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N° 3271 - 19 DE JULIO DE 2005

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

34ª  SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES   MAESTRA NORA CASTRO Presidenta
ESCRIBANA BEATRIZ ARGIMÓN 1ra.Vicepresidenta
Y CARLOS VARELA NESTIER 4to. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y LOS PROSECRETARIOS DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

 

 

 

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 14 de julio de 2005.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, el próximo martes 19, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º. - Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción). (Carp. 225/005). Rep. 282

2º.- Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. (Declaración de ausencia). (Carp. 167/005). (Informado). Rep. 267 y Anexo I

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN     JOSÉ PEDRO MONTERO

    S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2 y 25.- Asuntos entrados

3 y 26.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

CUESTIONES DE ORDEN

8.- Alteración del orden del día

9, 12 y 21.- Integración de Comisiones

7, 16 y 20.- Integración de la Cámara

7, 16 y 20.- Licencias

13.- Rectificación de trámite

11 y 17.- Sesiones extraordinarias

23.- Sesión permanente

VARIAS

14.- Autorización al señor Representante Chifflet para realizar una exposición en la sesión ordinaria del día 4 de agosto

ORDEN DEL DÍA

10, 15 y 18.- Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. (Declaración de ausencia).

Antecedentes: Rep. Nº 267, de junio de 2005, y Anexo I, de julio de 2005. Carp. Nº 167 de 2005. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, integrada con la de Derechos Humanos.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

19, 22, 24 y 27.- Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción).

Antecedentes: Rep. Nº 282, de junio de 2005. Carp. Nº 225 de 2005. Comisión de Legislación del Trabajo.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

1.-     Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Washington Abdala, Álvaro Alonso, Pablo Álvarez López, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Roque Arregui, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Juan José Bentancor, Bertil R. Bentos, Daniel Bianchi, José Luis Blasina, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Diego Cánepa, Rodolfo Caram, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Nora Castro, Hebert Clavijo, Alba Cocco Soto, Roberto Conde, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Guillermo Chifflet, Álvaro Delgado, David Doti Genta, Heber Duque, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo A. Espinosa, Sandra Etcheverry, Julio César Fernández, Luis José Gallo Imperiale, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Nora Gauthier, Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Diego Guadalupe, Gustavo Guarino, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Liliam Kechichián, Fernando Longo Fonsalías, Álvaro F. Lorenzo, Guido Machado, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Pablo Martins (1), Jorge Menéndez, Paul Moizo, Eloísa Moreira, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, José Quintín Olano Llano, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Rubens Ottonello, Jorge Pandolfo, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Adriana Peña Hernández, Alberto Perdomo Gamarra, Aníbal Pereyra, Esteban Pérez, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Enrique Pintado, Iván Posada, Jorge Pozzi, Edgardo Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Gustavo Rombys, Jorge Romero Cabrera, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Roxana Tejera, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega Llanes, Homero Viera y Horacio Yanes.

Con licencia: Gustavo Borsari Brenna, Silvana Charlone, Juan José Domínguez, Daniel García Pintos, Tabaré Hackenbruch Legnani, Luis Alberto Lacalle Pou, José Carlos Mahía, Carlos Maseda y Jorge Patrone.

Faltan con aviso: Carlos Mazzulo y Daniel Peña Fernández.

Observaciones:

(1) A la hora 23:00 cesó en sus funciones por reintegro del titular el Sr. Carlos Maseda.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 33

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo:

-    A  la Comisión de Presupuestos

-    A  la Comisión de Asuntos Internacionales

-     A  la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración integrada con la de Derechos Humanos se expide sobre el proyecto de ley por el que se establece la ausencia por desaparición forzada. C/167/005

-     Se repartió con fecha 14 de julio

COMUNICACIONES GENERALES

Las Juntas Departamentales de Maldonado, Soriano, Lavalleja, Colonia y Paysandú comunican la integración de las Mesas de los referidos Cuerpos para el período comprendido entre julio 2005 y julio 2006. C/97/005

-    Téngase presente

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Federico Casaretto, sobre la posible venta del paquete accionario del Nuevo Banco Comercial. C/196/005

El Ministerio de Turismo y Deporte contesta el pedido de informes del señor Representante Carlos González Álvarez, relacionado con la remodelación de la Plaza de Toros de la ciudad de Colonia. C/247/005

-     A sus antecedentes

COMUNICACIONES REALIZADAS

La Comisión de Educación y Cultura solicita se remita al Ministerio respectivo, a los efectos previstos por el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto de los siguientes proyectos de ley:

-     Se cursaron con fecha 14 de julio

PEDIDOS DE INFORMES

Los señores Representantes Jaime Mario Trobo y José Carlos Cardoso solicitan se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio de Economía y Finanzas:

El señor Representante Guillermo Chifflet solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-    Se cursaron con fecha 15 de julio

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante José Quintín Olano Llano presenta, con su correspondiente exposición de motivos, los siguientes proyectos de ley:

Los señores Representantes José Quintín Olano Llano, Carlos Enciso Christiansen y Juan José Bruno presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de ciudad la actual villa Cerro Chato, 6ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, 4ª Sección Judicial del departamento de Florida y 8ª Sección Judicial del departamento de Durazno. C/325/005

-    A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

El señor Representante Iván Posada presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dictan normas para garantizar los derechos sindicales y se establece un procedimiento para su efectiva protección. C/326/005

-     A la Comisión de Legislación del Trabajo

La Mesa da cuenta que:

3.-     Proyectos presentados.

A) "PUEBLO GENERAL ENRIQUE MARTÍNEZ -LA CHARQUEADA-, 2ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES. (Elevación a la categoría de ciudad).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Elévase a la categoría de villa, el actual pueblo General Enrique Martínez -La Charqueada-, ubicado en la 2ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres.

Montevideo, 15 de julio de 2005.

JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pueblo General Enrique Martínez se funda como tal el 18 de abril de 1914.

Geográficamente está ubicado en la 2ª Sección del departamento de Treinta y Tres, a orillas del Río Cebollatí. Está a sesenta kilómetros de la capital departamental, por ruta asfaltada.

Cuenta con un puerto que en el comienzo sirvió para el comercio con Brasil. Entre otros productos, se exportó por allí el charque, que sirvió para rebautizar el pueblo como "La Charqueada".

Caracterización socioeconómica:

Agricultura: extensas arroceras componen el paisaje que rodea a Charqueada y el Cebollatí; en ellas se basa el mayor porcentaje productivo de la zona, donde cinco grandes empresas reparten el trabajo comarcano.

Ganadería: hay también explotación ganadera, aunque en menor medida, ya que tan solo son complemento de las mismas empresas arroceras.

Apicultura: en estos momentos funciona una cooperativa apícola "El Tero", que comercializa la miel en la localidad y otros puntos del departamento e incluso en convenio con Cooperativas Treinta y Tres.

Pesca: en forma industrial se desempeña la Cooperativa de Pescadores de esta localidad. Manufacturan en la planta de la propia cooperativa con asiento en nuestro pueblo, en gran porcentaje filetean las piezas con cuero, consumiéndose en el mercado interno (pintado, bagre) y exportando el pescado con escamas (tarariras), por lo cual esta especie es la de mayor porcentaje de captura.

Artesanías: se ha formado un grupo de artesanos que se ha logrado conformar como tal, que ofrece distintos trabajos en cerámica, madera torneada, en fibras vegetales y en caña, y es así que hay una industria en este sentido.

Gastronomía: verdadera especialidad de los locales es la preparación del pescado en todas las variedades. Desde el clásico "Chaupín", hasta la milanesa adobada y condimentada, las bolitas, todo condimentado con salsas caseras, es sabido de la bondades de estas carnes recomendadas por los propios médicos, siendo una alimentación natural.

Turismo: La Charqueada está Ilamada a grandes realizaciones en el rubro turístico.

Hoy cuenta con un complejo de veinte cabañas municipales, un parador y piscinas.

Además, cuenta con una embarcación para veinte pasajeros (lancha "Doctor Raúl Antiga") que surca por las aguas del Cebollatí hasta la laguna Merín.

La embarcación "Raúl Antiga" es la más legendaria del pago. Hace años que lleva a los turistas a pasear por el río. La Charqueada es ideal para la pesca. Los bagres, pintados y amarillos, las tarariras y las lisas son los más salidores.

En lo que respecta a eventos durante la temporada, La Charqueada cuenta con certámenes de pesca, dos pruebas de ciclismo (doble José P. Varela - Charqueada y Río Branco - Charqueada). Además, en el segundo domingo de diciembre se celebra la festividad de María Auxiliadora, patrona de los pescadores. Allí se encuentra ubicada la imagen a orillas del río, donde se realizan en todas las jornadas cantos, bailes y distintas expresiones conmemorativas, recibiendo anualmente la visita de muchísimos fieles de la región.

El punto más alto de la temporada es la tradicional Semana Santa, donde allí se congregan aproximadamente dos mil quinientas personas a orillas del Cebollatí. Campamentos, casas rodantes, actividades variadas que se concretan con la participación de los mismos acampantes: fútbol, voley, juegos, bailes, y la importante prueba "La regata internacional Treinta y Tres-Puerto Charqueada", con embarcaciones de todo el país y, obviamente, los vecinos brasileños y argentinos.

Por todo esto, el turismo para esta localidad es en este momento uno de los rubros que deja mayores ingresos.

Cuenta con oficinas de UTE, OSE, ANTEL, Correo, Juzgado, Comisaría, Escuela Pública que alberga a más de cuatrocientos cincuenta niños, liceo con Ciclo Básico, biblioteca, hotel, gimnasio, plaza de deportes, Junta Local, policlínica pública y privada.

MEVIR no estuvo ajeno al desarrollo de la localidad, construyendo varios planes de viviendas.

Según el último censo, la 2a. Sección cuenta con más de dos mil habitantes, que, sumados a la gran zona rural de arroceras, llegan a superar los tres mil quinientos habitantes.

Cabe agregar que actualmente hay más de una empresa interesada en la construcción de un puerto sobre el río Cebollatí, con una inversión que supera los seis millones de dólares, por donde se sacarían muchos de los productos que se exportan a Brasil. Esto significará un importante aumento en las fuentes laborales y sin duda un gran crecimiento poblacional de la localidad.

Por todo lo dicho, considero más que justa la elevación a villa el actual pueblo General Enrique Martínez.

Montevideo, 15 de julio de 2005.

JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres".

B) "VILLA SANTA CLARA DE OLIMAR, 8a. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES. (Elevación a la categoría de ciudad).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Elévase a la categoría de ciudad a la actual villa Santa Clara de Olimar, de la 8a. Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres.

Montevideo, 15 de julio de 2005.

JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Santa Clara de Olimar, se fundó en el año 1870 y en el año 1955 fue categorizada como villa.

El pasaje de categoría de villa a ciudad es un anhelo que sus habitantes reclaman desde hace tiempo.

Geográficamente se encuentra ubicada en la 8a. Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, compartiendo con la 9a. Sección Judicial del departamento de Cerro Largo.

Santa Clara de Olimar cuenta con oficinas de BPS, BROU, OSE, UTE, ANTEL, Correo, Centro de Salud.

A nivel deportivo cuenta con un estadio de fútbol con iluminación, gimnasio, clubes deportivos, piscina y en lo social con clubes sociales.

Culturalmente debemos mencionar que existen dos escuelas públicas, un liceo con primer y segundo ciclo, escuela agraria, cursos móviles de UTU y otros de la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, Juzgado, comisaría y Junta Local.

A través del BHU se han construido ciento dieciséis viviendas, no quedando ajeno a la expansión edilicia MEVIR, ya que se construyeron veinticinco viviendas por el régimen de ayuda mutua.

Es una zona sumamente agropecuaria, además del sentido histórico de esta antigua población.

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, la población de la zona urbana de Treinta y Tres supera los dos mil habitantes y por la 8a. Sección de Cerro Largo supera los mil habitantes. Teniendo en cuenta ambos departamentos e incluyendo la zona rural, la población supera ampliamente los cuatro mil habitantes.

A nivel de transporte, hay varias agencias interdepartamentales, además de la línea de ómnibus local.

Por lo antes expuesto, considero ampliamente justa la denominación de ciudad a la actual villa Santa Clara de Olimar.

Montevideo, 15 de julio de 2005.

JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres".

C) "PUEBLO RINCÓN, UBICADO EN LA 3ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES. (Elevación a la categoría de villa).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Elévase a la categoría de villa el actual pueblo Rincón, de la 3ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres.

Montevideo, 15 de julio de 2005.

JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Rincón comienza a formarse allá por el año 1918, y es fundado el 18 de noviembre de 1935 como poblado.

En 1985, por la Ley Nº 15.788 se eleva a la categoría de pueblo.

En este mismo año se inaugura el primer plan de viviendas de MEVIR.

En 1986 se conecta a la red de agua potable. En 1987 se construye el segundo Plan de viviendas de MEVIR. En 1989 se establece la línea de ómnibus para traslado de estudiantes al liceo de Vergara.

De 1992 a 1994 MEVIR, en un invalorable apoyo a la localidad, concreta la construcción del tercer y cuarto plan habitacional.

En esa época se recicla la estación de AFE, donde funciona actualmente la Junta Local. Se inaugura la Casa de la Cultura donde funciona la Biblioteca, taller de Cerámica, taller de Danza, taller de Guitarra.

En el año 2001 se inaugura la Plaza de Deportes.

En el 2002 se recibe la donación de productores arroceros de 3 y 1/2 hectáreas para la construcción del Cementerio, Corralón y Vivero, y a través de la Junta se consigue la instalación de cursos de computación, electricidad industrial y automotriz.

En el 2003 se remodela la Plaza principal, se construyen garitas, y se instalan en la localidad cursos de lana rústica y tejidos.

Actualmente, el pueblo Rincón cuenta con oficinas de OSE, UTE, ANTEL, Correo, Agencia ANCAP. Está conectado a la red de saneamiento.

Culturalmente existe: escuela pública, liceo con ciclo básico, biblioteca, cursos de la IMTT destinados a capacitar a los habitantes en aquellos oficios que por la zona en la que están inmersos, son de gran interés para sus habitantes, logrado así, bajar la tasa de emigración de esa localidad.

Tiene además, Juzgado, Comisaría, Junta Local y Policlínica.

Es una zona básicamente arrocera, donde empresarios y trabajadores aúnan esfuerzos día a día para lograr una mejor calidad de vida para toda la población.

Según el último censo, Rincón cuenta con una población de más de mil habitantes, superando los tres mil, si incluimos la zona rural.

Por lo expuesto, considero que es ampliamente justa la elevación de categoría a villa al actual pueblo Rincón.

Montevideo, 15 de julio de 2005.

JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres".

D) "VILLA CERRO CHATO. (Elevación a la categoría de ciudad).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Elévase a la categoría de ciudad, la actual villa Cerro Chato, de la 6ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, 4ª Sección Judicial de Florida y 8a. Sección Judicial de Durazno.

Montevideo, 15 de julio de 2005.

JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres, CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Representante por Florida, JUAN JOSÉ BRUNO, Representante por Durazno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto apunta a responder las aspiraciones de los habitantes de la mencionada localidad.

Geográficamente, la actual villa de Cerro Chato, se encuentra ubicada en la 6a. Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, 8a. Sección Judicial del departamento de Durazno, y 4a. del departamento de Florida.

En el año 1941 se le dio carácter de pueblo y fue ascendida a la categoría de villa por Ley Nº 13.299, de 17 de noviembre de 1964.

En el centro urbano de la villa está la divisoria de los tres departamentos, pues por un lado allí precisamente inicia su curso el río Yi, divisorio de los departamentos de Florida y Durazno y por otro la Cuchilla Grande divide a Treinta y Tres con Florida y Durazno, además a menos de cinco kilómetros se encuentra la 9a. Sección Judicial del departamento de Cerro Largo, pues el arroyo del Cordobés delimita los departamentos de Cerro Largo con Durazno.

Cuenta con oficinas de ANTEL, UTE, OSE, Correo, BROU, BPS, hospital, dos escuelas públicas y dos comisarías, dos juzgados, tres juntas locales, además de un liceo con primer y segundo ciclo. MEVIR ha apoyado también esta localidad con la construcción de varios complejos habitacionales.

Constituye el centro neurálgico a nivel agropecuario de una vastísima zona de los tres departamentos mencionados.

Emplazada sobre la Ruta Nacional Nº 7 General Aparicio Saravia, sobre la misma Cuchilla Grande, tiene la región campos de gran calidad lo que hace que la producción más importante sea la pecuaria, contando entonces con locales ferias de gran actividad a lo largo de todo el año.

A nivel deportivo, cuenta con un estadio de fútbol con iluminación y un gimnasio cerrado y en lo social con dos clubes sociales.

La población urbana en los tres departamentos cuenta con más de tres mil habitantes y si incluimos la zona rural se superan los cinco mil habitantes.

La aprobación de este proyecto no hará más que justificar el reconocimiento a esta pujante población de los departamentos de Treinta y Tres, Durazno y Florida.

Montevideo, 15 de julio de 2005.

JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres, CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Representante por Florida, JUAN JOSÉ BRUNO, Representante por Durazno".

E) "PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD SINDICAL. (Normas).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase la nulidad absoluta de todo acto violatorio de las disposiciones contenidas en el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 sobre el Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva, ratificado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y en el artículo 7º del Decreto 93/968, de 3 de febrero de 1968. Los trabajadores cuyos derechos hubiesen sido violados, podrán deducir acción judicial de restablecimiento de la situación anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas que pudieren corresponder.

Artículo 2º.- De las infracciones a las disposiciones de esta ley, conocerán al Juez Letrado de Primera Instancia con competencia en materia de trabajo.

La parte actora estará exonerada del pago de tributos, costas y aportes de seguridad social, pero el patrono deberá satisfacerlos en caso de ser condenado, más los costos, si para ello hubiera dado mérito.

Artículo 3º.- La demanda se presentará con las formalidades prescriptas en los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso, debiendo interponerse dentro del plazo establecido por el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 22 de diciembre de 1997, el cual se contará desde la fecha en que se produjo el acto violatorio conforme a lo establecido en el artículo 1º.

Artículo 4º.- Presentada la demanda, el Juez ordenará el emplazamiento del demandado, notificándole personalmente a efectos de que comparezca a estar a derecho dentro del plazo de cinco días, ajustándose su contestación a las formas establecidas en los artículos 130 y 131 del Código General del Proceso.

Artículo 5º.- Vencido el plazo señalado, con contestación o sin ella, se convocará a las partes a audiencia dentro de los tres días siguientes, en ella se oirá primero al actor y luego al demandado, se tentará la conciliación, se diligenciarán –en su caso- las pruebas correspondientes y se producirán los alegatos respectivos.

Artículo 6º.- El Juez podrá rechazar las pruebas manifiestamente impertinentes o innecesarias y dispondrá de los más amplios poderes de policía y de dirección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 350.5 del Código General del Proceso.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el acto en cuestión viola la libertad sindical, cuando el afectado integre la dirección del sindicato o se haya afiliado en el último trimestre o cuando el acto se produzca en el marco de un conflicto sindical o en las etapas de constitución de una organización sindical.

Artículo 7º.- La sentencia se dictará en la audiencia, o a más tardar dentro de las veinticuatro horas de su celebración. En los casos en que la complejidad del asunto lo justifique, podrá prorrogarse la misma por un plazo no mayor de tres días para dictar la sentencia con sus fundamentos.

El recurso de apelación deberá interponerse en escrito fundado dentro del plazo de tres días contados desde la notificación personal de la sentencia de primera instancia. Se sustanciará con un traslado por igual plazo y los autos serán elevados al Tribunal de Apelaciones, el cual deberá resolver en acuerdo, dentro de los cuatro días siguientes a la recepción de los autos, cuyo fallo causará ejecutoria.

La sentencia ejecutoriada hará cosa juzgada sobre su objeto, pero dejará subsistente el ejercicio de las acciones que eventualmente pudieran corresponder. En caso de incumplimiento de la sentencia dictada, el tribunal podrá aplicar las conminaciones económicas previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso.

Las sumas recaudadas serán destinadas a un Fondo de Fortalecimiento de los Tribunales con Competencia Laboral, que será administrado por la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 8º.- Los plazos a que refiere la presente ley se computarán conforme lo preceptuado en la Sección IV, Capítulo I, Título VI, Libro I del Código General del Proceso.

Montevideo, 15 de julio de 2005.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley de protección de la actividad sindical tiene como antecedente fundamental el presentado en la XLIVa. Legislatura por los entonces Diputados Gabriel Courtoisie, quien fue el redactor del mismo, Gabriel Barandiarán, Ricardo Falero, Felipe Michelini y quien suscribe. En atención, a que la Cámara de Representantes analizará próximamente este tema, y en tanto, el contenido del mismo nos parece la mejor solución respecto a la protección de la actividad sindical, hemos creído oportuno volver a presentarlo a efectos de que sea tenido en cuenta a la hora de legislar al respecto. Las razones que fundamentan nuestro proyecto se expresan a continuación.

En la actualidad, la intervención legislativa del Estado en materia laboral ha ido disminuyendo paulatinamente, dejando que sean los propios sectores privados quienes se autorregulen por la vía de la autonomía colectiva. Es en ese contexto, donde se promueve el relacionamiento de trabajadores y empleadores por la vía del fomento de la negociación colectiva bilateral.

Para que esta negociación colectiva sea un instrumento válido y eficaz es indispensable que trabajadores y empresarios tengan garantizada su libre actividad y participación gremial. Es por ello, que la Constitución de la República consagra como principio en el artículo 57, que la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales.

Nuestro país, ha ratificado el Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, donde se tutela la más amplia libertad sindical, teniendo como especial presupuesto la protección contra los actos antisindicales. Dicho convenio internacional, ha sido reglamentado por el Decreto 93/968 que establece una serie de sanciones administrativas para quien cometiere cualquier acto de discriminación antisindical.

Estas sanciones administrativas como mecanismo de protección consagrado en el decreto del 68, han resultado ser por sí solas medidas extremadamente ineficaces e insuficientes como mecanismo preventivo o reparador de indebidas injerencias y acciones antisindicales.

La realidad nacional indica que son principalmente los trabajadores y sus delegados o representantes, quienes están sujetos a expresas o encubiertas discriminaciones como consecuencia de su actividad sindical, gremial o colectiva, en contra y en abierta contradicción con la adecuada protección propugnada por el Convenio Internacional del Trabajo Nº 98.

Es por ese motivo que en respuesta a un pedido de informes realizado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, surge que en los últimos años el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, ha hecho distintas recomendaciones a nuestro país relativas a la protección de la libertad sindical.

En los casos 1403, 1460, 1596 y 1627, el Comité de Libertad Sindical en atención a las reiteradas coincidencias entre las organizaciones sindicales querellantes y el Gobierno en lo relativo a la carencia de mecanismos adecuados y efectivos de protección especial de los dirigentes y militantes sindicales, contra el despido y otros actos de discriminación antisindical general, ha recomendado "la necesidad de que se creen mecanismos adecuados imparciales y rápidos para el respeto del derecho de sindicación que eviten todo tipo de actos de discriminación antisindical" (caso 1403). Asimismo, dicho comité ha señalado la importancia de que "en la práctica se prohiban y sancionen todos los actos de discriminación antisindicales relación con el empleo, tales como el despido y otras medidas perjudiciales" (caso 1460).

Por último y de manera concluyente, el Comité de Libertad Sindical ha llamado la atención sobre la práctica y la legislación nacional uruguaya expresando que "no concede una protección suficiente contra los actos de discriminación antisindical mencionados en el Convenio Nº 98" (casos 1596 y 1627), permitiendo a los empleadores, despedir a un trabajador, aun cuando el motivo real sea su afiliación a un sindicato o su actividad sindical, con la condición de que paguen la indemnización prevista por la ley en todos los casos de despido injustificado.

Luego de la consagración del actual artículo 57 de la Constitución de la República, se han hecho diversos intentos para regular el llamado fuero sindical, desde el Gobierno de Facto con el Decreto-Ley Nº 15.587, de 27 de junio de 1984 posteriormente anulado por la Ley Nº 15.738, de 13 de marzo de 1985, hasta algunos proyectos de ley presentados en pleno período democrático por distintos sectores políticos (Repartido 216 y Anexos Carpeta Nº 235/985), uno de los cuales obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, no prosperando posteriormente.

El presente proyecto de ley pretende ser una alternativa legislativa complementaria para dar cumplimiento efectivo del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98. Siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo y particularmente de los especializados dictámenes del Comité de Libertad Sindical, el proyecto mantiene la órbita de aplicación subjetiva a todos los trabajadores que desarrollan alguna actividad sindical gremial o colectiva, y el ámbito de aplicación objetiva garantizando la estabilidad laboral de aquellos, contra el despido antisindical y todo acto perjudicial al normal ejercicio de los derechos de sindicación.

El mecanismo de protección consagrado en el proyecto de ley impone la declaración de nulidad absoluta de todo acto violatorio de las disposiciones contenidas en el artículo 1º del Convenio Internacional aludido, sobre la base de la insuficiencia e inaplicación de las normas prohibitivas del Convenio Internacional sin procedimientos eficaces que garanticen su aplicación práctica.

La declaración de nulidad absoluta del acto violatorio y el debido restablecimiento de la situación anterior, es considerada por la mayoría de los especialistas nacionales y los expertos internacionales como la solución reparativa perfecta, la única íntegramente adecuada a la protección de la actividad sindical.

A diferencia del proyecto de fuero sindical que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados que exigía el voto obligatorio en las elecciones de dirigentes sindicales como condición para el disfrute del fuero sindical especial, lo que motivó fuera objeto de observaciones por el propio Comité de Libertad Sindical en tanto suponía una injerencia en la vida interna de las organizaciones sindicales, el proyecto que hoy se presenta no pretende regular la vida interna de organizaciones sindicales respetándose ampliamente la autarquía sindical.

La solución planteada en el proyecto, acompaña el artículo 1º, con un procedimiento especial de carácter sumarísimo donde se intenta equilibrar las garantías del debido proceso con la necesaria rapidez que debe tener el proceso a fin de proteger adecuadamente el goce de los bienes jurídicos tutelados.

Montevideo, 15 de julio de 2005.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo".

4.-     Exposiciones escritas.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro.).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 36)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

El señor Representante Edgardo Rodríguez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, sobre subsidios otorgados a familias promitentes compradoras de viviendas del referido Banco. C/22/005

El señor Representante Darío Pérez Brito solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

5.-      Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 14 de julio de 2005:

Con aviso: Carlos Mazzulo y Adriana Peña Hernández.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Jueves 14 de julio

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN integrada con la de DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Sebastián Da Silva.

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Artigas Melgarejo, Beatriz Argimón, Ivonne Passada, Liliam Kechichián y Sandra Etcheverry".

6.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y tres: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Edgardo Rodríguez al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, sobre subsidios otorgados a familias promitentes compradoras de viviendas del referido Banco.

"Montevideo, 15 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Tenemos entendido que en el año 2004 se entregaron subsidios a familias promitentes compradoras de viviendas de ese Banco. Esos subsidios se habrían entregado en algunos departamentos y en otros no. En el departamento de Rivera, por ejemplo, se habrían concedido 103 subsidios de 600 unidades reajustables cada uno. Esos subsidios iban destinados a familias con ingresos inferiores a $ 14.000. Ante varios planteos con respecto al tema, decidimos consultar al BHU. Deseamos, por tanto, saber si esa operación fue como la describimos; asimismo, conocer los detalles de cómo se procedió; y si, efectivamente, se atendió a algunos clientes mientras otros quedaron al margen y qué se piensa hacer en el futuro al respecto. Nos han comentado que a algunos clientes se los persuadió desde el Banco a que se tranquilizaran en cuanto a los pagos de cuota porque el subsidio iba a ser entregado. Como dijimos, no siempre ocurrió. Con el fin de tener información clara al respecto y poder transmitirla a los interesados, es que remitimos el planteo que antecede. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó".

2) Exposición del señor Representante Darío Pérez Brito al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con las tarifas del servicio de agua potable en las zonas cercanas al arroyo Maldonado.

"Montevideo, 19 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). Agradeceríamos que se planteara y que se discutiera en el seno del Directorio de OSE ideas ya presentadas a algunos de los integrantes de ese Directorio, con respecto a las tarifas aplicadas por el ente a usuarios que residen al este del arroyo Maldonado. La equiparación de las tarifas a lo largo de la costa del departamento de Maldonado, particularmente en lo que respecta al sector concesionado y gerenciado por la empresa Aguas de la Costa, al este del arroyo Maldonado, deberá tener en cuenta, necesariamente, iguales precios de conexión al sistema de agua y de saneamiento que el que se aplica en el resto del país y zonas balnearias. De adoptarse esa medida, se comenzaría a restablecer la justicia tarifaria quebrada por las anteriores administraciones. Solicitamos, asimismo, que se establezcan tarifas sociales para aquellos usuarios que demuestren bajos ingresos. Informamos, a su vez, que nos proponemos solicitar a la Dirección Nacional de Hidrografía que estudie la posibilidad de que el uso de agua pública, hasta el momento sin costo para la empresa y que no formara parte de la concesión como fuente de abastecimiento; agua que luego es vendida por la empresa a sus usuarios, pase a tener un costo permitiendo que lo devengado por tal venta pueda ser usado para aliviar las altas tarifas o a lo que la OSE eventualmente deba realizar. En el mismo sentido, propondremos a la Junta Local Autónoma Electiva de San Carlos, jurisdicción en la que se encuentra la toma de agua de la empresa Aguas de la Costa, sobre el arroyo San Carlos, un alquiler por el uso del lugar cuyo producido, también se vuelque al esfuerzo de OSE, del Estado, y de los uruguayos en restablecer la justicia tarifaria para los habitantes al este del arroyo Maldonado. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado".

3) Exposición del señor Representante Darío Pérez Brito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Hidrografía, acerca de la extracción de agua potable del arroyo San Carlos por parte de una empresa concesionaria.

"Montevideo, 19 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Hidrografía. Hace, aproximadamente, 8 años, las fuentes de abastecimiento de agua tenidas en cuenta por el pliego de concesión para el área que gestiona la empresa Aguas de la Costa, al este del arroyo Maldonado, la laguna Blanca y la laguna Escondida, se agotaron. Tengamos en cuenta que, con altos costos fijos de hasta $1.400 por mes, solo por estar conectados al servicio de agua, la variable que aumentó las ganancias de la empresa es el consumo de agua, con lo cual la gestión de las fuentes de abastecimiento creemos fue, por lo menos, displicente. Por ese motivo, se permitió a la mencionada empresa instalar una bomba de succión en la costa del arroyo San Carlos, en el parque del Teatro de Verano de esa ciudad. A partir de ese momento, la laguna Blanca es abastecida por la toma de agua instalada en el arroyo San Carlos. Lo que queremos expresar es que se extrae agua gratis por un lado y se vende por el otro extremo, sin beneficio alguno para la población y para el Estado. Por lo expuesto, es nuestra aspiración que se considere cobrar a la empresa Aguas de la Costa un canon por el uso de agua pública, que el mismo sea volcado directamente a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), con cuyo Directorio se está trabajando para igualar el valor de las tarifas a ambos lados del arroyo Maldonado lo que generará, por aspectos legales, algún tipo de erogación por parte del servicio descentralizado. Esperando una pronta respuesta, saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado".

7.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Tabaré Hackenbruch, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 19 de julio de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Heber Duque.

Del señor Representante Carlos Maseda, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 19 de julio de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Martins.

Del señor Representante Juan José Domínguez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 25 y 26 de julio de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Gustavo Rombys.

Del señor Representante José Carlos Mahía, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 19 de julio de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Paul Moizo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y siete en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 19 de julio de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 19 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 19 de julio de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señor Heber Duque.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 2005

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi consideración:

Por la presente, le solicito que de acuerdo a la Ley Nº 17.827, tenga a bien tramitar mi licencia por motivos personales por el día martes 19 de julio de 2005.

Sin otro particular, saluda atentamente,

CARLOS MASEDA
Representante por Artigas".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Artigas, Carlos Maseda.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 19 de julio de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 19 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Artigas, Carlos Maseda.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 19 de julio de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 77 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, señor Pablo Martins.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 15 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito se me conceda dos días de licencia por motivos personales, el día lunes 25 y martes 26 de julio del presente año.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ
Representante por Paysandú".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente,

Mario Córdoba".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente,

Ricardo Mello".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 25 y 26 de julio de 2005.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada a su artículo primero por la Ley Nº 17.827 de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de la citada.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 25 y 26 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez.

2) Acéptase las negativas que, por esta vez presentan los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, señor Gustavo Rombys.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitar licencia por el día de la fecha, convocando a mi suplente correspondiente.

El motivo es personal.

Saluda atentamente,

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocada por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo a la Sra. Presidenta muy atentamente.

Gabriela Garrido".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 19 de julio de 2005.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente correspondiente, señora Gabriela Garrido.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 19 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

2) Acéptase la negativa presentada, por esta única vez, por la suplente siguiente señora Gabriela Garrido.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 19 de julio de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Paul Moizo.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

8.-     Alteración del orden del día.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Washington Abdala, Julio Cardozo Ferreira, Gamou y Delgado.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se altere el orden del día, estableciéndose que el asunto que figura en segundo lugar: 'Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. (Declaración de ausencia)' se considere en primer término".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y nueve en ochenta: AFIRMATIVA.

9.-     Integración de Comisiones.

Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"El señor Representante Darío Pérez actuará como delegado de sector en la Comisión de Turismo".

10.-     Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. (Declaración de ausencia).

——Se pasa a considerar el asunto que figuraba en segundo término del orden del día y que pasó a ser primero: "Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. (Declaración de ausencia)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 267

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 13 de mayo de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la Asamblea General el proyecto de ley por el que se establece la ausencia por desaparición forzada.

El proyecto toma la sugerencia de la Comisión para la Paz, creada el 9 de agosto de 2000 cuyo cometido era "determinar la situación de los detenidos desaparecidos durante el régimen de facto". (Resolución de la Presidencia de la República Nº 858/2000 del 9 de agosto de 2000).

El proyecto comprende dos situaciones. Una, la de las personas cuya desaparición forzada dentro del territorio nacional resultó confirmada en el Anexo 3.1 del Informe Final de la Comisión para la Paz con la correspondiente confirmación del Poder Ejecutivo (Decreto 146/003 de 16 de abril de 2003), otra, la de una confirmación posterior por el Poder Ejecutivo previo informe de la Secretaría de Seguimiento, (Resolución de la Presidencia de la República Nº 492 de 10 de abril de 2003).

Este proyecto, tomó como base, otro enviado en el anterior mandato constitucional por el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Educación y Cultura, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas el día 19 de noviembre de 2003. Finalizada la legislatura, el Poder Legislativo no concluyó su tratamiento.

El actual proyecto como el anterior, se ha basado en los trabajos de la Comisión para la Paz y en el Decreto 146/003 del 16 de abril de 2003, que en el reconocimiento de la información obtenida en el marco de su actuación, declaró que las conclusiones de aquélla constituyen la versión oficial sobre los hechos.

La exposición de motivos del proyecto citado señala, con razón, que en "lo espiritual, ello provoca un estremecimiento que el tiempo no extingue. Al cumplir el deber moral de enfrentar la verdad de lo que ocurrió, el Uruguay afirma radicalmente el valor de la vida humana como una renovada respuesta de su conciencia".

El Poder Ejecutivo siente que el hecho que haya habido un reconocimiento oficial de la República no puede de ninguna manera hacer perder de vista la monstruosidad de los hechos ocurridos.

Es oportuno citar entonces, la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez (1988 Informe Anual Corte IDH 35 1988), que establece claramente en el párrafo 149 "En la historia de la violación de los derechos humanos, las desapariciones no son una novedad. Pero su carácter sistemático y reiterado, su utilización como una técnica destinada a producir no sólo la desaparición misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor, ha sido relativamente reciente. Aunque esta práctica posee carácter más o menos universal, en América Latina ha presentado en los últimos años una excepcional intensidad".

Más adelante en su párrafo número 150 se afirma "El fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral". Asimismo en su párrafo 153 la Corte establecía que "...Ia doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad" (Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1985, págs. 369, 687 y 1103). La Asamblea de la OEA ha afirmado que es "una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad" (AG/Res. 666 supra).

También la ha calificado como un "cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal" (AG/Res. 742, supra) y más adelante en el párrafo 154 "...Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana".

La aprobación de este proyecto de ley sería coincidente con lo que disponen las normas internacionales de protección a los derechos humanos en general, así como las normas específicas en la materia como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, (Ley Nº 16.724, de 13 de noviembre de 1995), y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, (Ley Nº 17.347, de 13 de junio de 2001), entre otras.

El proyecto que se presenta recoge la sugerencia de la Comisión para la Paz de incorporar al Código Civil la figura de la desaparición forzada como causal de ausencia.

Esta iniciativa primaria fue la que propuso el Poder Ejecutivo en noviembre de 2003. La que se presenta en esta oportunidad recoge las modificaciones propuestas por el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresadas en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, ("Persona cuya desaparición forzada resultó confirmada por el Anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz" - Declaración de Ausencia Cámara de Representantes, Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración Carpeta Nº 3616 de 2003 - División Procesadora de Documentos - Nº 2523 de 2004).

El proyecto enviado anteriormente, al igual que éste comprendía los casos del Anexo 3.1 del Decreto 146/003 así como situaciones análogas certificadas por autoridades de la República Argentina y la República de Chile. En esta oportunidad se hace una ampliación del campo objetivo de aplicación de la norma propuesta al darle significación jurídica a los trabajos de seguimiento de la Secretaría de la Comisión para la Paz. El tiempo transcurrido entre la finalización de los trabajos de aquélla y el tiempo de presentada esta iniciativa, refuerzan esta ampliación.

La solución propuesta en el proyecto es coincidente con las diversas soluciones que se han arribado a nivel regional en situaciones análogas.

Se han dejado de lado expresamente todos aquellos aspectos vinculados a la indemnización o compensación, entendiendo que el tratamiento del mismo amerita necesariamente, un análisis de naturaleza diferente.

El Poder Ejecutivo desea hacer un expreso reconocimiento a los integrantes de la Comisión para la Paz. Los trabajos de la misma constituyen un paso muy importante en la reconstrucción de la verdad histórica del pasado reciente de terrorismo de estado que sufrió nuestro país durante la dictadura cívico militar y, sin duda, fue un espacio de reconocimiento y dignificación de las víctimas y sus familiares. A ellos todos también va ese reconocimiento, porque ni lo uno ni lo otro hubiese sido posible sin su coraje y dignidad en enfrentar al Estado en todo su poder para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales que el Estado uruguayo tiene.

Saluda al Señor Presidente con la mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, JORGE BROVETTO, EDUARDO BONOMI

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- En virtud de hallarse comprendida su situación jurídica en el artículo 57 del Código Civil, declárase ausente por causa de desaparición forzada a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz creada por resolución de la Presidencia de la República Nº 858/000 de 9 de agosto de 2000, aprobado por Decreto 146/003, de 16 de abril de 2003. Asimismo, estarán comprendidos aquellos casos iniciados por la Comisión para la Paz que el Poder Ejecutivo resuelva, previo informe de la Secretaría de Seguimiento creada por resolución de la Presidencia de la República de 10 de abril de 2003.

La declaración de ausencia precedente implica la apertura legal de la sucesión del ausente (artículo 1037 del Código Civil).

Artículo 2º.- Podrá promover el correspondiente proceso sucesorio de la persona declarada ausente conforme al artículo 1º de esta ley, todo aquel que tenga un interés legítimo para ello (artículo 407.2 del Código General del Proceso).

A los efectos de esta ley, se considerará también con interés legítimo para promover el proceso sucesorio al concubino del declarado ausente. Para justificar el carácter de concubino bastará la declaración de dos testigos que acrediten tal relación.

En caso de oposición de otro titular de un interés legítimo, el Juez interviniente podrá requerir otros medios probatorios y, en todo caso, resolverá la cuestión por vía incidental, de acuerdo a los principios generales de valoración de la prueba vigente en el ordenamiento procesal civil nacional.

Será competente por razón de territorio para entender en el proceso sucesorio, el Juez del lugar del último domicilio del ausente en la República, de acuerdo a la declaración que realice el promotor del proceso (Artículo 32, Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 413 del Código General del Proceso, para acreditar la ausencia deberá acompañarse el testimonio de la inscripción a que refiere el artículo 5º de esta ley.

