Texto de la citación

Montevideo, 7 de junio de 2005.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo jueves 9, a la hora 8, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º. - Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Primer Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Amadeo Soler. (Designación a la Escuela Nº 19 del departamento de Colonia). (Carp. 3857/004). (Informado). Rep. 148 y Anexo I

3º.- Contribución inmobiliaria rural. (Se deroga el Decreto-Ley Nº 14.811 y se dispone el cese de la exoneración existente sobre los predios ocupados por embalses de represas hidroeléctricas). (Carp. 142/005). (Informado). Rep. 247 y Anexo I

4º.- Claudia Tapia de Arboleya. (Designación a la Escuela Nº 56 de Estación González, departamento de San José). (Carp. 3913/004). (Informado). Rep. 150 y Anexo I

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN   JOSÉ PEDRO MONTERO 

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Washington Abdala, Andrés Abt, Pablo Álvarez, José Amorín, Beatriz Argimón, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Gustavo Barrios, Juan José Bentancor, Bertil Bentos, Daniel Bianchi, José Luis Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Diego Cánepa, Matias Carámbula, Germán Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Raúl Casás, Hebert Clavijo, Alba Cocco, Roberto Conde, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Silvana Charlone, Guillermo Chifflet, Álvaro Delgado, Juan José Domínguez, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo Espinosa, Sandra Etcheverry, Julio Fernández, Blanca Ferreira, Luis José Gallo Imperiale, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Fernando García, Javier García, Daniel García Pintos, Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Liliám Kechichián, Luis Alberto Lacalle Pou, Marianela Lambrusquini, Daniel Landoni, Fernando Longo, Álvaro Lorenzo, Guido Machado, José Carlos Mahía, Ruben Martínez Huelmo, Pablo Martins, Carlos Mazzulo, Jorge Menéndez, Daniel Morales, Gonzalo Mujica, Pablo Naya, Gonzalo Novales, José Quintín Olano Llano, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Adriana Peña Hernández, Daniel Peña, Darío Pérez, Esteban Pérez (1), Pablo Pérez, Enrique Pintado, Iván Posada, Jorge Pozzi, Edgardo Rodríguez, Jorge Romero Cabrera, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Héctor Tajam, Hermes Toledo, Daisy Tourné, Mónica Travieso, Alejo Úmpierrez, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega, Homero Viera, Horacio Yanes y Óscar Zabaleta.

Con licencia: Álvaro Alonso, Roque Arregui, Juan José Bruno, José Carlos Cardoso, Nora Castro, Óscar de los Santos, Ramón Fonticiella, Nora Gauthier, Omar Lafluf, Carlos Maseda, Alberto Perdomo Gamarra, Aníbal Pereyra, Nelson Rodríguez Servetto, Juan C. Souza y Jaime M. Trobo.

Falta con aviso: Julio C. Silveira

Suplente convocado: Beatriz Costa.

Observaciones:

(1) A la hora 08:43 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Pablo Naya.

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo:

• por el que se designa "Villa Cosmópolis" el Liceo Nº 61 del departamento de Montevideo, y se autoriza la colocación, en el mismo, de una placa recordatoria del señor Antonio Montero. C/222/005

• por el que se designa "Paul Harris" la Escuela Nº 74 de Sarandí del Yí, departamento de Durazno. C/223/005

• por el que se designa "Reina Reyes" el Jardín de Infantes Nº 223 del departamento de Montevideo. C/224/005

-     A la Comisión de Educación y Cultura

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se designa "Doctor Alfredo Sanjuán Suárez" el Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande, departamento de Florida. C/227/005

La citada Cámara comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

• en sesión de 7 de junio de 2005, por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional, integrada por tres Personal Superior y cinco Personal Subalterno, munidos de armamento, a efectos de participar en la Competencia Fuerzas Comando, a llevarse a cabo en la República de Chile, entre el 10 y el 24 de junio de 2005. C/169/005

• en sesión de 8 de junio de 2005, por el que se designa "Doctor Alfonso Espínola" el hospital de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones. C/2441/002

-     Ténganse presente

COMUNICACIONES GENERALES

Una empresa de plaza remite nota por la que solicita que se incluya en el Presupuesto Nacional el pago de la deuda que con ella mantiene la Administración Nacional de Correos. C/7/005

-     A la Comisión de Presupuestos

La Junta Departamental de Maldonado comunica la elección del Presidente de la citada Corporación, para el período comprendido entre los meses de junio y julio de 2005. C/97/005

La Secretaría de la Presidencia de la República acusa recibo de la exposición escrita presentada por el señor Representante Jorge Romero Cabrera, relacionada con la creación de un "Circuito Turístico Regional de la Minería del Oro". C/22/005

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta el pedido de informes del señor Representante Hermes Toledo, sobre el resultado de la subasta de tres fracciones de campo. C/66/005

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de las siguientes exposiciones realizadas:

• por la señora Representante Liliám Kechichián, en sesión de 4 de mayo de 2005, relacionada con las dificultades para la obtención de visas en la Embajada de los Estados Unidos de América. S/C

• por el señor Representante Manuel María Barreiro, en sesión de 4 de mayo de 2005, acerca de la conveniencia de realizar un estudio de factibilidad sobre nuevos emprendimientos en la central hidroeléctrica binacional de Salto Grande. S/C

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Guido Machado solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la situación de los funcionarios contratados de la Junta Nacional de la Granja. C/221/005

PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dictan normas relativas a la protección y promoción de la libertad sindical. C/225/005

-     A la Comisión de Legislación del Trabajo

El señor Representante Alejo Umpiérrez presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Carlos Julio ‘Becho’ Eizmendi" la Escuela Nº 93 de la ciudad de Lascano, departamento de Rocha. C/226/005

-     A la Comisión de Educación y Cultura

La Mesa da cuenta que, con fecha 7 de junio de 2005, dictó una resolución por la que se reconoce la constitución del Sector Parlamentario "Espacio 609", integrado por los señores Representantes Pablo Álvarez, Hebert Clavijo, Juan José Domínguez, Carlos Gamou, Nora Gauthier, Uberfil Hernández, Rubén Martínez Huelmo, Ivonne Passada, Aníbal Pereyra, Esteban Pérez, Edgardo Rodríguez, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Juan Carlos Souza, Héctor Tajam, Mónica Travieso, Álvaro Vega, Homero Viera y Nora Castro. C/28/005"

A) "LIBERTAD SINDICAL. (Normas relativas a su protección y promoción).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo número 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, año 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con el artículo 9º literal "a" y "b" de la Declaración sociolaboral del Mercosur, es absolutamente nula cualquier discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, incluyendo aquellas tendentes a la constitución de organizaciones o de coaliciones de trabajadores.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de los procedimientos y de las sanciones administrativas, la pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado por los motivos indicados en el artículo precedente se tramitará de acuerdo con los procedimientos y en los plazos establecidos para la acción de amparo (Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988). Procederá en todos los casos, con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

La legitimación activa referida en los artículos 1º y 4º de dicha ley también comprende a las organizaciones representativas de trabajadores.

Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas, pero el patrono deberá satisfacerlos en caso de ser condenado, más los costos, si para ello hubiera dado mérito.

Artículo 3º.- El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

Cuando se alegue por parte del trabajador que el despido o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tienen un carácter discriminatorio, incumbirá al empleador la carga de probar la existencia de una causa justificada.

Sin perjuicio de ello, el tribunal dispondrá de las facultades previstas en el artículo 350 numerales 3º y 5º del Código General del Proceso.

Artículo 4º.- Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño, y su producido beneficiará a la parte actora.

Artículo 5º.- Créase, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Registro de Infractores a la Libertad Sindical, con carácter público y gratuito, donde se inscribirán las infracciones a la presente ley. La inscripción caducará a los dos años de la fecha en que el infractor haya reintegrado o repuesto al trabajador discriminado y abonado la multa correspondiente.

En todo proceso de licitación, llamado a expresión de interés y en todo contrato en que sea parte el Estado, se exigirá a los oferentes o contratantes la presentación de certificado de dicho Registro acreditando que no existen inscripciones vigentes, requisito sin el cual no será válida ninguna adjudicación o contratación.

Artículo 6º.- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo por la infracción a las disposiciones de la presente ley deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social orientados a la erradicación del trabajo infantil, la no discriminación en el empleo, la formación profesional asociada a la generación de trabajo y el fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

Artículo 7º.- También quedarán comprendidos en el presente régimen los actos de discriminación sindical referidos en el artículo 1º que se hubieran cometido entre el 1º de marzo de 2005 y la fecha de entrada en vigencia de esta ley. En tales casos, el plazo previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988 para interponer la acción de amparo comenzará a correr a partir de esta última fecha.

Artículo 8º.- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El porcentaje a descontar será fijado por el sindicato y comunicado fehacientemente a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo de cinco días a partir del efectivo pago.

Artículo 9º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego por su orden, la cuota sindical, las solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto, por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren".

Artículo 10.- Los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberían perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

Artículo 11.- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, contralor y seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Artículo 12.- Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos.

Montevideo, 7 de junio de 2005.

MANUEL MARÍA BARREIRO MALDONADO, Representante por Salto, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, IVONNE PASSADA, Representante por Montevideo, ADRIANA PEÑA, Representante por Lavalleja, JORGE POZZI, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley propone adoptar algunas medidas urgentes de protección de la actividad sindical de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, los convenios internacionales del trabajo Números 87 y 98 y la Declaración sociolaboral del MERCOSUR.

I.- Garantías frente a la discriminación por razones sindicales

En primer lugar, el proyecto tiene la finalidad de declarar los alcances de la ratificación del convenio internacional del trabajo Número 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, año 1949).

En realidad, aplica estrictamente la norma del artículo 1º del convenio Número 98 de acuerdo con la doctrina más recibida y con los dictámenes del Comité de Libertad Sindical de OIT, y acude a un procedimiento sumario para la solución jurisdiccional de las controversias.

El convenio fue aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, que además estableció un régimen de sanciones administrativas (actualmente reguladas por el artículo 289 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

No obstante, ha de advertirse que la "adecuada protección" contra los actos antisindicales que requiere el convenio Número 98 no puede limitarse a un régimen de sanciones administrativas, sino que debe conducir a la reinstalación del trabajador discriminado.

Ha sido debatido el alcance de las potestades de los tribunales para disponer la reinstalación o reintegro del trabajador perjudicado a consecuencia de su actividad sindical. Siguiendo las orientaciones de la doctrina más recibida, la norma proyectada habilita al tribunal a declarar que los actos antisindicales son absolutamente nulos y establece un procedimiento abreviado de tutela de la libertad sindical (amparo de los derechos fundamentales) que concluya, en su caso, con la reinstalación, el reintegro o la recomposición.

Para alcanzar ese objetivo, el proyecto de ley comprende normas sustantivas y normas procesales.

En los aspectos sustantivos, de conformidad con la doctrina más recibida y a fin de cumplir con el concepto de "adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical" (artículo 1º del convenio internacional del trabajo Número 98), se declara que son absolutamente nulos dichos actos discriminatorios, por ser violatorios de derechos fundamentales reconocidos en diversos instrumentos internacionales y regionales (Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y Números II y III de la Declaración de Filadelfia; Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998; artículo 23, numeral 4º) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948; artículo 8º numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 26 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales; artículo 16 de la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica); artículo 8º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); artículos 8º y 9º de la Declaración sociolaboral del Mercosur de 1998). En especial, ha de tenerse en cuenta que esta última declaración, suscripta por los Presidentes de los países integrantes del Mercosur, dispone que se deberá evitar despidos o perjuicios que tengan como causa la afiliación sindical o la participación en actividades sindicales (literal "b" del artículo 9º).

Por lo demás, los fundamentos del proyecto concuerdan con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en sentencia de 2 de febrero de 2001 (C-72), ha considerado que el despido antisindical es violatorio del derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entendiendo procedente la condena a reintegrar a sus cargos a los trabajadores despedidos.

En cuanto a la dimensión procesal, se recurre a la acción de amparo (de raíz constitucional y reglamentada por la Ley Nº 16.011), por tratarse de un procedimiento abreviado que cumple con el principio de celeridad. Se reitera el principio de gratuidad para el trabajador en el proceso laboral. Se establece, además, normas sobre la competencia de la justicia especializada en materia laboral. En especial, este procedimiento supone afirmar el poder del tribunal para condenar al cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer en la materia, en caso de hacer lugar a la acción de amparo (artículos 398 y 399 del Código General del Proceso), y para imponer conminaciones económicas y personales en caso de incumplimiento del fallo.

Las modificaciones al marco normativo procesal, que responden al objeto especial de tutela, son las siguientes:

a) Se prescinde del requisito previsto por el artículo 2º de la Ley Nº 16.011, estableciendo que la acción procede en todos los casos, con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

b) Las organizaciones representativas de trabajadores también tienen legitimación activa.

c) En materia probatoria, se aplica la teoría de las cargas dinámicas, desarrollando lo dispuesto por el artículo 139 numeral 2º del Código General del Proceso. Es así que el proyecto dispone que, cuando el trabajador alegue que el despido o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tienen un carácter discriminatorio, incumbirá al empleador la carga de probar la existencia de una causa justificada. La redacción concuerda con lo establecido en el Convenio Internacional del Trabajo Número 158 y por la recomendación número 143.

d) El producido de las sanciones o conminaciones pecuniarias (artículo 374 del Código General del Proceso) beneficiará a la parte actora.

Se incluye una disposición transitoria con la finalidad de contemplar las situaciones discriminatorias violatorias del convenio internacional Número 98 producidas desde el 1º de marzo hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley, a cuyos efectos se establece un plazo breve para iniciar las acciones correspondientes.

II.- Mecanismos de promoción del respeto a la libertad sindical

Se prevé la creación, en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de un Registro de infractores a la libertad sindical, con carácter público y gratuito, donde se inscribirán las infracciones a las normas proyectadas, mecanismo que tiende a la promoción de la libertad sindical en la medida que, para toda contratación con el Estado, se exigirá previamente la presentación de certificado negativo del mencionado registro.

Finalmente, se establecen disposiciones sobre retención de cuota sindical (tomando el texto del proyecto oportunamente aprobado en la Comisión de Legislación del Trabajo en la pasada legislatura) y facilidades para el ejercicio de la actividad sindical (cartelera), siguiendo los criterios del artículo 15 de la recomendación número 143 sobre los representantes de los trabajadores, año 1971.

Montevideo, 7 de junio de 2005.

MANUEL MARÍA BARREIRO MALDONADO, Representante por Salto, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, IVONNE PASSADA, Representante por Montevideo, ADRIANA PEÑA, Representante por Lavalleja, JORGE POZZI, Representante por Montevideo".

B) "CARLOS JULIO 'BECHO' EIZMENDI. (Designación a la Escuela Nº 93, de la ciudad de Lascano, departamento de Rocha).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Carlos Julio 'Becho' Eizmendi", la Escuela de Enseñanza Primaria Nº 93, ubicada en la ciudad de Lascano, departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Montevideo, 8 de junio de 2005.

ALEJO UMPIÉRREZ, Representante por Rocha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La del 21 de mayo de 1985 fue una jornada de profunda tristeza para los lascanenses y los rochenses todos. Montevideo, capital de un país que impetuosamente reestrenaba democracia, era testigo de la muerte de "Becho" Eizmendi, violín mayor del SODRE.

Carlos Julio Eizmendi Lovisetto nació en la entonces villa de Lascano, el 7 de febrero de 1932, hijo del barbero Ángel Eizmendi Méndez y la maestra, Herlinda Lovisetto Agresta.

A los cinco años de edad fue inscripto en la Escuela de Varones Nº 74 de Lascano en segundo año, pues él solo había asimilado en su hogar el programa de primero.

Se inició en estudios musicales a los ocho años con el maestro Camilo Boronat, Director de la Banda de Música de Lascano, quien tiempo después le ofreció un atril en dicho agrupamiento musical, como ejecutante de saxo.

Fue alumno fundador del liceo de Lascano, que fundara su madre, concurriendo simultáneamente a Treinta y Tres, donde en poco tiempo después rindió exámenes de violín, hasta octavo año, con sobresaliente y mención especial, con el profesor catalán José Rosell.

Pasó a residir en Montevideo, y al tiempo de ingresar a la Facultad de Derecho, prosiguió sus estudios con diferentes profesores.

Su primer concierto fue a los 17 años, en el Teatro "25 de Mayo" de Rocha, presentado por su amiga y admiradora profesora María Élida Marquizo de Cardozo, y acompañado por la pianista rochense Mabel Freire Machado.

A los 21 años ingresó por concurso a la Orquesta Sinfónica del SODRE siendo designado para dar conciertos en todo el país.

Luego de permanecer 18 años ininterrumpidos en el SODRE, viajó por primera vez al exterior. Cumplió actuaciones en La Habana, Hamburgo, París y Munich. Con la Orquesta de Cámara de Munich, en la que se ganó un atril entre doscientos concursantes, recorrió dando conciertos casi todos los países de Europa del oeste.

De regreso al Uruguay fue contratado por la Orquesta Sinfónica de Maracaibo (Venezuela), y por la Orquesta Sinfónica de La Paz (Bolivia), donde además fue Director del Conservatorio Musical. Reingresando al SODRE, viaja nuevamente a Europa, integrando por invitación la Orquesta Filarmónica de Munich.

En oportunidad de su tercer viaje al viejo continente, acompañado por su esposa, la oboísta compatriota Ana Corti, recorrió numerosos países y actuó en la Orquesta Filarmónica de la Ópera en el Teatro Eliseo de Barcelona (España).

Su último retorno al país fue en 1984, falleciendo el 21 de mayo de 1985.

Montevideo, 8 de junio de 2005.

ALEJO UMPIÉRREZ, Representante por Rocha".

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Está abierto el acto.

(Es la hora 8 y 5)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Julio Cardozo Ferreira solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas; y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, sobre las consecuencias de las inundaciones que afectan al departamento de Tacuarembó. C/22/005

El señor Representante Darío Pérez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, relacionada con las necesidades de recursos humanos y materiales del Hospital de San Carlos, departamento de Maldonado. C/22/005"

-     Se votarán oportunamente

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 7 de junio de 2005:

Con aviso: Beatriz Argimón, Sandra Etcheverry, Luis Alberto Lacalle Pou, José Carlos Mahía y Julio C. Silveira.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 8 de junio

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN (10:00)

Con aviso: Álvaro Lorenzo.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN (14:00)

Con aviso: Álvaro Lorenzo.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Sin aviso: Hugo Arambillete.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Julio C. Silveira.

HACIENDA

Con aviso: José Amorín.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Fernando Longo.

SEGURIDAD SOCIAL

Con aviso: Daniel Bianchi.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Carlos Mazzulo.

ESPECIAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Con aviso: Miguel Asqueta Sóñora.

Sin aviso: Hugo Arambillete".

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

"Montevideo, 8 de junio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). La situación que vive el departamento de Tacuarembó, a consecuencia de las inclemencias climáticas de los últimos 30 días, es sumamente preocupante. Las copiosas lluvias han provocado inundaciones, obligando a centenares de familias a abandonar sus hogares. Lo penoso de la situación requiere que las autoridades asuman, dentro de sus ámbitos de competencia, algún tipo de solución a los problemas que se padecen. Solicitamos a los Directorios de UTE y de OSE la exoneración de, por lo menos, un 50% del costo del servicio que cada ente brinda a los titulares de los predios afectados por dicha situación, durante los meses en que ésta se produjo. El beneficio propuesto no es antojadizo, puesto que ya se han adoptado medidas similares en circunstancias acaecidas en el pasado. Sería ésta una forma de expresar solidaridad a los afectados. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó".

2) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Salud Pública, relacionada con las necesidades de recursos humanos y materiales del Hospital de San Carlos, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 8 de junio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. Desde hace muchos años son notorias, en el Hospital de San Carlos, del departamento de Maldonado, carencias y dificultades que las anteriores administraciones no pudieron solucionar. Con 16.000 carnés de asistencia otorgados y, aproximadamente, 30.000 usuarios, las mayores dificultades se presentan, en cuanto a recursos humanos, en: 1) La necesidad de auxiliares de servicio y licenciadas en enfermería. 2) Poder contar con un técnico en informática, para mantenimiento y para capacitación. 3) Las especialidades médicas se requiere: un oftalmólogo para lo que, previamente, se deberá contar con una lámpara de hendidura policlínica, un urólogo de guardia, en este caso sería para el departamento de Maldonado, pues se carece de esa especialidad. 4) Un nuevo retén en traumatología, dado que se comparte uno entre dos guardias. 5) Un nutricionista. En cuanto a carencias materiales y de equipo solo teniendo en cuenta lo estrictamente esencial son necesarios: 1) Un electrocardiógrafo, el que existe no funciona bien y es vetusto. 2) Monitores y cardiodesfribiladores. 3) Una cialítica. 4) Una lámpara de hendiduras. 5) Un horno de cocina adecuado para el número de pacientes. Entendiendo la pesada carga heredada por la Dirección y por la nueva Administración a nivel nacional, departamental y local, hemos enumerado las necesidades básicas a las que aspiran los usuarios y los funcionarios del siempre querido y respetado Hospital de San Carlos, del departamento de Maldonado, de amplia influencia e importancia territorial. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado".

MEDIA HORA PREVIA

Tiene la palabra el señor Diputado Espinosa.

SEÑOR ESPINOSA.- Señora Presidenta: días atrás, periodistas de mi departamento me consultaban respecto a la remisión al Parlamento, por parte del Poder Ejecutivo, del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Estados Unidos.

Ante esta inquietud, parece oportuno considerar en principio cuáles son los elementos a tener en cuenta y que nos permiten formar una personal opinión al respecto, pudiendo posicionarnos ante una formulación subjetiva del asunto o ante una valorización real de la cuestión.

En primer término, en el campo subjetivo, nunca estarán ausentes en las democracias los matices y las respetuosas diferencias, en diversos grados y contenidos, en lo referente a tratados, orientaciones y estrategias económicas a nivel mundial, aún más cuando tienden a constituir acuerdos entre países en vías de desarrollo y potencias mundiales. Existen, naturalmente, contextos históricos, doctrinarios y consideraciones en general, que podrían conjugarse además con conceptos filosóficos, partidarios y hasta religiosos, con importantes antecedentes y arraigos que señalan una interpretación distante de estos instrumentos de inversión bilateral, pero ante el peso de una realidad ineludible, se puede sugerir determinadas consideraciones.

En segundo lugar, es prudente introducirse pragmáticamente en su aspecto real y de contenido objetivo, por lo cual corresponde resaltar que los Estados Unidos de América han firmado, sucesivamente, casi cuarenta tratados de esta naturaleza con diversos países del mundo, mientras que Uruguay ya ha suscrito veinticinco tratados bilaterales de inversión, creando un marco que nos permite evaluar las ponderaciones económicas que ofrecen los convenios de estas características, que se traducen en condiciones muy concretas de trabajo para los uruguayos.

En este sentido, es claro que el objetivo de la suscripción del referido instrumento se enmarca en los esfuerzos realizados durante mucho tiempo con el propósito de estimular las inversiones en general y las extranjeras en particular. Sabido es que las empresas estadounidenses son grandes inversoras en Uruguay, con más de US$ 600:000.000 de inversión directa acumulados al año 2003, principalmente en las áreas de forestación, hotelería y agroindustrias, pudiéndose estimar, ante la eventual aprobación del tratado, un incremento de la inversión y la generación de más puestos de trabajo. En inversa relación, las inversiones de uruguayos en Estados Unidos son notoriamente menores, existiendo indudables balances favorables para nuestro país.

Avanzar en un tratado relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones entre los países significa ofrecer a los inversores un fortalecimiento de la protección y brindar mayores garantías, elementos sustanciales que serán considerados al momento de decidir en qué país invertir o arriesgar su capital.

Asimismo, esto permitiría continuar ampliando los procesos tendientes al incremento del comercio bilateral, sin dejar de prestar atención en nuestro caso al MERCOSUR, con el agregado de que el tratado constituiría además una herramienta moderadora ante los impactos que generarían en la región decisiones económicas y comerciales unilaterales que puedan adoptar nuestros países vecinos, con quienes anhelamos también continuar avanzando dentro de un permanente y armónico equilibrio.

Según consta en los antecedentes remitidos por el Poder Ejecutivo, estos convenios garantizan las inversiones por nacionales de una de las partes en el territorio de la otra parte, dentro de los parámetros utilizados actualmente por la legislación internacional, que en el caso de Uruguay también se encuentran consagrados en nuestra legislación interna.

Este instrumento comercial tiende a proporcionar mayor certeza en cuanto a que las reglas de juego son comunes y a que cualquier cambio, no solo será general sino que no podrá afectar los derechos ya adquiridos. Asimismo, permitirá incrementar las inversiones productivas que generen nuevos bienes tendientes a lograr tasas de crecimiento del ingreso per cápita de largo plazo.

Una mayor inversión auspiciada por estos acuerdos genera nuevos empleos, que serán de superior calidad y, en consecuencia, se concretará la aspiración de un desempleo descendente y de un mejor desenvolvimiento de los regímenes previsionales, fruto de mayores aportaciones. Todo esto se da en un plano de mejoramiento de la competencia y mayor inserción económica internacional, otorgando a nuestro país el beneficio de la apertura de la inversión a una muy importante economía mundial.

Es prudente recordar que el requerimiento del ahorro externo es necesario para el fomento de la inversión, y en países como el nuestro, donde el ahorro interno es bajo, tratados como este permiten equilibrar la situación.

Se destaca, asimismo, la puntualización relativa a la certeza. En este aspecto, el tratado bilateral de inversión permite que los inversores e inversiones uruguayas y estadounidenses sean considerados como nacionales y reciban el trato de la nación más favorecida en el otro país, estando protegidos contra posibles expropiaciones y pudiéndose recurrir a procedimientos neutrales transparentes y expeditivos de solución de controversias.

Para finalizar, quisiera expresar la convicción de compartir todos los anhelos de respaldar lo bueno para el país, porque ello es traducción de lo bueno para nuestra gente. Quizás la confrontación de matices, como ocurre en tantos temas, no desvíe nuestras aspiraciones comunes de mantener en alto el espíritu constructivo que se requiere en este caso, con el que podemos interpretar la necesidad de un ineludible respaldo ante una propuesta promisoria. Evaluar con natural grandeza la alternativa parece ser hoy un compromiso muy fuerte, que nos debe unir en beneficio de algo que entendemos principal: la inversión como eje fundamental para el crecimiento del empleo y la posibilidad de sustituir gradualmente la asistencia social por trabajo, producción y fuentes laborales dignas para todos los habitantes de nuestra querida República Oriental del Uruguay.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas y de Ganadería Agricultura y Pesca, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, a la Unión de Exportadores del Uruguay, a la Cámara de Industrias del Uruguay, a la Junta Departamental de Canelones, a la Embajada de Estados Unidos de América, a la Organización de la Prensa del Interior y a la Cámara de la Industria Frigorífica.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cuatro: Afirmativa.

Tiene la palabra el señor Diputado Menéndez.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Señora Presidenta: pedimos la palabra para referirnos a un positivo proyecto de actividad científica o tecnológica en el departamento de Durazno. Sin embargo, dado el estado de emergencia que allí se vive, vamos a hacer un planteamiento sobre esta situación que está afectando a todo el departamento, particularmente a los habitantes de zonas muy pobres, sufridas y postergadas de nuestra ciudad capital.

Las inundaciones causadas por el desborde del Yi en Durazno tienen mucho en común con lo que sufren otros departamentos como Artigas, Maldonado y Soriano. En forma repetida se generan situaciones de emergencia social de las que los vecinos tienen larga memoria, pero a las que obviamente se resisten a acostumbrarse.

En la mañana de hoy, en nuestra ciudad, estuvimos comunicándonos con la Jefatura de Policía local. Existen alrededor de novecientos evacuados por el sistema departamental de emergencia, pero también hay autoevacuados que no están cuantificados, pero que se estima que para el fin de semana serán más de mil.

La cota del río sobrepasa en diez metros el nivel normal, y debe tenerse en cuenta que en las inundaciones de 1959 llegó a los trece metros. Esto habla de la gravedad de la situación. Se están inundando zonas con una importante densidad poblacional. Se trata, fundamentalmente, de familias humildes, con muchos niños, a quienes a la pobreza extrema y la indigencia se les suma la inundación y el frío. Mientras el hogar permanece invadido por las aguas, esta población tan vulnerable es alojada precariamente en diversas instituciones públicas y privadas. La capacidad locativa se desborda de tal manera que se recurre a carpas del Ejército Nacional, lo que, naturalmente, implica estar casi a la intemperie. Hablamos de locales que cumplen un importante rol social, como gimnasios y policlínicas, que durante este período de emergencia suspenden su actividad natural.

La situación de precariedad en la que se encuentran los niños hace que su ciclo escolar se vea seriamente afectado, al igual que la indispensable actividad laboral de los mayores, a lo que se suma la necesidad de custodiar sus casas semisumergidas para que no sean objeto del pillaje de oportunistas que se alzan con las pocas pertenencias que allí existen, inclusive con puertas y ventanas.

Durante este tiempo, la sociedad en su conjunto se debe hacer cargo de la atención sanitaria y alimenticia de los vecinos desalojados y luego también debe refaccionar y poner a los locales que sirvieron de cobijo en condiciones de ser utilizados para su tarea específica. Asimismo, cuando las aguas se retiren a su cauce normal, se tendrán que acondicionar y desinfectar los hogares.

Todo esto implica una importante erogación que debe hacer la sociedad en su conjunto, a través de las Intendencias, del Ejército, de las Jefaturas de Policía y de otras instituciones que colaboran en el proceso.

Concordando con la prioridad fijada por este Gobierno Nacional que se inicia, de atender a los sectores postergados y vulnerables de la sociedad, es que hoy planteamos en Sala esta problemática, que necesita ser abordada con medidas inmediatas y urgentes, pero también de mediano y largo plazo. En lo inmediato, señora Presidenta, debemos reforzar fuertemente la asistencia del Instituto Nacional de Alimentación para estos sectores que hoy están comiendo en ollas populares, y apuntalar extraordinariamente la asistencia sanitaria. Recordemos que existen enfermedades que acompañan la indigencia, el frío y la precariedad. También debemos poner al servicio del comité de emergencia local aportes del Estado en su conjunto: de ANCAP, el combustible para los infinitos traslados de desalojados y sus pertenencias; de AFE, vagones de ferrocarril como cobijo transitorio, y de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior, los que siempre colaboran, el redoblar de sus esfuerzos. También es fundamental que el Ministerio de Desarrollo Social dé prioridad en el tiempo a aquellas asignaciones a usuarios que correspondan, dentro del Plan de Emergencia Social, a núcleos familiares que habitan estas zonas inundables, de manera de minimizar el tiempo de espera en tan crítica situación. Con esto queremos decir que en esta etapa de confirmación, el Ministerio de Desarrollo Social debe focalizarse en estas zonas vulnerables y adoptar medidas de mediano y largo plazo, medidas de fondo, que hagan que estos padecimientos sean cada vez más esporádicos o, mejor aún, olvidados.

Es necesario encarar dentro del Plan Nacional de Vivienda el realojo de las familias, acompañando este proceso con aportes legislativos -de este Cuerpo en particular- para que se cuente con las herramientas legales necesarias para adjudicar nuevas viviendas y proceder a la destrucción de las existentes, de modo de no repetir situaciones que cíclicamente se van dando.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del Interior, de Defensa Nacional y de Desarrollo Social, a la Intendencia y la Junta Departamental de Durazno, a ANCAP y a AFE. Además, solicito a la Presidencia del Cuerpo que se habilite una pronta comunicación, en particular a los organismos mencionados y también al Sistema Nacional de Emergencia, para que se les informe, sensibilice y demande una rápida coordinación con el Sistema Departamental de Emergencia.

Tal vez la media hora previa no sea el momento más adecuado para sensibilizar al Cuerpo, pero, realmente, la situación que vive nuestro departamento de Durazno es preocupante. Hoy en día, esta mañana, tenemos casi mil desalojados, el río Yi está diez metros por encima de su cota y se enfrenta una situación de frío, padecimientos e inequidad social. Es un problema que este Cuerpo debe tomar como propio, y por ello pido a la Presidencia una pronta comunicación a los organismos pertinentes para que las soluciones partan del Estado lo más rápidamente posible.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Barreiro.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta: el día 25 de abril del corriente año, el Municipio de Salto procedió a donar a favor de la ANEP terrenos sitos en la 1ª Sección Judicial del Departamento -zona suburbana-, empadronados con los números 32.705 y 32.769, antes padrón mayor área 31.480.

La Intendencia Municipal de Salto dispuso esta donación de conformidad con la resolución dictada en su momento, previa autorización de la Junta Departamental.

Por resolución 13, Acta Extraordinaria 34, de 8 de octubre de 2003, el Consejo Directivo Central de la ANEP había aceptado el ofrecimiento de donación de dichos terrenos para la construcción de un liceo y de una escuela de tiempo completo. Se trata en este caso de la construcción del liceo del barrio Artigas, de la ciudad de Salto, anhelo largamente reclamado por una populosa zona de nuestra ciudad, cuyo radio de influencia abarca una población mayor a los diez mil habitantes. Esta aspiración fue recogida en 1992 por la Junta Departamental de Salto, que dio inicio al expediente Nº 14.473 en el Consejo de Educación Secundaria y a la declaración de interés departamental en noviembre del mismo año.

La zona comprende barrios densamente poblados -como Artigas, Uruguay, Williams, La Chacrita, Goslino, Burton, Da Rosa, Colonia 18 de Julio, etcétera- con una concurrencia escolar de más de ochocientos niños, cerca de la mitad de los cuales no acceden a educación secundaria. Basta señalar que los jóvenes que desean continuar sus estudios secundarios deben recorrer varios kilómetros -muchos a pie- para llegar al liceo más cercano: el Liceo Nº 3, de la zona este de la ciudad. Con sus más de 1.800 alumnos y a pesar de la construcción del nuevo edificio, este liceo trabaja además con un anexo que amplía su capacidad locativa, que está casi colmada. Además, de acuerdo con lo que se nos informa, son pocos los estudiantes de la zona que nos ocupa que están accediendo a ese local.

En suma, muchas familias de trabajadores ven frustrada la posibilidad de que sus hijos completen el ciclo secundario, quedando fuera del sistema educativo. En el transcurso de estos años, cientos de jóvenes han perdido la posibilidad de acceder a una mejor capacitación que les insertara en un mundo laboral tan competitivo.

Por lo expuesto, reclamamos el pronto funcionamiento de un centro de enseñanza media en el barrio Artigas de la ciudad de Salto, que se sume a los seis liceos actualmente en actividad, que atienden a una población urbana que supera los cien mil habitantes.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Educación y Cultura; al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y, por su intermedio, al Consejo de Educación Secundaria; y a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Salto.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Charamelo.

SEÑOR CHARAMELO.- Señora Presidenta: hoy vamos a referirnos a la problemática del barrio La Humedad, del departamento de Canelones, ubicado sobre el camino Rilén, entre las Rutas Nº 48 y Nº 36, aproximadamente a diez kilómetros de la ciudad de Las Piedras.

En este barrio viven actualmente unas treinta familias, con dieciocho niños en edad escolar. El barrio, que está ubicado en las márgenes del arroyo El Colorado, tiene problemas por las inundaciones que se producen cada vez que llueve y crece el caudal de este curso de agua. Esto trae aparejada una serie de dificultades, entre ellas, que los niños no pueden llegar a la escuela. Además, hay nueve personas con problemas de salud que ven impedido el acceso de la ambulancia que necesitan diariamente. El acceso al frigorífico de Las Piedras -en el que trabajan más de seiscientas personas y es la principal fuente de empleo de la zona- también se ve dificultado por las lluvias y el desborde del arroyo El Colorado.

Los funcionarios encargados del mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 48 -dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas- tiran en las cunetas el sobrante de asfalto y otros materiales utilizados en las reparaciones, lo que impide el desagüe correspondiente y colabora en el desborde del arroyo. Muchas veces, el camión recolector de residuos no cumple con su tarea y, como consecuencia, la basura se acumula en las cunetas. Además, el barrio carece de saneamiento, lo que lleva a que se desborden los pozos sépticos cada vez que crece el arroyo, con el riesgo de contaminación y generación de enfermedades que ello supone, sobre todo en un barrio donde hay una muy importante población de niños.

Solicitamos que se intente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del barrio La Humedad y de los vecinos de las márgenes del arroyo El Colorado. Pedimos que se ensanche el arroyo El Colorado sobre las Rutas Nº 48 y Nº 36 y que se limpien las cunetas de esas rutas. La idea es tratar de hacer más llevadera la vida de quienes habitan en ese lugar, que cada vez que llueve se ven imposibilitados de acceder a sus trabajos, pues quedan totalmente aislados.

Estamos hablando de gente de un nivel económico bajo, que tiene necesidad de salir a trabajar, que no puede darse el lujo de perder su jornal y que cada vez que hay inundaciones queda absolutamente aislada, con las importantes complicaciones económicas y los grandes riesgos sanitarios que ello implica.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se haga llegar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Canelones, a la Junta Local y al Centro Comercial de Las Piedras y al Club de Leones y Rotary Club de esa ciudad.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Cánepa.

SEÑOR CÁNEPA.- Señora Presidenta: en el último mes y medio hemos recibido una nutrida gama de reseñas a propósito de la muerte del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, quien falleció el 26 de abril del presente año en su ciudad natal, Asunción, a los ochenta y siete años de edad, luego de un infarto del cual no pudo recuperarse.

Sin intención de realizar ningún aporte novedoso a propósito de su vida y de su obra, considero importante homenajear al hombre y al creador desde este ámbito parlamentario en el que se encuentra genuinamente representado nuestro pueblo uruguayo.

La obra de Augusto Roa Bastos, galardonado con el Premio Cervantes en el año 1989 -máximo galardón en la lengua castellana-, no es solamente la obra de un autor prolífico y de un manejador exquisito de la lengua, sino de alguien que supo valerse de su prosa para describirnos el mundo de la violencia, el abuso y el dolor en nuestro continente y, de manera peculiar, en su propio suelo guaraní.

Nosotros, los uruguayos, que mantenemos una deuda histórica con el hermano pueblo de Paraguay desde la incalificable guerra de la Triple Alianza -de la cual no nos sentimos orgullosos-, manifestamos hoy la emoción y el agradecimiento por libros como "Hijo de hombre" o "Yo el Supremo", tejidos en torno a la figura del dictador Gaspar Rodríguez de Francia y en él, también, en torno a los dictadores y las dictaduras que han ido asolando a nuestros desafortunados pueblos latinoamericanos.

