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N° 3236 - 15 DE DICIEMBRE DE 2004

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

QUINTO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE CONTADOR ÁLVARO ALONSO
1er. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia

 

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y
EL PROSECRETARIO DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 13 de diciembre de 2004.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, a solicitud firmada por cincuenta y nueve señores Representantes, de acuerdo al literal B) del artículo 21 del Reglamento de la Cámara, el próximo miércoles 15, a la hora 15, a efectos de adoptar resolución respecto a la interrupción del receso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento) con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de un miembro suplente para el Quinto Período de la XLVa. Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, y el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. (Aprobación). (Carp. 3714/004). (Informado). Rep. 1562 y Anexo I

3º.- Luis Pérez Aguirre. (Designación al segmento de la Ruta Nacional Nº 48 comprendido entre la calle Luis Batlle Berrres de la ciudad de Las Piedras y la Ruta Nacional Nº 5 "General Fructuoso Rivera"). (Carp.3697/004). (Informado). Rep. 1557 y Anexo I

4º.- Discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país. (Se solicita al Poder Ejecutivo que se incluyan en las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado). (Carp. 3156/003). (Informado). Rep. 1344 y Anexo I

5º.- Armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición judicial. (Reducción del plazo de depósito). (Carp. 2948/003). (Informado). Rep. 1260 y Anexo I

 

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento, se requerirá la presencia de más de la mitad del total de componentes de la Cámara para que pueda declararse abierta la sesión.

Por aplicación de lo establecido en el literal C) del artículo 90 del Reglamento será necesaria mayoría absoluta para adoptar resolución respecto de la interrupción del receso y para calificar la urgencia del asunto que figura en la convocatoria.

 

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Texto de la solicitud de convocatoria

3.- Asuntos entrados

5.- Exposiciones escritas

6.- Inasistencias anteriores

CUESTIONES DE ORDEN

22.- Comunicación inmediata de proyectos aprobados

7, 10, 12, 15, 18 y 24.- Declaración de gravedad y urgencia

9 y 14.- Integración de la Cámara

9 y 14.- Licencias

20 y 26.- Solicitud de declaración de gravedad y urgencia

VARIAS

4.- Interrupción del receso

21 y 23.- Cuestión política planteada por el señor Representante Lacalle Pou.

— Se vota afirmativamente.

— Se aprueba una moción

ORDEN DEL DÍA

8 y 17.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de un miembro suplente para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

— Es electo el señor Represente Andrés Oribe como suplente respectivo de la señora Representante Glenda Rondán

11.- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, y el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 1562, de marzo de 2004, y Anexo I, de julio de 2004. Carp. Nº 3714 de 2004. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

13.- Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República de Haití. (Se incrementa el número de integrantes del Contingente Militar autorizado a salir del país para participar en las mismas).

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

16.- Luis Pérez Aguirre. (Designación al segmento de la Ruta Nacional Nº 48 comprendido entre la calle Luis Batlle Berres de la ciudad de Las Piedras y la Ruta Nacional Nº 5 General Fructuoso Rivera).

Antecedentes: Rep. Nº 1557, de marzo de 2004, y Anexo I, de julio de 2004. Carp. Nº 3697 de 2004. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

19 y 22.- Discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país. (Se solicita al Poder Ejecutivo que se incluyan en las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado).

Antecedentes: Rep. Nº 1344, de julio de 2003, y Anexo I, de julio de 2004. Carp. Nº 3156 de 2003. Comisión de Hacienda.

— Se aprueba un proyecto de minuta de comunicación

— Texto del proyecto aprobado

25 y 27.- Armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición judicial. (Reducción del plazo de depósito).

Antecedentes: Rep. Nº 1260, de abril de 2003, y Anexo I, de agosto de 2004. Carp. Nº 2948 de 2003. Comisión de Defensa Nacional.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi (1), Álvaro Alonso, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roque E. Arregui, Roberto Bagalciague, Carlos Baráibar, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Baltasar Brum, José Caballero, Lucio Cáceres, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Ricardo Castromán Rodríguez, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Heber Duque, Silver Estévez, Ricardo Falero, Hugo Fernández, Waldemar Fernández, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Gonzalo Graña, Miguel Guzmán, Tabaré Hackenbruch Legnani, Doreen Javier Ibarra, María Iriarte, Amida Jardim, Luis Alberto Lacalle Pou, Julio Lara, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Antonio López, Guido Machado, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, Diego Martínez, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José María Mieres, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Andrés Oribe, Francisco Ortiz (2), Jorge Patrone, Margarita Percovich, Darío Pérez, Esteban Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Elena Ponte, Yeanneth Puñales Brun, Sabino Queirós, Carlos Restano, Carlos Riverós, Ernesto Rodríguez Altez, Víctor Rossi, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Lucía Topolansky, Wilmer Trivel, Julio Varona, Fernando Vázquez y Jorge Zás Fernández.

Con licencia: Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Edgar Bellomo, Brum Canet, Nora Castro, Roberto Conde, Daniel García Pintos, Arturo Heber Füllgraff, Juan Máspoli Bianchi, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Ronald Pais, Martín Ponce de León, Iván Posada, Glenda Rondán, Julio Luis Sanguinetti, Raúl Sendic, Julio C. Silveira, Daisy Tourné y Jaime Mario Trobo.

Faltan con aviso: Roberto Arrarte Fernández, Ricardo Berois Quinteros, Gustavo Penadés, Alberto Perdomo, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Adolfo Pedro Sande, Pedro Señorale, Gustavo Silveira y Walter Vener Carboni.

Sin aviso: Gabriel Barandiaran, Eduardo Bonomi, Orlando Gil Solares, Gustavo Guarino y Carlos Pita.

Observaciones:

1) A la hora 15:40 comenzó licencia ingresando en su lugar el Sr. Esteban Pérez.

2) A la hora 16:30 comenzó licencia ingresando en su lugar el Sr. Sabino Queirós.

2.-     Texto de la solicitud de convocatoria.

"Montevideo, 13 de diciembre de 2004.

Señor 1er. Vicepresidente en ejercicio de la
Presidencia de la Cámara de Representantes,
Contador Álvaro Alonso.

PRESENTE

Los Representantes que suscriben solicitan, de conformidad con lo previsto por el literal B) del artículo 21 del Reglamento, se convoque a sesión extraordinaria a la Cámara de Representantes, para el próximo miércoles 15, a la hora 15, a efectos de adoptar resolución respecto a la interrupción del receso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento) con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de un miembro suplente para el Quinto Período de la XLVa. Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, y el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. (Aprobación). (Carp. 3714/004). (Informado). Rep. 1562 y Anexo I

3º.- Luis Pérez Aguirre. (Designación al segmento de la Ruta Nacional Nº 48 comprendido entre la calle Luis Batlle Berrres de la ciudad de Las Piedras y la Ruta Nacional Nº 5 "General Fructuoso Rivera"). (Carp. 3697/004). (Informado). Rep. 1557 y Anexo I

4º.- Discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país. (Se solicita al Poder Ejecutivo que se incluyan en las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado). (Carp. 3156/003). (Informado). Rep. 1344 y Anexo I

5º.- Armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición judicial. (Reducción del plazo de depósito). (Carp. 2948/003). (Informado). Rep. 1260 y Anexo I

Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Álvaro Alonso, Gustavo Amen Vaghetti, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Nora Castro, Ricardo Castromán, Roberto Conde, Silvana Charlone, Guillermo Chifflet, Juan Domínguez, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Orlando Gil Solares, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Doreen Javier Ibarra, María Nelba Iriarte, Luis Alberto Lacalle Pou, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Guido Machado, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Yeanneth Puñales Brun, Ernesto Rodríguez Altez, Víctor Rossi, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Pedro Señorale, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo, Walter Vener Carboni".

3.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 338

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

-    Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General remite copia autenticada de la nota cursada por el Banco Central del Uruguay, comunicando la desmonetización de varias monedas conmemorativas de curso legal. C/20/000

-    A la Comisión de Hacienda

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo:

-    A la Comisión de Seguridad Social

-     A la Comisión de Defensa Nacional

La citada Cámara comunica que sancionó los siguientes proyectos de ley:

-    Téngase presente

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Rivera remite copia de la exposición realizada por una señora Edila, relacionada con la necesidad de construir viviendas por ayuda mutua en un barrio de la ciudad capital de ese departamento. C/235/000

-    A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Junta Departamental de Florida remite copia de la exposición realizada por un señor Edil, acerca de la reparación de la Ruta Nacional Nº 12. C/9/000

-    A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas

La Junta Departamental de Flores remite copia de la resolución aprobada por dicho Cuerpo y del texto de la exposición realizada por un señor Edil, sobre un decreto de regularización de diversos tributos municipales. C/4/000

La Junta Departamental de Paysandú remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, acerca de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para automotores. C/4/000

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Junta Departamental de Canelones remite copia de los siguientes asuntos:

-    A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

La Junta Departamental de Soriano remite los siguientes asuntos:

-    A la Comisión Especial de Género y Equidad

La Junta Departamental de Treinta y Tres remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. C/573/000

-    A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes pedidos de informes:

El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta el pedido de informes del señor ex Representante Julio Varona, referente a obras en ejecución en un predio de la ciudad de Las Piedras. C/3996/004

-    A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre diversos aspectos operativos y de gestión de la Administración de Ferrocarriles del Estado. C/4114/004

-    Se cursó con fecha 30 de noviembre

El señor Representante Guillermo Chifflet solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, relacionado con diversos aspectos de la gestión operativa y de recursos humanos del referido Laboratorio. C/4115/004

-    Se cursó con fecha 2 de diciembre

Los señores Representantes Ernesto Agazzi y Heber Sellanes solicitan se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al Instituto Nacional de Colonización:

El señor Representante José Homero Mello solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con las partidas presupuestales vertidas por dicha Secretaría de Estado a la Intendencia Municipal de Paysandú en el período 2000-2004. C/4119/004

El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

El señor Representante Juan José Domínguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-    Se cursaron con fecha 13 de diciembre

La Mesa da cuenta que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 147 inciso segundo del Reglamento, pasa al archivo el proyecto de ley, radicado en la Comisión Especial de Género y Equidad, relativo a la fabricación de vestimenta femenina. C/151/2000"

4.-     Interrupción del receso.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 26)

——La Cámara ha sido convocada a efectos de adoptar resolución sobre la interrupción del receso, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y el literal C) del artículo 90 del Reglamento.

En primer término, se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

5.-    Exposiciones escritas.

Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Julio Cardozo Ferreira solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre los daños producidos por factores climáticos en la localidad de Batoví, departamento de Tacuarembó. C/27/000

El señor Representante Heber Sellanes solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionada con la posible contaminación o trabajo insalubre en plantas de procesamiento de columnas del tendido eléctrico. C/27/000

El señor Representante Darío Pérez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Hidrografía, acerca del suministro de energía eléctrica para instalaciones de pesca artesanal de la ciudad de Piriápolis. C/27/000"

——Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Julio Cardozo Ferreira a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre los daños producidos por factores climáticos en la localidad de Batoví, departamento de Tacuarembó.

"Montevideo, 18 de noviembre de 2004. Señor Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la Cámara de Representantes, contador Álvaro Alonso. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Deseo hacer llegar a los referidos Ministerios la preocupación existente por los daños producidos en la localidad de Batoví, en el departamento de Tacuarembó, por el temporal del día 16 del corriente mes. Solicito que se adopten las medidas pertinentes a fin de atender las necesidades que se han generado. Saludo al señor Vicepresidente muy atentamente. JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó".

2) Exposición del señor Representante Heber Sellanes al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionada con la posible contaminación o trabajo insalubre en plantas de procesamiento de columnas del tendido eléctrico.

"Montevideo, 23 de noviembre de 2004. Señor Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la Cámara de Representantes, contador Álvaro Alonso. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Por Oficio de esta Cámara Nº 21580, de 15 de setiembre de 2004, cursé una exposición escrita a ese Ministerio y, por su intermedio, a UTE, relacionada con la planta en la que se procesan las columnas, que luego servirán de soporte a los tendidos de UTE, medio en el que se manipulan productos altamente tóxicos. Dicha inquietud tiene que ver con la exposición a dichos productos que sufren los obreros que allí trabajan, así como las condiciones en que los líquidos, resultado del referido proceso, son vertidos al río Negro. El 10 de noviembre de 2004, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente me solicita que informe los datos de la planta a que refiere el planteo realizado. Tengo entendido y, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente le debería constar, que sobre el río Negro la única planta que posee UTE para procesar las columnas se encuentra ubicada en las cercanías de la represa Gabriel Terra. Si existieran otras plantas sobre otro punto del río Negro o en cualquier parte del país, sería bueno conocer qué productos se manejan, qué grado de peligrosidad revisten para los trabajadores y cómo son tratados los residuos. Saludo al señor Vicepresidente muy atentamente. LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José".

3) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Hidrografía, acerca del suministro de energía eléctrica para instalaciones de pesca artesanal de la ciudad de Piriápolis.

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004. Señor Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la Cámara de Representantes, contador Álvaro Alonso. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Hidrografía. Desde hace aproximadamente un año, los pescadores -cuyos barcos recalan en el puertito Stella Maris, de la ciudad de Piriápolis, del departamento de Maldonado- carecen de un vital servicio, el de energía eléctrica, que era brindado por medio de la Dirección Nacional de Hidrografía. La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) cortó el suministro de corriente eléctrica por deudas contraídas por la Dirección citada, y está dispuesta a reimplantarlo en forma individual, para cada pescador, si la deuda es abonada. El corte del suministro eléctrico provoca innumerables perjuicios económicos a esos trabajadores: imposibilidad de usar refrigeración propia, alto costo del hielo en barras, dificultades en el traslado del producto de la pesca e, inclusive, en aspectos de seguridad, pues las luces del puertito son utilizadas como baliza de llegada a la rampa allí existente. Esperamos que estando en conocimiento de dicha situación, se logre la rápida resolución de este problema, que afecta directa e indirectamente a no menos de 200 familias. Saludamos al señor Vicepresidente muy atentamente. DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado".

6.-     Inasistencias anteriores.

——Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 16 de noviembre de 2004:

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Ricardo Berois Quinteros, Gustavo Borsari Brenna, Alberto Casas, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Daniel García Pintos, Gustavo Guarino, Julio Lara, Guido Machado, Óscar Magurno, Artigas Melgarejo, José María Mieres, Martha Montaner, Andrés Oribe, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Alberto Perdomo, Carlos Pita, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Julio Luis Sanguinetti, Raúl Sendic y Pedro Señorale.

Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 30 de noviembre de 2004:

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Gustavo Amen Vaghetti, Beatriz Argimón, Jorge Barrera, Ricardo Berois Quinteros, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Eduardo Chiesa Bordahandy, Mario de Pazos, Ruben H. Díaz, Juan Domínguez, Luis José Gallo Imperiale, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Julio Lara, Juan Máspoli Bianchi, Felipe Michelini, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Andrés Oribe, Ronald Pais, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Julio C. Silveira y Daisy Tourné.

Sin aviso: Ernesto Agazzi, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, José Luis Blasina, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Silvana Charlone, Daniel Díaz Maynard, Orlando Gil Solares, Gustavo Guarino, María Iriarte, Ramón Legnani, José Carlos Mahía, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Eloísa Moreira, Eduardo Muguruza, Ruben Obispo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Enrique Soto y Lucía Topolansky".

7.-     Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en primer término del orden del día: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de un miembro suplente para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite, señor Presidente?

Tengo una duda respecto a si se han votado las licencias.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Todavía no.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: en la medida en que la integración del Cuerpo es previa, propondría que se votaran y luego se procediera de acuerdo con lo que ha manifestado el señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- La Mesa aclara que la votación se realizará por cédulas y cree que en este momento se cuenta con los votos para habilitar el tratamiento de este asunto.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: de todas maneras, entiendo que tienen que ingresar quienes se encuentran fuera de Sala esperando la convocatoria del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- La Cámara va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura como primer punto del orden del día e inmediatamente después se pasará a votar las licencias.

En consecuencia, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en primer término del orden del día.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

8.-    Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de un miembro suplente para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de un miembro suplente para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

La Mesa informa que tiene en su poder una lista para integrar la Comisión Permanente, por lo que, de acuerdo con el procedimiento aplicado por el Cuerpo en oportunidades anteriores, se establece que los señores Representantes podrán emitir su voto hasta la hora 16 y 15.

Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento, la votación es secreta.

9.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de Secretaría relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Secretaría de la Cámara de Representantes aconseja al Cuerpo aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Raúl Sendic, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Fernando Vázquez.

En virtud de la designación del señor Representante Gabriel Pais Rivanera como Ministro de Transporte y Obras Públicas, se convoca a partir del 15 de diciembre de 2004 al suplente siguiente, señor Baltasar Brum, para integrar la Cámara de Representantes.

Del señor Representante Martín Ponce de León, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Guzmán.

Del señor Representante Jaime Mario Trobo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor José María Mieres.

Del señor Representante Edgar Bellomo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Julio Varona.

Del señor Representante Iván Posada, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta de MERCOSUR, a realizarse en las ciudades de Belho Horizonte y Ouro Preto, República Federativa del Brasil, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Gabriel Barandiaran.

Del señor Representante Ernesto Agazzi, por motivos personales y sin goce de remuneración, incisos tercero y cuarto del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los períodos comprendidos entre los días 15 y 17 de diciembre de 2004 y 1º y 30 de enero de 2005, y 18 y 31 de diciembre de 2004 y 31 de enero y 14 de febrero de 2005, respectivamente, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Esteban Pérez.

Del señor Representante Brum Canet, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Patrone.

Del señor Representante Jorge Orrico, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Zas Fernández.

Del señor Representante Julio Luis Sanguinetti, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Heber Duque.

Del señor Representante Ronald Pais, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Dicancro.

De la señora Representante Nora Castro, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Bonomi.

Del señor Representante Jorge Barrera, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Silver Estévez.

Del señor Representante Roberto Conde, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta de MERCOSUR y Cumbre de Jefes de Estado, a realizarse en las ciudades de Belho Horizonte y Ouro Preto, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 14 y 17 de diciembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Hugo Fernández, por el período comprendido entre los días 15 y 17 de diciembre de 2004.

Del señor Representante Julio C. Silveira, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta de MERCOSUR, a realizarse en las ciudades de Belho Horizonte y Ouro Preto, República Federativa del Brasil, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose a la suplente siguiente, señora Amida Jardim.

Del señor Representante Ruben Obispo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Gonzalo Graña.

Del señor Representante Daniel García Pintos, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Roberto Bagalciague.

De la señora Representante Raquel Barreiro, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señora Elena Ponte.

Del señor Representante Arturo Heber Füllgraff, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Antonio López.

Del señor Representante Juan Máspoli Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José María Caballero.

De la señora Representante Daisy Tourné, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Carlos Riverós".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito se me autorice el goce de licencia por motivos personales por el día de la fecha.

Sin otro particular saludo atentamente,

RAÚL SENDIC
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria de dicha Cámara para sustituir al Diputado Raúl Sendic, comunico que por esta vez no acepto y solicito que se cite al suplente siguiente, Sr. Fernando Vázquez.

Sin otro particular saludo atentamente,

Eduardo Rubio".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, el suplente siguiente, señor Eduardo Rubio.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

2) Acéptase la negativa que por ésta vez ha presentado el suplente siguiente, señor Eduardo Rubio.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio, señor Fernando Vázquez.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 24 de noviembre de 2004

VISTO: que se encuentra vacante el cargo de Ministro de Transporte y Obras Públicas;

ATENTO: a lo establecido en el artículo 174 de la Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

1º.- Desígnase Ministro de Transporte y Obras Públicas al Doctor Gabriel Pais.

2º.- Comuníquese, etc.

BATLLE".

"Secretaría

VISTO: Que el señor Representante Gabriel Pais ha asumido como Ministro de Transporte y Obras Públicas, el día 24 de noviembre de 2004.

CONSIDERANDO: Que es procedente la convocatoria del señor Baltasar Brum para integrar la Cámara de Representantes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría a partir del día 30 de noviembre de 2004, para integrar la representación por el departamento de Montevideo al suplente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Baltasar Brum.

Montevideo, 30 de noviembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Solicito a usted licencia por el día de la fecha, por motivos personales de conformidad con el artículo único de la Ley Nº 16.465.

Sin otro particular saludo atentamente,

MARTIN PONCE DE LEÓN
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que por esta única vez no acepto incorporarme al Cuerpo que usted preside.

Sin otro particular saludo atentamente,

Enrique Soto".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que por esta vez no acepto ocupar una banca en el Cuerpo que preside.

Sin otro particular saludo atentamente,

Edgardo Ortuño".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que por esta única vez no acepto incorporarme al Cuerpo que usted preside.

Sin otro particular saludo atentamente,

Eleonora Bianchi".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que por esta única vez no acepto incorporarme al Cuerpo que usted preside.

Sin otro particular saludo atentamente,

Eduardo Brenta".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que por esta única vez no acepto incorporarme al Cuerpo que usted preside.

Sin otro particular saludo atentamente,

Laura Fernández".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Martín Ponce de León.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Enrique Soto, Edgardo Ortuño, señora Eleonora Bianchi, señor Eduardo Brenta y señora Laura Fernández.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Martín Ponce de León.

2) Acéptanse las negativas presentadas por los suplentes siguientes, señores Enrique Soto Edgardo Ortuño, señora Eleonora Bianchi, señor Eduardo Brenta y señora Laura Fernández.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 77 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Miguel Guzmán.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 14 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Solicito a Ud. tenga a bien poner a consideración de la Cámara de Representantes la presente solicitud de licencia por el día 15 de diciembre del corriente por motivos personales.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente,

JAIME MARIO TROBO
Representante por Montevideo".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor José María Mieres.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico a Ud., que por razones personales solicito licencia por el día de la fecha, convocando a mi suplente respectivo, Sr. Julio Varona.

Saluda a usted muy atentamente.

EDGAR BELLOMO
Representante por Canelones".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Edgar Bellomo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Canelones, Edgar Bellomo.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Julio Varona.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Cúmpleme solicitar a Ud., tenga a bien, poner a consideración del Cuerpo que Ud. preside, concederme licencia al amparo de lo dispuesto en el literal B) de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, por el día 15 de diciembre.

Motiva la presente, mi concurrencia a la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, que se reunirá durante los días 14 a 17 de diciembre de 2004 en las ciudades de Belo Horizonte y Ouro Preto de la República Federativa del Brasil.

Sin otro particular saludo atentamente,

IVÁN POSADA
Representante por Montevideo".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Iván Posada, para concurrir a la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en las ciudades de Belho Horizonte y Ouro Preto, República Federativa del Brasil

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Iván Posada, por el día 15 de diciembre de 2004, para concurrir a la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en las ciudades de Belho Horizonte y Ouro Preto, República Federativa del Brasil.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1999 del Lema Partido del Nuevo Espacio, Gabriel Barandiaran

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que Ud. preside, se sirva concederme licencia por los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2004 por asuntos personales, 14 días sin remuneración del 18 al 31 de diciembre de 2004, 30 días por motivos personales del 1.01.05 al 30.01.05 y 14 días sin remuneración del 31.1.05 al 14.02.05. Asimismo solicito se proceda a convocar al suplente respectivo.

Sin más, saluda atentamente.

ERNESTO AGAZZI
Representante por Canelones".

"Secretaría

VISTO: Las solicitudes de licencia por motivos personales y sin goce de remuneración, del señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los períodos comprendidos entre los días 15 y 17 de diciembre de 2004, 1º al 30 de enero de 2005, por motivos personales y sin goce de remuneración por los períodos comprendidos entre los días 18 y 31 de diciembre de 2004 y 31 de enero y 14 de febrero de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en el artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en los incisos tercero y cuarto del artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los períodos los períodos comprendidos entre los días 15 y 17 de diciembre de 2004, 1º al 30 de enero de 2005, y sin goce de remuneración por los períodos comprendidos entre los días 18 y 31 de diciembre de 2004 y 31 de enero y 14 de febrero de 2005, al señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi.

2) Convóquese por Secretaría, por los mencionados lapsos, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Esteban Pérez.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia por el día de la fecha, por motivos particulares.

Sin más saluda atentamente,

BRUM CANET
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Brum Canet, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente,

Daniel Mesa".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Daniel Mesa.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Daniel Mesa.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Patrone.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a la Cámara que usted preside, licencia el día 15 del corriente por asuntos particulares, convocando en tal caso al suplente correspondiente.

Saluda atentamente.

JORGE ORRICO
Representante por Montevideo".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Zas Fernández.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004"

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la ley, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día de la fecha.

Sin otro particular saludo atentamente,

JULIO LUIS SANGUINETTI
Representante por Canelones".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria par integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular saludo atentamente,

Antonio Delgado Espino".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria par integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular saludo atentamente,

Omar Bentancurt".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, señor Julio Luis Sanguinetti.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Antonio Delgado y Omar Bentancurt.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Luis Sanguinetti.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señores Antonio Delgado y Omar Bentancurt.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señor Heber Duque.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004"

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día de la fecha.

Sin otro particular saludo atentamente,

RONALD PAIS
Representante por Montevideo".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Ronald Pais.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Ronald Pais.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente y amparada en el inciso 3º del artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito se me conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

NORA CASTRO
Representante por Montevideo".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Eduardo Bonomi.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 17.827, convocando a mi suplente respectivo durante el día de hoy.

Saluda a usted muy atentamente.

JORGE BARRERA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de comunicarle que por esta única vez no acepto la convocatoria para integrar ese Cuerpo.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a usted con mi mas alta consideración

Leonardo Costa".

""Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Jorge Barrera para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Guillermo Silva Grucci".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Jorge Barrera, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Álvaro Berrutti".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Jorge Barrera, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Humberto Bellora".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Barrera.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Leonardo Costa, Guillermo Silva Grucci, Álvaro Berrutti y Humberto Bellora.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Barrera.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes, señores Leonardo Costa, Guillermo Silva Grucci, Álvaro Berrutti y Humberto Bellora.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Silver Estévez.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside, licencia por misión oficial, literal C) del artículo 1º de la Ley Nº 17827 para asistir a la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur y Cumbre de Jefes de Estado a realizarse los días 14, 15, 16 y 17 del corriente en Belo Horizonte y Ouro Preto - Brasil.

Solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente.

ROBERTO CONDE
Representante por Canelones".

"Canelones, 10 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi consideración:

Quien suscribe Raquel Parry Segundo, cédula de identidad Nº 1.050.030-9, con domicilio en Ovidio Fernández Ríos, Manzana 331, Sol. 107, Progreso, en su calidad de suplente del Diputado Carlos Roberto Conde Carreras, quien ha solicitado licencia por razones particulares, comunica a usted que se encuentra imposibilitada por esta vez de asumir el cargo para el que ha sido convocada por ese Cuerpo.

Al ser la presente decisión de carácter excepcional, me reservo el derecho de reasumir personería, si en el futuro se plantearan situaciones similares.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Raquel Parry".

"Canelones, 10 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi consideración:

El suscrito, Dante Waldemar Huber Telechea, con cédula de identidad Nº  973.956-9, domiciliado en Uruguay, Manzana 18, Solar 10 de Shangrilá, departamento de Canelones, en mi calidad de segundo suplente del Representante Nacional por Canelones, Carlos Roberto Conde, quien ha solicitado licencia por motivos personales, comunica a usted que se encuentra imposibilitado por esta única vez, para asumir el cargo de Representante, para el cual se le convocó por ese Cuerpo, manteniendo el derecho de reasumir personería al plantearse otra situación de las mismas características.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Dante Huber Telechea".

"Canelones, 10 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi consideración:

La suscrita Carlota Zamora, C.I. 1.688.351-7, domiciliada en Panamá, Manzana 24, solar 29, Shangrilá, en mi calidad de suplente del Representante Nacional por Canelones, Carlos Roberto Conde Carreras, el que ha solicitado licencia por motivos personales, comunica a Ud. que se encuentra imposibilitada por esta única vez, para asumir el cargo de Representante para el cual se le convocó por ese Cuerpo, manteniendo el derecho de reasumir personería al plantearse otra situación de las mismas características.

Sin otro particular, le saluda con toda consideración,

Carlota Zamora".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Roberto Conde, para participar en la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR Y Cumbre de Jefes de Estado, a realizarse en las ciudades de Belho Horizonte y Ouro Preto, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 17 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes señora Raquel Parry, señor Dante Huber y señora Carlota Zamora.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 14 y 17 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Canelones, Roberto Conde para participar en la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y Cumbre de Jefes de Estado, a realizarse en las ciudades de Belho Horizonte y Ouro Preto, República Federativa del Brasil.

2) Acéptanse las negativas presentadas, por esta vez, por los suplentes correspondientes siguientes señora Raquel Parry, señor Dante Huber y señora Carlota Zamora.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el período comprendido entre los días 15 y 17 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación No. 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Hugo Fernández.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente, solicito a Ud. se sirva concederme licencia por el día de hoy, por ausentarme del país en misión oficial .

Sin otro particular saludo atentamente,

JULIO C. SILVEIRA CORREA
Representante por Artigas".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a los efectos de comunicarle que por única vez no aceptaré la convocatoria de la que seré objeto, en virtud de la solicitud de licencia del Representante Nacional don Julio C. Silveira.

Sin otro particular saludo atentamente,

Ney Humberto Marín".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Artigas, Juilio C. Silveira, para participar en la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR Y Cumbre de Jefes de Estado, a realizarse en las ciudades de Belho Horizonte y Ouro Preto, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente señor Ney Marín.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Artigas, Julio C. Silveira para participar en la XXIV Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y Cumbre de Jefes de Estado, a realizarse en las ciudades de Belho Horizonte y Ouro Preto, República Federativa del Brasil.

2) Acéptase la negativa presentada, por esta vez, por el suplente correspondiente siguiente señor Ney Marín.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº.816, del Lema Partido Nacional, señora Amida Jardim.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 14 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.

Solicito se me conceda licencia por motivos personales el día 15 del corriente mes, convocándose al suplente respectivo.

Saluda a usted muy atentamente.

RUBEN OBISPO
Representante por Paysandú".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Paysandú, Ruben Obispo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero del artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Ruben Obispo.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Gonzalo Graña.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia a ese Cuerpo, se me conceda licencia en el día de la fecha por motivos particulares.

Saluda a usted muy atte.

DANIEL GARCÍA PINTOS
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.

Habiendo sido convocado para integrar ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Daniel García Pintos, por el día de la fecha, comunico a usted que por esta vez no acepto dicha convocatoria.

Saluda a usted muy atte.

Yamandú Flangini".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Flangini.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Flangini.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Roberto Bagalciague.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 14 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día 15 de diciembre, por motivos personales.

Sin más saluda atentamente,

RAQUEL BARREIRO
Representante por Montevideo".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Elena Ponte.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004"

"Montevideo, 14 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente vengo a solicitar al Cuerpo que usted preside, licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida.

ARTURO HEBER FÜLLGRAFF
Representante por Florida".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Florida, Arturo Heber Füllgraff.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Florida, Arturo Heber Füllgraff.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 4662 del Lema Partido Nacional, señor Antonio López.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso

Presente.
De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465 por el día 15 de diciembre de 2004, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

JUAN MÁSPOLI BIANCHI
Representante por Flores".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente quien suscribe Dr. Luis Gustavo Aguilar titular de la cédula de identidad Nº 3.049.547-9, manifiesto no aceptar la convocatoria para ocupar el cargo de Representante Nacional por el departamento de Flores por el día 15 de diciembre de 2004.

Ruego se sirva disponer lo que reglamentariamente corresponda.

Saluda con elevada consideración.

Luis Gustavo Aguilar".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Luis Gustavo Aguilar.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señor José María Caballero.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted para solicitar licencia por enfermedad el día 15 de diciembre del corriente año. Adjunto certificado médico.

Solicito también se convoque al suplente respectivo.

Sin más lo saluda atentamente,

DAISY TOURNÉ
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

La que suscribe, Hyara Rodríguez, cédula de identidad Nº 2.923.491-3, en mi calidad de suplente de la señora Representante Nacional Daisy Tourné, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Hyara Rodríguez".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración.

La que suscribe, Graziella Romiti, cédula de identidad Nº 1.332.247-1 en mi calidad de suplente de la señora Representante Nacional, Daisy Tourné, comunico a usted que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Graziella Romiti".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Jorge Mazzarovich, cédula de identidad Nº 946.301-3 en mi calidad de suplente de la señora Representante Nacional Daisy Tourné, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Mazzarovich".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Jorge Pandolfo, Cédula de Identidad Nº 1.049.265-3, en mi calidad de suplente del Representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Pandolfo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración.

El que suscribe Gerardo Trigo, en mi calidad de suplente de la señora Representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Gerardo Trigo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración.

La que suscribe Carmen Anastasía, cédula de identidad Nº 3.529.236-5, en mi calidad de suplente del señor Representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Carmen Anastasía".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración.

El que suscribe, Álvaro Espinosa, Cédula de Identidad Nº 1.018.226-2, en mi calidad de suplente de la Representante Nacional Daisy Tourné, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Álvaro Espinosa".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración.

