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N° 3225 - 19 DE AGOSTO DE 2004

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

44ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES
DOCTOR JOSÉ AMORÍN BATLLE
Presidente
Y CONTADOR ÁLVARO ALONSO 1er. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA
Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y
EL PROSECRETARIO SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 18 de agosto de 2004.

 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión especial (artículo 32 del Reglamento del Cuerpo), mañana jueves 19, a la hora 10, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DIA -

 

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2003. (Aprobación). (Carp. 3918/004). (Informado). Rep. 1646 y Anexos I a XVIII

 

 

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVAN
S e c r e t a r i o s

 

 

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

CUESTIONES DE ORDEN

8, 10 y 12.- Integración de la Cámara

8, 10 y 12.- Licencias

ORDEN DEL DÍA

7, 9, 11 y 13.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2003. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 1646 y Anexos I a XVI, de julio de 2004, y Anexos XVII y XVIII, de agosto de 2004. Carp. Nº 3918 de 2004. Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda.

— En discusión general.

— Se rechaza el proyecto de ley

 

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Álvaro Alonso, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Juan José Bentancor, Elia Bentancur, Nahum Bergstein, Daniel Bianchi, Eduardo Bonomi, Rosario Bueno, José Caballero, Lucio Cáceres, Felipe Carballo, Roberto Conde, Jorge Chápper, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Mariella De Marco, Ruben H. Díaz, Juan Domínguez, Silver Estévez, Ricardo Falero, Omar Ferrari, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Gabriela Garrido, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Raymundo Guynot de Boismenú, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, María Iriarte, Eduardo Lay Álvez, Ramón Legnani, Óscar Magurno, Diego Martínez, Artigas Melgarejo, Felipe Michelini, Francisco Ortiz, Edgardo Ortuño, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Pandolfo, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Gustavo Penadés, Esteban Pérez, Enrique Pintado, Julio Pintos, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Carlos Riverós, Ernesto Rodríguez Altez, Glenda Rondán, Eduardo Rubio, Humberto Ruocco, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Pedro Señorale, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Stella Tucuna, Jaime M. Trobo, Homero Viera y Jorge Zás Fernández.

Con licencia: Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro Cedrés, Gustavo Amen Vaghetti, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Edgar Bellomo, José L. Blasina, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán, Silvana Charlone, Ramón Fonticiella, Orlando Gil Solares, Luis M. Leglise, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, José Homero Mello, Pablo Mieres, Jorge Orrico, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Víctor Rossi, Pedro Sande, Leonel H. Sellanes y Raúl Sendic.

Faltan con aviso: Fernando Araújo, Beatriz Argimón, Ricardo Berois Quinteros, José Betancor, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Daniel Díaz Maynard, Óscar Ferraz Luis Alberto Lacalle Pou, Arturo Lamancha, Julio Lara, Guido Machado, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Ruben Obispo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Tomás Teijeiro, Walter Texeira y Walter Vener Carboni.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 327

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

  • Nº 17.798, por la que se declara feriado no laborable el día 10 de setiembre de 2004, con motivo de conmemorarse el centenario del fallecimiento del General Aparicio Saravia, y se declara el 1º de setiembre de cada año "Día de los Caídos en las Guerras Civiles". C/3509/003

  • Nº 17.799, por la que se establecen normas para el financiamiento de los partidos políticos. C/2097/002

-    Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se establece un registro, en el ámbito del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para aquellas personas físicas, sociedades o asociaciones, con o sin personería jurídica, que desempeñen actividades profesionales, técnicas o de apoyo. C/4009/004

-    A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

La citada Presidencia remite copia autenticada de las resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo, autorizando la transposición de créditos presupuestales entre diversos programas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. C/105/000

-    A la Comisión de Presupuestos

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo:

-    A la Comisión de Asuntos Internacionales

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

-    A la Comisión de Hacienda

-    A la Comisión de Defensa Nacional

La citada Cámara comunica que, con fecha 17 de agosto de 2004, sancionó los siguientes proyectos de ley:

-    Téngase presente

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Legislación del Trabajo se expide sobre el proyecto de minuta de comunicación por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a remitir un proyecto de ley prorrogando el beneficio del seguro de desempleo a determinados trabajadores de las instituciones de asistencia médica colectiva. C/3976/004

-    Se repartió con fecha 18 de agosto

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Soriano remite nota relacionada con la situación de una institución deportiva del citado departamento, en relación con la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas y la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. C/18/000

-     Téngase presente

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante José Homero Mello solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social, sobre la contratación de empresas para la tala de árboles en el margen de las rutas nacionales administradas por la Corporación Vial del Uruguay. C/4020/004

El señor Representante Artigas Melgarejo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio del Interior:

-    Se cursaron con fecha 18 de agosto

PROYECTOS PRESENTADOS

Varias señoras Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se dispone la publicación de varios documentos relativos a la lucha contra la violencia doméstica. C/4023/004

-    A la Comisión de Asuntos Internos".

3.-     Proyectos presentados.

"VIOLENCIA DOMÉSTICA. (Se dispone la edición de varios documentos).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Dispónese la edición de una publicación conteniendo:

1. Ley Nº 17.514, de 4 de julio de 2002, de violencia doméstica.

2. Evaluación a un año de aprobada la Ley de Violencia Doméstica, de 30 de julio de 2003, organizada por la Comuna Mujer del Centro Comunal Zonal (CCZ) Nº 9, con participación del Ministro de Educación y Cultura, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, las Comisiones de Género y Equidad y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y la Red de Violencia.

3. Recomendaciones del Seminario de ILANUD - Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación con la participación de la doctora Roxana Arroyo Vargas, del doctor Rodrigo Ximénez Sandoval y de la doctora Loreley Calvo (25 de setiembre y 16 de octubre de 2003).

4. Conclusiones del seminario de Análisis y Evaluación de la Ley Nº 17.514, de Violencia Doméstica, de 9 y 10 de octubre de 2003, organizado por el Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial uruguayo, con participación del doctor Roberto Parga, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, del señor Ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, doctor Ricardo Pérez Manrique y de los Vicepresidentes del Tribunal de Apelaciones de Grande Instancia de Pontoise, de Francia, señora Anne-M. Guillén Sánchez y el señor Christian Chomienne.

5. Presentación del Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica: 2004-2010 el 25 de noviembre de 2003.

6. Conmemoración del 8 de marzo de 2004, recordando a dos mujeres que colaboraron desde su ámbito en el proceso de elaboración y seguimiento de la ley: doctora Graciela Duffau y señora María Esther Álvarez.

Montevideo, 18 de agosto de 2004.

YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, GLENDA RONDÁN, Representante por Montevideo, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En consideración de la importancia que representa para las mujeres y para la sociedad en su conjunto el flagelo de la violencia doméstica y como culminación del seguimiento que la Comisión Especial de género y equidad ha realizado desde la sanción de la Ley Nº 17.514, proponemos se realice una publicación con las principales instancias de ese seguimiento y con el objetivo de contribuir a la superación de los problemas que la aplicación de la misma ha tenido para los diferentes ejecutores.

Montevideo, 18 de agosto de 2004.

YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, GLENDA RONDÁN, Representante por Montevideo, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo".

4.-      Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Está abierto el acto.

(Es la hora 10 y 20)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Roque Arregui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

5.-    Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 18 de agosto de 2004:

Con aviso: Washington Abdala, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Raquel Barreiro, Gustavo Borsari Brenna, José Caballero, Ruben Carminatti, Roberto Conde, Hugo Cuadrado, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Julio Lara, Ney Marín, Diego Martínez, Artigas Melgarejo, Martha Montaner, Edgardo Ortuño, Gustavo Penadés, Martín Ponce de León, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Gustavo Silveira, Tomás Teijeiro, Marcelino Vieira y Jorge Zás Fernández.

Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 18 de agosto de 2004:

Con aviso: Ney Marín, Martha Montaner, María Alejandra Rivero Saralegui, Gustavo Silveira y Marcelino Vieira.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 18 de Agosto de 2004

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Arturo Heber Füllgraff.

ASUNTOS INTERNOS

Con aviso: Alberto Perdomo

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Jorge Barrera, Luis Alberto Lacalle Pou.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Beatriz Argimón

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: María Alejandra Rivero Saralegui y Nora Castro.

PRESUPUESTOS

Con aviso: Brum Canet, José Zapata y Roberto Conde.

SEGURIDAD SOCIAL

Con aviso: Héctor Gustavo Silveira Rodríguez

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Julio C. Silveira, Mario Castromán, Martha Montaner y Óscar Magurno.

TURISMO

Con aviso: Yeanneth Puñales Brun.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Juan Máspoli Bianchi, Julio Cardozo Ferreira y Raúl Sendic.

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Beatriz Argimón y Pablo Mieres".

6.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre la finalización de obras en un complejo de viviendas para jubilados y pensionistas de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

"Montevideo, 18 de agosto de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. A pesar de los reiterados e insistentes reclamos de autoridades, medios de prensa y organizaciones sociales, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente viene exhibiendo una total ineficiencia en dar culminación a las viviendas, para jubilados y pensionistas, ubicadas en las calles Galarza y Ledesma de la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano. Ese hecho perjudica a los pasivos, a quienes les corresponde ser usuarios de dichas viviendas, y a la propia sociedad, ya que se ha invertido en algo a lo que no se le da uso, y que se generan erogaciones permanentes, por distintas causas. Hoy, las obras continúan paralizadas, cuando lo que falta es ínfimo. Llamamos a la reflexión al señor Ministro sobre este tema, al tiempo que solicitamos una urgente culminación de las obras. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

2) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con las obras que se realizan en el puente de la Ruta Nacional Nº 2 sobre el río Negro.

"Montevideo, 18 de agosto de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por trabajos mal realizados, por parte de la empresa que tiene a su cargo las obras a realizarse en el puente sobre el río Negro, de la Ruta Nacional Nº 2 Grito de Asencio, desde hace varias semanas se encuentra inhabilitada en media calzada, un tramo de, aproximadamente, 150 a 200 metros. En dicho lugar, pese a que no pueden circular dos vehículos en sentido contrario simultáneamente, ni la empresa, ni la Dirección Nacional de Vialidad han dispuesto personal para ordenar su pasaje, por lo que se generan múltiples riesgos de accidentes. Me comuniqué en forma inmediata planteando la situación al señor Director Nacional de Vialidad, ingeniero Juan Echeverz, quién se comprometió a darle solución. El tiempo ha transcurrido y nada se hizo al respecto, motivo por el cual le doy estado parlamentario. Solicito la urgente intervención del señor Ministro en el entendido de que quedan planteadas las responsabilidades individuales en el caso en que se produzcan accidentes. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

3) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de la necesidad de señalizar e iluminar el acceso a Los Arrayanes, sobre la Ruta Nacional Nº 2.

"Montevideo, 18 de agosto de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En la Ruta Nacional Nº 2 Grito de Asencio, al ingreso al centro poblado Los Arrayanes, del departamento de Río Negro, se ha construido una infraestructura -en medio de la ruta-, para que los vehículos detengan su marcha, la que carece de iluminación. Dicha estructura construida con bloques y ubicada en medio de la ruta, representa un alto riesgo, fundamentalmente para quienes no pasan habitualmente por allí y, por lo tanto, no están en condiciones de tomar precauciones al acercarse. En función de lo expuesto, solicito que se habiliten, en forma inmediata, la iluminación y la señalización adecuada. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

4) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, referente a la fiscalización de las condiciones de seguridad que brindan determinadas empresas de transporte interdepartamental de pasajeros.

"Montevideo, 18 de agosto de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entre las funciones de ese Ministerio, está la de controlar la seguridad de los ómnibus que cumplen servicios de acuerdo a concesiones de líneas adjudicadas. En forma recurrente se nos ha planteado, con preocupación, que coches pertenecientes a las empresas CUT y Agencia Central circulan sobrecargados de pasajeros, lo que constituye un riesgo agregado en caso de accidente, afectando a quienes viajan en ellos. Por lo expuesto, solicitamos que se adopten las medidas que correspondan, compatibilizándolas con las necesidades de quienes utilizan esos servicios, lo que significa que, en algunos casos, deberán salir más coches por turno. Sin otro particular, saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

7.-     Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2003. (Aprobación).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2003. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº1646

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 30 de junio de 2004.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo, el adjunto proyecto de ley referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2003.

El Estado de Resultados del ejercicio 2003 presenta un déficit de:

A) $ 16.976:607.960,00 (pesos uruguayos dieciséis mil novecientos setenta y seis millones seiscientos siete mil novecientos sesenta) correspondiente a la ejecución presupuestaria y; B) $ 12.374:112.236,00 (pesos uruguayos doce mil trescientos setenta y cuatro millones ciento doce mil doscientos treinta y seis) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales, reglamentarias y de compensaciones efectuadas con el Banco Central del Uruguay y el Banco de la República Oriental del Uruguay.

Este resultado se expresa siguiendo el criterio de considerar los gastos por lo devengado y los ingresos efectivamente percibidos y refleja las secuelas de la crisis bancaria del año 2002.

En el informe económico financiero que se acompaña se presenta una breve descripción de la situación económica del ejercicio 2003 y se vincula a la misma con la evolución de las cifras más relevantes de este Balance de Ejecución Presupuestal.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DANIEL BORRELLI, WILLIAM EHLERS, ISAAC ALFIE, YAMANDÚ FAU, LEONARDO GUZMÁN, LUCIO CÁCERES, JOSÉ IGNACIO VILLAR, SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO, CONRADO BONILLA, MARTÍN AGUIRREZABALA, PEDRO BORDABERRY, SAÚL IRURETA SARALEGUI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2003, con un resultado deficitario de:

A) $ 16.976:607.960,00 (pesos uruguayos dieciséis mil novecientos setenta y seis millones seiscientos siete mil novecientos sesenta) correspondiente a la ejecución presupuestaria y;

B) $ 12.374:112.236,00 (pesos uruguayos doce mil trescientos setenta y cuatro millones ciento doce mil doscientos treinta y seis) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales, reglamentarias y de compensaciones efectuadas con el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Apruébanse las partidas a regularizar y los créditos no financiados por el Estado incluidos en el Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2002, incorporados a la presente ley como anexo.

Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.

Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a adelantar al Banco de la República Oriental del Uruguay, con cargo a Rentas Generales, los importes que eventualmente faltaran para completar el flujo de fondos previsto en el convenio suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la República Oriental del Uruguay con fecha 12 de febrero de 2004, en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939.

Montevideo, 30 de junio de 2003.

DANIEL BORRELLI, WILLIAM EHLERS, ISAAC ALFIE, YAMANDÚ FAU, LEONARDO GUZMÁN, LUCIO CÁCERES, JOSÉ IGNACIO VILLAR, SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO, CONRADO BONILLA, MARTÍN AGUIRREZABALA, PEDRO BORDABERRY, SAÚL IRURETA SARALEGUI.

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

La situación macroeconómica durante 2003

La actividad económica exhibió una sensible recuperación en el correr de 2003, la cual fue creciendo trimestre a trimestre.

La producción global de bienes y servicios presentó una suba de 2,5%, poniendo así fin a la recesión que se inició en 1999.

La recuperación económica estuvo apuntalada por una fuerte mejora de las expectativas, a la luz del éxito obtenido por el gobierno en la salida instrumentada para enfrentar la crisis bancaria y la solución brindada al problema de concentración de vencimientos de deuda pública. En ese sentido, cabe mencionar que el gobierno contó con el apoyo oportuno de los organismos multilaterales de crédito y de la comunidad financiera internacional, que evaluaron que el problema y riesgo del país era de liquidez a corto plazo y no de solvencia de mediano y largo plazo. El marco macroeconómico nacional, la política de estabilidad aplicada, tanto a nivel de precios como en materia de solvencia fiscal, y el respeto irrestricto a la ley y los contratos, sin alteraciones impositivas, brindaron el marco adecuado para el retorno de la confianza de los inversores y consumidores. El crecimiento económico también estuvo acompañado por un marco externo favorable, dentro del cual se destacaron la suba de los precios de exportación, la recuperación de las economías de la región y los bajos niveles de las tasas de interés internacionales.

La estrategia instrumentada a partir de agosto de 2002 para enfrentar la crisis bancaria se probó sumamente efectiva, ya que se observó una paulatina recuperación de la confianza en el sistema financiero. En concreto, con el correr de los meses no sólo se frenó el retiro de depósitos, sino que las colocaciones retomaron una evolución ascendente. Por consiguiente, los depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario (excluyendo Bancos liquidados y Banco Galicia) crecieron US$ 945 millones en 2003, ubicándose en US$ 6.907 millones a fin de año. En ese escenario, el Banco República adelantó la devolución del primer tramo de depósitos reprogramados por la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002. Vale señalar que dicha institución retuvo la mayor parte de los fondos devueltos en esa ocasión.

Luego de la instrumentación de la estrategia para estabilizar el sistema bancario en agosto de 2002, el gobierno enfrentó el problema de una marcada concentración de vencimientos de deuda pública en el corto plazo. En razón de las dificultades de acceso a nuevas fuentes de financiamiento en esos momentos y a la insuficiencia de la asistencia acordada con los organismos multilaterales, el 10 de abril de 2003 el gobierno lanzó una propuesta de canje voluntario de la deuda pública con acreedores privados. Los títulos elegibles eran los denominados en moneda extranjera a un plazo original mayor a un año. Debe subrayarse que la operación no incluyó en la mayoría de los casos quitas en el capital de los papeles originales. La propuesta fue elaborada de modo de respetar la igualdad de tratamiento entre acreedores, tanto en materia de derechos y obligaciones como a nivel financiero. En tal sentido, la propuesta combinaba la emisión de nuevos bonos, en algunos casos por valor nominal inferior al original, el pago en efectivo y el diferimiento en el tiempo del vencimiento original.

A fines de mayo de ese año, la operación de canje fue completada con sumo éxito, ya que se obtuvo la participación de 98,7% de los bonos en la oferta doméstica y 89,6% en la oferta internacional. Esta última incluía los denominados bonos Brady (refinanciación de 1991); si se excluyen estos títulos, el nivel de aceptación internacional superó el 93%. Los nuevos títulos emitidos totalizaron poco más de US$ 5.000 millones, lo que permitió extender la duración de los viejos bonos en un promedio ligeramente superior a cinco años.

En razón del éxito del canje de deuda y de la evolución favorable de la economía, el gobierno recobró el acceso a los mercados internacionales de crédito privado. El "riesgo país" cayó de 2.500 puntos básicos previo al canje de deuda a un entorno de 700 puntos. En ese contexto más auspicioso, en octubre el gobierno concretó la primera emisión de un bono en moneda local de un país emergente en los mercados internacionales, por el equivalente a US$ 200 millones.

Por otra parte, en el transcurso del año pasado se observó una sensible mejora de las cuentas públicas, en función del incremento de la actividad económica y de que el gobierno mantuvo los gastos discrecionales bajo control. La notoria recuperación de la situación financiera del gobierno sirvió de respaldo al esquema de metas monetarias instrumentado por el Banco Central a partir del año pasado. En ese contexto, la tasa de inflación se redujo a 10,2% en 2003, frente a una suba de 25,9% en 2002. Además, corresponde señalar que el mercado cambiario exhibió una marcada estabilidad, si se compara con la incertidumbre que reinó en 2002 y hasta la concreción del canje de deuda en mayo de 2003.

Nivel de actividad y empleo

Durante 2003, la actividad económica exhibió una sensible recuperación, poniendo fin al período recesivo que se atravesó entre 1999 y 2002. En efecto, la producción global de bienes y servicios presentó una suba de 2,5% en el promedio del año, cuando inicialmente el gobierno aguardaba una caída de la actividad. Cabe señalar que la tendencia creciente del nivel de actividad se fue acentuando con el paso de los meses. Tan es así que el PIB experimentó una suba de 15,8% en el cuarto trimestre de 2003 frente a igual período del año previo. De ese modo, la producción alcanzó niveles similares a los observados a fines de 2001, previo al estallido de la crisis bancaria.

En materia de sectores, el crecimiento de la actividad en el promedio anual se explicó principalmente por una expansión de la producción agropecuaria de 14,4% y un incremento de la industria de 4,5%, sectores que mostraron una fuerte mejora en su rentabilidad. También se observaron subas en transportes y comunicaciones (2,8%) y en "otros" sectores de actividad (1,1%), esencialmente servicios. No obstante, cabe mencionar que en el correr del año la reactivación se extendió prácticamente a todos los sectores.

Del punto de vista de la demanda, la producción estuvo impulsada principalmente por las exportaciones (4,1%) y por la inversión doméstica (25,4%). El resto de los componentes del gasto interno registraron reducciones en el promedio del año, ya que el consumo privado disminuyó 1% y el consumo del gobierno lo hizo en 2%. No obstante, en términos desestacionalizados el consumo privado exhibió una sensible recuperación ya desde mediados de año, reflejando la mayor certidumbre de las personas sobre la marcha de la economía y el crecimiento en el nivel de empleo e ingreso.

El repunte en el nivel de actividad se tradujo en una continua mejora en las condiciones del mercado de trabajo. De hecho, la tasa de empleo subió a 49,8% de la población en edad de trabajar (PET) en los tres meses terminados en diciembre de 2003, frente a un 47,6% en el último trimestre de 2002. De esa forma, en el transcurso del año pasado se generaron unos 57.000 nuevos puestos de trabajo en el país urbano (localidades con más de 5 mil habitantes), y aproximadamente 68.000 puestos en el país entero. En función del aumento de la ocupación, en tanto, la tasa de desempleo se redujo sensiblemente, a 15,4% de la población económicamente activa (PEA) a fines del año pasado, frente a una desocupación de 18,6% al cierre de 2002. Otros indicadores menos difundidos, pero no menos relevantes, muestran la mejora en las condiciones del mercado de trabajo. Así, la tasa específica de desempleo de los jefes de hogar cae de 8,2% a 4,9% en el Interior Urbano y de 9,4% a 7,5% en Montevideo. A su vez, la duración media del desempleo bajó de 30 a 22 semanas en el Interior Urbano y de 33 a 23 semanas en Montevideo.

Sector externo

La balanza de pagos

El sector externo mostró una notoria mejora durante 2003, lo que permitió obtener un resultado positivo de la balanza de pagos de US$ 1.380 millones. A la luz de esa mejora, los activos de reserva del Banco Central subieron a US$ 2.087 millones al cierre de 2003. El resultado favorable de la balanza de pagos se explicó esencialmente por un sustantivo ingreso de capitales al país, alentados por una percepción de menor incertidumbre financiera. Ese flujo positivo de capitales se reflejó tanto en un superávit de la cuenta errores y omisiones (US$ 1.232 millones), que obedecería al retorno de depósitos al sistema bancario, como en un saldo positivo de la cuenta capitales (US$ 72,3 millones). Por su parte, la cuenta corriente mostró un superávit de US$ 75,6 millones, aunque resultó inferior al registrado en 2002. Sin embargo, vale aclarar que ello obedeció exclusivamente al mayor pago de servicios factoriales al exterior, ya que, por el contrario, el balance comercial exhibió una mejora sensible.