Todo acto procesal realizado en el proceso sucesorio del declarado ausente conforme a esta ley, estará exonerado del pago de cualquier tributo, incluido los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Asimismo, estará exonerada de tributos la expedición de certificados del Registro de Testamentos y la inscripción del correspondiente certificado de resultancia de autos en los Registros correspondientes. De igual manera, la trasmisión patrimonial operada en virtud del deferimento de la herencia estará exonerada de todo tributo. A los efectos de las publicaciones previstas en el artículo 414 del Código General del Proceso, éstas se realizarán únicamente en el Diario Oficial, siendo dichas publicaciones gratuitas.

Artículo 3º.- Con la sola constancia de inclusión en el Anexo 3.1. del indicado Informe Final, la Secretaría de Seguimiento, referida en el artículo 1º de esta ley, expedirá un certificado de ausencia por desaparición forzada relativa a cada una de las personas allí mencionadas.

Estarán legitimadas para solicitar la expedición de dicho certificado las siguientes personas:

A) El cónyuge de la persona desaparecida.

B) El ex cónyuge de la persona desaparecida, siempre que la sentencia de divorcio correspondiente haya pasado en autoridad de cosa juzgada en fecha posterior a la detención del desaparecido.

C) Los parientes por consanguinidad o afinidad de la persona desaparecida.

D) El concubino de la persona desaparecida. Para justificar la calidad de concubino bastará la declaración jurada de dos testigos cualesquiera que concurran conjuntamente con el concubino a solicitar la expedición del certificado.

Artículo 4º.- En el caso de ciudadanos naturales o legales de la República, que se encontraran en situación homóloga a la de desaparecido, según certificados debidamente legalizados expedidos por autoridades de la República Argentina y la República de Chile, las personas mencionadas en el artículo 3º, inciso 2, podrán solicitar, y la Secretaría de Seguimiento mencionada extenderá, el certificado previsto.

La expedición de este certificado hará aplicables a dichas situaciones la norma del artículo 1º, inciso segundo y del artículo 2º de la presente ley.

Artículo 5º.- El certificado expedido por la Secretaría de Seguimiento antes mencionado habilitará la inscripción en el Registro del Estado Civil de la calidad de ausente por desaparición forzada de la persona en él mencionada. Dicha inscripción se realizará, en el caso de ciudadanos naturales de la República, en el margen de la partida de nacimiento del desaparecido con el siguiente texto: "Declarado ausente por desaparición forzada (ley)", agregándose a continuación de la palabra "ley" el número correspondiente a la presente. En el caso de ciudadanos legales de la República, el Registro de Estado Civil confeccionará un libro especial en el que se inscribirá el certificado expedido por la Secretaría de Seguimiento, el que cumplirá la misma función que la inscripción marginal en la partida de nacimiento relativa a los ciudadanos naturales de la República.

Montevideo, 13 de mayo de 2005.

REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, JORGE BROVETTO, EDUARDO BONOMI".

Anexo I al
Rep. Nº 267

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. integrada con la de Derechos Humanos

I N F O R M E

Señoras y Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración integrada con la de Derechos Humanos aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley por el que se establece la declaración de ausencia de las personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el Anexo 3.1 del Informe Final de la Comisión para la Paz.

El proyecto toma la sugerencia de la Comisión para la Paz, creada el 9 de agosto de 2000, cuyo cometido era "determinar la situación de los detenidos desaparecidos durante el régimen de facto" (Resolución de la Presidencia de la República Nº 858/2000, de 9 de agosto de 2000).

El mismo comprende dos situaciones. Por un lado, la de las personas cuya desaparición forzada dentro del territorio nacional, resultó confirmada en el Anexo 3.1 del Informe Final de la Comisión para la Paz, con la correspondiente ratificación del Poder Ejecutivo (Decreto 146/003, de 16 de abril de 2003). Por otro, la de una confirmación posterior por parte del Poder Ejecutivo, previo informe de la Secretaría de Seguimiento (Resolución de la Presidencia de la República Nº 492, de 10 de abril de 2003).

Este proyecto, tomó como base, otro enviado en el anterior mandato constitucional por el Poder Ejecutivo, en acuerdo con los Ministerios de Educación y Cultura, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, el día 19 de noviembre de 2003. Finalizada la anterior legislatura, el Poder Legislativo no concluyó su tratamiento.

La actual iniciativa, como la anterior, se ha basado en los trabajos de la Comisión para la Paz y en el Decreto 146/003 del 16 de abril de 2003, que en el reconocimiento de la información obtenida en el marco de su actuación, declaró que las conclusiones de aquella constituyen la versión oficial sobre los hechos.

El Mensaje del Poder Ejecutivo señala con razón que "Al cumplir el deber moral de enfrentar la verdad de lo que ocurrió, el Uruguay afirma radicalmente el valor de la vida humana como una renovada respuesta de su conciencia".

Por otra parte, sentimos, al igual que lo expresara el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto en consideración, que más allá de la existencia de un reconocimiento oficial sobre estos trágicos acontecimientos, no debe perderse de vista el carácter aberrante de tales sucesos.

Es oportuno entonces, citar la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de julio de 1988, en el caso Velásquez Rodríguez (1988 Informe Anual IDH 35 1988), que en su párrafo 150 afirma que "El fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral". Del mismo modo en su párrafo 153 la Corte establecía que "la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad".

También la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado a la desaparición forzada "como un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección integral contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal". (AG/Res. 742, supra) y más adelante en el párrafo 154 "...Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana".

En suma, este proyecto de ley concuerda bien y fielmente con lo dispuesto en la materia por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada (Ley Nº 16.724, de 13 de noviembre de 1995), y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, (Ley Nº 17.347, de 13 de junio de 2001), entre otras.

El proyecto, finalmente, recoge la sugerencia de la Comisión para la Paz en el sentido de incorporar al Código Civil la figura de la desaparición forzada, como causal de ausencia.

Debe señalarse que la presente iniciativa recibe además las modificaciones propuestas por el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, con relación a la presentada primariamente por el Poder Ejecutivo en 2003, expresadas las mismas en el seno de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, en su oportunidad.

La solución propuesta es coincidente con aquellas respuestas normativas, a las que se ha arribado a nivel regional, en situaciones análogas. Se han dejado de lado expresamente todos aquellos aspectos referidos a la reparación o compensación, entendiendo que el tratamiento del mismo amerita necesariamente, un análisis de naturaleza diferente.

Al igual que lo realizó el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto es deseo que en este Informe de tan importante proyecto, hacer un expreso reconocimiento a los integrantes de la Comisión para la Paz. Tal como se decía, los trabajos de la misma constituyen un paso muy importante en la reconstrucción de la verdad histórica del pasado reciente de terrorismo de Estado que sufrió nuestro país durante la dictadura cívico-militar y que sin duda fue un espacio de reconocimiento y dignificación de las víctimas y sus familiares.

En definitiva queremos resaltar el hecho que este proyecto viene precedido de una votación por unanimidad de los miembros de ambas Comisiones, elemento que resalta el compromiso de todo el sistema político y de nuestra sociedad para que nunca más sucedan los hechos que dieron lugar a la existencia de detenidos desaparecidos en nuestro país.

Es por lo expuesto, que aconsejamos fervorosamente al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 6 de julio de 2005.

DIEGO CÁNEPA, Miembro Informante, BEATRIZ ARGIMÓN, GUSTAVO BORSARI, GUILLERMO CHIFFLET, GUSTAVO ESPINOSA MÁRMOL, ORLANDO LERETÉ, ÁLVARO LORENZO, GONZALO NOVALES, JORGE ORRICO, EDGARDO ORTUÑO, DANIELA PAYSSÉ EDGARDO RODRÍGUEZ, JAVIER SALSAMENDI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Cánepa.

SEÑOR CÁNEPA.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, integrada con la de Derechos Humanos, aconseja a este Cuerpo, tal como lo dice el informe, la aprobación del proyecto de ley por el que se establece la declaración de ausencia de las personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz.

Este proyecto toma la sugerencia de la Comisión para la Paz, creada el 9 de agosto de 2000, cuyo cometido -tal como lo establecía la Resolución Nº 858/000 de la Presidencia de la República, de 9 de agosto del mismo año- era "determinar la situación de los detenidos desaparecidos durante el régimen de facto". Una de las sugerencias que se realizaba en dicho informe era encontrar una solución para los problemas que habían tenido los familiares de los detenidos desaparecidos en lo que tiene que ver con aspectos civiles, fundamentalmente en la sucesión de dichas personas.

Este proyecto de ley comprende dos situaciones: por un lado, la de las personas cuya desaparición forzada dentro del territorio nacional resultó confirmada en el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz, con la ratificación que el Poder Ejecutivo realizó en el Decreto Nº 146, de 16 de abril de 2003, y, por otro, la de una confirmación posterior por parte del Poder Ejecutivo, previo informe de la Secretaría de Seguimiento, de acuerdo con la Resolución Nº 492 de la Presidencia de la República, de 10 de abril de 2003.

Este proyecto que hoy estamos tratando en el plenario tomó como base otro, enviado por el anterior Poder Ejecutivo, en acuerdo con los Ministerios de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, el día 19 de noviembre de 2003. Ese proyecto no fue aprobado por la Legislatura anterior en virtud de que no fue tratado por esta Cámara.

La actual iniciativa del Poder Ejecutivo, votada en Comisión, se ha basado en los trabajos de la Comisión para la Paz y en el Decreto Nº 146/003, de 16 de abril de 2003, que en el reconocimiento de la información obtenida en el marco de su actuación declaró que las conclusiones de aquella constituyen la versión oficial sobre los hechos.

Es muy importante para nosotros -así lo resaltamos en el informe de este proyecto de ley- el hecho de que en el mensaje del Poder Ejecutivo se señale que "Al cumplir el deber moral de enfrentar la verdad de lo que ocurrió, el Uruguay afirma radicalmente el valor de la vida humana como una renovada respuesta de su conciencia".

Por otra parte, estamos absolutamente convencidos -y así lo expresamos, al igual que lo hiciera el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos- de que, más allá del reconocimiento oficial que el Estado ha realizado al decretar como oficiales las conclusiones de la Comisión para la Paz, no debe perderse de vista nunca el carácter aberrante de los sucesos que llevaron a la existencia de detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en nuestro país.

Es importante para todos quienes estamos en esta Sala citar la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1988, que en un caso llamado "leading case" -un caso paradigmático-, el de Velásquez Rodríguez, afirma en su párrafo 150 que "El fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral". Más adelante, en el párrafo 153, la Corte establece que "la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad".

En suma, este proyecto de ley concuerda bien y fielmente con lo dispuesto en la materia por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada -Ley Nº 16.724 , de 13 de noviembre de 1995-, y por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad -Ley Nº 17.347, de 13 de junio de 2001-, entre otras.

Otro elemento que recoge este proyecto de ley es la sugerencia de la Comisión para la Paz en el sentido de incorporar al Código Civil la figura de la desaparición forzada como causal para solicitar la declaración de ausencia. Es muy importante rescatar que este proyecto, que tomó como base el anterior, enviado a este Parlamento en la Legislatura pasada, recoge la iniciativa de las modificaciones propuestas por el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que fueron expresadas en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración en su oportunidad. Recibimos la visita del doctor Miranda -viejo conocido de todos nosotros; un luchador innegable en esta causa- en representación de esta organización, quien nos trasmitió su total acuerdo con respecto a los puntos que tenía este proyecto de ley porque recogía "in totum" muchas de las sugerencias que ellos habían realizado en oportunidad de tratarse un proyecto similar.

También es importante trasmitir que cuando este Poder Ejecutivo presentó este tema, tomó la decisión de plantear solo lo relativo a la declaración de ausencia -tomando en cuenta el artículo 57 del Código Civil, con el fin de solucionar los problemas de aquellos que, de acuerdo con el informe de la Comisión para la Paz, que es la versión oficial de los hechos, son reconocidos como detenidos desaparecidos durante la dictadura-, sin entrar a analizar todos los aspectos vinculados a lo que se ha dado en llamar los asuntos de reparación, indemnización o compensaciones, que, dada la voluntad política mayoritaria de este Parlamento de tratar estos temas en el futuro, los hemos dejado como capítulo separado de lo que es este primer paso, que es la declaración de ausencia.

También quiero destacar que este proyecto de ley es coincidente con aquellas respuestas normativas que se han dado a nivel regional. Es muy importante recalcar que en este proyecto de ley hay algunos artículos específicos para aquellos uruguayos detenidos desaparecidos en el exterior de la República, a fin de que sus familiares puedan iniciar la sucesión a nivel nacional. Precisamente, se da el reconocimiento análogo a aquellas normativas que existen a nivel regional.

Por último, sin entrar al detalle del proyecto de ley, en oportunidad de votarlo es muy importante para nosotros -al igual que lo hizo el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto de ley; también figura en el informe de manera muy sucinta- hacer un expreso reconocimiento a los integrantes de la Comisión para la Paz, que funcionó en el período pasado. Como allí se dice, los trabajos de esta Comisión constituyen un paso muy importante en la reconstrucción de la verdad histórica del pasado reciente de terrorismo de Estado que sufrió nuestro país durante la dictadura cívico-militar. Sin duda, fue un espacio de reconocimiento y de dignificación para las víctimas y sus familiares. No es menor para quien habla y para nuestra bancada hacer un reconocimiento expreso al trabajo de esta Comisión, que ha significado un paso más hacia el conocimiento de la verdad y hacia la reconciliación de todos los uruguayos.

En definitiva, también queremos resaltar que este proyecto fue votado por unanimidad por los miembros de ambas Comisiones. Desde nuestro punto de vista, la votación por unanimidad de este proyecto resalta el compromiso de todo el sistema político y, en su nombre, de toda la sociedad uruguaya para que nunca más sucedan los hechos que dieron lugar a la existencia de detenidos desaparecidos en nuestro país. Podrá haber divergencias en algunas de las visiones sobre el pasado, pero sí tenemos muy claro que hoy todos los integrantes de esta Cámara estamos absolutamente de acuerdo, sin fisuras, en que nunca más suceda lo que ocurrió en este país cuando hubo terrorismo de Estado, cuando estuvo la dictadura cívico-militar. Es un compromiso de todos los presentes.

Por lo tanto, señora Presidenta, siendo muy breve mi informe, teniendo en cuenta la votación por unanimidad en la Comisión, aconsejamos fervorosamente al Cuerpo la aprobación del presente proyecto.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada Kechichián.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señora Presidenta: quisiera que constara en la versión taquigráfica la postura de nuestra bancada y de nuestra sub-bancada con respecto a un proyecto de ley que tiene una enorme importancia. Es un proyecto que toma una de las sugerencias de la Comisión para la Paz en cuanto a determinar la situación de los detenidos desaparecidos.

Creo que uno de los logros más importantes que tuvo esta Comisión para la Paz es que la información obtenida se transformó en la versión oficial de los tristes hechos.

En realidad, cuando leíamos el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz, que menciona los veintiséis nombres cuya desaparición forzada resultó confirmada y veíamos que con catorce de ellos, en lo personal, habíamos tenido relaciones políticas, humanas, personales y familiares, sentimos una imperiosa necesidad ética y política de expresarnos en este sentido.

Me quiero referir a dos de las personas que figuran en ese anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz, con quienes tuvimos una relación política intensa y que, lamentablemente, hoy están desaparecidos. Uno de ellos es Chaves Sosa, un trabajador metalúrgico, dirigente comunista, dirigente de la UNTMRA, en cuya memoria el gobierno local de la zona donde vivo y el propio sindicato pusieron hace pocos meses una placa recordatoria en la esquina de Atahona y Vaimaca, allí donde las Fuerzas Armadas lo secuestraron. Esa placa dice que era un trabajador metalúrgico, dirigente de la UNTMRA, militante comunista y luchador contra la dictadura, que fue secuestrado por una patrulla militar el 28 de mayo de 1976. Precisamente, ese día era el cumpleaños de su hija. Él sabía que lo buscaban, pero no quiso dejar de ir hasta la esquina de su casa por si podía ver a Valentina, hoy una de las hijas de detenidos desaparecidos incorporada como funcionaria a la Intendencia Municipal de Montevideo.

Por eso, pensando en Isidora, su esposa y compañera de toda la vida, y en Valentina, nos vamos a tomar el derecho de leer lo que dice este informe, que se llama: "A todos ellos", que acaba de hacer la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos. De Chaves Sosa dice lo siguiente: "Nacido en Tranqueras, departamento de Rivera, el 15 de febrero de 1938, casado y padre de una hija, obrero metalúrgico, fue militante sindical e integrante del Partido Comunista. Fue detenido en la vía pública el 28 de mayo de 1976" -agrego yo: el día del cumpleaños de su hija- "por hombres de civil que se identificaron como pertenecientes a las Fuerzas Conjuntas.- Su esposa, Isidora Musco fue detenida y trasladada a la base aérea Boiso Lanza. En ese lugar reconoció a Ubagesner encapuchado. Logró identificar además a los agentes que intervinieron en el allanamiento de su domicilio, quienes le dicen que su esposo había sido trasladado a otra dependencia militar luego de haber estado en la base aérea.- Al reclamo de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, por nota de fecha 1º de diciembre de 1977, el Gobierno uruguayo respondió, entre otras cosas, que Ubagesner Chaves Sosa había sido 'detenido e internado al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad el 28 de mayo de 1976' y que el 8 de junio de ese año, 'en circunstancias en que el detenido era trasladado a otro lugar, logró darse a la fuga en la zona comprendida entre Bulevar Propios y Teodoro Álvarez'". Este era un argumento muy usado por los militares en esa época.

Voy a leer ahora las declaraciones de un gran amigo que estuvo detenido con Chaves en el mismo lugar, un viejo compañero, Gerardo Barrios, el "Nono" Barrios, efectuadas ante la Comisión Investigadora Parlamentaria. Fue detenido el 8 de junio de 1976 por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Tropa Aérea de Combate) y trasladado a Boiso Lanza. Allí vio a Chaves. Los tienen juntos en "la perrera", lugar donde están los perros de los guardias. Dice lo siguiente: "Los dos seguíamos siendo torturados alternativamente -una vez él y una vez yo- y en determinado momento quedamos solos. Habían terminado de torturar a Ubagesner y yo estaba parado contra una pared, en una misma pieza los dos. El estaba tirado sobre un tablón, desnudo y mojado. La noche era silenciosa. Yo sentía su respiración y me daba cuenta cómo empezaba a declinar. En determinado momento dice: 'por amor a mi partido, a mi mujer y a mi hija...' y deja de respirar. Yo lo llamo. Había una guardia del lado de afuera que hacía la vigilancia. Llamo a la guardia. El guardia ingresa, sale. Llama a los oficiales que estaban afuera, que entran. Veo por debajo de la venda que me cubre los ojos el cuerpo de Ubagesner y uno de los oficiales le pone la mano en el pecho y dice: 'Es el bobo; llamen al médico'. Viene el médico. Cuando lo ausculta me comienzan a sacar de la pieza pero llego a oír al médico que dice: 'Sí, efectivamente es el corazón'. Me sacan y no tengo más noticias de Ubagesner a partir de ese momento [...]. Deseo señalar aquí a dos responsables de esto, con nombre y apellido. Estos dos oficiales -hubo más, pero al resto no pude identificarlo- fueron los que condujeron mi detención y mi tortura, así como la de Ubagesner. Uno de estos oficiales era el entonces Teniente de la Fuerza Aérea, Enrique Rivero, a quien luego, en 1981 reencuentro, con el grado de Capitán en el Penal de Libertad, como encargado de relaciones públicas. El otro responsable es el entonces Alférez -me refiero al año 1976- Alejandro López. Por culpa de estos dos hombres Ubagesner y yo fuimos torturados sistemáticamente [...]".

Finalmente, la Comisión para la Paz dice: "1. La Comisión para la Paz considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo Ubagesner Chaves Sosa". No dice nada de que había querido huir y había desaparecido, como había dicho en su momento el gobierno en el año 1977. Y agrega que "ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que: a) Fue detenido el día 28 de mayo de 1976 a las 17 horas, frente a la calle Vaimaca Nº 1280. b) Fue trasladado a la Base Aérea de Boiso Lanza y recluido en la perrera de dicha unidad, sometiéndole a torturas. c) En la noche del 10 al 11 de junio de 1976, durante un intervalo de la tortura, comenzó a respirar con dificultad y falleció. Pocos minutos después, cuando arribó el médico, constató su deceso, al parecer a consecuencia de una falla cardíaca. d) Para ocultar su deceso, se fraguó la falsa versión de que se había fugado el 8 de junio de 1976.- 2. Sus restos -según la información recibida- habrían sido primero enterrados en un lugar no especificado y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata".

Sin duda, esto que votamos hoy no dará tranquilidad a Isidora ni a Valentina, pero como sé que además del dolor han sufrido mucho con los problemas burocráticos, realmente me siento orgullosa de que hoy, por unanimidad, esta Cámara tome esta actitud.

Podría hablar también de Óscar Tassino, muerto a golpes cuando se defendía de las torturas de los militares que lo tenían detenido y cuya cabeza golpeó contra una pileta, falleciendo en ese momento, y de tantos otros que están en esta lista de veintiséis personas. Por eso quería dejar establecido en la versión taquigráfica nuestro apoyo a algo que realmente habla muy bien de esta Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Washington Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Señora Presidenta: con franqueza, el hecho de que en Sala haya existido un reconocimiento a la tarea de la Comisión para la Paz nos parece una actitud encomiable. Realmente, nos parece muy justo; creo que labró una tarea que ha servido de antecedente para esta etapa que hoy está, por lo menos inicialmente, colofonando.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Varela Nestier)

——En realidad, el mundo del derecho vincula los temas de legitimidad con los temas de legalidad. Pienso que la inmensa mayoría de los ciudadanos del país sentíamos que lo que pasó con los detenidos desaparecidos en el plano del orden jurídico tenía legitimidad, pero faltaba un reconocimiento en el plano de la legalidad. Es una muy buena cosa el hecho de que estemos en esta etapa uniendo ambos vértices. Me parece que va, como bien informaba el señor Diputado Cánepa, en la línea de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Sentimos que es bueno ir haciendo este tipo de reconocimientos jurídicos, máxime cuando algunos hace algún tiempo interpretábamos las normas del Código Civil de manera ampliada, y la verdad es que nos costaba calzar la figura jurídica exacta. Ahora está aquí y es muy buena cosa -repito- que haya claridad al respecto.

El Partido Colorado, con buen talante y de buena gana, lo ha suscrito, en el entendido de que en este tiempo que estamos viviendo, de reconstrucción y de reconvalidación cotidiana de nuestra paz, es importante seguir recimentándola, máxime cuando en la República todos, absolutamente todos, sentimos que la institucionalidad es lo primero, que la democracia se construye con pequeños actos, con grandes actos, con la sumatoria de todo aquello que hace a un recorrido de estabilidad, de sensatez, de mesura. Esto tiene que ver, justamente, con nuestro pasado, con nuestro presente, pero también con el futuro del país. En estas horas más que nunca tiene que ver con el futuro y con el presente del país el hecho de que exista una mirada madura y responsable como la que está teniendo este Parlamento en este momento. Me parece que es una muy buena señal.

En algunas circunstancias pasó que el sistema político hablaba encerrado en este Parlamento acerca de algo que no se sintonizaba afuera. Eso nunca pudo haber servido de causal de nada ni de justificación para un quebranto institucional, pero conviene entender que, a veces, lo que hablamos aquí parece no estar en sintonía con lo que la ciudadanía plantea, ansía y reclama. No es el caso de esta jornada, donde vamos cerrando una etapa que, pienso yo, la inmensa mayoría de los uruguayos siente que es bueno ir transitando pacíficamente, como lo hemos hecho hasta el presente. Repito: hoy más que nunca, es bueno hacerlo pacíficamente, de manera sobria y respetando la institucionalidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra la señora Diputada Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: estamos hoy en esta Cámara para aprobar un proyecto de ley cuyo título es: "Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. (Declaración de ausencia)". De alguna manera, el tema en cuestión tiene que ver con situaciones que aún no han sido definidas del todo en nuestra sociedad.

La desaparición forzada es uno de los crímenes más aberrantes que se cometen en el mundo. Yo creo que nadie a esta altura puede dudar de eso. Y lo es porque, además de la gravedad que reviste el delito de homicidio, cometido generalmente en el marco de condiciones terribles de tortura, genera algunos efectos que agravan el hecho de por sí: el ocultamiento del cadáver, de los restos humanos, con la intención de ocultar el crimen y evitar las sanciones que corresponderían a los asesinos, y el establecer una "pena" -entre comillas- a los familiares y/o compañeros de la víctima, quienes se ven enfrentados a la terrible situación de no saber el paradero de sus seres queridos, de no saber si están vivos o muertos, de no poder siquiera velarlos o enterrarlos. Se trata también de un acto de terrorismo, porque intenta generar miedo, miedo intenso, terror en la sociedad para que aquellos que pudieran tener ideas y actuaciones similares a las del desaparecido se vean atemorizados por el ejemplo de lo que sucedió, para desestimularlos a seguir su forma de actuar o su forma de pensar.

Ningún Código Penal sanciona a los familiares; nadie en su sano juicio propondría que ante un delito también se sancione a la familia de la víctima. Sin embargo, este delito cometido y amparado por el poder del Estado sanciona a los familiares, obliga a los hijos, a las hijas, a los padres y a las madres a vivir sin saber si sus seres queridos están vivos, sin saber dónde están. Y sanciona a toda la sociedad, haciéndola vivir bajo un estado de terror sumado a las torturas y prisiones injustas y arbitrarias a las que gran parte de la sociedad estuvo sometida.

Mediante la aprobación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, nuestro pueblo decidió no sancionar a quienes cometieron dichos delitos. En lo personal, pensamos que fue un error, pero como creemos en la democracia no solo cuando compartimos lo que se resuelve, aceptamos y respetamos la solución que eligió nuestro pueblo, sin pretender imponer nuestro punto de vista. Forzando aquella resolución soberana, sucesivos Gobiernos demoraron soluciones que debieron haberse aprobado mucho tiempo atrás.

La Comisión para la Paz, instaurada durante el Gobierno del Presidente Batlle, fue el primer intento -ya lo dije en alguna oportunidad- de hacer una ponencia con respecto a la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Reitero: fue el primer intento serio de avanzar en el conocimiento de la verdad. Sin embargo, aún falta un aspecto sustancial de este proceso, que es la ubicación de los restos humanos de los desaparecidos, sin los cuales las heridas no pueden iniciar el necesario proceso de cicatrización que nuestra sociedad necesita. Hoy, los familiares de los desaparecidos y la sociedad toda siguen siendo objeto de una pena, de una sanción, de un delito permanente, de una coacción al no poder dar sepultura a los restos de sus seres queridos.

Este proyecto que estamos sancionando hoy -yo espero que sea por unanimidad- es apenas un pequeño aporte en el camino que permita a la sociedad el encuentro con su verdad, pero es absolutamente insuficiente mientras no se acompañe con la devolución de los restos humanos de los desaparecidos por parte de aquellos que aún los retienen. Se ha acusado a quienes claman desde hace años por la devolución de los restos de sus familiares, de tener ojos en la nuca. Yo digo que quienes tienen ojos en la nuca son quienes no han hecho todo lo posible para que esos restos humanos sean devueltos. Hoy estamos dando un pequeño paso en el reconocimiento de nuestra verdad histórica y ojalá, más temprano que tarde, podamos dar ese gran paso que sería dar sepultura a los restos de nuestros queridos uruguayos hoy aún desaparecidos.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado Gamou.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: cada vez que en este recinto este Poder Legislativo trata cualquier tema referente a nuestros desaparecidos, muchas imágenes brotan en la cabeza de todos nosotros. Quienes somos hijos, hermanos, padres, nietos y demás de alguno de ellos, sabemos lo que significa la pérdida de un familiar; sabemos, cuando algún hijo, en mi caso particular, o alguna hija demora demasiado en llegar después de una salida, del nerviosismo y la desesperación que nos entra a todos. ¡Cuántos de nosotros alguna vez llamamos como locos a amigos, inclusive a alguna Comisaría, recorrimos hospitales o prendimos ansiosamente la televisión para ver si había algún informe policial, algún accidente o algo que se le parezca! Esta situación que nos ha tocado vivir a nosotros, lamentablemente, en nuestro país la vivieron muchísimos uruguayos, que debieron pasar por todo esto, pero con un sentido de permanencia que se transformó en un círculo de tiempo absolutamente horroroso.

Más de una vez hemos dicho que el tema de los desaparecidos no es solamente de sus familiares directos; el tema de los desaparecidos es de la sociedad uruguaya. No nos confundamos: son nuestros desaparecidos, de todos nosotros. Pero en momentos en que vamos a votar este proyecto de ley, que de alguna manera pone algo de remedio a una situación que a nuestro juicio ha demorado mucho en ponerse en negro sobre blanco y en tener un pronunciamiento de esta Cámara, no puedo más que reivindicar con el mayor respeto y con el mayor énfasis a los familiares de nuestros desaparecidos.

Luego de escuchar a las compañeras Diputadas Kechichián y Payssé y al señor Diputado Cánepa, quiero hacer desde esta modesta intervención un pequeño homenaje a esos familiares que tanto sufrieron, que debieron vivir ese círculo absolutamente kafkiano, pero del peor Kafka, de tener que pensar si querían que estuvieran muertos o vivos, porque si estaban vivos estaban sufriendo, aunque, por otro lado, pensaban que querían que se los devolvieran, pero como eran. Se trata de una situación horrorosa que no deseo a nadie. Creo que nos corresponde a todos los uruguayos dar un poco de alivio a esta gente.

Quiero decirles que homenajeo a esos familiares de desaparecidos que durante años, cuando llegaba la noche, iban al cuarto de ese familiar y le destendían la cama, soñando y pensando que tal vez un milagro haría que esa noche apareciera; familiares que durante años mantuvieron la habitación intacta, pensando que algún día iban a volver.

También quiero compartir con ustedes que durante muchos años las familias de estos nuestros desaparecidos, llegada la hora del almuerzo o la de la cena, le ponían un cubierto en la mesa. Es a ellos que quiero homenajear y decirles que hemos demorado demasiado en hacer esto; que tendríamos que haberlo votado desde hace tiempo. En definitiva, hoy empezamos a poner un poquito de justicia a una situación que avergüenza al Uruguay.

Para terminar, quiero manifestar que, quizás más temprano que tarde, algún día podamos lograr que esos familiares tan sufridos puedan ir a poner una flor en la tumba de sus seres queridos, porque ese día habrán aparecido los restos de nuestros desaparecidos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado Ortuño.

SEÑOR ORTUÑO.- Señor Presidente: hoy es uno de esos días en que uno se siente totalmente reconfortado por integrar esta Cámara y por hacer las cosas por las cuales la ciudadanía nos eligió y nos dio la responsabilidad de concretar como leyes legítimas aspiraciones de la sociedad uruguaya.

El que estamos considerando en este momento es un proyecto de ley de importancia histórica, y compartimos con los legisladores que nos antecedieron en el uso de la palabra el sentirnos totalmente complacidos de que esta Cámara lo vaya a votar, por distintas razones.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——Es un proyecto de ley de enorme importancia, y hacen bien la Cámara y el conjunto del sistema político en dar una señal tan fuerte al votar por unanimidad una iniciativa de esta naturaleza. En primerísimo lugar, porque hace justicia con las víctimas de la dictadura cívico-militar que azotó al país y que concretó el terrorismo de Estado, con las nefastas consecuencias que todos conocemos para la sociedad uruguaya. También hace justicia -como bien se decía- con los familiares de detenidos desaparecidos que durante la dictadura, la reapertura democrática e inclusive hasta hoy, han sido un verdadero símbolo de dignidad, de consecuencia, de principios, de resistencia y, sobre todo, de integridad ética y moral.

Sin duda, merecen el homenaje de este Parlamento y el reconocimiento no solo de la sociedad uruguaya, sino de toda la sociedad latinoamericana, que ha visto en los movimientos de familiares de detenidos desaparecidos del Uruguay y -diría- de toda la región, una verdadera referencia en la defensa de los derechos humanos en el mundo, lo que nos parece un principio fundamental de la democracia.

En segundo término, nos parece importante la sanción de este proyecto de ley porque hoy el Parlamento se suma a un camino iniciado en la Legislatura anterior desde el Poder Ejecutivo con la conformación de la Comisión para la Paz y con la emisión de conclusiones absolutamente categóricas, que suponen el reconocimiento institucional formal de que en el Uruguay se practicó el terrorismo de Estado. Esto es absolutamente fundamental para todos, pero en especial lo es para quienes nos iniciamos en la militancia social y, posteriormente, en la política, en los movimientos de defensa de los derechos humanos, y que de alguna manera despertamos a la conciencia política, siendo muy jóvenes, denunciando las atrocidades que se cometían en nuestras cárceles durante la dictadura y la existencia de uruguayos que habían sido detenidos y desaparecidos simplemente por pensar diferente.

Durante mucho tiempo tuvimos que enfrentar la negativa o la negación de que en el Uruguay pasaran cosas tan espantosas, a veces por ingenuidad, por sentir que en esta sociedad, caracterizada como ejemplo en el mundo por la solidez de sus valores democráticos, no podían suceder estas atrocidades que, como digo, han sido reconocidas como delitos y crímenes de lesa humanidad, repudiadas por nuestra sociedad y también por el mundo. Muchas veces también escuchamos versiones interesadas que, negando estos hechos, trataban de detener ese camino y ese impulso -para nosotros imposible de detener- que es el de la construcción de la verdad histórica de un pueblo y de una sociedad sobre hechos traumáticos que la conmueven en el devenir de su historia.

Señora Presidenta: hoy es una verdad incontrastable que en nuestro país existieron esos crímenes de lesa humanidad, que existió el terrorismo de Estado y que hubo responsables. También se reconoce la existencia de coordinación entre las dictaduras de la región y ya queda rubricada la verdad histórica de la existencia del llamado Plan Cóndor y de los mecanismos institucionales a nivel transnacional que operaron para efectivizar la persecución, la represión, la muerte y la desaparición forzada de aquellos que se oponían a la dictadura, que defendían la democracia y que sostenían ideas distintas a los regímenes de facto del momento.

Entonces, señora Presidenta, nos parece realmente importante un pronunciamiento de este Parlamento, que, como bien se decía, está en sintonía con el reconocimiento que hacemos todos de los avances de la Comisión para la Paz, que iniciara -pero no terminara- un camino impostergable para el Uruguay, de avanzar en el campo de los derechos humanos y de la verdad, tantas veces reclamada por tantos y tantos uruguayos anónimos y por tantas organizaciones sociales y políticas.

Señora Presidenta: creemos que debemos aprobar este proyecto, que es muy importante porque constituye un paso firme y trascendente en el camino de la verdad. Y la verdad es un camino sin retorno, porque así lo quiere la inmensa mayoría de los uruguayos. En eso debemos estar todos contestes.

La verdad es un camino sin retorno: los uruguayos y las uruguayas decidimos saber qué pasó con nuestros detenidos desaparecidos y decidimos construir juntos, sobre la base de la verdad, un enorme nunca más: nunca más dictadura; nunca más violaciones a los derechos humanos; nunca más necesidad de votar un proyecto de ley como el que votamos hoy, que en nuestro país consagra la existencia de detenciones y desapariciones forzadas por razones de conciencia.

Termino mi intervención jerarquizando, como bien decía el señor miembro informante, el hecho de que hoy votemos por unanimidad este proyecto de ley, que en el actual contexto que vive nuestro país es una expresión inequívoca de reafirmación democrática, una inequívoca reafirmación de los principios y de los valores que están fuertemente arraigados en nuestra identidad nacional y que mandan la estricta subordinación del poder militar a los Poderes constitucional y democráticamente elegidos por la ciudadanía.

Entonces, por esas cuestiones de justicia, de reconocimiento a las víctimas, a los familiares de los detenidos desaparecidos -reconocimiento que no por demorado deja de ser absolutamente necesario-, y por esa dimensión simbólica de fortísima señal de respaldo a las instituciones democráticas, estamos acompañando este proyecto de ley que dará herramientas al marco normativo no solo para hacer justicia, sino para viabilizar muchas tramitaciones y reclamos que los familiares venían planteando como una necesidad desde larga data.

Debido a que este proyecto de ley hace referencia a estas cuestiones concretas, que sin duda significan un avance, y a que simbólicamente también se refiere a estos temas de fondo -que tanto sentimos como parlamentarios, pero sobre todo como ciudadanos y militantes de este país-, vamos a proponer a la Cámara que, una vez votado el proyecto, nos pongamos de pie y realicemos un reconocimiento y homenaje en conmemoración, en recuerdo de nuestros compañeros uruguayos detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar, como una expresión consensuada, incontrastable, de ese nunca más dictadura, de ese nunca más que tanto sentimos.

11.-     Sesión extraordinaria.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Gamou.

(Se lee:)

"Mociono para que se convoque a la Cámara para el día miércoles 20, a la hora 18, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Convenio Integral de Cooperación Energética con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. (Aprobación). (Carpeta Nº 320/005).- 2) Pases en comisión de funcionarios de organismos estatales y no estatales para prestar tareas de asistencia al Ministro y Subsecretario de Desarrollo Social. (Se exceptúan de lo dispuesto por los incisos segundo y tercero del artículo 40 de la Ley Nº 16.320, en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley Nº 17.556). (Carpeta Nº 319/005)".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en ochenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: el Partido Nacional ha votado negativamente la solicitud de tratar estos asuntos en la sesión extraordinaria de mañana -lo dijimos en la reunión de coordinación y lo estuvimos hablando en la bancada del Partido Nacional- porque consideramos importante que cualquiera de estos dos temas, de importancia y actualidad, vengan al plenario, con la urgencia del caso, con los informes de las Comisiones respectivas.

El Partido Nacional se había comprometido a dar un trámite sumario a estos dos temas porque, según se nos ha manifestado, requerían celeridad. Y celeridad queríamos dar, pero con seriedad. Por lo tanto, propusimos que estos proyectos fueran tratados inmediatamente en las Comisiones respectivas y que la señora Ministra de Desarrollo Social y el señor Canciller de la República concurrieran a explicarlos. Esto no ha sido posible, y de ahí el voto en contra del Partido Nacional.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: por idénticas razones, y en la medida en que el Parlamento de la República se compone de dos Cámaras, lo lógico sería que cada una de ellas tuviera el tiempo suficiente para analizar los proyectos de ley que se someten a su consideración.

Este no es un régimen unicameral, aunque quisiéramos que lo fuera. En consecuencia, parecería lógico que en cada una de las Cámaras existiera tiempo, con la premura del caso cuando se trate de urgencias, para considerar los proyectos que se aprueban en la otra; en este caso, en el Senado de la República.

Gracias.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: nosotros hemos votado afirmativamente. Tal cual lo manifestaba el señor Diputado que antecedió al Diputado preopinante, esto fue planteado en el día de hoy en la reunión de coordinación. No se entendieron las razones por las que el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría tiene esta urgencia en aprobar estos proyectos. De todas formas, en el día de mañana, en el correr de la tarde se harán los debates que sean necesarios.

No siempre nuestros tiempos coinciden con las necesidades reales. Y si bien nosotros siempre hemos procurado respetar ese bicameralismo que existe en el sistema político uruguayo, a veces no se puede disponer de todo el tiempo necesario. Es por eso que hemos votado afirmativamente, y comprendemos, aunque no compartimos en este caso, la posición de quienes han votado en contra.

Muchas gracias.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señora Presidenta: hemos votado afirmativamente. Algunas razones las expuso el señor Diputado Gamou, pero ante ciertas fundamentaciones de voto quiero recordar algunas cosas.

En casos anteriores, cuando esta bancada ocupaba un lugar de oposición al Gobierno, más de una vez, ante determinados hechos facilitó la aprobación y trámite urgente de proyectos que se consideraban importantes y que no revestían ninguna complejidad. Lo hicimos, inclusive, a pesar de estar en posiciones divergentes con esos proyectos, pues éramos conscientes de que las mayorías existían, y a veces hasta las facilitábamos haciendo tiempo para que se completara la asistencia a Sala de quienes tenían la obligación de gobernar. Esa era una tarea ardua y difícil en el pasado. Y lo hacíamos en el entendido de que había proyectos sobre los cuales, como en este caso, se hablaba hasta el cansancio. En los últimos días todos hablamos de facilitar instrumentos para que determinado mecanismo de gobierno, como la implementación del Plan de Emergencia, pudiera llegar cuanto antes al ciudadano.