La que suscribe Blanca Elgart, cédula de identidad Nº 3.127.308-0, en mi calidad de suplente de la señora Representante Nacional Daisy Tourné, comunico a usted que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Blanca Elgart".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señoras Hyara Rodríguez y Graziela Romitti, señores Jorge Mazzarovich, Jorge Pandolfo, Gerardo Trigo, señora Carmen Anastasía, señor Álvaro Espinosa y señora Blanca Elgart.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en de su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el literal A) de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el día 15 de diciembre de 2004, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentan los suplentes siguientes señoras Hyara Rodríguez y Graziela Romitti, señores Jorge Mazzarovich, Jorge Pandolfo, Gerardo Trigo, señora Carmen Anastasía, señor Álvaro Espinosa y señora Blanca Elgart.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 15 de diciembre de 2004, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Carlos Riverós.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

10.-     Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en segundo término del orden del día.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

11.-    Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, y el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. (Aprobación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, y el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1562

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 17 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 55 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La solicitud de aprobación se fundamenta en la siguiente exposición:

- I -

CONSIDERACIONES GENERALES

I.1. INTRODUCCIÓN.

La delincuencia organizada ha aumentado en muchas partes del mundo, adquiriendo un carácter cada vez más transnacional, lo que determina, además, la proliferación de fenómenos negativos como la violencia, el terrorismo, la corrupción y el tráfico ilegal de estupefacientes, socavando el proceso de desarrollo, menoscabando la calidad de vida de los pueblos y amenazando los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Existe una alarma creciente por la expansión y las dimensiones de la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y la creciente sofisticación y diversificación de las actividades de los grupos criminales organizados. Estas actividades tienen además, adversas repercusiones económicas y sociales, siendo urgente la necesidad de fortalecer la cooperación para prevenirlas y combatirlas más eficazmente tanto en lo nacional como en lo regional e internacional.

Además, se constata una honda preocupación acerca de la capacidad de los grupos criminales organizados para expandir sus actividades, valiéndose de las ventajas que otorgan los acuerdos regionales establecidos para incrementar el libre comercio, la cooperación política y los vacíos en la legislación nacional y cooperación internacional. Estos grupos han establecido redes internacionales para llevar a cabo sus actividades en forma más efectiva a través de tecnología sofisticada y por la explotación de fronteras abiertas. De la misma manera que ha crecido el volumen de los negocios lícitos también lo ha hecho la delincuencia organizada transnacional. Es así que se amasan grandes fortunas derivadas del tráfico de drogas, de armas de fuego ilegales, la prostitución y otros delitos transfronterizos. Todos los años, los grupos criminales organizados blanquean enormes cantidades de dinero en procedimientos ilegales. Dichos grupos, cuyas acciones incluyen el uso de la violencia, afectan la seguridad, sobre todo, de los países en desarrollo, planteando una grave amenaza a la estabilidad de esos países y la viabilidad del desarrollo de sus economías.

I.2. EVOLUCIÓN DE LA CUESTIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN EL ÁMBITO DE NACIONES UNIDAS.

Las Naciones Unidas asumieron la cuestión de la prevención del delito como una de sus responsabilidades ya en 1950, a través de la resolución 415 (V) de la Asamblea General. Esta decisión fue reafirmada por resoluciones posteriores, entre las que pueden mencionarse la 731 F (XXVIII) de 30 de julio de 1959, la 830 D (XXXII) de 2 de agosto de 1961 y las resoluciones 3021 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972, 32/59 y 32/60 de 8 de diciembre de 1977, 35/171 de 15 de diciembre de 1980 y 36/21 de 9 de noviembre de 1981 relativas a la promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional en esta esfera.

En el año 1989, la Resolución de la Asamblea General 44/71 de 8 de diciembre, invitó al Consejo Económico y Social a solicitar al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que prestara atención especial al fomento de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.

El Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de setiembre de 1990, prestó especial atención a la cuestión de la prevención del delito y la justicia penal en el contexto del desarrollo y las realidades y perspectivas de la cooperación internacional en esta esfera. En esa instancia, se recomendó la aprobación de instrumentos tendientes a facilitar la cooperación entre Estados contra la delincuencia, prestando atención a la vinculación entre el tráfico ilícito de estupefacientes, la delincuencia organizada y las actividades delictivas de carácter terrorista.

Por Resolución 45/123, la Asamblea General solicitó al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que examinara formas de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.

La idea de preparar una Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional se planteó formalmente por primera vez en la Conferencia Ministerial Mundial sobre Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Nápoles (Italia) del 21 al 23 de noviembre de 1994. Al aprobar la Declaración Política de Nápoles y su Plan de Acción contra la Delincuencia Transnacional Organizada, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 49/159 urgió a los Estados a implementarlos en forma urgente.

- II -

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

II.1. LA CONVENCIÓN.

Con posterioridad a la Conferencia de Nápoles, tuvieron lugar una serie de iniciativas que contribuyeron a fortalecer la conciencia de la comunidad internacional sobre la necesidad de luchar contra la delincuencia organizada transnacional. Entre ellas debe destacarse el Noveno Congreso sobre la Prevención del Crimen en El Cairo (1994), los Talleres Ministeriales Regionales de Buenos Aires (1995), Dakar (1997) y Manila (1998) y la reunión de Palermo (1997). La cuestión central en todo el proceso posterior a la aprobación de la Declaración de Nápoles fue cómo encontrar una definición de la delincuencia organizada que, a pesar de las diferencias entre los conceptos, percepciones y sistemas jurídicos, fuera aceptable para la comunidad internacional en su conjunto.

Otro paso importante en la aplicación de la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles fue el establecimiento, de conformidad con la resolución 52/85 de 12 de diciembre de 1997 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de un grupo intergubernamental de expertos entre períodos de sesiones y abierto para que elaborase un anteproyecto de una posible convención internacional amplia de lucha contra la delincuencia transnacional organizada. El grupo de expertos celebró su primera reunión en Varsovia, del 2 al 6 de febrero de 1998. El grupo intergubernamental llegó a la conclusión de que existía un amplio consenso entre los Estados Miembros. Se preparó una lista, que equivalió a un primer borrador con diversas "opciones" relativas las disposiciones del instrumento. Sus propuestas dieron paso a un debate sobre un proyecto de resolución en que se daba la luz verde a la celebración de negociaciones oficiales sobre una convención. Al mismo tiempo, varios países sacaron al primer plano las cuestiones que les planteaban problemas. Argentina propuso que se redactara una nueva convención contra la trata de menores y Austria presentó un proyecto de convención contra el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes. Canadá y Japón propusieron un instrumento relativo al tráfico de armas de fuego. Estas propuestas se agregaron así al primer proyecto de convención contra la delincuencia organizada transnacional que había sido presentado por el Gobierno de Polonia.

Por resolución 53/111 de 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y examinar, de considerarlo procedente, la posibilidad de elaborar instrumentos internacionales sobre la trata de mujeres y niños, la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, y el tráfico y el transporte ilícito de migrantes. La Asamblea General dio así un paso trascendental para llenar el vacío existente en materia de cooperación internacional en esta materia.

La primera sesión del comité se llevó a cabo en Viena (Austria), del 19 al 29 de enero de 1999. Posteriormente, tuvieron lugar otras diez sesiones en la ciudad de Viena, antes de suscribirse la Convención, durante la Conferencia de Palermo celebrada del 12 al 15 de diciembre de 2000.

En su resolución 54/126 de diciembre de 1999, la Asamblea General solicitó al comité que acelerara y completara su trabajo en el año 2000. De ese modo, la Asamblea dio carácter oficial al plazo que se había impuesto el Comité Especial desde su establecimiento. El plazo, además de su valor simbólico, reflejaba la urgente necesidad de todos los Estados, tanto desarrollados como en desarrollo, de contar con nuevos instrumentos para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada transnacional.

El Comité Especial aprobó la Convención en julio de 2000 y en octubre de 2000, los protocolos sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y sobre el tráfico de migrantes. El 15 de noviembre, la Asamblea General hizo oficialmente suyos esos instrumentos por resolución 55/25. Los mismos se abrieron a la firma en Palermo en diciembre de 2000.

La Convención trata de la lucha contra la delincuencia organizada en general y alguna de las grandes actividades en la que se encuentra involucrada comúnmente la delincuencia organizada transnacional, tal como lavado de dinero, corrupción y obstrucción de investigaciones o procesos. Se trata de un instrumento vinculante que obliga a los Estados que lo ratifican a adoptar una serie de medidas contra la delincuencia organizada transnacional. Estas incluyen la creación de delitos en la legislación interna para combatir el problema, la adopción de nuevos marcos para la cooperación jurídica mutua, la extradición, la cooperación en el cumplimiento de la ley, la asistencia técnica y la capacitación. Los Estados Partes podrán confiarse mutuamente la investigación y castigo de los delitos cometidos por grupos criminales organizados si los delitos o los grupos que los cometen tienen algún elemento transnacional.

II.2. FINALIDAD (ARTÍCULO 1).

La Convención tiene como propósito la promoción de la cooperación, en el entendido de que ésta constituye una herramienta eficaz para prevenir y combatir la delincuencia organizada internacional.

II.3. DEFINICIONES (ARTÍCULOS 2 y 8).

Para facilitar su aplicación, la Convención contiene una serie de definiciones relativas a conceptos centrales, que deben adoptarse independientemente del alcance de los mismos en las legislaciones internas de los Estados Parte:

a) Grupo estructurado.

Se considera grupo estructurado, a aquel que no se ha formado por azar para la comisión inmediata de un delito, en el que no se requiere que se haya asignado a sus miembros funciones definidas formalmente ni debe existir continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada (artículo 2, apartado c). En esta expresión se incluyen tanto los grupos con una estructura jerarquizada u otro tipo de estructura compleja como los grupos no jerarquizados en los que no se definen expresamente las funciones de sus miembros.

b) Grupo delictivo organizado.

Es un grupo estructurado constituido por un mínimo de tres personas. con existencia durante cierto tiempo y que actúe concertadamente para cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados según la Convención, para obtener un beneficio económico u otro beneficio material en forma directa o indirecta (artículo 2, apartado a). La amplitud de esta expresión tiende a incluir, por ejemplo, delitos cuya motivación predominante fuese la gratificación sexual, como la recepción o el intercambio de materiales por integrantes de redes de pornografía infantil.

c) Delito grave.

Se entiende por delito grave aquel que es castigado con una pena de privación de libertad máxima de por lo menos cuatro años (artículo 2, apartado b).

d) Bienes.

El concepto de bienes abarca todo tipo de activos, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos (artículo 2, apartado d).

e) Producto del delito.

Está constituido por los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito (artículo 2, apartado e).

f) Embargo preventivo o incautación.

Estos términos aparecen en los artículos 12 y 13 de la Convención. Se trata de la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandato de un tribunal u otra autoridad competente (artículo 2, apartado f). Es conveniente advertir que el término "incautaciones" que se utiliza en el artículo 18 (cooperación judicial) tiene un alcance más amplio que el establecido en este párrafo, por cuanto no sólo se refiere a bienes sino que alude también al recurso a medidas tendientes a obtener pruebas para presentarlas en un proceso penal por parte de las autoridades encargadas de cumplir la ley;

g) Decomiso.

Constituye la privación definitiva de un bien por decisión de un tribunal u otra autoridad competente (artículo 2, apartado g).

h) Delito determinante.

Es todo delito del cual derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 (blanqueo) de la Convención (artículo 2, apartado h).

i) Entrega vigilada.

Es la técnica que consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o ingresen en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, para investigar delitos e identificar a las personas involucradas en su comisión (artículo 2, apartado i);

j) Organización regional de integración económica.

Se entiende por tal, una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la Convención, que ha sido debidamente facultada para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella (artículo 2, apartado j);

k) Funcionario público.

A los efectos de la aplicación del párrafo 1 del artículo 8 y del artículo 9 de la Convención, se incluye en esta definición a todo funcionario público o persona que preste un servicio público de conformidad con el derecho interno y a su aplicación según el derecho penal del Estado Parte en el que la persona en cuestión desempeñe la referida función (artículo 8, párrafo 4).

II.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN (ARTÍCULO 3).

Salvo disposición en contrario, la Convención debe aplicarse a la prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos graves (según la definición del artículo 2) y de los delitos tipificados en los artículos 5 (participación en grupo delictivo organizado), 6 (blanqueo del producto del delito), 8 (corrupción) y 23 (obstrucción de la justicia), cuando dichos delitos tengan carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

La transnacionalidad del delito se configura en los siguientes casos:

a) cuando éste se comete en más de un Estado;

b) cuando su comisión tiene lugar dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;

c) cuando se comete dentro de un solo Estado, pero con la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o

d) cuando se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. La expresión "efectos sustanciales" tiene por finalidad abarcar situaciones en que el delito tiene un efecto negativo sustancial en otro Estado. Un ejemplo de esta situación podría ser el caso en que la moneda de un Estado es falsificada en otro y el grupo delictivo organizado pone la moneda falsificada en circulación a nivel mundial.

II.5. PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA (ARTÍCULO 4).

La soberanía de los Estados Parte queda asegurada a través de lo dispuesto en el artículo 4, en tanto dispone que nada de lo previsto en la Convención facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro ni para realizar en él, funciones exclusivamente reservadas a sus autoridades por el derecho interno.

Asimismo, se prevé la obligación de los Estados Parte de cumplir las obligaciones que impone la Convención, en consonancia con los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

II. 6. PENALIZACIÓN.

Se establecen cuatro delitos específicos, para combatir áreas que comúnmente se utilizan en apoyo de actividades criminales organizadas de carácter transnacional.

a) Participación en un grupo delictivo organizado (artículo 5).

En caso de no haberlo hecho, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas legislativas y de otra índole para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente:

i) el acuerdo con una o más personas para cometer un delito grave (es decir, castigado con una pena de privación libertad máxima de por lo menos cuatro años), con un propósito que tenga relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que constituya un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante el referido acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado;

ii) la conducta de cualquier persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en actividades ilícitas de dicho grupo o en otras actividades del mismo, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita;

iii) la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento con miras a cometer un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo se podrán inferir de circunstancias fácticas objetivas.

En la hipótesis contemplada en el literal i), si el derecho interno del Estado Parte requiere la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de las referidas conductas, se deberá velar por que el derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Dichos Estados, así como aquellos cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos mencionados, deberán notificarlo al Secretario General de las Naciones Unidas al momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

b) Blanqueo del producto del delito (artículo 6).

Aquellos Estados Parte que no lo hubieren hecho, deberán adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

i) la conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar, disimular obstruir el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;

ii) la ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;

iii) con sujeción a los conceptos básicos de sus ordenamientos jurídicos:

- la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son productos del delito; y

- la participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados según el artículo 6, la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento para su comisión.

Si lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, se podrá disponer que los delitos antes mencionados no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante, esto es, el delito del que se deriva un producto que pueda constituir materia de las conductas delictivas que configuran el blanqueo (párrafo 2, apartado e). Esta disposición contempla el caso de los Estados en lo que no está permitido enjuiciar o sancionar a la misma persona por el delito determinante y el delito de blanqueo de dinero a la vez.

Los delitos enunciados en los literales i) y ii) incluyen la obstrucción del descubrimiento del origen ilícito de los bienes.

A los efectos de aplicar o poner en práctica estas disposiciones, cada Estado Parte deberá velar por aplicarlas a la mayor gama posible de delitos determinantes. Asimismo, cada Estado deberá incluir como delitos determinantes, todos los delitos unibles con una privación de libertad máxima de por lo menos cuatro años y los delitos de participación en un grupo delictivo organizado, corrupción y obstrucción a la justicia. Además, aquellos Estados cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes, deberán incluir entre ellos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados. A estos efectos, los delitos determinantes deberán incluir tanto los delitos cometidos dentro como fuera de la jurisdicción del Estado. No obstante, estos últimos constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente constituya delito en el derecho interno del Estado en que se haya cometido y también según el derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el artículo 8, si el delito se hubiese cometido allí.

El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de los delitos tipificados en este artículo, se podrán inferir de circunstancias fácticas objetivas.

c) Corrupción (artículo 8).

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 8, aquellos Estados Parte que no lo hubieren hecho, deberán adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente:

i) la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que ese funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;

ii) la solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en cumplimiento de sus funciones oficiales.

Cada Estado considerará la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para tipificar como delito los actos antes mencionados, cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. También considerará la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.

Asimismo, los Estados Parte se obligan a tomar las medidas necesarias para tipificar como delito la participación como cómplice en un delito tipificado según lo establecido en este artículo.

d) Obstrucción de la justicia (artículo 23).

Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias para tipificar como delito, siempre que se cometan intencionalmente:

i) el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o bien la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación del mismo o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de alguno de los delitos comprendidos en la Convención;

ii) el uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o encargado de hacer cumplir la ley, en relación a alguno de los delitos previstos en la Convención. Esta disposición no impedirá que los Estados Parte puedan incluir en la protección a otras categorías de funcionarios públicos.

II.7. MEDIDAS CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO y LA CORRUPCIÓN.

a) Contra el blanqueo de dinero (artículo 7).

Los Estados Parte se obligan a establecer un régimen interno amplio de reglamentación y supervisión de los bancos e instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos que se encuentren en su jurisdicción, que sean particularmente susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de dinero. Dicho régimen deberá hacer hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas. Estas pueden incluir transacciones poco usuales que, por su cuantía, características y frecuencia, no son congruentes con la actividad comercial del cliente, superan los parámetros comerciales aceptados o carecen de fundamento jurídico claro y podrían constituir actividades ilícitas o estar vinculadas con éstas.

Asimismo, los Estados se comprometen a garantizar, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la cooperación judicial internacional y en materia de cumplimiento de la ley, que las autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluyendo las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional, en las condiciones prescritas en el derecho interno. A dichos efectos, los Estados Parte que aún no lo hayan hecho, deberán considerar la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que actúe como centro de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

Los Estados Parte asumen la obligación de considerar la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes, sin que ello restrinja la circulación de capitales lícitos. Entre las referidas medidas, se menciona la posibilidad de exigir a los particulares y entidades comerciales que notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables.

El Protocolo insta a los Estados Parte a utilizar como guía para la instauración del régimen interno de reglamentación y supervisión, las iniciativas de organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. Aunque no se mencionan expresamente, se entiende que esta es una referencia a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales revisadas en 1996 y también a otras iniciativas en curso a cargo de organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, como por ejemplo, el Consejo de Europa, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos.

Para la consecución de los fines establecidos en este artículo, se consagra el compromiso asumido por los Estados Parte para establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral.

b) Contra la corrupción (artículo 9).

Además de las medidas relativas a la penalización de la corrupción, el artículo 9 prevé la obligación de los Estados Parte de adoptar, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, medidas eficaces para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso mediante la actuación de las autoridades para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida la actuación de dichos funcionarios.

II.8. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (ARTÍCULO 10).

Los Estados Parte adoptarán medidas, según sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de personas jurídicas que participen en delitos graves en los que esté involucrado un grupo delictivo organizado y en los delitos establecidos en los artículos 5, 6, 8 y 23 de la Convención. En el marco de los principios jurídicos de cada Estado, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de naturaleza penal, civil o administrativa. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas físicas que hayan perpetrado los delitos. Asimismo, los Estados velarán por imponer sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluyendo sanciones monetarias, a las personas jurídicas que se consideren responsables de conformidad con el presente artículo.

II.9. PROCESO, FALLO y SANCIONES (ARTÍCULO 11).

Los Estados Parte se comprometen a penalizar la comisión de los delitos de participación en grupo delictivo organizado, blanqueo del producto del delito, corrupción y obstrucción de la justicia (artículos 5, 6, 8 y 23) con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de dichas conductas.

Para dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, los Estados Parte velarán por que se ejerzan las facultades legales discrecionales establecidas en su derecho interno, en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos previstos en la Convención.

Cuando se trate de delitos tipificados según los artículos antes mencionados, los Estados Parte adoptarán medidas tendientes a procurar que, al imponer condiciones relativas a la concesión de la libertad en espera del juicio o la apelación, se tenga en cuenta la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior. Estas medidas se adoptarán de conformidad con el derecho interno de cada Estado Parte y tomando en consideración los derechos de la defensa.

Los Estados Parte se obligan a velar por que sus autoridades competentes (incluidas las judiciales) tengan presente el carácter grave de los delitos comprendidos en la Convención, al considerar la posibili dad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a quienes hayan sido declarados culpables de tales conductas. Asimismo, se establecerá, cuando proceda y según el derecho interno, un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pueda iniciarse el proceso por los delitos establecidos en la Convención y un plazo mayor en caso de que el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.

Nada de lo dispuesto en la Convención podrá afectar el principio de que la descripción de los delitos tipificados y los medios jurídicos de defensa aplicables, así como los demás principios jurídicos que informan la legalidad de una conducta, quedan reservados al derecho interno de cada Estado y que sólo serán perseguidos y sancionados los delitos de conformidad con las disposiciones de este último.

II.10. DECOMISO E INCAUTACIÓN.

a) Medidas necesarias para autorizar el decomiso (artículo 12).

Los Estados Parte deberán adoptar, en la medida en que lo permita su legislación, las medidas necesarias para autorizar el decomiso del producto de los delitos incluidos en la Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto, y de los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los referidos delitos.

Asimismo, los Estados Parte deberán adoptar las medidas necesarias para permitir la identificación, localización, embargo preventivo o la incautación de los bienes mencionados en el párrafo anterior, con miras a su eventual decomiso.

En caso de que el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, éstos podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto. Si el producto se hubiera mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, dichos bienes podrán ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación.

Las medidas previstas en este artículo también podrán aplicarse a los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya trasformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya mezclado el producto del delito.

A los efectos previstos en este artículo y para la prestación de la cooperación que solicite otro Estado Parte con fines de decomiso, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Esta disposición no podrá dejar de aplicarse, amparándose en el secreto bancario.

Siempre que sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso.

Lo dispuesto en el artículo 12 no se interpretará en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Además, sus disposiciones no afectarán el principio de que las medidas previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

b) Cooperación internacional (artículo 13).

Cuando un Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito previsto en la Convención, envíe a otro una solicitud con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos antes mencionados que se encuentren en el territorio de éste último, el Estado requerido deberá remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener la orden de decomiso. En caso de que ésta se conceda, se deberá dar cumplimiento a la misma.

Si la orden de decomiso hubiera sido expedida por un tribunal del Estado requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12, el Estado requerido deberá presentarla a sus autoridades competentes para dar cumplimiento a la misma en el grado solicitado, en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos antes mencionados que se encuentren en su territorio.

A solicitud de un Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito incluido en la Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas tendientes a identificar, localizar, trabar embargo preventivo o incautar el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12, con miras a su eventual decomiso.

Si se trata de una solicitud en la que se requiere la obtención de una orden de decomiso de las autoridades del Estado requerido, la solicitud deberá contener -además de los requisitos establecidos en el párrafo 15 del artículo 18- una descripción de los bienes susceptibles de decomiso y una exposición –lo más explícita posible- de los hechos en que se basa la solicitud.

En caso de que la solicitud acompañe la orden de decomiso expedida por un tribunal del Estado Parte requirente, la solicitud deberá agregar a los requisitos incluidos en el párrafo 15 del artículo 18, una copia de la orden de decomiso, una exposición de los hechos y la información relativa al grado de ejecución que se solicita dar a la orden.

En el caso de que se soliciten medidas de identificación, localización, embargo preventivo o incautación de bienes que sean producto de delitos comprendidos en la Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto, la solicitud deberá acompañar a los requisitos establecidos en el párrafo 15 del artículo 18, una exposición de los hechos en que se basa el Estado requirente y una descripción de las medidas solicitadas.

El Estado requerido adoptará las decisiones de cooperación de acuerdo con lo dispuesto en su derecho interno o en los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que puedan vincularlo con el Estado requirente. Si un Estado Parte decide supeditar la cooperación a la existencia de un tratado, el mismo considerará a esta Convención como la base jurídica necesaria y suficiente para cumplir dicho requisito. Sin perjuicio de ello, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados para aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada de conformidad con el presente artículo.

Asimismo, los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada si el delito al que se refiere la solicitud no se encuentra contemplado en la Convención.

Las disposiciones de este artículo no podrán interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

c) Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados (artículo 14).

La disposición del producto del delito o de los bienes decomisados de conformidad con los artículos 12 y 13 tendrá lugar según lo establecido en el derecho interno y los procedimientos administrativos del Estado donde tuvo lugar el decomiso.

Cuando un Estado Parte acceda a una solicitud presentada por otro, en el marco del artículo 13, el primero, en la medida que lo permita su derecho interno y en caso de que le sea requerido, considerará en forma prioritaria la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado requirente, para que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver el producto o los bienes a sus propietarios legítimos.

Cuando un Estado Parte dé curso a una solicitud presentada de conformidad con los artículos 12 y 13, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos a los efectos de aportar el valor del producto del delito o de dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dichos productos o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada a los efectos de establecer un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas (artículo 30, párrafo 2, apartado c) y a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada.

Los Estados Parte podrán optar por acordar el reparto del producto del delito o de los bienes o los fondos derivados de la venta del producto o de los bienes con otros Estados, sobre la base de un criterio general o definido para cada caso y de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos.

II.11. JURISDICCIÓN (ARTÍCULO 15).

Cada Estado Parte deberá adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción con respecto a los delitos de participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo de dinero, corrupción y obstrucción de la justicia, en caso de que el delito se cometa en su territorio o a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada según sus leyes al tiempo de la comisión del delito.

Dentro de los principios de igualdad soberana, integridad territorial de los Estados y no intervención en los asuntos internos de otros Estados, los Estados Parte también podrán establecer su jurisdicción para conocer de los delitos antes mencionados en caso de que los mismos se cometan contra uno de sus nacionales o cuando sean cometidos por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que resida habitualmente en su territorio. Además, podrán establecer su jurisdicción, cuando se trate del delito de participación en un grupo delictivo organizado y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio, o en el caso de que se trate de un delito de participación, asociación, confabulación, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión del delito de blanqueo de dinero cometido fuera del territorio del Estado, con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito de conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que éstos son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular su origen ilícito o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, o bien con miras a la ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito, o bien a la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son productos del delito (párrafo 2).

Los Estados Parte podrán adoptar medidas para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la Convención, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción de conformidad con lo establecido en los párrafos 1 y 2 de este artículo, recibe una notificación o toma conocimiento de que algún otro Estado Parte está realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de los referidos Estados Parte se consultarán para coordinar sus medidas, en la medida que ello resulte procedente.

Sin perjuicio de las normas de derecho internacional general, esta Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte según su derecho interno.

II.12. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO 16).

Procedencia (párrafos 1 a 6). Para que proceda la extradición en el ámbito de la Convención, el artículo 16 requiere que se trate de conductas incluidas como delitos en la misma o que, tratándose de uno de los delitos a los que hacen referencia los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 (delito punible con privación de libertad máxima de por lo menos cuatro años, delitos de participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo del producto del delito, corrupción y obstrucción de la justicia), el mismo implique la participación de un grupo delictivo organizado. Se requiere además que la persona que es objeto de la solicitud, se encuentre en el Estado Parte requerido. En tercer lugar, se establece el requisito de la doble incriminación, esto es, que el delito por el que se solicita la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado requirente y del Estado requerido.

En caso de que la solicitud de extradición se base en varios delitos graves diferentes y alguno de ellos no se encuentre comprendido en el ámbito del artículo 16, el Estado requerido podrá aplicar lo dispuesto en este último, también con respecto a dichos delitos.

Los delitos mencionados en el primer párrafo del artículo 16 deberán considerarse incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Asimismo, éstos se comprometen a incluir los referidos delitos como casos de extradición en los tratados de extradición que celebren entre sí.

Cuando un Estado Parte supedite la extradición a la existencia de un tratado y reciba una solicitud de otro Estado con el que no lo vincule ningún tratado de extradición, podrá considerar esta Convención como base jurídica para la extradición solicitada con respecto a los delitos a los que se aplica el artículo 16. En este sentido, la Convención prevé que al momento de depositar el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la Convención, los Estados deberán informar al Secretario General de las Naciones Unidas si considerarán o no a la Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la misma. En caso de no considerarla como base jurídica, deberán esforzarse, cuando proceda, por celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la Convención, a los efectos de aplicar este artículo. Los Estados que no supediten la extradición a la existencia de un tratado, deberán reconocer los delitos a los que se aplica el artículo 16 como casos de extradición entre ellos.

b) Condiciones (párrafos 7 a 9).

La extradición queda sujeta a las condiciones establecidas en el derecho interno del Estado requerido o en los tratados de extradición vigentes entre las Partes, incluyendo, entre otras, el requisito de una pena mínima y los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.

Los Estados se comprometen a simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el artículo 16, sin que ello implique el menoscabo de los derechos fundamentales del acusado, de conformidad con la ley.

Salvo lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, una vez comprobado que las circunstancias lo justifican y que tienen carácter urgente, el Estado requerido, a solicitud del Estado re quirente, podrá proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas a los efectos de garantizar la comparecencia de la persona en los procedimientos de extradición.

c) Nacionalidad del extraditado (párrafos 10 a 12).

El Estado en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo, por el solo hecho de ser nacional de dicho Estado, deberá, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de su enjuiciamiento (artículo 15, párrafo 3). A dichos efectos, cada Estado deberá adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción en estos casos. Sus autoridades competentes adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma forma en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave, según su derecho interno. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo relativo a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.

Cuando según el derecho del Estado Parte requerido, la extradición o entrega de uno de sus nacionales sólo pueda realizarse bajo la condición de que esa persona sea devuelta a dicho Estado para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando dicho Estado y el que solicita la extradición acepten dicha opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, la extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo anterior.

Si se deniega la extradición solicitada para el cumplimiento de una condena por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y según los requisitos establecidos por el mismo, considerará, previa solicitud del Estado requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de la misma, según el derecho interno del Estado requirente.

d) Denegación de la extradición (párrafos 14 a 16).

Además de la posibilidad de denegar la extradición por razones de nacionalidad, la Convención prevé que nada de lo dispuesto en ella podrá interpretarse como una obligación de extraditar, si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado para perseguir o castigar a una persona por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

No se podrá denegar una solicitud de extradición por el único motivo de considerar que el delito entraña también cuestiones tributarias.

Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda, deberá consultar al Estado requirente para darle oportunidad de presentar sus opiniones y proporcionar información pertinente a su alegato.

e) Procedimiento (párrafos 8, 13 y 17).

Los Estados Parte se obligan a procurar la agilización de los procedimientos de extradición con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el artículo 16. En modo alguno, ello implicará un menoscabo a los derechos fundamentales del acusado conforme a la ley.

En todas las etapas de las actuaciones deberá garantizarse un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica este artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

II.13. TRASLADO DE CONDENADOS (ARTÍCULO 17).

Los Estados Parte se comprometen a analizar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión o a otra pena de privación de libertad por algún delito comprendido en la Convención, a los efectos de que complete allí su condena.

II.14. ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA (ARTÍCULO 18).

a) Deber de cooperar (párrafos 1 y 2).

El primer párrafo del artículo 18 consagra el deber de los Estados Parte de prestar la mayor asistencia judicial posible con respecto a cualquier investigación, proceso o actuación judicial relacionado con los delitos comprendidos en la Convención, según lo establecidos en el artículo 3. La asistencia deberá prestarse también cuando el Estado requirente tenga mo tivos razonables para sospechar que el delito (participación en grupo delictivo organizado, blanqueo del producto del delito, corrupción, obstrucción a la justicia o algún delito grave de conformidad con la definición del artículo 2) es transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado requerido y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.

Asimismo, se prestará asistencia judicial en la mayor medida posible, de conformidad con las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos en que una persona jurídica pueda considerarse responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, en el Estado requirente.

b) Formas de asistencia judicial (párrafos 3, 4 y 5).

La solicitud de asistencia judicial podrá tener como objetivo recibir testimonios o declaraciones de personas, presentar documentos judiciales, realizar inspecciones, incautaciones y embargos preventivos, examinar objetos y lugares, obtener información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos, entregar originales o copias certificadas de documentos y expedientes -incluyendo documentación pública, bancaria y financiera y documentación de sociedades mercantiles-, identificar o localizar el producto del delito, bienes, instrumentos u otros elementos con fines probatorios, facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente y cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado requerido.

Siempre que ello no constituya un menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte, podrán transmitir información sobre cuestiones penales a una autoridad competente de otro, aun cuando éste no la hubiera solicitado previamente, si se considera que dicha información podría ayudar a las autoridades a emprender o concluir exitosamente indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por éste último según la Convención. En este caso, la transmisión de información se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado que brinda la información. Las autoridades que la reciben deberán acceder a toda solicitud de confidencialidad -aun temporal- o de que se impongan restricciones a su utilización. Ello no obstará para que el Estado receptor revele información que sea exculpatoria de una persona acusada. En ese caso, el Estado receptor deberá notificar al Estado transmisor antes de revelar la información y, si así se le solicita, consultará a este último. Si, excepcionalmente, no fuera posible notificar con antelación, el Estado receptor deberá informar sin demora al Estado transmisor de dicha revelación.

c) Cooperación en materia de prueba testimonial (párrafos 10 a 12, 18 y 27).