El comercio de bienes

En el transcurso del año pasado el sector exportador mostró un desempeño sumamente favorable. En efecto, las exportaciones de bienes (FOB) registraron un crecimiento de 18,1% medidas en dólares, totalizando US$ 2.198 millones. Las ventas al exterior fueron impulsadas por la suba de los precios internacionales de los principales commodities y por la reapertura de mercados cárnicos.

El comportamiento exportador no solo fue favorable por los mayores montos colocados sino además porque se verificó cierto proceso de diversificación por destino geográfico. Al respecto, se constató un fuerte incremento de las ventas al mercado del NAFTA, de 73,9%, principalmente por las mayores ventas de carne a Canadá y Estados Unidos. En consecuencia, ese destino pasó a representar un 19% del total en 2003, cuando alcanzaba un 13% en 2002. Por su parte, las ventas al Mercosur se incrementaron 11%, principalmente en virtud de las mayores compras de Argentina, de 36,7%. A pesar de ese crecimiento, el Mercosur siguió perdiendo peso en nuestras ventas externas de bienes, pasando a representar un 31% del total, frente a un máximo de 55% en 1998, lo que se traduce en una menor dependencia regional de la economía uruguaya.

Por su parte, las importaciones de bienes mostraron un pronunciado aumento, como consecuencia del dinamismo de la actividad económica. De ese modo, las compras al exterior se incrementaron 11,5% (en valores CIF), totalizando unos US$ 2.190 millones.

Precios y tipo de cambio

Luego del pasaje a un régimen de flotación del tipo de cambio en junio de 2002, el Banco Central decidió instrumentar un régimen de metas de base monetaria, a los efectos de mantener la evolución de los precios bajo control. En ese marco, la tasa de inflación se redujo a 10,2% en el conjunto del año, tras ubicarse en 25,9% en 2002. Asimismo, el mercado cambiario exhibió una marcada estabilidad, que contrasta con la incertidumbre que se vivió en 2002. En ese contexto, el tipo de cambio (dólar estadounidense) cerró 2003 en $ 29,34 registrando una suba de 7,8% en el conjunto del año. Sin dudas, la estabilidad de los precios fue otro factor que contribuyó al clima de expectativas más favorables.

Adicionalmente, las menores expectativas de inflación y devaluación se tradujeron en una fuerte reducción de las tasas de interés en moneda nacional.

Las finanzas del sector público

El resultado del sector público en su conjunto, medido por fuentes de financiamiento según un criterio de caja, mostró en el año 2003 un déficit de $ 10.044 millones. Esta cifra se compone por los resultados negativos del gobierno central y del Banco Central del Uruguay, que fueron solo parcialmente compensados por el superávit de otros organismos del sector público no financiero (principalmente empresas públicas). No obstante el resultado deficitario, las cuentas públicas mostraron una marcada mejora, que obedeció a la disminución de los gastos primarios en términos reales y a la recuperación de los ingresos tributarios. Sobre este último punto, cabe subrayar que el crecimiento de la recaudación impositiva se fue acelerando con el paso de los meses, en línea con la evolución de la actividad económica. Así, en el último trimestre de 2003 la recaudación de la DGI en términos reales se ubicó 15,8% por encima de igual trimestre de 2002.

En particular, se destacó el fuerte aumento de la recaudación de IVA, de 19,5% real en dicho período. A raíz de esta evolución favorable de las cuentas públicas, el gobierno finalmente alcanzó un superávit fiscal primario (antes de intereses) del orden de 3% del PIB, frente a un superávit de solo 0,2% del PIB en 2002. Por su parte, el resultado global del sector público fue deficitario en 3,2% del PIB (inferior al déficit de 4,1% del PIB registrado en 2002).

La ejecución presupuestal

El Estado de Resultados Consolidado correspondiente a la ejecución del ejercicio 2003 muestra un total de recursos de $ 65.201 millones, mientras que las erogaciones totales alcanzaron los $ 94.551,7 millones. De esta forma, el resultado del ejercicio fue deficitario en $ 29.350,7 millones que se discrimina en: presupuestario $ 16.976,6 millones y extraordinarios $ 12.374,1 millones.

Comparativamente con el ejercicio anterior, medido a precios promedios del 2003, el resultado del ejercicio es mejor en $ 13.602,4 millones, debido a que en este ejercicio se registró un incremento de los recursos en $ 2.251,8 millones y una disminución de los egresos en $ 11.350,6 millones. Esta disminución de los egresos fue consecuencia de un menor gasto de funcionamiento en $ 17.052,1 millones y un incremento operado en los gastos de inversión $ 387,9 millones y las Partidas a Regularizar y Déficit no financiados en $ 5.313,6 millones.

Corresponde puntualizar que en partidas a regularizar se incluyeron gastos presupuestarios que no fueron intervenidos por el Tribunal de Cuentas, por un monto total de $ 3.933,5 millones. Por lo tanto y a efectos de realizar el análisis comparativo se procedió a reimputar esos gastos en los rubros presupuestarios respectivos. El ajuste fue el siguiente:

- Intereses y comisiones $ 504,8 millones.

- Transferencias al Sector Privado $ 1.027,8 millones.

- Transferencias a Gobiernos Departamentales $ 229,6 millones.

- Transferencias a Instituciones Financieras $ 1.758,1 millones.

- Gastos por imprevistos $ 403 millones.

También medido a valores constantes del año 2003, el comportamiento de los rubros ajustados de funcionamiento muestra que las variaciones más significativas con respecto al ejercicio 2002, fueron las siguientes:

a) El rubro Costo de Personal disminuyó en $ 1.719,9 millones.

b) Las transferencias a la Seguridad Social disminuyeron en $ 3.532 millones.

c) El rubro Subsidios y otras transferencias también disminuyó en $ 18.317,0 millones como consecuencia de la menor asistencia al Banco Hipotecario del Uruguay en $ 18.157,2 millones ($ 23.290,3 millones en el ejercicio 2002, contra $ 5.133,1 millones en este ejercicio).

d) Finalmente, el rubro Intereses y Comisiones se incrementó en $ 10.434,3 millones debido al aumento de los intereses de la Deuda Pública y el pago de intereses de años previos con los Bancos Central y de la República Oriental del Uruguay.

El aumento de las Partidas a Regularizar y déficit no financiados, en $ 1.380 millones se explica, en su casi totalidad, porque en el ejercicio 2003 se contabilizaron en este concepto las partidas correspondientes a tickets de alimentación para los funcionarios públicos y pasivos por $ 916,4 millones y la cancelación de la Deuda de PLUNA con el Banco Central del Uruguay, originada en la refinanciación de la deuda del año 1991, por un monto de $ 316,2 millones.

En relación a la Ejecución Presupuestaria, el resultado deficitario de este ejercicio, ($ 16.976,6 millones) resultó mejor que el del ejercicio 2002 ($ 19.456,9 millones) en $ 2.548,3 millones. El menor déficit alcanzado en este ejercicio se explica por un mejor comportamiento de los recursos y gastos. En efecto, en este ejercicio los recursos ascendieron a $ 64.081,8 millones, contra $ 62.949,2 millones del ejercicio anterior, por lo que el aumento registrado fue de $ 1.132,5 millones. Por otra parte los egresos totales ascendieron a $ 81.058,4 millones, mientras que los del ejercicio 2002 totalizaron $ 82.406,2 millones y, por consiguiente, la disminución operada fue de $ 1.357,8 millones".

(Los Anexos I a XVII se encuentran a disposición, para su consulta, en la Secretaría de la Cámara de Representantes)

Anexo XVIII al
Rep. Nº 1646

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Hacia fines de 1999 Tabaré Vázquez y Danilo Astori proyectaban que el déficit fiscal del último año del gobierno de Sanguinetti treparía hacia el 3,5% del PBI. En plena campaña electoral, el Ministro Mosca y el propio Presidente descalificaban a quienes hacían estas proyecciones, negando que el déficit pudiera superar el 2% del PBI. Pasadas las elecciones y la necesidad de esconder datos, se confirmó que el déficit era aun mayor de lo que el Frente Amplio denunciaba, tal como lo expresábamos en el informe de nuestra bancada en agosto del 2000.

En el año 2001, advertíamos en nuestro informe sobre la Rendición de Cuentas del 2000, que el peligroso camino del déficit se mantenía, ascendiendo ahora al 3,8% del PBI.

En el año 2002, señalábamos que el déficit de 2001 trepaba al 5,2% del PBI indicando el estado recesivo de la economía por tercer año consecutivo.

El año pasado, en el marco de una brutal caída del PBI, hablábamos sobre el tremendo déficit en que incurría el Gobierno, denunciando las maniobras para maquillarlo, cuando el Poder Ejecutivo decía que el déficit del año 2002 era de $ 16.471 millones para el año 2002, por otro lado decía que "Por otra parte se expone la transferencia de capital de $ 19.509 millones realizado por el Estado al BHU...", y entre otras cosas, omitía las pérdidas por todos los aportes hechos por el Estado a los Bancos en liquidación.

El lunes 26 de julio del 2004, en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, integrada con la de Hacienda, al analizar la Rendición de Cuentas del 2003, el Ministro de Economía y Finanzas, economista Isaac Alfie, expresaba: "El déficit del año pasado (el 2002) está expuesto en la Rendición de Cuentas: eran $ 35.980 millones, que a precios actuales (pesos de 2003) representan $ 42.953 millones, tal como establece el tomo de resumen de esta presentación" (la del 2003). Lo que no decía el Ministro Alfie es que en la Rendición de Cuentas del 2002 (firmada por Atchugarry), en ningún lugar aparece esa cifra.

En el 2002, el mensaje del Poder Ejecutivo expresaba: "El Estado de Resultado del ejercicio 2002 presenta un déficit de: a) $ 16.335:570.334 correspondiente a la ejecución presupuestaria y b) $ 135:187.896 por concepto de comisiones e intereses extraordinarios...". O sea 16.471 millones. El mismo mensaje del 2002, algunos párrafos más adelante expresaba: "Por otra parte se expone la transferencia de capital de $ 19.509:434.243 realizada por el Estado al Banco Hipotecario del Uruguay, al subrogarlo de la deuda que éste mantenía con el Banco Central del Uruguay...". Está claro que exponer una transferencia de capital no es establecer un déficit. El proyecto de ley del 2002 (adjunto) establecía lo mismo al proponer la aprobación de un déficit de $ 16.471 millones y por otro lado aprobar la transferencia de capital de $ 19.509 millones al BHU. El cuadro I "Estado de Resultados Consolidado" mostraba el déficit de $ 16.336 millones, mientras que un cuadro 62 mostraba los otros $ 135 millones del déficit y la "transferencia" al BHU. O sea, toda una ingeniería "técnica" para poder hablar de un déficit de 16.471 millones y para no expresar lo que recién ahora, un año después, el Ministro Alfie finalmente reconocía expresamente: el déficit del 2002 fue $ 35.980 y no $ 16.471 como informaba la Rendición de Cuentas del 2002 (algo más del doble). Y conste que este déficit, ahora reconocido, sigue sin incluir la asistencia a los Bancos, que el famoso cuadro 62 de la Rendición de Cuentas del 2002 informaba (pero no incluía como pérdida ni como transferencia) en más de 37.000 millones, y que ni la Rendición del 2002 ni la del 2003 incorporan como pérdida (ni siquiera parcialmente): ¿aparecerá en la Rendición del 2004?

Hay que reconocer un avance: la Rendición de Cuentas del 2003 ahora incluye en el cuadro I "Estado de Resultados Consolidado" los "Resultados Extraordinarios" que la Rendición del 2002 no incluía (en forma claramente violatoria de las normas contables). El conjunto de cuadros de la Rendición del 2003 mantienen coherencia con este esquema: de esta forma en el cuadro 35 por ejemplo, al comparar los resultados de las Rendiciones de Cuentas del 2002 y 2003, presenta el déficit del 2002 como $ 42.953 millones (equivalente a los $ 35.980 millones expresados en pesos del 2003), la cifra nunca presentada en la Rendición del 2002.

Tampoco hay que olvidarse que este año, por primera vez en la historia del Uruguay, se pagó más de intereses y comisiones de la deuda ($ 25.070 millones) que todo lo que se pagó de sueldos, cargas legales y prestaciones sociales a todos los funcionarios públicos ($ 20.037 millones). O que se pagó más por deuda que el total del gasto de todos los Ministerios juntos ($ 22.275 millones). O que esta Rendición de Cuentas del 2003 establece un déficit de $ 29.350 millones que es más del 9% del PBI (en 1999 nos impresionaba un déficit del 3,5% del PBI). O que los pagos por la deuda que habrá que hacer en los años 2005 y 2006 son sustancialmente superiores. O que se sigue sin realizar previsiones por incobrabilidad por la asistencia a los Bancos en el 2002 (tal como lo señala el Tribunal de Cuentas en su dictamen), lo que probablemente aparecerá finalmente en la Rendición de Cuentas del 2004 estableciendo otro déficit récord.

Y ni que hablar, que las Rendiciones de Cuentas no incluyen (no contabilizan) cuántos uruguayos se fueron por falta de perspectivas, cuánta gente pasó a vivir por debajo de la línea de pobreza, cuántos niños mal alimentados o con carencias educativas hay, cuánto se deterioró el patrimonio público (las calles, las carreteras, los edificios, etcétera), cuán poca inversión tiene Uruguay respecto a la región, cuántos uruguayos están sin trabajo, cuánto varió el salario real o las jubilaciones, cuánto varió la calidad de la asistencia en la salud pública, y tantas otras cosas que podríamos mencionar y deberían ser el centro de una verdadera Rendición de Cuentas de un Gobierno.

El Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, aun oponiéndose firmemente a la política económica que porfiadamente ha impulsado este Gobierno, ha sido capaz de estar a la altura de las circunstancias proponiendo alternativas y aun apoyando en situaciones críticas, soluciones que, aun pensando que debían ser parte de otro conjunto de medidas tan o más importantes que ellas, fueron imprescindibles para sortear la crítica situación a que nos condujo este Gobierno, Gobierno que es el responsable principal (aunque no único) de la terrible situación en que nos encontramos los uruguayos, habiendo hipotecado el futuro de varias generaciones de uruguayos que deberán realizar extraordinarios esfuerzos para superar la pesada deuda económica y social que nos deja esta Administración del Presidente Batlle y sus sucesivos equipos económicos, mediante la trilogía letal del déficit fiscal, el endeudamiento para financiarlo y la sobrevaloración de nuestra moneda. Factores éstos que han conducido al Uruguay a tener el triste privilegio de ser uno de los países con menos inversión de América Latina, con más alta tasa de emigración, lo que, como corolario, ha conducido a una fortísima reducción de los salarios y las jubilaciones, y a unas tasas de desocupación (y subocupación) y de pobreza incompatibles con el desarrollo de un país solidario e integrado.

Éstas, y no otras, son las causas de la desintegración social y el incremento de la violencia en el seno de nuestra sociedad. Solo un nuevo gobierno, con una visión sustancialmente diferente a la actual podrá conducir al Uruguay por el largo camino de la reconstrucción, imprescindible para construir una sociedad más justa, más integrada socialmente, y más integrada en la región y en el mundo.

Por las razones expuestas y otras consideraciones que realizaremos en Sala, nuestra fuerza política va a votar negativamente el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo referido a esta Rendición de Cuentas.

Nuestro voto negativo es también una advertencia en relación a un escenario que nos coloca frente a los riesgos de una transición tan prolongada como la uruguaya, que establece las elecciones en octubre (o eventualmente noviembre) y la asunción del nuevo Presidente en marzo del año siguiente, lapso en el que pueden enfatizarse las políticas negativas antes citadas.

Sala de la Comisión, 12 de agosto de 2004.

BRUM CANET, Miembro Informante, CARLOS BARÁIBAR, ROBERTO CONDE, DOREEN JAVIER IBARRA, JORGE PANDOLFO, MARTÍN PONCE DE LEÓN, LUCÍA TOPOLANSKY.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Recházase el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2003.

Sala de la Comisión, 12 de agosto de 2004.

BRUM CANET, Miembro Informante, CARLOS BARÁIBAR, ROBERTO CONDE, DOREEN JAVIER IBARRA, JORGE PANDOLFO, MARTÍN PONCE DE LEÓN, LUCÍA TOPOLANSKY.

Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda ha considerado el mensaje del Poder Ejecutivo correspondiente al proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2003.

El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo consta de un único artículo en el que se establece la existencia de un resultado deficitario para el ejercicio 2003 que asciende a $ 29.350:721.000, el que se discrimina de la siguiente manera:

a) $ 16.976:607.960,00 correspondiente a la ejecución presupuestaria y;

b) $ 12.374:112.236,00 por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales, reglamentarias y de compensaciones efectuadas con el Banco Central del Uruguay y el Banco de la República Oriental del Uruguay.

Asimismo, el Poder Ejecutivo solicita la aprobación de las partidas a regularizar y créditos no financiados por el Estado incluidos en el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2002, incorporados como anexo al proyecto de ley, a la vez que solicita autorización a los efectos de adelantar, de ser necesario, al Banco de la República Oriental del Uruguay los fondos previstos en el convenio suscrito con el Ministerio de Economía y Finanzas con fecha 12 de febrero de 2004.

Analizada la información obrante en vuestra Comisión, y, como así también, las explicaciones vertidas por los señores integrantes del Poder Ejecutivo en su comparecencia a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, cabe concluir en que existen dudas razonables en cuanto a la verdadera dimensión del déficit del Gobierno Central correspondiente al ejercicio 2003.

En efecto, y con el ánimo de ilustrar al Cuerpo en relación al punto, estimamos oportuno transcribir, a título de ejemplo, algunos párrafos del dictamen producido por el Tribunal de Cuentas de la República con fecha 2 de agosto próximo pasado:

1. "La capitalización del Nuevo Banco Comercial S.A. por miles de $ 3:706.000 se incluyó en Financiamiento – Variación de Otros Activos y Pasivos – Cuadro 1 – Estado de Resultados Consolidado – cuando debió ser expuesta como un gasto de Inversión en el referido Cuadro. En consecuencia, la situación descrita afecta el resultado del ejercicio, que se encuentra subvaluado en dicho importe".

2. "En el ejercicio 2003 el Gobierno Nacional realizó una operación de canje de títulos de deuda pública que originó un mayor valor de la misma, cuyo resultado significó una pérdida neta por este concepto de miles de $ 1:578.323. El referido monto constituye un gasto devengado en el ejercicio 2003 que no fue considerado en la determinación del resultado, por lo que el mismo se encuentra subvaluado en dicho importe".

3. "En el Estado de Situación del Tesoro, Numeral 3 b) de las notas al Cuadro 60, consta que no se han realizado previsiones por incobrables respecto a la asistencia realizada a las instituciones financieras privadas por el monto de miles de $ 30:227.628 que a la fecha de presentación del Balance del ejercicio 2003, el Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario no había suministrado aún la información respectiva. De haberse tenido dicha información se hubiera podido cuantificar además el importe a registrar como gasto en la ejecución presupuestal y su incidencia en el resultado. En esta oportunidad el Tribunal tampoco contó con la información que le solicitó al Banco Central del Uruguay y, debido a que no fue posible aplicar procedimientos de auditoría alternativos, no se pudo obtener evidencia suficiente sobre la recuperabilidad de los referidos préstamos".

4. "También en el Estado de Situación del Tesoro, en el Cuadro 60, se expone como pasivo el importe de miles de $ 8:246.242, invocando el artículo 26 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, por el que se dispuso transferir al Estado los créditos por cualquier concepto del Banco Central del Uruguay contra los Bancos cuyas actividades se encontraban suspendidas a la fecha de la referida ley y que fueran liquidados.

La norma invocada para registrar este pasivo no estableció ninguna obligación para el Estado, por lo tanto la referida operación está incorrectamente expuesta".

Debe tenerse en cuenta que los montos a que hacen referencia los puntos 1) y 2) arriba expuestos, representarían un 12,63% y 5,38 % respectivamente del déficit expresado en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Por su parte, de la lectura del numeral 3) se deduce que la asistencia brindada al sistema financiero equivaldría a un 103% del déficit propuesto, por lo que el mismo sufriría significativas variaciones en función del porcentaje de créditos que en definitiva se termine recuperando.

Asimismo, el Tribunal da cuenta, en el Capítulo 5 de su Informe a la Asamblea General, de la existencia de Partidas a Regularizar (Cuadro 76) por un monto de $ 2.452:365.000 sobre las cuales le solicitara a la Contaduría General de la Nación información adicional a los efectos de su intervención, la que al no serle remitida motivó su devolución para mejor proveer. Es de hacer notar que dicho monto supera el 8% del déficit del Gobierno Central expresado en el mensaje del Poder Ejecutivo. Su convalidación, a partir de la aprobación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, significaría, en última instancia, eludir por medio de una vía indirecta el control preceptuado por la normativa legal.

Es por eso entonces que, ante la contundencia del dictamen emanado del máximo órgano de contralor de la Hacienda Pública y, como así también, a la luz de otros elementos relevados de la documentación con la que contó para su trabajo vuestra Comisión, es que consideramos que no cabe al Cuerpo otra alternativa que proceder a rechazar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2003.

Se sugiere, en consecuencia, a los señores Representantes la aprobación del siguiente proyecto de resolución.

Sala de la Comisión, 12 de agosto de 2004.

GUSTAVO PENADÉS, Miembro Informante, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Recházase el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2003.

Sala de la Comisión, 12 de agosto de 2004.

GUSTAVO PENADÉS, Miembro Informante, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Los orígenes de la crisis

Durante la década pasada, el tipo de cambio fue el ancla de la economía nacional que permitió una significativa disminución de los niveles de inflación. Hasta el 13 de enero de 1999, cuando Brasil devalúa abruptamente su moneda, la armonía de las políticas cambiarias de la región permitía un estimable grado de certeza en la evolución de la cotización del dólar estadounidense, favoreciendo el desarrollo del comercio intrarregional. De hecho, al amparo del MERCOSUR, el crecimiento económico del período 1990-1998 fue superior al 37%. Sin embargo, este hecho contrastaba con la creciente pérdida de competitividad con el resto del mundo, que en lo fundamental la sufrían el sector agropecuario por la caída de los precios relativos y el sector industrial no orientado al comercio regional.

El Gobierno uruguayo -y en general el "establishment" político- se aferró al pronóstico que auguraba una escalada de los precios internos de Brasil y consecuentemente, una reducción de los efectos en la competitividad ganada como consecuencia de la devaluación. Ergo, no solo mantuvimos inalterada la política cambiaria, sino que además, en un acto de fe ajeno a la lógica económica, redujimos el ancho de la banda cambiaria.

Los hechos desmintieron el pronóstico, y la región ingresó en un período de turbulencias originado por la inconsecuencia de las políticas cambiarias entre los dos principales socios del bloque.

Mientras tanto, golpeado por la pérdida de competitividad con Brasil, nuestro país ingresaba en un agudo período de recesión, caracterizado por una importante caída de las exportaciones hacia la región y un creciente déficit fiscal.

