Universidad de la República, que deberá expedirse dentro del plazo de sesenta días contados a partir del requerimiento formal con agregación de antecedentes. Transcurrido ese plazo sin reconocimiento de la Universidad de la República, podrá prescindirse de su opinión.

Artículo 26. (Pronunciamiento del Consejo).- El Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada sesionará con la presencia de cinco de sus integrantes.

Los discordes con el dictamen del Consejo podrán hacer constar y fundar su disidencia.

Si el Consejo Consultivo no emitiera su dictamen dentro del plazo de 120 días contados a partir de la fecha en que el asunto fue sometido a su consideración, el órgano de decisión podrá resolver prescindiendo de su opinión, tomando en cuenta los elementos de juicio producidos.

El Ministerio de Educación y Cultura podrá conceder por resolución fundada, la ampliación de los plazos para pronunciarse, previstos en este artículo y en el anterior.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 27. (Primera integración del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada).- Los miembros que integren inicialmente el Consejo Consultivo permanecerán un año en sus cargos, transcurrido el cual se procederá a la designación de nuevos integrantes de conformidad con el artículo 23.

Artículo 28. (Institutos autorizados y carreras reconocidas).- Las instituciones autorizadas a funcionar y las que tengan carreras reconocidas se considerarán incluidas en el inciso 2 del artículo 7, disponiendo de un plazo de tres años para adecuarse a todas las disposiciones de este decreto.

Las instituciones que tengan carreras reconocidas con anterioridad al presente Decreto a que se refiere el inciso anterior, podrán presentar al Ministerio de Educación y Cultura planes de reválida total o parcial de materias incluidas en esas carreras por materias que integren carreras universitarias autorizadas conforme a este Decreto, proporcionando todos los elementos necesarios para evaluar la razonable equivalencia entre unas y otras. El Ministerio autorizará o no los planes de reválidas oyendo previamente al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, quien podrá requerir los asesoramientos que estime pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25.

Artículo 29. (Denominación provisoria de los títulos profesionales universitarios).- La denominación de los títulos profesionales expedidos por instituciones universitarias privadas podrán apartarse de las previstas, en el artículo 19, únicamente para equipararse a la de los que expida la Universidad de la República por similar carrera y nivel.

Artículo 30

Comuníquese, publíquese, etc.

Ley N° 15.851,

de 24 de diciembre de 1986

Artículo 115.- Asígnase una partida anual de N$ 100:000.000 (nuevos pesos cien millones) con destino a otorgamiento de becas de estudio en el territorio nacional, a favor de estudiantes cuya condición económica así lo requiera y para la realización de cursos regulares en la enseñanza media o universitaria.

La administración de dicho Fondo y el establecimiento de las condiciones de funcionamiento del sistema, corresponden a la "Comisión Nacional de Becas", constituida por siete delegados honorarios designados por las siguientes instituciones: uno por el Poder Ejecutivo, que la presidirá; dos por la Universidad de la República; dos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y dos por las Intendencias Municipales del Interior. El Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Comisión los funcionarios y los elementos materiales requeridos para su funcionamiento.

La Comisión será instalada dentro del plazo de noventa días a partir de la vigencia de la presente ley.

Ley N° 15.977

de 14 de setiembre de 1988

INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR

SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR QUE SUCEDERA AL CONSEJO DEL NIÑO Y SE LE FIJAN SUS COMETIDOS

Artículo 1°.- Créase el Instituto Nacional del Menor, servicio descentralizado con personería jurídica y domicilio legal en Montevideo. El Instituto Nacional del Menor sucederá al Consejo del Niño y funcionará de acuerdo con las normas pertinentes de la Constitución de la República y de esta ley.

Ley N° 17.823

de 7 de setiembre de 2004

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Artículo 68. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes del país y, su vínculo familiar al que deberá proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance. Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados, orientados al fortalecimiento de las familias integradas por niños y adolescentes y al fiel cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 12 y 19 de este Código.

Previos diagnósticos y estudios técnicos, deberá velar por una adecuada admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y de los adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído al niño o al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección integral de sus derechos.

Procurará que todos los niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas capaces de integrarse socialmente en forma activa y responsable. Las acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables.

Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de adultos.

El Instituto Nacional del Menor fiscalizará, en forma periódica, las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes, sin perjuicio de la competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Asimismo fiscalizará toda institución privada, comunitaria o no gubernamental con la que ejecute programas bajo la modalidad de convenios.

Deberán también incorporar en todos los programas que gestione, en forma directa o en la modalidad de convenio, un enfoque comprensivo de las diversas situaciones familiares de los niños y adolescentes.

Toda fiscalización deberá ser realizada por equipos multidisciplinarios de profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños y adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones.

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones y efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violaciones de los derechos del niño y adolescente, sin perjuicio de lo preceptuado por el artículo 177 del Código Penal (omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).

Ley N° 16.802

de 19 de diciembre de 1996

Artículo 9°.- Créase en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura el Registro Nacional de Guarderías, en el que deberán inscribirse las instituciones privadas que soliciten actuar como tales.

Ley N° 16.524

de 25 de julio de 1994

Artículo 1°.- Créase un Fondo de Solidaridad como persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá como cometido financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional (Administración Nacional de Educación Pública). (*)

Redacción dada por: Ley N° 17.451, de 10/01/2002 artículo 1.

Ley N° 15.739

28 de marzo de 1985

CAPITULO I - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1°.- La enseñanza-aprendizaje se realizará sin imposiciones ni restricciones que atenten contra la libertad de acceso a todas las fuentes de la cultura. Cada docente ejercerá sus funciones dentro de la orientación general fijada en los planes de estudio y cumpliendo con el programa respectivo, sin perjuicio de la libertad de cátedra en los niveles correspondientes.

Artículo 2°.- Se garantizará plenamente la independencia de la conciencia moral y cívica del educando. La función docente obliga a la exposición integral, imparcial y crítica de las diversas posiciones o tendencias que presente el estudio y la enseñanza de la asignatura respectiva.

Artículo 3°.- Ningún funcionario podrá hacer proselitismo de cualquier especie en el ejercicio de su función o en ocasión de la misma, ni permitir que el nombre o los bienes del Ente sean utilizados con tal fin.

Artículo 4°.- Ningún funcionario será afectado en sus derechos en función de sus ideas. Los pronunciamientos oficiales de los órganos directivos o consultivos, no obstan al derecho de petición ni al ejercicio de la libertad de pensamiento de funcionarios y educandos.

CAPITULO II - REGIMEN GENERAL

Artículo 5°.- Créase la Administración Nacional de Educación Pública, Ente Autónomo con personería jurídica que funcionará de acuerdo con las normas pertinentes de la Constitución y de esta ley.

Artículo 6°.- La Administración Nacional de Educación Pública tendrá los siguientes cometidos:

1°) Extender la educación a todos los habitantes del país, mediante la escolaridad total y el desarrollo de la educación permanente.

2°) Afirmar en forma integral los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza.

3°) Asegurar una efectiva igualdad de oportunidades para todos los educandos, iniciando desde la escuela una acción pedagógica y social que posibilite su acceso por igual a todas las fuentes de educación.

4°) Atender especialmente a la formación del carácter moral y cívico de los educandos; defender los valores morales y los principios de libertad, justicia, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática republicana de gobierno.

5°) Promover el respeto a las convicciones y creencias de las demás; fomentar en el educando una capacidad y aptitud adecuadas a su responsabilidad civil y social y erradicar toda forma de intolerancia.

6°) Tutelar y difundir los derechos de los menores, proteger y desarrollar la personalidad del educando en todos sus aspectos.

7°) Estimular la autoeducación, valorizar las expresiones propias del educando y su aptitud para analizar y evaluar situaciones y datos, así como su espíritu creativo y vocación de trabajo.

8°) Impulsar una política asistencial al educando que procure su inserción en la vida del país, en función de programas y planes conectados con el desarrollo nacional.

9°) Estimular la investigación científica y atender la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural.

CAPITULO III - ORGANIZACION

Artículo 7°.- Los órganos de la Administración Nacional de Educación Pública son: el Consejo Directivo Central; la Dirección Nacional de Educación Pública, los Consejos de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico-Profesional y sus respectivas Direcciones Generales.

Artículo 8°.- El Consejo Directivo Central se compondrá de cinco miembros. Tres de ellos, por lo menos, deberán haber ejercido la docencia en la enseñanza pública por un lapso no menos a los diez años.

Al designar a dichos miembros deberá atenderse a que por lo menos uno de sus integrantes haya ejercido la docencia en la educación primaria, otro en la educación secundaria y otro en la educación técnico-profesional, o en los respectivos institutos de formación docente".

Redacción dada por: Ley N° 16.115, de 03/07/1990 artículo 1°.

Artículo 9°.- Los miembros del Consejo Directivo Central serán designados por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuestas motivadas en sus condiciones personales y reconocida solvencia y acreditados méritos en los asuntos de educación general, por un número de votos equivalentes a tres quintos de sus componentes elegidos conforme al inciso primero del artículo 94 de la Constitución de la República. Si la venia no fuere otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado.

Por el mismo procedimiento serán designados de entre los miembros del Consejo Directivo Central, el Director Nacional de Educación Pública y el Subdirector Nacional de Educación Pública quien subrogará al primero en todo caso de impedimento temporal para el desempeño de su cargo.

Las designaciones deberán efectuarse al comienzo de cada período de gobierno y los miembros designados permanecerán en sus cargos hasta tanto hayan designados quienes vayan a sucederlos.

En caso de vacancia definitiva el cargo correspondiente será provisto en la forma indicada en los incisos anteriores.

Redacción dada por: Ley N° 16.115, de 03/07/1990 artículo 1.

Artículo 10.- Los Consejos de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico - Profesional se compondrán de tres miembros cada uno, los que deberán reunir los requisitos exigidos por el artículo 187 de la Constitución de la República.

Asimismo, dos de ellos, por lo menos, deberán haber ejercido la docencia en la enseñanza pública por un lapso no menor a los diez años en la respectiva rama.

Redacción dada por: Ley N° 16.115 de 03/07/1990 artículo 1.

Artículo 11.- Los miembros de los Consejos de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico - Profesional y sus Directores Generales serán designados por el Consejo Directivo Central mediante cuatro votos conformes y fundados.

Redacción dada por: Ley N° 16.115 de 03/07/1990 artículo 1.

Artículo 12.- El Consejo Directivo Central por cuatro votos conformes y resolución fundada podrá crear una o más Direcciones Generales de especial jerarquía para administrar ramas de la Educación que por su importancia y singularidad así lo requieran y que no sean por texto legal de la competencia expresa y específica de otros órganos estatales.

CAPITULO IV - ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS

Artículo 13.- Compete al Consejo Directivo Central:

1°) Establecer la orientación general a que deberán ajustarse los planes y programas de estudios primarios, secundarios y de la educación técnico-profesional.

2°) Aprobar los planes de estudio proyectados por los Consejos desconcentrados.

3°) Fijar las directivas generales para la preparación de los proyectos de presupuesto que deberán enviar los Consejos desconcentrados y elaborar, en su momento, los proyectos definitivos de presupuesto y de rendición de cuentas.

4°) Representar al Ente en las cuestiones previstas por el artículo 202, inciso tercero de la Constitución, oyendo previamente a los Consejos desconcentrados.

5°) Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y particularmente el Estatuto de todos los funcionarios del servicio, con las garantías establecidas en la Constitución y en esta ley.

6°) Designar a todo el personal del Ente, salvo las designaciones de personal docente dependiente directamente de los Consejos Desconcentrados.

7°) Designar al Secretario General y al Secretario Administrativo del Consejo Directivo Central con carácter de cargos de particular confianza.

8°) Destituir por ineptitud, omisión o delito, a propuesta de los Consejos desconcentrados cuando dependieren de éstos y con las garantías que fija la ley y el Estatuto, al personal docente, técnico, administrativo, de servicio u otro de todo el Ente.

9°) Destituir a los miembros de los Consejos Desconcentrados por cuatro votos conformes y fundados.

10) Organizar y realizar, a nivel nacional, el Servicio de Estadística Educativa.

11) Organizar y realizar, a nivel terciario, en todo el territorio de la república la formación y perfeccionamiento del personal docente. A los efectos, podrá realizar convenios con la Universidad de la República.

12) Conceder las acumulaciones de sueldo que sean de interés de la Educación y se gestionen conforme a leyes y reglamentos.

13) Habilitar a los institutos privados de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico-Profesional.

14) Establecer normas y procedimientos de supervisión y fiscalización para los institutos habilitados, oyendo previamente la opinión del Consejo Desconcentrado que corresponda, así como la de dichos institutos.

15) Conferir títulos y diplomas y revalidar títulos y diplomas extranjeros, en dos niveles y modalidades de educación a su cargo.

16) Ejercer la fiscalización de los institutos habilitados de formación docente.

17) Establecer oportunamente mecanismos que posibiliten la consulta a los estudiantes de los institutos de formación docente y su iniciativa en los asuntos relativos a éstos.

18) Resolver los recursos de revocación interpuestos contra sus actos, así como los recursos jerárquicos.

19) Delegar en los Consejos Desconcentrados y por resolución fundada, las atribuciones que estime conveniente. No son delegables las atribuciones que le comete la Constitución de la República y aquellas para cuyo ejercicio esta ley requiere mayorías especiales.

Artículo 14.- Serán atribuciones de los Consejos Desconcentrados:

1°) Impartir la enseñanza correspondiente a su respectivo nivel, exigiendo al educando, en el caso de Educación Secundaria y de Educación Técnico-Profesional, la preparación correspondiente al nivel anterior.

2°) Habilitar para cursar estudios superiores.

3°) Proyectar los planes de estudio y aprobar los programas de las asignaturas que ellos incluyan, una vez que los primeros sean aprobados por el Consejo Directivo Central.

4°) Administrar los servicios y dependencias a su cargo.

5°) Supervisar el desarrollo de los cursos.

6°) Reglamentar la organización y el funcionamiento de los servicios a su cargo y adoptar las medidas que los mismos requieran.

7°) Proponer toda clase de nombramientos, reelecciones, ascensos, sanciones y destituciones, así como otorgar licencias y designar el personal docente conforme al Estatuto del Funcionario, y a las ordenanzas que dicte el Consejo Directivo Central. Podrán también dictar normas en esta materia con arreglo al Estatuto y a las Ordenanzas.

8°) Designar al Secretario General de cada Consejo Desconcentrado, con carácter de cargo de particular confianza.

9°) Proyectar las normas estatutarias que crea necesarias para sus funcionarios y elevarlas al Consejo Directivo Central a los efectos de su aprobación e incorporación al Estatuto de los Funcionarios del Ente.

10) Proyectar, ajustándose a las normas establecidas por el Consejo Directivo Central, los presupuestos de sueldos, gastos e inversiones correspondientes a los servicios a su cargo y sus modificaciones; así como elevar al Consejo Directivo Central las rendiciones de cuentas y balances de ejecución correspondientes a los servicios a su cargo.

11) Ejercer la supervisión y fiscalización de los institutos habilitados de la rama respectiva.

12) Conferir y revalidar certificados de estudio nacionales y revalidar certificados de estudio extranjeros en los niveles y modalidades de educación a su cargo.

13) Adoptar las resoluciones atinentes al ámbito de su competencia, salvo aquellas que por la Constitución, la presente ley y las ordenanzas del Consejo Directivo Central correspondan a los demás órganos.

14) Ejercer las demás atribuciones que le delegare especialmente el Consejo Directivo Central.

CAPITULO V

ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA Y DE LOS DIRECTORES GENERALES

Artículo 15.- Son atribuciones del Director Nacional de Educación Pública y de los Directores Generales:

1°) Presidir los Consejos respectivos, dirigir las sesiones, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y resoluciones.

2°) Representar al Consejo, cuando corresponda.

3°) Autorizar los gastos que sean necesario, dentro de los límites que establezcan la ley y las ordenanzas.

4°) Tomar las resoluciones de carácter urgente que estime necesario para el cumplimiento del orden y el respeto de las disposiciones reglamentarias. En ese caso dará cuenta al Consejo, en la primera sesión ordinaria, y éste podrá oponerse por mayoría de votos de sus componentes, debiendo fundar su oposición.

5°) Adoptar las medidas de carácter disciplinario que correspondan, dando cuenta al Consejo en la forma señalada en el inciso precedente.

6°) Inspeccionar el funcionamiento de las reparticiones de su competencia y tomar las medidas que correspondan.

7°) Preparar y someter a consideración del Consejo los proyectos que estime conveniente.

CAPITULO VI - DEL PATRIMONIO

Artículo 16.- El Ente Autónomo que se crea sucede de pleno derecho en todos sus derechos y obligaciones al Consejo Nacional de Educación. Tendrá la administración de sus bienes, salvo la de aquellos que estén destinados al servicio de los Consejos Desconcentrados o que se destinaren en el futuro, por resolución del Consejo Directivo Central. La administración de estos últimos bienes estará a cargo del respectivo Consejo Desconcentrado.

Artículo 17.- La adquisición y enajenación a título oneroso, gravamen o afectación con derechos reales, de bienes inmuebles por parte de la Administración Nacional de Educación Pública, deberán ser resueltas en todos los casos por cuatro votos conformes, previa consulta a los Consejos Desconcentrados cuando se tratare de bienes destinados o a destinarse a su servicio. Las enajenaciones a título gratuito requerirán la unanimidad de votos del Consejo Directivo Central.

Artículo 18.- Son ingresos del patrimonio de la Administración Nacional de Educación Pública:

1°) Las partidas que se le asignen por las Leyes de Presupuesto, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución.

2°) Los frutos naturales, industriales y civiles de sus bienes.

3°) Los recursos o proventos que perciba el Ente por la venta de la producción de los establecimientos de los Consejos Desconcentrados o de los servicios que éstos vendan o arrienden, de conformidad con los reglamentos que oportunamente se dicten.

4°) Los que perciba por cualquier otro título.

CAPITULO VII - DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO

Artículo 19.- El Estatuto del Funcionario será dictado por el Consejo Directivo Central conforme al artículo 204 de la Constitución de la República, a lo expresado en los artículos 58 a 61 de la misma, a lo establecido en los artículos 13 y 14 de esta ley y a las bases siguientes:

1°) Acreditar dieciocho años de edad cumplidos para el ejercicio de cargos docentes, administrativos y de servicio y estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

2°) Poseer título habilitante para los Maestros de Educación Primaria.

3°) Establecer que el ingreso al Ente de los egresados de los institutos de formación docente se hará por concurso, que podrá ser de méritos, de oposición o mixto.

4°) a) Proveer mediante concurso de méritos y oposición entre docentes provisionales o, en su defecto, mediante concurso de oposición libre, los cargos de profesor de Educación Secundaria y Técnico-Profesional, en los casos que existan horas o cargos vacantes luego de realizado el concurso para egresados de los Institutos de Formación Docente.

b) Proveer mediante concurso de méritos o de oposición y méritos, los cargos de profesor de los Institutos de Formación Docente. Todos los concursos darán derecho a efectividad. (*)

5°) Proveer mediante concurso de méritos y oposición los cargos de profesor adscripto y ayudante preparador. El mismo dará derecho a la efectividad. Por vía de excepción, se establece por una única vez a partir de la promulgación de esta ley, la regularización de los actuales profesores adscriptos y ayudantes preparadores, mediante el siguiente procedimiento:

a) Concurso de méritos entre quienes tengan no menos de quince años de antigüedad en el cargo;

b) Concurso de méritos y oposición para quienes tengan menos de quince años de antigüedad en el cargo.

El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública reglamentará las condiciones que deberán satisfacer los concursantes para clasificarse (*).

6°) Establecer procedimientos para el registro y el ordenamiento de las personas sin título de profesor que aspiren a dictar clases con carácter provisional en la Educación Secundaria, en la Educación Técnico-Profesional y en los institutos de formación docente.

7°) Establecer que el sistema de concurso será de precepto para ocupar en efectividad cualquier cargo de los escalafones docentes del Ente.

8°) El concurso será obligatorio para el ingreso y ascenso del personal administrativo. Dicho requisito no regirá para el ingreso y ascenso del personal de servicio. (*).

9°) Establecimiento de las Asambleas de docentes de los institutos, liceos y Escuelas de su dependencia así como asambleas nacionales de docentes de cada Consejo Desconcentrado. Las mismas tendrán derecho de iniciativa y función consultiva en los problemas técnico-pedagógicos de la rama respectiva y en temas de educación general. Corresponderá su reglamentación al Consejo Directivo Central.

10) Estipular que la destitución de los funcionarios sólo podrá ser resuelta por causa de ineptitud, omisión o delito, previo sumario durante el cual el inculpado haya tenido oportunidad de presentar sus descargos, articular su defensa y producir prueba. (*)

(*)

Numeral 4°) redacción dada por: Ley N° 15.294, de 18/12/1987 artículo 1.

Numeral 5°) redacción dada por: Ley N° 15.925, de 18/12/1987 artículo 1.

Numeral 8°) redacción dada por: Ley N° 15.903, de 10/11/1987 artículo 373.

CAPITULO VIII

DE LAS REMUNERACIONES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES

Artículo 20.- Los miembros del Consejo Directivo Central percibirán idénticas remuneraciones que las de los Subsecretarios de Estado. Terminando el ejercicio del cargo, los integrantes del Consejo Directivo Central y de los Consejos Desconcentrados tendrán derecho a ser restablecidos a la situación docente que ocupaban o que tenían derecho a ocupar, en el momento de asumir sus funciones.

Artículo 21.-

Derogado/s por: Ley N° 16.226, de 29/10/1991 artículo 399.

Artículo 22.- Es incompatible el desempeño simultáneo de cualquier cargo docente dependiente de los Consejos o de las Direcciones Generales previstos en las disposiciones precedentes con la actividad de profesor particular de educandos reglamentados o libres, salvo las excepciones que determine la ordenanza que al respecto dicte el Consejo Directivo Central. Entiéndese por profesor particular el que desempeña actividades docentes no fiscalizadas por la Administración Nacional de Educación Pública.

CAPITULO IX

DE LA COMISION COORDINADORA DE LA EDUCACION

Artículo 23.- La Comisión Coordinadora de la Educación, establecida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 de la Constitución se integrará con el Ministro de Educación y Cultura o en su defecto el Subsecretario; el Director Nacional de Educación Pública u otro miembro del Consejo Directivo Central; los Directores Generales de los Consejos Desconcentrados de la Administración Nacional de Educación Pública u otros miembros de dichos Consejos que los representen; el Rector o en su defecto, el Vicerrector y dos miembros del Consejo Directivo de la Universidad de la República; el Presidente de la Comisión Nacional de Educación Física u otro miembro de dicha Comisión que lo represente y dos representantes de los Institutos habilitados designados conforme a la reglamentación que dictará el Consejo Directivo Central de la Educación Pública.

Cualesquiera de los integrantes cesarán en sus funciones cuando pierdan las calidades por las cuales fueron designados. Presidirá el Ministro o el Subsecretario de Educación y Cultura; en caso de ausencia o impedimento de éstos, la Comisión designará de su seno un Presidente ad hoc.

Sesionará con un quórum mínimo de cinco miembros siempre que estén representados por los menos la Universidad de la República y los Consejos Directivos Central y Desconcentrados de la Administración Nacional de Educación Pública.

Asimismo, en todo caso podrá sesionar con un quórum de siete miembros.

Artículo 24.- Compete a la Comisión:

1°) Proyectar las directivas generales de la política educacional del país.

2°) Coordinar la enseñanza pública mediante recomendaciones impartidas a los Entes.

3°) Promover la realización de convenios tendientes a la coordinación.

4°) Promover la evaluación del desarrollo y resultado de la aplicación de planes de estudio y programas.

5°) Coordinar, con la cooperación de los Consejos y organismos técnicos competentes las investigaciones y estudios demográficos, sociólogicos, económicos, pedagógicos y de otra índole, que sean necesarios para el cumplimiento integral de la educación.

6°) Integrar comisiones de asesoramiento.

7°) Propiciar conferencias, congresos, foros o mesas redondas sobre temas afines al desarrollo educativo.

8°) Recabar la memoria anual de los Entes de Enseñanza y propiciar su publicación por el Ministerio de Educación y Cultura.

CAPITULO X

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 25.- Todos los actos administrativos de los órganos que integran la Administración Nacional de Educación Pública son susceptibles del recurso de revocación, que debe interponerse ante el mismo órgano que dictó el acto, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente al de la notificación personal o por cedulón, si corresponde, o de su publicación en el "Diario Oficial".

Artículo 26.- Conjuntamente con el recurso de revocación se podrá interponer en subsidio el recurso jerárquico. Contra los actos administrativos dictados por el Director Nacional, por los Directores Generales o por los Consejos Desconcentrados, se recurrirá ante el Consejo Directivo Central cuya decisión será definitiva, sin admitir ulterior recurso.

Contra los actos administrativos dictados por el Consejo Directivo Central sólo será procedente el recurso de revocación.

Artículo 27.- Ningún recurso administrativo tendrá efecto suspensivo, salvo que las ordenanzas determinen que será preceptiva la suspensión del acto recurrido o autoricen, expresamente, al órgano que ha de resolver el recurso, a decretar la suspensión de la ejecución en cualquier momento.

Las normas de procedimiento se establecerán en las ordenanzas que al respecto dicte el Consejo Directivo Central.

Artículo 28.- Agotada la vía administrativa, se podrá interponer la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro de los sesenta días perentorios, a contar de el día siguiente al de la notificación personal, o por cedulón, cuando corresponda, del acto administrativo definitivo, o de su publicación en el "Diario Oficial".

El plazo para la debida instrucción de los recursos administrativos, a que se refiere el artículo 318 de la Constitución será de noventa días.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

Artículo 29.- Para los actos y procedimientos electorales previstos por los artículos 17, 33 y 36 de la Ley Orgánica de la Universidad N° 12.549, de 16 de octubre de 1958, el sufragio será obligatorio y secreto.

Regirán en lo que fueren aplicables, las disposiciones contenidas en las Leyes de Elecciones N° 7.812, de 16 de enero de 1925 y N° 7.912, de 22 de octubre de 1925 y en la Ley Orgánica de la Universidad, sus leyes concordantes y modificativas, en ningún caso se admitirá la acumulación por sublemas. (*)

Artículo 30.- El sufragio deberá emitirse personalmente ante las comisiones receptoras de votos.

Podrá admitirse el voto por correspondencia en circunstancias especiales que dificulten gravemente la emisión personal del voto y solamente en los casos y en las formas que, para cada elección, establezca previamente la Corte Electoral.

En ningún caso se admitirá el voto por correspondencia desde el exterior del país.

Artículo 31.- La Corte Electoral conocerá en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, conforme a las prescripciones mencionadas en el artículo 29 y las que se establecen en el presente Capítulo.

Sus atribuciones serán, especialmente, las siguientes:

A) Dictar las reglamentaciones necesarias para la realización de los actos y procedimientos electorales.

B) Requerir de las autoridades universitarias la cooperación que repute necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

C) Efectuar en su oportunidad las convocatorias a elecciones, previo asesoramiento de las autoridades universitarias; designar las comisiones receptoras de votos y fijar su número y su ubicación, así como también los plazos y procedimientos para el registro de listas de candidatos.

Entre la fecha de convocatoria de la Corte Electoral y la fecha establecida por la misma para la celebración de los actos eleccionarios, deben mediar como mínimo noventa días.

D) Actuar como Juez en dichos actos y procedimientos electorales y decidir, con carácter inapelable, dentro de los quince días de recibidas, todas las protestas y reclamaciones que se formulen con motivo de la confección de padrones, registros de listas, resultados y demás trámites de los actos electorales, por parte de quienes sean electores en los tres órdenes previstos por la Constitución o de quienes se consideren excluidos indebidamente de los padrones electorales. (*)

Artículo 32.- La reglamentación establecerá los procedimientos, plazos y demás requisitos correspondientes a la sustanciación de las reclamaciones a que se refiere el inciso D) del artículo 31.

Las autoridades universitarias y las demás oficinas de los organismos públicos y de derecho público no estatal, deberán proporcionar a la Corte Electoral las informaciones y pruebas que les solicitare, dentro de un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que les fueran requeridas, quedando facultada la Corte Electoral para comunicarse directamente con las distintas autoridades en la forma en que lo estimare conveniente.

Cada Consejo de Facultad, instituto o servicio asimilado a Facultad o el Consejo Directivo Central de la Universidad, en su caso, deberá comunicar a la Corte Electoral con cuatro meses de antelación por lo menos, la fecha del cese normal de los mandatos de los integrantes de los órganos universitarios, a que se refiere el artículo 29. (*)

Artículo 33.- Los padrones de habilitación para votar serán preparados por las autoridades universitarias y suministrados a la Corte Electoral por lo menos con sesenta días de anticipación a la fecha señalada para cada acto electoral.

Una vez recibido los padrones, la Corte Electoral los hará publicar por una sola vez en el "Diario Oficial" y los pondrá de manifiesto en sus oficinas por el término de diez días hábiles de todo lo cual se dará noticia por la prensa y demás medios de difusión. Cada Facultad, instituto o servicio asimilado a Facultad, pondrá igualmente de manifiesto por el mismo término, en lugares destinados a dar noticia de sus resoluciones, los padrones habilitados para votar en el respectivo organismo docente. (*)

Los electores que se consideren excluidos debidamente de dichos padrones o que tuvieran cualquiera otra observación que formular, podrán hacerlo ante la Corte Electoral dentro de un término de quince días hábiles a contar de la publicación en el Diario Oficial. (*)

Parágrafo 2°) redacción dada por: Ley N° 15.746 de 10/06/1985 artículo 1.

Artículo 34.- En la medida en que los medios lo permitan se confeccionarán padrones o nóminas de electores por departamentos, ciudades o pueblos.

A tales efectos, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, remitirán a la Corte Electoral y a su requerimiento, las listas de los profesionales activos y pasivos a ellas afiliados, discriminados por departamento con indicación de sus domicilios.

La Suprema Corte de Justicia remitirá a solicitud de la Corte Electoral, la nómina de los Ministros, Jueces Letrados, Actuarios y Actuarios Adjuntos, con indicación de sus respectivos domicilios.

El Ministerio del Interior, por intermedio de las Jefaturas de Policía, remitirá a requerimiento de la Corte Electoral, la nómina de todos los profesionales universitarios radicados en los departamentos respectivos, con indicación de sus domicilios.

Artículo 35.- Serán causas fundadas para no cumplir con la obligación de votar, siempre que se comprueben fehacientemente en la forma que se disponga en la reglamentación respectiva, las siguientes:

A) Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que impida, el día de las elecciones, concurrir a la comisión receptora de votos.

B) Hallarse ausente del país el día de las elecciones.

C) Imposibilidad de concurrir a la comisión receptora de votos por razones de fuerza mayor.

Cuando el voto pudiere emitirse por correspondencia regirá la reglamentación respectiva por el artículo 30.

El que se hallare ausente del país podrá justificar su situación en cualquier momento por apoderado o personalmente en oportunidad de su regreso. (*)

Artículo 36.- Las personas habilitadas para votar que no lo hicieren y que, además, no justificaren hallarse amparadas en alguna de las causales previstas en el artículo 35, se harán pasibles de las sanciones siguientes:

A) Si pertenecieren al orden docente o al orden de egresados se les aplicará una multa de N$ 5.000.00 (nuevos pesos cinco mil). Este monto será ajustado periódicamente por la Corte Electoral, conforme a los ín-dices del costo de la vida, efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas o los que hicieran sus veces.

B) Si pertenecieren al orden estudiantil se les aplicará una sanción que importará un retraso en sus estudios no inferior a ciento veinte días ni superior a ciento ochenta, de conformidad con la ordenanza que dictará y aplicará la Universidad de la República, en forma de que se logre un margen aproximado de equivalencia entre los alumnos de los distintos centros de enseñanza.

Mientras no se dicte dicha ordenanza, los estudiantes sancionados no podrán rendir exámenes durante dos períodos consecutivos.

Artículo 37.- Para la aplicación de las sanciones regirán las disposiciones siguientes:

A) Las comisiones receptoras entregarán a cada votante una constancia de la emisión del voto.

La Corte Electoral expedirá igual constancia a los votantes por correo una vez terminados los escrutinios.

Las personas que se consideren amparadas por alguna causa de justificación de la no emisión del voto, deberán comprobarla fehacientemente ante la Corte Electoral antes del año eleccionario o hasta sesenta días después. La gestión podrá hacerse personalmente o por apoderado, para lo que será suficiente presentar carta-poder con firma certificada notarialmente.

La Corte Electoral expedirá constancia de la justificación de la causal;

B) Desde el primer día del tercer mes siguiente a la elección y por el término de tres meses, para que los docentes y egresados puedan hacer efectivos haberes de cualquier naturaleza, en dependencias del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales, Juntas Departamentales y Personas Públicas no estatales, será preciso presentar la constancia de emisión del voto o, en su defecto, la constancia de justificación de causal, expedida por la Corte Electoral.

La obligación establecida precedentemente alcanza a los Bancos y empresas privadas en general, los que serán solidariamente responsables del pago de la multa, en caso de incumplimiento;

C) A todos los efectos indicados con anterioridad, valdrá la constancia de emisión del voto en cualquiera de los tres órdenes de la correspondiente Facultad. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley N° 15.897, de 15/09/1987 artículo 1.

Literal a) redacción dada anteriormente por: Ley

N° 15.746 de 10/06/1985 artículo 2.

Artículo 38.- Las elecciones ordinarias de miembros de la Asamblea General del Claustro y de las Asambleas del Claustro de las Facultades, se efectuarán en un solo acto.

Las elecciones ordinarias de miembros de los Consejos de la Facultad, cuando correspondiere, se realizarán en un mismo acto con las anteriores.