Por lo tanto, nos parece que no genera ninguna violencia autorizar un límite de pases en comisión -como fue acordado en la otra Cámara-, y mucho menos un convenio de cooperación entre dos naciones hermanas, cuando está reservado al Parlamento aprobar o rechazar dicha iniciativa. En función de estas dos cosas, y aclarando que a mí me habría gustado que el tema lo tratáramos hoy en Sala a efectos de llegar a las soluciones que el tiempo nos reclama en estos dos aspectos, voté afirmativamente que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria en el día de mañana.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: hemos votado negativamente porque creemos que los dos temas que motivaron la urgencia de la bancada mayoritaria y el propósito de convocar a una sesión extraordinaria para el día de mañana revisten la importancia y la trascendencia suficientes como para ser procesados como corresponde en el ámbito de las Comisiones especializadas, para que allí no solo pudiéramos informarnos y profundizar en cuanto al alcance de los dos asuntos, sino también -¿por qué no?-, con el talante constructivo con el que encaramos nuestro rol desde la oposición, formular, como estábamos dispuestos a hacerlo, particularmente en el caso del Plan de Emergencia Social, propuestas alternativas y complementarias que ayudaran a la facilitación que aquí se dice perseguir.

Nosotros estamos de acuerdo en colaborar para poner al día un proyecto de carácter social que todos reconocemos -el propio Gobierno en primer lugar- que no se viene desarrollando en los términos y con el desenvolvimiento que sus propios impulsores pretendían y que la sociedad entera está esperando.

En el caso específico del convenio con la República Bolivariana de Venezuela -sabemos que tiene un componente de carácter energético, si no es que en su totalidad está referido a ese rubro de actividad tan trascendente como el aprovisionamiento energético y la compra de petróleo para el país-, en los primeros días de marzo hicimos un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería y hasta ahora no se nos ha contestado. Se trata de un convenio internacional suscrito entre los dos países. Lamentablemente, con relación a ese pedido de informes la Administración no ha actuado con la prontitud, con la presteza y con la premura con la que hoy se nos está convocando para el día de mañana a efectos de analizar un tema de enorme significación, porque tiene que ver nada más y nada menos que con las fuentes de aprovisionamiento energético y, en particular, con las compras de crudo que por muchos millones de dólares al año realiza el país.

Por lo tanto, hubiéramos aspirado a que este tema se tratara con otra cadencia y, naturalmente, si el propósito era darle un trámite rápido y un diligenciamiento que no insumiera más de unos pocos días, habríamos podido concretarlo sin necesidad de tener que actuar sobre tablas, como aparentemente la Cámara de Representantes va a proceder al considerar dos temas de esta envergadura en el día de mañana, lo que, a nuestro juicio -lo digo con toda serenidad-, va a sentar un muy mal precedente.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: quiero expresar la preocupación por el hecho de que el tiempo que no se nos da a los legisladores para hacer los aportes que queremos formular va a ser el mismo que después van a desperdiciar los técnicos, como ya ha sucedido, para que las buenas consecuencias del plan lleguen a la gente. En ese sentido, creo que sería muy bueno escuchar los aportes, tener las orejitas abiertas y que este Ministerio de Desarrollo Social no tratara de reinventar la rueda y hacerlo todo de vuelta, sino que utilizara las facilidades y el conocimiento que ya tienen las Intendencias de lo que es el mapa de la pobreza en el país. Entiendo que no hay que apurarse tanto a hacerlo todo, sino que hay que reflexionar un poquito y dar participación a todos en el debate y en la ejecución del Plan. No es tan difícil encontrar dónde están los pobres en el Uruguay; no es nada difícil.

12.-      Integración de Comisiones.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"El señor Representante Carlos Gamou sustituirá al señor Representante Javier Salsamendi en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, por el día 20 de julio de 2005.

El señor Representante Javier Salsamendi sustituirá al señor Representante Carlos Gamou en la Comisión de Presupuestos, por el día 20 de julio de 2005".

13.-     Rectificación de trámite.

——Dese cuenta de una moción de orden, presentada por los señores Diputados Olano Llano, González Álvarez, Casaretto, Viera, Enciso Christiansen y Asti.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se rectifique el trámite dado al proyecto de ley por el que se establecen normas para el otorgamiento de créditos destinados a la cría del ganado bovino y al mejoramiento extensivo de la tierra, pasándolo a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca (Carpeta Nº 181/005)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

14.-      Autorización al señor Representante Chifflet para realizar una exposición en la sesión ordinaria del día 4 de agosto.

Dese cuenta de otra moción de orden, presentada por los señores Diputados Gamou, Washington Abdala y Cardozo Ferreira.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice al señor Representante Guillermo Chifflet a realizar una exposición de quince minutos relativa a la situación de la República Árabe Saharaui, el próximo jueves 4 de agosto, durante la sesión ordinaria".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta: AFIRMATIVA.

15.-     Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. (Declaración de ausencia).

Continúa la consideración el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. (Declaración de ausencia)".

Tiene la palabra el señor Diputado Alonso.

SEÑOR ALONSO.- Señora Presidenta: retomando el tema que estaba siendo considerado por la Cámara, quiero aclarar, para que conste en la versión taquigráfica, la posición del Partido Nacional, que ha sido consecuente con sus ideas a lo largo de todos estos procesos de búsqueda de la pacificación nacional y en procura de resarcir a los perjudicados de uno de los momentos más negros de la historia de nuestro país.

Nuestro Partido ha acompañado todas y cada una de las medidas que los distintos Gobiernos han propuesto para que definitivamente la patria pueda mirar hacia adelante sin vergüenza sobre las cosas que ocurrieron en el pasado. En algunos casos es imprescindible llevar adelante iniciativas que no son perfectas -como no lo es esta-, aprobar instrumentos y desarrollar marcos que permitan ir avanzando en la definitiva resolución de nuestros problemas históricos.

Este proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, ha tenido trámite muy rápido en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, entre otras cosas porque se trata de un instrumento que ya se había procurado ensayar en la Legislatura anterior, donde también contó con el apoyo del Partido Nacional. Además, es consecuencia del trabajo que durante toda la Administración pasada aportaron los integrantes de la Comisión para la Paz.

También creo que es justo identificar que este proyecto de ley prosperó en la Comisión -lo mismo va a pasar en la tarde de hoy en el pleno de la Cámara y, felizmente, es probable que suceda dentro de poco tiempo también en el Senado-, entre otras cosas porque se ha trabajado con mucho pragmatismo y con mucha conciencia de lo impostergable. Digo pragmatismo sin dejar de reconocer que puede haber legítimos reclamos contemplados en este proyecto de ley, como por ejemplo el resarcimiento económico, que fue una de las reivindicaciones -entre otras dificultades que se presentaron en la Administración pasada- que inhabilitó la aprobación del proyecto.

Junto con ese sentido de lo práctico en el trabajo que realizó la Comisión, en particular cuando recibió a los representantes de los familiares de los desaparecidos, también estuvo presente -y lo está hoy- un sentido de la ubicación política para que el asunto pueda ser resuelto rápidamente.

Esta cuestión se enmarca dentro de lo que ha sido un proceso muy largo y muy penoso para los uruguayos, para todo el Uruguay, porque quien tiene a su cargo el reclamo, el peregrinaje, muchas veces ocupa una posición en la que se confunden sus expectativas personales, familiares, con las de toda una sociedad. Hoy, este proyecto es para todos los uruguayos porque nos permite avanzar en nuestra pacificación, porque nos permite asumir que demoramos mucho en resolver este problema, porque nos permite asumir nuestras culpas con respecto a la incapacidad que hasta este momento tuvimos desde el sistema político para resolverlo y, entre otras cosas, porque nos reconcilia, ya que sabemos que cuando los intereses nacionales lo reclaman, ahí están las instituciones y nuestros partidos políticos para llevar adelante las iniciativas necesarias.

En ese sentido, el Partido Nacional, que muy lejos ha estado de todo este proceso oscuro de la vida del país, que siempre ha colaborado en la búsqueda de soluciones para la pacificación definitiva de los uruguayos, que en la Legislatura pasada ya dio sus votos, ahora los está dando para que esta iniciativa se convierta en ley, brindando el marco necesario para resolver algunos aspectos vinculados a las heridas del pasado.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ALONSO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: agradezco mucho al señor Diputado Alonso la interrupción que me ha concedido, aunque pensaba referirme a algunos de los aspectos que mencionó recién.

Es muy claro el hecho de que a través de este proyecto de ley estamos reparando muy poco. Con esto no reparamos absolutamente nada; solo facilitamos algunos trámites, algunos documentos, lo cual sin duda es importante. Pero debemos trabajar y tener mucha celeridad en la resolución de la reparación material de las víctimas, ya que hemos hecho un reconocimiento de lo sucedido. Lamentablemente, nadie podrá reparar jamás los demás aspectos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Alonso.

SEÑOR ALONSO.- Señora Presidenta: voy a terminar mi exposición haciendo un reconocimiento al trabajo que todos los sectores y partidos hemos llevado adelante para que este proyecto tomara una forma definitiva. Indudablemente, un trámite parlamentario como el que ha tenido nos asegura que estamos aproximándonos a dar respuesta a una necesidad de muchos uruguayos que, como dije al principio, quizás no sea la más completa, pero significa un muy buen paso hacia adelante.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: por cierto que este paso que está dando hoy la Cámara de Representantes otorgando media sanción a este proyecto de ley es necesario y debió ocurrir hace mucho tiempo, puesto que muchas de las ausencias que hoy estamos declarando sucedieron hace más de treinta años. Y fue necesario que mediara una investigación seria, responsablemente hecha, como la de la Comisión para la Paz, para que recién se estuviera en condiciones de decretar la ausencia de esas personas por desaparición forzada. Es decir que venimos a resolver bastante tardíamente algo que debió haber sido solucionado apenas se reinstauró la democracia.

Por este motivo, vamos a sumar nuestro voto a este paso necesario, pero también haciendo la crítica de que todo el sistema político uruguayo debió tratar de dar solución a este problema mucho tiempo antes. Se trata de dar un paso simplemente jurídico que permita a todos los familiares de los detenidos desaparecidos encauzar su vida desde el punto de vista civil, patrimonial, desde el punto de vista de muchas circunstancias.

Era todo cuanto queríamos decir.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señora Presidenta: solo voy a señalar algunos conceptos y a dejar algunas constancias casi a manera de voto anticipado, porque la posición de los socialistas es absolutamente conocida en cuanto a la defensa de las libertades, a la condena a la tiranía y a sus consecuencias.

Este es un proyecto vinculado lateralmente a los horrores de las décadas sombrías que vivió este país. No me refiero solo a los sucesos ocurridos desde aquel 27 de junio en adelante, porque entre los desaparecidos que constan en el informe hay algunos, como por ejemplo Héctor Castagnetto y Abel Adán Ayala, que fueron víctimas del escuadrón de la muerte, y se sabe quiénes eran sus integrantes y que estaban vinculados a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Esto es algo que todavía está en vías de investigación, aunque hay testimonios importantes que ratifican la afirmación que acabo de hacer.

En ese tiempo no solo se torturó, sino que se violaron todos los derechos de los detenidos; no se cumplieron las leyes de guerra con los prisioneros; se asesinó a mujeres embarazadas para robar a sus hijos. Cuando señalamos esto, todos sentimos la absoluta necesidad de llegar a la verdad. Y es bueno señalar que hoy en las Fuerzas Armadas hay quienes están dispuestos a colaborar para llegar a esa verdad.

Digo esto porque antes de la disolución del Parlamento, cuando el Senador Zelmar Michelini denunciaba hechos de tortura absolutamente probados, en el Senado de la República se le decía: "Pero usted está agraviando a las Fuerzas Armadas". Lógicamente, él sostenía lo que hoy todos comprendemos: se trataba de defender la institución, porque debía sacar de sus filas a quienes estaban violando los derechos humanos. Sin embargo, eso era lo que se le planteaba. Recordemos que en la última reunión del Senado, en la que resultó memorable la actuación de muchos señores Senadores -la de Ferreira Aldunate, que habló en primer término, y la de otros-, ni siquiera hubo quórum, ya que hubo sectores políticos que se retiraron. Estos son aspectos laterales, y no quiero desviarme del centro de la cuestión; lo que sí quiero decir es que es hora de aclarar que si no se aprueban todas las vías imprescindibles para llegar a conocer la verdad sobre esos hechos -ya que la Justicia ha quedado atrás por determinadas decisiones políticas-, no sabemos qué pasará en este país cuando nuestros nietos nos pregunten qué sucedió con quienes cometieron esas aberraciones.

Yo digo que así como hay páginas en la historia nacional que nos enorgullecen a todos, como la defensa de Paysandú por Leandro Gómez o como el Éxodo del Pueblo Oriental, con el que todos nos sentimos consustanciados y constituye una herencia colectiva de todas las fuerzas y de todos los ciudadanos de este país -nos sentimos de alguna manera identificados con un pueblo capaz de oponerse a la tiranía y defenderse aun abandonando sus bienes-, por el contrario, cuando nos pregunten qué sucedió con los que torturaron, con los que asesinaron, etcétera, y les debamos decir que no pudimos llegar a la verdad y que se consagró la impunidad, esto no solo será una vergüenza para el país, no solo conspirará contra una democracia sólida y firme, no solo será negativo para las presencias que puedan tener en el recuerdo las generaciones futuras, sino que desprestigiará a los uniformes de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas que hoy dicen que van a contribuir a la verdad están defendiendo la institución, porque de otra manera todos pensaremos como decimos que realmente pensamos cuando hay quien se opone a llegar a la verdad sobre los hechos.

Quiero remitirme muy brevemente a otros aspectos muy laterales de este proyecto. El Código Civil establece la declaración de ausencia. Sin embargo, todos sabemos que es muy difícil llegar a la declaración de ausencia y cómo son los procedimientos dentro de las normas habituales del Código Civil. Este proyecto complementa el Código y soluciona estos problemas.

Diría que es tranquilizador, inclusive, que representantes de los familiares de desaparecidos, tan prestigiosos como el joven escribano Miranda, que estuvieron en la Comisión y la informaron, compartan, en nombre de esos familiares, este proyecto.

Este proyecto no solo alcanza a los desaparecidos en Uruguay, sino que, por procedimientos que contiene -no tengo por qué referirlos, porque está en poder de los señores legisladores-, también llega a los desaparecidos uruguayos en otros países -como Chile o Argentina- en función de esa operación Cóndor, que es el complemento de las arbitrariedades propias del nazismo y del fascismo que llevaron adelante algunos militares de este país.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señora Presidenta: seguramente la Cámara vote por unanimidad este proyecto de ley.

En forma breve, quiero expresar que este proyecto -como todos lo sabemos- es el resultado, sobre todo, del trabajo de un grupo de personas provenientes de distintos partidos políticos que tomaron la tarea con seriedad, con dedicación, con reserva absoluta y con mesura; me estoy refiriendo a la Comisión para la Paz. Absolutamente ninguno de ellos pretendió sacar ventaja política alguna de un tema que es evidente que no admite esa actitud. Por lo tanto, quiero hacer un especial reconocimiento a los coordinadores ejecutivos y voceros de la Comisión para la Paz, doctores Carlos Ramela y Gonzalo Fernández. Quiero hacer un reconocimiento, porque es absolutamente merecido, al Padre Luis Pérez Aguirre, quien falleció cuando esta Comisión estaba funcionando, pero que tanto aportó para que se hicieran sustanciales avances en estas investigaciones. También quiero hacer un reconocimiento a quien hace pocos días homenajeáramos en esta Cámara, José D'Elía, que también dedicó su tiempo a estas cosas. Asimismo, quiero hacer un reconocimiento a Monseñor Nicolás Cotugno, al Presbítero Jorge Osorio y al doctor José Claudio Williman, quien ayudó en forma sustancial desde el punto de vista jurídico.

Además, con respecto a estos temas tan delicados, que tanto dolor han causado a la sociedad y que tantos enfrentamientos han creado entre los uruguayos, quiero que el ejemplo de estos hombres sirva para que todos los que tenemos que actuar sepamos cómo nos debemos conducir, porque en la Comisión para la Paz se ha realizado una tarea que sin lugar a dudas permitió mejorar sustancialmente la situación que existía y que hoy estemos votando este proyecto de ley.

SEÑOR CÁNEPA.- Pido la palabra para hacer una ampliación del informe.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CÁNEPA.- Señora Presidenta: sin duda, esta sesión extraordinaria es histórica, no solo por este proyecto, sino por el resto del orden del día que tenemos.

No quería dejar de señalar que nos comprenden las palabras de algunos compañeros de nuestra fuerza política, en particular las de las señoras Diputadas Kechichián -palabras muy sentidas- y Payssé.

En vista de esta unanimidad y con respecto a lo señalado por el señor Diputado Botana, quiero decir que este Gobierno lo tomará en consideración, porque está trabajando en proyectos de ley para la reparación de la situación de los familiares de detenidos desaparecidos y asesinados políticos en la dictadura cívico-militar. Me parece muy bien que si hemos logrado unanimidad en este tema, producto de una madurez de todos los aquí presentes, también podamos avanzar en el futuro con respecto a lo que el señor Diputado Botana planteaba.

Es para nosotros muy importante, máxime teniendo en cuenta las condiciones en las que hoy se está viviendo, esta señal de unanimidad del sistema político. Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos de que no es bueno -como se ha planteado en algún momento- discutir nuestras diferencias -¡vaya si las tenemos!-, sino resaltar nuestros puntos en común; estos momentos son los que verdaderamente fortalecen la democracia.

Es cuanto quería agregar.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR CÁNEPA.- ¿Me permite, señora Presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CÁNEPA.- Señora Presidenta: en vistas del acuerdo, mociono para que se voten en bloque los artículos del proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Desde la Mesa interpretamos que se propone la supresión de la lectura para que se voten en bloque todos los artículos.

SEÑOR CÁNEPA.- Así es, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota)

——Sesenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se van a votar todos los artículos del proyecto, hasta el 5º inclusive.

(Se vota)

——Setenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: es realmente un momento histórico -así lo sentimos- que esta Cámara vote por unanimidad este proyecto que hemos estado debatiendo.

Los que creemos que las personas somos emergentes de las sociedades, sentimos que hoy concluye una etapa que tiene un largo camino de lucha de los uruguayos y de las uruguayas.

Si bien es necesario reconocer actitudes de algunas personas, como se ha dicho -por ejemplo, de los integrantes de la Comisión para la Paz-, también debemos reconocer que fue gracias al denodado esfuerzo de la sociedad en su conjunto que hoy esta Cámara, por fin -como muy bien dijo el señor Diputado Washington Abdala-, hace sintonía real con el sentimiento y la tradición de demanda en materia de derechos humanos que ha tenido nuestro pueblo.

Además, ha sido un orgullo que este proyecto se haya concretado en el primer Gobierno progresista de la República.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: es muy importante que esta Cámara de Diputados haya aprobado este proyecto por el que se declara la ausencia de veintiséis compatriotas desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.

Hace años tenemos un proyecto de ley que presentamos en la Legislatura anterior y sobre el que dimos conocimiento a algunos compañeros legisladores. Se trata de un proyecto del compañero General doctor Arturo Baliñas, que en términos generales trata el tema tal como lo hace el que hemos aprobado.

El compañero Baliñas fue un General patriota, democrático, y la dictadura atroz que gobernó al país optó por hacer desaparecer a uno de sus hijos, el compañero Óscar José Baliñas Arias, empleado del Banco de Previsión Social, militante de izquierda, también de mi sector político, el Frente Izquierda de Liberación.

A Óscar Baliñas lo fueron a buscar a su apartamento, ubicado a muy pocos metros del Palacio Legislativo, precisamente, como se dice en el proyecto, en la madrugada del 19 de julio de 1977. Estaba descansando con su familia y fue arrancado de los brazos de sus seres queridos por pensar distinto a la dictadura. No le perdonaron, entre otras cosas, ser hijo de un militar patriota, ser hijo del General doctor Arturo Baliñas, que luchó contra la dictadura y se opuso, conjuntamente con Seregni, Licandro, Zufriategui, Montañés y tantos otros, al golpe de Estado. Creo que ese elemento de alguna manera jugó un papel importante para la mentalidad oscurantista de la dictadura cívico-militar para detener, torturar y luego hacer desaparecer al compañero Óscar José Baliñas Arias.

Entonces, en ese nombre, quiero brindar mi modesto y humilde homenaje al resto de los compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, a esas veintiséis personas cuyo único delito fue el de oponerse al cercenamiento de las libertades y defender, como corresponde, la Constitución de la República y las instituciones.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señora Presidenta: como fundamento de voto y más allá de la supresión de la lectura de los artículos, quiero que quede constancia en la versión taquigráfica de los veintiséis nombres de los detenidos desaparecidos cuya desaparición fue confirmada por la Comisión para la Paz: Carlos Pablo Arévalo Arispe, Luis Eduardo Arigón Castell, José Arpino Vega, Abel Adán Ayala Álvez, Óscar José Baliñas Arias, Ricardo Alfonso Blanco Valiente, Eduardo Bleier Horvitz, Juan Manuel Brieba, Héctor Castagnetto Da Rosa, Julio Castro Pérez, Julio Gerardo Correa Rodríguez, Ubagesner Chaves Sosa, Lorenzo Julio Escudero Mattos, Horacio Gelós Bonilla, Roberto "Tito" Gomensoro Josman, Luis Eduardo González González, Miguel Ángel Mato Fagián, Fernando Miranda Pérez, Otermín Laureano Montes de Oca Domenech, Félix Sebastián Ortiz, Antonio Omar Paitta Cardozo, Eduardo Pérez Silveira, Elena Quinteros Almeida, Amelia Sanjurjo Casal, Juan Américo Soca y Oscar Tassino Asteazu.

Por todos ellos y por muchos más es que hoy estamos aquí.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Queda aprobado el proyecto, y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

——Dese cuenta de una moción presentada por las señoras Diputadas Kechichián, Payssé y Castro y por los señores Diputados Blasina, Cánepa, Botana, Lorenzo, Amorín Batlle, Washington Abdala, Ortuño, Ibarra y Gamou.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el Cuerpo se ponga de pie en reconocimiento y memoria de los uruguayos detenidos desaparecidos durante la dictadura y en homenaje a sus familiares, por su indeclinable lucha en defensa de los derechos humanos, los valores democráticos y la dignidad de la cual son un símbolo que enorgullece a la sociedad uruguaya".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

La Mesa invita a la Sala y a la barra a ponerse de pie.

(Así se procede.- Aplausos en la Sala y en la barra)

16.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Jorge Patrone, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 19 y 20 de julio de 2005, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Eloísa Moreira".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocada la correspondiente suplente y se le invita a ingresar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitar licencia por los días 19 y 20 de julio por motivos de enfermedad, solicitando se convoque a mi suplente respectivo.

Saluda atentamente.

JORGE PATRONE
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Jorge Patrone, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo a la Sra. Presidenta muy atentamente.

Miguel Vasallo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Patrone.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 19 y 20 de julio de 2005.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria, el suplente siguiente, señor Miguel Vasallo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en de su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el literal A) de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 19 y 20 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Patrone.

2) Acéptase la negativa presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente, señor Miguel Vasallo.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, señora Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

17.-     Sesiones extraordinarias.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Alonso, Gamou, Cardozo Ferreira, Washington Abdala, Trobo y Delgado.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el próximo martes 9 de agosto, a la hora 15, para realizar un homenaje al señor Intendente electo de Flores, Walter Echeverría, con motivo de su fallecimiento".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Dese cuenta de otra moción de orden presentada por los señores Diputados Washington Abdala, Alonso, Gamou, Cardozo Ferreira, Trobo y Delgado.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el próximo martes 16 de agosto, a la hora 15, para realizar un homenaje al señor ex legislador Luis Eduardo Mallo, con motivo de su fallecimiento".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta: AFIRMATIVA.

18.-      Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. (Declaración de ausencia).

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora Presidenta: quisiera mocionar para que se comunique de inmediato el proyecto aprobado sobre "Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. (Declaración de ausencia)".

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta: AFIRMATIVA.

19.-     Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción).

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en primer término del orden del día y que pasó a ser segundo: "Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 282

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo número 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, año 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con el artículo 9º literal "a" y "b" de la Declaración sociolaboral del Mercosur, es absolutamente nula cualquier discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, incluyendo aquéllas tendentes a la constitución de organizaciones o de coaliciones de trabajadores.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de los procedimientos y de las sanciones administrativas, la pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado por los motivos indicados en el artículo precedente se tramitará de acuerdo con los procedimientos y en los plazos establecidos para la acción de amparo (Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988). Procederá en todos los casos, con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

La legitimación activa referida en los artículos 1º y 4º de dicha ley también comprende a las organizaciones representativas de trabajadores.

Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas, pero el patrono deberá satisfacerlos en caso de ser condenado, más los costos, si para ello hubiera dado mérito.

Artículo 3º.- El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

Cuando se alegue por parte del trabajador que el despido o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tienen un carácter discriminatorio, incumbirá al empleador la carga de probar la existencia de una causa justificada.

Sin perjuicio de ello, el tribunal dispondrá de las facultades previstas en el artículo 350 numerales 3º y 5º del Código General del Proceso.

Artículo 4º.- Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño, y su producido beneficiará a la parte actora.

Artículo 5º.- Créase, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Registro de Infractores a la Libertad Sindical, con carácter público y gratuito, donde se inscribirán las infracciones a la presente ley. La inscripción caducará a los dos años de la fecha en que el infractor haya reintegrado o repuesto al trabajador discriminado y abonado la multa correspondiente.

En todo proceso de licitación, llamado a expresión de interés y en todo contrato en que sea parte el Estado, se exigirá a los oferentes o contratantes la presentación de certificado de dicho Registro acreditando que no existen inscripciones vigentes, requisito sin el cual no será válida ninguna adjudicación o contratación.

Artículo 6º.- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo por la infracción a las disposiciones de la presente ley deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social orientados a la erradicación del trabajo infantil, la no discriminación en el empleo, la formación profesional asociada a la generación de trabajo y el fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

Artículo 7º.- También quedarán comprendidos en el presente régimen los actos de discriminación sindical referidos en el artículo 1º que se hubieran cometido entre el 1º de marzo de 2005 y la fecha de entrada en vigencia de esta ley. En tales casos, el plazo previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988 para interponer la acción de amparo comenzará a correr a partir de esta última fecha.

Artículo 8º.- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El porcentaje a descontar será fijado por el sindicato y comunicado fehacientemente a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo de cinco días a partir del efectivo pago.

Artículo 9º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego por su orden, la cuota sindical, las solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto, por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren".

Artículo 10.- Los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberían perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

Artículo 11.- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, contralor y seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Artículo 12.- Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos.

Montevideo, 7 de junio de 2005.

MANUEL MARÍA BARREIRO MALDONADO, Representante por Salto, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, IVONNE PASSADA, Representante por Montevideo, ADRIANA PEÑA, Representante por Lavalleja, JORGE POZZI, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley propone adoptar algunas medidas urgentes de protección de la actividad sindical de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, los convenios internacionales del trabajo Números 87 y 98 y la Declaración sociolaboral del MERCOSUR.

I.- Garantías frente a la discriminación por razones sindicales

En primer lugar, el proyecto tiene la finalidad de declarar los alcances de la ratificación del convenio internacional del trabajo Número 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, año 1949).

En realidad, aplica estrictamente la norma del artículo 1º del convenio Número 98 de acuerdo con la doctrina más recibida y con los dictámenes del Comité de Libertad Sindical de OIT, y acude a un procedimiento sumario para la solución jurisdiccional de las controversias.

El convenio fue aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, que además estableció un régimen de sanciones administrativas (actualmente reguladas por el artículo 289 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

No obstante, ha de advertirse que la "adecuada protección" contra los actos antisindicales que requiere el convenio Número 98 no puede limitarse a un régimen de sanciones administrativas, sino que debe conducir a la reinstalación del trabajador discriminado.

Ha sido debatido el alcance de las potestades de los tribunales para disponer la reinstalación o reintegro del trabajador perjudicado a consecuencia de su actividad sindical. Siguiendo las orientaciones de la doctrina más recibida, la norma proyectada habilita al tribunal a declarar que los actos antisindicales son absolutamente nulos y establece un procedimiento abreviado de tutela de la libertad sindical (amparo de los derechos fundamentales) que concluya, en su caso, con la reinstalación, el reintegro o la recomposición.

Para alcanzar ese objetivo, el proyecto de ley comprende normas sustantivas y normas procesales.

En los aspectos sustantivos, de conformidad con la doctrina más recibida y a fin de cumplir con el concepto de "adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical" (artículo 1º del convenio internacional del trabajo Número 98), se declara que son absolutamente nulos dichos actos discriminatorios, por ser violatorios de derechos fundamentales reconocidos en diversos instrumentos internacionales y regionales (Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y Números II y III de la Declaración de Filadelfia; Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998; artículo 23, numeral 4º) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948; artículo 8º numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 26 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales; artículo 16 de la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica); artículo 8º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); artículos 8º y 9º de la Declaración sociolaboral del Mercosur de 1998). En especial, ha de tenerse en cuenta que esta última declaración, suscripta por los Presidentes de los países integrantes del Mercosur, dispone que se deberá evitar despidos o perjuicios que tengan como causa la afiliación sindical o la participación en actividades sindicales (literal "b" del artículo 9º).

Por lo demás, los fundamentos del proyecto concuerdan con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en sentencia de 2 de febrero de 2001 (C-72), ha considerado que el despido antisindical es violatorio del derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entendiendo procedente la condena a reintegrar a sus cargos a los trabajadores despedidos.

En cuanto a la dimensión procesal, se recurre a la acción de amparo (de raíz constitucional y reglamentada por la Ley Nº 16.011), por tratarse de un procedimiento abreviado que cumple con el principio de celeridad. Se reitera el principio de gratuidad para el trabajador en el proceso laboral. Se establece, además, normas sobre la competencia de la justicia especializada en materia laboral. En especial, este procedimiento supone afirmar el poder del tribunal para condenar al cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer en la materia, en caso de hacer lugar a la acción de amparo (artículos 398 y 399 del Código General del Proceso), y para imponer conminaciones económicas y personales en caso de incumplimiento del fallo.

Las modificaciones al marco normativo procesal, que responden al objeto especial de tutela, son las siguientes:

a) Se prescinde del requisito previsto por el artículo 2º de la Ley Nº 16.011, estableciendo que la acción procede en todos los casos, con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

b) Las organizaciones representativas de trabajadores también tienen legitimación activa.

c) En materia probatoria, se aplica la teoría de las cargas dinámicas, desarrollando lo dispuesto por el artículo 139 numeral 2º del Código General del Proceso. Es así que el proyecto dispone que, cuando el trabajador alegue que el despido o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tienen un carácter discriminatorio, incumbirá al empleador la carga de probar la existencia de una causa justificada. La redacción concuerda con lo establecido en el Convenio Internacional del Trabajo Número 158 y por la recomendación número 143.

d) El producido de las sanciones o conminaciones pecuniarias (artículo 374 del Código General del Proceso) beneficiará a la parte actora.

Se incluye una disposición transitoria con la finalidad de contemplar las situaciones discriminatorias violatorias del convenio internacional Número 98 producidas desde el 1º de marzo hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley, a cuyos efectos se establece un plazo breve para iniciar las acciones correspondientes.

II.- Mecanismos de promoción del respeto a la libertad sindical

Se prevé la creación, en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de un Registro de infractores a la libertad sindical, con carácter público y gratuito, donde se inscribirán las infracciones a las normas proyectadas, mecanismo que tiende a la promoción de la libertad sindical en la medida que, para toda contratación con el Estado, se exigirá previamente la presentación de certificado negativo del mencionado registro.

Finalmente, se establecen disposiciones sobre retención de cuota sindical (tomando el texto del proyecto oportunamente aprobado en la Comisión de Legislación del Trabajo en la pasada legislatura) y facilidades para el ejercicio de la actividad sindical (cartelera), siguiendo los criterios del artículo 15 de la recomendación número 143 sobre los representantes de los trabajadores, año 1971.

Montevideo, 7 de junio de 2005.

MANUEL MARÍA BARREIRO MALDONADO, Representante por Salto, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, IVONNE PASSADA, Representante por Montevideo, ADRIANA PEÑA, Representante por Lavalleja, JORGE POZZI, Representante por Montevideo".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.- Señora Presidenta: vuestra Comisión asesora de Legislación del Trabajo ha resuelto, por mayoría de sus miembros, recomendar a la Cámara de Diputados la aprobación de este proyecto de ley para una adecuada protección y promoción de la actividad sindical.

Debemos destacar la actitud asumida por el conjunto de la Comisión, que, en forma unánime, reconoció la necesidad de legislar en esta materia, más allá de que legítimamente se pudieran visualizar aspectos en los que algunos integrantes se pronunciaran en discordia y, en otros casos, plantearan vías de instrumentación contrarias al proyecto de la mayoría.

El proyecto de ley que se pone a consideración del plenario de la Cámara de Diputados tiene una trascendencia fundamental en lo referente a los derechos humanos y señalará un eje sustantivo, de alguna forma un antes y un después en la consideración de los derechos de las personas que trabajan en forma subordinada. Se trata de consagrar una adecuada protección a quienes practican actividad sindical en la empresa, o sea, a quienes ejercen su derecho a la libertad sindical.

En el régimen de trabajo subordinado, el trabajador se encuentra bajo la dirección del empleador y, a diferencia de la contratación civil o comercial, el principio que preside la contratación laboral indica que las partes de este contrato son básica y materialmente diferentes, puesto que el empleador se sitúa en una posición de poder basado en el derecho de propiedad de los medios productivos. El trabajador debe poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo a cambio de un salario que le permita subsistir. Esto determina que, en general, sea el empleador quien imponga las condiciones laborales y que el trabajador deba someterse a ellas, fundamentalmente en épocas como las actuales, en las cuales resulta casi ilusorio pretender cambiar de trabajo como consecuencia de los desacuerdos con el patrono o de los incumplimientos del empleador que puedan surgir durante el transcurso de la relación laboral. Esta debilidad del trabajador en su relación con el empleador hace que, muchas veces, se vea obligado a aceptar tareas que están fuera de su categoría laboral, a realizar horas extra que no se remuneran como lo prescribe la legislación nacional o a aceptar rebajas de salario para conservar el empleo.

Pero estas situaciones por todos conocidas no son las que se pretenden regular por medio de este proyecto de ley. En estos casos, el trabajador podrá recurrir a la Justicia laboral o a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo que se consagra en este proyecto son mecanismos para evitar que el trabajador subordinado se encuentre expuesto a la arbitrariedad del patrono cuando pretende constituir un sindicato o cuando realiza actividad sindical. El proyecto sometido hoy a la consideración de los señores parlamentarios pretende asegurar al trabajador el goce y el ejercicio de su derecho a la libertad sindical, protegiendo así un derecho que se encuentra consagrado en los más importantes instrumentos internacionales de derechos humanos en su dimensión económico-social. Hablamos de derechos humanos económicos y sociales advirtiendo lo artificial de la denominación, porque los derechos humanos lo son, con independencia de su naturaleza política, civil o económica. Los derechos humanos son interdependientes y no es posible concebir el derecho a la libre expresión de naturaleza civil sin la existencia del derecho a la actividad sindical, ni el derecho de asociación -que nadie negaría hoy- sin el derecho a constituir sindicatos.

Por ello decimos que los derechos sindicales comportan un pilar de la democracia y que debe asegurarse el ejercicio de la ciudadanía tanto en el ámbito social como en el de la empresa. Los derechos humanos deben regir en todos los ámbitos de la actividad, y por ello no es concebible limitar el derecho de expresión o de asociación cuando se traspone el umbral de una empresa.

Por otra parte, no sería justo adjudicar a toda empresa, a todo empresario, una actitud de permanente arbitrariedad en el trato a sus trabajadores subordinados. En realidad, nuestro país muestra, afortunadamente, una gran mayoría de empresarios respetuosos de los derechos de los trabajadores, de los clientes, de los consumidores, de la Administración. En reconocimiento de esos valores presentes en el empresariado es que ha prosperado la idea de la responsabilidad social de la empresa, un concepto que se va abriendo paso en nuestro país y que responde, precisamente, a esa idea de una empresa que cumple un rol social, que respeta y promueve los derechos, las vocaciones y las expectativas de las personas que allí trabajan, que colaboran con ella y que a menudo participan de diversos modos en la vida misma de la empresa.

El proyecto de ley de libertad sindical que nos corresponde presentar en nada roza a esas empresas, puesto que desde siempre han sido respetuosas de los derechos individuales y colectivos. Por el contrario, esta iniciativa se dirige a corregir aquellas intervenciones del empleador que resulten violatorias del derecho a la libertad sindical.

En su comparecencia en la Comisión de Legislación del Trabajo, alguna de las cámaras empresariales nos señalaron que son muy pocas las denuncias existentes en la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre violación de la actividad sindical, y que todavía hay menos reclamos ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Es posible que así sea; pero también es probable que existan muchas otras situaciones violatorias de la libertad sindical que no lleguen a la administración del trabajo, a los estrados judiciales o a la propia OIT en Ginebra. En todo caso, sean escasas o múltiples las violaciones a la actividad sindical, es deber de los legisladores estar atentos a todas las situaciones en que exista un vacío legal en lo referente a los derechos humanos, a efectos de regular adecuadamente esos casos. Así, por ejemplo, a nadie se le ocurriría no proteger la libertad de prensa con el solo argumento de que raramente se viola este derecho en el Uruguay.

Decíamos al inicio de esta presentación que el proyecto está acorde con lo preceptuado por los instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos humanos. Sin embargo, nuestro legislador había estado omiso hasta el día de hoy en reglamentar y proteger adecuadamente el derecho a la libertad sindical. En todas las Legislaturas pasadas, a partir de la reincorporación a la democracia, en este Parlamento fueron presentados proyectos de ley tendientes a resguardar los fueros sindicales y la libertad sindical. Lamentablemente, en esos momentos no se contó con la voluntad política necesaria para llevarlos adelante.

Si bien el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 dice que nadie puede ser objeto de discriminación ni ser despedido por su actividad sindical, consuetudinariamente nuestros tribunales judiciales han entendido que esa sola disposición no habilita a que mediante una sentencia se obligue al empleador a reponer al trabajador en su lugar de trabajo, lo que hubiera constituido la solución perfecta. Por el contrario, a lo sumo, los tribunales laborales condenaban al empleador a pagar una suma por concepto de despido abusivo, un recurso que, en definitiva, no hacía otra cosa que permitir al empleador despedir a un trabajador por motivos sindicales y sin otra penalidad que el pago de una suma dos o tres veces mayor a la que hubiera correspondido por un despido común.

La cátedra de Derecho Laboral siempre criticó este modo de entender la falta de aplicación directa del Convenio Internacional Nº 98. Es imprescindible, por lo tanto, explicitar en una ley nacional que la consecuencia directa de la violación de la libertad sindical es la reposición o reinstalación del trabajador perjudicado o despedido por su actividad sindical. Así lo ha entendido, además, la legislación comparada, según veremos más adelante. También el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha observado en repetidas oportunidades a nuestro país por no consagrar la efectiva reincorporación del trabajador despedido a causa de su actividad sindical.

Además de consagrar la reposición o reinstalación del trabajador perjudicado o despedido, el proyecto toma partido por hacerlo a través de un instrumento ágil, como lo es la acción de amparo. Contiene dispositivos como la inversión de la carga de la prueba, mecanismo empleado para el caso de la defensa de los derechos humanos en algunos tratados, y también normas sobre el registro de infractores consuetudinarios, a efectos de asegurar que el Estado contrate con empresas que cumplan efectivamente con los derechos de los ciudadanos que en ellas trabajan.

Por último, la norma también prevé algunas facilidades para la actividad sindical, siguiendo las líneas de los convenios y recomendaciones de la OIT, como lo relativo al descuento de la cuota sindical, la comunicación sindical y las carteleras sindicales, aspectos corrientes en aquellas empresas respetuosas de los derechos individuales y colectivos, pero seguramente innovadoras en aquellos espacios que son refractarios al reconocimiento de los derechos sindicales.

