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Nº 219 - TOMO 453 - 17 DE JUNIO DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

23ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR JOSE MUJICA Presidente en ejercicio

Y EL SENADOR ARQUITECTO MARIANO ARANA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Campanella solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, referido al estado de bituminización de la interconexión entre las Rutas 7 y 8, y sobre la situación de la obra Puerto Charqueada, departamento de Treinta y Tres.

- Oportunamente fue tramitado.

- El señor Senador Da Rosa solicita se curse un pedido de informes con destino a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Defensa Nacional, relacionado con el impacto ambiental sufrido como consecuencia del reciente incidente ocurrido entre el buque carguero de bandera griega ‘Syros’ y el buque bandera de Malta ‘Sea Bird’."

- Oportunamente será tramitado.

- El señor Senador Abdala solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio a la Dirección Nacional de Aduanas, relacionado con la solicitud de información por parte del Juzgado Penal de 6º Turno a esta Dirección, sobre presunta infracción aduanera.

- Oportunamente será tramitado.

5) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede licencia a los señores Senadores Fernández Huidobro y Michelini.

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Nora Castro y los señores Alberto Breccia, Héctor Tajam, Eduardo Muguruza, Saúl Posada, Carlos Gamou, Felipe Michelini, Edgardo Carvalho y Ricardo Alcorta comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo.

7) Exposiciones escritas

- El señor Senador Lapaz solicita se curse una exposición escrita con destino a la Presidencia de la República, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Vivienda, a MEVIR, a ANEP, al Consejo de Educación Secundaria, a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Paysandú, a todos los liceos, a la Inspección Departamental de Escuelas, a la Escuela Nº 110, a la Comisión Pro Edificio Liceal del departamento de Paysandú y a la Junta Local de Quebracho, relacionada con la construcción del Liceo de Pueblo Gallinal en Paysandú.

- El señor Senador Lapaz solicita se curse una exposición escrita con destino a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país, referida a la situación de los cubanos, a partir de la asunción del Presidente Raúl Castro.

- Se procederá de conformidad.

8) Promoción de inversiones en el interior a través de exoneraciones tributarias

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

9) Desafiliación de las AFAP

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Banco de la República, a todas las AFAP y al Banco de Previsión Social.

10) Irena Sendler. Su deceso

- Manifestaciones del señor Senador Cid.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a las Juntas Departamentales de nuestro país y a las Embajadas de Polonia y de Israel.

11) Plebiscito de la República de Irlanda sobre la ratificación de la Constitución Europea

- Manifestaciones del señor Senador Abreu.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas.

12) Plan de Alfabetización

- Manifestaciones del señor Senador Oliver.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a la ANEP, a la Embajada de Cuba y a los Ministerios de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de Salud Pública.

13) Cuerpos de Taquígrafos Parlamentarios

- Exposición del señor Senador Gallinal relativa a la labor que desarrollan los Cuerpos de Taquígrafos del Parlamento.

- Manifestaciones de los señores Senadores Lapaz, Long, Abdala y de la señora Senadora Percovich.

14 y 16) Procedimiento policial

- Proyecto de ley por el que se crea su marco normativo.

- En discusión. El Senado resuelve convenir la realización de una Asamblea General que permita concretar un proyecto de ley sobre la base de los aportes efectuados.

15) Proyecto de declaración

- Proyecto presentado por los señores Senadores Abdala, Abreu, Amaro, Baráibar, Cid, Gargano, Michelini y la señora Senadora Percovich relativo a la decisión anunciada del Parlamento europeo de votar una directiva sobre el retorno de inmigrantes.

- En consideración. Aprobado.

17) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 17 de junio de 2008.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 18 de junio, a la hora 9 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Continúa la discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crea el marco normativo para el procedimiento policial.

Carp. Nº 656/06 - Rep. Nº 732/08

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2) por el que se establecen normas para la Promoción del Voluntariado Social.

Carp. Nº 724/06 - Rep. Nº 766/08

3) por el que se aprueba el Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, suscrito en Montevideo, el 14 de octubre de 1994.

Carp. Nº 950/07 - Rep. Nº 765/08

4) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Abolición de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Namibia, firmado en Montevideo, el 16 de noviembre de 2007.

Carp. Nº 1186/08 - Rep. Nº 762/08

5) por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Reino de Marruecos, firmado en Brasilia, el 26 de noviembre de 2004.

Carp. Nº 1187/08 - Rep. Nº 763/08

6) por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural con el Gobierno de la República de Armenia, suscrito en Montevideo, el 23 de mayo de 2000.

Carp. Nº 754/07 - Rep. Nº 761/08

7) por el que se sustituyen los artículos 43 y 45 y se deroga el artículo 46, de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, referida a la administración de las viviendas para jubilados y pensionistas.

Carp. Nº 825/07 - Rep. Nº 759/08

8) por el que se dispone la desafectación del patrimonio del Estado (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), del Padrón Nº 401497 del departamento de Montevideo, afectándolo al de la Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 1119/08 - Rep. Nº 760/08

9) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos referido a la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a efectos de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública - Centro Departamental de Colonia. (Plazo constitucional vence el 27 de agosto de 2008).

Carp. Nº 1185/08 - Rep. Nº 764/08

10) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia a fin de destituir de sus cargos a tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas - "Dirección General de Casinos". (Plazo constitucional vence el 1º de julio de 2008). Se incluye en el Orden del Día conforme lo establecido en el Art. 62 del Reglamento del Senado.

Carp. Nº 1112/08 - Rep. Nº 741/08

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abdala, Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Domínguez, Gallinal, Gargano, Heber, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Michelini, Moreira, Oliver, Penadés, Percovich, Rosadilla, Saravia, Semproni, Vaillant y Xavier.

FALTAN: el Presidente del Cuerpo, señor Rodolfo Nin Novoa, por encontrarse en ejercicio de la Presidencia de la República; con licencia, los señores Senadores Fernández Huidobro, Ríos, Sanguinetti y Topolansky; y, con aviso, el señor Senador Lorier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 39 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 61ª Reunión, y firmada por nuestro país el día 6 de febrero de 2007, en la ciudad de París, Francia.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje solicitando la venia correspondiente para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- y comunica:

- la promulgación de un proyecto de ley por el que se habilita al Ministerio de Defensa Nacional a contraer un préstamo con el Banco de la República Oriental del Uruguay, para la compra de dieciséis lanchas a ser utilizadas en la República de Haití, en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

- la resolución por la cual se designa en calidad de miembro en el Directorio de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, al abogado Juan Francisco Trinchitella López

- TENGASE PRESENTE.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite comunicación relacionada con la "Reunión Regional de Representantes de las Autoridades Nacionales y de los Parlamentos de América Latina y el Caribe", la cual tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, los días 22 y 23 de julio de 2008.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

La Cámara de Representantes comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional, integrada por un Oficial y seis efectivos de personal subalterno, a efectos de participar en la Competencia "Fuerzas Comando 2008", a llevarse a cabo en los Estados Unidos de América, entre el 15 y el 26 de junio de 2008.

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Gratuidad de Visados para Estudiantes y Docentes de los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el 20 de julio de 2006.

- TENGANSE PRESENTE.

- Y remite nota con la exposición escrita presentada por el señor Representante Carlos Enciso relacionada con la situación que padecen los habitantes del Complejo de Viviendas OC 10, de la ciudad de Florida.

- A LA COMISION DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se sustituyen los artículos 43 y 45 y se deroga el artículo 46 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001 - "Administración de las Viviendas para Jubilados y Pensionistas".

- por el que se dispone la desafectación del Padrón Nº 401497 del departamento de Montevideo, del patrimonio del Estado (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), afectándolo al de la Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Reino de Marruecos, firmado el 26 de noviembre de 2004 en Brasilia, República Federativa del Brasil.

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Abolición de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Namibia, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 16 de noviembre de 2007.

- por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural con el Gobierno de la República de Armenia, suscrito en Montevideo, el 23 de mayo de 2000.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

El señor Senador Gustavo Lapaz de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

- con destino a la Presidencia de la República, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Vivienda, a MEVIR, a ANEP, al Consejo de Educación Secun-daria, a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Paysandú; todos los liceos, Inspección Departamental de Escuelas, Escuela Nº 110 y Comisión Pro Edificio Liceal del departamento de Paysandú y a la Junta Local de Quebracho, relacionada con la construcción del Liceo de Pueblo Gallinal en Paysandú.

- con destino a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país, referida a la situación de los cubanos, a partir de la asunción del Presidente Raúl Castro.

- REPARTANSE. SE VAN A VOTAR LUEGO DE LEIDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Junta Departamental de Colonia remite:

- Oficio Nº 437/2008 adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por la señora Edila Ana Díaz, referidas a la cuotificación política de género.

- Oficio Nº 421/2008 adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por la señora Edila Mónica Ayala, referidas a los hechos de violencia sexual a niños y adolescentes en nuestro país.

La Junta Departamental de Canelones remite:

- Oficio Nº 212/2008 al que adjunta asunto relacionado con "Reglamentar la ingesta de alcohol en la vía pública".

- Oficio Nº 222/2008 adjuntando Resolución referida al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

La Junta Departamental de Maldonado remite Oficio Nº 272/08 al que acompaña copia de las palabras pronunciadas en Sala por el señor Edil Alejandro Bonilla, relacionadas con el reintegro de las divisas que ingresan al departamento durante la temporada estival.

- TENGANSE PRESENTES."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Walter Campanella, conforme lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, presentado con fecha 12 de junio de 2008, referido al estado de bituminización de la interconexión entre las Rutas 7 y 8, y situación de la obra Puerto Charqueada, departamento de Treinta y Tres."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 12 de junio de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

PEDIDO DE INFORMES

Solicito a Ud. se proceda de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 118 de la Constitución, a cursar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el siguiente pedido de informes:

- Estado de situación de la Bituminización de la Interconexión entre las Rutas 7 y 8.

- Estado de situación de la obra: Puerto Charqueada.

Anuncios efectuados por el antes mencionado Ministerio en ocasión del Consejo de Ministros realizados en Vergara departamento de Treinta y Tres el 16 de julio 2007.

Sin más saluda a Ud. con mi más alta consideración.

Walter Campanella. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Eber Da Rosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Defensa Nacional, presentado con fecha 16 de junio de 2008, relacionado con el impacto ambiental sufrido como consecuencia del reciente incidente ocurrido entre el buque carguero de bandera griega ‘Syros’ y el buque bandera de Malta ‘Sea Bird’."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 13 de junio de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

PEDIDO DE INFORMES

Solicito a Ud. se proceda de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 118 de la Constitución, a cursar a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Defensa el siguiente pedido de informes:

El martes 3 de junio en las proximidades del Pontón Recadala, se encontraba fondeado el B/M "Sea Bird" con bandera de Malta, que fue embestido por B/M "Siros" de bandera Griega este último resultara con la rotura de su tanque de combustible ocasionando un derrame de magnitud.

- ¿Cómo funciona la cadena de comando para gestionar el incidente ecológico?

- ¿Hay un protocolo de contingencia, manuales, directivas, instrucciones, informe vía oral, para estos acontecimientos extraordinarios?

- ¿Para este caso particular, se siguieron algunas instrucciones específicas?

- ¿Cuáles fueron los métodos aplicados para mitigar el daño, controlarlo y/o hacerlo desaparecer?

- ¿Existe presupuesto y equipamiento acorde para gestionar un daño ambiental de este tipo o de mayor magnitud en un futuro?

- ¿Si no existiere, hay autorización para contratar una empresa certificada que pueda proceder en un incidente ecológico de esta naturaleza?

- ¿Por qué solamente se resignó a monitorear la mancha y una vez que ésta arribó a la costa, se procedió con los métodos de limpieza y recolección, renunciando a otras pérdidas como la fauna, riqueza ictícola además de la imagen negativa desde el punto de vista turístico?

- ¿Existió la seguridad que era inviable el uso de dispersantes u otros medios (como prender fuego la mancha) evitando así que fuera trasladándose la misma, sin hacer nada? Explique por qué.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente.

Eber da Rosa Vázquez. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Washington Abdala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio a la Dirección Nacional de Aduanas, presentado con fecha 16 de junio del corriente, relacionado con la solicitud de información por parte del Juzgado Penal de 6º Turno a esta Dirección, sobre presunta infracción aduanera."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 16 de junio de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted se sirva remitir al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección de Aduanas, el siguiente pedido de informes:

En el Juzgado Penal de 6° Turno se está tramitando el expediente 102-121/2006, caratulado "GARCIA COSTA, César, su denuncia", en el que se dispusieron varios procesamientos con prisión por la ocurrencia de diversos delitos, entre otros, los de autoría del ex jerarca de Gobierno y titular de la Dirección de Casinos del Estado, Cr. Juan Carlos Bengoa, denuncia que se amplió el 8 de mayo de 2008 ante la presunta existencia de que un importante número de slots arrendados a la Intendencia de Montevideo estuvieran en infracción aduanera (contrabando), lo cual surge acreditado en un informe producido por peritas del Instituto Técnico Forense que examinaron por disposición judicial esta causa.

1. ¿En qué fecha el Juzgado Penal de 6° Turno solicitó a la Dirección de Aduanas información al respecto y en qué fecha esta oficina produjo respuesta? Informar si los pedidos de informes judiciales fueron evacuados en tiempo o si medió reiteración del Juzgado de referencia por omisión de la Dirección de Aduanas. Al respecto, deseo saber la secuencia de actuación de la Dirección de Aduanas ante dichos reclamos judiciales.

2. Informar la fecha en que la Dirección de Aduanas remitió al Juzgado de Aduana de 1° Turno (expediente 442.87/2008 y 442.105/2008), informe o petición a propósito de la presunta infracción aduanera en la importación de slots derivados para su explotación comercial en los casinos de la Intendencia de Montevideo.

3. Informar si la Dirección de Aduanas promovió alguna acción de protección o resguardo de los slots en infracción aduanera, y si se mantuvo con alguna autoridad municipal contactos sobre el cuidado y guarda de dichos bienes. En caso afirmativo, informar nombre y apellido de los funcionarios participantes, así como su nivel o grado funcional.

Saludo atentamente.

Washington Abdala. Senador."

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión ordinaria del 11 de junio de 2008 faltó con aviso el señor Senador Lorier.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 10 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Alfie y Da Rosa.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 10 de junio faltó con aviso el señor Senador Mujica.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 11 de junio faltó con aviso el señor Senador Andújar.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 11 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Andújar, Camy y Da Rosa.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 12 de junio faltó con aviso el señor Senador Lorier.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 12 de junio faltó con aviso el señor Senador Lorier.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 12 de junio faltó con aviso el señor Senador Lorier.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 12 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Andújar y Larrañaga.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, Junio 16 de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia para el día 17 de junio de 2008 por razones personales.

Sin otro particular, le saluda atentamente:

E. Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que la señora Nora Castro y los señores Alberto Breccia, Héctor Tajam, Eduardo Muguruza, Saúl Posada y Carlos Gamou han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Víctor Semproni, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Michelini solicita licencia desde el día 26 de junio hasta el día 14 de julio inclusive del corriente año".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 13 de junio de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Sen. Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, solicito a Usted se me conceda licencia desde el día 26 de junio hasta el día 14 de julio inclusive del corriente año.

La misma tiene por objeto el asistir en las ciudades de Madrid, al Congreso del Partido Socialista Obrero Español, y en Atenas, al XXIII Congreso de la Internacional Socialista, de cuyas invitaciones adjunto copias.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente,

Rafael Michelini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Felipe Michelini, Edgardo Carvalho y Ricardo Alcorta han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado por el período de esta licencia el señor Antonio Gallicchio, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

7) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados por el señor Senador Lapaz para las exposiciones escritas que presentara y de las que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se votan:)

-15 en 16. Afirmativa.

(Texto de las exposiciones escritas:)

"Montevideo, junio 17 de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Tec. Agr. Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

De conformidad con el artículo 172 del Reglamento de esta Cámara, quiero referir a la propuesta de construcción de un edificio propio para el Liceo de Pueblo Gallinal en Paysandú, que ahora funciona junto a la Escuela N° 110 -en dos salones, utilizándose también el comedor-.

Hace casi tres años que los padres de los alumnos formularon ese planteo, y la misiva de la correspondiente comisión Pro Edificio Liceal a la Junta Departamental pasó un mes después al CODICEN y al Consejo de Educación Secundaria.

También se envió el proyecto a MEVIR, planteando la posibilidad de que colabore con la iniciativa. En enero de 2006 MEVIR contestó que no había recibido solicitud formal del CODICEN para ejecutar dichas obras, quedando a la espera. En diciembre de 2007, por sugerencia de su Comisión de Cultura, el plenario de la Junta Departamental decidió archivar el tema.

Como es evidente, el liceo carece de la infraestructura adecuada para el buen cumplimiento de la tarea docente. No cuenta con laboratorio, biblioteca y espacio para producción forestal, además de las actividades clásicas de la zona.

MEVIR está construyendo unas cuarenta viviendas más, por lo que sería interesante plantear al CODICEN la posibilidad de un convenio para la construcción del edificio liceal. MEVIR dispondría hasta julio próximo para programar esa construcción.

Incluso, debería solicitarse al Consejo de Educación Secundaria que gestione ante el CODICEN la construcción del edificio del Liceo de Gallinal junto con MEVIR, dada la necesidad del edificio y la perentoriedad de los plazos, cursando el pedido a la comuna sanducera.

Solicito que mis palabras se envíen a: Presidencia de la República; Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Agencia Nacional de Vivienda, MEVIR; ANEP y su Consejo de Secundaria; y en Paysandú a la Intendencia Municipal, Junta Departamental, todos los Liceos, Inspección Departamental de Escuelas, Escuela 110, Comisión Pro Edificio Liceal, y a la Junta Local de Quebracho.

2) TEMA: CUBANOS ACCEDEN A TELEFONOS CELULARES

A partir de la asunción de Raúl Castro como Presidente de Cuba, no por elecciones directas sino por un complejo mecanismo a partir de las asambleas populares de votos a mano levantada y por ende nada democráticas, comenzó una especie de glasnost a la cubana, aunque siempre bajo la supervisión del Presidente vitalicio Fidel Castro, quien se retiró pero mantiene su influencia en el proceso.

Es así que no hace mucho los cubanos pudieron acceder a teléfonos celulares y otros bienes materiales del "decadente capitalismo", aunque el ciudadano común tenga pocas posibilidades de alcanzar esos bienes, dado los bajos salarios que se pagan en la economía centralizada de la isla caribeña.

Además, en el antiguo paraíso socialista -modelo de la URSS para América Latina en la década de 1960- el Gobierno de Raúl Castro dispuso eliminar el "igualitarismo" y el techo salarial, en busca de erradicar el paternalismo del Estado y aumentar la productividad, talón de Aquiles de la economía. El viceministro cubano de Trabajo, Carlos Mateu, explicó en el diario Granma -vocero de gobierno- la resolución que deberá estar en vigor en todas las empresas en agosto.

De esta forma, existirán ahora en las empresas (todas estatales y algunas mixtas) diferentes sistemas de pago, según la naturaleza de la tarea y en base a los resultados de cada trabajador.

Ahora el igualitarismo no es conveniente, y ya no es justo tanto darle al trabajador menos de lo que le toca, como darle lo que no le toca, por lo que por la nueva resolución el trabajador ganará lo que es capaz de producir, renegando del concepto de "igualar hacia abajo", típico de los regímenes del socialismo real.

Ese socialismo que fue cayendo por su utopía del pleno empleo ficticio, en una economía centralizada, con es-casez, mercado negro y baja calidad, así como la imposibilidad de que toda la población pudiera acceder a una calidad de vida siquiera parecida a la de las democracias occidentales.

A la espera de que esos cambios se profundicen y pronto los cubanos puedan acceder a una verdadera democracia, pido que mis palabras sean enviadas a: Presidencia de la República; Ministerio de Relaciones Exteriores, y OPP; y a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

También solicito a Ud. que se agregue toda esta exposición escrita al acta en el Diario de Sesiones de esta Cámara Alta.

Sin otro particular saluda al Sr. Presidente muy atte.

Gustavo J. Lapaz. Senador."

8) PROMOCION DE INVERSIONES EN EL INTERIOR A TRAVES DE EXONERACIONES TRIBUTARIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: "Quiero insistir en que las flagrantes asimetrías entre capital e interior que se han manifestado y mantenido desde el fondo de la historia en nuestro país, siguen lamentablemente vigentes. No puede extrañar que, más allá de inversiones específicas vinculadas con explotaciones agropecuarias que requieren de la instalación de procesadoras -como las plantas de celulosa- a la menor distancia posible de los lugares de producción, las inversiones se concentren en el anillo de Montevideo.

Las inversiones privadas son las que crean fuentes laborales genuinas, ya sea en forma directa como mediante esquemas asociativos, por lo que tampoco sorprende que el empleo crezca donde se concentran los emprendimientos, y no tengan los mismos beneficios las zonas en las que las inversiones son contadas y no alcanzan para revertir el escenario de baja demanda laboral.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) da cuenta de que los seis departamentos al Norte del Río Negro se ubican por encima de la media nacional de desempleo, que es del 7,6% lo que da la pauta de que la lejanía con Montevideo, en un país hipercentralizado, es un factor que tiene un peso negativo formidable a la hora de captar inversiones.

Asimismo, pese a que cada Gobierno que asume proclama que pondrá en marcha políticas descentralizadoras, en los hechos se mantiene un ‘statu quo’ que conserva desequilibrio entre desarrollo y oportunidades. A la hora de las decisiones, y salvo por necesidades logísticas y consecuentes costos para el transporte y procesamiento cercano a donde se da la producción, sobre todo en materias primas de gran volumen y bajo valor relativo, la concentración de servicios en Montevideo, así como de organismos del Estado y del poder político, obra como factor decisivo.

Hasta ahora, pese a que se han adoptado algunas medidas puntuales que apuntan a establecer determinados beneficios para las empresas que se instalen en el interior, sigue pesando la cercanía con Montevideo para la radicación de fuentes de trabajo, y se benefician sobre todo departamentos que aprovechan estas ventajas y están lo suficientemente cerca de la capital, sobre todo de su puerto, para minimizar factores negativos.

Entonces, señor Presidente, me veo en la obligación de insistir en que no se han llegado a revertir estas asimetrías que conspiran contra los departamentos más lejanos, como los mencionados al Norte del Río Negro, aunque todos los del interior son, en menor o mayor medida, afectados por esta discriminación.

En este contexto, debo valorar como un paso positivo, aunque su efectividad solo podrá evaluarse en la práctica, la reciente firma de un convenio entre el Congreso de Intendentes y el Ministerio de Economía y Finanzas, para promover las inversiones en el interior a través de exoneraciones tributarias a los emprendimientos vinculados a determinadas actividades.

Los proyectos que podrán beneficiarse con este régimen especial deben pertenecer a la industria alimenticia, minería, turismo, logística e industria forestal, entre otras, según el anuncio formulado por el Presidente del Congreso, el Intendente Municipal arachán Ambrosio Barreiro, quien destacó que la alianza de cooperación apunta a que el proceso de captación de inversiones y la instalación de las nuevas iniciativas sea más práctico.

Esperemos que esto implique el inicio de un proceso reivindicativo y salvador para los habitantes del interior profundo, y en apoyo de nuevos acuerdos de este tipo, con sus consecuentes acciones y desarrollos en esa positiva dirección, es que solicito que mis palabras pasen a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país".

9) DESAFILIACION DE LAS AFAP

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, continúa en uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: "El Gobierno, a través de un decreto, permitió la desafiliación de las AFAP en el caso de aquellas personas que, por edad o ingreso, no estaban obligadas a afiliarse y que forman parte del llamado ‘régimen de transición’. Esas personas tendrán un plazo de 90 días para presentar la solicitud de desafiliación ante el Banco de Previsión Social, que estudiará si corresponde en cada caso.

La Ley Nº 16.713, que regula la obligatoriedad de afiliación a una AFAP, alcanza actualmente a los trabajadores menores de 51 años y con un ingreso superior a $ 15.187. En 1996, cuando se inició el sistema mixto de seguridad social -las AFAP y el BPS-, la obligatoriedad de afiliación era para las personas menores de 40 años.

En aquel momento, las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales desataron una fuerte campaña para atraer afiliados y hoy muchos trabajadores aseguran que ingresaron al sistema ‘engañados’ o sin manejar la información adecuada. Esto dio lugar al inicio, el año pasado, de una campaña impulsada desde sectores sindicales y la propia representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, que solicitaba al Presidente de la República la posibilidad de desafiliación para las personas que cumplieran con los requisitos señalados.

El argumento de la campaña fue que se debía permitir la desafiliación de aquellas personas que no estaban obligadas a afiliarse y fueron ‘mal informadas’ en 1996.

Ahora esto será posible, y es de esperar que esta vez las decisiones se tomen en base a una información certera, fidedigna, despolitizada y amplia, porque este tipo de decisiones pueden afectar los ingresos futuros de los trabajadores cuando se jubilen.

Se impone que el Gobierno, que firmó el decreto, y quienes impulsaron la campaña y las propias AFAP informen y asesoren adecuadamente a los trabajadores en esta instancia.

Pido que mis expresiones se eleven a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; al Banco de la República; a todas las AFAP y al Banco de Previsión Social".

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados por el señor Senador Lapaz.

(Se votan:)

- 17 en 18. Afirmativa.

10) IRENA SENDLER. SU DECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: en mayo de este año falleció la señora Irena Sendler, que muchos de nosotros no conocíamos, pero que a partir de su nominación como candidata al Premio Nobel de la Paz, nos exigió profundizar en su vida.

Esta mujer polaca, enfermera de profesión, católica, nacida en un hogar católico, fue la que permitió que 2500 niños judíos del Gueto de Varsovia pudieran sobrevivir al exterminio implantado por los nazis. En 1939, cuando Alemania invade Polonia, era enfermera del Departamento de Bienestar Social de Varsovia. Allí dio alivio al sufrimiento de miles de familias judías y católicas. Luego, cuando se implanta el Gueto de Varsovia en 1942, se transforma en la enfermera y en el apoyo material de los judíos allí presos.

Irena Sendler hizo cosas sorprendentes, pues con la ayuda de algunos colaboradores permitió que 2.500 niños fuesen sacados del Gueto de Varsovia y lograran sobrevivir al exterminio nazi. Ubicó a esos niños en diferentes familias y organizó un fichero que luego colocó en botellas de vidrio, que enterró en el jardín de una vecina suya; en ese fichero figuraban los nombres de las familias a las cuales esos niños habían sido asignados a fin de que pudieran sobrevivir. Cabe acotar que los niños eran sacados por medios realmente sorprendentes, que iban desde bolsas de papas hasta ataúdes; todo esto, reitero, para permitirles sobrevivir.

En determinado momento se conoció la actividad de esta mujer, por lo que fue detenida por los nazis, brutalmente torturada y finalmente condenada a muerte, aunque pudo eludir ese desenlace con la ayuda de los miembros de la Zegota, que era una comisión de apoyo que logró, mediante el soborno, que los alemanes le permitieran huir.

En 1944, durante el levantamiento de Varsovia, hizo ese gesto de colocar en dos frascos de vidrio las fichas personales de esos niños, lo cual, una vez terminada la guerra, le permitiría asignarles su correlato familiar. Lamentablemente, la inmensa mayoría de ellos se transformaron en huérfanos, pues sus padres fueron asesinados en los campos de exterminio. De todas maneras, las notas con la identificación de los niños fueron entregadas al doctor Adolfo Berman, el primer Presidente del Comité de Salvamento de los judíos sobrevivientes, lo que hizo posible que muchos de ellos conocieran todas sus vicisitudes en aquel momento tan especial de la humanidad.

Lo curioso, y también lo fantástico de esta mujer, es que siempre mantuvo una actitud de no comunicación de lo que había hecho. Es más, el hallazgo de lo que fue su conducta resultó casual: unos jóvenes norteamericanos fueron descubriendo, mediante archivos, lo que había hecho.

Finalmente, su candidatura al Premio Nobel de la Paz resulta, ya de por sí, una distinción -aun cuando en realidad fue obtenido por el Vicepresidente Al Gore, de los Estados Unidos-, además de ser un reconocimiento, no solamente efectuado por el Gobierno de Polonia, sino también por el de Israel, que la nombró Ciudadana Honoraria de ese país.

Por todo lo expuesto, consideramos que es muy importante recordar la vida de Irena Sendler; pero además de solicitar el envío de nuestras expresiones a las Embajadas de Polonia e Israel, vamos a pedir que lleguen también a las Juntas Departamentales de todo el país, como forma de promover o proponer que alguna de las calles, plazas u otros lugares de nuestras ciudades, lleve el nombre de esta heroica mujer.

Por consiguiente, formulo moción en el sentido de que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las Juntas Departamentales de nuestro país y a las Embajadas de Polonia y de Israel.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) PLEBISCITO EN LA REPUBLICA DE IRLANDA SOBRE LA RATIFICACION DE LA CONSTITUCION EUROPEA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: hace pocos días, en un plebiscito realizado en la República de Irlanda, se votó negativamente la Constitución Europea en el Tratado de Lisboa de diciembre de 2007. Evidentemente, este es un tema político de gran importancia, teniendo en cuenta que la resolución soberana del pueblo de Irlanda determina un alto importante en el proceso de ratificación de la Constitución Europea. En pocos días se someterá al Parlamento -no al plebiscito popular- en el Reino Unido y también en la República Checa. Es claro que esto ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de dicha Constitución y las posibilidades de avanzar en la profundización de la integración de un continente que ya tiene 27 Estados miembros, de los cuales 18 ya han ratificado la Constitución.

Como se recordará en este Plenario, hace dos años hablamos sobre el "No" europeo, que se produjo en la República francesa, y que determinó la modificación de la estrategia para ratificar una Constitución. Pero esto no es nuevo, porque ya se ha producido varias veces; por ejemplo, recordemos el famoso "No" danés sobre el Tratado de Maastricht, que fue solucionado por la propia Unión Europea, y el "No" irlandés, ya expresado por primera vez antes de la circunstancia del Tratado de Niza, que determinó algunas aclaraciones por parte de la Unión Europea para poder seguir adelante; pero también podemos recordar el "No" francés y el "No" holandés sobre la Constitución, que determinaron esta nueva marcha.

Seguramente se va a buscar una salida a este tema; pero es importante reflexionar al respecto desde el punto de vista de nuestro país y de nuestro proceso de integración, porque ello hace a un esfuerzo institucional por ir mejorando los mecanismos de toma de decisiones y de profundización del proceso.

El Tratado de Lisboa tiene aspectos muy importantes como por ejemplo la modificación del nivel de los comisarios y las competencias del Parlamento, que ya tiene un sistema de codecisión y va avanzando en forma muy significativa en lo que respecta, incluso, a los elementos de legislación en materia comunitaria. A su vez, dentro de los mecanismos de la Unión Europea se incluye la iniciativa popular, con lo cual un millón de habitantes, ciudadanos vinculados a distintos países, pueden plantear determinados proyectos de ley para que se hagan efectivos dentro de la propia Unión. El hecho de ir consolidando los valores ciudadanos y los derechos humanos es un elemento de trascendental importancia, como también lo son los aspectos de seguridad, aceptándose que este tema en Europa sea manejado, entre otras cosas, por menos Estados, a fin de lograr una mayor eficiencia.

Sin embargo, señor Presidente, la reflexión es que este sistema se canalizará desde el punto de vista institucional y político. Alguna salida y respuesta se va a encontrar al tema, a diferencia de las dificultades planteadas en el MERCOSUR, a nuestra situación de carácter institucional, a nuestra fragilidad, al incumplimiento de los laudos arbitrales, a la violación de todos los derechos que se producen en el ámbito del MERCOSUR y demás. Si algo nos faltaba para reflexionar, señor Presidente, es que quien fuera hasta hace poco tiempo Presidente de la Comisión de Representantes, Eduardo Duhalde, hoy es acusado en la Argentina y en su propio Partido de ser el gran golpista de ese país, lo que constituye un antecedente realmente negativo para el proceso de integración.

Citamos todos estos temas no solo para mostrar las diferencias, sino también para ir buscando, institucionalmente y desde nuestro país, profundizar y respaldar un proceso de integración que necesita mayor seguridad jurídica, mayor respeto por las obligaciones y, sobre todo, la realización de un gran esfuerzo de los países por reconocer las asimetrías de las naciones integrantes. En Europa hay 27 Estados que no desconocen su asimetría, permitiendo así que cada uno pueda expresarse con libertad e, incluso, negociar la marcha misma del proceso, a diferencia de lo que nos sucede a nosotros en el ámbito de la región.

Es realmente importante reflexionar sobre esta cuestión y, por ello, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

12) PLAN DE ALFABETIZACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Oliver.

SEÑOR OLIVER.- Señor Presidente: hace ya unas semanas me referí en este Cuerpo al Plan Ceibal. Hoy quiero referirme a otro plan instrumentado por este Gobierno, que también tiene una marcada importancia social: el Plan de Alfabetización denominado "En el país de Varela, yo sí puedo", un programa llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con la ANEP, en el marco de un convenio internacional que permite utilizar el programa de alfabetización cubano "Yo, sí puedo" del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC).

Comenzó el 19 de marzo del año pasado, en una fecha de enorme valor simbólico, por ser el día del natalicio de José Pedro Varela. Su ejecución empezó en una etapa de prueba en localidades del interior del país, alejada de los grandes medios de comunicación de circulación nacional. Tal vez por esa razón fueron pocos los medios que se hicieron eco cuando a mediados del año pasado egresaron de los cursos las primeras 33 personas en la ciudad de Artigas.

Aún recuerdo el impacto positivo, el sacudón de esperanza que fue ver y escuchar la emoción con la que hablaban esas personas, la alegría iluminando los rostros de esos hombres y mujeres, que eran cañeros, amas de casa o empleadas domésticas, y que tenían entre 20 y casi 70 años de edad. El programa luego se extendió al resto del país, hasta llegar a cubrir un total de 3.000 alumnos, que participaron del él y lo completaron exitosamente en ciudades y pueblos como Artigas, Batlle y Ordóñez, Cerrillos, Chuy, Dolores, Durazno, El Carmen, Fraile Muerto, Ismael Cortinas, Las Piedras, Nuevo Berlín, Paso de los Toros, Salto, San José, Santa Lucía, Toledo, Vergara, Young y Zapicán, entre otros. También en barrios carenciados de Montevideo se llevaron a cabo cursos.

Gracias a este Plan se ha podido identificar que existen tres tipos distintos de analfabetos: el puro, o sea, aquellos que efectivamente no saben leer ni escribir por no haber concurrido nunca a la escuela; los analfabetos funcionales, aquellos que no pudieron cursar más allá de Tercer Año de escuela y luego por desuso se olvidaron de la escritura, y los analfabetos especiales, que son personas que tienen dificultades en cuanto al aprendizaje.

En analfabetismo es uno de los indicadores clásicos del grado de desarrollo cultural de un país, región o localidad. Su cálculo es bastante simple: consiste en medir la cantidad de personas adultas que no han logrado alcanzar los niveles mínimos de alfabetización. Según la UNESCO, a comienzos del siglo XXI había unas cien millones de personas analfabetas en el mundo, la enorme mayoría de ellas en los países subdesarrollados.

En nuestro país, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tenemos una tasa de alfabetismo del 97,7%. Generalmente, leemos este dato como una muestra de nuestro alto desarrollo cultural, de la eficacia de nuestro sistema educativo y de la alta integración social de nuestra sociedad; Pero también nos dice otra cosa: que en el país aun hay unas 40.000 personas analfabetas. Son 40.000 compatriotas que, pese a tener tanto derecho como todos nosotros a poder leer y escribir y a acceder a la educación, por alguna razón no pudieron hacerlo. En una sociedad donde la capacidad de leer, de comprender un texto escrito es fundamental, esas personas hoy en día están en un plano de violenta desigualdad y dependen del arbitrio y de la generosidad de otros para poder firmar un contrato, leer o escribir una carta y tantas otras cosas que nosotros hacemos cotidianamente gracias a la capacidad que tenemos de leer un diario o pararnos ante un quiosco a ver los titulares.

En este caso, la alfabetización, aparte de ser un derecho humano básico, es también una contraprestación obligatoria del Plan de Emergencia y es, más que nada, un Plan que permite dignificar y brindar autonomía a un grupo de compatriotas que hoy en día pueden sentirse más incluidos, más libres, más independientes y autónomos de la voluntad de otros.

Muchas veces se ha criticado al Plan de Atención Nacional de Emergencia Social (PANES) por ser pretendidamente "asistencialista". Para quienes eso sostienen, tal vez sea un dato irrelevante que 3.000 personas ahora puedan leer y escribir, seguramente porque ellos sí tuvieron la posibilidad de estudiar y de recibir una educación formal. Gracias al "asistencialismo" del PANES, estas 3.000 personas han logrado mejorar su calidad de vida y su dignidad personal, y se espera que al menos 10.000 más lo hagan en un futuro cercano; si les parece "asistencialista" que se les enseñe a los analfabetos a leer y escribir para que no dependan del arbitrio de terceros, por mi parte digo: bienvenido sea ese "asistencialismo".

Esto forma parte de una enorme tarea que está cumpliendo nuestro Gobierno -en este caso, mediante la tarea conjunta del MIDES y de la ANEP-, cuyos logros y avances pocas veces son relevados y comunicados por los grandes medios de prensa, porque son una apuesta al largo plazo y no a la inmediatez.

Por último, pero no menos importante, creo que es otra muestra de los vínculos de hermandad que unen a Cuba y Uruguay desde hace ya tantos y tantos años, desde que uno de sus hijos más ilustres, José Martí, el héroe de la independencia cubana, fuera Cónsul de nuestro país en Nueva York a fines del siglo XIX y llegara a decir: "País que amo como mío y del que me consideraré siempre hijo"; un trayecto que tendrá un nuevo mojón este martes, cuando en Cuba se inaugure, con la presencia de nuestro Presidente, el doctor Tabaré Vázquez, la Cátedra José Artigas en la Universidad de La Habana.