Artículo 39.- No podrá ser elector ni elegible en ese orden universitario, el docente que tenga en tal calidad una antigüedad inferior a un año a la fecha de la elección.

Las designaciones que se hagan en el orden docente, serán publicadas en el Diario Oficial en el término de diez días de producidas. (*)

Artículo 40.- La designación de los miembros del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República que pertenezcan en igualdad de número a los tres órdenes a que se refieren los artículos 8° parágrafo C) y 14 de la Ley N° 12.549, de 16 de octubre de 1958, será realizada por la Asamblea General del Claustro conforme a lo establecido por dichas normas y al principio de representación proporcional.

Artículo 41.- Las multas establecidas en este capítulo tendrán la calidad de proventos de la Corte Electoral y deberán hacerse efectivas en sus oficinas centrales, en la capital y en el resto del país, en las Oficinas Electorales Departamentales. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley N° 15.897, de 15/09/1987 artículo 1.

Artículo 42.- El importe de los gastos que la Corte Electoral estimare necesario para solventar la realización de las elecciones de las autoridades universitarias, será puesto a disposición de la Corte Electoral, con la antelación que esta considere imprescindible, por el Poder Ejecutivo, con cargo a Rentas Generales.

Artículo 43.- La omisión sin causa justificada por parte de cualquiera de las autoridades mencionadas en los artículos 33 y 37, en el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la presente ley, configurará causal suficiente para hacer efectivas las responsabilidades constitucionales y legales que correspondan, según la naturaleza del organismo.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 44.- La Administración Nacional de Educación Pública declarará la nulidad de todas las destituciones, cesantías o privaciones de trabajos de los funcionarios de su dependencia que fueron dispuestas por motivos ideológicos, políticos, gremiales, violatorias de reglas de derecho o viciadas por desviación de poder. Idéntica declaración de nulidad realizará el Poder Ejecutivo respecto de las destituciones de funcionarios dependientes de la Comisión Nacional de Educación Física. (*)

Artículo 45.- La restitución en la función que opere en mérito a lo dispuesto por el artículo anterior, no lesionará los derechos adquiridos por los demás funcionarios.

Artículo 46.- Derógase la Ley N° 14.101, de 4 de enero de 1973.

Artículo 47.- Hasta tanto se sancione el presupuesto del Ente, se autoriza al Consejo Directivo Central a fijar la retribución de los miembros de los Consejos Desconcentrados.

Artículo 48.- En las elecciones universitarias que se celebrarán en 1985, no regirán el parágrafo final del literal C) del artículo 31, el parágrafo tercero del artículo 32 y el artículo 39 de esta ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N° 15.736, de 2 de marzo de 1985.

Asimismo, los plazos previstos en los parágrafos primero, segundo y tercero del artículo 33 de la precedente ley serán, respectivamente, de treinta días corridos, de cinco días hábiles y de diez días corridos.

Artículo 49.- Esta ley entrará en vigencia el día de su promulgación por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su publicación posterior.

Artículo 50.- Comuníquese, etc.

Ley N° 16.802

de 19 de diciembre de 1996

GUARDERIAS

DICTANSE NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO Y FIJANSE SUS COMETIDOS

Artículo 1°.- Se entiende por "guardería" a los efectos de la presente Ley, toda institución, propiedad de persona física o jurídica, cuya actividad predominante esté constituida en forma onerosa o gratuita, por la protección, atención o el cuidado de niños de cualquier edad y condición física o psíquica.

Artículo 2°.- Las guarderías desarrollarán su actividad amparadas por las disposiciones constitucionales, dentro de un régimen de derecho privado, con las limitaciones y controles establecidos en la presente Ley.

Artículo 3°.- Las guarderías tendrán los siguientes deberes:

A) Desarrollar su actividad respetando rigurosamente los derechos del niño establecidos en las leyes y reglamentos vigentes.

B) Contar con el personal necesario e idóneo para la atención de los niños inscriptos y cumplir estrictamente las leyes laborales.

C) Orientar la totalidad de sus actividades, sea de recreación, alimentación, uso del lenguaje, ejercicio corporal u otras, hacia fines formativos.

Los propietarios de las guarderías serán legalmente responsables de cualquier acto de discriminación, numeral 1) del Artículo 2° de la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley N° 16.137, de 28 de diciembre de 1990, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieren haber incurrido aquellas personas que hubieren participado en dichos actos.

Artículo 4°.- El control y la fiscalización de las guarderías será ejercido por una Comisión Honoraria que actuará en el Ministerio de Educación y Cultura como dependencia desconcentrada sometida a su jerarquía.

Se integrará con cinco miembros a saber: el Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá, un representante de la Administración Nacional de Educación Pública, un representante de las guarderías privadas registradas, electo por mayoría de votantes, de acuerdo con las normas que a tales efectos establezca la reglamentación, un representante del Instituto Nacional del Menor, y un médico pediatra del Ministerio de Salud Pública, especializado en el área pediatría, integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, designado por el Ministerio de Salud Pública.

Los representantes de las guarderías privadas durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.

El Ministerio de Educación y Cultura deberá proveer los recursos materiales y humanos necesarios para el funcionamiento de esta Comisión Honoraria.

Artículo 5°.- Las guarderías deberán incluir en su personal estable, al menos, un maestro titulado de educación primaria u otro profesional de nivel terciario, del sistema público o privado habilitado, con formación específica en la materia. En el caso del profesional de nivel terciario, la Comisión Honoraria determinará qué títulos académicos se ajustan en su perfil curricular a los fines que inspiran la presente ley.

Artículo 6°.- El personal de las guarderías deberá salvaguardar la integridad física y moral de los niños a su cargo.

La Comisión Honoraria supervisará y controlará en forma permanente el cumplimiento de esta disposición.

Artículo 7°.- El edificio destinado a guardería deberá ajustarse a los patrones de seguridad que garanticen que cada niño quede a cubierto de cualquier tipo de riesgo físico durante su permanencia en aquel.

Asimismo, cada guardería deberá tener previsto auxilio médico inmediato para prestar asistencia, toda vez que las circunstancias lo requieran, a los niños a su cuidado.

El establecimiento deberá disponer de comodidades mínimas en cuanto a capacidad física, abrigo, aireación, luz natural y servicios higiénicos, adaptados a las necesidades y características de la población infantil.

Artículo 8°.- Las guarderías no podrán instalarse a menos de cien metros de locales donde se estuvieren desarrollando actividades potencialmente peligrosas para la salud física y moral de los niños.

Los locales con dichas características no podrán funcionar a menos de cien metros de una guardería que esté establecida al amparo de la presente ley.

Artículo 9°.- Créase en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura el Registro Nacional de Guarderías, en el que deberán inscribirse las instituciones privadas que soliciten actuar como tales.

Artículo 10.- Créase el Fondo de Ayuda a Guarderías de Zonas Carenciadas que será administrado por la Comisión Honoraria, la que deberá rendir cuenta circunstanciada al Ministerio de Educación y Cultura. Dicho Fondo se conformará con donaciones, legados, producidos de proventos y de las sanciones económicas que deriven de la aplicación de la presente ley.

Artículo 11.- El Ministerio de Educación y Cultura reglamentará el funcionamiento de los cuerpos inspectivos.

La Comisión Honoraria podrá aplicar a las guarderías infractoras, sanciones económicas consistentes en multas de UR 10 (diez unidades reajustables) a UR 100 (cien unidades reajustables) (artículo 95 y concordantes del Código Tributario), pudiéndose llegar hasta su clausura definitiva.

El producido de las sanciones económicas se destinará íntegramente al Fondo de Ayuda a Guarderías de Zonas Carenciadas, creado en el artículo anterior.

Artículo 12.- La Comisión Honoraria ejercerá las funciones de contralor establecidas en la presente ley, sin perjuicio de las que también corresponden al Instituto Nacional del Menor (artículo 257 del Código del Niño) o a otros organismos que, de acuerdo a normas legales, tengan competencia en la materia.

Artículo 13.- Las guarderías solamente podrán desarrollar su actividad específica una vez que hayan obtenido las habilitaciones que correspondan y la autorización de la Comisión Honoraria, que se otorgará una vez verificados los requisitos exigidos por la presente ley y su reglamentación.

Artículo 14.- Cuando la actividad predominante de la institución privada esté constituida por acciones de enseñanza aprendizaje (jardines de infantes y escuelas privadas) la regulación y fiscalización corresponderá a la Administración Nacional de Educación Pública (Ley N° 15.739, de 28 de marzo de 1985).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 15.- Las guarderías que a la fecha de promulga-ción de la presente ley, estuvieren en funcionamiento, gozarán de un plazo máximo e improrrogable de tres años a partir de la vigencia de la misma para dar cumplimiento al requisito establecido en el inciso primero del Artículo 5°.

La Comisión Honoraria podrá otorgar dicho plazo previa verificación de que el responsable de la orientación técnica de la guardería estuviere cursando los estudios profesionales respectivos.

Artículo 16.- Los plazos para la habilitación de las guarderías con población con alto índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y con bajos ingresos se prolongarán hasta tanto puedan contar con contribuciones del Estado en lo que a recursos humanos y equipamiento se refiere, para su educación.

Ley N° 16.115

de 3 de julio de 1990

Artículo Unico.-

Este artículo dio nueva redacción a: Ley N° 15.739, de 28/03/1985 artículos 8°, 9°, 10 y 11.

Ley N° 18.154

de 9 de julio de 2007

EDUCACION INICIAL, EDUCACION PRIMARIA Y TRES PRIMEROS AÑOS DE EDUCACION MEDIA OBLIGATORIEDAD

Artículo 1°.- Son obligatorias la educación inicial para los niños de cuatro y cinco años de edad, la educación primaria y los tres primeros años de educación media.

Artículo 2°.- La obligación establecida en el artículo 1° de la presente ley, para los niños desde los cuatro años de edad y hasta finalizar el primer ciclo de educación media, deberá ser efectiva para todos los padres, tutores o responsables legales de dichos niños, en cumplimiento del principio establecido en el literal C) del artículo 119 de la Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004.

Artículo 3°.- La Administración Nacional de Educación Pública deberá incorporar a las escuelas a todos los niños de cuatro años de edad cuyos padres, tutores o responsables legales hayan solicitado la matriculación de los mismos.

Artículo 4°.- Lo establecido en los artículos precedentes en lo que hace al nivel cuatro años entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2009."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: debemos decir que este proyecto de ley que hemos elevado a la consideración del Cuerpo no ha tenido el apoyo de los señores Senadores, ya que viene con una votación general negativa de la Comisión de Educación y Cultura y, por lo tanto, se harán distintos informes.

Ante todo, los Senadores que estamos de acuerdo con el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes, queremos expresar que nos hubiera gustado tener más tiempo para discutirlo; en eso estamos todos de acuerdo, ya que se trata de una iniciativa muy importante, que demandó mucho tiempo de debate y "afiatamiento" en aquella Cámara.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Arana)

-Teniendo en cuenta que se está acabando el año, entendimos oportuno terminarlo con la perspectiva de que, seguramente, se podrán efectuar modificaciones a este proyecto de ley -o ley, si hoy es aprobado- en el correr del año que viene y, por supuesto, durante su aplicación.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo fue corregida en la Cámara de Representantes. Ella se compone de tres grandes áreas: una conceptual, que establece los fines y orientaciones generales para la educación uruguaya, que deberán aplicar los organismos de conducción y los docentes en todas las ramas; otra descriptiva de un sistema de educación, con el detalle de sus órganos y cometidos, y una tercera que establece las condiciones de transición entre el sistema actual y el propuesto. A su vez, se compone de varios títulos y diversos capítulos con sus correspondientes artículos.

El Título I, "Definiciones, fines y orientaciones generales de la educación" -que nos parece sustantivo- abarca cuatro capítulos, el primero de los cuales se desarrolla en cinco artículos. El artículo 1º declara de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como derecho humano, así como el compromiso del Estado de garantizarlo. Si esta iniciativa se convirtiera en ley, me parece que este es otro de los aportes que haríamos en el día en que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El artículo 2º reconoce a la educación como bien público; el 3º tiene que ver con la orientación de la educación, es decir, las orientaciones que se debe imprimir a la educación en la búsqueda de una vida armónica, señalando los elementos para ello y para el ejercicio responsable de la ciudadanía, y el artículo 4º establece los marcos internacionales de derechos humanos que ha ratificado el país y que constituyen un marco de referencia para las orientaciones definidas en el artículo anterior. El último artículo de este capítulo, el 5º, define a los educandos como los titulares del derecho a la educación, encomendando a los educadores la responsabilidad de organizar los contenidos y de formular propuestas para los fines estipulados en este Capítulo I.

No nos parece menor el contenido de este primer capítulo, sobre todo en lo relativo a la responsabilidad que se establece para los docentes en cuanto al cumplimiento de una educación que desarrolle el ejercicio responsable de la ciudadanía. Cualquiera que haya tenido la responsabilidad de enseñar o de trasladar contenidos, sabe perfectamente que para transmitir valores es necesario ser coherente con lo que se intenta transmitir. Esperamos que esto se convierta en un indicador de la calidad educativa en los centros de estudios, ya que también se propone empezar a evaluar esa calidad. Seguramente, este indicador será muy importante.

El Capítulo II de este Título I, "De los principios de la educación", abarca los artículos que van del 6º al 11.

El artículo 6º define el principio de universalidad, que alcanza a todos los habitantes del país, sin ningún tipo de discriminación, como titulares del derecho a la educación. Asimismo, reafirma el derecho de los niños y niñas a ser educados, y la obligación de los padres al respecto.

El artículo 7º establece la obligatoriedad de la educación a partir de los cuatro años; esta propuesta ya ha sido votada en el Senado.

El artículo 8º versa sobre el respeto a los colectivos minoritarios o vulnerables a ser excluidos, estableciéndose su derecho a ser incluidos en las garantías del Estado en cuanto a educarse.

El artículo 9º establece el derecho a la participación en la educación, dando cumplimiento al Código de la Niñez y la Adolescencia que, en el caso del Uruguay, determinó el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el algo que, precisamente, no había sido incluido en la Convención sobre los Derechos del Niño como uno de los derechos de la niñez.

El artículo 10º se aviene al principio de libertad de enseñanza, de acuerdo con el artículo 68 de la Constitución de la República.

Este Capítulo II culmina con el artículo 11, que establece la libertad de cátedra, tan cara a nuestros docentes. Asimismo, aquí se establece el derecho a la información y a la cultura de los educandos, así como el deber de los docentes de ponerlas a su disposición.

Si bien en este Capítulo II no se establece claramente, el concepto de no discriminación -que figura más adelante- sobrevuela todos sus artículos. No nos parece algo menor establecer criterios al respecto, ya que las rutinas pueden llevar a prácticas que generen esas barreras invisibles que terminan expulsando a nuestros niños y adolescentes del sistema educativo y, con ello, les quitan las oportunidades de una vida plena e inserta en la sociedad.

El Capítulo III de este Título I, que abarca los artículos 12 a 14, establece los conceptos y fines de la política educativa nacional, definiendo el objetivo de la calidad, la necesidad de la articulación con otras políticas públicas, los valores básicos republicanos, las destrezas necesarias para la supervivencia y el desarrollo humano, la búsqueda de la progresiva autonomía -tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño-, el espíritu reflexivo y crítico, el desarrollo de la identidad nacional incorporando las culturas que nos dieron un origen multiétnico, la cultura de la paz y la tolerancia así como el fomento de las distintas formas de expresión e innovación.

Quiero rescatar lo establecido en el artículo 14, que creo fue mal interpretado por algunas de las delegaciones que nos visitaron en la Comisión de Educación y Cultura. Allí se establece, como reserva del Estado, que nunca se suscribirá ningún acuerdo, tratado u otro instrumento internacional que proponga considerar los servicios educativos como elemento de negociación mercantil.

Todo este capítulo resume el objetivo de utilizar la herramienta educativa como un elemento de paz, de desarrollo de la identidad nacional y de ciudadanía respetuosa y creativa. A su vez, creo que previene contra los peligros que han corrido otros países latinoamericanos que han mercantilizado sus centros educativos, promoviendo el ahondamiento de las diferencias de posibilidades, según los estamentos económicos y atentando contra la calidad de la enseñanza. En esto el Uruguay debe revertir el deterioro sufrido, en general, en el nivel educativo, no sólo en la enseñanza pública, sino también en la privada, desbordadas ambas por los nuevos contingentes de educandos en un interesante proceso de universalización de la matrícula, para la cual ni las infraestructuras ni la plantilla docente estaban preparadas.

El último capítulo de este Título I, "Principios de la educación pública estatal", agrega a los ya descriptos en los capítulos anteriores, los de gratuidad, laicidad e igualdad de oportunidades. En los artículos 15 a 18 se desarrollan los deberes del Estado. Concretamente, el artículo 18 explicita, para beneplácito de quienes han -y hemos- luchado tanto tiempo para establecerlo claramente, el compromiso de estimular la transformación de los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u orientación sexual. Cuando se cumplen sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es bueno que ellos queden plasmados en una ley que debe regir la educación uruguaya.

El artículo 19 -el último de este capítulo- define la responsabilidad preceptiva del Estado de proveer los recursos para garantizar el derecho a la educación.

Como habíamos señalado, la segunda área de este proyecto de ley refiere a la organización del "Sistema Nacional de Educación", que se desarrolla en el Título II. Así, en el artículo 20 se lo define como "el conjunto de propuestas educativas integradas y articuladas para todos los habitantes a lo largo de toda la vida".

El Capítulo II de este Título II, define la educación formal. De esta manera, en los artículos 21 y 22 se especifican las etapas del proceso educativo y los niveles que conlleva, desde la educación inicial hasta la de posgrado.

El artículo 23 es especialmente importante porque establece la posibilidad de movilidad del educando, reconociendo los conocimientos adquiridos en otros niveles educativos.

Los artículos 24 y 25 describen la educación inicial y la primaria, así como sus contenidos.

Los artículos 26 y 27 refieren a la educación media básica y media superior, esta última con tres modalidades: la general, la tecnológica y la técnica y profesional.

Los artículos 28, 29 y 30 detallan la educación técnico profesional, la terciaria y la terciaria universitaria.

El artículo 31 define la formación en educación como enseñanza terciaria universitaria, abarcando la formación de maestros, de maestros técnicos, de profesores, de profesores de educación física y de educadores sociales.

El artículo 32 define los posgrados universitarios. A su vez, los artículos 33, 34 y 35 especifican las modalidades de la educación formal y a quiénes incluyen.

El Capítulo III de este Título II refiere a "Otras modalidades" educativas. En el artículo 36 se describe la educación a distancia y semipresencial.

En el Capítulo IV del Título II, el artículo 37 define y describe la educación no formal entendiéndola como un complemento que debe articularse con la educación formal de manera de contribuir a la reinserción y a la continuidad educativa. Creo que este es uno de los hallazgos de inclusión de este proyecto de ley de educación, porque es un reconocimiento largamente reclamado por todos los educadores sociales que tanto han contribuido y contribuyen desde distintas especialidades a crear ciudadanos integrados y con mayor conciencia de sus derechos y obligaciones para con la sociedad y el entorno en el que viven. El aporte realizado desde las más diversas formas de estimulación, especialmente en los temas de inclusión social y reinserción educativa, no podía ser desconocido por la creatividad de las metodologías empleadas para estos fines.

El Capítulo V, en el artículo 38, refiere a la educación en la primera infancia. Este también nos parece un aporte importante, ya que las nuevas formas societarias, tanto en lo económico como en lo cultural, requieren el aporte de dos o más miembros del entorno del niño o de la niña y la definición de las características con que debe encararse esta etapa tan central en el desarrollo humano cuando se cumple un servicio educativo o de cuidado para la familia, que es algo de vital importancia.

El Capítulo VI, "Reinserción y continuidad educativas", en su artículo 39 establece la posibilidad de revalidar por parte del Estado los conocimientos o habilidades adquiridos que permitan la continuidad educativa. Para ello se encomienda a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública -que se crea más adelante- la reglamentación de los procedimientos. Entendemos que esto, junto con el reconocimiento de la educación no formal, es otro aporte importante para la reincorporación y un estímulo para complementar la educación formal.

El Capítulo VII, en su artículo 40, describe las líneas transversales del Sistema Nacional de Educación. Allí se mencionan la educación en derechos humanos, la ambiental para el desarrollo humano sostenible, la artística, la científica, la lingüística, la educación a través del trabajo, la educación para la salud, la sexual, la física, la recreación y el deporte. Durante el tratamiento de este proyecto de ley concurrieron a la Comisión de Educación y Cultura algunas delegaciones que criticaron estas líneas transversales y expresaron el temor de no estar a la altura de poder transmitir conocimientos sobre estos temas que, generalmente, no integran la currícula de formación. Sin embargo, es necesario integrarlos en el transcurso de la metodología pedagógica de cualquier materia, ya que en muchos de los casos no se trata de materias específicas. Seguramente no todas o todos los docentes serán profesores de educación física o de las especialidades artísticas, pero todos deberían saber cómo incorporar el respeto por los derechos humanos y el conocimiento de los sujetos de Derecho, entre los cuales están nada más y nada menos que los de los niños, niñas y adolescentes.

Una reflexión personal que quiero trasmitirles es que en todo el sistema educativo, en las relaciones de poder entre los humanos, puede ser muy beneficioso en lo personal y, sobre todo en la relación con los educandos y sus familias, incluir el ejercicio de la sexualidad con responsabilidad y sin hipocresía, sin violentar al otro. Si no existieran miedos para tratar con naturalidad estos temas, seguramente mejoraría el clima educativo.

El sábado pasado tuve la oportunidad de participar de un encuentro de todos los espacios adolescentes creados por el Programa Nacional de Salud Adolescente de la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Allí había 78 espacios de adolescentes de todo el país, hasta de las localidades más pequeñas, y el reclamo de los responsables de los equipos de salud y de los chiquilines era la ausencia de coordinación con el sistema educativo. Por lo tanto, creo que estas líneas transversales son un aporte legal para repensar en la formación de los docentes y cuáles son las necesidades de nuestros gurises que se incorporan. Creo que el tema de la educación sexual que se está incluyendo en la formación de nuestros docentes, es un elemento muy importante que va a dar sus frutos en aspectos que hemos señalado como preocupantes, en general, en este Parlamento.

El Capítulo VIII, "Los centros educativos", artículo 41, hace otra incorporación valiosa, que fue recogida en los muchos intercambios realizados en el proceso de preparación de este proyecto de ley. El clima del aula y de su entorno es determinante para el proceso de atención y aprendizaje y en este artículo se describen algunas de estas condiciones. Esto también debería convertirse en un indicador de evaluación.

El Capítulo IX, "Los órganos del Sistema Nacional de Educación", describe los distintos órganos que se mencionan en el artículo 20. En el artículo 42 se crea la Comisión Nacional de Educación (COMINE) y en el artículo 43 se describen su naturaleza y cometidos, que serán procurar la articulación de las políticas educativas con otras políticas públicas y facilitar todo asesoramiento al respecto. Dicha Comisión estará integrada por todas las instituciones educativas, públicas y privadas, el INAU, los trabajadores en general y los de la educación, en particular, así como los estudiantes, los empresarios y las organizaciones no gubernamentales que desarrollan educación no formal. Los artículos 44 y 45 definen la creación de un Congreso Nacional de Educación de carácter asesor, que será convocado como mínimo en el primer año de cada período de Gobierno.

El Título III refiere al "Sistema Nacional de Educación Pública" y se desarrolla en 19 capítulos y 67 artículos, que van desde el 46 hasta el 112. El Capítulo I describe los principios de la autonomía de los Consejos Directivos Autónomos, la preceptividad de la coordinación y la importancia de la participación de todos los actores involucrados en el hecho educativo.

El Capítulo II define la integración del Sistema Nacional de Educación Pública y la responsabilidad de la Comisión Coordinadora de la Educación Pública en su coordinación.

Los Capítulos III, IV, V y VI describen los cometidos de los organismos que integran el Sistema Nacional de Educación Pública, es decir, el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública, el Consejo Directivo Central de la ANEP y los Consejos de cada nivel educativo.

El Capítulo VII refiere al "Estatuto del docente y del funcionario", desarrollando sus bases en el artículo 69 y creando y otorgando cometidos a las Asambleas Técnico Docentes en el artículo 70.

El Capítulo VIII, en el artículo 71, crea las Comisiones Consultivas, que podrán formar parte de los Consejos de Educación y estarán integradas por funcionarios no docentes.

El Capítulo IX establece, en los artículos 72 a 75, una novedad interesante, al definir los derechos y deberes de los educandos y de sus madres, padres o responsables. Se eleva a la categoría legal la norma establecida en su momento por el CODICEN sobre el derecho de las alumnas embarazadas a permanecer en el centro educativo. Esta incorporación también nos parece una adecuación a los conceptos educativos modernos y a los principios establecidos en los primeros artículos con relación a la educación como un todo integral y no aislado.

El Capítulo X establece la creación de los "Consejos de Participación" en todo centro educativo y define sus cometidos de propuesta y apoyo.

El Capítulo XI define "La Educación Terciaria", recogiendo propuestas de la Universidad de la República, sin desarrollar demasiado las características de este ámbito que, justamente, se encuentra en un proceso de adecuación de su Ley Orgánica, lo que seguramente obligará a complementar esta ley con sus aportes cuando sea aprobada.

En el Capítulo XII, "Instituto Universitario de Educación", en el artículo 84 crea el referido Instituto en el ámbito del Sistema Nacional de Educación Pública, que formará maestros, maestros técnicos, educadores sociales y profesores, tal como lo establecía el artículo 31. En el artículo 85 se constituye una Comisión cuyo cometido será elaborar una propuesta para la estructura académica y curricular, el presupuesto, el personal y demás del Instituto Universitario de Educación, estableciendo como plazo para entregar dicha propuesta el mes de abril de 2010.

En el Capítulo XIII, artículo 87, se crea el "Instituto Terciario Superior" para la formación de técnicos de diversas áreas de producción y de servicios. En el artículo 88, se establece para esta nueva institución una Comisión de Implantación, que tendrá los mismos cometidos y plazos para elaborar una propuesta acabada de estructura institucional y académica.

En el Capítulo XIV, artículo 89, se establecen los conceptos de descentralización y coordinación territorial entre todas las instituciones vinculadas a la educación. Para ello se crean, en el artículo 90, las Comisiones Departamentales de Educación, y se les asignan cometidos en el artículo 91, siendo fundamentales la coordinación y la promoción de la participación.

En el Capítulo XV se crea el "Consejo Nacional de Educación No Formal" en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, que deberá articular y supervisar los programas, proyectos y acciones de educación no formal que se desarrollen en el país. A este Consejo Nacional de Educación No Formal, que tendrá una Comisión Directiva integrada por tres representantes designados respectivamente por la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura, se le crea un Consejo Asesor y Consultivo en el artículo 95 con miembros de otras instituciones y Ministerios del Estado que deben articularse con la educación y los representantes de la educación no formal privada.

El Capítulo XVI, en los artículos 96 a 101, define los organismos responsables de la educación en la primera infancia -otra innovación de este proyecto de ley-, o sea, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Educación y Cultura. En los artículos 98 y 99 se crea un Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia, donde además de los organismos nombrados se integran el Ministerio de Salud Pública y representantes de los educadores en la primera infancia y de los centros privados que atiendan la educación en esta etapa.

El Capítulo XVII, en los artículos 102 a 104, está dedicado especialmente a los centros de educación infantil privados, los define y establece las normas para su autorización, recogiendo disposiciones ya existentes en leyes anteriores. Aquí se agrupan las disposiciones de la llamada ley de guarderías, integrando definitivamente esta área de cuidados que forma parte del sistema de protección social, cuya calidad debe ser asegurada por el Estado.

El Capítulo XVIII refiere a la educación policial y militar, creándose una Comisión integrada por el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República para elaborar un proyecto de ley de rediseño integral de estas áreas educativas.

El Capítulo XIX, en sus artículos 106 y 107, crea una Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, con la representación de las más altas jerarquías educativas, que funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y deberá velar por el cumplimiento de esta ley. Por su parte, los artículos 110, 111 y 112 establecen Comisiones Coordinadoras para algunas de las líneas transversales, como la educación en derechos humanos y la educación física. Se agrega, además, la coordinación nacional para el Sistema Nacional de Becas con las Comisiones Departamentales de la Educación.

En el Título IV, artículos 113 a 119, se crea un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, como persona jurídica de derecho público no estatal, vinculado al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Será dirigido por una Comisión Directiva integrada por representantes de todos los organismos de la educación pública y privada. Sus cometidos se establecen en el artículo 115 y, entre otras cosas, deberá evaluar la calidad de la educación en el Uruguay, desde el nivel inicial al medio. A su vez, el artículo 117 determina los criterios rectores para la evaluación de la calidad de la educación y en el 119 se establece la forma de recurrir sus definiciones.

En los títulos restantes se incluyen las disposiciones transitorias y excepcionales para la aplicación de este proyecto de ley una vez que sea aprobado, estableciendo algunos principios y determinando cuándo corresponde que comience a regir.

Señor Presidente: lamentamos no haber podido profundizar un poco más en el análisis de este proyecto de ley, ya que creemos que los aportes que se hacen -en torno a los cuales hemos discutido muchas veces, sobre todo en la Comisión de Educación y Cultura, en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión y en la Comisión de Constitución y Legislación- formalizan un avance importante para el desafío que tiene nuestro país en cuanto a mejorar la calidad de su educación e integrar el sistema educativo en un todo que permita a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes sentirse ciudadanos con las herramientas necesarias para competir en un mundo que es cada vez más exigente y en el que se requieren mayores conocimientos. A su vez, considero que uno de los mayores aportes es su espíritu, en el sentido de que esto no puede estar separado de la construcción de ciudadanos responsables que sean criteriosos y reflexivos, y conozcan sus derechos así como sus obligaciones. Creo que este es un cambio cultural que debemos exigir al sistema educativo y a todos aquellos que tenemos responsabilidades con relación a él, y me parece que está muy bien explicitado en este proyecto de ley. Obviamente, todo lo que propenda a la organización de este sistema va a requerir ajustes en forma permanente -ésta es una sociedad en movimiento que está dentro de un mundo también en movimiento y evoluciona muy rápidamente en lo que tiene que ver con la información y el conocimiento que debemos tener para movernos en él con una ciudadanía plena- y hay que tener en cuenta los aportes que hagan todos los actores del sistema educativo, incluidos los educandos, a quienes se reconoce ese derecho y cuya contribución nos parece muy importante.

Es cuanto tenía para informar.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Como el señor Presidente concedió el uso de la palabra a la señora miembro informante y también yo lo soy, me gustaría que me informara de cuánto tiempo dispongo. Además, voy a solicitar que esta consulta no se contabilice dentro de ese tiempo.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- En realidad, el señor Senador Penadés es tan miembro informante como yo; lo que sucede es que acabo de informar en minoría porque el proyecto de ley tuvo una votación negativa en Comisión, tal como expliqué al principio de mi intervención. No sé si se considera que hay dos miembros informantes -eso lo dirá la Mesa-, pero creo que en todo caso el señor Senador debe disponer del mismo tiempo que tuve yo para informar.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Creo que corresponde que el señor Senador Penadés disponga de 30 minutos para su intervención, con la posibilidad de prorrogarla por 30 minutos más.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: voy a iniciar mi exposición reivindicando y manifestando, una vez más, mi profunda adhesión a la democracia representativa en nuestro país. Creo firmemente -y lo digo con toda honestidad- que en este Parlamento habemos señores Legisladores que creemos en la democracia representativa, y otros que no, y no puede ser tomado como un agravio el hecho de que diga -sin mencionar a nadie en particular- que para mí hay integrantes de este Cuerpo que no creen en la democracia representativa, que creen en la democracia participativa, en una democracia en la cual el funcionamiento se puede llevar adelante a través de asambleas populares, considerando que por ese medio se logra la convalidación de proyectos.

Como dije, quiero comenzar reivindicando a la democracia representativa, al Estado de Derecho y a la existencia de los partidos políticos como único instrumento válido para la representación en la democracia representativa de un país, valga la redundancia. No es por casualidad que hago esta afirmación, sino porque hoy vengo al Senado con una sensación de profunda frustración con relación al tema que estamos tratando. Esta profunda frustración tiene varios componentes, a los cuales me voy a ir refiriendo en el curso de mi intervención. El primero de ellos es el hecho de que hoy se pretenda sancionar en el Parlamento una ley de la trascendencia de ésta, por mayorías indiscutiblemente legítimas pero que no representan cabalmente a la totalidad de la población de nuestro país.

Que la discusión parlamentaria de este proyecto de ley -sobre cuya trascendencia todos los señores Senadores hablaremos en la mañana de hoy- haya tenido en el Parlamento un tratamiento de cuatro días en la Cámara de Representantes y de cuatro días más en la Cámara de Senadores, habla de la afirmación que hice al inicio de mi exposición en el sentido de que no todos creemos en la democracia representativa ni en la existencia y respeto a los partidos políticos. De no ser así, no se podría reducir la consideración de un tema de tal trascendencia a ocho días de análisis con los partidos de la oposición en el Parlamento nacional; tengamos presente que a la interna del Partido de Gobierno este tema le llevó, por lo menos, dos años y medio de estudio y discusión y no pudieron lograr entre ellos consensos ni acuerdos sólidos, lo que quedó demostrado en el día de ayer, pues el proyecto de ley llega a la Cámara de Senadores con un informe negativo de la Comisión. Repito que este proyecto de ley salió con un informe negativo de la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la República. Esto significa que la mayoría de los Senadores presentes en la Comisión consideramos que era inapropiada la consideración del proyecto de ley, y que este contenía elementos que ameritaban no votarlo afirmativamente.