Casi cincuenta años de exilio incidieron no solamente en la ideología, sino también en la obra de Roa Bastos. Él nos habló de los exilios exteriores y de los interiores. En una entrevista para la "Revista de Reseñas Literarias" del "New York Times", el autor paraguayo manifestaba: "Pruebo ver el exilio no como una sanción política... sino como algo que me obligó a abrir al mundo, mirarlo en toda su complejidad y amplitud".

Se sustentó realizando todo tipo de oficios paralelamente con su actividad de escritor infatigable. Fue cartero, guionista de cine, autor teatral, periodista y profesor en varias universidades de América Latina y de Europa. En particular, en la Universidad de Toulouse creó el, hasta donde tenemos noticias, único Curso de Lengua y Cultura Guaraní en tierra europea. En el año 1953 publicó su primer libro de relatos, "El trueno entre las hojas", al que le sigue "Hijo de hombre", en 1960, y su obra maestra, "Yo el Supremo", una de las cumbres de la literatura castellana contemporánea.

Queremos poner énfasis en este aspecto. Quizá el drama más conmovedor en la vida de un hombre es vivir casi cincuenta años en el ostracismo; cincuenta años escribiendo y recordando los paisajes y el dolor de su país natal y, pese a ello, y quizá por ello mismo, ser un impulsor de la lucha por el destino de América Latina y por los derechos humanos. Recordemos que en 1993 fue designado miembro de la Comisión Especial "Verdad y Justicia", encargada de estudiar las violaciones de los derechos humanos del régimen del general Stroessner, de triste historia en el Paraguay y de triste recuerdo para nuestros hermanos.

En el año 1985, junto con la Orden de las Artes y las Letras, le fue otorgado el Premio de los Derechos Humanos, en Francia. Así podríamos seguir enumerando el largo camino recorrido, que había comenzado a sus quince años, cuando se escapó de su casa y fue a trabajar como enfermero en la guerra del Chaco.

Por un lado, sufrió el exilio externo, palpable en los paisajes y olores diferentes a los de su Iturbe de la infancia, en la región del Guairá, y, por el otro, el exilio interno. El recuerdo permanente de todo aquello y el hecho de llevar consigo las dos lenguas que se hablan en su país, fue sin duda una experiencia desgarradora para el maestro. Le gustaba decir: "Soy como esos lagartos que no se mueren nunca", cuando superaba cada uno de los percances de salud que lo aquejaron en sus últimos años. Y de una manera extremadamente cálida tenía razón. Sigue siendo "como esos lagartos que no se mueren nunca". Ha quedado entre nosotros con sus más de veinte títulos -novelas, cuentos, obras de teatro y poesía-, traducidos a veinticinco idiomas. Y ha quedado su lucha inquebrantable por los derechos humanos y por nuestra América mestiza, en pleno proceso de transformación, caminando todos juntos hacia sociedades más justas y solidarias que no permitan nunca más el hambre de nuestros niños ni el exilio forzado de sus hijos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Embajada de la República del Paraguay en nuestro país, a la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, al señor Representante de UNESCO ante Argentina, Paraguay y Uruguay, y a la Comisión Nacional de UNESCO para Uruguay.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos, si no hay objeciones de las señoras legisladoras y de los señores legisladores, corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en primer término: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Primer Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: hemos hecho llegar a la Mesa una moción acordada por todos los sectores políticos. El deseo es que se pudiera tratar en forma inmediata, dada la urgencia del tema.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por las señoras Diputadas Charlone y Kechichián y los señores Diputados Pintado, Washington Abdala, Cánepa, Gamou, Martínez Huelmo, Abt, Pablo Abdala y Peña.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la Carpeta Nº 179/005: 'Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad suscrito con España el 19 de julio de 1870. (La Cámara de Representantes expresa su firme convicción sobre la vigencia del mismo)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad suscrito con España el 19 de julio de 1870. (La Cámara de Representantes expresa su firme convicción sobre la vigencia del mismo)".

(ANTECEDENTES:)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- Señora Presidenta: la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, a través de todos sus miembros y de sus delegados de sector, ha tomado con enorme preocupación el tema que hoy nos convoca, que es la situación de miles de compatriotas uruguayos que están en España en una completa indefensión, dado que se están comenzando a aplicar allí los controles establecidos por la ley de extranjería y corren el riesgo de ser deportados al no haber podido regularizar su documentación.

En los últimos días y en las últimas horas se han comenzado a verificar estos casos, y hemos escuchado declaraciones de integrantes del Gobierno español en el sentido de que los uruguayos no iban a ser objeto de excepciones ni de trato especial.

La Comisión ha considerado este asunto y se ha reunido con organizaciones sociales y con familiares de los uruguayos radicados en el exterior.

No estamos solicitando ningún trato especial ni excepcional para nuestros compatriotas; lo que estamos pidiendo es que se cumpla con el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad firmado entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España en el año 1870, que tiene plena vigencia y que ampara la situación de nuestros compatriotas en España. En este Tratado, básicamente, se reconocía el estatuto de país independiente de la República Oriental del Uruguay. Asimismo, nuestro país reconocía una onerosa y controvertida deuda externa con España -que se pagó- y se pactaba -esto se mantiene en el tiempo, porque, naturalmente, la condición de país independiente no nos la otorgó el Tratado- reciprocidad de trato para los nacionales de ambos países.

En el artículo 8º de este Tratado se establece: "Los ciudadanos de la República en España y los súbditos Españoles en la República Oriental del Uruguay, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles [...] y suceder en los mismos por testamento [...] todo con arreglo a las leyes del país, en los mismos términos y bajo de iguales condiciones de adeudos que usan é usaren los de la nación más favorecida". Este artículo otorga a los uruguayos un tratamiento especial por dos vías: porque reconoce que pueden ejercer libremente y en forma directa sus oficios y profesiones, y también porque determina, a través de una vía indirecta, la cláusula de la nación más favorecida, lo que significa que si España pacta condiciones con otros países más favorables que las establecidas en este Tratado podrán ser aplicadas a los uruguayos residentes en España.

Efectivamente, eso ha sucedido y España tiene tratados con otros países iberoamericanos; tiene tratados de doble nacionalidad con Perú y con Chile y en ellos se determina especialmente que se podrá viajar y residir en los territorios respectivos, establecerse donde se juzgue conveniente para los intereses de cada uno, adquirir y poseer toda clase de bienes muebles e inmuebles, ejercer todo género de industria, comerciar tanto al por menor como al por mayor, ejercer oficios y profesiones gozando de protección laboral, de seguridad social y laboral y tener acceso a las autoridades de toda índole y a los tribunales de Justicia; todo ello en las mismas condiciones que los nacionales.

Es decir que, ya sea directamente a través de lo regulado por el artículo 8º del Tratado de 1870, o indirectamente en virtud de la cláusula de nación más favorecida, los uruguayos residentes en España tienen el derecho -porque estas normas están vigentes- a trabajar y ejercer sus profesiones en las mismas condiciones que los nacionales españoles.

Quiero decir que esta no es la posición que ha sustentado el Gobierno de España. Se ha dicho que el Tratado no está vigente y que ha sido derogado por disposiciones posteriores. Y debo decir que el artículo 96 de la Constitución española establece que: "Los Tratados internacionales válidamente celebrados" -como es el caso del tratado de 1870-, "una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional". En este sentido, el Tratado de 1870 no prevé ninguna forma de modificación, por lo que solo se puede derogar de acuerdo con lo establecido en las normas del Derecho Internacional, es decir, por tratados posteriores firmados entre ambos países.

Efectivamente, hay un tratado posterior, de 1992, firmado entre Uruguay y España, que no solo es compatible con aquella norma, sino que, a través de sus artículos 14 y 18, ratifica lo que se pactó en 1870. Precisamente, en el artículo 14 se establece: "Con sujeción a su legislación y de conformidad con el derecho internacional, cada Parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización, de actividades lucrativas, laborales o profesionales, por cuenta propia o ajena, en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia o de trabajo necesarias para el ejercicio de dichas actividades".

Naturalmente, cuando se dice que se procederá de acuerdo con la legislación nacional, se hace referencia a los requisitos que se les aplica a los nacionales para ejercer sus actividades, que serían los mismos que se les ha de aplicar a los ciudadanos uruguayos. Me refiero, por ejemplo, a los requisitos para ejercer los oficios o profesiones, inscripciones en la seguridad social, colegiaciones, etcétera. El trato que se está planteando al expresarse que existe pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia indica claramente que no se pactan condiciones más beneficiosas -como sucede en muchas circunstancias, cuando se quiere estimular la inmigración-, pero tampoco circunstancias más desfavorables.

En definitiva, hacemos esta fundamentación jurídica porque queremos explicar por qué para nosotros -reitero que hemos analizado el tema en la Comisión y esta también es la posición del Gobierno uruguayo y de la Cancillería- este Tratado está vigente.

También se ha dicho que esto pudo haber sido derogado por disposiciones posteriores en el marco de las leyes o de los acuerdos de la Unión Europea. Pero el propio Tratado de Roma, en su artículo 234, establece que los tratados bilaterales firmados con anterioridad por los miembros de la Unión permanecen con plena vigencia.

Estamos alarmados porque, efectivamente, hay miles de compatriotas que estarían hoy en riesgo de ser deportados. Decimos que son miles y efectivamente es así. Según las informaciones que tenemos, se han tratado de acoger al sistema de la Ley Nº 10.600, de extranjería, compatriotas, de los cuales hasta el día de hoy se ha fallado favorablemente en el 42% de los casos. Es decir que hay unos 6.000 uruguayos en España que están en situación incierta. No sabemos si se consideró su situación o si ya les fue denegada la petición.

Uno de los requisitos de la ley de extranjería para poder presentarse era que se expidieran los certificados de buena conducta en el país de origen, y tenemos como información que a estos efectos nuestro país ha expedido 16.500 certificados de buena conducta y se han presentado para regularizar su situación, como ya dije, 10.600 personas. Esto nos está dando la pauta de que habría 6.000 personas que están allí, que pidieron los certificados para presentarse y que, por las exigencias de la ley de extranjería o -en muchos casos- porque en realidad tenían temor de que al inscribirse estuvieran explicitando su situación de irregularidad, no se acogieron al sistema de la ley. Ellos están viviendo en España y se encuentran en situación irregular. Entonces, con total certeza decimos que hoy hay, por lo menos, 12.000 compatriotas en España con los cuales no sabemos qué va a pasar. Esto es de una enorme preocupación para nosotros y para sus familias, que están en Uruguay. Cuando uno conversa con los familiares, puede percibir la situación de angustia que están viviendo muchas de las familias y colectividades uruguayas en el exterior. Ya es bien triste tener que irse del país por motivos económicos y tratar de buscar acogida en un país amigo, como España; pero si además se está en esta situación en la que no se sabe qué va a pasar -donde en algunas familias hay quienes están reconocidos y otros no, y hay dudas de hasta dónde se puede llegar en los grados de parentesco al reconocimiento- realmente se genera mucha angustia a nivel económico y a nivel de los afectos, que es una parte que a nosotros también nos importa mucho.

Queremos decir que más allá de las situaciones que pudieran haberse regularizado bajo la ley de extranjería y todas las que quedan al margen -lo queremos repetir una y otra vez-, el estatuto jurídico que ampara a los uruguayos en España no es la ley de extranjería, sino el Tratado de 1870, que les da derechos plenos para trabajar en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.

Es importante señalar que, más allá de la posición que ha tenido el Gobierno de España, cada vez que esto se ha llevado a los tribunales, cada vez que esto se ha pleiteado, la Justicia española, los tribunales españoles han fallado a favor de los ciudadanos uruguayos, y en todas las sentencias se menciona la vigencia del Tratado de 1870. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes a nivel individual han podido llevar el tema a los tribunales, que han tenido la información, la posibilidad de costearlo y, de alguna manera, de superar los plazos que lleva la resolución de los temas, han obtenido la confirmación, para el caso particular, de lo que nosotros hoy estamos reclamando como la norma general de carácter abstracto que nos está amparando a todos.

Queremos decir que en la Comisión realmente hemos trabajado todos los partidos políticos mancomunados en esto; en este tema no ha habido matices. También hemos manifestado -figura en el proyecto de resolución- el apoyo a las acciones que ha realizado la Cancillería uruguaya. Hace pocos días, el Canciller uruguayo viajó en forma urgente a España a entrevistarse con las autoridades españolas y reclamar la vigencia del Tratado. Asimismo, la Cancillería ha instruido a los Consulados en España a los efectos de que informen de la situación a todos los uruguayos que allí se presenten. También dio instrucciones para que los Cónsules otorguen un certificado con el sello del Consulado, donde se establece que son ciudadanos uruguayos y que, de acuerdo con la interpretación de la República Oriental del Uruguay, los ciudadanos uruguayos están amparados por el Tratado de 1870. Quiere decir que cualquier compatriota que vaya al Consulado...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Disculpe, señora Diputada. La Mesa solicita a la Cámara que se haga un poquito de silencio. Realmente, el tema es de suma importancia. Nos parece que es necesario bajar un poco los decibeles de la conversación, porque es imposible seguir el hilo conductor de lo que se está diciendo y tomar una correcta versión taquigráfica. Por lo tanto, agradeceremos a los señores legisladores que escuchen con atención lo que se está diciendo.

Puede continuar la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- Gracias, señora Presidenta; la verdad es que, a veces, las mañanas nos ponen a todos un poco conversadores de más.

Estaba diciendo que los ciudadanos uruguayos que comparezcan ante los Consulados van a recibir asesoramiento y van a tener la posibilidad de obtener este certificado que es lo que, en definitiva, poco o mucho, puede hacer o expedir el país.

También queremos decir que más allá de los tratados y de las normas legales, realmente los pueblos de Uruguay y de España, los Gobiernos de Uruguay y de España, históricamente han sido amigos y hermanos. Esta patria chiquita ha acogido en muchas etapas de la historia a inmigrantes españoles. ¿Qué podemos decir de los españoles en nuestro país? Que son parte de nuestra cultura, que son parte de nuestra familia, que son parte de nuestra forma de encarar la vida.

Hace algunos momentos recordábamos con algunos colegas una canción muy bonita de un músico popular uruguayo, Abel García, que dedica a los gallegos y que dice: "Gallego, gallego, tenés de extranjero tanto como yo", en un reconocimiento de lo que, en realidad, nosotros sentimos frente a los españoles que hemos recibido.

Estábamos consultando algunas cifras y, realmente, la emigración española en Uruguay tuvo momentos muy fuertes entre 1907 y 1912, y entre 1919 y 1931. Tengo en mis manos un informe que no es de la Cancillería uruguaya, sino del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. Allí se dice, entre otras cosas, que: "[...] a partir de 1946 se reanuda la corriente migratoria hacia el continente latinoamericano. El contexto socio histórico para que estos españoles abandonen su país durante el período de 1946-1958 es el de una España principalmente agraria, bajo la dictadura política del régimen de Franco, aislada política y económicamente de Europa. Además, también hay que tener en cuenta la fuerte impronta de la migración masiva anterior y su poder de llamada". Los españoles muchas veces ya tenían familia en el Uruguay y eso era, naturalmente, una atracción para que vinieran más familiares. Solamente entre 1952 y 1957 -estamos hablando de un período de seis años- vinieron y se radicaron en Uruguay 20.800 españoles. Manejando cifras -que siempre son buenas- podemos decir que hemos pasado por períodos en los que había 102.000 españoles, como en 1995. De acuerdo con los datos que tenemos de la Corte Electoral sobre residentes ausentes, en 2004 se cerró el padrón con 35.980 españoles en Uruguay que podrían votar. Pensaba qué significaba esto en términos de nuestra población, y es prácticamente el 1%. Si esto lo lleváramos a España, que ronda los 43:000.000 de habitantes, es como si dijéramos que podría haber 430.000 uruguayos en aquel país. No son estas ni mucho menos las cifras de los uruguayos en España. Quizá estemos hablando de 15.000 personas, aunque no tenemos los datos exactos.

En definitiva, queríamos dar estos números porque nos ubican en el contexto y en la significancia de lo que puede ser para un país como España, teniendo en cuenta las proporciones de su población, recibir y acoger a los uruguayos que allí están. Además, si algo nos ha caracterizado es una migración de gente trabajadora, honesta e hipercalificada, lo que es un problema para nuestro país. Muchas veces, los que se nos van son los que más posibilidades tienen de inserción, los más calificados, que van a otros países a hacer los trabajos que los propios nacionales se niegan a hacer. Sabemos que, muchas veces, estos recursos calificados, por su propia dificultad para la inserción, terminan realizando trabajos de segunda calidad o en la informalidad.

Lo que estamos pidiendo es el reconocimiento de este Tratado político por parte de España en términos de amistad y de esos lazos históricos que tenemos; lo que estamos pidiendo es el mismo tratamiento para los uruguayos que esta patria chiquita pero grande ha sabido dar a los españoles que en momentos difíciles han venido y que, como decíamos, hoy también forman parte de nuestra gente y de nuestra identidad.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Peña.

SEÑOR PEÑA.- Señora Presidenta: voy a ser breve, por la información que hay, por la contundencia del tema y por las palabras vertidas por quien me precedió en el uso de la palabra.

En nombre del Partido Nacional y de nuestro sector en particular, quiero expresar el más amplio apoyo a todas las gestiones necesarias que nuestro país deba llevar adelante en cuanto al reconocimiento de los derechos de nuestros compatriotas, en este caso con España, pero también con cualquier parte del mundo. La gran mayoría de los que ocupamos estas bancas somos nietos, bisnietos o hijos de españoles que pudieron llegar a estas tierras cuando en ese país, en otra situación, las cosas no estaban tan bien, y esta tierra los acogió con los mayores afectos y los máximos derechos. Así es que hoy, cuando la situación es a la inversa, esperamos -aunque creo que la reciprocidad sería lógica- el cumplimiento del Tratado de 1870, en plena vigencia. Según aparece recogido en el apartado 1 del artículo 8º del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad, firmado por España y Uruguay: "Los súbditos españoles en la República Oriental del Uruguay, y los ciudadanos de la República en España, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del País sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte y suceder en los mismos por testamento o ab intestato, todo con arreglo a las leyes del País, en los mismos términos y bajo iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la Nación más favorecida".

Por su parte, el artículo 14, apartado 1 del Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992, establece: "Con sujeción a su legislación y de conformidad con el derecho internacional, cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, laborales o profesionales, por cuenta propia o ajena, en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia o de trabajo necesarias para el ejercicio de dichas actividades. La expedición de los permisos de Trabajo laborales y profesionales por cuenta ajena será gratuita. Las respectivas autoridades garantizarán el efectivo goce de las facilidades mencionadas sujetas al criterio de reciprocidad".