Señor Presidente: pido que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a la ANEP, a la Embajada de Cuba y a los Ministerios de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de Salud Pública.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 19 en 22. Afirmativa.

13) CUERPOS DE TAQUIGRAFOS PARLAMENTARIOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día para considerar el asunto que figura en primer término: "Exposición del señor Senador Francisco Gallinal, por el término de quince minutos, referida a la tarea que desarrolla el Cuerpo de Taquígrafos de ambas ramas parlamentarias (Carp. Nº 1189/08)".

Conociendo las cuestiones de estilo de este Cuerpo, desde ya se concede la prórroga del término de quince minutos.

Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: hace pocos días planteamos al señor Presidente del Cuerpo y a integrantes de distintos sectores parlamentarios, que considerábamos oportuno, por circunstancias que vamos a dar a conocer a los señores Senadores, dedicar una de nuestras jornadas a poner claramente de manifiesto la importancia que para el trabajo del Poder Legislativo tiene -en este caso, el de la Cámara de Senadores, pero también el de la Cámara de Representantes- la labor que desarrollan los integrantes del Cuerpo de Taquígrafos.

El Parlamento, como cuna y expresión profunda del valor y de la democracia de un país, se expresa a través de leyes, de pronunciamientos, que no siempre terminan de transmitir exactamente el importante trabajo que dentro de esta Casa realizan cientos de funcionarios que tienen una participación fundamental en el proceso de elaboración de la ley.

En el día de hoy planteamos esta sesión, no solo con el propósito de hacer ese reconocimiento a una institución que tiene más de ciento cincuenta años en la vida del país, sino también para poner claramente de manifiesto, frente a la ciudadanía y a la opinión pública, la labor fundamental que en todas las áreas desarrollan los distintos funcionarios del Poder Legislativo para ayudar al prestigio del Parlamento, que no es otra cosa que el prestigio de la ley que se trasluce a través del cumplimiento de la norma, de la conformación del Estado de Derecho y de la convivencia pacífica, dentro de un marco previo democráticamente regulado. En especial destacamos la tarea que en ese sentido desarrollan taquígrafos y taquígrafas que trabajan con gran esfuerzo, muchas horas al día, en ambas ramas del Parlamento.

Leíamos el origen de la conformación del Cuerpo de Taquígrafos cuando, después de la Guerra Grande, el Parlamento empieza a tener una actividad cada vez más intensa y surge la necesidad de dar mayor difusión y publicidad a las decisiones que se van adoptando. Comienzan entonces a aparecer algunas dificultades que son las que tendrán luego las soluciones correspondientes. Tengo aquí la versión taquigráfica de la sesión del Senado del 25 de marzo de 1852, en tiempos en que el Reglamento Interno del Senado establecía que era misión del Secretario redactar las actas y presentarlas a la aprobación del Cuerpo en la sesión siguiente.

En el acta del 25 de marzo de 1852 se expresa que: "se abrió la sesión y después de leída el acta de los días 19 y 23 del corriente, el señor Antuña pidió la palabra y observó: que el discurso del señor Ministro de la Guerra era mucho más extenso que el pronunciado y que contenía, además, puntos que, de haberse tocado, no habrían quedado sin contestación; que la exposición sobre los hechos consumados, estaba redactada con más latitud; por lo que reclamaba del Senado, declarara si el discurso leído guardaba conformidad con el pronunciado; que en cuanto al del señor Ministro de la Guerra pedía que la palabra ‘movimiento’ se testara y se pusiera ‘revolución’, que fue la que empleó".

En el acta de otra sesión, la del 23 de mayo del mismo año, se expresa: "Abierta la sesión, el señor Presidente -don Bernardo P. Berro- manifestó que no había acta para aprobar y que se entraría a considerar la Orden del Día. El señor Masini" -que dicho sea de paso, va a tener una acción fundamental en la creación del Cuerpo de Taquígrafos- "pidió la palabra y dijo: ‘Siempre que se quiera hacer la redacción de las actas, con toda la extensión posible, ya sea por la gravedad de la materia que se discuta o por la necesidad de instruir al país, hemos de tener inconvenientes que, como en el presente caso, impiden que el Secretario presente con puntualidad las actas; para allanar pues, en cuanto sea posible, las dificultades que ocurran, hago moción para que se establezca el diario de las sesiones, nombrándose una Comisión que proponga los medios de dar inmediata publicidad a las sesiones de la Cámara.

Fue apoyado y consecuentemente, el señor Presidente mandó pasar la moción a una Comisión Especial".

El 17 de junio de 1852 la Honorable Cámara de Senadores resuelve: "La Comisión Especial, nombrada para proponer los medios de dar a publicidad las sesiones de la Cámara, hace presente a Vuestra Honorabilidad, que solo por una equivocación ha podido pasar este asunto a la Especial", y más adelante agrega: "y en su virtud se permite aconsejar a V.H., la adopción de un Taquígrafo, porque está persuadida que sin el auxilio de este arte, no se podría llevar ni publicar con fidelidad el Diario de Sesiones y por ello tiene el honor de someter a vuestra consideración la siguiente minuta de decreto.

‘Artículo 1º.- Créase la plaza de un Taquígrafo, en la forma prevenida en el artículo 100 del Reglamento, para la provisión de Oficiales de Secretaría.

Artículo 2º.- Su dotación será la de 1.000 pesos al año".

Luego agrega: "En la sesión del día siguiente, 18 de junio, se colocó en la Sala, en forma provisional, una mesa ‘para que un joven Taquígrafo pudiera aclimatarse al ambiente del Senado y prepararse para el desempeño de su delicada función’.

Mas no todos veían con buenos ojos ese evidente signo de progreso. Antes de finalizar la sesión, el señor Araúcho, observó que ‘la mesa del Taquígrafo’, colocada en el lugar en que estaba, chocaba con el decoro de la Cámara y que no sabía tampoco que el que la ocupaba fuera un Taquígrafo de ella, porque nadie se lo había puesto en su conocimiento".

Señor Presidente: imaginemos por un momento que no se hubiera incorporado el Cuerpo de Taquígrafos al funcionamiento del Parlamento y que el señor Secretario, en cada reunión, tuviera la responsabilidad de leernos las actas de la sesión anterior; seguramente, las elaboraría con muy buena voluntad, pero ello -también seguramente- generaría un nuevo e intenso debate en el que cada uno de nosotros intentaría corregir, enmendar, hacer agregados o supresiones, de acuerdo con la visión y la interpretación de lo que creemos que ella debería contener. O pasemos al otro extremo e incorporemos medios tecnológicos: un aparato de grabación colocado en el lugar en donde ahora están sentados los taquígrafos del Cuerpo; después, tendríamos que atenernos a la frialdad de la desgrabación y tomarla como acta de lo que fue la sesión.

Señor Presidente: solo con lo que he señalado alcanza para poner de manifiesto la tarea fundamental que estos profesionales han desarrollado, desarrollan y desarrollarán en la vida de los Parlamentos del mundo, no solamente del Parlamento uruguayo, que los tiene para su orgullo, desde hace muchos años.

¿Cómo surge la idea de realizar hoy esta sesión de homenaje? Consiste, básicamente, en destacar lo que no todos conocemos suficientemente, que es la labor que aquí se desarrolla, y surge, precisamente, porque el pasado 31 de mayo cesó en sus funciones la señora Raquel Rebufello, que ingresó al Cuerpo en agosto de 1964, con Presidente blanco, prestando su juramento con el doctor Martín Echegoyen y con el señor Pastor Salvañach como Secretario. Por su parte, la señora Nelly Tavares ingresó al Cuerpo cuatro años después, en agosto de 1968; juró guardar secreto con Alberto Abdala, llegó a desempeñar la Dirección del Cuerpo de Taquígrafos y cesará en sus funciones el próximo 30 de junio.

Estas señoras taquígrafas -que, además, nos hacen el honor de acompañarnos desde la Barra junto a familiares, amigos, integrantes del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Representantes y ex funcionarios del Cuerpo- participaron de la sesión del 27 de junio de 1973 y fueron las responsables de levantar el acta de aquella jornada triste, oscura y memorable en la vida del país, pues allí cayó el Parlamento nacional y las instituciones, golpeados por el aparato militar. Este Cuerpo, esta Sala, que fue protagonista de aquella jornada, las tuvo como representantes de la institución a la que pertenecen y, además, sabemos que sienten el orgullo de haber vivido aquella instancia, tal como nos lo describe una taquígrafa: "Esa jornada histórica del 27 de junio de 1973, para quienes estábamos trabajando en Sala, nos resulta inolvidable. Aún hoy nos estremece la actitud inquietante de la Barra que parecía avalanzarse en un gesto de impotencia sobre los Senadores que clamaban parados con los brazos en alto. Recuerdo a Wilson en su conocida exposición, que termina gritando y vivando a su Partido Nacional, a Hierro Gambardella con su ronca voz, gritar ‘¡Viva la República!’, y a Senadores de todos los partidos en una jornada que perdurará en la memoria de quienes la presenciamos como algo imborrable, aunque se haya registrado para la historia en la versión taquigráfica".

Efectivamente, esa sesión quedó registrada en la versión taquigráfica y se publicó, incluso, durante el tiempo de la dictadura militar. Se trata de un sentimiento único que solo quienes fueron protagonistas de ella pueden experimentar. Aquí, en Sala, hay funcionarios del Cuerpo que también participaron de aquella estremecedora jornada. Es difícil imaginar el sentimiento que habrá abrazado a quienes, en las distintas salas del Palacio Legislativo, confirmaban la noticia de que se avecinaban tiempos oscuros, no solo para la vida de las instituciones sino, especialmente, para las libertades todas.

Solamente esto, señor Presidente, justificaría este homenaje que, a su vez, es de carácter abierto porque no hago otra cosa que representar -estoy seguro- el sentimiento de todos los integrantes del Cuerpo y no solo el de mis compañeros del Partido Nacional. Incluso, se plantea en esta forma con la intención de que otros Senadores puedan referirse hoy a este tema, porque ellos comparten el trabajo de todos los días y saben el sacrificio que implica esta tarea.

¿Por qué existen los taquígrafos? Creo que la sola lectura de esas actas de 1852 explica claramente por qué se creó el Cuerpo. La intención era que el Poder Legislativo fuese "una ventana abierta al Soberano" y que "en todos los ángulos de la República se conociesen los fundamentos de sus leyes, contribuyendo de ese modo a que, difundiéndose la ilustración, se perfeccionase el sistema representativo".

Quienes trabajan en el Cuerpo de Taquígrafos ingresan a él por riguroso concurso abierto, anónimo y de oposición, como forma de garantizar su idoneidad técnica, para llevar a cabo las tareas de toma y transcripción de la versión taquigráfica de las sesiones de las Cámaras, de las Comisiones y de la Asamblea General. A los efectos de la confección de la versión taquigráfica, el Cuerpo de Taquígrafos trabaja con total imparcialidad, con un criterio apolítico y prescindiendo de orientaciones filosóficas, religiosas o de otro tipo. Precisamente, es esa independencia y especialidad en su labor la que determina que su escalafón requiera de un Director General de carrera, independiente desde el punto de vista ideológico y vinculado directamente con la Secretaría del Cuerpo. La misión principal de sus integrantes es plasmar en el papel con absoluta fidelidad el pensamiento expresado por el orador. Como el lenguaje escrito es diferente del lenguaje oral -este se vale también de gestos y tonos que permiten enfatizar o subrayar una idea o hasta omitir una parte de la oración que se da por sobreentendida-, cuando el caso lo requiera, el taquígrafo hará arreglos gramaticales, de sintaxis y de redacción -cuidando siempre el buen uso del idioma castellano- que permitirán, a quien posteriormente lea el discurso, tener la misma sensación de comprensión que tuvo aquél que simplemente lo escuchó. El taquígrafo procura respetar el estilo de cada orador para que el texto denote, con el transcurso del tiempo, la tónica del momento que se estaba viviendo.

Asimismo, como en el Parlamento se consideran los más diversos asuntos y se tratan temas técnicos, con empleo de terminología específica que solo los idóneos en la materia manejan con fluidez, el taquígrafo debe hacer las consultas del caso con el fin de no incurrir en errores. Para ello, recurre a diccionarios de diferentes lenguas, diccionarios técnicos, información disponible en Internet o se comunica con dependencias, oficinas o reparticiones que tengan que ver con el asunto de que se trata.

El número de integrantes del Cuerpo de Taquígrafos así como el sistema rotativo de trabajo, permiten que la transcripción de toda una sesión, sea esta de cuatro o de veinticuatro horas de duración, quede completamente pronta y repartida a las pocas horas de levantada. Para ello, el taquígrafo trabaja en régimen de dedicación especial, sin horario fijo de entrada o salida y a la orden de todas las reuniones del Plenario y de las Comisiones para las cuales se solicite su presencia, régimen que se aplica desde hace muchos años. Además, la distribución de tareas dentro de la oficina, de acuerdo con un sistema funcional jerárquico, posibilita que la versión sea varias veces revisada y, por último, compaginada antes de ser enviada y distribuida.

Asimismo, el Cuerpo de Taquígrafos tiene la responsabilidad de armar el Diario de Sesiones reuniendo para ello la documentación necesaria y observando que todos los trámites a que se dio cumplimiento en cada sesión, queden consignados en ella.

El taquígrafo es, en definitiva, testigo fidedigno de lo ocurrido en Sala, respetuoso del pensamiento del orador y obediente de las reglas que conciernen al trabajo en las sesiones secretas para lo cual, además, ha prestado su juramento.

Por ello, señor Presidente, es tan importante esta labor y por ello, también, agradecemos que hayan venido hasta la Barra viejos funcionarios que han honrado a la institución parlamentaria en el desempeño de tan difícil tarea. Entre ellos, por ejemplo, está don Jorge Peluffo, quien ingresó al Cuerpo en 1953. Seguramente, habrá otros, además de quienes hoy están cumpliendo funciones, que personalmente no conozco o que, por lo menos, no identifico su cara con el nombre pero que, de todos modos, sabemos la singular tarea que han desarrollado durante estos años.

Señor Presidente: para finalizar quisiera señalar un hecho que me tocó vivir y que quizás sea de las experiencias más difíciles que como Senador de la República enfrenté desde esta Casa, junto con muchos compañeros que hoy también integran este Cuerpo. Quiero referirme a una situación ocurrida en la Legislatura pasada, cuando por primera vez me tocó la responsabilidad de ser Legislador, de ser Senador, cuando el Uruguay se vio conmocionado por un vendaval de circunstancias amargas que golpearon desde el punto de vista económico, pero que además trajeron profundas consecuencias desde el punto de vista social. Esa circunstancia nos obligó a todos, a los 130 integrantes del Parlamento, a asumir la responsabilidad de la hora, a cargar con una mochila para la que en principio creímos que no estábamos lo suficientemente preparados -por lo menos así le sucedió a quien habla-, a vivir poco más de cuarenta y ocho horas encerrados aquí, en esta Casa, trabajando en el Anexo, en Comisión y aquí en Sala, con el propósito de terminar de elaborar una compleja ley que tenía que estar vigente en la mañana del lunes, cuando reabriera el sistema bancario y el país tratara -porque no existía la convicción de que así fuera- de empezar a funcionar. En aquellas circunstancias compartíamos la Banca con los señores Senadores Larrañaga, Luis Alberto Heber, Mujica y con otros varios integrantes del Cuerpo, como los señores Senadores Gargano, Michelini y Cid. En lo personal, tengo la costumbre de revisar las versiones taquigráficas que llegan a mi correo pocas horas después de terminadas las sesiones, a los efectos de corregirlas y adaptarlas, pero no tengo la costumbre de leer el Diario de Sesiones. Sin embargo, hace poco tiempo, a raíz de algunas dudas que nos quedaron acerca de la forma en que se vivieron aquellas jornadas, acudí al Diario de Sesiones, a esas versiones taquigráficas que nosotros cada tanto invocamos aquí en Sala o en Comisión y sobre las que me consta que los taquígrafos y las taquígrafas, cuando hacemos esa referencia, sienten un gran orgullo por ser protagonistas directos de su elaboración. Precisamente, al leer el Diario de Sesiones de aquella época, me encontré ante la enorme sorpresa de contar con una versión taquigráfica, que no solo recogía lo que cada uno de los Legisladores expresó en Comisión y en el Senado durante aquellas sesiones, sino también el clima de preocupación, de dedicación y de búsqueda de soluciones que todos los integrantes del Cuerpo pusimos de manifiesto en aquellas jornadas, con el propósito de superar la circunstancia adversa por la que estábamos atravesando. La versión es un documento casi en movimiento, porque no solamente contiene lo que allí se expresó en forma precisa, sino que también refleja el ámbito, el ambiente, el espíritu que en esos momentos sobrevolaba las sesiones, que finalmente permitió dar a luz una ley que, con el correr del tiempo, terminó ayudando a mitigar y resolver parte de aquella problemática. Quizás allí empecé a comprender en toda su dimensión la importancia fundamental que estas versiones taquigráficas tienen para la historia del Parlamento Nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: hoy estamos haciendo un homenaje a las señoras Raquel Rebufello y Nelly Tavares, funcionarias profesionales, que forman parte del Cuerpo de Taquígrafos del Senado, al cual extendemos este reconocimiento, pues su labor constituye un ejemplo de dedicación y es un elemento muy importante en la tarea legislativa, tanto por recoger sus ricos debates como sus decisiones. Comparto la afirmación de que detrás de cada taquígrafo hay una cabeza que piensa, cosa que no puede hacer ninguna máquina, que no puede sustituir ni la más moderna de las tecnologías. Afirmar, preguntar, exclamar, manifestar deseo o duda, son algunas de las actitudes que el hablante muestra al dirigirse a otros. ¡Ni que hablar del registro que hacen los taquígrafos de todos aquellos gestos que no captan los grabadores! No lo pudieron captar ese 27 de junio de 1973, cuando se hacían en este recinto los esfuerzos más titánicos por salvar la democracia en peligro. El manejo tecnológico, usando una grabación primaria, podría introducir cambios que arrojarían un discurso nunca pronunciado. Por ello, para su ingreso, los taquígrafos deben demostrar no solo la velocidad necesaria que acredite un buen manejo de su técnica, sino también amplios conocimientos del idioma español, que haga posible registrar lo dicho con absoluta corrección. Ética, compromiso cívico y fidelidad en el desempeño de su función, aseguran la veracidad de la transmisión correcta de lo que sucede en ámbitos a los que acceden muy pocos. Para bien de la democracia de la que tanto se enorgullece nuestro país, los taquígrafos son fieles oídos de la historia parlamentaria.

La taquigrafía o estenografía es todo aquel sistema de escritura rápido y conciso que permite escribir un discurso con la misma velocidad a la que se habla; para ello se emplean trazos breves, abreviaturas y caracteres especiales para representar letras, palabras e incluso frases. Si bien el verdadero origen de la taquigrafía se pierde en la noche de los tiempos, la escritura hierática de los egipcios, cuyo objetivo principal era ahorrar tiempo por medio de la supresión de signos, era una "verdadera taquigrafía", tal como afirmó Champollion en un estudio sobre la escritura jeroglífica, al utilizar una pequeña parte de sus signos. La necesidad de la taquigrafía apareció en Uruguay en 1829, a raíz de la primera Asamblea General Constituyente y Legislativa, es decir cuando aún no tenía forma definitiva la primera Constitución de la República. A instancias del constituyente Ramón Masini, se consideró oportuno contar con taquígrafos para la difusión de los debates parlamentarios. En ese entonces, la sede se encontraba en La Aguada, fuera de la ciudad amurallada, en la actual intersección de la Avenida del Libertador Brigadier General Juan Antonio Lavalleja con las calles Cerro Largo y Galicia.

Masini presentó una minuta de decreto solicitando la inclusión de un taquígrafo en los debates, que tuvo una respuesta favorable, pero que no pudo cumplirse inmediatamente debido a que no había taquígrafos en el país.

En 1830, en la sesión del 14 de julio de la Asamblea General, el constituyente Chucarro "recomienda al Gobierno la más pronta adquisición de uno o dos taquígrafos", propuesta que es recibida favorablemente.

Recién en 1834, Masini logra que Joaquín Pedralbes sea contratado, defendiendo esta profesión por considerarla un elemento fundamental para que el Poder Legislativo pudiera convertirse en "una ventana abierta al Soberano" y para que "en todos los ángulos de la República se conociesen los fundamentos de sus leyes, contribuyendo de ese modo a que, difundiéndose la ilustración, se perfeccionase el sistema representativo".

Predalbes, nacido en Cataluña, había estado en Montevideo entre 1825 y 1828, cuando se dirigía hacia Buenos Aires; en esa ocasión, conoció a Masini, quien lo invitó a hacerse cargo de la versión taquigráfica de las sesiones parlamentarias. Su respuesta fue negativa debido a que no quería dejar su carrera y, además, dijo necesitar un compañero o el tiempo necesario para formarlo.

En 1834, el periódico "El Universal" muestra la preocupación del momento por el hecho de que se acercaba el período de la segunda Legislatura constitucional y todavía las Cámaras no tenían taquígrafos que transmitiesen por la prensa los discursos de los oradores. Masini vuelve a contactarse con Pedralbes, radicado en Buenos Aires, y le asegura que si se trasladara a Montevideo, el Gobierno lo contrataría y que, de acuerdo con las leyes vigentes en esta República, su ocupación sería permanente. Esta vez acepta. Pedralbes empleaba el sistema Martí en la metodización de la escuela madrileña, con algunas mejoras introducidas por la escuela catalana. Ese año comenzó a actuar por primera vez un taquígrafo en el Parlamento, ya instalado en el Cabildo, encargándose de las versiones taquigráficas de las sesiones de ambas ramas del Poder Legislativo -en el Senado a partir del 5 de febrero y en la Cámara de Representantes desde el 26 de febrero de 1834- y de la Comisión Permanente durante el receso.

El 15 de febrero de 1836, Pedralbes deja definitivamente de prestar sus servicios taquigráficos en el Parlamento, y éste continúa actuando sin taquígrafos hasta 1852. Durante ese período se desarrolló la terrible Guerra Grande. La única voz que se levantó en contra de este hecho fue la de Ramón Masini.

En el ala izquierda del primer piso del Cabildo funcionaba el Senado y en el ala derecha -sobre la calle Sarandí- la Cámara de Diputados y la Asamblea General. La oficina de Pedralbes estaba ubicada en una habitación adyacente a la Sala de Sesiones. Ramón Pedralbes se preocupa por difundir las versiones taquigráficas -en algunos casos solventando los gastos con sus recursos personales-, primero en el periódico "El Fanal" y luego en "El Estenógrafo", marcando el derrotero para lo que luego se constituiría en el Diario de Sesiones. La Cámara de Representantes resuelve la aprobación y publicación del Diario de Sesiones en 1854 y el 9 de junio se crean dos cargos de taquígrafos mediante un decreto que, en su artículo 3º, establecía que el Presidente de la Cámara haría la elección de los individuos que fueran a desempeñar las plazas de taquígrafos, previo examen comprobatorio de capacidad, que juzgara conveniente.

Desde el inicio de su actividad, se supo que los taquígrafos debían ser seleccionados mediante concurso ya que, en su función de testigos absolutamente imparciales, deben dar fe de lo que se delibera en el ámbito máximo de la representación ciudadana, el Parlamento, y que el cumplimiento acabado de su función reposa en la responsabilidad y absoluta honestidad intelectual.

Ramón Pampillo y Novas, nacido en Montevideo en 1834 -el mismo año en que Pedralbes trabajó por primera vez como taquígrafo en el Uruguay- y Pablo Nin y González, nacido en 1835, ante el llamado a cubrir los cargos de taquígrafos, deciden prepararse para el evento. El 7 de marzo de 1856, luego de rendir satisfactoriamente las pruebas de suficiencia, la Cámara de Representantes los designó como taquígrafos. De ese modo, Ramón Pampillo y Novas se convierte en el fundador del Cuerpo. La publicación del Diario de Sesiones comenzó en el año 1858. Pero, al principio, hasta se llegó a prescindir de los servicios taquigráficos, considerados como poco convenientes por algunos Legisladores. Uno de ellos, Julián Álvarez, manifestó que deseaba "que no se siguiesen sus discursos palabra por palabra, porque naturalmente no tenía confianza de que estuviesen a prueba del examen que sufriesen en aquella forma" -agregó- "pues lo que no conviniera a los intereses de su amor propio, podría importar a los del Senado"; otro Legislador -Solano García- expresó que el trabajo de los taquígrafos "tampoco es útil, sino perjudicial, [...] por cuanto quita la libertad para que los miembros de ambas Cámaras puedan expresar sus ideas, pues siendo generalmente improvisadas, no se vierten en el estilo culto que corresponde darse a la prensa". Estos argumentos demuestran que aún no se tenía conciencia de los beneficios para el sistema democrático que reporta la existencia de versiones taquigráficas de las deliberaciones.

El propio Pedralbes comenta sobre el particular que en el período Legislativo de 1834 varios señores Senadores y Representantes habían manifestado que no querían que se publicasen sus discursos y, por desgracia, un incidente que no pude evitar acabó de prevenir a uno de ellos. "Se me llamó una tarde mientras estaba dando lección de taquigrafía para que asistiese a una sesión de la Comisión Permanente a la que concurrió el Ministro interino de Hacienda, para dar explicaciones sobre la introducción en el territorio de la República de algunos negros con la denominación de colonos; la copié y traduje, y habiéndola visto uno de los Diputados en poder de Ramón Masini, la tomó ofreciendo devolverla inmediatamente; pero la hizo publicar en un periódico. Esto dio lugar a que un Senador me reconviniese sin darse por satisfecho con las manifestaciones de lo ocurrido".

El 4 de abril de 1835, el periódico "El Estandarte Nacional" publica el siguiente comentario: "La inesperada expulsión del taquígrafo de las sesiones del Senado ha producido una impresión sobre el espíritu de los amigos de la publicidad que es poco favorable al Cuerpo".

Cuando Pampillo y Novas asumió las tareas que años antes realizaba Pedralbes, ocupó el mismo salón, pero cuando la cantidad de funcionarios se hizo mayor, la oficina se trasladó a un edificio ubicado detrás del Cabildo, sobre la calle Bartolomé Mitre. En razón de ello, los taquígrafos tenían que caminar más de una cuadra cada vez que cambiaban de turno. Allí permanecieron hasta 1925, año en que el Parlamento se trasladó al recién inaugurado Palacio Legislativo.

A fines de 1871, Masini tuvo que abandonar sus funciones debido a que el intenso trabajo de todos esos años había minado su salud. Concurría a la Oficina solamente para ordenar la labor de sus compañeros. Falleció en enero de 1872, a los 37 años, cuando recién comenzaba a dar frutos su labor al frente del Cuerpo de Taquígrafos; sin embargo, tuvo la fortuna de que el servicio taquigráfico del Senado quedara definitivamente constituido.

Recién después de la muerte de Pampillo, ocurrida el 16 de diciembre de 1894, se pudieron agregar elementos que mejoraban el sistema sin variar su estructura técnica. Además, se reemplazó la pluma de ganso por el lápiz, lo que dio mucha libertad a la escritura. Como homenaje, una calle de Montevideo lleva su nombre.

Durante el siglo XIX hubo dificultades para integrar los cuadros funcionales, pero a principios del XX aparecieron varias instituciones dedicadas a la enseñanza de la taquigrafía: en 1912, la Escuela Superior de Comercio; en 1913, los Institutos Normales; y, en 1915, en Enseñanza Secundaria. En 1934 se funda el Instituto de Estudios Taquigráficos, entidad privada de donde surge la mayoría de quienes ganaron concursos abiertos de oposición, entre los años 1939 y 1971.

En 1938, ingresa Susana Requena Ortega de Carrera, la primera mujer taquígrafa en el Uruguay, hecho que provoca comentarios en los distintos medios de prensa. Uno de ellos, aparecido en el periódico "El Pueblo", decía lo siguiente: "Las mujeres, que no lograron sentarse en el recinto parlamentario por la puerta entornada de la política, acaban de obtener en él un sitio por el honroso medio de la probada aptitud para el trabajo".

En 1941, ingresa Nelia Cervini, segunda mujer taquígrafa del Parlamento uruguayo.

En 1955, se crea el cargo de Taquígrafo Supervisor, cuya labor específica es el armado del "Diario de Sesiones".

Hay mucho para decir de esta profesión pero, quizás, a raíz de la preocupación de alguno de los técnicos, lo más importante es que las autoridades de UTU han entendido la vigencia y oportunidad de mantener esta profesión, por lo cual se está trabajando para poder continuar con su enseñanza en todo el país.

También los Ediles de nuestra nación, a través del Congreso Nacional de Ediles, convencidos de la labor de registro insustituible que realizan los taquígrafos en los ámbitos parlamentarios, instaron a todas aquellas Juntas Departamentales que no tienen taquígrafos, a que procuren que se enseñe taquigrafía en las Casas de la Cultura a fin de poder contar con Cuerpos de Taquígrafos estables. A su vez, la Asociación de Taquígrafos del Uruguay, creada en 1994, está haciendo los máximos esfuerzos para que ello sea una realidad.

Por suerte, para bien de la democracia, de la que tanto se enorgullece nuestro país, como decía al principio, los taquígrafos continúan siendo los fieles oídos de la historia de nuestro pueblo.

Sin duda, no solo cabe el recuerdo a los pioneros, sino el agradecimiento profundo a todos esos técnicos que permiten mantener vivas nuestras palabras. Tal es el caso de Nelly Tavares y de Raquel Rebufello que, junto con otros tres compañeros que aún están en actividad -Nelson Míguez, Sergio Pereira y Myriam Grima-, no solo son técnicos sino que son testigos privilegiados de un tiempo, de una caída y de una aurora bajo cuyo resplandor todos queremos seguir desarrollando nuestra vida ciudadana.

En Nelly y en Raquel personalizo este justo homenaje a todos los taquígrafos del país. A Raquel y a Nelly les doy las gracias por los importantes servicios prestados y, al retirarse de la actividad de este Parlamento para acogerse a los beneficios jubilatorios, les deseo que disfruten del resto de sus vidas junto a sus familiares queridos y amigos.

Muchas gracias.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Arana)

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: tal como lo hicimos el otro día, cuando se planteó la iniciativa por parte del señor Senador Gallinal, nos congratulamos de hacer este justo homenaje en reconocimiento al Cuerpo de Taquígrafos del Senado de la República y, por ende, a los taquígrafos en general que se desempeñan en esta Casa.

Hago mías las palabras de los señores Senadores Gallinal y Lapaz y solamente quiero agregar algo personal.

Cuando llegamos a esta Cámara, hace unos tres años y medio, creíamos que la asignación de los despachos obedecía a un criterio previamente establecido, basado en algunos parámetros lógicos; sin embargo, descubrimos que eso se debía, simplemente, al azar y a numerosos diálogos, negociaciones y cabildeos. Quiso, entonces, el azar que nuestro despacho quedara ubicado exactamente al lado de las salas de taquigrafía. Con toda franqueza -lo saben las taquígrafas y los taquígrafos-, ese ha sido un hecho muy feliz; hemos compartido todas estas jornadas y vivido juntos, muchas veces, instancias de la vida personal, como cumpleaños en los cuales hemos tenido ocasión de dialogar de temas que van más allá del trabajo de todos los días. Realmente, eso es algo muy interesante y gratificante que se da en el transcurso de una tarea bastante dura como la de la política y la lucha pública.

Asimismo, por supuesto, quiero destacar la calidad del trabajo de los taquígrafos, que no es sencillo y, como recién se dijo, no hay máquina que lo pueda sustituir. Hay muchos parlamentos en el mundo que solamente graban las sesiones, pero luego ese registro resulta muy difícil de utilizar a cabalidad. En realidad, la versión taquigráfica -dicho en forma muy directa- es bastante mejor que lo que nosotros decimos desde el punto de vista de la sintaxis, de la claridad y por la posibilidad de leer entendiendo lo que se ha dicho. Por lo tanto, es un aspecto cualitativo imprescindible y reitero que, a pesar de ser un hombre de la tecnología y que siempre defiendo el progreso en el campo técnico, creo que en este caso no tenemos alternativa. Sin duda, es la mejor solución y no veo en el horizonte la posibilidad de tomar por otro camino.

Ahora bien, por razones obvias, los taquígrafos no hacen uso de la palabra en esta sesión -estamos hablando de ellos, pero ellos no se expresan aquí-, por lo que me ha parecido muy interesante tener la posibilidad y el honor de compartir con ustedes algo que un integrante del Cuerpo de Taquígrafos ha escrito en esta ocasión en representación del mismo.

Dice así: "‘Yo estudié taquigrafía’.

Es una frase que escuchamos una y otra vez, de labios de amigos, antiguos compañeros, gente conocida; de personas que hoy, tal vez, estarían ocupando nuestro sitio en esta mesa arqueada que mira y escucha hacia todos lados. Para fortuna propia, fuimos nosotros los elegidos. Y dirá lo mismo el que ama su profesión, cuando siente que una parte escondida del universo se ha abierto para él, casi en secreto, casi con exclusividad, para que la conozca y la disfrute plenamente.

Los signos taquigráficos son una porción de nosotros mismos: nos definen, nos describen, nos presentan. Quizás, detrás de ese mundo misterioso hay algo que queremos -o necesitamos- guardar y preservar. En la inscripción hay un código que, si se desentrañase, revelaría lo frágiles que somos. Dejaría al desnudo la ingenua aspiración de hablar un lenguaje más universal en el que todos nos entendiéramos mejor, y explicaría, posiblemente, el motivo de que la madriguera nos resulte tan segura. Los signos son nuestro escondite, pero solo para el anochecer, luego de pasear por el mundo y llevarnos bien con él, que en definitiva es lo que más nos gusta hacer siempre. Todo lo que ellos encierran es nuestro tesoro. Palitos que recorren un camino sinuoso, extraño, en el papel, por cuyo tránsito hemos encontrado identidad, sentido, motivación y propósito.

Entre otras muchas cosas que llaman la atención sobre la taquigrafía, sorprende que un solo signo pueda registrar una idea, un juicio y, a veces, incluso, un razonamiento completo. Pero lo que deslumbra es que logre mantener vivo el costado más abstracto de la expresión: la carga emocional, los contenidos afectivos". Esto es algo de lo que expresaba el señor Senador Gallinal cuando se refirió a esa sesión tan emblemática, en plena crisis institucional del país. Continúo leyendo: "Esos dibujitos son el reflejo de nuestras percepciones y sensaciones, y ponemos en ellos lo que escuchamos, lo que vemos y lo que sentimos que está pasando. Cuando el taquígrafo persigue al orador por la pista del discurso, ocurre lo que en los sueños: nunca lo alcanza del todo; siempre va detrás, como un perro de caza. Y el orador es la liebre, que jamás consigue zafar de la tenacidad del sabueso. Pero hay un momento de gloria, de totalidad: el perseguidor se hizo de la presa, lleva entre sus dientes la carne de la idea principal, el nutriente de la palabra que solo ese disertante puede decir como él mismo. Entonces se produce un éxtasis maravilloso: el taquígrafo entró en el alma del que habla, ¡y tiene una fotocopia de ella, una instantánea, un color que el prisma jamás volverá a repetir! Un color de ese único momento.

Tan variados como nuestros signos y nuestras individualidades taquigráficas, lo son igualmente los timbres, las inflexiones y los temperamentos de los oradores. Y asimismo son diversas las circunstancias, los ambientes y las temáticas. Nos asombramos ante los contenidos de una pieza maravillosa en un homenaje; nos llena de estupor la expresión inédita que no figura ni en los diccionarios y que nos induce, por suerte, a consultarnos mutuamente;"

-agrego, a consultarnos a nosotros, también, muchas veces- "disfrutamos de los vaivenes lingüísticos exquisitos, de los lunfardos, de las figuras; transpiramos con las frases que no nos cierran, con las que no se oyen y con las que no se terminan de decir, con las aparentes ambigüedades y con los contenidos que escapan inexorables a nuestro conocimiento; nos divertimos con los dobles sentidos que buscamos adrede -y encontramos- en la oratoria para hacer más llevadera una sesión larga o difícil; y hasta nos tiembla el pulso y nos dolemos cuando somos testigos de una disputa que excede los límites de lo verbal. Lo que pasa es que, en el fondo y en la superficie, somos seres humanos.

Ahora bien, tenemos un compromiso. Con nuestro pasado de insignes maestros," -aquí fueron mencionados muchos de ellos- "muchos de los cuales, por otra bendición de la vida, fueron y son nuestros colegas, compañeros y amigos. Con nuestro futuro, porque los hijos siempre cosechan de sus padres, y gozan y sufren de lo que ellos les contagian, y todos tenemos hijos taquigráficos a los que dejar algún legado. Y con nosotros, porque aprender y mejorar es una iniciativa del poder ejecutivo que a cada uno preside, y requiere urgente y permanente aprobación. Debemos tratarlo y reconsiderarlo en cada sesión íntima con ánimo de acuerdo entre mayorías, imprimirlo con la tinta del entusiasmo diario, distribuirlo con generosidad y estudiarlo con la responsabilidad y la profundidad de un proyecto grande.

En el equipo que formamos, ninguna pieza sería mucho sin la que está a su lado. Como en el ajedrez, no es menos importante el peón que el rey, y si aquel no mueve sus líneas hacia delante, la logística queda detenida y atrapada en su propia estructura. Todos necesitamos preguntar, pedir, complementarnos. Cuando complementamos y nos complementan, somos más completos. Y esto lo vamos aprendiendo día a día, en la búsqueda de nuevos instrumentos para organizar mejor el trabajo y perfeccionar el producto que brindamos. Cuando un individuo falla, se resiente el conjunto; cuando acierta, el mérito es de todos.