El clima electoral de 1999 exorcizó los miedos a una devaluación e impidió una discusión franca sobre la política cambiaria que le hubiera evitado al país seguir perdiendo competitividad. Increíblemente el tema de la política cambiaria estuvo al margen de la agenda electoral, y si alguien hacía alguna referencia al tema, era simplemente para reafirmar la política vigente. Un grave y generalizado error de todo el sistema político, sin excepciones.

Al fin de ese año el PBI había caído un 2,8%, y el déficit fiscal se situó en el entorno de los 800 millones de dólares, o sea, aproximadamente un 4% del PBI.

En diciembre de ese año asumía el nuevo gobierno argentino encabezado por el Presidente De la Rúa. Debía enfrentar un abultado déficit fiscal incompatible con un sistema de tipo de cambio fijo, lo que hacía presumir que si Argentina no lograba corregir esa situación se vería enfrentada al abandono del llamado "plan de convertibilidad".

El año 2000 no fue diferente para Uruguay: nueva caída del nivel de actividad (1,4%) y otra vez déficit fiscal en el entorno de 700 millones de dólares (4,1% del PBI). Mientras, la política cambiaria seguía intocada, y solo tímidamente, el tema era objeto del debate político. Sin embargo, y aunque parezca poco creíble, cuando aún no había transcurrido el primer año del nuevo Gobierno, se aprobaba el nuevo Presupuesto Nacional 2000-2004 con un incremento del gasto público que rondaba los 140 millones de dólares, a partir del año 2001.

Recién veintinueve meses después de la devaluación brasileña, y luego de una virtual alteración del plan de convertibilidad argentino, Uruguay corrige la pauta devaluatoria mensual elevándola de 0,6% a 1,2% (lo que implicaba una devaluación anual proyectada de 15,39%), y duplica el ancho de la banda cambiaria.

Durante el segundo semestre del 2001 se procesa la debacle argentina: reprogramación de los vencimientos del endeudamiento soberano, "corralito" sobre los depósitos de los ahorristas bancarios, renuncia del Ministro Cavallo, renuncia del Presidente De la Rúa, cesación de pagos anunciada por el nuevo Presidente Rodríguez Sá (ante la ovación del Congreso) que renuncia seis días después, y designación de un nuevo Presidente. Duhalde, que había sido derrotado en las urnas por De la Rúa, asume la jefatura del gobierno argentino. Finalmente, la anunciada, esperada y temida devaluación del dólar, la pesificación de depósitos y deudas, en fin: el desastre. Era el principio del fin. El principio de un descalabro económico, social y político, que sumiría en la pobreza a millones de argentinos. El principio del caos y la anarquía.

La crisis argentina tuvo el efecto de un terremoto económico sobre la realidad uruguaya, con una caída de las exportaciones y la venta de los servicios turísticos que se ha estimado en 400 millones de dólares anuales. La nueva realidad argentina hace insostenible la política cambiaria uruguaya, y en esos últimos días de diciembre se registran por primera vez pérdidas de las reservas internacionales del Banco Central, que sale a vender dólares al mercado cambiario, obligando a que el 4 de enero del presente año se disponga una nueva alteración de la política cambiaria, duplicando la pauta devaluatoria al 2,4% mensual, proyectando una devaluación anual del 33% aproximadamente.

Los datos del año 2001 confirman a su vez una nueva caída del PBI, ahora del 3,1%, y un nuevo déficit fiscal de 826 millones de dólares. En febrero, nuestro país pierde el "investment grade", que nos había posibilitado endeudarnos a bajas tasas de interés para pagar los abultados déficits, y de paso, postergar el inevitable ajuste del gasto público.

El 28 de febrero se aprueba el primer ajuste fiscal que deprime aún más la demanda interna, generando una mayor recesión. Para colmo de males, se desata una crisis de confianza sobre el sistema financiero uruguayo -como consecuencia de la estafa de los hermanos Rohm al Banco Comercial- que se materializa en un creciente retiro de depósitos, en principio de los argentinos no residentes, y luego también por ciudadanos uruguayos, lo que determina un rápido deterioro de las reservas internacionales del Banco Central, e inevitablemente, la imposibilidad de sostener la política cambiaria.

El 29 de mayo del 2002 se aprueba un segundo ajuste fiscal, aun más recesivo que el anterior, pero que posibilita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que otorga un respaldo financiero adicional al existente de 1.500 millones de dólares.

El 20 de junio de 2002, finalmente obligado por la caída de las reservas del Banco Central, el Poder Ejecutivo comunica el abandono del sistema de tipo de cambio fijo con pautas de devaluación preanunciadas y la adopción de un sistema de flotación pura. La nueva política cambiaria deja en manos del mercado la fijación del tipo de cambio, impactando directamente en el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas y familias. Al día siguiente, la credibilidad del sistema financiero recibe el golpe de gracia: como consecuencia de la estafa del grupo Peirano, el Banco Central interviene tardíamente a los Bancos Montevideo y La Caja Obrera, lo que desata una nueva corrida de depósitos.

Cuarenta días después, el 30 de julio, el Gobierno se ve obligado a decretar un feriado bancario que se extiende hasta el 2 de agosto. Finalmente se logra un trabajoso acuerdo con el FMI que desembolsa 800 millones de dólares adicionales, para conformar conjuntamente con un adelanto de 700 millones de dólares, un fondo de estabilidad bancaria de 1.500 millones cuyo marco legal es creado por la Ley Nº 17.523, para asegurar la cadena de pagos y dar un nuevo apoyo a los bancos públicos (BROU y BHU). La citada ley establece la reprogramación de los depósitos a plazo fijo en dólares de los bancos públicos. Éstos reabren sus puertas el lunes 5 de agosto, no así, los Bancos Comercial, De Crédito, Montevideo y La Caja Obrera, que mantienen su actividad suspendida.

La reseña de estos hechos muestra que nuestro país está viviendo circunstancias excepcionales, que han llevado incluso a aprobar leyes que modifican contratos, para superar las dificultades generadas por una corrida bancaria que se llevó el 45% de los fondos depositados en el sistema bancario.

Es más, al momento de decretar el feriado bancario, la asistencia oficial y el capital aportado a los bancos cuya actividad está suspendida era la siguiente:

ASISTENCIA OFICIAL Y CAPITAL APORTADO

(EN MILLONES DE DÓLARES)

TOTAL

ASISTENCIA BCU

DEPÓSITOS CND

CAPITAL APORTADO

Total

695

174

488

33

Comercial

347

72

242

33

Crédito

54

36

18

0

Montevideo

Caja Obrera

294

66

228

0

Los resultados del año 2002 muestran una nueva caída del 10,8% del PBI y un nuevo déficit fiscal del orden de un 4,2% del PBI. Al cabo de estos cuatro años de recesión, el nivel de actividad ha caído un 19%, retrocediendo a los niveles de producción del año 1993. Los datos son elocuentes, y dan una clara magnitud de la profundidad de la crisis: una nueva década perdida.

Finalmente, impulsado por los continuos y cuantiosos desequilibrios fiscales, nuestro país expandió su endeudamiento público durante los últimos años en forma extrema, a tal punto de que éste equivale a marzo de 2002 al 103,7 del PBI. Tal situación determinó inevitablemente la reprogramación del pago de su deuda con los tenedores de bonos dispersos a lo largo y ancho del mundo, operación que afortunadamente para los intereses de nuestro país culminó en forma exitosa.

El éxito de la operación de canje aunado a la reapertura de mercados, generada por la sensible mejora de la competitividad de nuestra producción nos hacen pensar que la recesión ha encontrado su piso.

Al pasar revista a las consecuencias de este largo período de recesión surge que el impacto social ha sido -y seguirá siéndolo durante un buen tiempo- tremendo. Las cifras de desocupación han alcanzado niveles inéditos desde que este indicador ha comenzado a medirse en nuestro país; la desocupación abierta ronda el 20%, frente a los niveles del 11,3 que se registraba en el comienzo del período recesivo. Por la forma como se recoge esta información, los datos no incluyen las numerosas situaciones de subempleo o de empleo precario. La real situación es pues que cerca de la mitad de la población económicamente activa tiene problemas serios de inserción laboral. La problemática del desempleo, que históricamente afectaba en mucha mayor proporción a mujeres y jóvenes, hoy también afecta en forma profunda a los jefes de hogar adultos de sexo masculino.

Por otra parte, los ingresos de los que mantienen su empleo han sufrido un significativo deterioro, primero y más fuertemente en el sector privado y luego al arreciar la crisis en el sector público y en los jubilados. Tal circunstancia se refleja en la retracción del consumo y en el incremento de las situaciones de pobreza.

En forma paralela se ha producido un nuevo impulso emigratorio que, aunque no se cuenta con cifras oficiales que permitan cuantificarlo, se debe evaluar como muy importante. Este fenómeno, por un lado alivia de forma artificial las cifras de desocupación, pero por otro lado se proyecta como un grave problema demográfico futuro en la medida que reduce aun más el peso de las generaciones jóvenes en edad activa (principal grupo emigrante) aumentando fuertemente el envejecimiento de la población y, con ello el dinamismo futuro de nuestra sociedad.

Como es obvio, este cuadro general de situación ha impactado fuertemente sobre las situaciones de pobreza. A mediados de los años noventa la pobreza afectaba alrededor del 15 a 17% de la población y estas cifras permanecieron fijas durante un quinquenio. Sin embargo, al influjo del largo período de recesión, hoy podemos afirmar que casi una cuarta parte de los uruguayos viven por debajo de la línea de pobreza.

Por otra parte han comenzado a verificarse fenómenos de una gravedad inédita, los cuadros de desnutrición han aumentado en forma importante y la cuestión de la alimentación, que poco tiempo atrás era un problema muy focalizado en pequeños sectores de la población, se ha convertido en uno de los motivos principales de la atención de esta emergencia social.

Este estado de situación está lejos de ser el resultado exclusivo de la crisis de la región que no menospreciamos ni dejamos de tener en cuenta. Por el contrario, un componente importante de explicación de la profunda crisis del Uruguay se encuentra en los graves errores de conducción gubernamental, no sólo del Gobierno actual sino también de los anteriores.

En efecto, al rezago del tipo de cambio generado por la política cambiaria, se sumó una política irresponsable de expansión del gasto público, alineado con el crecimiento económico. En lugar de aplicar políticas anticíclicas, que nos permitieran ahorrar para gastar en períodos de recesión, nuestro Uruguay optó por: a mayor crecimiento, mayor gasto público. Aun en ese período de importante crecimiento al que referíamos en apartados anteriores, las finanzas públicas registraron déficits fiscales, y como pasó otras tantas veces, se recurrió al financiamiento a través de más impuestos y nueva emisión de deuda pública.

Por otra parte, la respuesta dubitativa y tardía del Gobierno frente a la crisis financiera, la falta de reflejos del Banco Central del Uruguay, especialmente frente a la compra de títulos de deuda pública argentina por parte del Banco Comercial y al fraude bancario en el Banco Montevideo, sumado al hecho de seguir manteniendo la misma estrategia frente a la corrida de depósitos, cuando el mercado recibía señales tan impactantes como el abandono de la política cambiaria y la intervención del Banco Montevideo, completó un cuadro de graves desaciertos que explican, junto a los factores exógenos, la catástrofe económica sufrida.

Justamente, la crisis bancaria y los actos fraudulentos que se produjeron, han generado una sensación muy fuerte de decepción, frustración e indignación en amplios sectores de la opinión pública que se sienten estafados por estos banqueros, pero que, además, los gobernantes no tuvieron la capacidad o la voluntad de evitarlo. Estos hechos alimentaron inequívocamente la desconfianza en la política y los políticos.

A esa visión contribuyeron las propuestas que para enfrentar la grave crisis se presentaron desde la oposición frenteamplista, pues invariablemente, la aplicación de las mismas suponía el incremento del gasto público, lo que hubiera determinado nuevos endeudamientos o más impuestos.

En general estas propuestas se caracterizaron, por dar satisfacción a las demandas de los diferentes grupos sociales lo que implicaba aumentar aun más el gasto público y el consiguiente déficit fiscal; y por otro lado, impulsaron ideas orientadas a reactivar el mercado interno, las que tenían un fuerte componente inflacionario.

En la perspectiva inmediata, parece observarse una tendencia tenue a la reactivación económica de la mano del sector exportador que, en la nueva coyuntura del país y del mundo, tiene ventajas ciertas para un desarrollo significativo. Sin embargo, la falta de crédito y los niveles previos de endeudamiento, son obstáculos importantes para aprovechar a fondo las oportunidades existentes. A su vez, desde el punto de vista del empleo, la reactivación tendrá un impacto lento y de baja intensidad en la creación de fuentes de trabajo.

En la medida que la reactivación esperada será lenta y concentrada en sectores que no son productores directos de mano de obra abundante, los gravísimos efectos sociales de la crisis seguirán estando presentes, ingresando en una meseta con sentido ascendente, pero que seguramente insumirá un período no menor a cuatro años para volver a los niveles de desempleo anteriores al comienzo de la crisis. En tal sentido, las políticas sociales deberán desempeñar un rol importante para atemperar los efectos del desastre.

En el año 2002, nuestro país estuvo al borde del colapso, y si no ocurrió tal cosa, fue porque el Fondo Monetario Internacional, y especialmente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, nos tiraron un salvavidas que nos permitió mantenernos a flote.

El año 2003: evolución y perspectivas

Superando las expectativas más optimistas, la economía uruguaya cerró el año 2003 con un crecimiento del Producto Bruto Interno del 2,5% si consideramos el promedio del año, y de un 15,8% si comparamos el último trimestre del año 2002 (en el piso de la crisis) con el último trimestre del año 2003 (el período de mayor expansión). No obstante, a fines del 2003, el nivel del PBI seguía estando un 13% por debajo del tercer trimestre del año 1998 (el nivel máximo antes de la recesión).

No cabe duda, que el exitoso canje de la deuda pública constituyó un factor determinante, que aunado a la ley de fortalecimiento bancario del 4 de agosto de 2002 y finalmente el seguro de depósitos de hasta US$ 100.000, instrumentado a posteriori por la ley votada en diciembre de ese mismo año, permitieron un cambio en las expectativas de los agentes económicos. La recuperación de la competitividad de nuestros productos exportables, la recuperación de los precios de las "commodities" y un escenario regional más favorable contribuyeron también fuertemente a mejorar las expectativas.

Los resultados del año 2003 no hacen más que confirmar la errática gestión de nuestra economía, poniendo de relieve una serie de lecciones que ojalá, esta vez sí, las hayamos definitivamente aprendido.

En todo caso, nuestra intervención en Sala ahondará sobre la evolución de nuestra economía en el año 2003, tratando de extraer las enseñanzas de mayor relieve que caracterizaron la crisis uruguaya desde sus orígenes.

No obstante, la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal del año 2003 es la genuina expresión de la gestión de gobierno, y en particular de una ley de presupuesto nacional que expandió el gasto público incrementando el déficit fiscal, y consecuentemente, el endeudamiento de nuestro país. Por tales razones la Rendición de Cuentas sólo puede merecer nuestro rechazo, lo que constituye, sin lugar a dudas, la mejor contribución que el Parlamento de la República puede hacerle a nuestro país, evitando que la demagogia desbocada haga todavía mayores estragos en las confirmadas expectativas de reactivación económica y en la alicaída confianza de los uruguayos en nuestro sistema político.

Sala de la Comisión, 12 de agosto de 2004.

IVÁN POSADA, Miembro Informante.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Recházase el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2003.

Sala de la Comisión, 12 de agosto de 2004.

IVÁN POSADA, Miembro Informante".

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: en la mañana de hoy, la Cámara ha sido convocada para analizar los informes que la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, eleva a consideración del Cuerpo para aprobar o votar negativamente la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2003, remitida por el Poder Ejecutivo.

Este proyecto tiene una serie de particularidades que vamos a analizar y que creo que hacen única a esta Rendición de Cuentas. Única, porque es la última que remite la actual Administración presidida por el doctor Jorge Batlle. Única, porque va a ser rechazada una vez más, y hace mucho tiempo que un Gobierno no tenía dos Rendiciones de Cuentas sucesivas que fueran rechazadas por la Cámara de Representantes. Única, porque se encuadra dentro de una gestión de Gobierno, y, por ende, el análisis que haremos no será solo económico financiero, sino fundamentalmente de gestión.

La decisión que ha tomado el Partido Nacional de votar negativamente este proyecto de ley se debe, no solo a que no comparte el análisis y el informe económico financiero que de este se desprende, sino también a que no comparte y rechaza la gestión que se llevó adelante durante este período de Gobierno.

¿Esto quiere decir que no compartimos o que rechazamos dicha gestión en su totalidad? No, señor Presidente. Es público y notorio que nuestro Partido político, al inicio de la actual Administración, logró una serie de acuerdos -para apoyar en el balotaje la candidatura del doctor Jorge Batlle- que permitieron que el Honorable Directorio del Partido Nacional convocara a su gente para acompañar la fórmula Batlle-Hierro López. Este no era un apoyo institucional hacia el Partido Colorado, sino el apoyo a la candidatura que en aquel momento creíamos que era la mejor para gobernar nuestro país. Esta decisión surgió de una serie de acuerdos que se intentó llevar adelante a rajatabla durante el período en el cual los representantes del Partido Nacional integraron el gabinete del Presidente Batlle.

No podemos dejar de reconocer, señor Presidente, que en el año 2002, el actual Gobierno se vio sometido a una crisis económico financiera como no se recuerda otra en todo el siglo anterior. Quizás haya que retrotraerse a la década de 1890, con el quiebre del Banco Nacional y de los bancos liderados por el Vizconde de Mauá, para encontrar una crisis de la envergadura de aquella a la que se vio sometido nuestro país en el año 2002.

Y en ese momento, como en tantos otros, el Partido Nacional brindó generosamente su apoyo, no al Gobierno sino a la institucionalidad, por entender que debíamos hacerlo por encima de las diferencias que, lamentablemente, desde el primer día comenzamos a vislumbrar que tendríamos con la Administración presidida por el doctor Batlle. Fue así que votamos una serie de medidas de carácter tributario, administrativo, de reprogramación de depósitos y también -agrego yo- apoyamos las políticas de canje, de recompra de deuda externa y de reprogramación, todo lo cual nos permitió sortear la crisis, que podría haber sido mucho peor.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Alonso)

——Nadie dice que esta crisis no fue dura ni que las medidas que se tomaron no han tenido un altísimo impacto sobre la población, pero la pregunta que hasta hoy yo me hago es: si no se hubiesen tomado esas medidas, ¿qué habría sucedido? Si hubiéramos asumido la actitud de lavarnos las manos ante esa situación y no hubiésemos enfrentado con coraje las decisiones que tuvimos que tomar, ¿qué habría sido de nuestro país? Quizás ahí esté uno de los puntos más altos de consideración, no solamente respecto de la gestión del actual Gobierno, sino también del apoyo que recibió del Partido Nacional.

Esto, señor Presidente, no es óbice para reconocer que esperábamos de la actual Administración otro dinamismo, que creímos sinceramente que quien se había caracterizado por anunciar que "cantaba la justa" iba a hacer la justa cuando le tocara gobernar, que creímos que estaba decidido -porque lo había anunciado, diciendo que ya se encontraba en la estación Carnelli de su vida- a tomar todas las medidas estructurales que en el país se necesitaba adoptar. Hoy tenemos que decir y reconocer, no sin cierto retrogusto amargo, que estas medidas brillaron por su ausencia. En muchos aspectos, nos quedamos en la denuncia, no en la búsqueda de soluciones, y en otros casos hubo una lentitud en la ejecución del Gobierno y hechos que realmente sorprendieron y que quizás constituyeron los motivos por los cuales el Partido Nacional, a finales de 2002, decidiera abandonar el Gabinete Nacional.

Todas estas cosas se han ido sumando para que, al pasar raya a la actual gestión de Gobierno, nuestra decisión haya sido la de votar negativamente este proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley de artículo único y pide la aprobación del déficit, estableciendo que es de $ 29.350:721.000. Ante esto, hay dos perspectivas de análisis, como ya dije: una que tiene que ver propiamente con el déficit y la otra con la gestión del Estado.

Con respecto al déficit, la gran discusión se centra, una vez más, en si realmente alcanza los $ 29.000:000.000. El Poder Ejecutivo afirma que esa es la cifra. Nosotros, señor Presidente, tenemos dudas de que ese sea realmente el déficit consolidado. ¿En base a qué las tenemos? Primero, en que la capitalización, por ejemplo, del Nuevo Banco Comercial S.A. por $ 3.706:000.000 fue incluida en el ítem "Financiamiento-Variación de Otros Activos y Pasivos- Cuadro I- Estado de Resultados Consolidado", cuando debió ser expuesta como un gasto de inversión en el referido cuadro. Esta situación afecta directamente el resultado del Ejercicio, que se encuentra subvaluado en dicho importe. Este monto no es menor, señor Presidente, ya que representa el 12,63% del déficit.

Un segundo aspecto refiere a la pérdida originada en la operación de canje de títulos de deuda pública por $ 1.578:323.000. Esta pérdida corresponde al Ejercicio 2003, pero no fue considerada al determinarse el resultado, por lo que este se encuentra subvaluado también en ese importe. En este caso, la diferencia en cuestión representa el 5,38% del total del déficit.

En el Estado de Situación del Tesoro, numeral 3 b) de las notas al cuadro 60, consta que no se han hecho las previsiones por incobrables respecto a la asistencia realizada a las instituciones financieras privadas por el monto de $ 30.227:628.000. No se sabe la incidencia que tendrá el porcentaje de créditos que no se puedan recuperar y, por ende, en cuánto será afectado el resultado final. Debe tenerse presente, entonces, que la asistencia al sistema financiero equivaldría a un 103% del déficit presentado por la actual Administración, de lo que surge claramente la importancia de la estimación del porcentaje de recuperación de los créditos en cuestión.

También existen partidas a regularizar por un monto de $ 2.452:365.000, cantidad que supera el 8% del déficit del Gobierno Central.

Entonces, señoras legisladoras y señores legisladores, si el Poder Legislativo aprobara este proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal se estarían convalidando erogaciones que en su momento el Tribunal de Cuentas de la República no intervino y acerca de las cuales también solicitara mayor información al Poder Ejecutivo.

Estos y otros elementos implican que tengamos ciertas dudas -grandes dudas- acerca de la verdadera magnitud del déficit del Estado. Siendo así, señor Presidente, el Partido Nacional entiende que no se debe aprobar el presente proyecto de ley propuesto por el Gobierno. Hasta aquí, algunos de los principales reparos que se pueden hacer desde el punto de vista económico financiero a dicho proyecto.

Vamos a analizar otros puntos que tienen que ver con la forma como el Gobierno usó los recursos.

Los recursos recaudados en el Ejercicio 2003 superan a los recaudados en 2002 en $ 2.252:000.000, lo que equivale a un aumento del 3,5%. En general, se produjo un incremento en aquellos recursos tributarios que afectan rentas de personas físicas y ventas de bienes y servicios, así como una reducción en aquellos tributos correspondientes a la actividad empresarial.