Debo decir que es incuestionable la legitimidad en cuanto al tratamiento que va a tener y está teniendo en el Senado en estos momentos. Entiendo que estos argumentos de carácter político van marcando un sendero, yo diría una sentencia para esta ley de educación que, lamentablemente, será aprobada en la mañana de hoy.

Queda demostrada -y aquí hay una responsabilidad compartida que debo reconocer- la imposibilidad de dialogar para lograr acuerdos que permitan que en este tema -como en tantos otros- se comience a hablar de elaboración de políticas de Estado; es decir, acuerdos que le aseguren al Uruguay que, a través de la sanción de la ley de educación, de aquí para adelante se logre la construcción colectiva de un tema que entiendo es de primer nivel en la estrategia de carácter nacional. Debemos ponernos de acuerdo definitivamente en este punto -sobre el que los partidos políticos no podemos acordar desde hace muchísimo tiempo-, y es necesario reconocer que no sólo se le debe atribuir al actual Gobierno -a pesar de que tiene una responsabilidad puntual- pues desde la reinstalación democrática se han hecho incesantes esfuerzos al respecto. El primero de ellos -que creo que marcó un hito- fue la sanción de una ley de emergencia para la educación, que se votó por unanimidad en la primera Legislatura luego de la dictadura. Esa ley marcó unanimidad entre los partidos políticos en un momento difícil de la vida institucional del país, como lo fue la salida de la dictadura y la reinstitucionalización, pero lamentablemente el episodio no se ha vuelto a repetir.

El que inocentemente crea que esta ley va a solucionar los problemas que hoy tiene la educación, está muy alejado de la realidad. Considero que el problema de la educación nacional en nuestro país tiene que ver con una conjunción de temas sociológicos, culturales, administrativos, políticos y estratégicos que hacen que estemos ante un verdadero problema, y diría más, ante una situación de crisis muy profunda en el sistema. Y los resultados están a la vista. La argumentación que en algún momento se podía utilizar en cuanto a que el producto de la crisis era la escasez de carácter presupuestal, ha sido derribada por las autoridades del actual Gobierno, porque debemos reconocer que en la actual Administración ha habido una mejora sustantiva en el presupuesto de la educación. Sin embargo, no ha habido mejora en los guarismos de la calidad educativa. Me reservo la opinión -no quiero ingresar en el tema- sobre la conducción de las autoridades de la ANEP, que para los Senadores del Partido Nacional deja muchísimo que desear. De todos modos, como ya lo dije, no es un tema que vayamos a analizar en la mañana de hoy.

En cuanto a las consideraciones de carácter político, el Uruguay va a ver sancionada una ley de educación por parte de un partido político, o más bien, por una coalición de partidos políticos. La delicadeza de esos acuerdos internos es lo que hace que se inhabilite la posibilidad de dialogar y negociar con el resto del sistema político, porque modificaciones a la ley acordada en la interna harían caer toda una estantería de delicados acuerdos. Por tanto, se inhabilita la posibilidad de dialogar con soltura con el otro cincuenta por ciento de la población que representamos los partidos políticos de la oposición. La esencia de este problema es la imposibilidad que tiene el Frente Amplio de discutir con mente abierta con los partidos políticos de la oposición, a fin de lograr acuerdos suprapartidarios. Lo que esto haría sería complicar una interna que tiene complejidades de todo tipo, pero que no me corresponde a mí analizar.

En un tema como este, sustantivo y fundamental, el mensaje que hoy se le da a la ciudadanía es que las autoridades legítimamente electas por la ciudadanía no logramos ponernos de acuerdo. Entre otras cosas, no logramos ponernos de acuerdo porque no tuvimos el tiempo suficiente para analizar, discutir e intentar realizar acuerdos con la mentalidad y el espíritu con que el Partido Nacional llegaba a las comisiones, es decir, con la intención de acordar. No hablo de acordar algunos artículos ni algunas propuestas que fueron incorporadas en el proyecto de ley, y que tienen origen en el Partido Nacional, porque eso sería menospreciar nuestra inteligencia y menospreciar al propio Partido. No se trata de decir "vengan y voten esto porque son ideas de ustedes", porque se trata de ideas que se encuentran dentro de un contexto con el que no estamos de acuerdo. Distinto sería elaborar un proyecto de ley con inteligencia, audacia y valentía, pero entre otras cosas debo decir que este proyecto de ley es absolutamente conservador. Deberíamos tener la audacia de poder discutir de una vez por todas sobre todo un sistema educativo en el que debemos incorporar a la Universidad. Me pregunto si no ha llegado la hora de discutir sobre la autonomía y el rol del Ministerio de Educación y Cultura, puesto que el titular de esa Cartera no tiene ninguna injerencia sobre la educación del país. ¿No ha llegado la hora de analizar y discutir la conformación de los máximos órganos de la educación, así como sobre su autonomía técnica y administrativa, y sobre la confusión que se genera, pues algunos entienden que hay libertad como para hacer lo que se quiera? Deberíamos realizar un análisis sobre la Universidad de la República, a cincuenta años de sancionada su Ley Orgánica. Algunos de los principales dirigentes políticos del Uruguay -no precisamente de mi Partido Político- han dicho en la Universidad de la República que no se le puede echar la culpa de la administración a los partidos tradicionales, porque en ese ámbito han estado ellos desde 1958 a la fecha, salvo en el interregno de la dictadura.

La discusión de este tema tuvo un origen tremendamente esperanzador. Puedo decir que el 16 de febrero de 2005 participé de una convocatoria que realizó el Presidente de la República, donde junto con los partidos políticos de la oposición se firmaron una serie de documentos y uno de ellos refería al diálogo político en materia de educación. Participé en ese grupo en nombre del Partido Nacional y se logró elaborar un documento, pero lamentablemente a tres años de haber realizado ese trabajo, lo establecido no se ha cumplido. En aquella instancia creímos en lo que se decía, pero rápidamente nuestras creencias y esperanzas se esfumaron cuando se tuvo que designar a los responsables de la conducción de la educación, y se le anunció al Partido Nacional que de los cinco representantes sólo le correspondía uno a la oposición, y no dos como tradicionalmente se hacía. Esa circunstancia, más otras desafortunadas decisiones tomadas en otros ámbitos en los que se designó autoridades, hizo que el Partido Nacional resolviera no participar en ninguno de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de nuestro país.

Con esa decisión se iniciaba un proceso de "unicato" que, lamentablemente, ha llevado a la situación actual.

En medio de eso se convoca a un debate educativo y el Partido Nacional conforma la comisión, lo que demuestra que no es cierto lo que se dice tradicionalmente en cuanto a que nos fuimos a las cuchillas y no hicimos nada. Sí participamos, se designaron delegados y estuvimos trabajando hasta el momento en que se determinó cómo se iba a integrar el Congreso de la Educación, y se "ninguneó" y menospreció la representación y la legitimidad política de los partidos, sustituyéndolas por el corporativismo, porque se le dio mayor jerarquía a las corporaciones, en detrimento de los partidos políticos.

Aquí también me permito retrotraerme al inicio de mis palabras, cuando reivindiqué la democracia representativa como el eje central de la vida institucional del Estado de Derecho en nuestro país. Así pues, aquello ameritó que abandonáramos ese Congreso.

Cabe recordar que, con bombos y platillos, se llamó a llevar adelante en todo el país una consulta sobre el tema, para que la gente participara en el debate educativo. Sin embargo, participó menos del 1% de la población del Uruguay. Me pregunto si se puede decir que eso fue democrático, si la gente realmente participó, y si puede hacerse de eso una reivindicación de la democracia participativa. En realidad, tanto en esta como en otras experiencias, se ha demostrado que la participación ciudadana es mínima, escasísima. Entonces, vuelve a surgir con todo su fulgor e importancia la existencia de los partidos políticos, justamente como verdaderos y legítimos canales de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. Así pues, vemos cómo se lleva adelante un debate educativo donde se lanzan o liberan todas las fuerzas, sobre todo las corporaciones, que legítimamente salieron a defender sus derechos.

Por las dudas, aclaramos que aquí nadie está en contra de estas últimas, así como tampoco de la existencia de los sindicatos y del rol que éstos deben cumplir en la defensa legítima de los intereses de los trabajadores, siempre dentro de un marco de racionalidad y de división de competencias que es básico para la existencia de un Estado de Derecho. Pero fue ahí donde vimos que el debate educativo se transformó únicamente en un debate sobre cómo iba a estar administrada la educación de nuestro país.

Lo cierto es que, progresivamente, diferentes instituciones fueron abandonando ese debate: primero el Partido Colorado, luego el Partido Nacional, después el Partido Independiente, más tarde los colegios privados, y así sucesivamente. Este hecho fue quitando legitimidad a la discusión, aunque, claro está, no a las conclusiones, porque nadie puede dudar que existió un aporte. Pero los participantes en esa instancia creyeron que ahí estaba la matriz, el eje central de la futura ley de educación, y a esa gente también se le falló, porque cuando llegó el momento de redactar la norma, no se tomó en cuenta la mayoría de sus consideraciones. Por ello, salvo el Frente Amplio, hoy nadie apoya esta ley de educación: no lo hacen los partidos políticos de la oposición, ni los sindicatos de la educación, ni la Universidad de la República.

Si a todo lo expuesto sumamos el hecho de que esta norma está siendo puesta a consideración del Parlamento a un año exacto de la elección de un nuevo Gobierno -o sea, con la imposibilidad más absoluta de que las actuales autoridades lleven adelante su aplicación-, llegamos a la conclusión de que es totalmente inconveniente tratarla en la mañana de hoy. Evidentemente, este proyecto de ley debería ser considerado en el primer año de Gobierno, para que las autoridades tuvieran por delante los cuatro años restantes para aplicarla y demostrar sus bondades. Sin embargo, eso tampoco ocurre en esta oportunidad.

En consecuencia, me queda la sensación de que lo que se pretende, en realidad, es el cumplimiento electoral, o sea, poder manifestar: "A lo que dijimos que íbamos a hacer, pongámosle un ‘tick’ de que lo hicimos". En definitiva, no importa cómo resulte. La propia afirmación de la señora Senadora Percovich -realizada con un criterio de honestidad intelectual que mucho valoro y respeto, porque además conozco la seriedad con que trabaja- en el sentido de que esto es apenas un inicio, pues hay cambios para hacer a la norma mañana, pasado y traspasado, anuncia la brevedad de la vida que tendrá lo que resulte aprobado en el día de hoy. Esto no tiene que ver con el conocimiento que, por supuesto, obliga al cambio, a la renovación y a la devolución, sino con las instituciones que conducen todos esos elementos. Es ahí donde vemos con tremenda y profunda preocupación que se está cometiendo un gravísimo error y que se ocasionará un gran daño a la educación de nuestro país, cuando sin duda, no es ese el interés. Creo que la intención es otra y que algunos honestamente creen que este es un buen proyecto de ley; claro que quienes creen eso son menos de los que van a votar la iniciativa, pero de todas maneras, algunos tienen esa creencia.

Hoy nos vemos enfrentados a una situación en la que la iniciativa es promovida únicamente por el Gobierno, sin que haya posibilidad de diálogo con nadie y con la oposición de todos. Evidentemente, tendría que haber sido al revés. Como decía hace unos instantes, tendríamos que haber imaginado esos conceptos, la autonomía, la administración, la propia Universidad de la República. Fíjense los señores Senadores en la siguiente paradoja: la Universidad está debatiendo lenta y tímidamente las modificaciones de su Ley Orgánica. Verdaderamente, me causa cierto grado de decepción, porque fui alumno de esa Institución y hace añares que está en lo mismo. ¡Por favor, que se termine con eso de una vez! A propósito, días pasados vino a este ámbito el decano Wschebor, a quien escuchamos atentamente.

Voy a relatar una anécdota. Una vez fui a hablar con el decano de la Facultad de Ciencias, actual Intendente de Montevideo, quien me merece un gran respeto por su capacidad intelectual. Cuando me explicó que el Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ciencias hacía diez años que estaba intentando coordinar con la Inspección de Matemáticas de ANEP la mejora de la calidad de los docentes para que terminara la tragedia que hoy se vive en nuestro país con relación a la enseñanza de esa materia, me di cuenta de la gravedad de la situación. En todo caso, tal vez haga referencia a esto con mayor profundidad más adelante.

Me parece importante tener la posibilidad de imaginarnos y plantearnos todo este tema sin ningún tipo de tabúes, ni siendo prisioneros de interés alguno, a los que muchos responden, incluso nosotros. De la misma manera, legítimamente digo que en este Parlamento hay quienes fueron representantes sindicales, y todos sabemos de la conexión permanente que existe entre el Frente Amplio y los sindicatos en nuestro país. Hay que decir esto sin ningún tipo de timidez. Justamente, hoy en la mañana estaba viendo y escuchando por televisión a un señor que reivindicaba su militancia gremial y decía, a la vez, "soy participante del Frente Amplio". Quiere decir que este tipo de cosas existe, y muchas veces hace que confundamos lo que es la verdadera lucha sindical con la intromisión de la política en la vida sindical. Evidentemente, esta es otra cuestión sobre la que no vamos a discutir en la mañana de hoy, pero es importante recordar que muchas veces esto condiciona las cosas, porque aquí también hay lucha de poder por la conducción gremial y por la conducción que se pretende tener de la educación. Esto no es algo de ahora, sino que data de muchísimo tiempo atrás.

Ahora bien, en las circunstancias mencionadas, ¿no valía la pena que pensáramos en la elaboración de un proyecto de ley que nos permitiera dar un marco para que el próximo Gobierno, a través de grandes acuerdos políticos, lograra una buena elección de autoridades que contaran con un gran respaldo político y pudieran llevar adelante la transformación de la educación, fundamentalmente la de carácter público, que hoy se reclama a voces? ¿No ha llegado la hora de pensar en el fin de paradigmas, en el fin de chacras y parcelas que se remontan a la época en que Vaz Ferreira y Grompone vivían? La mayoría de los que estamos aquí no habíamos nacido cuando se dieron esos debates; sin embargo, hasta el día de hoy nos condicionan.

Queremos recordar aquí el hecho de que en este período legislativo el señor Senador Sanguinetti presentó un proyecto de ley -que otros señores Legisladores, a su vez, plantearon en otros períodos- a propósito del reconocimiento universitario de las carreras docentes. No se lo ha querido votar. Se nos dijo que había una Comisión que rápidamente iba a llegar a un acuerdo entre la ANEP y la UDELAR, como se le dice ahora a la Universidad de la República. Ese acuerdo hasta ahora no existe, y ahí es donde se demuestra la falta de conducción política que determine que esto no va más y que se va a actuar porque así lo exige el interés general, el interés nacional. El Parlamento decidió que se haga de cierta manera y así se va a llevar a cabo; creo que estamos legitimados por una realidad que, justamente, proviene de la democracia representativa.

La verdad, señor Presidente, es que nos encontramos ante cifras que realmente golpean nuestros ojos sobre la realidad de la educación en nuestro país y que hablan de guarismos que nos tienen que generar preocupación en cuanto a la capacitación que hoy nuestros jóvenes están recibiendo, fundamentalmente aquellos que provienen de la educación pública. Sobre esto debemos reconocer una situación contradictoria, en virtud de la cual se critica el pasado, pero se reivindica de él algunas instituciones que fueron conformadas por partidos políticos que en ese entonces estábamos en el Gobierno.

La escuela pública y el liceo público cumplieron un rol central en la vida institucional del país en lo que respecta a la formación de ciudadanía y a la generación de oportunidades. Siempre menciono el ejemplo de aquel hijo de un inmigrante español que llegó al Uruguay, comenzó a trabajar en la Refinería de La Teja, crió varios hijos, los envió a la escuela pública y al liceo público, luego a la Universidad de la República; uno de ellos se recibió de médico, le fue muy bien en su carrera empresarial y luego resultó electo Presidente de la República. Me estoy refiriendo al doctor Tabaré Vázquez. Esa realidad, ese país hoy no existe, y todos lo sabemos. Y precisamente por esa realidad es que tenemos que levantar nuestra voz y comprometernos a tratar -no de volver hacia atrás, porque eso no es posible- de crear los escenarios necesarios para que en el futuro se llegue a un acuerdo que nos permita tener una conducción política acertada de la educación, para enfrentar los desafíos que hoy tenemos por delante. En definitiva, se trata de construir, y es ahí, precisamente, en donde me parece que se pierde el espíritu de este proyecto de ley y donde también se pierde la oportunidad que todos reconocíamos cuando el Frente Amplio llegó al Gobierno, en cuanto a que quizás pudiera hacer lo necesario para cambiar estilos que sus representantes tantas veces habían criticado en los mal llamados Partidos tradicionales. Pensamos que se iba a aplicar un criterio de apertura, así como de consideración y valoración de las opiniones; sin embargo, sucedió absolutamente lo contrario, porque hoy vivimos en la peor de las épocas de las exclusiones políticas que el Uruguay recuerda en los últimos cincuenta años. En definitiva, aquí se aplica el criterio de que "tenés razón pero sale como va". Eso me parece que es un atentado no ya contra los intereses de carácter político que cada uno pueda tener, sino contra los intereses de carácter nacional que es, precisamente, el punto sobre el que me parece que debemos trabajar; en realidad, a mi juicio, este no es un proyecto de ley que apunte en esa dirección.

La definición de esto, señor Presidente, radica, entre otras cosas, en la decisión de que la conducción política de la educación se reduzca en cuanto a su participación. Digo esto con total honestidad: no estoy de acuerdo con la reducción de la conducción política de la educación a tres miembros, y aclaro que no voy a abrir juicios de opinión sobre la representación docente, porque ese es un tema que estoy dispuesto a discutir, aunque todos sabemos en qué termina esto después. Repito que con mucho gusto estoy dispuesto a discutir sobre ese punto, pero creo que podríamos haber imaginado otras iniciativas y no me refiero a lo relativo al cargo; en realidad, me refiero a la obligación vinculante entre la aprobación de los programas de Educación Primaria y Secundaria con la opinión de las Asambleas Técnico Docentes y su jerarquización, aspecto que la Ley de Educación ni siquiera menciona.

Ciertamente, si imaginamos al próximo Gobierno, sin importar de qué partido sea -incluso pensando en la eventualidad de que vuelva a ser electo el Frente Amplio o de que gane el Partido Nacional-, deberíamos preguntarnos cómo conformaríamos con tres miembros la representación política. Aclaro que no estoy hablando de la "repartija", porque muchas veces estos temas se "bastardean" con un criterio menor, sino de la representación política en la conducción de la educación. Como sabemos, no nos pusimos de acuerdo cuando esa conducción estaba conformada por cinco integrantes y cuando éramos conscientes de que la conjunción de dos Consejeros en la ANEP era fundamental para la oposición, porque era la forma de mantener un diálogo permanente con el oficialismo para la designación y la destitución de los integrantes de los Consejos Desconcentrados; ahora reducimos esa integración a tres miembros, y me pregunto qué partido político se animará, en el próximo gobierno, a dejar al principal partido de la oposición fuera de la conducción de la educación, sin perder por ello lo que legítimamente tiene y debe tener, que es la mayoría para poder gobernar. ¿Eso lo vamos a cambiar el año que viene? ¿El próximo gobierno va a poder iniciar su gestión designando tres Consejeros y dejando a alguno de los partidos de la oposición afuera? ¿No es cierto que por lo menos eso debería haberse tomado en cuenta por sentido común, a fin de ponernos de acuerdo, aunque más no sea, en la conducción política de la educación? No estoy hablando de la política partidaria, y hago esta aclaración porque muchas veces cuando se habla de esto se piensa en quien con una tarjetita pide que se le consiga un empleo de limpiador en una escuela; no se trata de eso, porque estamos hablando en serio y de alta política, de la necesidad de ocupar espacios en el Gobierno, justamente, con la legitimidad que otorga lo que mencioné al inicio de mi exposición, que es la democracia representativa.

SEÑOR HEBER.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: creo que en el punto que acabo de mencionar se encuentra un elemento sustantivo de la conducción política.

Voy a hacer una breve referencia a un aspecto que va a mencionar el señor Senador Long cuando haga sus consideraciones, aunque creo que él se va a introducir mucho más en las de carácter técnico. Me parece que estos elementos que voy a mencionar van a generar un condicionamiento y adelantan algo que me parece que es bueno que se sepa: esta ley tiene muy corta vida. Si el próximo gobierno es del Partido Nacional, inmediatamente propondrá la modificación de la ley, y si no lo es, quien ejerza el Gobierno tendrá que rever esta norma, porque no responde a la realidad política del país. Y quien se anime a decir hoy que el próximo Gobierno no debe tener representación de todo el espectro político en los entes de conducción de la educación en el Uruguay, está muy alejado de la realidad o pretende seguir por un camino de desencuentros que en estos cinco años nos hemos dado cuenta que no sirve absolutamente para nada, por lo menos en lo que respecta a los temas estratégicos fundamentales para la vida del país, como es el de la educación.

Es por ello, señor Presidente, que francamente consideramos que nos estamos perdiendo una gran oportunidad. El Partido Nacional ha hecho una serie de declaraciones y su Directorio ha seguido muy de cerca este tema, entre otras cosas, porque entre sus integrantes hay gente muy idónea en la materia, que podría haber hecho una prestación de sus servicios y estaba dispuesta a hacerlo. Precisamente, en ocasión del debate educativo, nuestro Partido designó a los mejores profesionales en esa área, y creo que su participación habría sido sustantiva en esa instancia.

Quiero terminar esta primera parte de mi intervención preguntando quién dice que la educación debe estar sólo en manos de los docentes, el tema de la defensa sólo en manos de los militares y el tema de la salud sólo en manos de los médicos. Quien se anime a decir eso va hacia la corporativización de la sociedad y, como ya sabemos, eso termina en el fascismo. No considero que aquí alguien crea en eso y no me atrevería a insultar a nadie endilgándole tal intención. Más allá de que tengo la mejor opinión sobre muchos docentes, francamente creo que no tienen el monopolio -lo mismo digo para los trabajadores de la educación en general- de la opinión acerca de estos temas. Sí considero que se los debe consultar; no en vano fue durante la gestión del Partido Nacional que se constituyeron las Asambleas Técnico Docentes y no en vano creemos que eso es fundamental.

Pero en ese sentido de apertura que mencionábamos, se sigue generando la situación del Estado "Gran Hermano", es decir, fiscalizando todo, haciéndolo todo, controlándolo todo; en definitiva, no haciendo nada, controlando poco o gestionándolo mal y no cumpliendo los preceptos constitucionales. Uno de ellos -quizás de los más lindos- tiene que ver con los artículos 68 y 71 de la Constitución de la República, con los que yo habría iniciado un proyecto de Ley General de Educación. En su texto se habla del artículo 68, pero lo redactan mal, aunque no sé si en realidad lo redactan mal. Francamente, me parece que la reivindicación de elementos que nos permitan lograr esos acuerdos, ha quedado por el camino.

Es así, pues, que este proyecto de ley crea organismos de organismos, pero no habla de temas fundamentales o los confunde. Por ejemplo, la laicidad, que es un elemento sustantivo y fundamental, no está tratado correctamente en esta iniciativa. La libertad de cátedra, que siempre debe ser aplicada en la vida universitaria, no puede ser empleada de la misma manera en la escuela y en el liceo, donde la inferioridad de condiciones del alumno exige el absoluto control de la ley y de las autoridades sobre desvíos posibles que los docentes puedan tener sobre ella, pero el proyecto de ley no lo contempla.

Advertimos confusión de términos, artículos mal redactados y elementos que aluden a circunstancias que quizás suenen muy bien en lo declarativo, pero que no dicen nada. Todo esto hace que miremos este proyecto de ley con una gran preocupación.

En ese sentido, nos inquietan algunos artículos, en especial el artículo 12 del proyecto de ley, que tiene que ver con lo que señalábamos acerca de la libertad de cátedra -que, como decíamos, se entiende como la profesional y libre planificación, responsable, crítica y fundamentada, con la única limitación de los objetivos y contenidos de los planes y programas-, porque se pierde la exigencia de la ley vigente en lo que establece claramente su artículo 2º, que dice que se garantizará plenamente la independencia de la conciencia moral y cívica del educando; que la función docente obliga a la exposición integral, imparcial y crítica de las diversas posiciones o tendencias que presenten el estudio y la enseñanza de la asignatura respectiva. La omisión de este artículo nos preocupa a todos, porque se vincula con un elemento que consideramos central en una ley de educación, que tendría que estar mucho más relacionada con grandes preceptos y obligaciones para no dejar atado a mecanismos tan engorrosos -como son las modificaciones de las leyes- la constitución de organismos, la designación de Comisiones, etcétera, etcétera. Es en ese elemento que debe haber una defensa a ultranza del concepto más riguroso de la laicidad, de modo que no se desvíe en un laicismo militante que tienen algunos equivocadamente, ni tampoco en creer que la libertad de cátedra permitirá al docente de niños y adolescentes la posibilidad de decir lo que entienda oportuno, como sí se puede hacer en un ámbito universitario, en el que el ciudadano posee la capacidad de discernimiento y de análisis que no tiene un menor.

Entonces, me parece que la imparcialidad crítica es sustantiva en el manejo de este proyecto de ley, así como la necesidad de su reivindicación una y otra vez para lograr una educación como la que, entre otras cosas, establece la Constitución de la República en cuanto a la necesidad de la formación fundamental del carácter moral y cívico de los alumnos. Lo propio cabe decir de la educación en valores pues, justamente, ha quedado demostrado que hoy el Uruguay se ve afectado por una de las crisis más profundas en esa materia.

Se hace necesaria, imperiosamente, una educación cívica, porque vivimos hablando de nuestros derechos, pero pocas veces lo hacemos de nuestras obligaciones -que generalmente nadie las conoce- como ciudadanos, tanto para quienes son mayores de 18 años como para quienes van a serlo. Por ello, es necesario acceder a un conocimiento que nos permita la instalación de una educación moderna a corto plazo, que obtenga resultados sustantivamente mejores que los actuales. Basta ver lo que han hecho otros países, a los que hace pocos años mirábamos con desprecio y que hoy nos han pasado como expresos. Entonces, preguntamos: ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué en los resultados PISA el Uruguay se encuentra en la situación que ocupa? ¿Por qué el índice de repetición en el primer año es del 21%; en el segundo, del 11.8% en las instituciones públicas y del 4.0 % en las privadas; en quinto, del 6.0% en las instituciones públicas y del 1.7% de las privadas? La repetición total de primero a sexto grado es del 10% en los ambientes muy desfavorables y del 2% en los ambientes muy favorables. Estos son datos manejados por la ANEP y no por el Senador Penadés. Esto sucede cuando el ausentismo docente es del 30%, lo que por supuesto no va a solucionar este proyecto de Ley General de Educación, pero que hace que hoy los estudiantes de algunos liceos y escuelas técnicas estén desesperados porque en sus carreras -han venido a vernos para denunciarlo-, en materias sustantivas todavía no se les han designado profesores. A ello se debe sumar la deserción estudiantil, que hoy afecta fundamentalmente a las instituciones de carácter público. Nos hablan de por qué no imaginar un liceo mucho más independiente -no con ese concepto de Estado centralista-, con una verdadera descentralización, con premios y castigos, con la posibilidad de que los Directores de liceos y de escuelas tenga una libertad mayor para ejercer la tarea, y que con la fiscalización que debe hacer el Estado, éste los premie por los resultados del caso. ¿Por qué no imaginarnos esa situación? ¿Por qué no se puede imaginar, en uno de los elementos sustantivos como es la formación docente, un debate que, como decía hace un momento, viene teniendo la Universidad de la República con la ANEP desde hace añares, sin lograr ponerse de acuerdo, en donde, lamentablemente, el Estado tiene el monopolio? En ese marco, un egresado de la Facultad de Humanidades como Técnico en Educación, no puede ejercer la docencia en los institutos públicos de nuestro país.

Ese tipo de elementos son los que nos tienen que hacer reflexionar en serio sobre la situación que estamos atravesando, pero que, lamentablemente, no atiende este proyecto de ley.

A eso hay que sumar la conformación de Comisiones, tema sobre el que confieso con franqueza que tuve que leer varias veces el texto del proyecto para lograr entenderlo. Están los Consejos Desconcentrados y se crea uno más sobre la Educación Secundaria, así como también se crean Comisiones. En la Educación no formal se integra a la Universidad de la República en la Comisión Directiva. También debemos citar la superposición de tareas que viene dándose desde este Gobierno y también desde los anteriores. Podemos mencionar, a vía de ejemplo, el CECAP con otras instituciones que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social en la Administración actual, así como promociones que impulsa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nunca antes coordinadas, y también Comisiones departamentales. Es decir que se generan cargos, burocracia.

En definitiva, advertimos muy poca imaginación y valentía para haber puesto sobre la mesa los temas que el Uruguay tendría que haber enfrentado con otra seriedad, pero lamentablemente no lo hizo.

Es por eso, señor Presidente, que la de hoy no es una mañana en la que el Partido Nacional se sienta satisfecho de ser oposición de la manera que lo va a ser. No es con satisfacción que votamos en contra este proyecto de ley, sino con profunda pena por ver que en una oportunidad más perdimos la instancia de hacer lo que va a tener que hacer el próximo Gobierno: cambiar la ley de educación y llamar a un verdadero diálogo donde el amontonamiento de algunos no lleve a creer que se convalida como un elemento de opinión general y popular; pero, además, porque para peor la gente que fue convocada y creyó legítimamente -sindicatos y demás-, después no fue oída en el momento de redactar el actual proyecto de ley de educación.

Estas, señor Presidente, eran las consideraciones que pretendíamos hacer sobre este proyecto, anunciando desde ya -con absoluta claridad, para que nadie se sorprenda- que si el Partido Nacional gana las próximas elecciones, lo va a cambiar, lo va a reformar, lo va a modificar, y esperamos lograrlo con el acuerdo del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Independiente y con la opinión favorable de los sectores que sobre este tema tienen, deben y se merecen opinar.

En ese sentido, creo que una vez más estamos perdiendo la oportunidad de llevar adelante transformaciones reales que no queden solamente en declaraciones que llenan el oído de música pero que cuando uno termina de razonarlas en profundidad, se da cuenta de que nada dicen, y que es el momento de que comencemos a hablar en serio, de una vez y para siempre, sobre la elaboración de una agenda de temas estratégicos para la vida nacional, entre los cuales la prioridad fundamental debe ser la educación.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: vamos a comenzar analizando el proceso en el cual este proyecto de ley llega hoy al Senado y luego nos vamos a referir específicamente a algunos de sus contenidos.

Comencemos diciendo, entonces, que esta iniciativa se originó con una expectativa muy positiva. Desde el principio se nos planteó por parte del Ministerio de Educación y Cultura que el objetivo era tener un proyecto que fuera parte de una visión de largo plazo, de una política de Estado, que tuviera una perspectiva a veinte años y que fuera aprobado con un apoyo no menor al que había logrado la actual Ley de Educación. Todo esto implicaba automáticamente un reconocimiento muy importante del rol de la oposición para reunir esa mayoría que pudiera darle vida a largo plazo y el rol, también muy importante, de todos los sectores vinculados al quehacer educativo para conformarlo, tal como de alguna manera -aunque con plazos a veces muy breves- lo había conseguido la CONAPRO hace justamente poco más de veinte años.

Sobre la base de esa expectativa positiva -lo dijo muy bien el señor Senador Penadés-, todos abrimos una cuota de confianza, nos sumamos a ella -incluyendo, obviamente, a nuestro Partido; así lo resolvimos formalmente- y, a partir de ese momento, participamos del proceso de elaboración.

No voy a reseñar todo el desarrollo de ese proceso, pero sí a decir que durante dieciséis meses aproximadamente se realizaron asambleas en distintos lugares del país para recoger las opiniones de diversas personas interesadas en el tema. Es verdad -como ya lo dijo el señor Senador Penadés- que la asistencia que el propio Ministerio estimó en un total máximo de 28.000 personas, representa bastante menos del 1% de la población del país, a pesar de que todos exhortamos la concurrencia de todos aquellos que nos consultaban. Nuestro Partido, incluso, se ocupó de enviar personas a los distintos departamentos del interior del país a exhortar a los interesados a participar del tema. Sin embargo, por la razón que fuera, la participación resultó escasa. Ello no significa que no sea valiosa y respetable -durante el proceso, que fue largo, se recogieron una cantidad de ideas y de sugerencias que de todas maneras valoramos-, pero evidentemente no hubo un involucramiento directo de la gente de la magnitud que hubiera sido deseable. No obstante, como se señalaba, vimos que en determinado momento ese proceso no era conducido de la forma que a nosotros nos parecía más adecuada; de hecho, nuestro Partido se retiró y así lo hicieron otros partidos de la oposición y otros sectores vinculados al quehacer educativo. De todas formas, no me quiero detener en ese aspecto porque es la etapa previa a reunir elementos de juicio que luego pueden conformar una ley de educación.

A nuestro entender, el mayor problema se inicia después, porque recibido el informe por parte de la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE) y del Ministerio de Educación y Cultura, aproximadamente en mayo de 2007, éste trabaja hasta abril de 2008 -es decir, durante un año- en absoluta soledad. No contamos con la información de que alguien haya sido consultado a nivel de sectores políticos y, además, tenemos la clara indicación de que tampoco fueron consultados los sectores involucrados. Lo cierto es que el Ministerio de Educación y Cultura elaboró cuatro proyectos sucesivos que siguió debatiendo en forma totalmente solitaria.