Nuestro Cuerpo del Senado es tan importante para nosotros en tanto pertenecemos a él, y de igual manera nuestra función, por el honor añadido que comporta haber rendido prueba de ingreso ante nuestros superiores. Sin embargo, ese examen inicial exigió -y exige, aunque en di-mensión simbólica, pero quizás por eso más sagrada- otro de más dureza, de más valor, de más compromiso aún: el de la aplicación diaria, del empeño por prepararnos siempre mejor para la toma, de búsqueda de trechos cortos pa-ra la comunicación, de la promoción del compañerismo, en fin, del afán de superación personal y colectiva en todos los aspectos. Por todo ello, aquella prueba es un visado que cada mañana, con cada computadora que encendemos, con cada entrada a Sala y cada transcripción que hacemos, tenemos el deber de sellar dentro de nosotros mismos.

De todas maneras, como el pequeño peón, somos una pieza más, humilde e importante, en el tablero del Palacio. La estrategia avanza en su desarrollo cuando las piezas están sólidamente apoyadas y forman parte de un plan rector. Por ese motivo, para orientarnos productivamente, necesitamos tanto de nuestros compañeros de las demás Divisiones como de nosotros mismos. Y, sin duda, no solo para eso. Después de todo, la vida se va en brillantes perspectivas mientras nos olvidamos de intercambiar, siquiera, una palmadita de afecto o un abrazo cordial. En nuestra Taquigrafía, por pequeña que pueda ser, existe un rinconcito para conocer a los demás y para que los demás nos conozcan mejor a nosotros, porque solamente no hay espacio donde uno no tiene la gentileza de compartirlo.

Estamos agradecidos con la vida por la ocasión que nos dio de escribir, en nuestra versión, la historia legislativa nacional. Ojalá nos estén mirando -no importa desde qué Barra- los que pusieron proa a esta aventura, y nuestros mayores que la incentivaron -y aún la empujan- con vientos de esperanza. Ojalá estemos siendo fieles a sus inspirados principios.

Y quiera Dios, también, que nos estén viendo los que aguardan para relevarnos en el próximo cambio de turno. Esperemos que no nos dejen plantados en Sala ni nos saquen demasiado tarde. Ni -por favor, apiádense de nosotros- demasiado temprano".

Creo que es una magnífica pieza que honra a este Senado y a esta sesión, y he tenido el honor de ser la voz de los taquígrafos, como ellos tantas veces hacen, que a través de su escritura, perpetúan nuestra voz.

Solicito que se reparta este texto entre los demás colegas del Cuerpo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la propuesta del señor Senador Long.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: creo que esta instancia promovida por el señor Senador Gallinal tiene dos perfiles.

Por un lado, está el recuerdo que trae de estas dos taquígrafas que participaron en esa dramática sesión de esta Cámara del 27 de junio de 1973 y de todos los funcionarios del Cuerpo, que seguramente deben haber sufrido las tensiones de un momento realmente difícil de este Parlamento, con especial énfasis en aquellos y aquellas que estaban tomando nota de esos conmovedores discursos que hoy leemos y que, gracias a ellos y a ellas, recordamos con tanta emoción.

Por otra parte, también se ha destacado, por quienes han hecho uso de la palabra previamente, la complejidad de la tarea y la eficiencia con la que se cumple en esta Casa. El señor Senador Baráibar recién me decía que, en ocasión del Congreso de los Parlamentos Iberoamericanos, realizado en este período legislativo hace alrededor de dos años, el resto de los Legisladores se sorprendían por la rapidez con que se entregaban las versiones taquigráficas de cada una de las sesiones. Creo que corresponde destacar este aspecto del que a veces no nos damos cuenta, porque nos acostumbramos a tener de inmediato las versiones taquigráficas que son sumamente necesarias para nuestro trabajo, y no me refiero solo a las correspondientes al Senado, sino especialmente las de las Comisiones, pues son un elemento de trabajo imprescindible para cumplir una buena función cuando se quieren recordar las modificaciones o los intercambios que hemos realizado los Legisladores. Esta tarea es bastante más compleja -según ellos mismos nos lo han hecho saber- que la que se realiza en las sesiones del Senado, donde hablamos muy ordenadamente. En las Comisiones con frecuencia sucede que los Legisladores y las Legisladoras, muchas veces indisciplinadamente, dialogamos e intercambiamos ideas superponiendo nuestras voces, lo que complica la toma de la versión taquigráfica. Sin embargo, siempre recibimos textos pulidos, con una corrección con la que muchos de nosotros no hablamos; por lo menos, ese es el caso de quien habla, pues soy un poco arborescente en la forma de expresarme. Es así que luego, cuando veo reflejadas mis palabras en la versión taquigráfica, noto que se puede entender el hilo de lo que estaba tratando de desarrollar.

De manera que nos unimos, desde nuestra Bancada, al homenaje a estos funcionarios y funcionarias que cumplen esta labor, en coordinación con las otras funciones que se realizan en el Parlamento y que, obviamente, dan soporte y jerarquizan la tarea legislativa.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: queremos sumarnos, con especial responsabilidad, a esta jornada que convocan, con mucha madurez, el señor Senador Gallinal y el resto de los compañeros. En este sentido, queremos hacer dos o tres reflexiones.

En primer lugar, creo que los taquígrafos no son solo testigos de lo que pasa; muchas veces son mejoradores de los discursos de los parlamentarios. Diría que cuando se lee la versión taquigráfica de una sesión en la que se estuvo presente, se tiene la impresión de que los parlamentarios hablan mucho mejor de lo que parece, y no es así. Lo que ocurre es que los taquígrafos se ocupan, justamente, de mejorar o -voy a utilizar una expresión algo rupestre- "calafatear" algunas de las formas idiomáticas que se manejan en esta Cámara y en la otra.

En segundo lugar, la experiencia internacional dice que es verdad que los Parlamentos del mundo comienzan a recorrer el camino de lo técnico, pero también es cierto que los grandes Parlamentos del mundo -me refiero, por ejemplo, al británico o al canadiense- siguen teniendo un Cuerpo de Taquígrafos altamente especializado, y esto se debe a que hay un arte en la construcción de la comunicación que excede los aspectos técnicos. En el caso uruguayo, además, hay otro elemento muy importante: lo que decimos aquí y en la otra Cámara, construido por los taquígrafos, es un documento público, y en el caso de que la interpretación de alguna ley ofrezca algún elemento de complejidad, funciona como herramienta que permite interpretar el designio, el sentido, el espíritu de la ley. De manera que no es una tarea menor. Muchas veces he escuchado, en esta Cámara y en la otra, que una coma, una expresión mal rotulada, puede cambiar perfectamente el sentido de lo que se está tratando de decir.

El señor Senador Gallinal recordaba con emoción aquella jornada lúgubre para la historia de la democracia uruguaya, pero magnífica en la historia del Parlamento, en la que le cupo al Cuerpo de Taquígrafos una tarea sustancial. Además, los taquígrafos tienen algo mágico en el Parlamento. Espero que no se enoje ningún otro funcionario, porque esto me va a generar algún dolor de cabeza innecesario -que, por otra parte, ya bastantes tengo y me los creo con mucha facilidad, aunque, pensándolo bien, ¡por suerte me los creo!-, pero me parece que los taquígrafos son un poco como el alma del Parlamento, porque su trabajo es lo que queda tangible de lo que decimos y hacemos. ¿A cuántos de los miembros de este Cuerpo les ha pasado que manifiestan algo y, al poco tiempo, están llamando a Taquigrafía por lo que dijeron, por si no se les fue la boca, por si no se quedaron cortos o por si efectivamente lo que expresaron era exactamente lo que quisieron decir? Muchas veces se nos critica de afuera a los parlamentarios y se nos dice que vivimos en una especie de micromundo, pero no es así, porque lo que aquí se hace no sólo tiene trascendencia para la historia, sino también para la cotidianeidad.

En definitiva, me sumo con especial devoción a esta jornada de respeto y consideración a estos taquígrafos. Recuerdo también que hay aquí algunos funcionarios bastante veteranos, que han estado también en sesiones interminables de hace muchos años. No voy a dar sus nombres, porque no es el momento ni la oportunidad, pero a todos los que defendemos el valor del Parlamento como la Casa de la Democracia, nos emocionan mucho estas cosas.

Era cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Extralimitándome en mi función de Presidente, por lo que pido disculpas por ello, quiero hacerme eco de las expresiones aquí vertidas en cuanto al homenaje a quienes participan y han participado de los Cuerpos de Taquígrafos de ambas ramas parlamentarias.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

-Todos hemos contravenido en algo el Reglamento, pero me parece que ha sido una expresión muy simpática la que hemos realizado en forma espontánea.

14) PROCEDIMIENTO POLICIAL

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crea el marco normativo para el procedimiento policial. (Carp. Nº 656/06 - Rep. Nº 732/08)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 656/06

Rep. N° 732/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguien-te

PROYECTO DE LEY

TITULO I

PARTE GENERAL

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1°. (Del alcance de la presente ley).- Las disposiciones incorporadas a la presente ley se aplicarán al personal policial que cumple funciones ejecutivas, conforme al marco establecido por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales sobre la materia ratificados por la República, la Ley Orgánica Policial y demás normas cuya vigencia efectiva está encomendada al contralor de la Policía Nacional.

Artículo 2°. (Atribuciones).- El servicio policial ejercerá, en forma permanente e indivisible, las actividades de observación, información, prevención, disuasión y represión.

El objetivo de las actividades referidas es impedir y, en su caso, reprimir, la comisión de delitos, faltas o infracciones, procediendo a la detención de los autores de las mismas para someterlos a la Justicia competente en los plazos y condiciones legalmente establecidos, acompañando las pruebas correspondientes.

El servicio policial también cumplirá las órdenes de libertad emitidas por la Justicia competente, y remitirá a los establecimientos de detención a las personas que ésta disponga, con las condiciones de seguridad que, previo estudio técnico, determine la autoridad penitenciaria.

Artículo 3°. (Fases de la actuación policial).- Las fases del accionar de la policía son la observación, la prevención, la disuasión y, excepcionalmente, la represión cuando sea necesario para garantizar los derechos individuales de todos los habitantes de la República consagrados en el marco jurídico constitucional y legal vigente.

A los efectos de esta ley:

A) Observación es la acción policial de vigilancia pasiva que tiene por finalidad detectar, analizar, procesar y utilizar información sobre situaciones que, eventualmente, puedan constituir actividades presuntamente ilícitas, incidir en la iniciación del proceso delictivo o alterar la seguridad ciudadana.

B) Prevención policial es el conjunto de medidas técnico-operativas para incidir en forma temprana sobre los factores que favorecen la violencia interpersonal y social y constituyen delitos, infracciones o faltas, disminuyendo los riesgos y posibilidades de ocurrencia de los mismos.

C) Disuasión es la acción policial de vigilancia activa que ejerce la policía cuando ya se ha instalado una situación que afecta la seguridad ciudadana que puede derivar en acciones ilícitas que generen daños mayores. Previo al uso de la fuerza legítima, la policía deberá agotar los medios disuasivos adecuados que estén a su alcance, como el diálogo y la negociación con las personas involucradas.

D) Represión es la acción policial que implica el uso de la fuerza física y las armas de fuego o cualquier otro medio material de coacción, en forma racional, progresiva y proporcional, a los efectos de restablecer el estado de cosas anterior a la conducta ilícita que lo ha alterado.

E) Consumada la fase represiva, el uso de la fuerza debe cesar de inmediato, una vez que el orden haya sido restablecido y los presuntos infractores del derecho protegido dejen de ofrecer resistencia. A partir de ese momento, se aplicarán las medidas de seguridad necesarias, sin perjuicio de brindar atención médica o de otro tipo, a quien la necesite.

Artículo 4°. (Principio de actuación policial).-

1) En el cumplimiento de su deber, y como encargados de hacer cumplir la ley, el personal policial respetará y protegerá los derechos humanos de todas las personas.

2) El personal policial tratará a todas las personas que requieren sus servicios de manera diligente, correcta y respetuosa, sin ningún tipo de discriminación por razones de edad, género, etnia, religión, posición económica o social, o de cualquier otra índole.

3) En todo momento, el personal policial debe cumplir las obligaciones que le impone el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979).

Artículo 5°. (Procedimientos con niños y/o adolescentes).-

A) En procedimientos con adolescentes infractores o niños que vulneren derechos de terceros, la policía aplicará en su totalidad las normas de actuación contenidas en la presente ley, con excepción de los plazos especiales que disponga el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004) y de lo que expresamente se establezca sobre la materia en la presente ley.

B) En procedimientos con niños o adolescentes con derechos vulnerados se actuará conforme a lo dispuesto por el referido Código, en estrecha coordinación con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

C) El INAU dará cuenta de inmediato a la policía de las fugas de adolescentes infractores de la ley penal de los establecimientos a su cargo.

Artículo 6°. (Comunicación inmediata al Juez competente).- En los casos señalados expresamente en esta ley, se entiende por comunicación inmediata aquella que contiene la información imprescindible para que el Juez pueda obtener una clara representación de lo actuado, contando con los elementos primarios necesarios para tomar la decisión que a su juicio corresponda.

El plazo para la comunicación inmediata al Juez competente en estos casos, no podrá ser superior a las dos horas, contadas a partir del momento en que se produce la actuación policial.

CAPITULO II

EL MANDO POLICIAL

Artículo 7°. (Concepto de disciplina).- La disciplina es la relación jurídica que vincula el derecho de mandar y el deber de obedecer. Es la base imprescindible para el cumplimiento orgánico-profesional de las atribuciones de la Policía Nacional.

Artículo 8°. (Manifestación de la disciplina y límites a la obediencia debida).- La disciplina policial se manifiesta en la subordinación de grado a grado y por el respeto y la obediencia sin dilaciones a la orden legítima del superior.

El personal policial tiene especialmente prohibido cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que atenten contra los derechos humanos o el sistema republicano democrático de gobierno. En estos casos, la obediencia a una orden superior nunca será considerada como eximente o atenuante de responsabilidad.

Artículo 9°. (Concepto de mando).- El mando es la facultad reglamentaria que tiene el superior sobre sus subordinados e implica la capacidad de tomar las decisiones adecuadas, desde el punto de visa técnico-profesional, frente a cada circunstancia, con rapidez y seguridad.

Artículo 10. (La autoridad del superior).- La autoridad del superior emana de la aceptación del deber y de su propio valor como profesional que aplica su autoridad en el marco y para el cumplimiento de la Constitución y de la ley.

Artículo 11. (Concepto de subordinación).- La subordinación es la sujeción jurídica marcada por la dependencia orgánica funcional. Por ser la esencia de la disciplina, es la primera obligación y cualidad del personal policial.

Artículo 12. (Obediencia al superior en grado).- Todo integrante del personal policial debe obediencia al superior en el marco del artículo 8° de esta ley. A igualdad de grado, existe subordinación del policía de menor antigüedad hacia el funcionario más antiguo en lo que concierne al servicio.

Artículo 13. (Relaciones de superioridad y dependencia).-

A) Jerarquía ordinaria o de grado: Será determinada por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en la Escala Jerárquica Policial que se detalla en la Ley Orgánica Policial.

B) Jerarquía accidental o de destino: Se constituye por la superioridad que, en ciertos casos, corresponde a un integrante del personal policial sobre sus iguales en grado ordinario. La misma se ejerce por razón del lugar en que se encuentre y de las funciones que desempeñe.

C) Jerarquía extraordinaria o de servicio: Se confiere al integrante del personal policial que ejerce la dirección de lo concerniente al desempeño de una diligencia o al servicio que la motiva, invistiéndolo al efecto, de autoridad sobre sus iguales en grado ordinario o accidental.

TITULO II

PARTE ESPECIAL

CAPITULO I

DEL USO DE LA FUERZA FISICA, LAS ARMAS U OTROS MEDIOS DE COACCION

Artículo 14. (Seguridad estrictamente necesaria).- El personal policial tendrá presente en todo momento que solamente se adoptarán las medidas de seguridad defensivas u ofensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función, de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 15. (Torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes).- El personal policial tiene especialmente prohibido infringir, instigar o tolerar torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre cualquier persona. En el marco del artículo 8° de la presente ley, en ningún caso podrá invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como amenazas a la seguridad interna o inestabilidad política o social para justificar tales conductas, propias o de terceros.

Artículo 16. (Atención a personas bajo custodia policial).- El personal policial asegurará la plena protección de la salud e integridad física de quienes estén eventualmente bajo su custodia. En particul1ar, tomará medidas inmediatas para proporcionar atención médica y/o psicológica cuando sea necesario.

Artículo 17. (Uso de la fuerza).- El personal policial solamente podrá usar la fuerza legítima cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, conforme a lo preceptuado en esta ley.

Artículo 18. (Principios que rigen el uso de la fuerza).- El uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de armas, deber ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga.

Artículo 19. (Uso de medios no violentos).- La policía en el desempeño de sus funciones utilizará medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza física, medios de coacción o armas de fuego, los que se utilizarán solamente cuando los primeros resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto mediante la acción policial.

Artículo 20. (Oportunidad para el uso de la fuerza).- La policía hará uso de la fuerza legítima para cumplir con sus cometidos cuando:

A) No sea posible proteger por otros medios los derechos de los habitantes establecidos en la Constitución de la República.

B) Se ejerza contra el personal policial o terceros personas violencia por la vía de los hechos o amenazas por persona armada, poniéndose en peligro su integridad física.

C) Se oponga resistencia al accionar policial en allanamientos, lanzamientos y otras diligencias dispuestas por las autoridades competentes.

D) No pueden inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios de transporte, cuyos conductores no obedecieren la orden de detenerse dada por un policía uniformado o de particular debidamente identificado, o cuando se violare una barrera o valla previamente establecida por la policía.

E) No se pueda defender de otro modo la posición que ocupa, las instalaciones que proteja o las personas a las que deba detener o conducir o que hayan sido confiadas a su custodia.

F) Deba disolver reuniones o manifestaciones públicas que no sean pacíficas y cuando en las mismas participen personas armadas o que esgriman objetos de forma tal que puedan ser utilizados para agredir.

En toda circunstancia, el empleo de armas de fuego se regirá estrictamente por lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la presente ley.

Artículo 21. (Identificación y advertencia policial).- En las circunstancias establecidas en los artículos precedentes, el personal policial se identificará como tal y dará una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza, con tiempo suficiente para que los involucrados depongan su actitud, salvo que exista inminente peligro para su vida o integridad física o para la de terceras personas.

Artículo 22. (Límites para el empleo de las armas de fuego).- En el marco establecido por el artículo 20 de la presente ley, el uso de armas de fuego es una medida extrema. No deberán emplearse las mismas excepto cuando una persona ofrezca resistencia armada al accionar policial o ponga en peligro la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros y no se la pueda reducir o detener utilizando medios no letales.

Artículo 23. (Empleo de armas de fuego).- Cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable, conforme con lo dispuesto por el artículo anterior, el personal policial, bajo su más seria responsabilidad:

A) Actuará con moderación y en proporción a la gravedad de la agresión o la conducta ilícita que se trate de reprimir.

B) Reducirá al mínimo los daños y lesiones que pudieran causar al agresor.

C) Garantizará que se preste de inmediato asistencia y servicio médico a las personas heridas o afectadas.

D) Procurará que los familiares de las personas heridas o afectadas tomen conocimiento de lo sucedido en el plazo más breve posible.

Artículo 24. (Deber de informar).- Toda vez que un policía dispare su arma de fuego deberá informar de inmediato y por escrito a su superior.

Se exceptúan de la presente disposición los disparos que se realicen con fines de instrucción en establecimientos policiales autorizados y equipados a esos efectos.

Artículo 25.- El superior responsable del servicio deberá enterar en forma inmediata al Juez competente (artículo 6° de la presente ley) del resultado de la labor desarrollada por la policía según lo dispuesto en el presente Capítulo.

CAPITULO II

DE LA COMUNICACION A LA JUSTICIA

Artículo 26. (Comunicaciones regulares a la Justicia).- Fuera de los casos expresamente establecidos en los que se aplica el mecanismo de comunicación inmediata dispuesto por el artículo 6° de la presente ley, las comunicaciones policiales regulares a la Justicia se realizarán según lo preceptuado por los artículos siguientes.

Artículo 27. (Comunicación judicial. Procedimiento).- La comunicación con el Juez competente se hará a través del superior responsable del servicio, en principio en forma telefónica. Eventualmente, la comunicación se hará en forma personal, ya sea por la relevancia de la noticia, porque así lo ordene el Juez o por cualquier otra circunstancia que razonablemente así lo amerite.

Artículo 28. (Forma de documentar la comunicación judicial).- En todas las dependencias policiales que tengan contacto con la Justicia, habrá un libro de comunicaciones judiciales debidamente foliado. Una vez completado el mismo, se dispondrá su archivo para eventuales consultas futuras.

Artículo 29. (Contenido de la comunicación).- Cada comunicación deberá contar con la siguiente información: fecha y hora de la misma, nombre y turno del magistrado receptor, breve y específica reseña del hecho que se comunica y resolución judicial con el correspondiente número si éste es proporcionado. Similar procedimiento se realizará cuando la comunicación proceda de la sede judicial, la que será consignada a los registros que a esos efectos se lleven.

TITULO III

LA POLICIA AUXILIAR DE LA JUSTICIA

CAPITULO I

DOCTRINA DE PROCEDIMIENTO

Artículo 30. (Ponderación de los efectos de la intervención policial).- En toda circunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir.

Artículo 31. (Alcances del concepto).- A los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo anterior, el personal policial está exento de responsabilidad cuando actúa en legítima defensa, estado de necesidad o en cumplimiento de la ley (artículos 26, 27 y 28 del Código Penal).

CAPITULO II

DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS, TESTIGOS, Y PERSONAS QUE BRINDEN INFORMACION CALIFICADA

Artículo 32. (Derecho a recibir la adecuada protección).- Toda víctima, testigo o persona que brinde información calificada a la policía, tiene derecho a recibir la adecuada protección por parte de las instituciones competentes del Estado.

Artículo 33. (Registro y archivo de información).- La policía deberá llevar un registro y archivo sobre la información a que se refiere el artículo anterior, procesándola y utilizándola para la prevención e investigación de hechos ilícitos.

Artículo 34. (Información anónima).- La policía registrará también la información que tenga el carácter de anónima, lo que se deberá consignar como tal.

Artículo 35. (Carácter confidencial).- Toda información o denuncia de víctima, testigo o persona que brinde información calificada cuya identidad esté comprobada, se asentará en el archivo y tendrá carácter de confidencial y secreta, sólo pudiéndose revelar la misma por orden de la Justicia competente.

Artículo 36. (Derecho a la información).- La víctima tiene derecho a ser informada por la policía de todo lo actuado en el caso que la afecta, en la medida que ello no afecte u obstruya la investigación, salvo orden expresa de la Justicia competente.

Artículo 37. (Responsabilidad del personal policial).- El personal policial será responsable de las medidas que se le ordenen para la protección de víctimas, testigos y personas que brinden información calificada.

CAPITULO III

DETENCIONES

Artículo 38. (Concepto de detención).- Por detención se entiende privar de la libertad ambulatoria a una persona, haciéndose responsable de ella, conforme con lo establecido por el artículo 15 de la Constitución de la República y las leyes vigentes.

Artículo 39. (Justificación de las medidas de seguridad policiales).- Las medidas de seguridad policiales son aquellas que impiden o limitan la libertad de movimientos de una persona detenida. En ningún caso estas medidas afectarán la integridad física o la dignidad de la persona detenida.

Las medidas de seguridad se impondrán a una persona detenida exclusivamente por su propia seguridad, la del personal policial actuante o la de terceras personas, en forma racional, progresiva y proporcional.

Artículo 40. (Seguridad del personal policial).- El personal policial debe llevar a cabo cualquier detención en forma eficiente y con el menor riesgo posible para su vida o integridad física o la de los efectivos que participen en el procedimiento, sin aplicar la fuerza en forma innecesaria u ostentosa.

Artículo 41. (Seguridad de terceros).- En todas las detenciones se debe tener en cuenta la seguridad de personas ajenas al hecho que se encuentren presentes.

Artículo 42. (Seguridad de las personas detenidas).- La fuerza física, medios de coacción o armas de fuego deben utilizarse por la policía tras agotar todos los medios disuasivos posibles y deben cesar en forma inmediata una vez que la o las personas objeto del procedimiento de detención dejen de ofrecer resistencia, conforme con lo dispuesto por el Capítulo I del Título II de la presente ley.

Sección I

Identificación e identidad

Artículo 43. (Solicitud de identificación).- En el marco de procedimientos que tienen por objeto la detención de personas requeridas por la Justicia competente, fugadas estando ya procesadas o condenadas, o presuntamente vinculadas a hechos delictivos, la policía puede solicitar la identificación correspondiente. A los efectos de confirmar la identidad manifestada por una persona, la policía podrá requerirle la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro tipo de documento idóneo para tal fin.

En la hipótesis del inciso anterior, cuando una persona se niegue a identificarse (numeral 6° del artículo 360 del Código Penal), deberá ser conducida a la dependencia policial y se dará cuenta de inmediato al Juez competente en los términos establecidos en el articulo 6° de la presente ley.

En caso que la persona presente un documento identificatorio sobre el cual la policía tenga motivos suficientes o fundados para dudar de su validez, podrá ser conducida a la dependencia policial correspondiente con la finalidad de confirmar su identidad, enterándose de ello de inmediato al Juez competente, en los mismos términos del inciso anterior.

Sección II

Registro personal

Artículo 44. (Alcance de la medida).- La policía podrá realizar registros personales estrictamente cuando existan motivos suficientes o fundados para dar cumplimiento a medidas de resguardo imprescindibles para garantizar la seguridad de cualquier persona involucrada en un procedimiento, incluida la del personal policial interviniente o la de terceros. Del mismo modo y con el mismo objetivo, podrá registrar bultos, bolsos, valijas, portafolios o similares que la persona transporte.

Artículo 45. (Registros de vehículos).- La policía podrá registrar cualquier tipo de vehículo de transporte de personas o de carga en procura de elementos que puedan poner en riesgo la seguridad propia, la de terceros o la de objetos relacionados con la comisión de hechos ilicitos.

Artículo 46. (Incautación de efectos).- Cuando en los procedimientos referidos en los artículos anteriores se incaute cualquier tipo de objeto, se labrará acta, que será firmada por el personal policial actuante y las personas involucradas en el procedimiento, extendiéndose a estas últimas copia de la actuación correspondiente y enterando de inmediato al Juez competente, estándose a lo que éste resuelva.

Sección III

Detención sin orden judicial y conducción policial

Artículo 47. (Detención sin orden judicial).- La policía deberá detener, aun sin orden judicial:

1) A toda persona sorprendida in fraganti delito (artículo 111 del Código del Proceso Penal). Se entiende que hay delito flagrante:

A) Cuando se sorprendiere a una persona en el mismo acto de cometerlo.

B) Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiere a una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga presumir su participación y, al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o testigos presenciales hábiles, como partícipe en el hecho delictivo.

C) Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encontrare a una persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo, o presentando rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito.

2) A toda persona que fugare estando legalmente detenida.

Artículo 48. (Conducción policial de personas eventualmente implicadas en un hecho delictivo).-

1) La policía deberá conducir a dependencias policiales a cualquier persona si cuenta con motivos suficientes o fundados sobre su participación en un hecho con apariencia delictiva recientemente acaecido y exista riesgo de que pueda fugarse del lugar donde el mismo se ha cometido o incidir sobre eventuales elementos probatorios. En todo caso, se dará cuenta de inmediato al Juez competente, conforme con lo dispuesto por el artículo 6° de la presente ley.

2) Fuera de la hipótesis de conducción incorporada al numeral anterior, en procedimientos de averiguación de hechos ilícitos, la policía no podrá detener a ninguna persona eventualmente implicada en los mismos ni conducir a testigos que se nieguen a concurrir voluntariamente a dependencias policiales, sin la correspondiente orden del Juez competente.

Artículo 49. (Derecho de la persona detenida o conducida a ser informada).- Toda persona conducida o detenida deberá ser informada de inmediato del motivo de su detención o conducción.

En la dependencia policial se documentará por escrito de dicha información, labrando el acta correspondiente que será firmada por la persona detenida o conducida. En caso que la persona detenida o conducida no quiera o no pueda hacerlo, el acta mencionada será firmada por dos testigos.

Toda persona detenida o conducida tiene derecho a comunicar inmediatamente su situación a sus familiares, allegados o a un abogado.

Artículo 50. (Familiares del detenido).- Los familiares del detenido incomunicado deberán ser informados por la policía respecto al lugar y la hora de detención, el Juzgado que interviene en el caso y el motivo de la detención. Otro tipo de información requerida podrá proporcionarse, siempre y cuando lo autorice la Justicia competente, fuera de las hipótesis contenidos en los artículos 75, 76 y 77 de esta ley.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTOS CON PERSONAS DETENIDAS O CONDUCIDAS EN DEPENDENCIA POLICIAL

Sección I

Registro de personas detenidas y conducidas

Artículo 51. (Constatación del estado de salud de la persona detenida o conducida).- En caso que una persona que registre ingreso como detenida o conducida en dependencias policiales se encuentre herida o en presunto estado de intoxicación por alcohol u otro tipo de sustancia, la policía deberá solicitar apoyo médico paa brindarle inmediata atención (artículo 16 de la presente ley).

Artículo 52. (Libreta de personas detenidas y conducidas).- En las dependencias policiales se llevará una Libreta de Personas Detenidas y Conducidas, empastada y foliada, donde se harán constar todos los datos filiatorios de las mismas, hora de entrada, motivo de la detención o conducción, antecedentes, requisitorias y señas físicas particulares que puedan ser útiles para su identificación. Posteriormente, si así correspondiere, se incluirán las resoluciones judiciales referentes a la situación de la persona detenida o conducida, hora de su puesta en libertad y autoridad judicial que la ordena o motivo de su procesamiento por dicha autoridad o cualquier otra derivación ordenada.

Artículo 53. (Registro de valores).- A toda persona que registra entrada como conducida o detenida en una dependencia policial, se le debe solicitar que entregue sus pertenencias personales y todo aquello con lo cual se puede causar daño físico o causarlo a terceros, como cintos, cordones de zapato, alhajas, corbata, entre otros objetos similares.

Artículo 54. (Registro personal).- Una vez cumplida con la actividad reseñada en el artículo anterior, la policía puede realizarle un registro personal a la persona detenida o conducida para contribuir a preservar la medida de seguridad establecida en dicho artículo. El procedimiento deberá realizarse exclusivamente en la dependencia policial.

Artículo 55. (Limitaciones al registro de personas detenidas o conducidas).- La policía no puede desnudar a una persona detenida o conducida ni revisar sus partes íntimas, salvo cuando se trate de una situación excepcional en que esté en riesgo la vida o la integridad física de la misma, enterando de inmediato al Juez competente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6° de la presente ley.

Fuera de dichas hipótesis, el procedimiento deberá realizarse exclusivamente previa orden judicial y con intervención de personal médico.

En todos los casos el registro deberá practicarse con el mayor cuidado y respeto hacia la dignidad de la persona conducida o detenida. El registro deberá realizarse exclusivamente por personal policial del mismo sexo de la persona conducida o detenida.

Artículo 56. (Documentación de los valores y orden de entrada y registro).- Cada dependencia policial llevará una libreta como registro de valores, empastada y foliada. Se le extenderá copia de la constancia de los valores entregados a la persona detenida o conducida, donde constarán: sus nombres y apellidos completos, relación de valores y de efectos personales y su firma junto a la del personal policial actuante.

Artículo 57. (Alojamiento de personas detenidas o conducidas).- El superior a cargo del servicio dispondrá del alojamiento adecuado para cada persona detenida o conducida, valorando su decisión según criterios técnico-profesionales fundados, evitando la permanencia conjunta.

El personal policial no debe permitir el contacto entre personas detenidas o conducidas mayores y menores de edad, como tampoco entre personas detenidas o conducidas de diferentes sexos.

Artículo 58. (Dependencias policiales especializadas en familia, mujer, niñez y adolescencia).- Las dependencias policiales especializadas adoptarán similares medidas de seguridad a las mencionadas en los artículos anteriores, sin perjuicio de lo que pueda disponer la Justicia competente.

Artículo 59. (Limitaciones en el manejo de personas detenidas o conducidas).- El superior a cargo del servicio no permitirá el contacto de ningún tipo con personas detenidas o conducidas por parte de personal policial que no esté debidamente autorizado o supervisado.

Artículo 60. (Trato con la persona detenida o conducida).- Está prohibido al personal policial utilizar palabras agraviantes, humillantes o que provoquen la reacción de la persona detenida o conducida.

Artículo 61. (Actitudes prohibidas con personas detenidas o conducidas).- Está prohibido al personal policial utilizar forma alguna de coacción física ilegítima o maltrato psicológico con las personas detenidas o conducidas.

Artículo 62. (Orden de libertad).- Ninguna persona detenida por orden del Juez competente o con conocimiento de él, podrá ser puesta en libertad sin mediar orden judicial, la que deberá constar en la libreta de entrada, en la que figurará la fecha, hora de salida y el magistrado de turno que la ordena.

En caso de personas conducidas a dependencias policiales, se estará a lo que disponga el Juez competente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 6° de la presente ley.

Sección II

Procedimientos de averiguación en dependencias policiales

Artículo 63. (Interrogatorio en dependencia policial).- Se puede interrogar en dependencia policial a personas detenidas y conducidas, testigos, víctimas y denunciantes, para consignar el resultado en el parte policial que se eleva a la Justicia competente.

El resultado del interrogatorio policial no tiene valor probatorio, sino que es indicativo de la actividad probatoria.

Artículo 64. (Intervención de la defensa en dependencia policial).- La intervención de la defensa en dependencia policial se regirá por lo dispuesto en el Código del Proceso Penal.

En todo caso, la defensa deberá ser informada sobre la hora y motivo de la detención y sobre la hora de comunicación de la misma al Juez competente.

Cuando se trate de procedimientos que involucren a adolescentes presuntamente infractores de la ley penal, se estará a lo dispuesto por el literal F) del artículo 74 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

Artículo 65. (Labrado de actas).- En toda circunstancia, el interrogatorio policial deberá ser recogido bajo acta firmada.

Artículo 66. (De los reconocimientos).- El Juez competente puede ordenar la realización de reconocimientos en dependencia policial. En ese caso, se seguirán las siguientes reglas:

1) Cada testigo o víctima, por separado, describirá previamente a la persona presuntamente involucrada en el hecho que se investiga, debiendo reconocerla desde un lugar donde no pueda ser visto por ésta.

2) La persona sometida a reconocimiento elegirá lugar en una fila de varias personas de aspecto semejante.

3) El testigo o la víctima, dirá si en la fila está la persona presuntamente involucrada en el hecho que se investiga y la señalará, manifestando las diferencias que encuentre con su percepción anterior.

4) El personal policial actuante consignará en el parte el procedimiento seguido en el reconocimiento, enterando a la Justicia del resultado del mismo.

5) En todos los casos, el personal policial deberá evitar cualquier tipo de contacto físico y/o visual entre la persona sometida a reconocimiento y el testigo o víctima.

Artículo 67. (Limitaciones al reconocimiento).- No se podrán efectuar reconocimientos en la vía pública o fuera de la dependencia policial.

Artículo 68. (Otras formas de reconocimiento).- Si no fuera posible efectuar el reconocimiento en forma personal, podrá solicitarse la colaboración de personal de Policía Técnica.

Artículo 69. (Otros objetos de reconocimiento).- Para reconocer objetos vinculados al hecho ilícito investigado, como armas o ropa, entre otros, se procederá de la misma forma que la establecida en los artículos anteriores.

Artículo 70. (Galería de fotos).- La policía podrá exhibir a los testigos, víctimas y/o denunciantes, una galería de fotos a los efectos de favorecer el reconocimiento de la persona presuntamente involucrada en el hecho que se investiga.

Artículo 71. (Solicitud de información por los medios de comunicación).- La policía podrá solicitar información al público, a través de los medios de comunicación, referente a personas extraviadas, fugadas o requeridas por la Justicia competente. Asimismo, podrá solicitar por los mismos medios cualquier otro tipo de información que pueda ser útil para esclarecer hechos que se investigan.

El uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes o víctimas de delitos deberá ser autorizado por el Juez competente.

Artículo72. (Solicitud de cierre de fronteras, requisitorias y capturas).- Previa orden judicial, la policía podrá implementar el cierre de fronteras y las requisitorias y órdenes de capturas, departamentales y nacionales, de aquellas personas presuntamente autoras de delitos o fugadas.

Artículo 73. (Información e inteligencia policial).- La policía podrá realizar actividades de información e inteligencia para la prevención y represión de hechos ilícitos, actuando estrictamente en el marco de lo dispuesto por los artículos 1° a 4° de la presente ley.

Artículo 74. (Archivo de antecedentes).- Exclusivamente a los efectos del cumplimiento de sus funciones de información e inteligencia, la policía podrá llevar un archivo de antecedentes de las personas que se encuentren vinculadas a actividades ilícitas, o que las practiquen o las hayan practicado en nuestro país o en el exterior, contando para ello con los mecanismos correspondientes de cooperación policial internacional.

Sección III

La incomunicación

Artículo 75. (Procedencia de la incomunicación).- Estrictamente como medida de urgencia, a los solos efectos de preservar la escena del hecho, la policía podrá disponer la incomunicación de la persona presuntamente involucrada en el hecho investigado y de testigos del mismo, como forma de evitar que se afecte la indagatoria o se incida sobre los elementos probatorios, enterando de inmediato al Juez competente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6° de la presente ley.