Hoy, todos aquellos ciudadanos uruguayos que reclaman en las Cortes españolas logran -así lo dice la Justicia española- el reconocimiento de la ciudadanía. Por eso es buena toda gestión que se pueda hacer para tener los mismos derechos que algunos países latinoamericanos, como Perú y Chile, y para que el Gobierno español en este caso actúe en la misma dirección que la Justicia española.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Washington Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Señora Presidenta: en España los uruguayos lavan baños, limpian retretes, hacen de todo para vivir, de todo. La pasan mal, no la tienen cómoda. No van a España a meterse en un Country Club. No. Van a buscar el mango para tratar de defenderse ellos y defender a su gente. Y los uruguayos en España son los sudacas, como otras comunidades. Y están mal vistos; no los quiere nadie. Muy poquita gente quiere a los sudacas. Claro: entraron por la ventana, están tratando de mantener su dignidad, y los gobiernos, cuando llega la hora de hablar de estos ciudadanos, son declamatoriamente perfectos, pero estupendamente inútiles. Cuando agarramos los diarios, los pecados de los sudacas son agigantados; viven en tugurios, siempre están con el lío de la violencia; no hay circunstancia en donde la prensa internacional no los muestre como lo malo de la sociedad. O sea: entraron por la ventana, la están pasando mal, son discriminados y no tienen derechos. Diría que es el cuadro perfecto de una tragedia. Por eso hace bien este Parlamento hoy en hacer un alto en el camino y plantear la importancia de este acuerdo internacional.

Lo dijo muy bien la señora Presidenta de la Comisión: cuando pasó lo que pasó en Europa con la guerra civil, acá se abrió el país y vino todo el mundo a forjar su destino, a vivir. Uruguay comprendió el hambre y el drama que estaba viviendo esa Europa, sobre todo nuestra madre patria, y dijo: "Acá pueden estar". Ahora, cuando se supone que viene la recíproca, porque los que la estamos pasando mal somos nosotros, en Latinoamérica, nos cierran las puertas.

Lo lamentable es que se supone que esta Europa es la más inteligente, la más culta, la que entiende más, la que enseña, la que ilumina, la que es tolerante, la que es flexible, y nada de eso está ejerciendo en estos temas. ¿Recuerdan la propaganda de Benetton, con la gente apelotonada arriba de los barcos, tratando de llegar a algún destino? Esa imagen hay que tenerla grabada en la cabeza, porque eso es lo que pasa muchas veces cuando la gente está buscando un destino. Supuestamente, cuando a aquellos que fueron colonizados en su momento les toca cobrar un cheque diferido, no hay nadie, no hay cuenta, no hay banco ni sucursal que los asista.

Este es uno de los capítulos más dramáticos que viven los uruguayos en el exterior. Los informes de la doctora Pellegrino que nos han noticiado en la Comisión de Asuntos Internacionales dan cuenta de cifras espeluznantes: arriba del 10%, tal vez el 13% de la población uruguaya está afuera.

Así que está equivocado el señor Ministro del Gobierno de España que vino aquí, cuando dijo que estábamos planteando una excepción. Señor: usted está absolutamente equivocado; aquí hay un acuerdo que firmó un país con otro país. Y no pueden argumentarse razones de legislación comunitaria, porque -afortunadamente, los abogados existimos y para algunas cosas servimos- hay un principio que dice "Prior tempore, prior juri": primero en el tiempo, primero en el derecho. Nosotros tenemos un derecho adquirido, previamente consagrado con España, para que se respete a nuestra gente allí. Yo, que tengo tantas diferencias con el señor Canciller, tengo que decir que en esto ha estado a la altura de las circunstancias, diciendo lo que hay que decir: que nos vamos a defender con ese Tratado en la mano, señalando que tiene validez jurídica y, si la tiene, vale para nosotros y vale para ellos. Los acuerdos se firman para cumplirlos, ayer, hoy y siempre; no me vengan con que el acuerdo es viejo. Los acuerdos se firman para cumplirlos. Nosotros vivimos en este Estado de derecho bajo normas que tienen decenas y centenas de años, y valen para nosotros. Eso es lo importante: hacer valer las normas cuando son consagradas democrática y libremente.

Voy a pedir a la señora Presidenta de la Comisión que quienes tengan interés lean la versión de los uruguayos en la Red Diáspora; si creen que el Diputado Washington Abdala está inflando el tema, les pido que miren la versión de los uruguayos en la diáspora para que vean cómo la están pasando en España o en Estados Unidos. La están pasando mal, y la están pasando peor porque hay una embestida discriminatoria hacia estos pueblos, hacia estas comunidades.

No se puede mirar con desinterés este tema, ni desde allí ni desde acá. Algunos de acá se creen que no bajaron de los barcos, como nos bajamos todos en este país, y les parece que son patricios y que este es un tema que no importa. ¿Patricios en Uruguay? ¡Por favor!

No somos los únicos en esta situación lamentable; otros pueblos latinoamericanos también la están pasando mal. Pero nosotros tenemos un acuerdo, nosotros tenemos un convenio, nosotros tenemos una norma jurídica y nosotros tenemos que hacer valer eso. Esto no es una excepción. Que quede claro, entonces, a todo el mundo que los uruguayos de acá vamos a defender a los uruguayos de allá. Es nuestra obligación.

Es cuanto quería decir.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora Presidenta: lamentablemente, este no es un asunto nuevo para los uruguayos. En la Comisión de Asuntos Internacionales de la Legislatura pasada tratamos el tema y recibimos a los familiares. Podríamos agregar, como novedad, que la situación se ha agravado no solo en España, sino también en Estados Unidos. Este país, que dice velar por los derechos humanos y al que algunos compatriotas consideran como la democracia del mundo, aprobó una ley en la que a los ciudadanos que no son legales ni siquiera se les va a dar asistencia médica pública. Esta es otra cuestión que va a repercutir acá.

Durante la Legislatura pasada y en la actual hemos dialogado con la Red Diáspora -que nuclea a distintas organizaciones de familiares de uruguayos en el exterior- y debemos convenir que hay un primer asunto que no debe estar ausente en esta discusión, más allá de que el Reino de España no cumpla con el Tratado de 1870 ni con el de 1992, y es que, lamentablemente, Uruguay, nuestro país, por sus políticas, expulsó a sus compatriotas; de esta manera, los "condenamos" -entre comillas- a buscar un destino mejor en otras tierras. Me siento responsable de que hoy estén padeciendo estos males, porque no supe convencer a los Gobiernos anteriores de que cambiaran el rumbo, ante la ingratitud de los Gobiernos españoles que hoy, por sentirse en Europa, se consideran en un Primer Mundo y con derecho a mirarnos con desprecio a quienes en el pasado los cobijamos, y lo seguiremos haciendo, porque no quiero una reacción xenofóbica contra los españoles; nuestro pueblo, nuestra patria es un país de solidaridades y seguirá siéndolo, pese a estas cosas.

En cualquier trabajo internacional y nacional que estudie el tema se reconoce que los emigrantes cumplen en los países en desarrollo una función de ayuda al progreso económico de esos países. Somos los del Sur, la mano de obra barata de las tareas que no quieren hacer los desarrollados del Norte. Esa es una forma de extender la explotación que los países del Norte ejercen en los del Sur, que empieza con las trabas comerciales y arancelarias, con un discurso de "Hagan ustedes el libre comercio, que yo protejo", cerrando las fronteras a nuestros productos cada vez que tenemos una ventaja comparativa o competitiva e imponiéndonos en forma desigual sus productos con valor agregado, manufacturados, etcétera.

Como prolongación de esa injusticia mundial, está la situación de los emigrantes. La mayoría de ellos están trabajando en negro, con sueldos, diríamos, de esclavos; por supuesto que al lado de los ingresos del uruguayo medio significa mucho, pero al lado de los de un europeo, es una explotación. Y cuando no somos más funcionales, vienen estas medidas de expulsión.

Sé que algún jerarca de España me va a decir: "Lo suyo es muy emotivo". Es probable que así sea, pero esto también tiene el respaldo y la validez de normas jurídicas que no solo fueron firmadas en 1870, ratificadas en 1992 y consagradas por el artículo 76 de la Constitución española -como dijo la señora Presidenta de la Comisión-, sino que fueron ratificadas por el dictamen de la Suprema Corte española ante recursos de casación hechos por el Estado español, favorable a la vigencia del Tratado de 1870, favorable a la interpretación del Tratado de 1992 -que lejos de rebajar las potestades del Tratado de 1870, las aumenta-, y favorable también a que se tenga con Uruguay una actitud similar a la que se tuvo con Perú y con Chile a raíz de los convenios que se firmaron oportunamente en el siglo XIX, ratificados luego en los años 1990 y 1991.

Hay informes de juristas españoles, como por ejemplo el de Martínez Puñal -un gallego excepcional, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Santiago de Compostela-, que reafirman, con los pronunciamientos de la Suprema Corte de España, que el Tratado está vigente. Pero ¿saben qué pasa? No hay más recursos ante la Suprema Corte. ¿Saben por qué? Porque un recurso favorable terminaría con el dictado de una sentencia general en cuanto a que el Tratado de 1870 entre Uruguay y España está vigente y, por lo tanto, los uruguayos y los españoles pueden acogerse a los beneficios previstos en su artículo 8º. Esta es la triste realidad.

Sin embargo, no quiero que tengamos una reacción antiespañola porque en España hay muchos españoles que apoyan nuestra causa, porque en España he visto -y lo comprobamos acá- la solidaridad del Bloque Nacionalista Galego, no en una actitud electoral -no podemos desconocer que hay elecciones en Galicia-, sino por todas las acciones precedentes, que con preguntas ante las Cortes españolas, ante el propio Parlamento Europeo, ante el Parlamento de Galicia, ha luchado para que se reconozca la vigencia del Tratado de 1870. Esos gallegos están agradecidos porque sus padres y sus abuelos fueron recibidos y tuvieron como su segunda patria, para seguir viviendo, para morir, para hacer riqueza, para dejar herencia, el Uruguay, y quieren hacer exactamente lo mismo con los uruguayos. Ellos dicen que tienen una deuda con Uruguay.

El viernes pasado, un ciudadano gallego se presentó ante la Cancillería para que, conforme al Tratado de 1870, Uruguay le reconozca los derechos que allí se establecen. Lo hizo para demostrar que en Uruguay se cumple y está vigente ese Tratado.

Esto es lo que debemos reclamar al Gobierno español. No me importa y no quiero discutir si son 10.500, 3.000, 5.000 ó 1.500 uruguayos, porque, aunque fuera uno solo, esta pelea igualmente valdría la pena, porque los tratados no se cumplen según la cantidad de personas que esté afectada. Hemos escuchado en los últimos días testimonios terribles de gente que va con dinero asegurado para hacer turismo, a la que ni siquiera la dejan tener contacto con su familia; parece que los uruguayos -y los sudamericanos en general- fuéramos parte de una peste de la que los señores representantes de las autoridades españolas no querrían contagiarse al ponernos en cuarentena.

También apoyo las gestiones del Canciller, quien seguramente a estas horas estará siendo acusado de proceder mal por defender a sus compatriotas: sepan quienes lo acusan que lo vamos a defender en estas circunstancias todos los partidos políticos uruguayos, porque en sus acciones ha estado representando a la República.

Como muchos de los presentes, pertenezco a una generación que vivió sus años de juventud durante la dictadura. Creo que cada uno de nosotros, íntimamente, cuando luchábamos en la ilegalidad y en la clandestinidad, nos juramentamos que nuestros hijos no tendrían que vivir la misma situación. Cada uno hizo un pacto con su alma diciéndose: "No quiero para mis hijos lo que yo estoy viviendo como joven ahora: andar escondiéndome para reunirme con tres o cuatro amigos para conversar sobre la libertad y la democracia". Lamentablemente, hoy tenemos que ver cómo en España miles de hijos de nuestra generación viven lo que nos juramentamos que no vivirían.

Quiero ponerme en el pellejo de una madre y de un padre que están con el Jesús en la boca, pensando cuándo expulsarán a su hijo de diecinueve, de veinte o de veintiún años por el único delito de querer trabajar en una tierra que le pueda dar oportunidades para tener un futuro mejor. Ese no es el mundo global que yo quiero, esa no es la humanidad que quiero, esa no es la sociedad mundial que quiero, y creo que luchar por la vigencia del Tratado de 1870 es también luchar por un mundo más solidario y más igualitario entre quienes tenemos diferencias económicas.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora Presidenta: queremos hacer algunos aportes para una mayor intelección de la Cámara sobre este tema vinculado con las relaciones con España.

Creemos -y además lo demostraremos- que toda la línea de nuestra relación con España desde que se inició reconoce la libertad de establecimiento con todos sus derechos por parte de los connacionales de ambos países, en cualquiera de los territorios de las partes.

Debemos decir que los tratados celebrados con España durante el siglo XIX, para los uruguayos no son vulgares, llevados entre cualquier nación del mundo. En ese sentido, es oportuno recordar que la relación anterior con el Reino de España se había enmarcado en un plano de vínculo metrópoli-colonia, en virtud de que nuestro territorio formaba parte del antiguo Virreinato del Río de la Plata, hasta 1814. En ese año el artiguismo derrota a España y pone el cimiento del actual Estado uruguayo en su posterior evolución.

En esa dinámica, las relaciones de España con el incipiente Estado uruguayo, surgido en aquel territorio, estaban interrumpidas o no existían formalmente. Esta es una de las razones por la que los tratados con el Reino de España en el siglo XIX fueron de reconocimiento entre dos realidades que hasta esa época no tenían vínculo alguno y que, cuando lo tuvieron, concluyó tras actos de beligerancia. Por ello es que también son tratados de paz.

Los tratados con España del siglo XIX son tres y no uno, como se dice comúnmente, y eso consta en las actas y en las publicaciones de la Asamblea General, más específicamente del Senado de la República. Estos tres tratados retroalimentan -son coherentes- las mismas conclusiones que hoy se discuten: los plenos derechos de los ciudadanos de uno y otro país a establecerse libremente, con todos los derechos que ello implica, en cualquiera de los territorios de las partes.

Los tratados del siglo XIX comienzan, primero, con el Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Navegación y Comercio, celebrado en Madrid el 9 de octubre de 1841, y nuestra ley nacional de aprobación lleva el Nº 235, de 21 de julio de 1842. Aunque sea tedioso leer lo que dicen los tratados, igualmente lo vamos a hacer porque sabemos que la versión taquigráfica de esta sesión seguramente será enviada a las Cortes -se presentará una moción en tal sentido- y a las Comisiones de la Unión Europea.

En ese Tratado de 1842 se comienza por expresar que el Tratado estrecha, afirma y consolida las relaciones de toda especie que, aunque desgraciadamente interrumpidas -en 1814- durante muchos años, han empezado a restablecerse. Se consigna también en este Tratado de 1841 que habían existido decretos recíprocos a priori de ambos Estados para la admisión de sus banderas en los puertos respectivos. Es decir, se estaba reconstruyendo una relación finiquitada en 1814 a raíz de la Revolución Artiguista.

En el artículo 1º se reconoce como nación libre, soberana e independiente a la antigua colonia. Además, España renuncia en favor de la República Oriental del Uruguay a todos los derechos de soberanía y dominio que los monarcas españoles tuvieron anteriormente sobre los territorios de la novel República. No es menuda cosa, y creo que la denegación de estos tratados del siglo XIX es pertinente también a otras cosas, además del establecimiento de nuestros compatriotas en España.

En los artículos siguientes se establece la amnistía para españoles y ciudadanos uruguayos, sin excepción alguna, que se hallasen comprometidos de alguna manera por hechos dados ante la separación de los dos países en 1814, todos asuntos políticos de opinión y de beligerancia.

Este primer Tratado de 1841 fija en su artículo 4º la finalidad de regularizar y favorecer las relaciones mercantiles, conviniendo en ajustar y concluir un tratado de comercio y navegación.

En el artículo 5º de este Tratado de 1841 se marca la tendencia de todos los tratados entre Uruguay y España en el siglo XIX con respecto a la situación que hoy nos reúne. Ese artículo 5º dice con claridad que los españoles o ciudadanos de la República que se establecieren, traficaren o transitaren por el territorio de uno u otro país, gozarán de la más perfecta seguridad en sus personas y propiedades.

El 26 de marzo de 1846 se celebra el segundo Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad, que en líneas generales confirma el anterior, del año 1841.

Vale la pena releer su artículo 13, que dice que para borrar de una vez todo vestigio de división entre los súbditos de ambos países, tan unidos hoy por los vínculos de origen, religión, cultura, costumbres y afectos, ambas partes contratantes acuerdan y establecen ciertas conductas protocolares. Entre ellas, en el numeral 2 del citado artículo y, en el mismo sentido, en el artículo 12, se fijan impedimentos a la autoridad pública en cuanto a interponer obstáculos legales en los derechos al matrimonio, herencia por testamento, etcétera. El artículo 12 dice, además, que unos podrán establecerse en los territorios sujetos a las otras partes contratantes, ejercer libremente sus profesiones, oficios, poseer, comprar y vender toda clase de bienes muebles o inmuebles. También establece -me refiero al Tratado de 1846- que los orientales en España y los españoles en la República Oriental del Uruguay podrán poseer libremente toda clase de bienes muebles o inmuebles, tener establecimientos de cualquier especie, ejercer todo género de industria y comercio por mayor y menor, considerándose en cada país como súbditos nacionales los que así se establezcan y como tales sujetos a las leyes comunes del país donde posean, residan o ejerzan su industria o comercio, etcétera.

Quiere decir que antes de 1870 España ya abonaba la tesis que después sostiene en su plano de relaciones con la República Oriental del Uruguay en el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad celebrado en Montevideo el 19 de julio de 1870, que corresponde a nuestra Ley Nº 1.587, de 9 de setiembre de 1882.

Este Tratado guarda absoluta simetría con los anteriores y es confirmatorio de la reciprocidad de ambas naciones en cuanto al establecimiento y sus correspondientes derechos y obligaciones. El primer inciso de su artículo 8º establece para ciudadanos de ambas naciones el libre ejercicio de los oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades muebles e inmuebles, extraer del país sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte y sucederlos, todo con arreglo a las leyes del país en los mismos términos y bajo iguales condiciones que usaren los de la nación más favorecida. Sobre este asunto abundó la señora Presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, señora Diputada Charlone.

Como los señores Diputados han escuchado, surge con evidencia total desde el plano formal que todos los tratados suscritos entre Uruguay y España en el siglo XIX son contestes en torno al asunto que nos reúne hoy y afirman, sin duda, el criterio de total derecho de residencia y permisos para su sostén, es decir, poder ejercer libremente oficios, profesiones, tener posesiones, realizar compraventas y disponer de ello en vida o por muerte, en atención al principio sucesorio respectivo.

He entendido correcta la procedencia de dejar en la versión taquigráfica, refrescando la memoria de los señores Representantes, estos datos que marcan contundentemente la razón de nuestra Cancillería y el sentir generalizado de todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay en cuanto a que sobre esto no puede haber dos opiniones.

Y este asunto no se detiene, como se ha dicho aquí, en los tratados del siglo XIX, en las facilidades y posibilidades de residencia allí fijadas. Por el contrario, quedan marcadas perfectamente en el Tratado General de Cooperación y Amistad entre Uruguay y España, de 1992. El artículo 14 del Capítulo V de este Tratado es claro y mantiene la misma coherencia en cuanto a derechos recíprocos de ciudadanos uruguayos y españoles.

Sin embargo, vale la pena recordar, como anécdota, que los artículos 13 y 15 de ese Tratado, referidos a cooperación consular, se entienden solamente si los derechos que estamos reclamando que se cumplan, existen a priori. Inclusive, el artículo 15 prevé la posibilidad del voto en las elecciones municipales del Estado en el que residan y del que no son nacionales. Es obvio que esto puede hacerse solo si existe un ejercicio de residencia previa.