La persona que esté detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte con fines de identificación, para prestar testimonio o para que colabore en la obtención de pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales relativas a delitos comprendidos en la Convención, podrá ser trasladada al Estado requirente, con las siguientes condiciones:

i) que la persona, una vez informada de la solicitud, preste su consentimiento libremente; y

ii) que las autoridades competentes de ambos Estados estén de acuerdo, según las condiciones que consideren apropiadas.

El Estado al que se traslade la persona deberá mantenerla detenida (salvo que el Estado desde el que se trasladó solicite o autorice otra cosa) cumpliendo sin demora su obligación de devolverla, según lo convenido por las autoridades competentes de ambos Estados. El tiempo durante el cual la persona permanezca detenida en el Estado al que fue trasladada, deberá tenerse en cuenta a los efectos de descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde el que se ha trasladado. El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado desde el que se trasladó, que inicie el procedimiento de extradición para su devolución.

Cualquiera sea su nacionalidad, una persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en un Estado Parte y que sea trasladada a otro Estado Parte, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del mismo, con relación a actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada, a menos que éste preste su conformidad.

Sin perjuicio de esta disposición, cualquier testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el Estado requirente, no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado requerido. El salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido oportunidad de salir del país durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia y sin embargo, permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente al mismo después de haberlo abandonado.

La Convención contiene una disposición novedosa que prevé que, siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, en el caso de que una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante las autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primero, a solicitud del otro Estado, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia, si no es posible o conveniente que la persona comparezca personalmente en el territorio del Estado requirente. Los Estados Parte podrán acordar que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y que asista a ella una autoridad judicial del Estado requerido.

d) Autoridades Centrales (párrafo 13).

Los Estados Parte se obligan a designar una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial. La misma estará facultada para dar cumplimiento a las solicitudes o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. La autoridad central de cada Estado deberá velar por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes que reciban. Si bien se prevé que las solicitudes de cooperación y cualquier otra comunicación pertinente se trasmitirán a través de las autoridades centrales, no queda vedada la posibilidad de que los Estados Parte exijan que las mismas les sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, mediando acuerdo de los Estados, por medio de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.

e) Requisitos de las solicitudes (párrafos 14 y 15).

Las solicitudes deberán presentarse por escrito o, de ser posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado requerido, en condiciones que le permitan determinar su autenticidad. Los idiomas aceptables para cada Estado Parte, deberán notificarse al Secretario General de las Naciones Unidas, al momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la Convención. Sólo en casos de urgencia, y previo acuerdo entre Estados, las solicitudes podrán presentarse oralmente, requiriéndose su posterior confirmación por escrito sin demora.

Las solicitudes deberán contener la identidad de la autoridad que las realiza, el objeto e índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refieren, el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar las investigaciones, procesos o actuaciones; un resumen de los hechos pertinentes (salvo si se trata de solicitudes de presentación de documentos judiciales), una descripción de la asistencia solicitada, los detalles relativos a cualquier procedimiento particular que el Estado requirente desee que se aplique y, en lo posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada, así como la finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

f) Cumplimiento de las solicitudes (párrafos 16, 17,24 a 26 y 29). El Estado requerido podrá pedir información complementaria si ello es necesario para facilitar o dar cumplimiento a la solicitud, según lo dispuesto en su derecho interno. El cumplimiento de la misma deberá realizarse de conformidad con el derecho interno del Estado requerido, sin perjuicio de que, si ello no contraviene su derecho interno y es factible, pueda accederse a cumplir con los procedimientos especificados en la solicitud.

El Estado requerido deberá cumplir la solicitud de asistencia lo antes posible, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los plazos debidamente fundados que sugiera el Estado requirente. Asimismo, responderá las consultas razonables que formule el Estado requirente acerca de la evolución de la solicitud. Por su parte, éste informará prontamente cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

La prestación de asistencia judicial podrá ser diferida por el Estado requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso. En este caso, el Estado requerido consultará al Estado requirente para considerar si es posible prestar la asistencia supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si este último las acepta, el Estado requerido deberá observar las condiciones impuestas.

El Estado Parte requerido deberá facilitar al requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder ya los que, según su derecho interno, tenga acceso el públi co en general. A su arbitrio y en las condiciones que considere apropiadas, podrá proporcionar al Estado requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, según su derecho interno, no estén al alcance del público en general.

g) Reserva (párrafos 19 y 20).

El Estado requirente se obliga a no transmitir ni utilizar, sin previo consentimiento del Estado requerido, la información o las pruebas que proporcione este último para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos a los indicados en la solicitud. Sin embargo, ello no impedirá que el Estado requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este caso, el Estado requirente notificará al requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si se le solicita, consultará al Estado requerido. En casos excepcionales en que no sea posible notificar previamente al Estado requerido, el requirente le informará a aquel dicha revelación.

El Estado requirente podrá exigir que el Estado requerido mantenga reserva sobre la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado requerido no puede mantener dicha reserva, lo informará inmediatamente al Estado requirente.

h) Denegación de la asistencia (párrafos 8,9,21 a 23 y 26).

El Estado requerido podrá exceptuarse de brindar asistencia judicial en los siguientes casos: si la solicitud no se hace de conformidad con lo establecido en el artículo 18; si considera que el cumplimiento de lo solicitado puede menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales; si su derecho interno prohíbe a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia; o, en el caso de que, acceder a la asistencia judicial sea contrario a su ordenamiento jurídico. Esta última causal no implica una forma de fomentar la denegación de la cooperación por cualquier causa, sino que debe entenderse en el sentido de elevar las condiciones mínimas necesarias para ajustarlas a principios esenciales del derecho interno del Estado requerido.

Además, el Estado Parte requerido podrá negarse a prestar asistencia judicial en el marco del artículo 18, invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, aquél podrá brindar la cooperación, si lo estima necesario, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta esté tipificada o no como delito en su derecho interno.

Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá estar debidamente fundada. Antes de denegar una solicitud, el Estado requerido deberá consultar al requirente para considerar si es posible prestar la asistencia supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado requirente acepta la asistencia según estas condiciones, el Estado requerido deberá observar las condiciones impuestas.

Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial por el solo motivo de considerar que el delito también entraña asuntos fiscales. Tampoco podrán invocar el secreto bancario.

i) Gastos (párrafo 28).

Los gastos ordinarios que genere el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado requerido a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. En caso de que sea necesario incurrir en gastos extraordinarios o cuantiosos, los Estados Parte deberán consultarse para determinar las condiciones en que se cumplirá la solicitud y cómo se sufragarán los mismos.

j) Compatibilidad con otros tratados (párrafos 6, 7 y 30).

Lo dispuesto en el artículo 18 no afectará las obligaciones contraídas a través de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan. total o parcialmente, la cooperación judicial. Además, cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales a los efectos de hacer efectivas o de reforzar las disposiciones de este artículo.

Los párrafos 9 a 29 del artículo 18 se aplicarán a las solicitudes formuladas según el mismo, siempre que los Estados Parte interesados no se encuentren vinculados por un tratado de asistencia judicial recíproca. En caso de que éste exista, se aplicará este último, salvo que lo Estados convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 de la Convención. Esta solución es favorecida por la Convención, siempre que la misma contribuya a facilitar la cooperación.

II.15. OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN.

a) Investigaciones conjuntas (artículo 19).

Los Estados Parte deberán considerar la posibilidad de celebrar tratados bilaterales o multilaterales para establecer órganos mixtos de investigación en relación con cuestiones que sean objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados. En caso de que no existan tales instrumentos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. En todo caso, los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea totalmente respetada.

b) Remisión de actuaciones penales (artículo 21).

Si se estima que ello será beneficioso para concentrar las actuaciones del proceso -en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones-, los Estados Parte se comprometen a considerar la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el enjuiciamiento de los delitos comprendidos en la Convención.

c) Establecimiento de antecedentes penales (artículo 22).

Los Estados Parte podrán adoptar medidas para tener en cuenta -en las condiciones y para los fines que se consideren apropiados- toda declaración previa de culpabilidad en otro Estado de un presunto delincuente, a los efectos de utilizar dicha información en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en. la Convención.

d) Cooperación en materia de cumplimiento de la ley (artículos 26 y 27).

Cada Estado Parte deberá adoptar medidas para alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a brindar información útil a las autoridades sobre la identidad, naturaleza, composición, estructura, ubicación o actividades de los grupos delictivos organizados, sus vínculos -incluso internacionales- y los delitos que hayan cometido o puedan cometer. Asimismo, se procurará alentar a las mencionadas personas para que ayuden en forma efectiva y concreta a las autoridades, de manera de contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus recursos o del producto del delito.

Como forma de estimular la cooperación, se contempla la posibilidad de que los Estados Parte puedan prever la mitigación de la pena o de otorgar inmunidad judicial a las personas que colaboren sustancialmente en la investigación o enjuiciamiento de los delitos incluidos en la Convención. La protección brindada a estas personas será la prevista para los testigos en el artículo 24.

En caso de que una persona que haya participado o participe en un grupo delictivo organizado y se encuentre en el territorio de un Estado Parte, pueda colaborar sustancialmente con las autoridades de este último, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos, con respecto a la eventual concesión de los beneficios de mitigación de la pena y de inmunidad judicial.

Los Estados Parte se obligan a colaborar estrechamente, dentro de lo establecido en sus ordenamientos jurídicos y administrativos, a los efectos de lograr una mayor eficacia en las medidas de cumplimiento de la ley tendientes a combatir los delitos establecidos en la Convención. Entre otras medidas, se prevé el compromiso de mejorar los canales de comunicación -o, de ser necesario establecerlos- entre sus autoridades, organismos y servicios competentes para facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre los delitos comprendidos en la Convención. Vinculado a ello, se prevé la necesidad de facilitar la coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes, así como la promoción del intercambio de personal y otros expertos, incluyendo la designación de oficiales de enlace, de conformidad con los acuerdos existentes entre los Estados Parte interesados.

También se considera necesario, a los efectos de aumentar la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, proporcionar, cuando sea procedente, los elementos o las cantidades de sustancias necesarias con fines de análisis o investigación, intercambiar información y coordinar las medidas adoptadas para una pronta detección de los delitos incluidos en la Convención.

Un aspecto importante en la consecución del objetivo establecido en el artículo 28, es la cooperación entre los Estados Parte en la realización de indagaciones sobre identidad, paradero y actividades de las personas presuntamente implicadas en los delitos incluidos en la Convención, el movimiento del producto del delito o bienes derivados de la comisión de aquellos, así como el movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de los referidos delitos.

Para lograr dar efecto a la Convención, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus organismos encargados de hacer cumplir la ley. Si estos acuerdos ya existen, se tratará de adecuarlos y si no existen, los Estados podrán considerar esta Convención como la base para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley con respecto a los delitos comprendidos en ella. Para aumentar la asistencia, y en cuanto sea procedente, los Estados Parte recurrirán incluso a la celebración de acuerdos con organizaciones internacionales o regionales.

e) Desarrollo económico y asistencia (artículo 30).

Los Estados Parte se comprometen a adoptar disposiciones tendientes a la aplicación óptima de la Convención, mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta, en general, los efectos adversos de la delincuencia organizada en la sociedad, y en particular, en el desarrollo sostenible.

Asimismo, se obligan a esforzarse, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre sí, con organizaciones internacionales y regionales, con el objeto de intensificar su cooperación, aumentar la asistencia financiera, material y técnica a los países en desarrollo, para fortalecer sus capacidades para combatir eficazmente la delincuencia organizada internacional y ayudarlos a aplicar la Convención. A dichos efectos, los Estados Parte procurarán efectuar contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta designada específicamente en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. En este sentido, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad, siempre conforme a su derecho interno ya la Convención, de aportar a la referida cuenta, un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del producto del delito o de los bienes ilícitos decomisados de conformidad con lo previsto en la Convención. Los Estados también se esforzarán por alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras para que se sumen a los esfuerzos realizados en virtud del presente artículo, especialmente proporcionando más programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo.

Dentro de lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos ya existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en el ámbito bilateral, regional o internacional. Además, los Estados Parte podrán celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y logística para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la Convención y para prevenir, detectar y combatir la delincuencia organizada transnacional.

II.16. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN (ARTÍCULO 20).

Con el objeto de combatir en forma eficaz la delincuencia organizada, las autoridades competentes de los Estados Parte adoptarán en su territorio, dentro de los límites establecidos por los principios fundamentales de su derecho interno y dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para permitir el recurso adecuado a la entrega vigilada y, si lo consideran apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de investigación, entre los que se encuentran la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas.

Para investigar los delitos incluidos en la Convención, se estimula a los Estados Parte a celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar las referidas técnicas especiales de investigación en el marco de la cooperación el ámbito internacional, los que se celebrarán respetando el principio 'de la igualdad soberana de los Estados. De no existir estos acuerdos, la decisión de acudir a técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso especial y, en caso de ser necesario, se tendrán en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.

La decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá incluir la interceptación de bienes, autorizarlos a proseguir intactos, retirarlos o sustituirlos total o parcialmente. Para ello, se necesitará el consentimiento de los Estados Parte interesados.

II.17. PROTECCIÓN DE TESTIGOS (ARTÍCULOS 24 y 25).

Cada Estado adoptará medidas adecuadas, dentro de sus posibilidades, para brindar protección contra posibles actos de represalia o intimidación a los testigos o víctimas que participen en actuaciones penales y que den testimonio sobre delitos comprendidos en la Convención. Dicha protección se extenderá a sus familiares y otras personas cercanas, cuando proceda. Las medidas de protección de testigos y víctimas están enumeradas en forma no taxativa en el artículo 24 y podrán consistir, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluyendo el derecho a garantías procesales, en establecer procedimientos para la protección física de las personas, incluyendo su reubicación y permitir la prohibición de revelar información relativa a su identidad y paradero. Asimismo, la protección podrá consistir en la adopción de medidas que permitan que los testigos presten su testimonio sin poner en peligro su seguridad, por ejemplo, utilizando tecnologías de comunicación como las videoconferencias.

A los efectos de reubicar a los testigos, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos con otros Estados.

Las víctimas de los delitos comprendidos en la Convención serán objeto de protección y asistencia, aun cuando no actúen en calidad de testigos, en particular, cuando sean objeto de amenaza de represalia o intimidación. A dichos efectos, los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas apropiadas. Asimismo, los Estados establecerán procedimientos adecuados para que estas víctimas puedan obtener una indemnización. Dentro de los límites establecidos por el derecho interno, los Estados Parte permitirán que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes, sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

II.18. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (ARTÍCULO 28).

Los Estados Parte se obligan a considerar la posibilidad de analizar las tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en las que esta actúa, así como los grupos profesionales y las tecnologías involucradas, todo ello en consulta con los círculos científicos y académicos.

Asimismo, considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir experiencia sobre las actividades de la delincuencia organizada a nivel bilateral o a través de organizaciones regionales e internacionales. Entre estas organizaciones, deberán incluirse la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el Consejo de Cooperación Aduanera y la Oficina Europea de Policía (EUROPOL).

Finalmente, a nivel nacional, los Estados Parte estudiarán la posibilidad de vigilar sus política y las medidas en vigor tendientes a combatir la delincuencia organizada, evaluando su eficacia y eficiencia.

II.19. CAPACITACIÓN y ASISTENCIA TÉCNICA (ARTÍCULO 29).

Uno de los aspectos más importantes en lo referente a la prevención y combate de la delincuencia organizada es la capacitación del personal vinculado a esta tarea, Por ese motivo, la Convención ha previsto en su artículo 29, la obligación de los Estados Parte de formular, desarrollar o perfeccionar programas de capacitación concebidos especialmente para el personal de los servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los fiscales, jueces de instrucción, personal de aduanas y otro personal encargado de la prevención, detección y control de los delitos previstos en la Convención.

Los programas de capacitación se referirán, especialmente a los métodos empleados en la prevención, detección y control de los delitos, las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente involucradas en los mismos y las medidas de lucha correspondientes, la vigilancia del movimiento de bienes de contrabando, la obtención de pruebas, la detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para la comisión del mismo, así como los métodos empleados para transferir, ocultar o disimular dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos, y los métodos utilizados para el combate del blanqueo de dinero y otros delitos financieros, las técnicas de control en zonas y puertos francos, el equipo y las técnicas modernos utilizados para el cumplimiento de la ley, incluyendo la entrega vigilada, la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas; los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada transnacional mediante la tecnología moderna y los métodos para la protección de víctimas y testigos.

Para la planificación y ejecución de estos programas, los Estados Parte se comprometen a prestarse asistencia ya promover la cooperación y el examen de los problemas de interés común, a través de la celebración de conferencias y seminarios. Asimismo, se obligan a promover actividades de capacitación y asistencia técnica que faciliten la extradición y la cooperación judicial.

En caso de estar vinculados por acuerdos bilaterales o multilaterales, los Estados Parte intensificarán sus esfuerzos por optimizar las actividades operacionales y de capacitación en organizaciones internacionales y regionales, tales como la INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas.

II.20. PREVENCIÓN (ARTÍCULO 31).

La prevención de la delincuencia organizada internacional constituye uno de los aspectos fundamentales de la Convención. A dichos efectos, ésta prevé la necesidad de que los Estados formulen y evalúen proyectos de carácter nacional.

Los Estados deberán procurar la adopción de medidas tendientes a reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar en mercados lícitos con el producto del delito. Tales medidas deberán referirse, en particular, al fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas, la promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y privadas interesadas y códigos de conducta para los profesionales. También se referirán a la prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos organizados de licitaciones públicas, subsidios y licencias otorgados por autoridades públicas para realizar actividades comerciales. Asimismo, las medidas deberían contemplar la prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte de grupos delictivos organizados, mediante el establecimiento de registros de personas jurídicas y naturales involucradas en la constitución, gestión y financiación de personas jurídicas, la inhabilitación por un tiempo razonable a quienes sean condenados por los delitos establecidos en esta Convención para actuar como directores de personas jurídicas, el establecimiento de registros nacionales en los que consten estas personas y el intercambio de información de estos registros con las autoridades pertinentes de otros Estados Parte.

Los Estados Parte tratarán de promover la reintegración social de las personas condenadas por los delitos incluidos en la Convención.

Asimismo, los Estados Parte tratarán de evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las prácticas administrativas vigentes, para detectar si existe peligro de que sean utilizadas indebidamente por grupos delictivos organizados.

La información tiene un rol preventivo muy importante en el logro de los fines perseguidos por la Convención. Es así que los Estados Parte se obligan a tratar de sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada transnacional y su amenaza.

Finalmente, los Estados se comprometen a colaborar entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, para promover y formular medidas de prevención, incluyendo la participación en proyectos internacionales, por ejemplo, a través de la mitigación de las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos socialmente marginados a las actividades de la delincuencia organizada transnacional.

II.21. CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN (ARTÍCULOS 32 y 33).

Se prevé el establecimiento de una Conferencia de las Partes en la Convención con la finalidad de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia organizada transnacional y para promover y examinar la aplicación del referido instrumento. Con ese objetivo, la Conferencia concertará mecanismos para facilitar de actividades de capacitación, asistencia técnica, prevención e intercambio de información sobre delincuencia organizada transnacional por parte de los Estados, cooperar con organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales.

Asimismo, concertará mecanismos para examinar periódicamente la aplicación de la Convención y formular recomendaciones para mejorar la Convención y su aplicación. A los efectos de cumplir con esta acción, los Estados pondrán en conocimiento de la Conferencia las medidas adoptadas y las dificultades encontradas en la aplicación de la Convención. Además, brindarán información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la Convención, según lo requiera la Conferencia.

Los servicios de secretaría de la Conferencia serán prestados por el Secretario General de las Naciones Unidas. La secretaría deberá asistir a la Conferencia en la realización de sus actividades, organizará sus períodos de sesiones y le prestará los servicios necesarios, asistirá a los Estados Parte a los efectos de suministrar información a la Conferencia y velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

La Conferencia será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas, a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Convención. Dicha Conferencia aprobará las reglas de procedimiento y las normas que regirán sus actividades.

II.22. APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN (ARTÍCULO 34).

Los Estados Parte se obligan a adoptar, según los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas necesarias -incluyendo las de naturaleza legislativa y administrativa- para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de la Convención.

Asimismo, deberán tipificar en su derecho interno los delitos establecidos en los artículos 5, 6, 8 y 23 de la Convención, independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado, salvo en la medida en que el artículo 5 de este instrumento exija la participación de un grupo delictivo organizado.

Lo expresado no impedirá a los Estados Parte, la adopción de medidas más estrictas que las previstas en la Convención, con el objeto de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.

- II -

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES y NIÑOS

III.1. INTRODUCCIÓN.

El tráfico de seres humanos constituye actualmente el negocio de más rápido crecimiento para el crimen organizado. Pese a la escasez de datos estadísticos ocasionada por la falta de una investigación sistemática sobre la cuestión, se estima que más de setecientas mil personas son víctimas de tráfico cada año con el propósito de explotarlas sexualmente y de realizar trabajos forzados. A dichos efectos, son transportadas a través de fronteras y son vendidas, razón por la cual puede considerarse a esta actividad como una modalidad moderna de la esclavitud. Por ese motivo, se hace necesario fortalecer la respuesta de la justicia penal a este fenómeno delictivo, no sólo a través de medidas legislativas y educativas, sino también por medio de la cooperación nacional e internacional. El apoyo y protección de las víctimas que comparecen en calidad de testigos es una clave para perseguir a los cabecillas que se encuentran detrás de esta conducta delictiva.

III.2. PREÁMBULO.

El Preámbulo del Protocolo se refiere a la necesidad de adoptar un enfoque amplio e internacional tanto en los países de origen, como en los de tránsito y destino, para prevenir y combatir en forma eficaz la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Se reconoce que, pese a que existe una gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales entre los que se encuentra la Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía ninguno de ellos aborda todos los aspectos que abarca la trata de personas, lo cual hace que las personas que son víctimas de este tipo de conductas, no se encuentre protegida en forma suficiente.

El Preámbulo reconoce que el presente Protocolo constituye un complemento a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, siendo su objeto la prevención, represión y sanción de la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

III.3. FINALIDAD (ARTÍCULO 2).

El Protocolo tiene dos fines principales y uno de carácter instrumental. Los fines principales son la prevención y combate de la trata de personas con particular atención de las mujeres y los niños, y la protección y ayuda a las víctimas de la trata. A dichos efectos, el Protocolo se propone la promoción de la cooperación entre los Estados Partes. Por ese motivo, este instrumento no sólo tipifica delitos, sino que además contiene disposiciones relativas al establecimiento de medidas de cooperación, de control contra los traficantes y de protección y asistencia a las víctimas.

III.4. DEFINICIONES (ARTÍCULO 3).

Siguiendo la misma técnica del Convenio, para facilitar su aplicación y al mismo tiempo, evitar interpretaciones divergentes, el Protocolo incluye la definición de algunos términos esenciales:

a) Trata de personas (apartados a, b y c).

A los efectos del Protocolo, la "trata de personas" se define por la sumatoria de una conducta (la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas), un medio (la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación en que la persona no tiene otra opción que someterse al abuso, el otorgamiento o la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra) y un fin, que es la explotación. Esta última comprende "como mínimo" la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la misma, la servidumbre o la extracción de órganos.

El consentimiento que la víctima hubiera dado a cualquier forma de explotación intencional, según lo descripto en el apartado a) no se tendrá en cuenta, si se ha recurrido a alguno de los medios enumerados en dicho apartado.

Finalmente, el apartado c) prevé que, aun en el caso de que no se utilicen los medios ilícitos enumerados en el apartado a), se configurará la trata de personas si la conducta y los fines responden a las características establecidas en el referido apartado.

b) Niño (apartado d).

El Protocolo recoge el mismo criterio adoptado en la Convención sobre Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. En efecto, se considera dentro de este concepto a toda persona menor de dieciocho años.

III.5. ÁMBITO DE APLICACIÓN (ARTÍCULO 4).

Salvo disposición en contrario, el Protocolo se aplica a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados de conformidad con el artículo 5, así como a la protección de las víctimas:

a) Cuando tengan carácter transnacional.

El Protocolo no define en qué consiste la "transnacionalidad" del delito. Sin embargo, teniendo en cuenta el vínculo entre el Protocolo y la Convención sobre Delincuencia Organizada Transnacional, parece adecuado acudir al concepto que brinda esta última en el párrafo 2 del artículo 3. Así, se considerará que el delito tiene carácter transnacional si se comete en más de un Estado, si se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro, si se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado o, finalmente, si se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro.

b) Cuando entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

En este aspecto, también es necesario acudir a la definición adoptada por la Convención. En el párrafo a) de su artículo 2 se establece que un "grupo delictivo organizado" es un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

III.6. PENALIZACIÓN (ARTÍCULO 5).

El párrafo 1 del artículo 5 contiene una norma programática que exige a los Estados Parte la adopción de medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3, cuando se cometan intencionalmente.

Asimismo, deberán adoptarse medidas para tipificar como delito la tentativa de comisión de los referidos delitos, la participación como cómplice y la organización o dirección de otras personas para la comisión de uno de los delitos antes mencionados.

III.7. PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS.

El Protocolo no sólo requiere que los Estados Partes tomen medidas contra los traficantes, sino que también los obliga a proteger y asistir a quienes son víctimas de la trata de personas.

a) Asistencia y protección (artículo 6).

Los Estados Parte, cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, deberá proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, mencionándose a modo de ejemplo, la tutela de la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata. Asimismo, deberá esforzarse por prever la seguridad física de las víctimas que se encuentren en su territorio.

Además, los Estados deberán velar por que en su ordenamiento jurídico o administrativo interno se incluyan medidas tendientes a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, información sobre procedimientos judiciales o administrativos y asistencia destinada a permitir que puedan presentar sus opiniones en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes y que dichas opiniones sean analizadas sin que nada de ello menoscabe los derechos de la defensa.

Por otra parte, tanto el Estado de origen como el receptor de las víctimas, mientras esta se encuentre dentro de su territorio, deberán considerar la posibilidad de adoptar medidas relativas a su recuperación física, psicológica y social. A dichos efectos, se prevé la cooperación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil. Entre las medidas a tomar se prevé la búsqueda de un alojamiento adecuado, asesoramiento e información -fundamentalmente en cuanto a sus derechos- en idioma comprensible para la víctima, asistencia médica, psicológica y material y oportunidades de empleo, educación y capacitación.

Al aplicar las medidas establecidas en este artículo, el Estado deberá tener en cuenta la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas, en particular con respecto a los niños.

Por último, cada Estado velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea la posibilidad de que las víctimas obtengan una indemnización por los daños sufridos.

b) Permanencia de las víctimas en el Estado receptor (artículo 7).

El status jurídico de las víctimas y su devolución a sus países de origen fue objeto de extensas negociaciones. En general, los países desarrollados a los cuales son llevadas las víctimas asumieron la posición de que no debería existir un derecho a permanecer, por cuanto ello constituiría un incentivo tanto para el tráfico como para la migración ilegal. Los países cuyos nacionales tenían más probabilidad de ser víctimas, deseaban una mayor protección para las víctimas.

Finalmente, el Protocolo llegó a la solución de que las Partes deberán considerar la posibilidad de adoptar medidas que permitan que las víctimas de trata de personas permanezcan en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda, tomando en consideración los factores humanitarios y personales.

c) Repatriación (artículo 8).

Cuando el Estado Parte receptor de una víctima de la trata de personas lo solicite, todo Estado Parte requerido deberá verificar, sin demora indebida o injustificada, si la víctima es un nacional o tenía derecho de residencia permanente en su territorio al tiempo de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor.

El Estado Parte del que una víctima sea nacional o en el que tenga derecho de residencia permanente al momento de su ingreso en el Estado Parte receptor, deberá facilitar y aceptar sin demora indebida o injustificada la repatriación de dicha persona, teniendo debidamente en cuenta su seguridad. A dichos efectos, en caso de que la víctima carezca de la debida documentación, el Estado del cual la víctima sea nacional o en el que tenga residencia permanente expedirá, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización que sean necesarios; para viajar a su territorio y reingresar en él.

Por su parte, el Estado Parte que disponga la repatriación de una víctima al Estado Parte del que la misma sea nacional o donde tenga derecho de residencia permanente al tiempo de ingresar en el territorio del primero, deberá velar por que dicha repatriación se realice teniendo en cuenta la seguridad de la víctima y el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.

Lo dispuesto en este artículo no afectará los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de personas por el derecho interno del Estado Parte receptor y se deberá entender sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija la repatriación de las víctimas de la trata de personas.

III.8. PREVENCIÓN, COOPERACIÓN Y OTRAS MEDIDAS.

a) Prevención (artículo 9).

En materia de prevención se consagran una serie de medidas a adoptar por los Estados Partes a nivel interno, con el objetivo de prevenir y combatir la trata de personas, así como de proteger a las víctimas de la referida conducta, en particular mujeres y niños, contra un nuevo riesgo de victimización.

Entre las medidas de prevención y combate de la trata se mencionan las actividades de investigación, información y difusión, iniciativas sociales y económicas, previéndose, cuando proceda, la posibilidad de actuar en cooperación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil.

En el párrafo 4 se identifican algunos factores que propician la existencia del fenómeno del tráfico de personas, entre los que se encuentran la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas. En ese sentido, los Estados Partes se comprometen a tomar medidas o reforzar las ya existentes para mitigar dichos factores, a cuyos efectos recurrirán en particular a la cooperación bilateral o multilateral. A ello se deberá sumar la adopción de medidas legislativas, educativas, sociales y culturales o reforzamiento de las ya existentes, para desalentar la demanda que propicie cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas.

b) Información y capacitación (artículo 10).

La cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y migratorias de los Estados Parte, se pone de manifiesto fundamentalmente a través del intercambio de información destinado a determinar si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera indocumentados o con documentos de viaje pertenecientes a terceros, son autores o víctimas de la trata de personas, los documentos de viaje utilizados para cruzar una frontera internacional con fines de trata de personas, y los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados con el objeto de llevar adelante la trata de personas, las rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha trata, así como posibles medidas para detectarlos.

El Estado Parte que reciba información deberá dar cumplimiento a la solicitud que le formule el Estado Parte que se la ha proporcionado en cuanto a imponer restricciones a su utilización.

Otro aspecto fundamental en cuanto a la prevención y combate de la trata, es la capacitación. Por ese motivo, los Estados Parte se obligan a capacitar o a reforzar la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a los de inmigración ya otros funcionarios pertinentes, en la prevención de la trata de personas. La capacitación deberá centrarse en los métodos aplicados para la prevención de la conducta delictiva, enjuiciamiento a los traficantes y protección de los derechos de las víctimas. Asimismo, la capacitación tendrá que considerar los derechos humanos del niño y la mujer y fomentar la cooperación con organizaciones no gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil.

c) Medidas fronterizas (artículo 11).

Aun reconociendo la existencia de compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte se comprometen a reforzar, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas. Asimismo, cada Estado Parte deberá considerar la posibilidad de adoptar medidas que permitan denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de los delitos tipificados en el Protocolo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, sobre cooperación en materia de cumplimiento de la ley, los Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, entre otros, estableciendo y manteniendo mecanismos de comunicación directos.

Cada Estado Parte deberá adoptar medidas legislativas o de otro tipo para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los delitos tipificados en el artículo 5. Entre esas medidas se incluirá, cuando proceda y sin perjuicio de los instrumentos internacionales aplicables, la obligación de los transportistas comerciales -incluyendo en dicho concepto a las empresas de transporte, los propietarios y los explotadores de cualquier medio de transporte- de cerciorarse de que todos los pasajeros porten los documentos de viaje necesarios para ingresar legalmente en el Estado receptor. En este mismo sentido, los Estados Parte se obligan a disponer lo necesario para establecer sanciones en caso de incumplimiento de la obligación precitada.

d) Control de documentos. Legitimidad y validez (artículos 12 y 13).

Entre los mecanismos utilizados para consumar el delito de trata de personas, se encuentra la utilización ilícita de documentos de viaje legítimos, pasaportes falsos, el ingreso sin inspección, la permanencia en el territorio de un Estado por más tiempo del permitido por la visa.

Por ese motivo, el Protocolo dedica una disposición a la seguridad y al control de los documentos de viaje o de identidad, previendo la necesidad de que cada Estado Parte, con los medios de que disponga, adopte las medidas necesarias para garantizar la necesaria calidad de dichos documentos, para que no puedan utilizarse indebidamente ni falsificarse, alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita fácilmente. Asimismo, los Estados Parte deberán adoptar medidas para garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expidan o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de los mencionados documentos. Los Estados Partes, en caso de que otro así lo solicite, deberán verificar la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas.