Cuando se trate de procedimientos que involucren a adolescentes presuntamente infractores de la ley penal, se estará a lo dispuesto por los literales D) y G) del artículo 74 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

Artículo 76. (Concepto de incomunicación).- La incomunicación de la persona presuntamente involucrada en el hecho investigado o de testigos del mismo, implica una medida de coerción personal por la que se les impide mantener contacto de cualquier tipo con terceros (incluidos sus familiares, otros testigos, abogados defensores, víctimas o allegados, entre otros), con la finalidad establecida en el artículo anterior.

Artículo 77. (Alcance de la incomunicación).- Previa orden del Juez competente, la incomunicación alcanza incluso a la víctima del delito, si su testimonio fuera importante para el resultado de la investigación.

Artículo 78. (Régimen general).- Fuera de la hipótesis contenida en los artículos 75, 76 y 77 de esta ley, serán de aplicación las normas pertinentes del Código del Proceso Penal.

Sección IV

Detenidos en centros asistenciales

Artículo 79. (Desempeño de la custodia).- El personal policial encargado de la custodia procurará armonizar su accionar con la actividad del centro asistencial, sin desmedro del estricto cumplimiento de las medidas de seguridad que le sean ordenadas respecto a la persona detenida que se encuentra custodiando.

El personal policial asignado a la tarea no podrá abandonar la custodia bajo ninguna circunstancia, debiendo mantener contacto visual permanente con la persona detenida, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 85 de la presente ley.

Artículo 80. (Equipo de custodia).- En el caso de que participen dos policías en la custodia, uno deberá permanecer constantemente en contacto con la persona detenida y otro se colocará fuera del recinto donde éste se encuentre. Los integrantes del equipo de custodia se mantendrán en permanente contacto radial y, eventualmente, lo harán con sus superiores. El relevo se hará en presencia de ambos, controlando debidamente los aspectos del servicio y su seguridad.

Artículo 81. (Medidas de seguridad policiales).- Las medidas de seguridad respecto a una persona detenida en centro asistencial deberán disponerse por el superior a cargo del operativo de conformidad con la autoridad del centro asistencial, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 85 de la presente ley.

El personal policial está obligado a brindar a la persona detenida un trato adecuado y respetuoso de su dignidad.

En ningún caso se mantendrán esposadas a mujeres detenidas en el trabajo de parto ni en el momento del mismo.

Artículo 82. (Precauciones del personal asignado a la custodia).- En ninguna circunstancia el personal policial asignado a la custodia deberá desarmarse ni dejar abandonado el correaje, a los efectos de evitar que su armamento quede al alcance del custodiado.

Artículo 83. (Obligación de respetar la consigna).- El personal policial de servicio no deberá cumplir ninguna otra tarea que no sea la de custodia. No brindará a la persona detenida ninguna información, tratando al máximo de limitar la conversación con ésta.

Artículo 84. (Discreción y reserva en el servicio).- El personal policial no deberá confraternizar con terceros ni brindar ningún tipo de información a médicos, visitas o personal del centro de asistencia sobre forma de traslado, horario, itinerario, operativo y demás, respecto a la persona detenida.

Artículo 85. (Excepciones a las medidas de seguridad).- A pedido y bajo la responsabilidad de la autoridad del centro asistencial y con la finalidad de cumplir con un acto médico, el personal policial asignado a la custodia podrá liberar al detenido de las medidas de seguridad, previa autorización del superior a cargo del servicio. En ese momento deberá extremar su vigilancia, advirtiendo, además, al personal médico sobre el posible grado de peligrosidad de la persona custodiada.

Artículo 86. (Coordinación de las medidas de seguridad).- En el caso de que el acto médico sea coordinado con antelación, el personal policial asignado a la custodia enterará a sus superiores de inmediato, a los efectos de que se implementen las medidas de seguridad que correspondan.

Artículo 87. (Relación con personal técnico o médico).- El personal policial asignado a la custodia no aceptará órdenes del personal técnico o médico en la medida que éstas comprometan el cumplimiento de su misión, excepto en lo dispuesto por el artículo 85 de esta ley. En todo caso, se relacionará con dicho personal en forma respetuosa, enterando de inmediato al superior a cargo del servicio de producirse algún conflicto o duda en cumplimiento de la tarea.

Ante cualquier incidente que se plantee en estos casos, el superior a cargo del servicio dará cuenta de inmediato al Juez competente, quien resolverá en definitiva y bajo su más seria responsabilidad.

Sección V

Traslado de personas detenidas

Artículo 88. (Medidas de seguridad).- Toda persona detenida deberá ser trasladada con las medidas de seguridad ordenadas por el superior a cargo del servicio.

Artículo 89. (Incomunicación).- Cuando se trate del traslado de dos o más personas detenidas, las mismas serán mantenidas en régimen de incomunicación. A estos efectos se requerirá previa orden judicial, excepto en la hipótesis definida en el artículo 75 de la presente ley.

Artículo 90. (Otras medidas de seguridad).- Cuando el traslado se realice en cualquier tipo de vehículo, deberá previamente procederse al exhaustivo registro del mismo para verificar que no se encuentren objetos que pueda facilitar la fuga de la persona detenida.

Artículo 91. (Limitaciones a las medidas de seguridad).- En los traslados en vehículos las personas detenidas nunca serán esposadas a partes fijas de los mismos, a los efectos de preservar su integridad física en caso de que se produzca un accidente de tránsito.

Artículo 92. (Traslado específico).- El vehículo para el traslado debe estar debidamente identificado como móvil policial, con excepción del utilizado para el traslado de personas detenidas que, por orden superior, requieran medidas excepcionales de seguridad. En todo caso, se deberá coordinar con la Justicia el procedimiento correspondiente.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTOS DE AVERIGUACION DE DELITOS

Sección I

Denuncia

Artículo 93. (Concepto de denuncia).- A los efectos de la presente ley, se entenderá por denuncia la mera toma de conocimiento por parte de la autoridad policial, a través de cualquier medio, de un hecho que determine su intervención, sin perjuicio de la actuación de oficio que procede en caso de in fraganti delito o toda vez que lo requieran las circunstancias del caso.

En caso de denuncia anónima, previo a cualquier tipo de actuación, la policía deberá ponderar razonablemente todos los elementos de juicio a su disposición sobre los hechos denunciados, a los efectos de no causar ningún tipo de perjuicio a las personas indebidamente involucradas en los mismos.

Artículo 94. (Carácter de denunciante).- Cualquier persona puede realizar una denuncia, incluso si es menor de dieciocho años de edad o no es la persona damnificada.

Artículo 95. (Puesta en conocimiento).- Basta la simple mera puesta en conocimiento del hecho denunciado para que la policía deba actuar.

Artículo 96. (Formalidad administrativa).- La formalidad administrativa de la denuncia puede ser previa, simultánea o posterior a la misma, pero nunca será un requisito imprescindible para la inmediata actuación policial.

La policía debe actuar en forma inmediata y con la mayor diligencia para impedir o reprimir cualquier hecho ilícito y luego proceder a la documentación de la denuncia. La información necesaria e imprescindible para fundamentar la actuación primaria no debe impedir, bajo ninguna circunstancia, la actuación policial.

Artículo 97. (Atención a la persona denunciante).- El personal policial no desestimará ninguna denuncia, aunque el hecho denunciado no pertenezca a su jurisdicción. En todo caso deberá atender correcta y respetuosamente al denunciante, tomando conocimiento del hecho y enterando a su superior, a los efectos que éste disponga el trámite que corresponda.

Artículo 98. (Denuncia escrita).- Si el compareciente presenta denuncia escrita, la policía debe recibirla con las formalidades del caso y, oportunamente, enterar al Juez competente.

Artículo 99. (No exigencia de denuncia escrita).- El personal policial no puede exigir en ningún caso una denuncia escrita como requisito previo a su actuación. Ante alguna duda al respecto, el personal policial actuante enterará al superior a cargo del servicio, quien, en su caso, podrá enterar y/o consultar al Juez competente.

Artículo 100. (Resolución de situaciones).- De plantearse algún conflicto o cuestionamiento con o por parte del denunciante, el personal policial actuante enterará de inmediato al superior a cargo del servicio, quien adoptará las decisiones pertinentes, previa comunicación al Juez competente, estándose a lo que éste resuelva en definitiva.

Artículo 101. (Abstención de comentarios).- El personal policial, se abstendrá de hacer comentarios sobre aspectos de la denuncia, presuntos autores u otro tipo de información relativa a la misma.

Artículo 102. (Prioridades de actuación).- El personal policial no dispensará ningún tipo de tratamiento discriminatorio ni dará prioridad a los procedimientos sobre la base de la condición social, económica o de cualquier otra índole de la persona denunciante.

El personal policial atenderá en forma inmediata los hechos denunciados que, por su gravedad, impliquen tomar medidas urgentes para asistir a la víctima, impedir la continuación de la actividad delictiva, preservar elementos probatorios o perseguir a los presuntos autores del ilícito.

Artículo 103. (Identificación del personal policial actuante).- El personal policial actuante, a requerimiento de la persona denunciante, debe proceder a identificarse, proporcionando su grado, nombre y apellido y número de funcionario, así como exhibiendo la identificación que lo acredita como tal cuando le sea solicitada.

Artículo 104. (Constancia).- La policía debe extender a toda persona que realiza una denuncia una constancia escrita de la misma.

Artículo 105. (De la reserva de la denuncia).- La policía mantendrá absoluta reserva del desarrollo de la investigación a que diere lugar la denuncia y de la identidad de la persona denunciante, víctimas, testigos y otras personas presuntamente involucradas en los hechos denunciados.

En especial, la policía no debe concurrir al domicilio de la persona denunciante para realizar cualquier diligencia referida a los hechos denunciados. En caso que sea necesario convocar a la misma a la dependencia policial para ampliar o aclarar cualquier aspecto de la denuncia, la citación deberá realizarse por personal policial de particular o a través de comunicación telefónica si ello fuera posible, de forma tal que se garantice la máxima reserva para la seguridad de la persona denunciante y de su familia.

Artículo 106. (Denuncias que no determinen intervención policial).- En caso de denuncias que, prima facie, por su naturaleza no determinen la intervención policial, el policía actuante informará al superior a cargo del servicio. En caso de duda, se dará cuenta de inmediato al Juez competente, estándose a lo que éste disponga.

Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso, se brindará a la persona denunciante la información necesaria respecto al organismo público o institución privada donde puede dirigir la denuncia referida.

Artículo 107. (Falta de documento de identidad).- La falta de documento que permita identificar a la persona denunciante no impedirá el accionar de la policía respecto al hecho denunciado.

Artículo 108. (Responsabilidad de la policía).- Por los dichos y testimonios del denunciante, incluso indocumentado, se realizará el procedimiento correspondiente. En caso que los hechos denunciados sean falsos, no se configurará ningún tipo de responsabilidad respecto del personal policial actuante.

Artículo 109. (Identificación de la persona denunciante indocumentada).- Cuando la persona denunciante esté indocumentada y no exista ningún otro medio de comprobar su identidad, deberá requerírsele, junto a su firma, la impresión dígito-pulgar.

Artículo 110. (Falta de documentación de los efectos involucrados en hechos denunciados).- No será impedimento para el accionar policial el hecho de que la persona denunciante carezca de la documentación de los bienes involucrados en los hechos denunciados.

En estos casos, de producirse la recuperación de bienes involucrados en la denuncia, si la persona denunciante reconoce los mismos como de su propiedad, se enterará a la Justicia competente.

De igual forma se procederá cuando exista toda la documentación necesaria de los bienes mencionados.

Artículo 111. (Entrega bajo recibo).- Todas las devoluciones de bienes involucrados en los hechos denunciados que sean recuperados por la policía, se harán a su propietario bajo recibo.

Artículo 112. (Formalidades administrativas del recibo).- En los recibos deberá hacerse constar el detalle de los bienes que se devuelvan, la autoridad judicial que dispuso la devolución y las firmas del superior responsable del servicio y de la persona denunciante.

Los recibos se confeccionarán en cuatro copias: original para el denunciante, copia para la Justicia competente y las restantes para archivo en la dependencia policial.

Sección II

La escena del hecho

Artículo 113. (Concepto de escena del hecho).- Se entiende por escena del hecho a los efectos de esta ley, el lugar físico donde ha ocurrido un hecho que determine la intervención policial.

Artículo 114. (Preservación de la escena del hecho).- La policía debe disponer las medidas necesarias para la preservación de la escena del hecho, enterando de inmediato al Juez competente.

Artículo 115. (Intervención de la defensa en la escena del hecho y en las pericias realizadas por la Policía Técnica).- La intervención de abogados defensores en la escena del hecho y en las pericias a cargo de la Policía Técnica puede ser ordenada exclusivamente por el Juez competente.

Artículo 116. (Personal policial responsable de la preservación de la escena del hecho).- El personal policial que llegue primero a la escena del hecho será responsable de su preservación. De inmediato enterará a sus superiores y solicitará el apoyo necesario, debiendo tomar nota de sus primeras observaciones.

Una vez constituido el Juez competente en la escena del hecho, éste dirigirá el cumplimiento de las diligencias respectivas.

Artículo 117. (Primeras diligencias).- El personal policial deberá, antes que cualquier otra diligencia, prestar atención a la víctima en la escena del hecho. Si la misma se encuentra presumiblemente con vida, deberá procurarle los primeros auxilios. De tener que movilizar el cuerpo, anotará la posición en que se encontraba el mismo y otros detalles que ayudarán a reconstruir la escena posteriormente.

Artículo 118. (Asistencia a la víctima y responsabilidad de la policía).- La policía no será responsable por la fuga del presunto autor del hecho que determine su intervención si debe asistir a la víctima en el caso de que no haya quien le preste auxilio o colaboración.

Artículo 119. (Persecución del autor).- En caso de que la víctima cuente con auxilio de terceros o no lo necesite, sin descuidar la escena del hecho, la policía procederá a la detención del presunto autor del ilícito o a su persecución.

Artículo 120. (Protección de los indicios).- El personal policial tomará los recaudos para impedir el deterioro de la escena del hecho, protegiendo los indicios de posibles alteraciones por factores climáticos o de otra naturaleza. Para ello, deberá aislar la escena en un radio mayor al de la misma, mientras se produce la llegada al lugar de sus superiores, Policía Técnica y demás autoridades competentes.

Artículo 121. (Facultades para detener o conducir).- Los procedimientos de detención y/o conducción de personas en la escena del hecho se regirán por lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49 de la presente ley.

Artículo 122. (Incomunicación en la escena del hecho).- De ser necesario, el personal policial procederá a la incomunicación, como medida de urgencia (artículo 75 de la presente ley), sobre la víctima, el presunto autor y los testigos, a quienes identificará debidamente, procurando, en lo posible, que no se alejen del lugar hasta la llegada del superior a cargo del servicio y/o del Juez competente.

Artículo 123. (Intervención de peritos criminalísticos policiales).- Los peritos criminalísticos de la Policía Nacional podrán estar presentes en las pericias que se ordenen por la Justicia competente para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Sección III

Allanamiento y registro domiciliario

Artículo 124. (Principio general).- Entre la salida y la puesta del sol, solamente se podrá ingresar a una morada con orden escrita del Juez competente. En horas de la noche, se requiere el consentimiento de la persona adulta jefe o jefa de hogar (artículo 11 de la Constitución de la República), sin perjuicio de la comunicación inmediata al Juez competente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6° de esta ley.

Artículo 125. (Facultades de la orden de allanamiento).- La policía deberá conducir a dependencias policiales a las personas presuntamente involucradas en hechos delictivos que se encuentren en la morada allanada aunque la orden de allanamiento no incluya la orden de detención, dando cuenta de inmediato al Juez competente, conforme con lo dispuesto por el artículo 6° de la presente ley.

Artículo 126. (Allanamiento sin presencia de personas mayores de edad o en ausencia de moradores).- Si el Juez ordena el allanamiento en una vivienda y no se encuentran personas mayores de edad en la misma o en caso de ausencia total de sus moradores, la diligencia se realizará por el personal superior a cargo del servicio. En todo caso se dejará constancia en acta de lo actuado con la firma de dos testigos, disponiéndose de un cerrajero para las diligencias del caso cuya actuación quedará documentada en el acta. En todo caso se elevará informe circunstanciado al Juez competente.

Artículo 127. (Limitaciones y medidas de seguridad).- En todos los casos, se velará por la seguridad de las personas involucradas y se procurará ocasionar el menor daño posible a bienes u objetos que se encuentren en la morada allanada. Del resultado de lo actuado se enterará al Juez competente.

Artículo 128. (Incautación en un allanamiento).- La orden de allanamiento debe autorizar la incautación de cualquier objeto o artículo vinculado a los hechos investigados que se encuentre en la morada o como resultado del registro personal de quienes se encuentren en el lugar, o sobre los cuales la policía cuente con motivos suficientes o fundados respecto a su origen ilícito.

Artículo 129. (Acta de actuación e incautación).- En ocasión del procedimiento policial al que se refiere el artículo anterior se deberá labrar acta de lo actuado e incautado.

Artículo 130. (Formas de documentar el procedimiento).- La policía puede utilizar equipos de grabación, videos, cámaras fotográficas u otros, sin obviar la intervención de Policía Técnica y solicitar el apoyo de grupos especiales, de ser necesario.

Artículo 131. (Responsabilidad del superior).- Sin perjuicio de lo ya expuesto, será responsabilidad del superior a cargo del servicio:

A) Planificar y comandar los allanamientos.

B) Dar órdenes precisas a sus subalternos, asignándoles cometidos específicos y señalándoles claramente los límites de su accionar.

C) Sin descuidar la seguridad, no involucrar más personal que el necesario.

D) Prever el armamento y otros medios de intervención convenientes.

E) Asegurar los medios de comunicación.

F) Velar por la seguridad de las personas involucradas, el personal policial y los terceros circundantes.

Artículo 132. (Limitaciones al uso de la fuerza).- El superior a cargo del servicio también deberá actuar de acuerdo a las siguientes disposiciones:

A) No permitirá que se esgriman armas sin causa justificada, ni que se exagere el uso de la fuerza o que el personal subalterno tenga actitudes violentas o inconvenientes.

B) Extremará su control cuando hayan menores de edad en el lugar.

C) En todo momento el personal subalterno actuará mediante sus órdenes.

Artículo 133. (Límites de tiempo. Vigencia).- Las limitaciones establecidas en el artículo 202 del Código del Proceso Penal no regirán cuando el registro o inspección se efectúa en lugares no destinados a una morada (artículo 203 del Código del Proceso Penal).

Artículo 134. (Control y prevención).- Los lugares comerciales, de reunión o de recreo con acceso público, podrán ser inspeccionados sin orden judicial. Cumplida la diligencia, se informará de inmediato al Juez competente.

Artículo 135. (Inspecciones oculares).- La policía está facultada a efectuar inspecciones oculares en los locales destinados a hospedaje, como pensiones, hoteles y afines, con el fin de comprobar los movimientos de población flotante y verificar la identidad de los pasajeros. El ingreso a las habitaciones de los huéspedes se regirá por lo dispuesto en la Sección III del Capítulo V de la presente ley.

Sección IV

Ingreso a morada en casos de extrema necesidad

Artículo 136. (Requisitos para el ingreso policial a una morada en casos de extrema necesidad).- En circunstancias límites, por razones de interés general (artículo 7° de la Constitución de la República), configurada la hipótesis de extrema necesidad y como última ratio, se prescindirá del consentimiento del jefe o jefa de hogar o de la orden judicial para el ingreso a una morada, siempre que ocurran los siguientes extremos:

A) La existencia de un peligro cierto, grave e inminente respecto de los ocupantes.

B) La imposibilidad de evitarlo por otros medios.

C) Que el ingreso tenga como única finalidad evitar o detener la producción del daño.

D) La comunicación inmediata, relativa al ingreso y sus resultados, a la Justicia competente, en los términos establecidos por el artículo 6° de la presente ley.

En estos casos, configurada la hipótesis de extrema necesidad y otorgadas las garantías del caso, se presumirá, salvo prueba en contrario, el pleno cumplimiento de la ley (artículo 28 del Código Penal).

Bajo su más seria responsabilidad, el personal policial actuante tendrá en cuenta que, conforme con lo dispuesto por el literal C) del inciso primero de este artículo, en ningún caso el ingreso a una morada en las referidas circunstancias lo habilita a realizar procedimientos de allanamiento o de registro domiciliario.

Sección V

Prestación de garantías

Artículo 137. (Concepto).- Por prestación de garantías se entiende el apoyo que presta la policía a requerimiento de autoridades públicas nacionales o departamentales para el cumplimiento de diligencias específicas.

Del mismo modo, integra el concepto de prestación de garantías el apoyo que presta la policía a solicitud de cualquier persona física o jurídica con la anuencia del Juez competente.

Artículo 138. (Orden del superior a cargo del servicio).- Si la prestación de garantías la realiza el personal subalterno, la cumplirá siempre a partir de la orden del superior a cargo del servicio, el que deberá proporcionarle directivas precisas y concretas para su cumplimiento, asignándole el apoyo que fuere necesario.

Artículo 139. (Tipos de prestación de garantías).- El superior a cargo del servicio ordenará una prestación de garantías:

A) De oficio, para evitar un daño superior al que se pretende evitar.

B) A requerimiento de autoridades públicas nacionales o departamentales.

C) Por orden de la Justicia competente.

D) A iniciativa de la policía y con autorización de la Justicia competente.

E) A requerimiento de una o más personas físicas o jurídicas, siempre que medie autorización judicial.

Artículo 140. (Responsabilidad de las operaciones).- En los casos que la prestación de garantías obedezca a las causales identificadas en los literales B), C), D) y E) del artículo 139 de la presente ley, una vez solicitada la misma el personal policial solamente cumplirá las órdenes operativas emitidas por el superior a cargo del servicio.

El superior a cargo del servicio asumirá la responsabilidad exclusiva de la planificación y operación de las acciones que estime adecuadas disponer de acuerdo a las circunstancias del caso.

Artículo 141. (Actuación de la policía).- El superior a cargo del servicio advertirá al personal actuante que no debe tomar posición a favor de una de las partes en conflicto, indicándole con claridad los límites de su accionar.

Conforme al inciso anterior, el personal actuante debe ser imparcial. Ello implica actuar en forma objetiva, ajustado a las directivas que le fueran impartidas, no involucrándose en la problemática del procedimiento.

Artículo 142. (Control del superior a cargo del servicio).- El superior a cargo del servicio controlará lo actuado dejando debida constancia en el parte policial y enterando a la Justicia competente.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION Y CONTROL EN VEHICULOS Y CONDUCTORES

Sección I

Control de vehículos y conductores

Artículo 143. (Facultades de la policía).- La policía puede realizar los controles, registros y detención de vehículos, en cumplimiento de sus funciones de prevención, como encargada de hacer cumplir la ley y como auxiliar de la Justicia.

Artículo 144. (Espirometría).- Se puede investigar a cualquier persona que conduzca un vehículo ante la eventual presencia y concentración de alcohol u otras drogas en su organismo a través del procedimiento de espirometría. Al conductor que se rehusare a los exámenes antes referidos se le retendrá la licencia de conducir y se le advertirá que la negativa supone presunción de responsabilidad en la violación de las normas de reglamentación de tránsito.

Artículo 145. (Casos de accidentes graves o fatales).- Cuando ocurran accidentes de tránsito con víctimas o fallecidos, se someterá preceptivamente a los conductores de los vehículos involucrados a los exámenes mencionados en el artículo anterior.

Artículo 146. (De las pruebas corporales).- De ser necesarias pruebas corporales (sangre, orina, semen, cabello, piel, ADN u otras), las mismas deben ser ordenadas por el Juez competente y practicadas por los peritos que éste designe.

Artículo 147. (Aliento alcohólico).- Constatada la existencia de aliento alcohólico en el conductor de un vehículo, la policía puede impedirle reanudar la marcha y conducirlo a la dependencia policial para someterlo a la prueba de espirometría, enterando al Juez competente del resultado de la misma y estándose a lo que éste disponga.

Artículo 148. (Controles de rutina).- La policía podrá llevar a cabo la prueba de espirometría en el lugar de la detención del conductor. En caso que el mismo no supere los límites permitidos según las normas vigentes, se autorizará al conductor intervenido a reanudar la marcha, debiéndose dejar constancia de lo actuado.

Artículo 149. (Casos de presunta ebriedad del conductor).- En los casos que se presuma la ebriedad de un conductor, la policía podrá detenerlo y someterlo al procedimiento antes reseñado, enterando de inmediato al Juez competente, y estándose a lo que éste disponga.

Sección II

Persecución y detención de vehículos sospechosos

Artículo 150. (Responsabilidad del superior responsable del servicio).- El superior responsable del servicio deberá instruir adecuadamente al personal subalterno respecto a que las acciones a que se refiere la presente sección se desarrollarán en el marco de lo dispuesto por el artículo 40 de la presente ley.

Artículo 151. (Actitudes prohibidas del personal policial).- Conforme con lo dispuesto por el artículo anterior, el personal policial no debe asumir este tipo de procedimiento a partir de impulsos personales, fuera del marco de cumplimiento de las órdenes recibidas. En todo caso debe asumir su obligación de evitar daños mayores a los que pretende evitar y tener presente que siempre deberá rendir cuenta del resultado de su accionar.

Artículo 152. (Uso del arma de fuego y de otros medios).- Sólo se podrá usar el arma de fuego, la fuerza física u otros medios de coacción, estrictamente de acuerdo con lo dispuesto por el Capítulo I del Título II de la presente ley.

Artículo 153. (Responsabilidad del superior a cargo del procedimiento).- El superior a cargo del procedimiento deberá ordenar, dirigir y controlar el operativo, disponiendo del apoyo armado pertinente al personal que tomará contacto directo con los presuntos infractores. Será responsable por las consecuencias de lo actuado, por los excesos o errores.

Artículo 154. (Advertencia policial).- La policía procurará, en todos los casos, advertir al conductor del vehículo que se pretende detener para que el mismo pueda tener adecuado conocimiento de la condición de policía del personal actuante.

Artículo 155. (Precaución).- En el momento de disponerse a la persecución de un vehículo, es indispensable que la policía se asegure que el mismo está requerido o que existen datos fidedignos de que el mismo ha participado en un hecho delictivo.

Artículo 156. (Mesa Central de Operaciones).- En todos los casos de persecución se informará inmediatamente a la Mesa Central de Operaciones, proporcionando la mayor cantidad de datos posibles. Al mismo tiempo, se procurará no perder de vista el vehículo involucrado para, con el apoyo de otras unidades y efectivos, lograr la detención de la manera menos riesgosa posible.

Artículo 157. (Límites de velocidad).- El personal policial que participa en el procedimiento no debe exceder los límites razonables de velocidad en la persecución de un vehículo, si ello puede comprometer el dominio del vehículo policial.

Artículo 158. (Responsabilidad en el procedimiento).- Si se pierde de vista el vehículo perseguido se informará de ello a la Mesa Central de Operaciones. El personal policial actuante no será responsable si dicho resultado es la consecuencia de un accionar que haya priorizado evitar un daño mayor al que se pretende evitar.

Artículo 159. (Uso del sistema de emergencias).- Previa comunicación y autorización de la Mesa Central de Operaciones, se hará uso discrecional de los sistemas de emergencias, recordando siempre que ello no exime al personal policial actuante de responsabilidad en caso de accidentes o daños, conforme a la normativa de tránsito vigente.

CAPITULO VII

ARMAMENTO REGLAMENTARIO, EQUIPOS U OTROS MEDIOS

Artículo 160. (Concepto de equipo reglamentario).- Por equipo reglamentario, a los efectos de esta ley, se entiende todo aquel que está expresamente establecido y ordenado en un reglamento orgánico.

Artículo 161. (Armas de fuego de uso reglamentario en la policía).- Las armas de fuego de uso reglamentario son exclusivamente aquellas que las autoridades competentes del Estado proveen al personal policial según su jerarquía y especialidad operativa. Pueden distinguirse en armas cortas o largas, automáticas o no.

Artículo 162. (Armas de fuego prohibidas).- Está expresamente prohibido el uso de armas de fuego que no sean las que proveen las autoridades competentes del Estado, ni aquellas cuyo calibre y munición no esté debidamente reglamentado para el servicio, salvo expresa y fundada autorización por escrito del comando policial respectivo.

Artículo 163. (Otras armas de uso reglamentario).- Está autorizado el uso del bastón policial o "tonfa", conforme a los reglamentos e instructivos que rigen su forma y uso.

Artículo 164. (Otras armas prohibidas).- Queda prohibido terminantemente el uso de cualquier otro tipo de arma contundente, como ser: cachiporras de metal (de las llamadas extensibles), con bola de metal en su extremo, y otras. Tampoco se permite el uso de cualquier otra arma que no esté reglamentada o autorizada por el comando policial respectivo, aun en los casos que su venta sea libre al público.

Queda prohibido asimismo el uso de cualquier otro tipo de arma para el servicio, como cuchillos, hachas o similares, salvo en aquellas unidades policiales especiales (bomberos, grupos tácticos) que, debido a su operativa, puedan ser autorizados a ello por el comando policial respectivo.

Artículo 165. (Uso de gas químico u orgánico).- Se autoriza el uso de gas químico u orgánico en la medida que sea provisto al personal por las autoridades competentes del Estado y esté autorizado su uso por el comando policial respectivo.

Artículo 166. (Uso racional y responsable).- Del uso racional, necesario y proporcional del gas químico u orgánico será responsable el personal policial actuante, el que deberá recibir instrucción previa al respecto.

Artículo 167. (Uso de equipamiento neutralizante no letal).- El personal policial está autorizado para la utilización del equipamiento neutralizante no letal denominado "stun guns" y "stun baton", con función de disuasión, defensa y protección.

Dichos dispositivos podrán ser utilizados por el personal policial, previa capacitación, y en aquellos casos o situaciones en los que se requiera proceder a neutralizar a un individuo, ya sea por su peligrosidad o resistencia, a fin de evitar un daño propio o ajeno.

Los distintos servicios, en particular los establecimientos carcelarios y centros de reclusión del país y las correspondientes unidades ejecutoras, instruirán al personal sobre la forma y condiciones de la utilización de los mismos, así como también dispondrán quiénes estarán autorizados a emplearlos.

Artículo 168. (Uso de esposas como medio de contención y defensa).- Está autorizado el uso de esposas. Las mismas no se consideran un arma sino un medio de contención.

En caso de ser necesario para evitar daños al personal policial o terceros, podrán utilizarse esposas en adolescentes detenidos por su participación en hechos tipificados como infracciones a la ley penal.

Artículo 169. (Otros medios de protección).- Está autorizado el uso de cascos, escudos, chalecos y todo otro tipo de protección no agresiva para la seguridad de los policías actuantes.

Artículo 170. (Uniformes, insignias, distintivos jerárquicos y otros).- Su uso se regirá por el reglamento de uniformes, de acuerdo a las jerarquías y especialidades policiales.

Artículo 171. (Uso de otros uniformes).- Se autoriza el uso de uniformes "orgánicos", "de tareas" o "internos" para unidades especiales o centros docentes policiales.

CAPITULO VIII

APLICACION Y OBSERVANCIA DE LA PRESENTE LEY

Artículo 172. (Responsabilidades por incumplimiento).- El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley tendrá como consecuencia la aplicación de las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y/o civiles que puedan determinarse por la Justicia.

Específicamente, el incumplimiento de la normas de naturaleza prohibitiva constituye falta grave a los efectos disciplinarios.

Artículo 173. (Capacitación e información).- El Ministerio del Interior tiene la obligación de capacitar e informar adecuadamente al personal policial para el cumplimiento de las responsabilidades que le impone la presente ley.

Artículo 174. (Denuncias por mal funcionamiento del servicio policial).- El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de presentación, recepción e investigación de denuncias ante la Fiscalía Letrada de Policía del Ministerio del Interior, en cualquier caso de mal funcionamiento del servicio policial por acción u omisión del personal actuante.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 175. (Derogaciones).- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de noviembre de 2007.

Tabaré Hackenbruch Legnani 1er. Vicepresidente

José Pedro Montero Secretario.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración recomienda al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley por el que se crea el marco normativo para el procedimiento policial, aprobado en la Cámara de Senadores, con las modificaciones introducidas por esta Asesora.

Con fecha 9 de octubre de 2006, fue remitido por el Poder Ejecutivo el proyecto de ley sobre procedimiento policial.

El mismo dicta normas que tienen como objeto principal, fortalecer las garantías a los derechos fundamentales vinculados a la seguridad ciudadana, a través de un marco normativo que regula el desempeño de la labor policial.

La Policía Nacional oficia, de acuerdo a la Constitución de la República y la normativa vigente, como auxiliar de la Justicia, para garantizar la convivencia democrática y el ejercicio de los derechos y deberes del conjunto de la sociedad.

Sin embargo, independientemente de la normativa constitucional y legal vigente, así como de las normas internacionales ratificadas por nuestro país, no existe un marco normativo consolidado que claramente defina los instrumentos y herramientas jurídicas en forma precisa, para el fiel cumplimiento del servicio policial a la comunidad.

Esta realidad, en los hechos, ha significado que se aplican diferentes actuaciones policiales ante situaciones similares, dejando librado a una excesiva discrecionalidad las distintas decisiones que se adoptan, comprometiendo por tanto, la correcta aplicación de las normas que buscan preservar principalmente los derechos de las personas y la responsabilidad de los integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Esta debilidad normativa, en ocasiones, genera incertidumbres y vulneración de derechos, dando lugar a legítimos reclamos de la población.

Son cotidianos los reclamos ante la falta de respuestas, demoras, trato inadecuado en dependencias policiales, intromisión indebida en la esfera privada de las personas, etcétera.

Este proyecto de ley pretende atender y corregir la dispersión de las normas en diferentes instrumentos jurídicos existentes y la falta de regulación en cuanto a la modalidad en que se ejerce la autoridad policial.

La ausencia de reglas claras fomenta prácticas de dudosa legalidad aplicadas en forma discrecional por la autoridad, así como querellas y demandas de difícil dilucidación en la Justicia Penal.

Con esta nueva normativa compilada, pretendemos contar con mecanismos claros en cuanto al proceder de la fuerza pública, de acuerdo a un Estado de Derecho en una sociedad democrática.

Además pretendemos salvar las dificultades que existen para una armónica complementariedad y coordinación entre el Poder Judicial y su auxiliar, la Policía Nacional, llenando los vacíos legales planteados y profesionalizando la relación entre los mismos.

A su vez, la Policía Nacional es responsable del acatamiento y respeto por las normas jurídicas vigentes y debe dar cuenta de sus actuaciones a los magistrados cuando existan violaciones a dichas normas.

El marco en que actúa generalmente se da ante situaciones urgentes y la toma de decisiones inmediatas aunque, como sabemos, son los jueces en última instancia quienes disponen las medidas pertinentes a tomar.

No obstante esta afirmación, los procedimientos de la fuerza pública, ya sea por la gravedad de los hechos sobre los que debe intervenir, así como por las distintas alternativas que se le plantean a los funcionarios generalmente guiados por el sentido común, no siempre son ajustados a derecho, generando consecuencias no deseadas y complicando la posterior evaluación judicial.

Esta situación genera efectos negativos tanto para la población afectada como para los propios funcionarios policiales que no tienen seguridades suficientes sobre la corrección o no de su proceder, siendo pasibles de ser sancionados por una actuación errónea.

También sucede con el personal superior a cargo, que tiene la responsabilidad de la supervisión y, por tanto, debe rendir cuentas ante la autoridad correspondiente por las acciones u omisiones de sus subalternos.

En este sentido, contar con una regulación clara del procedimiento policial, significa una garantía para el personal policial a partir de contar con un marco normativo compilado.

Desde el mes de marzo del año 2005, el Poder Ejecutivo conformó un grupo de trabajo integrado por policías de distinto grado y profesionales de diferentes especialidades, para trabajar en la producción de un primer borrador de trabajo sobre la normativa en cuestión.

A partir del mismo, se desarrollaron una serie de consultas que incluyeron a la totalidad de las unidades ejecutoras de la Policía, a posteriori se elaboró un anteproyecto que recibió numerosos aportes de prestigiosos juristas especializados en derecho constitucional, derecho penal y derecho procesal penal, así como de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Con todos estos aportes se sintetizó el proyecto de ley que remitiera el Poder Ejecutivo al Parlamento.

En primer lugar fue tratado en la Cámara de Senadores; tanto en la Comisión de Constitución y Legislación como en el Pleno de la misma, fue objeto de un profundo análisis del cual surgieron aportes que concluyeron en una serie de modificaciones al texto original, enriqueciéndolo.

En igual sentido se trabajó en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados, en un marco de discusión positiva que permitió hacer ajustes al proyecto remitido por el Senado, logrando importantes consensos entre los integrantes de la Comisión, que culminaron con el proyecto de ley que hoy ponemos a consideración del Cuerpo.

Por último y antes de ingresar en el análisis del articulado en forma específica, estamos persuadidos de la necesidad de contar con esta forma como instrumento fundamental para garantizar los derechos fundamentales de los individuos y de la sociedad en su conjunto, así como para reglamentar en forma precisa el desarrollo del accionar de la labor policial, contribuyendo en forma sustantiva al equilibrio necesario entre los derechos individuales y la seguridad ciudadana.

Título I. Parte general. Este título consta de dos capítulos con 13 artículos.

En el Capítulo I (Principios generales), se definen el alcance de la ley y el marco constitucional y legal en que se aplica, las atribuciones, donde se enumeran las actividades del servicio policial –observación, información, prevención, disuasión y represión- con el objeto de impedir, y de ser necesario, reprimir delitos, infracciones, etcétera, para auxiliar a la Justicia competente.

Es de destacar que en el artículo 3° se definen las fases de la actuación policial, observación, prevención, disuasión y excepcionalmente la represión, con el fin de preservar y proteger los derechos humanos de las personas.