La República Oriental del Uruguay cree que la paz y la amistad universales devienen de respetar la legalidad internacional. Por ello es que a nosotros nos han sonado escandalosas y fuera de lugar las opiniones del señor Miguel Cortizo, Embajador en misión especial para la diáspora española, quien el pasado 25 de mayo declaró aquí, en Montevideo, que el Tratado de 1870 estaba cuasi derogado. A nuestro entender, este es un dato alejado de la verdadera interpretación de ese Tratado. Sin duda alguna, es legislación vigente en ambos países. Sabemos que en España ha sido confirmada en múltiples fallos judiciales la vigencia de este Tratado. Según se me informa, inclusive existe una sentencia del Tribunal Supremo que establece la plena vigencia y aplicabilidad de su artículo 8º.

Estamos hablando de la relación con España que, como dijimos, no es cualquier país. Por algo se dice de esa nación que es la madre patria. Es evidente, entonces, que la eventual defección española sobre el tema en cuestión restaría absoluta credibilidad a la visión iberoamericanista que retroalimentamos todos quienes tenemos una idéntica matriz histórica y cultural.

Nos sume en una profunda tristeza la situación de nuestros compatriotas, no solo la de aquellos que la pelean en España. Tenemos el ejemplo de la joven Visconti, quien fue expulsada cuando fue a visitar a su familia. Estuvo dos días encerrada en un cuarto con extranjeros que también iban a ser deportados, custodiada por un policía y un perro. Así tratan a nuestros inmigrantes en España. Sabemos que estas duras situaciones no son solo una particularidad de España, ya que en la Comisión de Asuntos Internacionales nos han informado que estos graves problemas también se sufren en otros países. En el futuro, a través de esa Comisión, la Cámara será informada de esas situaciones y en próximas instancias las habremos de tratar.

Hace muchas décadas, mis abuelos paternos llegaron desde España a Montevideo, con la pobreza muy cerca de ellos, con el desgarro de la separación definitiva de sus familias y de sus sociedades detrás de ellos. Seguramente, en su juventud los ponía felices saber que aquí, en Uruguay, tenían otra oportunidad. Venían, como todos los que aquí llegaron, corridos por las feroces hambrunas de Europa, y se instalaron sin ninguna objeción por parte de las autoridades. Así llegaron españoles, italianos, armenios, judíos, franceses, croatas, rusos, polacos, búlgaros y de otras tantas nacionalidades a construir su futuro, lo que mayoritariamente lograron.

Cabe acotar que aquí no se produjo la llegada de europeos pertenecientes a la nobleza española ni de ningún otro país. Por el contrario, aquí mayoritariamente somos descendientes de aquellos pobres que arrojó Europa a Uruguay, al igual que a otros países de América y que, lejos de excluirlos, los incluyó en su seno para conjugar criterios humanitarios y de justicia, conductas que hicieron de nuestra sociedad un crisol democrático de vanguardia en el mundo.

Termino manifestando que la posición unánime de la Comisión de Asuntos Internacionales y de la Cámara está a la altura de las circunstancias. La Cancillería -en eso nos caben las generales de la ley- y, en especial, su titular, don Reinaldo Gargano, vienen actuando con gran diligencia y sensibilidad en defensa de los intereses de nuestros compatriotas de la diáspora.

También deseo señalar que el contacto que ha tomado la Comisión con las organizaciones civiles y el sector académico Red Diáspora, que trabaja en la defensa de los derechos de los emigrantes, seguirá profundizándose en virtud de que estos compatriotas están conectados en tiempo real con todos los asuntos de la diáspora uruguaya en el mundo.

Del mismo modo, es oportuno resaltar la reciente creación en la Cancillería del llamado "Departamento 20", como estructuración de un nuevo relacionamiento entre el Estado uruguayo y los compatriotas radicados en diferentes países. Todo ello, lejos de confirmar que las tareas están concluidas, nos posiciona mejor para enfrentar las acuciantes circunstancias y los dolorosos momentos que por lo general sufren los uruguayos radicados en los más lejanos confines del mundo.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Abt.

SEÑOR ABT.- Señora Presidenta: hago uso de la palabra supliendo al titular de esta banca, el señor Diputado Trobo, quien hoy debería estar presente porque fue el que elaboró y redactó el proyecto de resolución que estamos tratando. De esta manera, estamos manteniendo una posición histórica de nuestro país en cuanto a proteger a los uruguayos en cualquier parte del mundo, dándoles toda clase de apoyo desde la República Oriental del Uruguay.

Dicho Tratado mantiene su vigencia para todos aquellos uruguayos que, lejos de su patria, desean ser amparados por sus disposiciones. Este proyecto, que reconoce la plena vigencia del Tratado de 1870 entre España y Uruguay, demuestra una continuidad en la política exterior de nuestro país. Más allá del partido político que ejerza el Gobierno, este ha mantenido tradicionalmente la protección de todos nuestros ciudadanos en cualquier parte del mundo. Este proyecto de resolución da a la Cancillería una nueva herramienta para enviar todos los antecedentes a las autoridades españolas, mostrando el respaldo que hoy el Parlamento uruguayo está dando a quienes viven en España.

Sin ingresar a la polémica en materia de inmigración que actualmente tiene la Unión Europea, consideramos que nuestro país mantiene estrechos vínculos con el país que desde siempre hemos denominado nuestra madre patria. Desearíamos que las autoridades españolas tomaran en consideración que nuestro país acogió a sus ciudadanos cuando en momentos de graves penurias recurrieron a la emigración hacia nuestras tierras para poder construir un mejor futuro y que hoy, por otras circunstancias, nuestros ciudadanos recurren a la emigración.

En primer lugar, desearíamos proporcionar a nuestros emigrantes las condiciones óptimas para que regresen a nuestro país, pero en su defecto queremos recordar a España que los lazos de parentesco y amistad entre nuestros países se construyen sobre un Tratado igualitario. Por esto buscamos que se cumpla el Tratado de 1870, en un régimen de reciprocidad que no solo abarque la situación de los uruguayos emigrantes, sino también la de todos aquellos comprendidos en él que llevan adelante un verdadero intercambio entre estas dos culturas.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Enciso Christiansen.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Señora Presidenta: creemos que este tema tiene varias facetas. Varios compañeros han ilustrado al Cuerpo acerca de la formalidad del Tratado desde su entrada en vigencia en 1870. Nuestras breves reflexiones se centran fundamentalmente en destacar lo que implica para nosotros y para nuestra bancada que él siga vigente. Creemos que el pueblo de España y el nuestro tienen lazos históricos, tienen una unión que viene desde la época colonial, desde la formación de nuestra patria.

Quiero dejar sentado el concepto que España está dejando de lado, que es el de Hispanoamérica; por ser más europea, cada vez es menos hispanoamericana. Podemos dar algunos nombres de esa cultura integradora entre la madre patria y América Latina; podemos hablar de personajes de vasta cultura y de renombre como Unamuno, Ortega y Gasset y otros pensadores que unieron este concepto y no lo desunieron, como advertimos que muchas veces se da hoy con respecto a la política de Estado. No se trata de la coyuntura del actual Gobierno, ya que tal vez por ser el Partido Socialista Obrero Español el que gobierna se podría pensar que iba a haber una sintonía mayor con los Gobiernos que en la región han tenido lazos políticos y una supuesta afinidad ideológica.

Creo que, lamentablemente, España es cada vez más europea por las exigencias de la Unión Europea en cuanto al tema migratorio y cada vez menos americana -en el buen sentido del término-, hispanoamericana e integradora. Creemos que hay una solidaridad natural entre los pueblos, pero los actuales Gobiernos tal vez no se acompasen.

Es por ello que exigimos el respeto del Tratado. Creemos que es un tema de Estado que la Cancillería y el Poder Ejecutivo tengan el apoyo y el respaldo parlamentario necesarios para maximizar los esfuerzos a efectos de que pueda exigirse la vigencia del Tratado. De esta manera, evitaríamos lo que hoy está pasando con muchos compatriotas que viven en España; se trata de una problemática social y económica. Hay familias que ahora se desintegraron por la emigración de gente de nuestro país hacia allá. Hoy estos compatriotas están intentando exigir un trato igualitario al que recibieron los españoles en las décadas del treinta y del cuarenta, en la época de la guerra civil; Uruguay tuvo solidaridad con ellos.

No debemos olvidar que, en esas décadas, en el Río de la Plata se sustentó la alimentación de la madre patria. Con la pobreza que había en la década del cuarenta, el Río de la Plata fue el granero de España y de parte de Europa. Creo que hoy eso está siendo olvidado por estas políticas eurocéntricas y obviamente discriminatorias, que muchas veces violan Tratados históricos por acompasarse a lo macro, es decir, a la política de la Unión Europa con respecto a los temas migratorios y a la discriminación que hacen con América Latina en general.

Reitero nuestro total respaldo para que desde aquí también, en lo que nos compete como Cuerpo, podamos exigir que se cumpla con este Tratado.

En nombre de la bancada de Correntada Wilsonista, queríamos dejar sentada esta posición.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Casás.

SEÑOR CASÁS.- Señora Presidenta: más allá de la voluntad de la bancada de mi Partido de acompañar este proyecto y de la de todas las bancadas, quiero dejar de manifiesto mi intención de votarlo en forma afirmativa, puntualmente por tres motivos: por convicción, por obligación moral y por agradecimiento.

El Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad del 19 de julio de 1870 permitió a los ciudadanos de España y Uruguay obtener una serie de derechos igualitarios para ambos lados. No se generan diferencias entre los ciudadanos de España y los ciudadanos de Uruguay, entre ciudadanos de esas dos naciones a partir de ese Tratado.

En el marco de este Tratado, en la mitad del siglo pasado, una serie de inmigrantes llegaron a Uruguay huyendo, quizás, de la guerra civil que vivieron, padecieron y les tocó protagonizar, o de la situación económica reinante en España, que distaba muchísimo de la de prosperidad que hoy se ufana de tener.

En el medio de esa inmigración llegaron dos familias gallegas a Uruguay. Se instalaron en el barrio Capurro de Montevideo y se conocieron ahí gracias a este Tratado. Mis padres, gallegos los dos, llegaron a Uruguay y se conocieron. Se instalaron en esta tierra y nadie les pidió una partida económica importante, ni les reclamó que tuvieran familiares que se hicieran cargo de ellos, ni les planteó que algunas tareas no las podían cumplir. Encontraron en esta tierra lo que vinieron a buscar: un lugar de trabajo y de tranquilidad que no encontraban en su país. Encontraron, en el caso de mi familia materna, un lugar donde criar a sus cinco hijos, y en el de mi familia paterna, poder empezar de nuevo en otro país porque en el que estaban no encontraban soluciones y habían perdido a su padre en la guerra civil.

Entonces, quien habla, como uruguayo, no puede menos que acompañar esto, orgulloso del país en el que ha nacido y vive, y como español por sangre y ciudadanía legal, expresar su agradecimiento a Uruguay porque permitió que un montón de españoles, buena parte de la población, encontrara oportunidades nuevas sin que nadie le retaceara ni un solo derecho, es decir, ninguna de las cosas que buscamos cuando nos vamos de un lugar.

En sus comienzos, este Tratado generó que se favoreciera, en particular, a los ciudadanos de España. No conocemos antecedentes de uruguayos que en el marco de este Tratado hayan ido a España en la primera mitad del siglo pasado a buscar lo que aquí no había. O sea que este Tratado ya sirvió plenamente a una de las partes. Seguramente, los integrantes del Gobierno español no tienen familiares que hayan vivido esta situación; si los hubieran tenido, habrían entendido mucho más qué es lo que se está reclamando desde este lado.

Crecí en el seno de mi familia, junto a mis abuelos. Sentado en la falda de mi abuelo escuchaba los comentarios sobre la guerra civil española; en aquel momento me aburría, pero hoy recuerdo eso con cariño. Mis abuelos ya no viven; no pudieron volver nunca a España y murieron en esta tierra que los recibió. Recuerdo que se hablaba de España y de Uruguay como una sola cosa, que era parte del mismo territorio y estaban separados por kilómetros. No había barreras artificiales que separaran, en el pensamiento de estas familias, el territorio uruguayo en el que estaban viviendo y hacia el que tenían agradecimiento, del territorio español donde habían nacido pero donde no tuvieron protección en su momento. Parte de mi familia sigue viviendo en España y seguimos con este lazo de comunicación que solo separa la distancia.

Hoy, el Gobierno español intenta poner una barrera real a lo que no existe en la mente de los uruguayos y españoles que compartimos esta situación. Hoy, el Gobierno español, después de haber hecho uso de este Tratado, cuando le corresponde devolver parte de aquello que recibió de Uruguay, por medio de argumentaciones legales -que en realidad están equivocadas-, pretende cerrar las puertas a los uruguayos, que en muchos casos son descendientes de los mismos españoles que vinieron a nuestro país. Esto es así porque la ley de ciudadanía en España solo protege a los hijos y a los nietos de españoles; quien sea descendiente de esa línea de sangre, está desprotegido.

Entonces, quiero ratificar mi decisión de votar, si fuera posible con las dos manos, este proyecto de resolución por los motivos que expresé anteriormente: obligación, porque no caben dos opiniones respecto a esto; convicción, porque el Tratado es claro y para derogarlo requiere que las dos partes de pongan de acuerdo; y agradecimiento, porque el país en el que vivo permitió que mi familia, gallega de origen, se instalara aquí y que el hijo de dos gallegos -me consta que no soy el único caso- llegara al Parlamento. ¡Vaya si Uruguay ha cumplido con este Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad, que hoy España está desconociendo!

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- La Mesa quiere informar que en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución del Cuerpo de 12 de abril de 1944, la Cámara de Representantes será convocada para el próximo martes 14, a la hora 15, a efectos de conmemorar en sesión solemne el Día de las Américas, oportunidad en la que hará uso de la palabra la señora Diputada Payssé para referirse a la personalidad de la señora María Claudia García Irureta Goyena de Gelman.

Prosigue la consideración del asunto en debate.

Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: queremos sumarnos a las expresiones que desde todas las bancadas se han pronunciado en la mañana de hoy con relación a este tema, que sin ninguna duda debe merecer y estimular -como estimula y merece- nuestra preocupación, nuestro señalamiento y pronunciamiento, como habrá de realizarse al cabo de esa deliberación en contra de lo que claramente es un apartamiento de parte del Reino de España de los términos de un Tratado que tiene vigencia indudable y alcance absolutamente inequívoco.

Queremos formular algunas reflexiones al respecto. En el contexto de lo que estamos discutiendo, analizando, reflexionando, y más tarde resolviendo, la Cámara está dando un excelente ejemplo de articulación política. Creo que estamos demostrando claramente que la articulación entre Gobierno y oposición es posible. Esto habla de una nación civilizada como sin duda es la nuestra y lo ha sido a través del tiempo.

Por eso creo que es bueno aprovechar esta circunstancia para aventar trascendidos, versiones, comentarios, que en los últimos días han circulado en cuanto a la relación entre el actual Gobierno y la actual oposición. Con relación a otros episodios, se ha hablado de términos como el "inicio de la guerra" o el "final de la luna de miel" entre los partidos que representamos cada uno de los roles que componen el sistema político: el que gobierna y el que controla desde la oposición. Este ejemplo, entre otros que podrían señalarse, indica claramente que ni guerra ni luna de miel, porque nunca existió ni existirán una ni la otra. Lo que existe es un Gobierno que asume sus responsabilidades, que cumple con sus obligaciones y una oposición que señala lo que entiende necesario y conveniente cuando considera -en su sana crítica y en su sano juicio- que se aparta eventualmente de ese cumplimiento o que incurre en errores que cualquier empresa humana es pasible de cometer.

Me parece que este ejemplo que a todos nos conmueve y nos convoca, demuestra que no hay margen para hablar de una oposición sistemáticamente destructiva, como se ha manejado en algunas versiones periodísticas o en círculos allegados al actual Gobierno. No digo esto con el fin de realizar alusiones políticas cuando estamos avanzando en una coincidencia que es señalable desde todo punto de vista. Lo digo con talante constructivo, a los efectos de que todos asumamos que la estabilidad está a salvo porque cada uno está cumpliendo cabalmente sus roles. La circunstancia de que en temas como este podamos articular en el apoyo a la Cancillería, no solo en el reconocimiento sino en el aplauso al señor Ministro de Relaciones Exteriores cuando ejerce y reivindica los derechos de los compatriotas que atraviesan dificultades en otro país, es un buen ejemplo de lo que afirmamos.

Con relación al fondo del asunto y a la vigencia del Tratado de 1870 -como señala la Comisión de Asuntos Internacionales en su excelente informe que acompaña el proyecto de resolución-, cabe decir que son absolutamente incuestionables. También es incuestionable que el Reino de España no está siendo recíproco con nuestros compatriotas que no han encontrado en nuestro suelo las condiciones de vida que les permitieran crecer y desarrollarse -por lo que tuvieron que emigrar buscándolas en otros lares-, en acogerlos y permitirles obtener la residencia y afincarse en ese país.

En estas circunstancias, me parece bien que el Gobierno Nacional, en el marco de la política exterior, y el Parlamento, hagan los esfuerzos necesarios para hacer prevalecer lo que sin duda corresponde. No lo digo en tono de condena, pero sí como una forma de ejercicio firme de mis convicciones.

Con España, obvio es decirlo, nos unen y nos han unido circunstancias, lazos y vínculos de absoluta vigencia a través de los tiempos y de nuestra propia existencia como nación. De más está decir que, desde el punto de vista histórico, nuestro origen está claramente enraizado con la madre patria.

(Murmullos)

——También es verdad que en el presente y con proyección de futuro, muchos aspectos son los que nos ligan, no solo desde el punto de vista cultural, económico, comercial, sino también de las inversiones que ese país está impulsando como nunca antes en la historia en el Río de la Plata, en particular en el Uruguay, y con relación a la cooperación internacional, cuya principal fuente es España. En ese sentido, consultamos a nuestro compañero Diputado Peña, que recientemente presentó un proyecto destinado a la mejor canalización de la cooperación internacional que recibe el país. Él nos confirmaba que, precisamente, España es uno de los principales generadores de esa importante cooperación internacional que recibimos desde el punto de vista económico. Gente que sabe bastante del tema nos ha dicho que de España hemos obtenido una ayuda en medio de tanta confusión en el marco del comercio internacional, cuando a nuestro país...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Vamos a solicitar al Cuerpo que haga silencio a efectos de seguir con orden y atención la exposición del señor Diputado y a los efectos de la toma de la versión taquigráfica de esta importante sesión.

Puede continuar el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Muchas gracias, señora Presidenta.

Decía que en España hemos tenido, por lo menos en el último tiempo y en el ámbito de los organismos internacionales, una voz solidaria en cuanto a la lucha que nuestros países libran por la eliminación de los subsidios agrícolas y las trabas al comercio que, sin ninguna duda, están impidiendo nuestro desarrollo. Tal vez esto no se hace de la manera enfática o comprometida a que nosotros aspiraríamos, aunque más no sea por contraste con la forma en que las demás naciones del llamado mundo desarrollado han avanzado e insistido con torpeza en establecer esas barreras de carácter comercial y esos subsidios a la producción primaria que terminan generando problemas de competitividad para nuestros productos.