III.9. CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA (ARTÍCULO 14).

El párrafo 1 consagra que nada de lo dispuesto en el Protocolo afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas previstos en el derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos, en especial, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo del año 1967 (aprobados por ley Nº 13.777 de 17 de octubre de 1969), así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

Las medidas incluidas en el Protocolo deberán interpretarse y aplicarse de forma que no sean discriminatorias para las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de personas y en consonancia con los principios internacionalmente reconocidos en la materia.

- IV -

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR y AIRE

IV.1. INTRODUCCIÓN.

Es importante destacar la trascendencia actual de las migraciones, en tanto constituyen una realidad que involucra a millones de personas ya muchos Estados de la comunidad internacional. Este fenómeno involucra en una importante cantidad de casos, situaciones de tránsito clandestino y otros problemas, entre los que se encuentra el empleo frecuente de trabajadores no documentados o en situación irregular, empresas que pretenden obtener beneficios mediante el ofrecimiento a los migrantes de condiciones de trabajo menos favorables que las de otros trabajadores.

El presente Protocolo se refiere al creciente problema de los grupos criminales organizados que trafican con migrantes, a menudo con un alto riesgo para éstos y un gran provecho de los delincuentes. El Protocolo contra la Trata de Personas se refiere al problema de la esclavitud moderna, en el que se saca provecho pro parte de delincuencia organizada, del deseo de la gente de buscar una vida mejor. Los migrantes, a menudo son confinados o coaccionados en formas de empleo opresivas o de explotación, muchas veces en forma de comercio del sexo o en ocupaciones peligrosas, en las que los ingresos ilícitos que se generan van al crimen organizado.

IV.2. PREÁMBULO.

El Preámbulo del Protocolo declara que la prevención y el combate eficaz del tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire requiere un enfoque amplio e internacional, que implique la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas, incluyendo las de carácter socioeconómico, a nivel nacional, regional e internacional.

Al recordar la resolución 54/212 de la Asamblea General, se reconoce la "necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración, sobre todo las relacionadas con la pobreza, a través del fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de la migración internacional y el desarrollo.

Al tiempo que se declara el convencimiento de la necesidad de dar un trato humano a los migrantes y de proteger sus derechos humanos plenamente, se advierte que no existe un instrumento universal que abarque todos los aspectos del tráfico ilícito de migrantes y otras cuestiones conexas. En este aspecto, pueden considerarse como antecedentes importantes del presente Protocolo, los siguientes instrumentos adoptados por la Organización Internacional del Trabajo referidos al tema: Convenios Nº 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio y Nº 97 relativo a la contratación, colocación y condiciones de trabajadores migrantes aprobados por Ley Nº 12.030 de 27 de noviembre de 1953 y Convenio Nº 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso, aprobado por Ley Nº 13.657 de 16 de mayo de 1968. A los referidos Convenios debe sumarse la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas por resolución 45/158 de 18 de diciembre de 1990 en su XL V Período Ordinario de Sesiones. Sin embargo, cada uno de ellos aborda parcialmente la problemática de la migración.

El Protocolo tiene su origen en la preocupación causada por el importante crecimiento de los grupos delictivos organizados vinculados con el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades delictivas conexas, que provocan perjuicios a los Estados y pone en riesgo la vida y la seguridad de los migrantes involucrados. Su texto es fruto de los trabajos del comité especial intergubernamental de composición abierta establecido por resolución 53/111 de la Asamblea General de 9 de diciembre de 1998.

IV.3. FINALIDAD (ARTÍCULO 2).

El Protocolo tiene como finalidad principal la prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes. A dichos efectos, se prevé la necesidad de promover la cooperación entre los Estados Parte. Asimismo, se propone como finalidad adicional, la protección de los derechos de los migrantes que son víctimas del tráfico.

IV.4. DEFINICIONES (ARTÍCULO 3).

Para facilitar su aplicación y al mismo tiempo, evitar interpretaciones divergentes, el Protocolo incluye la definición de algunos términos esenciales:

a) Tráfico ilícito de migrantes.

Esta figura está determinada por una conducta -la facilitación de la entrada en forma ilegal de una persona en un Estado Parte del que dicha persona no sea nacional o residente permanente- y una finalidad -la obtención, directa o indirecta, de un beneficio financiero u otro beneficio de tipo material-. La entrada se considerará ilegal cuando el paso de fronteras haya tenido lugar sin haberse cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor. La referencia al beneficio se incluyó para recalcar que la noción definida engloba las actividades de grupos delictivos organizados que actúan movidos por el lucro, pero no las actividades de quienes brindan apoyo a los migrantes por razones humanitarias o de vínculos familiares estrechos (apartados a y b).

b) Documento de identidad o de viaje falso.

Para que un documento de viaje o de identidad sea considerado falso, este deberá reunir alguno de los siguientes requisitos: haber sido elaborado o expedido de forma espuria (esto comprende no sólo la creación de documentos falsos sino también la alteración de documentos legítimos y la práctica de llenar los espacios en blanco de documentos robados) o haber sido alterado materialmente por quien no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir dicho documento; haber sido expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción, coacción, o cualquier otra forma ilegal; o ser utilizado por quien no sea su titular legítimo (apartado c).

c) Buque.

Se adopta una definición amplia de buque, que abarca cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las que no tienen desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua. Quedan excluidos de la definición los buques de guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean propiedad de un Estado o explotados por éste y que en ese momento se empleen únicamente en servicios oficiales no comerciales (apartado d).

IV.5. ÁMBITO DE APLICACIÓN (ARTÍCULO 4).

Salvo disposición en contrario, el Protocolo se aplica a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados de conformidad con el artículo 6, cuando respecto a los mismos se den las siguientes características:

a) Cuando tengan carácter transnacional.

Al igual que el Protocolo relativo a la trata de personas, este instrumento no define en qué consiste la "transnacionalidad" del delito. Teniendo en cuenta el vínculo ya señalado entre los Protocolos y la Convención, parece adecuado acudir al concepto que brinda la misma en el párrafo 2 del artículo 3.

b) Cuando entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

En este aspecto, también corresponde atenerse a la definición establecida en el apartado a) del artículo 2 de la Convención, según el cual un "grupo delictivo organizado" es un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a dicho instrumento, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

IV.6. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIGRANTES (ARTÍCULO 5).

El hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas tipificadas en el artículo 6 del Protocolo, de ningún modo podrá suponer que los migrantes queden sujetos a enjuiciamiento penal.

IV.7. PENALIZACIÓN (ARTÍCULO 6).

El apartado 1 del artículo 6 contiene una norma programática que exige a los Estados Parte la adopción de medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las siguientes conductas, cuando medie intencionalidad y cuando su finalidad sea la obtención directa o indirecta de un beneficio económico o cualquier otro beneficio de carácter material:

a) el tráfico ilícito de migrantes;

b) la creación, la facilitación, el suministro o la posesión de un documento de viaje o de identidad falso, siempre y cuando estos delitos se cometan con el fin de posibilitar el tráfico de migrantes (no sería aplicable esta disposición al caso del migrante que poseyera un documento falso para su propio paso por la frontera); y

c) la habilitación de una persona que no sea nacional ni residente permanente del Estado interesado para permanecer en él sin haber cumplido los requerimientos legales, recurriendo a cualquier medio ilegal, incluidos los medios establecidos en el apartado b).

Los Estados Parte se comprometen asimismo a adoptar medidas legislativas y de otra índole para tipificar como delito la tentativa, la participación como cómplice o bien la organización o dirección de otras personas para la comisión de alguno de los delitos antes enunciados.

Finalmente, según el párrafo 3 los Estados Parte asumen la obligación de adoptar medidas legislativas y de otra índole para considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados en los párrafos anteriores, cualquier circunstancia que ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados o que dé lugar a que se les brinde un trato inhumano o degradante, particularmente con el propósito de explotación.

En ningún caso, las disposiciones del Protocolo podrán impedir que los estados Parte adopten sanciones penales o administrativas contra las personas cuya conducta constituya delito de conformidad con su derecho interno.

IV.8. TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR MAR.

El Protocolo contiene disposiciones especiales en relación al tráfico de migrantes que se realiza utilizando el medio marítimo. En la redacción de este Capítulo, se partió de la base que las medidas en él enunciadas no podrán ser adoptadas en el mar territorial de otro Estado, salvo con autorización o permiso del Estado ribereño afectado. No se consideró necesario enunciar expresamente este principio, por cuanto el mismo está debidamente consagrado en el derecho del mar.

a) Cooperación (artículo 7).

La cooperación se enfoca como un mecanismo eficiente no sólo para prevenir posibles situaciones de tráfico ilícito de migrantes por mar, sino también para reprimir los actos delictivos ya concretados. La referida cooperación deberá ajustarse a las disposiciones contenidas en el derecho internacional del mar.

b) Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar (artículo 8).

En primer lugar, se prevé la situación en que un Estado Parte tenga motivos razonables para sospechar que un buque que enarbola su pabellón o pretende estar matriculado en su registro, que carezca de nacionalidad, o que -aun cuando enarbole el pabellón de otro Estado o se niegue a izar su pabellón- tenga su nacionalidad, está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar. En este caso, el Estado interesado podrá requerir la asistencia de otros Estados Parte -quienes la prestarán en la medida de sus posibilidades- para poner fin a la utilización del buque con la referida finalidad.

En segundo término, el Protocolo contempla la hipótesis de que un Estado Parte tenga motivos razonables para sospechar que un buque que está haciendo uso de la libertad de navegación de conformidad con el derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otro Estado Parte, está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes. En esta situación, el primer Estado podrá notificar al Estado de pabellón, solicitarle la confirmación de la matrícula y en caso de que éste la confirme, pedirle autorización para visitar el buque, registrarlo, y si se encuentran pruebas de que el mismo se encuentra involucrado en el tráfico ilícito de migrantes, adoptar medidas apropiadas con respecto al buque, las personas y la carga que se encuentren a bordo. El Estado a quien se le requiera información o se le solicite autorización para adoptar medidas, deberá responder con celeridad, pudiendo someter la concesión de autorización a las condiciones que se convengan con el Estado requirente, incluidas las relativas a la responsabilidad y al alcance de las mismas. En caso de que el Estado interesado haya adoptado alguna de estas medidas, previa autorización del Estado del pabellón, deberá informar rápidamente a este último, acerca de los resultados de las mismas. El Estado requirente sólo podrá adoptar las medidas que hayan sido autorizadas por el Estado requerido, salvo aquellas que sean necesarias para eliminar un peligro inminente para la vida de las personas o las que surjan de acuerdos bilaterales o multilaterales. A los efectos de agilizar la tramitación, se prevé la designación de una o varias autoridades por cada Estado Parte, que tendrán como cometido la recepción y atención de las solicitudes de asistencia, de confirmación de la matrícula o del derecho de un buque a enarbolar su pabellón y de autorización para adoptar las medidas pertinentes.

Por último, el artículo 8 prevé el caso de que un Estado Parte tenga motivos razonables para sospechar que un buque que no posee nacionalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad, esté involucrado en el tráfico ilícito de migrantes. En esta situación, el referido Estado podrá visitar y registrar el buque. Si se encuentran pruebas que confirmen la sospecha, el Estado Parte adoptará medidas apropiadas, siempre de conformidad con lo dispuesto en su derecho interno y en el derecho internacional, según corresponda.

Lo dispuesto en el artículo 8 abarca no sólo a los buques que sean sorprendidos con migrantes objeto de tráfico a bordo, sino también a los llamados "buques nodriza" que transportan a migrantes objeto de tráfico en alta mar.

c) Cláusulas de protección (artículo 9).

Cuando un Estado Parte adopten medidas contra un buque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, deberá garantizarse la seguridad y el trato humano de las personas que se encuentren a bordo y tenerse en cuenta la necesidad de no poner en peligro la seguridad del buque o su carga, así como de no perjudicar los intereses comerciales o jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado interesado. Asimismo, se velará, dentro de los medios disponibles, por que las medidas adoptadas con respecto al buque sean ecológicamente razonables.

En caso de que las razones por las que se adoptaron las medidas establecidas en el artículo 8 no fueran fundadas y siempre que el buque no hubiera cometido ningún acto que las justifique, éste será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido.

Al adoptar o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 8, deberá tenerse en cuenta la necesidad de no interferir ni menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados ribereños en el ejercicio de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional del mar, ni en la competencia del Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción y el control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales relacionadas con el buque.

Las medidas que se adopten serán ejecutadas por buques de guerra o aeronaves militares o bien por otros buques o aeronaves que tengan signos claros, que sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno y que estén autorizados para tal fin.

IV.9. PREVENCIÓN, COOPERACIÓN Y OTRAS MEDIDAS.

a) Información (artículo 10).

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Convención en materia de cooperación en el cumplimiento de la ley e información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada, los Estados Parte, en particular los que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, se obligan a intercambiar -dentro de los límites de sus ordenamientos jurídicos y administrativos internos- información relativa a lugares de embarque, destino, rutas, transportistas y medios a los que se sabe o se sospecha que recurren los grupos delictivos organizados que llevan a cabo los actos tipificados en el artículo 6.

La información a intercambiar también versará sobre la identidad y métodos de las organizaciones o grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las referidas conductas, la autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Parte, casos de robo o concomitante utilización ilegítima de dichos documentos, así como los medios y métodos utilizados para la ocultación y transporte de personas, la alteración, reproducción o adquisición ilícita, o cualquier utilización indebida de documentos de viaje o de identidad usados en las conductas enunciadas en el artículo 6, así como las formas de detentarlos.

También se prevé la cooperación a través de la información de experiencias legislativas, prácticas y medidas conexas para prevenir y combatir las conductas delictivas contempladas en este Protocolo.

El Estado Parte que reciba información deberá dar cumplimiento a la solicitud que le formule el Estado Parte que se la ha proporcionado, en cuanto a imponer restricciones a su utilización.

b) Medidas fronterizas (artículo 11).

Sin perjuicio de reconocer la existencia de compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte se comprometen a reforzar, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, cada Estado Parte deberá considerar la posibilidad de adoptar medidas que permitan denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de los delitos incluidos en el Protocolo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, acerca de la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, los Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, entre otros, estableciendo y manteniendo mecanismos de comunicación directos.

Cada Estado Parte deberá adoptar medidas legislativas o de otro tipo para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión del delito de tráfico de migrantes. Entre esas medidas se incluirá, cuando proceda y sin perjuicio de los instrumentos internacionales aplicables, la obligación de los transportistas comerciales -incluyendo en dicho concepto a las empresas de transporte, los propietarios y los explotadores de cualquier medio de transporte- de cerciorarse de que todos los pasajeros lleven consigo los documentos de viaje necesarios para ingresar legalmente en el Estado receptor. En este mismo sentido, los Estados Parte se obligan a adoptar medidas para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación precitada.

c) Seguridad, control, legitimidad y validez de documentos (artículos 12 y 13).

El Protocolo dedica una disposición a la seguridad y al control de los documentos de viaje o de identidad, previendo la necesidad de que cada Estado Parte, con los medios de que disponga, adopte las medidas necesarias para garantizar la calidad de dichos documentos, para que no puedan utilizarse indebidamente, falsificarse, alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita fácilmente. Asimismo, los Estados Parte deberán adoptar medidas para garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expidan o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de los mencionados documentos.

Por otra parte, los Estados Parte deberán verificar -cuando otro Estado Parte lo solicite-, según las normas de su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre, que sean sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas establecidas en el artículo 6 de este Protocolo.

d) Capacitación y cooperación técnica (artículo 14).

Uno de los aspectos fundamentales para la prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes es la capacitación de los funcionarios vinculados al control migratorio y áreas conexas. En virtud de ello, mediante la presente disposición, los Estados Parte asumen el compromiso de impartir o bien reforzar la capacitación en la prevención de las conductas previstas en el artículo 6 y en el trato humano de los migrantes que sean víctimas de dicha conducta, a los funcionarios de inmigración ya otros funcionarios pertinentes.

La capacitación del personal no sólo debe tender a la prevención, sino también al combate y erradicación de las conductas antes mencionadas. A dichos efectos, los Estados se obligan a cooperar entre sí, con las organizaciones internacionales competentes, las organizaciones no gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil. La capacitación deberá incluir, entre otros aspectos, la mejora de la seguridad y calidad de los documentos de viaje, el reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados, la compilación de información de inteligencia criminal, la mejora de los procedimientos para detectar a las personas objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales, el trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos.

Asimismo, los Estados Parte que tengan conocimientos especializados en la materia, considerarán la posibilidad de brindar asistencia técnica a los Estados de origen o de tránsito de migrantes que hayan sido víctimas de las conductas previstas en el artículo 6, haciendo lo posible por suministrar recursos tales como vehículos, sistemas de informática y lectores de documentos.

e) Otras medidas de prevención (artículo 15).

Como medida fundamental en materia de prevención del tráfico ilícito de migrantes, el Protocolo consagra la instauración o el refuerzo de programa de información en cada Estado Parte, con el objetivo de alcanzar una mayor conciencia por parte de la opinión pública en cuanto a que las conductas establecidas en el artículo 6 constituyen una actividad delictiva frecuentemente realizada por grupos delictivos organizados con fines de lucro y que implica graves riesgos para los migrantes que son objeto de la misma. También se prevé la cooperación entre Estados Parte para impedir que potenciales migrantes sean víctimas de grupos delictivos organizados.

El Protocolo reconoce la necesidad de tener en cuenta las realidades socioeconómicas que propician la migración y de prestar atención a las zonas económica y socialmente deprimidas, identificando entre las causas fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, a la pobreza y el subdesarrollo. A dichos efectos, se prevé la adopción -por cada Estado Parte- de medidas de promoción o incremento de los programas y de la cooperación para el desarrollo en los ámbitos nacional, regional e internacional.

f) Protección y asistencia (artículo 16).

Los Estados Parte deberán adoptar, de acuerdo con las obligaciones asumidas en el ámbito del derecho internacional, todas las medidas necesarias para reservar y proteger los derechos de las víctimas de las conductas previstas en el artículo 6 del Protocolo, en especial el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Además, los Estados Parte deberán tomar medidas de protección de los migrantes contra actos de violencia que puedan ejercer contra ellos personas o grupos, por el motivo de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6. Asimismo, los migrantes cuya vida o seguridad haya sido puesta en peligro por el mismo motivo, deberán recibir asistencia de los Estados Parte.

En la aplicación de estas disposiciones, los Estados deberán tener en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños.

Si una persona objeto de alguna de las conductas incluidas en el artículo 6 del Protocolo resulta detenida, los Estados Parte se comprometen a cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, entre ellas la de informar sin demora a la persona afectada sobre las disposiciones relativas a la notificación del personal consular y al establecimiento de comunicación con el mismo.

g) Repatriación de migrantes objeto de tráfico (artículo 18).

Cuando el Estado Parte receptor de una víctima de las conductas previstas en el artículo 6 lo solicite, todo Estado Parte requerido deberá verificar, sin demora indebida o injustificada, si la víctima es un nacional o tenía derecho de residencia permanente en su territorio.

El Estado Parte del que una víctima sea nacional o en el que tenga derecho de residencia permanente al momento de su entrada en el Estado receptor, deberá facilitar y aceptar sin demora indebida o injustificada la repatriación. A dichos efectos, en caso de que la víctima carezca de la debida documentación, el Estado del cual la víctima sea nacional o en el que tenga residencia permanente expedirá, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización que sean necesarios para viajar a su territorio y reingresar en él.

Por su parte, los Estados Parte que intervengan en la repatriación de una víctima al Estado Parte del que la misma sea nacional o donde tenga derecho de residencia permanente al tiempo de ingresar en el territorio del primero, deberán adoptar todas las medidas procedentes para que dicha repatriación se realice en forma ordenada y teniendo en cuenta la seguridad y dignidad de la víctima.

Para el cumplimiento de lo dispuesto, los Estados Parte podrán cooperar con las organizaciones internacionales correspondientes.

Las previsiones de este artículo se deben entender sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija la repatriación de las víctimas de la trata de personas. Asimismo, dichas disposiciones en ningún caso menoscabarán los derechos reconocidos por el derecho interno el Estado receptor a las personas que hayan sido objeto de las conductas previstas en el Protocolo.

h) Acuerdos y arreglos (artículo 17).

Los Estados Parte asumen el compromiso de considerar la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales, regionales o arreglos operacionales tendientes a adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para prevenir y combatir las conductas previstas en el artículo 6, o contribuir conjuntamente a reforzar las disposiciones del Protocolo.

IV.10. CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA (ARTÍCULO 19).

El párrafo 1 consagra que nada de lo dispuesto en el Protocolo afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas previstos en el derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos, y especialmente, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo del año 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

Las medidas incluidas en el Protocolo se interpretarán y aplicarán en forma no discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas de las conductas previstas en el artículo 6 y en consonancia con los principios internacionalmente reconocidos en la materia.

- V -

DISPOSICIONES COMUNES A LOS TRES
INSTRUMENTOS

V.1. RELACIÓN DEL PROTOCOLO CON LA CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.

Los Protocolos constituyen un complemento a la Convención, previéndose que para ser parte en uno de ellos, los Estados o las organizaciones regionales de integración económica también deberán serio en la Convención. Los Protocolos deberán interpretarse conjuntamente con esta última. Sus disposiciones se aplicarán mutatis mutandis a los Protocolos, salvo que los mismos dispongan otra cosa. Asimismo, los delitos tipificados de conformidad ton lo establecido en los Protocolos se considerarán delitos tipificados según la Convención (artículo 37 de la Convención y artículo 1 de los Protocolos sobre trata de personas y contra el tráfico ilícito de migrantes).

V.2. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Tanto la Convención (artículo 35) como los Protocolos sobre la trata de personas y contra el tráfico de migrantes (artículos 15 y 20 respectivamente) prevén que los Estados Parte deberán procurar resolver las controversias vinculadas con la interpretación o aplicación de los referidos instrumentos por medio de la negociación.

En caso de que ello no sea posible dentro de un plazo razonable, a solicitud de uno de los Estados Parte en la controversia, ésta deberá someterse a arbitraje. Si no se hubiera logrado acuerdo en torno a la organización del mismo dentro de un plazo de seis meses a partir de la solicitud, cualquiera de dichos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia (apartado 2). Este aspecto de la norma podrá ser objeto de reserva al momento de la firma, ratificación, adhesión, aceptación, aprobación de la Convención. En este caso, los demás Estados Parte no quedarán vinculados por lo dispuesto en el párrafo 2. Esta reserva podrá ser retirada en cualquier momento, previa notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.

V.3. FIRMA, RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN y ADHESIÓN.

La Convención y los Protocolos que se someten a consideración de ese Cuerpo quedaron abiertas a la firma de todos los Estados desde la fecha de su aprobación hasta el 12 de diciembre de 2002 (artículos 36 de la Convención, 16 y 21 del Protocolo sobre trata de personas y del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes respectivamente). Dichos instrumentos también quedaron abiertos a la firma de las organizaciones regionales de integración económica, siempre que por lo menos uno de los Estados miembros de dichas organizaciones haya firmado la Convención.

Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se deben depositar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el caso de las organizaciones regionales de integración económica, éstas podrán depositar el instrumento correspondiente, si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual forma. En dicho instrumento, las organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones reguladas por la Convención y los Protocolos. Se procederá de la misma forma en el caso de la adhesión.

V.4. ENTRADA EN VIGOR.

El artículo 38 de la Convención y los artículos 17 y 22 de los Protocolos sobre trata de personas y contra el tráfico ilícito de migrantes, prevén que los referidos instrumentos entrarán en vigor el nonagésimo día después de la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, efectuado de conformidad con lo establecido en los artículos 36, 16 y 21 respectivamente. En el caso de los Protocolos, la norma establece que los mismos no podrán entrar en vigor antes que la Convención.

Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, adhiera, acepte o apruebe la Convención o los Protocolos después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención y los Protocolos entrarán en vigor el trigésimo día después de la fecha en que se haya depositado el instrumento correspondiente.

V.5. ENMIENDA.

Según el artículo 39 de la Convención y los artículos 18 y 23 de los Protocolos relativos a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes respectivamente, una vez transcurridos cinco años desde su entrada en vigor, los Estados Parte podrán proponer enmiendas escritas al Secretario General de las Naciones Unidas. Éste deberá comunicar las enmiendas propuestas a los Estados Parte ya la Conferencia de las Partes en la Convención, para que las analicen y adopten las decisiones correspondientes. La Conferencia hará lo posible por obtener el consenso acerca de cada enmienda. Agotadas las posibilidades de alcanzarlo y en caso de no haberse llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

Las enmiendas aprobadas por la Conferencia estarán sujetas a ratificación, aceptación o aprobación de los Estados Parte, entrando en vigor noventa días después del depósito del instrumento correspondiente ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

Una vez que la enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento, mientras que el resto de los Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la Convención y de los Protocolos, así como a cualquier otra enmienda posterior que ratifiquen, acepten o aprueben.

V.6. DENUNCIA.

Los Estados Parte podrán denunciar la Convención y los Protocolos mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas, surtiendo efectos un año después de la fecha de recepción de la misma por este último (artículos 40 de la Convención, 19 del Protocolo relativo a la trata de personas y 24 del Protocolo sobre tráfico ilícito de migrantes).

En el caso de las organizaciones regionales de integración económica, éstas dejarán de ser Parte en los instrumentos que son objeto de este Mensaje, cuando los hayan denunciado todos sus miembros.

La denuncia de la Convención importará la denuncia de sus Protocolos.

El Poder Ejecutivo considera de fundamental importancia la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, por cuanto representan un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y significan el reconocimiento de los Estados miembros de las Naciones Unidas de que este es un problema creciente y grave que sólo puede resolverse por medio de una estrecha cooperación internacional.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

LUIS HIERRO LÓPEZ, DIDIER OPERTTI BADÁN, DANIEL BORRELLI, ÁLVARO ROSSO, LEONARDO GUZMÁN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébanse la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 55 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Montevideo, 17 de setiembre de 2003.

DIDIER OPERTTI BADÁN, DANIEL BORRELLI, ÁLVARO ROSSO, LEONARDO GUZMÁN

TEXTO DEL CONVENIO

Artículo 1

Finalidad

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 2

Definiciones

Para los fines de la presente Convención:

a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;

c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;

d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;

g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;

i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos;

j) Por "organización regional de integración económica" se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con su procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de:

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención; y

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente Convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter transnacional si:

a) Se comete en más de un Estado;

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;

c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

Artículo 4

Protección de la soberanía

1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Artículo 5

Penalización de la participación en un
grupo delictivo organizado

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado;

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en:

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita;

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán por que su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella.

Artículo 6

Penalización del blanqueo del producto del delito

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito;

ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados;

c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta;

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante;

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

Artículo 7

Medidas para combatir el blanqueo de dinero

1. Cada Estado Parte:

a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27 de la presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización

de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.

3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.

Artículo 8

Penalización de la corrupción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.

3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias para tipificar como delito la participación como cómplice en un delito tipificado con arreglo al presente artículo.

4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de la presente Convención, por "funcionario público" se entenderá todo funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función.

Artículo 9

Medidas contra la corrupción

1. Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente Convención, cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida en su actuación.

Artículo 10

Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

Artículo 11

Proceso, fallo y sanciones

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.

2. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenir su comisión.

3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que al imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.

4. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras autoridades competentes tengan presente la naturaleza grave de los delitos comprendidos en la presente Convención al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de tales delitos.

5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pueda iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención y un plazo mayor cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.

6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que informan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.

Artículo 12

Decomiso e incautación

1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:

a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.

3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.

4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado.

5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.

6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.

7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas.

8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

Artículo 13

Cooperación internacional para fines de decomiso

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.

3. Las disposiciones del artículo 18 de la presente Convención serán aplicables mutatis mutandis al presente artículo. Además de la información indicada en el párrafo 15 del artículo 18, las solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden;

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas.

4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.

5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta.

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7. Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un delito comprendido en la presente Convención.

8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

9. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada con arreglo al presente artículo.

Artículo 14

Disposición del producto del delito
o de los bienes decomisados

1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los bienes que hayan decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo 1 del artículo 13 de la presente Convención de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos administrativos.

2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo al artículo 13 de la presente Convención, los Estados Parte, en la medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, darán consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado?Parte requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos.

3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados Parte podrán considerar en particular la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de:

a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 30 de la presente Convención y a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada;

b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio general o definido para cada caso, ese producto del delito o esos bienes, o los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos bienes, de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos.

Artículo 15

Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:

a) El delito se cometa en su territorio; o

b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión del delito.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:

a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o

c) El delito:

i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio;

ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención.

3. A los efectos del párrafo 10 del artículo 16 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro u otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.

Artículo 16

Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la presente Convención o a los casos en que un delito al que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 entrañe la participación de un grupo delictivo organizado y la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves distintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del presente artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de estos últimos delitos.

3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.

4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

5. Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de un tratado deberán:

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerarán o no la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención; y

b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición, esforzarse, cuando proceda, por celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.

6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.

8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.

10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.

11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando ese Estado Parte y el Estado Parte que solicite la extradición acepten esa opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 10 del presente artículo.

12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.

13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.

16. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato.

17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

Artículo 17

Traslado de personas condenadas
a cumplir una pena

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión o a otra pena de privación de libertad por algún delito comprendido en la presente Convención a fin de que complete allí su condena.

Artículo 18

Asistencia judicial recíproca

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 y se prestarán también asistencia de esa índole cuando el Estado Parte requirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 es de carácter transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 10 de la presente Convención en el Estado Parte requirente.

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;

b) Presentar documentos judiciales;

c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;

d) Examinar objetos y lugares;

e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;

i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido.

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación.

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación.

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.

9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte requerido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no tipificada como delito en el derecho interno del Estado Parte requerido.

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;

b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.

11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:

a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;

c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada.

13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que sean aceptables para cada Estado Parte. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.

15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:

a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;

b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;

c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales;

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique;

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; y

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

16. El Estado Parte requerido podrá pedir información complementaria cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado Parte requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.

19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelación.

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente.

21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:

a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo;

b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales;

c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña asuntos fiscales.

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.

24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto de la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente informará con prontitud cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá observar las condiciones impuestas.

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado.

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.

29. El Estado Parte requerido:

a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general;

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general.

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y que, en la práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las refuercen.

Artículo 19

Investigaciones conjuntas

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.

Artículo 20

Técnicas especiales de investigación

1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada.

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

Artículo 21

Remisión de actuaciones penales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente Convención cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.

Artículo 22

Establecimiento de antecedentes penales

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad, en otro Estado, de un presunto delincuente a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la presente Convención.

Artículo 23

Penalización de la obstrucción de la justicia

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención;

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.

Artículo 24

Protección de los testigos

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las garantías procesales, en:

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero;

b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, por ejemplo aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de comunicación como videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las víctimas en el caso de que actúen como testigos.

Artículo 25

Asistencia y protección a las víctimas

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de amenaza de represalia o intimidación.

2. Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención obtener indemnización y restitución.

3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

Artículo 26

Medidas para intensificar la cooperación con las
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a:

a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines investigativos y probatorios sobre cuestiones como:

i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la ubicación o las actividades de los grupos delictivos organizados;

ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros grupos delictivos organizados;

iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido o puedan cometer;

b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que pueda contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus recursos o del producto del delito.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en los casos apropiados, la mitigación de la pena de las personas acusadas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención.

4. La protección de esas personas será la prevista en el artículo 24 de la presente Convención.

5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo que se encuentre en un Estado Parte pueda prestar una cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado Parte, del trato enunciado en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 27

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, cada Estado Parte adoptará medidas eficaces para:

a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;

b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas;

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos delitos;

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;

c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;

d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace, con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;

e) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los medios y métodos concretos empleados por los grupos delictivos organizados, así como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso de identidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios de encubrir sus actividades;

f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas con miras a la pronta detección de los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, las Partes podrán considerar la presente Convención como la base para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la celebración de acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones internacionales o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.

3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional cometida mediante el recurso a la tecnología moderna.

Artículo 28

Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada

1. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en consulta con los círculos científicos y académicos, las tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que actúa la delincuencia organizada, así como

los grupos profesionales y las tecnologías involucrados.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir experiencia analítica acerca de las actividades de la delincuencia organizada, tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones internacionales y regionales. A tal fin, se establecerán y aplicarán, según proceda, definiciones, normas y metodologías comunes.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de vigilar sus políticas y las medidas en vigor encaminadas a combatir la delincuencia organizada y evaluarán su eficacia y eficiencia.

Artículo 29

Capacitación y asistencia técnica

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas, así como para el personal de otra índole encargado de la prevención, la detección y el control de los delitos comprendidos en la presente Convención. Esos programas podrán incluir adscripciones e intercambios de personal. En particular y en la medida en que lo permita el derecho interno, guardarán relación con:

a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control de los delitos comprendidos en la presente Convención;

b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en delitos comprendidos en la presente Convención, incluso en los Estados de tránsito, y las medidas de lucha pertinentes;

c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando;

d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales delitos y los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el blanqueo de dinero y otros delitos financieros;

e) El acopio de pruebas;

f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos;

g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir la ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas;

h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de la tecnología moderna; y

i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos.