Antes de ir al detalle de las soluciones que se presentan en el proyecto debemos referirnos a la especial coyuntura histórica que vive nuestro país hoy. En concreto, la fuerza política que hoy gobierna se había comprometido a legislar en la materia de lo que comúnmente se denomina fueros sindicales. El proyecto que presentamos no es más que el fiel cumplimiento de esa promesa. Por otra parte, la convocatoria a los Consejos de Salarios, otro compromiso hecho realidad, demanda que los trabajadores dispongan de un instrumento de protección cuando opten por construir o constituir sindicatos y defender así sus legítimos intereses y derechos. La negociación en los Consejos de Salarios necesita de actores sociales con similitud de derechos y obligaciones. Como hemos dicho muchas veces, el diálogo debe darse entre iguales, entre actores sociales cuya existencia misma no dependa de la voluntad de la contraparte que, en un rapto de ofuscación, pudiera terminar con la organización sindical. En una sociedad democrática es imprescindible contar con organizaciones intermedias que representen los diversos intereses profesionales, que sean capaces de negociar y de asumir responsablemente su papel en el mundo de la producción, porque la responsabilidad es, a no dudarlo, la contracara de los derechos. A partir de hoy, si este proyecto se aprobara -como esperamos se haga-, los trabajadores tendrán un imprescindible instrumento para la defensa de sus derechos. Pero a partir de hoy también tendrán una mayor responsabilidad para el ejercicio de sus derechos, porque el uso adecuado de la norma jurídica es también una señal que se da al Poder Judicial, que es el que, en definitiva, laudará sobre los reclamos que se expresen. Pero hay algo más importante todavía: el uso responsable de los derechos es también una muestra de madurez de un movimiento sindical que tantas pruebas de ello ha dado en otros ámbitos de la vida nacional.

Entrando a considerar el articulado, haré un esbozo muy general de cada uno de los artículos del proyecto. El artículo 1º transcribe el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98, ratificado por Uruguay en 1953, con el agregado de la mención a las disposiciones nacionales y regionales más importantes: artículo 57 de la Constitución de la República y Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. Además, su último inciso precisa el alcance de la protección a quienes se encuentren en tareas de constitución de un sindicato.

Una primera cuestión a subrayar es que el proyecto de ley declara que es absolutamente nula toda discriminación en el empleo, significando así que la ley no crea la nulidad y la protección especial, sino que indica que la protección preexiste a la propia ley, conforme a normas de la mayor importancia jerárquica, como lo son las que tienen su origen en la Constitución o en tratados referidos a los derechos humanos. La libertad sindical, que es el valor que se resguarda en esta norma, ha sido reconocida como uno de los derechos y principios fundamentales por la OIT en su Declaración de 1998 y ha sido recogida también en otros instrumentos internacionales que figuran en la exposición de motivos del proyecto.

La iniciativa, al establecer la nulidad absoluta con reinstalación -según se dice en el artículo 2º-, viene así a consagrar una interpretación acorde con el ar-tículo 1º del Convenio Internacional Nº 98. En efecto, cuando se pretendía la reinstalación del trabajador despedido, los tribunales en nuestro país aducían que no existía una norma que admitiera la reinstalación y, a lo sumo, condenaban al empleador al pago de una indemnización adicional a la común, por ejemplo, de despido abusivo. Evidentemente, la lesión de un de-recho fundamental no puede protegerse efectiva-mente con el simple pago de una suma de dinero. Era necesario consagrar una reparación perfecta, o sea, la reinstalación del trabajador en el lugar anterior al acto discriminatorio.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT había observado al Gobierno uruguayo sobre la falta de adecuada protección, aun cuando se sancionara a la empresa con el pago de una indemnización mayor a la habitual. En concreto, en un caso del año 1991, el ór-gano de la OIT expresó: "el Comité llama la atención sobre el principio según el cual parecería que en ciertos casos en que en la práctica la legislación na-cional permite a los empleadores, a condición de que paguen la indemnización prevista por la ley en todos los casos de despido injustificado, despedir a un tra-bajador, si el motivo real es su afiliación a un sindi-cato o su actividad sindical, no concede una protec-ción suficiente contra los actos de discriminación anti-sindical mencionados en el Convenio num. 98".

En otro caso, se ha expresado en la misma direc-ción: "En caso de despido de sindicalistas a causa de su afiliación o actividades sindicales, el Comité ha pe-dido al Gobierno que tome las medidas necesarias para permitir que los dirigentes sindicales y afiliados que han sido despedidos por sus actividades sindica-les legítimas puedan obtener el reintegro en sus puestos de trabajo y se apliquen a las empresas las sanciones legales correspondientes". Este es el caso número 756 de la OIT. Y todavía, sigue diciendo, "Deben tomarse las medidas necesarias, de manera que los dirigentes sindicales que han sido despedidos por actividades relacionadas con la creación de un sindicato sean reintegrados a sus cargos, si así lo de-sean" (caso número 757 de la OIT).

Además, hay dos aspectos que deberían subrayarse en el proyecto. Si bien el giro del inciso primero es similar a la última parte del numeral 1 del artículo 1º del Convenio Nº 98, que dice: "tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo", se le ha agregado "o con el acceso al mismo" para contemplar aquella situación en que el trabajador no obtiene un empleo a causa de que es discriminado al ingreso.

Por otra parte, en atención a la especial protección que demandan los trabajadores que realizan actividades preparatorias para la constitución de un sindicato, se agrega un último inciso a la transcripción del artículo 1º del Convenio Nº 98, para incluir expresamente a las actividades "tendentes a la constitución de organizaciones o de coaliciones de trabajadores".

En cuanto al alcance subjetivo de la protección, se ha señalado por las Cámaras empresariales que el proyecto debería limitarse a los dirigentes sindicales. En realidad, esa posición restrictiva no coincide con la actual evolución del concepto de fuero sindical.

En primer lugar, el artículo 1º del Convenio Nº 98 de la OIT no diferencia entre dirigentes y trabajadores, sino que consagra una protección contra todo acto de discriminación, independientemente de la calidad de representante o simple afiliado. Tampoco efectúa ningún tipo de diferenciación el artículo 9º de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. Si bien es cierto que en algunas legislaciones, como la argentina, se establece una tutela especial para quienes desempeñan un cargo de representación sindical -artículos 50 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, Nº 23.551, que prescribe la resolución judicial previa para excluir a estos trabajadores de la garantía de estabilidad-, es también cierto que la ley no desprotege al resto de los trabajadores que pudieran ser discriminados. En concreto, la propia Ley de Asociaciones Sindicales argentina prescribe, en su artículo 47, que "todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente", fijando además la ley un procedimiento más abreviado que el común.

Quiere decir que, si bien algunas legislaciones protegen en especial y con exigencia de autorización previa para desaforar a los dirigentes, es también verdad que no por ello dejan al albur de la arbitrariedad del empresario al resto de los afiliados. Simplemente, la ley establece un procedimiento previo para los representantes y una protección más general para el común de los activistas sindicales.

En nuestro caso, no existe una protección especial para los dirigentes ni un procedimiento de autorización previa para despedir. Los dirigentes y representantes sindicales deberán correr la misma suerte que el resto de los afiliados al sindicato. Esta solución del proyecto está acorde con la actual evolución del concepto de fuero sindical, que fue ampliándose objetiva y subjetivamente hasta identificarse con protección a la actividad sindical.

En este sentido, el profesor Óscar Ermida Uriarte señala en una de sus obras sobre el tema que "La idea de fuero sindical estuvo originalmente referida a una protección doblemente restringida, identificaba la protección del dirigente sindical contra el despido. Pero, si bien sigue siendo así en algunos regímenes nacionales y en la opinión de parte de la doctrina, la tendencia claramente mayoritaria ha sido la de extender el fuero sindical tanto en el ámbito subjetivo como en el objetivo: la protección del dirigente sindical se convirtió en protección a todo trabajador sindicalizado o que simplemente desarrolla alguna acción sindical, gremial o colectiva y la protección contra el despido alcanzó a todo acto perjudicial. En su expresión más amplia, esta noción de fuero sindical llega a incluir no solamente la protección de todo trabajador contra todo acto que lo perjudique en o por su actividad sindical, sino que tiende a incluir también a aquellas prerrogativas o facilidades que se conceden a dirigentes o representantes sindicales o, eventualmente a los trabajadores en general, para facilitar, promover o favorecer la actividad gremial". Por ejemplo, la licencia sindical, facilidades locativas, uso de carteleras, etcétera.

Por tanto, el fuero sindical es un concepto evolutivo: "al término de esta evolución conceptual," -dice Ermida- "la noción de fuero sindical viene a ser omnicomprensiva de todas las fórmulas de protección de la actividad sindical, trátese de dirigentes o de trabajadores en general, sea contra el despido y otros actos perjudiciales, e inclusive de las medidas accesorias o complementarias usualmente denominadas 'prerrogativas o facilidades'. Dicho de otro modo, en este estado de su evolución, el concepto de fuero sindical amplio o completo muestra un núcleo esencial (la protección contra el despido y otras sanciones inmotivadas, tales como suspensiones, traslados, cambios de categoría, etc.) y un conjunto de medidas accesorias o complementarias (las facilidades locativas y de horario, la cartelera, etc.) tendiendo a abarcar todo lo que sea protección contra los actos antisindicales, prácticas desleales, etc.".

El informe de la Comisión de Expertos de la OIT de 1994 señala que "en varios países los trabajadores cubiertos por la legislación general del trabajo están protegidos contra los actos de discriminación antisindical", mencionándose el caso de países tan diversos como Irlanda, Luxemburgo y la República Dominicana.

En cuanto al alcance objetivo de la protección, es importante subrayar también que la redacción de este artículo 1º se ajusta a la concepción amplia que tiene la OIT, en tanto, si bien es conocido que de todas las manifestaciones de la discriminación antisindical el despido es la que acarrea consecuencias más graves, el citado estudio del Comité de Expertos señala que "existen también otras medidas que pueden causar graves perjuicios al trabajador al que se le aplican: traslado geográfico, traslado de puesto, descenso de grado, privaciones o restricciones de diversa índole, por ejemplo, en materia de remuneración, de ventajas sociales, de formación profesional, etc.". Por ello, el artículo 1º del proyecto de ley a consideración de la Cámara transcribe el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98, que establece la protección no solo frente al despido sino también frente a los actos que "puedan perjudicar al trabajador en cualquier forma" a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales.

En el artículo 2º nos referimos a los plazos, a la acción de amparo y a la legitimación activa del actor. Este artículo 2º amerita varios comentarios.

En primer lugar, se establece un procedimiento rápido para el reclamo de la reposición o reinstalación, como lo es el fijado para la acción de amparo. Tanto el Comité de Libertad Sindical como la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT han indicado que es necesaria la existencia de procedimientos rápidos, eficaces e imparciales que puedan tomar a su cargo la dilucidación de los reclamos de comportamientos antisindicales del empleador.

En ese sentido, en un informe de la Comisión de Expertos del año 1994 se establece: "La existencia de normas legislativas generales que prohíben los actos de discriminación antisindical es insuficiente si estas no van acompañadas de procedimientos rápidos y eficaces que garanticen su aplicación en la práctica".

Por su parte, el Comité de Libertad Sindical expresa en numerosos casos, reseñados en el numeral 749 de la ya citada recopilación del año 1996: "los procesos relativos a cuestiones de discriminación antisindical, en violación del Convenio Nº 98, deberían ser examinadas prontamente, a fin de que las medidas correctivas necesarias puedan ser realmente eficaces".

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——"Una excesiva demora en la tramitación de los casos de discriminación antisindical y, en particular, la ausencia de decisión por largo tiempo en los procesos relativos a la reposición de los"...

(Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Señor Diputado: ha finalizado el tiempo de que dispone. La Mesa solicita que redondee su exposición.

Puede continuar el señor Diputado Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- Redondeo, señora Presidenta.

Como decía, en la Recopilación se establece: "Una excesiva demora en la tramitación de los casos de discriminación antisindical y, en particular, la ausencia de decisión por largo tiempo en los procesos relativos a la reposición de los dirigentes sindicales despedidos equivale a una denegación de la justicia y por tanto una negación de los derechos sindicales de los afectados".

Señora Presidenta: me falta expresar una parte sustancial.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Señora Presidenta...

SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BRENTA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.- Señora Presidenta: en segundo término, la acción judicial para el reclamo de la reinstalación se acumula a la denuncia administrativa que deberá hacerse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -en este caso, ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social- a efectos de que la empresa infractora pueda ser sancionada y eventualmente incluida en el registro que se crea a estos efectos.

En tercer lugar, quien accione en reclamo de la reposición o reinstalación puede ser tanto el trabajador individualmente considerado, como el sindicato.

La solución es correcta, en tanto hay que tener en cuenta que en casos de discriminación antisindical se afecta tanto el bien jurídico individual del trabajador -consistente en su derecho al empleo, en caso de despido- como el bien jurídico colectivo de la libertad sindical, cuyo titular también es el sindicato.

Esta doble titularidad de la libertad sindical -del individuo y del colectivo de trabajadores- es lo que explica que en la legislación vigente en nuestro país, cuando una empresa es sancionada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por violar la libertad sindical, la multa -de uno a cincuenta jornales- se calcula sobre la totalidad del personal y no solamente en base a los trabajadores individualmente afectados. Así, el artículo 412 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, establece: "En los casos en que la sanción a imponer tenga como fundamento la infracción a las disposiciones de los Convenios Internacionales del Trabajo Nos. 87 y 98, referentes a la libertad sindical, la base de cálculo se determinará de acuerdo al número total de trabajadores de la infractora".

En el artículo 3º hablamos de la inversión de la carga de la prueba. El artículo consagra este principio, siendo uno de los aspectos más repetidamente señalados en la crítica al proyecto.

En concreto, el artículo 139.1 del Código General del Proceso prescribe que "corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión". En este caso, el trabajador solo deberá alegar el carácter discriminatorio del hecho del patrono; será el empleador quien deba exonerarse de la responsabilidad, cargando con el deber de probar la causa justificada de su accionar.

Se trata de un indispensable mecanismo para asegurar la protección de la actividad sindical, en razón de que al trabajador le resulta extremadamente difícil probar los hechos constitutivos de la discriminación; por ejemplo, habitualmente no podrá contar con el testimonio de sus compañeros de trabajo, quienes se abstendrán de declarar por temor a las represalias que eventualmente pueda tomar el patrono.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT se ha pronunciado al respecto, diciendo que "además de los mecanismos de protección preventiva contra actos de discriminación antisindical (como por ejemplo, la obtención de una autorización previa de la inspección del trabajo antes de proceder al despido de un dirigente sindical), otra forma de garantizar una protección eficaz podrá consistir en obligar a los empleadores a aportar la prueba de que su decisión de despedir a un trabajador no está vinculada a las actividades sindicales del mismo". Esto figura en la recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, año 1996, caso 752.

Por otra parte, la Comisión de Expertos de la OIT ha señalado que "una de las principales dificultades que se plantean a este respecto es la carga impuesta a los trabajadores de probar que el acto incriminado fue motivado por consideraciones antisindicales, lo cual puede constituir un obstáculo insalvable para la reparación del perjuicio sufrido. Así, algunas legislaciones han reforzado la protección de los trabajadores al exigir que sea el empleador quien pruebe que la medida impugnada como antisindical tenía relación con otras cuestiones que no sean sindicales".

Se cita el caso de Finlandia, país en el cual cuando un trabajador alega que ha sido despedido por realizar actividades sindicales...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado para hacer uso de la interrupción.

Puede continuar el señor Diputado Brenta.

SEÑOR BRENTA.- He finalizado, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Yanes.

SEÑOR YANES.- Señora Presidenta...

SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR YANES.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.- Señora Presidenta: como expresaba, se citó el caso de Finlandia -nosotros lo hemos tomado como ejemplo a propósito de la coyuntura actual que tenemos en lo económico, en que se da la vinculación con este país en torno a una obra de gran porte-, país en el cual cuando un trabajador alega que ha sido despedido por realizar actividades sindicales, el artículo 37.2 de la ley sobre contratos de trabajo dispone que el empleador, por su parte, deberá probar que tenía motivos suficientemente graves para proceder al despido.

En otros países la situación es más gravosa para el empleador, puesto que la ley establece una presunción de que el despido se motivó en razones antisindicales, como el caso de Canadá, donde figura en el artículo 17 del Código del Trabajo.

La inversión de la carga de la prueba también está consagrada en el artículo 9º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 158, sobre terminación de la relación de trabajo, y en el literal e) del numeral 2 del artículo 6º de la Recomendación Nº 143 de la OIT. El Convenio Nº 158 fue ratificado por países como España, Francia, Finlandia, Suecia, Portugal, Turquía, Venezuela, etcétera.

En el artículo 4º se plantea que el Juez que sea competente para dirimir sobre la eventual existencia de discriminación y que pueda disponer la reposición o reinstalación dispondrá de un instrumento previsto en el Código General del Proceso, como lo es la posibilidad de imponer sanciones económicas "a pagar por cada día que demore el cumplimiento de la medida". En definitiva, si una vez impuesta por sentencia la reinstalación, el empleador no cumple, el Juez puede disponer de medidas de atrición, o sea, aplicar una conminación en dinero al empleador por cada día que deje de dar cumplimiento a la sentencia de reinstalación.

En el artículo 5º se crea el Registro de Infractores a la Libertad Sindical. Esto resultó muy polémico tanto en la Comisión como entre los empresarios. Es una de las normas que han sido más resistidas por las Cámaras que comparecieron en la Comisión de Legislación del Trabajo.

En materia sancionatoria, bueno es decir que el panorama de la legislación comparada ofrece sanciones de mayor porte que la inscripción en un registro que prevé el presente proyecto. Ciertas legislaciones prevén sanciones como penas de cárcel; es el caso de España, Colombia -arresto de uno a cinco años- y Rumania, país en el que se prevé pena de prisión de seis meses a dos años.

La disposición objeto de estos comentarios fue mejorada en el transcurso de la discusión en la Comisión de Legislación del Trabajo, en tanto se aclaró que debían ser objeto de inscripción únicamente las sentencias pasadas en estado de cosa juzgada.

El artículo 6º refiere al producido de las multas y fue consensuado; recogió la unanimidad de la Comisión y se continuará con el régimen vigente. No hay un destino explícito para el producido de las multas que aplica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En el artículo 7º nos encontramos con el principio de la retroactividad, tema muy debatido. Esta norma tiene la justificación de reparar las situaciones de trabajadores que fueron objeto de discriminación antisindical en el período inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la norma y hasta la asunción del Gobierno. Ello se debe a que la política de Consejos de Salarios provocó un incremento notorio en el surgimiento de las organizaciones de trabajadores que, en muchos casos, debieron enfrentar fuertes resistencias de algunos empleadores poco acostumbrados a tener un interlocutor colectivo del lado de los trabajadores.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——En la Comisión de Legislación del Trabajo se modificó el proyecto original, agregando en la actual redacción que solo podrán ser objeto de revisión judicial aquellos casos de discriminación antisindical que hubieran sido denunciados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual procura establecer algún requisito que preste cierta notoriedad al caso.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el orador.

Puede continuar el señor Diputado Yanes.

SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite otra interrupción?

SEÑOR YANES.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- Ya estamos terminando, señora Presidenta.

La cuota sindical es una de las más típicas medidas de promoción de la actividad sindical; sin ella, creemos que sería ilusorio pensar que estamos cumpliendo con el artículo 57 de la Constitución, que habla de promover la actividad sindical. En los primeros meses de la Legislatura pasada se presentó un proyecto de ley en este sentido, pero, si bien fue votado por unanimidad en la Comisión de Legislación del Trabajo, quedó frenado por la voluntad política del plenario.

En nuestro país es tradicional que en la actividad pública y privada las empresas retengan el monto de la cuota sindical de los trabajadores sindicalizados, norma que en general tiene origen en la práctica de las relaciones laborales o en convenios colectivos. En este caso se procura extender el beneficio a todas las organizaciones de trabajadores, a fin de hacer realidad la promoción de la actividad sindical. La retención de la cuota sindical por el empleador y su posterior entrega al sindicato constituye un mecanismo sencillo, sin mayores costos, que contribuye decisivamente en el desarrollo de la organización, en atención al cumplimiento de sus más elementales deberes.

Con respecto a la cuota sindical también conviene repasar brevemente algunas normas vigentes en nuestro derecho, que imponen la sanción de una norma de este tipo. Como decíamos, resulta significativo que la norma de máximo rango no solo reconozca la existencia de los sindicatos, sino que imponga al legislador la tarea de promoverlos. Al respecto, dice Plá Rodríguez que de este texto se desprende que el constituyente creyó que la actividad sindical era "cosa buena, útil, necesaria; que debía ser fomentada, estimulada, respetada, protegida y ayudada".

Un reconocimiento similar a la promoción sindical establecida por la Constitución de la República figura en el artículo 11 del Convenio Internacional del Trabajo Nº 87, que impone al Estado la obligación de "adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación".

Con respecto a la cuota sindical, establecimos un orden de prelación; el artículo correspondiente complementa al anterior en la medida en que la cuota sindical debe tener una ubicación preferente dentro del elenco de las retenciones y en que su cobro debe ser factible, habida cuenta de las limitaciones a las retenciones que ha establecido la Ley Nº 17.829. No obstante, debe decirse que creemos que su reducido monto -en general, estamos hablando de un 1% como cuota sindical, muchas veces con un tope de $ 40- de ninguna manera puede alterar el ordenamiento que, acertadamente, en su momento la Cámara dio a la prelación de los distintos descuentos en temas y materias fundamentales para el trabajador.

En cuanto a la cartelera sindical, establecemos algo que creo que fue consensuado por los miembros de la Comisión. Es algo que actualmente se encuentra vigente en la mayoría de los lugares de trabajo y creemos que es importante aprobarlo tal como viene de Comisión.

Por último, se crea una comisión de seguimiento, lo que constituye una saludable recepción del tripartismo en lo referente a la protección de la libertad sindical. Junto con empresarios, trabajadores y Gobierno -eventualmente, también legisladores-, se formará esta comisión para ver cómo evoluciona este proyecto de ley, porque quizás, con su aplicación concreta, en su momento podamos ver que hubo aspectos que no fueron lo productivos que hubiéramos querido. Además, como toda cosa humana, los proyectos son perfectibles.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Muchas gracias, señora Presidenta; muchas gracias a quienes me dieron la posibilidad de intervenir por ellos.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Ha expirado el tiempo de que disponía el señor Diputado Yanes.

Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Diputada Peña Hernández.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: los compañeros del Partido Nacional estuvimos tratando el tema junto con los demás integrantes de la Comisión. Dejamos muy en claro que, junto con el compañero del Partido Colorado, entendíamos que este era un tema del que teníamos que hablar, sobre el que había que legislar, pues era el momento indicado y resultaba necesario.

En la Comisión estudiamos este proyecto tal como fue redactado por los tres Representantes del partido de Gobierno y dialogamos con el PIT-CNT, con el señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social y con la Cámara de Comercio; leímos la opinión de la Cámara de Industrias, de la parte empresarial del Consejo Superior de Salarios y de la Cámara de la Construcción.

Queremos dejar bien en claro que estamos totalmente de acuerdo en que hay que legislar con respecto al fuero sindical. El artículo 57 de nuestra Constitución así lo establece y por eso estamos acá; si había un vacío, había que llenarlo. El artículo 1º de la Declaración de Filadelfia establece que "la libertad de expresión y asociación es esencial para el progreso constante". ¡Vaya si es importante el artículo 1º de esta declaración! Habla de progreso constante para la gente, de progreso constante para un país que quiere evolucionar y que quiere ser productivo.

Esto nos llevó a plantear en la Comisión que teníamos que sentarnos, más que a escuchar, a conversar, pero no solo entre nosotros. Los empleados tenían que conversar con los empleadores, con el Gobierno y con la Comisión de Legislación del Trabajo, que, en definitiva, era la que iba a legislar. Lo que se consiguió, y a instancias del señor Diputado Pablo Abdala, fue recibir a esas delegaciones y escucharlas.

Un párrafo de uno de los compañeros de la Comisión deja bien en claro la idea que teníamos desde un principio. Dijo: "Con nuestra bancada hemos estado viendo algunas cosas que podrían ser de recibo, pero para no vender espejitos de colores, debo decir que estructuralmente mantenemos una postura que será difícil de desarticular y que se seguirán manteniendo los criterios que venimos defendiendo". Eso marcó el trámite del estudio que tuvo este proyecto de ley en la Comisión. El 15 de junio escuchamos a integrantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al PIT-CNT; el 21 de junio a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y a la Cámara de la Construcción; el 5 de julio, a las Cámaras empresariales, y solamente el 6 de julio y en la sesión siguiente discutimos el proyecto. Los compañeros del partido de Gobierno tuvieron buena disposición para escucharnos, pero había cosas de fondo en las que queríamos incidir y no lo pudimos hacer.

En cada una de las Recomendaciones, de los Convenios y en la Constitución de la OIT se establece cómo estarán conformadas las organizaciones. El Consejo de Administración deberá tener 56 personas: 28 representantes del Gobierno, 14 de los empleadores y 14 de los trabajadores. Estamos hablando de tripartitas. El artículo 4º del Convenio Nº 98 establece: "Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo". También habla de sentarse en una mesa tripartita.

El artículo 2º del Convenio Nº 144 establece: "Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la Organización Internacional del Trabajo".

Así podría seguir enumerando millones de cosas y todas hablan de lo mismo: de convenios, de sentarse a hablar, a dialogar, a tratar este tema en el que les va la vida a los trabajadores.

El empleo no solo se fomenta logrando inversión y dando seguridad a los trabajadores, sino con reglas claras de trabajo. Eso es esencial en un país que se cree serio y que merece la oportunidad de ser productivo. Consideramos que de esta manera, es decir, escuchando solo a una parte de los actores, nunca vamos a llegar a ser un país productivo. Estamos en pañales. No escuchamos a los demás y tenemos que hacerlo realmente.

He leído y sigo tratando de absorber toda la información sobre este tema, y creo que ahí tenemos un gran talón de Aquiles en este proyecto de ley. Por ese motivo, el Partido Nacional en su conjunto va a presentar un proyecto de ley firmado por todos sus integrantes -voy a pedir que se reparta-, en el cual se trata de que esto no transcurra por el camino al que nos estábamos refiriendo.

Estuvimos con el PIT-CNT, que concuerda con nosotros en cuanto a que podría haber una instancia de diálogo y nos dio un plazo de una semana, a pedido nuestro, para conseguirla. Sin embargo, las urgencias que nosotros mismos desde el Palacio imponemos a los temas hacen que no se traten como corresponde. Esas urgencias van en el mismo sentido por el que el Partido Nacional recién no votó una sesión para que mañana se traten dos temas urgentes sin pasar por la Comisión. Consideramos que estamos aquí porque nos han puesto los votantes para que hablemos y digamos lo mismo que expresamos en cada una de las campañas políticas. Esa es nuestra forma de pensar; y respetamos la de todos los que están aquí, porque todos tienen representación y tienen derecho a hablar. Pero yo también quiero dar mi opinión y quiero que la mayoría la escuche para poder llegar a un encuentro, a fin de llevar adelante este país productivo que todos queremos, porque no es solamente una frase.

Otro de los aspectos que nos preocupan -aunque entendemos a los compañeros de la Comisión- es la universalidad de este proyecto, que para nosotros es peligrosa dado que no está acotada. En el proyecto que el Partido Nacional está trayendo al Parlamento ese aspecto estaría cubierto. Entendemos que cuando se está conformando un sindicato es necesario proteger a esa gente. En ese proyecto que presentamos eso estaría cubierto. Quiero que entiendan que me parece muy peligroso dejar abierta esta protección de fuero sindical con esta universalidad que no da reglas de juego certeras. De alguna manera, esa universalidad plantea a los empresarios y a los trabajadores una incertidumbre acerca de qué es quién, quién los defiende y cómo se defienden.

Para nosotros, este proyecto está en contra de lo que planteábamos y pensábamos. Reitero que tratamos de aunar las formas de pensar de las tres partes, que son los actores fundamentales de este proyecto, más aún teniendo en cuenta que cuando legislamos lo hacemos por lo menos por veinte años, si es que no nos equivocamos en forma garrafal y dentro de un tiempo tenemos que legislar sobre lo mismo.

También la universalidad es algo a lo que, de alguna manera, le ponemos coto. No decimos que solamente vamos a dar fueros sindicales a aquellos sindicalistas de trayectoria, sino a aquel que sea elegido y que, de alguna manera, pueda tener una representación. Y eso, para nosotros, es más que importante.

El Convenio Nº 135 de la OIT habla de los representantes de los trabajadores. El artículo 1º de este Convenio dice: "Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor". Eso para nosotros es el símbolo de que no solo estamos hablando de sindicalistas de la esfera más alta, sino de que cualquier persona puede ser representante de los trabajadores, si estos lo consideran conveniente. En ese caso, estaríamos dando una protección que creo que sería la justa.

En el artículo 3º del Convenio de la OIT la expresión "representantes de los trabajadores" comprende: "a) [...] representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos; o b) [...] representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los trabajadores de la empresa [...]". Y por este Convenio Nº 135 hubiéramos redondeado un tema que para nosotros es preocupante: el de la universalidad.

A veces debemos tener en cuenta no solo este tipo de recomendaciones -que para eso las creamos, las convenimos y las ratificamos-, sino también la totalidad de los convenios; no solamente debemos considerar la parte de ellos que nos venga en gracia.

Voy a retomar la idea del principio para que en ningún momento haya dudas de que creemos necesario que este proyecto de ley sea aprobado, pero no en los términos en que está planteado, es decir, como vino de Comisión. Sabemos que hay empresarios buenos; sabemos que hay empresarios de los otros; sabemos que hay empresarios que hacen trampa y que no permiten al trabajador sindicalizarse libremente o ni siquiera defender su salario. Por eso consideramos que este proyecto es necesario, pero también tenemos en cuenta su peligrosidad debido a su alcance; por eso retomamos los aspectos principales.

Con relación a la reinstalación, a pesar de que está considerada en todos los Convenios -el artículo 2º refiere a ella-, también hay un aspecto que nos preocupa y es la reinserción del trabajador en su puesto de trabajo. Más allá de todo eso existe un inconveniente destacado por Bartolomei de la Cruz, quien en la página 105 de su obra "Protección contra la discriminación antisindical" -OIT, Ginebra, Primera Edición, 1976-, dice: "En la realidad, el establecimiento de la situación anterior" -la reincorporación- "tropieza con serias dificultades. Una de ellas, de carácter sociológico, es la resistencia de ciertos empleadores a aceptar las consecuencias prácticas de una anulación, es decir, a conducirse en el futuro como si nada hubiera ocurrido. Otra limitación, de carácter jurídico esta vez, reside en que ciertos sistemas legales consideran que el restablecimiento de la situación anterior -inclusive la reinstalación en caso de despido- constituye una obligación de hacer y que, en consecuencia, corresponde aplicar las normas de derecho civil que permiten reemplazarle por una indemnización [...]".

Vamos a ser honestos: la mayor parte de las restituciones o reinstalaciones a la larga van a terminar en una indemnización, porque la situación del trabajador volviendo a una empresa no ha de ser fácil en ninguno de los casos. Para eso estamos aquí: para legislar a fin de que no se llegue a un despido, y en ese sentido seguimos trabajando.

En Comisión no acompañamos el artículo 4º del proyecto de ley porque nos dio que pensar que las sanciones pecuniarias podían llevar al doble resarcimiento. Además, el producido va a la parte actora, que tampoco se sabe quién es, si el empleado o el sindicato en su representación.

La legitimación activa del artículo 2º también nos provoca cierta desazón, porque en caso de que el funcionario no quiera presentarse a hacer la reclamación lo puede hacer el sindicato en forma unilateral. Consideramos que eso limita la libertad individual del trabajador y que hubiera sido motivo de conversaciones y de ajustes más que importantes.

En el articulado se habla de la lista de infractores a esta iniciativa y de las empresas que estarían en este listado. Al respecto, tenemos varias consideraciones.

En primer lugar, dentro del Ministerio ya hay un registro de las empresas que no cumplen.

En segundo término, nos parecía excesivo -por suerte, eso fue modificado en Comisión- que en primera instancia el plazo para el infractor fuera de dos años. Eso quedó claro y se fue modificando. También escuchamos lo que planteaban la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de la Construcción del Uruguay y el sector empresarial en su conjunto, acerca de que podía llevar a un exceso y el Estado fuera el que perdiera en este caso, dado que al hacer un llamado a licitación tendría menor cantidad de oferentes pues las empresas podrían estar en infracción. Si están en infracción porque despidieron a una persona por desarrollar actividad sindical es problema de ellos, pero en realidad el Estado va a verse perjudicado porque tiene un oferente menos.

También hay otro aspecto que no fue considerado: que las empresas extranjeras no tienen historia; que las empresas en este país se arman y se desarman en cinco minutos, que se pueden reinscribir y comenzar nuevamente. Por lo tanto, este artículo tampoco estaría suficientemente pulido, como correspondería.

Con el artículo 6º no tuvimos problemas.

El artículo 7º nos preocupa, y mucho. En primer lugar, porque se plantea la retroactividad al 1º de marzo. ¿Por qué al 1º de marzo? Es la pregunta que todos nos hacemos, porque si vamos a hablar de despidos por desarrollar actividades sindicales, si es como se ha dicho en la Comisión, no comenzaron el 1º de marzo. Se nos ha dicho que es porque en esa fecha comenzaron los Consejos de Salarios, razón muy atendible. Estamos de acuerdo.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Argimón)

——De todas maneras, las denuncias formuladas según las instrucciones que hay en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -y este es un ítem que se agregó a este artículo-, en realidad son muy pocas. El señor Subsecretario de la Cartera, doctor Bruni, decía: "Hemos recepcionado varias denuncias al respecto", pero después expresaba: "[...] denuncias y situaciones muy concretas que diría que en la mayoría de los casos se han solucionado". Más adelante volvió a decir: "Muchos de ellos se pudieron solucionar". Esto, de alguna manera, nos deja en claro que eran muy pocos los planteos hechos ante el Ministerio, y este artículo hace referencia a las denuncias realizadas en ese ámbito. Aquí se nos dice que son muy pocos los casos que quedaron sin solucionar, o sea que en este artículo 7º vamos a legislar para particulares, con nombre y apellido. Creo que eso nadie lo puede hacer. Es un sendero por el cual no podemos caminar. Tengo aquí una copia de la versión taquigráfica en la que el señor Subsecretario dice que casi todos, la mayoría de los casos, se han solucionado por parte del Ministerio.

Entonces, si este artículo 7º expresa que solo se va a actuar sobre los casos denunciados, indudablemente vamos a actuar para tres, cuatro o cinco casos en particular. Por eso decimos que para nosotros este artículo es totalmente invotable. No consideramos que sea lógico. Si hubiera casos que hubiesen tenido lugar desde el 1º de marzo a la fecha, creo que con la palabra del señor Subsecretario basta y sobra.

Cuando las reglas de juego son claras, todos actuamos cuidando qué es lo que va a pasar, basándonos en esas reglas. ¿Qué quiero decir con esto? Las empresas pueden o no tener las bases fundamentales por las cuales un funcionario ha actuado mal a lo largo del tiempo, porque a veces los empresarios se creen omnipotentes y no creen necesario dejar asentado por escrito por qué razón Fulanito de Tal se va una hora antes o al día siguiente no viene porque está suspendido. Eso no está asentado en el libro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De aquí en adelante -y les aseguro que así va a ser- todas las empresas lo van a tener que hacer, tanto los empleadores particulares como los organismos del Estado. Formé parte de un organismo del Estado y puedo decir que acostumbrar a un jefe a que por escrito diga cuál es la situación de cada uno de los funcionarios no es fácil, porque les resulta más cómodo pedir que cambien al empleado si no cumple o no funciona. Es mucho más fácil; no se da la cara. De aquí en adelante, como decía, las reglas de juego van a ser muy claras. Este proyecto, que supuestamente vamos a terminar votando en el día de hoy, va a marcar las reglas de juego; pero me rehúso totalmente a que se pueda plantear de manera retroactiva.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: en primer lugar, se habla de mayoría de situaciones resueltas, lo cual indica que hay situaciones no resueltas, que son tan importantes como las otras. Ahí hay derechos.

En cuanto al control o no que hacen los empleadores sobre sus trabajadores -es bueno señalar que estamos hablando de trabajadores, no de funcionarios públicos-, el hecho de que las reglas de juego sean claras naturalmente es imprescindible.

Los romanos tenían un aforismo que me parece muy aplicable a esta situación: "De minimis non curat praetor", que significa que el pretor no se ocupa de los que son negligentes. Este es el caso. Si alguien tiene un trabajador que llega todos los días tarde y no está en ningún lado, ¡caramba!, hay un principio de disponibilidad de la prueba. Si el empresario no se ocupa de llevar correctamente su empresa, naturalmente la ley lo va a castigar. Hay algo que nos tiene que quedar claro a todos: en este país, en el que algunas empresas han navegado por lugares por donde nunca debieron haber pasado, no se puede premiar la irresponsabilidad ni a la gente que hace las cosas mal; hay que premiar al que hace las cosas bien.

Muchas gracias, señora Diputada.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede continuar la señora Diputada Peña Hernández.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Diputado: le aclaro que estoy totalmente de acuerdo con usted, pero también le aclaro que hay casos que no son fáciles y en los cuales insisto. Creo que las reglas de juego claras son el elemento principal, y estas no estaban dadas desde el 1º de marzo; estarán dadas cuando este proyecto se pueda votar y se convierta en ley. Ahí sí le concedo la diestra, y el que no sea buen jefe, que no lo sea.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Recordamos a la señora Diputada que debe dirigirse a la Mesa al hacer uso de la palabra.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, señora Presidenta. Es bueno saberlo para quienes recién empezamos.

En cuanto al resto del articulado, el artículo 8º contó con nuestra aprobación.

En el artículo 9º tenemos una cuestión de diferencias respecto al lugar al que debe ir el descuento sindical.

Tampoco tenemos objeciones sobre los artículos 10, 11 y 12, más allá de que se hicieron algunas variaciones pertinentes durante la discusión que tuvimos en la Comisión.

El artículo 5º, que refiere a los controles y las multas, es excesivo en cuanto al hecho de que se aplique una multa sobre otra multa.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Como tengo que redondear, solo diré que en el tratamiento de cada uno de los artículos vamos a ir aclarando cuáles son las diferencias. Queremos recordar que nosotros tenemos un proyecto de ley totalmente ajeno a este, con algunos puntos en común. Por eso votamos algunos artículos en la Comisión, pero habría sido muy bueno que el articulado de la minoría hubiera podido ser escuchado y trabajado en Comisión, porque creo que por ese lado el país marcharía mucho mejor.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: vamos a hacer algunas consideraciones generales muy breves, porque la señora Diputada Peña Hernández nos ha representado en el informe que ha realizado al plenario. En todo caso, pretendemos que los comentarios que formulemos sean simplemente en adición a lo que ella planteaba como argumentos o fundamentos de la posición que sustenta en la tarde de hoy el Partido Nacional con relación a este proyecto de ley.

Empiezo por refrendar lo que el señor Diputado Bentancor manifestaba en cuanto a que, independientemente del resultado de la votación de la sesión de hoy, la Comisión realizó un trabajo que creo fue de talante edificante y constructivo, y muchos aspectos que presentamos desde la bancada del Partido Nacional como mejoras o como ajustes al articulado fueron contemplados. Lamentablemente, no lo fueron en la medida suficiente a los efectos de que pudiéramos acompañar en general este proyecto de ley, lo que no ocurrirá porque si bien el Partido Nacional cree en el fuero sindical, cree en la necesidad de promover la actividad sindical, tal como está previsto en el artículo 57 de la Constitución, el que presentó la mayoría de la Comisión no era ni terminará siendo nuestro proyecto, sino que nuestras ideas -como lo expresaba muy bien la señora Diputada Peña Hernández- están contenidas en el proyecto de ley que se acaba de presentar y que, seguramente, será derivado a la Comisión de Legislación del Trabajo. Como estamos de acuerdo con la importancia de legislar en materia de fuero sindical, como estamos de acuerdo con el concepto de que el fuero sindical es, sin ninguna duda, un instituto de derecho laboral imprescindible para la vida social e indispensable para la regulación del mercado de trabajo, no nos hemos limitado a marcar diferencias, sino que hemos procurado plantear alternativas.