En cuanto a la gran disminución en el rubro "Otros", que es de casi 38,50%, se origina en gran parte en la menor transferencia que recibe el Estado desde las empresas públicas en particular. El gasto público se incrementó, duplicando el aumento que tuvieron los recursos: 7,36%. Este incremento se produjo, fundamentalmente, a nivel del Poder Ejecutivo, ya que los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República sufrieron una disminución del 1,67%. El aumento del Poder Ejecutivo, que asciende a más de $ 6.326:000.000, se origina fundamentalmente en los desembolsos financieros del Estado correspondientes al servicio de la deuda pública, a los diversos créditos, que incluyen transferencias a los Gobiernos Departamentales, sentencias judiciales y acontecimientos graves e imprevistos.

La Administración Central en su conjunto disminuyó el gasto con respecto al Ejercicio anterior en aproximadamente $ 1.205:000.000. Si analizamos esto, comenzamos a ver la disparidad en la administración de la propia Administración Central y podemos comprobar que el comportamiento es disímil. Por ejemplo, aumenta el gasto de funcionamiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores en un 7,94%; en el Ministerio de Economía y Finanzas, las inversiones suben un 32,19%; en el Ministerio de Turismo, el gasto en funcionamiento sube 0,45% y las inversiones 12,21%; en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde quizás podríamos justificar el aumento, el gasto en funcionamiento sube 4,67% y las inversiones 33,33%; en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el gasto en funcionamiento sube 5,89% y las inversiones 107,11%.

Quizás, estos datos podrían ser comprendidos si estos aumentos en los gastos de funcionamiento e inversiones hubieran estado destinados a atender, por ejemplo, al Instituto Nacional de Alimentación, el INDA, debido a las importantes erogaciones que habrían debido hacer frente a la crisis social que afecta a nuestro país. Pero no es así; el aumento del gasto estuvo destinado, fundamentalmente, a mobiliario e informática y no para comida del INDA. Esto nos llama poderosamente la atención.

Increíblemente, los Incisos que disminuyen su gasto son el Ministerio de Salud Pública, donde las inversiones se reducen a la mitad y los gastos de funcionamiento caen 1,52%, y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que baja las inversiones un 20% y el gasto en funcionamiento un 11,5%. Hemos elegido como una situación particular la del INAME, que mucho nos preocupa. En este Instituto los gastos de funcionamiento bajan 7,98% y las inversiones 46,89%.

Todo esto nos lleva a pensar cómo coordinó el Estado sus acciones y nos permite sacar una serie de conclusiones relacionadas con la administración de Gobierno que se llevó adelante. Podemos decir que lo primero que no existió fue una debida coordinación. En el Presupuesto General de Gastos de la Nación, aprobado en enero de 2001, el Poder Legislativo otorgó al Poder Ejecutivo una serie de potestades para coordinar, para mejorar, para investigar, para llevar adelante una tarea que permitiera racionalizar el funcionamiento del Estado. Lamentablemente, nada de eso se hizo.

Se anunciaron las disparidades y las injusticias salariales que el Estado ha generado en el correr de los últimos años, fundamentalmente entre similares gestiones llevadas adelante por los entes autónomos, los servicios descentralizados y la Administración Central. Se puso en pantalla y se dio el siguiente ejemplo hasta el cansancio: cómo un portero de un banco del Estado ganaba muchísimo más que un maestro o un médico de Salud Pública, pero nada se hizo para lograr una paridad. Se denunció una y otra vez la falta de coordinación, la superposición de tareas, la falta de racionalización en el funcionamiento del Estado. Si todo esto se hubiera atendido se habría dado una sensible reducción de los gastos, pero nada se hizo al respecto. Entonces, ¿es posible afirmar que el Estado ha mejorado en estos años el nivel de sus prestaciones? ¿Terminamos con un Estado más amigable para el ciudadano? La respuesta es no. El Estado emplea todo su potencial en solucionar aquí y ahora los problemas puntuales de los ciudadanos. ¿Qué está haciendo hoy para que la persona que no tiene a dónde ir dude antes de instalarse en un asentamiento? ¿Qué solución le ofrece? ¿Qué solución le ofrecía? ¿Qué está haciendo el sistema de enseñanza para sacar más jugo a sus recursos, que no son pocos, pero que no han sido correctamente administrados? ¿Qué se está haciendo para que sus centros de enseñanza se transformen en una suerte de faro de civilización para muchos jóvenes y adultos que están dejados de la mano de Dios? Los programas de invierno que coordinan las Intendencias con algunos Incisos de la Administración Central, ¿pueden aplicarse solo en invierno? ¿No sería un ejemplo a repetir y continuarlos durante todo el año? ¿Fueron eficientemente administrados? ¿Se puso énfasis en que la coordinación realmente tuviera el impacto que esperábamos?

Una y otra vez se anunciaron reestructuras en una serie de los Incisos. Se anunció hasta el cansancio la necesidad de racionalizar el Ministerio del Interior, pero nada se hizo. Se anunció que era importante poner al día la Ley Orgánica Policial y así también llevar adelante una reestructura del escalafón y del funcionamiento. Se anunció una y otra vez la necesidad de modificar la Ley Orgánica Militar, de reestructurar el Ministerio de la Defensa -como le gusta llamarlo al señor Ministro Fau-, de llevar adelante la reestructura de las Cajas Militares, pero no anteponiéndolas a una definición de Estado sobre la defensa nacional. Se anunció una y otra vez la reestructura en la estrategia de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, viendo que muchas de nuestras representaciones en el exterior son innecesarias, cuando no superfluas, y que en otros lugares se verifica la ausencia de personal diplomático que pueda fortalecer la estrategia comercial e institucional de nuestro país. Uruguay tiene dieciocho agencias que promocionan el comercio exterior. ¿Podemos seguir con un Estado que patrocine dieciocho agencias, con presupuestos y estrategias que no convergen en nada que se relacione con una política nacional en ese sentido?

Se dijo una y otra vez que se iban a llevar adelante políticas sociales y el Partido Nacional reclamó el funcionamiento del gabinete social, cuando participó del Gobierno y cuando dejó de hacerlo. Nunca logramos que funcionara el gabinete social. Vimos con preocupación cómo, en muchas instancias, se aprobaron normas al barrer, varias veces por personajes que uno no sabía si eran asesores o estaban por fuera, pero que desde el Edificio Libertad emitían sus opiniones una y otra vez, queriendo llevar adelante una labor de evangelización que quedó nada más que en eso.

Vimos cómo cuatro Ministros de Salud Pública no lograron llevar adelante esa Cartera. Pongo énfasis en el primero de ellos, quien llegó al Ministerio diciendo que estaba todo mal y un año después se fue diciendo que estaba todo mal, pero en el medio no logró nunca llevar adelante una política de racionalización en cuanto a la policía sanitaria y a la reestructura imprescindible del sistema nacional de salud.

Entonces, tenemos que darnos cuenta de que al Uruguay le ha faltado una visión estratégica de país y, quizás, las áreas donde más se ha notado son las estratégicas: política exterior, defensa, seguridad. Pero ¿qué decimos de la energía, cuando hemos visto cómo desde los entes autónomos y las empresas públicas se contravenían, por parte de quien tenía la obligación de llevar adelante la política energía nacional, disposiciones que se lanzaban desde el propio Poder Ejecutivo? ¡Cuántas veces vimos con sorpresa que la empresa UTE y la empresa ANCAP competían, en muchos casos, y no tenían una visión y un desarrollo estratégico que estuviera al servicio, no de esas empresas sino del país!

Hemos visto cómo tampoco se llevó adelante la búsqueda de una norma básica para la regularización en la contratación de los funcionarios públicos.

No se puede utilizar como argumento el impacto de la crisis del 2002 -que fue durísima- para que después de eso muy poca cosa se haya hecho.

No se podrá decir que no se tuvo el apoyo del Partido Nacional. No se podrá decir que el Gobierno no contó con las mayorías parlamentarias en los años 2001 y 2002 y también después, en los años sucesivos, porque siempre tuvimos la predisposición de otorgar las mayorías para gobernar nuestro país con eficacia y eficiencia. No asumimos la cómoda actitud de decir a todo que no, que ese no era nuestro proyecto, que no se nos atendía o que no se nos escuchaba. Presurosamente fuimos, una y otra vez -cuando fuimos convocados y cuando no-, a prestar patrióticamente el concurso de nuestra fuerza política, en muchos casos sin estar del todo de acuerdo, para que el Gobierno tuviera la normativa necesaria para llevar adelante una labor eficaz.

Si algo podemos decir es que al actual Gobierno le faltó coordinación y, quizás, buen gerenciamiento. En los últimos años -esperemos que el próximo Gobierno no cometa el mismo error; esto lo digo a título personal-, la coalición de Gobierno se centró en obtener mayorías parlamentarias, pero no se ha utilizado una herramienta que, verdaderamente, consolida la coalición de Gobierno. Me refiero al Consejo de Ministros, al funcionamiento orgánico del Consejo de Ministros, para que desde este las fuerzas políticas que participen en la conducción del Poder Ejecutivo, conjuntamente con quien es el número uno entre ellos, el Presidente de la República, puedan llevar adelante una labor de equipo. Eso se vio cuando, muchas veces, no se logró una tarea de acción directa o de coordinación entre los propios Incisos de la Administración Central.

Como ya lo dijimos refiriéndonos a la educación, tenemos una gran asignatura pendiente, no presupuestal, sino de definiciones. Creímos, y creemos, que el desafío lanzado en su momento y tempranamente dejado de lado por el actual Presidente en cuanto a analizar y generar una discusión nacional sobre los valores de la educación, es una discusión de urgencia. Se necesita un análisis profundo de lo que hoy se está enseñando en los centros de educación de nuestro país. Se ha abierto aún más la brecha entre quien puede y quien no puede comparecer ante una institución de educación pública o privada. Es imprescindible en el futuro exigir a la Universidad de la República una profunda discusión sobre su rol. Existe una mal entendida autonomía, porque autonomía no quiere decir independencia de lo que pasa en el país y de lo que opinemos sus fuerzas políticas. Debemos tener una discusión sobre el futuro de nuestra Universidad y el objetivo que esta debe cumplir. La elaboración de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación tampoco tuvo en el actual Gobierno, lamentablemente, la importancia que nosotros esperábamos.

La mala utilización de préstamos internacionales dirigidos hacia esas áreas también nos hace hoy replantearnos la política de empréstitos internacionales que Uruguay debe asumir. El ejemplo más claro de eso es el rotundo fracaso -rotundo- que implicó el préstamo destinado a la regularización de asentamientos en nuestro país. En su oportunidad, el Partido Nacional exigió el retiro de su responsable. Lamentablemente, el Gobierno no procedió a retirar a la doctora Rey como responsable de esa área que hoy, al pasar raya, vemos que fue de una ineficiencia e ineficacia realmente inigualables en la gestión de la actual Administración.

Señor Presidente: todas estas cosas, reitero que con un gusto agrio, nos llevan a rechazar la Rendición de Cuentas del año 2003. Nos llevan a replantearnos una serie de desafíos que hay por delante. Me refiero a los desafíos de repensar el Estado, no en cuanto a ajuste sino en cuanto a eficacia para su funcionamiento en la debida prestación que ha de tener para con los ciudadanos, así como el rol que debe cumplir, no en cuanto a privatizaciones sino a eficiencia, eficacia y precios que alienten la inversión, el mayor consumo y traigan tecnología a nuestros hogares.

En definitiva, es necesaria una discusión sobre qué Uruguay queremos para los próximos veinte años, por encima de los partidos políticos, para que haya una estrategia de carácter nacional con los matices que los Gobiernos o las Administraciones puntuales quieran imponer, pero con una imprescindible visión que supere a los quinquenios de la administración partidaria. Así, tendremos claras políticas institucionales con respecto a las relaciones exteriores, a la defensa, a la seguridad, a la educación, así como claras políticas sociales, políticas energéticas que, reitero, superen la administración puntual de quien resulte vencedor de las elecciones nacionales.

Nadie va a poder decir que el Partido Nacional no dijo presente en los momentos más difíciles que le tocó vivir al país. No midió costos políticos; no estuvo en la chicana de ver lo que convenía o no convenía; no quedó en el discurso fácil de decir: "Bueno, ahora arréglense ustedes". Por el contrario, presuroso prestó su concurso para que las difíciles situaciones que le tocó vivir al actual Gobierno en el año 2002 se sortearan con felicidad para todos nosotros.

No fuimos de los que criticaron el canje de deuda pública y después nos subimos al carro de decir que fue bueno.

No somos de los que tienen cuatro, cinco, seis u ocho visiones diferentes de lo que debe hacer el Estado o para qué debe existir. Somos gente que entiende que todas las herramientas tienen que estar dedicadas a la construcción de la felicidad pública. Es así que tampoco tenemos una visión corporativa ni nos dejamos gobernar por los corporativismos de turno; tampoco decimos una cosa en un lugar y luego decimos otra en otro lugar porque las corporaciones nos exigen hacerlo.

No somos de los que construyen discursos populistas, ni creemos que las cosas se resuelven fácilmente. Somos de los que entienden que el próximo Gobierno heredará una difícil situación de la que tendrá que salir lo más rápido posible con audacia y valentía.

Es por todo esto que en la mañana de hoy el Partido Nacional no va a votar la Rendición de Cuentas del año 2003.

Nada más.

8.-   Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Juan Máspoli Bianchi, sin goce de remuneración, inciso cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 19 de agosto de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José María Caballero.

Del señor Representante Ruben Carminatti, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 19 de agosto de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Raymundo Guynot de Boismenú".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y ocho en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 18 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia, sin goce de sueldo, por el día 19 de agosto de 2004, al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo.

Saluda a usted muy atentamente.

JUAN MÁSPOLI BIANCHI
Representante por Flores".

"Montevideo, 18 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente quien suscribe Dr. Luis Gustavo Aguilar titular de la cédula de identidad Nº 3.049.547-9, manifiesto no aceptar la convocatoria para ocupar el cargo de Representante Nacional por el departamento de Flores del día 19 de agosto de 2004.

Ruego se sirva disponer lo que reglamentariamente corresponda.

Saluda con elevada consideración.

Luis Gustavo Aguilar".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia sin goce de remuneración del señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 19 de agosto de 2004.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia sin goce de remuneración, por el día 19 de agosto de 2004, al señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Luis Gustavo Aguilar.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 19 de agosto de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señor José María Caballero.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2004.

TABARÉ HAKCENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 18 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, por el jueves 19 del corriente mes, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

RUBEN CARMINATTI
Representante por Río Negro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Río Negro, Ruben Carminatti.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 19 agosto de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 19 de agosto de 2004, al señor Representante por el departamento de Río Negro, Ruben Carminatti.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 19 de agosto de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Raymundo Guynot De Boismenú.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2004.

TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO, MARÍA NELBA IRIARTE".

9.-     Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2003. (Aprobación).

——Continúa la consideración del asunto motivo de la convocatoria.

Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, nuestra fuerza política votó negativamente el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2003. Inclusive, en dicha Comisión la votación fue diez en diez, rechazando el proyecto del Poder Ejecutivo, con la presencia de los legisladores de nuestra fuerza política, del Partido Nacional y del Partido Independiente.

Las motivaciones por las cuales rechazamos categóricamente este proyecto de ley son varias. No obstante, voy a mencionar parte del informe en minoría que realizara el compañero Diputado Canet -que lamentablemente se encuentra enfermo en este momento-, presentado con la firma de todos nosotros, en el que establece antecedentes muy claros con referencia a lo que pasa con el déficit fiscal en las últimas Rendiciones de Cuentas.

El señor Diputado Canet recuerda que en 2001 el déficit alcanzó el 5,2% del producto bruto interno. Y luego menciona el siguiente antecedente: "[...] el Poder Ejecutivo decía que el déficit del año 2002 era de $ 16.471:000.000 para el año 2002, por otro lado decía que 'Por otra parte se expone la transferencia de capital de $ 19.509:000.000 realizado por el Estado al BHU...', y entre otras cosas, omitía" -lo que originó que nosotros también votáramos en forma negativa- "las pérdidas por todos los aportes hechos por el Estado a los Bancos en liquidación", que como vamos a ver se repite en la Rendición de Cuentas de 2003.

Continúa diciendo: "El lunes 26 de julio del 2004, en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, integrada con la de Hacienda, al analizar la Rendición de Cuentas del 2003, el Ministro de Economía y Finanzas, economista Isaac Alfie, expresaba: 'El déficit del año pasado (el 2002) está expuesto en la Rendición de Cuentas: eran $ 35.980:000.000, que a precios actuales (pesos de 2003) representan $ 42.953:000.000, tal como establece el tomo de resumen de esta presentación' (la del 2003). Lo que no decía el Ministro Alfie es que en la Rendición de Cuentas del 2002 (firmada por Atchugarry)" -y por el señor Presidente de la República- "en ningún lugar aparece esa cifra", lo que fue denunciado por nosotros.

El equipo económico de Gobierno realiza este tipo de ingeniería técnica para hablar de un déficit menor y para no expresar lo que recién ahora, un año después, reconoce el Ministro actual de Economía y Finanzas: que el déficit de 2002 fue, como nosotros expresábamos en aquel momento en la discusión, de $ 35.980:000.000 y no de $ 16.471:000.000, como informaba la Rendición de Cuentas del año 2002.

Entonces, lamentablemente, esto se repite en esta oportunidad, porque el déficit fiscal que presenta el mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional con referencia al Ejercicio 2003 fue de aproximadamente $ 29.351:000.000, lo que equivale -se tiene en cuenta que el cambio es de $ 28.222 por dólar- a US$ 1.040:000.000 y representa el 9,3% del producto bruto interno.

El mensaje del Poder Ejecutivo distribuye esta cifra en dos partidas: $ 16.977:000.000 -equivalente a US$ 602:000.000- en las cuentas presupuestales y $ 12.374:000.000 -equivalente a US$ 438:000.000- por un desequilibrio en las cuentas extrapresupuestales.

En la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda cuestionamos este Mensaje del Poder Ejecutivo, sobre todo porque no se tuvo en cuenta lo que aconteció en 2003 con referencia a la asistencia que el Poder Ejecutivo brindó a la banca privada y pública. Fue una discusión dura, compleja; no se reconoció lo que nosotros decíamos, a pesar de que creo que fuimos absolutamente claros; y vea, señor Presidente, que a los pocos días el propio Tribunal de Cuentas coincide con nuestro planteo desde el punto de vista de las observaciones que hace a la Rendición de Cuentas del año 2003.

En primer lugar, la capitalización del Nuevo Banco Comercial por $ 3.706:000.000 fue incluida en "Financiamiento.- Variación de otros activos y pasivos.- Cuadro I.- Estado de Resultado Consolidado", cuando debió ser expuesta como gasto de inversión, a juicio del propio Tribunal. Por ende, el resultado del Ejercicio está subvaluado en ese monto; es la conclusión que nosotros sacamos de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas.

En segundo término, el canje de títulos de deuda realizado por el Gobierno representó una pérdida neta de $ 1.578:323.000, que se devengó en el Período y que no fue considerado en la determinación del resultado, tal cual lo dice el propio Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, en las Notas al Estado de Situación del Tesoro se establece que no se cuenta con información acerca del Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario. En virtud de ello, el Tribunal dice que no pudo cuantificar el importe a registrar como gasto y que, lógicamente, incidiría en el resultado final de la Rendición de Cuentas del año 2003. El monto total de los préstamos realizados a esas instituciones bancarias alcanzó a $ 30.227:628.000.

De considerar las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas -tal como expresamos distintos legisladores y distintas legisladoras cuando concurrió el equipo económico a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda-, el déficit que realmente debemos considerar para el Ejercicio 2003 es mucho mayor que el expuesto por el Poder Ejecutivo. Si asumimos que de los fondos aportados por el Estado para la banca liquidada podría ser recuperado como máximo un 60% -y somos muy generosos-, el déficit global sería aproximadamente de $ 55.000:000.000, lo que representaría casi el 18% del producto bruto interno.

Realmente, esta forma que tiene este equipo económico, que también se empleó con la Rendición de Cuentas del año 2002, no nos satisface, porque de alguna manera no se es transparente con las cuentas públicas. Además, no podemos aceptar que la Contaduría General de la Nación, Ministerio de Economía y Finanzas, no haya recibido el informe que corresponde acerca de la marcha y la recuperación que podría haberse producido del Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario. Estamos ante un Gobierno que suponemos homogéneo; estamos ante un Gobierno en el que existe el Banco Central, la Contaduría y el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, no podemos aceptar que no haya un mínimo de coordinación y que este Parlamento, y sobre todo el propio Tribunal de Cuentas, que tiene que controlar y fiscalizar todo lo que tenga que ver con las cuentas públicas, no haya podido obtener la información adecuada para realizar las revisiones, ni contar, al menos, con el informe que corresponde.

Este es un elemento fundamental por el cual no podemos aprobar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

Más allá de las cifras concretas que arroja el Balance de Ejecución Presupuestal y Extrapresupuestal, existe también un Informe Económico Financiero con algunos elementos con los que no estamos de acuerdo, en virtud de lo cual realizaremos algunas puntualizaciones.

El Informe Económico Financiero del Poder Ejecutivo dice: "La recuperación económica estuvo apuntalada por una fuerte mejora de las expectativas, a la luz del éxito obtenido por el gobierno en la salida instrumentada para enfrentar la crisis bancaria y la solución brindada al problema de concentración de vencimientos de deuda pública". De esta forma, el Poder Ejecutivo intenta hacer aparecer esta incipiente recuperación de la actividad económica como una consecuencia de las acciones llevadas a la práctica para enfrentar la crisis bancaria y los vencimientos de la deuda pública. Esta fuerza política también colaboró en el año 2002, buscando una salida para la problemática de la crisis que se produjo en el sistema financiero y bancario, y por eso aportó sus ideas y votó oportunamente el Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Disculpe, señor Diputado, que lo interrumpa, pero la Mesa quiere anunciar al Cuerpo que nos visitan en el día de hoy, encontrándose en las barras, alumnos de la Escuela de Comunicaciones del Ejército de Montevideo, a quienes damos la bienvenida.

Puede continuar el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: lo que no se dice con claridad es que el desembolso financiero del país para el pago de los intereses de la deuda externa alcanza en este momento el 27,5% del Presupuesto total. Analicemos la cifra: 27,5% del Presupuesto total de la nación, de lo que tiene que gastar el Estado anualmente. Es una cifra realmente tremenda, que está indicando la situación económica y social que vive la República y lo difícil que será salir de ella teniendo en cuenta los propios datos del Instituto Nacional de Estadística, que señala que 856.000 uruguayos viven en condiciones que los ubican por debajo de la línea de pobreza y que 76.000 uruguayos están en situación de indigencia.

Por todos estos elementos no podemos aprobar este proyecto de ley, pues hay una gran responsabilidad. No hay una sola palabra, una sola frase en la que se haga una autocrítica por parte de este Poder Ejecutivo, por lo menos en cuanto a que el problema de los controles en la operativa bancaria originó de alguna manera la situación de crisis, más allá de otros elementos que se dieron en la región en su oportunidad.