La manifestación que hace el maestro Miguel Soler -que, siendo uruguayo, participó activamente en la Comisión Organizadora del Debate Educativo y luego regresó a España, país en el que actualmente se encuentra-, una de las personas de confianza de la ANEP en todo este proceso, es muy concluyente. Dice: "Tengo la convicción de que el Ministerio de Educación y Cultura no convocó inicialmente a representantes de los distintos sectores interesados en la educación nacional para elaborar conjuntamente el anteproyecto. Fue éste, si es el caso, un grave error de procedimiento". Eso hace que el proyecto elaborado recoja solamente la visión de los técnicos del Ministerio de Educación y Cultura, que es una pequeña parte -si bien respetable e importante- del conjunto de las opiniones vinculadas al tema educativo. En esto se invierte un año entero, con lo valioso que habría sido ese tiempo para discutir el tema. Repito que el debate interno en el Ministerio dura un año.

Luego se desembarca con ese proyecto, ¿pero dónde? ¿En el conjunto de los partidos? ¿En el conjunto de las organizaciones? ¿Se establece una mesa de diálogo? No, se desembarca en el Congreso del 19 de abril de 2008 del Frente Amplio, lo cual no nos parece correcto desde varios puntos de vista. Aquí vinieron infinidad de docentes, de padres, de alumnos, de personas que se ocupan del tema a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, que acercaron su voz en esa asamblea y que -como dijimos antes- habrán sido pocos, pero sí lo hicieron. Del mismo modo, hubo personas que colaboraron -como el maestro Soler, que recién mencioné, y también muchos otros- para estructurar ese proyecto. Reitero que no se conformó de la manera que se debió haber hecho; pero, finalmente, se conforma uno. Admitamos que la idea fuera ponerlo a consideración. Entonces, pregunto: ¿se pone a consideración de todos los participantes o interesados? No, se pone a consideración exclusivamente de un partido político. Todo esto vuelve a empantanar durante otros seis valiosos meses el análisis de este proyecto de ley, hasta que finalmente desembarca en el Parlamento luego de haberle hecho algunos retoques y sin contar, como ha sido claro, con la unanimidad de la coalición política. Por lo tanto, hemos invertido dieciséis meses en recoger opiniones a lo ancho y largo del país, un año para su elaboración en el Ministerio de Educación y Cultura y seis meses en el debate interno del Frente Amplio. Entonces, parecía claro que cuando esta iniciativa llegara al Parlamento, donde opera la democracia representativa -ya que quienes estamos aquí bien o mal representamos la voluntad del cien por ciento de la población de nuestro país-, tendría un tratamiento acorde a los plazos que se venían dando y a la gravedad, importancia e interés que desde el inicio se había dicho que este tema debía tener por su carácter de política de Estado. Pero resulta que ahora nos encontramos con la situación de que este proyecto de ley se presenta, pero no hay espacio para la discusión.

Me interesa recordar un episodio intermedio que ocurrió en el último tramo de este proceso. En un momento se había detenido la elaboración de esta iniciativa, lo que supuestamente significaba una posibilidad para la discusión. El Partido Nacional tomó la iniciativa: el Presidente del Directorio, Legisladores y diversas personalidades de nuestra colectividad política vinculadas a la educación pidieron una entrevista a la señora Ministra de Educación y Cultura para manifestar su interés de que se conformara una mesa de diálogo para abordar el proyecto. Reitero que en ese momento su consideración estaba detenida y aparentemente se estaba dando un debate reducido a muy pocas personas. Entonces, se solicita la creación de una mesa de diálogo -con las características que se le quisiera dar-, dado que había tiempo suficiente para hacerlo y, sin duda, se lograría una mejora sustancial de la iniciativa. Por la vía de los hechos, la respuesta fue negativa ya que esa mesa nunca se integró y tampoco se dieron las instancias como para encontrar algún tipo de acuerdo, no solamente con el Partido Nacional, sino con todos los partidos y sectores involucrados.

Por lo tanto, el proceso previo al desembarco de este proyecto de ley en el Parlamento fue absolutamente débil y frágil. Si bien se inició con la expectativa de lograr amplios acuerdos, en la realidad de los hechos solo se llegó a un proyecto elaborado por un grupo de técnicos del Ministerio de Educación y Cultura que trabajosamente logró el apoyo de la mayoría de la coalición de Gobierno. En ese momento, supusimos que tendríamos la oportunidad de volcar nuestras inquietudes, como corresponde en un tema tan im-portante; sin embargo, no fue así. En la Comisión de la Cámara de Representantes esto se trató con extrema brevedad y cuando llegó al Senado, su consideración fue tan breve que cualquier término que pudiéramos utilizar quedaría corto.

La Comisión del Senado recibió en primer lugar a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y luego, por su orden, a la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), a la Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU), a representantes de la FENAPES, a las autoridades de la Universidad de la República, a la Asociación Uruguaya de Educación Católica y a representantes de los funcionarios de la Universidad del Trabajo. En esas instancias, se ratificó lo expresado por alguien que no es parcial en esto, el ya referido Maestro Soler, que alguna vez dijo: "Las voces de apoyo firme al proyecto no llegan sino de sus autores". Salvo el Ministerio de Educación y Cultura, que defendió esta iniciativa, las otras siete delegaciones marcaron una posición absolutamente crítica. En varios casos se nos llegó a pedir directamente que por favor no votáramos este proyecto de ley y, en otros, se plantearon cuestionamientos de tal magnitud y gravedad que claramente ponen de manifiesto la necesidad de un debate mucho más prolongado. Esa es la posición que manifestamos en la Comisión. Nosotros no pedimos plazo de una semana o de un mes más para el análisis de esta propuesta, sino el tiempo necesario para discutirla como corresponde. Pensábamos: si creemos que es importante y si entendemos que la educación es prioritaria, démosle el tiempo que necesite. Lo menciono para que se tenga claro que hemos hecho una serie de tratativas cuando, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura consideró este tema durante un año. Pregunto: ¿cuánto tiempo tiene el Senado de la República para analizarlo? Hicimos la solicitud, nos quedaron en responder y cuando ello ocurre, en el día de ayer se instala la Comisión del Senado, que no solamente no lo aprueba, sino que lo rechaza en dieciocho minutos, y pido que los colegas me corrijan si estoy equivocado.

Por lo tanto, este proyecto de ley que a los técnicos del Ministerio de Educación y Cultura les llevó un año elaborar, nosotros tuvimos que tratarlo en dieciocho minutos en esta misma Comisión de Educación y Cultura que en su momento decidió dedicar cinco o seis meses -aclaro que no me parece mal- al análisis de un proyecto de ley sobre los derechos de las mascotas. Repito que en este país solamente se dispuso de dieciocho minutos para la consideración de un proyecto de ley que tanto habíamos esperado y sobre el que habíamos reclamado poder trabajar.

Evidentemente, estas son las prioridades. Queda claro que esta no es nuestra responsabilidad porque ofrecimos trabajar en el tema durante los próximos meses que, obviamente, soy consciente de que son muy complicados para todos. Sabemos que quizás no sea el mejor momento, pero por lo menos manifestamos nuestra disposición a trabajar en los próximos meses, haciendo un esfuerzo para mejorar la iniciativa e incorporarle algunos temas que hoy no están incluidos. Se nos respondió en forma negativa a la propuesta y se nos dijo que se votaría a tapas cerradas. Se nos dijo que no a nosotros, que no a los gremios de la enseñanza, que no a la Universidad de la República, que no al conjunto de instituciones educativas privadas. Consideramos que esta es una grave responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura a la hora del tratamiento previo del tema y también de la mayoría de los integrantes del Partido de Gobierno al tiempo de considerarlo en el Senado, lo que en absoluto nos parece un tema menor.

Otro aspecto de este proyecto de ley al que me quiero referir brevemente es a su contenido, porque también está teñido de urgencias. Sin perjuicio de que durante todo este tiempo hayamos seguido de cerca el tratamiento del tema -el texto final, que incluye algunas modificaciones, nos ha llegado sobre la fecha-, se nos hace muy difícil hacer un análisis de cada artículo como hubiéramos deseado, aunque en su oportunidad podremos hacer algún comentario. Por lo menos, haremos referencia a algunos aspectos generales que nos parece importante que queden claros, entre ellos, acerca de lo que entiendo debe ser una ley de educación.

Aunque en el tramo del debate educativo inicial, a nuestro juicio, hubo cosas que se manejaron muy mal, me parece que en general la gente lo entendió bien y comprendió que se estaba ante un gran debate sobre la educación y los problemas que existen en torno a ella. Pienso que quedó claro que no se trataba solamente de reestructurar algunos organismos, de crear otros o de incluir algunas definiciones de carácter general, que todos compartimos pero que agregan poco. En este sentido, creo que la Universidad de la República lo sintetiza muy bien cuando en un documento sobre reforma universitaria en el que refiere particularmente a la ley de educación, dice que lo que se necesita es una profunda reforma educativa y que lo prioritario es definir sus contenidos fundamentales a través de una ley programa que establezca grandes metas nacionales en educación y defina procedimientos flexibles para avanzar hacia ellas. Esa es una visión mucho más general y abarcativa. Lo dijo también el señor Senador Penadés hace un rato: era una gran oportunidad de discutir mucho más que una forma organizativa.

Pero ya que hablamos de la forma organizativa, digamos que esta ley tiene una verdadera proliferación de organismos, a saber: la Comisión Nacional de Educación, la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública -que se crea-, las Comisiones Coordinadoras Departamentales de Educación, el Congreso Nacional de Educación, el CODICEN, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Media Básica -que también se crea-, el Consejo de Educación Media Superior, el Consejo de Educación Tecnológica y Superior, las Comisiones Consultivas de los Consejos de Educación, el Consejo Coordinador de la Educación de la Primera Infancia, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Educación No Formal -todos estos también creados ahora-, el Instituto Universitario de Formación en Educación, la Comisión Coordinadora de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, el Instituto Nacional de Evaluación, la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos, los Consejos de Participación de los Centros Educativos y, por supuesto, las Asambleas Técnico-Docentes Nacionales y las Asambleas Técnico-Docentes por Centro Educativo. Es más, probablemente esté omitiendo alguna. Y es importante insistir en que la mitad de estas organizaciones, o más, son creadas en esta ley.

Pues bien, creo que todos tenemos por lo menos la impresión -además, de hecho, muchas veces lo comentamos en la propia Comisión- de que la estructura educativa actual ha conducido a una considerable lentitud, muchas veces a ciertas manifestaciones de burocracia, a una gran complejidad, a una gran recarga de organizaciones y, sobre todo, a una demora en los tiempos que dificulta una acción eficaz. Entonces, tememos que esta cantidad de organismos que se crean -de los cuales se incluye una definición en un par de artículos y no mucho más-, lejos de mejorar la organización, la complejicen aún más.

También tenemos dudas en cuanto a la creación del Consejo de Enseñanza Media Básica. No me refiero al concepto en sí -que, dicho sea de paso, de alguna forma está vinculado a la reforma que impulsara el recordado profesor Juan Pivel Devoto en el año 1986-, sino a que vemos difícil su puesta en práctica, porque hoy en día el Ciclo Básico de UTU, que funciona en las escuelas técnicas, tiene aproximadamente 15.000 alumnos. De modo que si esto se traslada a la enseñanza media tradicional, vamos a enfrentar un problema locativo, y si permanece donde está, vamos a tener un problema de autoridad, porque habrá, evidentemente, una superposición de la dirección en estos casos.

Vemos también un problema en la designación de las autoridades de los Consejos. A este tema ya se refirió claramente el señor Senador Penadés, por lo que no voy a insistir más al respecto. Si bien nos parece que puede ser importante recoger las voces docentes, creemos que también es esencial preservar las voces de quienes representan al conjunto de la ciudadanía, surgidos de elecciones nacionales, como hasta ahora ha sido la tradición en el país, porque evidentemente esas designaciones -que a veces son calificadas despectivamente de "políticas"- son aprobadas por mayorías especiales en el Senado de la República. De manera que están en condiciones de representarnos a todos los ciudadanos, sin intereses particulares en juego.

Por otra parte, tenemos dudas con respecto al Instituto Nacional de Evaluación, no en cuanto a la idea, que la defendemos -e incluso la propusimos en un documento de nuestro Partido- y estamos convencidos de que las evaluaciones tienen que existir, sino porque creemos que, para que funcionen, tienen que ser básicamente externas; el concepto clásico de evaluación requiere que sea realizada por una tercera parte independiente, que a su vez no tenga vinculación ni conflictos de interés con quien va a ser evaluado ni con otras partes del sistema educativo. En este caso, como está previsto el Instituto Nacional de Evaluación, estamos en un esquema en el que los propios evaluados dirigen la evaluación. Creemos que este es un tema que debemos estudiar con muchísimo cuidado, porque no es menor para ninguna de las partes, ni siquiera para los evaluados, que deben tener todas las garantías. Entonces, nos parece que es necesario encontrar una solución que les dé garantías a los evaluados pero que, a su vez, sea independiente e imparcial.

Tenemos grandes dudas en cuanto al tema de la formación docente terciaria. Nos parece bien que la formación docente tienda a tener un carácter terciario, pero es un tema que hay que resolver muy bien. La Universidad de la República lo ha advertido claramente en su comparecencia, manifestándose muy preocupada por el giro que puedan tomar las cosas. En este sentido, quiero citar expresiones del señor Rector Arocena, cuando dos colegas de la Comisión le preguntan si hay algún tema que le preocupe, además de los conceptos generales. Concretamente, el señor Rector dice: "Permítanme ser clarísimo: en el hipotético e improbable caso de que nos ofrecieran la posibilidad de que transitoriamente los institutos de enseñanza terciaria, y en particular los de formación docente, se radicaran en la Universidad de la República" -lo que, aparentemente, podría desprenderse del proceso que se seguiría- "nosotros diríamos que no, que esa no es una buena solución, porque tenemos que hacer cosas nuevas en colaboración y logrando que nuevas personas, a partir de nuevas prácticas, ensayen cosas diferentes". Entonces, decimos enfáticamente que no es una buena solución.

Sobre el tema de la coordinación, creemos que es otra de las grandes carencias de este proyecto de ley. En realidad, tenemos grandes dudas en cuanto a cómo queda todo esto coordinado. Incluso, con la aparición de los nuevos organismos hay muchos temas que se entreveran, y entendemos que se requería un análisis cuidadoso y detallado. Estamos confundiendo, superponiendo y combinando funciones que no quedan claras, y este aspecto, dicho sea de paso, es destacado por Mario Wschebor, que personalmente siempre me ha parecido una persona de mucha claridad en todos estos temas. En concreto, señala lo siguiente: "Me refiero al tema de la coordinación del sistema educativo público". "En lo que tiene que ver con la verdadera coordinación, esta iniciativa no otorga potestades a ningún organismo". Luego detalla en parte el tema, cuando dice: "En cuanto a la interfase entre la educación media, el bachillerato tradicional, la UTU y la Universidad, hay casos en que la falta de coordinación conduce a situaciones dramáticas que alcanzan a generaciones enteras". Y aquí hay una frase que me parece muy importante: "Cabe aclarar que coordinación no significa imposición, pero se requiere que sea efectiva y, por lo tanto, en casos de diferencias, debe haber mecanismos de arbitraje que permitan resolverlas". Esto tiene que ver con algo que dijo el señor Senador Penadés hace un rato: nosotros tenemos, ya actualmente, problemas de coordinación que no se resuelven nunca. "¿Quién coordina a los coordinadores?", me dice alguien que sabe de estas cosas, como el señor Senador Abreu. Diría que ese problema, que ya existe desde hace años, ahora se agrava por la proliferación de organismos con funciones cruzadas y superpuestas. El doctor Wschebor finaliza diciendo: "Si tenemos en cuenta que el principio de educación a lo largo de toda la vida y de tránsito de una formación a otra, es fundamental en los sistemas educativos en el mundo de hoy, para que funcione realmente debe haber organismos técnicamente competentes y con el poder necesario para adoptar decisiones. Esto no está previsto en el proyecto de ley, y para nosotros es motivo de gran preocupación". Esto refleja claramente lo que pensamos en la materia.

Por otro lado, hay una preocupación que también fue planteada en la comparecencia de la Asociación Uruguaya de Educación Católica, que se produjo junto con el CLAEH y la Universidad Católica del Uruguay. Entre varios puntos que se remarcan está la jerarquización del rol del Director del centro educativo, lo que nos parece muy importante.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar una moción llegada a la Mesa para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Muchas gracias, señor Presidente y señores Senadores.

Como decía, allí se destaca que junto con la jerarquización de los centros educativos, el aumento de la participación de distintos actores, etcétera, también debe fortalecerse el rol de los directores -que parecen olvidados en esta propuesta- incrementando su capacidad de decisión en el ámbito local, su incidencia en la gestión de los recursos asignados al centro y, por supuesto, como contrapartida, la responsabilidad por los resultados obtenidos. De este modo, el Director sería alguien que efectivamente podría responder por el no funcionamiento adecuado del centro educativo y se lograría que esa responsabilidad no se diluyera. Acá hay un tema de rol de autoridad, de descentralización y de mejor manejo de los recursos, pero debe quedar clara la función del Director del centro educativo y no difuminada dentro del conjunto del sistema.

Finalmente, en cuanto a las observaciones de carácter más específico, en una primera versión habíamos valorado positivamente el hecho de que se fijara un mínimo de novecientas horas anuales de actividad curricular en la enseñanza primaria y media básica. De todas formas, habíamos dicho que nos parecía insuficiente, pero era un paso. Sin embargo, aparentemente ese logro se perdió por el camino porque en la versión que proviene de la Cámara de Representantes no está consagrado; nos parece otra pérdida de significación.

Quisiera reiterar el tema de la laicidad y sus principios generales, porque nos parece que es delicado y no está debidamente defendido en el artículo 17. Se garantiza la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias; sin embargo, a nuestro juicio, eso no garantiza la imparcialidad ni la ausencia de proselitismo y, de alguna forma, oculta que la relación maestro o profesor, por un lado, alumno, por otro, es asimétrica en términos de poder, de autoridad moral y de saber. Por lo tanto, es muy importante que la autonomía sea respetada plenamente en toda la etapa formativa. De acuerdo con la forma en que esto se ha redactado, no ofrece garantías y nos parece que pone en riesgo temas muy delicados para todos, independientemente de las opiniones de cada uno; no solo estamos hablando de temas políticos, sino de cualquier otro asunto delicado que pueda haber en materia formativa, es decir, temas de educación sexual, religiosos, en fin, de todos los conceptos que puedan requerir un gran respeto por la persona que se está formando.

Todos los comparecientes reclamaron de distintas formas que se instalara de una buena vez la mesa de discusión, de diálogo, que no ha existido a lo largo de este proceso, que permitiera lograr una mayoría amplia, no sólo política sino social, para la aprobación de este proyecto de ley. Todos lo reclamaron -nosotros también lo hicimos-, tanto los partidos de la oposición y parte de los partidos integrantes de la coalición de Gobierno, como personalidades de la educación. Un ejemplo de ello es el maestro Soler, quien envió un documento, que vale la pena leer, donde dice: "No; así no". Lo dice dos veces y con mayúsculas: "De esta manera no; así no", y nosotros hacemos nuestras sus palabras con mucha rebeldía y mucho disgusto porque este tema nos parece esencial, junto con otra media docena, aunque debe haber muchos más en los cuales ir conformando políticas de Estado. Nosotros decimos: no, así no; de esta forma, no sólo no construimos políticas de Estado, sino que promovemos situaciones efímeras con cambios que se van a dar en el futuro próximo y nunca serán positivos, porque es difícil que estas idas y vueltas en el corto plazo tengan un resultado útil. Reiteramos, ¡así no vamos a votar este proyecto de ley! Por supuesto, como ya anunciara en la noche de ayer el señor Senador Larrañaga, al ver que esta noticia se precipitaba -y como recién lo hiciera el señor Senador Penadés-, nosotros vamos a propiciar la derogación de esta ley. Para ello haremos los máximos esfuerzos, porque se requiere coraje y no es nada fácil llevar adelante una ley de educación; todos vamos a tener que resignar algo a fin de que haya espacios de encuentro y esta ley esté destinada a perdurar.

Señor Presidente: así, nosotros no votamos este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador Sanguinetti.-

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: nadie discute que en la base del concepto del desarrollo está la educación. Si alguna demostración hubiera hecho falta, basta examinar las evaluaciones que se han hecho en los últimos años, el rendimiento de los sistemas educativos y compararlos con lo que ha sido la evolución del desarrollo en los diversos países del mundo. Los sistemas de evaluación nos muestran hoy que los países que siempre están a la cabeza en la formación de los jóvenes de 15 años, es decir, aquellos que se supone han terminado la etapa obligatoria de educación, en general, son los mismos: Finlandia, los países escandinavos en general, Corea, Japón, China-Taiwán y Singapur. En el promedio están los grandes países de tradición, es decir, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda y Francia, pero por encima de ellos se encuentran los que acabo de mencionar; en definitiva, nos encontramos con que los únicos países que han quebrado la barrera del subdesarrollo son, justamente, esos. En el PISA, Corea ha aparecido más de una vez en el primer lugar, es decir que lo que sucede en este país como en Finlandia o en los países escandinavos, no es un milagro, su desarrollo no es el resultado de una casualidad, sino que coincide exactamente con que sus adolescentes tienen hoy una mejor formación aun, que en los países de mayor tradición en la educación y en la configuración de nuestra civilización occidental.

Creo que esta es la reflexión de la cual tenemos que partir y es la preocupación que todos deberíamos tener. ¿Qué están haciendo Finlandia o Corea que no estemos haciendo nosotros? Cabe destacar que los resultados latinoamericanos son muy pobres ya que nos encontramos por debajo de todos los países de Europa, inclusive de España que, aunque es el más afín a nosotros, también está por debajo de la generalidad de los europeos en este momento. Este es el nudo de la cuestión. La preocupación que todos deberíamos tener es sobre qué nos está faltando y qué estamos haciendo para poder imaginar que estamos aproximándonos, por lo menos, al nivel de esos otros países, acortando las distancias y realmente echando las bases de lo que podría ser un desarrollo sostenido hacia el futuro. Sin embargo, nada de esto se está discutiendo y todos los debates se centran en quién manda, quién gobierna, quién nombra, quién destituye y quién asciende. Ese es el nudo: el debate sobre el poder en la estructura del sistema. Esto es lo que sigue predominando, concitando pasiones, a tal punto que hoy llegamos a la discusión -con particularidades anormales que aparecieron en el inocente debate reglamentario con el que comenzó esta discusión- de este proyecto de ley sin siquiera haber sido aprobado a nivel de Comisión, en la que fue votado negativamente. En otras palabras, llegamos al Senado a discutir todo un proyecto de ley de educación, que supone un cambio en las instituciones del país, sin que la propia Comisión respectiva hubiera podido lograr ese objetivo.

Naturalmente, esta situación es muy frustrante y decepcionante. El Partido Colorado, desde el primer día de gestión de este Gobierno, ha mostrado su preocupación por esta cuestión. Se ha mencionado aquí que el 16 de febrero de 2005 convinimos un acuerdo con el entonces electo Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, en el que uno de los puntos dominantes era el de la educación. Ese acuerdo fue el resultado de una propuesta que personalmente le hice en aquel momento al doctor Tabaré Vázquez, para discutir cuatro asuntos esenciales, uno de los cuales, reitero, era el tema de la educación.

Desgraciadamente, no pudimos avanzar en lo que fueron aquellos buenos propósitos. Es más, la integración del propio CODICEN fue para nosotros una frustración, pues en aquel entonces el Partido Colorado manifestó que no aspiraba a ninguna participación en los Entes autónomos, pero que reclamaba -como única condición- su presencia en ese ámbito, porque se entendía que era imprescindible que allí hubiera una representación de la pluralidad de ideas, de tendencias, de filosofías, que conviven adentro de nuestra democracia liberal. Pero ello no fue posible. Es así que se constituyó un CODICEN exclusivamente monocolor y llegamos ahora a este debate en el que ni siquiera este Consejo está conteste con el proyecto de ley. Es notorio que el propio Director Nacional de Educación Pública planteó una serie de observaciones, pero luego "se le pidió" que no hablara más; esto ha sido público y notorio a través de la prensa.

De modo que hemos vivido cuatro años en los cuales ha habido largos lapsos de silencio, largos espacios de deliberación interna, y llegamos al momento actual en que los partidos de la oposición no hemos tenido ni siquiera la ocasión de discutir, de analizar y de estudiar esta iniciativa. Incluso dentro del partido de Gobierno, uno de sus componentes, concretamente el Partido Comunista, se opone al proyecto.

Por su parte, las gremiales de la educación tampoco están conformes con el proyecto de ley y han realizado ruidosas manifestaciones en su contra. A pesar de que en definitiva serían las aparentes beneficiarias de este nuevo sistema, ya que tendrían una posición muy importante y predominante en virtud de que dos de los miembros del CODICEN surgirían de la elección -si bien la elección es abierta, todos sabemos que son las estructuras organizadas las que predominan en esas elecciones, tal como ocurre en todo el sistema del Estado y seguramente así será también en este caso-, como luego hay un miembro elegido del mismo modo para integrar los Consejos por ramas de la enseñanza -y se requieren cuatro votos para designar sus integrantes- nos encontramos con una posición preeminente de las corporaciones gremiales.

Nos explicamos esa oposición, no por la sustancia del proyecto de ley, sino por su trámite: por lo que fue ese llamado debate educativo que recorrió el país sin una real respuesta de la sociedad; por ese pomposo Congreso Educativo que se realizó después, mediante el cual se generó la conciencia y se hizo creer a la gente que estaba decidiendo la reforma del sistema educativo, y por la consiguiente frustración que tuvimos como resultado cuando desde el propio CODICEN -y desde el propio Gobierno central-, se eleva esta iniciativa al margen de lo que resolvió dicho Congreso Educativo.

Por nuestra parte pensamos que el país no necesita leyes. No hay ningún programa pedagógico, ninguna reforma educativa sustantiva que requiera una nueva ley. Las leyes son nada más que instrumentos en materia de educación. Con la misma ley vigente se podría hacer cualquier reforma que en verdad buscara avanzar en la educación, sin discutir todas las estructuras de poder. Digo esto también por experiencia, pues la reforma educativa que impulsamos a partir del año 1995, cuando el CODICEN era presidido por el profesor Rama, instrumentó al mismo tiempo numerosas reformas, entre otras, la universalización de la enseñanza preescolar, la creación de las escuelas de tiempo completo, la formación de los CERP en el interior del país y la de los bachilleratos tecnológicos. Estos fueron aspectos fundamentales de la reforma de aquellos años, que se instrumentaron con una ley, con la que hoy mismo el CODICEN podría haber hecho las reformas que hubiera querido. Desgraciadamente se dedicó más a tratar de desmontar lo que venía de atrás que a construir hacia el futuro.

Es más: el Gobierno ha insistido, ha publicitado y considera un emblema, el Plan Ceibal, cuya idea todos compartimos, pero también sabemos todos que no ha tenido nada que ver con el sistema de educación, porque no representa un programa pedagógico sino sólo la distribución de equipos. Estamos de acuerdo con esto, pues implica un proceso de democratización del acceso a un instrumento fundamental del conocimiento y de la vida, pero reitero que no forma parte de un proyecto pedagógico. Incluso, no sólo las autoridades de la educación no han participado en la elaboración de ese Plan, sino que, por el contrario, se ha hecho aparte del sistema educativo. Esto sí demuestra que existe una sustantiva descoordinación en el sistema; eso sí revela una total falta de visión general. Estábamos discutiendo la reducción de las horas de informática en educación secundaria, y al mismo tiempo el Gobierno proponía la bienvenida distribución de equipos de computación para los niños. Me pregunto, entonces, ¿de qué coordinación estamos hablando? ¿De qué idea? ¿Cuál es el rol de la informática en la enseñanza? ¿Cuál es el papel de Internet en la educación? ¿Cómo es que vamos a incorporar ese instrumento para que realmente sea tal y no un fin deformador, cuando en sí mismo se transforma en un fin? Por cierto, todos sabemos que se está muy cerca de ello, no sólo en nuestra sociedad, sino en toda la época contemporánea.

Otro punto importante tiene que ver con la enseñanza de los idiomas. Conocemos el debate que se dio en torno a la enseñanza de inglés y a la reducción de sus horarios.

En cambio, la preocupación ha sido introducirse en otros temas, sin tener en cuenta, por ejemplo, una de las experiencias que se había realizado en el ciclo básico con la instrumentación de la enseñanza por áreas de conocimiento, tal como existe en muchas partes del mundo. Originalmente, se trató en forma específica de destruir esa posibilidad y de decir que se volvía a la educación por asignaturas, pero después se cambió la expresión "asignaturas", y se optó por el término "disciplinas". En los hechos lo que existe es una oposición a ese sistema que, por cierto, no es materia de ley, por cuanto es un elemento típico que tiene que ver con la autonomía técnica de los organismos. Todos sabemos que la oposición a este sistema no surge de ninguna evaluación y, por lo tanto, no se puede concluir que el sistema fracasó. En otras palabras, lo que hubo fue una posición corporativa, que puedo entender y explicar, pero que no se justifica. En realidad -como todos lo vimos-, era la expresión compartimentada de cada uno de los profesores de cada asignatura, muchos de los cuales sentían que debilitaban su posición. No hubo una evaluación; no se dijo que ese sistema era peor o mejor que el otro. Simplemente se cambió porque se sintió que había que hacerlo en medio de las protestas, a pesar de que, si bien la experiencia no estaba mostrando mejoras cualitativas, sí estaba insinuaba una baja de la deserción estudiantil, que es uno de los grandes problemas de nuestro sistema. Últimamente hemos leído en todos lados que tenemos un 20% de chicos entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan; es un tema muy fuerte en la sociedad.

Entonces, me parece que no se trata de discutir responsabilidades o arrojarnos culpas; en lo personal, he batallado toda mi vida por la educación del país -y lo seguiré haciendo-, y si bien no discuto la buena intención de todos quienes han participado de esto, estamos en un debate frustrante. Esta ley no significa ningún avance; es un capítulo más de las marchas y contramarchas de un país al cual le cuesta decidir en estos grandes temas.

Desde ya decimos que no aspiramos a la unanimidad, porque en ningún país del mundo se logra en los temas de educación, ni en lo técnico ni en lo político; siempre hay diferencias de criterio. Sin embargo, entre que no haya unanimidad y que casi nadie esté a favor, media un gran trecho, y si no hay un real proyecto educativo por detrás, es mucho peor. Realmente no hemos discutido estas cosas.

Reitero que lo que se cambia en el sistema va en la dirección contraria de lo que se necesita hoy. Se habla de más coordinación y tenemos una nube de institutos; no sólo se crea un Consejo más de las ramas -que como se ha señalado aquí, no se entiende muy bien qué significará-, sino que se le adosa a cada uno de ellos un Consejo Consultivo. La Comisión Coordinadora de la Educación sobrevive, pero se instala un Consejo Nacional de Educación -que parece ser lo mismo-, con competencias muy parecidas y con una integración muy universal. Además, se agrega un Congreso Nacional, un Consejo de la Educación no Formal y un Consejo Consultivo de la Educación no Formal. Esta nube de organismos son los que motivaron la preocupación del CODICEN como administrador principal de la educación, porque advirtió que si es difícil siempre administrar el sistema educativo, mucho más lo va a ser cuando se tengan todas esas instancias llamadas "de participación", que en realidad van a ser de complicación, de enredo, de descoordinación, de expresión anárquica de opiniones dispersas. No es por ese camino que vamos a organizar mejor la educación. Todos sabemos que el concepto de participación es bienvenido y resulta simpático, pero luego es muy difícil de concretar. Esta ley es un ejemplo del fracaso de la participación, porque bajo su título se hicieron el debate y el Congreso Educativo, llegando al final de la jornada y encontrándonos con que los responsables principales, sus mayores titulares, están todos en su contra. Por lo tanto, la participación no va a funcionar por ese camino.

La ley sí insinúa algo en lo cual ha ido creciendo un consenso: que la participación es un fenómeno de la sociedad que, fundamentalmente, debe concentrarse en el centro educativo. Este es un punto clave en el que deberíamos pensar mucho mejor, porque en el Uruguay la escuela y el liceo han sido un factor de civilización, de formación cívica, un poderoso factor de estabilidad social y, en más de un momento, alrededor de él hemos incluido otros servicios que hacen de ese centro educativo un elemento catalizador de todas las estructuras sociales del Estado y de la comunicación con la sociedad misma. Por esta vía sí hay un camino de participación que puede llegar a ser muy importante, que no requeriría ley, porque todo esto se podría resolver a través de las competencias de cada organismo y, en cuanto lo necesite, a través de las estructuras presupuestales. Pero, allí está la gran deserción y la gran frustración que tenemos del debate. Acá no estamos discutiendo sobre la educación sino cuál es el rol de las estructuras gremiales dentro de la dirección.

Considero que en algunos temas estamos retrocediendo, porque el principio de laicidad, que es una definición de ley, no está claramente expresado, como antes lo estaba. La ley actual establece que se garantizará plenamente la independencia de la conciencia moral y cívica del educando. La función docente obliga a la exposición integral, imparcial y crítica, pero ahora desaparece la expresión "imparcial", concepto muy importante. No es lo mismo decir "integral y crítica" que decir "integral, imparcial y crítica" porque se debilita el concepto que hoy está vigente. Del mismo modo, desaparece una expresión que viene de la Constitución, que dice que ningún funcionario podrá hacer proselitismo de ninguna especie en el ejercicio de su función o en ocasión de la misma. Creo que este principio es muy importante. Todos hemos estado viviendo episodios, mayores o menores, de debates sobre lo que son actos de proselitismo en los centros de educación, que normalmente han provenido de los mismos lados, de visiones radicales de la sociedad, que antes cuestionaban a los partidos tradicionales y ahora a estos y al partido de Gobierno. Es decir que desde ese punto de vista han aparecido proselitismos muy complejos. Se entiende que es una definición represiva, poniéndosele toda esa carga emotiva, cuando no es así; es un principio constitucional que hay que desarrollar, y de convivencia pacífica que tenemos que repetir todos con claridad y saber cumplir. No hay proselitismo posible. Si hay un tema que es de debate en una clase de historia o de economía, se darán las dos versiones y así, con imparcialidad, sin que el profesor diga que le gusta una más que otra, se avanzará.