Hemos hecho propuestas -como decíamos, en cierta medida algunas fueron contempladas- e, inclusive, dando un paso más, independientemente de que por razones de globalidad en la consideración de este asunto no votemos en general, el Partido Nacional ha resuelto votar el artículo 1º, que, sin ninguna duda, nos parece una disposición enunciativa fundamental en tanto allí se consagra el fuero sindical como definición de carácter legal que, como sabemos, está incorporado al derecho interno por la vía de la ratificación legal que oportunamente se realizó del Convenio Nº 98.

Nosotros creemos en los alcances del artículo 57 de la norma constitucional, al cual reputamos como una de las disposiciones fundamentales de la parte dogmática de nuestra Constitución, de la Sección "Derechos, Deberes y Garantías". Y consideramos que esa disposición, que viene de la Constitución de 1934, sin ninguna duda es definitoria de la modalidad de organización social en la cual los uruguayos creemos. Por tanto, la hemos incluido en nuestro pacto fundamental, que es el contenido de la Constitución de la República. En ese sentido, más allá de la discusión y del resultado de la votación de hoy, desde esta banca legislativa y desde la bancada del Partido Nacional, en esta Legislatura vamos a seguir trabajando y aportando en todo cuanto sea posible a los efectos de la promoción de la actividad sindical, en la cual creemos.

Sin embargo, en esta instancia hubiéramos querido una regulación más amplia de todo cuanto compone la compleja trama de las relaciones laborales, un camino que de haberse seguido habría permitido aproximarnos de mejor manera a lo que como legisladores debemos aproximarnos: a la definición del interés general. Quienes representamos a los distintos partidos políticos que componen el sistema político nacional en este Parlamento no lo hacemos en nombre de intereses sectoriales, sino, fundamentalmente, en la búsqueda afanosa de soluciones para el país, lo que implica también, por lo general, una adecuada síntesis de los distintos intereses sectoriales.

Por lo tanto, en esta oportunidad histórica hubiéramos preferido que el fuero sindical resultara un tema más entre otros -ni más ni menos importantes, pero seguramente tan importantes como el del fuero sindical- que, a nuestro juicio, debieron integrar la agenda -sin perjuicio de que en una próxima instancia de análisis y de debate público y nacional se anuncia su abordaje y estaremos dispuestos a eso-, como ser el amplio y complejo tema de las libertades sindicales; el derecho de huelga, en cuanto a su mejor ejercicio y su mayor efectividad -en ese sentido, nuestro sector político tiene ya articulado un proyecto de ley, que habrá de presentar para su discusión y análisis en los próximos días-; la reglamentación en lo que tiene que ver con la conformación de tribunales de conciliación y arbitraje -como prevé el propio artículo 57 de la Constitución-, o el complejo tema de las ocupaciones de los locales de trabajo, que sabemos que es polémico, pero creemos que el Parlamento no debe rehusarse a tratarlo, así como tampoco el propio Poder Ejecutivo.

En ese sentido, independientemente de que no compartimos la actuación del Poder Ejecutivo en esta materia por haber derogado el decreto de 1966, valoramos que haya dado señales de apertura en cuanto a poder replantear este tema. Nuestro Partido, el Partido Nacional, la bancada que nosotros representamos, ha formulado planteos de carácter legislativo muy valiosos en ese sentido, que aspirábamos -y seguimos aspirando- a que integraran la definición temática que con relación a la compleja trama de las relaciones laborales es necesario definir como fundamentales.

La señora Diputada Peña Hernández señaló con enorme elocuencia aquellos aspectos que nos resultan controversiales y son los núcleos fundamentales de esta iniciativa -sin los cuales, para sus promotores, esta terminaría por desarticularse-, por lo que no vamos a acompañar este proyecto de ley en general. Reitero que con respecto a cada uno de estos aspectos hemos presentado nuestras propuestas alternativas.

No está de más reiterar que la universalidad es una cuestión que no nos satisface, que la consideramos negativa en los términos en que está prevista. En ese sentido, el proyecto es de una exagerada amplitud. Esto lo decimos -que se nos entienda bien- con relación a quienes se supone que están o deberían estar llamados a ser los beneficiarios de los institutos que estamos previendo con la aprobación de este proyecto de ley. Por supuesto, creemos en la universalidad y en la amplitud en cuanto a otorgar la protección sindical y el fuero sindical a aquellos que revistan la condición de dirigentes o de representantes sindicales, con sentido amplio, y no solo a quienes integren las Comisiones Directivas de los sindicatos o de las organizaciones gremiales. Sin embargo, no estamos de acuerdo -porque creemos que nos apartamos del interés general al que invocamos al comienzo de nuestra exposición- en establecer ese beneficio o garantía para todos los trabajadores o absolutamente todos los afiliados al sindicato, sin que esto implique -que se nos entienda bien- que nos estemos negando a que los trabajadores o afiliados a un sindicato en este país gocen de la debida protección y amparo legales. Ocurre que vivimos en un sistema que otorga garantías a todos los trabajadores; sin ninguna duda, los trabajadores están amparados por el derecho laboral común. Y eso es algo que creo que debería llenarnos de satisfacción, porque se inscribe en la más rica tradición nacional de un Estado de derecho, esto es, que a los administrados, trabajadores públicos o privados, históricamente se nos han dado las necesarias garantías a los efectos de ser protegidos en nuestros derechos a partir de la existencia de un Poder Judicial independiente y de la existencia, inclusive, de una repartición de la Administración Central especializada en materia laboral. Me refiero al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ha sido garantía -independientemente de las sucesivas Administraciones y de los sucesivos Gobiernos- de ecuanimidad, de equilibrio y de objetividad a la hora de procurar conciliar y acercar los intereses laborales representados en la relación laboral.

Por esa razón, creemos que la universalidad tal como está concebida en este proyecto de ley -lo decía muy bien la señora Diputada Peña Hernández- es negativa, pero no para la actividad sindical -que se nos entienda bien-, sino, en todo caso, para la necesidad de generar, crear y recrear condiciones y requisitos que todos reputamos como indispensables -inclusive, desde el propio Gobierno- para dar al país la oportunidad de crecimiento, de que se generen inversiones y, por lo tanto, a partir de allí surjan oportunidades de trabajo.

Aquí no se trata solo de proteger el derecho de los que realizan actividad sindical -con lo cual estamos todos absolutamente de acuerdo y dispuestos a legislar en la materia-, sino de ver cómo hacemos para que haya más gente que se dedique a la actividad sindical por la vía de llegar a las oportunidades de trabajo que hoy, lamentablemente, el mercado les está negando.

SEÑOR ROSADILLA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ROSADILLA.- Señora Presidenta: hace no mucho tiempo nos referimos en esta Cámara a que tuvieron que pasar diez años para que los dirigentes del sindicato de Gaseba, despedidos por la empresa, fueran nuevamente incorporados por esta. Por lo tanto, no podemos pasar por alto que se diga que en todas las Administraciones se defendió con el mismo celo los derechos sindicales; y razón les asistiría a esos trabajadores que integraban la dirección sindical, que luego de diez años de estar fuera de sus puestos de trabajo fueron reincorporados, porque la empresa debió reconocer su conducta equivocada.

Muchas gracias, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede continuar el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: por supuesto, las afirmaciones que realizamos tienen el valor de lo general. Naturalmente, podríamos entrar en la casuística. El señor Diputado Rosadilla menciona un antecedente que no necesariamente es confirmatorio, ni desmiente la tradición en esta materia o, en todo caso, la realidad con la que el país ha convivido; seguimos creyendo que es la que antes mencionábamos.

Otros aspectos de este proyecto nos han llevado a definir que habremos de votarlo negativamente, por lo menos en su consideración general. Esto se debe a algunas disposiciones que voy a mencionar muy rápidamente. Se trata del segundo inciso del artículo 2º, que hace referencia a la legitimación activa para las organizaciones sindicales en cuanto a incoar o deducir las acciones correspondientes de carácter judicial para defender el interés del trabajador desplazado o perseguido. Se trata también del artículo 4º, ya citado por la señora Diputada Peña Hernández, en cuanto a que el producido de las indemnizaciones correspondientes en razón de actividades antisindicales beneficien o puedan llegar a beneficiar a la organización sindical y no al trabajador individualmente considerado. Me refiero también al tratamiento que se da a la cuota sindical en los artículos 8º y 9º desde el punto de vista de la injerencia o de la decisión final o fundamental del sindicato en cuanto a su fijación. Además, y fundamentalmente, voy a votar negativamente lo que se establece en el artículo 9º en cuanto al descuento o a la retención de la cuota sindical y demás retenciones que se realizan sobre el ingreso de los trabajadores.

Todo esto nos lleva a pensar -más allá de que no se trata de cuestiones esenciales- que en este proyecto, deliberadamente o no, más o menos consciente o inconscientemente, hay una cierta tendencia o inclinación a hacer prevalecer el interés del sindicato como organización o institución con relación al propio interés del trabajador perseguido -a eso apunta el proyecto- o, eventualmente, del propio dirigente sindical que está siendo objeto de una conducta abusiva por parte del empleador.

Nosotros, que no vamos a desdecirnos de lo que afirmamos en cuanto a que creemos en el sindicato como institución fundamental de la vida social, tal vez lleguemos a esa conclusión por una vía distinta. Nos parece indispensable fortalecer a los sindicatos como instituciones o como actores fundamentales de carácter social, pero a partir de la protección de quienes realizan la actividad sindical. Tal vez aquí se enfrenten concepciones o dogmas diferentes, algunos que ponen un mayor énfasis en el individualismo y otros en el colectivismo. Y nosotros, que creemos en la promoción de la actividad sindical en los términos previstos por el artículo 57 de la Constitución, pensamos que es fundamental poner en el centro de nuestras acciones legislativas, y como objetivo básico de las políticas públicas que se desplieguen a tal efecto, al dirigente gremial individualmente considerado antes que el propio sindicato.

Aquí también hay ínsita una suerte de desconfianza en el propio sistema normativo, en la propia institucionalidad que nos regula, que parecería que se quisiera suplantar, sustituir o subrogar por una institucionalidad diferente, constituida, en todo caso, por las organizaciones profesionales representativas de intereses sectoriales antes que por la regulación del interés personal y de las garantías y los derechos individuales de los administrados, incluyendo en ese concepto -por supuesto- a los dirigentes gremiales.

Sin duda, no compartimos la inversión de la carga de la prueba. Tal como está prevista, nos parece innecesaria y que no está en relación con la realidad que vive el Uruguay. La disposición que consagra la inversión de la prueba también desconoce un principio general del derecho, pues, sin duda, quien deduce una pretensión debe probar los hechos constitutivos de la misma. No nos parece que esa disposición o propuesta esté en relación con la realidad que se ha vivido y se vive en el Uruguay, más allá de que, como ha quedado claro en este debate, podamos tener distintas ópticas al respecto.

Es evidente que en materia jurídica las pruebas deben ser producidas por el actor. Quien plantea un reclamo, quien deduce una acción, quien reclama una pretensión debe aportar los hechos constitutivos. Y en un Estado de derecho como el que vivimos, con las garantías que recién indicábamos y con la existencia de un Poder Judicial que da garantías de independencia y de ecuanimidad, en particular en materia de Justicia laboral, nos parece peligroso e innecesario que se incurra por este camino, pues desalienta la inversión y establece excesivas regulaciones como para impulsar en el país condiciones que generen la oportunidad de crecimiento económico.

Por otra parte, aunque no esté establecido a texto expreso, la inversión de la carga de la prueba figura en las alternativas con que la propia jurisprudencia cuenta y, de hecho, ha recurrido a ella a lo largo del tiempo. En la doctrina laboralista, el propio De Ferrari sostenía que el Juez está habilitado, atendiendo a circunstancias de hecho, a imponer el "onus probandi" a la parte que se halla en mejores condiciones de realizar el suministro probatorio. Esa oportunidad existe hoy. Hay jurisprudencia en la materia. Por lo tanto, cuando se advierte que se da una situación de indefensión de la parte que siempre se reputa -y seguramente es así- más débil de la relación laboral, el trabajador, el Juez puede reclamar las pruebas, en este caso a la parte empleadora, a los efectos de hacer justicia de la manera más adecuada.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señora Presidenta: me voy a referir a este último aspecto que señaló el señor legislador. Él se opone a la inversión de la carga de la prueba señalando que ante la denuncia de que el trabajador ha sido despedido por razones sindicales, la prueba debería quedar a cargo del trabajador y no del patrón. A nuestro modo de ver, debemos partir de que la relación entre el patrono y el trabajador es absolutamente desigual en la inmensa mayoría de los casos. En segundo lugar, si el Juez tiene que averiguar si el trabajador fue despedido por razones sindicales deberá recurrir a una suerte de "versallería" o de cosas jurídicas difíciles, porque, la verdad sea dicha, si el patrón es arbitrario ese trabajador no podrá contar siquiera con testimonios de sus propios compañeros, porque estos también quedarían sometidos a la violencia del despido.

No quiero referirme a denuncias particulares; durante veinte años hice crónica sindical y sé perfectamente que las listas negras, los despidos de trabajadores por razones sindicales, etcétera, vienen de muchísimo tiempo atrás. También sé que cuando se tratan leyes obreras como esta, que consagra un beneficio que debió haberse aplicado tiempo atrás porque está incluido en el artículo 57 de la Constitución, quienes se oponen suelen plantear otras situaciones disímiles que no significan oponerse al avance, pero que, de hecho, lo hacen. Basta con leer el debate parlamentario acerca de la ley de las ocho horas. Ahí sí se discutió, prácticamente, durante dos años. Hubo un informe de doscientas páginas, y cuando el proyecto de ley sobre las ocho horas llegó al plenario, alguien sugirió que se leyeran desde la Mesa. Y así se votó.

Eso costó una discusión larguísima -no hay más que leer el debate- en la que todos estaban a favor de las ocho horas, pero muchísimos votaban en contra.

Yo digo que tenemos que analizar el artículo 57 de la Constitución, que establece que la ley promoverá la organización de los sindicatos gremiales, etcétera. ¿Qué leyes hubo para que se aplicara esto? Yo recuerdo medidas de seguridad en contra de los sindicatos; recuerdo que en 1952, cuando empezaba a hacer crónica sindical, se disolvió una central de trabajadores, la de Gremios Solidarios, se apresó a un montón de gente y se despidió a centenares, y dos o tres años después este Parlamento tuvo que votar una ley de amnistía. Pero, mientras tanto, se condenó a los trabajadores a esa situación.

Yo no soy un angelito con alas. Por cierto que no creo que los patrones, cuando despiden por razones sindicales, estén conformes con presentar las pruebas, pero podrían hacerlo cuando el despido no fuera por razones sindicales, pues podrían probar por qué razón han procedido al despido. En cambio, el trabajador solo está en condiciones de decir: "Mire; yo he sido despedido por razones sindicales y la prueba es mi palabra. La prueba es que yo era dirigente sindical y ahora estoy en la calle". No; eso no es fácil. Tampoco es tarea fácil dejarlo librado a los Jueces; en todo caso, será el hambre de ese trabajador y el de su familia la que durante mucho tiempo tendrá que cargar con esas demoras.

Gracias, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede continuar el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: agradezco al señor Diputado Chifflet que haga referencia a la ley de ocho horas, que, por cierto, es un antecedente. Supongo que se refiere a la ley de 1905, que, sin duda alguna, a los nacionalistas nos llena de orgullo porque fue un proyecto presentado por Luis Alberto de Herrera y Carlos Roxlo, y porque claramente marca un talante y una impronta que el Partido Nacional -al que nosotros reputamos como el partido de las causas sociales en el Uruguay- ha mantenido a través del tiempo desde aquel entonces a esta parte.

(Interrupción del señor Representante Chifflet.- Respuesta del orador)

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Solicito a los señores Diputados que no dialoguen.

Puede continuar el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Por supuesto que nuestra argumentación en cuanto a la inversión de la carga de la prueba no hace referencia a situaciones de excepción como las que seguramente vivió el país, que determinaron el avasallamiento de derechos individuales y sindicales a través de las medidas prontas de seguridad. Va de suyo que eso lo reputamos como anticonstitucional y que esas medidas se inscribían en un contexto bastante más amplio que una decisión específica con relación a un despido antisindical. Estamos hablando de las condiciones normales que creemos que imperan y aspiramos a que sigan imperando en el Uruguay de 2005, en el que estamos inmersos hoy y legislando con perspectivas de futuro. Tal vez allí tengamos alguna diferencia en cuanto al punto de equilibrio.

Sin ninguna duda, los objetivos que persigue el señor Diputado Chifflet son los mismos que perseguimos nosotros; quizás poner la prueba más hacia un lado o más hacia el otro se vincule -reitero- con un aspecto que hace, fundamentalmente, a dónde centramos el punto de equilibrio. Nosotros partimos de la base de que estamos en un Estado de derecho en el que las libertades sindicales con carácter general están garantizadas; si no, tendremos que comenzar a pensar que el actual Gobierno no las garantiza. Supongo que desde la bancada de Gobierno estará el concepto de que este Gobierno las respeta, que las hará valer y las hará ejercer; por algo está respaldando -suponemos, porque esto es una iniciativa parlamentaria; no proviene del Poder Ejecutivo- la aprobación de este proyecto de ley.

Prosiguiendo con el análisis de esta iniciativa, la señora Diputada Peña Hernández mencionaba muy bien nuestra objeción con relación al registro de infractores a la libertad sindical. Al respecto, quiero decir -para que se advierta cuál fue el comportamiento y la actitud que asumimos en la Comisión; reconozco habérselo expresado al señor Diputado Bentancor- que el artículo tal cual viene sugerido desde la Comisión mejora la propuesta inicial, pero a partir de los planteos y reclamos formulados desde la propia bancada del Partido Nacional. Nos parecía que tal como había sido presentado el proyecto, la creación de este registro de infractores también era peligrosa, casi temeraria, y afectaba el interés del Estado, porque implicaba que este se amputara alternativas y oportunidades respecto a la amplia gama de proveedores, por la vía de inscribir en ese registro, ya no a infractores a la norma declarados como tales por la Justicia, sino a cualquiera que realizara la más mínima infracción y, por lo tanto, mereciera la mínima sanción administrativa por su conducta, quedando ipso facto -así estaba previsto en el proyecto original- dos años inhabilitado para contratar con el Estado. Esto nos parecía injusto y, al mismo tiempo, inconveniente desde el punto de vista del Estado, que, en última instancia, es el interés general, o quien encarna -se supone- el interés general.

Reitero que esto fue mejorado. Nosotros planteamos acotar el registro a las situaciones de conducta antisindical declarada por la Justicia con todas las garantías del debido proceso en las distintas instancias que el procedimiento en esta materia prevé. Por lo tanto, aquellas conductas contumaces que fueran motivo de sentencias que pasaran a tener autoridad de cosa juzgada, en todo caso implicarían dejar sentado el antecedente a efectos de desalentar y reprimir ese tipo de conductas antisindicales, hecho con el que estamos absolutamente de acuerdo.

¿Qué mayor sanción que la reinstalación del trabajador -con lo que también estamos de acuerdo- cuando el despido haya sido de carácter abusivo y obedezca eventualmente a conductas indebidas de parte de los empleadores, de los empresarios?

Antes de finalizar, quiero decir que vamos a saltear algunas consideraciones que teníamos previsto formular -se nos agota el tiempo- para hacer referencia a un aspecto que entendemos medular e informar al plenario en ese sentido, por más que este elemento consta en la correspondiente versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Legislación del Trabajo.

A la hora de analizar el articulado en particular con relación al alcance general, que reputamos como exageradamente amplio en este proyecto de ley, formulamos un artículo aditivo que está contenido en el proyecto alternativo que el Partido Nacional acaba de presentar. Concretamente, se trata de acotar el beneficio del fuero sindical para aquellos trabajadores que reúnan la condición de dirigente o representante sindical. En esta propuesta también previmos la necesidad -esta es una recomendación de la OIT que no está recogida en el proyecto que estamos analizando, aunque sí advertimos respecto a ella- de que los sindicatos aprobaran sus estatutos a efectos de darse, a partir de ellos, su forma de organización interna y sus mecanismos de funcionamiento, regulando la vida social interna en el sentido más amplio. Esto está consagrado en el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que claramente prevé que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, tienen derecho a constituir organizaciones con la condición de observar sus estatutos.

A efectos de establecer normas de carácter general, nos parece esencial que a todos los actores sociales nos exijan, en la misma medida que a los sindicatos como personas jurídicas, los estatutos correspondientes.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——También previmos -queremos dejarlo establecido en la versión taquigráfica- que los integrantes de los órganos de dirección de los sindicatos -es decir, quienes sean electos por el conjunto de los afiliados para hacerse cargo de la dirección de esas personas jurídicas que se dedican a la realización de actividad sindical- fueran electos por el voto secreto del conjunto de sus afiliados.

Sabemos que estamos ante un tema que tal vez haya sido tabú en la vida política y social del Uruguay, pero el voto secreto -esto se dice desde la bancada de un partido para el que las garantías del sufragio han sido, sin lugar a dudas, parte importante de su leitmotiv a lo largo de la historia- está en la base fundamental de nuestra organización democrática. Sin ninguna duda, se derrama esa condición en el más amplio entramado de organizaciones políticas y sociales que componen la estructura nacional. Por lo tanto, sería conveniente que el voto secreto fuera el elemento fundamental para la organización sindical -sabemos que muchos sindicatos ya lo han incorporado y que lo practican desde hace mucho tiempo- porque, contrariamente a lo que algunos aducen respecto a que generaría conductas antisindicales o desalentaría la participación en los sindicatos, nosotros nos afiliamos al concepto contrario: creemos que estimularía la participación y que sería un elemento que propendería a la sindicación.

Muchas gracias, señora Presidenta.

20.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Juan José Domínguez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 20 de julio de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Gustavo Rombys.

Del señor Representante Luis Rosadilla, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 20 de julio de 2005, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Beatriz Costa.

Del señor Representante Germán Cardoso, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 20 de julio de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Roque Martinelli".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 15 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito se me conceda un día de licencia por motivos personales, el día miércoles 20 de julio del presente año.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ
Representante por Paysandú".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente,

Mario Córdoba".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente,

Ricardo Mello".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de julio de 2005.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada a su artículo primero por la Ley Nº 17.827 de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de la citada.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 20 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez.

2) Acéptase las negativas que, por esta vez presentan los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 20 de julio de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, señor Gustavo Rombys.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 20 de julio de 2005.

Sin más, saluda atentamente.

LUIS ROSADILLA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más saluda atentamente

Julio Battistoni".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Luis Rosadilla.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de julio de 2005.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada a su artículo primero por la Ley Nº 17.827 de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de la citada.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 20 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Luis Rosadilla.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez presenta el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 20 de julio de 2005, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, señora Beatriz Costa.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día de mañana.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

GERMÁN CARDOSO
Representante por Maldonado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de julio de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 20 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 20 de julio de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 73 del Lema Partido Colorado, señor Roque Martinelli.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

21.-     Integración de Comisiones.

——Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"La Comisión Especial sobre Marco Cooperativo estará integrada por la señora Representante Mónica Travieso y por los señores Representantes José Luis Blasina, Eduardo Brenta, Jorge Patrone, Gonzalo Mujica, Daniel Bianchi, Juan José Bruno, Álvaro Delgado y Bertil R. Bentos.

La Comisión Especial para el Deporte estará integrada por los señores Representantes Gustavo Guarino, Julio César Fernández, Rubén Martínez Huelmo, Enrique Pintado, Juan José Bentancor, Jorge Pozzi, Iván Posada, Germán Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Mauricio Cusano.

La Comisión Especial de Asuntos Municipales y Descentralización estará integrada por los señores Representantes Uberfil Hernández, Gustavo Guarino, Fernando Longo Fonsalías, Alfredo Asti, Horacio Yanes, Gustavo A. Espinosa, Daniel Mañana, Carlos Mazzulo y David Doti Genta".

22.-     Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción).

——Continuando con el tema en discusión, tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: lo primero que hay que destacar en este tema es que tiene una profunda raíz constitucional. La Constitución de la República, en su artículo 7º, consagra lo que podemos llamar los derechos fundamentales: "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. [...]". Me quedo con el término trabajo a los efectos de esta exposición.

El artículo 39 de la Constitución consagra el derecho de reunión. El artículo 53 de dicha norma dice en una forma muy enfática que el trabajo está bajo la protección especial de la ley. Recalco el término "especial", y esto también lo hace la doctrina. Y llegamos al medular artículo 57, al que voy a dar lectura porque quiero ser muy preciso. Dice así: "La ley promoverá" -no establece que "podrá promover"- "la organización de sindicatos gremiales [...]". El inciso final establece: "Declárase que la huelga es un derecho gremial [...]".

Voy a apelar a la frase del señor Diputado Cánepa, que con un sentido jurídico muy fino nos aclaró a todos, en una reunión reciente, que la Constitución dice "declárase", lo que significa que reconoce un derecho preexistente. Si esto no estuviese establecido, igual tendría que regir porque el artículo 72 de la Constitución establece que la enumeración de derechos, deberes y garantías no excluye los que surgen de la personalidad humana o derivan de la forma republicana de gobierno.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señora Presidenta: creo que este es el momento oportuno para recordar determinadas cosas. Durante mucho tiempo el artículo 57 no se cumplió; se hizo todo lo contrario. El inciso final de este artículo establece desde el año 1934: "Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad". No obstante, en ese sentido recuerdo un debate que está publicado en el libro "En nombre del pueblo", de José Pedro Cardoso, en el que se discutió el derecho de huelga de los funcionarios públicos. Durante mucho tiempo en este país se castigó la huelga de los funcionarios públicos y se la consideraba ilegal porque un artículo del Código Penal -creo que es el 165-, contra lo que establece la Constitución, limitaba el derecho de huelga. Los funcionarios públicos no tenían derecho de huelga. Eso sí; se reprochaba a los legisladores comunistas que en la Unión Soviética, donde las empresas eran del Estado, se negara el derecho de huelga.

En el Uruguay no solo estaba prohibido, sino que se destituía y se despedía a quienes hacían huelga. En el año 1952, en una de mis primeras crónicas escribí sobre un conflicto en ANCAP y de la Central de Gremios Solidarios. Entre los despedidos, que fueron cientos, estaba el padre del doctor Tabaré Vázquez. Aclaro que este artículo 57 se aplicaba contra lo que hoy se entiende, porque el poder de los funcionarios públicos, la agremiación de los trabajadores y el avance en el mundo permitieron consagrar ese derecho que los partidos tradicionales, en su mayoría, negaban.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede continuar el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: quiere decir entonces que si esto tiene una profunda raigambre constitucional, las Constituciones y el orden jurídico en general tienen un lógico encadenamiento de derechos. Es correcto decir que se tiene derecho a la propiedad, pero tengamos claro que hay un derecho que lo precede, que es el derecho a la vida, porque si no hay vida no hay derecho a la propiedad. Para tener un derecho hay que estar vivo, que no es lo mismo que decir que los que están de vivos tienen derechos. Entonces, el derecho a la propiedad depende directamente del derecho a la vida; si no, no se puede ejercer.

Cuando hablamos de derechos gremiales, de derechos laborales, lo primero que tiene que haber es un trabajo. Si no hay trabajo, no hay derechos laborales. El derecho es ante todo la aplicación de la lógica y sería muy absurdo que hiciéramos una gran enumeración de derechos laborales y luego no estableciéramos algo para que hubiera un mínimo de estabilidad laboral que garantice el ejercicio de esos derechos laborales. Va de suyo que si no hay una cierta estabilidad, una cierta protección al trabajo, nunca habrá derechos gremiales ni laborales de ningún tipo. Si con un simple "tinguiñazo" voy a echar a alguien, entonces no hay derecho posible por cuanto su ejercicio está negado y lo único que hay son declaraciones que, en el mejor de los casos, pueden llegar a ser programáticas, pero de ninguna manera son efectivas en la vida cotidiana de cada una de las ciudadanas y de los ciudadanos de este país.

En consecuencia, la doctrina laboralista primero, las legislaciones, las declaraciones jurisprudenciales y las sentencias después, fueron recogiendo este concepto que se denomina estabilidad laboral, que significa que si bien un empleador tiene derecho al despido, ese derecho se puede aplicar solamente en determinadas condiciones y no cada vez que se le ocurra, porque la facultad de administración que todo empleador tiene choca cuando está empleada en algo que se puede denominar, sin grandes problemas, como un abuso del derecho; me refiero a "te echo porque quiero, porque se me antoja, porque no me gusta tu cara, porque sos mormón, porque sos comunista". Eso es lo que el derecho no quiere, y para esas situaciones tiene que haber alguna forma de estabilidad que en el mundo y en el Uruguay se pueden fundamentar desde muy diferentes puntos de vista. Uno es el constitucional -que es como lo hemos venido viendo-, que se da, entre otras, en las Constituciones de Brasil y de Alemania. Me podrán decir: "Acá hay mucho progreso de papel". Precisamente, un proyecto como el que estamos tratando procura que ese progreso de papel se transforme en un progreso real que proteja efectivamente una determinada actividad que la Constitución exige que se la promueva, que es la actividad gremial. Vuelvo a decir algo que es clave: la Constitución no dice que se podrá proteger, sino que establece "la ley protegerá". Y hasta ahora no hay absolutamente ninguna forma de protección. Entonces, la función de la estabilidad es, primero, preservar el empleo -naturalmente, lo más obvio- como fundamento elemental a partir del cual se podrá hablar de los distintos derechos laborales.

En la doctrina se pueden distinguir dos tipos de estabilidades. Una es la absoluta, que se da cuando se determina que solo en casos expresamente previstos se podrá despedir. Creo que casi ninguna legislación lo establece, por lo menos en esos términos. También hay una estabilidad relativa, que consiste en dar algunas formas de protección que pueden ir desde la que tiene hoy Uruguay, que solamente es en base a una indemnización por despido, acumulando determinada cantidad de dinero por cada año o fracción que se ha trabajado, hasta formas mixtas y demás. Lo cierto es que hoy, en Uruguay, la única forma existente de protección al trabajador frente al despido es la indemnización, que es solamente pecuniaria. Dentro del panorama jurisprudencial uruguayo y de lo que establece la ley no hay forma de restituir al trabajador.

¿Por qué se impulsa la estabilidad laboral en el mundo? Porque tiene que haber un equilibrio entre el empleador y los derechos del trabajador. El doctor Plá Rodríguez dice: "[...] la tendencia universal hacia la estabilidad conduce a la negación del derecho del empleador a romper unilateralmente el contrato sin causa justificada". En consecuencia, la reincorporación efectiva del trabajador es "la forma natural de dejar sin efecto un despido al que, por considerarlo ilícito, se le quiere quitar sus efectos". Esto significa que Uruguay está dando el primer paso hacia condiciones de estabilidad más trascendentes que las que hoy tiene, que son absolutamente relativas. Hay que decir las cosas como son. Si alguien quiere deshacer un gremio en el Uruguay de hoy, teóricamente solo debe saber cuánta plata tiene que poner. Se despide a dirigentes gremiales, a militantes gremiales y a gente que está formando un gremio con el solo hecho de pagar una indemnización. Si el trabajador demuestra que esa fue la causa, lo único que podrá lograr es un plus de indemnización. Pero en el sistema uruguayo de hoy no está permitida la reincorporación del trabajador. Quiere decir que este es un problema de dinero, y quien lo tiene -en esto estamos todos de acuerdo- no es precisamente el trabajador.

Aquí se ha hablado mucho de las argumentaciones de la OIT con respecto a este tema, pero me parece que la estabilidad es una opción que debe empezar a discutirse, y este proyecto avanza hacia ella, con una limitación muy clara: se da estabilidad exclusivamente por razones gremiales. No se da estabilidad por otro tipo de situaciones, que en este caso quedan fuera de tema. La estabilidad, según el doctor Ermida Uriarte, "[...] es condición de eficacia del ejercicio de todos los derechos del trabajador ya que si se carece de estabilidad, el trabajador prefiere conservar su trabajo, aun abandonando derechos que podría reclamar y que son incumplidos por el empleador, antes de lanzarse a una aventura de resultado incierto".

Aquí hay algo importantísimo para destacar y que escapa claramente a lo jurídico, porque es un problema fáctico. Si nosotros viviéramos en un país donde se reclamara trabajo y los diarios publicaran páginas y páginas solicitando trabajadores, tal vez habláramos en términos distintos. En ese caso, la estabilidad -en un término que le va a gustar a muchos- sería dada por el propio mercado. Puedo pensar: "No echo a nadie porque, si no, me quedo sin gente; tengo más oferta de trabajo que trabajadores efectivos". Esto no existe en nuestro Uruguay de hoy. Por procesos que no viene al caso señalar, en nuestro país hemos asistido a una precarización laboral que llega a niveles intolerables de explotación en muchas ramas de distintas actividades. No estoy acusando al barrer ni cosa que se le parezca, pero quienes alguna vez hemos aplicado el derecho laboral sabemos que esto es así, que aquí se ha explotado a la gente en forma salvaje. Lamentablemente, en este Poder Legislativo tenemos algunos ejemplos demasiado tristes como para detallar en este ámbito.

Este derecho a la estabilidad -del que no podemos dudar, por lo menos desde el punto de vista doctrinario-, en este caso concreto, ¿a qué va unido? Va unido a un derecho que también es fundamental y que aparece en la Constitución de la República: me refiero al derecho de reunión, que, a su vez, es una especie mayor del derecho de asociación. Mientras el derecho de reunión es simplemente la posibilidad que tienen las personas de juntarse, el derecho de asociación es la posibilidad que tienen los individuos de juntarse, organizando algo que tiene miras de perdurar en el futuro. El derecho de asociación aparece directamente vinculado a la posibilidad de que los trabajadores se unan para hacer gremios. Quienes alguna vez hemos estado en la actividad gremial sabemos las dificultades que esto implica.

Quiero contar algo personal, y de paso voy a hacer un homenaje a quien en aquel momento me salvó la vida -en sentido figurado-, me salvó la fuente de trabajo. En la década del setenta yo trabajaba en la industria farmacéutica. El 3 de enero de 1979 -tal vez para festejar el Año Nuevo- me despidieron por razones estrictamente gremiales. Había un movimiento de reivindicaciones y tuve el honor de ser indicado por la gerencia de ese momento como el hacedor de todo ese lío. Me costó mucho conseguir otro trabajo; mi trabajo era de excelente calidad y muy bien remunerado. Al frente de una de las empresas farmacéuticas de este país estaba el flaco Casacuberta, quien me tomó. Un día me llamó y me dijo: "Tú estas tomado, pero quiero decirte que me llamaron de tu otra empresa para advertirme que vos eras un revoltoso". Gracias al flaco Casacuberta, el revoltoso pudo seguir trabajando.

No me digan que en la OIT esto se denunció, porque no formo parte de ninguna estadística; no estoy en ningún lado. Pongo como ejemplo mi caso porque me duele, porque hoy aún me emociono con esto. Quiero que se sepa que cuando se dice alegremente que acá hay muy pocas denuncias de este tipo, eso no es lo que pasa en la realidad. Tanto es así que en una reunión reciente de los laboralistas de este país, la doctora Graciela Giuzio dijo: "Varias de las formas más corrientes de actos antisindicales, como el despido de un trabajador que intenta constituir un sindicato o la imposibilidad de obtener empleo de quien ha sido víctima de un despido antisindical (listas negras) no suele llegar a la justicia y mucho menos a los organismos internacionales [...]". Más adelante agrega: "Del análisis de las situaciones planteadas y específicamente de las respuestas gubernamentales surge la inexistencia de una adecuada protección contra las políticas antisindicales en el país". Este trabajo, denominado "Protección Sindical respecto del Uruguay" se encuentra en la página 100 del libro "Temas Prácticos de Derecho Laboral".

Entonces, la realidad de Uruguay indica que mientras la doctrina es absolutamente uniforme en pedir que en estos casos se proceda a la restitución del trabajador, la jurisprudencia nunca ha tomado esto. ¿Por qué? Porque en el derecho uruguayo el despido tiene como única consecuencia la indemnización. Podrá aumentarse el plus de la indemnización, pero no puede restituirse al trabajador. En la década del setenta ha habido algunos fallos aislados que tuvieron como consecuencia la restitución, pero que fueron levantados por los Tribunales de Apelaciones, y aquel tímido avance que se logró en ese sentido murió rápidamente. Debo decir con mucha honestidad que no había base legal para pedir la restitución en este país. Uno de los casos que recuerdo era el de un trabajador del transporte que fue restituido, pero luego el Tribunal levantó esa sentencia; puedo nombrar algunos más. También puedo nombrar muchas sentencias que niegan la restitución del trabajador.

Entonces, está muy claro que acá hay un vacío legal tremendo, en un momento de efervescencia sindical, en el que hay poca oferta de trabajo y en el que permanentemente se están creando o intentando organizar sindicatos nuevos. Los que de alguna manera nos hemos vinculado a la Comisión de Legislación del Trabajo sabemos cómo se organizan los trabajadores y nos lo comunican como una forma de protegerse. Sin embargo, resulta que no hay una ley que proteja esas actividades. ¡El asunto está realmente muy complicado!

Quiero decir que cuando vinieron, los empresarios dijeron que esto no era necesario porque existía el principio protector; no es exactamente eso, pero la idea es más o menos esa. El principio protector no tiene nada que ver con esto. El principio protector implica que cuando hay distintas normas, se aplica la más favorable al trabajador. La jurisprudencia y la gran mayoría de la doctrina han sido unánimes en señalar que el principio protector no se aplica en el momento de ponderar la prueba.

Se han hecho otras objeciones; entre ellas, la existencia de un registro para esas empresas que en forma contumaz hayan despedido trabajadores. Voy a aclarar esto: sería muy deshonesto conmigo si no dijera que estoy en contra de todos los registros, empezando por el Clearing de Informes; esa es una concepción filosófica que uno tiene y que es muy difícil de sacar. Sin embargo, un legislador tiene la obligación de actuar con realismo. Cuando vinieron los empresarios a la Comisión, les pregunté: "¿Qué opinan del Clearing de Informes?". Me contestaron: "Para nosotros es imprescindible". Quiero aclarar que estuve dos veces en el Clearing de Informes, cosa bastante paradójica teniendo en cuenta que no compro a crédito. Quiere decir que dos veces estuve en él por error. La primera vez me llegó una cartita diciéndome que me iban a poner en el Clearing de Informes. Cuando llegué allá y pregunté por qué, me contestaron: "Perdón, señor, fue un error". La segunda oportunidad me llamaron del banco en el que cobro y me dijeron: "Discúlpeme, doctor; tenemos una nota en la que se informa que usted está en el Clearing". Pregunté: "¿En el Clearing de qué?". Era otro error. De manera que cuando hablamos de este tipo de lista de deudores hay que tener en cuenta que hoy en el Uruguay no existen garantías para nadie, porque uno puede estar en una de esas listas negras y no estar enterado. En cambio, según este proyecto de ley, para que uno integre esta lista tiene que haber garantías. Se puede estar a favor o en contra de estas cosas, pero lo importante es ser coherentes. Yo no puedo decir: "No quiero el Clearing de Informes para las empresas que incumplen con la ley y sí para los deudores que no pueden pagar". Me parece que esto, así, realmente no camina, no es correcto y no se está haciendo una buena valoración.

Acá también se objetaba el tema de la prueba. En la Legislatura pasada escuché que un legislador decía acá, en una intervención, que había que desterrar el derecho laboral y que las relaciones laborales tenían que regirse por el derecho civil, porque con la libertad de contrato y todo lo demás iba a haber más trabajo. La vida, que es muy terca, y los tercos hechos han demostrado que cuando se produjo la flexibilización no trajo como consecuencia más trabajo, sino simplemente hizo que se fuera degradando cada vez más la calidad del trabajo. En definitiva, no hubo más trabajo. Eso no es así; si no, algunos estarían proclamando la esclavitud.