Del mismo modo en el artículo 4° se establecen los principios de la actuación policial: su deber es hacer cumplir la ley, respetando y protegiendo los derechos humanos de las personas, con respeto, diligencia, sin ningún tipo de discriminación, estando obligada al fiel cumplimiento del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas (Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979).

A su vez define los procedimientos con niños, niñas y adolescentes, remitiéndose al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823) y la coordinación con el INAU.

El artículo 6° tiene una excepcional importancia. Refiere a la comunicación inmediata al Juez competente, como veremos en el desarrollo del articulado; ante situaciones de inmediatez y urgencia excepcionales explícitamente referidas, las intervenciones policiales deben ser puestas en conocimiento del Juez competente en un plazo máximo de dos horas desde el momento que se produce la intervención, conteniendo los elementos primarios necesarios para que éste pueda tomar la decisión que corresponda.

Este criterio es esencial para comprender el espíritu del proyecto, el permanente equilibrio entre las potestades que necesariamente deben otorgarse a la fuerza pública para el cumplimiento de su función y las necesarias garantías que deben otorgarse a los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentren involucradas en una actuación policial.

El Capítulo II (El mando policial), consta de 7 artículos, del 7° al 13.

En ellos se define con claridad la doctrina respecto del mando policial.

En primer lugar el concepto de disciplina, que establece el derecho de mandar y el deber de obedecer como base imprescindible para el cumplimiento de las atribuciones de la Policía Nacional.

Especialmente nos interesa referirnos al artículo 8°, la manifestación de la disciplina y los límites a la obediencia debida.

Este artículo hace referencia a la subordinación grado a grado y la obediencia a la orden legítima del superior.

En su inciso segundo establece nítidamente los límites a la obediencia debida, cumpliendo con los compromisos asumidos internacionalmente por el país en la materia, cuando establece, "el personal policial tiene especialmente prohibido cumplir órdenes manifiestamente ilegales, o que atenten contra los derechos humanos o el sistema republicano democrático de gobierno. En estos casos, la obediencia a una orden superior nunca será considerada como eximente o atenuante de responsabilidad".

Del artículo 9° al 13 se establecen: el concepto de mando, la autoridad del superior, el concepto de subordinación, la obediencia al superior en grado y las relaciones de superioridad y dependencia, con sus correspondientes definiciones doctrinarias, constitucionales, legales y reglamentarias.

Título II. Parte especial. Este título consta de dos capítulos, del artículo 14 al artículo 29.

El Capítulo I refiere al uso de la fuerza física, las armas u otraos medios de coacción.

Sin dudas se trata de regular uno de los aspectos más complejos del accionar policial.

El artículo 14 refiere a la seguridad estrictamente necesaria como definición de la acción policial.

Particular importancia tiene el artículo 15: se trata de la inclusión de una norma prohibitiva a partir de la cual se incorpora en el ordenamiento jurídico nacional una referencia clara respecto a la especial prohibición de infringir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre cualquier persona en ninguna circunstancia.

El artículo 16 define la obligación de la atención a las personas bajo custodia policial, asegurando la obligación de proteger la salud e integridad física de las mismas.

Del artículo 17 al 25 se incorporan los principios que rigen el uso de la fuerza. El personal policial solamente podrá hacer uso de la fuerza legítima cuando sea estrictamente necesario, en forma moderada, racional, progresiva y proporcional, entre el riesgo a enfrentar y el objetivo que se persigue. Por definición, el desempeño de las funciones policiales será a través de medios no violentos.

Del artículo 20 al 25, se define taxativamente en seis literales la oportunidad para el uso de la fuerza, enumerando las hipótesis que puedan concluir en ello, como último recurso para defender los derechos de la población.

Del mismo modo se especifican las oportunidades, límites y controles respecto del uso de armas de fuego.

En esta parte del articulado, se plasma con absoluta claridad el principio de que el uso de las armas de fuego es excepcional y se constituye en el último recurso de la intervención policial, exclusivamente aplicable en las situaciones explícitamente definidas.

Los conceptos de moderación y proporcionalidad, así como reducción al mínimo del daño, definen los extremos planteados.

Se recoge la doctrina universalmente aceptada, definida en la declaración AG/34/69, de 17 de diciembre de 1969, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, integrada a nuestro derecho positivo (inciso 4° del artículo 5° de la actual Ley Orgánica Policial, modificada por la Ley N° 16.707).

Estos principios son de recepción constitucional, conforme a los artículos 7°, 26, 72 y 332 de la Constitución de la República.

En el artículo 25 se establecen los procedimientos de comunicación a la Justicia, de acuerdo a los extremos planteados en el artículo 6° de la presente ley ya referidos.

En el Capítulo II, artículos 26 al 29, se establecen la forma de la comunicación regular a la Justicia: el procedimiento, la forma de documentar la comunicación judicial y el contenido de la comunicación.

Título III. La Policía auxiliar de la Justicia. Este título consta de nueve capítulos, del artículo 30 al 175.

El Capítulo I refiere a la doctrina del procedimiento. Los artículos 30 y 31, hacen referencia a la ponderación de la intervención policial, la obligación de actuar con racionalidad evitando generar un daño mayor al que se pretende impedir, expresando el alcance de este concepto, eximiendo de responsabilidad cuando la actuación se enmarque en lo establecido en el Código Penal, artículos 26, 27 y 28, legítima defensa, estado de necesidad o cumplimiento de la ley.

El Capitulo II contiene indicaciones precisas respecto al deber de protección de los derechos de las víctimas, testigos y personas que brinden información calificada.

Se establece la validez y registro aun de la información de carácter anónima; la confidencialidad; el derecho a la información por parte de la víctima de las actuaciones policiales desarrolladas, salvo orden expresa de la Justicia y la responsabilidad del personal policial de las medidas de protección que se le ordenen.

El Capítulo III refiere al procedimiento de detención de las personas.

Los artículos 38 al 42 incluyen la definición del concepto de detención y los diferentes procedimientos y medidas de seguridad que debe cumplir el personal policial en esta materia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución de la República.

La privación de la libertad ambulatoria de las personas, en ningún caso puede afectar la integridad física o la dignidad de las mismas, reiterando los conceptos de racionalidad, progresividad y proporcionalidad.

A su vez plantea que la fuerza no debe aplicarse en forma innecesaria u ostentosa, con el menor riesgo posible, agotando los medios disuasivos y debe cesar inmediatamente una vez controlada la situación.

La sección I de este Capítulo III regula la solicitud de identificación y acceso a la identidad personal, estrictamente en el marco de procedimientos que tienen por objeto la detención de personas requeridas por la Justicia competente, fugadas estando ya procesadas o condenadas, o presuntamente vinculadas a hechos delictivos recientemente acaecidos, artículo 43.

Solamente en estas circunstancias, la policía podrá solicitar la identificación de la persona a través de requerirle un documento idóneo para tal fin.

Exclusivamente en ese tipo de procedimientos y en los extremos planteados expresamente, en caso de negativa a identificarse (artículo 360, numeral 6° del Código Penal), o cuando la policía tenga motivos suficientes y fundados para dudar de la validez de la identificación, la persona podrá ser conducida a la dependencia policial para confirmar su identidad, dando cuenta en forma inmediata al Juez competente de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la presente ley.

En el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo, se abunda sobre los antecedentes doctrinarios y el derecho comparado que fueron base para la formulación de este artículo. Particularmente se refiere a Francisco Alonso Pérez, en su trabajo Seguridad Ciudadana, página 370 y siguientes, Editorial Marcial Pons Ediciones Jurídicas S.A., Madrid 1994.

En este ensayo, se analizan distintas experiencias en diferentes países que han consolidado un marco normativo que asegura plena vigencia del Estado de Derecho y las garantías a los derechos fundamentales. Es así que detalla los ejemplos de países como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España. En todos ellos, con algunas variantes entre sí, existen normas que habilitan, ante determinadas condiciones preestablecidas, a la policía a solicitar identificación a las personas y, en caso de dudas justificadas y razonables, retener o conducir a las mismas por un lapso de tiempo mínimo hasta lograr su identificación.

Creemos que el procedimiento incluido para tal caso en el artículo 43, está en consonancia con el más profundo respeto al Estado de Derecho y las garantías de los derechos individuales de las personas.

En la Sección II de este Capítulo III, se establecen normas de procedimiento para el registro personal, cuando no media orden judicial y conducción policial, elementos esenciales para el adecuado cumplimiento de las responsabilidades que la legislación vigente asigna a la fuerza pública, siempre enmarcado en el respeto a las garantías que el Estado debe prestar a los derechos humanos de las personas.

El elemento esencial que impregna la totalidad del texto de este proyecto de ley, está contenido en el artículo 44, la necesidad que se configuren motivos suficientes y fundados para justificar una intervención policial.

Motivo fundado implica, obviamente una apreciación subjetiva y por tanto discrecional del funcionario que ejecuta la medida, pero, si ese motivo resultare manifiestamente infundado, quien la llevare a cabo abusivamente responde por ella en vía penal o, por lo menos, a nivel administrativo disciplinario. (Victor H. Bermúdez; "El registro domiciliario y la requisa personal", en "Curso sobre el Código del Proceso Penal", página 296).

En los siguientes artículos de esta sección II, se definen los procedimientos resepcto al registro de vehículos e incautación de efectos, así como la comunicación inmediata al Juez competente.

La Sección III se introduce en la regulación de la detención sin orden judicial y conducción policial. El artículo 47 define explícitamente las circunstancias en que la policía deberá detener aún sin orden judicial. Acude al concepto definido en el artículo 111 del Código del Proceso Penal, "in fraganti delito" y enumera en tres literales las situaciones que se entiende configuran tal extremo.

En el artículo 48 se establece la forma en que se debe actuar ante la conducción policial de personas eventualmente implicadas en un hecho delictivo. En su inciso primero nuevamente se introduce el concepto de "motivos suficientes o fundados" y se ubica el extremo del riesgo de posible fuga o alteración de elementos probatorios. A su vez debe darse cuenta de inmediato al Juez competente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° del presente proyecto. En el inciso segundo reafirma que fuera de la hipótesis del inciso anterior, nadie podrá ser conducido sin previa orden judicial.

El concepto de conducción policial, se define en el mensaje del Poder Ejecutivo, citando la posición de Vélez Mariconde, así como la de Fenech, que abundan sobre las limitaciones a la libertad individual de carácter fugaz o provisoria.

A la garantía que establece la comunicación inmediata al Juez (artículo 6°), se suma la consagrada en el artículo 49, el derecho de la persona detenida o conducida a ser informada de los motivos y el derecho a la comunicación inmediata de su situación a familiares, allegados o a un abogado. Del mismo modo se atiende al deber de informar a los familiares del detenido. La elaboración de este texto se inspira en la más prestigiosa doctrina elaborada por Naciones Unidas respecto a los límites al ejercicio de determinados derechos fundamentales, a favor de toda la comunidad y la protección del interés público, en el marco de un Estado de Derecho y pleno ejercicio de las libertades individuales.

El Capítulo IV refiere a los procedimientos con personas detenidas o conducidas en dependencia policial. En la Sección I, del artículo 51 al 62, se establecen los procedimientos a adoptarse en este sentido. Se consagran expresamente las garantías para las personas detenidas en dependencias policiales, constatación y atención del estado de salud de la persona detenida o conducida, el registro administrativo, el registro de valores, el registro personal, las limitaciones al mismo, la documentación de los valores y orden de entrada y registro, el alojamiento de personas detenidas o conducidas, las limitaciones en el manejo de las personas, el trato, y cómo se actúa ante la orden de libertad. Estas garantías se expresan en la obligación de brindar atención médica, la prohibición a la policía de desnudar o revisar las partes íntimas de la persona, salvo, excepcionalmente, si existe riesgo de vida, dando cuenta inmediata al Juez, (artículo 6°), refiriéndose explícitamente al debido respeto y la dignidad del detenido.

Asimismo, se regula el alojamiento, a partir de la consideración de criterios técnico-profesionales, impidiendo el contacto entre personas detenidas o conducidas, mayores y menores o de diferentes sexos.

En los artículos 60 y 61, se abunda sobre el trato a la persona detenida o conducida, prohibiendo los agravios, tratos humillantes o provocaciones y se reafirma el concepto fundamental de prohibir toda forma de coacción física ilegítima o maltrato psicológico.

La Sección II de este Capítulo IV, refiere a los procedimientos de averiguación en dependencias policiales. Los artículos 63, 64 y 65, definen las características del interrogatorio en dependencia policial, aclarando que el resultado del mismo no tiene valor probatorio sino indicativo ante la Justicia, así como la intervención de la defensa en dependencia policial de acuerdo a lo dispuesto en el Código del Proceso Penal y las particularidades previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823), cuando se trate de menores presuntamente infractores. Del artículo 66 al 74, se describe el procedimiento para los reconocimientos y sus límites.

Previa orden del Juez competente, se deben seguir reglas explícitas en cuanto a los reconocimientos en dependencias policiales, preservando las garantías para testigos, víctimas y las personas presuntamente involucradas en hechos delictivos.

A su vez se establece la prohibición de efectuar reconocimientos fuera de la dependencia policial, (artículo 67).

Luego ingresa en otras formas de reconocimiento y acceso a la información que esclarezca los hechos, otros objetos de reconocimiento, exhibición de galería de fotos, solicitud de información por los medios de comunicación así como el cierre de fronteras, requisitorias y capturas, siempre con previa orden judicial, (artículos 68 a 72).

En los artículos 73 y 74, se ingresa en la posibilidad de realizar actividades de información e inteligencia de acuerdo a los principios generales contenidos en el proyecto (artículos 1° a 4°), así como contar con archivos de antecedentes de las personas vinculadas a actividades ilícitas, exclusivamente con el objeto del cumplimiento de esas funciones.

La Sección III de este Capítulo IV, define el mecanismo de la incomunicación. Así es que del artículo 75 al 77, trata sobre la procedencia de la incomunicación en la escena del hecho, con el objetivo de contribuir con la indagatoria y el esclarecimiento del mismo. Desarrolla el concepto de la incomunicación de la persona presuntamente involucrada así como de los testigos, respecto de terceras personas.

En el artículo 77 indica que, previa orden judicial, la incomunicación puede alcanzar a la propia víctima del mismo. La incomunicación planteada en estos tres artículos descriptos, debe plantearse, exclusivamente, como medida de urgencia y a los solos efectos de preservar la escena del hecho, debiendo dar cuenta al Juez competente de inmediato de acuerdo al artículo 6° del presente proyecto.

El artículo 78 refiere al régimen general respecto a la incomunicación, acudiendo a las normas contenidas en el Código del Proceso Penal.

En la Sección IV, se establecen normas para la custodia de personas detenidas en centros asistenciales, regulando con claridad las diferentes responsabilidades del personal policial y el personal del centro asistencial correspondiente, artículos 79 al 87.

La Sección V del Capítulo IV trata sobre el traslado de personas detenidas, artículos 88 a 92. Las medidas de seguridad necesarias, la incomunicación cuando se trasladen dos o más personas, reparando claramente en la seguridad y la preservación de la integridad física del personal policial, las personas trasladadas y las terceras personas.

El Capítulo V regula los procedimientos de averiguación de delitos. En la Sección I se introducen normas sobre la denuncia, entendiendo por tal, la mera toma de conocimiento, a través de cualquier medio, de un hecho que determine la intervención policial, (artículo 93).

Se introducen normas para darle las mayores garantías a la persona del denunciante y para asegurar la eficacia de los procedimientos policiales.

Del artículo 94 en adelante, se define el carácter de denunciante, entendiendo por tal cualquier persona inclusive menor de edad, la mera puesta en conocimiento de la denuncia para obligar a la actuación policial, la formalidad administrativa a cumplir, que puede ser previa, simultánea o posterior, pero nunca será un requisito que excuse la inmediata actuación policial.

El articulado que sigue, regula la debida atención a la persona denunciante, obligando al personal policial a no desestimar ninguna denuncia, a atender respetuosa y correctamente a la misma, así como a la abstención de comentarios sobre aspectos de la denuncia. Obliga a la no discriminación por ningún concepto de la persona denunciante, así como, ante requerimiento, la identificación clara del funcionario actuante, la entrega de la constancia escrita al denunciante, la absoluta reserva del desarrollo de la investigación y de la identidad de la persona denunciante.

Finalmente, del artículo 107 al 112, se regula el procedimiento administrativo en forma precisa, que garantiza la actuación policial y los derechos de la persona que interpone la denuncia.

En la Sección II de este Capítulo V, se definen los procedimientos policiales en la escena del hecho, cuyas medidas de seguridad son imprescindibles para un correcto sistema de investigación criminal que provea a la justicia competente los elementos probatorios necesarios para la determinación de las eventuales responsabilidades.

Se definen y regulan el concepto de escena del hecho, la preservación del mismo, la intervención de la defensa en la escena y en las pericias técnicas, la responsabilidad del personal actuante; la prioridad de la atención a la víctima, la detención o persecución del presunto autor del ilícito y la incomunicación como medida de urgencia de acuerdo al artículo 75 del presente proyecto.

La Sección III regula otro de los procedimientos complejos que debe cumplir la policía, el allanamiento de morada y el registro domiciliario. El principio general, artículo 124, define con claridad el precepto constitucional respecto al tema (artículo 11 de la Constitución de la República). En el artículo 125 se indica que, ante hechos delictivos que se encuentren en la morada allanada, la policía deberá conducir a las personas presuntamente involucradas a dependencias policiales, dando cuenta al Juez competente de inmediato, conforme al artículo 6° del presente proyecto.

El artículo 126, siempre que medie orden judicial, faculta al personal superior actuante a realizar el procedimiento de allanamiento, aun sin la presencia de mayores de edad o ausencia de los moradores, regulando las garantías del caso, constancia en actas de lo actuado, testigos que la firmen e informe de las circunstancias al Juez competente. Las limitaciones y las medidas de seguridad se plantean en el artículo 127, "se velará por la seguridad de las personas involucradas y se procurará ocasionar el menor daño posible...". La incautación en un allanamiento, debe estar integrada a la orden extendida por el Juez competente, (artículo 128).

Los artículos 129 y 130 regulan la documentación requerida para el procedimiento.

Los artículos 131 y 132 definen la responsabilidad del superior actuante y enumeran los aspectos fundamentales a considerar en el procedimiento; particularmente refieren a la no utilización de armas sin justificación, así como del uso de la fuerza exagerada, preservando especialmente la seguridad de los menores de edad en el lugar.

Finalmente, en los últimos artículos de esta Sección III, se autoriza a la inspección en lugares públicos sin necesidad de orden judicial, así como la realización de inspecciones oculares, en hospedajes, hoteles, etcétera, requiriendo para el ingreso a las habitaciones los mismos extremos planteados en el artículo 124 del proyecto en consideración.

La Sección IV, nos merece especial análisis. Se trata del ingreso a morada en casos de extrema necesidad, (artículo 136). La formulación de este artículo plantea que, "en circunstancias límites, por razones de interés general (artículo 7° de la Constitución de la República), configurada la hipótesis de extrema necesidad y como último ratio, se prescindirá del consentimiento del jefe o jefa de hogar o de la orden judicial para el ingreso a la morada...". Inmediatamente se enumeran los extremos que se deben plantear: peligro cierto, grave o inminente, imposibilidad de evitarlo por otros medios y que la única finalidad sea evitar o detener la producción del daño. Inmediatamente se debe comunicar al Juez competente, artículo 6° del proyecto. El último inciso reafirma que en ningún caso estas circunstancias habilitan a realizar procedimientos de allanamiento o registro domiciliario.

Para la fundamentación de estas circunstancias, acudimos a la más moderna doctrina nacional garantista y al derecho comparado. Moretti admitía que se podía efectivizar una inspección domiciliaria a cualquier hora de la noche en casos muy excepcionales, y señalaba al respecto "...en caso de incendio, estrago o calamidad pública..., así cuando se trata de prevenir o impedir la comisión de un delito, por ejemplo, cuando se piden auxilios o socorros desde dentro del domicilio..." (Moretti, Raúl, Derecho Procesal 2, página 422). Del mismo modo, el artículo 205 del Código del Proceso Penal, habilita el ingreso a una morada sin cumplir otros requisitos, siempre que la policía esté en presencia de un delito flagrante.

La solución proyectada se inscribe en la línea conceptual recogida por la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, específicamente en su artículo 12.

En el mismo sentido y siguiendo a Perciballe, "se parte del presupuesto elemental que cualquier injerencia en los derechos fundamentales requiere el correspondiente sustrato legal. La exigencia de norma infra constitucional dimana del artículo 7° de la propia carta cuando exige, y a su vez habilita, la limitación de aquéllos en casos que ‘razones de interés general’ así ameriten". El mismo autor citado continúa en el análisis a partir de la afirmación, "...los derechos fundamentales no son absolutos y, por tanto, pueden ceder ante bienes o valores constitucionalmente protegidos..."; más adelante firma; "...que al partir de que todo ordenamiento jurídico es un sistema extremadamente concatenado, se debe abordar su interpretación desde una perspectiva sistemática de la Carta...".

Siguiendo con Perciballe, "...A nadie escapa que existen situaciones especiales que conllevan razones de carácter humanitario, donde está en juego la vida o la integridad de las personas, incendios, accidentes domésticos, etcétera, que habilitan o, es más, obligan a las autoridades a ingresar para brindarles socorro". Además, analiza las circunstancias en que se está ante la presencia de un delito flagrante que se está cometiendo dentro de la vivienda, violencia doméstica, delitos sexuales, etcétera, o de quien, "...perseguido con los efectos del delito se introduce en su vivienda, de la cual es posible evadirse, si no se actúa en forma inmediata. Sin duda en estos casos entran en colisión los derechos del imputado, pero también los de la víctima, que igualmente son objeto de protección constitucional. De más está resaltar que un sinnúmero de estas situaciones tiene a su vez un marco legal desde la ley sustantiva, habida cuenta que son pasibles de ser encuadradas en los tipos permisivos en los artículos 26 del Código Penal, legítima defensa, y 27 del Código Penal, estado de necesidad, y en el artículo 28, cumplimiento de la ley, del mismo cuerpo legal que en última instancia suponen verdaderas cláusulas penales de autorización...".

Finalizando, Perciballe concluye "...Parecería desprenderse por tanto, que estos casos de extrema excepcionalidad, sujetos a eminentes razones de urgencia, sólo dan pábulo a la entrada a los únicos efectos de salvar la situación límite. El ir más allá de ello será pasible, desde lo sustancial, de la responsabilidad jurídico penal dimanante, y desde lo adjetivo, la invalorabilidad de los elementos probatorios obtenidos en la violación del derecho fundamental" (Perciballe, Ricardo: "Sistema de garantías constitucionales", páginas 202 a 205, Montevideo 2006).

En la Sección V se disponen normas sobre la prestación de garantías policiales en sus diferentes modalidades. Del artículo 137 (Concepto) al 142, se describen los procedimientos, la orden del superior a cargo y las instrucciones correspondientes al subalterno responsable; los tipos de prestación de garantías; de oficio, a requerimiento de autoridades públicas, por orden de la Justicia, y previa autorización judicial a personas físicas y jurídicas.

Finalmente se norma sobre la responsabilidad y control de las operaciones a cargo del superior, la imparcialidad de la actuación policial y la comunicación a la Justicia.

El Capítulo VI incluye las normas que regulan los procedimientos de prevención y control en vehículos y conductores.

Con este Capítulo se pretende contribuir a revertir la actual situación en materia de accidentes de tránsito, generadora de altos costos desde el punto de vista humano. Se autoriza al personal policial a realizar controles, registro y detención de vehículos, cumpliendo funciones de prevención.

Los artículos 144 al 149, autorizan procedimientos tales como, espirometría, pruebas corporales previa orden del Juez competente, detención en casos de embriaguez enterando a la Justicia y estando a lo que ésta resuelva.

La Sección II, refiere a la persecución y detención de vehículos sospechosos. Define que los procedimientos deben ser instruidos por el personal superior evitando riesgos. En este sentido se prohíbe al personal policial actuar a impulsos personales, evitando daños mayores a los que se pretenden evitar. Del artículo 153 al 159, se plantean en forma pormenorizada los procedimientos, responsabilidades, advertencias, coordinaciones y límites.

En el Capítulo VII, se ingresa a las disposiciones que regulan el armamento reglamentario, equipos u otros medios. Del artículo 160 al 171, se define el concepto de equipo reglamentario y armas de fuego reglamentarias, provistas por las autoridades competentes. A su vez se prohíbe expresamente el uso de armas de fuego no autorizadas, así como otro tipo de armas contundentes, cachiporras de metal, cuchillos, etcétera.

En los artículos 165, 166, 167, 168 y 169, se describen una serie de armas de protección, defensa y disuasión como, uso de gas, esposas, cascos, escudos, etcétera.

El último Capítulo VIII, refiere a la aplicación y observancia de la presente ley.

En primer lugar, el artículo 172 establece las responsabilidades en caso de incumplimiento de esta ley, se prevén sanciones administrativas, responsabilidades penales y/o civiles, así como, especialmente, define que el incumplimiento de las normas de naturaleza prohibitiva constituye falta grave.

Por el artículo 173 se impone al Ministerio del Interior la obligación de capacitar e informar al personal policial.

Esta obligación impuesta explícitamente, se constituye en una garantía para todas las personas beneficiarias del servicio policial, así como para el mismo personal policial, que tiene derecho a contar con todos los elementos para el adecuado cumplimiento de su trabajo.

El artículo 174, refiere a que el Poder Ejecutivo reglamentará las formas y procedimientos para recibir denuncias ante la Fiscalía Letrada de Policía ante el mal funcionamiento del servicio policial.

Por último, el artículo 175 deroga todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente proyecto.

CONCLUSION

Para finalizar el presente informe, queremos afirmar que, este proyecto de ley, pretende consagrar el principio básico que anima esta iniciativa legislativa: el necesario equilibrio que, en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática, debe existir entre las facultades que deben otorgarse a la policía para el adecuado cumplimiento de su función de servicio a la sociedad, y los controles que deben actuar con eficacia y rigurosidad para evitar cualquier forma de abuso o actuación ilegal por parte de la fuerza pública, con el objetivo superior de la convivencia ciudadana en el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

Tal cual surge de la doctrina mas prestigiosa, nos identificamos con Laura Zúñiga Rodríguez cuando comparte: "como primera forma de intervención directa del control en la relación ciudadano-control social, el funcionamiento formal y real de la policía marcará la relación autoridad y libertad. Ello porque la institución policial encarna los dos ámbitos contrapuestos del poder: por un lado, tiene como función garantizar la seguridad de los ciudadanos; pero, por otro, constituye el principio modo de expresión de la autoridad estatal.

De ahí que un Estado democrático se caracterice, como dice Barbero Santos, por instrumentar los mecanismos necesarios para un equilibrio armonioso entre el ejercicio de los poderes indispensables para el cumplimiento de las misiones de la policía y el derecho del ciudadano a ser protegido contra los eventuales abusos cometidos en el ejercicio de estos poderes". (Zúñiga Rodríguez, Laura: Libertad personal y seguridad ciudadana, Ed. PPU, Madrid 1993).

No podemos concluir sin destacar, con plena convicción, que esta iniciativa legislativa se enmarca en una estrategia del Ministerio del Interior, orientada a la modernización y profesionalización de la Policía Nacional.

El esfuerzo pasa por mejorar los estándares de gestión, incorporando las herramientas jurídicas precisas para el cumplimiento de sus cometidos y consolidando su doctrina para mejorar, día a día, el servicio que brinda a la sociedad uruguaya.

Por lo expuesto aconsejamos al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 17 de octubre de 2007.

Gustavo Bernini, Miembro Informante; Diego Cánepa, Edgardo Ortuño, Javier Salsamendi, Jorge Zás Fernández, Gustavo Borsari Brenna, con salvedades que expondrá en Sala; Juan Curbelo, con salvedades que expondrá en Sala; Luis Alberto Lacalle Pou, con salvedades que expondrá en Sala.

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA N° 122

En Montevideo, el trece de mayo de dos mil ocho, a la hora catorce y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros: las señoras Senadoras Margarita Percovich y Lucía Topolansky y los señores Senadores Sergio Abreu, Francisco Gallinal, Reinaldo Gargano, Carlos Moreira, Rafael Michelini, Luis Oliver y Julio M. Sanguinetti.

Preside el señor Senador Reinaldo Gargano, Vicepresidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría de la Comisión la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión y la colaboradora de la misma señora Gloria Mederos.

ASUNTOS TRATADOS:

CARPETA N° 656/2006. PROCEDIMIENTO POLICIAL. Marco Normativo. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2142/2007.

En consideración las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. A continuación la señora Senadora Margarita Percovich efectúa el análisis del articulado.

Intervención de varios señores Senadores. Finalizadas las mismas la Comisión resuelve remitir al Plenario el proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Los señores Senadores miembros procederán a realizar consultas en las respectivas Bancadas.

CARPETA N° 934/2007. "CAPITAL NACIONAL DE LA CAÑA DE AZUCAR". Se declara la ciudad de Bella Unión y su zona de influencia (7ª Sección Judicial del departamento de Artigas). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 1997/2007. La señora Senadora Margarita Percovich solicita que se pase a la consideración del proyecto de ley. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. Queda aprobado el proyecto de ley. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Lucía Topolansky, quien lo hará en forma verbal.

A la hora dieciséis queda levantada la sesión.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido  N° 2441/2008, que forma parte del presente documento.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y la señora Secretaria.

Reinaldo Gargano Vicepresidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto de ley que fuera remitido a la Cámara de Senadores en el año 2006 y que saliera con algunas modificaciones hechas por unanimidad a lo largo de su tratamiento, ingresó luego a la Cámara de Representantes, que también realizó una serie de cambios. Posteriormente, la iniciativa volvió a la Cámara de Senadores y fue considerada en la Comisión de Constitución y Legislación.

A continuación, voy a describir claramente los cambios que se han hecho para que todos los integrantes del Cuerpo sepan cuáles son de fondo y cuáles de forma, aunque diría que la mayoría de las modificaciones realizadas son de forma.

El artículo 1º del proyecto de ley dice: "Las disposiciones incorporadas a la presente ley se aplicarán al personal policial que cumple funciones ejecutivas, conforme al marco establecido por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales sobre la materia ratificados por la República, la Ley Orgánica Policial y demás normas cuya vigencia efectiva está encomendada al contralor de la Policía Nacional". Creo que ha sufrido una serie de modificaciones que lo mejoran, porque el objetivo de esta iniciativa es justamente establecer un marco bien claro de actuación para las fuerzas policiales. Este marco ha sido solicitado largamente por los cuadros policiales. Personalmente integré la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Período anterior y recuerdo perfectamente que este es un debe que siempre discutíamos con el entonces Ministro Stirling, en el sentido de que es necesario para el país, pero sobre todo para la institución policial.

En la Comisión de Constitución y Legislación del Senado nos han hecho muchos comentarios y el tema ha sido ampliamente manejado a través de los medios de comunicación. Lamentablemente ello se ha hecho con muy mala información con relación a los textos venidos de la Cámara de Representantes. De todas maneras, encontramos que unos pocos artículos todavía podían ser mejorados y, sobre todo, clarificados. Como se trata casi de un manual de procedimiento para aquellos casos en los que se deba interpretar si se actuó bien o mal, es bueno que sea lo más claro posible, porque está relacionado con funcionarios de la Policía.

En el Título I, que contiene dos Capítulos, la Cámara de Representantes solo hizo una modificación en el artículo 5º, cuyo "nomen juris" es "Procedimientos con niños y/o adolescentes". En ese caso, en el Senado entendimos que quizás nos equivocamos cuando lo tratamos por primera vez. La Cámara de Representantes simplemente hace un cambio de redacción, dejando solamente la sigla INAU en el literal c) en lugar de "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay". En realidad, pensamos que el literal a) debería decir "procedimientos", pero es simplemente una precisión. La Bancada de Gobierno, en acuerdo con los Legisladores de la Cámara de Representantes, seguramente discutiremos cuáles de las modificaciones establecidas en el Senado son pertinentes. Creo que esto sería conveniente por una cuestión formal.

En el Capítulo II no se han realizado cambios.

En el Título II, que también contiene dos Capítulos, se hace una modificación de redacción en el artículo 23 y hago notar que nosotros presentamos algunos cambios. Asimismo, advertimos que el artículo 25 no tiene nomen juris. Eso es algo que se nos pasó a las dos Cámaras y creemos que sería bueno incorporarlo. Además, en la Cámara de Representantes se hizo una modificación de redacción en el artículo 29.

En cuanto al Título III, "La Policía Auxiliar de la Justicia", Capítulo I "Doctrina de Procedimiento", en el Senado pensamos que sería bueno aclarar el artículo 31, que se refiere a los alcances del concepto, estableciendo una precisión sobre el tema de la legítima defensa. Eso será motivo de acuerdo para presentar una modificación a los efectos de evitar una demora para que este proyecto de ley sea aprobado.

En el Capítulo III, "Detenciones", se hace una modificación de forma en el artículo 42. A su vez, en la Sección I "Identificación e Identidad", el famoso artículo 43, que se refiere a la solicitud de identificación, ha sido muy manejado a nivel público. En la Cámara de Representantes se ordena mejor la disposición inicial aprobada en el Senado. En la primera frase del inciso primero establece: "En el marco de procedimientos que tienen por objeto la detención de personas requeridas por la Justicia competente, fugadas estando ya procesadas o condenadas, o presuntamente vinculadas a hechos delictivos, la policía puede solicitar la identificación correspondiente", eliminando con corrección la expresión "recientemente acaecidos" después de la palabra "delictivos", porque si el hecho es delictivo, no importa que haya ocurrido recientemente o no. Esto también fue motivo de discusión en la Cámara de Senadores. Nosotros agregamos algunas frases que nos parecía que daban mayores garantías a este procedimiento. Sin embargo, creemos que la propuesta que se ha hecho debe ser rediscutida. El agregado que hicimos quizás haga surgir otras dudas, por ejemplo, con relación a quien establece la veracidad o no en el momento de pedir los documentos. Pensamos que hay que debatir sobre estos temas nuevamente para lograr la redacción más precisa para el procedimiento de la Policía, y creo que con esa mirada debemos analizar cada una de las redacciones.

En el artículo 44 de la Sección II, "Registro Personal", en la Cámara de Representantes se hizo solamente una corrección formal de un tiempo verbal. En la Comisión de Constitución y Legislación del Senado no lo tuvimos en consideración o, por lo menos, no quedó expresada la preocupación la primera vez que lo analizamos, pero tenemos discrepancias en lo que tiene que ver con el registro personal. Tanto en esta disposición como en el artículo 55 -ambos refieren a registros personales-, deben ser muy claramente explicitados los procedimientos que tienen lugar en una Seccional o por parte de la Policía. Es necesario establecer quién debe efectuar el registro -en esta Sección II tiene que quedar explicitado que sean personas del mismo sexo- porque eso, además, da cumplimiento a algunos compromisos de Convenciones Internacionales que refieren a la detención y los procedimientos policiales. Este es uno de los temas que tenemos el compromiso de modificar.

En el artículo 45 se hizo una modificación de redacción en la Cámara de Representantes.

En la Sección III, "Detención sin orden judicial y conducción policial", en el artículo 47 se hizo una modificación de redacción. A su vez, en el artículo 48 se hizo una modificación formal. Pensamos que quizás podrían mejorarse algunas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje para que sea más claro, aunque la redacción alternativa que pensamos en el Senado no es imprescindible, porque el procedimiento ha quedado claro desde la Cámara de Representantes.

Creo que en esta Sección III, la Cámara de Representantes hizo una redistribución llevando al final, con muy buen criterio, el que antes era el artículo 77, que tiene que ver con los familiares de detenidos, ya que es aquí donde debía establecerse el procedimiento relativo a dichos familiares. Además, agregó algunos elementos, como por ejemplo, cuándo deben ser informados los familiares, así como el lugar, la hora de detención, el Juzgado que interviene y el motivo de la detención, refiriéndose también a otros artículos de esta ley. Nos parece que estas modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes aclaran notoriamente el procedimiento.

Con respecto al Capítulo IV, que consta de cinco Secciones, la Cámara de Representantes efectuó algunas modificaciones de redacción en el artículo 55. En este caso, al igual que en el del registro personal, nos parece bien que se establezca que debe necesariamente ser realizado por un médico. Esto también supone acordar con compromisos asumidos en convenciones internacionales relacionadas con estos procedimientos. Creemos que esta es una de las reformas imprescindibles que debemos presentar en la Cámara de Senadores.

Por su parte, el artículo 56 tiene solamente un cambio de verbo.

En cuanto a la Sección II de este Capítulo, "Procedimientos de averiguación en dependencias policiales", el artículo 71 contiene una modificación de redacción de índole for-mal.

En la Sección III, que trata sobre la incomunicación, nos parece que la modificación introducida en el artículo 75 mejora notoriamente la redacción anterior enviada por la Cámara de Senadores, porque se remite al artículo 6º de este proyecto de ley, que es central y que refiere a la comunicación inmediata al Juez.

Con respecto al artículo que pasa a ser 76, nos parece que se puede mejorar agregando algo con relación a quiénes son los que pueden ser incomunicados, pero no cambia demasiado la conceptualización.

En cuanto al actual artículo 77 -el viejo artículo 76-, que permite la incomunicación de las víctimas, sí tuvimos una diferencia con el texto enviado por la Cámara de Representantes, ya que en la Cámara de Senadores no estamos de acuerdo con esto. Pensamos que este es uno de los artículos que debería suprimirse; es más, llegamos a un acuerdo unánime en ese sentido.

Al final de esta Sección la Cámara de Representantes incorpora -correctamente, a nuestro juicio- un nuevo artículo sobre el régimen general que se aplica.