Finalizando el año 2003, tenemos una deuda pública que alcanza a US$ 12.445:000.000, equivalente al 111% del producto bruto interno. Es realmente una situación crítica y, por lo tanto, habrá que ir a una profunda renegociación de la deuda externa, a fin de atender la problemática social de la gente.

Más adelante, en ese Informe Económico Financiero que remite el Poder Ejecutivo se detallan las cifras de evolución de la actividad económica a lo largo de 2003. Se establece que la actividad económica exhibió una sensible recuperación en el año 2003, y en particular la producción global de bienes y servicios presentó una suba del 2,5%. Cabe mencionar que este proceso de crecimiento de la producción se da luego de una crisis que duró cuatro años, en la cual la riqueza del país, medida por el producto bruto interno, cayó un 18,6%, acumulado entre 1999 y 2002.

Entre los componentes de la demanda, la caída de la inversión pública bruta fue de 60%. ¡Mire de qué porcentaje estamos hablando en ese período! En lo que respecta al consumo privado, cayó un 22%. Por lo tanto, el crecimiento actual no hace más que recuperar en una mínima parte el crecimiento que perdimos durante más de cuatro años; en particular, el crecimiento del 25,4% de la inversión durante el año 2003 no alcanzó siquiera para reponer el capital consumido en ese último período.

Desde el punto de vista de la demanda, las exportaciones crecieron en el año 2003 un 4,1%, pero se había registrado una caída entre 1999 y 2002 del 20,4%. Por lo tanto, ¡si habrá que seguir remando para llegar a la situación de 1998 y 1999! Asimismo, la devaluación que se produjo en el año 2002 generó para el sistema productivo nacional -que había sido castigado a través del atraso cambiario de la década del noventa- una situación que de alguna manera lo favoreció. Pero debe tenerse en cuenta también el endeudamiento que tuvo el sector productivo en la década del noventa, que fue realmente alto.

En segundo lugar, la mejora de la competitividad de la producción doméstica encuentra explicación en una serie de aspectos de carácter coyuntural. Uno de ellos es la mejora de los precios internacionales de los productos exportados por Uruguay, tema en el que nada tuvo que ver la política económica; otro es el abaratamiento de los costos nacionales, dado que hubo una caída real del salario que, a esta altura del año, está en alrededor de 25%. También debe considerarse la caída del precio de la tierra y la devaluación del euro, que nos hace más competitivos en otros mercados.

En materia de sectores, el crecimiento de la actividad está liderado por una fuerte expansión de la producción agropecuaria, que creció el 14,4% en el año 2003, y de la industria, que creció un 4,5% ese mismo año. Sin embargo, durante el período 1999-2002 las caídas acumuladas alcanzaron el 12,4% en la producción agropecuaria y el 32% a nivel de la industria, y apenas se recuperó un 4,5% en el año 2003.

Como dije, el desempleo también golpea a la economía nacional. En el año 2003 alcanzó el 15,4% y en el año anterior el 18,6%. Al día de hoy estamos en el 13,1%; debemos seguir disminuyendo este porcentaje, teniendo en cuenta que miles y miles de uruguayos tienen trabajos absolutamente precarios, que no les alcanzan para vivir con dignidad.

En síntesis, la economía uruguaya está creciendo y va a seguir haciéndolo efectivamente, pero a partir de niveles muy deprimidos que intenté demostrar. Este crecimiento es un proceso natural, en el sentido de que está sustentado en la mejora de las condiciones externas y en la disminución del salario real, y no es el efecto de una política económica que, según seguimos entendiendo, ha sido absolutamente equivocada.

En un breve análisis de los distintos Incisos, vemos que en el año 2003 el gasto en educación alcanzó a US$ 358:000.000, lo cual equivale al 11,3% del Presupuesto Nacional y al 3,2% del producto bruto interno. Recordemos que el Partido Colorado, con la firma del doctor Jorge Batlle, y el Partido Nacional -todo el Partido Nacional, sin excepción-, en el compromiso político y programático asumido el 9 de noviembre de 1999, en vistas del balotaje, se propuso lograr un presupuesto para la educación que alcanzara al 4,5% del PBI, y en este momento estamos en el 3,2%. Reconocemos las dificultades que hubo en el año 2002, pero no es un hecho aislado no haber cumplido con el porcentaje propuesto para la educación. Si analizamos el compromiso asumido por el Partido Colorado con la firma del doctor Jorge Batlle -reitero- y de todo el Partido Nacional, veremos una serie de incumplimientos que se han dado en prácticamente todos los órdenes de la economía y que afectan a la sociedad.

El gasto en salud ascendió a US$ 207:000.000, equivalentes al 6,8% del Presupuesto Nacional.

En vivienda se gastó US$ 38:000.000, lo que representa apenas un 1,2% del presupuesto total, ¡con la importancia que tiene la construcción de viviendas en nuestro país!

La función de seguridad, a través de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior, alcanzó al 8,8% del Presupuesto Nacional.

Como dije, el gasto en intereses de la deuda pública llega a cifras tremendas: un 27,5% del Presupuesto total de la Nación.

Realmente, habrá que hacer una redistribución del gasto en nuestro país. Sea cual sea el Gobierno que asuma el 1º de marzo del año próximo, tendrá que atender algunas situaciones, más allá de la coordinación necesaria que habrá que ajustar, como de alguna manera expresaba el señor Diputado Penadés.

Asimismo, se constata un bajo nivel de gastos en los Ministerios encargados del fomento y la coordinación de las actividades productivas. Por ejemplo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería apenas representa el 0,2% del Presupuesto Nacional; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el 1% y el Ministerio de Turismo tan solo el 0,1%. Los tres en conjunto alcanzan tan solo al 1,3% del Presupuesto. Esto habrá que reverlo en su oportunidad, a fin de que existan mejores condiciones para atender la producción, el turismo y la industria.

Hay otro tema que nos preocupó cuando analizamos la Rendición de Cuentas; así se lo hicimos saber al equipo económico, aunque no hubo una respuesta concreta, a pesar de que en esos días aparecía en los medios de comunicación la queja de distintos proveedores del Estado en cuanto a los atrasos de pago. Pero vemos que según el estado del Tesoro al 31 de diciembre de 2003, el monto de las deudas del Presupuesto alcanza a $ 11.332:000.000. Si lo comparamos con los gastos de funcionamiento e inversiones presupuestarios, que fueron $ 77.127:000.000, para el próximo Ejercicio queda un monto de presupuesto impago casi similar a dos meses del Presupuesto Nacional, precisamente, a un mes y veintitrés días.

El Gobierno ha dicho públicamente que pensaba ir disminuyendo su deuda con proveedores. Sin embargo, la realidad indica que no es así. Hasta el 31 de diciembre del año pasado los números no lo muestran; por el contrario, los proveedores continuaron financiando el déficit presupuestario con una participación del 21,3%, lo que indica el aumento de la deuda para con ellos. Pero puede hacerse otra constatación: la deuda con proveedores no se computa en los resultados fiscales de Gobierno. En efecto, las cifras publicitadas que muestran el cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional, de resultados primarios positivos alcanzados con holgura, no contemplan -y es muy extraño- la deuda con proveedores. No sabemos por qué el Fondo Monetario Internacional acepta esto, ya que es tan estricto con los Gobiernos. Es lo que se llama la variable de ajuste; se utiliza la deuda como variable de ajuste y se alcanzan las metas a costa de incrementar la deuda interna.

Como toda deuda, habrá que pagarla en el futuro, momento en el cual se computará como gasto y, por ende, pasará a engrosar eventualmente el déficit fiscal que haya en futuros Ejercicios.

Esto para nosotros es grave. Implica asumir más deuda pública, que es algo así como decidir por las generaciones que vendrán; de hecho, estamos decidiendo que ellos carguen con las responsabilidades que deberíamos asumir nosotros. El tema es que esa deuda habrá que pagarla, lo que inexorablemente llevará a que en algún momento el futuro Gobierno, sea del color que fuere, tenga que aumentar tributos o bajar otros gastos para comenzar a cancelar las deudas con los proveedores. La gravedad está asociada a la magnitud de la deuda, que equivale casi a dos meses del Presupuesto Nacional.

Otro tema que nos creó incertidumbre y molestias en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda fue lo ocurrido con la invitación cursada por la Comisión al Directorio del Banco Hipotecario, porque no concurrió. Tenemos algunos datos aportados por nuestros asesores que realmente nos preocupan y queríamos preguntar sobre ellos a dicho Directorio, pero no fue posible. Por ejemplo, los auditores del Tribunal de Cuentas y la consultora KPMG se abstuvieron de opinar acerca de la confiabilidad de las cifras de los estados contables de la institución correspondientes a los Ejercicios 2001 y 2002. Esta falta de pronunciamiento es, según nuestra opinión, sumamente grave, porque el Parlamento también es un organismo de contralor.

Del año 2003 no disponemos de los informes de auditoría correspondientes. Posiblemente pase mucho tiempo hasta que dispongamos de ellos. Las autoridades del Banco Hipotecario no presentaron los estados contables al Tribunal de Cuentas a pesar de haber vencido el plazo original y la ampliación que le dio el Tribunal. En cuanto a la KPMG, el Banco Central informa en su página web que los estados contables auditados en el Ejercicio económico 2003 no están disponibles.

Esta situación de abstención de opinar de parte de los auditores porque no tienen elementos -algo similar aconteció con las observaciones del Tribunal de Cuentas referidas a la asistencia a la banca privada y pública- para validar los valores detallados en los estados contables, nos parece gravísima, pero, lamentablemente, no pudimos hablar con el Directorio.

Según nuestros datos, las pérdidas del Banco Hipotecario establecidas por el Tribunal de Cuentas alcanzan en este momento a US$ 1.922:000.000; en 2000, US$ 215:000.000; en 2001, US$ 419:000.000; en 2002, US$ 1.074:000.000 y en 2003 habría alcanzado a US$ 214:000.000. Este tema del Banco Hipotecario también nos preocupa, pero no tuvimos oportunidad de conocerlo más a fondo debido a la ausencia de su Directorio.

También recibimos a otras delegaciones, por ejemplo, a la Dirección del INAME, y quiero mencionar este tema porque realmente es irritativo, pero no solamente para mí o para mi fuerza política sino para todos los legisladores y para todos los ciudadanos. Llegó a mi poder un informe de la Auditoría Interna de la Nación, con sus conclusiones y recomendaciones -lo tengo ante mí-, referido al Instituto Nacional del Menor. Contiene varias observaciones que analizamos con el doctor Repetto y sus asesores. Concretamente, se trata de una observación de la Auditoría Interna de la Nación que dice, en el marco de las conclusiones y recomendaciones: "Se le abona a la UCUDAL", la Universidad Católica, "en los Ejercicios 2001, 2002 y 2003 por cursos universitarios de la carrera de Contador Público para un funcionario del INAME que cumple funciones en la Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF". Continúa el informe de la Auditoría Interna de la Nación: "A juicio de las suscritas esta erogación no se encuentra justificada, no obstante los argumentos esgrimidos por la Directora Ejecutiva, ya que no queda demostrada la necesidad de que se solvente, con fondos públicos, la carrera universitaria de un funcionario en una institución privada". Yo no sé cuánto significa -no se nos dijo- esta erogación del INAME, anual o mensual. No sé; no importa. Pero lo que es inconcebible, señor Presidente, es que la Dirección del INAME haya dispuesto pagar un curso a un funcionario del INAME en la Universidad Católica para que termine su carrera universitaria. Yo no tengo nada en contra de la Universidad Católica, ¡por el contrario!, pero hay una Universidad pública a la que se podría haber recurrido: la Universidad de la República. Sabemos perfectamente bien las carencias que tiene el INAME en cuanto a los recursos que necesita para atender a los niños desvalidos y a los jóvenes con problemas. Entonces, ¿cómo podemos aceptar que se incurra en tal gasto para que un funcionario -que tendrá sus aspiraciones y que no sé ni quiero saber quién es- curse sus estudios en la Universidad Católica pagados por el INAME? Es algo que realmente violenta y quiero que quede constancia de ello en la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes, porque son las cosas que no debemos hacer como gobernantes; son las actitudes que no debemos tomar como dirigentes políticos porque le hacen mucho mal al país.

La contestación que nos dio la delegación del INAME fue que hay un sumario que se está investigando, que no fue durante la gestión de este Directorio -que creo que asumió en el mes de febrero de este año-, pero más allá de ese hecho tenemos que estar atentos a situaciones que no pueden repetirse.

Por otro lado, recibimos de la Contaduría General de la Nación los proyectos en ejecución administrados por el PNUD durante el Ejercicio 2003

Yo tengo que hacer un reconocimiento público, porque hemos sido muy enérgicos y muy duros y hemos pedido explicaciones públicas con referencia a los gastos de estos contratos de obra o de servicios, que son proyectos del PNUD, donde entendemos que existieron gastos excesivos, contrataciones excesivas y que se actuó con cierto nepotismo en algún momento en cuanto a esos contratos. Pero está demostrado que, en la medida en que haya alguna reacción de parte del Poder Ejecutivo y, en este caso, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es posible comenzar a disminuir esos gastos que llegaron a cifras astronómicas y que nuestra fuerza política denunció con mucha energía a todos los niveles de la dirección de esta fuerza que integro.

En este momento vemos que el gasto en el año 2003 alcanzó a US$ 8:345.347. Entonces, según estamos viendo, cuando decíamos que era posible e imprescindible disminuir estos gastos estábamos opinando en forma acertada. En 1998 se gastaron US$ 32:000.000 en estos contratos de obra y de servicios, proyecto PNUD; en 1999 -quizás es casualidad, pero justo son años electorales- se gastaron US$ 32:500.000. Luego, comienza una disminución: en el año 2000, se gastaron US$ 27:000.000; en 2001, US$ 22:000.000; en 2002, US$ 15:000.000 y en 2003, US$ 8:345.000. Por lo tanto, era posible disminuir esos gastos, tal cual lo decíamos nosotros, más allá de que si el soberano nos da la mayoría en estas próximas elecciones nacionales vamos a seguir revisando detenidamente cada uno de los contratos de obra y de servicios que suman esa cifra de US$ 8:345.000.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)

——Hemos recibido a la Intergremial Universitaria, compuesta por ADUR, AFUR, FEUU y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, quienes además nos formularon denuncias que no tuvimos oportunidad de confirmar pero que, según hemos leído en la prensa, son así. Nos han expresado que el incremento de la matrícula universitaria alcanzó un 25% en el período 2001-2004 -cabe señalar que mencionamos que los gastos totales para educación alcanzaban, si no recuerdo mal, el 3,2%- y ha habido una disminución en lugar de un aumento; que la pérdida de poder adquisitivo en el rubro Gastos e Inversiones en la Universidad de la República, de acuerdo con la evolución del IPC, alcanza a un 52,7%, y que también a nivel de la Universidad de la República, el Poder Ejecutivo mantiene una deuda de $ 171:722.970. También denunciaron que ha habido una pérdida salarial de los trabajadores del 22,59%, que se ha seguido incrementando y en este momento está cercana al 25%. Asimismo, reclaman -nosotros lo hacemos en este momento- la necesidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas disponga de los recursos necesarios para que el Hospital de Clínicas -un hospital tan importante que atiende a miles y miles de uruguayos, fundamentalmente del interior del país- pueda tener esos $ 26:000.000 que solicita, de aquí al mes de diciembre, para cumplir con su función.

Entonces, en este contexto no podemos votar esta Rendición de Cuentas. No acordamos con el proyecto ni con el Mensaje remitidos oportunamente por el Poder Ejecutivo y tampoco, en términos generales, con el informe económico-financiero. Nos parece que es necesario que un Poder Ejecutivo reconozca sus errores, cosa que no se trasluce en este Mensaje ni en este informe. Además, estamos preocupados por la necesidad de cambiar rápidamente esta situación económica y social que vive el país.

Decíamos, sobre el aumento de la pobreza, más allá de las cifras oficiales, que aproximadamente una tercera parte de los uruguayos vive en una situación que los ubica por debajo de la línea de pobreza, que casi cien mil uruguayos están en situación de indigencia, que el 56% de los niños menores de seis años nacen, viven y se crían en hogares que están por debajo de la línea de pobreza, donde sabemos la problemática que tiene la juventud. Todo esto indica la necesidad de realizar cambios profundos que no vemos en esta Rendición de Cuentas.

También podemos mencionar el fenómeno de la emigración, que está desangrando a las familias uruguayas y exige también...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- ¡Que se prorrogue!

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

Puede continuar el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: como decía, el fenómeno de la emigración divide y desangra a las familias uruguayas y se le debe encontrar una solución reactivando realmente el país, pero también logrando una redistribución presupuestal que habilite a atender a los sectores sociales más golpeados y a crear fuentes de trabajo. Esto debería permitir que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Colonización cumpla efectivamente su función -porque existe una ley extraordinaria de 1948 y, sin embargo, todos los días vemos denuncias de prensa que nos alarman mucho- y que se logre gradualmente un aumento o una recuperación salarial -la pérdida a la fecha ya alcanza el 25%- , lo que redundará en beneficio del mercado interno, originará mayores fuentes de trabajo y posibilitará que los uruguayos comiencen a visualizar un país distinto.

En definitiva, votamos en forma negativa y rechazamos este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Lamentamos -lo digo con mucho respeto pero con mucha firmeza- que tanto en la Rendición correspondiente al año 2002, remitida el año pasado a este Parlamento, como en la correspondiente al 2003, que estamos considerando, no haya habido una transparencia absoluta con referencia a las cuentas públicas, tal cual nosotros exigimos que es lo que merece este Parlamento y la población en su conjunto.

Nosotros acordamos con el propio Tribunal de Cuentas con referencia a las graves observaciones que plantea. Además, creo que se desaprovecha una gran oportunidad de poner todas las cartas sobre la mesa, y también de comenzar, a través de este Parlamento, ese período inevitable de transición que debe darse hacia el próximo Gobierno, sea cual sea el Gobierno electo por el pueblo. Si las cosas hubieran estado nítidas habríamos logrado ese objetivo. Quizás tengamos que plantear próximamente que haya una especie de auditoría permanente, por ejemplo para la problemática de la deuda pública, pues siempre tenemos dudas sobre su volumen y sus vencimientos. Entiendo que todos nos merecemos tener esa información en forma pública.

Me parece que hemos perdido la oportunidad de desarrollar como corresponde este período de transición. De alguna manera, ya prácticamente culminando este período parlamentario, leía con atención las palabras del señor Presidente de la República pronunciadas en esta misma Sala el 1º de marzo de 2000, cuando se reunía la Asamblea General. El señor Presidente de todos los uruguayos asumía la Presidencia de la República y creo que la totalidad de la Sala aplaudía cuando él decía que era necesario lograr una total transparencia en el accionar del Estado. En el día de hoy, a poco más de quince días de que culmine el funcionamiento de esta Cámara, tengo que decir que lamentablemente lo que anunció el señor Presidente de la República no se ha concretado.

Muchas gracias.

10.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Juan Justo Amaro Cedrés, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 19 de agosto de 2004, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Stella M. Tucuna.

Del señor Representante Adolfo Pedro Sande, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 19 de agosto de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Arturo Lamancha.

Del señor Representante Gustavo Guarino, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 1º y 3 de setiembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Óscar Echevarría".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de solicitar licencia por motivos personales y al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por el día de la fecha, convocando a mi suplente respectivo.

Saluda a usted muy atentamente

JUAN JUSTO AMARO CEDRÉS
Representante por Florida".

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración.

Cúmpleme dirigirme a usted, a los efectos de presentar renuncia a la convocatoria efectuada por esa Cámara para los días 19 y 20 del corriente, con motivo de sustituir al Diputado Juan Justo Amaro.

Lo saluda con la mayor atención,

Alberto H. Martínez".

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración.

Cúmpleme dirigirme a usted, a los efectos de presentar renuncia a la convocatoria efectuada por esa Cámara para los días 19 y 20 del corriente, con motivo de sustituir al Diputado Juan Justo Amaro.

Lo saluda con la mayor atención,

Luis Oliva".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Florida, Juan Justo Amaro Cedrés.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 19 de agosto de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Martínez y Luis Oliva.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 19 de agosto de 2004, al señor Representante por el departamento de Florida, Juan Justo Amaro Cedrés.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Martínez y Luis Oliva.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 19 de agosto de 2004, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señora Stella M. Tucuna.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2004.

TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, por el día de la fecha, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

ADOLFO PEDRO SANDE
Representante por Canelones".

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Adolfo Pedro Sande.

Sin más saluda atentamente.

Orestes Numa Santos".

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a efectos de informarle que, por esta única vez, no acepto la convocatoria de la que he sido objeto por licencia del Diputado Adolfo Pedro Sande.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Eliseo Marandino".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Adolfo Pedro Sande.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 19 de agosto de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Orestes Numa Santos y Eliseo Marandino.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 19 de agosto de 2004, al señor Representante por el departamento de Canelones, Adolfo Pedro Sande.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señores Orestes Numa Santos y Eliseo Marandino.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 19 de agosto de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Arturo Lamancha.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2004.

TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente
De mi mayor consideración:

Solicito al Cuerpo que usted preside, me conceda licencia por motivos personales los días 1º, 2 y 3 de setiembre de 2004.

Sin otro particular,

GUSTAVO GUARINO
Representante por Cerro Largo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Guarino.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 1º y 3 de setiembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 1º y 3 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Guarino.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Óscar Echevarría.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2004.

TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO, MARÍA NELBA IRIARTE".

11.-     Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2003. (Aprobación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: más de una vez he señalado ante los medios de comunicación que la suerte de esta Rendición de Cuentas estaba echada con anterioridad a que el Poder Ejecutivo la remitiera al Poder Legislativo. Era evidente que no importaba el contenido del proyecto, que no iba a ser aprobado y que no iba a contar con los votos necesarios para su aprobación. Independientemente del monto del déficit, de lo que contuviera, de los éxitos obtenidos en materia de actividad económica durante el año 2003, el proyecto iba a ser rechazado. Esa era la suerte que tenía y ese es el motivo por el cual no ha habido demasiado interés en entrar en un debate profundo al respecto; no tenía la menor posibilidad de ser aprobado.

El Encuentro Progresista-Frente Amplio no ha votado las Rendiciones de Cuentas anteriores y el Partido Nacional está en una suerte de competencia con el Frente Amplio, en el sentido de quién vota menos de lo que remite el Poder Ejecutivo y quién vota más de otras cosas distintas. Entonces, se sabía que este proyecto iba a terminar como va a terminar: con una amplísima mayoría votando su rechazo. Entiendo que no es bueno debatirlo en Sala porque, en definitiva, las Comisiones de este Parlamento rechazan decenas de proyectos de ley, expresa o tácitamente, y los proyectos rechazados y máxime por unanimidad no tienen por qué pasar al plenario. Si así no fuera, este plenario se pasaría considerando, no los proyectos que tienen posibilidad de aprobación, sino aquellos cuyo rechazo ya está asegurado de antemano.