Con respecto a este tema de la prueba, es interesante señalar que los principios de la prueba son eso: principios, presunciones. En realidad, lo que se está estableciendo es quién tiene la carga de probar algo. Entonces, en el derecho civil, como quería aquel legislador, el contrato es la ley entre las partes, pero las cosas son distintas en el derecho laboral. En el derecho civil se parte del principio de igualdad absoluta entre las partes, mientras que el derecho laboral parte de la desigualdad de una de ellas. Inclusive, sabemos que el derecho laboral está regido por una serie de disposiciones de orden público que no pueden cambiarse. No sería válido un contrato en el que se dijera que el trabajador debe trabajar doce horas, porque puede establecer seis horas de trabajo, pero no doce; nada que supere las ocho.

Entonces, este tema de la carga de la prueba radica en cómo se dan las presunciones para un lado y para el otro. El empresario o empleador que esté bien organizado no tendrá ningún problema en justificar por qué despide a alguien. Si el individuo está despedido y la causa del despido es que llega siempre tarde, bastará con adjuntar las tarjetas de horario para demostrar que ese individuo efectivamente llegó tarde. En cambio, ¿cómo hace el trabajador para demostrar que él siempre llegó en hora? ¿En base a qué? ¿Cómo se demuestra el "siempre"? El "siempre", el "jamás" y el "nunca" son consideradas pruebas diabólicas. Por lo tanto, también es un problema de principios. Frente al principio de quién prueba hay un principio de disponibilidad de la prueba que se debe combinar con otros, como por ejemplo el principio de buena fe. Los contratos deben cumplirse de buena fe. El proceso debe realizarse de buena fe. ¿Qué significa esto? Que las partes deben colaborar en la medida de sus posibilidades para que se aclare la verdad que en ese juicio se está investigando. Entonces, me parece que hacer tanto hincapié en este tema de la carga de la prueba no es tan trascendente. Me da la impresión de que lo que se hace es establecer reglas de juego claras -esto tiene que ver con lo que se decía hace un rato- que premian al empresario que lleva bien los libros, los controles de horario y las planillas. Para decirlo de una forma muy simple y gráfica: no estoy dispuesto ni en un ápice a proteger a un empleador que trabaja en negro. ¡No estoy dispuesto a hacerlo! Y ante un trabajador que está en negro, ¿cómo demuestro las cosas? No puedo demostrar nada; lo máximo que puedo demostrar es la existencia de una relación laboral. Entonces, acá estamos ante un tema de presunciones que se van dando y que de ninguna manera van a crear los efectos caóticos que aquí se están mencionando.

Aquí no se trata de que el trabajador venga y diga que lo echaron por razones sindicales y se terminó la historia; hay un procedimiento. Pero hay que tener en cuenta que en materia jurídica siempre hay que equilibrar los derechos con el tiempo. Sucede que los procesos excesivamente largos en una materia como esta se transforman en un "no derecho", en una negación del derecho. Si un conjunto de trabajadores está creando un sindicato y el empleador o la empresa los despide, tienen tres años de juicio por delante, y cuando se llegue a la sentencia definitiva -que ya no dará lugar a ningún recurso ni cosa que se le parezca-, ya no sabremos siquiera si sigue existiendo esa empresa. ¡Ni hablemos del sindicato! A todo esto, el terror se instaló en la empresa. Entonces, acá tiene que haber un método que sea eficaz y que dé garantías a las partes.

En conclusión: acá hay un vacío legal inmenso. Durante mucho tiempo los legisladores del Uruguay -todos nosotros- hemos incumplido un mandato constitucional. Este proyecto de ley me parece imprescindible y, en consecuencia, estoy abogando por que la Cámara lo apruebe.

23.-     Sesión permanente.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Gamou.

(Se lee:)

"Mociono para que se declare permanente la presente sesión".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: hemos votado esta moción tomando en cuenta que esta sesión extraordinaria fue convocada para considerar dos proyectos de ley: el que aprobamos hace unos momentos, vinculado a los desaparecidos, y el que estamos discutiendo en este momento, sobre fueros sindicales.

De acuerdo con la lista de oradores, esta sesión extraordinaria estaría sesionando más allá de la hora 24. Por lo tanto, decidimos promover por esta vía la prórroga de su término, porque el deseo es que este proyecto se apruebe hoy, aunque sea a la hora 4, 5 ó 6. Ello va a depender de la buena voluntad de los compañeros legisladores, que podrían utilizar cinco de los quince minutos que les corresponden e, inclusive, no hablar más de uno por sector.

Muchas gracias.

24.-     Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción).

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra la señora Diputada Passada.

SEÑORA PASSADA.- Señora Presidenta: previamente, me gustaría dejar en claro algunos elementos que fueron vertidos en Sala, vinculados con la Comisión que integramos.

La Comisión, en la que fue presentado este proyecto hace aproximadamente cuarenta días, recibió al PIT-CNT, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Cámara de la Construcción, a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, a los diecisiete empresarios que representaron al Consejo Tripartito Superior. y una minuta de la Cámara de Industrias del Uruguay. La Comisión se reunió nueve veces para tratar este proyecto.

Asimismo, durante cuatro Legislaturas se tuvo la oportunidad de aprobar un proyecto de protección del fuero sindical, pero evidentemente no se contó con las voluntades políticas para que cientos de trabajadores de este país que fueron expulsados de sus puestos de trabajo por organizar sindicatos hubieran podido retornar a ellos. Por esa razón, antes que nada queremos remarcar que este proyecto es una deuda histórica con los trabajadores y con el movimiento sindical, que siempre ha estado en la defensa y promoción de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, de los que luchan por conservarlos y de aquellos que han querido acceder a ellos y en algunos casos no les ha sido posible hacerlo. Digo esto porque los distintos Ministros y Ministerios de Trabajo que tuvimos en todos estos años no cumplían con respecto a esto, o lo que es peor aún, lo hacían en un solo sentido. No cumplían con el principio de equidad y de equilibrio y ni siquiera lo hacían con el contenido de los convenios que se firmaban fuera del país.

Por esta razón, insisto en que este proyecto promueve un derecho fundamental; es una deuda histórica que tenemos con los trabajadores. Hoy podemos hacerlo realidad y transformarlo en una ley. Queda pendiente la aprobación de un proyecto de libertades sindicales y uno de negociación colectiva, que se analizará a nivel tripartito, como lo ha indicado el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para poder convocar el ámbito que reclamaban algunos colegas en Sala.

Por lo tanto, queremos señalar con claridad que estamos considerando un proyecto de fuero sindical, que no debemos confundir con libertades sindicales. Esta iniciativa es la que marcará las relaciones laborales que, evidentemente, a partir del 1º de marzo se han dibujado en el nuevo horizonte político con la instalación de los Consejos de Salarios, que ponen sobre la mesa una fórmula en desuso desde 1992, año en que se registró la mayor flexibilización laboral, con la pérdida de lugares de trabajo y el aumento de trabajadores en negro. Esto llevó a inmejorables condiciones para que varias patronales persiguieran a dirigentes sindicales y los echaran de sus puestos de trabajo. Precisamente, aquellos a quienes se expulsaba eran los trabajadores que querían hacer conocer sus derechos a los demás.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——Por eso, decimos que hubo Gobiernos que fueron cómplices de la violación de este derecho tan elemental, como es el derecho al trabajo y la promoción de la libertad sindical. Nos queda claro lo que un Gobierno progresista, en particular, puede hacer: el hecho de cumplir con las leyes vigentes trajo como consecuencia la creación de nuevos sindicatos y, en estos últimos meses, la afiliación nada más y nada menos que de 30.000 trabajadores que se han organizado.

Evidentemente, en este plano aún hay quienes temen la represión. Este proyecto contribuirá, no a que desaparezcan los temerosos, pero sí a que se reduzcan y a que se comience a reconocer que la historia en este país ha cambiado y que el respeto a los derechos y a las obligaciones es una calle que tiene tránsito en doble sentido. Subestiman al trabajador quienes dicen y piensan -y son más de los que se animan a decirlo- que con este proyecto todos se van a sindicalizar. Se sindicalizará el que ahora, en libertad, haga esa opción consciente de su derecho, pero sobre todo de su responsabilidad, que ha quedado probada más de una vez por este movimiento sindical único que tiene nuestro país, modelo en la región, que también ha sido defensor de la democracia y claro ejemplo en el día oscuro de aquel junio de 1973.

Por lo tanto, fuero sindical y libertad sindical son conceptos que están íntimamente relacionados. La libertad sindical como derecho humano fundamental encuentra su mejor forma de tutelarse en sindicatos fuertes y arraigados, pero, aun en su presencia, las garantías no son suficientes para velar por ella. El fuero sindical deriva de la libertad sindical. El fuero sindical es el derecho protector y la libertad sindical será el derecho protegido.

Si bien el despido antisindical aparece como la más notoria y más grave de las infracciones a una ley de fuero sindical, el propio Comité de Libertad Sindical destaca, entre otras cosas, los traslados y la elaboración de listas negras. El proyecto es claro y refiere a "cualquier discriminación" y, más adelante, a "cualquier acción u omisión". Contra el despido uno siempre se resiste naturalmente: perdió lo más importante y lucha por recuperarlo porque, además, ya no tiene más nada que perder; al perderse el empleo, desaparecen todas las ventajas y beneficios.

Por esta razón, es fundamental no solo entender que este proyecto protege la actividad sindical, sino que en este país debemos acostumbrarnos a un camino diferente para considerar las relaciones laborales. El autoritarismo no debe ser el mecanismo para confrontar a las trabajadoras y los trabajadores que quieren sindicalizarse o que toman una medida gremial.

SEÑOR PÉREZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA PASSADA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ.- Señora Presidenta: con este proyecto los trabajadores no solo estamos defendiendo un trabajo, sino también la vida.

En ese sentido, me viene a la memoria un puñado de trabajadores de la Ruta Nº 33, quienes debieron faenar a mano limpia ganados que llegaron a la planta hinchados, de patas abiertas; podían haber muerto de carbunclo, tener brucelosis, etcétera. Hubo que abrirlos, sin máscaras, pese a que despedían un olor nauseabundo. Inmediatamente se llenaron de gusanos, y sin botas y descalzos, a mano pelada, estos trabajadores tuvieron que levantar esas vísceras y echarlas a los cocinadores. Una prensa se llevó el pie de un obrero y los dedos de otros. Casi en la clandestinidad, los trabajadores se organizaron. Llevaron adelante un conflicto, y no por un mango más, que lo necesitaban porque trabajaban doce horas por el salario mínimo, sin horas extra y en negro; se levantaron en huelga por el pie perdido, por los dedos que se perdieron, por su salud, por la hepatitis que llevaron a sus casas. Y esos trabajadores perdieron el empleo. La empresa siguió; los empresarios continuaron levantando su riqueza, y esos obreros, algunos con pequeños niños, vieron más hambre aún en su casa.

¡Viva la vida!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar la señora Diputada Passada.

SEÑORA PASSADA.- Señora Presidenta: la discriminación puede tener varios sentidos y se la viste para que en forma encumbrada sea un mecanismo de despido o de traslado. Hay algo que ha sido archiconocido, y así se manifestaba en varias de las denuncias que ha presentado el movimiento sindical -el organizado y el que no lo está-: bajo una nueva reestructura se despide a una plantilla de trabajadores y, casualmente, cuando se consulta la nómina se advierte que se trata de los delegados sindicales o de los delegados de base.

Aunque no se sabe de antecedentes de persecución por no afiliarse a un sindicato -lo que se conoce como libertad negativa-, este proyecto de ley también ampara a quien es discriminado por tal motivo. Aquí se marcaba que esta iniciativa tenía que proteger solamente a los dirigentes sindicales. Nosotros decimos que el dirigente sindical generalmente es quien puede tener la mayor cobertura; es el que tiene la mayor visibilidad hacia la interna y hacia afuera, hacia los medios de comunicación. Sin embargo, en una explosión de distintas organizaciones sindicales como la que estamos teniendo, este proyecto de ley tiene que prevenir la persecución de aquellos que se están organizando por vez primera. Pensemos -nada más ni nada menos- en los trabajadores rurales, aislados como están, con falta de información y sujetos a una persecución sindical permanente. ¿Qué harían si solo sus dirigentes estuvieran cubiertos por este fuero sindical?

Ha quedado en evidencia que en este país se está cambiando las relaciones laborales; lo decía hoy el colega Diputado Rosadilla cuando ponía como ejemplo el reintegro, después de casi diez años, de los nueve dirigentes de Gaseba. Evidentemente, el reintegro de esos trabajadores, quienes nunca aceptaron el despido e hicieron varias huelgas de hambre, no ha traído ningún otro tipo de consecuencias y Gaz de France no se retiró del país.

También queremos hacer hincapié en algo que marcaban los distintos empresarios y algunos medios de comunicación malintencionados cuando decían que este proyecto de ley va a alejar a los inversores del país. Esto lo afirman algunos detractores de esta iniciativa y ciertos empresarios preocupados porque ahora deberán cumplir con la normativa sobre los derechos laborales. Consideran que la inversión de la carga de la prueba, teniendo como población protegida a todos los trabajadores sin distinción, aleja inversiones nacionales y extranjeras. Pero uno podría preguntarse acerca de las consecuencias del artículo 29 de la ley de inversiones del año 1998, que no trajo inversiones nuevas al país y que privó de derechos a cientos de miles de trabajadores. Desde 1998 hasta 2000, el 80% de los trabajadores carecían de negociación colectiva y solamente un 10% de los desocupados tenían el derecho al cobro del seguro de paro. Desde esa fecha hasta 2005, todos los conflictos se han profundizado aún más.

El que quiere invertir en nuestro país lo hará respetando la legalidad y los derechos. ¡Que vengan! Es más: en los países desarrollados, las empresas cuentan con sindicatos fuertes y con negociación colectiva; y precisamente son las firmas con menor rotación de personal y las que menos conflictos tienen. Por eso, este proyecto de ley da certeza jurídica y no incertidumbre a los inversores.

Se ha hablado del tema del registro con respecto a las listas negras en las que podría estar acusándose a los empresarios. Señora Presidenta: es bueno destacar que ya existe un registro en la órbita de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social para los infractores a las normas laborales. Es más: los inspectores necesitan de esas listas y de ese registro para controlar en forma permanente a los infractores. Este es un registro específico, teniendo en cuenta la entidad del derecho protegido y sus consecuencias; será gratuito y público. Será público como todos los registros, como aquellos en los que se registra la propiedad, los embargos, las prendas, las hipotecas. Por otro lado, los empresarios -esto figura en la versión taquigráfica- adelantaron en la propia Comisión de Legislación del Trabajo que, llegado el caso de que exista el registro, la estrategia será tener más de una empresa formalmente: actuar de manera antisindical en una y contratar con el Estado a través de otra. Por eso, la publicidad ayudará a que esta maniobra sea evitada si ojos atentos denuncian oportunamente la relación entre ambas. Insistimos en que este proyecto de ley protege al trabajador, pero también corrige actitudes como las que estoy enunciando.

Algunos colegas Diputados integrantes de la Comisión han insistido en que se tendría que haber buscado los caminos del tripartismo, o en que, en los propios Consejos de Salarios, se deberían haber encontrado las vías para tratar el tema de los fueros sindicales. Precisamente, ese problema se planteó en los Consejos de Salarios rurales y no hubo consenso; los señores empresarios no aprobaron con su voto el punto, aduciendo que esta norma se estaba considerando en el Poder Legislativo. Entonces, pongámonos de acuerdo: acudieron a la Comisión; tuvieron un lapso suficiente para hacer los planteos que correspondían y también el tiempo necesario para presentar un proyecto de ley sustitutivo o complementario.

Queremos decir que el tripartismo fue definido por este Gobierno con muchísima claridad. En otros tiempos hubiera sido diferente. Si este proyecto de ley sobre fuero sindical y libertades sindicales -que nuestra bancada presentó más de una vez, en cada una de las Legislaturas- hubiese sido aprobado en tiempo y forma, la historia sería otra en el mundo de las relaciones laborales. Este Gobierno ha definido al tripartismo como un principio a defender para reconstruir -preferimos decir refundar- un país de la inclusión, donde podamos caber todos; y ese es el fin, la finalidad, el objeto de esta práctica, de este método de articulación, reflexión y acción. Este debe ser el mecanismo para controlar el efectivo cumplimiento de esta ley, para que persuada y prevenga.

El tripartismo fue explícitamente dejado de lado por los anteriores Gobiernos; ahora redoblamos la apuesta en este sentido y le encargamos la elaboración de pautas para una ley de libertad sindical y para la negociación colectiva. Tenemos entendido que, por suerte, en muy pocos días -tal como ha manifestado el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social- se elevará una iniciativa para que se terminen las tercerizaciones en este país, que han fomentado el trabajo en negro, la inestabilidad y que han llevado a que algunos trabajadores, como los forestales y los rurales, estuvieran en condiciones infrahumanas. Por eso, el tripartismo en este caso no supo ser lo suficientemente rápido y eficaz para dar respuesta a las urgencias de hoy, cuando, animados por los cambios, los trabajadores se organizan al tiempo de que son perseguidos.

Por eso la urgencia, señora Presidenta, para que se apruebe este proyecto de ley que consagra un derecho fundamental para las trabajadoras y los trabajadores del país.

Muchas gracias.

(Apoyados)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: creo que estamos ante un proyecto de ley importante y, además, oportuno. Pienso que la legislación laboral de nuestro país, quizás desde hace mucho tiempo, se debía la discusión de un proyecto de ley sobre fuero sindical. El Uruguay muchas veces ratifica convenios, pero es bueno que después los reglamente y los aplique. Precisamente, el Convenio Nº 98 de la OIT obliga a los Gobiernos a una adecuada protección contra actos de discriminación sindical.

Además, queremos decir que quienes han presentado el proyecto de ley -en eso coincido con la señora Diputada preopinante- han sido los mismos que muchas veces han presentado iniciativas como esta o similares, o sea que hay una coherencia por lo menos en el interés por trabajar y por legislar en el tema. Yo no les quito legitimidad; me parece de absoluta coherencia que en momentos en que las mayorías son otras y otros son los Gobiernos presenten e impulsen un proyecto de ley de estas características.

En el marco de estas nuevas condiciones políticas, con un nuevo Gobierno en el país a través del cual se ha habilitado un sinnúmero de frentes tripartitos de negociación -una importante cantidad de frentes de negociación-, es bueno decir que siempre se debe negociar en planos equiparables; para eso se deben establecer garantías, y para tener garantías hay que tener fueros.

Evidentemente, el trabajador es la parte más débil de la relación laboral, y el fuero no es otra cosa que la protección especial de la que hablaba Justino Jiménez de Aréchaga. Voy a dar lectura a parte de su obra "La libertad sindical".

Dice Jiménez de Aréchaga: "No se trata de situar a un individuo, a una persona humana fuera del derecho común, con el fin de beneficiarlo o de crearle una situación de privilegio o ventaja, sino de proteger una función social, de asegurar su libre cumplimiento, porque se entiende que ella es útil y necesaria para la comunidad e indispensable para que el grupo social organizado al que se denomina organización profesional o sindicato pueda expresarse en forma libre o auténtica".

A continuación expresa: "La experiencia demuestra que ello es necesario para amparar la libertad sindical" -está hablando de la protección especial de los trabajadores- "en la medida en que si los sindicatos pueden ser arbitrariamente decapitados, su libertad de acción se torna ilusoria. Hay, pues, reglas de razonabilidad que aconsejan y justifican el hecho de que las leyes confieran especial protección al cumplimiento de funciones de dirección dentro de las organizaciones profesionales, en la medida que ello sea necesario para garantizar la libertad sindical dentro de la legalidad democrática".

Termina diciendo: "En general, el fuero sindical tiende a proteger al dirigente sindical contra el despido injusto, contra el empeoramiento injusto de sus condiciones de trabajo o contra disposiciones arbitrarias del empleador que le impiden cumplir sus funciones de tal, aun cuando de ello no resulte mengua para la correcta ejecución de su contrato de trabajo".

Esto decía Justino Jiménez de Aréchaga en su obra "La libertad sindical".

Nosotros compartimos el concepto y el instrumento del fuero sindical. Compartimos el instrumento de la reinstalación del trabajador sindical despedido, que no está establecido en el Convenio Nº 98, sino que lo sugiere, varias veces, la Recomendación Nº 143, literal d) del numeral 6º del Capítulo III, referido a la protección de los representantes de los trabajadores. La norma destaca el reintegro de estos en su puesto de trabajo como medida de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos por razón de su condición de representantes de los trabajadores.

También creemos que el empleador debe probar que la causa del despido no fue por la actividad sindical. En algunos casos esto ya existe; por ejemplo, en el caso de la notoria mala conducta, el empleador debe probar que la mala conducta existió para no pagar el despido correspondiente.

A este caso también hace referencia la Recomendación Nº 143 de la OIT cuando habla de la referida protección de los representantes de los trabajadores en su artículo 6.2, literal e), indicando que se debe imponer al empleador, cuando se alegue que el despido de un representante de los trabajadores o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tienen un carácter discriminatorio, la obligación de probar que dicho acto estaba justificado.

Decimos que coincidimos con el instrumento y discrepamos con el alcance. Como ya ha sido expresado por algunos compañeros -y lo hemos hablado con varios legisladores del partido de Gobierno-, nosotros proponemos que estos instrumentos -la inversión de la carga de la prueba por parte del empleador y la reinstalación del trabajador despedido por actividad sindical- sean utilizados para proteger a los dirigentes representantes de los trabajadores y a los trabajadores que estén formando un sindicato.

En este tema hay experiencia más que suficiente, hay legislación comparada más que suficiente, hay legislación argentina y de otros países de América. Hay dos proyectos de ley que sentaron antecedentes.

Uno de ellos -muy extenso e interesante- es del ex Diputado y actual Ministro José Díaz. Cuando hace referencia a los derechos sindicales, circunscribe a los trabajadores amparados por el fuero sindical, enumerando en qué condiciones están amparados por el fuero sindical y habla de los miembros directivos de los sindicatos y de los representantes sindicales. El proyecto del ex legislador Juan Pablo Terra ya establecía alguna diferencia entre trabajadores y dirigentes sindicales. Inclusive, hablaba -esto lo recogemos nosotros- de la forma, en cuanto a la cantidad de dirigentes sindicales que puede tener una organización empresarial, vinculada al número de trabajadores que trabajen en esa empresa.

En el proyecto del año 1967, Juan Pablo Terra diferenciaba entre trabajador y dirigente sindical y daba especial protección al dirigente sindical o representante de los trabajadores.

En ese sentido, nosotros hemos impulsado algunas iniciativas vinculadas a la protección, a través del fuero sindical, a los dirigentes de sindicatos, a los representantes de los trabajadores o a los trabajadores que tienen un sindicato en formación.

Reitero que coincidimos con los instrumentos, pero no con el alcance, porque según nuestro entender tiene que estar limitado a los representantes sindicales.

También tenemos algunas discrepancias con el proyecto que se está discutiendo en el plenario de hoy que tienen que ver con el registro de empresas infractoras de la actividad sindical. La señora Diputada preopinante decía que es un registro que existe según el artículo 412 de la Ley Nº 16.736, que establece la existencia de un registro de empresas infractoras. Cuando se amonesta, la empresa amonestada ya integra el registro de empresas infractoras a las normas laborales. Ese registro ha tenido algunas variaciones, pero ya está creado en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Discrepamos con la consideración del proyecto en el sentido de que una empresa inscripta en el registro no pueda licitar con el Estado por un período tan largo de tiempo. Creemos que una empresa a la cual se le prueba una actividad antisindical tiene un sinnúmero de sanciones, que es importante señalarlas en forma sumatoria. Primero, la reinstalación del trabajador con pago de los salarios no cobrados; segundo, la existencia de combinaciones económicas en beneficio del trabajador; tercero, la eventualidad de daños por la situación causada; cuarto, la multa pecuniaria muy gravosa según el Código de Multas -que ya tiene casi un año de aprobado a través de un decreto del Poder Ejecutivo-, en donde se catalogan las sanciones por represión sindical como falta muy grave y se asigna un piso de 110 jornales y un máximo de 150 jornales por trabajador afectado, entendiéndose siempre que cuando se sustancia y se prueba que hay una actividad antisindical el trabajador afectado pasa a ser el número de trabajadores de la empresa; se contabiliza la totalidad de trabajadores de la empresa. Estamos hablando de 126 a 150 jornales en su nivel más gravoso, de acuerdo con la totalidad de trabajadores de la empresa. Por supuesto, la última sanción a la empresa es la inscripción del empleador en el registro de infractores, con la consecuencia correspondiente que establece el proyecto en el sentido de que no podrá presentarse a las licitaciones.

No coincidimos con el tema de la retroactividad al 1º de marzo -creemos que no es sano que una norma con características sancionatorias sea retroactiva- y, por supuesto, con el principio de universalidad. Por el contrario, nosotros proponemos la limitación del alcance del fuero sindical a los dirigentes sindicales y no a todos los trabajadores.

Creemos, además, que hay que trabajar en otros aspectos. Pensamos que los trámites administrativos a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son muy lentos. Lo hablamos con varios legisladores muchas veces: es necesario impulsar un procedimiento más ágil a través de la modificación del Decreto Nº 500, de modo que tengan un trámite más rápido los expedientes por represión sindical en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Señora Presidenta: ya lo han dicho algunos legisladores y lo ha expresado nuestra compañera de sector, la señora Diputada Peña Hernández: habríamos preferido que este tema se enmarcara en un ámbito más grande donde estuvieran sobre de la mesa todos los temas sobre la regulación de las relaciones laborales.

Saludamos la decisión del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de incluir los temas que vinculados a la regulación de las relaciones laborales en un ámbito de discusión amplia, con aportes de todos los sectores sociales y también de la oposición.

Queremos decir que el Partido Nacional -ya lo han dicho en el día de hoy- ha consensuado un proyecto alternativo que contiene parte de los aspectos que hoy estamos mencionando, que se nutre del proyecto que Correntada Wilsonista presentó en esta Cámara y en la Comisión de Legislación del Trabajo, y de algunas propuestas del Herrerismo y de Alianza Nacional. Todo esto confluye en un proyecto que ha sido presentado en el día de hoy en esta sesión.

Tenemos el compromiso -podemos hablar, por lo menos, de nuestro sector- de trabajar de aquí en adelante en los temas que faltan, a fin de que la regulación de las relaciones laborales no sea un tema que quede rengo. El fuero sindical es una gran parte; faltan otras tan importantes como esta. La ley de libertades sindicales y la necesaria ley de negociación colectiva son algunos de los temas que debemos abordar a fin de regular las relaciones laborales en este país.

En ese sentido, mantenemos el compromiso ya establecido de trabajar para generar aportes y para tratar de que este tipo de legislación, dirigida a regular las relaciones laborales, sea aprobada con una base de apoyo más importante que la que tendrá el proyecto hoy considerado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Pozzi.

SEÑOR POZZI.- Señora Presidenta: quería iniciar estas palabras diciendo que es para mí un verdadero orgullo que una de las primeras leyes en las que me ha tocado trabajar en serio en esta Legislatura y que hoy estoy defendiendo acá para que se vote, sea esta ley de libertades sindicales.

Para quienes hemos tenido nuestra cuna y nuestra formación en el movimiento sindical, para quienes hemos participado durante mucho tiempo en discusiones sobre la necesidad de una ley que protegiera la actividad sindical y para quienes hemos vivido durante mucho tiempo con la frustración de no haber podido concretarla, el hecho de que hoy nos toque estar acá hablando de esto y de que nos haya tocado estar casi dos meses trabajando en este proyecto de ley junto con otros compañeros muy valiosos, nos llena de un sentimiento de orgullo y de alegría que quería trasmitir al resto de los compañeros de la Cámara.

Por otro lado, ¡lo que son las vueltas de la vida! Lo estábamos conversando con el señor Diputado Bentancor hace un rato: si el proyecto que hoy llegó de parte de la bancada del Partido Nacional y sobre el que tomamos conocimiento hubiera sido planteado en la discusión mantenida hace tres años, seguramente lo habríamos votado con las dos manos. ¡Lo que son las vueltas de la vida!

Es tremendamente importante que hoy todos los partidos que integramos el Parlamento estemos hablando de la necesidad de tener una ley de libertades sindicales. Es realmente importante. Creo que era una discusión que no estaba planteada hace un año. Sin embargo, hoy todos los partidos que estamos aquí coincidimos con que tiene que haber una ley de libertades sindicales.

Tenemos matices: que si la inversión de la carga de la prueba, que si el registro, que la retroactividad, pero de lo que ninguno de los que está acá duda es que la libertad sindical en este país debe tener una protección. Eso, sin duda, desde mi punto de vista es un avance tremendo del colectivo con respecto a lo que estuvimos viviendo durante los últimos años.

Por supuesto que es nuestra sensibilidad; por supuesto que el hecho de impulsar estas cosas es la razón por la que el cambio que se dio en el país nos llevó a ocupar una banca en este Parlamento; y por supuesto que ese cambio empuja cambios en todos los aspectos de la vida del país.

En materia de relaciones laborales también lo hace; lo hace cuando se instalaron los Consejos de Salarios a partir del 1º de marzo de este año; lo hace con la aprobación de esta ley de libertades sindicales; lo hace con el próximo lanzamiento del trabajo sobre negociación colectiva y tal vez una ley más específica de fueros sindicales; lo hace porque esa es nuestra sensibilidad.

Otros en su momento tuvieron mayorías e impulsaron cambios en las relaciones de trabajo que no eran los que nosotros pensábamos ni queríamos, como cuando se impulsaron cambios en materia de regulación, de desaparición de la negociación colectiva, de la liberalización de un montón de cosas de la economía y de las relaciones de trabajo. Pero en ese momento tuvieron la mayoría; el pueblo los había votado y ese fue el proyecto que llevaron adelante. Bueno, eso cambió, y el proyecto que hoy se lleva adelante es un proyecto diferente; es un proyecto integrador desde nuestro punto de vista; es un proyecto en el que tenemos que amalgamar las fuerzas del capital y el trabajo para salir todos adelante.

Este proyecto de libertad sindical no es, como se ha planteado en la prensa en los últimos meses, un proyecto en contra de nadie. Es un proyecto a favor de un sector de la sociedad que hasta ahora estaba desprotegido; es un proyecto a favor de un sector de la sociedad que es el sector de los débiles, de los que no tenían amparo. No es un proyecto en contra de los empresarios o de los comerciantes. No vamos en contra de ellos porque los precisamos para salir adelante.

El capital y el trabajo, naturalmente, van a estar enfrentados, porque esa es una regla clara de cómo se arma la sociedad. Pero creo que todos podemos coincidir en que el capital y el trabajo tienen un punto muy importante en donde los círculos se cruzan y tienen intereses comunes. De hecho, lo digo acá en la Cámara y se lo he dicho a mis compañeros muchas veces: si no hay empresas, no hay trabajadores, y si no hay trabajadores, no hay sindicatos. Esa es una realidad incontrastable. Ahora, para que haya empresas y trabajadores y esa zona de interés mutuo se pueda defender de una manera equitativa, el trabajador necesita un amparo. Me refiero a un amparo desde que nace y se organiza el sindicato, que no existía. Todos sabemos que las reuniones, las asambleas, se arman en cualquier lado, la mayor parte de las veces a escondidas, y que cuando la autoridad de la empresa las detecta, quienes lideraron la reunión o todos los que participaron de ella son echados, trasladados o perjudicados de alguna manera. Todos sabemos que eso existe y que, precisamente, es lo que hace abortar el nacimiento de los sindicatos: se rompe el huevo para que no nazca el pollo. Esto es lo que, en definitiva, este proyecto de ley intenta empezar a corregir.

Se trata de una iniciativa que, desde mi punto de vista y políticamente hablando, intenta igualar una relación que hoy está totalmente desdibujada y flechada hacia un lado. Este proyecto -lo digo de corazón- no va en contra de nadie, sino a favor de un sector desprotegido de la sociedad.

No quiero entrar en detalles sobre el articulado, ya que otros compañeros se han expresado a favor y en contra mucho mejor de lo que yo podría hacerlo; simplemente, quiero expresar que la universalidad del proyecto es una de sus bases. Inclusive, en algún momento, en la Comisión se dio cierta discusión fuera de la versión taquigráfica sobre la peligrosidad de generar una casta de dirigentes sindicales que, amparados en sus fueros, se transformen en un sector privilegiado. No fuimos nosotros los que lo planteamos, pero esa discusión se dio. Por lo tanto, creemos conveniente que este proceso de amparo llegue a todos los estamentos de los afiliados al sindicato, y no lo consideramos peligroso.

Tampoco consideramos pertinente que se diga que se está legislando la inamovilidad de los trabajadores privados; aquí no estuvo planteado, pero lo expresó en varias oportunidades la Cámara de la Construcción. Eso, que fue dicho por parte de algunos empresarios, no está amparado en ninguna realidad empírica de este país. De hecho -en las filas del Partido Nacional encontramos personas que estuvieron vinculadas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-, en este país hay sindicatos muy fuertes que sufrieron el despido de sus afiliados; sufrieron el cierre de fábricas enteras donde había gente afiliada al sindicato, pasando por la banca, la bebida, los textiles y todos los estamentos de una industria que hoy está destruida. Todos esos sindicatos eran muy fuertes. El hecho de que hubiera gente afiliada al sindicato no impidió que se hiciera la reconversión laboral, la reconversión industrial, ni que se implementara algún nuevo método de trabajo. Lo que sí hubo fue una negociación de condiciones, una negociación dura de condiciones -por supuesto que sí, porque de eso se trataba-, pero al final del camino algunos compañeros afiliados al sindicato terminaron despedidos o en una condición diferente a la que tenían anteriormente. Entonces, lo que se dice en cuanto a que la inamovilidad del trabajador privado queda consagrada en esta ley es, por lo menos, un "aventurerismo" de palabra que no está en el espíritu del proyecto ni de sus modificaciones, que aclaran bien la cosa y no dejan ninguna duda. Esto tampoco se sustenta en lo que ha sido la realidad de la negociación del movimiento sindical.

Por último, quiero expresar que hay aspectos que en el proyecto de ley, a priori, asustan, como lo relativo al registro. Nosotros aspiramos a que en el registro no haya nadie inscripto; aspiramos a que se empiecen a mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores desde un punto de vista más equitativo y a que, como sociedad, nos convenzamos de que tenemos que remar juntos para salir de esto. Y remar juntos no implica que uno esté por encima del otro; no implica, como sucede hoy, que el local de la fábrica Paycueros esté ocupado porque las empresas tercerizadas hace diez años que no pagan el Banco de Previsión Social y quien figuraba como responsable de ellas dio como dirección de la empresa un lugar en el que hay dos "cyber café". Eso no es remar juntos para salir adelante. Remar juntos para salir adelante en el país es entender que hay más puntos de acuerdo que de discordia, que las negociaciones tienen que ser duras -tenemos que acostumbrarnos a negociar- y que no tenemos que seguir con la costumbre de avasallar al otro, porque corremos el riesgo de que cuando la relación de fuerzas cambie, el avasallado avasalle, generando una situación que nunca termina. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque los problemas que enfrentamos como país y los problemas del mundo del trabajo son muy importantes y merecen nuestro mejor esfuerzo.

Reitero que para mí es un verdadero orgullo haber formado parte del equipo que redactó este proyecto de ley -que desde hace muchísimos años ha sido para el movimiento sindical una bandera- y estar en esta sesión en la que seguramente se apruebe. Estamos convencidos de que la libertad sindical es un bien inherente, y estamos dispuestos a hacer esfuerzos para votarla hoy y llevarla adelante mañana.

Quedo agradecido, porque se trata de un cambio trascendente para la sociedad, no desde muchos años a esta parte, sino desde el año pasado hasta ahora.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Iturralde Viñas.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señora Presidenta: en primer lugar, consideramos un hecho muy positivo que se comience a regular en la legislación nacional acerca de los temas vinculados a las libertades sindicales, a la protección del fuero sindical. Se trata de un hecho que nuestro Partido considera "in totum" muy positivo y que buena falta estaba haciendo a la legislación nacional.

En segundo término, para nosotros ha sido por demás positivo haber trabajado en esta Comisión junto a los integrantes de la mayoría y a compañeros de otros partidos, ya que se ha dado una discusión enriquecedora, por lo alto, cada uno tratando de aportar algo positivo sobre el tema.

Nos ha parecido muy bueno que la metodología de trabajo utilizada en la Comisión haya sido recurrir a los informes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de los sectores involucrados, el PIT-CNT y las Cámaras de Comercio.

Asimismo, queremos agradecer muy particularmente que el PIT-CNT haya tenido la gentileza de recibirnos sin apuro y que nos haya dedicado casi tres horas de trabajo para la discusión profunda de este tema que, entendemos, hace a la realidad de las relaciones laborales del mundo de hoy. Del mismo modo, queremos agradecer a cada una de las cámaras empresariales que nos hayan brindado un tiempo particular para discutir este tema; lo hacemos porque entendemos que la discusión tripartita de la temática hace a la esencia del proyecto.

Estamos convencidos de que la legislación que aprobaremos en el día de hoy cambiará de forma importante el perfil de las relaciones laborales, que necesitaba una trascendente modernización. Naturalmente, tenemos importantes matices diferenciales en ciertos temas; algunos han determinado que no acompañemos en términos generales este proyecto que se denomina "Libertad sindical", aunque con salvedades apoyaremos su primer artículo porque, lejos de oponernos, sentimos que es muy importante reglamentar el fuero sindical y dictar normas de protección para los trabajadores.

Sentimos que debe apoyarse una inclusión explícita en nuestro derecho laboral de normas de protección al proceso de sindicalización de los trabajadores y al ejercicio de la actividad gremial. Es un elemento fundamental establecer una equitativa relación entre empleados y empleadores en las unidades productivas para la solución de las controversias naturales que surgen en el funcionamiento y que contribuyen al fortalecimiento de las estructuras sociales y productivas de la comunidad nacional.

Desde hace ya mucho tiempo -más de un siglo- nuestro Partido ha estado preocupado por la cuestión social y quiere seguir haciéndolo. Hemos estado preocupados por reglamentar equilibradamente la relación entre empleadores y empleados. Sentimos que todo este sistema de relaciones laborales que hoy comienza a regularse necesita un largo proceso de diálogo, en el que se involucren todas las partes. En este sentido, queremos dejar expresa constancia del agradecimiento que en nombre del Partido Nacional expresamos al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y a su equipo, que nos recibió junto a más de un compañero para escucharnos plantear nuestros puntos de vista. Además, el señor Ministro tuvo a bien canalizar muchos de esos planteamientos, al punto de que se generarán ámbitos tripartitos que, más allá de que ya estaban en la intención del titular de la Cartera, han recibido nuestro aporte.

Entendemos que las libertades sindicales y, en particular, el fuero sindical deben estar incluidos en la modernización normativa de las relaciones laborales y que requieren un abordaje global y no parcial, como el que le estamos dando ahora. No obstante, no queremos quedar ajenos a la contribución en este tema. Si bien no acompañaremos el proyecto en general, sí apoyaremos muchísimos de sus artículos. No voy a reiterar conceptos en ese sentido -ya lo ha hecho nuestra compañera, miembro de la Comisión-, pero sí quiero decir que nos parece importante manifestar nuestra voluntad de reglamentar también, en un futuro muy próximo, la negociación colectiva, el derecho de huelga y los temas vinculados con las ocupaciones de los lugares de trabajo. En cuanto a la negociación colectiva nos interesa reglamentar la obligación de negociar, el derecho a la información y los efectos "erga omnes" una vez aprobados los convenios generales. Si bien esto debe hacerse en un ámbito informal, sentimos que los sectores sociales ya están maduros como para abordar estas cuestiones en un espacio de negociación tripartita que puede permitir el surgimiento de normas consensuadas con amplia base de sustento y mejor aplicabilidad, si se me permite la expresión.

Queremos referirnos concretamente a algunos de los temas respecto de los que manifestamos discrepancias.

Con relación al artículo 1º, en términos generales y tal como lo hemos manifestado, compartimos la necesidad de reglamentar el fuero sindical, pero nos quedan algunas dudas acerca del alcance de la restitución en todos los casos.

En cuanto a los procedimientos administrativos y a los trabajadores legitimados para llevar a cabo las acciones, no compartimos la legitimación activa en manos de los sindicatos, ya que entendemos que esta debe ser una acción personal y solamente cuando el trabajador lo entienda conveniente debe extenderse a los sindicatos.