Lo mismo ocurre con la libertad de cátedra, concepto asentado en la vida universitaria, pero que es extraordinariamente discutible en la educación primaria y secundaria, cuando estamos con un menor de edad, con una persona que requiere tutela y respeto a su conciencia en la educación, y no estamos en un ámbito académico en el que la libertad de creación científica imponga su necesidad. Nos encontramos en instancias de la educación en las que se están produciendo las primeras etapas de la alfabetización, de la socialización y de la divulgación de los conocimientos básicos.

La libertad de cátedra en las universidades es uno de los principios históricos, porque todos recordamos lo que ha sido el penoso avance de la ciencia a partir del renacimiento, que abre el camino de la discusión y el ejercicio de la razón libre que había estado sepultada en todos los siglos de la llamada Edad Media. Ese concepto universitario no se puede trasladar con facilismo a una maestra o a un profesor de liceo que está trabajando con adolescentes, en momentos en que empiezan a asomar sus curiosidades sobre los diversos aspectos de la vida colectiva.

Por tanto, nos encontramos con una ley que no tiene suficiente apoyo de la sociedad, ni de las instancias políticas, que disminuye las garantías en cuanto a la laicidad y no entra al fondo de los debates necesarios para aumentar la calidad de la educación. Asimismo disminuye la coordinación del sistema con un enjambre arborescente de organismos alrededor para vivir discutiendo y cuestionando y, como gran incorporación, establece la presencia de unos miembros educativos que generarán una inevitable politización. Esto ya lo vivió el Uruguay, por lo que no estamos hablando de ninguna novedad. Todos recordamos que el Consejo de Secundaria y de la Universidad del Trabajo del Uruguay también fueron resultado de elecciones entre los docentes en una cierta época y que eso terminó en una politización interna. Digo esto recordando, incluso, que la mayoría de esas tendencias se vinculaban con hombres de mi Partido, figuras muy respetables y dignas de la educación, pero esas situaciones terminaban en una batalla de proselitismo, de luchas de poder que no le hicieron nada bien a la educación. Pienso que tampoco le harán nada bien a la educación esas luchas de tendencias y de proselitismo que se abrirán a partir de ahora; ya se verá.

Por estas razones, el Partido Colorado, que de buena fe viene discutiendo a lo largo de cuatro años el tema de la educación, que hubiera querido participar de esto desde el primer día presentando documentos y que tiene equipos técnicos muy importantes -tal como lo ha acreditado en los años de su Gobierno, que serán muy discutibles pero no en su calidad técnica-, desgraciadamente llega a esta instancia diciendo que debe votar negativamente porque ni siquiera ha tenido la posibilidad de discutir nada. Se ha llegado a decir que vamos a votar en contra hasta el carácter terciario de la formación de profesores. Al respecto, puedo decir que yo mismo presenté un proyecto estableciendo el carácter universitario de los docentes emanados del sistema de la Administración Nacional de Educación Pública la que, junto con el CODICEN y la Universidad, analizó el tema y propuso sistemas alternativos, pero al final no se resolvió nada. Quiere decir que la calidad de la enseñanza superior terciaria de estos organismos la hemos planteado legislativamente también en este Período, pero no se ha podido avanzar.

Esto representa una frustración más y una deserción del verdadero debate de la educación. La educación está en la base del desarrollo y el país hoy está desertando de ese debate, lo está ignorando, para discutir nada más que instancias de poder. Aclaro que decimos esto con tristeza.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR LORIER.-Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: queremos iniciar nuestra intervención haciendo la siguiente precisión. Desde siempre los frenteamplistas, en distintos congresos, dijimos y decimos que "la educación constituye un asunto de Estado". En este sentido, frente a la realidad de gobiernos de los partidos tradicionales, sostuvimos que era necesaria una "verdadera transformación que revolucionara la educación en el Uruguay, recogiendo el consenso y la participación, tanto en su elaboración como en su implementación, de todos los actores sociales y políticos involucrados: Estado, docentes, alumnos y padres". Porque "el Frente Amplio, como fuerza política popular y participativa" debía asumir "el compromiso de promover y tomar como propio el gran proyecto educativo que implícita y explícitamente se ha ido elaborando -a lo largo de los años- en innumerables discusiones, diagnósticos, documentos, etcétera, aportados por docentes, padres, alumnos y trabajadores".

Esto es lo que siempre nos ha diferenciado de la derecha de este país. Seguramente algún despistado tratará de argumentar que en todos los partidos somos la misma cosa. Sepan que somos parte de una fuerza política que accedió al Gobierno de la mano de un programa nacional, popular y democrático. Nuestro Frente Amplio se nutrió y se nutre de las elaboraciones y reclamos del pueblo y sus organizaciones. Y, más allá de los aciertos o errores puntuales de los hombres y mujeres que lo componemos, nuestro norte siempre ha sido y es "que los más infelices sean los más privilegiados".

Señor Presidente: podemos demostrar que en nuestro país la clase dominante siempre buscó controlar la educación y por eso históricamente -y hoy también- se expresa en contra de la participación. Los representantes de los llamados partidos tradicionales hoy votarán en contra de este proyecto de ley, no porque reclamen mayor participación para los directamente involucrados sino que, por el contrario, lo han denunciado porque contiene demasiada participación.

En oposición a esta concepción, nuestro pueblo tiene una larga tradición de defensa de la educación frente a los intentos de cercenarla y dejarla sin su contenido democrático.

¡Cómo no recordar, por ejemplo, a los maestros que lucharon por instaurar a la escuela nueva en las décadas del sesenta y setenta, o la lucha de los obreros y estudiantes por el cogobierno y la autonomía en reclamo por la Ley Orgánica de la Universidad! Fue nuestro pueblo y sus organizaciones los que enfrentaron al pachecato. Recordemos cómo durante su Gobierno se impidió que asumiera el delegado por las asambleas, artículo 40, en una concepción que trataba de someter la educación al poder político. Esa concepción es la que se plasma luego en 1972 con la Ley Nº 14.101, emitida por el Poder Ejecutivo de la época de Juan María Bordaberry, y que supimos enfrentar multitudinaria-mente. Esa concepción es reafirmada durante la dictadura cívico militar al intervenir la Universidad y la enseñanza toda. Centenares de docentes fueron destituidos por su filiación política; algunos de ellos pagaron con su vida su concepción democrática, y son tantos que sería imposible nombrarlos a todos.

Fue la lucha del pueblo organizado y de amplios sectores democráticos los que derrotaron la dictadura. Sin embargo, los acuerdos de la CONAPRO fueron olvidados por los Legisladores blancos y colorados durante el primer Gobierno del actual señor Senador Sanguinetti, quienes votaron la Ley de Emergencia de Educación, desconociendo los mismos. Esta ley continuó con el control de la educación, que reprimió con dureza en la década del ochenta a los sectores populares. Pongamos como ejemplo la acción de Pivel Devoto reprimiendo a los estudiantes que ocuparon el IPA, las observaciones del doctor Tarigo a una docente de historia alegando "violación de laicidad", o la destitución del maestro Consejero Foch Puntigliano, que terminó finalmente adhiriendo al Frente Amplio.

También podemos recordar la limitación del desarrollo de la educación en un sentido presupuestal y cómo esa política concreta buscó ahogarla al no brindarle los recursos necesarios para recuperar la calidad perdida durante la dictadura. No hubo diferencias cuantitativas en políticas educativas entre el período de la dictadura y el primer período de la democracia.

Frente a esto, el movimiento sindical respondió, y lo hizo con firmeza. ¿Qué se reclamaba? Lo mismo que ahora reclaman los trabajadores de la enseñanza -nucleados en sindicatos y no en corporaciones, como a alguno se le ha escapado-, es decir, mejor presupuesto para poder volcar a salarios docentes, mejores condiciones de trabajo y mejoras en la formación docente.

En la década del noventa, durante el Gobierno del doctor Lacalle, se inició el desmantelamiento de la Universidad del Trabajo del Uruguay, a través de los convenios con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. También se reduce a tres años la carrera docente en Magisterio, en un intento claro de seguir cercenando la formación y precarizando aún más la enseñanza pública.

Con el segundo Gobierno del actual Senador Sanguinetti entramos de lleno con las reformas neoliberales: la reforma Rama y su continuación en el período de Bonilla, durante el mandato de Jorge Batlle. Recordemos cuánto fue dañada la educación de los hijos de los trabajadores: educación por áreas, flexibilización en los reglamentos de pasaje de cursos, permisividad que acentuó las deficiencias en la formación a una década de generaciones de nuestros estudiantes de Enseñanza Media, cierre de escuelas rurales, desmantelamiento de la educación de adultos, promoviendo el crecimiento y desarrollo de las instituciones privadas.

A todo esto, el Frente Amplio siempre se ubicó del lado de los reclamos populares y de los trabajadores. Uno puede leer cómo en los distintos congresos de nuestra fuerza política, en los distintos proyectos o intervenciones en las Cámaras del Poder Legislativo, los frenteamplistas nos posicionamos del lado de las luchas de nuestro pueblo.

En nuestro IV Congreso ordinario "Tota Quinteros", afirmábamos que: "La democratización del conocimiento y de la educación es un capítulo fundamental de nuestra propuesta. La inteligencia humana y el conocimiento son, en última instancia, las claves determinantes de todo progreso. Por ello promovemos una fuerte apuesta a la educación en todos sus niveles como espacio fundamental para la enseñanza, el desarrollo, la consolidación y la elaboración colectiva de los principios éticos aplicables a toda la vida humana. Hoy más que nunca importa" -lo decíamos en el referido Congreso- "que los jóvenes aprendan y obtengan formación que les habilite su desempeño laboral; pero resulta fundamental además, que desarrollen un espíritu crítico y solidario que los prepare para hacer frente a los nuevos desafíos que un mundo en permanente transformación les depara, para asumir plenamente sus derechos y responsabilidades ciudadanas.

La democratización del conocimiento y del acceso a la educación sólo se aseguran independizando estos procesos de los condicionamientos por parte de organismos financieros internacionales; así como transfiriendo a los principales actores del sistema educativo (alumnos, docentes y padres) la conducción de los procesos de reforma educativa, asegurando desde el Estado la realización de los mismos por la vía de la asignación de los recursos económicos necesarios".

Es por eso que cuando nuestro Gobierno convocó al debate educativo y al Congreso Nacional de Educación "Maestro Julio Castro", vimos en eso una señal tremendamente positiva, convencidos de que los lineamientos medulares emanados de ese debate y Congreso, se iban a reflejar en el nuevo marco normativo. Así, inclusive, lo reafirmó el V Congreso del Frente Amplio "Líber Seregni" cuando aseveró que "la futura Ley de Educación se enmarcará en las resoluciones del Congreso Nacional de Educación".

Lamentablemente esto no ha sido así; el proyecto en discusión contiene una serie de elementos totalmente ajenos y, en muchos casos, contrarios a las conclusiones emanadas del debate y Congreso educativo.

Es cierto que hemos escuchado decir a los defensores del proyecto que las conclusiones del mencionado debate no eran vinculantes, sino referenciales, pero aun así cabe señalar que ni como referencias han sido tomadas en cuenta. Además, si bien sabemos que no hay nada que nos ate en forma vinculante a esas resoluciones, existen esencias que nosotros no podemos desconocer.

Como ya hemos señalado, desde siempre los gremios de la educación han reclamado la autonomía y el cogobierno, porque ambos garantizan la independencia de la educación del poder político, es decir que son la garantía de una educación nacional por encima de las banderías políticas de los Gobiernos de turno.

Nosotros, que desde la oposición compartimos la apreciación precedente, no tenemos hoy, siendo Gobierno, motivo alguno para apearnos de ella.

No es solo este aspecto lo que criticamos; es también la injerencia del Ministerio de Educación y Cultura en asuntos que deben ser materia de resolución de los diferentes Consejos, es decir, que a la autonomía relativa debemos sumarle aún más el recorte de la misma por el Poder Ejecutivo. Y conste que no nos importa que hoy por hoy estemos integrando ese Poder Ejecutivo.

Nosotros, que no ponemos en duda que el objetivo es alcanzar una educación permanente y de calidad, estamos convencidos de que la normativa propuesta expresa una mirada tecnocrática, que no avanza en ese camino.

El proyecto incursiona en aspectos que, a nuestro juicio, no deben ser materia de legislación, sino de resolución de las autoridades de la educación como las cargas horarias y modalidades como la educación a distancia, entre otros.

Acá tenemos el proyecto emanado de la Comisión de Seguimiento del Congreso "Maestro Julio Castro" y de su lectura y de la del proyecto en discusión surgen, con claridad, las diferentes concepciones que los animan. Para nosotros, uno es continuador de las mejores tradiciones varelianas y educativas nacionales, mientras que el otro contiene en su seno vacilaciones y claudicaciones a la concepción neoliberal porque qué otra cosa puede ser si no la limitación de las competencias de la UTU o la fragmentación de la Enseñanza Secundaria. Estas no surgen de un estudio de las necesidades sociales o pedagógicas, sino de la pretensión de adaptar la educación a un modelo de reproducción de un modelo de sociedad que los impulsores del proyecto afirman querer superar.

Creemos que este proyecto de ley no es el que la sociedad y el país están reclamando; sus defectos minimizan los contenidos transversales que en materia de valores contiene y relativizan la relación con el trabajo que en él se proclama.

Mucho más podríamos decir, pero no queremos distraer más la atención de este Cuerpo. Simplemente queremos agregar que lamentamos profundamente que, en materia tan delicada y estratégica como la educación, no hayamos tenido la capacidad de alcanzar un gran consenso nacional, fundamentalmente con los actores del proceso educativo. Nosotros queremos cambiar la ley de emergencia, ¡pero así no!

Señor Presidente: pedí la palabra para manifestar que no vamos a acompañar en general ni en particular el proyecto de ley de educación remitido por el Poder Ejecutivo. Esta actitud no es un capricho, sino que obedece a lo que son para nosotros, que integramos el Espacio 1001, cuestiones de principios.

Soy comunista y en mis hombros pesa la lucha histórica de nuestro Partido, fundador del Frente Amplio, en el que siempre permanecimos y al que siempre respetamos. Sin embargo hoy también pesa la lucha de miles de hombres y mujeres que dieron su vida por una sociedad más justa y democrática, donde el respeto por las decisiones populares, siempre fue el norte.

¡Cómo podría nuestro Partido seguir ocupando una Banca en este recinto si no respetara la tradición de educación democrática que desde Artigas se desarrolla y crece con Varela, Vaz Ferreira, Grompone, Reina Reyes, Yolanda Valariño, Jesualdo Sosa, Julio Castro, Selmar Balbi, Paco Espínola, Miguel Soler y jóvenes como Ángel Yoldi, Elena Quinteros y Carlos Chassale! ¡Cómo levantar la cabeza para mirar a los padres y maestros que nos acompañaron en luchas pasadas y a los trabajadores y estudiantes que hoy rodean el Palacio Legislativo o a los trabajadores organizados que el fin de semana, en el X Congreso del PIT-CNT, refrendaron su rechazo a este proyecto de ley!

Por todas estas consideraciones, con la mayor de las tristezas y con una gran contradicción en nuestro propio ser, es que hoy no vamos a acompañar este proyecto de ley. Debido a nuestra postura queríamos decir estas palabras, para dejar sentada nuestra posición.

Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: voy a mocionar para que la sesión continúe hasta agotar la discusión de este punto del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción de orden presentada por la señora Senadora.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: el señor Senador Lorier, en nombre del Partido Comunista, ha salido a justificar su posición contraria a este proyecto de ley por discrepancias con la coalición política que integra. Es natural que quien representa al Partido Comunista tenga una visión distinta que nosotros. Por cierto, se trata de un Partido que tiene una larga vida en el país y que tuvo figuras tan importantes como Rodney Arismendi, con cuya amistad nos honramos en su tiempo y con quien, incluso, discrepamos, siempre con la altura y el respeto que debe tener un debate de ideas.

Desgraciadamente, el señor Senador comunista, para justificar su posición, no sólo cuestiona lo que puede ser la historia reciente de nuestra educación, sino que además introduce elementos que no podemos dejar pasar sin, por lo menos, expresar un enfático rechazo. Insistir en que defender a los representantes del poder público es algo negativo o poco menos que espurio cuando son los reales representantes de la soberanía nacional emanados del voto popular, en todo caso revela un rechazo muy fuerte a lo que es la concepción de la democracia liberal. Es natural que tengamos discrepancias con este punto de vista porque el Partido Comunista representa otra cosa: es un Partido contrario a la democracia liberal; lo ha sido en la historia y también en nuestro país. Desgraciadamente, luego el señor Senador se extiende y cae en una confusión con la dictadura, de la cual estuvimos en contra desde el primer día -el 8 de febrero de 1973, sin vacilaciones ni dudas- hasta el último.

También ha hablado de neoliberalismo. ¡Como si pudiera ser neoliberal una reforma educativa que, fundamentalmente, apuntó a un elemento de inequidad, como lo son las escuelas de tiempo completo, simplemente para señalar sólo uno de los aspectos fundamentales de dicha reforma! A mi entender, no hay ningún elemento de juicio que pueda referir a una doctrina neoliberal como abstención del Estado. Si por algo se ha caracterizado esa reforma -y ha sido cuestionada muchas veces desde la estructura de la enseñanza privada- es por su excesivo estatismo, es decir, por una afirmación demasiado fuerte de la autoridad del CODICEN y de su defensa de esas posiciones.

Tampoco podemos aceptar en silencio que se hable de autoritarismo cuando estamos refiriéndonos al CODICEN del año 1985, presidido por dos de las figuras culminantes del pensamiento intelectual del país y de la educación, como son el profesor Pivel Devoto, que es nuestro historiador más importante del siglo XX, y el profesor Aldo Solari, el fundador de la sociología nacional. Me parece que figuras de este tipo merecen otro respeto.

Simplemente, queremos dejar esta constancia como expresión de la decepción que nos producen las palabras del Senador comunista, que no apuntan realmente a una discusión sino, simplemente, a la descalificación de personas, ideas y conductas que hacen a la democracia y a principios que seguiremos defendiendo. Los representantes del poder político son representantes de la democracia, son los que emanan del voto popular, y eso no se discute. No tiene más autoridad ningún representante corporativo, y eso sí hace la diferencia.

Nada más. Muchas gracias.

17) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Francisco Gallinal, Enrique Antía y Luis Alberto Heber presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se suspende por el término de veinticuatro meses la aplicación de lo dispuesto en los literales f), g) y h) del artículo 3º del Título II de la Ley Nº 18.396, de 24 de octubre de 2008, en lo relacionado con los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL."

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"Exposición de Motivos

La Caja Bancaria - a través de la ley 18.396 - ha logrado una solución de asistencia financiera. Se comparta o no la misma, esa solución ya es ley y por ende, los pasivos de dicha entidad tiene asegurado el cobro de sus jubilaciones y pensiones.

Motiva el presente proyecto de ley salvaguardar los derechos adquiridos de quienes habrán de ser a partir de enero próximo los nuevos afiliados, de aquellos que han sido incorporados en forma compulsiva a dicha institución previsional, de quienes han sido incluidos en la Ley Nº 18.396 , de 24 de octubre del presente año, en los literales f) g) y h) del artículo 3o.

En el entendido que en dicha reforma no se contempla a los mismos, ni se les brinda la posibilidad de poder optar por el régimen que crean más conveniente, y que además se les perjudica en sus derechos y expectativas en materia de jubilación, consideramos de justicia suspender la aplicación de dicha norma.

En atención a que su ingreso a la Caja se efectivizaría el próximo primero de enero, a que el monto de sus aportes es absolutamente insignificante en comparación con la asistencia que recibe la Caja, y a que parece justo y prudente abrir un compás de espera, y ver cómo funciona la ley, es que proponemos suspender por dos años la aplicación de la norma referida.

Los estudios referidos por el Poder Ejecutivo en ocasión de la discusión de la norma, aseguran la viabilidad hasta el año 2041 de dicha Caja y en pos de los principios que rigen la seguridad social y a la viabilidad mencionada es que creemos oportuno el presente proyecto de ley.

Montevideo, 10 de diciembre de 2008.-

Francisco Gallinal, Enrique Antía, Luis A. Heber. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Suspéndese por el término de 24 meses, contados a partir del 1º de enero de 2009, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3º literales F) G) y H) del Título II, de la ley 18.396, de 24 de octubre de 2008.

Francisco Gallinal, Enrique Antía, Luis A. Heber. Senadores."

18) LEY GENERAL DE EDUCACION

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Continúa la discusión general del proyecto de ley general de educación.

Tiene la palabra el señor Senador Amaro.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: en este extenso proyecto -que no por esa razón necesariamente es bueno- que se está tratando, existen ciertos artículos con los que podemos estar de acuerdo, y otros con los que no, pero lo más preocupante es la pretensión de aprobar este texto sin mayor tiempo de análisis por parte de los Legisladores de los distintos partidos políticos y sin haberse intentado, más que nada, llegar a mínimos acuerdos interpartidarios.

Entre los defectos que tiene este proyecto de ley, quisiera señalar los siguientes. En primer lugar, la falta de búsqueda de acuerdos y consensos políticos necesarios para aprobar una norma de esta naturaleza, que es de verdadero interés público y nacional y que concierne a toda la ciudadanía. Ello no es posible porque, en la actual coyuntura parlamentaria que tenemos, nacida de la elección resultante en el año 2004, existe en ambas Cámaras una mayoría simple, de la mitad más uno de los Legisladores que pertenecen a un mismo partido político, circunstancia que exime de las necesarias conversaciones y búsqueda de acuerdos con los otros partidos para aprobar una iniciativa de esta magnitud. Creo que esto es grave, porque esta norma, así como muchas otras que ya han sido aprobadas, será sancionada por el Parlamento con ese mismo estilo y temperamento. En mi concepto, ello significa el avasallamiento de las minorías relativas de hoy. En realidad, no sé cómo calificar ese estilo, si llamarlo soberbia o sordera política, porque haciendo valer la mayoría, legítima por cierto -eso no está en discusión-, se desoyeron críticas, apreciaciones y sugerencias bien fundadas de la oposición que, lamentablemente, se desestimaron rápidamente.

Se me dirá que no es así, que esta iniciativa estuvo precedida del famoso diálogo nacional con la realización de asambleas en todo el país, convocadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Ese intento fue, a todas luces, un fracaso rotundo, pues los más activos participantes, que fueron los gremios de la enseñanza, hoy están insatisfechos y son los que están de punta en contra del proyecto de ley, adoptando medidas de fuerza e, incluso, anunciando la eventual interposición de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El resto de la sociedad participó escasamente, porque no está organizada corporativamente; entonces, su peso en las decisiones fue y es muy relativo. En cambio, los gremios, que están organizados y tienen conciencia clara de sus objetivos, actuaron en forma congruente y de acuerdo con sus intereses.

Ahora resulta que el anteproyecto, revestido como si fuera la opinión general del cuerpo social que se aprobó en ese Congreso, no es tomado textualmente en cuenta por el Gobierno -como pretenden los gremios- al enviar el proyecto de ley, y eso motiva que el gremio rechace la norma.

(Murmullos en Sala)

-Solicito a la Mesa que me ampare en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- La Presidencia solicita a los señores Senadores que se respete al orador y no se dialogue.

Puede continuar el señor Senador Amaro.

SEÑOR AMARO.- Gracias, señor Presidente.

Lo que ha sucedido es que el Frente Amplio, mientras fue oposición, en una clara alianza con los gremios, exigió y planteó a las Administraciones anteriores el cogobierno y la autonomía de la enseñanza. Esto significaba, con diferencia de matices según los sectores, que los docentes debían integrar los Consejos respectivos en forma parcial o total, de acuerdo con las distintas ideologías. Todos coincidían en afirmar que se debía evitar "la intromisión del poder político" en los asuntos de la enseñanza. Eso lo leímos muy a menudo en los panfletos y plataformas reivindicativas de los gremios, e incluso en los postulados del Frente Amplio aunque, en realidad, con algunas diferencias según el sector. Sin embargo, cabe aclarar que todo esto ocurría cuando el Frente Amplio era oposición y todo estaba bien si servía para arrimar granitos para su molino.

No obstante, hoy esa lógica se quebró porque el Frente Amplio está en el Gobierno y, entonces, ahora no vale aquel principio antes defendido a ultranza de que la enseñanza primaria debía ser dirigida por los maestros, la enseñanza secundaria por los profesores y la enseñanza técnica por los maestros técnicos. "¿Para qué, si ahora estamos nosotros, que somos del Frente Amplio, al igual que la dirigencia de los gremios?" Este es un problema que el Gobierno tiene con los gremios.

Por nuestra parte, siempre hemos dicho y pensado lo mismo con respecto al tema, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. La enseñanza es un asunto nacional, es un asunto de interés público que trasciende a los gremios y a toda corporación y, al mismo tiempo, involucra a todos. Los gremios, las corporaciones o los intereses sectoriales no pueden sustituir a los Poderes del Estado legítimamente constituidos por el sufragio universal y secreto en lo que es el normal desempeño de sus atribuciones y competencias, y menos aun en la tarea legislativa. Yo pregunto: ¿en quién reside la soberanía? A esta interrogante, la Constitución responde en el artículo 4º: en la Nación. ¿Y de qué forma se ejerce esa soberanía? Se ejerce a través de las leyes.

Hoy, los Consejeros de la ANEP -voy a ingresar en un punto capital de este proyecto de ley- son designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, de acuerdo con lo que establece el artículo 187 de la Constitución, aunque el propio texto constitucional dice que es posible, si la ley así lo permite, que los Consejos sean electivos. Como esta última posibilidad no está consagrada, participan en el proceso de designación de los Consejeros los Poderes del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, este último a través de la venia que concede la Cámara de Senadores. Estos dos Poderes que acabo de mencionar son ejercidos por personas que han sido electas por la ciudadanía, por el cuerpo electoral, y representan a toda la sociedad. Su legitimidad es indiscutible pues surge del sufragio ciudadano. Sin embargo, se llama y califica a este proceso de designación como de intromisión del poder político de la enseñanza.

Al respecto pregunto: ¿cómo puede considerarse esto una intromisión cuando quienes actuamos en ese proceso de designación estamos investidos de la legitimidad que proporciona el voto ciudadano? ¿Acaso es más legítimo y representa menos intromisión la designación de un Consejero por parte de los gremios docentes? ¿Qué legitimidad tienen estos sino la de representar exclusivamente a sus pares? El texto propone que una mayoría de tres integrantes del Consejo sean designados por los Poderes del Estado legítimamente constituidos y una minoría de dos miembros por los docentes en el caso de ANEP. En los restantes Consejos se propone que el CODICEN designe dos miembros y el Consejero restante sea designado por los docentes del subsistema. Esto ha resultado insatisfactorio para los gremios, que desean tener la mayoría en los Consejos o sencillamente que todos los Consejeros sean designados por los docentes.

De alguna manera, los maximalistas pretenden sustituir la presunta intromisión política por la intromisión sindical. Si aceptáramos este criterio como principio y regla general, entonces el gremio de ANTEL elegiría a los Directores de ANTEL, el gremio de UTE a los Directores de UTE, los funcionarios municipales al Intendente, y así sucesivamente estaríamos caminando hacia un Estado corporativo, vulnerando los principios básicos de la democracia representativa. Creo que los representantes políticos deben dedicarse a lo suyo, del mismo modo que deben hacerlo los gremialistas. Si se aceptara el criterio de que los entes fueran dirigidos exclusivamente por los funcionarios que trabajan en ellos, ¿quién y cómo se aseguraría de que no actuaran únicamente en función de sus intereses corporativos en lugar de hacerlo por los de la Nación? ¿Cómo elaborarían los presupuestos y de qué forma medirían los recursos del país en general y las necesidades de todos los organismos? ¿Acaso lo harían exclusivamente desde su propia perspectiva?

Por lo tanto, y sin entrar en más consideraciones, adelanto que el Partido Colorado no va a dar su voto a este proyecto de ley y en el próximo Gobierno veremos si se logra un consenso claro y más amplio para derogarlo y sustituirlo por otro que realmente contemple los intereses del país.

Creo que lo que acabamos de decir con respecto a este proyecto de ley es compartido por los gremios en su totalidad. Por otra parte, no tengo la menor duda de que esta iniciativa va a ser corregida por todos, incluso por el Partido que actualmente ejerce el Gobierno.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Senadora Castro.

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: creo que en los últimos años en este país, y a veces también en la región, hemos tenido, por lo menos a nivel de los enunciados, un conjunto de coincidencias que, de alguna manera, he tratado de sintetizar. Por un lado, prácticamente todos afirman, o afirmamos, que vivimos en la era del conocimiento a nivel mundial y que el Uruguay debe insertarse en este mundo por dos razones básicas: por el desarrollo pleno de nuestra gente tomada en forma individual y porque para alcanzar mayores niveles de desarrollo como país es imprescindible una mejor educación. Creo que gran parte de lo que acabo de decir se ha planteado en una intervención anterior. Asimismo, algunos actores políticos y sociales hemos señalado distinto tipo de carencias, y en ello también ha habido coincidencias, del mismo modo que las hay en cuanto a que en nuestro país no existe un sistema nacional integrado de educación que tenga en cuenta las definiciones constitucionales y las necesidades que imponen los desafíos actuales y futuros.

Diría que hasta ahí llegan las coincidencias, pero el análisis de las causas de esta situación diagnosticada, o la forma en que debemos actuar para encontrar posibles soluciones, a mi juicio son divergentes en muchos planos.

Antes de introducirme en el análisis del proyecto de ley que estamos considerando en general, quiero hacer algunas puntualizaciones que entiendo pertinentes.

En primer lugar, vivimos en una sociedad que se caracteriza por las asimetrías en las relaciones de poder y, en este sentido, aclaro que para nosotros tener el Gobierno -más allá de lo importante que es- no significa tener todo el poder.

Siento la necesidad de hablar de los temas de poder, porque implícitamente está presente a diario en todos los órdenes de la vida, aunque en esta Casa hay cierto resquemor de hacerlo. Sin embargo, me parece que es bueno quitar algunos velos y hablar de los temas de poder y de sus relaciones.

Tenemos una de las áreas más trascendentes para contribuir a construir poder nacional y popular en pro de una sociedad mejor, más justa y solidaria -por lo menos, habrá que definir cómo es el trayecto-, y para ello es necesario tener mucho tiempo y trabajar a diario con una mentalidad amplia y democrática. Y en esa construcción, es justamente en el área de la cultura donde la educación juega un papel fundamental en el más amplio de los sentidos.

A propósito, ya que hablo de cultura, quiero decir que la matriz cultural hegemónica que prima en el Uruguay y que viene preñada por más de un siglo, si bien recoge algunas tradiciones que nadie nos regaló -como por ejemplo, la de ser un Estado laico con todas sus consecuencias, la de haber reconocido tempranamente en el Siglo XX la coeducación, es decir, que las mujeres y los varones pudiéramos educarnos en forma conjunta, o la de haber potenciado la educación pública-, también discrimina, muchas veces en silencio, de lo explícito o verbal, pero no le quita su fuerza antidemocrática. Además, es una cultura que aún cultiva la concepción decimonónica del único saber válido, concebido como ese saber académico, siempre y cuando tenga el respaldo y el aval del poder preponderante en esa coyuntura, desestimando consecuentemente los otros saberes y, dentro de esta racionalidad, los otros sujetos -tan humanos y uruguayos como nosotros- no pueden ser más que "beneficiarios" de las soluciones a los problemas que sólo pueden imponer quienes detentan el poder.

Las categorías y los códigos culturales valederos están enmarcados en esta concepción. La formulación política de la democracia representativa -de la que tanto se ha hablado en esta sesión-, no sólo es altamente preponderante desde el punto de vista constitucional, sino que también es "impuesta culturalmente" -dicho esto entre comillas- como la de mayor valor. De esta forma se excluye, consciente o inconscientemente, el cultivo de la participación ciudadana como forma de mantener las asimetrías de poder. Me parece que este es uno de los puntos más fuertes que pauta la discusión de este proyecto de ley -independientemente de los días que se ha tenido para analizarlo, y que va a seguir invadiendo el debate-, porque lo fue antes y lo sigue siendo ahora. Esto tiene que ver con lo que se ha afirmado en este ámbito, pues hay parte de la ciudadanía que tiene otros conceptos. No se trata de que desestimemos o de que entendamos que la democracia representativa no es legítima -no se quiera poner en nuestra boca o en nuestros pensamientos cosas que no creemos ni queremos-, sino de que para nosotros hay otras formas de representación que no se agotan en depositar un voto para elegirnos una vez cada cinco años. En la medida en que se pueda avanzar en la ampliación y profundización de esas formas, se contribuye específicamente al proceso de democratización social.