Pero, como todo en la vida, esto tiene su punto positivo. El señor Diputado preopinante demostró su preocupación por lo abultado del servicio de la deuda pública; trajo a colación las cifras de endeudamiento del país y cómo eso pesa en el Presupuesto del Estado, cómo recae sobre las arcas del Estado y, en definitiva, sobre los contribuyentes, que somos todos los que pagamos ese Presupuesto. Esa preocupación, que entiendo debe responder a todo el Frente Amplio, estimo que se va a traducir en un accionar y no va a consistir simplemente en una manifestación verbal. Este servicio de deuda pública abultado se debe a que hemos tenido un déficit financiado con créditos tomados por el Estado. En los cuatro años de recesión, ese déficit ha rondado en torno a los US$ 700:000.000 y US$ 800:000.000. Más de una vez hemos dicho que ha habido una conducta permanente -sostenida a lo largo de todo el período de Gobierno- de la bancada que integra el señor Representante que se siente preocupado por esta deuda pública, de votar todas y cada una de las iniciativas, proyectos de ley y minutas de comunicación que incrementen el gasto público. En cambio, la bancada del Partido Colorado ha sido la que se ha opuesto sistemáticamente a todos los proyectos de ley que incrementan el gasto público. Entonces, si hay una preocupación por la deuda pública, hay un reconocimiento de que se ha actuado mal. Desde el Presupuesto quinquenal, en que se votaban artículos que significaban un incremento de más del 50% del Presupuesto quinquenal, llevándolo de los US$ 4.000:000.000 anuales a US$ 6.000:000.000, con artículos concretos, bien específicos del incremento del gasto, como por ejemplo a la Universidad de la República, a ANEP, al INAME -algunos justificados y otros no-, se han votado hasta artículos que promovían incrementos salariales en el servicio exterior. Rechazamos todos estos artículos para mantener un gasto público equilibrado. Entonces, hay un reconocimiento de lo mal que se ha actuado, mandando mociones al Poder Ejecutivo de incremento de gasto público y votando proyectos de ley que aumentan el gasto. Ahora tengo la tranquilidad de que una cantidad de proyectos que andan en danza no van a ser aprobados y empiezo por el primero: reconocimiento de los ahorristas del TCB como ahorristas del Banco Montevideo-La Caja Obrera. Este es un proyecto de ley que genera un gasto de US$ 100:000.000 para el Estado, que como sabemos tiene déficit fiscal y por tanto la única manera de financiarlo es aumentando la deuda pública. Por lo tanto, gracias a la discusión de la mañana de hoy me quedo tranquilo, porque sabemos que no va a haber votos para ese proyecto, porque si el Encuentro Progresista-Frente Amplio nos dice que está preocupado por la deuda pública, jamás podría votar un proyecto de ley que la aumentaría en US$ 100:000.000. Nos vamos tranquilos: ese mamarracho, que termina perjudicando a los contribuyentes y a los ahorristas de los bancos Montevideo-Caja Obrera que dejaron su dinero en Uruguay, no cuenta con los votos para ser aprobado.

Sumo y sigo: el proyecto sobre becarios y pasantes que está a estudio de la Comisión de Presupuestos tampoco va a tener los votos, porque significa, de pique, tener que pagar aguinaldo a quince mil o veinte mil personas. Resulta que este proyecto no solo abarca a los mil y pico de becarios y pasantes, sino que a último momento le agregaron un artículo en el plenario del Senado que establece que también comprende a todos los contratados por el Estado. Esto implica un incremento brutal del gasto público que, como el Estado tiene déficit, se va a financiar con deuda pública. Por lo tanto, ese proyecto de ley tampoco va a contar con mayorías en este Parlamento, porque además de ser inconstitucional por no contar con iniciativa del Poder Ejecutivo y por otros motivos, implica gasto público.

Supongo que también sucede lo mismo con el proyecto de exoneraciones tributarias que estuvimos discutiendo ayer. ¿Por qué vamos a incrementar las exoneraciones tributarias si nos preocupa la deuda pública?

Supongo que el proyecto sobre creación del ente autónomo para administrar los fondos y las carteras pesadas de los bancos en liquidación -cada vez que creamos un ente autónomo aumentamos el gasto: son empleados, gerentes, directores, choferes, viáticos, horas extra- tampoco tendrá votos, porque genera incremento de gasto y aumento de la deuda pública y gravará a los futuros contribuyentes.

Señor Presidente: de algo que yo creía que no iba a tener demasiadas repercusiones saco unas conclusiones que me llevan a pensar que por suerte los contribuyentes de Uruguay no van a tener que afrontar un incremento del gasto ni solventar mayores deudas públicas, en virtud de que en este plenario no van a tener mayorías varios proyectos de ley contraproducentes y contrarios a los intereses de todos y cada uno de los uruguayos, excepto del grupo minúsculo que generalmente se beneficia con esas iniciativas. Ni que hablar de los proyectos sobre suspensión de ejecuciones y demás, que generan efectos indeseados y que disminuyen los ingresos del Banco de la República, así como las liquidaciones de los bancos, los que verían impedidos el recupero de las carteras que tienen en ejecución.

Me voy a referir al motivo concreto que nos trae aquí: la Rendición de Cuentas. Este proyecto del Poder Ejecutivo presenta un resultado deficitario del Ejercicio 2003 en $ 16.976:607.960 correspondientes a la ejecución presupuestaria y $ 12.374:112.236 por concepto de operaciones extrapresupuestarias derivadas de la aplicación de normas legales reglamentarias y de compensaciones efectuadas con el Banco Central del Uruguay y el Banco de la República Oriental del Uruguay. Este resultado se expresa siguiendo el criterio de considerar los gastos por lo devengado y los ingresos efectivamente percibidos, y refleja las secuelas de la crisis bancaria del año 2002.

Por otra parte, si nos remitimos a lo que tiene que ver con la actividad económica, advertimos que esta exhibió una sensible recuperación en el correr de 2003, la cual fue creciendo trimestre a trimestre. La producción global de bienes y servicios presentó una suba del 2,5%, poniendo así fin a la recesión que se inició en 1999.

Como verá el señor Presidente, se va a rechazar esta Rendición de Cuentas que cierra un año en el cual el país logra un crecimiento del 2,5%, que es el que marca el fin a una recesión de cuatro largos años. La recuperación económica estuvo apuntalada por una fuerte mejora de las expectativas, a la luz del éxito obtenido por el Gobierno en la salida instrumentada para enfrentar la crisis bancaria y la solución brindada al problema de concentración de vencimientos de la deuda pública.

En ese sentido, cabe mencionar que el Gobierno contó con el apoyo oportuno de los organismos multilaterales de crédito y de la comunidad financiera internacional, que evaluaron que el problema y el riesgo del país era de liquidez a corto plazo y no de solvencia a mediano y largo plazo. El marco macroeconómico nacional, la política de estabilidad aplicada, tanto a nivel de precios como en materia de solvencia fiscal, y el respeto irrestricto a la ley y los contratos sin alteraciones impositivas, brindaron el marco adecuado para el retorno de la confianza de los inversores y consumidores. El crecimiento económico también estuvo acompañado por un marco externo favorable dentro del cual se destacaron la suba de los precios de exportación, la recuperación de las economías de la región y los bajos niveles de tasas de interés internacional. La estrategia instrumentada a partir de agosto de 2002 para enfrentar la crisis bancaria se probó sumamente efectiva, ya que se observó una paulatina recuperación de la confianza en el sistema financiero. En concreto, con el correr de los meses no solo se frenó el retiro de depósitos, sino que las colocaciones retomaron una evolución ascendente. Por consiguiente, los depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario, excluyendo a bancos liquidados y al Banco de Galicia, crecieron US$ 945:000.000 en 2003, ubicándose en US$ 6.907:000.000 a fin de año. En ese escenario, el Banco de la República adelantó la devolución del primer tramo de depósitos reprogramados por la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002. Vale señalar que dicha institución retuvo la mayor parte de los fondos devueltos en esa ocasión.

Luego de la instrumentación de la estrategia para estabilizar el sistema bancario en agosto de 2002, el Gobierno enfrentó el problema de una marcada concentración de vencimientos de deuda pública en el corto plazo. En razón de las dificultades de acceso a nuevas fuentes de financiamiento en esos momentos y a la insuficiencia de la asistencia acordada con los organismos multilaterales, el 3 de abril de 2003 el Gobierno lanzó una propuesta de canje voluntario de la deuda pública con acreedores privados. Los títulos elegibles eran los denominados en moneda extranjera a un plazo original mayor a un año. A fines de mayo de ese año la operación de canje fue completada con sumo éxito, ya que se obtuvo la participación del 98,7% de los bonos en la oferta doméstica y del 89,6% en la oferta internacional. Esta última incluía los denominados bonos "Brady" correspondientes a la refinanciación de 1991. Si se excluyen estos títulos, el nivel de aceptación internacional superará el 93%. Los nuevos títulos emitidos totalizaron poco más de US$ 5.000:000.000, lo que permitió extender la duración de los viejos bonos en un promedio ligeramente superior a cinco años.

En razón del éxito del canje de deuda y de la evolución favorable de la economía, el Gobierno recobró el acceso a los mercados internacionales de crédito privado. El riesgo país cayó de 2.500 puntos básicos, previo al canje de deuda, a un entorno de los 700 puntos. En ese contexto más auspicioso, en octubre el Gobierno concretó la primera emisión de un bono en moneda local de un país emergente en los mercados internacionales por el equivalente a US$ 200:000.000.

Por otra parte, en el transcurso del año pasado se observó una sensible mejora de las cuentas públicas en función del incremento de la actividad económica y de que el Gobierno mantuvo los gastos discrecionales bajo control. La notoria recuperación de la situación financiera del Gobierno sirvió de respaldo al esquema de metas monetarias instrumentado por el Banco Central a partir del año pasado. En ese contexto, la tasa de inflación se redujo a 10,2% en 2003, frente a una tasa del 25,9% en 2002. Además, corresponde señalar que el mercado cambiario exhibió una marcada estabilidad si se compara con la incertidumbre que reinó en 2002 y hasta la concreción del canje de deuda en mayo de 2003.

Asimismo, ha habido una serie de observaciones puntuales, tomadas básicamente del informe del Tribunal de Cuentas. Voy a ir levantando cada una de esas observaciones.

En primer lugar, se señaló que la capitalización del Nuevo Banco Comercial por $ 3:706.000 debe afectar el resultado del Ejercicio y no ser expuesta como un gasto de inversión. Esto fue contenido como observación en alguno de los informes en minoría y señalado por el Tribunal de Cuentas.

En tal sentido, la respuesta que debemos dar es que el Tribunal de Cuentas emitió una resolución, con fecha 29 de mayo de 2003, en la que acordó que la capitalización encuadra dentro de las normas legales. Además, en el segundo resultando expresa que la capitalización efectuada no supone un gasto para el Estado ni egreso alguno para Rentas Generales, sino meramente la sustitución de una modalidad de activos por otros. Acoto que en función de lo establecido en esta resolución, por tratarse de un activo recuperable -es una inversión en una empresa-, se registró como inversión y no como pérdida del Ejercicio. Esa es la explicación a la observación formulada en anteriores exposiciones.

(Interrupción del señor Representante Ronald Pais)

——Le agradezco al señor Diputado Ronald Pais, que me acota que la resolución es del día 28 de mayo.

La segunda observación que se hace es que la operación de canje de títulos de deuda pública originó un mayor valor de la misma, y su resultado significó una pérdida neta de $ 1.578:323.000. Este gasto devengado no habría sido considerado en la determinación del resultado.

La respuesta que debemos dar a esta observación es la siguiente. El canje de la deuda pública fue una operación compleja que aumentó la deuda del Gobierno central y disminuyó la deuda del Banco Central del Uruguay, estando el resultado global expuesto en el cuadro 63B de la página 95 del Tomo I, "Resúmenes de la Rendición de Cuentas del año 2003". A su vez, por algunos bonos se entregó más valor nominal que el rescatado, y por otros se entregó un menor valor nominal. También en algunos casos se realizó entrega en efectivo, en tanto en otros se recibió dinero efectivo por la liberación de garantías colaterales.

El criterio empleado para el registro del canje fue el siguiente. En primer lugar, se calculó el resultado presupuestario -gasto y/o recurso- de los nuevos títulos entregados como diferencia entre el total entregado menos el total recibido. En segundo término, para cada serie de títulos canjeados se determinó el resultado presupuestario anual, prorrateando el resultado obtenido en el párrafo anterior por el plazo de vigencia del respectivo título. Esto es: en algunos casos, las ganancias, y en otros, las pérdidas, se prorratean a los años de vigencia del título. Este criterio entendemos que es el correcto porque, en definitiva, la diferencia de valores nominales resulta de una menor o mayor tasa implícita de interés efectiva, y eso es lo que refleja el método utilizado. En tercer lugar, el resultado presupuestario anual se contabilizará como tal en el Ejercicio en que venza el respectivo título. Este criterio de registrar el resultado en el momento del vencimiento de los títulos es consistente con el tratamiento contable de los bonos del Tesoro en todos los casos hasta el momento. Además, fue comunicado al Tribunal de Cuentas con fecha 3 de junio de 2004.

La tercera observación es que en el estado de situación del Tesoro no se han realizado previsiones por incobrables respecto a la asistencia realizada a las instituciones financieras privadas por el monto de $ 30.227:628.000.

La respuesta que damos es la siguiente. Según consta en el dictamen del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación adoptó el criterio de exponer las eventuales pérdidas que resulten de la liquidación de los bancos cuando se dispusiese de la documentación fehaciente para su registro. En el Ejercicio 2003, el Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario no suministró información alguna al respecto; tampoco lo hizo al Tribunal de Cuentas, por lo que no se pudo obtener evidencia suficiente sobre la recuperabilidad de los referidos préstamos y, por consiguiente, de su incidencia en el resultado del Ejercicio.

La cuarta observación es que en el estado de situación del Tesoro, se expone como pasivo por el Banco Central el importe de $ 8.246:242.000, cuando la norma invocada -artículo 26 de la Ley Nº 17.613- no estableció ninguna obligación para el Estado. Por lo tanto, la referida operación está incorrectamente expuesta.

La respuesta que damos a esto es la siguiente. En el balance de ejecución presupuestal correspondiente al Ejercicio 2002 no se efectuó registración alguna por la transferencia a favor de la Administración Central de los créditos que el Banco Central del Uruguay tenía con los bancos suspendidos al 31 de diciembre de 2002, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 17.613. En el Ejercicio 2003, se entendió que lo establecido en el referido artículo legal no era una transferencia a título gratuito a favor de la Administración Central sino que se trataba de una subrogación al Banco Central del Uruguay por los créditos que este tenía contra los bancos suspendidos. El fundamento de ello es que registrar esta operación como una transferencia gratuita del Banco Central del Uruguay a la Administración implicaría una pérdida para el Banco Central, lo que a su vez determinaría que su patrimonio fuese negativo y, en última instancia, obligaría a realizar una transferencia de Rentas Generales al Banco Central para neutralizar la pérdida mencionada, de acuerdo con la propia Carta Orgánica del Banco Central. Esta partida, en todo caso, mejoraría el resultado del Gobierno central.

La quinta observación tiene que ver con las partidas a regularizar por $ 2.452:365.000, sobre las que el Tribunal de Cuentas solicitó información adicional a la Contaduría General de la Nación para su intervención y que, al no serle remitida, motivó su devolución. Su aprobación significaría eludir, por una vía indirecta, el control presupuestado por la normativa legal.

La respuesta a esto es la siguiente. En primer lugar, corresponde precisar que las partidas a regularizar fueron enviadas por la Contaduría General de la Nación, para su intervención, al Tribunal de Cuentas, el 20 de mayo del presente año, y devueltas por este organismo para mejor proveer el 28 de junio, cuando ya no había tiempo material para que fueran intervenidas e incluidas como gasto del Ejercicio 2003. En segundo término, las partidas a regularizar corresponden a desembolsos realizados para los cuales no existe asignación presupuestaria o, existiendo la posibilidad de su regularización presupuestal con cargo al artículo 15 del TOCAF, la misma no es aceptada por el Tribunal de Cuentas. En esta situación se envía al Tribunal de Cuentas a efectos de que autorice su inclusión en el Balance de Ejecución Presupuestal y de esa manera exponer correctamente el resultado del Ejercicio. Ante la circunstancia de que las partidas a regularizar fueron devueltas por el Tribunal de Cuentas, podría no habérselas incluido en el balance, pero se hubiese presentado un resultado no ajustado a la realidad. Por este motivo, se entendió que a pesar de no tener la autorización del Tribunal de Cuentas se las debía incluir, y así se procedió en consecuencia. En resumen, el propósito es, precisamente, mostrar el resultado del Ejercicio lo más ajustado posible a la realidad.

Por todas las razones expuestas, aconsejo al Cuerpo aprobar la Rendición de Cuentas tal como fue remitida por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: simplemente, quería dejar constancia de que el canje de títulos de deuda pública no está referido en el cuadro 63 sino en el 68 B, de la página 95 del Tomo I, "Resúmenes de la Rendición de Cuentas del año 2003".

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- He terminado, señor Presidente.

12.-    Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Jorge Barrera, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 19 de agosto de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Silver Estévez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Veintiocho en treinta: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocado el correspondiente suplente, a quien se invita a ingresar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo durante el día de hoy.

Saluda a usted muy atentamente.

JORGE BARRERA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de comunicarle que por esta única vez no acepto la convocatoria para integrar ese Cuerpo.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a usted con mi más alta consideración

Leonardo Costa".

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Guillermo Silva Grucci".

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Álvaro Berrutti".

"Montevideo, 19 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Jorge Barrera, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Humberto Bellora".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Barrera.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 19 de agosto de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Leonardo Costa, Guillermo Silva Grucci, Álvaro Berrutti y Humberto Bellora.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 19 de agosto de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Barrera.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes, señores Leonardo Costa, Guillermo Silva Grucci, Álvaro Berrutti y Humberto Bellora.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 19 de agosto de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Silver Estévez.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2004.

TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO, MARÍA NELBA IRIARTE".

13.-     Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2003. (Aprobación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: la oportunidad de tratarse las Rendiciones de Cuentas son las adecuadas para evaluar una gestión de Gobierno. De hecho, quienes nos hemos opuesto al Presupuesto que se aprobó en diciembre de 2000 -definitivamente aprobado en febrero de 2001 en función de las observaciones que interpuso el Poder Ejecutivo pero, a efectos parlamentarios, aprobado en diciembre de 2000-, a partir de ese momento tuvimos objeciones para hacer en cuanto a cómo se encara la gestión de este Gobierno. Consecuentemente, en la Rendición de Cuentas de 2001, presentada en 2002, y sucesivamente la de 2002 y la de 2003, que estamos considerando, hemos señalado nuestro rechazo a esa gestión.

A juzgar por algunas intervenciones, uno pensaría que cuando el Presupuesto fue aprobado en 2001 hubo un conteo equivocado de los votos, porque ahora parece que este no es responsabilidad de nadie, salvo, por supuesto, la que asume el señor Diputado Gabriel Pais en representación del Partido Colorado. Pero en los hechos hay que recordar que ese Presupuesto fue aprobado no solo por el Partido Colorado sino también por el Partido Nacional, por todo el Partido Nacional. Es más: uno de los elementos sustanciales que caracterizó a ese Presupuesto, que lo denunciamos y que justificó nuestro rechazo, fue el incremento del gasto público. Hay que recordar que cuando se consideró el Presupuesto en el Senado, el país ya arrastraba un déficit de US$ 800:000.000 correspondiente a 1999 y el gasto público se incrementó en más de US$ 100:000.000 como consecuencia de los acuerdos que suscribieron en esa Cámara los Senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado.

Creo que en este sistema político uruguayo, de una vez por todas debiéramos sincerarnos. Y sincerarnos significa tratar de generar acuerdos básicos para que las políticas macroeconómicas y el Presupuesto Nacional -por supuesto, expresión de ellas- incorporen un concepto de interpolaridad. Mientras se siga pensando que las responsabilidades de Gobierno son para un período; mientras se siga pensando que lo que corresponde es que cuanto más recursos genuinos genere la recaudación del Estado, más debe ser el gasto público, eso significará que la crisis que vivimos en el 2002 y aquella crisis que se vivió en 1982, se sigan repitiendo, pero cada vez con mayor gravedad, cada vez con mayores consecuencias sociales, como las que ha dejado esta crisis de 2002. Precisamente, ha dejado un desempleo muy importante, muy por encima de lo que era el desempleo estructural en el Uruguay, lo que también refleja, de acuerdo con lo que establecen las encuestas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, que el 30% de los uruguayos vive en hogares por debajo de la línea de pobreza.

Lo que han hecho los países exitosos del mundo es, precisamente, lo que reclamamos en este país cuando vienen los momentos de crisis: políticas anticíclicas. Pero lo que corresponde en las políticas anticíclicas, si uno comprende y resulta convencido por el concepto, es que se ahorre y se reserve en los momentos de crecimiento para que, precisamente, cuando vengan los momentos de crisis, parte de esas reservas se aplique a inversiones públicas para tratar de que la caída del producto y de la producción nacional no sean tan pronunciadas. En nuestro país hemos hecho exactamente lo inverso. En la década del noventa tuvimos un crecimiento espectacular, de los más altos que recuerda la historia de nuestro país. Crecimos a una tasa acumulativa anual del 4% y, lamentablemente, si uno observa el comportamiento de la evolución del producto bruto interno y del gasto público durante todo ese período, verá que todo el crecimiento del producto y, en consecuencia, de la recaudación del Estado, fue aplicado a ese mayor gasto público. Me parece que este es el otro aspecto por el cual este sistema político uruguayo tendría que trazar y desarrollar un concepto de interpolaridad. Es absolutamente imprescindible comprender que a nivel de los Estados, de los países, pasa lo mismo que en las familias: no se puede gastar más allá de los ingresos y lo primero que uno debe tener es disciplina fiscal.

El Uruguay del período 1991-1998 tuvo posibilidades de lograr un superávit fiscal. Y ese superávit fiscal debió haber sido aplicado, entre otras cosas, a la reducción de la deuda pública. Sin embargo, durante ese período creo que solo se logró superávit fiscal en un año y en los demás hubo déficit. A partir de 1999 -o tal vez desde antes- incrementamos sustancialmente el endeudamiento del Estado. Lamentablemente, quienes hoy aparecen en las encuestas que registran las empresas de opinión -que estudian la opinión de los uruguayos- en el primer lugar y con la mejor chance para acceder al Gobierno en las elecciones de octubre, han planteado constantemente un incremento del gasto público. Nunca se asumió como concepto que, en realidad, la función del Parlamento y de la oposición es controlar que el Poder Ejecutivo baje el gasto. Porque bajar el gasto supone, entre otras cosas, menos presión tributaria, además de un menor endeudamiento del Estado. Mientras el Estado tenga déficit -y déficit importante- requerirá endeudamiento y emitirá deuda pública, y como compite por los ahorros de los uruguayos y en esa competencia es el que ofrece la mejor tasa, claramente cuando se endeuda, cuando emite mayor deuda pública, deja un menor espacio para que el ahorro de los uruguayos se destine a la producción. Esta es la eterna realidad que se viene repitiendo en nuestro país.