Se me dirá, y es verdad, que todos estos aspectos nada tienen que ver con el tema que estamos resolviendo hoy. Esto es así, salvo por algo, y es el hecho de que estamos hablando de relaciones entre los dos Estados; todos estos temas atañen a las dos partes de la relación. Estoy seguro de que esto pesó en el ánimo, en la consideración, en el análisis y en la reflexión que realizó la Comisión de Asuntos Internacionales a la hora de abordar este tema y sin duda se tiene en cuenta en la consideración que en el ámbito del plenario hacemos los Diputados cuando nos planteamos esta propuesta. Naturalmente, esos aspectos, que tienen que ver con el interés nacional desde el punto de vista económico y comercial, en nada deben condicionar, empañar ni subsumir el énfasis y el sentido categórico con el que debemos pronunciarnos con relación al tema de los compatriotas que están aflictivamente atravesando la situación de no poder afincarse en tierras españolas.

Por todo lo que hemos dicho y por algunas otras consideraciones que formularemos al término de nuestra breve exposición, queremos adelantar desde ya una sugerencia que dejaremos planteada a la Comisión sobre la base de que vamos a votar el texto del proyecto de resolución en las condiciones en que está propuesto. En aras de ser claros, precisos y categóricos en cuanto a qué es lo que estamos condenando -separando de nuestra manifestación lo que tiene que ver con las relaciones con España y reforzando la confianza que expresábamos en la Cancillería-, en apoyo a los ciudadanos que están pasando por esta situación desgraciada, quisiéramos hacer una sugerencia, razonando en voz alta. Es simplemente una contribución que la Cámara confirmará o descartará; particularmente, los colegas miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales nos iluminarán al respecto. Se trata de una reformulación del tercer párrafo de este proyecto de resolución. Allí donde dice: "expresar su total respaldo a las acciones que ha realizado la Cancillería uruguaya", proponemos agregar: "en apoyo a los ciudadanos que enfrentan dificultades para la obtención de su residencia". Creo que con esto podríamos -reitero que es una modestísima sugerencia- contemplar lo que expresábamos en cuanto a la claridad y precisión de qué es lo que estamos manifestando y declarando. Se me dirá -es verdad- que esto se desprende no solo del informe, sino del propio texto que viene sugerido, pero en aras de ser explícito, pienso que esta propuesta podría ayudar.

El señor Canciller, Reinaldo Gargano, en declaraciones de prensa que leímos en los últimos días, muy bien ha dicho que no es el Estado uruguayo quien debe incoar ante los tribunales judiciales españoles acciones en beneficio de los ciudadanos, porque no tiene la legitimación para hacerlo. Son los propios ciudadanos los que están presentándose ante la Justicia en España y, como decía la señora Diputada Charlone, ganando los juicios y de alguna forma sentando jurisprudencia. Creo que lo que estamos proponiendo ayudaría en el esfuerzo, en la acción y en la lucha de esos compatriotas que están en ese país que no les está dando las condiciones que en algún otro momento Uruguay sí dio a los españoles que emigraron a nuestras tierras con el propósito de afincarse en ellas. Esta es una modestísima propuesta que queremos dejar planteada, que apunta simplemente a perfeccionar el texto, a complementarlo o a hacerlo más explícito en lo que respecta a la expresión política de esta Cámara y a la lucha que están realizando nuestros compatriotas en el exterior, concretamente en el Reino de España, con la solidaridad y el apoyo político del Gobierno uruguayo. Esto podría contribuir como un aporte más que realiza esta Cámara en los mejores términos que entre todos pudiéramos concebir.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- La Mesa quiere saludar a los alumnos de los sextos años del Colegio San José, de Montevideo, que estuvieron observando el funcionamiento del Cuerpo. Les agradecemos su visita.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señora Presidenta: queremos informar al Cuerpo que ha sido voluntad de la Comisión de Asuntos Internacionales que la resolución de la Cámara y la versión taquigráfica de todo lo que aquí se diga con respecto a este tema sean remitidas a la Embajada de España, a las Cortes, al Parlamento Europeo, etcétera. Queríamos consultar a la Mesa si ha sido presentada una moción en este sentido.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Efectivamente, señora Diputada, y será puesta a consideración luego de que se agote la lista de oradores.

SEÑORA CHARLONE.- Gracias, señora Presidenta.

Quisiera aclarar algo con respecto a lo que recién planteaba el señor Diputado Pablo Abdala.

Leímos la resolución propuesta y creemos que el tercer párrafo, en el que se habla de "Expresar su total respaldo a las acciones que, al respecto, ha realizado la Cancillería uruguaya", es suficientemente amplio y, a la vez, suficientemente específico, y que no amerita ninguna corrección. De todas maneras, le agradecemos su buena voluntad.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: Uruguay es una tierra abierta; lo es y lo ha sido desde las instancias mismas de la fundación de nuestra nacionalidad. Es una tierra que generosamente se abrió para recibir y ser refugio de muchos europeos que pudieron desarrollarse y que contribuyeron al desarrollo de nuestra patria.

La conformación de nuestro país tiene dos vertientes fundamentales: la española y la italiana, que, junto con otras inmigraciones europeas quizás menos numerosas, fueron estableciendo y desarrollando los valores que hacen a nuestro Uruguay de hoy.

Esta es una tierra generosa que se abrió para recibir a nuestros ascendientes y brindarles en todo momento la oportunidad de encontrar los recursos para su sustento; es una tierra generosa que no distinguió entre los nacionales y los extranjeros. Por eso, hoy llama particularmente la atención que la madre patria, ni más ni menos que la España con la que tenemos lazos de toda la vida, tenga respecto de los uruguayos la actitud descomedida, ofensiva, que se viene registrando no solo con quienes viven hoy en España, sino también con uruguayos que van a visitar allí a sus familiares o que ingresan por ese país para visitar a familiares que están en otras partes de Europa.

Esto no es aceptable de ninguna manera y hace bien esta Cámara de Representantes en hacerse eco de este tema, marcando claramente que para los uruguayos esta es una cuestión de Estado y que, en consecuencia, las gestiones que ha venido desarrollando el Canciller de la República no hacen ni más ni menos que representar la voluntad y el entendimiento que todos los sectores políticos tenemos respecto a la defensa de este tema.

España debe cumplir el Tratado de 1870. No es aceptable que se diga que otros tratados posteriores han disminuido el valor de este en cuanto a lo que se señalaba y que se refleja claramente en la declaración que está considerando la Cámara de Representantes. No es aceptable que los uruguayos sean deportados de España. Así lo han entendido -y aquí ha sido dicho- los propios estrados españoles en aquellos casos en que han dado la razón, en cuanto a la vigencia de este Tratado, a quienes han hecho los reclamos correspondientes por las vías judiciales.

Debe entenderse, entonces, que esta declaración es una verdadera alerta respecto del deterioro que las relaciones entre el Reino de España y Uruguay sufren como consecuencia de la violación del Tratado de 1870. En tal sentido, es también una muestra clara de que todos los partidos políticos estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para que, en definitiva, el país con el que mantenemos lazos muy acendrados recapacite y entienda que este ordenamiento jurídico en materia internacional tiene que ser efectivamente cumplido.

Es todo cuando quería señalar, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señora Presidenta: queremos reiterar lo que han expresado Diputados de todos los sectores en cuanto a esta propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Internacionales. Consideramos que es justa y que resulta muy oportuno que desde la Cámara de Representantes se dé una señal clara sobre este tema.

Quiero referirme a la actitud que respecto de este tema tuvo ayer el Cónsul de España en el programa periodístico de Omar Gutiérrez, que se emite al mediodía, la cual podemos calificar, por lo menos, de irrespetuosa para con los uruguayos y nuestras autoridades. Por supuesto que avalando la tesis de que el Tratado no existe más, fue irrespetuoso para con el Canciller de la República, el señor Reinaldo Gargano, puesto que en reiteradas oportunidades manifestó que decía falsedades e inexactitudes, lo que no era cierto. Creo que esa no es una vía diplomática para discutir estos temas. El señor Cónsul de España no puede decir en un programa periodístico de nuestro país que nuestro Canciller estaba mintiendo, porque eso fue lo que quiso decir. Además, desconocía lo que ha sido la historia de nuestro país y el relacionamiento entre los uruguayos y los españoles o entre los españoles y los uruguayos, y lo digo en estos términos porque -como bien señalaba un Diputado descendiente de españoles- las identidades se han ido entremezclando y es muy difícil saber dónde termina una y empieza la otra.

El señor Cónsul decía que en Uruguay se tienen actitudes de rechazo y de discriminación hacia los españoles, lo que no es verdad. No sé si este señor es nuevo aquí, no conoce la realidad o está jugando un papel político, que es tratar de abonar con elementos para el desconocimiento del Tratado. Nuestro país siempre ha tenido una excelente relación con ellos. A mí me tocó vivir varios años en México, un país que nos acogió y nos dio un excelente trato, pero de todas formas un ciudadano tiene dificultades al vivir en un país extranjero. Más allá de ese buen relacionamiento, uno permanentemente se siente extranjero. Sin embargo, hay aspectos en los que nunca nos habíamos fijado, porque en nuestra patria hay una conjunción de culturas y de identidades con los españoles, o con los italianos, de los que soy descendiente directo. Entonces, no sé como el señor Cónsul de España pudo afirmar que aquí hay una permanente actitud de discriminación hacia los ciudadanos españoles.

No queríamos dejar pasar esta oportunidad sin hacer esta observación, en el momento en que la Cámara de Representantes debate sobre el tema, y reafirmar que es una muy buena señal votar afirmativamente esta resolución.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- El señor Diputado Ortuño se había anotado para hacer uso de la palabra, pero no se encuentra en Sala. No habiendo más oradores para referirse al tema, vamos a poner en consideración la propuesta presentada por la Comisión.

Léase nuevamente el proyecto de resolución.

(Se vuelve a leer)

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señora Presidenta: en el proyecto se hace referencia a la "República de España" en lugar de al "Reino de España". Inclusive, el Tratado habla de los súbditos españoles, cuando las Repúblicas no tienen súbditos, por lo menos formalmente.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: en la propuesta se expresa que el Tratado es del 19 de julio de 1870, mientras que en la exposición de motivos dice que es del 18 de julio de ese año.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- La Mesa consulta a la señora Presidenta de la Comisión si se acepta modificar la redacción del proyecto de resolución luego de la aclaración del señor Diputado Pintado, así como lo relativo a la fecha del Tratado, que no coincide con la establecida en la exposición de motivos.

SEÑORA CHARLONE.- ¿Me permite, señora Presidenta?

Coincidimos con el planteo del señor Diputado Pintado en el sentido de que se trata del Reino de España. Por otra parte, aclaro que la fecha del Tratado es el 18 de julio de 1870, pero por un error de transcripción se puso 19 de julio.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución propuesto por la Comisión, con las modificaciones establecidas en Sala.

(Se vota)

——Sesenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR ORTUÑO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORTUÑO.- Señora Presidenta: había salido a atender a la prensa cuando me tocó hacer uso de la palabra, pero de todas formas no queríamos dejar pasar un tema tan importante sin manifestar algunos conceptos que nos parecen fundamentales, aun en el tiempo más reducido que tengo según el Reglamento.

Ha quedado demostrado claramente que existen fundamentos de distinto orden que hacen necesaria y aconsejan la votación que acabamos de consagrar en el plenario. Hay razones legales que amparan la plena vigencia que venimos a refrendar del Tratado de 1870, en la continuidad que con este tiene el Tratado de 1992, así como en la jurisprudencia que se ha generado con mucha claridad en los tribunales españoles, donde ha habido fallos favorables a los uruguayos que han sostenido esta tesis que hoy refrendamos, en el sentido de que el Tratado está vigente y que, por lo tanto, los uruguayos que residen en España pueden acogerse a él.

También hay razones de interés más general. Sabemos de la valía y del aporte que los uruguayos vienen haciendo a la economía y a la sociedad española desde hace muchos años. Por este motivo, por razones económicas, sociales y hasta culturales, los uruguayos merecemos -y hacemos bien en reclamarlo- un trato especial, sujeto a derecho, que reconozca lo que este pueblo ha aportado a España ahora y también cuando ha recibido a los inmigrantes españoles -como bien se ha dicho en Cámara- durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX.

También nos parece importante señalar que hay razones políticas que esperamos lleven al Gobierno y a las autoridades españolas a consagrar la plena vigencia y aplicación del Tratado de 1870. Realmente, si se habla de relaciones preferenciales entre nuestros países y de sintonía entre el Gobierno español y el Gobierno uruguayo, eso debe quedar demostrado en los hechos y no solo en las declaraciones. Esta es una excelente oportunidad para que eso se concrete.

Para terminar, creo que hace muy bien el Parlamento, y todos los sectores políticos, en respaldar a esta Cancillería, que ha marcado un hito en las relaciones internacionales estableciendo un Departamento para atender la situación de los uruguayos en el exterior y demostrando así una preocupación especial. Es muy importante lo que ocurra con los uruguayos en España, pero esto se inscribe en un fenómeno mucho mayor, que es el de la diáspora uruguaya. Hoy el Parlamento inicia un camino muy largo, en el sentido de atender esta situación y encaminar las acciones legislativas y de gobierno necesarias para amparar los derechos de los uruguayos en los países donde residen y también en el nuestro.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: he votado de manera afirmativa esta comunicación de nuestro Parlamento y, sabiendo que seguramente algunas señorías del Parlamento español van a leer la versión taquigráfica, les quiero pedir que no sean desmemoriadas, no solo por todo lo que aquí se ha dicho, sino por lo que recordábamos hoy: lo que pasaba a principios de la década del ochenta, cuando la España democrática pugnaba por ingresar a la Comunidad Económica Europea -como se denominaba en ese entonces- y en todo momento recibía el apoyo de los pueblos latinoamericanos. Se nos decía -lo recuerdo como si fuera hoy-: "España va a entrar en la Comunidad Económica Europea y va a ser un puente para América Latina".

Señorías del Parlamento español: no sean tan desmemoriadas; ya no solamente no son un puente, sino que ni siquiera nos dejan entrar. Recapaciten, porque sé que ese glorioso pueblo español, que ha dado tantos compatriotas a este país, sabrá estar a la altura de las circunstancias, recapacitará y recordará que, en definitiva, acá los recibimos con los brazos abiertos, se mezclaron con nosotros y creamos esta maravilla que es América Latina. No nos den la espalda ahora; tengan memoria: los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir los errores.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Queda aprobado el proyecto de resolución.

(Texto del proyecto aprobado:)

——Dese cuenta de una moción complementaria de la resolución que hemos votado, presentada por la señora Diputada Charlone y los señores Diputados Martínez Huelmo, Posada, Pablo Abdala, Abt, Cardozo Ferreira, Pintado y Washington Abdala.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la resolución de la Cámara de Representantes, así como la versión taquigráfica de su consideración, sean remitidas a la Cancillería y, a través de ella, a la Embajada de España en Uruguay, a las Cortes españolas y al Parlamento Europeo, a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, a la Delegación para las Relaciones con el MERCOSUR del Parlamento Europeo y al Parlamento gallego".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Se lee:)

"La Comisión de Género y Equidad estará integrada por las señoras Representantes Argimón, Etcheverry, Passada, Payssé, Kechichián y Tourné y los señores Representantes Silveira, Rosadilla y Washington Abdala".

——El Cuerpo ha quedado notificado de la conformación de la Comisión, que esta vez es novedosa: la integran más hombres que en la Legislatura anterior.

Dese cuenta de una moción de orden relativa a una rectificación de trámite, presentada por el señor Diputado Peña.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el proyecto de ley de creación del Instituto de Cooperación Internacional de las Municipalidades Uruguayas -Carpeta Nº 182/005-, sea transferido, a efectos de estudio, de la Comisión de Asuntos Municipales y Descentralización de la Cámara de Representantes a la Comisión de Asuntos Internacionales".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de una moción de orden para rectificar el trámite de un proyecto de ley de suspensión de los procesos de ejecución hipotecaria, presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Amorín Batlle, Orrico, Conde, Cánepa y Asti.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se rectifique el trámite dado al proyecto de ley por el que se suspenden los procesos de ejecución hipotecaria a deudores de créditos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay, el sistema integrado de acceso a la vivienda y la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Carpeta Nº 185/005) y se destine a la Comisión de Hacienda".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Amadeo Soler. (Designación a la Escuela Nº 19 del departamento de Colonia)".

(ANTECEDENTES:)

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

Preferencias.

—— Corresponde considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Contribución inmobiliaria rural. (Se deroga el Decreto-Ley Nº 14.811 y se dispone el cese de la exoneración existente sobre los predios ocupados por embalses de represas hidroeléctricas)".

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite, señora Presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: en virtud de que la gran mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda que trataron este proyecto están participando en estos momentos de la reunión de la Comisión Especial de Endeudamiento Interno de la Asamblea General, solicito al Cuerpo el aplazamiento de este punto para la próxima sesión.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- En consecuencia, se va a votar si se posterga la consideración de este asunto, que pasaría a figurar en segundo término del orden del día de la próxima sesión ordinaria.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Claudia Tapia de Arboleya. (Designación a la Escuela Nº 56 de Estación González, departamento de San José)".

(ANTECEDENTES:)

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

——Dese cuenta de una solicitud formulada por el señor Diputado Enciso Christiansen para que la Cámara haga suyo un pedido de informes que no le ha sido contestado.

(Se lee:)

"Montevideo, 31 de mayo de 2005.- Señora Presidenta de la Cámara de Representantes.- Diputada Nora Castro.- Presente.- Me dirijo a Ud. a fin de solicitar -al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República y artículo 105 literal E) del Reglamento de la Cámara- que se reitere, a solicitud de la Cámara, el pedido de informes, oportunamente tramitado, y respecto del cual no se ha recibido respuesta en el plazo correspondiente. (Carp. Nº 49/005).- Sin otro particular, le saluda muy atentamente.- Carlos Enciso Christiansen.- Representante por Florida".

——Léase el pedido de informes oportunamente cursado.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de marzo de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En relación con la obra de la Ruta Nacional Nº 12 Doctor Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional Nº 5 Brigadier General Fructuoso Rivera y la Ruta Nacional Nº 6 Joaquín Suárez, solicito que se indique: 1) Nombre de la empresa contratada para la ejecución de dicha obra, así como el nombre del Director de Obras designado. 2) Cuáles son los principales términos del contrato celebrado para la referida ejecución, a saber: objeto, plazo, costo, formas de control de los avances de obra, y otros. 3) Cuál es la situación actual de cumplimiento, indicando la etapa en la que se encuentra la obra. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Representante por Florida".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si la Cámara hace suyo el pedido de informes a que se dio lectura.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de una solicitud formulada por el señor Diputado Enciso Christiansen para que la Cámara haga suyo otro pedido de informes que no le ha sido contestado.

(Se lee:)

"Montevideo, 31 de mayo de 2005.- Señora Presidenta de la Cámara de Representantes.- Diputada Nora Castro.- Presente.- Me dirijo a Ud. a fin de solicitar -al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República y artículo 105 literal E) del Reglamento de la Cámara- que se reitere, a solicitud de la Cámara, el pedido de informes, oportunamente tramitado, y respecto del cual no se ha recibido respuesta en el plazo correspondiente. (Carp. Nº 50/005) .- Sin otro particular, le saluda muy atentamente.- Carlos Enciso Christiansen.- Representante por Florida".