A esta altura, vale la pena hacer otro par de aclaraciones por si alguien se ve tentado a realizar una lectura lineal de lo que he señalado. En primer lugar, quiero decir que estoy firmemente convencida del papel central que juega la educación en la conformación de la cultura de una nación, y cómo ésta pauta la formación de su gente influye fuertemente en el proyecto de país. Sin embargo, no veo a la educación como polea estricta y simple de reproducción de lo que sea, de lo que está o de lo nuevo que vaya a venir. Creo no hacer una lectura banal de los valiosos aportes de Bourdier o de Baudelot, entre tantos otros, en el sentido de reconocer en la interna del campo educativo y aun de los propios sistemas educativos, la existencia de conflictos derivados de las asimetrías de poder a las que nos referíamos anteriormente. Digo esto porque en este ámbito no es muy frecuente oír hablar del reconocimiento del conflicto y, menos aún, de hacernos cargo de lo que esto significa. Más temprano hubo una intervención sumamente interesante que se iniciaba con la afirmación -pido disculpas por la simplificación o por no utilizar exactamente las mismas palabras, que seguramente están registradas en la versión taquigráfica- de que, en realidad, la base del desarrollo está en la educación y que, justamente, los países que han podido desarrollarse más lo han hecho, no sólo por la inversión económica, sino por la especial atención que han dado a los sistemas educativos. Por lo tanto, si partimos de esta caracterización, en realidad tenemos que detenernos a analizar que, para salvar esas brechas, hay que apostar a la educación. Esta no es una reflexión ocasional ni nueva, sino que tiene que ver con una corriente de pensamiento que, me atrevo a decir, todavía es dominante en Uruguay, en América Latina y, por supuesto, en Europa, donde por lo menos desde el Siglo pasado, en la década de los sesenta y hacia atrás, ya estaba presente.

Me permito discrepar humildemente en este tema, porque si fuera exactamente así, las corrientes técnicas como el "pedagogicismo", que apuntan a señalar básicamente que todos los cambios, los avances y los progresos, desde Spencer al presente, con aquella famosa locomotora del progreso estaban basados sólo en la educación. Pero en realidad no es así, tal como lo demuestra la propia historia. También se muestra lo contrario en el otro polo de la propuesta, que decía que, como los sistemas educativos reproducen las desigualdades -mejor dicho, todas las relaciones sociales, incluidas las desigualdades-, los niños no tenían que ir a las instituciones educativas para educarse y, por tanto, sólo se los educaba a nivel familiar o en determinadas corporaciones. Esa posición está muy venida a menos y prácticamente desapareció, pero los pedagogicistas, con el nombre que sea, están presentes. Para nosotros, siendo la educación una herramienta central para la concepción de la cultura y el aporte para el despegue de un país y de las propias personas, no es el único elemento.

Por otro lado, quiero señalar que quienes plantean esas posiciones -aclaro que lo digo desde el punto de vista de las ideas y no de las personas, aunque es medio ocioso aclararlo- en el sentido de que la base de todo es únicamente la educación, en realidad, consciente o inconscientemente, están ocultando vinculaciones de la educación con la economía, la producción y todo lo demás.

Por otra parte, en materia de legislación, siempre he pensado -aun muchos años antes de ser Legisladora- que las leyes simplemente expresan, en el mejor de los casos, una parte de la solución que se propone, no sólo porque luego viene su reglamentación, sino también porque lo que efectivamente la valida como solución es su puesta en práctica.

Aquí se ha hablado de que es probable que se tenga que ir mejorando esta ley; yo diría: ¡qué bueno que la vamos a poder mejorar!, porque no quisiera vivir la experiencia de la Ley Nº 14.101, que atravesó toda la dictadura sin que le tocaran ni un punto ni una coma. Ahora, por suerte, estamos en un Estado de Derecho y la puesta en práctica de esta ley con corta, mediana o larga vida, va a hacer posible que se le cambien las cosas que haya que cambiar y que su implementación demuestre que necesitamos cosas mejores.

Aquí también se aludió a que anteriormente hubo cambios. Se mencionó, por ejemplo, el período de la década de los noventa, con los cambios propuestos. Mire, señor Presidente: creo que proclamar "cambios" así, a secas y entre comillas, dice bastante poco; es un término hartamente polisémico. Si no marco la direccionalidad y el sentido del cambio, puedo decir poco, y si me quedo meramente en el enunciado, también. Voy a poner solamente un ejemplo. Es cierto que en la reforma de los noventa se habilitaron varias instituciones educativas de tiempo completo a nivel de Primaria, que era la figura institucional educativa que la Federación Uruguaya de Magisterio había reclamado durante muchísimos años, aunque con una propuesta curricular distinta. En la llamada "Reforma Rama", a los educadores se les pagaba un salario por las primeras horas y por las otras se les pagaba otro, pero para los chiquilines era prácticamente más de lo mismo. Vuelvo, entonces, a la idea de que "cambiar" sin aclarar la dirección y el sentido, puede significar más de lo mismo. Creo que no es el caso de este proyecto educativo que, considerado globalmente, no es más de lo mismo. En este punto quiero dejar una constancia, porque la oposición ha planteado las diferencias que tenemos dentro del Frente Amplio. Yo no le escabullo a eso. Sí, tenemos matices, diferencias, somos un frente que tiene organizaciones políticas y movimientos. Nosotros, como sector político, propusimos un montón de cosas, mientras que otros sectores propusieron otras. Y en definitiva, este es un proyecto que reúne consensos y acuerdos para llevar adelante salidas comunes. Ahora bien, nosotros, en particular -no vamos a decir que las otras personas o los otros grupos políticos, de oposición o de donde sean, no hagan lo propio-, queremos resaltar que damos una importancia fundamental a la lealtad en los acuerdos y, por lo tanto, creemos que cuando se quiebran las reglas de juego de la lealtad no se va por buen camino. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace -más allá de que en un acuerdo todos sabemos que hay una negociación, ya sea con o sin comillas- es sumamente importante.

Reitero que este proyecto es mejor que lo que tenemos, por algunas de las cosas que voy a plantear, y no es más de lo mismo.

Hemos sido impulsores coherentes de lo que decíamos. Por la forma en que nos movimos siempre en la arena política, desde mucho antes de ser Gobierno en el 2005, ya marcamos que nuestra idea de la educación es que se trata de una materia de todos y que su discusión, así como el trazado de sus lineamientos generales, no pueden estar encerrados entre cuatro paredes, ni siquiera en el caso de que allí estuvieran los más grandes sabios. ¿Sabe una cosa, señor Presidente? Me quedo contenta con una parte de la discusión que hemos tenido hasta ahora, porque he escuchado en esta Sala que representantes de colectividades que anteriormente impulsaron la reforma y los cambios en la educación encerrados -lo que motivó grandes conflic-tos-, ahora entienden que es fundamental abrir las puertas a todo el mundo para la discusión. Y como creo que las cabezas no quedan congeladas y es bueno que se cambie, me parece fantástico. Realmente, me parece fantástico.

Recuerdo que cuando tuvo lugar la reforma de los años noventa -que por supuesto caracterizábamos como neoliberal y que, sin remontarnos demasiado, arrancó con su matriz en 1988, en el Chile de Pinochet, y después tuvo variantes, pero con los lineamientos generales del Encuentro de Jomtien-, acá se afirmó que, en realidad, esa reforma no había tenido características neoliberales porque apuntó a la inequidad. Creo que este proyecto de ley sí apuesta a la inequidad, porque lo que vivimos anteriormente fue reforzar la inequidad y voy a decir a través de qué: a través de los famosos "PME" -y no estoy hablando con siglas con el propósito de que nadie me entienda; voy a explicar qué es esto-, que es una mala copia de la reforma española de educación y de los proyectos de mejoramiento escolar que establecían, sintéticamente, que tenía que haber un relacionamiento con el medio. Hasta ahí creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero, además, establecía que ese relacionamiento con el medio, en vez de operar como piso para que la muchachada se desarrollara, en realidad, operaba como techo. Entonces, tengo una educación de pobres para pobres, de medio pelo, y si a todo esto le sumamos la segmentación barrial, territorial y todos los problemas que hay en la sociedad, me parece que por este lado no vamos.

Para nosotros el tema de trabajar entre todos ha sido muy importante, fuimos al debate e impulsamos el posterior Congreso en el que lamentamos que no se hayan podido resolver todos los asuntos, ya sabiendo de antemano -lo explicamos así- que ni legal ni constitucionalmente sus conclusiones eran vinculantes. Además, como se ha dicho acá, el examen afinado de muchas de esas conclusiones mostraba contradicciones, como era lógico que ocurriera por su integración abierta y plural. Pero eso no desestima ni el Congreso ni el debate que tuvo lugar, ni todos los que tienen que haber en el futuro. Por eso el proyecto de ley incorpora la figura de un Congreso, no sólo de los involucrados, sino de toda la ciudadanía. En ese Congreso y en ese debate, señor Presidente, no estuvo quien no quiso, y hace un rato hubo confesión de parte, así que por lo menos yo me veo eximida de la prueba. Creo que no estuvo quien no quiso y nuestro esfuerzo estuvo -y está- basado en la convicción de que habilitar instancias de participación tiende a abrir cauces para que las personas recuperen y ejerciten ese poder silenciado, ese poder que sólo se le permite ejercer una vez cada cinco años eligiéndonos, pero a los solos efectos de delegar su propia soberanía y, en definitiva, su poder. Sé que aquí hay opiniones distintas, pero los que pensamos de esta manera tenemos tanto derecho a expresarnos en esta Cámara y ante la población como los que piensan de otra forma. Además, estamos convencidos de que la participación educa, y aunque sea al ritmo que la sociedad uruguaya lo permite, esto contribuye fuertemente a la democratización de la sociedad, en tanto son las desiguales relaciones de poder las que están en juego.

Señor Presidente: nosotros no creemos que el debate ni el Congreso hayan sido una "merienda de negros" -dejando de lado lo peyorativo y racista de la expresión-, y apostamos fuertemente, como formas y herramientas, a que las instancias que se plantean en este proyecto de ley, como resultado de haber incorporado la participación como uno de los principios de la educación, se desarrollen en la sociedad uruguaya que, no por tontería sino por una tradición cultural impuesta, durante décadas ha estado impregnada de un fuerte individualismo. Reitero que apostamos a que esto se desarrolle.

A continuación, voy a referirme a algunas de las instancias planteadas. Antes mencioné el Congreso y ahora hablo de los Consejos Consultivos -que no se reducen a los docentes-, de la participación de los estudiantes a nivel de la enseñanza media -con voz y sin voto, pero con participación al fin- y de los Consejos de Participación a nivel de cada uno de los institutos que van a tener que ser convocados como mínimo tres veces al año y tendrán potestades y funciones mucho más importantes -teniendo en cuenta lo relevantes que han sido las Comisiones de Fomento y las APAL en la historia de la legislación uruguaya-, habilitados en su carácter de toma de iniciativa sobre el proyecto político, donde se podrá pedir a los Consejos respectivos que rindan cuentas, hacer propuestas a los equipos docentes y de dirección y donde estará contemplada la participación de los referentes familiares, de la comunidad, de los estudiantes y de los profesores.

Señor Presidente: no quiero hacer una lectura reduccionista, pero creo que si este proyecto de ley incluyera este artículo y el del Congreso, valdría la pena tirarse al agua. Ahora bien, no sé por qué la oposición plantea que si gana las elecciones del año 2009 -estoy convencida de que las vamos a ganar nosotros, pero igual manejaremos esa hipótesis- va a derogar estos artículos, ya que si deroga toda la ley, estas disposiciones también serán suprimidos. Todo esto no me cierra, pues es contradictorio. Si se reclama participación para discutir y elaborar el mejor proyecto entre todos, cuando se plantea la derogación, también se está eliminando el instrumento que permite esa participación. Realmente, esto no lo entiendo.

Por otra parte, quisiera señalar otra gran contribución de este proyecto de ley, que creo que sintetiza lo que las fuerzas populares y el Frente Amplio como fuerza política hemos venido planteando en el sentido de concebir a la educación como un derecho humano. En efecto, en el artículo 14 se rechaza explícitamente el mercantilismo y todos sabemos que eso implica posicionarnos de una manera distinta ante la OMC. Ahora bien, si uno examina la iniciativa más detalladamente, advierte que, en tanto plantea un concepto de educación integral, también apuesta a evitar caer en el otro extremo, o sea, en el productivismo. Una cosa es tener presente, como guía de la elaboración de la política educativa, la imprescindible articulación entre educación y trabajo y dar muchísima importancia a lo técnico y a lo tecnológico, y otra es poner un ladrillo en la cabeza de la muchachada y a los que viven en la zona de los arrozales de Treinta y Tres solo enseñarles lo que es el arroz; eso es productivismo. Nosotros queremos que todos, estén donde estén y a lo largo de toda la vida -como señala la iniciativa-, tengan las mejores oportunidades y la mayor calidad en materia educativa.

No somos los primeros en América que hemos incorporado este principio relativo a la articulación del trabajo intelectual y manual, tratando de abordar los problemas que plantea el trabajo; los mexicanos ya lo hicieron hace unos veinte años y por ahí andan. No se trata solamente de una manifestación política, pues vivimos en sociedades con sistemas sociales donde esas dos formas de trabajo están claramente separadas por otras razones que no son las educativas, aunque pensamos que desde la educación se puede contribuir. ¿Pero en qué sentido? Los frenteamplistas, más allá de las diferencias que tengamos entre nosotros, coincidimos en algo que es emblemático y que consiste en "trabajar pensando y pensar trabajando". Siempre me pareció que esta es una muy buena síntesis de lo que los frenteamplistas queremos en materia educativa; me refiero a la recuperación de la mano, a la vinculación de lo que ella elabora con lo que uno piensa, y a pensar para transformar la realidad. Si nosotros, con las características que tenemos como país, no damos ese verdadero valor a la articulación entre trabajo intelectual y manual, me parece que vamos por un muy mal camino.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Ha llegado a la Mesa una propuesta para que se prorrogue el tiempo de que dispone la oradora.

Se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar la señora Senadora Castro.

SEÑORA CASTRO.- Muchísimas gracias.

Como decía, si no vamos por ese camino, no podremos empezar a trazar los senderos a los que apostamos, y voy a relacionar este punto con las críticas que aquí se han hecho al planteo que realiza el proyecto de ley acerca de la libertad de cátedra. Aquí se señala -no sólo en la iniciativa, sino también en otros sectores sociales hoy minoritarios en la expresión de votos de la sociedad uruguaya- que, en realidad, la libertad de cátedra solo puede y debe correr para la vida universitaria. No se dice que se está en desacuerdo con el contenido de la libertad de cátedra, que fundamentalmente tiende a generar creatividad, innovación y conciencia crítica en la gente que de manera permanente se está formando.

Señor Presidente: quizás ahora prevalezca en mí la docente sobre la mujer política -aunque creo no disociarme, ni quiero hacerlo-, pues estoy convencida de que cuando se llega a la universidad o a la educación terciaria, cualquiera sea la orientación, nadie es tocado por una vara mágica para convertirse en innovador e investigador. Si esto no se ha logrado desde la formación más temprana, con distintas características y estrategias didácticas, no hay forma de conseguirlo. En ese aspecto también está operando la libertad de cátedra. Entonces, hablemos con claridad. De paso, cabe resaltar que aquí se trata a la educación terciaria y a la universitaria como si fueran lo mismo, pero si decimos eso, de un plumazo estaríamos eliminando todo el problema del carácter universitario de la formación de los docentes. Hace una cantidad de años que los docentes de este país se forman en el nivel terciario, pero no tienen carácter universitario, y este no es solamente un problema de carga horaria o de tener sello o no; incluso, en algunos proyectos que se pretendió que aprobáramos en el Poder Legislativo, se establecía que los ya titulados pasaban a ser docentes universitarios luego de ponerles un sello. No se trata de eso, sino de una carga horaria determinada nacional y regional y, fundamentalmente, de la existencia de la articulación indispensable entre la docencia, la investigación y la extensión. Si bien no partimos de cero, eso no se va a lograr sumando las geniales cabezas de Grompone y Vaz Ferreira, porque no tenemos que hacer una sumatoria, sino pensar en cosas nuevas, que nos coloquen ante desafíos muy importantes. Por ejemplo, va a ser muy difícil la formación docente de los maestros técnicos que estamos necesitando ahora y de los que estamos precisando para mañana. Hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer sobre esa formación docente. Otro de los problemas del sistema educativo radica en que la inmensa mayoría de las personas que dan clase no son docentes; lo digo como docente de la Universidad y con todo respeto. Además, el señor Presidente, como universitario, sabrá que lamentablemente hay algunos colegas que dan clase en la Universidad y que casi con orgullo expresan: "¡Hace tanto tiempo que nadie me salva un examen!".

Por otro lado, se ha planteado claramente que la incorporación de los docentes va a generar una politización. A este respecto quiero señalar que no creo en la asepsia de la educación. No voy a citar a Paulo Freire, porque todos lo conocemos, pero simplemente digo que adhiero totalmente a su pensamiento y al de tantos que han trabajado y señalado esto. En realidad, en cuanto a la afirmación de que la incorporación de docentes generará inevitablemente una politización -que creo que se lo debe decir en el sentido de partidización-, yo, por lo menos, pienso para atrás. En la época en que teníamos Consejos Autónomos de Primaria y Secundaria -para no irnos más atrás en el tiempo-, había designaciones por parte del poder político y, que yo sepa, el Poder Ejecutivo está integrado por representantes de los partidos, que no son personas asépticas y neutrales, porque nadie puede desdoblarse de esa manera. No puedo pedir esto a los elegidos, en este caso, por los cuerpos docentes -personalmente me habría gustado que también hubiera otros representantes, pero el acuerdo es este-, que sean asépticos, porque la propia concepción educativa está enmarcada ideológicamente, y quien diga que esto no es así está ocultando la verdad.

Por otra parte, se hizo una afirmación muy fuerte en el sentido de que el principio de participación fracasó por la cantidad de gente que intervino y las posiciones tomadas por algunas direcciones sindicales. En lo personal, he estado más de treinta años en la militancia sindical; siempre -incluso antes de estar aquí- he respetado las decisiones de los sindicatos y sigo haciéndolo, porque creo firmemente que es un valor de la sociedad uruguaya el tener un movimiento sindical independiente de los gobiernos y, en el caso de la actividad privada, de las patronales. Ahora bien, cuando en un país donde no hay cultura de participación prácticamente se llega a que treinta mil personas discutan los temas, me parece que no puede considerarse un fracaso.

Además, se ha hecho una aclaración con respecto a la enseñanza de los idiomas y se hizo referencia, muy escuetamente, al inglés. Creo que el inglés, como lengua franca -tal como lo fue antiguamente el latín-, es muy importante, pero me parece que lo más trascendente es que este proyecto de ley ingresa, no solamente como disposición, sino como discusión en la sociedad, al tema de que el Uruguay tiene tres lenguas. Quiere decir que salimos del esquema decimonónico; nos alejamos, por fin, de aquella concepción de "un Estado, una lengua" y ahora reconocemos al español, a los dialectos portugueses en el Uruguay y al lenguaje de señas para la colectividad sordomuda. Costó mucho llegar a esta disposición, pero ahora la alcanzamos. Por supuesto que estoy de acuerdo con la enseñanza del inglés, pero vamos avanzando también en este terreno, sobre el cual la oposición no dice absolutamente nada. Supongo que cuando la oposición derogue esta ley, también va a eliminar esta norma. Asimismo, seguramente suprimirá un artículo que, si bien es cierto que ya existía en el Consejo de Secundaria, ahora se incorpora en el proyecto de ley y se refiere, concretamente, a la adolescente embarazada. Además, se manifestó una posición contraria a la postulación y a los mecanismos que se establecen para un Ciclo Básico Único y un Consejo de Educación Media Básica.

A su vez se señaló -yo pediría que se leyera con mayor atención el proyecto de ley- que si los quince mil muchachos que hoy están cursando el Ciclo Básico UTU se trasladaran a Secundaria, no habría locales suficientes ni se cubrirían los demás requerimientos, pero en realidad lo que se está planteando -para tomar una decisión con tiempo, a fin de implementar los recursos necesarios- es un Ciclo Básico distinto. No es un Ciclo Básico UTU ni un Ciclo Básico Secundaria; es un Ciclo Básico que permita incorporar en la cabeza de nuestra muchachada una impronta distinta, que algunos llamamos politécnico y otros dicen que tiene un fuerte acento tecnológico. La idea es que, en definitiva, cuando el muchacho termine esa parte de su educación, le vea algún sentido a su relacionamiento con el medio. Por otra parte, tampoco podríamos implementar esto a partir del 1º de enero, porque no tenemos suficientes docentes preparados. Siempre digo que enseñar física en un liceo o en la UTU no es lo mismo. Además, nosotros queremos hacer algo distinto en este campo.

Se ha señalado en varias intervenciones que la formación de los docentes tiene algún criterio no concordante con lo que ahora se sugiere y que ya había sido propuesto antes. Quiero señalar que para mí, este es el segundo plato de discusión de este proyecto de ley. En la Cámara de Representantes, algunos integrantes de la oposición preguntaron con insistencia por qué nuestra Administración no habilitaba a las universidades privadas a otorgar los títulos mientras se encontraba una solución para este caso. En ese sentido, señor Presidente, voy a dar mi respuesta personal: si estamos todos de acuerdo en defender el principio de igualdad de oportunidades -creo que en el verbo estamos todos de acuerdo- y hasta ahora no tenemos la instrumentación concreta para poder formar a nuestros docentes en todos los niveles y modalidades a nivel universitario, sería altamente contradictorio y violatorio de los derechos de la ciudadanía que se habilitara para que eso fuera a nivel privado. Lo planteo porque, ¿quién puede acceder al nivel privado? ¿O estamos pensando que además del presupuesto nacional hay que dar varias y múltiples subvenciones a todo aquel bachiller que quiera hacer la carrera docente de carácter universitario y no tenga los recursos?

Por último, quiero hacer un señalamiento muy contundente y muy claro: al doctor Luis Yarzábal, Presidente del CODICEN de la ANEP, nadie lo mandó callar.

Gracias, señor Presidente.

19) CAMBIO EN LA INTEGRACION DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Dese cuenta de una nota llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 10 de diciembre de 2008

Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

De mi mayor consideración:

En la Sesión de la Cámara de Senadores del 8 de abril de 2008 pasado, se votó la integración de la Comisión Permanente correspondiente al Cuarto Período de la presente Legislatura, siendo el Senador Eduardo Ríos designado para su integración.

Al habernos comunicado su imposibilidad para asumir dicho cargo solicito se designe en su lugar a la Senadora Mónica Xavier y como alterno al Senador Mariano Arana.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Margarita Percovich. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Mientras se continúa con la discusión del proyecto de ley, se va a proceder a recabar la correspondiente votación.

20) LEY GENERAL DE EDUCACION

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: si nos hundiéramos en dar respuesta a la alocución de la señora Senadora Castro, ingresaríamos a un largo debate que no dejaría de tener interés, en cuanto hay mucha materia filosófica y sociológica a tomar en cuenta; pero simplemente quiero formular algunas aclaraciones.

En primer lugar, no soy de los que creen que únicamente el factor educación es el elemento del desarrollo de los pueblos y me parece que ello incluye, naturalmente, factores sociales, económicos e institucionales muy importantes. De modo que no vamos a caer en ese reduccionismo que muchos autores sostienen. Lo que sí creemos, claramente, es que no habrá posibilidades de real desarrollo sin una calidad educativa suficiente. Eso es distinto pero muy significativo.

En cuanto a las propuestas de cambio, entiendo que todas deben tener un sentido y una significación. Precisamente, la reforma de 1995 tuvo objetivos bien claros, algunos sociales y muy específicos, como tratar de disminuir la inequidad en el acceso a la educación. La duplicación de la matrícula preescolar tuvo ese objetivo y no fue simplemente una razón de tipo cultural. Cuando se pasa de 40.000 a 80.000 niños en la educación preescolar -obviamente, quienes no habían llegado a ella eran los niños de los sectores más pobres de la sociedad-, se está ante un combate a la inequidad social. La escuela de tiempo completo también fue concebida con ese sentido: disminuir el handicap que representaba en aquellos sectores donde existía una situación social que por su depresión condicionaba la calidad educativa. Ese fue el objetivo claramente definido y los resultados se vieron, se advirtieron y se pudieron medir. De modo que esto es un resultado de hecho y no simplemente fue una propuesta teórica.

En cuanto a lo que podríamos llamar politización o introducción de factores políticos en la educación, quiero decir que naturalmente nunca hay asepsia en la conducción. Todo lo contrario; es justamente lo que estamos reivindicando. El tema es determinar quién tiene la capacidad de ejercer el poder público, de modo de poder orientar el sistema público. Los demócratas liberales creemos que son aquellos que tienen la representación de la ciudadanía a través del mecanismo de la democracia liberal. Por supuesto que siempre hay detrás una concepción política y filosófica. Ahora bien, cuando aludíamos a otras modalidades de representación y de politización, nos estábamos refiriendo no solo a la partidización, sino también a lo que podían ser expresiones de tendencias sectoriales. Esto es notorio y si nosotros miramos las versiones taquigráficas de la Comisión de Educación y Cultura -especialmente las de la Cámara de Representantes, donde hubo más participación-, veremos planteos de ciertas tendencias muy radicales que van mucho más allá de todo lo que hoy pueda sustentar el partido de Gobierno. A eso es a lo que nos referíamos, a ese tipo de tendencia que no es mayoritaria en el país y que, ejerciendo poder público, no está dentro del concepto de representación de nuestro sistema democrático.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Creo que la discusión que se ha venido desarrollando hasta ahora, nos da la razón en cuanto a que hubiera sido necesario trabajar sobre esta ley con mayor detenimiento y detalle. Me parece que es un atentado al sentido común incorporar una ley de educación de esa naturaleza, aprobada en tres o cuatro horas y con votaciones relámpago en el ámbito de la Comisión. Más allá de la defensa de determinado sistema, de la participación o de la representación, es cierto -y para eso estamos acá- que el sistema representativo supone que cuando se aplica o se aprueba una ley, ella es de carácter general, tiene las condiciones de todas las normas jurídicas y, por tanto, es un instrumento que la sociedad republicana y democrática fija en el ámbito de la diversidad y de las mayorías y minorías en el pluralismo político, que entre otras cosas es el centro de nuestras preocupaciones, al que estamos todos afiliados -en general, aunque no todos con mayor entusiasmo- con el ánimo de todos los tiempos.

La verdad, señor Presidente, es que este proyecto de ley nos llena de sorpresa en muchos aspectos, sobre todo porque el sentido elegido, que como se ha dicho, empezó siendo un acuerdo político al que se llegó en febrero de 2005 con el Presidente de la República en la Sala de Ministros del Senado, ha quedado por el camino. Entre otras cosas, ha derivado en proyectos elaborados por distintos jerarcas; al principio fue el Ministro Brovetto quien apoyó la participación con docentes y organizaciones sociales, y ahora llega este proyecto de ley con un doble fracaso: el sistema de participación y el de representatividad. En ese sentido, si hay algo que yo pudiera decir para resumir este proyecto de ley en dos palabras, diría: la soledad. Lo digo porque no cuenta con los acuerdos suficientes como para dar un respaldo de mediano plazo a un cambio de fondo ante un tema de política de Estado, como lo es la educación. Esto es así porque no se ha tratado de buscar un entendimiento con los distintos partidos sobre estos temas, ni fuera ni dentro del Parlamento.

Además, esta iniciativa llegó al Parlamento luego de siete u ocho meses de discusión en el ámbito de un partido político, de una fuerza política, en la que no se habilitó la posibilidad de que todos participáramos con el criterio positivo de dar la señal -por lo menos, a la finalización de una Administración- de que algunas políticas de Estado, que son de fondo, deberían tener el entendimiento y los acuerdos políticos básicos para poder sobrevivir. Precisamente, señor Presidente, estamos viendo que esto es así por la imposibilidad de administrar los equilibrios inestables de esta fuerza política, que también son parte de una realidad de la que no podemos sustraernos. No obstante, sabemos que en este momento los diferentes actores no están en condiciones de tener respaldos mínimos y básicos para poder seguir adelante.

Aquí no se trata de quién tiene razón en las luchas corporativas, porque es evidente que el interés nacional, de alguna forma, siempre está en rivalidad con los intereses sectoriales y corporativos. El secreto del interés nacional es hacer recortes a sus intereses corporativos y sectoriales, porque de lo contrario terminaría siendo rehén de aquellos sectores contrapuestos.

Por ejemplo, acabamos de recibir en el Senado una solicitud de la Universidad de la República que nos dice que, sin desmedro de ciertas mejoras respecto al proyecto original -no se está haciendo referencia a la iniciativa actual-, el texto mencionado suscita muchos cuestionamientos de diverso tipo y procedencia, que involucran aspectos de consistencia interna de las disposiciones adoptadas y de su adecuación a la normativa constitucional, así como cuestiones de principio. El Consejo Directivo Central de la Universidad, en el día de ayer, resuelve por unanimidad solicitar públicamente al Senado de la República que no se limite a ratificar apresuradamente el proyecto de ley de educación aprobado en la Cámara de Diputados, sino que proceda a su análisis cuidadoso, con los debidos asesoramientos y consultas, como corresponde a una cuestión fundamental para el futuro nacional.

Más allá de las discrepancias y de las distintas visiones que podamos tener, estamos recibiendo un mensaje muy claro en el que se ratifica la soledad en que se está manejando un proyecto de ley de tanta importancia, y la diversidad de opiniones existentes sobre este tema, situación que se ve agravada por el hecho de no haber tenido ni siquiera la oportunidad de tratar alguno de los artículos o asuntos que aborda la iniciativa.

La señora Senadora preopinante nos exhortaba a que pusiéramos atención en el articulado, pero ¿qué atención se puede poner al articulado si ni siquiera tuvimos un día para leerlo, para estudiarlo, para ser asesorados, para que participen todos aquellos que tienen algo que decir en torno a este tema? Esto es lo que justifica que hablemos de la crisis de representatividad porque, en realidad, lo más fácil de todo, señor Presidente, es actuar teniendo la mayoría, como lo hace el Gobierno. Si tuviera dificultades para alcanzar entendimientos de otra naturaleza en el ámbito de la oposición, quizás, cuando se lograran, podría tener un apresuramiento un poco más marcado, pero tiene todo el tiempo, todos los votos para trabajar con la debida prudencia y asesoramiento, y para que todos podamos participar con sentido constructivo.

Pienso que estamos perdiendo una gran oportunidad y considero que esta es una señal política absolutamente negativa. Además, me parece que no se está pavimentando el camino del futuro, el de la próxima Administración, cualquiera sea ella, que va a tener pendiente este y otros temas, pues no vamos a reducirnos a analizar exclusivamente el tema educativo por la importancia que esto tiene.

Señor Presidente: tuve que estudiar el articulado en el ámbito privado de mi casa, dado que no pude discutir ni intercambiar ideas al respecto con mis compañeros del Senado porque no hubo tiempo; ni siquiera tuvimos una reunión de Bancada para poder trabajar.

Cuando empiezo a leer el articulado se me empieza a generar una serie de problemas y dificultades de fondo y de forma. Aquí se han estado discutiendo con mucha profundidad temas, hasta filosóficos, vinculados a cómo encarar el sistema educativo, que es parte de la formación y de la diversidad de ideas. Es claro que hay varios modelos, porque basta escuchar al señor Senador Lorier para darnos cuenta de que la visión del Partido Comunista es absolutamente diferente, entre otros, en el plano político y en el económico, o sea, en todo lo que significa el respeto de una pluralidad, pero sin lugar a dudas eso está absolutamente separado de lo que puede ser la idea, la filosofía o la formación política que podamos tener nosotros, dicho esto con toda la consideración que se merece cada uno en su pensamiento. De la misma manera, del reconocimiento que hace la señora Senadora preopinante sobre este tema resulta obvio que está hablando de una visión distinta, que en definitiva, se ubica en la parte filosófica de fondo.

Hay un tema claro que tratamos de defender: la educación. Cuando se trata de una decisión de carácter político en el ámbito de la filosofía liberal, responde a la orientación y al pensamiento que tiene el Gobierno, porque sobre esa base ha encontrado y ha obtenido la ratificación del apoyo popular. Esto no significa ir contra el concepto de autonomía. A veces, se confunden los conceptos de autonomía y autarquía, que son diferentes. Quien postula que la orientación política debe sustraerse de la conducción del sistema educativo, dejando de lado los proyectos y las ideas que se han puesto a consideración de la soberanía popular, recorre un camino totalitario en relación al funcionamiento del Estado y al respeto de los derechos humanos.

Es cierto, tal como lo han dicho los señores Senadores Penadés, Long y Sanguinetti -cuyas expresiones son compartidas por muchos compañeros del Senado, diría que también por algunos Senadores del propio Gobierno que, a veces en la soledad o en la privacidad, pueden tener ese tipo de dudas-, que aquí están en juego aspectos muy importantes, como el de la libertad de cátedra, el de la enseñanza secundaria y el de la visión universitaria, que no son solo de fondo, sino que también tienen relación con el concepto de laicidad. Precisamente, la laicidad es un principio que debe respetarse sin perjuicio de la rotación de los partidos políticos en el poder; es la manera de no incidir sobre el pensamiento de los educandos en momentos que ellos están necesitando recibir información, conocimientos y formación básicamente en valores.

De este proyecto se ha retirado en forma expresa el concepto de imparcialidad. ¿Esto es por algún motivo? Nos hubiera gustado discutir este aspecto. ¿Acaso la imparcialidad no está vinculada directamente al concepto de laicidad? Es cierto que en el ámbito de la libertad de cátedra y en el universitario, donde más de uno tenemos cierta experiencia -actualmente seguimos trabajando en él-, la libre confrontación y el libre juego de ideas tienen lugar con gente madura, que ha tenido determinada formación para poder discutir, aceptar e inclusive rechazar el pensamiento que transmite un profesor, más allá de lo que pueda ser la transmisión directa de conocimientos objetivos. Por eso, para nosotros, señor Presidente es muy preocupante que se elimine la imparcialidad. Esto quiere decir que en el ámbito de la enseñanza secundaria o en el de las escuelas, ese concepto no queda como punto de referencia para lo que son las obligaciones docentes. Al no existir esa imparcialidad, aparecen otros valores que pueden ser importantes, pero no están girando en torno de esto. Ello, sin duda, conforma un elemento que consideramos debió ser discutido en profundidad en la Comisión, con el asesoramiento adecuado, no sólo de parte de los institutos universitarios, sino también por los actores sociales involucrados, que bien podrían haber aportado ideas muy positivas.