Otra modificación en la Sección IV de este Capítulo tiene que ver con los detenidos en los centros asistenciales. Se trata del artículo 84, donde también se introduce una modificación formal sobre el tema de la discreción y la reserva en el servicio. También en este caso pensamos que es necesario un cambio de verbo a efectos de hacerlo más garantista y de aclarar los procedimientos cuando hay discrepancias entre el superior y el agente actuante. Para nosotros es el Juez el que tiene que definir cómo se actúa en el caso de excepciones a las medidas de seguridad. A nuestro juicio, este es otro de los artículos que habría que tomar en cuenta.

El Capítulo IV de este proyecto de ley consta de cinco Secciones. En el caso de las dos primeras, no existen modificaciones de la Cámara de Representantes.

Con respecto al artículo 122, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado pensamos que quizás podría modificarse el texto para aclarar el procedimiento en el caso de la incomunicación en la escena del hecho. Nos preocupa que quede muy claro cuándo, cómo, a quiénes y en qué condiciones se puede incomunicar a una persona.

En cuanto al famoso artículo 124, que fuera tan manejado y que refiere al tema del allanamiento en la noche, en la Cámara de Representantes se efectuaron modificaciones que lo hacen más explícito y claro. Se trata del principio general con relación a los allanamientos, al que voy a dar lectura. Dice lo siguiente: "Entre la salida y la puesta del sol, solamente se podrá ingresar a una morada con orden escrita del Juez competente. En horas de la noche, se requiere el consentimiento de la persona adulta jefe o jefa de hogar (artículo 11 de la Constitución de la República), sin perjuicio de la comunicación inmediata al Juez competente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6º de esta ley". Esta modificación es aclaratoria y la Comisión de Constitución y Legislación del Senado la encontró correcta.

Con respecto al artículo 125, la Cámara de Representantes hizo una corrección formal. En la Comisión del Senado entendimos que quizás habría que ser más claros, ya que se trata de las facultades de la orden de allanamiento. A este respecto se dice: "La policía deberá conducir a dependencias policiales a las personas presuntamente involucradas en hechos delictivos". La Cámara de Representantes mantuvo el texto original, pero nosotros pensamos que podría sustituirse por la expresión "personas flagrantemente responsables de hechos delictivos".

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Mujica)

-El allanamiento sin presencia de personas mayores de edad -actual artículo 126- no fue modificado por la Cámara de Representantes y el artículo establece que, en todo caso, se elevará un informe circunstanciado al Juez competente cuando haya que actuar en estos casos, dejando constancia en actas de lo actuado con la firma de dos testigos. Consideramos que, para mayores garantías, se podría agregar que previamente se debe dar garantía al Juez competente. Esta será, quizás, otra de las modificaciones que integremos. Dentro de esta misma Sección, en el artículo 130, la Cámara de Representantes introduce una reforma en la redacción, al igual que en el caso del artículo 136, en la Sección IV. Este artículo 136, que fue tan discutido, tiene que ver con el ingreso a la morada en casos de extrema necesidad. En realidad, queda prácticamente igual al que votamos por unanimidad en la Comisión del Senado.

Advierto que está por finalizar mi tiempo, pero como no dispongo de una prórroga, trataré de concretar mi intervención.

Quiero leer el texto de este artículo 136 porque me parece importante que queden claros los requisitos para el ingreso policial a una morada en casos de extrema necesidad. El artículo establece lo siguiente: "En circunstancias límites, por razones de interés general (artículo 7º de la Constitución de la República), configurada la hipótesis de extrema necesidad y como última ratio, se prescindirá del consentimiento del jefe o jefa de hogar o de la orden judicial para el ingreso a una morada, siempre que ocurran los siguientes extremos:

A) La existencia de un peligro cierto, grave e inminente respecto de los ocupantes.

B) La imposibilidad de evitarlo por otros medios.

C) Que el ingreso tenga como única finalidad evitar o detener la producción del daño.

D) La comunicación inmediata, relativa al ingreso y sus resultados, a la Justicia competente, en los términos establecidos por el artículo 6º de la presente ley.

En estos casos, configurada la hipótesis de extrema necesidad y otorgadas las garantías del caso, se presumirá, salvo prueba en contrario, el pleno cumplimiento de la ley (artículo 28 del Código Penal).

Bajo su más seria responsabilidad, el personal policial actuante tendrá en cuenta que, conforme con lo dispuesto por el literal C) del inciso primero de este artículo, en ningún caso el ingreso a una morada en las referidas circunstancias lo habilita a realizar procedimientos de allanamiento o de registro domiciliario".

Quiero que este artículo quede como está porque, si bien no soy abogada, este texto es mucho más claro que la alternativa que discutimos en el seno de la Comisión. Es más, pienso que para los policías esto es mucho más claro que otro texto que, aunque quizás sea muy bueno para los abogados, se presenta poco preciso en cuanto a lo que ellos pueden y no pueden hacer.

El resto de las modificaciones que introdujo la Cámara de Representantes en los Capítulos restantes son de redacción, pero no me voy a extender en ellos porque ya ha finalizado el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia quiere aclarar que el Reglamento no permite la prórroga de la hora, pero hoy la Mesa va a ser flexible en ese sentido.

Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en mi primer alegato como abogado fui a un viejo colega conocido y le mostré uno de 70 páginas. Lo miró y dijo: "Demasiado largo para tener razón". De modo que con veinte minutos o menos de tiempo, pienso que nos podemos manejar perfectamente.

El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo el 9 de octubre de 2006 se refiere -como ha explicado y desarrollado en forma pormenorizada la señora Miembro Informante- al procedimiento policial. Son normas que compartimos, desde el punto de vista de su necesidad, porque creemos que hay que complementar la labor policial en un adecuado equilibrio entre su eficiencia y la tarea de los ciudadanos. En ese sentido, hemos trabajado en forma conjunta en la Comisión de Constitución y Legislación. Inclusive, hemos aportado determinadas ideas para introducir algún cambio particular porque siempre hemos sostenido que la policía es la auxiliar de la Justicia y porque necesita de los instrumentos necesarios para el fiel cumplimiento de sus cometidos.

En tal sentido, hemos acompañado la filosofía de este proyecto de ley que, como bien ha dicho la Miembro Informante, viene de inquietudes de anteriores Ministros del Interior. El problema es que en la discusión interna de la Comisión hemos buscado los respaldos necesarios y el asesoramiento para lograr ese equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y la eficiencia de la función policial. Lamentablemente, hay aspectos en las normas que se proyectan que realmente tienen una "difícil digestión" desde el punto de vista constitucional. Decimos esto tomando en cuenta, entre otras cosas, la propia sensibilidad de la población.

Hoy escuchaba en una radio el comentario de alguien que decía: "Pero lo que me preocupa, es que me están robando. No busquemos filigranas jurídicas en los temas puntuales porque, en realidad, lo que quiero es asegurar mi seguridad". Es importante rescatar una expresión individual de esta naturaleza, siempre y cuando esté incorporado un sentimiento colectivo en el sentido de cómo combinamos esta sensación con una política de seguridad. A veces, la expresión individual del ciudadano va mucho más allá de sus obligaciones y ahí están los que opinan que se debe reestablecer la pena de muerte o que la policía puede utilizar determinados métodos para sacar en algunos delincuentes deleznables -según la clasificación que se hace- ciertas declaraciones, y comenzamos a recorrer el camino de la casuística, que se encuentra con las dificultades de no tener garantías constitucionales adecuadas para amparar la acción de los propios efectivos policiales.

No podemos dejar de lado el artículo 7º ni el 11 de la Constitución de la República, porque el primero refiere al derecho a la vida pero por otro lado está la limitación, por parte de la ley, en función del interés nacional, y el segundo tiene que ver con el hogar como sagrado inviolable.

Incluso, creo que hay algunas normas que son innecesarias desde el punto de vista de la realidad y que están yendo más allá de lo que realmente podemos manejar en el ámbito de las labores policiales. Es más, ese punto de vista fue compartido por organizaciones de Derechos Humanos, por el Colegio de Abogados del Uruguay, por especialistas en estos temas que plantearon su inquietud respecto de una filosofía que, si bien es compartida por el proyecto en general, se concreta en algunos artículos que no son de recibo desde el punto de vista constitucional. Es bueno que lo digamos con total franqueza porque llegamos a un acuerdo de este tipo, pero la filosofía que está inspirando la forma de aprobar este proyecto de ley, es que en todas estas normas no hay coincidencia total, aunque las aprobaremos y veremos después qué sucede. Señor Presidente, no se trata de la mejor técnica legislativa ni de la mejor forma de acercarnos al diálogo político en temas de gran coincidencia como el que estamos analizando.

La obra maestra de la libertad humana es la norma social, la pauta de nuestra colaboración y nuestro contrato de protección mutua asegurada. El tema de la libertad está muy relacionado con todo esto. La libertad con temor no es seguridad y la seguridad es libertad sin temor. Este es un tema que debemos ajustar desde el punto de vista constitucional, pero no lo estamos haciendo en este caso porque, más allá de la importancia que tienen las normas y los procedimientos, estamos sentando determinados precedentes en la legislación que creemos solucionar con nuevos proyectos de ley, aun cuando esta norma sea flagrantemente inconstitucional, como se ha sostenido. Este es un tema que está en la filosofía de muchas aproximaciones. Precisamente en la libertad todos estamos comprometidos, porque acá no se trata simplemente de priorizar la seguridad ya que, entre otras cosas, sabemos de las dificultades que existen en el ámbito policial.

¿Cuál es el problema en el ámbito policial? Se trata de que la función policial y los procedimientos están vinculados al delito. ¿Cómo se combate el delito? Se logra con prevención, represión y rehabilitación. Esta última está fuera de lo que son las actividades policiales y los procedimientos policiales concretos incluidos en este proyecto de ley, pero la prevención y la represión deben estar enmarcados y respetados en el ámbito de la Constitución de la República. Podemos tener la presión de los hechos y de las circunstancias, pero tenemos la obligación de legislar de acuerdo con estas normas. La libertad es para nosotros un tema fundamental. Lástima que no se encuentra presente en Sala el señor Senador Fernández Huidobro, porque la palabra "libertad" viene de "eleuteria", cuya raíz latina significa "ir donde yo deseo". A veces esa expresión de la libertad, como siempre se ha interpretado, puede ser una visión distinta a la nuestra, ya que la libertad mirada como objetivo final termina siendo un sueño anárquico irrealizable. Sin embargo, la libertad reglada en las normas y en el contrato social, constituye los elementos que hacen a la base del respeto de los derechos de los ciudadanos. Esa es nuestra preocupación en esta instancia, es decir, cómo vamos a encarar este tema y cómo no es aceptable, desde el punto de vista legal, incluso ético-político, ingresar en la inconstitucionalidad flagrante, con el pretexto de que vamos a buscar la rápida sanción de una norma que después corregiremos cuando existan las voluntades y las coincidencias desde el punto de vista del Poder Ejecutivo.

Este es un tema que, incluso, podríamos profundizar hasta quedar deambulando en algunas de las elucubraciones de una meseta mística. Sin embargo, no es una misticidad lo que estamos tratando de rescatar, sino trabajar en la Comisión con un sentido de coincidencia y de responsabilidad compartida. El proyecto de ley tiene las mayorías necesarias para ser aprobado, salvo en estos temas en los que el asesoramiento en la Comisión no se hizo con sentido político, sino que provino de organizaciones sociales, de Derechos Humanos y del Colegio de Abogados del Uruguay que también se han pronunciado en muchos otros aspectos y que es importante tener en cuenta para no recorrer un camino lateral y desviado.

Pero, además, hay que tener en cuenta otro tema que debemos abordar: de qué forma estamos encarando nuestro relacionamiento político. Este no es un tema simplemente de licencia poética. Nosotros nos hemos reunido con el Presidente de la Asamblea General, con la coordinadora de la Bancada del Frente Amplio y con un representante del Partido Colorado y decidimos tomar en cuenta estas observaciones a fin de cumplir con la Constitución de la República y lograr un compromiso político inédito en el seno de aquella, asegurando los dos tercios de votos para que el proyecto de ley pudiera ser aprobado. Es más: en mi carácter de coordinador de la Bancada del Partido Nacional, convoqué a toda la Bancada -Senadores y Diputados-, en cuyo ámbito y ante la presencia del propio Presidente de nuestro Directorio, el señor Senador Larrañaga, se trasmitió nuestro compromiso y nuestra voluntad de acompañar esta iniciativa y cumplir con la palabra empeñada en el sentido de que esto se hiciera realidad en la Asamblea General. Por razones que no vienen al caso en este momento, la respuesta que se obtuvo -con algún tipo de inquietud que agregamos- fue que, ni aun en estos temas, podíamos llegar a un acuerdo de esta naturaleza.

Nuestra reflexión, señor Presidente, es que no estamos hablando de políticas de Estado, no estamos hablando de políticas nacionales -términos que, como suele decirse, ya están gastados-, sino de coincidencias esenciales. Si no coincidimos -como ocurre en este tema- para llevar adelante un acuerdo político de esta naturaleza, ¿en qué más nos vamos a entender? Si no nos ponemos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, ¿cómo es posible llegar a la Asamblea General si en un diario de hoy he leído que un Diputado del Gobierno dijo: "Nosotros no vamos a ir a la Asamblea General porque no confiamos en que el Partido Nacional aporte sus votos allí"? ¿Qué debemos hacer, señor Presidente? ¿Un juramento, o una promesa -siguiendo la inquietud del señor Senador Sanguinetti que no está muy de acuerdo con los juramentos- en el sentido de que vamos a cumplir con los compromisos asumidos? Más allá de las circunstancias puntuales, pienso que estamos perdiendo la posibilidad de pavimentar un camino de entendimiento en este y otros temas. Si seguimos recorriendo este camino, el país lo va a pagar muy caro, porque no estamos solo pasando por encima de coincidencias que pudieron haber sido convergentes hacia una conducta política unívoca, sino que estamos pasando por encima de la Constitución. Aquí estábamos acordando -o queríamos acordar- para respetar nuestra Carta Magna y dotar a la Policía de los máximos recursos y procedimientos para garantizar la libertad de los ciudadanos, y no pudimos. Justamente, como no pudimos hacerlo, quiero dejar sentada esta preocupación, porque mañana o dentro de un año y medio habrá otro Gobierno -todos aspiran a serlo- y les puedo asegurar que con este espíritu de desconfiar de los compromisos que debemos y vamos a honrar, no va a haber gobernabilidad en el país, puesto que todos los días vamos a estar pasándonos la cuenta de la revancha puntual de lo que hicieron unos y otros, buscando razones para dividir en lugar de buscar las que lleven a un acuerdo. Podríamos haber utilizado este tema, que es de esencial sensibilidad para la ciudadanía, que tiene que ver con la inquietud de la Policía y que la encauza en el respeto de los derechos humanos que, durante mucho tiempo, por razones de ruptura institucional, se desvió -como sucedió con las Fuerzas Armadas-, para arribar a un acuerdo. Pero resulta que cuando tenemos la oportunidad, la desperdiciamos, simplemente porque en la Cámara de Representantes algunos Legisladores hicieron surgir la idea de que no es posible que los compromisos políticos asumidos por los partidos sean cumplidos. El compromiso es de una colectividad y no de un grupo, de un sector o de un Legislador, por lo que creo que la respuesta es de Partido a Partido y no de Legislador a Legislador. Cuando comprometemos nuestra opinión y conducta ante el señor Presidente de la Asamblea General, la cumplimos; pero cuando se levanta la sospecha de que no lo hacemos y se viola la Constitución de la República, nada más y nada menos que con la bandera que el Frente Amplio levantó durante tantos años en defensa de los derechos ciudadanos, decimos que estamos ante una contradicción que compromete no solo la legalidad, sino también el diálogo político del futuro.

Señor Presidente: manifiesto esta preocupación de carácter político, más allá del tema jurídico. Seguramente, los tiempos que vienen van a dar la razón para que los partidos políticos, en la rotación del poder y en el juego de las mayorías, aprendan que es mucho más difícil ser magnánimo siendo mayoría, que ser magnánimo siendo minoría.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: este proyecto de ley ya fue aprobado por este Cuerpo, ya debatimos sobre sus disposiciones y prácticamente llegamos a un consenso, hace prácticamente un año. Luego fue remitido a la Cámara de Representantes, donde hubo un mayor debate -aquí se trató en una sola sesión- y volvió, con algunas modificaciones que no son de sustancia, a la Comisión de Constitución y Legislación, que integramos varios de los aquí presentes. Dado que había fundadas críticas sobre la constitucionalidad, sobre la conveniencia y las garantías -o no- de algunas disposiciones respecto a derechos individuales muy claros para todos -el señor Senador Abreu hablaba de la libertad, que es la matriz de todos los demás derechos y, ¡vaya si cuando la perdimos la valoramos!-, en la Comisión se dio un diálogo fecundo, fermental y muy positivo. Inclusive, recibimos a la Comisión encargada de la reforma del Código del Proceso Penal y al Colegio de Abogados, e intercambiamos opiniones y aceptamos las sugerencias formuladas, al menos en el plano teórico. Tanto es así que el Frente Amplio hizo llegar un conjunto de modificaciones para los artículos más cuestionados, como el 43, el 55 o el 136. En la Comisión estuvimos tres o cuatro sesiones modificando expresiones, agregando o eliminando términos y comas, y creíamos haber llegado a un acuerdo absolutamente consensuado, al que hacía alusión el señor Senador Abreu. Ahora bien, desde la Bancada de Senadores se nos manifestó preocupación en cuanto a que la Asamblea General pudiera modificar el proyecto de ley y, dada la mayoría especial que allí se requiere, no existieran los votos necesarios para que esas modificaciones se convirtieran en ley. Nosotros dijimos, en todos los idiomas, que estamos acompañando la iniciativa y que creemos que es buena en términos generales, aunque contiene ocho o diez artículos que cuestionamos, de los cuales algunos son violatorios de los textos constitucionales y otros no ofrecen las suficientes garantías como para que nos sintamos tranquilos con su vigencia.

Nosotros adelantamos que el Partido Nacional iba a acompañar este texto modificativo. Por lo tanto, todavía no alcanzo a comprender bien la razón por la cual este acuerdo se ha roto; si el motivo es evitar un debate sobre seguridad pública en la Asamblea General, no me parece que sea bueno. El debate sobre la seguridad o inseguridad pública está presente a diario en los hogares de todos los uruguayos y no solo de los montevideanos, como ocurrió en tiempos no tan lejanos, porque existía inseguridad en la gran urbe, en el área metropolitana. Como dije, el debate está instalado en los hogares de todos los uruguayos, incluyendo los pueblos más pequeños, porque se están dando hechos terribles hasta en las zonas rurales. La sociedad ha cambiado, la inseguridad ha aumentado y la modalidad de los delitos ha variado cualitativamente. Hoy miramos este observatorio, esta publicación -siempre llega con retraso- que nos permite conocer las cifras y constatar que en el año 2007 hubo más de 9.100 rapiñas, con el aditamento de violencia, y más de 100.000 hurtos. Todos sabemos -y así lo reconocen quienes están a cargo de la seguridad en el Ministerio del Interior- que muchas veces la gente no denuncia los delitos cuando son de escasa entidad. Por tanto, sobre este tema no se puede evitar un debate porque, insisto, está instalado en la sociedad uruguaya.

Si este proyecto de ley fuera modificado en algunos de sus artículos, sería un buen instrumento que permitiría asegurar, como lo decía el señor Senador Abreu, el necesario equilibrio que debe existir entre la eficiencia po-licial y la garantía de los derechos humanos; ese equilibrio que es la base de los regímenes democráticos, la base para tener un Ministerio del Interior que se maneje dentro de la Constitución y la ley, como debe ser. Hay algo que me llama la atención, porque me parece percibir en alguna medida un cambio de política, un cambio de filosofía en el Gobierno.

En varias oportunidades estuvimos con el ex Ministro del Interior, el doctor José Díaz, sobre todo, en ocasión de la aprobación de la Ley de Humanización Carcelaria. Estuve releyendo la Exposición de Motivos de esta ley que permitió la liberación de más de ochocientos reclusos, como una solución mágica para resolver el hacinamiento en el sistema carcelario uruguayo, dada la emergencia sanitaria que existía. Sin embargo, resulta que ahora hay mil presos más de los que había luego de la liberación masiva de reclusos. Por otra parte, actualmente, la reincidencia se sitúa en el 60%: ¡fracaso total, entonces, de la política carcelaria!

El doctor Díaz o los Ministros que firmaron este proyecto analizaban la legislación penal de la última década y decían que era inequívoca la tendencia a la protección penal de determinados bienes jurídicos y a la exclusión de otros. También decían que se había estructurado un proceso de criminalización muy definido mediante la creación de nuevas figuras penales; hablaban de la ley de seguridad y de las leyes de urgencia que hacían más severa la represión de la rapiña, del copamiento, del apoderamiento y de la tentativa de la rapiña y señalaban que había que pensar en las desigualdades sociales como la causa que llevaba a que se cometieran delitos. Este Ministro -que ya no ocupa ese cargo-, a veces hablaba con mucho mayor entusiasmo de los criminales que de las víctimas. Él decía que la desigualdad social era la que conducía a cometer delitos y que era malo hacer más severa la penalización de determinadas conductas.

Hoy estamos considerando un código de procedimiento que puede hacer posible que el artículo 11 de la Constitución, que establece: "El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.", no tenga vigencia. Aquí, por el artículo 136, se permite ingresar de noche a un hogar para realizar allanamientos, y detener personas sin orden judicial. Veamos, también, los artículos 124 y 125, que suponen un descaecimiento muy severo de las garantías individuales. Este no parece ser el mismo pensamiento que el que alentó al Poder Ejecutivo a derogar el Decreto Nº 690, eliminando así la posibilidad de la detención por averiguaciones -quiero recordar que se hablaba en contra de las razzias y se decía que eran una rémora de los tiempos de la dictadura-; pero resulta que aquí se establece el artículo 43, que todavía es más grave.

Quisiera leer unas palabras de la doctora Scapusio, integrante de la Comisión de Reforma del Código Penal, y del doctor Prezza, sobre el tema. Con relación a la detención por averiguación, decían: "Honestamente, la Comisión quedó un poco sorprendida porque, a nuestro modo de pensar, el Decreto Nº 109/05 había derogado saludablemente el Decreto Nº 690/80. En aquel momento todos los operadores del sistema lo criticamos porque lo consideramos ilegal e inconstitucional por ser contrario al Código Penal que nos regía. Ahora se le da fuerza de ley a estos dos artículos del Decreto Nº 690, pero con un agravante: mientras el artículo 2º del referido Decreto utilizaba la expresión: ‘La policía podrá detener’, ahora, con rango de ley, se dice: ‘La policía deberá detener’. Esto está fuera de todos los casos previstos en el artículo 15 de la Constitución y en los casos de flagrancia propia e impropia o con orden escrita de Juez competente".

Luego se habla de otros artículos que refieren a las incomunicaciones sin orden judicial. Acá, las incomunica-ciones se extienden, no solo a los presuntamente involucrados en hechos delictivos -toda incomunicación supone una detención previa-, sino también a los testigos y, en ciertos casos, contando con orden judicial, a las propias víctimas. Por tanto, puede decirse que se va mucho más allá. En la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario se crea un instituto para asistir a las víctimas -una de las tantas Comisiones que en esa Ley se creó-, pero no sé si alguna vez funcionó. Ahora esta norma viene en un sentido inverso porque prevé que, en algunos casos, las víctimas puedan ser incomunicadas; por un lado las protegemos pero, por otro, estamos previendo la posibilidad de incomunicarlas.

En la Comisión habíamos coincidido en modificar todos esos artículos dándoles una redacción alternativa; inclusive, en algunos casos se había hablado de eliminar algunas de las normas. Sin embargo, ahora se quiere incomunicar no solo a los presuntamente responsables y no a los flagrantemente responsables, como habíamos acordado hacer en la Comisión -el concepto de flagrancia propia e impropia se encuentra en la base de nuestro sistema penal-, sino también a los testigos y a las víctimas, previa orden de Juez. Esto es manifiestamente inconveniente y todos estuvimos de acuerdo con ello. Por eso pregunto si el Partido de Gobierno cambió su concepción política en materia de seguridad pública; ¿la ha cambiado? Lo pregunto porque ahora se nos dice que tenemos que votar este proyecto para luego modificarlo. Me pregunto por qué lo tenemos que votar así si todos coincidimos en que es malo y todos estamos de acuerdo con modificar varias de sus disposiciones que, puede decirse, prácticamente redactamos en conjunto. Escuchaba a la señora Senadora Percovich -lo digo con el respeto que me merece en este y en otros temas- decir que luego lo vamos a modificar. Entonces, ¿se quiere votar este proyecto de ley así, aunque sabemos que no está bien, para luego modificarlo?

Miro al señor Senador Alfie, que hace unos días hablaba de la reforma del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a jubilados y pensionistas. Ya se había anunciado que no iba a resultar y como hubo una serie de hechos que tuvieron sentencias de inconstitucionalidad y la gente estaba en contra, entonces, se modificó. Quiere decir que estamos aprobando leyes para modificarlas después. Lo mismo pasó con la Ley de Tercerizaciones: se votó una ley pésima y luego las circunstancias determinaron que en seguida tuviera que modificarse. ¿Dónde están los principios de legalidad y de seguridad jurídica en materia penal? A veces, por el juego perverso de las mayorías absolutas -obtenidas legítimamente en las urnas- se legisla muy mal sobre temas realmente esenciales para la coexistencia ciudadana y, precisamente, este lo es.

Esto se ha creado para darle a la Policía herramientas jurídicas para decidir, muchas veces en circunstancias límite, en las que el policía está al borde de la legalidad o de la ilegalidad, cuando tiene que reprimir o cuando debe ingresar a una morada. Porque además, ahora también se puede ingresar en una morada en horas de la noche siempre que se den circunstancias de extrema necesidad; no es necesaria esta norma establecida en el artículo 136. Ya están las causas de justificación previstas en el Código Penal y a nadie se le puede ocurrir que si alguien está gritando dentro de una casa porque lo están matando, el policía no va a entrar. ¡Cómo no va a entrar! Lo hará en cumplimiento de la ley, por legítima defensa de terceros, por estado de necesidad y por todas las causas de justificación que, reitero, ya figuran en el Código Penal desde hace muchos años.

Lo mismo ocurre cuando un bombero debe entrar porque hay un incendio en una casa. ¡Cómo no va a poder entrar! Si no lo hace, está incumpliendo la ley y sus obligaciones funcionales. Entonces, esa norma no es necesaria; hay leyes vigentes que amparan a los policías para hacer esas cosas. Pero yo pregunto: ahora, con esta norma bajo sospecha ¿no entrarán menos? La norma, reitero, está bajo sospecha; aquí se procede con una prevención y se da un marco legal que hace que el policía dude ante la decisión de entrar. Recordemos que, tal como se establece en el artículo 136, en esa circunstancia es el policía quien determina si se procede o no a entrar a la vivienda. También va a tener muy en cuenta el tema de la identificación no sea cosa que, si encuentra ocho o diez muchachos tomando cerveza de noche en actitud de merodeadores y se las solicita, lo acusen de estar haciendo razzias, como en la época de la dictadura.

Esta es una norma bajo sospecha, nace mal, y las normas que nacen mal, siguen mal. La vamos a aprobar hoy, y yo pregunto: ¿para enmendarla cuándo? ¿Primero vamos a ver si funciona bien? ¿Otra vez vamos a poner de conejillo de indias a los uruguayos? Vamos a ver si anda bien y, después, la dejamos o la modificamos. Debo reconocer que soy un Legislador bastante reciente, pero esto crea inseguridad jurídica, falta de certeza; es ver qué vamos a hacer mañana, según como resulte. ¿Cómo es esto? En un tema como este, en el que estamos todos de acuerdo, ¿no podemos lograr consenso porque va a haber un debate en la Asamblea General? Pero si los votos del Partido Nacional están y los del Partido Colorado también -veo que asienten los señores Senadores Alfie, Amaro y Abdala-, ¿qué preocupación había de que se debatiera el tema? ¿Para qué está el Parlamento? ¿Para estas discusiones aburridas, como decía el señor Ministro? Bueno, esta capaz que no es tan somnolienta y resulta interesante porque están en juego cosas muy relevantes: la vida, los bienes y la libertad. Los bienes jurídicos más importantes están en juego en esta discusión. ¡Vamos a discutir!

Ahora estamos proponiendo algunas soluciones al sistema carcelario nacional y creo que hemos tenido una buena acogida de parte del Poder Ejecutivo. ¡Cómo no nos vamos a poner de acuerdo si todos comprobamos que allí hay un gravísimo problema! No hay rehabilitación, no hay reinserción y se constata una reincidencia brutal. Por supuesto, este Código de Procedimiento Policial no es una solución mágica; puede ayudar, pero no naciendo así. Con este nacimiento, no ayuda nada. ¡Claro! A la policía hay que darle otros elementos: dotaciones presupuestales, medios técnicos, aumentarle los sueldos, darle capacitación y profesionalización. ¡Eso ni hablar! En esto coincidimos todos, pero acá estamos hablando de lo que podemos y debemos hacer.

Me parece que la circunstancia nos pone en una actitud de mente mucho más abierta porque, además, reitero, no tenemos discrepancias esenciales; sí las tenemos respecto de algunos artículos, que todos dicen que están mal porque violan algunos derechos establecidos en la Constitución y que acá los tengo detallados: la conducción de personas, las privaciones de libertad, las detenciones, los registros personales -a los que hacía referencia la señora Senadora Percovich-, la incomunicación de víctimas y de testigos establecida en el artículo 136, etcétera.

En consecuencia, muy bueno hubiera sido que esta sesión se desarrollara de otra manera. ¡Qué señal hubiera sido para todos los uruguayos que en el Senado dijéramos: "¡Vamos a darle esto a la policía; vamos a apoyarla y a darle el instrumento"! Pero, además, vamos a darle también a la ciudadanía la tranquilidad de que sus derechos no van a ser vulnerados, porque no dejamos ni un resquicio, ni una ventanita para que eso suceda. Sin embargo, acá la dejamos entreabierta y, además, estamos invalidando el instrumento legal. Sinceramente, no me gusta legislar para modificar. Sin perjuicio de que reconozco que nada es eterno e inmutable; pero legislar hoy y anunciar que se va a modificar mañana, no me parece correcto.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Primero me la había solicitado el señor Senador Gallinal.

Si uno responsablemente cree que está legislando bien, no anuncia desde ya que va a modificar la ley. Sin embargo, la señora Senadora Percovich decía que lo iban a estudiar y a acordar. No; ahora es el momento. Hoy es el momento, y no dentro de una semana, de quince días, de un mes o no sé cuándo. Está bien, con las mayorías absolutas -mientras les dure- podrán hacer las modificaciones, pero así no se legisla. No es esa la forma de legislar. En este momento el país necesita acuerdos; por lo menos en los grandes temas el país requiere del acuerdo de las fuerzas políticas, y sería una buena señal de parte de éstas si se hiciera un esfuerzo para lograrlo, particularmente en casos como este, que en principio estábamos de acuerdo, pero se actuó en función de no sé que aprehensión por lo que podía pasar en la Asamblea General. Reitero que no entiendo esa aprehensión y creo que nadie la comprende; debe ser muy difícil defenderla.

Sinceramente, esperaba otra cosa de este debate y creo que el país y la Policía en particular, también esperaban otro resultado. Esta norma nace mal, el instrumento es sospechado y no le va a dar a la policía la tranquilidad para poder actuar, como debe hacerlo, responsablemente y de acuerdo con las leyes vigentes.

Ahora sí, le concedo la interrupción al señor Senador Gallinal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se terminó su tiempo, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Que se prorrogue, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Este régimen no admite posibilidad de prórroga, pero rogamos al señor Senador Gallinal que sea breve en la interrupción que ha solicitado.

SEÑOR GALLINAL.- Muchas gracias.

Creo que si el Partido Nacional, en una reunión privada de coordinación anuncia que los votos en la Asamblea General van a estar, es porque así será, y si además después, públicamente y ante los medios de prensa, adelanta que los votos están, es porque es así. Ni a mí ni a nadie le sirve el argumento de que estamos urgidos en darle al Ministerio del Interior estos instrumentos que ahora la señora Ministra está pidiendo. Recordemos que el proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Representantes el 14 de noviembre del año pasado y, si hasta el día de hoy no se aprobó, fue porque el Frente Amplio, en Comisión, pidió tiempo para resolver internamente las diferencias que tenía con el texto que la mayoría de sus Legisladores aprobó en la Cámara de Representantes.

Creo que si bien es gravísimo que el Parlamento apruebe una ley y cuando la está votando diga que va a presentar un proyecto de ley para modificarla -es insólito, inaceptable, sobre todo cuando lo que está en discusión es materia constitucional-, mucho más grave es que en el ínterin que va desde el momento en que se aprueba la ley hasta no se sabe cuándo -hasta el día en que se apruebe la nueva ley-esté vigente una norma de carácter constitucional en materia de seguridad pública que permite el ingreso a la morada familiar sin la autorización del jefe o de la jefa de familia. Y lo que más me sorprende, además, es que quien promueva esta norma sea el Frente Amplio que, al igual que nosotros -pero quizás con mayor dureza-, vivió y sufrió lo que fue la dictadura militar y el atropello permanente que significaba estar durmiendo tranquilamente y de repente sentir golpes en la puerta y la exclamación: "¡Policía!", que entraba, que no preguntaba y que no esperaba. ¿Y ahora, que estamos sufriendo el problema de la inseguridad creciente a nivel de la población y de la familia uruguaya, el Frente Amplio se descuelga con una norma que permite que se haga lo que la Constitución, desde siempre, prohibió en defensa de la familia uruguaya? Eso es absolutamente inaceptable, es un atropello a la Constitución que solo genera más inseguridad, y lo único que el Gobierno ha hecho respecto de este problema es dar señales con decisiones inaceptables que producen mayor preocupación e intranquilidad a toda la población del país.

Esto, por un lado, lleva preocupación a la familia uruguaya y, por otro, crea un terreno fértil para el delincuente, que es el que siente que tiene el campo orégano, ya que se promueve una ley para liberar mayor cantidad de presos porque las cárceles no dan abasto y se derogan decretos en función de los que se podía actuar en materia de prevención. Ahora se aprueba un proyecto de ley absolutamente inconstitucional, porque si en algo coincidimos todos en la Comisión fue en el hecho de que ese artículo es inconstitucional.

Nosotros no queremos que se repitan aquellos tiempos, salvo que ahora se desee que la policía, efectivamente, pueda entrar al hogar familiar durante la noche sin permiso del jefe o de la jefa de familia. ¿Eso es lo que pretenden? ¿Esa es la novedad, la forma en que enfocan este asunto? Advierto una actitud pendular porque del extremo de permitir el ingreso al hogar por la noche sin autorización de nadie, se pasa a otro, en tanto no se puede pedir el documento al ciudadano en actitud sospechosa, salvo que se trate de un prófugo o un fugado requerido por la Justicia.

En definitiva, señor Presidente, haremos más consideraciones a propósito de este tema cuando nos toque hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte que el Reglamento establece que cada orador dispone de 20 minutos para hablar. De todos modos, queremos ser flexibles, pero si la flexibilidad se transforma en un "viva la Pepa", va a ser muy difícil. Entonces, lo único que pido es colaboración. En todo caso, no tenemos problemas en que algún orador se extienda por unos minutos pero, si realmente se desea intervenir, lo mejor es que se anoten para hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra el señor Senador Abdala.

SEÑOR ABDALA.- En realidad, el debate que se está procesando ahora …

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABDALA.- Permítame hilvanar mi pensamiento porque usted va a ingresar en otro debate y, entonces, trastocará el eje de lo que deseo plantear. Cuando termine, si me queda tiempo, con mucho gusto se la concederé.

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido paciencia y colaboración, por favor.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: aquí está pasando algo relativamente insólito, porque aquellos que durante muchos años hemos estado bregando por incrementar los niveles de seguridad en materia legal -y en más de una oportunidad se nos calificó como amigos de la teoría de la inflación penal- vamos a votar en contra una norma que, en algunos aspectos -en los centrales, aunque no tanto en algunos laterales-, recorre esa línea.

Como decía con precisión el señor Senador Gallinal, el actual Partido de Gobierno, que durante años ha adoptado una postura muy crítica en todo aquello que tiene que ver con violentar derechos civiles y quebrantar derechos humanos, en esta circunstancia va a votar a favor. A mi juicio, no debemos improvisar. Como muy bien se destacó, el Colegio de Abogados dio su opinión, al igual que la Comisión de Reforma del Código de Proceso Penal y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como SERPAJ e IELSUR, que han sido muy categóricas. A su vez, no han sido pocos los constitucionalistas que han dado su punto de vista al respecto. Entonces, me pregunto si toda esta enorme cantidad de corporaciones y de ciudadanos estará tan equivocada.

La Miembro Informante -que sabe bien de la estima y consideración que le tengo- hizo una alocución casi en clave de disculpa. Manifestó que tal artículo tiene un error, que tal otro habrá de ser enmendado y, en tal sentido, coincido con el señor Senador Moreira en cuanto a que no es posible aprobar un marco jurídico en el que se anticipan posteriores modificaciones de cosas que se sabe, de antemano, que están mal; francamente se sabe que están mal.

Por otro lado, es evidente que con este proyecto de ley hay alguien que sale muy debilitado, y no me refiero solo al ciudadano sino al Juez. En la norma de fondo que violenta el principio constitucional del artículo 11, en la medida en que el Juez ya no es importante porque se actúa sin su voluntad, en definitiva, insisto, hay un debilitamiento frontal de la autoridad del poder jurisdiccional. ¿Qué van a hacer los Jueces? ¿Qué hará la Suprema Corte de Justicia? ¿Van a permanecer pacíficos ante una norma que notoriamente violenta ese principio constitucional garantista, que se arrastra de 1830? Ayer pude comprobarlo revisando los estudios del doctor Jiménez de Aréchaga, que son muy interesantes y en los cuales hace una larga disquisición en torno al artículo 11 de la Constitución. Incluso, el concepto de hogar o de morada lo hace mucho más amplio, y no se trata solamente del hogar sagrado e inviolable, sino que puede llegar a ser hasta el recinto donde está viviendo una persona como, por ejemplo, un hotel.