——Léase el pedido de informes oportunamente cursado.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de marzo de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Indicar: 1) Situación de endeudamiento de los productores agropecuarios a nivel nacional, detallando el rubro de actividad, categorización por franjas de hectáreas y montos adeudados. 2) Endeudamiento a nivel nacional de la industria frigorífica. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Representante por Florida".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

Léase una solicitud formulada por el señor Diputado Pablo Abdala para que la Cámara haga suyo un pedido de informes que no le ha sido contestado.

(Se lee:)

"Montevideo, 18 de mayo de 2005.- Señora Presidenta de la Cámara de Diputados.- Doña Nora Castro.- Presente.- Por la presente solicito a usted reiterar el pedido de informes dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores que cursara este legislador con fecha 2 de marzo del año en curso, que fuera oficiado a dicho organismo con el número 16 y cuya carpeta es la 30 de 2005.- Sin otro particular, saluda a usted atentamente.- Pablo Abdala.- Representante por Montevideo".

——Léase el pedido de informes oportunamente cursado.

(Se lee:)

"Montevideo, 2 de marzo de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes a los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores. Con motivo de los actos de trasmisión del mando presidencial, solicitamos que se informe: 1) Costo que representó el montaje y armado del escenario erigido en la escalinata del Palacio Legislativo, incluyendo la pantalla gigante, el audio, las diversas estructuras y los equipamientos desplegados a lo largo de la avenida Brigadier General Libertador Lavalleja. 2) Si para dichas actividades fueron contratadas una o varias empresas, precisando, si las mismas son nacionales o extranjeras, como, asimismo, el mecanismo de contratación administrativo correspondiente. 3) Si los escenarios levantados en las inmediaciones de avenida Brigadier General Libertador Lavalleja y calle Galicia, y del Monumento al Gaucho, forman parte de la misma contratación. En caso contrario, señalar costos, empresas y procedimiento administrativo aplicado. 4) Características y extensión total del vallado desplegado en los diversos trayectos y zonas afectadas para las distintas ceremonias, así como su costo, el proveedor y la forma de contratación. 5) Si se realizaron gastos adicionales o extraordinarios por concepto de seguridad, independientemente de los servicios prestados por los sistemas estatales; en caso afirmativo, indicar los montos de los mismos. 6) Los gastos de las delegaciones extranjeras que fueron cubiertos por el Estado uruguayo, indicando la cantidad de visitantes hospedados con cargo al Erario y los criterios aplicados al respecto. 7) En materia de transporte, la cantidad de vehículos utilizados para atender a las delegaciones oficiales y, en su caso, cuántos fueron contratados y a qué costo. 8) Detalles de otros gastos que se hayan asumido (recepciones en honor a los Representantes de otros países, y demás). 9) Estimación total de los gastos realizados. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. PABLO ABDALA, Representante por Montevideo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: quienes en anteriores ocasiones hemos ocupado un asiento en esta Casa, hemos formulado algún pedido de informes que no nos fue contestado en tiempo y forma o que, directamente, no nos fue contestado.

Como nosotros consideramos que uno de los derechos que asiste a la oposición es formular pedidos de informes y que sean debidamente atendidos, hemos votado estos pedidos propuestos por los señores Diputados Pablo Abdala y Enciso Christiansen. No obstante, queremos dejar claramente establecido que la materia por la cual ellos hacen el pedido de informes no nos ofrece dudas, y que lo votamos por el solo hecho de respetar y hacer respetar los derechos de la oposición.

Queremos dejar sentado esto en la versión taquigráfica.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Léase una solicitud formulada por el señor Diputado Enciso Christiansen para que la Cámara haga suyo un pedido de informes que no le ha sido contestado.

(Se lee:)

"Montevideo, 31 de mayo de 2005.- Señora Presidenta de la Cámara de Representantes.- Diputada Nora Castro.- Presente.- Me dirijo a Ud. a fin de solicitar -al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República y artículo 105 literal E) del Reglamento de la Cámara- que se reitere, a solicitud de la Cámara, el pedido de informes, oportunamente tramitado, y respecto del cual no se ha recibido respuesta en el plazo correspondiente. (Carp. 23/005).- Sin otro particular, le saluda muy atentamente.- Carlos Enciso Christiansen.- Representante por Florida".

——Léase el pedido de informes oportunamente cursado.

(Se lee:)

"Montevideo, 24 de febrero de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Informar: 1) Cantidad de teléfonos públicos pendientes de instalación en el departamento de Florida, discriminada por localidad. 2) Fecha de solicitud de dichos servicios. 3) Motivos de las demoras en la instalación de los mencionados teléfonos. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Representante por Florida".

——En discusión.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Señora Presidenta: en su momento, el pedido de informes estaba dirigido al Ministerio de Defensa Nacional, porque a fines de febrero o principios de marzo ANTEL estaba en esa órbita. Pido la rectificación para que se envíe al Ministerio de Industria, Energía y Minería, puesto que de este depende ahora la Administración Nacional de Telecomunicaciones.

SEÑOR VEGA LLANES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VEGA LLANES.- Señora Presidenta: el 24 de febrero ni siquiera había asumido el actual Gobierno. Salvo que queramos llamar a responsabilidad a gente que ya no está, el plazo debe contarse a partir de que asume el nuevo Directorio de ANTEL; además, no sé si ha transcurrido el plazo correspondiente.

(Interrupción del señor Representante Pablo Abdala)

——Cada vez que hablo, el señor Diputado Pablo Abdala tiene la costumbre de interrumpirme y gritarme desde el fondo.

(Interrupción del señor Representante Pablo Abdala)

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Señor Diputado Vega Llanes: usted ya trasladó al Cuerpo su inquietud.

(Interrupciones)

SEÑOR VEGA LLANES.- Señora Presidenta: más allá de lo que establezca la ley, la lógica dice que si no han transcurrido cuarenta y cinco días desde la asunción del nuevo Directorio -quizá ya pasaron-, no le podemos pedir que se haga cargo de la herencia que le dejaron. ¡Bastante herencia le dejaron para que también los pedidos de informes sean un debe para un Directorio que no estaba!

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- La Presidencia quiere recordar que los legisladores, por nuestra investidura, tenemos derecho a cursar los pedidos de informes que creamos pertinentes, y serán los organismos respectivos los que deben asumirlo...

(Interrupción del señor Representante Vega Llanes)

——Así lo establece el Reglamento, y estamos aquí para hacerlo cumplir; tristes son quienes no lo hacen cumplir.

Tiene la palabra el señor Diputado Gamou.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: con el mayor ánimo constructivo, solicito que esta última solicitud que nos hace el señor Diputado Enciso Christiansen se vuelva a formular y se dirija a quien corresponde, por un cambio del que, efectivamente, ni usted ni yo tenemos responsabilidad. Pero quiero que se sepa, desde ya, que si no es respondido en el plazo establecido, no tendremos inconveniente en hacer lo mismo que acabamos de hacer en los otros casos.

En este caso en particular, solicito que el pedido de informes sea redirigido a donde corresponda.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala, a quien le pido que, en lo posible, contribuya al orden de esta sesión.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: para contribuir al orden de la sesión y reivindicar mi derecho, como el de todos los integrantes de esta Cámara, a pedir la palabra en el momento que lo considere oportuno, creo que en este como en todos los temas -esta es una recomendación que me permito formular a mí mismo, como a todos los colegas- deberíamos analizar, en cada uno de los aspectos que comprenden nuestra presencia institucional en este ámbito, las normas constitucionales y legales que rigen nuestro estatuto y que, además, establecen y reglamentan las facultades de las legisladoras y los legisladores para cumplir con nuestra labor. Me parece bueno tener en cuenta estos aspectos -tal vez en poco tiempo estemos profundizando al respecto- relacionados con los mecanismos de control del Poder Ejecutivo y de la Administración y con todos los temas que hacen a nuestra propia condición de legisladores, así como nuestra órbita de competencia en el plano de la función legislativa y de control.

Queríamos formular esta consideración, a la vez de expresar, en función de lo planteado por el señor Diputado Gamou, nuestra gratitud a la bancada de Gobierno o, por lo menos, a aquellos integrantes que acompañaron nuestra solicitud para que la Cámara hiciera suyos esos pedidos de informes.

Además, muy serenamente decimos que, si bien tenemos dudas -por eso estamos solicitando un informe-, no partimos de ningún preconcepto sobre el contenido de este informe, sino que simplemente aspiramos a acceder a determinadas informaciones que solicitamos en el momento oportuno. Como la ley vigente establece un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para contestar los pedidos de informes, que no se observó por uno de los organismos requeridos, con absoluta normalidad, en la dinámica institucional y conforme al funcionamiento del Cuerpo, pedimos a la Cámara que nos ampare en la facultad de solicitar información, que no es asumir, a priori -porque sería bastante irresponsable-, una conclusión o un juicio de valor vinculado con este o con cualquier otro aspecto.

Seamos muy cuidadosos a la hora de coartar planteamientos o de invocar determinadas conductas y hagamos un poco de introspectiva, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la ley y, particularmente -agrego yo-, con la Constitución.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Señora Presidenta: ya que se aludió a este último pedido de informes a ANTEL y a fin de ilustrar al señor Diputado Vega Llanes, quien hiciera un comentario al respecto, quiero aclarar que esta solicitud se cursó, obviamente, antes del cambio de Directorio. Mi espíritu era contar con los elementos para cumplir mi función en mi departamento, conforme con los recorridos que he hecho, y no para achacar algo al nuevo Directorio con esa información. Al contrario, se trata de tener información real respecto de un organismo, independientemente de los cambios jerárquicos que se dieran. Además, ya verifiqué que esa información se está procesando en ANTEL; obviamente, el trámite está demorado en la Gerencia respectiva. Quizás lo mismo suceda en el caso del pedido de informes que formulé con respecto a la Ruta Nacional Nº 12 de nuestro departamento, vinculado a una obra que viene de la Administración anterior.

Reitero que no tengo ninguna animosidad contra la actual Administración, pero sí dejo en claro que si en algún momento tengo que formular un pedido de informes en función de algo que crea que está mal manejado, o si quiero pedir más información, lo haré porque es mi derecho.

El último pedido de informes que formulé está en la órbita de ANTEL, pero solicité la rectificación del destino, como muy bien dijo el señor Diputado Gamou, para agilitar esta respuesta, porque los pedidos de informes van a los Ministerios y no a los Directorios de los entes directamente. Entonces, solicito rectificar el trámite y que, en vez de que el pedido vaya al Ministerio de Defensa Nacional -como fue en su momento-, se envíe al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- La Mesa desea aclarar que el pedido de informes fue enviado en tiempo y forma, siguiendo el curso que obviamente correspondía en esa fecha. Va a ser el propio Directorio del ente el que lo reenviará, jerárquicamente, al Ministerio que corresponda, por lo que me parece que no procede que la Cámara lleve adelante una rectificación del trámite porque en los hechos ya opera, de acuerdo con el procedimiento jerárquico, lo que los señores Diputados estaban mencionando.

De todas formas, haremos las consultas pertinentes, pero igualmente creo que se podrá avanzar en la discusión para no detener el funcionamiento de la Cámara.

Si le parece al señor Diputado Enciso Christiansen, la Mesa hará las averiguaciones correspondientes respecto del curso que debe seguir este trámite.

Tiene la palabra el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señora Presidenta: cuando solicité la palabra quería que se diera lectura nuevamente al pedido de informes que se solicitaba -con pleno derecho por parte del señor Diputado que lo promovía- que la Cámara hiciera suyo.

De escucharse atentamente la lectura del texto, se podría establecer con claridad lo que recién un señor Diputado explicaba, en el sentido de que le interesaba conocer cuál era la situación de un organismo en determinada fecha. Estamos hablando de una situación generada en la Administración anterior, que ni siquiera es responsabilidad de las nuevas autoridades.

Además, si bien al legislador le asiste pleno derecho a realizar un pedido de informes y, transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días, exhortar al Cuerpo a que lo haga suyo a efectos de que tenga más fuerza ante el organismo al que se lo dirige -no es lo mismo que lo pida un Diputado a que lo haga el Cuerpo en su conjunto-, no acompañar esa petición de ninguna manera supone negar dicha información. Para opinar y votar como legislador si el Cuerpo debe hacer suyo, o no, el pedido de informes, también tengo derecho a estudiar la dimensión, es decir, su contenido y considerar si el organismo que debe responder es capaz de conjuntar esa información en un plazo estrictamente reglamentario y válido como el establecido, en un momento de transición, es decir, cuando alguien por primera vez se sienta en una Dirección, sin contar con todos los elementos necesarios como para responder a dicho pedido en tiempo y forma. O sea, si esta solicitud se pone a consideración del Cuerpo, cada uno de sus integrantes también tiene derecho a votar si hace suyo, o no, ese pedido. Desaprobar la solicitud no quiere decir negar el derecho a que la información venga; tal vez cuando ese legislador reitere el pedido de informes o solicite en otra oportunidad al Cuerpo hacerlo suyo, el criterio sea distinto.

Pido que se lea nuevamente el último pedido de informes que se solicita que el Cuerpo haga suyo.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- Señora Presidenta: me quiero referir a este tema, en particular, pero también a la reiteración de los pedidos de informes en general. A su vez, quiero explicar el sentido con que voté este.

En primer lugar, creo que si existe una duda acerca del trámite o de su rectificación, en realidad estamos frente a un nuevo pedido de informes. Quiero expresar con claridad que en el artículo 118 de la Constitución se establece a quiénes los legisladores podemos pedir informes. El Parlamento no pide directamente informes a los entes autónomos, sino al Ministerio respectivo y este lo tramita.

No es al revés. No se le puede pedir directamente a un ente y que luego este lo remita al Ministerio. Entonces, no sé si fue mal pedido o tramitado, pero en todo caso hay una modificación del trámite para ajustarse a lo que plantea el artículo 118. Me parece que no corresponde que el Cuerpo haga suyo este pedido de informes porque realmente no se hizo en la forma adecuada.

En términos más generales, quiero decir que he votado en los casos anteriores en que la Cámara hiciera suyos diversos pedidos de informes, sin que esto en lo personal me generara ningún tipo de precedente. Que la Cámara haga suyo un pedido de informes no respondido es una potestad del Cuerpo; puede hacerlo o puede no hacerlo. En períodos anteriores hemos tratado estos temas y a veces han quedado seiscientos, setecientos pedidos de informes sin contestar.

Una vez que la Cámara hace suyo un pedido de informes, la ley establece un plazo de cuarenta y cinco días para que se conteste. Entonces, hago las advertencias del caso. Si tenemos enormes cantidades de pedidos de informes -eso no lo puedo saber hoy; por eso digo que mi votación no sienta precedentes-, si de aquí a treinta días tengo trescientos, no puedo considerar que la Cámara los haga suyos; no puedo dar a los Ministros cuarenta y cinco días para contestar esa cantidad de pedidos de informes, porque en lugar de hacer su trabajo, estarían haciendo esa tarea.

Como es lógico, la oposición tiene todo el derecho del mundo a hacer pedidos de informes, pero quiero aclarar que también son instrumentos que desde el momento en que la Cámara los hace suyos y les pone plazo, hay que manejarlos con cierta prudencia porque podríamos estar complicando bastante la tarea del Poder Ejecutivo. Ahora esto no tiene dimensiones masivas; solo se han planteado unos pocos pedidos de informes. Espero que estas situaciones no se den demasiado seguido.

Reitero que he votado esto, lo cual no compromete mi actitud futura frente a este tema.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Señora Presidenta: en el mismo sentido que se han expresado mis compañeros, me parece que no es solo un derecho, sino una buena práctica, que cuando uno no conoce cosas, tiene denuncias o desconfianzas, solicite los informes correspondientes. Es un derecho para todos los legisladores; no es para la oposición ni para el oficialismo. Pero esto se puede convertir en una herramienta que termine siendo pervertida si no la utilizamos con el respeto y la responsabilidad que todos debemos tener.

Como Secretario de un legislador de la otra Cámara en el período pasado, recuerdo una enormidad de pedidos de informes que directamente no fueron contestados. El 15 de agosto de 2000 solicitamos al Ministerio del Interior informes sobre un procedimiento policial en el Estadio Centenario, y nunca fue contestado. El 14 de noviembre de 2000 solicitamos un informe al Ministerio de Turismo sobre las inversiones de la Cámara de Turismo por US$ 1:000.000, y nunca fue contestado. El 12 de setiembre de 2002, solicitamos informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre los emprendimientos industriales en el departamento de San José, y nunca fue contestado. Estos son solo algunos botones de muestra.

Creo que el peor problema que enfrentamos es esa desconfianza y esa falta de información, que luego nos ponen en callejones sin salida. Los pedidos de informes se deben responder rápido, prontamente, para aclarar las cosas. Está bueno discrepar en lo que no nos ponemos de acuerdo, pero no está bueno empezar a darnos simplemente por no tener información. Digo esto porque en lo personal, en el despacho que teníamos, vivimos muy intensamente el seguimiento, el estudio y la discusión de lo que fueron los negocios de ANCAP en Argentina, que la Cámara terminó pasando a la Justicia y solicitándole luego al ente, a través del Ministerio, informes cuatrimestrales para hacer el seguimiento de ese tema. Esos informes nunca llegaron en tiempo y forma.

Por lo dicho anteriormente, me parecen muy buenas las decisiones que se han tomado y muy bueno el reclamo. Hay que defender este derecho y utilizarlo con inteligencia y con prudencia.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: simplemente, quisiera señalar dos aspectos que me parecen importantes en este momento.

Cuando hay cambios en el ámbito de competencia de un Ministerio, se llevan a cabo determinadas formalidades, y en este caso se ha procedido en ese sentido. Por lo tanto, entiendo que el pedido de informes del señor Diputado Enciso Christiansen estaba bien dirigido, porque fue elevado al Ministerio que correspondía en su momento. Desde el Ministerio fue a ANTEL -que se coordinaba en el ámbito de esa Cartera- y ahora, en función del cambio en el ámbito de competencia, la respuesta va a venir directamente del Ministerio de Industria, Energía y Minería; de otro modo, estaríamos ante un cambio de ámbito de competencia, sin recorrer las formalidades debidas, lo que sin duda no ha sucedido en el Gobierno ni en este caso. Por lo tanto, con este pedido de informes lo único que hay que hacer es solicitar una celeridad mínima.

Me voy a referir a lo que dijo el señor Diputado Rosadilla, a quien voy a aludir positivamente. Creo que debemos utilizar correctamente el instrumento del pedido de informes y, para que conserve su valor, tenemos que usarlo con mesura, sin pedir informes por cada datito que nos dan o por cada cosita que se nos pueda ocurrir suponer.

Voy a hacer una sugerencia al Gobierno. Los legisladores tenemos que estar informados para actuar de manera debida. El Gobierno produce en su Instituto Nacional de Estadística y en todos los ámbitos donde procesa información, un cúmulo fundamental de datos, que es insumo esencial para la toma de decisiones y la acción responsable de esta Cámara. El Gobierno crea infraestructura de manera permanente, y esas inversiones que va realizando, indudablemente van variando la estadística nacional en distintos ámbitos.

Recomiendo que como práctica exista una preocupación mayor, no lo digo para el Gobierno del Frente Amplio, sino pensando desde el pasado hacia el futuro; que tengamos todos la responsabilidad de publicar más información y sobre todo ahora que disponemos de los medios para hacerlo. Con esto vamos a evitar suspicacias, a orientar mejor el debate y a trabajar en base a datos reales. Quiero dejar esto, si corresponde, como una recomendación en este ámbito, y no tengo dudas de que va a ser de buena aceptación por parte de todos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Cánepa.