2. Los Estados Parte se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos especializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y seminarios regionales e internacionales para promover la cooperación y fomentar el examen de los problemas de interés común, incluidos los problemas y necesidades especiales de los Estados de tránsito.

3. Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y asistencia técnica que faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca. Dicha capacitación y asistencia técnica podrán incluir la enseñanza de idiomas, adscripciones e intercambios de personal entre autoridades centrales u organismos con responsabilidades pertinentes.

4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes, los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, sus esfuerzos por optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y regionales, así como en el marco de otros acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.

Artículo 30

Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica

1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la delincuencia organizada en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.

2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales, por:

a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos países para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional;

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para combatir con eficacia la delincuencia organizada transnacional y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención;

c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Los Estados Parte también podrán considerar en particular la posibilidad, conforme a su derecho interno y a las disposiciones de la presente Convención, de aportar a la cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del producto del delito o de los bienes ilícitos decomisados con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención;

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.

3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en los planos bilateral, regional o internacional.

4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 31

Prevención

1. Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la delincuencia organizada transnacional.

2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar en mercados lícitos con el producto del delito adoptando oportunamente medidas legislativas, administrativas o de otra índole. Estas medidas deberían centrarse en:

a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley o el ministerio público y las entidades privadas pertinentes, incluida la industria;

b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta para profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios públicos, asesores fiscales y contadores;

c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos organizados de licitaciones públicas y de subsidios y licencias concedidos por autoridades públicas para realizar actividades comerciales;

d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas podrían incluir las siguientes:

i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y naturales involucradas en la constitución, la gestión y la financiación de personas jurídicas;

ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier medio apropiado durante un período razonable a las personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención para actuar como directores de personas jurídicas constituidas en sus respectivas jurisdicciones;

iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas para actuar como directores de personas jurídicas; y

iv) El intercambio de información contenida en los registros mencionados en los incisos i) y iii) del presente apartado con las autoridades competentes de otros Estados Parte.

3. Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social de las personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención.

4. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de detectar si existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por grupos delictivos organizados.

5. Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda, podrá difundirse información a través de los medios de comunicación y se adoptarán medidas para fomentar la participación pública en los esfuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia.

6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden ayudar a otros Estados Parte a formular medidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional.

7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, según proceda, con miras a promover y formular las medidas mencionadas en el presente artículo. Ello incluye la participación en proyectos internacionales para la prevención de la delincuencia organizada transnacional, por ejemplo mediante la mitigación de las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos socialmente marginados a las actividades de la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 32

Conferencia de las Partes en la Convención

1. Se establecerá una Conferencia de las Partes en la Convención con objeto de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia organizada transnacional y para promover y examinar la aplicación de la presente Convención.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. La Conferencia de las Partes aprobará reglas de procedimiento y normas que rijan las actividades enunciadas en los párrafos 3 y 4 del presente artículo (incluidas normas relativas al pago de los gastos resultantes de la puesta en marcha de esas actividades).

3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr los objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, en particular a:

a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los artículos 29, 30 y 31 de la presente Convención, alentando inclusive la movilización de contribuciones voluntarias;

b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la delincuencia organizada transnacional y sobre prácticas eficaces para combatirla;

c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales pertinentes;

d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención;

e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación.

4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3 del presente artículo, la Conferencia de las Partes obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en aplicación de la presente Convención mediante la información que ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de las Partes.

5. Cada Estado Parte facilitará a la Conferencia de las Partes información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente Convención, según lo requiera la Conferencia de las Partes.

Artículo 33

Secretaría

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de las Partes en la Convención.

2. La secretaría:

a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la realización de las actividades enunciadas en el artículo 32 de la presente Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y les prestará los servicios necesarios;

b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de información a la Conferencia de las Partes según lo previsto en el párrafo 5 del artículo 32 de la presente Convención; y

c) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

Artículo 34

Aplicación de la Convención

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.

2. Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipificados de conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado según la definición contenida en el párrafo 1 del artículo 3 de la presente Convención, salvo en la medida en que el artículo 5 de la presente Convención exija la participación de un grupo delictivo organizado.

3. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 35

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 36

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 37

Relación con los protocolos

1. La presente Convención podrá complementarse con uno o más protocolos.

2. Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las organizaciones regionales de integración económica también deberán ser parte en la presente Convención.

3. Los Estados Parte en la presente Convención no quedarán vinculados por un protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de conformidad con sus disposiciones.

4. Los protocolos de la presente Convención se interpretarán juntamente con ésta, teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos.

Artículo 38

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente.

Artículo 39

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. La Conferencia de las Partes hará todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 40

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.

3. La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1 del presente artículo entrañará la denuncia de sus protocolos.

Artículo 41

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.

2. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO DEL CONVENIO

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo,

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire se requiere un enfoque amplio e internacional, que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómica, en los planos nacional, regional e internacional,

Recordando la resolución 54/212 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1999, en la que la Asamblea instó a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas a que fortalecieran la cooperación internacional en la esfera de la migración internacional y el desarrollo a fin de abordar las causas fundamentales de la migración, especialmente las relacionadas con la pobreza, y de aumentar al máximo los beneficios que la migración internacional podía reportar a los interesados, y alentó a los mecanismos interregionales, regionales y subregionales a que, cuando procediera, se siguieran ocupando de la cuestión de la migración y el desarrollo,

Convencidos de la necesidad de dar un trato humano a los migrantes y de proteger plenamente sus derechos humanos,

Habida cuenta de que, pese a la labor emprendida en otros foros internacionales, no existe un instrumento universal que aborde todos los aspectos del tráfico ilícito de migrantes y otras cuestiones conexas,

Preocupados por el notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades delictivas conexas tipificadas en el presente Protocolo, que causan graves perjuicios a los Estados afectados,

Preocupados también por el hecho de que el tráfico ilícito de migrantes puede poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes involucrados,

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otros, un instrumento internacional que abordara el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes, particularmente por mar,

Convencidos de que complementar el texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional dirigido contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire constituirá un medio útil para prevenir y combatir esta forma de delincuencia,

Han convenido en lo siguiente:

I. Disposiciones generales

Artículo 1

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2

Finalidad

El propósito del presente Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico.

Artículo 3

Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a) Por "tráfico ilícito de migrantes" se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material;

b) Por "entrada ilegal" se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor;

c) Por "documento de identidad o de viaje falso" se entenderá cualquier documento de viaje o de identidad:

i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado; o

ii) Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal; o

iii) Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo;

d) Por "buque" se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua, excluidos los buques de guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean propiedad de un Estado o explotados por éste y que en ese momento se empleen únicamente en servicios oficiales no comerciales.

Artículo 4

Ámbito de aplicación

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así como a la protección de los derechos de las personas que hayan sido objeto de tales delitos.

Artículo 5

Responsabilidad penal de los migrantes

Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

Artículo 6

Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material:

a) El tráfico ilícito de migrantes;

b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes:

i) La creación de un documento de viaje o de identidad falso;

ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento.

c) La habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a cualquier otro medio ilegal.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del presente artículo; y

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados con arreglo a los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo toda circunstancia que:

a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados; o

b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de explotación.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno.

II. Tráfico ilícito de migrantes por mar

Artículo 7

Cooperación

Los Estados Parte cooperarán en la mayor medida posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de migrantes por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar.

Artículo 8

Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar

1. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque que enarbole su pabellón o pretenda estar matriculado en su registro, que carezca de nacionalidad o que, aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón, tenga en realidad la nacionalidad del Estado Parte interesado, está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá solicitar la asistencia de otros Estados Parte a fin de poner término a la utilización del buque para ese fin. Los Estados Parte a los que se solicite dicha asistencia la prestarán, en la medida posible con los medios de que dispongan.

2. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otro Estado Parte está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá notificarlo al Estado del pabellón, pedirle que confirme la matrícula y, si la confirma, solicitarle autorización para adoptar medidas apropiadas con respecto a ese buque. El Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente, entre otras cosas, a:

a) Visitar el buque;

b) Registrar el buque; y

c) Si se hallan pruebas de que el buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar, adoptar medidas apropiadas con respecto al buque, así como a las personas y a la carga que se encuentren a bordo, conforme le haya autorizado el Estado del pabellón.

3. Todo Estado Parte que haya adoptado cualesquiera de las medidas previstas en el párrafo 2 del presente artículo informará con prontitud al Estado del pabellón pertinente de los resultados de dichas medidas.

4. Los Estados Parte responderán con celeridad a toda solicitud de otro Estado Parte con miras a determinar si un buque que está matriculado en su registro o enarbola su pabellón está autorizado a hacerlo, así como a toda solicitud de autorización que se presente con arreglo a lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo.

5. El Estado del pabellón podrá, en consonancia con el artículo 7 del presente Protocolo, someter su autorización a las condiciones en que convenga con el Estado requirente, incluidas las relativas a la responsabilidad y al alcance de las medidas efectivas que se adopten. Los Estados Parte no adoptarán otras medidas sin la autorización expresa del Estado del pabellón, salvo las que sean necesarias para eliminar un peligro inminente para la vida de las personas o las que se deriven de los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes.

6. Cada Estado Parte designará a una o, de ser necesario, a varias autoridades para recibir y atender las solicitudes de asistencia, de confirmación de la matrícula o del derecho de un buque a enarbolar su pabellón y de autorización para adoptar las medidas pertinentes. Esa designación será dada a conocer, por conducto del Secretario General, a todos los demás Estados Parte dentro del mes siguiente a la designación.

7. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar y no posee nacionalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad podrá visitar y registrar el buque. Si se hallan pruebas que confirmen la sospecha, ese Estado Parte adoptará medidas apropiadas de conformidad con el derecho interno e internacional, según proceda.

Artículo 9

Cláusulas de protección

1. Cuando un Estado Parte adopte medidas contra un buque con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo:

a) Garantizará la seguridad y el trato humano de las personas que se encuentren a bordo;

b) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro la seguridad del buque o de su carga;

c) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no perjudicar los intereses comerciales o jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado interesado;

d) Velará, dentro de los medios disponibles, por que las medidas adoptadas con respecto al buque sean ecológicamente razonables.

2. Cuando las razones que motivaron las medidas adoptadas con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo no resulten fundadas y siempre que el buque no haya cometido ningún acto que las justifique, dicho buque será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido.

3. Toda medida que se tome, adopte o aplique de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no interferir ni causar menoscabo en:

a) Los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños en el ejercicio de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional del mar; ni en

b) La competencia del Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción y el control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales relacionadas con el buque.

4. Toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo será ejecutada únicamente por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que ostenten signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno y autorizados a tal fin.

III. Medidas de prevención, cooperación
y otras medidas

Artículo 10

Información

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención y con miras a lograr los objetivos del presente Protocolo, los Estados Parte, en particular los que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre asuntos como:

a) Los lugares de embarque y de destino, así como las rutas, los transportistas y los medios de transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurren los grupos delictivos organizados involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo;

b) La identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo;

c) La autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Parte, así como todo robo o concomitante utilización ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco;

d) Los medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte de personas, la alteración, reproducción o adquisición ilícitas o cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, así como las formas de detectarlos;

e) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir y combatir las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; y

f) Cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de prevenir, detectar e investigar las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y de enjuiciar a las personas implicadas en ellas.

2. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización.

Artículo 11

Medidas fronterizas

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito de migrantes.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión del delito tipificado con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 6 del presente Protocolo.

3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.

4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos.

Artículo 12

Seguridad y control de los documentos

Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se requieran para:

a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y

b) Garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.

Artículo 13

Legitimidad y validez de los documentos

Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

Artículo 14

Capacitación y cooperación técnica

1. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios de inmigración y a otros funcionarios pertinentes capacitación especializada en la prevención de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y en el trato humano de los migrantes objeto de esa conducta, respetando sus derechos reconocidos conforme al presente Protocolo o reforzarán dicha capacitación, según proceda.

2. Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales competentes, las organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, según proceda, a fin de garantizar que en sus respectivos territorios se imparta una capacitación de personal adecuada para prevenir, combatir y erradicar las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, así como proteger los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de esas conductas. Dicha capacitación incluirá, entre otras cosas:

a) La mejora de la seguridad y la calidad de los documentos de viaje;

b) El reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados;

c) La compilación de información de inteligencia criminal, en particular con respecto a la identificación de los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, los métodos utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico, la utilización indebida de documentos de viaje o de identidad para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6 y los medios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito de migrantes;

d) La mejora de los procedimientos para detectar a las personas objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales; y

e) El trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos reconocidos conforme al presente Protocolo.

3. Los Estados Parte que tengan conocimientos especializados pertinentes considerarán la posibilidad de prestar asistencia técnica a los Estados que sean frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. Los Estados Parte harán todo lo posible por suministrar los recursos necesarios, como vehículos, sistemas de informática y lectores de documentos, para combatir las conductas enunciadas en el artículo 6.

Artículo 15

Otras medidas de prevención

1. Cada Estado Parte adoptará medidas para cerciorarse de poner en marcha programas de información o reforzar los ya existentes a fin de que la opinión pública sea más consciente de que las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo son una actividad delictiva que frecuentemente realizan los grupos delictivos organizados con fines de lucro y que supone graves riesgos para los migrantes afectados.

2. De conformidad con el artículo 31 de la Convención, los Estados Parte cooperarán en el ámbito de la información pública a fin de impedir que los migrantes potenciales lleguen a ser víctimas de grupos delictivos organizados.

3. Cada Estado Parte promoverá o reforzará, según proceda, los programas y la cooperación para el desarrollo en los planos nacional, regional e internacional, teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de la migración y prestando especial atención a las zonas económica y socialmente deprimidas, a fin de combatir las causas socioeconómicas fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, como la pobreza y el subdesarrollo.

Artículo 16

Medidas de protección y asistencia

1. Al aplicar el presente Protocolo, cada Estado Parte adoptará, en consonancia con sus obligaciones emanadas del derecho internacional, todas las medidas apropiadas, incluida la legislación que sea necesaria, a fin de preservar y proteger los derechos de las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, conforme a las normas aplicables del derecho internacional, en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para otorgar a los migrantes protección adecuada contra toda violencia que puedan infligirles personas o grupos por el hecho de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

3. Cada Estado Parte prestará asistencia apropiada a los migrantes cuya vida o seguridad se haya puesto en peligro como consecuencia de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

4. Al aplicar las disposiciones del presente artículo, los Estados Parte tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños.

5. En el caso de la detención de personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado Parte cumplirá las obligaciones contraídas con arreglo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 6, cuando proceda, incluida la de informar sin demora a la persona afectada sobre las disposiciones relativas a la notificación del personal consular y a la comunicación con dicho personal.

Artículo 17

Acuerdos y arreglos

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o regionales o arreglos operacionales con miras a:

a) Adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para prevenir y combatir las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; o

b) Contribuir conjuntamente a reforzar las disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 18

Repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito

1. Cada Estado Parte conviene en facilitar y aceptar, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de toda persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que sea nacional de ese Estado Parte o tuviese derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de la repatriación.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de facilitar y aceptar la repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que, de conformidad con el derecho interno, tuviese derecho de residencia permanente en el territorio de ese Estado Parte en el momento de su entrada en el Estado receptor.

3. A petición del Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si una persona que ha sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo es nacional de ese Estado Parte o tiene derecho de residencia permanente en su territorio.

4. A fin de facilitar la repatriación de toda persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en cuyo territorio tenga derecho de residencia permanente convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.

5. Cada Estado Parte que intervenga en la repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo adoptará todas las medidas que proceda para llevar a cabo la repatriación demanera ordenada y teniendo debidamente en cuenta la seguridad y dignidad de la persona.

6. Los Estados Parte podrán cooperar con las organizaciones internacionales que proceda para aplicar el presente artículo.

7. Las disposiciones del presente artículo no menoscabarán ninguno de los derechos reconocidos a las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo por el derecho interno del Estado Parte receptor.

8. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a las obligaciones contraídas con arreglo a cualquier otro tratado bilateral o multilateral aplicable o a cualquier otro acuerdo o arreglo operacional que rija, parcial o totalmente, la repatriación de las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

IV. Disposiciones finales

Artículo 19

Cláusula de salvaguardia

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los demás derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 7 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.

Artículo 20

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 21

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 22

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cualquiera sea la última fecha.

Artículo 23

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen, el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 24

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 25

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO DEL CONVENIO

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo,

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos,

Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los niños, no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas,

Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas,

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar la elaboración, entre otras cosas, de un instrumento internacional relativo a la trata de mujeres y de niños,

Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,

Acuerdan lo siguiente:

I. Disposiciones generales

Artículo 1

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2

Finalidad

Los fines del presente Protocolo son:

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños;

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.

Artículo 3

Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.

Artículo 4

Ámbito de aplicación

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de esos delitos.

Artículo 5

Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan intencionalmente.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

II. Protección de las víctimas de la trata de personas

Artículo 6

Asistencia y protección a las víctimas
de la trata de personas

1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.

2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda:

a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes;

b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:

a) Alojamiento adecuado;

b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender;

c) Asistencia médica, sicológica y material; y

d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.

4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados.

5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio.

6. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos.

Artículo 7

Régimen aplicable a las víctimas de la trata
de personas en el Estado receptor

1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda.

2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte dará la debida consideración a factores humanitarios y personales.

Artículo 8

Repatriación de las víctimas de la trata de personas

1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad.

2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.

3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor.

4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.

5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor.

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las víctimas de la trata de personas.

III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas

Artículo 9

Prevención de la trata de personas

1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras a:

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y

b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.

2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas.

3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.

4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.

5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Artículo 10

Intercambio de información y capacitación

1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la ley, así como las autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando información, de conformidad con su derecho interno, a fin de poder determinar:

a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional con documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de viaje son autores o víctimas de la trata de personas;

b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o intentado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de trata de personas; y

c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha trata, así como posibles medidas para detectarlos.

2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas o reforzarán dicha capacitación, según proceda. Ésta deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las víctimas frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos humanos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil.

3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización.

Artículo 11

Medidas fronterizas

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo.

3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.

4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos.

Artículo 12

Seguridad y control de los documentos

Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se requieran para:

a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y

b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.

Artículo 13

Legitimidad y validez de los documentos

Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas.

IV. Disposiciones finales

Artículo 14

Cláusula de salvaguardia

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de personas. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.

Artículo 15

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 16

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 17

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cualquiera que sea la última fecha.

Artículo 18

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 19

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 20

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 55 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 2 de marzo de 2004.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario"

Anexo I al
Rep. Nº 1562

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado el proyecto de ley por medio del cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 55 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Convención a consideración es un instrumento elaborado por la comunidad internacional que contribuye a la lucha contra la delincuencia organizada en general, en especial la de carácter transnacional, en algunas de sus grandes actividades tales como lavado de dinero, corrupción y obstrucción de investigaciones o procesos. Dicho instrumento obliga a los Estados que lo ratifican a adoptar una serie de medidas entre las que se incluyen la creación de delitos en la legislación interna para combatir el problema, la adopción de nuevos marcos para la cooperación jurídica mutua, la extradición, la cooperación en el cumplimiento de la ley, la asistencia técnica y la capacitación. Los Estados Parte podrán confiarse mutuamente la investigación y castigo de los delitos cometidos por grupos criminales organizados si los delitos o los grupos que los cometen tienen algún elemento transnacional.

I) Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional

La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece como objetivo promover la cooperación para la prevención y el combate de la delincuencia organizada transnacional (artículo 1). También establece un conjunto de definiciones a remitirse en la presente Convención a los efectos de su aplicación (artículo 2) y define su ámbito de aplicación, el cual -salvo que exista una disposición en contrario- se dirigirá a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados como los de participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo del producto del delito, corrupción y obstrucción de la justicia (artículos 5, 6, 8 y 23); y los delitos graves definidos en el artículo 2, cuando ellos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de grupo delictivo organizado (artículo 3).

La Convención consagra normas acerca de la protección de la soberanía, estableciendo el principio de que los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Además establece que nada de lo dispuesto facultará a un Estado Parte a ejercer -en el territorio de otro Estado Parte- jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades (artículo 4).

La Convención prevé medidas para combatir el blanqueo de dinero y la corrupción. En el primer caso, obligándose cada Estado Parte a establecer un régimen interno amplio de reglamentación y supervisión de los Bancos e instituciones financieras no bancarias y de otros órganos en su jurisdicción, susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de dinero (artículo 7). Y en el segundo caso, estableciendo la obligación a los Estados Parte de adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole -compatibles con su ordenamiento jurídico- para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos (artículo 9).

En lo pertinente a la jurisdicción, cada Estado Parte deberá adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción con respecto a los delitos tipificados en los artículos 5, 6, 8 y 23 de esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio o a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión del delito. Sujeto a lo establecido en la Convención en las normas referidas a la protección de la soberanía y del principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, los Estados Parte también podrán establecer su jurisdicción para conocer dichos delitos en caso de que los mismos se cometan contra uno de sus nacionales o cuando sean cometidos por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio (artículo 15).

En lo que refiere a la extradición, para que la misma proceda en el ámbito de la Convención, ésta se aplicará a los delitos comprendidos en la misma o a los casos en que un delito al que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 3 implique la participación de un grupo delictivo organizado. Por otra parte, se requiere además que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el Estado Parte requerido y se establece el requisito de la doble incriminación, esto es, que el delito por el que se solicita la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado requirente y del Estado requerido. Para los casos en que la solicitud de extradición se base en varios delitos graves diferentes y alguno de ellos no se encuentre comprendido en el ámbito del artículo 16, el Estado requerido podrá aplicar lo dispuesto en este último, también con respecto a dichos delitos (artículo 16).

En cuanto a la asistencia judicial recíproca, se establece el deber de los Estados Parte de prestar la más amplia asistencia judicial respeto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionado con los delitos comprendidos en la Convención. Dicha asistencia judicial recíproca se hará conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos del Estado Parte requerido y tendrá como fines el de recibir testimonios o tomar declaraciones a personas, presentar documentos judiciales, efectuar inspecciones, incautaciones y embargos preventivos, examinar objetos y lugares, facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos, entregar originales o copias certificadas de documentos y expedientes pertinentes, identificar o localizar el producto del delito, bienes, instrumentos u otros elementos con fines probatorios y facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente o cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado requerido (artículo 18).

Se prevé la posibilidad del establecimiento -mediante acuerdos entre los Estados Parte y a través de las autoridades competentes- de órganos mixtos de investigación. Los Estados Parte velarán porque la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada (artículo 19).

También se prevé la adopción de medidas legislativas y de otra índole por cada Estado Parte para penalizar la obstrucción de la justicia (artículo 23); se establecen disposiciones acerca de la protección de testigos, por las cuales cada Estado Parte deberá adoptar medidas apropiadas -dentro de sus posibilidades- para brindar protección contra posibles actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales referidas a delitos comprendidos en esta Convención (artículo 24) y también disposiciones acerca de la asistencia y protección a las víctimas (artículo 25).

Esta Convención contiene normas en lo relacionado a la capacitación del personal vinculado a la prevención y combate de la delincuencia. Se establece que los Estados Parte deberán formular, desarrollar y perfeccionar programas de capacitación concebidos especialmente para el personal de los servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos Fiscales, Jueces de Instrucción, personal de aduanas y todo otro personal encargado de la prevención, detección y control de los delitos previstos en la presente Convención (artículo 29).

También se prevé la formulación por los Estados Parte de proyectos de carácter nacional para la prevención de la delincuencia organizada transnacional y la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole tendientes a reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados, para participar en mercados lícitos con el producto del delito. Estas medidas deberían contemplar la prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte de grupos delictivos organizados (artículo 31).

En lo que respecta a la aplicación de la Convención, cada Estado Parte se compromete a adoptar, de acuerdo a los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con arreglo a la presente Convención (artículo 34).

En cuanto a su relación con los Protocolos, la Convención establece que estos instrumentos conforman un complemento de la misma, previéndose que para ser Parte en uno de ellos, los Estados o las Organizaciones Regionales de integración económica también deberán ser el Parte de la Convención. Por otra parte, dichos Protocolos se deberán interpretar conjuntamente con la Convención (artículo 37).

II) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños

El Primer Protocolo que complementa a la Convención tiene como objetivo prevenir y combatir la trata de personas, especialmente mujeres y niños; proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines (artículo 2).

El Protocolo define su ámbito de aplicación (artículo 4), precisando que se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5, al tiempo que establece disposiciones de asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas (artículo 6) por las cuales cada Estado Parte deberá proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas -por ejemplo previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata- así como su seguridad física, mientras se encuentren en su territorio.

Este Protocolo también contiene un conjunto de medidas en relación a la prevención de la trata de personas (artículo 9) así como al intercambio de información y a la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (artículo 10). Entre las medidas recomendadas se mencionan las actividades de investigación, las campañas de información y difusión y las iniciativas sociales y económicas.

III) Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire

El siguiente Protocolo complementario a la Convención tiene como objetivo prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes así como promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes víctimas del tráfico (artículo 2).

Al tiempo que establece su ámbito de aplicación (artículo 4), cada Estado Parte se compromete a adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o cualquier otro beneficio de carácter material: el tráfico ilícito de migrantes, la creación, facilitación, suministro o posesión de un documento de viaje o de identidad falso, siempre y cuando estos delitos se cometan con el fin de posibilitar el tráfico de migrantes; y la habilitación de una persona que no sea nacional ni residente para permanecer legalmente en ese Estado recurriendo a cualquier medio ilegal (artículo 6).

El Protocolo contiene un conjunto de medidas de prevención, capacitación y cooperación técnica (artículos 10 a 15). Los Estados Parte se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para preservar y proteger los derechos de las víctimas de las conductas previstas en el artículo 6 del Protocolo, en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 16).

Finalmente encontramos una serie de disposiciones comunes a la Convención y a ambos Protocolos que hacen referencia al establecimiento del mecanismo de controversias y a los mecanismos para la firma, ratificación aceptación, aprobación o adhesión y su posterior entrada en vigor. En particular -en lo que refiere a la solución de controversias- los Estados Parte deberán procurar resolver las controversias vinculadas con la interpretación o aplicación de los referidos instrumentos a través de la negociación. En caso de no resolución de la misma, la controversia podrá someterse a arbitraje a solicitud de uno de los Estados Parte. Finalmente, en caso de no lograrse acuerdo sobre el arbitraje, cualquiera de los Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

Dada la importancia de que nuestro país forme parte de un instrumento internacional de estas características, que contiene objetivos altamente compartibles por la comunidad internacional, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley a consideración.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 2004.

ENRIQUE PINTADO, Miembro Informante, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, DIEGO MARTÍNEZ, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

12.-     Declaración de gravedad y urgencia.

——Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Borsari Brenna, Scavarelli y Bayardi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare grave y urgente y se considere de inmediato el proyecto por el cual se incrementa el número de integrantes del Contingente Militar autorizado a salir del país a efectos de participar en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU en la República de Haití".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y dos: AFIRMATIVA.

13.-    Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República de Haití. (Se incrementa el número de integrantes del Contingente Militar autorizado a salir del país para participar en las mismas).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República de Haití. (Se incrementa el número de integrantes del Contingente Militar autorizado a salir del país para participar en las mismas)".

Léase el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores.

(Se lee:)

"Artículo único.- Increméntase el número de efectivos integrantes del Contingente Militar autorizado a salir del territorio nacional por Ley Nº 17.785, de 22 de junio de 2004, a efectos de participar en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de Naciones Unidas en la República de Haití, conforme al siguiente detalle: Una Sub-Unidad de Infantería integrada por 5 (cinco) efectivos integrantes de Personal Superior y 151 (ciento cincuenta y uno) efectivos integrantes de Personal Subalterno.- Medios de Apoyo Logístico y Sanitarios, integrados por 4 (cuatro) efectivos integrantes de Personal Superior y 40 (cuarenta) efectivos integrantes de Personal Subalterno".

——En discusión general.

SEÑOR VÁZQUEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VÁZQUEZ.- Señor Presidente: quiero dejar constancia a título personal...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- A fin de amparar al orador en el uso de la palabra, la Mesa solicita a los señores Diputados que tomen asiento y hagan silencio. De este modo, podremos tener una sesión ordenada.

Puede continuar el señor Diputado Vázquez.

SEÑOR VÁZQUEZ.- Señor Presidente: quiero dejar constancia ante esta Cámara de una especie de fundamento de voto negativo anticipado con relación al envío de contingentes militares por parte de nuestro país a la República de Haití.

En primer lugar, creo que ello no responde a la tradición democrática del país y, sobre todo, a las condiciones en que se produjo la intervención militar en este país de América Latina.

Además, quiero dejar sentado que, desde nuestro punto de vista, en Haití -uno de los países más pobres de América Latina- asistimos a un golpe contra un Gobierno electo.

Lamentablemente, creo que esto no se corresponde con las tradiciones del país ni con las de mi fuerza política, que ha acompañado con salvedades -sabemos que las ha planteado- este envío de un contingente a esta República del Caribe. Lo decimos porque, independientemente de la urgencia que nos caracteriza en este tipo de decisiones, Uruguay ha tenido una larga tradición de oposición a la injerencia de tropas -en este caso, norteamericanas y europeas- en el continente. Nosotros somos fieles partidarios de que el Ejército Nacional, nuestras Fuerzas Armadas, estén para la defensa nacional y no, como en este caso, para acciones militares fuera del país.

Además, quiero hacer otra consideración. Haití es uno de los países más pobres del mundo y de los más pobres de América Latina -y quiero agregar que es la primera República negra de habla francesa de América Latina-, y ha tenido, entre otras cosas, la desgracia de no haber podido desarrollarse como resultado de estas políticas avaladas por intervenciones militares realizadas en esa área en los últimos años, sobre todo por parte de Estados Unidos.

Nuestro voto negativo va en esa dirección y lo planteamos con entera responsabilidad política, como Representantes, en nombre del Frente Amplio -de nuestro Frente Amplio- y del Movimiento 26 de Marzo. Quiero decirlo porque esto, de alguna forma, puede hacernos cómplices de la pobreza de ese país, que, más que fuerzas militares, lo que necesita es la resolución de los problemas económicos y sociales que padece. ¡Ojalá Uruguay mandara médicos! ¡Ojalá Uruguay mandara salud! ¡Ojalá Uruguay mandara educadores y no solo fuerzas armadas!

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: nuestra bancada estuvo analizando el pedido de refuerzo de contingentes en la MINUSTAH, denominación que tiene la misión de Naciones Unidas en la República de Haití.

Después de la votación en el Senado, a través de la prensa se realizaron determinadas valoraciones con respecto al voto de nuestra bancada en la Cámara Alta y quiero dejar claros los fundamentos que ella tomó en cuenta para fijar su posición.

En enero de 2004, la situación en Haití estaba siendo discutida a la luz de una propuesta que llevaban adelante los países del CARICOM en la búsqueda de una solución política negociada. Esa propuesta implicaba el acuerdo de las fuerzas del interior de Haití para descongestionar una situación política compleja. En enero y febrero de 2004, esa propuesta es acompañada por la totalidad de los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Luego Estados Unidos le quita el respaldo, y se deja de trabajar sobre la propuesta del CARICOM para empezar a trabajar en la del Consejo de Seguridad en cuanto a generar la MINUSTAH. Antes de que la creación de la MINUSTAH se hubiera votado, los Estados Unidos ingresan en Haití y desplazan al Presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide; ello ocurrió cinco horas antes de que el Consejo de Seguridad votara la resolución. Posteriormente, luego de votada, ingresa el contingente de Francia. En esa oportunidad y a raíz de esos acontecimientos, la Cámara de Diputados considera la invitación de Naciones Unidas para integrarse a la MINUSTAH y, por los fundamentos de estar a favor de la propuesta del CARICOM y no de la del Consejo de Seguridad, en marzo de 2004 votamos en contra de la participación de efectivos uruguayos. Hoy recibimos un pedido para reforzar nuestro contingente con 200 hombres.

Quiero fijar nuestra posición a la luz de los acontecimientos que hoy están planteados en Haití y de cómo considero que se debe proceder en el futuro en relación con la MINUSTAH y con la presencia en Haití.

En primer lugar, la solución de los problemas de Haití no pasa por un tema militar, del mismo modo que no ha pasado la solución por el envío de ninguno de los contingentes bélicos en los cuales el Uruguay, en distintos contextos, a partir de la década del noventa, comprometió su presencia militar frente a muchos conflictos de larga data. Hoy la realidad indica que nosotros ya estamos en Haití. Hoy la realidad muestra que nuestras Fuerzas Armadas están en ese país y que no hay una propuesta de solución sobre la mesa como la que hubo en febrero, impulsada por los países del CARICOM. El problema consiste en diseñar el futuro en relación con Haití y tener claro cómo deberíamos proceder en adelante.