Además, señor Presidente, si vamos al artículo 2º, que dice: "Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social", cabe preguntarse qué se entiende por "bien público y social". ¿Es la educación un bien público y social? Debemos reconocer que el pensamiento es una actividad abstracta, pero no se debe perder de vista lo concreto. ¿Qué se quiere decir al hablar de educación como un bien público y social? Creo que es importante admitir que la educación, en primer lugar, es un servicio que, como tal, se presta a la sociedad. "Bien público y social" quizás sea una especie de referencia casi romántica, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es considerar cuál es la función de la educación. La ley no se debe referir a la educación en sentido abstracto, sino que debe regular y reglamentar la enseñanza.

La enseñanza es la transmisión de conocimientos, valores y formación a las distintas personas -niños, jóvenes y adultos- que con carácter permanente tienen el derecho a acceder a una educación de calidad, porque es la única que los va a lanzar, no al mundo salvaje y bucanero del capitalismo egoísta, sino a una sociedad en la que tienen que sobrevivir por sus propios esfuerzos. En ese sentido, creo que estamos perdiendo un poco el concepto, porque la ley debe reglamentar la manera en que se organiza la provisión de los servicios educativos. Existe un derecho a acceder a la enseñanza de buena calidad, y por eso uno de los aspectos de este proyecto en que coincidimos -y que podríamos haber discutido- es el de la evaluación. El instituto evaluatorio es el que, de alguna manera, nos permite ir creando las condiciones de comparación entre el resultado del sistema educativo y los recursos que nosotros pusimos a disposición -que son de todos los ciudadanos- para que se encuentre una respuesta adecuada. Sin embargo, en este caso no existe esa visión y ni siquiera está la coherencia de podernos manejar con criterios constitucionales adecuados.

Después de esta descripción del bien público, prestemos atención a lo que dice la Constitución de la República -salvo que a esta altura esté tan devaluada que sea un derivado molesto de una estructura burguesa- en su artículo 68 en su inciso final: "Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee". Es decir que acá existe una libertad y la posibilidad de elegir.

Por su parte, el literal A) artículo 75 del proyecto dice: "Que su hijo o representado pueda concurrir y recibir clase regularmente en el centro educativo que le corresponda", pero, ¿quién le dice qué le corresponde? ¿El Estado? ¿La ley? ¿El CODICEN? Si yo, como padre, no quiero mandar a mi hijo a un determinado liceo porque allí hay violencia u otros problemas, o porque quiero educarlo de otra forma, ¿voy a tener la libertad de mandarlo a otro liceo público? Digo esto porque en nuestras escuelas y liceos estatales prácticamente no existe la posibilidad de elegir un establecimiento específico -porque ello está ligado, y seguramente seguirá estándolo, al lugar de residencia-, lo que es discriminatorio con los más pobres, con los más necesitados. El padre, tutor o quien lo represente deberá mandar al niño a la escuela y al liceo en la zona en que vive -quizá en la marginalidad- y a donde no quisiera que fuera. Esta es una limitación: solo van a poder elegir dónde enviar a sus hijos los que tienen dinero; los que no lo tienen quedarán limitados a lo que se disponga, a lo que corresponda, tal como dice el artículo 75 de este proyecto de ley.

Señor Presidente: estos no son temas para discutir en el Plenario; debió haber sido en la Comisión donde se viera cómo funciona toda esta ingeniería de carácter legal, que sabemos que requirió de un esfuerzo muy importante pero que no responde a nuestras inquietudes.

Si nos preguntaran cuál es la virtud que tiene, diríamos que es la de la ruptura con el sistema; sin embargo, el defecto es que se trata de una mala ruptura. La ruptura con el sistema tiene que ver, entre otras cosas, con que se tienen que soportar o, por lo menos, administrar los campamentos afuera, la Universidad de la República, las distintas visiones sectoriales y sindicales, obviamente, con el cálculo que se hace sobre cuáles son las mayorías y minorías que estarían detrás de este proyecto. Es una ruptura que, lamentablemente, se produce en un sistema educativo que debe responder a una política de Estado y que al aprobarse de esta manera llevará a una profundización de estas ideas, si el actual Gobierno obtiene la mayoría en las próximas elecciones, o revisiones si el Gobierno próximo entiende que este no fue un buen inicio para trabajar sobre la reforma del sistema educativo.

Por otra parte, coincido con lo que dice el señor Senador Penadés en cuanto a que es un sistema conservador, porque ha creado todos los mecanismos para evitar un funcionamiento armónico de la educación. Por la ley no pasa ni el ausentismo ni la deserción, ni los temas que sabemos son prioritarios en lo que tiene que ver con el problema educativo del país. Estas normas no los solucionan sino que los agravan, porque crean condiciones de conflictos más profundos entre los distintos actores políticos.

Me voy a referir a las contradicciones, pero antes señalo que me hubiera gustado trabajar sobre el tema en la Comisión.

En el articulado del proyecto se establece el carácter autónomo de los Consejos Directivos que gobernarán la ANEP y se dice que, en aplicación de su autonomía, cada uno de ellos tendrá independencia para dictar su normativa. Luego hay otros artículos en el propio proyecto que empiezan a crear las condiciones de conflicto entre ellos. El artículo 29 señalaba que las disciplinas a enseñar en la educación media debían impartirse a través de la presentación de asignatura. Eso fue eliminado con buen criterio porque, realmente, no estaba justificado; pero el artículo 43 ordena la concentración horaria de los docentes en un centro educativo, y obliga a que cada centro disponga de fondos presupuestales para el mantenimiento del local y afines.

Por su parte, en el literal D) del artículo 69, se dice: "A los efectos de la carrera docente se jerarquizará la evaluación del desempeño en el aula, los cursos de perfeccionamiento o postgrado, así como las publicaciones e investigaciones realizadas por los docentes". ¿Esto es materia de ley? ¿Qué sucede en un futuro si las mismas autoridades del CODICEN quieren cambiar este criterio y decir que la evaluación de los docentes debe hacerse en función del resultado o la evaluación de la propia participación que se hace de los distintos actores sociales, aunque no en forma determinante? Se violará la ley o se archivará. Esto sí es una lesión de la autonomía, porque se están estableciendo por ley los criterios con que deberá manejarse el sistema de evaluación de los docentes, cuando debería ser materia de la ANEP, a fin de no quedar limitados por una norma que con el tiempo -no por razones políticas sino de modernidad- va a quedar superada. Entonces ¿dónde queda la autonomía?

Un segundo ejemplo tiene que ver con la educación superior. El artículo 79 confirma la vigencia de la Ley Orgánica Universitaria que, como se sabe, tiene monopolio en la enseñanza pública superior en todos los planos, pero el artículo 83 crea el Instituto Universitario de Educación, definiéndolo como un órgano desconcentrado de la ANEP, de carácter universitario. Es decir que el proyecto reafirma y al mismo tiempo niega el monopolio de la Universidad, porque crea un nivel universitario contra lo que dispone la propia Constitución de la República o lo que establece la Ley Orgánica Universitaria.

Voy a citar otro ejemplo. A esta altura de la tarde, no tengo otra alternativa que hacer estas reflexiones porque no tuve oportunidad de hacerlo en la Comisión.

El artículo 13 -me gustaría que la miembro informante tomara en cuenta estas reflexiones- recuerda el artículo 68 de la Constitución -que dice que la intervención del Estado será al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos-, pero luego agrega una cantidad de nuevas acciones o actividades que están fuera del límite razonable que ha determinado la Constitución de la República, con los que se podrá coincidir o no.

El artículo 3º del proyecto de ley refiere a la comprensión entre los pueblos y las naciones; el artículo 12 estimula la participación en todas sus formas; el artículo 13 promueve la integración regional, así como el fomento de la diversidad cultural y, en su literal C), hace referencia a formar personas protagonistas de su comunidad local. Reitero que podemos coincidir o no con algunos de estos temas, pero es evidente que estamos trabajando en forma exorbitante en este proyecto de ley sobre aspectos que a veces son de la autonomía, y otras veces son restrictivos por las propias disposiciones constitucionales. Ese sería un primer tema.

Otro aspecto es el burocrático, del que hablaba el señor Senador Sanguinetti, así como algunos otros señores Senadores. Concretamente, me refiero a la superposición de organizaciones. Parecería que en forma rediviva y absolutamente vigente, Max Weber ha encontrado la identificación con sus postulados, que hicieron inmortal la descripción sociológica del modelo burocrático.

Más adelante, en el articulado se define la Comisión Nacional de Educación como el ámbito nacional de deliberación sobre políticas educativas, y parecería que es allí donde se va a discutir el tema. Sin embargo, en otro artículo se dice que el Congreso Nacional de Educación será el ámbito nacional de debate del Sistema Nacional de Educación. Ahora se incluye el vocablo "debate" ¿pero cuál es la diferencia entre deliberación y debate? ¿Cuál es el concepto que está primando para darle competencias o alcances a dos organismos distintos, desde el punto de vista de las atribuciones?

Por su parte, el artículo 70 establece que las Asambleas Técnico Docentes tendrán función consultiva en aspectos educativos de la rama específica y de educación en general. Luego, por el artículo 76 se crean los Consejos de Participación en todo centro educativo, mientras que en otro artículo se dispone que las Comisiones Departamentales de Educación podrán convocar a los representantes de esos Consejos para recibir opinión acerca de las políticas educativas en el departamento. Entonces, la pregunta es muy sencilla: en este fárrago de instituciones y organizaciones que participan con distintas visiones, ¿qué va a ocurrir si los órganos deliberativos y consultivos no llegan -como seguramente sucederá- a las mismas conclusiones? Si se diera esa hipótesis, ¿cómo se lauda el tema?

Consultamos a algunos especialistas, y parecería ser que la solución podría surgir a través del artículo que dispone que la Comisión Nacional de Educación será la encargada de recibir y formular propuestas sobre lineamientos generales de políticas educativas en los temas referidos a esta ley y a otras normas vinculadas con la materia educativa. Me pregunto si un órgano específico está en condiciones de fijar lineamientos generales. Más adelante se encomienda al Ministerio de Educación y Cultura la tarea de desarrollar los principios generales de la educación, mientras que otro encarga al CODICEN la labor de definir las orientaciones generales de los niveles y modalidades educativas que se encuentran en su órbita. Como vemos, tenemos lineamientos generales, principios generales, orientaciones generales; la pregunta sería: ¿quién es el encargado de dirigir y coordinar efectivamente la política educativa?

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor Senador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- No crean que estoy haciendo un galimatías, aunque sí queremos saber quién va a coordinar efectivamente.

En la nueva orientación, el artículo 43 encomienda a la Comisión Nacional de Educación la tarea de integrar Comisiones de asesoramiento o de coordinación en temas educativos, mientras que más adelante se encarga al Ministerio de Educación y Cultura la función de facilitar la coordinación de las políticas educativas nacionales. Asimismo, en otra parte del articulado, se crea una Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública que se encargará de coordinar, concertar y emitir opinión sobre las políticas educativas de la educación pública e impartir recomendaciones a los entes. La pregunta que hoy hacía el señor Senador Long es quién coordina al coordinador. En esta maraña de juegos burocráticos y nuevas instituciones, ¿quién es capaz de encontrar un lineamiento que sea relativamente aceptado para poder marcar lo que es una política educativa? Este no es un tema filosófico, ni estamos hablando de los temas del Marqués de Condorcet, José Pedro Varela o Vaz Ferreira; lo que estamos tratando de administrar es si Max Weber reina o no en la educación del país.

Como sabemos cómo se actúa en estos temas, la mejor manera de tomar una decisión es neutralizarla. En un sistema educativo como el del país, con la modernidad y con las posibilidades para pensar en forma distinta -para eso está el sistema político con sus mayorías-, se está creando un mecanismo de neutralización y bloqueo que hará imposible la administración de esta reforma o de cualquier otra que pudiera incorporarse en el futuro.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Gallinal)

-Señor Presidente: ahora pasaríamos al problema de la integración, que es el tercer elemento. He hablado de la coherencia y de la burocratización, y ahora voy a referirme al sistema de integración y de los órganos de dirección que crea la ley.

Me cuesta mucho hablar contra las corporaciones; es un recurso muy fácil. También es cierto que debe quedar claro que el manejo de determinados temas de fondo no puede quedar exclusivamente en manos de los que están vinculados por sus intereses sectoriales. Sería como decir que la Policía tiene que manejar el Ministerio del Interior; que los médicos tienen que dirigir el Ministerio de Salud Pública o que los funcionarios de UTE tienen que estar a cargo de la política de energía. Podríamos escribir un libro sobre estos temas, pero lo que aquí sucede es que este texto largo y farragoso -incluso con expresiones programáticas-, aun teniendo un avance en términos de participación, significa entregar el sistema a las corporaciones, y voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se integra el Consejo de Educación y los consejos subordinados? Dos de los cinco miembros del primero serán representantes de los docentes, mientras igual representación asumirá uno de cada consejo subordinado. De acuerdo con el articulado de este proyecto, para designar a los miembros de cada Consejo subordinado, harán falta los votos de cuatro de los cincos miembros del CODICEN. En otras palabras, los dos representantes docentes tendrán derecho de veto sobre los candidatos a ocupar esos cargos. En cada Consejo subordinado habrá solo un miembro electo por los docentes, pero los otros dos deberán contar con su beneplácito.

Voy a ahondar más en el tema. Lo mismo ocurre con la destitución de los miembros de los Consejos subordinados, así como con los directivos del nuevo Instituto Universitario de Educación. De acuerdo con el literal K) del artículo 59, el CODICEN tiene la potestad de destituir a estas autoridades, pero para hacerlo hará falta el voto fundado de cuatro de sus cinco miembros; es decir que la llave de las decisiones de esta naturaleza siempre queda en manos de los docentes. También es cierto que a nivel político el Senado todavía tiene, en función de sus decisiones soberanas, la posibilidad de designar a los miembros del CODICEN por representación política. Eso no nos parece mal, al contrario, porque seguimos sosteniendo que hay que separar la condición y la proyección política de la política educativa, de la autonomía que es importante mantener, y de la autarquía que es fundamental combatir. Sin embargo, téngase en cuenta que aquí se establece que para ser miembro del Consejo de Educación subordinado se debe haber actuado en la educación pública por un lapso no menor de diez años. Así que los candidatos que puede votar el Senado no sólo deben provenir del mundo de la educación, sino que deben provenir de la educación pública.

Se advierte claramente que hay un flechamiento desde el punto de vista de la educación y, ciertamente, esto no es lo mejor cuando se trata de su conducción. Nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué no puede ser Director del CODICEN un profesor reconocido nacional e internacionalmente, con verdadera intelectualidad y conocimiento, que haya trabajado exclusivamente en un liceo privado? ¿Tiene el estigma de no haber participado en el ámbito docente, de la solidaridad sindical o de sus compañeros? Lo que queremos acá, por la representación política, es que quienes integren el CODICEN sean personas de conocimiento y preparación adecuados para dirigir una política educativa. Entonces, no podemos limitar diciendo que alguien no puede ser Director del CODICEN porque no proviene de la educación pública o porque no tiene diez años de antigüedad; solo falta que en cualquier momento agreguemos que si no tiene determinado color de ojos, tampoco puede ser Director. Todas estas son restricciones a la libertad y condicionamientos a un sistema educativo que tiene en su base y en su génesis su propio germen de destrucción y de confrontación.

Señor Presidente: en la proyección de cualquier sistema educativo en el país, deberá convivir el sector privado con el sector público. Por más expresiones voluntaristas y aun compartiendo muchos puntos de vista sobre la educación estatal -fundamentalmente, sobre la escuela pública-, al ver los informes PISA o al enterarnos por investigaciones cómo se sienten los maestros y docentes en la actividad que desarrollan -pública o privada-, nos damos cuenta de que hay un mundo que se está tratando de ignorar. Estamos olvidando que el objetivo es el niño, el joven y el mayor, y que aquí debemos educar y evaluar en calidad. El sistema de enseñanza debe ser parte de un desafío que se impone el país y no un objetivo o visión parcial -por más respetable que sea- de sectores que están involucrados, entre otras cosas, por sus propios intereses de formación y de participación de carácter laboral en la enseñanza pública.

Todo esto nos lleva a concluir que se ha elegido un mal momento, que este proyecto de ley no es el más adecuado -ni siquiera desde el punto de vista legislativo- y que se va a desarrollar en soledad. Quizás la única virtud que se le puede reconocer es que empieza a recorrerse, aunque sea por la ruta equivocada, un camino de ruptura con un sistema que no admitía ningún tipo de perforación por la falta de entendimiento entre los actores. Ahora bien, quedan pendientes para otra oportunidad todas las discusiones internas y filosóficas y, por ello, queda también la frustración de decir que hoy se aprueba -como sucederá- una ley del sistema educativo en medio de un hemipléjico respaldo político, cuando tendría que haber sido por lo menos discutida en profundidad para que todos hubiéramos podido aportar lo que entendíamos como positivo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Francisco Gallinal).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: ante todo, con relación a las críticas que aquí se han formulado al artículo que plantea que es a la institución educativa que corresponda, señalo que no se está contraviniendo en absoluto la disposición constitucional respectiva, pues la expresión "que corresponda" está referida al nivel o modalidad.

Por otro lado, aquí se ha criticado también lo relativo a las condiciones que deben reunir los candidatos a integrar el CODICEN y los Consejos, puesto que se solicita que tengan diez años de ejercicio y, además, antecedentes en la enseñanza pública. En ese sentido, me parece que el ejemplo que se manejó en Sala fue muy claro para poder entender este aspecto. Quien no ha tenido actividad a nivel de la educación pública, poco conoce el sistema y los subsistemas, aunque sea el más brillante politólogo en materia educativa. En realidad, se puede ser un excelente profesional en materia de política educativa, pero si no se conoce el organismo -para, en principio, intentar corregir los problemas que tiene-, es difícil que se pueda actuar eficazmente.

En cuanto a la antigüedad que se pide, considero que se trata de un elemento muy claro e, incluso, acorde con las propias características del estatuto docente ya que, como se sabe -o al menos se debería saber-, allí figura que los trabajadores docentes, de acuerdo con los años de labor, tenemos un sistema escalafonario pautado nítidamente.

Por otro lado se ha señalado -esta es la última aclaración que voy a hacer- que lo fundamental es la enseñanza y que a ella debemos apuntar. Creo que si entre los integrantes de este Cuerpo hay coincidencia en cuanto a dejar expresado en la norma que el sujeto de Derecho es quien se educa -tenga la edad que tenga-, en realidad también estaremos de acuerdo -si es que en verdad el objetivo mencionado anteriormente es el principal, todo lo demás debe estar en consonancia o a su alrededor- y quien se educa está relacionado con lo que son los aprendizajes. En este sentido, justamente quien habla sufrió una formación en la que, desgraciadamente, por falta de conocimiento, se planteaba aquello del famoso trencito de dos vagones de la enseñanza-aprendizaje. Felizmente, hoy sabemos que una cosa es la enseñanza y otra distinta el aprendizaje. Sabemos también que todos los sujetos aprendemos de manera diferente. Entonces, me parece inapropiado lo que se ha señalado en Sala en cuanto a que lo principal es la enseñanza. Además, obviamente, en una ley, por más general que sea, no corresponde que se incorporen las estrategias didácticas. Para ello, hay que fortalecer la formación de los docentes.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Francisco Gallinal).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: simplemente, quiero marcar alguna diferencia que, en realidad, ya está expuesta en forma manifiesta, sobre todo luego de las palabras pronunciadas por la señora Senadora Castro sobre el final de su alocución.

Cuando hablamos de enseñanza, nos estamos refiriendo, obviamente, a la enseñanza y al aprendizaje; pero lo que tratamos de destacar es que nos estamos olvidando de que el centro de un sistema educativo es, además de la enseñanza y el aprendizaje, la formación en valores y conocimientos del educando. Esto es algo muy importante y por ello creemos que todas estas parafernalias de carácter administrativo terminarán siendo trabas u obstáculos a la hora de concretar, en determinados aspectos, todos estos elementos que hacen a la modernidad de un nuevo sistema de transmisión de conocimiento y de valores.

Francamente, me habría gustado poder discutir con los señores Senadores sobre todos estos temas en la Comisión, por considerar que ese es el ámbito adecuado para intercambiar ideas y recibir asesoramiento; pero lamentablemente hemos transformado los Plenarios en un pronto despacho.

Muchas gracias.

21) CAMBIO EN LA INTEGRACION DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Francisco Gallinal).- Antes de continuar con el tema en discusión, se procederá a proclamar el resultado de la votación a propósito de la integración de la Comisión Permanente.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Han votado 27 señores Senadores; todos lo han hecho por la señora Senadora Xavier como titular, y el señor Senador Arana como suplente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Francisco Gallinal).- Oportunamente se comunicará.

22) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Francisco Gallinal).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: antes de continuar con el tratamiento de este proyecto de ley, quiero solicitar que se traslade el resto de los temas que figuran en el Orden del Día de hoy a una sesión extraordinaria a realizarse el próximo martes 16 en el horario habitual de las 9 y 30 -para lo cual, obviamente, será necesario levantar el receso-, y que se agreguen al Orden del Día correspondiente la Carpeta Nº 1410/2008, así como aquellas que eleven las Comisiones que funcionen esta semana.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Francisco Gallinal).- Se va a votar la moción formulada por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

Entonces, el Senado queda convocado para el martes 16 a la hora 9 y 30 a celebrar una sesión extraordinaria en la que se tratarán los temas que ha mencionado la señora Senadora Percovich.

23) LEY GENERAL DE EDUCACION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Francisco Gallinal).- Continúa la consideración del tema relativo a la ley general de educación.

Tiene la palabra la señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: quiero decir que concordamos con los fundamentos expresados por las señoras Senadoras Percovich y Castro y solo quisiéramos agregar algunos elementos más a la discusión, tratando de no repetir.

En primer lugar, queremos dejar una constancia en el sentido de que, a nuestro entender, las leyes no son mágicas, no resuelven todo, porque son procesos que van ordenando los distintos temas a los que se refieren y, además, en sí mismas, tienen progresiones. No hace mucho tiempo aprobamos una ley sobre ordenamiento territorial en la que nos tocó actuar como miembro informante. En ese momento dijimos que esa era la primera de un sistema de leyes que iban a conformar una serie de normas sobre el ordenamiento territorial.

Con relación a la ley de educación pensamos lo mismo y quizás debamos admitir que la omisión radica en el hecho de que la llamada ley de emergencia ha durado veintitrés años, a pesar de que la dinámica de cambio que imponen los nuevos conocimientos científicos que se dan en este siglo determina que cualquier ley debería revisarse constantemente. Por eso compartimos los conceptos vertidos por la señora Senadora Percovich en el sentido de que esto es el inicio de un proceso. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no existen leyes perfectas porque todas son producto del pensamiento de los Legisladores que las hacen en un momento determinado.

He querido dejar estas constancias porque aquí se han hecho varias afirmaciones al respecto.

Quiero aclarar, por otro lado, que no vamos a hablar de la democracia participativa o representativa, porque aunque lo consideramos un tema lindo para discutir, este no es el momento apropiado para hacerlo y porque, además, el señor Senador que lo trajo no se encuentra presente en Sala.

También queremos señalar que jamás se planteó a nuestro Partido que propusiéramos algún nombre para integrar el CODICEN en las Administraciones anteriores.

Luego de haber dejado estas constancias, quisiera plantear algunas interrogantes. En realidad, hemos sido educados -quizás esto parezca una paradoja porque nuevamente surge el tema de la educación- para la no participación y más bien para la delegación. Sin duda, aprender a participar es un proceso nada sencillo, porque no basta con la voluntad de un gobernante o con lo que impone determinada ley para que se pueda participar, sino que se trata de un largo aprendizaje que tiene muchos componentes. La intención de generar un debate educativo, que fue lo que determinó que se realizara el Congreso de la educación, fue, precisamente, la de iniciar un proceso de participación. Ese evento habrá sido más o menos feliz pero, como sabemos, antes no hubo otro de esas características. Esta fue la primera vez en que el país convocó para una instancia de esa naturaleza, y lo ha hecho por la importancia del tema, del mismo modo que la Universidad de la República ha convocado para la participación en la reforma de su Ley Orgánica. Quienes hemos asistido a esa convocatoria constatamos que otros partidos políticos no han estado presentes, aunque han sido invitados.

Obviamente, los problemas que tenemos en la educación no empezaron ayer, son acumulativos y tampoco se van a resolver de un plumazo, aunque esta fuera la mejor de las leyes. Esto también queremos que quede como una constancia.

En la vida hay que educarse permanentemente. Esta cadena de la educación comienza con un punto que sabemos es débil y que se trata de abordar: la formación docente. Mal puede alguien transmitir un conocimiento o intentar educar si no sabe cómo hacerlo. En este sentido, es importante que introduzcamos en esta discusión algunos reconocimientos que fueron unánimes en el Congreso de la educación. Estoy hablando de problemas que la misma sociedad registra y a todos nos preocupan: la deserción y el ausentismo docente. Creo que estos son aspectos importantes que debemos tener presentes.

Quiero decir, además, que en este período de gobierno no nos hemos limitado a tratar de parir este proyecto de ley de educación, sino que fuimos realizando una cantidad de tareas paralelas, algunas de las cuales han sido recogidas y mejoran la iniciativa. Voy a permitirme enumerar, aunque sea sintéticamente, esas tareas, porque creo que debemos tener en consideración todo lo que está pasando. Es bueno señalar que a partir de esta Administración la ejecución del presupuesto de la ANEP mejoró notablemente, a tal punto que en el 2007 alcanzó el 97,9%. En este punto quiero destacar lo relativo al tamaño de la Administración Nacional de Educación Pública ya que cuenta con 2.800 centros educativos, atiende a más de 700.000 estudiantes y tiene una plantilla de 60.000 funcionarios.

El tema del salario docente es muy importante porque los docentes son esenciales en el área de la educación, del mismo modo que lo son el médico y el enfermero en la salud. El salario docente estaba realmente por los suelos o, más bien, por los subsuelos; se había registrado una reducción salarial del orden del 17% durante la crisis del año 2002 y solamente un sector del magisterio tenía cubierta la cuota mutual. Este Gobierno ha dado un sustancial aumento, aunque reconocemos que no estamos conformes, pero la realidad es que los presupuestos tienen un límite, porque también los recursos de los países son limitados. De todas maneras, hemos dado un salto sustancial en el presupuesto global y salarial con relación a la educación y también hemos generalizado la cobertura de la cuota mutual. Se agregó el derecho a la cuota mutual de todos los funcionarios del ente a partir del mes de julio de 2006 y se fueron haciendo algunas correcciones progresivas a situaciones de inequidad. Se dispuso el pago del 7.5% por titulación a los maestros que no lo recibían por ocupar cargos de dirección o de inspección, y se devolvió su categoría específica a las escuelas rurales que habían sido clasificadas como urbanas, con lo que los maestros rurales vieron aumentados sus ingresos. Simplemente estoy citando algunos puntos, pero hay muchos para mencionar, como, por ejemplo, la equiparación del salario de los cuerpos directivos del Instituto de Formación Docente con el de los CERP.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

-También se procuró mejorar el clima institucional y de diálogo, con el fin de resolver algunos asuntos con mirada colectiva para promover una dignificación de las condiciones laborales de los funcionarios. Si bien esto puede parecer menor, es muy importante trabajar en un clima armonioso. Se derogaron algunas disposiciones que regulaban la convivencia de los estudiantes de educación media y de formación docente, que estaban contenidas en el Acta 14 del año 1996 y fueron sustituidas por el Estatuto del Estudiante de Educación Media, hecho que creemos fue ampliamente positivo, porque impulsó la creación de un Consejo Asesor Pedagógico. Debemos reconocer que, como decía el señor Senador Sanguinetti, si bien muchos de esos aspectos se podrían haber logrado sin necesidad de la ley, es bueno que sean citados en un contexto.

En lo que refiere a los derechos gremiales, se reconoció el fuero sindical, a lo que se sumaron posteriormente las iniciativas de incorporación de la educación al Consejo de Salarios, se establecieron Comisiones Bipartitas y en los subsistemas la participación se concretó por medio de la instalación de Comisiones de Planificación y Gestión. Sin duda, todos estos puntos podrían ser ampliamente desarrollados, pero en esta instancia solo los enuncio.

Hace unos instantes se dijo -no quiero calificarlo- que no servía para nada la descentralización de partidas financieras. Esto ya se llevó adelante en 2006 y 2007, y cada uno de los entes educativos del país -escuelas, liceos, escuelas técnicas, agrarias e Institutos de Formación Docente- recibió una partida que osciló entre los $ 85.000 y $ 90.000. Cada comunidad educativa de esos centros -integrada por docentes, estudiantes, familiares, padres y equipos directivos- decidió en qué utilizar esos recursos, disponiendo su utilización para reponer vidrios, instalar calefacción, adquirir proyectores o comprar equipos o material de apoyo didáctico o pedagógico. Todos los centros del país manejaron muy bien estos recursos, quedando evidenciado que esa descentralización agilita la operativa de los centros.

También daremos algunos ejemplos de proyectos educativos y de inversión importantes en este período. Por ejemplo, citamos algunos ya ejecutados, como el Pro-yecto 905, que crea las Salas Multimedia, que en 2007 recibió $ 54:000.000, con lo que se equipó a 562 centros, a los que accedieron 4.087 docentes que fueron capacitados para ejecutar acciones pedagógicas, atendiéndose un universo de 349.000 estudiantes. Es decir que ya veníamos desarrollando un pensamiento en el plano de la educación mientras se trataba de elaborar el proyecto de ley. Se fortalecieron las bibliotecas y se adquirieron 270.000 libros para equipar 131 bibliotecas. Hay una serie de recursos para 310 obras, de las cuales 120 están terminadas y las restantes en ejecución.

Asimismo, se introdujo el Plan Ceibal que -no me caben dudas- es lo más importante que ha sucedido en el país. No he estado mucho en el exterior, pero las pocas veces que he viajado no hay país en el que no nos pregunten por ese Plan. Hace dos días hablaba con gente de Noruega -país que se caracteriza por tener uno de los índices per cápita más altos del mundo- y nos decían que no podían creer que existiera algo como el Plan Ceibal, que ellos no tienen. ¡Es claro que la ANEP participó en el Plan Ceibal! ¿Acaso no lo hicieron maestros que fueron capacitados y que están siendo protagonistas en esa materia? Probablemente hoy no nos demos cuenta, pero se trata de uno de los cambios más importantes y democráticos que ha tenido el país. Hace unos días participábamos del cierre del primer ciclo del Plan Ceibal y tuvimos oportunidad de ver a dos niños pequeños, de 7 u 8 años, tocando a cuatro manos con su computadora "El Cóndor pasa", haciendo una payada, o a un niño de una escuela rural comunicándose por su computadora con el celular de su padre, un monteador -todos sabemos lo que es el oficio de monteador-, hecho que era totalmente impensable. Tenemos la fotografía de un niño de Blanquillo pastoreando las ovejas y conectado a la red de su escuela. La gestión del Plan Ceibal es una de las contribuciones más grandes de este Gobierno a la educación, y la ANEP desarrolló, supervisó y evaluó estos contenidos. Los resultados no se verán rápidamente, pero están latiendo y permanecerán, sea cual sea el Gobierno que siga a la presente Administración.

También se introdujeron programas de educación sexual. ¡Vaya si esto es importante! Hay que informar a la infancia y a la adolescencia de una cantidad de problemas y no soslayarlos pasando por el costado.

Cuando asumió este Gobierno encontramos que el sistema de formación docente era uno de los problemas centrales de la educación y esto fue ratificado por el Congreso Nacional de Educación. Ese era un tema que nos preocupaba muchísimo, aun antes de aprobada la ley. Dado que había una fragmentación institucional en todo ese ámbito, se trató de aunar la visión coordinando la formación docente impartida por ANEP con lo que está haciendo la Universidad de la República. Estas coordinaciones son lentas, necesariamente, por el tipo de materia que tratan pero, no obstante, son uno de los ejes estratégicos que tiene planteado este Gobierno.

Han sido muchas las transformaciones emprendidas en esta área antes de la vigencia del proyecto de ley que aprobaremos en el día de hoy. Al inicio de la gestión, unos centros dependían de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, y otros directamente del CODICEN. Las diferencias no eran solo en cuanto a la dependencia sino que provenían del hecho de que los CERP habían sido fundados en el marco de proyectos educativos que estaban recibiendo financiamiento externo, lo que les permitía contar con recursos, planes de estudio y tratamientos presupuestales diferentes; con el objetivo de lograr un sistema de formación docente basado en la coherencia y en la unificación institucional, sin olvidar las particularidades regionales, se resolvió en primer lugar integrar los Centros Regionales, y buscar el perfeccionamiento docente en un proceso paulatino.

Se creó un subprograma a través del cual se identifican y se imputan las partidas presupuestales correspondientes a esa Dirección.

Se volvió a abrir el Instituto Nacional de Educación Técnica en las orientaciones de electrotecnia, electrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz e informática.

Con respecto a la multiplicidad de planes y programas que coexistían al inicio de la gestión, se ha logrado un importante avance. El 18 de octubre de 2007, el Consejo Directivo Central aprobó el Plan Nacional Integrado de Formación Docente.

En lo que comprende al tránsito de la formación de docentes hacia niveles y exigencias académicas universitarias, la creación de departamentos es un peldaño imprescindible para incorporar la investigación y la extensión -lo desarrollaba muy bien la señora Senadora Castro-, porque no se trata de decir alegremente "universitario", sino que hay que ver su contenido.

Se creó el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores y se implementaron cuatro maestrías, lo cual implica un salto cualitativo para el país y potencia la complementariedad entre la ANEP y la Universidad de la República. Estas son cosas casi evidentes y fueron preparatorias y simultáneas a la votación de esta ley.