SEÑOR CÁNEPA.- Señora Presidenta: me anoté simplemente para agregar dos conceptos.

Comparto las palabras de la señora Diputada Charlone y, en particular, las del señor Diputado Rosadilla, así como las del señor Diputado Botana, a quienes aludo positivamente.

Nadie pone en duda el artículo 118 de la Constitución de la República, ni el derecho ni la necesidad de que los legisladores, los miembros de este Cuerpo cumplamos con una de las funciones esenciales como Poder Legislativo, que es el control del Poder Ejecutivo. Esto está fuera de dudas y fuera de cuestión.

También quiero agregar, porque me parece importante, que si bien somos Representantes Nacionales y representamos -porque es una de nuestras funciones-, legislamos -en virtud del Poder en el que estamos- y controlamos al Poder Ejecutivo -razón histórica por la que nacen los Parlamentos-, esta bancada de Gobierno no solo no renuncia sino que ejerce, aun siendo parte del Gobierno -que se advierta-, una función que tiene que ver con la separación de Poderes y con las potestades de este Poder Legislativo -que reivindicamos como bancada de Gobierno y, en particular, como miembros de esta Casa-: el control de las acciones del Poder Ejecutivo. Y no estoy diciendo algo que no piense o no advierta, sino que considero que vamos a estar todos juntos, porque esto va más allá de cuestiones de Gobierno y de oposición.

Dicho esto con mucha tranquilidad, quiero señalar también que entiendo los argumentos que se dan. Todos los temas son importantes y, en general, son profundos, aunque parezca que no. Pero no me parece conveniente que cada vez que tengamos un debate sobre un mecanismo que este Cuerpo tiene establecido en la Constitución, en la ley o en su Reglamento, terminemos hablando de problemas constitucionales o legales. Desde que asumí mi banca en esta Cámara, he escuchado esto muchísimas veces, y está bien que aquellos que quieren legítimamente defender en forma continua la Constitución lo hagan, aunque estamos todos en la misma, pero si en cada tema enfrentamos una especie de crisis por el no cumplimento o el avasallamiento de la Constitución, me parece que estos argumentos perderán fuerza cuando vayamos a un debate más profundo y de fondo. No le estoy quitando importancia al tema de hoy ni al pedido de informes que hizo el señor Diputado Enciso Christiansen, respecto al cual estamos discutiendo qué trámite debería tener, pero es un tema particular y coyuntural y ya han opinado distintos legisladores.

Quiero hacer un comentario, no con ánimo de debate. Creo que todos debemos hacer el esfuerzo de centrar las palabras, porque al citar continuamente la Constitución o la ley, terminamos desgastando el verdadero sentido de esos términos cuando lleguemos a los debates que tendremos que hacer en algún momento.

Es cuanto tenía que decir.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Domínguez.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Señora Presidenta: quiero comentar algo que me pareció muy interesante.

Quiero felicitar a todos los legisladores porque me parece que sintonizamos correctamente y estamos aprendiendo a apreciar cómo usar las herramientas en este Parlamento. Creo que hay elementos como las versiones taquigráficas que son documentos con los que contamos. Los pedidos de informes también son documentos. Se trata de documentos con los que trabajamos, con los que vamos a la prensa, y está de por medio la respetabilidad de los organismos que nos contestan.

También es cierto -varios lo deben recordar- que en el período anterior hacíamos un bolsón de pedidos de informes que la Presidencia de la Cámara volvía a enviar cuando no habían sido respondidos en un plazo que creo era semestral. Recuerdo que los Presidentes o las Presidentas leían todos los pedidos que no habían sido contestados.

Creo que hay otra cosa interesante sobre la que debemos trabajar y es el acercamiento directo. Creo que en esa onda estaba el señor Diputado Botana cuando hablaba de racionalizar bien. Hay que trabajar con los Ministerios. Para eso están los teléfonos; se puede charlar con un Director. Me parece que esa es la mejor solución. Digo esto con toda propiedad porque en el período anterior no usé este instrumento, que me parece excelente; más bien, hablaba permanentemente con los Directores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Cartera con la que más me estaba relacionando. Eso era de mayor resultado para la población que el pedido de informes, que a veces demora, irrita, etcétera.

Entonces, me parece muy bien que sintonicemos como lo estamos haciendo y es lo que quería rubricar.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- De acuerdo con lo solicitado por el señor Diputado Semproni, léase nuevamente el pedido de informes cuya reiteración es solicitada por el señor Representante Enciso Christiansen.

(Se vuelve a leer)

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si la Cámara hace suyo el pedido de informes al que se dio lectura.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cincuenta: AFIRMATIVA.

La reiteración será remitida por la vía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, como corresponde.

Léase una solicitud formulada por el señor Diputado Rodríguez Servetto para que la Cámara haga suyo un pedido de informes que no le ha sido contestado.

(Se lee:)

"Montevideo, 1º de junio de 2005.- Señora Presidenta de la Cámara de Representantes.- Doña Nora Castro.- De mi consideración: Solicito a Ud. la reiteración del pedido de informes remitido el día 15 de marzo del corriente, cursado al Ministerio de Salud Pública (Carp. Nº 58/005).- Nelson Rodríguez Servetto, Representante por Maldonado".

——Léase el pedido de informes oportunamente cursado.

(Se lee:)

"Montevideo, 15 de marzo de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública. Informar: 1) Cuántos pacientes son atendidos anualmente en los hospitales de las ciudades de Maldonado, de San Carlos y de Pan de Azúcar, del departamento de Maldonado, detallando cada uno. 2) Número total de pacientes derivados al Centro de Tratamiento Intensivo (CTI), en los años 2002, 2003 y 2004, desde los departamentos de Lavalleja, de Treinta y Tres, de Cerro Largo, de Rocha y de Maldonado, discriminados por departamento. 3) A qué centros fueron derivados, discriminando por departamento y por año. 4) Costo que insumieron esos tratamientos en: A) Centros de Salud Pública. B) Centros de atención privada. Detallar por departamento y por año. 5) A qué instituciones privadas se derivaron los pacientes y cuáles son los criterios utilizados genéricamente. 6) Si existen convenios con esas instituciones, cuáles fueron los criterios para su selección. Precisar por cada departamento y remitir copia de los convenios. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado".

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: en la Legislatura pasada el señor Diputado Michelini y yo fuimos los que más trabajamos en el tema de los plazos y demás, y pienso que tiene que haber un principio de racionalidad en todas las cosas. Lo digo con mucha honestidad y respeto hacia todos, pero me parece que en este caso no se está cumpliendo. Digo esto porque se está haciendo un pedido de informes cuyo contenido no voy a objetar en absoluto, pero quienes en nuestra vida -naturalmente, la vida de ninguno de nosotros empezó aquí adentro- hemos andado por hospitales, mutualistas, sanatorios y demás componentes del sistema de salud -sea en la condición de médicos, de cónyuges de médicos, como es mi caso, o de empleado de laboratorio, que también es mi caso-, sabemos que responder a ese pedido implica una movilización que va a superar largamente el plazo que acá tenemos. Y quiero aclarar esto: en un momento, una multinacional de medicamentos instalada en este país me encargó especialmente -solamente a mí y me pagaba mucho dinero por eso- una investigación de mercado sobre el uso de determinado género de antibióticos en CTI. Estuve meses para hacer eso. Tuve que averiguar cuántas camas había en todos lados, estudiar cómo era el informe que se me daba sobre los tratamientos que se hacían allí, cómo se hacían, cuál era el antibiótico que se usaba en primera instancia y cuál era el de reserva. Fue una investigación de campo que me llevó meses, en los que estuve solamente dedicado a eso.

En este caso concreto no tendría ningún problema en que la Cámara hiciera suyo el pedido de informes, pero me parece que un Ministerio recién instalado, con el plazo de que dispone de acuerdo con esta ley, no está en condiciones de responder una solicitud de este tenor.

Deberíamos ser todos más racionales. De todos modos, no voy a negar en absoluto el derecho a pedir esta información; reitero que no estoy objetando el contenido. Pero quienes hemos andado, no ya en Salud Pública, sino solo en la salud privada, conocemos la situación. Yo quiero saber si, por ejemplo, alguien de la Asociación Española es capaz de averiguar en unos pocos días esos datos que se están pidiendo, que tienen relación con centros hospitalarios de distintas partes del país. Ya que hay tantos médicos en Sala, quisiera saber si la entrada y salida de CTI es tan prolija como para hacer un informe de este tipo. Lo digo por el dinamismo que tienen esos servicios, en los que los pacientes están hoy y mañana no, van, vienen, entran por la puerta de Emergencia, llegan de una policlínica, son derivados a otro lugar, etcétera.

Para contestar un pedido de ese tipo hay una serie de elementos que deben ser analizados. Por eso, honestamente, pediría al señor Diputado que cursó el pedido que lo reitere o que, por lo menos, se ponga en contacto con autoridades de Salud Pública para ver cómo están las cosas. Si después lo reitera y no se lo contestan, veremos la posibilidad de que la Cámara lo haga suyo. Honestamente, conociendo como conozco este ambiente, me parece que en Salud Pública van a necesitar bastante más de cuarenta y cinco días para recabar información verídica. Lo digo porque si vamos a payar con los números, se contesta en seguida, pero las precisiones que se establecen en el pedido de informes son tales que resultaría imposible contestarlo de cualquier manera.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Antes de ceder la palabra, la Presidencia quiere comentar al Cuerpo que hay dos oradores inscriptos para la media hora final, por lo que procederá a interrumpir al orador en el momento indicado.

La Mesa también quiere recordar a los señores Diputados que la Cámara está convocada para una sesión extraordinaria a la hora 12.

Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: lo que acaba de expresar el señor Diputado Orrico -lo aludo con el mismo sentido positivo que se ha invocado en intervenciones anteriores- es válido y legítimo. Pero también lo es decir que la racionalidad que él reclama es de ida y vuelta, porque el del pedido de informes es un mecanismo de relacionamiento entre los Poderes del Estado, básicamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si se da la circunstancia que el señor Diputado Orrico señala -que seguramente se verifica; no habrá de expresarlo en forma baladí-, habrá alternativas en las que la Administración podrá manifestar esa compleja realidad, de modo que entre la Administración, el Parlamento y el Diputado solicitante se busque el ámbito o la instancia -supongo que no será difícil- para satisfacer la demanda. El ámbito podría ser el de la Comisión especializada de la Cámara; la Administración podría ofrecer su comparecencia en una oportunidad determinada, a fin de analizar ese complejo tema o, por lo menos, para realizar una primera aproximación. Sin perjuicio de ello, si fuera necesario investigar o determinar datos o estadísticas -no conozco el tema-, podrían hacerse llegar a la Cámara en el momento en que la Administración lo entendiera conveniente.

Por supuesto que a la Administración hay que darle tiempo; también es verdad que, en principio, los plazos de la ley parecen generosos. Acaba de decir el señor Diputado Orrico que participó en la discusión del proyecto que en la Legislatura anterior se transformó en ley, en el que se establecen cuarenta y cinco días hábiles y un plazo adicional de quince días hábiles que la Administración puede solicitar para contestar los pedidos de informes. Creo que es un plazo suficiente para responderlos o para plantear circunstancias como las que plantea el señor Diputado Orrico.

¡Vaya si a la Administración se le puede presentar la circunstancia de que, por la complejidad de determinado tema, no pueda contestar un pedido de informes sin postergar otros asuntos y advierta de eso a la Cámara o, concretamente, al Diputado que planteó la inquietud! Pero seguramente en el ámbito de la colaboración institucional y del buen clima que todos queremos generar, este tema podría ser resuelto sin mayores excitaciones ni dificultades.

Era el comentario que quería hacer, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puntualmente, la Cámara entra a la media hora final.

Tiene la palabra el señor Diputado Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Señora Presidenta: agradezco sinceramente a los señores Diputados, que me dispensen cinco minutos de su atención a efectos de recordar que el pasado 5 de junio se cumplieron cien años del nacimiento de Serafín J. García.

Ese era su nombre artístico: Serafín J. García; su nombre verdadero era Serafín José García, y fue "Machurita" para los amigos y vecinos de la localidad de Vergara.

Con motivo de la conmemoración de los cien años del nacimiento de Serafín J. García, se realizó un homenaje en el Salón Azul de la Casa de la Cultura de Treinta y Tres, organizado por las autoridades del Liceo Nº 2, que lleva su nombre: "Serafín J. García".

A fin de ser concreto, voy a permitirme leerles los datos biográficos que figuran en la invitación que nos hicieron llegar las autoridades del Liceo Nº 2 de Treinta y Tres, que son los siguientes: "Serafín J. García es un hombre señero de la literatura uruguaya.- Nació en 'Cañada Grande' (departamento de Treinta y Tres), el 5 de junio de 1905, en un hogar humilde formado por su padre, de quien heredó su nombre, y su madre que se llamó Sofía Correa. Pocos años tenía cuando se trasladó a Vergara con su familia, entonces pequeño pueblo treintaitresino, en el cual cumpliría su ciclo de educación primaria. Apenas pasaron sus diez años asomó en Serafín una vocación literaria. Tuvo una infancia y adolescencia que lo enraizaron a las costumbres, la psicología y el lenguaje del hombre de campo. La absorción de aquel ambiente, con la transida realidad de sus moradores, se troqueló por este vigoroso escritor, a través de una sensibilidad e intuición profundamente incisiva, en la poesía renovadora y revolucionaria que ostentara un poeta nacional. Esa experiencia lírica, contenida en su 'Tacuruses', escrito en 1936, ubicó a Serafín J. García en el lugar de mayor privilegio literario, y su mensaje rebelde, humanísima reivindicación social, sacudió la conciencia poética de América". Compartió hasta sus últimos días con su esposa, la señora Blanca González, y falleció el 29 de abril de 1985.

Permítaseme mencionar algunas de las casi treinta obras que publicó. La primera fue el cuento "Santos", publicado en 1929 en "El Suplemento", de Buenos Aires. En 1936 nace "Tacuruses", colección de poemas gauchescos que marca en el Uruguay uno de los acontecimientos editoriales más brillantes de todos los tiempos; seguramente, todos recordarán la poesía "Orejano".

En 1949 publica "Romance a Dionisio Díaz", y en 1950, "Las aventuras de Don Juan el Zorro". ¿Qué integrante de las generaciones mayores no leyó en la escuela pública uruguaya o en su hogar, con su familia, "Las aventuras de Don Juan el Zorro", que, en algunos casos, pintaba con especialísima y preciosa calidad el caudillismo de la época?

En 1957 publica "Los partes de Don Menchaca", con el seudónimo de Simplicio Bobadilla; son los partes de un policía de campaña, y no podemos olvidar que él supo serlo.

Finalmente, entre sus muchas obras incursionó en la literatura infantil, publicando en 1968 "Piquín y Chispita", que eran relatos para niños.

En el homenaje al que hacía mención, el profesor Gustavo Espinosa se refería a "Tacuruses" diciendo que no solo se trata de un "best seller" único en la historia de la literatura uruguaya, de un libro que ha tenido una popularidad insólita, sino que es un monumento, y que la aprobación fervorosa de varias generaciones de lectores ha agigantado el texto y ha incorporado al autor a nuestro nomenclátor y la obra a nuestro imaginario; la han monumentalizado, transformándola en un constructo hiperbólico.

La Inspección de escuelas de Treinta y Tres realizará un concurso a nivel nacional en el que los más pequeños pintarán y los mayores harán una producción escrita sobre "Las aventuras de Don Juan el Zorro".

Nuevamente les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de recordar los cien años del nacimiento de Serafín J. García.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Umpiérrez.

SEÑOR UMPIÉRREZ.- Señora Presidenta: las fotografías que lucen en los medios de prensa del día de hoy son por demás elocuentes de la situación que vive el departamento de Rocha. Son más de 250.000 hectáreas bajo agua. Estamos hablando de medio departamento.

Este problema tiene su historia. Proviene de años atrás, cuando se empezó, en el período de la dictadura, una serie de obras hidráulicas que luego fueron complementadas con obras -por llamarlo de alguna manera- ilegales, que se han sucedido como forma de autodefensa ante la inercia estatal. En el año 1991, y luego por un decreto del año 1994, se comenzó a reencauzar estas obras, pero algunas han quedado inconclusas. En el mes de julio del año pasado, el Poder Ejecutivo emite el Decreto Nº 229/04, que recoge el resultado final de una voluminosa consultoría de la empresa española Ibersys-Ebarsa, que costó más de US$ 1:000.000 al Uruguay. El mencionado decreto contiene en su texto la variante 2001 para una serie de obras a realizar en el sistema de bañados, lo que implica una construcción de diques, un sistema de esclusas y otro sistema de manejo racional de aguas que permitan, en determinadas épocas de estiaje, desviar las aguas hacia la laguna Merín y, en invierno, hacia el balneario La Coronilla, que no sufriría ningún perjuicio.

La situación es explosiva. Son centenares de productores, en su gran mayoría pequeños, acosados por las aguas. Se trata de varios miles de personas entre las poblaciones de Cebollatí, San Luis y Barrancas, que están incomunicadas, con su patrimonio único, que es su vivienda, en la mayor parte de los casos invadido por las aguas, lo que lesiona su calidad de vida en sus aspectos más íntimos.

Por esta razón queremos que se incluya en el próximo Presupuesto quinquenal lo que ya está evaluado, que estaría en el entorno de US$ 2:500.000 a US$ 3:000.000, para la construcción de las variantes incluidas en el Decreto Nº 229/04, a fin de comenzar a dar una luz de esperanza, pues no solamente se altera la calidad de vida, sino también toda la producción de una zona en la que hoy literalmente se encuentran decenas de miles de cabezas de ganado al borde de las vías públicas, sin alimentación adecuada. Esto, obviamente, va a perjudicar todo lo relativo a la producción ganadera y repercutirá en los ingresos de una cantidad de productores y habitantes de la zona.

Todo esto nos despierta otra preocupación, generada por la cancelación por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la licitación para la adquisición de forraje. Rocha, al igual que el resto del país -pero agravado por esta situación que relataba, de casi 300.000 hectáreas bajo agua-, después de haber sufrido una intensa sequía, padece este problema que no permitió completar un ciclo de recuperación de las pasturas. Este hecho se va a sentir en forma rigurosa en el invierno y, como me dijo un pequeño productor de la zona de Cebollatí, vamos a tener que ver blanquear los esqueletos sobre los campos. Esto nos preocupa, porque en el día de ayer el Ministerio declaró desierta la licitación abreviada para la adquisición de forraje. Esa era la única respuesta que se había dado desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al déficit hídrico que repercutía en las pasturas.

Ahora, ¿qué vamos a tener? Esa es nuestra gran duda y la de todos los productores agropecuarios, al inicio de un invierno que amenaza ser muy duro. Queremos que el señor Ministro nos dé respuesta a esto.

Por consiguiente, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Plan Agropecuario, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Dirección de Hidrografía, a la Junta Departamental de Rocha y a las Juntas Locales de San Luis, Lascano y La Coronilla.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Habiendo llegado la hora reglamentaria, se levanta la sesión.

(Es la hora 12)

Esc. BEATRIZ ARGIMÓN 1a VICEPRESIDENTA
Dr. José Pedro Montero Secretario Relator	Dr. Marti Dalgalarrondo Añon Secretario Redactor
Mario Tolosa Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.