Entonces, más que un rechazo circunstancial a esta Rendición de Cuentas, más que un rechazo a una gestión de Gobierno -que, repito, a mi juicio, durante este período se ha desencadenado lo que de alguna manera se sembró en el pasado-, lamentablemente la constante es que la sociedad uruguaya, sobre todo su sistema político, no termina de asumir cuáles son las realidades y los compromisos que hay que desarrollar.

Los países exitosos no lo son porque sí; podemos mirar -lo tenemos bien cerca- el caso chileno, pero también podríamos analizar los ejemplos de Nueva Zelanda o de Irlanda, porque han logrado compromisos de largo plazo, han fijado rumbos de largo plazo, y los han cumplido. Uruguay ahora ingresa en un período de expansión. Nuevamente vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas con un concepto de intertemporalidad o de volver a realizarlas como se hizo en el pasado, pensando siempre en el corto plazo, en que los períodos de Gobierno son de cinco años y que, en consecuencia, la responsabilidad de los gobernantes es exclusivamente para ese período. Así se explican, por ejemplo, los carnavales electorales que se dieron en el pasado, particularmente en 1994.

Las expresiones de rechazo de nuestro Partido a esta Rendición de Cuentas, más que una expresión de rechazo a una gestión de Gobierno, implican el rechazo a lo que nos parece es una constante en la política uruguaya, en las políticas macroeconómicas uruguayas, que no piensan en una concepción de largo plazo y que de alguna manera siguen contribuyendo a una visión cortoplacista que claramente condena a todos los uruguayos.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: vamos a dejar algunas constancias, porque suscribimos todo lo dicho por nuestro compañero el señor Diputado Ibarra.

El señor Diputado Gabriel Pais expresaba que no hubo voluntad para discutir la Rendición de Cuentas. Celebro la autocrítica del Partido Colorado que, a excepción del señor Diputado Ronald Pais, no concurrió a la Comisión y no quiso discutir. Le reconozco la sinceridad.

Nuestras precisiones o constancias tienen que ver con la ausencia del Banco Hipotecario, a su no comparecencia ante la Comisión. Cuando concurrió el equipo económico, el señor Ministro Alfie se hizo cargo de todos los topes de ejecución realizados en todos los incisos. Frente a tan contundente afirmación, decidimos convocar solo a algunos Incisos que tenían que ver con el área social -porque la situación social del país es preocupante- y al Banco Hipotecario. Los demás organismos concurrieron a la Comisión, pero las autoridades del Banco Hipotecario no, aunque fueron citadas más de una vez. No se dio ninguna explicación de recibo, aun habiéndose flexibilizado en la Comisión la posibilidad de recibir solo al señor Subdirector. Es grave que un organismo no se avenga a ser controlado por el Parlamento.

¿Por qué queríamos convocarlo?

El Banco Hipotecario tiene una nueva Dirección desde hace poco tiempo. Recientemente, en unas declaraciones hechas al semanario "Búsqueda", su Directora reconoce que "El BHU operó bajo 'reglas perversas'", y a renglón seguido dice que fue "con la 'bendición de todo el sistema político'". Nosotros queremos dejar constancia de que nada tenemos ni tuvimos que ver en ningún momento de su historia con la conducción de ese Banco y que esa responsabilidad no nos compete.

En ese mismo artículo se analiza que "en términos del Producto Bruto Interno del 2002 el BHU recibió una transferencia de la sociedad equivalente a 82% durante los 51 años que abarca el trabajo [...]" -según el estudio que se hizo- "y 'devolvió' un 10% a través de subsidios a sus deudores, por lo que la 'transferencia neta' fue de 72% [...]". Esta es una pequeña parte del artículo; es muy grave lo que en él se expresa, por lo que queríamos destacarlo a modo de introducción.

El señor Diputado Ibarra manifestaba -y nosotros lo reafirmamos- que los auditores del Tribunal de Cuentas y del KPMG se abstuvieron de opinar con relación a las cifras de los estados contables de los Ejercicios 2001y 2002, porque los números no eran confiables. Todavía no están disponibles los informes de auditoría correspondientes a 2003. Entonces, frente a esa situación de duda, de no confiabilidad, nosotros queríamos discutir con las autoridades del Banco. Además, los auditores expresan que la duda no solo afecta el activo sino también en forma sustancial el estado de resultados, por eventuales pérdidas que aún no se han reconocido. Ante ese panorama era necesario conversar con las autoridades del Banco.

Hay irregularidades detalladas por ambas auditorías que no refieren solo a los años 2001 y 2002; surgen de la forma normal en que operaba el Banco. Por lo tanto, no se puede atribuir el estado actual del Banco exclusivamente a la crisis de 2002; hay responsabilidades anteriores. Se debe recordar aquí que bastante antes de la crisis presentamos un proyecto de ley de reestructura del Banco -principalmente de su cartera social, donde está la morosidad más pesada- que no se quiso votar. Posteriormente, estalló la crisis y se presentó una ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco que no votamos porque consideramos que no contribuía a la solución real que necesitaba la institución.

Nos quedaron preguntas pendientes para formular a las autoridades del Banco y queremos que, por lo menos, quede constancia de ellas en la versión taquigráfica; quizás el Banco se dé por aludido.

La subrogación de la deuda del Banco Hipotecario con el Banco Central, por parte del Gobierno, se presenta como un simple asiento contable de US$ 750:000.000. Entonces, nos planteamos dos interrogantes. ¿Esto representó más deuda en forma inmediata? En segundo lugar, ¿a cuánto asciende la pérdida que se sigue acumulando en la medida en que se trata de un activo contra una entidad que está económicamente quebrada?

También queremos saber por qué en el Inciso 29, según el SIIF, el Estado se obligó por $ 21.506:000.000 y en la Rendición de Cuentas dicho Inciso figura por $ 1.758:000.000. Esto figura en el cuadro número 11, página 27, Tomo I "Estado de Asignaciones Presupuestarias de Gastos de Funcionamiento". ¿En qué Inciso está la diferencia? ¡Estamos hablando de $ 19.748:000.000!

Por otra parte, queríamos preguntar al Banco algo que está vinculado con lo anterior. El SIIF indica que el Gobierno se obligó por el monto anteriormente detallado, en cumplimiento de la Ley Nº 17.513, subrogando al Banco Central. Pero la Rendición de Cuentas indica que, además, hubo una capitalización del Banco por $ 3.375:000.000. ¿En qué inciso figura dicha obligación? Estas tres preguntas quedaron sin respuesta para nosotros. Entonces, no sabemos cuánto se invirtió en el Banco y cuánto más deberá invertir el Estado para que siga operando. Tomando en cuenta los últimos datos disponibles, podemos calcular que se requeriría un aporte de capital de unos US$ 200:000.000, suponiendo, además, que las pérdidas operativas disminuyen de manera casi inmediata.

En este cuadro de situación aparece otro elemento que nos preocupa mucho. En estos días, se firman tres convenios entre el Banco Hipotecario y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para sanear la cartera social del Banco, es decir, los complejos habitacionales que eran encarados en aquella ley propuesta por nuestra bancada. Pero esto se hace de la peor manera. El gasto de dos convenios que subsidian las deudas y rehacen las cuotas de los contribuyentes es pagado con las economías que ha logrado el Fondo Nacional de Vivienda desde 1998 a la fecha. Quiere decir que por primera vez se reconoce -esa cifra la hemos venido preguntando desde tiempos inmemoriales- que existen esas economías, que en algún lado están y que eran operativas, porque ahora se usan para financiar los convenios firmados.

La Ley Nº 16.237, que crea el FONAVI, en su artículo 81 define sus objetivos y dice lo siguiente: "El Fondo creado por esta norma se destinará a la ejecución de la política de vivienda, a la adquisición de tierras, a la realización de servicios de infraestructura urbana y de servicios comunitarios mínimos". Es decir que esos dineros -que por primera vez se acepta que existen y que fueron recaudados por el FONAVI- van a ser destinados a sanear la cartera social, que de un 80% pasaría a tener un 15% de morosidad. Queremos preguntar al Banco cuánto suma esta financiación, pero capaz que es un monto cercano a esos US$ 200:000.000 que le faltan.

No nos oponemos a que se sanee la cartera social. Y bueno; será una solución para algunas personas, pero creemos que se agarra por el peor camino, que es desvestir a un santo para vestir a otro: se sacan los dineros del FONAVI, no sé si para sanear la cartera social en beneficio de la gente o para sanear al Banco y hacerlo presentable a los organismos internacionales. Esto nos preocupa mucho. Además, se hace esto en año electoral, lo cual tiene un tufo bastante desagradable.

El tercer convenio se refiere a gente en estado de lanzamiento, a la cual se le hace un contrato por cuatro meses, prorrogable a cuatro meses más -esto es, a marzo de 2005-, durante los cuales se le paga alquiler y gastos comunes. Esto también tiene un fuerte olor electoral. Y bueno; podría ser prorrogable por esos otros cuatro meses más -así lo dice el convenio- y finalmente el Ministerio va a poder, ahora sí, con todo el FONAVI recortado, crear una solución para esa gente. ¿Estaremos creando un nuevo RAVE o alguna cosa de ese tipo?

Pero la situación de sanear el Banco va más allá todavía. Se ha denunciado en estos días que las Fuerzas Armadas, concretamente la Armada Nacional, compró un edificio que es propiedad del Banco Hipotecario, ubicado en la calle Agraciada, por un "leasing" de diez años, a US$ 300.000 por año, para viviendas de su personal. Es decir que si al Banco lo seguimos saneando por todas estas vías, finalmente vamos a tener un Banco en negro, no en rojo como está ahora, porque a enero tenía un saldo patrimonial negativo de US$ 30:000.000.

Queríamos plantear al Banco todas estas preocupaciones y discutirlas. Pero no hubo voluntad; tampoco el Banco ha concurrido a los llamados que le hizo la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente y este tema, que es grave porque implica todo el aspecto social que tiene que ver con la vivienda, queda sin respuesta.

Esta es apenas una pequeña lupa puesta sobre el tema Rendición de Cuentas que desarrolló nuestro compañero el señor Diputado Ibarra. Se podría hablar mucho más al respecto si, como dijo el señor Diputado Gabriel Pais, hubiera habido voluntad de concurrir -desde nuestra parte sí la hubo- y de discutir en el ámbito que corresponde, que es la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: en esta última Rendición de Cuentas de esta Legislatura expresamente queremos dejar sentado nuestro agradecimiento a la Secretaría de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Tal vez, en esta última Rendición de Cuentas la baja asistencia a la que ya se han hecho múltiples referencias y las circunstancias políticas que todos conocemos hicieron que el trabajo fuera menor, pero es justo reconocer que en esta, como en todas las anteriores -en algunas con un trabajo realmente muy intenso-, esa Secretaría ha respondido con absoluto profesionalismo a todos los integrantes de la Comisión. Nos importaba dejar esta constancia en la versión taquigráfica.

Quisiera señalar nuestro absoluto acuerdo con el informe de nuestro compañero, lamentablemente hoy imposibilitado de asistir por razones de salud, el señor Diputado Canet, con la intervención del señor Diputado Ibarra y con la que acaba de hacer la compañera señora Diputada Topolansky.

Tan solo queremos redondear algunos conceptos. La Rendición de Cuentas tiene que reflejar adecuadamente en los números el estado del país. Hace un rato, el único legislador de la bancada de Gobierno que habló, el señor Diputado Gabriel Pais, decía que esta Rendición era de críticas ya previstas, automatizadas, y lo atribuyó a consideraciones de orden político y a circunstancias del momento. El mismo señor Diputado Gabriel Pais dedicó luego prácticamente el ochenta por ciento de su intervención a contestar las objeciones que realiza el Tribunal de Cuentas al estado de cuentas que se presenta a la República. Es con la firma del General Guillermo Ramírez que se establecen las objeciones que se dedicó a contestar el señor Diputado Gabriel Pais. No sé si también lo considera parte de esa confabulación.

Quiero llamar la atención a la Cámara y dejar constancia en forma reforzada en la versión taquigráfica de esta sesión, precisamente del dictamen del Tribunal de Cuentas, que vino ya con el trabajo de la Comisión muy adelantado y que, en definitiva, lo que establece es un conjunto de objeciones de las cuales simplemente vamos a destacar algunas.

El Tribunal de Cuentas señala que la capitalización del Nuevo Banco Comercial se incluye en Financiamiento, cuando debió ser expuesta como un gasto de inversión. "La situación descrita" -dice el Tribunal- "afecta el resultado del Ejercicio que se encuentra subvaluado en dicho importe". El importe es de $ 3.706:000.000.

Se podrá discutir si va aquí o allá. Pero yo pregunto: ¿hay alguien que pueda discutir que el aporte que el Estado hizo para capitalizar el Banco Comercial es dinero que vamos a tener que pagar todos los uruguayos? ¿Hay alguien que tenga dudas de que eso es una pérdida de una ejecución presupuestal? De manera que decimos que compartimos esta afirmación del Tribunal que, básicamente, reitera la hecha en la misma dirección hace un año.

La segunda observación del Tribunal refiere al canje de títulos de deuda pública y nuevamente lo que dice es que el monto de $ 1.578:323.000 significó una pérdida neta y "constituye un gasto devengado en el Ejercicio 2003 que no fue considerado en la determinación del resultado, por lo que el mismo se encuentra subvaluado en dicho importe".

Se hizo una extensa exposición sobre cómo se había hecho el cálculo y en qué medida correspondía o no esta cifra. En todo caso, es la menor de las que está en discusión, a pesar de su magnitud. Lo que sí importa cuando uno presenta un estado de resultados es que sus distintas áreas mantengan criterios consistentes y coherentes. Lo que no vale es sostener, en un mismo estado, un criterio para una zona y otro diferente para otra, como lo sabe cualquier contador y cualquier persona que haya trabajado en esto.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Alonso)

——Por otra parte, el Tribunal de Cuentas objeta la cifra mayor de diferencias. Voy a leer salteando frases para no alargar excesivamente la intervención: "no se han realizado las previsiones por incobrables respecto a la asistencia realizada a las instituciones financieras privadas por el monto de $ 30:227.628" [...]" Como está en miles de pesos serían $ 30.000:000.000, en cifras redondas. "De haberse tenido la información del Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario se hubiera podido cuantificar el importe a registrar como gasto en la ejecución presupuestal y su incidencia en el resultado". El Tribunal de Cuentas acota que "tampoco contó con la información que le solicitó al Banco Central del Uruguay y debido a que no fue posible aplicar procedimientos de auditoría alternativos, no se pudo obtener evidencia suficiente sobre la recuperabilidad de los referidos préstamos". Básicamente, lo que dice el Tribunal de Cuentas es que de esos $ 30.000:000.000, como todos sabemos, hay una parte significativa de incobrables. El Tribunal no tuvo, de parte de los organismos responsables del sector, la información para poder establecer cuánto es el monto, pero claramente establece la acotación. Nosotros decimos que el Poder Ejecutivo debió, al menos, hacer una previsión en estos resultados. Hagamos una cuenta simple: no creo que nadie estime que el Estado vaya a recuperar más del 20%; probablemente haya quienes estimen que se va a recuperar bastante menos. Si estimamos, en montos absolutamente conservadores, que la pérdida es el 80% de esa cifra, nos da $ 24.182:000.000.

En definitiva, si sumamos tres elementos en los que la información que trasmite el Poder Ejecutivo aparece subvaluada -a criterio del Tribunal de Cuentas, no de la oposición en campaña electoral a la que se hacía referencia-, llegamos a $ 29.466:000.000. Y reitero que la estimación sobre la pérdida en la asistencia financiera al sistema bancario es conservadora. Si al déficit que viene informado le sumamos el corriente y el extraordinario, asciende a $ 29.350:000.000; es levemente superior, se puede redondear por la mitad. Por tanto, con los criterios señalados por el Tribunal de Cuentas, el déficit que correspondería establecer se va a los $ 58.800:000.000. En definitiva, esto es como decir por parte del Tribunal de Cuentas: "Señores, las cuentas que se le están presentando a la República no representan adecuadamente la ejecución presupuestal".

Luego, el Tribunal de Cuentas hace objeciones adicionales, ya no sobre la ejecución presupuestal sino sobre el estado de situación, lo que se considera activo y pasivo. En algunos casos coincide en algunas de las cifras, en otros incorpora algunas nuevas, pero no queremos abundar en mayores inferencias.

En definitiva, esta Rendición de Cuentas no trasmite adecuadamente las cifras que presentan la situación real de las finanzas del Estado. Por otra parte, tampoco trasmite adecuadamente el estado de la situación del país en el que estos números se encuadran, tal como lo señalaba hace pocos momentos en esta Sala -todos hemos sido testigos- el señor Diputado Gabriel Pais, en su carácter de integrante de la bancada de Gobierno.

Se señalan los indicadores que han pasado a tener una evolución favorable; a veces, señalar un pedazo de la realidad es distorsionarla de manera severa. Aunque algunos de los indicadores hayan cambiado -nos alegramos de que así sea, ¡ojalá sigan cambiando!-, el país sigue estando en el fondo de una situación de crisis a la que llegó al cabo de sucesivos procesos, algunos de varias décadas, otros del atraso cambiario de prácticamente una década, otros que se dieron a partir de la crisis regional que comienza en 1999 -a la que no se supo responder adecuadamente y fue entonces cuando esa situación de desfase cambiario pasó a ser abismal, a partir de 1999- y finalmente, el último empujón se dio en 2001, culminando en la explosión del año 2002.

Decimos que el país vive una situación de crisis y de realidad económica y social como no vivía, por lo menos, desde que tenemos memoria cualquiera de los que estamos en este recinto. Esto se ha dicho muchas veces; son las estadísticas oficiales, no es la oposición. Se ha duplicado el número de ciudadanos que están por debajo de la línea de pobreza. ¿Puede hacerse una Rendición de Cuentas a la República sin analizar esas circunstancias?

Por otra parte, se hablaba de diversas leyes que están en proceso. Todas las leyes que fueron citadas cuentan con votos parciales o totales de la bancada de Gobierno en el Senado de la República; parciales o totales. Entonces, no busquemos explicaciones, no escondamos las realidades; eso es lo peor que podemos hacer. El país está en una situación dramática y lo mejor para intentar que todo el país salga adelante es comenzar por reconocer esa situación y asumirla.

Con respecto a las situaciones como las que aparecen bajo el título de "Becarios y pasantes", que luego se extendió a otra cantidad de cargos que el Estado remunera, de funcionarios que en algunos casos no lo son y de otros que sí lo son pero no en las categorías normales de funcionarios, vamos a decir dos cosas. Si se llegara a aprobar alguna ley en esa dirección, ¿lo que incrementa el gasto es la propia ley o el hecho de que esas personas estén trabajando? ¿Se estaría tomando nuevas personas a trabajar por lo que establece la ley, o se estaría reconociendo una realidad preexistente? Y conste que la ley, con la generalidad que se tomó en el Senado, contempla situaciones que no queremos amparar y, por tanto, es muy probable que en definitiva esa norma no prospere.

En la mayoría de las situaciones, la ley se limitaría a constatar una realidad existente y a llamar las cosas por su nombre; pero la pregunta más importante es la siguiente: ¿quién designó a esa gente? ¿Quién la designó? Esa es la interrogante que importa y no la ley. Si hay nueve mil personas cobrando por distintos motivos y conceptos en diferentes áreas de la Administración, ¿quién efectuó la designación? ¿Eran correctas? ¿Eran necesarias? ¿Se hicieron por llamado público y respetando el derecho de todos los ciudadanos de aspirar a esos lugares? ¡Esas son las preguntas que importan!

Si tuviéramos que elegir un solo tema para señalar un juicio acerca de esta última Rendición de Cuentas de este período de Gobierno -aunque hay muchos ejemplos de áreas del Estado con diverso grado de dificultades o con políticas con las cuales discrepamos-, creo que no hay un ejemplo tan increíble como el del PIAI. De los US$ 100:000.000, un enorme porcentaje estaba disponible con prescindencia de la crisis interna, puesto que en definitiva eran fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo era los asentamientos irregulares, donde están radicadas las situaciones sociales más críticas y donde, sin duda, se requieren montos muy superiores a esos para arreglarse; estamos hablando de un gasto inconmensurablemente mayor al que alude esa cifra. Había una cantidad de unidades ejecutoras potenciales que abarcaba a varios Ministerios y a las Intendencias -la eventual dificultad operativa de algunas de ellas podía compensarse con las otras-; entonces, hoy podríamos tener una ejecución que nos permitiera decir: "Los asentamientos irregulares han sido totalmente saneados; su infraestructura ha sido regularizada en determinadas áreas del país y no en otras, o en tales y cuales circunstancias". Pero no ha ocurrido así. El bochorno es que no se ha sido capaz de ejecutar. Como vimos en Rendiciones de Cuentas anteriores, esa unidad ejecutora había contratado un psicólogo, uno pensaba que por las dificultades propias de poblaciones en situación tan peculiar; pero nos enteramos de que no era así. El psicólogo fue contratado para atender a los propios funcionarios de la unidad ejecutora. Entonces, yo creo que no hay ejemplo tan fuerte y tan brutal de inoperancia en el sector público como la que significa este Programa.

Lamentablemente, este Gobierno instrumentó una política que ha estado tan de espaldas a los problemas sociales, tan de espaldas a los ciudadanos en situación más crítica que, en definitiva, no fue capaz de ejecutar ni siquiera en las zonas en que los dineros estaban disponibles porque eran de suministro internacional. Creo que este es el mejor resumen del juicio que tenemos sobre este período de Gobierno.

SEÑOR CÁCERES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CÁCERES.- Señor Presidente: con respecto a la referencia sobre el PIAI que hacía el señor Diputado Ponce de León, puedo compartir que la problemática de los asentamientos irregulares es uno de los temas más relevantes que tiene la sociedad y que seguramente más tiene que preocuparnos a todos los que estuvimos, estamos y estaremos, pero no comparto las expresiones que el señor Diputado ha vertido.

Me gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo que él manifestaba. Sería deseable para todos poder decir que al cabo de este período de Gobierno hemos eliminado los asentamientos irregulares con los recursos existentes. Lo que sí podemos decir es que eso se logró, creo que en un 90% en el interior de la República. Ahora bien: donde estaba el problema más grande, precisamente en Montevideo, no podemos decir lo mismo. A pesar de que el 70% de ese Programa estaba previsto para atender asentamientos en Montevideo, resulta que, a la fecha, en esta ciudad -donde el coejecutor era el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por un asentamiento cuyo proceso de regularización terminó hace ya tres años; otros tres con la coejecución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y los demás de la Intendencia Municipal de Montevideo- la Comuna no ha podido terminar un asentamiento, que tiene adelantado, y no ha podido establecer una fecha de inauguración: es el de "Las Malvinas". Algunos de los demás asentamientos de Montevideo que estaban a cargo de la unidad ejecutora Intendencia Municipal de Montevideo no pudieron salir de la etapa de licitación, de la del proyecto o de la carta consulta.