En lo que hace al artículo 3º -que ha sido el más discutido hasta ahora-, entendemos que la carga de la prueba no debe invertirse en los términos en que se establece aquí, sino que, apelando a las cargas dinámicas de la prueba, debemos reclamar que sea el trabajador quien pruebe los hechos que alega, así como reclamar a los empleadores que prueben cuáles son los hechos que determinan la exclusión de un trabajador o las variaciones en la relación laboral. ¿Qué queremos decir con esto? Que no entendemos que deba aplicarse el principio general de que quien alega un hecho debe probarlo; sabemos de las dificultades que muchas veces tienen los sindicalistas para probar los hechos que denuncian, que son los que generan la situación que provoca su despido. Pero tampoco creemos que la solución pase por invertir la carga de la prueba. Entendemos que debe buscarse un justo equilibrio en el que cada parte deba probar lo que esté a su alcance, y que el Juez sea quien evalúe la presentación general de la prueba.

No estamos de acuerdo con la creación del registro dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; después voy a explicar cómo solucionamos esto en nuestro proyecto. No voy a repetir el problema de las sanciones dobles ni nos parece que deba ponerse énfasis especial en qué destino debe darse al producido de la multa.

Tampoco estamos de acuerdo con la retroactividad de este proyecto al 1º de marzo, no porque entendamos que por ser retroactiva resultaría inconstitucional, sino porque violenta el principio de legalidad, ya que tipifica como ilegítimo un hecho que anteriormente la legislación no consideraba así.

Estamos de acuerdo con la retención de la cuota sindical y, con algún pequeño matiz, mantenemos la redacción propuesta.

No compartimos el artículo que modifica la prelación establecida en la Ley Nº 17.829.

En términos generales, compartimos la redacción de los tres últimos artículos.

En el artículo 1º del proyecto de ley que presentamos declaramos: "[...] todo trabajador goza de protección contra cualquier acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo". Agregamos, además: "Quedan prohibidas todas las acciones u omisiones tendientes a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores y sus sindicatos". Hemos denominado este artículo "Protección de las libertades sindicales".

En el artículo 2º hablamos de las garantías para los dirigentes sindicales y señalamos: "Los trabajadores representantes o dirigentes de un sindicato constituido o en formación, gozarán de estabilidad laboral y no podrán ser despedidos, ni alterárseles las condiciones de trabajo, así como ser sancionados sin causa justificada".

En el artículo 3º establecemos lo que, a nuestro entender, es la definición de dirigente sindical, manteniendo la autorregulación con un pequeño matiz. Señalamos a quiénes entendemos protegidos por la actividad sindical, que son "los trabajadores que posean la condición de dirigentes o representantes sindicales", y decimos: "Dicha condición se obtendrá de acuerdo a lo previsto en los estatutos que aprobarán las organizaciones sindicales a efectos del reconocimiento de la personería jurídica". Por esto último es que mencionaba que teníamos algún matiz.

En el artículo 4º hablamos de la aplicación del fuero sindical y decimos: "Para gozar del fuero sindical los dirigentes deberán haber sido designados mediante voto secreto, del conjunto de los afiliados en los términos de sus respectivos estatutos. [...]". No quiere esto cuestionar la actividad sindical que han venido desarrollando los gremios; lo que quiere es manifestar de qué manera entendemos que debe hacerse. Establecemos una escala y determinadas pautas para marcar cuáles son los trabajadores que tendrán esta protección.

Luego pasamos a reglamentar la acción de amparo, que es la garantía procesal y la manera en que va a estar dada.

Después reglamentamos la prueba del acto discriminatorio, centrándola en que el trabajador deberá indicar "los perjuicios concretos y directos que se le ocasionaren, aportando la prueba pertinente a las circunstancias referidas.- Incumbirá al empleador la carga de probar la existencia de una causa justificada que fundamente la medida impugnada".

Mantenemos un Registro de Infracciones, pero el que ya existe en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin darle un efecto ulterior más que la mera inscripción como cualquier irregularidad laboral.

Finalmente, pasamos a regular los últimos tres artículos de la manera en que estaban en la ley original.

Con esto queremos dar una señal en cuanto a la importancia que tiene para nosotros la reglamentación de este fuero sindical y la que va a tener en el futuro el tema de la regulación de las relaciones laborales en su conjunto, ya que tampoco entendemos que este fuero sindical pueda servir si no hay una ley de negociación colectiva acordada.

Me importa también manifestar que esta reglamentación que estamos instrumentando protege a los trabajadores que están formando un sindicato y pretende proteger a aquellos que estén en una actividad gremial sin que hayan constituido un sindicato, como pueden ser, por ejemplo, las paritarias de seguridad e higiene, que en muchos lugares existen, pero que deberían existir en muchísimos más.

En definitiva, creemos que es un hecho muy positivo la reglamentación de estos temas y queremos manifestar nuestra voluntad de trabajar en este sentido. Nos gustaría que se pudiera seguir discutiendo en la Cámara de Senadores, a fin de que podamos llegar a un acuerdo general sobre estos temas que tanto hacen a la vida de los trabajadores del Uruguay.

25.-     Asuntos entrados fuera de hora.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Pablo Abdala, García, Delgado y Cardozo Ferreira.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se dé cuenta de un asunto entrado fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"PROYECTOS PRESENTADOS

"Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley referido a libertades sindicales. C/327/005

- A la Comisión de Legislación del Trabajo".

26.-     Proyectos presentados.

"LIBERTADES SINDICALES. (Normas.).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Protección de las libertades sindicales).- Declárase que todo trabajador goza de protección contra cualquier acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

Quedan prohibidas todas las acciones u omisiones tendientes a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores y sus sindicatos.

Artículo 2º. (Garantías al dirigente sindical).- Los trabajadores representantes o dirigentes de un sindicato constituido o en formación, gozarán de estabilidad laboral y no podrán ser despedidos, ni alterárseles las condiciones de trabajo, así como ser sancionados sin causa justificada.

Artículo 3º. (Dirigente sindical, definición).- A los efectos de la presente ley se considerará comprendida dentro de la protección de la actividad sindical, la ejercida por los trabajadores que posean la condición de dirigentes o representantes sindicales.

Dicha condición se obtendrá de acuerdo a lo previsto en los estatutos que aprobarán las organizaciones sindicales a efectos del reconocimiento de la personería jurídica.

Artículo 4º. (Aplicación del fuero sindical).- Para gozar del fuero sindical los dirigentes deberán haber sido designados mediante voto secreto, del conjunto de los afiliados en los términos de sus respectivos estatutos.

La cantidad de dirigentes que representen a su sindicato y que podrán ampararse al fuero sindical, estará determinada por el número de trabajadores de sus respectivas empresas conforme a las siguientes pautas:

A) Uno, en las empresas que ocupen hasta veinticinco trabajadores.

B) Tres, en las que ocupen hasta cien.

C) Siete, en las que ocupen hasta quinientos.

D) Nueve, en las que ocupen hasta mil.

E) Doce, en las que ocupen más de mil.

Asimismo, durante el proceso de constitución de un sindicato, los promotores o fundadores del mismo gozarán de igual protección, por un plazo de noventa días.

En todos los casos la protección de estos trabajadores regirá desde el momento en que se hubiere comunicado fehacientemente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al empleador, los nombres de los mismos.

Artículo 5º. (Garantía procesal: la acción de amparo).- Sin perjuicio de los procedimientos y de las sanciones administrativas, todo trabajador que considere que se le ha lesionado en las libertades sindicales establecidas en el artículo 1º de la presente ley, podrá recurrir a la acción de amparo regulada por la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988.

Por la misma vía procesal se tramitará la pretensión de reinstalación o de reposición del dirigente sindical fundada en la discriminación prevista en los artículos 1º y 2º de esta ley.

Serán competentes los tribunales que, en sus respectivas jurisdicciones entiendan en materia laboral.

El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad y mediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

Artículo 6º. (La prueba del acto discriminatorio).- Cuando se alegare por parte del trabajador que el despido o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo, tiene un carácter discriminatorio, deberá indicarse los perjuicios concretos y directos que se ocasionaren, aportando la prueba pertinente de las circunstancias referidas.

Incumbirá al empleador la carga de probar la existencia de una causa justificada que fundamente la medida impugnada.

El Juez en uso de sus facultades inquisitivas, proveerá todo lo necesario para determinar la verdad material y evaluará los hechos teniendo particularmente en cuenta las mejores condiciones fácticas de acceso a la prueba, así como las dificultades o imposibilidad de adjuntar elementos probatorios.

Artículo 7º. (Registro de infracciones).- La Justicia ordenará inscribir en el Registro de Infractores en Materia Laboral que lleva el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que dictaminen infracciones a la presente ley.

Artículo 8º. (Retención de cuota sindical).- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa. El porcentaje a descontar será fijado por el sindicato y comunicado fehacientemente a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso.

Artículo 9º. (Comunicación de actividades sindicales).- Los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección y a los que los trabajadores tengan fácil acceso. La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

En todos los casos deberá acordarse con la dirección de la empresa, los horarios y lugares destinados a la realización de dichas actividades.

Artículo 10. (Mecanismos tripartitos de consulta).- Cométase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, contralor y seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Montevideo, 19 de julio de 2005.

ADRIANA PEÑA HERNÁNDEZ, Representante por Lavalleja, PABLO ITURRALDE VIÑAS, Representante por Montevideo, ÁLVARO DELGADO, Representante por Montevideo, PABLO ABDALA, Representante por Montevideo, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, ÁLVARO ALONSO, Representante por Montevideo, BERTIL R. BENTOS, Representante por Paysandú, MIGUEL ASQUETA SÓÑORA, Representante por Colonia, SERGIO BOTANA, Representante por Cerro Largo, JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha, JUAN JOSÉ BRUNO, Representante por Durazno, FEDERICO CASARETTO, Representante por Maldonado, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, RICHARD CHARAMELO, Representante por Canelones, ALBERTO CASAS, Representante por San José, DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú, MAURICIO CUSANO, Representante por Canelones, SANDRA ETCHEVERRY, Representante por Montevideo, CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Representante por Florida, JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo, JORGE GANDINI, Representante por Montevideo, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia, RODRIGO GOÑI ROMERO, Representante por Salto, DANIEL MAÑANA, Representante por Río Negro, GONZALO NOVALES, Representante por Soriano, ÁLVARO F. LORENZO, Representante por Montevideo, JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres, JORGE ROMERO CABRERA, Representante por Rivera, NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, DIEGO GUADALUPE, Representante por Montevideo, RUBENS OTTONELLO, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley que se presenta a consideración de la Comisión tiene por objetivo recoger en la legislación nacional la protección del derecho de asociación de los trabajadores así como su acción sindical previstos en los convenios internacionales ratificados por la República así como la Constitución Nacional.

El sistema de relaciones laborales nacional debe ser enmarcado en un conjunto de políticas que fomenten la generación de empleo mediante la inversión, por lo que se considera imprescindible que la legislación sea clara en materia de respeto a los derechos fundamentales involucrados en el ámbito del trabajo.

Una finalidad central del proyecto es dar claridad al régimen jurídico vigente en cuanto al ámbito de protección de la actividad sindical. En primer término, el proyecto es enfático en cuanto a prohibir las "acciones u omisiones tendientes a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores y sus sindicatos". En segundo lugar, protege al dirigente sindical en su actividad, dándole un conjunto de garantías que incluyen la estabilidad laboral. El proyecto define el concepto de dirigente sindical y dispone una serie de requisitos mínimos a ser cumplidos por los estatutos de la organización sindical en la elección del dirigente sindical. En igual situación se coloca a los trabajadores en proceso de constitución de un sindicato.

El proyecto también regula en materia procesal, habilitando la acción de amparo (Ley Nº 16.011) como procedimiento abreviado para ser utilizada por los actores del mundo laboral en aquellos casos en que no se respetan derechos fundamentales consagrados en la Constitución. La acción de amparo, que se ha venido aplicando con éxito en otros casos de violaciones de principios constitucionales, en particular por exceso cometidos por el Estado, cumple con las condiciones de celeridad necesarias para evitar perjuicios mayores, así como otorga al Juez facultades de instrucción suficientes para la obtención de la prueba necesaria de la posible violación de libertades sindicales.

Un sistema de relaciones laborales moderno exige que se respeten los derechos fundamentales de los diversos actores involucrados en el mundo laboral. Que los trabajadores puedan constituir sindicatos, los mismos puedan funcionar bajo principios democráticos, y realizar sus reivindicaciones en el marco de los derechos fundamentales, constituyen, no solamente derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en normas internacionales, sino también requisito imprescindible para equilibrar un adecuado relacionamiento laboral. Por otra parte, también es claro que los empleadores tienen derechos fundamentales como organizar y dirigir su empresa, fuente de empleo. A ellos también se les habilita el acceso a la acción de amparo, si entienden que se le conculcan derechos fundamentales en su actividad.

Con la aprobación del proyecto de ley que se presenta, Uruguay alcanzará niveles superiores de protección de las libertades sindicales así como también, se introduce un procedimiento acelerado y de garantías para la protección de los derechos de los diversos actores involucrados en el ámbito de las relaciones laborales.

Montevideo, 19 de julio de 2005.

ADRIANA PEÑA HERNÁNDEZ, Representante por Lavalleja, PABLO ITURRALDE VIÑAS, Representante por Montevideo, ÁLVARO DELGADO, Representante por Montevideo, PABLO ABDALA, Representante por Montevideo, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, ÁLVARO ALONSO, Representante por Montevideo, BERTIL R. BENTOS, Representante por Paysandú, MIGUEL ASQUETA SÓÑORA, Representante por Colonia, SERGIO BOTANA, Representante por Cerro Largo, JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha, JUAN JOSÉ BRUNO, Representante por Durazno, FEDERICO CASARETTO, Representante por Maldonado, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, RICHARD CHARAMELO, Representante por Canelones, ALBERTO CASAS, Representante por San José, DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú, MAURICIO CUSANO, Representante por Canelones, SANDRA ETCHEVERRY, Representante por Montevideo, CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Representante por Florida, JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo, JORGE GANDINI, Representante por Montevideo, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia, RODRIGO GOÑI ROMERO, Representante por Salto, DANIEL MAÑANA, Representante por Río Negro, GONZALO NOVALES, Representante por Soriano, ÁLVARO F. LORENZO, Representante por Montevideo, JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres, JORGE ROMERO CABRERA, Representante por Rivera, NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, DIEGO GUADALUPE, Representante por Montevideo, RUBENS OTTONELLO, Representante por Canelones".

27.-     Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción).

¾ ¾ Continúa la discusión del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Barreiro.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta: tal como luce al pie del proyecto de ley que está considerando hoy esta Cámara, hemos apoyado el proyecto presentado por la mayoría con las salvedades que iremos expresando en el transcurso de esta exposición, que trataremos de que sea breve y concreta.

La habilitación del proceso de discusión en torno al proyecto de ley sobre fuero sindical nos pareció de fundamental importancia, habida cuenta de que entendemos que llena un vacío legal existente en nuestro país. El eje del proyecto, la columna vertebral de esta iniciativa sobre protección del fuero sindical, se basa en documentos internacionales y regionales firmados y ratificados por la República Oriental del Uruguay. A ese contexto, a ese espíritu al que apunta el proyecto queremos hacer nuestra humilde contribución, porque entendemos que puede mejorarlo, y así lo hicimos saber en la Comisión de Legislación del Trabajo y lo estamos exponiendo en esta Cámara.

Es verdad -ya lo han manifestado varios señores legisladores- que en el transcurso de esta discusión hemos recibido la opinión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la central de trabajadores y de las cámaras empresariales del país. En el transcurso de ese intercambio, a instancias de las cámaras empresariales, surgió la apertura de un ámbito de discusión tripartito de este tema, a lo cual nosotros -consta en la versión taquigráfica de la Comisión- manifestamos que éramos proclives, que nos parecía bien, que era razonable una discusión en un ámbito tripartito, que podía enriquecer y clarificar muchos de los puntos que estaban planteados en este proyecto de ley que hoy estamos considerando. Sin perjuicio de ello, sabemos que era en el ámbito parlamentario en donde se iba a dar la discusión del proyecto, porque es una prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo la elaboración de la iniciativa. Una discusión en ese ámbito tripartito, con plazos adecuados, con ciertas normas en las cuales podían participar las partes afectadas o a las cuales tocaba el proyecto de ley, nos parecía que podía ser conveniente. No fue así el criterio seguido por la mayoría de la Comisión, que respetamos. Por lo tanto, ante esa resolución, decidimos abocarnos al debate del proyecto y a tratar de introducir aquellas modificaciones que a nuestro leal saber y entender podían mejorarlo, hacerlo más justo y más equilibrado, manteniendo ese espíritu al cual apuntaba la iniciativa en su primaria concepción.

La estrategia podría haber sido otra: la de aportar constructivamente un nuevo proyecto para discutir. Nos pareció más práctico, más constructivo, trabajar sobre el proyecto presentado por la mayoría e introducirle las modificaciones que nos parecían convenientes. Muchas de esas modificaciones fueron aceptadas en el transcurso del debate y otras no. Aquellas que no lo fueron serán punta de las objeciones que haremos saber.

En cuanto al articulado en general, el artículo 1º refiere a lo sustantivo del derecho. El primer inciso remite a los Convenios Internacionales del Trabajo y agrega un documento regional, la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, también firmada y ratificada por nuestro país. El segundo inciso es copia textual del inciso segundo del artículo 1º del Convenio Nº 98. En este caso, planteamos en Comisión -y fue recogido por la unanimidad de sus integrantes- que la reproducción fuera textual, que no omitiera ninguno de sus aspectos, fundamentalmente porque había existido una omisión debido a que en un principio se juzgó que no era necesaria. En realidad, era una omisión expresa en cuanto al permiso que debe dar el empleador para realizar actividades sindicales dentro del horario de trabajo. Pensamos que esa omisión podría originar dudas acerca de si el permiso era necesario o no. Este fue el criterio que al final de cuentas predominó y fue aceptado por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

En el proyecto se agrega la participación en actividades sindicales, incluyendo aquellas tendientes a la constitución de organizaciones o de coaliciones de trabajadores. Nos parece que establecer ese principio era desde todo punto de vista justo y adecuado. La realidad ha demostrado que en este momento existe una extrema vulnerabilidad para los trabajadores en la formación o constitución de un sindicato y pensamos que el fuero sindical debería protegerlo en ese momento tan sensible.

El artículo 1º establece, como es dable apreciar, un concepto amplio de fuero sindical, en contraposición al que restringe el fuero solamente a los dirigentes sindicales. Entendíamos que el espíritu del proyecto era abarcativo hacia todos los trabajadores y, fundamentalmente, a aquellos que no estando amparados en el papel de dirigentes sindicales pueden ser objeto de una actitud injusta por parte del empleador. Por lo tanto, nos afiliamos a la idea del concepto amplio de fuero sindical, que es el que expresa este artículo.

El artículo 2º refiere al proceso de reinstalación del trabajador perjudicado por las actividades sindicales. En este caso, hace hincapié en la acción de amparo, es decir, se remite a que el proceso debe estar regido por la ley de amparo, la Nº 16.011, de diciembre de 1988, y también nos parece apropiado. En los primeros borradores de trabajo, quien juzgaba si el acto era nulo o no, no era la Justicia, sino la Administración. Nos parecía tremendamente peligroso que fuera una acción discrecional de la Administración que determinara el hecho infractor o la nulidad del procedimiento del despido. Nos parecía -así fue tomado en el proyecto definitivo- que era la Justicia la que tenía que hacerlo.

La acción de amparo nos parece un procedimiento breve y claro, que puede seguir el trabajador o, en su defecto, quien esté legitimado para proceder en todos estos casos. La novedad es la legitimación activa de las asociaciones de trabajadores, tema que también fue objeto de discusión. Que el sindicato represente a aquel trabajador que no quiera o no pueda realizar esta denuncia, o que se sienta más protegido de esta forma -por supuesto que con su consentimiento, porque esta acción de la legitimación solo se da con el consentimiento del trabajador-, no nos parece inconveniente si se siguen todos los procedimientos establecidos.

Nos parece que estos dos artículos son los fundamentales, porque -como decíamos hoy- son la columna vertebral de este proyecto de ley y no hacen más que ratificar, en su inmensa mayoría, convenios internacionales que el país ya ha ratificado hace muchos años -en la década del cincuenta-, por lo que vamos a votarlos sin ningún inconveniente.

En el artículo 3º la discusión se centra, fundamentalmente, en el inciso segundo: en la inversión de la carga probatoria. En ese sentido, para mantener ese equilibrio indispensable entre las partes sobre las cuales gira toda esta acción, tratando de evitar que la balanza que hoy está inclinada hacia un lado se incline hacia el otro, debemos continuar el actual criterio que establece el Código General del Proceso, no invertir la carga probatoria y que sea el trabajador quien deba probar la injusticia de su despido por realizar actividades sindicales. En su momento, vamos a solicitar el desglose de este artículo para hacer saber nuestra objeción con relación a la inversión de la carga probatoria.

En cuanto al artículo 4º, no tenemos objeciones.

El artículo 5º crea el Registro de Infractores. En realidad, esa creación es redundante, pero no nos oponemos a que el proyecto lo establezca. La ley del 10 de noviembre de 1987 ya disponía esa creación, pero aquí se establece con carácter específico. Nos parece correcta la existencia de este registro, y excesivas las consecuencias que se establecen a raíz de estar ordenada la inscripción de las empresas en el registro.

Hicimos hincapié -también fue aceptado por el resto de los integrantes de la Comisión- en que la inscripción en el registro debe ser ordenada por la Justicia y ante un hecho consumado como cosa juzgada. Eso nos parecía importante. En el primer proyecto presentado no figura quién ordenaba la inscripción en el registro. Creemos que es acertado que lo ordene la Justicia. No vamos a participar en cuanto a las consecuencias, a la excesiva rigurosidad que establece el hecho de estar en el registro. Nos parece que no es una buena señal para un país que posee pocas empresas y que tiene que alentar la inversión. Preferimos que este proyecto -como establecen algunos de los artículos finales- sea objeto de un seguimiento por parte de un ámbito tripartito y veremos después cuál es la mejor aplicación que se da a este Registro de Infractores. Sabemos que existen otros registros y que no está establecido en la ley cuál es la penalidad por figurar allí. Por lo tanto, en este artículo también vamos a pedir el desglose y vamos a establecer nuestra objeción en ese aspecto.

En cuanto al artículo 6º, no tenemos inconvenientes.

Nos oponemos a la retroactividad de la ley, no por oponernos a que las leyes sean retroactivas -porque pueden serlo si ellas lo enuncian-, sino que en el caso de establecer sanciones por infracción no nos parece adecuado que estas sean retroactivas a un momento en el cual la ley no existía. Se puede estar cometiendo infracciones, la ley no está vigente y lo que hace la retroactividad en este caso es trasladar la infracción y la pena a un momento en el cual la ley no existía. Por lo tanto, no vamos a votar este artículo.

(Murmullos)

——En cuanto a la cuota sindical, creemos que es razonable otorgar al trabajador el derecho a que se descuente la cuota con su consentimiento, pero no nos parece prudente modificar la Ley Nº 17.829...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Vamos a solicitar al pleno el silencio necesario para poder escuchar la exposición del señor Diputado.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta: la ley del 18 de setiembre de 2004 establece textualmente: "Artículo 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego por su orden, las solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto, por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren".

Creemos que lo establecido en esta ley apunta a preservar derechos y protecciones muy importantes del trabajador, como es el derecho a la vivienda, a la salud y al crédito social para el que lo necesita. Por lo tanto, no juzgamos apropiado modificar esta ley, sino mantenerla tal cual, y no votaríamos el artículo que la modifica, pero sí la posibilidad de adjudicar al trabajador el derecho, mediante consentimiento, a que le sea descontada la cuota sindical después de lo que establece la ley.

Con estas salvedades, que apuntan a mantener el adecuado equilibrio entre las partes a fin de que el empresario no se sienta perjudicado y aliente la inversión y, en definitiva, el trabajo, sin el cual el trabajador no existe, vamos a votar en general y también votaremos afirmativamente aquellos artículos que nos parece que son los más importantes, que hacen al espíritu del proyecto, a la protección del fuero sindical del trabajador en un sentido amplio en el ejercicio de su actividad sindical. Votaremos en general el proyecto de ley y plantearemos estas objeciones que hemos establecido en Sala.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARREIRO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Señora Presidenta: el informe del señor Diputado Barreiro, que ha sido claro y elocuente, es el del Partido Colorado. El final al que él hacía referencia es significativamente importante para nosotros. Por supuesto que tenemos algunas dudas bien de fondo acerca de si la simetría que teóricamente debe tener este proyecto no se desnaturaliza.

Este es un tema estrictamente del Gobierno, porque si eventualmente, en aras de defender al trabajador sindicalista, al representante de los otros trabajadores, lo que hacemos es dañar la posibilidad de que haya más trabajo en el país, ¡cuidado!, porque sería peor la enmienda que el soneto. Soy abogado y desde épocas inmemoriales estudiábamos el fuero sindical en la Facultad de Derecho como un instrumento de defensa, justamente, de quienes representan a los trabajadores. Este informe tan elocuente del señor Diputado Barreiro nos permite decir que es correcto avanzar en la legislación, pero tenemos la impresión de que esto no está mirando todo el conjunto. De repente hay tiempo para mejorar en alguna instancia el instrumento jurídico; será cuestión de ver. Me parece que el Gobierno debe tener -lo digo con mucha humildad- la capacidad de prestar atención a cuáles son los instrumentos que hacen contraer la inversión o la desestimulan.

Hoy por la mañana sentía al señor Diputado Bentancor en una emisora radial, y le preguntaban si no había posibilidad de generar algún desestímulo. El señor Diputado, con muy buena voluntad, trataba de dar luz, diciendo que tenía la impresión de que no. Yo no estoy tan seguro. Será cuestión de auscultar el clima de la inversión.

Asimismo, hoy se preguntó al señor Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, sobre este proyecto, y convendría leer la versión taquigráfica y ver lo que contestó. Es claro, pero no absolutamente claro. Lo digo con respeto. Se le preguntó cuál era su lectura en torno a este tema y me gustaría que revisaran la versión taquigráfica. De repente, podría haber dicho que le parece estupendo el proyecto, pero no fue esa la versión.

(Interrupciones)

——Son interpretaciones que puedo estar haciendo; capaz que estoy equivocado. No estoy buscando armarle un lío al Gobierno. No es esa mi intención. Lo estoy diciendo con franqueza. Hay que evaluar si va a haber mayor inversión y mayor generación de trabajo. Algunos de nosotros tenemos la duda de que, eventualmente, esto pueda ser un desestímulo. Y, ¡cuidado!, porque en este barco de sacar al país adelante estamos todos. Estoy consciente de que aquí hay muchos legisladores que conocen muy bien el mundo sindical; muchos de ellos provienen de él, y lo digo con respeto. Eso está bueno, porque supongo que les da una profundidad mucho mayor en cuanto al conocimiento del tema. Pero ¡cuidado con la construcción de un país en el que las corporaciones empiezan a tener una fuerza importante y son poco menos que lo más significativo de una sociedad! A veces miro con mucha preocupación el sindicalismo peronista, por ejemplo. No quiero ser eso; no quiero para el Uruguay ese modelo de sindicalismo. Seguramente, la inmensa mayoría de los señores Diputados no tiene ese espíritu, pero ¡cuidado con el hecho de solo prestar atención al fortalecimiento de ciertas estructuras y no pensar que de lo que se trata en definitiva es de la defensa del trabajador, de la defensa de la fuente de trabajo del trabajador!

Se me dirá que es de Perogrullo lo que estoy diciendo. Efectivamente, es de Perogrullo; pero a veces, en estas búsquedas, en este tratar de hacer construcciones jurídicas, se corre el riesgo de que el péndulo vaya de un lado para el otro. ¿Cuál es el punto jurídico exacto? No lo sé; no soy Gobierno. En este momento el Gobierno tiene la responsabilidad de construir, pero yo velaría en profundidad en este tema para que no hubiera en el corto plazo un desestímulo o un temor a la inversión. De lo que se trata es de que la gente venga a invertir al país.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Señor Diputado: terminó el tiempo de que disponía en su interrupción.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Termino, señora Presidenta.

Es necesario que se sienta que la contratación de trabajadores uruguayos es buena para todos. Me parece que hay que pensar en instrumentos jurídicos que convaliden eso y no que generen inquietud, preocupación o algo de temor.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Barreiro, a quien le restan siete minutos de su tiempo.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta...

SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARREIRO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: simplemente quería dejar una constancia, porque estuve presente en la reunión de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, del día de hoy, en la cual el señor Ministro de Economía y Finanzas, consultado sobre este punto, declinó hacer comentarios, inclusive ante la intervención del Presidente, argumentando que se estaba totalmente fuera de tema. Por lo tanto, no creo que corresponda -y esa es la constancia que queremos dejar- decir que fue dudosa la respuesta del señor Ministro. Simplemente dijo que no era un tema para tratar en ese momento, en el que estábamos considerando la Rendición de Cuentas. No estábamos analizando el clima de inversiones que es necesario en el país. Todos conocemos la inversión que ha tenido el país, con y sin reglamentación como la que este proyecto de ley está imponiendo y, por lo tanto, crear el fantasma de que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ponen dudas sobre la incidencia que este tema puede tener en las inversiones creo que no corresponde. Reitero que el señor Ministro, consultado al respecto, dijo que no era el tema para el cual había sido convocado, y esa misma posición la tuvo el señor Presidente de la Comisión integrada, por lo que no cabía otro tipo de contestación.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Barreiro, a quien le restan cinco minutos de su tiempo.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta...

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARREIRO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señora Presidenta: sin lugar a ninguna duda, este es un proyecto de ley complejo, como tantos que votamos en la Cámara. Desde mi punto de vista, va a tener una influencia clara en el funcionamiento del país, en el funcionamiento de la economía del país. Quiero aclarar que estoy absolutamente a favor de la libertad sindical desde siempre; pero cuando votamos proyectos de ley por los que pretendemos favorecer una situación, a veces perdemos el punto de vista general.

Fui yo quien hoy en la Comisión preguntó al señor Ministro de Economía y Finanzas qué opinaba sobre este proyecto de ley. Con todo derecho, me contestó que para él ese no era el tema a tratar y que, por lo tanto, no iba a dar su opinión. Expresó que podría haber sido invitado para decir qué pensaba sobre el asunto. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero yo creo que habría sido muy importante tener una visión económica de los efectos de este proyecto de ley; y seguramente la va a tener el Senado. Me parece que en estos temas es esencial que el responsable de la conducción económica del país nos diga lo que opina, porque estos proyectos no son neutros. Estos proyectos con respecto a la inversión y al empleo tienen algún efecto. Quizás lo tenga positivo, o también puede tenerlo negativo; tal vez, el señor Ministro entienda que son efectos positivos. Me parece que esta Cámara debería haber tenido la impresión del señor Ministro de Economía y Finanzas sobre un tema de esta importancia.

¿Es un asunto sobre el que tenemos que legislar? Absolutamente. ¿La libertad sindical, la libre expresión de los trabajadores es importante? Absolutamente. A nosotros nos faltó información. Personalmente, tengo la impresión de que esto no es neutro para la inversión ni para el empleo. Creo que en lo global es negativo. Es positivo para algunas formas de sindicalismo y es negativo para el empleo y la inversión; por lo tanto, es negativo para la sociedad.

Desde ya, adelanto que nuestro sector va a votar en forma negativa en general; va a apoyar quizás algunos artículos y, definitivamente, va a votar en contra de algunos en la discusión particular.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Barreiro, a quien le restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta: ...

SEÑOR SIGNORELLI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARREIRO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SIGNORELLI.- Señora Presidenta: brevemente, decimos que con el artículo 8º no tenemos problema. Dice lo siguiente: "Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.- El porcentaje a descontar será fijado por el sindicato y comunicado fehacientemente a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso". A esto le agregaría: "Los empleadores estarán obligados a actuar como agentes de retención de los importes que en concepto de cuotas de afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales, cualquiera sea su clase".

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Barreiro.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta: he finalizado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señora Presidenta: ...

SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GUARINO.- Sí, señora Diputada.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora Presidenta: simplemente, también yo quiero hacer referencia a que sería bueno que se leyera la versión taquigráfica de la comparecencia del señor Ministro de Economía y Finanzas hoy a la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, para deducir cuál fue el tenor de la discusión que se estaba teniendo cuando el señor Diputado Amorín Batlle -lo puedo mencionar porque él mismo ha dicho que fue quien hizo la consulta- preguntó acerca de si el proyecto que se iba a tratar y votar hoy en la Cámara de Representantes podía tener efectos positivos, negativos o neutros; dijo que quería la respuesta del señor Ministro. En un momento en que el debate estaba centrado sobre si se discutía en forma general o particular la Rendición de Cuentas, tanto la Presidencia como el señor Ministro consideraron que no era tema para discutir, cuando la materia que se estaba tratando era otra. También se dijo que en el momento en que se considerara conveniente el señor Ministro daría su opinión sobre el tema, que podría haber sido dada si se le hubiera requerido la comparecencia en la oportunidad en que se hubiese considerado necesario.

Quiero hacer esta aclaración porque yo también me hago eco de las palabras del señor Diputado preopinante en cuanto a la importancia de leer la versión taquigráfica; así se verá que el tema se planteó de la forma y en el momento a que estamos haciendo referencia.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señora Presidenta: ...

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GUARINO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señora Presidenta: aquí se pregunta si la incorporación del fuero sindical tiene efectos sobre la inversión. Hay un efecto que no tiene. El señor Diputado, que fue miembro del Gobierno anterior, tiene que tener claro que cuando estuvimos, desde 1985 a la fecha, sin ninguna ley de fuero sindical, la inversión en el Uruguay -ahora parece que la ley de fuero sindical va a frenar la inversión en el país- ha ocupado en términos históricos uno de los índices más bajos de América Latina y de la región. Quiere decir que no es por causa del fuero sindical que la inversión no viene al país. Se invierte en los países por otras cuestiones y no por el grado de protección sindical que tienen los trabajadores del lugar; de lo contrario, nadie invertiría en Europa. Y nadie me puede decir a mí que Europa no tiene uno de los más altos grados de inversión del mundo, siendo que el grado de protección, no solo a la labor sindical sino a la propia seguridad social toda, es uno de los más altos del mundo. Y aun los ejemplos extremos de protección, como los países escandinavos, son los que reciben la mayor inversión del mundo.

Entonces, señores, hay que utilizar otros argumentos, porque el camino de no tener protección al fuero sindical ya lo recorrimos y la inversión no ha mejorado. Es cierto que esto no es neutro, pero lo que no va a ser -lo puedo asegurar- es negativo, porque quienes opinan de eso tienen un miedo infundado a que haya sindicatos fuertes, que es lo que necesitan las naciones avanzadas, junto con empresarios fuertes que contribuyan a un diálogo común, en el que vaya vinculada la suerte de los dos para que el rendimiento económico mejore. Ellos son los que han jugado con otras reglas y quienes han sido cómplices de la baja inversión de tantos años. En todo este período la inversión ha sido muy baja y no había ninguna ley de fuero sindical en el debate. Esta situación no tiene que cambiar sino para mejor, aun con ley de fuero sindical, porque, si no, el caso europeo sería desastroso, y es exactamente lo contrario.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señora Presidenta: siguiendo con el hilo de lo que decía el señor Diputado Pintado -que era con lo que queríamos iniciar esta intervención-, decimos que no sabemos si va a ser neutro el efecto de esta ley o cuál va a ser. Lo que tenemos claro es que la no existencia de la misma fue negativa para las inversiones por lo que acaba de decir el señor Diputado Pintado. Todos conocemos los niveles de inversiones desastrosos que ha tenido nuestro país; ha sido uno de los más bajos de América del Sur.

¿Por qué estamos discutiendo esta ley ahora? Creo que lo estamos haciendo porque hay una nueva realidad en el país, que se expresó hace muy poco en las urnas. La gente votó un cambio de Gobierno; votó a una fuerza progresista, que dentro de su propuesta tenía, naturalmente, como uno de sus núcleos fundamentales, a los trabajadores; dentro de su discurso, de su propuesta y de su práctica histórica política tenía la defensa de los derechos de los trabajadores. Naturalmente, la gente tiene la expectativa de que este nuevo Gobierno genere una ley que haga justicia con algo tan anhelado durante tantos años: los fueros sindicales.

Hoy decía un señor Diputado que este proyecto no está en contra de los empresarios. Yo considero que está a favor de los trabajadores y de los sindicalistas, pero también del país y de la inmensa mayoría de los pequeños y medianos empresarios que viven de un mercado interno que tiene mucho que ver con la sindicalización, con los Consejos de Salarios y con las negociaciones colectivas. Porque hasta mediados de la década del setenta, el 50% del PBI que se generaba en este país era riqueza que se destinaba a la masa salarial, que, como todos sabemos, no se iba fuera del país; era dinero que recirculaba en un país que tenía un modelo de consumo interno y pequeñas empresas, talleres y fábricas. Después que empezó la onda desreguladora y la dispersión y el debilitamiento sindical como fruto de esa onda tercerizadora y desreguladora, llegamos a la situación actual en la que apenas un 23% o un 24% del PBI es masa salarial. Esto demuestra que hay una brutal concentración de la riqueza que no beneficia a todos por igual, pero sí a algunos sectores que están muy preocupados por que exista una ley de fueros sindicales y por el resurgimiento sindical. Esto es algo notorio, lo informan los sindicatos y la gente de FUECI dice que ha crecido un 30% en los últimos meses. Los trabajadores de muchas empresas que antes no tenían sindicato -por ejemplo, empresas del transporte- comienzan a organizarse y a exigir sus derechos. Lo mismo ocurre con las metalúrgicas y las empresas tercerizadas, que sufrían una gran explotación.

Esto es lo que la gente ve porque apostó a ese cambio, y a nuestra fuerza política le corresponde la gran responsabilidad -no es la única, porque ojalá pudiéramos contar con la gran mayoría de los votos de los legisladores- de impulsar proyectos como este, que garanticen los derechos de los trabajadores.

Como Diputado del interior, creo que para esa parte del país esto tiene un gran efecto. El movimiento sindical uruguayo pagó muchas veces las consecuencias de que no existiera protección a los fueros sindicales, pero en el interior, sobre todo ese interior profundo del que provenimos, las condiciones eran mucho más difíciles. Si los obreros organizaban un sindicato en una obra de la construcción, era seguro que quedaban sin trabajo y que iban a formar parte de las listas negras. Lo mismo ocurría con otros sectores de la industria, de las pocas que hay.

Entonces, creo que este proyecto tendrá un efecto de reactivación y de cambio del estado de ánimo de los trabajadores del interior, sobre todo en el sector rural, donde está la actividad de la forestación. Le hará mucho bien a este Uruguay productivo que necesita sindicatos y empresas fuertes.

SEÑOR SOUZA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GUARINO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SOUZA.- Señora Presidenta: en la tarde de hoy hemos escuchado las distintas exposiciones que se hicieron con respecto al tema que nos ocupa y fuimos tomando nota de algunos planteos realizados desde la oposición. Me refiero, por ejemplo, al tema de las asimetrías y de los equilibrios necesarios, y de que no terminemos transformándonos en voceros de una de las partes que integran el mundo de la oferta y la demanda de trabajo, de los trabajadores y de los empresarios.

A lo largo de la historia de este país los equilibrios y las simetrías han sido groseramente vulnerados. Se ha planteado el grave riesgo que esto puede implicar para algo tan demandado como los capitales de inversión y, como decía un compañero preopinante, hace más de diez años que venimos escuchando de parte de distintos Gobiernos grandes alocuciones, grandes planteos y grandes alharacas hablando de inversores que nunca aparecieron, aun yendo a contrapelo de lo que fue orgullo de este país, los derechos de los trabajadores, que fueron groseramente desmantelados, lenta pero paulatinamente, con el correr del tiempo.