Realmente, señor Presidente, creo que estamos armando una macana bastante incoherente porque, en lo sustancial, todos coincidimos en la necesidad de reglar normas en materia de policía. Además, este proyecto de ley viene de la Administración anterior, motivo por el cual lo conozco hace tiempo y sé hasta quiénes redactaron, más o menos, el 75% o el 80% de sus disposiciones. Por tal motivo, no me voy a hacer el Simón Templar y decir que se trata de un proyecto totalmente malo porque, en realidad, considero que es una buena iniciativa, con algunos desbordes constitucionales que deben corregirse.

Por otro lado, confieso que estoy tan sorprendido como el señor Senador Moreira porque no sé qué fue lo que sucedió. Presumo -admito que pueda corregirme, señor Presidente, porque estoy juzgando intenciones, aunque no lo estoy haciendo de mala fe- que el Gobierno, como advierte que hay un riesgo de desgaste, pretende quitarle revoluciones a algunos temas. A todo aquello a lo que pueda quitar revoluciones trata, en alguna medida, de disimularlo, y creo que es lógico, aunque no justificable. El Gobierno sabe que el capítulo de la seguridad pública ya dejó de ser un tema de sensación para transformarse en un asunto de convicción de la gente en cuanto a que, efectivamente, las cosas no se están haciendo bien.

La secuencia que trazaba el señor Senador Moreira es aleccionante. De un discurso primigenio donde, básicamente, los derechos humanos solo eran importantes en el caso de los reclusos, ahora se adopta una postura en la que, gradualmente, se toma conciencia de que, efectivamente, la sociedad es lo importante. ¡Bienvenidos al club donde todos sintonizamos el mismo nivel de frecuencia! Claro, eso es un discurso; pero en los hechos las rapiñas se siguen incrementando en un 3,5 % y los fenómenos de violencia doméstica siguen siendo muy impresionantes; la violencia no denunciada -que, realmente, existe- continúa siendo impresionante. Como bien manifestaba el señor Senador preopinante -nos pasa a quienes integramos la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria-, no terminamos de entender qué es lo que sucede en las cárceles, pero sabemos que es un infierno en vida. Los números indican el incremento de la población carcelaria: ya supera los 7.000. Aquel pronóstico que había hecho el Comisionado Parlamentario -por el que, poco menos, pasa a la Inquisición por parte de la señora Ministra del Interior-, que anunciaba ese incremento porcentual, ya se está concretando. En ese sentido, tengo en mi poder su último informe -de abril y mayo del año 2008-, en el que consta que se sigue produciendo el incremento porcentual al que el Comisionado Parlamentario hacía referencia; así que no había hecho otra cosa que un cálculo medianamente probabilístico al respecto.

Quiere decir que en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad pública en el Uruguay, estamos complicados, estamos en un lío. Ahora bien, ¿esto se arregla solo con represión? No. ¿Se arregla solo con prevención? No. ¿Se arregla solo con rehabilitación? No; esto se arregla con un poco de todo. Esa es la verdad; no existe ninguna fórmula mágica. En este asunto, existe una cierta alquimia por la que uno debe ir construyendo un panorama, mediante una serie de baterías, para contener una situación muy dramática por la que está pasando la sociedad uruguaya.

En varias oportunidades he dicho a mis colegas del Senado, así como a los de la Cámara de Representantes, que tengo hijos muy pequeñitos -al igual que algún otro señor Senador- y cuando llega el atardecer no me animo a andar con ellos por la calle, porque la situación está muy brava; la droga ha consumido tanto la cabeza de alguna gente, que el temor no radica en que a uno le roben $ 50, sino en que ocurra algún tipo de desgracia.

¿Qué se pretende con este tipo de iniciativas? Creo que se pretende dotar a la Policía de cierta institucionalidad, de una serie de normas que le permitan funcionar. Yo -voy a decir algo delicado-, que me siento, de toda la vida, un defensor de la fuerza policial en democracia -no en los períodos de quebranto institucional-, creo que se está dando un arma absolutamente innecesaria a la Policía y, además, que una gran parte de la población de nuestro país desconfía de esa Institución; esa es la verdad. ¿O preferimos engañarnos, mentirnos a nosotros mismos, y decir que, de un día para el otro, el Gobierno tiene plena confianza en el instituto policial? Eso no es cierto. Es más, diría que es en filas del Gobierno donde existe más desconfianza con respecto a la Policía y, sin embargo, ahora se le está dando un arma, un marco de libertad que, por encima de su naturaleza inconstitucional, francamente me parece un exceso.

Quiero poner un ejemplo típico de lo que puede suceder. Mañana, el ciudadano A sospecha del ciudadano B, o tiene una bronca privada con él, debido a un tema estrictamente individual. Entonces, llama a la Policía y dice que en la casa del ciudadano B hay un lío de determinada naturaleza, por ejemplo, relativo a la droga. ¿Qué hace la Policía? Tiene que actuar e intervenir. Entonces, ¡cuidado!, porque si este tipo de normas están mal manejadas -y este riesgo es enorme-, pueden permitir, inclusive, hasta pequeñas vendettas de ciudadanos contra ciudadanos, con la Policía operando en el medio. Hay una expresión que la Policía utiliza mucho, que es "le armaron la cama" a un Fulano, y esta norma está cantada para eso. ¿O no sabemos que esas cosas pasan en determinados barrios y localidades de Montevideo y del interior?

Creo que estamos cometiendo un error gigantesco con esto y que se está -no sé si la expresión es elegante- endureciendo el discurso del Gobierno de izquierda de manera increíble. Algunos podrían decir que el Gobierno se está "fascistizando". No quiero llegar a ese exceso, pero considero que la postura del Gobierno es bastante radical; me refiero a la de entender que el marco de libertad de la Policía le permite poco menos que disponer de algo similar a lo del Agente 007, es decir, licencia para hacer de todo. Reitero que esto me parece un gigantesco error.

Como decía muy bien el señor Senador Moreira, esto va a llevar a situaciones de rango incongruente. ¿Qué va a pasar con todo esto? Además, me pregunto qué hacemos los miembros de la oposición. ¿Estamos a la expectativa de que la buena voluntad de la mayoría parlamentaria de turno construya una aproximación y, en algún momento, se deroguen estas barbaridades? ¿O nos vemos obligados a pensar y reflexionar con la sociedad y a hacer, buenamente, conciencia en los Jueces?

No termino de entender todo esto, y es lógico, porque uno no puede estar en la cabeza de quienes gobiernan ni conoce la interna del Gobierno. Como bien decía el señor Senador Abreu, ya hemos banalizado tanto la expresión "política de Estado", que hasta cuesta utilizarla porque suena casi como una redundancia, como algo frívolo. No obstante, si no tenemos políticas de Estado en materia de seguridad pública, tema en el que nos va la libertad individual de los uruguayos, ¿dónde las vamos a tener?

El Gobierno arrancó planteándose la hipótesis de llegar a entendimientos en materia de educación y de política exterior, pero no los alcanzamos. Se firmaron documentos al inicio de este Gobierno, pero no pudimos llegar a esos entendimientos, quizás por razones de poder o de coyuntura. Ahora bien, hoy vivimos en una sociedad donde el nivel de tensión es fenomenal, así como la fragmentación; donde en la capital, desde los pasajeros de un ómnibus hasta los transeúntes tienen miedo del que se para en la esquina a hacer malabarismos. ¿O no es así? ¿Acaso no es una sociedad que vive con temor? ¿O estoy brindando un relato teatral para hacer una captura de votos? No; estoy diciendo la verdad.

El uruguayo vive con temor; tiene miedo de vivir en este país. Hace diez, doce o quince años no pasaba nada de esto. Los partidos no reflexionaban sobre el tema de la seguridad pública ni lo incluían en sus documentos programáticos; pueden revisarlos y podrán constatar que no hay ninguna referencia a ese tema en los Programas de los partidos políticos. Y hoy resulta que candidatos, protocandidatos, aspirantes a candidatos y semicandidatos, todos ellos, hablan de seguridad pública y tienen iniciativas, ideas y propuestas en ese sentido; y por supuesto que es así, porque si un político está en la escena de la vida de la República y pretende interpretar lo que la sociedad piensa, reflexiona o siente y no "calendariza" los temas que, eventualmente, constituyen una preocupación cotidiana, ¿de qué va a hablar? ¿De Standard & Poors o de que Merrill Lynch tiene problemas? No; debe hablar de los temas de la gente. Lo peor, lo más dramático, es que esto es algo que involucra a la gente más humilde, y aquí hay un tema raro. ¿Quién sufre más la inseguridad? La sufre más la gente pobre; el rico se amotina e instala la reja y ya está en Carrasco encerrado y punto, y aunque también sufre la inseguridad, siempre es en muchísimo menor medida. Sin embargo, el pobre necesita a la Policía actuando de verdad, con garantías constitucionales y con esos principios de la Ley Orgánica Policial, que obligan a que el uso de la fuerza se haga de manera racional, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y gradualismo. Entonces, incluimos en la Ley Orgánica Policial esas normas para que el uso de los instrumentos de fuerza tengan ese nivel de contención y, por otro lado, damos el arma a la Policía para que pueda ingresar de noche a las casas. ¡Divino!

Por otro lado, desconocemos el Código Penal, que incluye una norma que se llama "Violación de Domicilio". Creo que esto no lo leyó nadie, porque esa norma, precisamente, prohíbe el ingreso en el domicilio, al igual que la Constitución, que considera a este un sagrado inviolable. Sin embargo, "mutis por el foro"; el proyecto barrió todo esto y eso no se puede hacer porque se trata de normas legales, consagradas. Francamente, creo que esto es un error.

La señora Senadora Percovich dijo que se iba a arreglar lo concerniente al registro personal, porque debe haber alguien que tenga en cuenta algún tipo de garantía. ¿Así que ahora la Policía puede ordenar a las mujeres que se desnuden? ¿Un policía hombre puede desnudar a una mujer? ¡Mirá qué lindo! Y esto es en virtud de la norma que está aprobando el Frente Amplio; es un gigantesco disparate.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABDALA.- Voy terminando y, con mucho gusto, lo voy ambientando. Lo veo picante, señor Senador.

(Interrupciones)

-No, no me equivoqué; la norma de registro personal está claramente consagrada, pero ahora después, con mucho gusto, podemos debatir.

Por otra parte, el artículo 51 expresa: "En caso que una persona que registre ingreso como detenida o conducida en dependencias policiales se encuentre herida o en presunto estado de intoxicación por alcohol u otro tipo de sustancia, la policía deberá solicitar apoyo médico para brindarle inmediata atención". ¿"Deberá solicitar"? No; tiene que solicitar. Es imperativo que lo haga cuando la persona viene dañada físicamente. ¿La policía no puede consagrar esto de manera imperativa? Lo debe hacer.

En el artículo 55 se dice que: "La policía no puede desnudar a una persona detenida o conducida ni revisar sus partes íntimas, salvo cuando se trate de una situación excepcional en que esté en riesgo la vida o la integridad física de la misma", etcétera. Me parece que estas cosas son bastante delicadas, y lo digo a título personal.

El artículo 63, que aparece bajo el nomen juris de "Interrogatorio en dependencia policial", presenta una contradicción, puesto que el inciso segundo dice: "El resultado del interrogatorio policial no tiene valor probatorio, sino que es indicativo de la actividad probatoria".

Francamente, esto muestra que no se conoce nuestro proceso penal, el que claramente se dispara desde el interrogatorio policial, y no es solo indicativo, sino que surge a partir de una serie de conjeturas, indicios y presunciones que se ponen de manifiesto en el interrogatorio. Lo que luego hay que analizar es la verosimilitud de esa versión para saber si fue obtenida de buena fe, sin presión y sin tortura, o todo lo contrario. En todo caso, el interrogatorio es absolutamente indicativo.

Se nos dice que el artículo 77 está en contradicción con lo planteado por la Cámara de Representantes, por lo que habría que suprimirlo, pero lo estamos votando. A su vez, se agrega el artículo 78, sobre el que efectivamente podríamos coincidir.

En cuanto al jefe de familia, me alcanzó y me sobró lo que expresó el señor Senador Moreira; eso está clarísimamente dicho, y solo insisto en que se desplazó de la garantía ciudadana la potestad que tiene el Juez.

Me parece que es un error el hecho de que no nos podamos entender sobre este tema. No sé qué es lo que sucedió, pero todo debe ser obra de la desconfianza en la que vivimos estos dos mundos: el del Gobierno y el de la oposición, que mirando exactamente lo mismo, parecemos tener perspectivas completamente diferentes.

Creo que hoy el ciudadano no está contento con el Gobierno, y tampoco veo que esté demasiado contento con la oposición, y aquí hago una autocrítica. No es responsabilidad de la oposición o, por lo menos, de mi Partido, pues nosotros, de buena gana y talante, comprometimos con generosidad la palabra para sacar adelante la iniciativa en la órbita de la Asamblea General. Claro está, en ese ámbito, uno no puede pedir a los señores Senadores y a los señores Representantes que no hagan uso de la palabra, máxime cuando se trata de un tema como el de la seguridad pública, sobre el que existen disensos muy grandes entre todos nosotros. Es verdad que habíamos generado una gigantesca expectativa en torno a la llegada de la señora Ministra, pero entre tangos, cabalgatas y algunas otras musas, justamente, se nos ha ido cayendo esa expectativa. Pero el tema es mucho más de fondo que el tango, las cabalgatas y algunas otras musas, pues se trata de encontrar un camino para que la seguridad pública deje de ser una preocupación de la gente.

Se me acabó el tiempo de que disponía y, por ello, pido disculpas si algún señor Senador quería intervenir; creo que no ha sido mi responsabilidad.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: en la última sesión de coordinación, presidida por el señor Vicepresidente de la República, Presidente de la Asamblea General y, a la vez, Presidente de este Cuerpo, los partidos representados en esta Sala llegaron a un acuerdo, que luego fue dejado sin efecto por el Partido de Gobierno. Frente a ello, sin querer ser reiterativos, decimos que avalamos las palabras del señor Senador Abreu y agregamos que la sesión de hoy es la más triste de esta Legislatura. Seguramente, esto lo compartimos con todos los miembros de esta Cámara.

Después de escuchar con todo respeto y muy atentamente a la señora Senadora Percovich, podemos comprobar fácilmente que las modificaciones que se hicieron tienen que ver, en esencia, con reglas gramaticales más que con el contenido y el espíritu del proyecto, que permanece casi intacto desde la iniciativa formulada por el Poder Ejecutivo.

Se ha dicho que uno de los fines de esta iniciativa es crear un marco jurídico para la actuación policial y la salvaguarda de los derechos del ciudadano buscando, según se dice en el informe de la Comisión de la Cámara de Representantes, evitar prácticas de dudosa legalidad aplicadas en forma discrecional por la autoridad, como si este marco legal fuera a ponerles fin en forma definitiva.

Creo que hoy existen normas jurídicas muy buenas y suficientes, al punto de que muchos de los artículos contenidos en este proyecto de ley sobre procedimiento policial simplemente repiten en forma textual o, en algunos casos, con pequeñas modificaciones, normas ya existentes como, por ejemplo, las de la Ley Orgánica Policial, el Código del Proceso Penal y similares.

Si antes existían excesos aun existiendo estas normas, con la promulgación y entrada en vigencia de este nuevo marco también ocurrirán desbordes, porque ello está en la naturaleza humana y en la educación de la Policía. Me parece más adecuado educar, formar y capacitar en servicio a nuestra Policía en el cumplimiento de sus deberes, que sancionar este fárrago normativo, que seguramente será aprobado, pero no con mi voto ni con el de mi Partido.

Considero que se han cifrado demasiadas esperanzas en este Código de Procedimiento Policial y creo que la realidad va a demostrar que los problemas de la Policía y de los derechos ciudadanos pasan por la resolución de otros asuntos. Que nuestros policías tengan un mejor nivel cultural, una mejor formación y preparación adecuada para la función que cumplen, un mejor nivel salarial que les permita vivir dignamente y cumplir de la mejor manera posible la función de prevención y represión del delito, un mejor relacionamiento con la ciudadanía y otros Poderes y organismos públicos, y que se pueda revertir la desmoralización y desmotivación creciente que se ha ido expandiendo entre nuestros policías, no son asuntos que puedan ser resueltos por esta iniciativa, ni mucho menos. Estas cosas se resuelven con mucho trabajo y esfuerzo desde el propio Poder Ejecutivo, actuando junto con la familia policial, y no con esta clase de leyes. La realidad no va a cambiar con esta ley ni con un decreto del Presidente de la República. Los que creen que los cambios simplemente se decretan o se postulan desde las oficinas del Poder Ejecutivo o desde el Palacio de las Leyes están equivocados, no yo, y la realidad se los hará saber tarde o temprano.

Personalmente, no creo que las soluciones que plantea el texto legal resuelvan los problemas de nuestra policía nacional. Además, no nos parece oportuno retocar viejas pero buenas leyes de antaño, dándoles un barniz de actualidad y procurando con ello arreglar la difícil situación de inseguridad que se vive.

El nuevo Código de Procedimiento Policial se limita, básicamente, a reiterar artículos de otras normas jurídicas, y en algunos casos los reformula. En efecto, hemos visto reproducidos artículos de la actual Ley Orgánica Policial, del Código del Proceso Penal, de la denominada ley de menores y hasta del viejo y actualmente derogado Código de Instrucción Criminal. De manera que no se agregan muchos elementos nuevos y los que se incorporan no me parece que mejoren la situación. De cualquier manera, estas normas existían y se aplicaban, y la única novedad es que ahora estarán todas -junto a algunas nuevas- compiladas en una sola ley, por lo que se hará más fácil su lectura.

Nosotros, los liberales por pensamiento, convicción y sentimiento, a la hora de decidir entre el individuo y sus derechos humanos fundamentales, y los poderes del Estado, siempre optamos por el individuo. La historia de la humanidad siempre fue la historia de la pugna entre el reconocimiento jurídico de los derechos del hombre y del ciudadano, y los poderes jurídicos del Estado, los que pueden llegar a ser cercenados y reducidos. Lamentablemente, se llega al deterioro de los derechos individuales de las más diversas maneras. En ocasiones, esto sucede en formas directas y brutales, como en una dictadura, pero en otras, en formas casi imperceptibles, sutiles y vestidas con los ropajes decorosos de la técnica jurídica. Y en la balanza de esta clase de decisiones siempre en un platillo está el ciudadano y sus libertades y, en el otro, el Estado y su poder. Personalmente me inclino por darle más peso y gravitación al primero.

Por convicción ideológica, por amor, y en defensa de las libertades, no me parece que sea buena esta norma. Creo que sin esta norma, la policía igualmente puede actuar en los casos que se citan, y no me parece conveniente darle armas legales para que pueda actuar arbitraria y discrecionalmente en contra de individuos que, por principio constitucional, son inocentes.

Estimo que el asunto en cuestión se arregla con más recursos económicos y materiales para la policía, con mejores salarios para que no vivan en zonas marginales, con más chalecos antibalas para que no los maten a mansalva y -sin perjuicio de otras medidas- con más preparación y mejor capacitación profesional para cumplir su función. Pienso que se debe considerar al policía como un funcionario público de primera y no de segunda, y a su familia como el núcleo afectivo, moral y social que lo respalda en los difíciles momentos de su trabajo.

SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AMARO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Quiero agradecer al señor Senador Vaillant la corrección que hizo en torno al tema del registro personal, en el sentido de que tienen que ser del mismo sexo. Me parece que esta es una aclaración que vale, porque salva la observación bastante puntual que realicé.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Amaro.

SEÑOR AMARO.- He finalizado mi exposición, señor Presidente.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Propongo que se prorrogue la hora de finalización de la sesión, en principio, hasta terminar el tema. Luego veremos si en algún momento se solicita un cuarto intermedio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 24. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Por los comentarios y las intervenciones realizadas por la oposición, parecería que a los señores Senadores del Gobierno nos falta el intelecto, somos tontos, no apreciamos la realidad y votamos lo que nos manda el Gobierno. Por lo menos en el Uruguay, no devaluaría tanto la capacidad y el intelecto de los que estamos haciendo política y ocupamos una banca. Nosotros no hacemos eso con quienes ocupan las bancas del Partido Nacional y del Partido Colorado, y no porque no tengamos diferencias, que muchas veces las tenemos hasta dentro de nuestros propios partidos; incluso, en una misma sesión el señor Senador Abreu dice que un texto es inconstitucional y el señor Senador Moreira señala que, si hay un incendio, el bombero tiene que entrar al hogar de cualquier manera. El señor Senador Abdala no debería decir que esto es un disparate. Personalmente, sería más cuidadoso y tendría más respeto, porque entre los que estamos aquí no hay ningún tonto. Si no partimos de esa base, no nos vamos a entender.

Se estuvo cerca de un acuerdo con respecto a este proyecto de ley, pero como tantas otras veces, no se logró. Ahora bien, hay un relato sobre esto y también sobre las normas.

Insisto en que los señores Senadores deben ser cuidadosos cuando ponen el grito en el cielo por lo que estamos votando, y dicen que prácticamente es igual a lo que ocurría en la dictadura, entre otras cosas porque votaron esto en la sesión del 29 de noviembre de 2006. Me refiero a los señores Senadores Gallinal y Amaro, no al señor Senador Abreu, que no estaba presente en la sesión y no votó, aunque participó en Comisión. Creo que si la lesión de los derechos individuales hubiera sido de tal magnitud, no hubieran votado la iniciativa. Puedo entender que alguien diga que votó algo porque no se dio cuenta. Si se hubiera señalado: "Mire, señor Presidente, votamos esto el 29 de noviembre pero no habíamos apreciado algunos detalles, no habíamos estudiado el texto y no contábamos con los informes que luego vinieron de la Cámara de Representantes", entonces, podríamos discutir de otra forma. Ahora bien, si nos señalan que estamos aprobando una norma que termina con todos los derechos individuales, me pregunto ¿qué pasó en aquella sesión del Senado? Debo manifestar que se votó el proyecto de ley por unanimidad. Más de veinte artículos se desglosaron y, salvo uno, los demás se votaron por unanimidad o por amplia mayoría. No puede ser que se piense que hoy es la noche más triste, como dice el señor Senador Amaro -y lo aludo directamente-; noches tristes debe haber muchas pero, en primer lugar, aún es de día, y en segundo término -para que quede claro-, los artículos que hoy se están criticando también contaron con el voto del señor Senador Amaro en aquella oportunidad. No le atrapo la palabra; puedo entender que alguien me diga: "nos equivocamos en esto", pero en ese caso, no se ponga en el lugar de profesor o maestro para darnos lecciones en la defensa de los derechos individuales.

SEÑOR AMARO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Aclaro que pedí interrupciones en reiteradas oportunidades y nadie me las otorgó.

Le concedo la interrupción al señor Senador Amaro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Está claro que no estuve presente cuando se reunió la Coordinadora de los partidos. Cuando esta Coordinadora dejó sin efecto lo acordado, la señora Senadora Percovich me llamó a mi domicilio, a la hora 21, para comunicármelo, dado que los Diputados no estaban de acuerdo con esa posición.

SEÑOR MICHELINI.- De eso también vamos a hablar señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Esto es exactamente lo que ocurrió. Como dije, no estuvimos presentes en la reunión y nos enteramos a través de la señora Senadora Percovich de que la medida aprobada por el Senado había quedado sin efecto luego de lo decidido por la Coordinadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- De eso vamos a hablar, pero quiero bajar un poco el tono. No puede ser que se nos venga a dar lecciones en defensa de los derechos individuales, cuando todos los que estamos acá votamos el día 29 de noviembre de 2006. Por lo menos, habría que tener un poco de humildad para decir "nos equivocamos", máxime cuando se trata de partidos históricos, es decir, el Partido Colorado y el Partido Nacional.

Ese día también estaba integrando este Cuerpo el señor Senador Abdala, aunque no vino a la sesión. No estoy reclamando, porque no me meto en la actividad de cada señor Senador, pero creo que si lo que ocurría el 29 de noviembre de 2006 era de tal magnitud como para avasallar los derechos individuales, habría estado presente, ya sea él o cualquier otro integrante que lo supliera.

En cuanto a hoy, cuando los partidos históricos nos vienen a marcar pautas, me parece que si los derechos individuales estuvieran en tela de juicio, las Barras estarían llenas y el Palacio Legislativo, rodeado. ¿Acaso creen que la gente es tonta, que mandamos nosotros, los Senadores, o que manda la oposición, y el resto del pueblo uruguayo se chupa el dedo? ¿O yo voy a decir que defiendo más los derechos individuales votando en mi fuerza política, que lo que puede hacer otro ciudadano del Uruguay? No es eso, señor Presidente. Acá hay un Código de Procedimiento Policial que tiene algunos aspectos que siempre generaron dudas. Se trata de 174 artículos, de los cuales 6 ó 7 son cuestionados fuertemente.

SEÑOR ABDALA.- Con uno alcanza.

SEÑOR MICHELINI.- Por supuesto que con uno alcanza.

Se trata de una ley y, como sucede con todas las leyes que se aprueban en este ámbito, no todos piensan que cada artículo es perfecto. En realidad, son pocas las leyes en las que todos estamos de acuerdo con que la totalidad de sus artículos son perfectos.

Nosotros creemos que hay que dar una respuesta al tema de la seguridad ciudadana. Ambas Cámaras están llenas de iniciativas promovidas por los diferentes partidos sobre el tema de la seguridad ciudadana, y nosotros, a quienes el 31 de octubre de 2004 la ciudadanía nos dio la responsabilidad de gobernar, hace dos años que tenemos este proyecto de ley. Lo cierto es que lo votamos acá, lo hicimos allá, y ahora está nuevamente en la Cámara de Senadores.

Es verdad que la opinión pública planteó inquietudes y está bien que la Cámara las analice, pero algunas tienen razón y otras no; además, sobre lo que no se ha propuesto, alguno de nosotros pensó que ya que esto se iba a modificar, se podría corregir tal o cual cosa. Es así que avanzamos, como muchas veces lo hemos hecho en otros aspectos, aunque después no se llegue a ningún resultado, como ocurrió, por ejemplo, en lo que respecta al Tribunal de Cuentas y a la Corte Electoral, temas en los que no se llegó a nada. En este caso avanzamos, reitero, y generamos textos, pero nunca dijimos que había un acuerdo; por el contrario, afirmamos que nosotros, los Senadores, estábamos en esa línea, pero debíamos discutirlo con nuestra propia gente, con nuestros propios Diputados. Para que lo sepan todos, cuando se va a votar en la Asamblea General, los dos tercios no se conforman con una sola fuerza política; por lo menos tiene que haber dos, y en algunos casos, tres. Por lo tanto, cada uno debía convencer a su fuerza política y fue así que hicimos los planteos pertinentes. Es más: en las negociaciones correspondientes, quien habla fue uno de los más exigentes en cuanto a que no se discutiera este tema en la Asamblea General, pero no como propuesta mordaza, sino porque a esta altura todos somos bichos viejos.

(Interrupciones)

-Yo no tengo algunos años aquí, como el señor Senador Moreira, sino que tengo muchos y he visto mucho más.

Nosotros queríamos garantías. Se nos hicieron planteos en el sentido de discutir una serie de proyectos -no votar- en la Comisión correspondientes de la Cámara de Representantes. Esos son los hechos, esa fue una de las razones. Nuestros Diputados entendieron que eso era de potestad de la propia Comisión y no parecía lógico que se metiera en un acuerdo algo que está en el propio relacionamiento.

(Interrupciones)

-Es lo que entendieron y nosotros respetamos, así como el señor Senador respetará otras cosas. Somos un partido político y, sobre todo cuando resolvemos, lo hacemos atendiendo a todas las razones; por eso insistíamos en que se hablara muy poco por cada Bancada; de ser posible, un solo integrante.

El segundo aspecto es que hay un contencioso en la Cámara de Representantes, aparentemente no resuelto. Seguramente, algún integrante de este Senado que también forme parte de la Cámara de Representantes podrá ilustrarlos mejor sobre algunos temas y acuerdos que al final no se cumplieron, porque aunque hay un Partido que afirma que varios de sus integrantes van a la coordinación, está compuesto por hombres libres, donde cada uno plantea lo que quiere.

No nos podemos quedar sin este Código de Procedimiento Policial, porque creemos que tiene, por lo menos, 168 artículos que van en buena dirección, mientras otros 6 habrá que evaluarlos para ver si es necesario modificarlos.

Hay quien dice que a determinado artículo se lo podrá declarar inconstitucional, pero en eso consiste el régimen democrático. Hace poco hubo una suerte de declaraciones de inconstitucionalidad, seguida de una serie de declaraciones de constitucionalidad; no me puedo poner a legislar pensando en cada caso…

SEÑOR ABDALA.- La Constitución es siempre la misma.

SEÑOR MICHELINI.- ¡Yo voto con mi convicción!

SEÑOR ABDALA.- Respetando la Constitución, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- ¡Voto con mi convicción, y le pido al señor Senador Abdala que respete al orador! En ningún momento he lesionado algún derecho individual. Nadie de este Senado, y menos quien ha votado los mismos artículos que voté yo, va a venir a darme lecciones -por lo menos, no son de recibo- de cómo se maneja cada uno de los Senadores de este Cuerpo.

Reitero que voto con mi convicción. Si puedo hacer mejoras al proyecto de ley, siempre las voy a hacer, manteniendo dos aspectos: que la iniciativa se apruebe y que asumamos un compromiso. Todos los integrantes de la Bancada oficialista tomamos este compromiso, tal como lo hizo en su momento la oposición -después de la dictadura, el Partido Colorado en tres períodos, y el Partido Nacional en uno-, ya que una vez que se es Gobierno, existen responsabilidades superiores a las que deben asumir los que no están en él.

Muchas veces se votan leyes y se hacen acuerdos para darle gobernabilidad al país, independientemente de que, con la mano en el corazón, no se compartan todos los artículos, todos los puntos y todas las comas; pero tratar de decir que esto es volver a la dictadura, ¡por favor, señor Presidente! ¿Alguien cree que si se está quemando una casa, no van a entrar los bomberos, o que si se está matando a una persona dentro de una casa de noche, no se va a entrar? ¿Usted cree que yo me quedaría callado si mañana veo a la Policía actuar de cualquier manera, y menos invocando una ley que no le da derecho, porque habla de una situación de extrema necesidad? Si alguien piensa que me voy a quedar callado, no me conoce.

Estoy absolutamente convencido de que el Código de Procedimiento Policial es una buena ley. Tal vez haya seis o siete artículos para mejorar -habrá que evaluarlo-, pero en el Senado se dio una negociación muy interesante. De manera que no voy a quedarme con la parte negativa, sino que voy a tratar de buscar el lado positivo: nos podemos entender. El señor Senador Abreu podrá quedarse con los aspectos negativos, pero yo saco la parte positiva. Es posible que haya una responsabilidad de la Bancada oficialista porque no logramos convencer a los Diputados; me hago cargo de ello. También es cierto que los Diputados del oficialismo tienen razón en estar atentos, alertas, expectantes, porque en la Cámara de Representantes algunas cosas no han salido como en el Senado; en este tema les doy la derecha, porque ellos conocen ese terreno. Pero ¿puedo ir a la Asamblea General con el riesgo de que se nos trate de la forma en que se nos trató ahora? Además, hay que tener en cuenta que en la Comisión se han presentado proyectos que están bien lejanos de la defensa de las garantías individuales. Entonces, ¿se nos está pidiendo que aceptemos el doble discurso, a riesgo de que después no obtengamos los dos tercios y el proyecto ya no se pueda aprobar en este período? Si aceptáramos esto, seríamos el hazmerreír. Pero esto no significa que no queramos dar el debate, porque el tema se está discutiendo. Incluso, no tengo ningún problema en fijar una fecha para que se debata el tema de la seguridad ciudadana. Si quieren discutimos toda una mañana, toda una tarde y toda una noche. Además, el tema se va a discutir en la Cámara de Representantes. ¿O el señor Senador Abdala, que también participa en la Cámara de Diputados, nos va a decir que esa discusión no se va a dar? Se va a dar el debate, con varios proyectos de ley. ¿Acaso se piensa que estamos tratando de evitar el debate? Si hay algo que caracteriza a la izquierda, es que siempre discutimos todos los temas; no nos van a sacar nuestra propia esencia. No estamos evitando el debate; lo que queremos es que el proceso de aprobación de este proyecto de ley concluya; después de dos años y algunos meses, parece lógico que su tratamiento finalice. Hemos tenido una paciencia infinita. Naturalmente, estaba la posibilidad de ir a la Asamblea General, pero nosotros venimos a decir que no tomamos ese riesgo, no porque no creamos en la palabra del señor Senador Abreu, del señor Senador Larrañaga o de los demás integrantes de este Cuerpo, sino porque sabemos que a veces las cosas se pueden ir de las manos. Todos dimos nuestra palabra en cuanto a que la integración de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas se iba a resolver. Sin embargo -y no estoy asignando responsabilidades a nadie-, las cosas se nos fueron de las manos. Aquí, en una interpelación, se dijo que ciertas cosas iban a estar resueltas; se dio un paso en ese sentido con la designación del Fiscal de Corte, pero no pudimos ir más allá, a pesar de que -estoy mirando al señor Senador Heber- realizamos un gran esfuerzo. Ellos dirán que la culpa es nuestra, nosotros diremos que la culpa es de ellos, y quizás sea una culpa compartida, pero todos dijimos que el tema se iba a resolver y eso no ocurrió. Sin embargo, seguimos marchando y otra vez vamos a realizar el esfuerzo de tratar de llegar a un acuerdo en los temas en que podamos coincidir. Pero pensar que cuando haya un nuevo Gobierno, los nuevos integrantes del Senado o de la Cámara de Diputados, por este hecho, se la van a jurar y en los próximos cinco años no van a dar sus votos, parece algo exagerado. Me da la sensación de que la "sanción", entre comillas, no corresponde con lo que ocurrió. Además, si lo que nos están diciendo es que no nos van a dar los votos, me preocupa, pero si el tema es que nosotros, si ellos ganan, no les vamos a dar nuestros votos, desde ya podemos decir que no vamos a actuar así. Ya veremos, en su oportunidad y en cada caso, cómo procedemos. Hace poco tiempo les planteamos la posibilidad de no dejar pasar los 60 días y votar la designación de los miembros de los Directorios de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que no estaban constituidos; en el caso de la OSE, se actuó con flexibilidad y generosidad, pero en otros casos no, y sin embargo seguimos funcionando. Nadie perdió el diálogo porque el Partido Nacional o el Partido Colorado no prestara sus votos, incluso teniendo discrepancias con lo que ha hecho el Gobierno, para que los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados se constituyeran.

Por mi parte, señor Presidente, no voto proyectos con los que no estoy de acuerdo. En este caso, sinceramente tengo el convencimiento de que este código de procedimiento policial debe ser aprobado; es más, personalmente planteé en la Bancada que el proyecto fuera enviado al Senado, y si después se tomaba el camino de la Asamblea General -en ese momento no estaba resuelto-, la votación no pasara de la semana próxima. Para la Bancada oficialista no tener un código de procedimiento policial no es aceptable, porque no se trata de los proyectos que plantea la oposición; es una iniciativa de nuestra fuerza política, que tiene los votos para aprobarla, y ya han pasado más de dos años en los que hemos estado tratando de consensuar con la oposición. De manera que llega un momento en que los plazos se terminan. Este proyecto está en el Senado desde noviembre. Se comenzó a estudiar -nuevamente, porque ya se había analizado antes- en febrero y se iniciaron las conversaciones en marzo, pero estamos en junio y los plazos se terminan.

Señor Presidente: vamos a dar el debate sobre el tema de la seguridad ciudadana todas las veces que sea necesario, porque nos preocupa. No vamos a afirmar que la sociedad uruguaya tiene miedo. La sociedad uruguaya es corajuda, es guapa, pero quiere estar protegida. El artículo 7º de la Constitución obliga al Estado a proteger a los habitantes de la República, y en función de esto estamos actuando. No vamos a educar a nuestros hijos con miedo, y vamos a evaluar cada una de las leyes, que se redactan para servir a la gente. Si en el correr del tiempo se comprueba que no sirven o no dan respuesta, hay que revisarlas. Que levante la mano quien pueda decir que nunca tuvo que modificar ninguna de las leyes que votó en su vida. Incluso, con respecto a algunas leyes sobre impuestos, ahora nos han dicho -en su oportunidad no lo habían aclarado- que las aprobaron en forma provisoria. Entonces, si alguien dijera "de esta agua no he de beber", sinceramente no le creería.

En definitiva, estoy convencido de que hay que evaluar el proyecto y que hay algunos aspectos que se pueden mejorar. Reconocemos el esfuerzo que hizo la oposición y lamentamos que no nos hayamos entendido, pero vamos a seguir realizando esfuerzos en ese sentido. Creemos que en la vida política debemos tratar de realizar los máximos esfuerzos para mejorar las leyes y tratar de entendernos con el resto de los partidos siempre que sea posible, y por supuesto que rechazamos enfáticamente que se nos diga que a la hora de la defensa de los derechos individuales no estamos a la altura de las circunstancias.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, prosiguiendo con la lista de oradores, tendría que hacer uso de la palabra el señor Senador Gallinal, quien no se encuentra en Sala.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: lo primero que quiero decir es que el señor Senador Gallinal no está en Sala porque tenía un compromiso establecido, y aquí se actuó unilateralmente y sin hacer consultas. Personalmente, pregunté a la señora Senadora coordinadora de la Bancada del Frente Amplio si la idea era trabajar también esta tarde, pero ella no tuvo la amabilidad de por lo menos contestarme que se había resuelto seguir hasta culminar con el proyecto de ley planteado. Creo que merecemos saber qué va a pasar. El señor Senador Gallinal tenía un compromiso ineludible y no va a poder participar en la discusión. Quizás eso es lo que se busca, o sea que lo pactado no se cumpla, de modo que la gente que puede o debe hablar -aclaro que el señor Senador Gallinal es miembro de la Comisión de Constitución y Legislación- no pueda participar en el debate.