En políticas lingüísticas se creó un programa de lenguas extranjeras que atiende actualmente a 10.000 estudiantes en 19 centros, seis en Montevideo y trece en el interior.

Aclaro que estoy resumiendo, ya que de cada una de estas cosas se puede hablar mucho más.

Actualmente se trabaja en Artigas, Colonia, Río Negro, Maldonado, Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto, San José, Canelones y Montevideo, y hay proyectos para Treinta y Tres, Soriano y Rocha. De los más de 10.000 estudiantes que integran la matrícula, casi 5.000 cursan portugués, 3.000 italiano, 2.000 francés y 300 alemán. Quiere decir que aparece una nueva oportunidad para la educación pública.

En el Consejo de Educación Secundaria los avances han sido muchos, algunos de ellos materiales, como las infraestructuras edilicias, la dotación de libros y bibliotecas, los profesores orientadores y la conectividad.

Se han sumado iniciativas del Gobierno Central que tienen impacto en la enseñanza media, como el transporte gratuito para estudiantes de hasta 16 años en todo el territorio nacional. Esto parece algo pequeño pero no lo es, porque es parte del acceso a la educación. Se trata de un Decreto del Poder Ejecutivo, concretamente, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Se incrementaron las tasas de Asignación Familiar por estudiante de Ciclo Básico. Esto también es muy importante y quisiéramos ir a más.

Por supuesto que vamos a tener que profundizar en el sistema de becas. Cuando discutimos la ley de cuotas, yo decía que me gustaría poner un énfasis en las adolescentes, muy vulnerables en determinados perfiles de la población, con becas fuertes para evitar su deserción. Pero esto ya comenzó y los caminos tienen etapas.

Se implementó el Plan de Estudio 2006, que abarca totalmente los dos ciclos de enseñanza secundaria. Los cambios curriculares y la implementación no han sido sencillos, pero se está trabajando; no nos hemos quedado en planes piloto que nunca se generalizaron. La reformulación 2006 no solo llegó a la totalidad de los liceos, sino que el plan también incluyó a los liceos habilitados y al Liceo Militar.

Las políticas de derechos humanos, tan importantes, ya empezaron de algún modo a implementarse. Se creó la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP y la Comisión de Derechos Humanos, que es una institución asesora. Nosotros no esperamos una larga discusión, porque ¿quién puede discrepar con educar en derechos humanos? ¿Quién puede? Esa pregunta habría que contestarla.

Se formó la Comisión para la Promoción de la Convivencia Saludable, el Ejercicio de la Ciudadanía y la Prevención de la Violencia. La violencia es un ingrediente de la sociedad en que vivimos y no conviene mirar para el costado.

También se implementaron programas para la educación de jóvenes y adultos, que a su vez fueron presentados en los centros de reclusión del país. Por supuesto que también queremos más educación allí. El programa implementado por el Ministerio de Desarrollo Social: "En el país de Varela, Yo sí puedo" atiende a muchísima cantidad de jóvenes y adultos. Descubrimos que uno de los emblemas de la educación del Uruguay era que no había analfabetos; desgraciadamente se perdió. Este plan trató de recuperar esa imagen dando cobertura a analfabetos puros o a analfabetos funcionales, a través de un programa que ha sido exitoso y que ha funcionado en 59 localidades en todo el territorio nacional. Por este plan ya se atendió a 3.100 uruguayos, porque también el analfabetismo es una forma de exclusión.

Se hizo un censo docente que permitió conocer, por primera vez, el número y las características de los docentes de la educación pública del país, y cuyos resultados están siendo procesados. En el análisis preliminar, de acuerdo con los datos obtenidos, la ANEP tiene 41.139 docentes, el 80% de sexo femenino, con significativo aumento del porcentaje de titulados, particularmente en educación secundaria y en el interior. El censo nos informó también que más del 70% de los docentes tienen como único insumo económico -y, por tanto, de sus hogares-, el salario que recibe de la ANEP. De todas maneras, el censo nos va a permitir hacer otras proyecciones.

Por otro lado, está el tema de los maestros comunitarios, proyecto que apunta a recuperar a los alumnos que se encuentran en situación crítica a nivel escolar, e involucra a las familias en el proceso. El 77% de los 18.200 atendidos por este programa asiste a 331 escuelas. La coordinación del proyecto está a cargo de la ANEP. Se ha puesto de manifiesto el sacrificio de algunos docentes que, una vez terminado el horario escolar…

SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permite, señora Senadora, la Presidencia debe señalar que ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone.

Se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Puede continuar la señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Gracias, señor Presidente.

Estos 552 educadores que participaron en el Programa, una vez que terminaba el horario escolar, tenían un plus de horas de trabajo con las familias y veían de cerca la situación social, económica y educativa de ellas. Esto ha ayudado a establecer pautas para algunos programas, por lo que tiene una importancia enorme en el plano de la política de rescate y de no deserción de los alumnos.

En cuanto al proyecto de huertas orgánicas, quiero destacar que participaron más de 40.000 alumnos de 400 escuelas del país. A su vez, el programa de aulas comunitarias atiende a 480 jóvenes, los que volvieron a cursar estudios en educación media. Reconozco que sobre este tema podríamos hablar horas y es algo que también apunta a evitar la deserción.

Hay algunos proyectos que cuentan con financiación externa, con fondos de endeudamiento externo, como el MECAEP y el MENFOD. Respecto a ellos, la actual Administración comprobó que estaban siendo gestionados y controlados de manera independiente por unidades ejecutoras ajenas a lo establecido por la Ley Nº 15.739 y, en la práctica, constituían organismos paralelos de gestión. Tomando en cuenta las desventajas de esta situación y las obligaciones contraídas por el Estado, se resolvió unificar estos programas bajo la supervisión del CODICEN y plantear a los organismos financieros internacionales la necesaria reorientación de sus actividades.

Por otro lado, se aumentó el número de escuelas de tiempo completo. En el 2005 había 104 escuelas que atendían a 26.940 y en el 2006 asistieron 27.420 niños. En la actualidad, se están transformando 15 escuelas comunes que elevarán el número total de escuelas de tiempo completo a 128, atendiendo a 29.000 niños. La meta para el final del quinquenio será de 44.000 niños. Nosotros creemos que esto también va en el sentido de la no deserción.

Hay otros proyectos complementarios o alternativos a los modelos de tiempo completo porque, como sabemos, no sirve lo mismo para todos. En ese sentido, debemos diseñar abanicos para comenzar a subsanar heridas profundas que tienen mucho tiempo y que están presentes en nuestra educación.

En lo que tiene que ver con la educación técnico profesional, estamos convencidos de que hay que asumir con fuerza un papel fundamental que la sociedad reclama, ya que se necesitan técnicos calificados, tecnólogos y profesionales formados en diversas áreas. El subsistema técnico profesional se propone contribuir a esto con fuerza y para eso se han actualizado y modernizado los planes de estudio, lo que es muy importante.

Asimismo, se ha implementado un sistema de educación tecnológica y terciaria, que comenzó en el segundo semestre del año 2005, mediante un acuerdo entre ANEP y la UDELAR. De esta forma, se pone de manifiesto que estos organismos no están divorciados, sino que venían de una separación que se está tratando de superar. Por ejemplo, se ejecutan acciones coordinadas entre el Centro de Educación Técnico Profesional y la UDELAR, y quienes egresen tendrán la posibilidad de continuar su formación en carreras de grado o licenciaturas a nivel de la Universidad. Se ha comenzado por las áreas de metal, mecánica, química e informática; en Paysandú, se han instrumentado las carreras de tecnólogo mecánico y tecnólogo químico y en Maldonado las de tecnólogo informático y otras más cortas vinculadas a las cadenas agroindustriales, como por ejemplo la relativa a la forestación, que es un fenómeno nuevo en el país y que no tenía su correlato educativo.

Para terminar esta breve síntesis -que puede ser larga en el tiempo, pero que ha sido breve en relación a los hechos-, decimos que se ha incorporado la enseñanza de la historia reciente. En nuestro país, la historia reciente no se enseñaba y los estudiantes no sabían por qué se había producido una dictadura cívico militar, cuáles habían sido sus causas, qué pasaba entonces en el país, cómo se salió de ella y cómo se caminó en estos años posteriores. Este Gobierno ha introducido estos temas que vaya si son importantes, porque tienen que ver con la memoria, con la formación y con la integralidad de los ciudadanos. Por supuesto que tenemos carencias y siempre vamos a tenerlas en el plano de la educación.

Universalizamos la educación física para todas las escuelas del país, pero nos están faltando profesores. Lo más dramático es que a veces no hay profesores que quieran ir a impartir educación física en las escuelas de la periferia, porque son complejas. Sin embargo, vamos a derrotar esos obstáculos y para eso también necesitamos avanzar en la aprobación de algunas herramientas jurídicas. En ese sentido, esta iniciativa es el producto de un largo proceso que aquí se describió y de negociaciones en las que, como bien dijo la señora Senadora Castro, todos tenemos que ceder en algo, llegar a determinados consensos y ser fieles con ellos. Es así que hoy traemos a consideración del Cuerpo el análisis de este proyecto de ley de educación, aunque somos conscientes de que este tema no termina ni comienza con él. Esto se inició al comienzo de nuestra Administración y continuará hasta el final, porque todavía queda un año de Gobierno. Además, esto va a continuar en los próximos Gobiernos, porque la vida y la realidad así lo determinan. Obviamente, sería óptimo que hubiera unanimidad respecto a este tema, pero no recuerdo qué señor Senador dijo que eso es algo muy difícil de alcanzar en estos terrenos siempre tan polémicos.

De todos modos, vamos avanzando con lealtad y con honestidad, porque convocar al diálogo -por más que aquí se ha tratado de denostar esa convocatoria- fue un gesto importante y único en la historia del país. Este proyecto de ley consagra el Congreso de la Educación para que la herramienta de convocatoria se mantenga en el tiempo. Se derogarán muchas cosas, puede ser, pero la vida será la que juzgue los resultados de esta gestión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: comienzo mi exposición señalando que me siento plenamente representado por las expresiones que han vertido en el transcurso de esta sesión los señores Senadores Penadés, Long y Abreu, quienes han hablado en nombre de nuestra colectividad política. Simplemente quisiera hacer referencia a un tema que a mi juicio tiene una peculiaridad, una importancia y una vitalidad que no puedo soslayar y que hoy merece nuestra atención, así como también la merecerá en el transcurso de los próximos tiempos. Me refiero a que, a nuestro juicio, por su contenido -no por su forma-, el proyecto que estamos tratando y que obviamente va a terminar en ley, porque así lo quiere la mayoría de los integrantes de este Cuerpo, es inconstitucional.

En el Uruguay la consagración de las autonomías, que contó en todos los tiempos con el respaldo de nuestra colectividad política, tiene una historia muy singular y muy importante, que además se ha venido consolidando en el transcurso de los tiempos. Forma parte de nuestro sistema constitucional y fue incorporada a él por la reforma, a mi juicio, más importante que tuvo el país en esta materia, que fue la que se aprobó como consecuencia de las actuaciones llevadas adelante por la Asamblea Nacional Constituyente elegida en el año 1916. Allí surgen y nacen a la vida institucional del país las autonomías, que ocupan un segundo escalón detrás de la separación de los Poderes del Estado. Nuestro sistema constitucional tiene una nítida separación, inspirada en Montesquieu, en tres Poderes

-Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, y en el escalón inmediato, siguiente al de la separación de Poderes, está el de las autonomías, que a su vez tienen también, entre ellas una graduación; la autonomía más importante es la de la educación. Es de origen constitucional, al igual que la creación del Banco Central y del Banco de Previsión Social, pero está dotada, en el contenido de las normas que la crean en la Constitución de la República, de un privilegio, de una protección y de un blindaje incluso superior al que tiene el Banco Central y el propio Banco de Previsión Social.

¿Cuál es la inspiración en función de la cual surgen las autonomías? La inspiración primera está en buscar una definición que les permita, en determinadas circunstancias muy especiales, estar alejada de las repentinas intromisiones del poder político en la vida de estas instituciones, y esto vale tanto para la educación como para el Banco Central y el Banco de Previsión Social. Se aplica al Banco Central en tanto es la principal institución monetaria de nuestro país; al Banco de Previsión Social en cuanto tiene la responsabilidad de ejecutar políticas, defender derechos y administrar recursos vinculados a las pasividades, y a la educación, casi me animo a decir por definición y sin necesidad de mayor explicación. Ese es el fundamento principal, que además tiene, en el caso de la educación, dos principios que son los que el constituyente intenta proteger cuando les da consagración y protección constitucional: uno de ellos es el principio de la libertad de educación que, desde luego, tiene que estar siempre alejada del poder político, y el otro es el principio de la laicidad, diferente al de la libertad de educación pero también fundamental en el momento de definir el marco en el cual se deben mover los institutos de enseñanza -públicos y privados-, porque ambos están protegidos por estos principios. Me animo a decir que hay un conjunto de principios, entre los cuales están estos, que por su naturaleza, su dimensión, su trascendencia, su fuerza y su importancia en la vida del Uruguay, están por encima de la Constitución y la inspiran. Son los que nosotros tenemos la responsabilidad de proteger en todo tiempo y, sobre todo, en materia educativa, cuando estamos defendiendo los derechos de las nuevas generaciones, que son las que van a tener la responsabilidad de construir un país que todos aspiramos y que, al momento en que lo vayan constituyendo en la continuidad y en el devenir histórico, sea mejor que el que tenemos hoy. Esto forma parte de nuestras utopías y de nuestros sueños: el mañana siempre mejor que el ayer. Nosotros creemos, señor Presidente, que estos principios están siendo vulnerados a través de este proyecto de ley. Están siendo vulnerados porque se crean nuevos organismos con competencias que se superponen con las de los ya exisentes, cuando estos, por ser de origen constitucional -repito- no pueden ser limitados, controlados, ni sometidos a la acción de ningún otro.

Lo que podría ser discutible, una vez que la norma se transforme en ley, el Poder Ejecutivo la promulgue y entre en vigencia, es quién tiene autoridad y legitimación para promover una demanda de inconstitucionalidad contra la ley una vez sancionada. Pero más allá de las dudas que puedan existir acerca de si quien estas palabras está diciendo tiene o no legitimación individual, en tanto persona, e institucional, en cuanto integrante de este Cuerpo, para promover esa demanda, de lo que no hay ninguna duda es de que el Gobierno nacional, la Administración Nacional de Educación Pública, a través del Consejo Directivo Central, y la Universidad de la República, a través de sus autoridades, tienen sí la legitimación para promover, en cualquier tiempo, la inconstitucionalidad por razones de contenido, en este caso, de lo que va a ser ley en pocas horas.

En consecuencia, en base a estos fundamentos, en nombre de nuestro sector político, Unidad Nacional, y con mucho respeto por las autoridades que el país tiene, quiero señalar, señor Presidente, que si como consecuencia de las instancias electorales que el país va a vivir en el transcurso del próximo año, nos tocara a partir del 1º de marzo del año 2010 la responsabilidad de conducir los destinos del país, nosotros vamos a promover, desde el Gobierno nacional, en la legitimación activa que nos corresponda, una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma, porque creemos que esos principios merecen un grado y una dimensión de protección de tal magnitud que ameritan que quienes son directamente incididos como consecuencia de la aprobación de la norma salgan a defender, como tienen que hacerlo en todo tiempo, esas autonomías fundamentales para la vigencia de los dos grandes principios que la inspiran: el de la laicidad y el de la libertad de educación.

Es cuanto quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: no vamos a ingresar en lo que ya se ha debatido, es decir, si el proceso que se siguió fue el más adecuado, y si se pierde o no una oportunidad para generar grandes consensos en un tema como la educación, donde no es muy fácil conseguirlos; creo que se pierde la oportunidad de conseguir un acuerdo a nivel de los partidos políticos, en el ámbito parlamentario, en función de la representatividad que tienen quienes, en elecciones libres y democráticas, comparecen a través de sus nóminas de candidatos para que la ciudadanía pueda elegir al Partido y a los hombres y mujeres que quiere que gobiernen o rijan los destinos de la sociedad. Es más, en este mismo Palacio Legislativo, antes de instalarse el actual Gobierno, se firmó un documento entre representantes de todos los partidos políticos: fue firmado por el entonces Presidente electo, doctor Vázquez, por el señor Presidente del Directorio del Partido Nacional, doctor Larrañaga, por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, doctor Sanguinetti, y por el señor Presidente de la Mesa del Partido Independiente, licenciado Mieres. Allí se establecieron determinadas directivas generales en lo que tiene que ver con tres ámbitos en particular: políticas en materia de relaciones exteriores, grandes lineamientos en términos generales en cuanto a la conducción de la economía, y políticas en materia educativa, en particular, el sistema educativo. Me parece que, necesariamente, ese documento debió haber servido como precedente para una adecuada convocatoria de los líderes políticos a los ámbitos parlamentarios, a fin de analizar los contenidos esenciales básicos de una ley de reforma de la educación. De todas formas, esa oportunidad ya pasó y hay una decisión política tomada por un partido que tiene mayorías absolutas en el Parlamento, emergidas de un pronunciamiento popular y democrático inobjetable en octubre de 2004. Esas son realidades de la vida política a las cuales todos tenemos que someternos y acatar, más allá de discutirlas.

Quisiera destacar algunas razones y argumentos que, en cierta medida, me resultan incomprensibles, sobre los que ya se han expresado otros compañeros de Bancada. Entiendo que un Gobierno de izquierda tiene una especie de compromiso o de obsesión con la necesidad de una ley de reforma de la educación, pero sinceramente esperaba un proyecto que apuntara mucho más a aspectos que tienen que ver con la realidad de los problemas de la educación, y no tanto una iniciativa que, en un 90%, está referida a la estructura burocrática de su conducción y nada más. En cierta medida ha sido frustrante que el debate público -me refiero al que se dio a nivel de medios de comunicación, a las opiniones de los dirigentes políticos, a las discusiones de la opinión pública en general- que se ha dado sobre este tema, se haya referido fundamentalmente a cómo deben integrarse los órganos de gobierno de la educación. En lo personal, creo que el tema no pasa por saber cuál es esta integración. Parto de la base de que adhiero a una concepción democrático-representativa, donde el soberano es el pueblo, que es quien elige a sus autoridades y representantes; entonces, no se puede poner en un mismo plano, como si fueran situaciones equitativas, a quienes ejercen una representación en virtud de la investidura del pueblo, con quienes defienden sus intereses, por muy respetables que estos sean y más allá de la idoneidad que tengan sobre determinados temas. De lo contrario, eso nos llevaría a negar, inevitablemente, los fundamentos de un sistema democrático liberal y representativo en el que estamos conviviendo, más allá de los partidos, las tendencias o las ideologías que represente cada uno de nosotros.

Es un proyecto de ley que esencialmente pone el énfasis en los órganos de gobierno y en el tema de las competencias; basta que uno profundice en el contenido de cada uno de los artículos que se refieren a los cometidos de estos órganos, para terminar formándose una idea de algo tremendamente confuso, donde se yuxtaponen y se confunden cometidos y funciones de uno y otro. Naturalmente, en la medida en que quienes integren esos órganos actúen en función de la sana voluntad constructiva de desarrollar una mejor calidad en la educación, surgirán la coordinación y los entendimientos, que se producirán con o sin ley. Basta con que alguien trate de utilizar esta normativa con una intención aviesa, que no sea precisamente la de mejorar la calidad de la educación, sino que responda a fines político-partidarios, corporativos o de otro tipo, con finalidades menores o subalternas a lo que es el objetivo esencial, para que esto lleve a que se produzca más de una "trancadilla" y más de un lío, ya sea en este Gobierno o en los que vengan. Las estructuras excesivamente burocratizadas, no solo no responden a la dinámica que los tiempos modernos exigen en la educación y en muchos otros temas de la vida del país sino que, muchas veces, también se prestan para una especie de culto a la inacción, a no resolver las cosas y a que todo termine en ámbitos de discusión, de diagnóstico o de deliberación, pero donde nadie haga lo que conocemos vulgarmente en campaña como "cortar el bacalao". Es decir que, en muchas ocasiones, nadie toma las decisiones que hay que tomar para que la educación, como tantas otras áreas del Estado, no quede retrasada o se transforme en un ejemplo que a los uruguayos debería hacernos reflexionar profundamente, más allá del partido político al que se pertenezca. Me refiero, entre otros, al tema de la Universidad, porque no creo que los uruguayos podamos estar muy conformes con el modelo universitario que tenemos, ni que la ley de 1958 sea una especie de hito que no se pueda reformar.

Aclaro que no estoy planteando -y que nadie vaya a interpretarlo en ese sentido- destruir la autonomía universitaria; por supuesto que no estoy proponiendo este tipo de cosas, sino diciendo que hoy tenemos una universidad centralizada, burocrática y aislada de la realidad, de la problemática real de la sociedad, de la gente y de los jóvenes que buscan insertarse en el mundo laboral. Incluso, nuestra Universidad aparece como obsoleta, trancada en el tiempo y ajena a la dinámica de modernización, de cambio, que está teniendo el mundo. Eso ha hecho que dejásemos de figurar en los niveles de aprendizaje, de conocimiento y de formación universitaria de los que nos enorgullecimos hace 50 años; hoy no figuramos siquiera dentro, no ya de los primeros cien, sino de los primeros trescientos lugares en el ranking de calidad de educación universitaria. Basta leer algunas publicaciones para darnos cuenta de que la inmensa mayoría de las universidades europeas, chinas, japonesas y norteamericanas se han adueñado totalmente de los primeros lugares, y que nosotros figuramos allá abajo, por decirlo de esta manera.

Sobre este tema de la educación universitaria y de su articulación con el resto del sistema educativo, este proyecto de ley consagra algunas normas formales y burocráticas mediante las cuales se crean organismos de coordinación, pero nada más que eso.

Seguí con mucha atención la intervención de la señora Senadora Topolansky, porque me pareció realmente interesante, pero no solo por lo que informó en cuanto a los logros y pequeños avances obtenidos, como todo gobierno que actúa preocupado por la educación -por supuesto, no negamos que el Plan Ceibal es un aporte importantísimo a la democratización y a la modernización de la sociedad; si lo negáramos, seríamos tontos y torpes-, sino también por lo que indicó en el sentido de que más allá de que las normas formales o las estructuras burocráticas se puedan cambiar, mejorar y modificar en su contenido, en sus cometidos y en su forma de organización, es posible progresar en los programas de educación con criterio, con sentido constructivo y con capacidad de innovación, de acuerdo con lo que nos están reclamando los tiempos modernos.

Esas estructuras burocratizadas, en las que se confunden los roles, en las cuales surge la duda de dónde empieza y dónde termina la competencia de una y de otra, sinceramente, no nos parece que sean un buen aporte en lo que tiene que ver con la mejora en la calidad de la educación.

Tampoco voy a ingresar en la discusión en torno a si se puede sostener que esta iniciativa va a provocar un desastre o va a significar el entierro de la educación, u otro tipo de frases melodramáticas a las que los uruguayos somos tan afines y afectos -no me refiero sólo a este período, sino también a anteriores-, pero sí quiero señalar que esperábamos un proyecto de ley sobre educación más corto, con menos arquitectura burocrática y que apuntara mucho más a establecer determinados principios básicos, obligatorios, orientadores y centrales en materia de exigencias en calidad de educación. Todos somos contestes en que la calidad de la educación en el Uruguay ha caído drásticamente en los últimos años.

En cuanto al tema de la equidad, considero que también debemos tener la suficiente madurez como para admitir que la creación de escuelas de tiempo completo, instrumentadas en la reforma educativa llevada adelante por el profesor Rama, fue un paso positivo, entre otras cosas porque se trató de una acción concreta en el intento de generar la equidad y combatir la peor de las pobrezas, que es la que representa el desnivel educativo y cultural, permitiendo al mismo tiempo que miles de niños criados en ambientes de marginalidad y de exclusión social pudieran integrarse a la sociedad a través de la escuela.

Muchas veces los viejos prejuicios ideológicos y las viejas luchas del pasado nos llevan al intento de minimizar o excluir los logros y los aportes positivos. En este sentido, en mi opinión hubiera sido preferible que una ley de educación contuviera más normas relativas a los grandes principios, la calidad y el contenido de la educación, que una enorme cantidad de disposiciones referidas esencialmente, repito, a estructuras burocráticas que con el tiempo -¡quiera Dios esté equivocado!- van a traer líos, confusiones y enfrentamientos. Es probable que en poco tiempo alguien vaya a proponer la idea de que toda esta estructura burocrática se tiene que simplificar mediante otra ley.

En fin, el tiempo lo dirá. Como decía Couture: "El tiempo es un gentilhombre".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 31. Afirmativa.

(Manifestaciones en la Barra)

(Campana de orden)

-Procédase a desalojar la Barra.

(Así se hace)

-El Senado continúa con la consideración del tema.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 30. Afirmativa.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Lamento los hechos, sobre todo porque vi que un caballero que estaba en la Barra propinó un golpe físico, además de insultos, a una señora que estaba guardando el orden por ser policía de esta Casa.

Volviendo al tema que nos ocupa, con satisfacción quiero fundar mi voto a esta ley general de educación.

Ha quedado claro que el tema educativo es de debate permanente y tal vez ello implique que en este ámbito parlamentario discutamos y legislemos nuevamente sobre él. El mundo cambia vertiginosamente y cuando se producen cambios trascendentes como este -en otras épocas también ocurrió en nuestro país; a principios del siglo pasado significó un ciclo de debate-, involucran a mucha gente. Hoy se ha señalado que el 1% de la población no ha sido suficiente. Si 28.000 ó 30.000 personas no lo han sido -tal como lo ha planteado más de un colega de otras colectividades-, esperemos que a partir de ahora se abra un debate en el cual tengamos muchos miles de personas más discutiendo los contenidos y la aplicación en concreto de esta reforma educativa.

Quiero decir que el último estudio sobre desarrollo humano, de 2008, dice que las diferencias socioeconómicas explican una parte significativa de la diversidad de logros alcanzados por estudiantes de diferentes centros. Importa, por tanto, el contexto en que estamos aprobando este proyecto de ley, ya que el próximo año destinaremos US$ 1.500:000.000 a la educación, es decir, el 4,5% comprometido. Es un contexto en donde se han dado mejoras salariales a los educadores y al resto del personal, que tiene mucho que ver con la calidad de la educación de las personas. Hablo de personas, porque no se trata solo de niños, sino también de adolescentes y de adultos, que durante todo este período han tratado de mantener su nivel educativo, desde aquellos analfabetos que el PANES logró recuperar y que asistieron a las aulas comunitarias, que recuperaron a tantos jóvenes, hasta el Plan Ceibal, que intenta cerrar la brecha tecnológica que nos separa de otras naciones.

Por lo tanto, es con satisfacción que hemos votado este proyecto de ley y hacemos votos para que esas partidas de defunción que han sido lanzadas cada vez que una reforma se instaura, no prosperen, en beneficio de los derechos de las personas.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: como quedó muy claro, por nuestro sector intervino brillantemente el señor Senador Penadés y, por nuestro partido, también lo hicieron los señores Senadores Da Rosa, Abreu y Long, por lo que no tengo más nada que agregar.

Sí quiero realizar un comentario sobre estos episodios. No salgo de mi asombro, a pesar de que he visto muchos desalojos de Barra. ¿Se supone que esos son los docentes que van a enseñar a nuestros hijos? ¿El ejemplo que tuvimos hoy no es una muestra más que suficiente de que hay un problema de crisis de valores y que falta el mínimo respeto hacia las instituciones? Los insultos no iban dirigidos a nuestro Partido, pero es como si lo hubieran sido. ¿Son docentes? ¿No tenemos que reflexionar sobre estas cosas que acaban de suceder? Fueron increíbles las cosas que dijeron. He visto muchas veces desalojar las Barras, y ha habido gente indignada en ellas, pero lo que vi hace un momento no lo había visto nunca, y esas son las personas que nos educan. Naturalmente, tenemos que pensar muy bien en la formación docente, porque hay una crisis de formación.

Muchas gracias.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: quiero ratificar que hemos votado negativamente, porque nos parece que estas pocas horas de intercambio en el Plenario han demostrado claramente que existía la necesidad de una discusión en serio en este Senado de la República, y esta hubiera sido algo sumamente favorable para este proyecto de ley. En cambio, el hecho de haber eliminado totalmente el debate en el Senado y haber procedido prácticamente de la misma manera en la Cámara de Representantes, ha sido un grave error. Creo que no es excusa decir que era difícil alcanzar un consenso, pues eso sucede prácticamente en cualquier tema relevante, pero hay que intentarlo. Por nuestra parte, nos quedamos con la sensación de que ni siquiera tuvimos la oportunidad de presentar nuestras ideas y de buscar un acuerdo. Personalmente, he aprendido del trabajo en las Comisiones que, aunque en algunas oportunidades no se llegue a un acuerdo, los proyectos se pueden mejorar enormemente. Muchas veces no se logra votar todos los artículos, algunos quedan acordados y otros no, pero no hay duda de que se trata de un proceso de mejora del proyecto. Pero en este caso ni siquiera intentamos eso en el Senado, por lo que es un debe que nos queda como Cuerpo y, particularmente, para quienes impulsaron esa actitud.

Para reafirmar que no estamos solos planteando esto, creo que no debemos pasar por alto la resolución que en el día de hoy adoptó la Universidad de la República, en la que expresamente le pide a la Cámara de Senadores que no se limite a ratificar apresuradamente el proyecto de ley de educación aprobado en la Cámara de Representantes, sino que proceda a su análisis cuidadoso, con los debidos asesoramientos y consultas, tal como corresponde en un tema fundamental para el futuro nacional. Creo que muy pocas veces la Universidad de la República se pronuncia en estos términos sobre una cuestión específica. Pienso que estas no son cosas para pasar por alto. Evidentemente, no estamos solos en esto, pues hay muchísima gente que piensa lo mismo que nosotros y, por lo tanto, esto se podría haber hecho muchísimo mejor.

Gracias, señor Presidente.

SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA CASTRO.- Como es sabido, hemos votado afirmativamente el proyecto de ley. Quiero destacar una vez más que este proyecto que está por convertirse en ley, reúne consensos y acuerdos logrados con labor y cuidado, como todo lo que se hace en ese campo.

Conocía la última resolución de la Universidad de la República y debo decir que me alegra particularmente que se reconozca en esta Sala -más allá de que no estoy de acuerdo con lo que opinó el Consejo Directivo Central- su autoridad académica e institucional. Creo que muchas veces no se le da a la Universidad de la República la importancia o el relieve que debe tener una institución con esta calidad académica que, además, existe desde el Siglo XIX, concretamente, desde 1838.

Es todo lo que quería expresar.

(Dialogados en Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita a los señores Senadores que no dialoguen.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: el Partido Colorado se ha expresado en contra de este proyecto de ley, por los fundamentos vertidos por el señor Senador Amaro y los que hemos señalado personalmente.

Creemos que se trata de una iniciativa que no da garantías a la laicidad y que multiplica órganos, por lo que el sistema educativo va a ser ingobernable. Además, le otorga un poder muy importante a las gremiales de la educación, donde todavía existen concepciones muy radicales, de la sociedad y del sistema, tal como lo acabamos de apreciar. La elección de los docentes es, o podría ser concebida, teóricamente, como un principio abierto a la participación de todos los ciudadanos. La práctica demuestra que solo operan allí los grupos organizados movilizados, y quienes hoy se han expresado, que son quienes participaron activamente en el Congreso educativo y ahora se sienten defraudados. Ellos son quienes van a presentar las listas y están aspirando a la dirección del sistema. Entonces, si existían razones muy fuertes que nos habían llevado a esta posición, las demostraciones que hemos visto de la intemperancia que reina nos ratifican en ello.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: durante un largo tiempo en que se debatió este proyecto de ley en el día de hoy estuve presidiendo el Cuerpo, lo cual me impidió hacer uso de la palabra en su momento. Por tanto, en primer lugar quiero decir que escuché con la mayor atención a la totalidad de quienes hablaron a favor y en contra de esta iniciativa. Créanme que traté de aprovechar las múltiples argumentaciones que aquí se han vertido, muchas de las cuales tuvieron una cuidadosa elaboración para manifestar las opiniones. Pienso que dichos argumentos van a servir de mucho -al menos en lo que me es personal- para la implementación de una ley que he votado con convicción, sabiendo que se trata de una ley perfectible y que necesitará modificaciones en no muy largo plazo.

Lamento que esta reunión haya culminado -o, mejor dicho, se haya interrumpido- de la manera en que terminó, por la acción de personas que no sé si son docentes o no, universitarios o no, pescadores, agricultores, ingenieros o arquitectos. Creo que no todas las personas deben tener el mismo criterio para respetar la opinión ajena.

De todas maneras, creo que la aprobación de esta iniciativa representa un avance en serio, entre otras cosas para procurar que lo que verificamos día a día, mes a mes, año a año, en cuanto a las diferenciaciones tremendas en la calidad de la enseñanza que se vislumbra geográficamente en forma tan diferenciada en los distintos barrios de Montevideo y seguramente en distintas zonas del país, sea mitigado en forma sustantiva y lo antes posible.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más fundamentos de voto, el Senado ingresa a la discusión particular del proyecto de ley.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- La Comisión de Educación y Cultura había acordado que luego de la discusión general, se solicitara la supresión de la lectura de los artículos y que se votara en bloque todo el proyecto. Por tanto, formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1º a 120, más las disposiciones transitorias del proyecto de ley.

(Se votan:)

-16 en 29. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

24) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 15 y 58 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Arana, Astori, Campanella, Castro, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Gargano, Heber, Lapaz, Long, Michelini, Moreira, Mujica, Oliver, Penadés, Percovich, Ramela, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.