Si partimos de la base de que la solución del problema de Haití no es militar, sino que en realidad, para este país y los de la región, es una cuestión de política exterior -más allá de que algunos países de la región hayan preferido participar del contingente militar para evitar que fuerzas armadas extrarregionales, entiéndase Estados Unidos y Francia, estuvieran en la región-, para nosotros el tema es cómo delineamos en el marco de una política exterior lo que consideramos que puede ser la única oportunidad, la única solución para Haití. Hay que tener un programa de reconstrucción de Haití que cuente con determinados presupuestos.

El primer presupuesto es que participen todas las fuerzas en conflicto que hoy actúan en Haití, tanto las que están en ese país como los actores políticos que están fuera de él. En ese sentido, nos consta que el Gobierno de Brasil ha enviado representantes para discutir con el Presidente Aristide un programa de estabilización y de reconstrucción que presuponía en primer lugar -y para nosotros, en el marco de nuestra política exterior, también debería hacerlo- el acuerdo de todas las fuerzas políticas del interior de Haití que están comprometidas con el proceso haitiano.

En segundo término, la comunidad internacional debería realizar un brutal esfuerzo económico-financiero, pero no para sostener un contingente militar, sino para posibilitar la superación de la situación económica y social que hoy sufre Haití y que en el área económica y social haya un despegue. También se tiene que hacer un brutal esfuerzo económico-financiero para reconstruir la institucionalidad haitiana. Esto implica, en nuestra opinión, que la comunidad internacional y los países que hoy integran la MINUSTAH -todos los países de la región- eleven a Naciones Unidas un plan que vaya mucho más allá de la presencia del contingente militar. Si la comunidad internacional efectivamente quiere ayudar a Haití, debe estar dispuesta a hacer un esfuerzo -que muy probablemente llevará, en mi opinión, no menos de una década- de apoyo económico-financiero para sacar a ese país de la situación en que se encuentra, que deberá tener un componente económico-financiero dirigido al desarrollo y a superar la situación social de los haitianos y también un componente militar como el que hoy puede tener, accesorio al plan de estabilización y de desarrollo de Haití.

Creo que esto debe inscribirse dentro de la política exterior no solo de Uruguay, sino de los países de la región que están comprometidos, en primer lugar, con la UNCTAD, es decir, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y, obviamente, Uruguay. Es en este plano que nosotros concebimos la solución a la situación actual, no a la de febrero de 2004, cuando creíamos en la posibilidad de avanzar por el lado de la solución política que impulsaban los países integrantes del CARICOM.

En este marco de transición hacia el diseño de una propuesta que debe ser abordada entre los países de la región y dirigida a Naciones Unidas, y a punto de partida de todo esto, debemos analizar cuál debe ser nuestra situación en el futuro: nuestra permanencia en la MINUSTAH, con las condiciones que creo que deben plantearse para lograr una salida para Haití, o nuestro retiro, si no existiese un compromiso de la comunidad internacional en la línea que planteamos.

En este proceso hoy se nos está pidiendo un aumento del contingente, obviamente para desempeñar tareas militares en el marco de las funciones que fueron asignadas a nuestro propio contingente. De llegarse a la inviabilidad de posibilitar un plan de desarrollo, se resolverá la retirada -que deberá ser acordada en el marco del despliegue de fuerzas que hoy operan-, pero ahora no queremos negar el respaldo solicitado para que nuestro contingente pueda desenvolverse con el número de efectivos de refuerzo que se plantea para nuestra presencia en Haití y cumpla con las funciones que hoy tiene asignadas. Esta posición no tiene nada que ver con la del Poder Ejecutivo. Digo esto porque, siguiendo el debate en el Senado, desde ámbitos del Poder Ejecutivo se dijo que en realidad estábamos convalidando su línea en función de lo que se resolvió cuando se envió la iniciativa al Parlamento en mayo de 2004. En realidad, no estamos en la misma línea, en los mismos fundamentos que dieron lugar a la postura del Poder Ejecutivo de solicitar la participación uruguaya en la MINUSTAH y seguimos pensando -como lo hicimos en su momento- que lo correcto era apoyar una solución política negociada. Pero, en este momento, ya está el despliegue de la MINUSTAH, por lo que hay que dar una respuesta a un hecho puntual, que es el refuerzo de nuestro contingente para cumplir tareas que ya fueron asignadas.

De todos modos, en medio de una transición -no solo de un cambio de Gobierno-, debemos delinear un proceder que podrá determinar en el futuro la participación uruguaya en la MINUSTAH o su retiro de ella, en el marco de lo que se planteara como objetivo a impulsar en las Naciones Unidas y como parte de la política exterior que debería adoptarse por parte de los países del continente, no digo para que Haití deje de ser un problema, sino para que el pueblo haitiano pueda realizar o, por lo menos, encaminar un proyecto que le ha estado vedado, por factores externos extrarregionales, desde hace doscientos años.

Es en ese sentido que, en virtud de los fundamentos que hemos expresado, nuestra bancada ha resuelto apoyar este proyecto puesto a consideración por parte del señor Presidente en esta oportunidad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: hace unos meses, en junio del año que termina, cuando se debatió en Cámara el mismo tema sobre el cual debemos pronunciarnos hoy -el envío de un contingente militar a la República de Haití- lo primero que personalmente nos planteamos fue qué había pasado en Haití y qué intereses están en juego allí.

Al finalizar una de nuestras intervenciones en aquella oportunidad, aportamos testimonios que a nuestro modo de ver despejaban toda duda. Dijimos, por ejemplo, que el 24 de marzo un General estadounidense, el General James Hill, afirmó ante la Cámara de Representantes de su país "que las operaciones en Haití" -cito textualmente- "tenían el efecto de proteger los intereses de los Estados Unidos en el Caribe".

Entiendo que debo subrayar sintéticamente algunos aspectos del problema. En primer lugar, ¿qué ocurrió en Haití? Los hechos son claros y hasta definen por sí mismos una respuesta racional: en Haití hubo un golpe de Estado que desplazó al Gobierno del Presidente electo, Jean-Bertrand Aristide.

En segundo término, el golpe contó con respaldo de intervención extranjera.

En tercer lugar, una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas referida al tema, no habló de golpe de Estado, sino de que Aristide dimitió, renunció. Pero está probado -a esta altura nadie puede sostener lo contrario- que fue expulsado del Gobierno por un golpe de Estado -reitero: un golpe de Estado- movido por el interés extranjero.

Los quince miembros del CARICOM -Comunidad del Caribe-, ante la evidencia de ello, reclamaron una investigación de Naciones Unidas; el Canciller de Trinidad y Tobago denunció, en una conferencia de prensa, que todos los intentos de la Comunidad del Caribe para que la Organización de las Naciones Unidas investigara la salida de Aristide se vieron frustrados por la resistencia del Consejo de Seguridad y del Secretario General, Kofi Annan. Según agregó el Canciller, el fracaso era inevitable, pues tanto Estados Unidos como Francia, que jugaron un papel clave en la salida de Aristide, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y cuentan, por tanto, con poder para vetar sus resoluciones.

Varios legisladores recordamos en las sesiones de junio que la Resolución Nº 1529 de la ONU, que hace referencia a lo que denomina "dimisión de Aristide", encierra, por ello, una falsedad, que constituye un precedente grave para esta organización. Se trata de una resolución que intenta enmascarar la política intervencionista de Estados Unidos, política que, como es notorio, no coincide con el interés de nuestros pueblos de América.

A mi modo de ver, hay más testimonios que prueban lo que afirmamos. El propio Presidente Aristide ha expresado, sin ambages, que fue secuestrado por infantes de marina estadounidenses y que no renunció por su propia voluntad -como aseguran funcionarios de Washington-, sino que fue obligado a firmar un documento.

Hay todavía más testimonios a considerar. Cincuenta y cuatro países de África -cincuenta y cuatro- destacan el mandato constitucional de Aristide. Es decir, un tercio de los países que integran la Organización de las Naciones Unidas sostienen que fue destituido por intervención extranjera. Se produce un golpe de Estado, con marines y todo, que destituyó a un Presidente electo democráticamente e impuso a un gobierno ilegítimo.

El interés de los gobernantes estadounidenses en Haití no es un hecho nuevo. En 1920, un Presidente de Estados Unidos se jactó de haber redactado personalmente una Constitución para ese país hermano. Y aunque luego ese Presidente tuvo bastante prestigio internacional por su acción antifascista y antinazi, el 19 de agosto de 1920 Franklin Delano Roosevelt dijo lo siguiente: "Yo mismo redacté la Constitución de Haití y si lo digo es porque pienso que es una Constitución bastante buena". Pero todos sabemos, además, que el interés de los capitalistas estadounidenses en Haití no comenzó con Roosevelt. Los marines, que siempre desembarcan escudados en pretextos que consideran prestigiosos -se invoca la libertad, es decir, concurren como libertadores, como sembradores de ideales democráticos o para proteger vidas y sobre todo, lo que también confiesan, para proteger propiedades-, desembarcaron en Haití en 1857, 1859, 1868, 1876, 1888, 1892, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 -breve paréntesis-, 1911, 1912, 1913, 1915, 1994. Con la más reciente, esta con la que estamos colaborando, suman veinte las invasiones para "apoyar" -dicho sea entre comillas- a Haití. Con razón, a mi modo de ver, en un libro que tituló "El regreso de los piratas", publicado en 1994, el periodista uruguayo Ettore Pierri escribió que los haitianos tendrían razón si acusaran a los gobernantes norteamericanos de acoso democrático en reiteración real.

No solo la historia desde largo tiempo atrás, sino los hechos recientes, los de la última intervención, indican, a nuestro juicio, que el envío de tropas no contribuirá a alejar las garras del imperio de turno de la tierra de los haitianos, o que debería ser de ellos.

A mi modo de ver, esta no es una misión de paz, sino el respaldo a un régimen fruto de un golpe de Estado realizado con intervención extranjera.

Dejo de lado el hecho de que el mensaje del Poder Ejecutivo, como se denunció en el Senado, no aporta explicación alguna sobre la necesidad del aumento de tropas. El señor Senador Garat, que entiende de temas militares, afirmó categóricamente que esta es una misión de guerra, que se trata de una misión de represión que irá a combatir y reprimir a ciudadanos de un país que no quieren acatar el mandato de un régimen surgido del golpe que derrocó a un Gobierno legítimamente constituido.

Por tanto, reitero personalmente mi voto negativo contra lo que considero una intervención.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: en consonancia con lo que se ha manifestado en ocasión de votar por primera vez el envío de tropas a Haití -en lo que se ha dado en llamar una misión de paz- y también con lo que acaba de manifestar, por ejemplo, el señor Diputado Chifflet, nuestro Partido entiende que esto no es efectivamente un envío de tropas adicionales para el mantenimiento de la paz en Haití, sino para mantener la intervención por parte de un Gobierno extranjero. Allí fue removido el Presidente constitucional y, además, esta actitud está en contra de todas las tradiciones de nuestro país en materia de no intervención en asuntos de otros países.

Me sorprende, realmente, que se haya cambiado el rumbo, como se ha hecho, en esta situación de carácter internacional.

Históricamente, Uruguay ha mantenido una política de no intervención; ha colaborado en misiones de paz, que comprobadamente tenían ese carácter, y las hemos apoyado con nuestro voto. Pero esta no es una misión de paz, sino que tiene la finalidad de apoyar la intervención de los Estados Unidos en la República de Haití, país que durante decenas de años ha sido castigado por intervenciones permanentes de distintos países. Hoy, en el siglo XXI, una vez más, es intervenido, sigue estando intervenido.

Desde esta pequeña República del Uruguay no haríamos nada bien si votáramos la intervención de una pequeña República de Centroamérica. En el siglo XXI la paz no se asegura con las intervenciones a los que son más débiles, sino poniendo un freno a los que son más fuertes.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR FALERO.- ¿Cuál es la mayoría exigida?

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Para la declaración de gravedad y urgencia, cuando el proyecto no está repartido, la mayoría exigida es de sesenta y seis votos conformes, pero para el pase a la discusión particular se requiere solo mayoría simple.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: sin duda que en este episodio de Haití confluyen múltiples aspectos.

He escuchado con mucha atención las exposiciones que han hecho los señores Diputados preopinantes y, más allá de la actitud que asuman en el momento de votar, pienso que ninguna de ellas es contradictoria: todos reflejan aspectos de una realidad sumamente compleja. Nos tenemos que pronunciar en este momento sobre una situación muy compleja.

Si de alguna manera pudiéramos resumir en una palabra la situación de Haití, diría que es una tragedia. Debo decir que tengo un hermano que vivió y trabajó muchos años en Haití, quien me ha relatado y comentado las crisis que ha padecido un Estado que nunca ha llegado a ser tal. Vivió la dictadura de Duvalier, la época de los Tonton Macoutes; vivió la época de su sucesor, su hijo, en una situación de carencia absoluta de garantías -felizmente, en el Uruguay las tenemos- en los más diversos aspectos que hacen a una sociedad debidamente constituida.

Luego vino el Gobierno de Aristide a través de intervenciones y destituciones, pero contraponer la situación que hoy se vive en Haití -que es un momento de crisis total y de inexistencia de un Estado que mínimamente pueda ordenar el funcionamiento de una sociedad- con un Estado democrático en la época del Gobierno de Jean-Bertrand Aristide, es realizar un enfoque absolutamente equivocado. Es cierto -y no le atribuimos menor importancia- que Jean-Bertrand Aristide había sido electo para encabezar un Gobierno democrático, pero también sabemos que en su Gobierno hubo distintas expresiones y acciones, algunas desde la oposición, otras desde grupos de acción informal y otras desde el propio Gobierno, que configuraban un estado de violación permanente de los derechos humanos. Había una situación de deterioro extremo de las reglas de funcionamiento de una sociedad que tenga mínimas normas de civilidad y un gobierno que cumpla con las mínimas exigencias para con su pueblo.

Desde luego, todo esto se cruza con intereses de tipo económico y político y se inscribe en el marco de la geopolítica internacional regional, en la que históricamente Estados Unidos ha jugado un papel en la región y, en particular, en Haití, que es conocido y ha sido decisivo en cuanto a ubicar a estos países de la periferia del territorio americano prácticamente como expresiones territoriales de un poder que se constituye y funciona desde Washington y se proyecta más allá de la frontera de su país. Eso lo hemos visto en Haití y en muchas partes del mundo, diría que particularmente en América Central y el Caribe.

En ese cuadro de extrema complejidad están las resoluciones de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y del CARICOM, que, desde luego, pueden tener un grado de justificación diversa. Creo que la resolución que adoptó el CARICOM era muy loable desde el punto de vista de las relaciones políticas y de la solidaridad regional, pero absolutamente inoperante en cuanto a intentar poner un mínimo de orden en una sociedad en total disolución, por lo que no habría cambiado la situación.

En este marco muy complejo, en el que todo indica que Aristide no se retiró, que no abandonó el Gobierno, sino que fue obligado a retirarse -cuando no sencillamente depuesto-, se inscriben las resoluciones adoptadas en su momento, que debemos decir que tienen una peculiaridad: las fuerzas están comandadas por un General del Ejército brasileño e integradas por contingentes militares de la región, con los cuales, por múltiples motivos, sentimos afinidad de amplio espectro. Este es un tema que históricamente no hemos examinado en profundidad; nos cae arriba de la mesa -por así decirlo- un tema muy complejo en una realidad también muy compleja y sobre el cual no se ha formado suficiente doctrina. Creo que tendremos que abordarlo en el marco de las reflexiones políticas que se den en el MERCOSUR.

Conocemos lo que resolvió el Gobierno uruguayo en cuanto a integrar el contingente militar, que no fue para la preservación de la paz, sino para su imposición. Sabemos que estas palabras pueden sonar no demasiado distintas, pero tienen consecuencias diferentes y sumamente trágicas desde el punto de vista de la acción que se desarrolla en el país; en un caso hay posibilidad de realizar acciones militares, y no es así en el otro.

Hoy estamos ante una situación nueva: en el Uruguay, el 1º de marzo próximo asumirá un Gobierno distinto, emanado de las elecciones realizadas recientemente, en el cual sin duda nuestra bancada tendrá una responsabilidad diferente por ser una fuerza de Gobierno y no de oposición.

Digo, y lo asumo con plena responsabilidad, que pienso que, quizás, esta sea la primera vez -pero no la única- en que muchas de las consecuencias emanadas de ejercer el Poder Ejecutivo y de que el Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, sea el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, nos obliguen a asumir determinadas posiciones que desde la oposición no habríamos adoptado; y lo digo sin ningún inconveniente. No me extrañaría que más de una vez tenga que decir a quienes representen a las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado que tenían razón, que entendemos que los argumentos que en su momento manejaron, que no eran asumidos por nosotros, eran de peso y que en circunstancias de ser Gobierno tenemos que asumirlos. Ese es un elemento de la realidad y hay que ponerlo en negro sobre blanco para saber qué está ocurriendo y por qué vamos a votar el proyecto.

Hoy estamos ante una situación -y esta es, en definitiva, la razón de ser de los hechos: ya hay tropas, contingentes del Ejército uruguayo en Haití, enfrentando una situación que -lo leí hoy en la prensa- está lejos de ser controlada. Aquí se nos plantea un tema de mucha importancia en el que todos los demás factores que han sido incorporados forman parte del problema. Estamos ante una situación concreta: en el territorio haitiano hay un contingente de Fuerzas Armadas uruguayas y debemos decidir si le damos el respaldo suficiente para que cumplan la misión que fueron a cumplir, o contribuimos a que, eventualmente, pueda haber una tragedia, como sería un enfrentamiento armado en el que hubiera muertos de nuestras Fuerzas Armadas.

Creo que el poder militar tiene que ser un poder y como tal debe contar con los recursos de apoyo suficientes -humanos y logísticos- para el cumplimiento de la tarea. Y si se entiende que el contingente del Ejército uruguayo que está allá necesita un refuerzo para enfrentar estas situaciones por las consideraciones que hice, sin dejar de reconocer que los argumentos geopolíticos que se han expuesto por los demás compañeros son ciertos, vamos a votar afirmativamente este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Antes de pasar a votar el artículo único, ante la consulta del señor Diputado Falero, la Mesa aclara que el numeral 12 del artículo 85, que refiere a las potestades del Poder Legislativo, habla de "Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la República, señalando, para este caso, el tiempo de su regreso a ella", para lo cual no establece mayorías especiales. Es en base a esta norma que fundamos nuestra información acerca de cuál es la mayoría necesaria para la aprobación de este proyecto.

SEÑOR RIVERÓS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RIVERÓS.- Señor Presidente: quería dejar constancia de que comparto ampliamente la exposición del señor Diputado Chifflet sobre los antecedentes históricos y actuales de la situación de la República de Haití. Sin embargo, como estoy actuando en carácter de suplente y tampoco tengo conocimiento de las actuaciones que están cumpliendo las Fuerzas Armadas del Uruguay en esa República, a los efectos de no entrar en contradicción con la resolución de la bancada del Frente Amplio sobre este asunto, momentáneamente me voy a retirar de Sala, dejando esta constancia.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: después de la exposición del señor Diputado Baráibar no nos debe quedar la más mínima duda: nos convenció de por qué tenemos que seguir votando afirmativamente en el tema de Haití, como lo hemos hecho durante todo este tiempo. Realmente, nos ha dado el verdadero justificativo el "aggiornamento" del señor Diputado Baráibar y su bancada con respecto al tema de las Fuerzas Armadas. Nos deja contentos que se cambie de posición política según de qué lado del mostrador se esté.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo único.- Increméntase el número de efectivos integrantes del Contingente Militar autorizado a salir del territorio nacional por Ley Nº 17.785, de 22 de junio de 2004, a efectos de participar en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de Naciones Unidas en la República de Haití, conforme al siguiente detalle:

Una Sub-Unidad de Infantería integrada por 5 (cinco) efectivos integrantes de Personal Superior y 151 (ciento cincuenta y uno) efectivos integrantes de Personal Subalterno.

Medios de Apoyo Logístico y Sanitarios, integrados por 4 (cuatro) efectivos integrantes de Personal Superior y 40 (cuarenta) efectivos integrantes de Personal Subalterno".

14.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de Secretaría relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

La Secretaría de la Cámara aconseja al Cuerpo aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Nahum Bergstein, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 9 y 18 de enero de 2005, a los efectos de asistir al World Forum of Jewish Ministers and Members of Parliaments, por invitación del Parlamento de Israel a realizarse en la ciudad de Jerusalen, Estado de Israel, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Dicancro.

De la señora Representante Glenda Rondán, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Carlos Restano.

Del señor Representante Francisco Ortiz, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Sabino Queirós".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, literal D) solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia desde el 9 de enero al 18 de enero de 2005, a los efectos de asistir al World Forum of Jewish Ministers an Members of Parliament, por invitación del Parlamento de Israel a realizarse en Jerusalem desde el 9 de enero.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

NAHUM BERGSTEIN
Representante por Montevideo".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior del señor Representante por el departamento de Montevideo, Nahum Bergstein, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, a efectos de asistir al World Forrum of Jewish Ministers and Members of Parliament, a realizarse en la ciudad de Jerusalen, Estado de Israel.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 18 de enero de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el literal D) de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Nahum Bergstein, por el período comprendido entre los días 9 y 18 de enero de 2005, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al World Forrum of Jewish Ministers and Members of Parliament, a realizarse en la ciudad de Jerusalen, Estado de Israel.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 17.827, convocando a mi suplente respectivo durante el día de hoy.

Sin otro particular saludo atentamente,

GLENDA RONDÁN
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente de la Diputada Glenda Rondán, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular saludo atentamente,

Alberto Jar Sánchez".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente de la Diputada Glenda Rondán, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular saludo atentamente,

Gustavo Rojo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente de la Diputada Glenda Rondán, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular saludo atentamente,

Alexis Guynot de Boismenú".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente de la Diputada Glenda Rondán, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular saludo atentamente,

Alejandro Falco".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por la Diputada Glenda Rondán.

Sin otro particular saludo atentamente,

Agustín Aguerre".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente de la Diputada Glenda Rondán, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular saludo atentamente,

Mario Linzo".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por la Diputada Glenda Rondán.

Sin otro particular saludo atentamente,

José Amorín".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por la Diputada Glenda Rondán.

Sin otro particular saludo atentamente,

Luis Eduardo Alpuín".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por la Diputada Glenda Rondán.

Sin otro particular saludo atentamente,

Pedro Pérez Stewart".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado para integrar ese Cuerpo en mi calidad de suplente, por el día de la fecha, comunico a usted que por esta vez no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular saludo atentamente,

Yamandú Flangini".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de comunicarle que por esta única vez no acepto la convocatoria para integrar ese Cuerpo.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a usted atentamente con mi más alta consideración,

Leonardo Costa".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por la Diputada Glenda Rondán.

Sin otro particular saludo atentamente,

Guillermo Silva Grucci".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por la Diputada Glenda Rondán.

Sin otro particular saludo atentamente,

Álvaro Berrutti".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por la Diputada Glenda Rondán.

Sin otro particular saludo atentamente,

Humberto Bellora".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a efectos de comunicarle que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por ese Cuerpo para la sesión del día de la fecha.

Sin otro particular saludo atentamente,

Gabriel Pais Rivanera".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por la Diputada Glenda Rondán.

Sin otro particular saludo atentamente,

Dante Raúl Aliverti".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Glenda Rondán.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Jar Sánchez, Gustavo Rojo, Alexis Guynot de Boismenú, Alejandro Falco, Agustín Aguerre, Mario Linzo, José Amorín, Luis E. Alpuin, Pedro Pérez Stewart y Yamandú Flangini, Leonardo Costa, Guillermo Silva, Álvaro Berrutti, Humberto Bellora, Gabriel Pais y Raúl Aliverti.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Glenda Rondán.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes, señores Alberto Jar Sánchez, Gustavo Rojo, Alexis Guynot de Boismenú, Alejandro Falco, Agustín Aguerre, Mario Linzo, José Amorín, Luis E. Alpuin, Pedro Pérez Stewart y Yamandú Flangini, Leonardo Costa, Guillermo Silva, Álvaro Berrutti, Humberto Bellora, Gabriel Pais y Raúl Aliverti.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Carlos Restano.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia por el día de la fecha, por motivos personales.

Sin otro particular saludo atentamente,

FRANCISCO ORTIZ
Representante por Treinta y Tres".

"Montevideo, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Cúmpleme informar que esta única vez no acepto la convocatoria de la cual he sido objeto.

Sin otro particular saludo atentamente,

Ruben Arismendi".

"Santa Clara, 15 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Álvaro Alonso.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente deseo comunicar a Ud. La imposibilidad de aceptar, por esta vez, la convocatoria para ocupar la suplencia del Diputado Francisco Ortiz.

Sin otro particular saludo atentamente,

Luis Alberto Rodríguez".

"Secretaría

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Francisco Ortiz.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes siguientes, señores Ruben Arismendi y Luis Alberto Rodríguez.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de ésta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Francisco Ortiz.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentan los suplentes siguientes señores Ruben Arismendi y Luis Alberto Rodríguez.

3) Convóquese por Secretaría por el día 15 de diciembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 17 del lema Partido Nacional, señor Sabino Queirós.

Montevideo, 15 de diciembre de 2004".

15.-     Declaración de gravedad y urgencia.

——Corresponde votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Luis Pérez Aguirre. (Designación al segmento de la Ruta Nacional Nº 48 comprendido entre la calle Luis Batlle Berres de la ciudad de Las Piedras y la Ruta Nacional Nº 5 General Fructuoso Rivera)".

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: ¿qué pasó con el segundo punto del orden del día?

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Estamos votando por cédulas la elección de un miembro suplente de la Comisión Permanente, aprobamos la Convención de las Naciones Unidas, acabamos de votar el proyecto -declarado grave y urgente- sobre el envío de tropas a Haití y ahora vamos a considerar el tercer punto del orden del día.

De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en tercer lugar del orden del día, para lo cual se requieren cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

16.-    Luis Pérez Aguirre. (Designación al segmento de la Ruta Nacional Nº 48 comprendido entre la calle Luis Batlle Berres de la ciudad de Las Piedras y la Ruta Nacional Nº 5 General Fructuoso Rivera).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Luis Pérez Aguirre. (Designación al segmento de la Ruta Nacional Nº 48 comprendido entre la calle Luis Batlle Berres de la ciudad de Las Piedras y la Ruta Nacional Nº 5 General Fructuoso Rivera)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1557

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase como "Avenida Luis Pérez Aguirre" al segmento de la Ruta 48 comprendido entre la calle Luis Batlle Berres (calle Municipio) de la ciudad de Las Piedras y la Ruta General Fructuoso Rivera (Ruta 5).

Montevideo, 25 de febrero de 2004.

JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representante por Canelones, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 1999, el país se vio conmovido por el impacto que significó el fallecimiento del sacerdote jesuita Luis Pérez Aguirre. "Perico" Pérez Aguirre, quien fuera a lo largo de su vida un uruguayo comprometido con sus ideas y con sus acciones, y que se hizo más fuerte en los momentos oscuros que tendió la dictadura sobre nuestro país.

Al pensar en las circunstancias de su desaparición, se tiende a pensar y a sentir en la banalidad que hay en algunas formas de la muerte. El episodio de su muerte anónima cierra con su personaje modesto y simple. Estuvo catorce horas sin que nadie supiera que quien yacía muerto en una comisaría fuera Luis María Pérez Aguirre.

Desde el punto de vista de su personalidad cabe destacar su opción preferente por los pobres, los excluidos, los desposeídos y los marginales, manifestada a través de muchas decisiones y opciones que realizó, como por ejemplo, en la experiencia del hogar "La Huella" con niños y adolescentes huérfanos o abandonados. También se relacionó con gente vinculada a la prostitución, con capacidades diferentes u otras situaciones de marginalidad, de exclusión o formas de indefensión a nivel social.

Se debe destacar de su personalidad el profundo interés en materia de libertades políticas y de derechos humanos. Todos sentimos un aire de libertad a principios de 1980 cuando aparecieron expresiones públicas de impugnación directa a la dictadura, realizadas en diferentes publicaciones y, en particular, en la revista "La Plaza", en la que escribió Perico. En el año 1982 se lo procesó por un artículo denominado "El Guerrero y la Paz" en el cual critica con dureza a la dictadura y a la figura del guerrero que, de alguna manera, estaba ideológicamente desarrollada en aquel contexto que tanto rechazamos. En el año 1983, participó de hechos que luego se convirtieron en una huelga motivada por el fracaso de negociaciones que en esa instancia estaban encaminadas a salir de la dictadura e inaugurar la transición hacia la democracia.

Perico puso en la palestra pública el tema de la amnistía a los presos políticos, para lo cual había que tener mucho coraje cívico y personal. La acción por los derechos humanos lo lleva luego al compromiso que todos conocemos del SERPAJ.

Fue uno de esos seres humanos que puede sentirse seguro de haber vivido, durante toda su vida, en absoluta coherencia con su pensamiento. Supo encontrar la armonía de pensamiento y acción. La cuestión de los derechos humanos, así como la de las libertades políticas, la marginalidad y situaciones similares, no las desarrolló sólo con acciones, sino que también fue capaz de llevar a cabo un pensamiento innovador y consistente desde el punto de vista teórico.

Colocado en la frontera del debate, incluso en la comunidad a la que pertenecía, desarrolló un conjunto de publicaciones que, en general, estaban a contracorriente y tocaban temas tabúes, y eran considerados en cierta medida como temas que no se podían tocar y de los que no se podía hablar, como, por ejemplo, lo eran los problemas vinculados con la condición femenina, como la cuestión del aborto. Tuvo el arrojo y la valentía de tomarlos cuando nuestra sociedad, sistema político incluido, en una medida importante aunque no totalmente, no tuvo la capacidad para debatirlos públicamente en el acuerdo y en el desacuerdo.

Uno de los últimos episodios que protagonizó, relacionado con los derechos humanos, fue el integrar la Comisión para la Paz. Ello demuestra hasta donde, para él, la compasión y el sentir con los demás era algo importante, porque conocía el tema, porque estaba dedicado a ese tema desde siempre, porque estaba trabajando con enorme pasión, amor y discreción a favor de salidas que eventualmente aún no se vislumbran pero a las cuales él estaba contribuyendo enormemente.

Es por estos motivos que proponemos este proyecto de ley, por el cual el segmento de ruta nacional que cruza por el frente de su hogar "La Huella" lleve su nombre, como forma de homenaje por parte de todos los uruguayos que no quieren que su nombre sea olvidado, y de un acto de justicia que lo preserve del olvido.

Montevideo, 25 de febrero de 2004.

JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representante por Canelones, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo."

Anexo I al
Rep. Nº 1557

"Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

I N F O R M E

Señores Representantes:

A iniciativa del Diputado José Carlos Mahía y en una línea de trabajo en la que se prioriza la nominación de rutas nacionales con personalidades que han hecho aportes sustantivos a la sociedad uruguaya, el proyecto presentado propone la nominación de Luis Pérez Aguirre en un segmento de la Ruta Nacional Nº 48 que pasa por la ciudad de Las Piedras.

Y la ubicación propuesta no es fortuita. Los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de los entornos de Las Piedras del departamento de Canelones, encontraron en el Hogar La Huella sustentado con el esfuerzo y la solidaridad de Perico Pérez Aguirre, el amparo y la promoción de sus personalidades que los convertirá en ciudadanos y ciudadanas insertos en la comunidad uruguaya con todas sus potencialidades.

También fue en Las Piedras donde se expresó su vocación periodística. La revista La Plaza de la familia Carámbula le dio un espacio para sus reflexiones sobre la libertad realizadas en un oscuro tiempo donde ella faltaba.

Allí comenzó a convertirse en una personalidad referente de la sociedad uruguaya, especialmente por la profundidad de su conceptualización sobre los derechos humanos.

Como integrante del Servicio de Paz y Justicia del Uruguay, llevó a los organismos internacionales los reclamos sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y se convirtió en consultor de las Naciones Unidas en esta área.

Perico Pérez Aguirre fue un pensamiento cuestionador del "statu quo" del pensamiento tradicional, enemigo de las posturas condescendientes y un firme defensor de los más vulnerables. Y la coherencia de su austera vida con sus expresiones públicas le valió el respeto de quienes acordaban con su filosofía y quienes no la compartían.

Por ello para muchos fue una figura legitimante de la Comisión para la Paz que convocara el doctor Jorge Batlle para profundizar en las interrogantes de las desapariciones forzadas de uruguayos y uruguayas provocadas durante la dictadura.

Rescatamos su postura cuestionadora y profundamente reflexiva sobre el cristianismo que guiaba su vida como hombre y como sacerdote. Fue referente ineludible, junto con otro teólogo que fuera su profesor y compañero de vida sacerdotal en la Compañía de Jesús, el padre Juan Luis Segundo. Y si bien sus cuestionamientos a las posturas más conservadoras de las jerarquías de la Iglesia Católica le generaron silencios obligados y la no publicación de sus opiniones, fue su prédica coherente y fundamentadora la que retuvo en la práctica de la fe a muchos cristianos y cristianas.