Como decía el compañero preopinante, este Gobierno tiene un compromiso con la población, compuesta por todos los ciudadanos, por los empresarios pero también por la clase trabajadora, principalmente por ella. Afortunadamente, hoy este recinto alberga a gente que viene de las filas de la clase trabajadora. Nos enorgullecemos de tener en estas bancas a compañeros que supieron dar las más grandes batallas desde el ámbito sindical en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Reitero: nos enorgullecemos de tenerlos aquí defendiendo los intereses de su clase trabajadora.

Este Gobierno nunca manifestó públicamente como lo hizo algún ex mandatario de este país diciendo que nunca había perdido ninguna huelga, o que "ustedes hacen que trabajan y yo que les pago". Si de algo pueden pecar estas frases es de no guardar los equilibrios ni las simetrías. ¿Qué se puede inferir de un mandatario cuando dice que nunca perdió una huelga? Que él está de un lado y los trabajadores del otro. ¿Y del que dice: "Ustedes hacen que trabajan y yo que les pago"? Que tampoco guarda ningún tipo de simetría ni de equilibrio. Con la aprobación de este proyecto de ley no estaremos haciendo nada más ni nada menos que tratar de equilibrar esa balanza que hace mucho tiempo viene siendo desequilibrada por los Gobiernos que se sucedieron en este país.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señora Presidenta: he terminado.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Señora Presidenta: si vamos a entrar en el juego de ver las cosas de manera binaria, dicotómica, bipolar, ¡vamos arriba! No voy a entrar; estoy viejo para eso. No estoy para ver las cosas blanco acá, negro allá, bueno aquí, malo allí. El mundo no es así, porque ese Uruguay al que se está haciendo referencia es el Uruguay de Botnia, por la que peleó mucha gente de todos los partidos; el Uruguay de Forest Investment, de los belgas en el puerto, que algunos decían que iba a terminar hecho un nido de ratas y hoy se llenan la boca hablando de la lógica portuaria. El Uruguay de los indios, de TATA Consulting, ese de las zonas francas. Todo eso y muchas cosas más se pelearon en todos estos años, y ojalá nos hubiera ido mucho mejor para que viniera la inversión externa.

Por suerte, ahora tenemos un diálogo estupendo con el Fondo Monetario Internacional, tenemos casi una actitud de diálogo en fase exquisita de champán; ahora vamos a tener más chance de que haya más inversiones y hay un clima de hiperentendimiento. No hubiéramos imaginado nunca esa sensación casi de relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional. Nos llena de impresión. Así que, bueno, otros vendrán que mejores nos harán. ¡Vamos arriba, maestro!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Pérez González.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta:...

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: volviendo al proyecto de ley, quiero hacer algunas reflexiones porque en la noche de hoy -finalizando la sesión- hemos escuchado algunas preocupaciones por la inversión.

Lo que digo es que a veces tenemos que hacer una especie de abstracción y buscar cierta perspectiva histórica, por más que estemos viviendo el presente. Recuerdo que promediando 1860, en Estados Unidos se discutía el trabajo esclavo, y un protointelectual, Jefferson Davis, nombrado Presidente de los Estados Confederados de América -que defendía el trabajo esclavo-, hacía reflexiones en el siguiente tono: "Si nos sacan el trabajo esclavo, la economía de los Estados Confederados se viene abajo". Por suerte, en aquel momento había otras alianzas de clases y esa aberración fue derrotada.

Por esa misma época, la del famoso sabotaje, en la que algunos trabajadores furiosos por sus condiciones de trabajo se quitaban los "sabots" -los zuecos de madera- y los tiraban adentro de una máquina para reventarla, se trabajaba entre dieciséis y dieciocho horas por día en condiciones infrahumanas, y cuando se empezó a tratar la cuestión obrera, aquellos empresarios ingleses decían lo siguiente: "¡Qué barbaridad! Si me cortás el horario de trabajo, me echás abajo la inversión y la riqueza".

Yo quiero trazar cierto paralelismo, con perspectiva histórica y con mucho respeto. En esa época, espeluznante por las terribles condiciones de trabajo, se daba la siguiente paradoja. Si un trabajador o una trabajadora en aquellas fábricas de superexplotación tenía la desgracia de que una máquina textil le comiera las manos, perdía dos cosas: sus manos y el empleo. Hubo necesidad de mucha lucha obrera para terminar con eso. Y creo que a ese otro paralelismo que se da hoy le estamos poniendo remedio. Algunos trabajadores durante muchos años nos han dicho: "Dirigentes sindicales: perdimos el conflicto y perdimos el trabajo". Por eso es muy importante aprobar este proyecto de ley en el día de hoy.

Quizás dentro de cincuenta o cien años, nuestros nietos, bisnietos y demás puedan ver esto con perspectiva histórica y considerar que era algo de sentido común o humanista -si así quieren llamarlo-, de la misma manera que hoy miramos con desprecio aquellas defensas del trabajo esclavo que hacía Jefferson Davis y aquella barbaridad que eran las fábricas de Inglaterra en 1850.

Gracias, señora Presidenta; gracias, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Pérez González.

SEÑORA KECHICHIÁN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Sí, señora Diputada.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señora Presidenta: me subleva que cada tanto quieran traer aquí, en la calle, en la prensa o en los discursos, que nosotros siempre estamos con eso de "los buenos acá y los malos allá".

Somos una fuerza política que ha legislado y ha llegado al Gobierno con una propuesta de equilibrio, de pensar en un nuevo Uruguay. No acepto que me encasillen, porque lo que hoy estamos discutiendo aquí no tiene nada que ver con lo manifestado por el señor Diputado Washington Abdala. ¡Nada que ver! Busca los equilibrios...

(Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- ¡Diríjase a la Presidencia, señora Diputada!

SEÑORA KECHICHIÁN.- Perdóneme, señora Presidenta, tiene razón. Me voy a dirigir a la Presidencia.

No acepto, en la ridiculización, eso de que nosotros hacemos el discurso de que "los buenos están acá y los malos están allá". ¿Saben lo que pasa? Que hay y ha habido malos en las relaciones laborales en este país, y puedo asegurarlo porque hemos trabajado con las mujeres pobres y hemos visitado los lugares de trabajo de las mujeres en la pesca y en las empresas de limpieza. He visto empresas de pesca con muchísimo dinero que retiraron la puerta del baño para que las mujeres no hicieran tiempo allí, ni permitían que concurrieran más de una vez por día aun cuando estuvieran menstruando.

¿Qué estamos buscando? Relaciones más equilibradas. Aquí ha habido malos, y no precisamente de este lado; ha habido relaciones desiguales. A un Estado moderno, a un Uruguay que quiere mirar hacia adelante, a un Uruguay productivo, le sirve el respeto por los trabajadores; para su crecimiento económico le servirán sindicatos fuertes y trabajadores que no tengan miedo de luchar por la puerta de un baño, so pena de quedar en la calle y perder lo que hoy serían $ 1.500 por mes. Y tenemos decenas de ejemplos para citar. Esto quita el miedo para que la gente luche por las cosas justas.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Pérez González.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta: no me voy a referir al articulado porque ya lo hicieron los compañeros Passada y Bentancor en el desarrollo del informe, pero quiero referirme a un elemento más.

En Maldonado, departamento que representamos, tenemos infinidad de acontecimientos que ilustrarían respecto a que no es cierto que las inversiones vayan o vengan de acuerdo con la legislación laboral. Reitero que hay cantidad de ejemplos, pero no voy a abundar en ellos porque los compañeros lo han hecho.

Nosotros hemos llegado al Gobierno con un objetivo: construir ciudadanía. Esto significa que cada uno de nosotros tenga conciencia clara de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, y no solo en el sector laboral, de los trabajadores, sino también en el de los empresarios.

Lo que estamos planteando con este proyecto de ley sobre libertad sindical es tener una herramienta más para dar tranquilidad a los trabajadores y decir que existe un instrumento más. Si esto hubiese sido posible con toda la legislación que en el país se ha aprobado, ya lo hubiésemos llevado a la práctica, pero eso no ha sido posible. Por lo tanto, hay una necesidad.

Cuando nosotros accedimos al Gobierno planteamos esto, porque ha sido un elemento imposible de aprobar en toda esta etapa democrática a partir de 1985, y tampoco fue posible aprobarlo antes de la dictadura. Los elementos sobran para demostrar que esa necesidad la vendremos a cubrir con esta futura ley de libertad sindical.

Entonces, lo que estamos haciendo es brindar un elemento más para que los trabajadores piensen y se eduquen. Ponemos la ley al servicio de un sector social, aunque también va dirigida a los empresarios. En determinado momento alguien planteó cuál sería la connotación económica de esta futura ley; y la connotación económica es que le estamos diciendo al empresariado de Uruguay y del mundo que esté dispuesto a invertir en este país, que podrán hacerlo si se respetan las leyes laborales y las leyes del país y que habrá ganancias para el capital siempre y cuando exista un buen nivel de vida para los trabajadores. Si no existe eso, no queremos inversiones, porque estas ya han venido en ese sentido.

No nos sirven las inversiones voraces que dejan a los trabajadores de lado y traen aparejada la miseria y la baja del poder adquisitivo del salario. Eso no sirve. No nos sirve a nosotros como fuerza política, no le sirve al trabajador, no le sirve al país y tampoco le sirve al empresario, como muy bien decía el señor Diputado Guarino. En el Uruguay, la mayor parte de la pequeña y mediana empresa vive del mercado interno y este se desarrolla cuando se eleva el poder adquisitivo del salario; la mayor cantidad de personas de este país son asalariados, aunque nos cueste creerlo. Nosotros queremos promover el consumo interno, y si hay inversiones que no contemplen ese aspecto no va a haber desarrollo de país ni elevación del nivel de vida de la población y, por lo tanto, es una vía muerta para el desarrollo, tal como la hemos tenido. No es que no nos importen las inversiones; sí nos importan, pero queremos establecer las reglas del juego, no para decir que vamos a tener un sector privilegiado, sino para demostrar -creo que no necesitamos muchos elementos, porque en este país hemos pasado todas las crisis habidas y por haber- que si no hay un buen poder adquisitivo del salario, si no se respetan las condiciones laborales y las leyes laborales y si los trabajadores no tienen las mínimas posibilidades de acceder a un alimento digno, a una educación pública para sus hijos, a una vivienda decorosa y a una salud pública que los acoja, no es posible el desarrollo.

Reitero que no queremos ese tipo de inversiones, que ya tuvimos antes, sino aquellas que vengan a contribuir en otro sentido. La experiencia ya la vivimos. En ese sentido, ha sido loable el esfuerzo de todo el mundo, de todos los partidos, cada uno desde su visión. Hay leyes -las reconozco- que se mencionan acá, pero falta una ley, que es la que estamos aportando hoy. Este proyecto no es la panacea, pero va a contribuir a la construcción de ciudadanía, que es lo que dijimos en la campaña electoral y que hoy estamos cumpliendo.

Maldonado, un departamento donde se desarrolla el turismo, que recibe uno de los mayores caudales de inversión, necesita que los trabajadores de los servicios privados, que son el fuerte del turismo, conozcan sus derechos, porque no vamos a encontrar calificación posible sin la educación del trabajador que sirve a los intereses del desarrollo del turismo; y tampoco si no hay un ingreso digno. Ya no es posible desarrollar un centro turístico de la categoría de Punta del Este si no contamos con gente educada y si la sociedad no permite que los muchachos cursen estudios universitarios y se eduquen para el turismo. De lo contrario, no va a haber desarrollo y las inversiones tampoco van a venir si no tenemos un público que pueda responder a esas expectativas. El fuerte de Maldonado siempre fue su gente. En una época anterior, precisamente una de las cosas que se destacaban era las características y categoría de la gente en el servicio del turismo. Hoy esta es una industria reconocida en todo el país, que puede permitir que este se desarrolle y reciba ingresos que hagan elevar el nivel de la población. Para ello es necesario establecer reglas claras, y los trabajadores deben tener derechos y tienen que estar protegidos, ya que de esa manera protegemos a las empresas, que son las que van a venir a invertir. En ese sentido, nos alegramos de poder participar en esta instancia de aprobación de este proyecto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: para mí este es un día histórico en la Cámara de Representantes. En primer lugar, lo digo por el proyecto que votamos anteriormente. En segundo término, como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo durante diez años y como dirigente sindical durante otro montón de años, quiero decir que esta lucha por el fuero sindical cala hondo en lo que es mi sentir como legisladora.

Además, sinceramente quiero decir a todos los colegas presentes en Cámara que los he escuchado con muchísima atención, porque por fin el tema del trabajo ocupa un buen espacio -horas y horas- de debate parlamentario. También, que me siento orgullosa de pertenecer a una Cámara que sintoniza con las necesidades, mil veces postergadas, de las trabajadoras y los trabajadores del Uruguay. Sean cuales sean las posiciones que hayan mantenido los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, el orgullo es lograr que se discuta el problema del trabajo, principal problema de nuestra gente, por el tiempo que ha consumido y que consumirá la sesión de hoy. Sinceramente, como integrante que fui del movimiento sindical, me siento reivindicada por estas cosas.

En otro sentido y yendo al fondo de la cuestión -con respecto al articulado no voy a mencionar particularidades porque mis compañeros lo han hecho con excelente precisión y nivel-, quiero decir que a veces uno se acostumbra a la injusticia por tantos años vivida y la naturaliza, y cuando se va a votar un proyecto que equilibra realmente las relaciones laborales, hasta resulta para algunos un abuso -no estoy hablando de los colegas-, pues se habían acostumbrado a un sistema de injusticia, donde los privilegios eran solo para algunos. Me alegro que se reconozca -como se ha reconocido aquí- a esta fuerza política, el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, la coherencia de haber presentado siempre el proyecto de protección de libertades sindicales, y ahora que es Gobierno lo vuelve realidad con sus votos. Me alegro de que se reconozca. Mucho más me alegro de que sectores políticos que no compartieron ni apoyaron las iniciativas que durante todos estos años esta fuerza política presentó, reconozcan el contenido beneficioso y necesario para una democracia de alguno de los artículos -aunque sea de algunos- de este proyecto presentado por mi fuerza política que hoy está siendo sometido a consideración. Sinceramente, me parece un avance.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Diputado: van diez años de aguantar las ganas de decir cosas. Voy a concederle la interrupción con muchísimo gusto una vez que haya finalizado; el señor Diputado sabe que le tengo particular estima.

Como iba diciendo, escucho reiteradas veces hablar de la propuesta de consolidar un ámbito tripartito para discutir esto, como que este tema no tuviera historia. Durante años -no fue un mes ni dos, sino años- se llevó adelante el diálogo social, y precisamente este tema fue uno de los que frenaron todas las conclusiones; no se quiso. Entonces, ¿saben lo que siento? Que estamos dando un paso en calidad hacia adelante, pero no solo en la protección de los trabajadores y las trabajadoras, sino universalmente, es decir, no solo en cuanto a los representantes sindicales. Porque acá -los colegas lo saben muy bien- el eslabón más débil son aquellos que no han tenido siquiera la oportunidad de sindicalizarse. Es ese enorme ejército de mujeres que trabajan en el comercio, a las que no se les puede pasar meramente por la cabeza un sindicato porque van a dar a la calle, y esto lo sabemos todos. Hay un ejército increíble de trabajadoras y trabajadores del sector servicios que tiene que pedir permiso, con mucho respeto, para ir al baño. Es así. Y mucho más para organizarse como sindicato.

Una democracia moderna que se precie tiene que entender que deben existir fuerzas sólidas, más allá de los partidos políticos, que hagan viva la expresión de la democracia. La organización de la sociedad civil y las organizaciones sociales -los sindicatos entre ellos- hacen fuerte y viva la democracia, y así lo han demostrado.

Entonces, es bueno que estas leyes se voten en el Parlamento y que este reconozca esta necesidad, aun con los matices absolutamente respetables que algunos colegas han mencionado. Siento que es de verdad un enorme avance.

Se habla de las dudas sobre lo que la aprobación de este proyecto podría generar en las inversiones. Pero ¡por favor! Este país tuvo décadas de profundización de la desregulación laboral, de precarización del trabajo, de desconocimiento de lo que muy bien reconocía el señor Diputado Barreiro: normas que nuestro país aprobó a nivel internacional, convenios de la Organización Internacional del Trabajo que en muchos casos eran letra muerta.

No se trata de que todos los malos estén de un lado y todos los buenos del otro; no es así; no es nuestra lectura. Ha quedado más que probado en el mundo e, inclusive, aquellas empresas fuertes del mundo que tal vez puedan venir a invertir en nuestro país -ojalá sea así- saben mejor que algunos de nosotros que para consolidar una democracia moderna y una empresa que funcione es altamente conveniente contar con sindicatos fuertes y realmente representativos. Insisto: lo saben. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos reconocerlo? Realmente me congratulo de haber podido dar hoy este debate, de levantar la mano para aprobar este proyecto y que se haga realidad.

Y digo más: algunos pueden temer la posibilidad de desequilibrar la relación y proteger más a los trabajadores. Desde mi humilde punto de vista -no pretendo que sea compartido por todos-, esa es mi misión. El Derecho Laboral está hecho para eso: para proteger al eslabón más débil de la relación laboral, que es el trabajador.

Hoy, un colega del interior, el señor Diputado Longo Fonsalía, me contó que un trabajador de un frigorífico pretendió organizarse años atrás y, obviamente, lo despidieron. Pero no solo lo echaron del trabajo; nunca más pudo conseguir otro y actualmente es un trabajador informal que se gana la vida como puede. ¡Cuántos casos más conocemos todas y todos quienes estamos acá y podríamos ponerlos sobre la mesa!

Entonces, ¿equilibrar la balanza es tratar a los dos por igual? No; equilibrar la balanza es tratar diferente a los diferentes, es dar y restituir el derecho a quien no lo ha podido gozar. Tratar igual al que tiene todas las condiciones como al que no las tiene, es profundizar la injusticia. Llega un momento en que para equilibrar la balanza hay que otorgar el derecho a quien no lo tiene, y me alegro de que hoy vayamos a votar por unanimidad muchos artículos que van en este camino, porque es un camino no solo para proteger la actividad sindical -que es parte fundamental de la vida democrática de un país-, sino también de profundización de la verdadera democracia, que supone la presencia de organizaciones sociales fuertes, inclusive contraponiéndose a los postulados que los Diputados o los partidos políticos podamos tener. Es que de eso se trata: del rol independiente que deberían tener las organizaciones sociales, desde mi particular mirada, que creo que es compartida por las compañeras y compañeros de mi fuerza política.

Pido disculpas por la vehemencia de mis expresiones, pero tengo muchos años como dirigente sindical y otro tanto como Diputada integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y, por lo menos, queríamos tener la posibilidad de discutir en el plenario de la Cámara estos asuntos. No habíamos podido hacerlo. Lo más que logramos fue presentar ante la Cámara un proyecto por el que se proponía descontar por planilla la cuota sindical, pero que fue desaprobado por el plenario, regresó a Comisión y nunca más se pudo considerar. Por tanto, de alguna manera está justificada mi vehemencia.

Antes de finalizar, concedo al señor Diputado Iturralde Viñas la interrupción que me había pedido.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señora Presidenta: no solo quiero suscribir el principio aristotélico que señalaba la señora Diputada que me precedió en el uso de la palabra, en el sentido de tratar desigual a los desiguales, sino también manifestar que el mejor jurista que ha tenido Uruguay, el doctor Eduardo J. Couture, expresaba que el derecho laboral trataba de generar determinadas desigualdades que equipararan otras desigualdades que existían a priori, derivadas del hecho de una desigualdad económica que preexistía a la relación. Esto lo suscribimos, pero, a veces, nos parece que no se puede desequilibrar tanto en el sentido contrario al punto de que se termine generando otra situación desigual.

Pero no pedí la interrupción para hacer este señalamiento, sino para manifestar, sintéticamente, que entendemos lo mucho que se reclama que este tema debió estar resuelto hace mucho tiempo. En este sentido, nuestro Movimiento quiere recordar -como se señaló hace un rato- que en los años 1986 y 1987 el Movimiento Por la Patria y el Movimiento de Rocha presentaron un proyecto de ley sobre los fueros sindicales que no tuvimos el gusto de que fuera apoyado por todos los partidos. Hubiera alcanzado con que uno de los dos partidos que en aquel momento estaban tanto en el Gobierno como en la oposición lo hubiera acompañado para lograr la mayoría. Hoy ya tendría casi veinte años de vigencia. Pero no se aprobó por problemas derivados de otros asuntos que hoy no queremos referir para no recordar viejos acuerdos y desacuerdos. Simplemente, queremos manifestar que no nos sentimos comprendidos por las generales de la ley en lo manifestado por la señora Diputada Tourné, porque en aquel momento nuestros Movimientos cumplieron con lo que debían.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar la señora Diputada Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: nosotros no tenemos una visión estrecha de la historia. No nos parece que solo esta fuerza política haya contribuido a lograr lo que hoy estamos logrando. Lo decíamos anteriormente, cuando fundamentábamos nuestro voto afirmativo al proyecto sobre declaración de ausencia, y lo creemos también en este caso: ha sido necesario mucho esfuerzo por parte de los sindicatos y las trabajadoras y los trabajadores de este país. También hubo iniciativas presentadas desde otras tiendas políticas en períodos anteriores que no prosperaron. Pero eso no es lo importante; eso es una lectura -lo digo sin calificar a nadie- muy mediatizada sobre los procesos sociales. Me alegra que hoy todos y todas hayamos logrado dar un paso que tiende a equilibrar una relación por demás injusta y de la que todos somos conscientes. En esta Sala hay Diputados que podrían contar mejor que yo las injusticias que existen en el mundo laboral, puesto que desempeñaron cargos importantísimos en los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social de los Gobiernos anteriores. La vida nos enseña que esto es así. Por tanto, no me parece correcto que se este discutiendo acerca de quién fue la idea; ese no es el sentido de mi intervención. Todos han aportado, pero fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras que, a pesar de todo, se han organizado y una y otra vez han demandado sus reclamos.

Me alegro de que sea en esta Legislatura, con esta bancada mayoritaria, que podamos votar la totalidad de este proyecto que tiende a reparar una injusticia reconocida por todos en el día de hoy. Auguro que profundizará más una democracia que es dinámica. El concepto de democracia no es estático ni acabado; es una estructura abierta, cambiante y en permanente formación. Unos sindicatos fuertes y unos empresarios que respeten los derechos, que se acostumbren a respetar la dignidad del trabajador y de la trabajadora que hacen posible su empresa, hace a una democracia mayor, más estable, más profunda y mejor. Sé que vamos a seguir por este camino y que, tal vez, un proyecto muchas veces presentado sobre las injusticias que también se han cometido con los trabajadores tercerizados pronto será discutido acá. ¿Sabe algo, señora Presidenta? También hubo un proyecto que fue presentado por el entonces legislador Abreu que hubiera sido necesario votar, pero no se aprobó, y otro que presentamos nosotros en Legislaturas anteriores, que tampoco se aprobó. ¡Ojalá se apruebe este para la mejor organización del mundo-trabajo en esta Legislatura, en la que esta bancada tiene mayoría!

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: nosotros somos decididamente partidarios de proteger y de promover las actividades sindicales. Y no lo somos de ahora. En ese sentido, nuestro Partido tiene los antecedentes históricos del sector político al que pertenecimos y puede decir a carta cabal que esa ha sido una preocupación constante.

Es bueno recordar que el Partido por el Gobierno del Pueblo -integrante entonces del Frente Amplio-, en la Legislatura que fue de 1985 a 1990, acompañó un proyecto de ley que establecía el fuero sindical, aunque para ello -como estábamos convencidos de que eso era lo mejor-, se acompañara la exigencia del voto secreto.

En el período que fue de 1995 a 2000, fuimos firmantes de un proyecto que redactó el entonces Diputado Gabriel Courtoisie y que acompañamos junto al hoy Subsecretario de Educación y Cultura, doctor Felipe Michelini, y los entonces Diputados Ricardo Falero y Gabriel Barandiaran. Ese proyecto de ley que el día viernes volvimos a presentar en la Cámara y al que hoy se ha dado ingreso representa cabalmente nuestra visión respecto de este tema.

Nosotros estamos convencidos de que hoy hay una situación injusta. Y como hay una situación injusta, es necesario legislar, corregir esas inequidades. En tal sentido, ese proyecto -que, repito, con pequeños ajustes hemos vuelto a presentar y que tiene coincidencias, yo diría, importantes con el primer artículo del proyecto de ley que tenemos a consideración- establece un procedimiento procesal sumario, de forma tal que en el curso de veintiún días, inclusive, pueda darse ya el pronunciamiento de un tribunal en el caso de que hubiera apelaciones.

Vale decir que, desde nuestro punto de vista, es necesario establecer un procedimiento sumario, pero ciertamente no compartimos que sea el de la acción de amparo, que está prevista para otras cosas. Creemos necesario aprobar normas legales que protejan la actividad sindical -es en tal sentido que vamos a actuar- y acompañaremos en general el proyecto informado por la Comisión. Además, vamos a apoyar dos de sus artículos: el artículo 1º -repito que compartimos plenamente lo que se expresa en él- y el artículo 8º.

Por lo demás, creemos que el proyecto que viene informado por la Comisión de Legislación del Trabajo corrige una situación injusta y genera un nuevo desequilibrio. El nuevo desequilibrio se da, en este caso, sobre todo por lo que establece el artículo 3º, por el que notoriamente se invierte con carácter general la carga de la prueba. Aclaro que nosotros también somos partidarios de invertir la carga de la prueba y, en tal sentido, el proyecto que hemos presentado así lo establece. Sin embargo, lo hace en forma taxativa, señalando que se presume, salvo prueba en contrario, que el acto en cuestión viola la libertad sindical cuando el afectado integre la dirección del sindicato o se haya afiliado en el último trimestre, o cuando el acto se produzca en el marco de un conflicto sindical o en las etapas de constitución de una organización sindical. Nos parece que establecer la inversión de la carga de la prueba con carácter general, tal como está redactado el artículo 3º, va a generar una inequidad que notoriamente va a arrastrar una serie de problemas en el mundo del trabajo.

Entonces, quisimos dar testimonio de nuestra posición. Lamentablemente, no hemos tenido posibilidad material de asistir a las instancias de discusión en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo, pero queríamos dar testimonio de nuestra posición a este respecto, señalando cuál va a ser la actitud que vamos a mantener, tanto en la votación en general de este proyecto como en la particular.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señora Presidenta: no está en mi ánimo extender aún más este debate, pero a partir de algunas cosas que hemos escuchado, me parecía trascendente poner sobre la mesa un testimonio de vida.

No voy a hacer valoraciones, premoniciones ni lecturas de la bola de cristal sobre lo que va a pasar con este proyecto en el futuro, pero, como muchos de ustedes saben, cumplí treinta y cinco años de militancia sindical; fui dirigente de mi gremio, el bancario, y del movimiento obrero. En esos treinta y cinco años me tocó defender cientos de situaciones de trabajadores despedidos por ser dirigentes sindicales, por ser militantes sindicales, por ser afiliados a los sindicatos o por intentar construir sindicatos. Siempre, en todos los casos, cuando recurrimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para tratar de resolver esas situaciones, nos encontramos con que había desequilibrios, pero en contra de los trabajadores. Cuando recurrimos al Parlamento y a sus Comisiones, nos encontramos con los mismos desequilibrios. Más de una vez, los Ministros del ramo, ante situaciones muy concretas, nos expresaron que no tenían mecanismos para exigir a las empresas el reintegro de los trabajadores.

Para demostrar qué situaciones se viven, sin entrar a calificar a los empresarios de buenos o malos, quiero recordar un hecho ocurrido en 1986 o en 1987, en momentos en que, saliendo de la dictadura, el movimiento sindical se organizaba rápidamente. Aproximadamente cuarenta trabajadores de una empresa del Sauce querían formar un sindicato y vinieron a la central a asesorarse sobre qué pasos debían dar. Conocíamos al empresario y descontábamos lo que podía ocurrir si esa organización se concretaba. Previendo eso, fuimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a hablar con el Ministro de la época, don Hugo Fernández Faingold, a quien le dijimos: "Queremos que constates que en esta empresa hoy no hay ningún despedido". Fernández Faingold lo hizo. Esto sucedió un miércoles o jueves, y el domingo se llevó a cabo la asamblea y se constituyó el sindicato.

Al martes siguiente, dos trabajadores recibieron telegramas en los que se les informaba que estaban despedidos. Uno de esos trabajadores -el que fue elegido Presidente del sindicato- tenía catorce años de trabajo en la empresa, y el empresario argumentaba que lo había despedido porque llegaba tarde. El otro trabajador -que fue electo Secretario- tenía dieciséis años de trabajo en la empresa; también fue despedido por llegar tarde. El señor Ministro de la época nos dijo que lamentablemente no tenía posibilidades de reintegrar a estos trabajadores porque no existían mecanismos que lo permitieran.

Fuimos a la empresa con otro dirigente de la central y con los dos trabajadores despedidos. Cuando golpeamos, apareció el empresario, pero no solo, sino con un "bufoso" calibre cuarenta y cinco y nos dijo: "Si usted pisa el umbral de la puerta de mi casa, le levanto la tapa de los sesos". El empresario se llamaba Perdomo; no tengo por qué ocultar su nombre.

No seguiré con el relato porque creo que está demostrada claramente la situación de desequilibrio que históricamente hemos tenido que soportar los trabajadores en tantos años. Ahora que las cosas están cambiando, digo que le toca al sector empresarial tener la carga de la prueba, lo cual nos tocó hacer a los trabajadores durante muchos años.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Signorelli.

SEÑOR SIGNORELLI.- Señora Presidenta: en virtud de lo avanzado de la hora, prefiero no hacer uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Ortuño.

SEÑOR ORTUÑO.- Señora Presidenta: queremos dejar sentado simplemente nuestra convicción a la hora de votar el proyecto, en el sentido de que no solo, como han dicho con brillantez nuestros compañeros de bancada, estamos cumpliendo con la legislación internacional y con los preceptos constitucionales, sino que también estamos dando al Estado la saludable oportunidad de recobrar lo que nunca debió perder, que es su vocación de trabajar con equidad en las relaciones entre capital y trabajo y velar por los más desfavorecidos, cumpliendo con la Constitución que establece la promoción del sindicalismo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. Las garantías prescriptas en la presente disposición, alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendentes a la constitución de organizaciones o coaliciones de trabajadores, dentro o fuera de los lugares de trabajo".

SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.- Señora Presidenta: en la Comisión, los artículos 6º, 8º, 10, 11 y 12 fueron votados por unanimidad, por lo que mocionamos para que se suprima su lectura y se voten en bloque. Asimismo, en mérito a algunas conversaciones que hemos mantenido, proponemos que se incluya en esta moción el artículo 1º.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa entendió que en el artículo 1º había alguna diferencia y tiene una duda.

En tal sentido, consultamos al señor Diputado Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- Señora Presidenta: se trata de un error de imprenta. En la Comisión todos estábamos de acuerdo en mantener el texto del Convenio Nº 98 de la OIT tal como estaba redactado originalmente. Entonces, manteníamos los literales A) y B) y luego incluíamos un párrafo que queríamos desprender de la referencia al Convenio Nº 98. De lo contrario, estaríamos alterando dicho convenio.

Por lo tanto, la parte final, que dice: "Las garantías prescriptas en la presente disposición, alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendentes a la constitución de organizaciones o coaliciones de trabajadores, dentro o fuera de los lugares de trabajo", quedaría como último párrafo, separado de los literales A) y B).

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: no sé si la propuesta que se hacía por parte del señor Diputado Bentancor iba en el sentido de votar conjuntamente estos artículos. Aclaro que nosotros vamos a acompañar los artículos 1º y 8º del proyecto de ley. En consecuencia, quisiéramos votarlos separadamente.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: no tendríamos inconveniente en votar en los términos que ha propuesto el señor Diputado Bentancor. Simplemente, y no por ser preciosistas, quisiéramos hacer una aclaración relacionada con una conjugación verbal. En la versión impresa que obra en nuestro poder, en el último párrafo del artículo, el verbo "alcanzar" está conjugado en singular, cuando debiera hacerse en plural, en tanto se hace referencia a "Las garantías prescritas". Cuando el señor Diputado Bentancor dio lectura a esta última oración lo hizo en los términos correctos, pero no es así como está impreso, por lo menos en el ejemplar que yo tengo, que supongo que es el que maneja toda la Cámara.

Reitero que me parecería correcto que el verbo se conjugara en la primera persona del plural, a los efectos de una correcta expresión gramatical.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene razón, señor Diputado Pablo Abdala; la Mesa tomará en cuenta su propuesta.

El señor Representante del Partido Independiente hizo una observación y, si no escuché mal, estaría en condiciones de votar los artículos 1º y 8º, pero no así los otros artículos. Quizás podríamos hacer esa diferenciación para que se pueda votar el resto del articulado.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: teniendo en cuenta la observación que hizo el señor Diputado Posada, creo que lo mejor será votar artículo por artículo y, en todo caso, suprimir la lectura cuando así corresponda.

(Apoyados)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no hay objeciones, la Mesa adoptará el criterio de votar artículo por artículo, entendiendo que está propuesta la supresión de la lectura, salvo en el caso de algún artículo para el que se hayan presentado sustitutivos o modificaciones. En ese sentido, se ha presentado a la Mesa un sustitutivo del artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º, con las dos modificaciones propuestas, en cuanto a la separación de la última frase del literal B), a partir de: "Las garantías prescriptas en la presente disposición", y la corrección de la conjugación del verbo "alcanzar", que debe figurar en la tercera persona del plural, o sea, "alcanzan".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Texto del artículo:)

"Artículo 2º.- Sin perjuicio de los procedimientos y de las sanciones administrativas, la pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado, por los motivos indicados en el artículo precedente, se tramitará de acuerdo con los procedimientos y en los plazos establecidos para la acción de amparo (Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988). Procederá, en todos los casos, con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

La legitimación activa referida en los artículos 1º y 4º de dicha ley, también comprende a las organizaciones representativas de trabajadores.

Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas".

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: solicito el desglose por incisos de este artículo.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- En discusión el primer inciso del artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el inciso segundo del artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el inciso tercero del artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el inciso cuarto del artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 3º del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Texto del artículo:)

"Artículo 3º.- El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

Cuando se alegue por parte de los legitimados activamente en esta ley que el despido o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tienen un carácter discriminatorio, corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

Sin perjuicio de ello, el tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3º y 5º del artículo 350 del Código General del Proceso".

SEÑOR BARREIRO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta: solicito el desglose por incisos de este artículo.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- En discusión el primer inciso del artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el inciso segundo del artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el inciso tercero del artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 4º del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Texto del artículo:)

"Artículo 4º.- Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño, y su producido beneficiará a la parte actora".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 5º del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Texto del artículo:)

"Artículo 5º.- Créase, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Registro de Infractores a la Libertad Sindical, con carácter público y gratuito, donde se inscribirán las infracciones a la presente ley, ordenadas por la Justicia, cuando tomen estado de cosa juzgada. La inscripción caducará a los dos años de la fecha en que el infractor haya reintegrado o repuesto al trabajador discriminado y abonado la multa correspondiente.

En todo proceso de licitación, llamado a expresión de interés y en todo contrato en que sea parte el Estado, se exigirá a los oferentes o contratantes la presentación de certificado de dicho Registro acreditando que no existe conducta reincidente en el empresario, requisito sin el cual no será válida la adjudicación o contratación".

SEÑOR BARREIRO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta: solicito el desglose por incisos del artículo 5º.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- En discusión el primer inciso del artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el inciso segundo del artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 6º del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Texto del artículo:)

"Artículo 6º.- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo, por la infracción a las disposiciones de la presente ley, deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, orientados a la erradicación del trabajo infantil, a la no discriminación en el empleo, a la formación profesional asociada a la generación de trabajo y al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 7º del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Texto del artículo:)

"Artículo 7º.- También quedarán comprendidos en el presente régimen los actos de discriminación sindical referidos en el artículo 1º que se hubieran cometido entre el 1º de marzo de 2005, y la fecha de entrada en vigencia de esta ley, siempre que hayan sido oportunamente denunciados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En tales casos, el plazo previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, para interponer la acción de amparo, comenzará a correr a partir de esta última fecha".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 8º del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Texto del artículo:)

"Artículo 8º.- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El porcentaje a descontar será fijado por el sindicato y comunicado, fehacientemente, a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 9º del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión, acerca del cual se ha presentado un sustitutivo.

(Se lee:)

"Artículo 9º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el que quedará redactado de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego por su orden, las solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto, la cuota sindical, por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren".

——En discusión.

SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.- Señora Presidenta: por un tema de prolijidad en la redacción, para que este artículo tenga el estilo de la redacción parlamentaria, nos han recomendado, y nos pareció de recibo, que el artículo 9º quedara redactado de la siguiente manera: "Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso: La cuota sindical se ubicará, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto".

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Señora Presidenta: ¿dónde queda ubicada la retención de la cuota sindical exactamente? Estoy confundido; no estoy haciendo una picardía.

SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.- La retención de la cuota sindical quedaría ubicada después del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto. Ese sería el lugar.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º, tal como fue presentado por la mayoría de la Comisión.

(Se vota)

——Cero en setenta y uno: NEGATIVA.

En discusión el artículo 9º sustitutivo, presentado por el señor Diputado Bentancor.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en setenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 10 del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Texto del artículo:)

"Artículo 10.- Los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 11 del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Texto del artículo:)

"Artículo 11.- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, de contralor y de seguimiento de la aplicación de la presente ley".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 12 del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión.

(Texto del artículo:)

"Artículo 12.- Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y dos: AFIRMATIVA.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de que el Partido Nacional acompañó el artículo 1º, los incisos primero, tercero y cuarto del artículo 2º, los incisos primero y tercero del artículo 3º y los artículos 6º, 8º, 10, 11 y 12.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑORA PASSADA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en setenta y uno: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del Mercosur, es absolutamente nula cualquier discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Las garantías prescriptas en la presente disposición, alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendentes a la constitución de organizaciones o coaliciones de trabajadores, dentro o fuera de los lugares de trabajo.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de los procedimientos y de las sanciones administrativas, la pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado, por los motivos indicados en el artículo precedente, se tramitará de acuerdo con los procedimientos y en los plazos establecidos para la acción de amparo (Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988). Procederá, en todos los casos, con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

La legitimación activa referida en los artículos 1º y 4º de dicha ley, también comprende a las organizaciones representativas de trabajadores.

Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas.

Artículo 3º.- El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

Cuando se alegue por parte de los legitimados activamente en esta ley que el despido o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tienen un carácter discriminatorio, corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

Sin perjuicio de ello, el tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3º y 5º del artículo 350 del Código General del Proceso.

Artículo 4º.- Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño, y su producido beneficiará a la parte actora.

Artículo 5º.- Créase, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Registro de Infractores a la Libertad Sindical, con carácter público y gratuito, donde se inscribirán las infracciones a la presente ley, ordenadas por la Justicia, cuando tomen estado de cosa juzgada. La inscripción caducará a los dos años de la fecha en que el infractor haya reintegrado o repuesto al trabajador discriminado y abonado la multa correspondiente.

En todo proceso de licitación, llamado a expresión de interés y en todo contrato en que sea parte el Estado, se exigirá a los oferentes o contratantes la presentación de certificado de dicho Registro acreditando que no existe conducta reincidente en el empresario, requisito sin el cual no será válida la adjudicación o contratación.

Artículo 6º.- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo, por la infracción a las disposiciones de la presente ley, deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, orientados a la erradicación del trabajo infantil, a la no discriminación en el empleo, a la formación profesional asociada a la generación de trabajo y al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

Artículo 7º.- También quedarán comprendidos en el presente régimen los actos de discriminación sindical referidos en el artículo 1º que se hubieran cometido entre el 1º de marzo de 2005, y la fecha de entrada en vigencia de esta ley, siempre que hayan sido oportunamente denunciados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En tales casos, el plazo previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, para interponer la acción de amparo, comenzará a correr a partir de esta última fecha.

Artículo 8º.- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El porcentaje a descontar será fijado por el sindicato y comunicado, fehacientemente, a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso.

Artículo 9º.- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso:

La cuota sindical se ubicará, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto.

Artículo 10.- Los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

Artículo 11.- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, de contralor y de seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Artículo 12.- Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos".

¾ ¾ Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 23 y 35)

 

 

Mtra. NORA CASTRO

PRESIDENTA

 

Dr. José Pedro Montero

Secretario Relator
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.