De todas maneras, llevo muchos años en esta Casa y en múltiples oportunidades me ha costado explicar afuera de este ámbito, la importancia de la credibilidad del diálogo. Considero que muchas veces tomar un café con un Senador o una Senadora no es tiempo perdido, sino ganado en confianza, en saber qué tenemos que discutir, qué es lo esencial que debemos aprobar y qué es lo que, de alguna manera, tiene que quedar librado a la lógica confrontación de ideas. En toda mi vida política nunca he dejado de cumplir un acuerdo pactado en el Ambulatorio o en los ámbitos de reserva de los despachos y las oficinas del Palacio. Nunca lo he hecho porque para mí es algo sagrado. El día que alguien falta a esa palabra, queda sin credibilidad en esta Casa; ya no genera credibilidad, sino desconfianza. Creo que por encima de las ideas que cada uno pueda tener, eso es oro en polvo y hay que cuidarlo para que no llegue el día en que no nos creamos a la hora de hablar en el Ambulatorio, afuera de la confrontación que se da en esta Sala, detrás de estas puertas, donde queda la reserva de muchos comentarios que podrían ser mal interpretados por la franqueza con que se conversa en ese ámbito. Pienso que, gracias al Ambulatorio, el sistema político uruguayo es diferente a otros y genera la credibilidad necesaria para que, cuando uno habla sabiendo que existen diferencias y confrontando duramente las ideas, lo que allí se dice, ahí queda, y lo que allí se pacta, se cumple.

En otra etapa, en la Cámara de Representantes, en alguna oportunidad tuve que votar incluso en contra de mi Partido, porque había dado la palabra y mi Partido no me había respaldado a la hora de tener que cumplir con ella. No dejé de cumplir con mi palabra aunque mi Partido no me respaldó en ese pacto que hice en determinado episodio.

¿Qué quiero decir con esto, señor Presidente? Que soy partidario de las negociaciones; soy hijo de un sistema en el que estoy desde 1985; he pactado presupuestos y leyes difíciles y he confrontado, pero me considero parte del sistema. Cuando el Gobierno, en esta oportunidad, con respecto a este proyecto de ley, nos llama buscando una suerte de negociación -aclaro que no fue buscada por la oposición, sino por el Gobierno-, concurrimos a la reunión -que fuera narrada con imperfecciones por parte de algunos Senadores- en la Presidencia del Senado de la República y sentimos que en ese ámbito uno habla de manera franca y creíble de modo de poder cumplir con los compromisos que allí se establecen. No he venido a decir que no se cumpliera un compromiso, sino a expresar que hemos perdido el tiempo, y cuando digo esto me refiero a que todavía no entiendo a suerte de qué se llevó a cabo la reunión en la Presidencia del Senado, con todos los Diputados de nuestro Partido, para analizar este proyecto de ley a los efectos de responder al Gobierno, que estaba urgido: "Sí señor; estamos dispuestos a cumplir con la instancia de la Asamblea General y va a hablar uno de nuestro Partido, y nadie más, para no demorar este proyecto".

Creemos que este proyecto de ley es bueno, es necesario y por eso le daremos nuestro voto. Es cierto que hay seis artículos que han sido cuestionados, como lo señaló claramente la señora Senadora Percovich. Quiero creer que el Gobierno y el oficialismo van a hacer lo que dice la señora Senadora Percovich -y no lo que manifiesta el señor Senador Michelini-, que señala: "Señores: hay seis artículos que son espantosos; vamos a arreglarlos. Los votamos y obligamos a la Cámara de Representantes a votar, pero nos equivocamos". Eso es lo que nos dice el Gobierno: "Estamos equivocados". Hay que modificar esos artículos porque son malos e inconstitucionales para nosotros, y creo que también para muchos Senadores del oficialismo. Aunque no lo digan, son inconstitucionales.

¿Cómo arreglamos este pastel? Nosotros estábamos dispuestos a acompañarlo sin cobrar cuentas -de nada vale cobrarlas cuando el proyecto de ley en sus 170 artículos es bueno, necesario, procedente y también urgente-, pero hay que modificar los artículos que mencionábamos. El planteo era muy claro. Nos dijeron: "¿Los arreglamos solos o con ustedes en la Asamblea General?". Les dijimos que contaran con nosotros y que los modificaríamos juntos, porque los habíamos cuestionado. Sin embargo, todo lo que hemos escuchado en el día de hoy acerca de que no se cumplen los compromisos, que hay riesgos, que no se puede presentar y que se necesitan mayorías especiales, lo sabían cuando nos citaron a la reunión en la Presidencia del Senado.

¿Qué pasó entre medio? Ocurrió que la intención de los Senadores del Frente Amplio no fue respaldada por sus Diputados. Esa es la realidad; no echemos las culpas a otros partidos que generosamente comprometieron su voluntad política para ir a la instancia de la Asamblea General -que siempre es difícil- a fin de alcanzar la mayoría de dos tercios. No se puede hacer perder una oportunidad que vamos a perder todos; no la va a perder el Gobierno, señor Senador Michelini, sino que la vamos a perder todos. Como creo y sé que mi Partido es responsable, de ninguna manera iba a dejar que se perdiera la instancia de la Asamblea General sin tener una ley de procedimiento policial que es muy necesaria y harto urgente para el país y para la seguridad ciudadana.

No es un problema del Gobierno, porque la responsabilidad también recae sobre la oposición. El problema es que las enmiendas que los Senadores entendieron que había que hacer al proyecto de ley no fueron aceptadas por los Diputados del Frente Amplio.

Esa situación llevó a que en Sala contáramos -no digo que a modo de inspección- con tres señores Representantes que nos están vigilando para saber cómo manejamos la voluntad de la Cámara Baja, aunque ellos no hayan habilitado la instancia de la Asamblea General.

Personalmente debí hablar con el Presidente del Senado, señor Nin Novoa, para comunicarle en nombre de mi Partido que íbamos a respaldar la instancia de la Asamblea General y que, incluso, íbamos a hacer uso de la palabra. Lo único que pretendíamos era que el compromiso no fuese solo nuestro, sino también del Partido Colorado. Para ello sugerimos al señor Vicepresidente que citara a una reunión de Coordinadores de Bancada donde estuviéramos representados el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Gobierno, a los efectos de acordar una instancia de Asamblea General que bien podía catalogarse como riesgosa, pero también como necesaria. Sin embargo, como antecedente, legislar como lo va a hacer esta tarde el Gobierno, resulta pésimo.

SEÑOR ROSADILLA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: seguí con mucha atención las manifestaciones del señor Senador Heber y si bien citó aspectos polémicos, entiendo que en uno de ellos -quiero usar la palabra correcta- se equivocó. No es cierto que los señores Representantes no hayamos respaldado las modificaciones; en realidad -lo puedo decir mirándolo a los ojos-, el temor radicaba en el futuro cumplimiento de ese compromiso político. Se podrá decir que no teníamos argumentos sólidos, pero no que había problemas en cuanto a la esencia de la modificación. Podremos discutir si nuestra decisión fue correcta o no -así como algunas historias que tenemos en el "gallinero grande"-, pero la verdad es esa: no había oposición a las modificaciones planteadas, pero sí temor -fundado o no- a que quedáramos en nada.

En cuanto al tema de hacer inspecciones, los blancos nos han enseñado. Basta ver que detrás de los señores Senadores se encuentra de pie una chiquilina que constata si votamos o no y está atenta a los movimientos que realizamos. Insisto en que no vinimos en calidad de vigilantes.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: continúo con los cuestionamientos de forma, dado que aún no he ingresado al tratamiento del proyecto, aunque destaco que coincido con lo manifestado por los señores Senadores Moreira y Abreu.

Como entendemos las urgencias, sabemos que la señora Ministra del Interior está apurando la sanción de este proyecto de ley -lo quiere ya-, pero no comprendemos por qué vuelve entonces a esta Cámara. ¿Los señores Senadores observaron las modificaciones realizadas por la Cámara de Representantes? ¿Las vieron? Se señala que falta un "por", hay un "con" y algunas comas; son todos detalles de redacción. Por lo tanto, queda claro que el Gobierno tiene un problema con la Cámara de Representantes. ¡Este proyecto de ley no debería haber vuelto al Senado! Si la señora Ministra del Interior estaba urgida por la sanción de este proyecto de ley de procedimiento policial, lo lógico habría sido votarlo tal como se aprobó en el Senado. Entonces, ya sería ley y ahora estaríamos redactando un proyecto modificativo. Sin embargo, vuelve con cambios de redacción y no admite modificaciones de fondo.

Insisto en que los señores Legisladores observen el comparativo y vean las diferencias que allí se han señalado. Tomando una modificación al azar, vemos que, por ejemplo, el artículo 136 vuelve al Senado porque se le introduce un "por" en el literal B). ¡Y después dicen que no confían en la Asamblea General! Si no hubieran confiado desde el principio, habrían aprobado el proyecto de ley de la Cámara de Senadores, generando así una instancia para poder corregirlo, que es lo bueno del sistema bicameral.

Reitero, no me refiero a la corrección de los temas de redacción, sino de los de fondo. ¿¡Cómo puede no resultar válido decir que, porque algunos señores Legisladores estuvieron de viaje, no estuvieron presentes o se encontraban en la instancia del Presupuesto -como sucedía en el mes de noviembre-, muchos de ellos no pudieron leer los 174 artículos en su contexto con la debida profundidad y querían corregir el proyecto de ley venido de la Cámara de Representantes!? Justamente por eso formamos parte de un sistema bicameral: para contar con una instancia en que una de las Cámaras pueda dedicarse a estudiar las cuestiones de fondo y, la otra, admitir las modificaciones, pero no las de redacción sino las de fondo.

Se puede decir lo que se desee, pero el Gobierno equivocó el procedimiento; no dominó en esa instancia a la Cámara de Representantes, llamó a la oposición para acordar y luego dijo que no quería hacerlo. En consecuencia, estamos en una situación de enfrentamiento gratuito sobre la forma cuando, en realidad, tenemos que discutir los contenidos.

Es cierto que muchos de los debates en el Senado resultan aburridos, a tal punto que nos dormimos -recientemente nos han tomado el pelo, y con razón, en un programa de televisión-, pero no hay que olvidar que varios de los discursos terminan por no ser interesantes y generan reproches de Ambulatorio cuando, en realidad, las diferencias deberían ser de fondo. Lo instrumental, lo formal y lo que hay que acordar no se resuelve haciéndonos reproches en Sala, porque así no se responde a la forma en que funcionan los órganos colectivos. Se deben pactar las formas para no perder el tiempo y sí discutir sobre los contenidos. Lamentablemente, nos hemos dedicado a discutir formas y no contenidos, salvo la gran explicación histórica manifestada por el señor Senador Moreira, en la que se han hecho reproches de forma que el Gobierno no ha podido rebatir, porque ha borrado con el codo lo que ha escrito con la mano desde la época del Ministerio del doctor Díaz hasta ahora. ¡Esta es la gran verdad que no quiere admitir el Gobierno!

Lo que necesitamos es más seguridad y este es un instrumento que será apoyado por la oposición. Es evidente que el problema no se soluciona solo con este proyecto de ley, sino que debe existir conducción y la policía debe sentirse respaldada. Sin embargo, esto no es así y la policía -a la que se mira con desconfianza por parte de los jerarcas- no se siente apoyada a la hora de combatir la delincuencia. El instituto Policial necesita de esta ley, pero también requiere que el señor Ministro sea el primer policía y no que lo mire con desconfianza porque constituye una fuerza represora. No es una fuerza represora; es una fuerza que protege a la sociedad de la delincuencia, defiende a la gente trabajadora de nuestro país y, por lo tanto, necesita del apoyo político del que actualmente carece por parte de este Gobierno.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: consideramos que no es razonable, y ni siquiera es bueno, que sabiendo que existen seis o siete artículos para modificar, que están identificados y hay acuerdo a su respecto, se los deje para una instancia posterior. Entiendo que no es una forma correcta de hacer las cosas. Es cierto que a veces se podrá votar iniciativas que luego hay que enmendar, pero eso se debe a errores que pasaron inadvertidos. Nos parece realmente inconveniente que, con todas las advertencias que se han planteado, se vote este proyecto de ley por un capricho al final del camino.

Además, cabe preguntarse cómo corregimos normas como las referidas a la incomunicación de víctimas y testigos, y al ingreso a la morada de noche, esta última, notoriamente inconstitucional. Realmente, no sé. Algunos pediremos a algún abogado que recurra la norma ante la Suprema Corte de Justicia y, si ella nos ampara -seguramente lo hará-pondremos un cartel en la puerta de la casa que diga "Amparado por la Suprema Corte de Justicia. Prohibida la entrada de la policía de noche".

Esto no es algo nuevo, señor Presidente. Si vamos a los antecedentes, podemos observar que en el artículo 11 de la norma del año 1830 se hablaba -como muy bien lo señaló el señor Senador Abdala- del hogar del ciudadano, no simplemente del hogar. Además, se decía que es un derecho reconocido a todo habitante de la República; hago énfasis en que se hablaba de todo habitante y no de todo ciudadano. Lo cierto es que la Constitución de 1830 fue discutida durante más de un año, y la discusión -que fue interesantísima- figura en las actas. Lázaro Gadea propuso en aquel entonces que en los casos urgentes, como aquel en el cual un ciudadano cometía un delito de lesa patria, se encargase a la autoridad tomar todas las providencias convenientes para evitar que el delincuente o sus cómplices pudieran evadirse. A su vez, el constituyente Solano García dijo que cualquier magistrado debía tomar todas las precauciones necesarias para evitar la fuga de delincuentes, sin necesidad de declararlo constitucionalmente. Todo esto muestra que el tema no es nuevo. Ya en 1830 se preservó y defendió la idea de que ni siquiera de noche la autoridad policial podía ingresar en las casas. Se ha dicho que existe un tema de procedimiento, de drogas y muchas otras cosas que hay que tener en cuenta; sin embargo, se ve que en aquellos tiempos se hablaba de los delitos de lesa patria, pero no de las drogas, que no estaban muy de moda, por decirlo de alguna manera.

Considero que la policía debe tomar todas las precauciones para cercar un lugar -lo cual es fácil-, pero no entrar. No se puede entrar, señor Presidente, porque hacerlo es, a mi juicio, un atropello absoluto a la libertad de los ciudadanos. De alguna manera, todo esto me trae a la memoria la época de la dictadura, cuando se nos llevaba a la comisaría tan solo por el hecho de jugar al fútbol en la calle; de pronto, algún vecino llamaba por teléfono a las autoridades policiales y se nos venía a buscar. Personalmente, recuerdo que tuve tres entradas a la comisaría por ese simple hecho.

En definitiva, considero que esta norma no es propia de una República. Como bien decía el señor Senador Abdala, aquí hay un debilitamiento del Poder Judicial como tal, esto es, un debilitamiento de los Jueces en su poder. No es propio de una República ni de la tradición uruguaya hacer estas cosas, y mucho menos a sabiendas.

En consecuencia, claramente votaremos en contra de este proyecto de ley, y lo haremos en respeto a la República y a la tradición de nuestro país.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: ante todo, quiero decir que me parece oportuno reivindicar la importancia y trascendencia del tema a que refiere este proyecto de ley. Y justamente para hacerlo y para que se entienda la preocupación que tenemos -no solo nosotros, sino todos los sectores- con relación a esta iniciativa, decimos que nuestra memoria no nos permite recordar la existencia en el país de un Código de Procedimiento Policial. Con esto quiero decir que lo peor que le puede pasar al país es no tener un Código de esa naturaleza que brinde garantías y certezas, no solo acerca de cómo deben actuar los funcionarios, sino también los ciudadanos frente al procedimiento policial. Por esa razón, no estuvo ni está en discusión la conveniencia o inconveniencia de este Código, porque todos coincidimos en que es verdaderamente necesario. De hecho coincidimos en ello desde hace muchísimo tiempo, desde mucho antes de esta Legislatura y de este Gobierno, de la misma manera en que todos estamos de acuerdo desde bastante tiempo atrás con que también es necesario reformar la Ley Orgánica Policial. Reitero que llevamos muchísimos años coincidiendo en este aspecto, pero, por alguna razón, hasta ahora no ha existido un Código de Procedimiento Policial y tampoco se ha reformado la mencionada Ley Orgánica Policial. Evidentemente, no era fácil "hincar el diente" a esta cuestión, puesto que se trata de temas bastante complejos. Todos sabemos que la consideración de cualquiera de estos dos asuntos implica una ardua discusión y que en muchos puntos puede haber diferencias que, de pronto, no sean resueltas.

Pero además, cuando de procedimiento policial y de un Código de Procedimiento Policial se trata, se está hablando ni más ni menos que del delicadísimo equilibrio que debe existir y mantenerse entre la efectividad de quienes tienen que preservar nuestra seguridad y los derechos de los ciudadanos, y el respeto a lo que establece la Constitución de la República. No es sencillo, y justamente porque no lo es, pero también porque teníamos coincidencias cuando el tema fue tratado en primera instancia en el Senado, finalmente aprobamos en forma prácticamente unánime este Código de Procedimiento Policial. Ahora bien, no lo hicimos sin albergar dudas, que tanto Senadores de la oposición como nosotros, mantuvimos; en definitiva, se trata de dudas que permanecerán siempre, pero a ellas antepusimos la necesidad imperiosa de contar, de una vez por todas, con un código de esta naturaleza.

Aquí se ha argumentado que en los artículos 124 y 136 -en uno o en otro- se viola la Constitución de la República. Se trata del famoso tema del ingreso nocturno al hogar. Frente a ello, señalamos que en el artículo 124, tal como fue aprobado y luego modificado por la Cámara de Representantes, no se permite el ingreso de las autoridades policiales al hogar en horas nocturnas sin el previo consentimiento de los ocupantes de la vivienda, es decir, del jefe del hogar, tal como nuestra Carta Magna lo establece expresamente. Por consiguiente, no hay aquí violación alguna de la Constitución ni tampoco se agrede ningún derecho.

A través del artículo 136 se permite que en circunstancias especiales las fuerzas policiales ingresen al hogar, pero esas circunstancias especiales están claramente definidas. En el literal A) se establece que para que el ingreso se produzca, debe existir un peligro cierto, grave e inminente respecto de los ocupantes de la casa, esto es, cuando el propio ocupante es el amenazado; en ese caso, la autoridad policial podrá ingresar en su defensa. A su vez, en el literal B) se hace mención a la condición de imposibilidad de evitarlo por otros medios, refiriéndose al peligro grave que pueda estar sufriendo el ocupante. El literal C), por su parte, dice: "Que el ingreso tenga como única finalidad evitar o detener la producción del daño". Obviamente, se trata del daño del ocupante, que es el que en ese momento debe estar agraviado para que la policía pueda entrar en su hogar. Por tal razón, no existe desde nuestro punto de vista ni tal violación de la Constitución ni tal agresión de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, y tal como lo dijimos desde un principio, aceptamos que se trata de un tema muy discutible y enormemente sensible; podríamos decir que desde el comienzo nos ha generado dudas, algunas de las cuales todavía no han sido develadas.

De todos modos, no voy a seguir debatiendo sobre un proyecto de ley que fue aprobado prácticamente por unanimidad en el Senado, que luego tuvo modificaciones menores en la Cámara de Representantes y que ahora vuelve a esta Cámara. Aquí todos coincidimos en que el proyecto es bueno, que hay que aprobarlo, aunque tenemos algunas diferencias. Entonces, el tema central es el del método de trabajo. Tenemos un problema y lo reconozco, así como también reconozco que la responsabilidad es de todos. Estamos asistiendo a una falta de credibilidad entre unos y otros y esa es la realidad. En este país y en cualquier otro que se digne de democrático, donde existen fuerzas políticas distintas y pensamientos diferentes -incluso en la propia sociedad que no es ni más ni menos que la decisión de un montón de gente de vivir junta en un mismo territorio siendo diferente-, permanentemente se debe buscar el acuerdo. Pero para poder trabajarse en torno a él debe existir credibilidad y respeto en la relación de las partes.

No voy a adjudicar responsabilidades a la oposición y comienzo diciendo que nosotros las tenemos -no dudo de ello- porque en lo que va de este Gobierno no hemos logrado implantar una política, un mecanismo o una cultura que apunte a la relación y al acuerdo con la oposición ni viceversa. Lo que está pasando hoy nos debe llamar a reflexión, más que por el problema de la seguridad y del Código de Procedimiento Policial, por lo que nos está sucediendo como Cuerpo, como conglomerado político que incorpora todos los sectores con representación parlamentaria. A pesar de coincidir con el proyecto de ley, con la necesidad del mismo y con realizar algunas modificaciones, no lo podemos concretar por falta de credibilidad; esa es la razón y, aunque no me gusta, refleja una realidad porque, de no ser así, no estaríamos debatiendo inútilmente.

Señor Presidente: puedo tener una visión distinta, puedo creer en la oposición, pero por alguna razón mis compañeros Diputados no han creído en la posibilidad de este acuerdo. No responsabilizo a la oposición, pero tampoco a mis compañeros. Creo que esta situación está mostrando una realidad y, más allá de que seguramente ahora vamos a votar y aprobar este proyecto de ley, es posible que luego coincidamos con sus modificaciones porque ya las compartíamos. Lo que todo esto nos debe dejar, más que la reflexión, es el compromiso de trabajar seriamente por una cultura de los acuerdos y me adelanto a afirmar que es responsabilidad de la oposición y primero responsabilidad del Gobierno. Las fuerzas políticas deben cultivar esta cultura de los acuerdos cuando están en la oposición, pero fundamentalmente cuando se está en el Gobierno y se cuenta con la mayoría. No dudo que eso debe ser así y lo reivindico.

Sentía la necesidad de decir estas palabras porque creo que lo que nos está sucediendo demuestra que existe una importante patología a nivel político y es nuestro deber ayudar para corregirla, más allá de este proyecto de ley puntual que ahora vamos a votar.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: toda la mañana he seguido atentamente el debate y la primera reflexión que me viene a la mente, en momentos en que me voy a referir al tema, es aquella vieja y consabida frase o concepto de que el sentido común suele ser el menos común de los sentidos. Si estamos de acuerdo en la cuestión de fondo, en que el tema de la seguridad pública preocupa a todos los partidos -al Gobierno y a la oposición-, en que es necesario contar con un código o normativa que regule el tema del procedimiento policial o la forma de actuar de la Policía, y en que la inmensa mayoría de las normas consagradas en este proyecto de ley son aceptadas y votadas -así lo fueron- por todos los partidos, no puedo creer, señor Presidente, que por una cuestión de desconfianza o de desentendidos de Ambulatorio, nos encontremos en una situación de enfrentamiento en relación con determinadas normas y no podamos llegar a una solución que parecería obvia y lógica, como es votar un conjunto normativo consensuado entre los partidos políticos. El problema se encuentra en algunas normas -el famoso artículo 136, más algún otro- que coliden con la Constitución. Basta leer el artículo 136 del proyecto de ley y el artículo 11 de la Constitución para darnos cuenta que se viola la Carta. Esto nos debe llamar a reflexión a muchos Legisladores, particularmente a Legisladores del Frente Amplio y más precisamente al señor Senador Michelini que siempre tuvo una actitud muy firme en lo que tiene que ver con la defensa de la legalidad, de la Constitución, de respeto a los derechos humanos y su vigencia. Entonces, hay que tener cuidado porque, como dicen por mis pagos, allá por el norte, la virginidad se pierde una sola vez, pero cuando se pierde, se pierde. Como dije, hay que tener mucho cuidado porque no es cuestión de imputarle responsabilidad a los partidos que ejercieron el Gobierno y que incurrieron en determinadas trasgresiones del tipo de las que hoy se están consagrando, y después mantener o querer mantener una actitud de absoluto puritanismo en la materia.

Creo que si todos actuamos con sentido común, en pocas horas podremos encontrar una solución. De pronto, se podría integrar una pequeña Comisión con Diputados y Senadores de los distintos Partidos a los efectos de analizar los aspectos formales y de fondo de la cuestión. Así podríamos asumir, entre todos, un compromiso para que el tema no sea si Fulano o Mengano van a cumplir con la palabra empeñada, pues se estaría hablando de un compromiso de los partidos políticos que, por supuesto, todos deberán acatar en la Asamblea General. Considero que si aplicamos el sentido común, estaremos en condiciones de encontrar una solución que parece estar al alcance de la mano en los temas más importantes, porque en la cuestión de fondo y en la cuestión sustancial, estamos de acuerdo.

Todos hemos proclamado aquí que estamos de acuerdo y que, como decía recién el señor Senador Vaillant, lo que hay es un problema de confianza. Pues entonces, busquemos la forma de corregirlo. Si el problema es entre Senadores y Diputados, formemos una Comisión bicameral provisoria integrada por Legisladores de todos los partidos para que corrijan los aspectos formales de este proyecto, así como la cuestión de fondo. De lo contrario, nos vamos a ir con una amarga sensación en temas que, en definitiva, a todos nos importan e interesan, en los que coincidimos en un 95%, y nos va a quedar una sensación de frustración, de en-frentamiento y de votación dividida que no tiene sentido que expresemos a la gente. Recordemos que estamos aquí sentados representando a la gente: a los colorados, a los frenteamplistas, a los blancos y a todo el espectro político.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR DA ROSA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Muchas gracias señor Senador Da Rosa; gracias, señor Presidente.

Creo que, a esta altura, podríamos abrir un compás de espera, un cuarto intermedio hasta el día de mañana, para ver si es posible la búsqueda de una solución que permita que podamos pasar a la Asamblea General con la voluntad concurrente de todos los partidos políticos y, de esa forma, salvar las objeciones de inconstitucionalidad. Me parece que, sin atribuir responsabilidades, debemos acudir al diferencial del sistema político de nuestro país y a un grado de tolerancia tal que permita que, de aquí a mañana, podamos resolver las complejidades que el tema ofrece y, de esa forma, con el entendimiento de todos los partidos políticos representados en el Senado, alcancemos un nivel de acuerdo, sin seguir en una posición de retóricas, de enfrentamiento y de acusaciones cruzadas que no prestigian al sistema político uruguayo, no prestigian al Gobierno y no prestigian a la oposición.

En consecuencia, con mucho respeto por las posiciones que aquí se han planteado y con las reservas que se han manifestado, en línea con lo que venía razonando nuestro compañero de Bancada, el señor Senador Da Rosa, quisiera proponer al Cuerpo la realización de un cuarto intermedio hasta el día de mañana, con el compromiso de buscar entendimientos dentro de los partidos políticos. Luego podremos venir al Plenario a votar en línea con esos entendimientos y pactar un régimen para la semana que viene, a efectos de ir a la Asamblea General con un acotado marco de oradores por partido y resolver así este proyecto de ley. Quizás así podamos variar desde una posición confrontada a una votación unánime en la Asamblea General.

SEÑOR MICHELINI.- Antes de votar la moción del señor Senador Larrañaga hay que considerar la declaración que está en poder de la Mesa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Es correcto lo que dice el señor Senador. Estoy en uso de una interrupción y simplemente quería hacer esta propuesta. Me parece que eso nos prestigiaría a todos. Miremos lo que pasa en otras latitudes, veamos lo que sucede en otros países, aprendamos lecciones y busquemos soluciones, en particular en un tema en el que, como señaló mi compañero, el señor Senador Da Rosa, estamos todos de acuerdo en cuanto al levantamiento de las observaciones. Busquemos entonces un punto de entendimiento.

En consecuencia, nuestra moción es la de pasar a cuarto intermedio hasta el día de mañana para ver si, en este compás de espera podemos conversar con los compañeros de la Cámara de Representantes -esto lo podrán hacer todos los partidos- y llevar adelante estas instancias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte que, reglamen-tariamente, la moción del señor Senador Larrañaga no tendría discusión y habría que votarla inmediatamente, salvo que el señor Senador solicite que continúe en el uso de la palabra el señor Senador Da Rosa y luego se considere su propuesta.

SEÑOR LARRAÑAGA.- También tenemos que considerar la declaración que señalaba el señor Senador Michelini. Con respecto a lo propuesto por el señor Presidente, no tengo inconveniente; entonces, pido que se postergue la votación de mi moción hasta que culmine el tratamiento de estos temas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Nos damos por "políticamente enterados", que es lo que importa, señor Senador.

Puede continuar el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Sabia frase, señor Presidente.

Para terminar, quiero señalar que es muy importante que tengamos presente que hay temas en los que, más allá de lo que diga uno u otro Legislador, debe estar por encima el compromiso de los partidos políticos y, si estos acuerdan determinada cosa, quienes los integramos tenemos que cumplirlas. No puede aceptarse que los partidos acuerden cierta postura y luego cada uno haga lo que quiera dentro de un ámbito parlamentario. Para eso existen los partidos y, si tienen un mínimo de organización y organicidad, éste debe imponerse en esas circunstancias.

Quería expresar estas reflexiones apelando más que nada al sentido común y dejando de lado reproches y malos entendidos que puedan haber existido. Si caminamos en ese sentido no va a ser difícil que rápidamente zanjemos esta situación y nos pongamos de acuerdo, tal como lo expresaba el señor Senador Larrañaga.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Quisiéramos proponer, si el señor Senador Larrañaga está de acuerdo, que pasemos a cuarto intermedio por media hora para hacer las consultas con el resto de los compañeros de Bancada para ver si acordamos con la moción que ha planteado.

SEÑOR MICHELINI.- Primero tendría que votarse la declaración, señor Presidente.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: con el mismo espíritu constructivo de siempre, el Partido Colorado desea expresar su posición en la misma línea que se ha propuesto por parte del señor Senador Larrañaga. Si hay que pasar a cuarto intermedio por media hora para analizar la moción, con el mismo talante que él ha manifestado, también lo aceptamos nosotros.

SEÑOR MICHELINI.- Sugiero que primero se vote la declaración y después votemos la moción de pasar a cuarto intermedio por media hora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Era lo que iba a hacer la Mesa, señor Senador.

15) PROYECTO DE DECLARACION

SEÑOR PRESIDENTE.-. Dese cuenta de un proyecto de declaración

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Abdala, Abreu, Amaro, Baráibar, Cid, Gargano, Michelini y Percovich presentan un proyecto de declaración".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"El Senado de la República, ante la decisión anunciada del Parlamento Europeo de votar una directiva sobre retorno de los inmigrantes e incentivos económicos para que éste se concrete, declara:

Su rechazo a esta decisión que constituye una violación a los Derechos Humanos básicos y en particular al derecho a la libre circulación internacional, sin perjuicio de que al aumentar a 18 meses la internación de inmigrantes sin papeles se consagra una privación de libertad al aplicarse una verdadera pena de prisión.

Su convicción de que esta norma constituye una flagrante incongruencia de la Unión Europea que nutrió de inmigrantes al Continente latinoamericano y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y del esfuerzo de decenas de miles de inmigrantes que han contribuido a la generación de riqueza desde los puestos de trabajo menos calificados hasta los más elevados niveles científico y técnico.

Su decisión de hacer conocer a los órganos de las Naciones Unidas este rechazo, así como convocar a todos los Parlamentos de Latinoamérica para sumarse a esta posición y trasmitir a sus respectivos Gobiernos la necesidad de tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del Derecho Internacional".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- En el inciso tercero se expresa: "Su convicción de que esta norma constituye una flagrante incongruencia de la Unión Europea" pero, en realidad, debería hacer referencia a Europa porque la Unión Europea no existía cuando comenzaron las olas migratorias. Más adelante se habla del "Continente latinoamericano" que, a mi juicio, no existe por lo que debería decirse "continente americano". Por último, cuando se señala "se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y del esfuerzo de decenas de miles de inmigrantes", entiendo que se debería expresar "se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de decenas de miles de inmigrantes".

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Coincido con la última apreciación del señor Senador Alfie pero tengo mis dudas respecto de las dos primeras. En primer lugar, es la decisión institucional de la Unión Europea -que está compuesta por 17 Estados-, que es la que ha tomado esa Resolución. Entonces, se trata de confrontar o discrepar con esa decisión. En segundo término, se habla de Latinoamérica porque en el ámbito del Caribe, por ejemplo, hay países como Haití o Martinica que tienen origen francés. Entonces, para no quedar en el ámbito exclusivamente americano es que, repito, se habla de Latinoamérica. También es cierto que hay corrientes migratorias europeas que fueron hacia el continente norteamericano.

En definitiva, señor Presidente, entiendo lo manifestado por el señor Senador Alfie pero acompañaría la última propuesta de cambio que sugirió y no las otras dos, porque queda muy clara la responsabilidad institucional de la Unión Europea en su decisión.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Comparto lo señalado por el señor Senador Abreu en cuanto a las dos primeras observaciones formuladas por el señor Senador Alfie. Respecto a la última propuesta de modificación, confieso que no llegué a apreciar qué características tiene.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- En realidad, el último cambio es el de menor entidad.

Más allá de lo señalado por el señor Senador Abreu, sigo pensando que debe hablarse de Europa pero, en todo caso, podría decirse que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y no al continente latinoamericano porque, insisto, este no existe. A su vez, propongo que se establezca: "se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo".

En cualquier caso, señor Presidente, debe quedar claro que simplemente se trata de ajustes de redacción que no afectan el fondo de la cuestión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Estoy de acuerdo con la última parte de la propuesta del señor Senador Alfie pero considero que es una cuestión de apreciación afirmar que no existe el continente latinoamericano. Quienes hemos sufrido el problema de la emigración somos los latinoamericanos, tanto hacia el Norte de América como hacia Europa. Pre-cisamente, esa es la razón por la cual se le dio esa redacción al texto, de forma de caracterizar claramente quiénes son los afectados por la nueva Resolución de la Unión Europea.

No iba a hace uso de la palabra, pero deseo aprovechar a decir lo siguiente. El tema es tan grave, que en la Unión Europea se prevé disponer de   560:000.000 -más de lo que se destina anualmente como ayuda para el continente latinoamericano para la realización de proyectos- a los efectos de propiciar el retorno; se trata de pagar para que la gente vuelva. Además, los Legisladores europeos que no están de acuerdo con esta norma calculan que serán 8:000.000 de personas las afectadas por esta Resolución que comenzará a aplicarse en su totalidad a partir de 2010. De todas formas, los uruguayos sabemos cómo se está aplicando en los hechos, caso a caso, a nuestros ciudadanos, como así también a los paraguayos, bolivianos, chilenos y ecuatorianos, es decir, a quienes emigran por necesidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la declaración con los aportes que ha realizado el señor Senador Alfie y que fueran aceptados.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto del proyecto de declaración:)

"El Senado de la República, ante la decisión anunciada del Parlamento Europeo de votar una directiva sobre retorno de los inmigrantes e incentivos económicos para que éste se concrete, declara:

Su rechazo a esta decisión que constituye una violación a los Derechos Humanos básicos y en particular al derecho a la libre circulación internacional, sin perjuicio de que al aumentar a 18 meses la internación de inmigrantes sin papeles se consagra una privación de libertad al aplicarse una verdadera pena de prisión.

Su convicción de que esta norma constituye una flagrante incongruencia de la Unión Europea que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de decenas de miles de inmigrantes que han contribuido a la generación de riqueza desde los puestos de trabajo menos calificados hasta los más elevados niveles científico y técnico.

Su decisión de hacer conocer a los órganos de las Naciones Unidas este rechazo, así como convocar a todos los Parlamentos de Latinoamérica para sumarse a esta posición y transmitir a sus respectivos Gobiernos la necesidad de tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del Derecho Internacional".

16) PROCEDIMIENTO POLICIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Procedimiento policial".

Había quedado pendiente una moción de la señora Senadora Percovich en el sentido de pasar a cuarto intermedio por treinta minutos.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 14 y 21 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 14 y 44 minutos)

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: la Bancada del Frente Amplio ha considerado la propuesta que nos ha hecho el Presidente del Partido Nacional, en el sentido de darnos un tiempo para trabajar con nuestros Legisladores de la Cámara de Representantes, a los efectos de llegar a un acuerdo en una sesión en la que podamos acercar las modificaciones a las que hemos llegado en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Nosotros también dispondríamos de ese plazo para realizar los acuerdos con nuestros Legisladores en base a la propuesta que ha hecho el señor Senador Larrañaga -y que han expresado varios señores Senadores del Partido Nacional- en el sentido de comprometer los votos para que en este período legislativo podamos concretar un proyecto de estas características. Por lo tanto, nos parece oportuno, más que votar un cuarto intermedio, finalizar la sesión en este momento. A su vez, nos concederíamos un plazo para que el Partido Nacional, el Partido Colorado y nuestro Partido, podamos efectuar consultas con los correspondientes Legisladores de la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, se va a votar la moción de orden formulada por la señora Senadora Percovich, en el sentido de dar por terminada esta sesión y que los partidos políticos dispongan del tiempo necesario para consultar sobre la iniciativa y convenir la realización de una Asamblea General que permita concretar un proyecto de ley sobre la base de los aportes efectuados; en general, se entiende que existe voluntad política en ese sentido.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 14 y 47 minutos, presidiendo el señor Senador José Mujica y estando presentes los señores Senadores Abdala, Abreu, Amaro, Antía, Arana, Baráibar, Cid, Da Rosa, Dalmás, Domínguez, Gargano, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Michelini, Moreira, Oliver, Percovich, Rosadilla, Saravia, Semproni, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR SENADOR JOSE MUJICA Presidente en ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

 
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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.