Por último deseo rescatar su esfuerzo por acompañar las luchas de las mujeres para que sus derechos fueran equiparados en una sociedad injusta con su mitad femenina. El esfuerzo para desprenderse de la natural perspectiva masculina de posición dominante que culturalmente incorporó como hombre, forma parte de su coherencia vital y la transmite en sus publicaciones sobre la prostitución y la condición femenina.

Esta personalidad uruguaya que encontró la muerte muy joven aún y cuando todavía mucho tenía para aportar a su país, merece ser recordado por las futuras generaciones en estos versos que los niños y jóvenes de La Huella cantaron en un homenaje que le realizaron en la Sala Paulina Luisi del "Edificio José Artigas" del Parlamento Uruguayo:

"Se vuelve viento para no callarse

se vuelve grito cuando dice no

se vuelve fuerza para muchos niños

en voz de aquellos que no tienen voz".

Por lo expuesto, se aconseja a la Cámara la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 2004.

MARGARITA PERCOVICH, Miembro Informante, JORGE BARRERA, DANIEL DÍAZ MAYNARD, LUIS ALBERTO LACALLE POU, FELIPE MICHELINI, ERNESTO RODRÍGUEZ ALTEZ, JORGE ZÁS FERNÁNDEZ".

—-—Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señor Diputado Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: esta fue una iniciativa del señor Diputado Mahía, en una línea de trabajo que desarrollamos en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración en la que se prioriza la nominación de rutas nacionales con personalidades que han hecho aportes sustantivos a la sociedad uruguaya.

En este caso, se trata del sacerdote Luis Pérez Aguirre y se procura que lleve su nombre un segmento de la Ruta Nacional Nº 48 que, precisamente, pasa por la ciudad de Las Piedras, allí donde él trabajó, en ese hogar "La Huella", por los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestra sociedad, logrando que se convirtieran en ciudadanos insertos en la comunidad con todas sus potencialidades.

Fue también en Las Piedras donde expresó su vocación periodística en la revista "La Plaza".

Allí comenzó a convertirse en una personalidad referente de la sociedad uruguaya, especialmente por su profundidad en la conceptualización sobre los derechos humanos.

Como integrante del Servicio de Paz y Justicia del Uruguay, representó a los uruguayos en organismos internacionales sobre los temas referentes a las violaciones de derechos humanos.

Sobre todo fue una persona cuestionadora del statu quo del pensamiento tradicional, enemigo de las posturas condescendientes y un firme defensor de los más vulnerables. La coherencia de su vida austera con sus expresiones públicas le valió el respeto de quienes acordaban con su filosofía y de quienes no la compartían. Por ello, para muchos fue una figura legitimante de la Comisión para la Paz que convocara el doctor Jorge Batlle para profundizar en las interrogantes sobre las desapariciones forzadas de los uruguayos y uruguayas ocurridas durante la dictadura.

Rescatamos su postura cuestionadora y profundamente reflexiva sobre el cristianismo que guiaba su vida como hombre y como sacerdote. Fue un referente ineludible junto con otro teólogo que fuera su profesor y compañero de vida sacerdotal en la Compañía de Jesús, el Padre Juan Luis Segundo. Y si bien sus cuestionamientos a las posturas más conservadoras de las jerarquías de la Iglesia Católica le generaron silencios obligados y la no publicación de sus opiniones, fue su prédica coherente y fundamentadora la que retuvo en la práctica de la fe a muchos cristianos y cristianas.

Por último, deseo rescatar su esfuerzo por acompañar las luchas de las mujeres para que sus derechos fueran equiparados en una sociedad injusta con su mitad femenina. El esfuerzo para desprenderse de la natural perspectiva masculina de posición dominante que culturalmente incorporó como hombre, forma parte de su coherencia vital y la trasmite en sus publicaciones sobre la prostitución y la condición femenina.

Esta personalidad uruguaya, que encontró la muerte muy joven aún y cuando todavía tenía mucho para aportar a su país, merece ser recordada por las futuras generaciones en estos versos que los niños y jóvenes de "La Huella" cantaron en un homenaje que le realizaran en esta Casa, en la Sala Paulina Luisi del Edificio José Artigas del Parlamento uruguayo. Ellos decían: "Se vuelve viento para no callarse / se vuelve grito cuando dice no / se vuelve fuerza para muchos niños / en voz de aquellos que no tienen voz".

Por eso consideramos que este es un buen aporte que hacemos a las rutas uruguayas en este esfuerzo por revalorizar los nombres con que las designamos para que se recuerde a las personalidades que han aportado a la sociedad uruguaya.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑORA PONTE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PONTE.- Señor Presidente: en este acto legislativo, recordamos a un hombre excepcional y necesario, un referente crítico en nuestro país y aun más allá de nuestras fronteras.

Luis Pérez Aguirre fue un cristiano, un sacerdote, un pensador, un hombre que eligió mirar al mundo desde los ojos de las niñas y los niños más vulnerables con los cuales eligió vivir, los más desprotegidos de esta sociedad.

Fue un hombre que vivió empáticamente el sufrimiento y la discriminación allí donde estuvieran. Él mismo decía: "Porque sin ser mujer, ni negro, ni asiático, soy humano. Allí comulgo con lo que de humano hay en cada uno de esos continentes". Por eso, Luis Pérez Aguirre fue un defensor de los derechos humanos, de todos los derechos humanos.

Su vida fue reflexión y acción. Su pensamiento y su vida han sido y son aún camino para la construcción de una sociedad nueva, para la construcción de mujeres y hombres nuevos, para la construcción de un mundo justo y solidario.

Por estos motivos, entendemos sumamente justo este acto de la Cámara al denominar con el nombre de Luis Pérez Aguirre a un tramo de la Ruta Nacional Nº 48, lugar por el que tantas veces salió al mundo y por el que tantas otras volvió a su hogar, "La Huella".

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR LEGLISE.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al presentado)

17.-     Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de un miembro suplente para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

——Dese cuenta del resultado de la votación para la elección de un miembro suplente de la Comisión Permanente para el Quinto Período de la XLV Legislatura.

(Se lee:)

"Han votado setenta y tres señores Representantes y todos lo han hecho por la única lista presentada".

——En consecuencia, ha sido electo para integrar la Comisión Permanente, como suplente respectivo de la señora Representante Glenda Rondán, el señor Representante Andrés Oribe.

18.-    Declaración de gravedad y urgencia.

De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en cuarto término del orden del día.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

19.-     Discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país. (Se solicita al Poder Ejecutivo que se incluyan en las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país. (Se solicita el Poder Ejecutivo que se incluyan en las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1344

"MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que se incluya en las exoneraciones establecidas en el Título 10 del Texto Ordenado 1996, artículo 19, numeral 1), literal J) a los discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país.

Montevideo, 8 de julio de 2003.

RONALD PAIS, Representante por Montevideo, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ALBERTO SCAVARELLI, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Texto Ordenado de Normas Tributarias prevé en su Título 10, artículo 19, numeral 1), literal J), la exoneración del Impuesto al Valor Agregado a los "diarios, periódicos, revistas, libros y folletos de cualquier naturaleza, con excepción de los pornográficos". Asimismo, la disposición citada establece que "Estará asimismo exento el material educativo. El Poder Ejecutivo determinará la nómina de artículos comprendidos dentro del material educativo".

Igualmente, el artículo 291 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, sustituyó al literal C) del artículo 8º de la Ley Nº 15.913, de 27 de noviembre de 1987, exonerando de todo tributo nacional, incluidos los proventos, precios portuarios, recargos, tasa de movilización de bultos y demás gravámenes aduaneros y tasas consulares, "los sobres y estuches de disco y otros elementos de reproducción fonográfica...".

El disco es reconocido unánimemente por su valor de transmisión cultural y es, además, un elemento imprescindible para el desarrollo y proyección en la carrera artística de todo músico o cantante.

La música nacional, por su parte y pese a las dificultades inherentes a un medio pequeño y carente de un "show business" desarrollado, ha producido y produce constantemente artistas de talla internacional.

La aceptación y admiración que cantantes, conjuntos y músicos uruguayos recogen en miles de adeptos -más allá de fronteras- indica que aquí existe una industria cultural y una exportación no tradicional que merece el incentivo y apoyo de toda la sociedad.

Seguramente estas razones hicieron que también el legislador exonerara de IVA a "las retribuciones personales obtenidas fuera de la relación de dependencia, cuando las mismas se originen en actividades culturales desarrolladas por artistas residentes en el país" (Texto Ordenado Título 10, artículo 19, numeral 2), literal J).

Lamentablemente, los esfuerzos de creadores, autores, artistas y sellos discográficos, han chocado desde hace tiempo con la devastación provocada por la piratería discográfica. Esta ha tomado nuevas formas a partir de los nuevos medios tecnológicos, que han facilitado su difusión y crecimiento, al mismo tiempo que resulta cada vez más difícil su control y enfrentamiento.

Ello ha llevado a una caída constante en la venta de discos, cuyos precios no han podido acompañar los bajos costos que disponer de una copia pirateada supone.

Es por esta razón que resulta necesario facilitar el acceso al disco en condiciones legales, comenzando por la producción nacional que no tiene -en principio- la facilidad de los mercados marginales que poseen las producciones extranjeras.

En consecuencia, a efectos de apoyar la creatividad y desarrollo de la música nacional mediante el incremento en la venta de discos legítimos, creemos oportuno plantear al Poder Ejecutivo incluir en la exoneración del Impuesto al Valor Agregado a los discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país.

Este planteamiento, naturalmente, no impide la consideración de otras posibles opciones, por parte del Poder Ejecutivo, como puede ser la devolución del IVA compras, es decir, asimilar la enajenación de discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país, a una exportación.

Esperamos que la medida propuesta constituya una herramienta más para el combate a la piratería, al mismo tiempo que contribuya al crecimiento de una actividad que -más allá del valor cultural- es indudablemente productiva y generadora de empleo.

Montevideo, 8 de julio de 2003.

RONALD PAIS, Representante por Montevideo, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ALBERTO SCAVARELLI, Representante por Montevideo".

Anexo I al
Rep. Nº 1344

"Comisión de Hacienda

I N F O R M E

Señores Representantes:

La copia o falsificación de obras artísticas es un fenómeno que, a lo largo de los tiempos, ha constituido una preocupación permanente tanto para las autoridades como para los creadores.

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías ese fenómeno se ha agravado, tomando ribetes dramáticos para quienes pretenden realizar una actividad económica basada en las industrias culturales.

Si bien estas consideraciones generales merecerían una precisión adecuada al tipo de creación u obra artística de que se trate, nuestra intención es centrarnos en la industria discográfica y, en particular, la de nuestro país.

Todos los datos recogidos en los últimos años, señalan que la venta legal de discos ha decrecido, mientras que las ventas de discos piratas ha trepado en forma espectacular.

En España, en el año 2001, se vendieron 20 millones de discos piratas, alcanzando a un 30% del total de discos distribuidos ese año. En Italia, comenzó el año 2002 con un descenso de entre el 15% y 20% de las ventas legales de discos, en una tendencia que no se ha revertido. En México, 6 de cada 10 discos vendidos es pirata, constituyéndose ese país, además, en uno de los tres productores mundiales de grabaciones piratas, después de China y Rusia.

Naturalmente que este fenómeno presenta características similares también en la región, comprobándose una expansión por demás preocupante en Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

En Uruguay, las ventas de discos se han derrumbado. Según la Cámara Uruguaya del Disco, de 1.653.878 unidades en 1998, se pasó a 183.000 en el año 2002.

La recaudación tributaria del Estado en este sector bajó de U$S 8.368.823 en 1998, a U$S 385.529 en 2002.

Naturalmente el tema es complejo, los aspectos involucrados variados y también diversas las acciones a adoptarse para reducir el impacto devastador que la piratería tiene sobre la actividad artística, industrial y comercial.

Lo que aparece como algo irrefutable es que la diferencia de precio entre el producto pirateado y el legal es tan importante que genera una disposición del consumidor para que las connotaciones éticas que tiene la adquisición de un disco pirata no le impidan comprar lo más barato, aunque ello suponga -más allá de los perjuicios que su actitud le inflige a su artista predilecto- no contar con la garantía y nivel de calidad que el producto genuino le ofrece.

Esta diferencia de precio, lo dramático de la situación y el planteamiento reiterado de artistas, autores, industriales y comercializadores, ha impulsado a la Comisión de Hacienda a aprobar por unanimidad la presente minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, planteando la aspiración que el alivio de una rebaja tributaria transitoria coloque al disco legítimo en mejores condiciones para combatir con el pirateado.

El Estado no perderá recaudación porque ya, directamente, o recauda cantidades insignificantes o no recauda nada, en base a que un mercado como el nuestro no resiste esta competencia desleal y aniquilante.

Somos sabedores de que esta no es una solución definitiva a un tema que debe atacarse desde muchos ángulos, como lo demuestra la experiencia internacional, pero constituiría una señal clara del Gobierno para mostrar su preocupación por el fenómeno y sumar su esfuerzo a una reducción de precios que atenúe el mayor atractivo que hoy encuentra el consumidor para optar por un producto pirateado, en lugar del legítimo.

La Comisión de Hacienda, por las razones expuestas, recomienda al plenario de la Cámara de Representantes, la aprobación del proyecto de minuta de comunicación de que se trata.

Sala de la Comisión, 19 de mayo de 2004.

RONALD PAIS, Miembro Informante, CARLOS BARÁIBAR, SILVANA CHARLONE, DANIEL GARCÍA PINTOS, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, GUSTAVO PENADÉS, IVÁN POSADA".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de minuta de comunicación.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al presentado)

20.-     Solicitud de declaración de gravedad y urgencia.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para realizar un planteamiento político.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Hay una moción presentada en la Mesa!

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- La Presidencia quiere dejar algunas constancias. En primer lugar, se ha procurado dar a la coordinación de la Cámara la mayor jerarquía para que su funcionamiento sea lo más diligente posible. Estamos sesionando fuera del período ordinario de sesiones y, en algunos casos, con dificultades para conseguir las mayorías requeridas.

El criterio de la Presidencia -y para ello convocamos a los coordinadores de las bancadas- ha sido el de procurar atender los temas urgentes y aquellos en los que existiese unanimidad o consenso evidentes. De esta forma fue que procedimos a hacer una convocatoria en régimen de sesión extraordinaria en el mes de noviembre, y de la misma manera hemos convocado a esta sesión del día de hoy.

En la reunión de coordinadores que se celebró el lunes pasado, en la que estaban representados todos los partidos y sectores, todos estuvimos de acuerdo en considerar exclusivamente los temas que figuran en el orden del día, además de la autorización del envío de tropas uruguayas a Haití, asunto al que no se había dado entrada y, por lo tanto, no podía ser incluido en el orden del día.

Quiero decir que este sistema de funcionamiento merece y necesita que los compromisos que se asumen en la coordinación sean respetados después en Sala. En ese sentido, también quiero manifestar que he hablado con algunos señores Diputados, especialmente del Partido Colorado, en virtud de que se presentó una moción cuyo contenido voy a adelantar, aunque no la someteré a consideración del Cuerpo, salvo que así se solicite; en ese caso no podría proceder en forma antirreglamentaria. Quiero aclarar -reitero- que he conversado con algunos señores Diputados del Partido Colorado a efectos de procurar que este tema sea objeto de discusión en una sesión extraordinaria convocada especialmente para analizar ese y algunos otros asuntos que otras bancadas pudieran haber planteado. Puntualmente, en la coordinación, también se presentaron mociones por parte del Partido Nacional y hubo algunas consideraciones de parte del Encuentro Progresista-Frente Amplio, que fueron descartadas en virtud del compromiso asumido en el sentido de considerar exclusivamente los asuntos que figuran en el orden del día.

Si me permiten, informo que la moción presentada por el Partido Colorado tiene que ver con la consideración como grave y urgente del proyecto de ley relativo a "Sociedades cooperativas constituidas conforme a las Leyes Nos. 10.761 y 13.988. (Se autoriza la constitución de fondos de refinanciación destinados a la cancelación de obligaciones que ocasionen retenciones sobre salarios o pasividades de personas físicas)", que corresponde a la Carpeta Nº 4041/004. La moción la firma, entre otros, de las señoras Diputadas Montaner, Saravia Olmos y Puñales Brun, y los señores Diputados Hackenbruch Legnani, Amén Vaghetti, Molinelli, Machado y Acosta y Lara. Pido disculpas si no nombro a otros señores Diputados.

En ese sentido, si al Cuerpo le parece adecuado, el Presidente convocará a su despacho a los coordinadores de bancada una vez finalizada esta sesión para ponernos de acuerdo, o no, a fin de celebrar una sesión para considerar esta moción y algunas otras que fueron oportunamente planteadas por varios señores Diputados.

(Apoyados)

SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: estamos de acuerdo con lo que acaba de manifestar, pero entendemos que los tiempos se van terminando. Nosotros respetamos mucho los compromisos asumidos por la coordinación, pero la mayoría de los Diputados del interior del país no hemos mantenido un contacto fluido y a veces sentimos no estar representados, pero no porque el coordinador no nos legitime, sino porque quizás nosotros no nos hayamos podido coordinar ya que, al estar en pleno receso, no mantenemos una comunicación fluida como para hacerlo. De todas formas, en la moción queda demostrada la importante voluntad numérica de algunos legisladores para considerar este asunto; sin quitar legitimidad a los compromisos ni al coordinador, queremos expresar por qué estamos pidiendo que este tema sea analizado en esta sesión, pues -reitero- los tiempos van transcurriendo.

Consideramos que este tema ya ha sido considerado más que suficientemente en el ámbito parlamentario, y en esta instancia no se puede decir que exista desconocimiento de él, pues ya cuenta con la aprobación del Senado.

También se trata de un tema respecto al cual se ha convocado a toda la sociedad uruguaya, pues me consta que quienes en este momento...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Discúlpeme, señora Diputada, pero en estos momentos estaríamos ingresando al tema, lo cual está al margen del Reglamento, por lo que correspondería votar la moción.

Si el Partido Colorado insiste en que se proceda a la votación -situación que no habilita la discusión-, lo que correspondería es votarla. No fue mi intención interrumpir a la señora Diputada Montaner, pero como estábamos entrando decididamente en el asunto, debí observar su intervención porque entendí que no está dentro de lo establecido en el Reglamento.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: dado que hay gente interesada en este tema en la barra, quiero saber si comprendí cabalmente el compromiso del señor Presidente y de la coordinación en cuanto a que, una vez finalizada esta sesión, se concertará una sesión extraordinaria para tratar este tema a la brevedad, antes de que termine el receso parlamentario. ¿Es así, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Lo que la Presidencia puede comprometer es la convocatoria a los coordinadores para evaluar con ellos la posibilidad de realizar una sesión extraordinaria a fin de tratar este tema y algunos otros.

SEÑOR MOLINELLI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado, y solicito al Cuerpo que me ayude a resolver este tema.

SEÑOR MOLINELLI.- Señor Presidente: sin lugar a dudas, trataré de no apartarme del Reglamento.

A fin de dar nuestro punto de vista y responder a lo que decía el señor Presidente, quiero expresar que, si bien hubo una resolución de los coordinadores, aquí hay una gran cantidad de Diputados que acompañarían esta moción; inclusive, nos consta que la acompañarían Representantes de otros partidos, ya que esta misma situación se planteó en otras sesiones. O sea que no es exclusivamente el Partido Colorado el que la impulsa.

Además, se habló con el Presidente de que, una vez agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, se podría tratar este tema porque hoy, precisamente, tenemos número suficiente para hacerlo. No queremos que este sea un entierro de lujo; no queremos que haya un compromiso para hacer una sesión que luego no se realice. Entonces, tal como hablamos con el señor Presidente, una vez tratados todos los puntos que figuran en el orden del día, podríamos introducir este, que tiene real importancia para un gran número de ciudadanos de nuestro país.

Por lo tanto, proponemos que se vote el tratamiento del tema.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señor Presidente: le consta que nosotros también acompañamos el tratamiento de este tema para el día de hoy y acatamos lo que la coordinación decidió. No obstante, quiero aclarar que también teníamos el compromiso de tratar conjuntamente con este tema el relativo al TCB, que se ha rechazado varias veces en la coordinación.

Quiero dejar sentado este punto porque, como coordinador representante de Alianza Nacional, he planteado esto por escrito en la coordinación para que fuera tratado en algunas de estas sesiones extraordinarias que se están haciendo.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Voy a someter la moción a votación, como corresponde.

Quiero expresar que me siento frustrado por el trabajo de la coordinación. Evidentemente, todos hacemos esfuerzos de todo tipo para venir, para convocar a las bancadas y para trabajar en el Parlamento en esta época, y todos tenemos cuestiones que pueden ser más o menos prioritarias en función de los intereses que cada uno de los señores Representantes pueda estar persiguiendo. Entonces, lamentablemente, por una falta de consideración -entiendo yo- respecto del interés colectivo del Cuerpo, vamos a pasar a la lectura de la moción para, luego, someterla a votación.

Dese cuenta de una moción presentada por las señoras Diputadas Montaner, Saravia Olmos y Puñales Brun, y los señores Diputados Molinelli, Amén Vaghetti, Machado, Acosta y Lara, Bianchi y Hackenbruch Legnani.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare grave y urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley relativo a 'Sociedades cooperativas constituidas conforme a las Leyes Nos. 10.761 y 13.988. (Se autoriza la constitución de fondos de refinanciación destinados a la cancelación de obligaciones que ocasionen retenciones sobre salarios o pasividades de personas físicas)', (Carpeta Nº 4041/004, Repartido Nº 1695)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y dos en sesenta y cuatro: NEGATIVA.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Señor Presidente: hemos seguido muy de cerca el tema y discrepamos profundamente con este procedimiento de tratar de legislar para dejar las deudas en manos de privados. Dimos la palabra de que íbamos a considerar el tema, pero en nuestra bancada se resolvió no hacerlo. Nosotros, disciplinadamente, estamos aceptando eso.

De todas formas, las personas que están trabajando en este tema tienen muy claro cuál ha sido nuestra posición. En diversos lugares, hemos confrontado claramente y planteado nuestros puntos de vista. Nosotros no estamos ni estaremos de acuerdo con este planteo, que es manipulador, está manejando a la gente, y creo que esto es muy grave. Eso es lo que queríamos discutir aquí. Lamento mucho que nuestra bancada haya decidido no tocar este tema, porque quería hablar y profundizar sobre lo que se está haciendo al pueblo uruguayo a través de este tipo de leyes.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Vamos a tratar de seguir con orden esta sesión que, notoriamente, se ha apartado de lo previsto.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: quedó bien claro que los Representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional hemos votado este proyecto de ley con el que queremos solucionar un grave problema de endeudamiento, aspecto sobre el cual la gente de todo el país nos ha venido a reclamar.

Queda claro quiénes tenemos una posición firme sobre esto y quiénes van mutando todos los días de discurso sobre estos temas. Queda claro quiénes queremos trabajar sobre este asunto y solucionarlo, porque hoy, en que estamos todos presentes aquí, podemos discutirlo. Se trata de un tema que logró mayorías importantes en el Senado de la República. Queda claro quiénes quieren esconder las cosas bajo la alfombra, quien sabe para qué.

Nosotros, que hemos sabido ser Gobierno y vamos a saber ser oposición, tenemos un solo criterio en la vida.

Eso es lo que quería decir, señor Presidente.

SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: simplemente, quiero dejar constancia de la coherencia que ha tenido nuestra fuerza política y nuestra bancada partidaria.

Este no es un caso de manipulación ni mucho menos. Este es un caso de contradicción de una bancada, en este caso del Frente Amplio, porque si nos remitimos a la versión taquigráfica de cuando se trató el endeudamiento interno, cuando obviamente la responsabilidad económica para responder ante los planteamientos legislativos no la tenía que asumir dicho Partido, la posición fue muy distinta de la que hoy se sustenta al postergar el tratamiento del tema.

SEÑOR MOLINELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MOLINELLI.- Señor Presidente: votamos afirmativamente para que se habilitara el tratamiento de este asunto, porque realmente este proyecto de ley, que tiene media sanción, da solución fundamentalmente al endeudamiento de las familias, de las personas físicas que tienen retenciones en sus retribuciones salariales y pasividades. Este Parlamento aprobó la Ley Nº 17.829, que establece que no se puede percibir menos del 30% del total de los salarios y pasividades -o sea que se establecía un tope de un 70% para las retenciones-, pero eso debía ser complementado con otro proyecto de ley. Esa norma fue reglamentada recientemente, pero tiene dificultades en su aplicación.

Este proyecto de ley no pretende manipular en ningún sentido a nadie, sino que se trata de una solución para refinanciar, fundamentalmente, las deudas de familias. Por supuesto que la solución definitiva radica en un mayor ingreso, pero para salir de las dificultades actuales en las que muchas familias se encuentran, la refinanciación era necesaria. Generar la posibilidad de una ley para que las sociedades cooperativas que estén constituidas conforme a las normas vigentes puedan refinanciar esas deudas que determinan retenciones sobre los salarios y las pasividades, es una solución para muchas familias uruguayas.

Por ese motivo, lamentamos que no se trate el tema en el día de hoy.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: en primer lugar -tal como dijera el señor Diputado Domínguez-, este tema se discutió en nuestra bancada: había compañeros y sectores que querían discutirlo en la línea de lo expuesto por el señor Diputado Domínguez, pero la bancada resolvió que no. Fue a la coordinación y allí se acordaron los criterios en función de lo expresado por el señor Presidente. Quiere decir que hoy, cuando llegamos aquí, todos los legisladores sabíamos que este asunto no se iba a tratar, independientemente de que hubiéramos tenido reunión o no con nuestros coordinadores, de que los hubiésemos llamado por teléfono o de que nos hubiésemos comunicado por satélite. Todos sabíamos que hoy este tema no se trataría.

Los motivos por los cuales se haya querido presentar esta moción ahora no van por cuenta de los no firmantes.

En segundo término, dado que no se puede aludir en el fundamento de voto, diría que el 31 de octubre ya pasó. El 31 de octubre generó un nuevo escenario político en este país y una nueva conducción política del Gobierno Nacional a partir del 1º de marzo de 2005. Ese nuevo Gobierno, dentro de su agenda, deberá asumir, y asumirá sin lugar a dudas, las consecuencias a las que fueron sometidas un número muy importante de familias de este país, por decisiones políticas y de Gobierno que no correspondieron a la fuerza política que va a asumir el Gobierno el 1º de marzo de 2005.

Hay un compromiso de esta fuerza política de encarar soluciones a los niveles de endeudamiento que están planteados en distintos sectores. Y por existir cuestionamientos a los mecanismos contenidos en la solución que hoy se pretendía discutir es que nuestra bancada ha resuelto no tratar el tema en la oportunidad.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: al terminar diez años de actuación legislativa en las dos ramas del Poder Legislativo hubiéramos querido fundar este voto con una nota más simpática, pero, más allá de que evitaremos alusiones no permitidas por el Reglamento, aspiramos a cumplir con nuestras obligaciones.

Es verdad que ha habido un pronunciamiento del soberano y que otro u otros partidos políticos van a asumir la conducción del país a partir del 1º de marzo, pero si se entiende que ello nos debe determinar que dejemos en suspenso la consideración de asuntos que algunos colegas, partidos o sectores quisieran tratar, pues entonces nosotros no tendríamos que reunirnos más durante el receso, para que la próxima Legislatura trate luego todos y cada uno de los temas. Puede haber otras razones compartibles o no para no tratar un tema, pero una razón insostenible sería el cambio de Gobierno. Nuestras obligaciones como legisladores cesan con nuestro mandato, o sea, el día 14 de febrero de 2005 y, como tales, pretendemos -por lo menos, es nuestra aspiración-, como lo hemos hecho siempre, cumplirlas a cabalidad.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: nosotros hemos votado en forma negativa por las razones que brillantemente expresara el señor Diputado Bayardi, pero no podemos obviar que por algo la Constitución establece un período de receso y mayorías parlamentarias para levantarlo, que son mucho más fuertes que las de las actuaciones ordinarias. Por lo tanto, la libertad es libre. Nosotros no queremos condicionar la acción política de nadie. Solo respetamos un compromiso que usted, señor Presidente, señalaba y que hicimos entre todos. Estamos deseosos de trabajar. Ha habido un cambio político importante y vamos a trabajar en aquellos temas en los que haya consenso para ir alivianando las cosas.

Yo no critico el derecho que tiene cada legislador de promover las iniciativas que quiera, pero tengo la libertad de aceptarlas o no. Hoy la Cámara tiene determinada composición y yo no me voy a hacer responsable de que otros no consigan los votos para levantar el receso. Es la responsabilidad de cada uno. Nosotros estamos dispuestos a analizar un tema que es complejo y que no es de fácil solución. Dentro de apenas unos meses -tres meses, el 1º de marzo-, un nuevo Gobierno tendrá este y otros temas en la agenda y seguramente vamos a tener que encarar una solución, que quizá no sea esta.

Así que quiero dejar bien en claro que nosotros tenemos la libertad -porque así nos ampara la Constitución- de acompañar o no el levantamiento del receso cuando estamos de acuerdo o no con algún tema. En el ejercicio de esa libertad es que estamos tomando ahora nuestra decisión.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: en el mismo sentido que el señor Diputado Pintado, quiero subrayar que había un acuerdo. Aquí se funciona por acuerdos de bancada. Por lo menos es lo que he visto en el correr de estos cinco años y creo que es un modo civilizado de conducir la Cámara.

En segundo lugar, si otros partidos querían de todos modos y a pesar del acuerdo introducir una variante, lo podían hacer porque el número de legisladores se lo permite; simplemente tenían que estar en Sala, pero no están.

En tercer término, este proyecto de ley tiene algunas diferencias importantes con el que se aprobó, por lo menos en un par de artículos. Yo he estado estudiando el tema y no es fácil dilucidar ese tipo de cosas en Sala. Hubiera ameritado que la Comisión se reuniera, que citara a las partes porque hay opiniones encontradas de distintos actores sociales -con los que también he hablado- y que modificase textos, porque, si no, finalmente no se podría aplicar.

Nosotros siempre hemos estado presentes en este Parlamento durante cinco años y en el receso; hemos venido siempre que hemos tenido que venir, pero si los interesados no consiguen que sus colegas de partido vengan, no es responsabilidad de esta fuerza política que no se considere el tema. No es por no considerarlo: hay asuntos que se tienen que analizar con estudio previo de la Comisión. Este es uno de ellos. Además, hay un acuerdo de bancada que es conveniente respetar.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Señor Presidente: a pesar de haber perdido las elecciones, somos coherentes con lo que dijimos antes del 31 de octubre. Por lo tanto, respeto mucho la posición de alguna fuerza política que no apoyó este proyecto de ley, pero esta contradicción es otra mancha más para el tigre. La posición de la fuerza política que no acompaña no es la misma hoy que antes del 31 de octubre.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- El señor Diputado Araújo ha solicitado la rectificación de la votación. La Mesa recuerda que se requieren cincuenta votos conformes para aprobar la moción.

Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Treinta en cincuenta y seis: NEGATIVA.

21.-    Cuestión política planteada por el señor Representante Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una cuestión política.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: quiero pedir disculpas a los colegas por este abuso, si bien lo conversé con el resto de los coordinadores.

Me parece que el Parlamento no puede estar ajeno a una situación que está sucediendo en estos días. Por iniciativa del Poder Ejecutivo se aprobó la Ley Nº 17.844 y por este motivo pedimos a la Cámara que nos deje hacer una breve pero preocupante referencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Se va a votar el carácter preferente de la cuestión planteada por el señor Diputado.

(Se vota)

——Cincuenta en seis en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: agradezco a la Cámara por permitirme hacer uso de la palabra; voy a cumplir con el compromiso de ser sumamente breve.

Por iniciativa del Poder Ejecutivo se aprobó un proyecto que modifica la ley relativa al Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja. La nueva ley es la Nº 17.844 y con ella se pretendía solucionar de una vez por todas el endeudamiento de los productores granjeros. Mucho se dijo sobre esta ley. Recuerdo que nuestras últimas palabras en el fundamento de voto fueron que íbamos a estar expectantes y desconfiados en virtud de lo que había sido la primera parte de ese proyecto de ley.

Como cualquier texto que se aprueba, esta ley establece, en primer lugar, que debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. También determina como prioridad que debería existir un convenio marco entre el Banco de la República y el Poder Ejecutivo, que luego sería firmado por cada uno de los productores granjeros que estuvieran amparados por este texto legal.

Una vez aprobada la ley, la norma se transforma en derecho positivo. Por lo tanto, los productores granjeros que están comprendidos en ella tienen la posibilidad legal de solucionar su endeudamiento mediante facilidades. Pero, ¡oh sorpresa!, el Poder Ejecutivo no ha reglamentado este texto legal. Tampoco se ha puesto de acuerdo con la mayoría del Banco de la República para elaborar un convenio marco que puedan firmar los productores. El plazo que tiene el Poder Ejecutivo para reglamentar esta iniciativa se extiende hasta junio de 2005. Mientras no lo haga, el deudor debería estar amparado por el derecho positivo y deberían detenerse las acciones judiciales y los secuestros de herramientas que se están llevando a cabo. Es decir que, por iniciativa privativa y exclusiva del Poder Ejecutivo, lo que hicimos a través de otro proyecto de ley fue suspender las ejecuciones de los productores amparados en esta ley.

La semana pasada le secuestraron los bienes a una familia de productores; es decir que han seguido los procesos judiciales. El Poder Ejecutivo una vez más está en omisión en este aspecto debido al incumplimiento de la ley y en estos días las consecuencias están siendo nefastas para varias familias.

Señor Presidente: una vez más agradezco su paciencia y la del resto de los colegas. Pienso que como legisladores no podemos estar omisos cuando el Poder Ejecutivo incumple una ley, menos aún tratándose de una iniciativa que ese Poder pidió que fuera aprobada.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: tanta razón le asiste al señor Diputado Lacalle Pou que si estuviéramos en la media hora previa solicitaría que la versión taquigráfica de sus palabras fueran remitidas al Poder Ejecutivo. Conversamos sobre este tema en el hemiciclo hace quince minutos y creo que habría que proceder de esa forma. Entonces, solicito al señor Diputado Lacalle Pou que presente una moción en este sentido. No sé qué va a hacer el Partido Colorado, pero yo la voy a votar, porque si asumimos un compromiso debemos cumplirlo. Con toda franqueza, me gustaría que este Parlamento, en el epílogo, rubricara la solicitud del señor Diputado porque le asiste razón. Reitero: si asumimos un compromiso, debemos cumplirlo.

22.-     Comunicación inmediata de proyectos aprobados.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- El señor Diputado Abdala ha hecho llegar una moción para que la minuta de comunicación referida a la enajenación de discos y casetes se comunique de inmediato.

Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

23.-     Cuestión política planteada por el señor Representante Lacalle Pou.

Dese cuenta de una moción presentada por el señor Diputado Lacalle Pou.

(Se lee:)

"Mociono para que el Poder Ejecutivo cumpla inmediatamente con lo dispuesto en la Ley Nº 17.844, referente al endeudamiento granjero".

——De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto planteado por el señor Diputado Lacalle Pou.

(Se vota)

——Cincuenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se va a votar la moción presentada por el señor Diputado Lacalle Pou.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

24.-     Declaración de gravedad y urgencia.

De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en quinto término del orden del día.

(Se vota)

——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

25.-     Armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición judicial. (Reducción del plazo de depósito).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición judicial. (Reducción del plazo de depósito)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1260

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 25 de marzo de 2003.

Señor Presidente de la Asamblea General,
Don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo cumple con remitir a su consideración el presente proyecto de ley, acorde a lo dispuesto por el numeral 7º) del artículo 168 de la Constitución de la República.

Por la presente gestión, el Comando General del Ejército, solicita se modifique la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990, relativa a las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento por disposición judicial.

En efecto, el artículo 1º de la citada ley establece que las mencionadas armas deberán permanecer depositadas por un plazo de seis años antes de la disposición de su destino final.

En tal sentido, el proyecto de ley que se tramita, reduce dicho plazo a tres años, en virtud de los fundamentos que se dirán.

Es notorio que la situación de la seguridad pública constituye una preocupación primordial para las autoridades públicas, quienes en forma permanente procuran realizar ajustes a la normativa vigente a los efectos de que los organismos competentes puedan contar con herramientas más eficientes con el fin de su preservación.

Asimismo la proliferación de armas vinculadas a hechos delictivos es una circunstancia que pone en serio riesgo la seguridad pública, por lo que es deber del Estado tomar las medidas necesarias a los efectos de corregir esa situación.

En este contexto y en virtud de procedimientos judiciales un flujo copioso y continuo de armas es recibido para su depósito por el Servicio de Material y Armamento.

La realidad indica que en el depósito se llega a acumular una gran cantidad de armas que permanecen depositadas por un tiempo que se prolonga excesivamente, sin que sus titulares se presenten para proceder a su retiro o para regularizar la situación de las mismas, con relación a la Justicia. Esta situación genera gastos de mantenimiento y vigilancia que resultan sumamente onerosos para el Estado, teniendo en consideración los escasos recursos con los que, particularmente en la actualidad, cuenta el mismo para cumplir con sus cometidos esenciales.

Asimismo, las estadísticas confirman que en los casos en que el interesado actúa diligentemente, el retiro del arma se concreta en un plazo no superior a los tres años.

Es así que, se propone disminuir el plazo de los seis años vigentes en la actualidad, a tres años, para que los titulares de armas remitidas al Servicio de Material y Armamento por orden de la Justicia regularicen su situación documental.

Transcurridos tres años sin que el titular del arma haya acreditado debidamente la situación de la misma, el destino que en la inmensa mayoría corresponderá a estas armas, es la destrucción, lo que significa sacar de circulación en forma definitiva armas que en su momento fueron incautadas por las autoridades, por su vinculación con hechos delictivos.

Finalmente, por el artículo 2º del proyecto se otorga un plazo de ciento ochenta días -a partir de la vigencia de la ley- para que los titulares de aquellas armas que, actualmente se hallan depositadas en el Servicio de Material y Armamento por más de tres años, procedan a su regularización.

Por lo expuesto, se solicita la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, YAMANDÚ FAU.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- Los titulares de las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición de la Justicia, antes de que se cumplan tres años de su ingreso al depósito judicial deberán proceder a su regularización documental y retiro, acreditando previamente en forma fehaciente estar habilitados para ello por decisión judicial o, en su defecto, proporcionando prueba documental que acredite no poder disponer del arma por haberlo denegado el Juzgado competente o por mantenerse la misma aún a disposición del mismo".

Artículo 2º.- Los actuales titulares de las armas que se encuentren comprendidos en lo previsto por el artículo 1º de la presente ley, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la misma para su regularización documental. Vencido dicho plazo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990.

Montevideo, 25 de marzo de 2003.

YAMANDÚ FAU".

Anexo I al
Rep. Nº 1260

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Defensa Nacional

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional aconseja al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley que refiere a un acortamiento de los plazos para que permanezcan en depósito las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por parte del Poder Judicial.

El mismo reduce el plazo de depósito de armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición judicial dispuesto por la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990. Esta norma preveía que los titulares de las armas que excedieran de seis años de depósito, debían regularizar la situación de las mismas y proceder a su retiro si correspondía. En el presente proyecto dicha regularización y retiro debe hacerse antes de los tres años de su ingreso al depósito.

Antecedentes

Con fecha 12 de julio de 1983, el Consejo de Estado sancionó el Decreto-Ley Nº 15.738 por el cual en su artículo 1º se establecía un plazo de sesenta días, a los titulares de las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento por disposición de los órganos jurisdiccionales y que su depósito excedía los cinco años para proceder a la regularización documental y retiro, o proporcionar prueba documental que acreditara no poder disponer de la misma por haberlo denegado el Juzgado, debiendo permanecer el arma a disposición de aquél por no haber recaído sentencia definitiva.

El artículo 2º planteaba cómo proceder con dichas armas una vez vencido dicho plazo.

La Ley Nº 16.145 derogaba el Decreto-Ley Nº 15.340 y dictaba las actuales normas vigentes para los titulares de las armas que fueran remitidas por la Justicia al Servicio de Material y Armamento del Ejército. En la misma, se planteaba un plazo de seis años a partir del cual los titulares de éstas debían proceder a la regularización documental y retiro o proporcionar prueba documental que acredite no poder disponer de la misma por haberlo denegado el Juzgado o mantenerse todavía a disposición del mismo.

El artículo 2º determinaba cómo debía proceder el Servicio de Material y Armamento del Ejército respecto de las mismas.

El artículo 3º otorgaba un plazo de ciento ochenta días a los titulares de las armas que se encontraran comprendidas dentro del artículo 1º para su regularización documental.

Y el artículo 4º derogaba el Decreto-Ley Nº 15.340.

Con relación al presente proyecto de ley:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional tomó la iniciativa del Poder Ejecutivo y elaboró el presente proyecto de ley, a través del cual se incorpora la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al texto de la Ley Nº 16.145 vigente y se procede a derogar ésta y el marco normativo anterior ya derogado en la norma vigente referida.

El objetivo es unificar el marco legal y remitir el tratamiento del tema a una sola norma que sería -de sancionarse el presente proyecto- la que pasaría a regular jurídicamente la disposición de las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición judicial.

Esta asesora, una vez aprobado el proyecto de ley en Comisión, constató que no se había recabado la opinión del Poder Judicial, a la postre titular de la decisión de remitir dichas armas en custodia del Servicio de Material y Armamento del Ejército. Con fecha 7 de octubre de 2003 se procedió a subsanar dicha omisión y se envió nota para recabar la opinión de la Suprema Corte de Justicia respecto al proyecto.

Por nota de fecha 16 de marzo de 2004, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia doctor Leslie A. Van Rompaey, comunica la conformidad de la corporación con el proyecto de ley respecto al cual se les había consultado.

Las variaciones introducidas al marco legal vigente son:

En el artículo 1º se reduce de seis a un máximo de tres años el plazo para la regularización documental y retiro de las armas en custodia por disposición judicial por parte de los titulares de las mismas, sujeto a similares requerimientos para efectivizar dicha regularización.

El artículo 2º no sufre modificación y refiere a cómo proceder respecto a las armas que no hubieran sido regularizadas y/o retiradas.

El artículo 3º mantiene el plazo de ciento ochenta días desde la entrada en vigencia de la ley para proceder a su regularización documental.

El artículo 4º reafirma la derogación del Decreto-Ley Nº 15.430, de 22 de julio de 1983 y la Ley vigente Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990 y todas las normas que directa o indirectamente se opongan a lo establecido en el proyecto de ley puesto a consideración del Cuerpo.

Por los fundamentos expuestos, se solicita al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se adjunta.

Sala de la Comisión, 14 de abril de 2004.

JOSÉ BAYARDI, Miembro Informante, LUIS M. LEGLISE, WALTER VENER CARBONI.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los titulares de las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición de la Justicia, antes de que se cumplan tres años de su ingreso al depósito judicial deberán proceder a su regularización documental y retiro, acreditando previamente en forma fehaciente estar habilitados para ello por decisión judicial o, en su defecto, proporcionando prueba documental que acredite no poder disponer del arma por haberlo denegado el Juzgado competente o por mantenerse la misma aún a disposición del mismo.

Artículo 2º.- Con las armas que no hayan sido retiradas o regularizada su situación de la manera indicada en el artículo anterior, se procederá por parte del Servicio de Material y Armamento del Ejército de la siguiente manera:

A) Aquellas que por sus características, condiciones de uso y estado sean factibles de integrar la cadena de abastecimiento del Ejército, serán reacondicionadas y puestas a disposición del Comando General del Ejército.

B) Las que por sus características o antigüedad, sean catalogadas como piezas de colección, serán puestas a disposición del Comando General del Ejército para ser integradas a las colecciones de los museos de sus dependencias.

C) Las armas a las que por sus características o estado de conservación no pueda dársele alguno de los destinos precedentemente previstos, serán destruidas.

Artículo 3º.- Los actuales titulares de las armas que se encuentren comprendidos en lo previsto por el artículo 1º de la presente ley, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la misma para su regularización documental.

Vencido dicho plazo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley.

Artículo 4º.- Deróganse el Decreto-Ley Nº 15.430, de 22 de julio de 1983, y la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990, y todas las normas que directa o indirectamente se opongan a lo establecido en la presente ley.

Sala de la Comisión, 14 de abril de 2004.

JOSÉ BAYARDI, Miembro Informante, LUIS M. LEGLISE, WALTER VENER CARBONI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: esta iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo a los efectos de acortar los plazos de que dispone el titular de las armas que por disposición judicial están en custodia del Servicio de Material y Armamento del Ejército, para proceder a su regularización.

Luego de que el Poder Ejecutivo envió esta iniciativa y la aprobamos en Comisión, nos dimos cuenta de que quien delegaba la custodia era el Poder Judicial. Por ese motivo, lo consultamos para saber si estaba de acuerdo con este proyecto. Su respuesta demoró un tiempo, pero finalmente nos contestó que estaba de acuerdo con esta iniciativa. Quiere decir que a partir de este proyecto se dispone de un plazo menor al existente para que los titulares de las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército procedan a la regularización documental y al retiro o, en su defecto, proporcionen prueba documental de que no pueden disponer del arma por haberlo denegado el Juzgado o por mantenerse aún a disposición del mismo.

El artículo 2º del proyecto, al igual que la iniciativa preexistente, refiere a cómo proceder con dichas armas.

El artículo 4º establece: "Deróganse el Decreto-Ley Nº 15.430, de 22 de julio de 1983, y la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990 [...]". En la medida en que la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990, que hoy estamos derogando ya contenía la derogación del Decreto-Ley Nº 15.430, de 22 de julio de 1983, solicito que el artículo 4º quede redactado de la siguiente manera: "Artículo 4º.- Derógase la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990, y todas las normas que directa o indirectamente se opongan a lo establecido en la presente ley". Quiere decir que las correcciones que haríamos serían las siguientes: transformaríamos la palabra "Deróganse" en singular y eliminaríamos la frase "el Decreto-Ley Nº 15.430, de 22 de julio de 1983, y".

Es cuanto tenía para decir.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: es bien interesante este tema. En mi pasaje por la Comisión de Defensa Nacional hablamos sobre el mismo.

Me gustaría hacer una pregunta al señor miembro informante porque en el artículo 2º se establece dónde puede quedar cada una de estas armas. En lo personal, fui víctima de un hurto de una pistola y se hizo la denuncia al Servicio de Material y Armamento. Conozco gente a la que le ha sucedido lo mismo. Pienso que uno no puede estar yendo todas las semanas a ver si apareció el arma. Se supone que, una vez radicada la denuncia, tienen que llamar si es que aparece. Pero una cosa es: "Yo te llamo si la voy a romper" y otra es: "Yo te llamo si tengo una Sig Sauer de 9 milímetros", que por su calibre puede quedar dentro de las fuerzas policiales.

Más que una pregunta es una duda que se me genera. Como hoy se decía que a partir de marzo va a haber un nuevo Gobierno, quizás, con los métodos de computación que hoy existen, se podría contar con una página en la cual se publicara el encuentro de cada arma y de esa manera uno podría fijarse más fácilmente durante ese lapso, a ver si está su arma.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: efectivamente, el señor Diputado Lacalle Pou había planteado esta inquietud que, de alguna manera, se podría satisfacer solo con la propuesta que él hace o con una resolución interna que diga cómo proceder una vez que sea efectuada la denuncia y se identifique que se accedió a un arma que ha sido denunciada, y que esa no pueda quedar sujeta a destrucciones posteriores.

Comparto la preocupación. Es cierto que el proyecto no la contempla. Habrá que ver si desde el punto de vista del decreto reglamentario se puede tener en cuenta la salvedad que hacía el señor Diputado Lacalle Pou, que me parece de recibo.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

La Mesa cree que correspondería votar en bloque los primeros tres artículos y luego votar el artículo 4º con la modificación solicitada.

SEÑOR RIVERÓS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RIVERÓS.- Señor Presidente: he escuchado la fundamentación de este proyecto de ley y me parece que en general está bien acortar esos plazos, pero en el literal A) del artículo 2º que dice: "A) Aquellas que por sus características," -se refiere a las armas- "condiciones de uso y estado sean factibles de integrar la cadena de abastecimiento del Ejército, serán reacondicionadas y puestas a disposición del Comando General del Ejército".

El tipo de armas requisadas por disposición judicial o que van a parar al Servicio de Material y Armamento del Ejército generalmente no son armas de guerra de uso militar, sino que muchas veces son armas que pueden ser de uso policial o, naturalmente, particular. En consecuencia, creo que sería más productivo que se modificara la redacción de ese literal, dando la posibilidad de que las armas reacondicionadas sean puestas a disposición del Comando General del Ejército, si es que esas armas corresponden a ese tipo de actividad militar, o de la Policía nacional en caso de que sean aptas para uso policial.

Por lo tanto, propondría que se modificara este literal A) de la siguiente manera: "Aquellas que por sus características, condiciones de uso y estado sea factibles de integrar la cadena de abastecimiento del Ejército o de la Policía, serán reacondicionadas y puestas a disposición de esas instituciones".

SEÑOR LEGLISE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LEGLISE.- Señor Presidente: este proyecto de ley es iniciativa del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Defensa Nacional. Creo que este tema que plantea el señor Diputado Riverós debería ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo.

Lo que analizamos en la Comisión de Defensa Nacional fue el proyecto remitido por el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Defensa Nacional, que refiere exclusivamente a las armas que son remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición de la Justicia. No sabría contestar con exactitud cuál es el procedimiento que la Justicia realiza con respecto a qué tipo de armas. Creo que la Justicia es la que dispondrá en definitiva qué armas pasarán al Servicio de Material y Armamento del Ejército y cuáles no.

Es cuanto tengo que agregar, señor Presidente. Muchas gracias.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: este tema está comprendido en un marco mayor, que es la Convención de Armas y Explosivos de la Organización de los Estados Americanos. Tuvimos el honor de ser partícipes en su redacción y en la ratificación posterior por parte del Parlamento. Creo que la legislación uruguaya no puede desconocer una norma que ha sido aprobada legalmente por el país y que regula, precisamente, lo relativo al armamento ligero, que llega desde armas pequeñas hasta portamisiles y misiles de corto alcance.

Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha propuesto recién como enmienda. Creo que no podemos quedar atrapados por el tema del destino a una sola fuerza porque, en realidad, para que la incautación de armamento sea legítima, siempre tiene que pasar por el Poder Judicial. Mañana puede tratarse de una lancha artillada, de una avioneta o avión artillado, o de una pistola de bolsillo. Por lo tanto, creo que dejar abierta la norma para que cumpla con la Convención de Armas y Explosivos, que es ley en el Uruguay, y permitir que todas las armas incautadas por disposición del Poder Judicial queden en poder de las fuerzas de seguridad del Estado, según corresponda, sería un aditivo que permitiría darle cabal cumplimiento.

Si se tratara de un elemento armamentístico que no corresponde al Comando General del Ejército, sino a la Marina o a la Fuerza Aérea, por ejemplo, ¿qué pasaría con ese armamento? ¿Lo destruimos? ¿Qué pasaría si se tratara de un arma de menor porte que las que utiliza el Ejército? Además, hay otro tema: lamentablemente, no hay uniformidad en la utilización de armas en el Uruguay. De pronto, las armas que utiliza el Ejército son de un calibre y de un origen, o de una marca y de un origen de abastecimiento, y, siendo armas de guerra, no son utilizadas por esa fuerza, pero sí pueden ser utilizadas por otra fuerza de seguridad del Estado. Entonces, creo que haríamos una buena contribución al espíritu de esta norma dejando establecido que el destino de esas armas tiene que ser aquel que sea idóneo para la prestación de los servicios de seguridad y defensa del Estado en cualquiera de sus manifestaciones, por cuanto no podemos quedar atrapados en esta disyuntiva.

Voy a poner un ejemplo que creo que nos puede ayudar. Cuando estábamos redactando esa Convención hace unos años, uno de los temas tenía que ver con el tráfico legítimo internacional de armas. Esa Convención establece, a iniciativa del Uruguay, que cuando se realiza la exportación de armas, debe existir el consentimiento del país que exporta, el del país de destino y el de la nación en tránsito. Esto puede significar que un cargamento de armas automáticas -pensemos en ametralladoras o subametralladoras-, de pronto, es exportado desde su país de origen -me refiero al país o a la industria fabricante- hacia una nación que no es la nuestra, pero, en tránsito, pasa por Uruguay. Entonces, si nuestro país no es preavisado para que consienta que esos contenedores con armas pasen por su territorio, ese tráfico es ilícito, de acuerdo con la Convención que fue ratificada por el Uruguay y que tiene carácter de ley, por lo que se admite una incautación, cuyo destino lo marca el Poder Judicial. ¿Por qué pretendemos que eso figure en la norma? Porque uno de los mecanismos del tráfico ilícito, del que se beneficia la industria internacional del armamento, es el seudo extravío o el hurto de contenedores con esos armamentos en los países de tránsito, que pueden terminar inundando la plaza. Esto da al delito mayor capacidad de fuego que a las fuerzas de la ley.

Reitero que el destino de la incautación siempre es dispuesto por el Poder Judicial, que es el único con capacidad para ello. La Convención sobre armas establece que se debe proceder a la destrucción o que se debe efectuar un remarcado de esas armas cuando se produce su afectación al circuito interno, sobre todo con aquellas que no son ingresadas legalmente al país. Entonces, creo que estamos perdiendo una oportunidad si no establecemos en este texto la posibilidad de que el destino de la incautación de las armas determinado por el Poder Judicial sea su destrucción o la previa calificación para su aplicación en las fuerzas de seguridad del Estado.

26.-    Solicitud de declaración de gravedad y urgencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- La Mesa quiere informar que ha llegado una moción y, en el mismo sentido que hicimos la observación con respecto a la otra moción de urgencia, corresponde aclarar lo siguiente. Se trata de una propuesta presentada por el señor Representante Lara. Anunciamos que se necesitan cincuenta votos para que sea considerada y, en este momento, no contamos con ese quórum en Sala. El trámite regular nos obligaría a someterla a votación; pero como sabemos que no va a ser aprobada, se procederá solamente a su lectura.

La moción dice lo siguiente: "Mocionamos para que se trate con carácter grave y urgente el proyecto de ley por el que se calcula el ajuste de las retribuciones de los jubilados y pensionistas sobre la base del porcentaje mayor entre el cálculo sobre el promedio de salarios nominales o líquidos".

Como expresaba, no hay quórum para dar aprobación a esta propuesta.

SEÑOR LARA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LARA.- En primer lugar, agradezco al señor Presidente por haber leído la moción. Lamentablemente, a pesar de que se hicieron los esfuerzos en la reunión de coordinación para considerar este tema, los seiscientos mil jubilados y pensionistas se van a perder un 2,11% por el cálculo sobre el índice medio de salarios, que se hará sobre la base del líquido y no del nominal. Estimo que esta será la última sesión que tendremos y, lamentablemente, no pudimos tratar este punto.

Me parece que entre todos los asuntos que se han considerado, que son importantes, se podría haber hecho un esfuerzo para abordar esta propuesta, teniendo en cuenta que los coordinadores de las distintas bancadas...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Disculpe, señor Diputado.

No podemos ingresar en este asunto; hay dos señores Representantes anotados para hacer uso de la palabra sobre el tema en discusión. La Mesa le permitió hacer uso de la palabra para hacer una aclaración, en el entendido de que se relacionaba con el procedimiento. Si al señor Diputado le parece correcto, más adelante podemos votar la moción; en ese caso, sí se podría abrir la discusión sobre el particular.

SEÑOR BLASINA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: cuando se leyó la moción se debió haber mencionado quiénes son los legisladores que la firmamos; se nombró a un solo señor Diputado.

De manera que solicitaría a la Mesa que, por favor, mencione cuáles son los legisladores que firmamos la moción presentada, que, obviamente, fue aprobada por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- La Mesa rectifica el error: la moción fue presentada por los señores Representantes Lara, Blasina y Scavarelli.

27.-     Armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición judicial. (Reducción del plazo de depósito).

Continúa la consideración del asunto que figura en quinto término del orden del día: "Armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición judicial. (Reducción del plazo de depósito)".

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: pido disculpas al Cuerpo, pero quisiera hacer una consulta al señor Diputado Leglise, que es el otro miembro de la Comisión firmante de la propuesta que está presente.

Atento a lo propuesto por el señor Diputado Riverós y a lo expresado por el señor Diputado Scavarelli, propondría una redacción para el literal A) del artículo 2º que sería la siguiente: "Aquellas que por sus características, condiciones de uso y estado sean factibles de integrar la cadena de abastecimiento de las Fuerzas Armadas o de la Policía, serán reacondicionadas y puestas a disposición de la dependencia del Ministerio que corresponda".

Esto pretende atender la preocupación planteada, en la medida en que cumpliría con el hecho de dar de baja, en los plazos correspondientes, a las armas que no estuvieran regularizadas, permitiendo integrar aquellas que sean factibles de formar parte de la cadena de abastecimiento de las Fuerzas Armadas o de la Policía.

Entiendo que esta propuesta no violenta el espíritu de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- La moción presentada por los señores Representantes Riverós y Scavarelli propone la siguiente redacción para el literal A) del artículo 2º: "Aquellas que por sus características y condiciones de uso sean factibles de integrar la cadena de abastecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado, serán puestas a disposición de las mismas".

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: yo sugeriría que la redacción fuera la que he propuesto, que dice: "de las Fuerzas Armadas o de la Policía". Si la redacción estableciera: "fuerzas de seguridad del Estado", luego tendríamos que discriminar a qué áreas se refiere y no quisiera hacer eso.

Mi propuesta contempla ambas áreas: las Fuerzas Armadas y la Policía, es decir, la totalidad de las fuerzas de seguridad del Estado, algunas aplicadas a la defensa y otras a la seguridad.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: comprendo lo que expresa el señor Diputado, pero lo que se pensó originalmente también vinculaba, por ejemplo, a las fuerzas de protección aduanera. De pronto, puede haber equipos de radarización u otros que están asociados con armamentos que pueden servir a otras fuerzas no específicamente policiales o militares.

Por eso nos parecía que una fórmula más amplia cubría otros servicios de seguridad y control del Estado que también utilizan elementos de armamento y rastreo asociados, que es lo que viene en algunos equipamientos actuales.

De todos modos, si la Comisión está de acuerdo con la posición expresada, gustosamente me voy a allanar a la propuesta, porque prefiero eso a lo que figuraba originalmente.

No obstante quería dejar la constancia de que después que ponemos un corsé a la ley, se impide cualquier otro tipo de mecanismo y hay que pasar por la Convención, llegando a la destrucción automática: no hay caminos intermedios.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: probablemente, podríamos contemplar toda la casuística. No quiero entrar después en la discusión sobre las fuerzas de seguridad. Esta iniciativa vino del Servicio de Material y Armamento del Ejército, que ha estado mucho tiempo detrás de esto. Nosotros tratamos de corregir algún error que había cometido la Comisión al hacer la consulta original. En esta etapa mantendría el tema del abastecimiento de las Fuerzas Armadas o de la Policía, y que sean puestas a disposición de la dependencia del Ministerio correspondiente. En un caso es el Comando General del Ejército y en otro una dependencia del Ministerio del Interior. Después se reglamentará en forma genérica.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Correspondería votar el artículo 2º tal como viene de la Comisión. Solicitamos al señor Diputado Bayardi que haga llegar a la Mesa la redacción alternativa del literal A).

Mientras tanto, se va a votar el acápite y los literales B) y C), tal como vienen de la Comisión.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el literal A) del artículo 2º.

SEÑOR CARMINATTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: creo que sería beneficioso para el país o para las Fuerzas Armadas el ahorro que significaría utilizar todo lo que sea desechable en lugar de comprar otras armas. Si se trata de armas para otros fines, como las de rastreo -conozco poco de armas-, habría que buscar la amplitud de la norma de manera que en su mayoría pudieran ser utilizadas. Esta es la posición del señor Diputado Scavarelli. No entiendo muy bien la posición del señor Diputado Bayardi. Seguramente debe haber algún intríngulis ahí dentro.

Considero que sería prudente poner a consideración la propuesta del señor Diputado Scavarelli o juntar ambas mociones, a fin de abarcar una mayor cantidad de posibilidades en lo referente a la utilización de armas.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal A) del artículo 2º, tal como viene de la Comisión.

(Se vota)

——Cuatro en treinta y ocho: NEGATIVA.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: entendemos que el Servicio de Material y Armamento del Ejército depende del Comando General del Ejército. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la redacción del proyecto de ley que envió la Comisión, que supongo que lo habrá discutido fehacientemente. Ese es el lugar natural donde las armas, una vez que el Poder Judicial las haya incautado y se haya cumplido el plazo legal, quedan registradas. Las que sirvan quedarán y las que no, se destruirán.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: quiero hacer una precisión que me parece importante.

De acuerdo con lo que establece la legislación uruguaya y según mi convicción, la incautación se produce por parte de las fuerzas de seguridad -policiales, militares o aduaneras-, o por simple hallazgo; esto se reporta al Poder Judicial, y el Juzgado dispone la retención del arma y su destino. El organismo de depósito natural del armamento, por disposición judicial -el archivo del arma, si se quiere ponerle un nombre más eufemístico-, es el Servicio de Material y Armamento del Ejército, que tiene la capacidad de almacenamiento, conservación y catalogación de las armas. Esa es la fase inicial.

Lo que aquí se dispone -y creo que hay una confusión- es qué va a pasar después que esa arma es incautada por un servicio y el Juez dispone que se mantenga en depósito. Luego se dispone el destino final, que según la Convención es la destrucción o la redistribución para una utilización específica. Por el hecho de que el depósito esté a cargo de un servicio específico del Estado, no quiere decir que esas armas tengan que ir allí. Hay armamento de utilización acuática o aérea, por ejemplo, que no puede ser empleado por parte del Ejército de tierra. Entonces, si se incauta una lancha artillada que es utilizada para determinados tráficos ilícitos o por el delito organizado regional, ¿la vamos a destruir porque no puede ir al Comando General del Ejército, aunque cueste US$ 200.000? Me parece que dejar apretado en la norma este tema va a generar una confusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Léase la redacción sustitutiva del literal A) del artículo 2º, propuesta por los señores Diputados Scavarelli y Riverós.

(Se lee:)

"Aquellas que por sus características y condiciones de uso sean factibles de integrar la cadena de abastecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado, serán puestas a disposición de las mismas".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Trece en treinta y ocho: NEGATIVA.

Léase la redacción sustitutiva del literal A) del artículo 2º, propuesta por miembros de la Comisión.

(Se lee:)

"Aquellas que por sus características, condiciones de uso y estado sean factibles de integrar la cadena de abastecimiento de las Fuerzas Armadas o de la Policía, serán reacondicionadas y puestas a disposición de la dependencia del Ministerio correspondiente".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 3º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el artículo 4º.

Hay una propuesta del señor miembro informante respecto de la eliminación de la referencia a la derogación del Decreto-Ley Nº 15.430, porque ya estaba incluida en la derogación establecida en la Ley Nº 16.145.

Corresponde leer y votar, en primer lugar, el artículo tal como viene de la Comisión.

Léase el artículo 4º, como viene de la Comisión.

(Se lee)

——En discusión.

Aclaro que el señor miembro informante, al iniciar la discusión del tema, nos informó que una de las derogaciones -la primera que se menciona en el artículo- está incluida en la Ley Nº 16.145; así surge de la lectura de las disposiciones referidas que figuran en el repartido.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º como viene de la Comisión.

(Se vota)

——Cero en treinta y ocho: NEGATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 4º sustitutivo presentado por el señor Diputado Bayardi.

(Se lee:)

"Derógase la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990, y todas las normas que directa o indirectamente se opongan a lo establecido en la presente ley".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR SCAVARELLI.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- No podemos someter la propuesta a votación porque no hay cincuenta señores Diputados en Sala.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Los titulares de las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición de la Justicia, antes de que se cumplan tres años de su ingreso al depósito judicial deberán proceder a su regularización documental y retiro, acreditando previamente en forma fehaciente estar habilitados para ello por decisión judicial o, en su defecto, proporcionando prueba documental que acredite no poder disponer del arma por haberlo denegado el Juzgado competente o por mantenerse la misma aún a disposición del mismo.

Artículo 2º.- Con las armas que no hayan sido retiradas o regularizada su situación de la manera indicada en el artículo anterior, se procederá por parte del Servicio de Material y Armamento del Ejército de la siguiente manera:

A) Aquellas que por sus características, condiciones de uso y estado sean factibles de integrar la cadena de abastecimiento de las Fuerzas Armadas o de la Policía, serán reacondicionadas y puestas a disposición de la dependencia del Ministerio correspondiente.

B) Las que por sus características o antigüedad, sean catalogadas como piezas de colección, serán puestas a disposición del Comando General del Ejército para ser integradas a las colecciones de los museos de sus dependencias.

C) Las armas a las que por sus características o estado de conservación no pueda dársele alguno de los destinos precedentemente previstos, serán destruidas.

Artículo 3º.- Los actuales titulares de las armas que se encuentren comprendidos en lo previsto por el artículo 1º de la presente ley, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días, a partir de la vigencia de la misma, para su regularización documental.

Vencido dicho plazo, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley.

Artículo 4º.- Derógase la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990, y todas las normas que directa o indirectamente se opongan a lo establecido en la presente ley".

——Antes de levantar la sesión, por si no tenemos ninguna otra convocatoria antes de fin de año, quiero desear a los miembros de la Cámara y a los funcionarios del Palacio feliz Navidad y feliz año nuevo. Quiero hacer extensivo el saludo a la prensa que nos acompaña. ¡Ojalá pasemos unas muy felices fiestas!

(Aplausos)

——Se levanta la sesión.

(Es la hora 17 y 47)

 

 

 

 

 

Cr. ÁLVARO ALONSO

1er. VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.