Por lo tanto, compartiendo la importancia de este tema, seguramente se podría haber avanzado mucho más, y tal vez habría sido más justo haberlo hecho donde estaba el mayor problema, es decir, en Montevideo, quizás en desmedro de alguno de los asentamientos que se regularizaron en el interior del país. Hay departamentos como Salto, Paysandú, Flores, Durazno -y no recuerdo en qué otros- en los que podemos decir que el 100% de los habitantes de los asentamientos verán transformada radicalmente su condición de vida. Rivera no logró atender a la totalidad, pero sí a tres asentamientos de gran porte, de la misma forma en que se atendieron dos asentamientos -tal vez los más importantes- del departamento de Artigas: "Cerro del Ejido" y "Pintadito". A uno le llama la atención que los primeros asentamientos que fueron atendidos en Montevideo recién empezaron su proceso en el año 2003.

Por lo tanto, en lo que corresponde al recorte de los recursos para atender este Programa tenemos toda la responsabilidad, pero en lo que tiene que ver con la ejecución de los programas, en verdad, compartimos la responsabilidad con el Partido al que representa el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Puede continuar el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: ahora sí -no como ayer- el señor Diputado Cáceres puede hacer las alusiones políticas que desee, porque estamos dentro del debate y entonces se pueden contestar.

Nos extraña el cambio de opinión. En algunas Rendiciones de Cuentas anteriores escuchamos al entonces Ministro Cáceres referirse muy duramente con relación al PIAI y establecer juicios muy fuertes, llegando a decir, inclusive, que lo que se gastaba en consultoría era el 60%, 70% u 80% del total; no recuerdo exactamente el porcentaje; podríamos buscar la versión taquigráfica, aunque algunos de los señores Diputados presentes lo deben recordar. El entonces Ministro Cáceres fue muy duro con respecto a cómo se estaba ejecutando ese Programa. Por lo visto, algo cambió.

Por otra parte, no es cierto que el 70% sea para Montevideo; el porcentaje ha ido decreciendo y no para Montevideo, sino para el área metropolitana.

Invitaría a la Cámara, a quienes quieran -aunque no hace falta, todos lo conocemos-, a recorrer Canelones, a fin de no tener esa dificultad que, por lo visto, ha tenido el Gobierno Nacional para que el Intendente Arana acepte recursos a efectos de arreglar situaciones. Creo que, en definitiva, eso es lo que el señor Diputado Cáceres nos está diciendo. No logró convencer al Intendente de que utilizara el dinero que estaba disponible para Montevideo; supongo que el Intendente se oponía a usarlo. No discutamos este tema; tenemos algo mucho más simple donde no aparece ese terrible Intendente Arana que se niega a utilizar recursos. Entonces, tomemos el ejemplo de Canelones, donde también son aplicables los porcentajes altos y podemos ir a ver los asentamientos irregulares que hay. Además, con respecto a las obras que se hicieron, creo que si vamos a algunas de ellas junto con el ingeniero Cáceres veremos que no resiste el análisis el hecho de que hayan sido aceptadas en esas condiciones. O sea que, además de las obras que se construyeron, hay muchas que van a traer serios problemas más adelante porque no tuvieron los proyectos adecuados -no estamos seguros-, o los controles requeridos -estamos seguros de ello-, ya que no deberían haber sido aceptados como obras. Y estamos hablando de Canelones para no mezclar y entrar en consideraciones políticas.

Con respecto a Montevideo -para variar; siempre volvemos al mismo estilo de discusiones-, creo que la gente sabe bastante bien cómo son las cosas. Como es sabido, nos ha tocado trabajar en esa área de la Administración municipal y conocemos bastante cómo se hacen las cosas. Naturalmente, errores o dificultades hay en todos lados, pero el trazo grueso de la Administración municipal ha sido de empujar. En este momento la Intendencia tiene no sé cuántas regularizaciones de asentamientos presentadas que no son aceptadas y no sé cuántos gastos que están esperando la respuesta correspondiente y, en cualquiera de las hipótesis -absolutamente en cualquiera-, vuelvo a lo mismo. No dije que con esto se podía eliminar la totalidad de los asentamientos; dije que se podían eliminar tal vez en algunas zonas, porque eliminar la totalidad de los asentamientos requiere muchos más gastos que los que aquí están involucrados. Entonces, sin perjuicio de que en algunos departamentos se ha trabajado muy bien y de que, afortunadamente, en esos casos se han hecho avances que valoramos, eso se podía haber aplicado a áreas importantes del país. No se hizo así.

Si en un tema de esta naturaleza el Gobierno de la República disponía de US$ 100:000.000 y tenía dificultades para destinar el dinero al organismo que fuera a efectos de resolver situaciones de este grado de intensidad social -no me importa si pertenecía al Gobierno, a la oposición, al Ministerio o a la Intendencia que fuera-, ¡vaya si existen mecanismos para convocar, llamar o, de alguna manera, ir por caminos que permitan desbordar los canales administrativos normales y garantizar -a lo sumo, con una demora de tres o seis meses- que ello no quedara sin ser utilizado! Pero se ha llegado a devolver buena parte de este crédito por resolución del Gobierno Nacional, precisamente por incapacidad de ejecución.

De manera que las consideraciones que recién se expresaron no nos cambian para nada el juicio; tenemos la misma opinión. Creo que también la tiene todo el mundo, incluyendo a los integrantes del propio partido de Gobierno. En todo caso, sobre qué opinan otros de los integrantes de la coalición en el período, el señor Diputado Penadés fue bastante claro hace un rato; creo que no debe haber ejemplo tan nítido de desastre en materia de ejecución, y creo que eso no es casual. No se justifica en un Gobierno que un Programa de esta dimensión en sus aplicaciones haya tenido ese nivel de ejecución.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR CÁCERES.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CÁCERES.- Señor Presidente: al principio de la segunda parte de la alocución, el señor Diputado Ponce de León decía que quien habla había sido muy crítico con relación a la participación de los gastos de consultoría en los programas sociales. Y sigo siendo igualmente crítico. Precisamente, por ser igualmente crítico quiero decir que en ese Programa se estableció que el máximo que se podía invertir en lo que correspondía a servicios de consultoría era un 7%, dado que programas de otros momentos como el PRIS, FAS y otros que no forman parte de la Administración Central sino que están radicados en diferentes órbitas, en la reflexión sobre el tema de la pobreza y en la atención de las personas se llegó a consumir el 70% del valor del préstamo. Ahí sí soy muy crítico. Por un 7% de gastos de administración y consultoría no soy crítico, como en la situación del PIAI.

La segunda cuestión que quiero mencionar, simplemente para hacer una corrección, es que no se devolvieron recursos del préstamo del PIAI, sino que frente a la emergencia del año 2002 hubo un redireccionamiento de US$ 30:000.000 -por lo tanto, no son US$ 100:000.000- para atender el sistema nacional de alimentación. Creo que es clara la prioridad que tenía en ese momento la redirección de esos recursos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: sobre este último tema de las reducciones y de cuál fue el destino de los dineros, la Comisión de Hacienda citó en su momento al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y allí se explicó la necesidad de redireccionar que existía en cuanto al sistema financiero. Creo que vale la pena leer la versión taquigráfica de lo que dijo el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; no hace falta otra cosa. Creo que el señor Diputado Cáceres tiene información equivocada sobre este tema, pero alcanza con leer la versión taquigráfica para que quede perfectamente aclarado.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- Tiene la palabra el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: hemos leído y seguido con atención los informes de los partidos políticos que han anunciado su voto negativo a esta Rendición de Cuentas y no hemos podido evitar anotar una notoria serie de incoherencias en algunos de esos informes, relacionadas con el planteamiento que se hace.

Por un lado, la discusión parece estar centrada con referencia a si determinadas partidas deberían estar incluidas en el déficit o no. Lo que ha surgido con absoluta claridad es que los datos de las cifras están contenidos en la Rendición de Cuentas.

Como se decía hace algunos momentos, se podrá discutir si se ponen aquí o se ponen allá; lo que no se puede discutir es que están. En alguno de los casos no sé si no se ha querido entender lo que el señor Diputado Gabriel Pais explicó cuando se refirió, por ejemplo, a los $ 3.706:000.000 de capitalización del Nuevo Banco Comercial. Hace algunos momentos se preguntaba si, en definitiva, alguien dudaba de que esto era una pérdida que debía ser asumida por todos los uruguayos. Yo, efectivamente, no solo dudo sino que, además, creo que no es una pérdida. Como bien explicaba el señor Diputado Gabriel Pais, se trata de un activo recuperable en una inversión hecha en un banco y si mañana se vende, el país va a recuperar parte, todo o algo más de lo que aportó en su momento.

Aludo a incoherencias, por un lado, porque en alguna visión crítica se dice que en determinadas áreas no se ha hecho nada. Así, se hace referencia a algunos comentarios de Ministros en períodos en que el Partido del Representante que habla integraba el Gobierno. Además, dicho Representante aportó su voto para que se aprobara el Presupuesto y, por otra parte, los Representantes de ese Partido presentaron mociones para aumentar el gasto, muchas de las que, por suerte, quedaron en las Comisiones sin ser aprobadas. Por lo tanto, me llama la atención cuando por parte del Partido Nacional se hace este tipo de afirmaciones que, en todo caso, representarían una corresponsabilidad con los aspectos que se pretenden criticar.

En el caso del Encuentro Progresista-Frente Amplio la incoherencia ya estaba antes, pero es mucho más evidente ahora, porque a continuación, en la misma exposición, se reclaman mayores gastos para la Universidad y se dice que debe haber una redistribución del gasto presupuestal. Este es un tema sumamente interesante porque me gustaría saber de dónde se quiere distribuir. Pienso que a la gente le puede interesar mucho y espero que en algún momento esto se explique.

Se habla de la participación porcentual de los distintos Ministerios en los gastos de funcionamiento e inversiones, y yo quiero decir cuáles son las Carteras que gastan más: Ministerio de Defensa Nacional, 5,32%; Ministerio de Salud Pública, 4,87%; Ministerio del Interior, 4,53%; Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2,94%. ¿Es de aquí que se pretende distribuir? Porque si es de aquí, que se explique de dónde se va a sacar el dinero. ¿De qué rubro de esos Ministerios vamos a bajar los gastos y las inversiones para volcarlas a los que tienen menor porcentaje? Después de casi cinco años de integrar la Comisión de Hacienda, no he visto ninguna propuesta de reducción de gastos.

Este es un tema que también me sirve para hacer un comentario referido a la exposición muy inteligente, y que comparto casi íntegramente, del señor Diputado Posada. No entiendo el porqué de su voto negativo a la Rendición de Cuentas, cuando en definitiva lo que se cuestiona es lo que le da origen: el Presupuesto. Si es para mantener una coherencia con el cuestionamiento general de la asignación de los recursos en el Uruguay, lo puedo llegar a entender. En realidad, si lo que él dice es que ahorremos algo en las épocas buenas para cuando vengan las malas, lo comparto íntegramente, pero seamos conscientes de que esa no es la cultura ni el impulso que ha tenido y tiene el Uruguay.

Señor Presidente: aquí todavía no se había terminado de hacer la concesión de la terminal Cuenca del Plata ni de la terminal de contenedores cuando ya se estaba repartiendo la plata. Era con un fin loable; yo no discuto los fines; todos los fines pueden ser loables y se puede necesitar el dinero en muchos sectores de la sociedad. Pero ya se estaba repartiendo el dinero. No terminamos de discutir el impuesto a las trasmisiones deportivas y ya se estaba repartiendo el dinero. Y así va a seguir siendo. Hay una presión tan brutal para repartir lo que hay y lo que no hay, que muchas veces en el Estado estamos recibiendo una cultura que también está en la sociedad. Cuando aquí, en esta misma Cámara, se hablaba de endeudamiento al barrer, debemos decir que hay endeudamientos justificados y endeudamientos no justificados. Y hay gente que ha optado por un estilo de vida que no está de acuerdo con sus ingresos; después, el culpable no es quien toma las decisiones de endeudamiento sino otro, el Gobierno, el Estado, la sociedad toda. Tenemos ejemplos en esta Casa de gente que gasta mucho más de lo que puede y que después se queja.

Ese impulso de gastar más de lo que se tiene está instalado en los partidos políticos y forma parte de la oferta electoral. Y que no se engañe el señor Diputado Posada: lamentablemente, muchas veces no es fácil resistir ese impulso desde el Gobierno cuando se quiere contar con un Presupuesto que es una herramienta quinquenal que, en algún momento, desde mi punto de vista, habría que modificar, inclusive en la Constitución, para tener posibilidades de mucha mayor flexibilidad.

SEÑOR POSADA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Sí, señor Diputado, pero aclaro que después voy a tratar de hacer uso de mi tiempo para poder decir unas cuantas cosas, a pesar de que no es mi estilo no conceder interrupciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Alonso).- De todas maneras, quedan veintidós minutos de su tiempo.

Puede interrumpir el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: el señor Diputado Ronald Pais señalaba que no entendía cómo nosotros nos oponíamos a esta Rendición de Cuentas. Creo que esa ha sido la actitud que ha tenido el Partido Independiente en todas las Rendiciones de Cuentas, porque partiendo desde el principio, que fue el Presupuesto Nacional aprobado en diciembre de 2001, nuestra conducta fue señalar que ese incremento del gasto público y esa falta de disciplina fiscal iban a generar, entre otras cosas, las dificultades que el país tuvo más adelante.

No caigo en la actitud fácil de responsabilizar solamente al Gobierno de este período. Creo que, en todo caso, es una acumulación de errores que se vienen registrando desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, no es la primera vez que nos ocurre que para tratar de corregir algunas de esas dificultades, sobre todo las que refieren al incremento de los precios y a la inflación, generamos el ancla nominal a la política cambiaria, y después nos va como nos va.

Entonces, cuando uno rechaza una Rendición de Cuentas, está rechazando una gestión de Gobierno, que en sus orígenes generó una serie de expectativas en función de determinadas cosas que se dijeron aquí mismo en la Asamblea General. Lamentablemente, cinco años después asistimos nuevamente al clientelismo político desembozado en estos últimos meses en las empresas públicas; o al clientelismo político que también se repite en Intendencias en el interior del país.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)

——Esas realidades son las que, de alguna manera, generan nuestra actitud de rechazo frente a una concepción, a una forma de hacer política, que por cierto nada se compadece con lo que son las dificultades que vive el Uruguay hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede continuar el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: sin pretender insistir demasiado en el tema, creo que una Rendición de Cuentas es exponer al Parlamento si se ha gastado de acuerdo con el Presupuesto, bien o mal, y en todo caso, dar cuenta de cómo se han hecho esos gastos. En ese sentido, estoy absolutamente convencido de que esta Rendición de Cuentas cumple con su objetivo.

Creo, además, que el cuestionamiento a distintas cosas que se pueden hacer en la gestión de Gobierno merece una discusión específica, para lo cual seguramente hoy no nos va a dar el tiempo. De todos modos, diría que si el Partido Colorado está haciendo políticas clientelísticas me dan una muy buena noticia, porque por lo que acaba de expresar el señor Diputado debemos de estar creciendo espectacularmente en las encuestas. Con seguridad, el "clientelismo" -entre comillas- que se puede estar haciendo se confunde con tratar de hacer cosas por y para la gente, sin pensar precisamente en las banderías políticas de quienes reciben los beneficios.

El otro día -recojo aquí algo que se dijo en una reunión interna del Foro Batllista-, alguien mencionó, en esa especialidad que algunos tienen para vestirse con ropajes ajenos, que el Estado y el Gobierno Central muchas veces disponen de recursos para ONG a cuyos representantes y principales directivos después vemos en reuniones políticas de algún partido, figurando en alguna lista, cuando no en algún pseudo congreso técnico donde se recogen algunas de las propuestas programáticas de esa misma fuerza política. Alguien dijo: "¡Caramba! Si el Gobierno está transfiriendo recursos para gente que después pone una bandera de determinado partido político en el frente de su casa, ¿por qué no lo transparenta y por qué no lo dice?" En esa reunión, una licenciada de nuestro sector político contestó: "Lo que pasa es que la transferencia de dineros a las ONG se debe hacer de acuerdo con si son buenas o malas y no a si pertenecen o no a determinado partido político".

Ese es el concepto que maneja el Partido Colorado. Por eso, cuando se ha tratado por todos los medios de llevar algún tipo de mejora de calidad de vida a un sector de la población, por ejemplo, en aquel plan de mejoramiento urbano espectacular que realizó en muchísimos barrios de la República el ahora Diputado y entonces Ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres, no se preguntó a los vecinos del barrio A o del barrio B a quién iban a votar. No se amenazó a la gente con hacer o no la obra según lo que votaba; cuando se iba mejorando determinada calle no se daba la vuelta al llegar a la cuadra donde vivían los votantes de otro partido, cosa que lamentablemente, sobre todo en Montevideo, ha ocurrido en muchos casos que en otra oportunidad podremos discutir.

En cuanto a las objeciones concretas que se venían realizando, decía que habían sido exhaustivamente contestadas por el señor Diputado Gabriel Pais. Hay una de ellas, sin embargo, que merece una contestación especial. Es una referencia en el informe escrito que no se hizo en la exposición verbal, pero que creo que no hay que dejar pasar. Se dice, más o menos en otras palabras, como que en 1999 el Presidente Sanguinetti y el Ministro Mosca habían mentido a la población sobre el déficit, para después reconocer que había sido mucho mayor.

Yo anduve recogiendo publicaciones de aquella época, para rescatar algunas cosas que se dijeron antes y después de la elección. El Ministro Mosca, en el semanario "Búsqueda" de 28 de octubre de 1999, hacía un repaso de todas las cosas en que Uruguay había avanzado en materia económica. Dicho sea de paso, fíjese qué curioso, señor Presidente: el 13 de noviembre de 1999, el economista Ricardo López Murphy, en ese momento uno de los principales asesores económicos del Presidente electo de Argentina, Fernando De la Rúa, destacaba que en Argentina había que hacer lo mismo que había hecho Sanguinetti en el Uruguay. Téngase en cuenta que esa coalición, ese frente merecía muchos aplausos y beneplácitos de varias fuerzas políticas en Uruguay en ese momento; claro que no fue así después, cuando se cayó en el desastre más absoluto. En todo caso, precisamente porque Argentina no hizo lo que Uruguay, le fue como le fue.

También en "Búsqueda", pero de 24 de febrero de 2000, se pregunta al economista Mosca sobre el déficit: "¿Y a cuánto ascendió finalmente?" Él contestó: "Se ubicó en una magnitud próxima a 3,5% del PBI". Le dice el periodista: "Pero entonces el déficit fiscal finalmente fue superior al anunciado por usted en unos US$ 200:000.000. ¿Cómo se explica?" Y dice el economista Mosca: "Partimos del déficit consolidado del año 1998 que fue equivalente a 0,8% del PBI". Fíjese, señor Presidente: 0,8% del PBI en 1998, cuando todavía no había empezado la debacle regional; año que es tomado como referencia hoy por todos los que examinan la situación económica del Uruguay como el paradigma al cual hay que tratar de acercarse y superar rápidamente; año que, por si alguien no lo recuerda, correspondía a un Gobierno colorado presidido por el doctor Sanguinetti.

Continúa el economista Mosca: "En 1999 hubo una fuerte caída en la recaudación tributaria. Los menores impuestos recaudados en la DGI y en el comercio exterior y el aumento en las transferencias al BPS implicaron en conjunto una cifra equivalente a 1,8% del PBI. Vale decir que el impacto de la fuerte recesión que enfrentamos y del deterioro del ingreso nacional implicó una caída de la recaudación que, por esta única vía, expandía el déficit fiscal a un equivalente a 2,6% del PBI. Paralelamente, hubo que enfrentar gastos extraordinarios que estaba previsto efectuar y que eran por única vez:" -esto es importante- "deudas del MSP, pagos por la ordenanza 30 (caja militar), juicios perdidos por la Administración, algunos subsidios y el costo asociado a las elecciones nacionales. El conjunto de estos gastos que, insisto, aparejaron pagos por única vez, representaron una magnitud equivalente a 0,4% del PBI".

Sigue el periodista preguntando: "¿Hubo otros gastos no previstos?" Y contesta el economista Mosca: "Sí, la sequía que aún padecemos no solo tuvo efectos en las finanzas de la Administración Central; también impactó en los costos de UTE por generación de energía más cara. Asimismo, mayores compras de combustibles en ANCAP a las previstas en nuestro programa y a un precio superior implicaron mayores erogaciones de caja. Pero hubo otros pagos por única vez. Se cancelaron las deudas con los partidos políticos que estaba previsto realizar a comienzos del año. Además, el cambio en la política de encajes del BCU aparejó un adelanto en el pago de intereses de deuda por una cifra considerable (próxima a US$ 30:000.000). También se cancelaron deudas en los suministros a empresas. En conjunto, estos gastos adicionales -imprevistos o previsto su pago en el Ejercicio en curso- implicaron una cifra equivalente a 0,6% del PBI".

Estas aclaraciones que da el economista Mosca -la nota es más larga; está hecha la referencia para aquellos a quienes le interese continuar su lectura- explican qué había pasado. Es decir: se había hecho una previsión de buena fe, que fue superada por distintas circunstancias que en febrero de 2000, antes de que asumiera un nuevo Gobierno del Partido Colorado, se transparentaban en la opinión pública de una manera absolutamente rotunda.

Por lo tanto, si se culpa de mala fe o engaño, rechazamos absolutamente esas imputaciones. Si se dice que hubo una previsión en la que se erró, admitimos que sí. Ahora bien; en eso no somos los únicos. Podríamos citar con fecha y lugar las veces en que se hicieron previsiones sobre el déficit municipal de la Intendencia Municipal de Montevideo, que fueron ampliamente superadas por la realidad.

Quiero hacer un comentario que no puedo evitar por ser Diputado por Montevideo. No solamente hay erudición en la Intendencia Municipal de Montevideo sobre déficit, sobre todo teniendo en cuenta que en 1990 se entregó una Intendencia con superávit, sino que, además, en materia de transparencia, ¡ojalá que nosotros, en la oposición del Gobierno Municipal de Montevideo, tuviéramos un porcentaje de los datos que sí llegan al Parlamento Nacional!

¿Se habla de transparencia cuando todavía es una caja negra lo que se transfiere a las ONG? ¿Se habla de transparencia cuando no ha aparecido una sola Rendición de Cuentas que nos diga cómo se ha gastado ese dinero tan importante para los montevideanos? El Gobierno Nacional ha bajado impuestos, pero el Gobierno de Montevideo los aumentó y no ha bajado ni uno solo.

(Apoyados)

——En todo caso, anuncia que va a establecer nuevos impuestos o que va a intentar nuevos ingresos para la Intendencia, aunque no precisamente para financiar obras. En ese caso, podríamos hacer un largo comentario sobre el particular.

En todas sus comparecencias ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, el Gobierno Nacional ha estado presto a brindar la información que se le ha solicitado, y mucha de ella es la que sirve para establecer determinados parámetros de desacuerdo o de crítica. Entendemos que existe derecho a criticar, pero nosotros también tenemos el derecho a decir que no la compartimos.

Todos estos hechos que de alguna manera van perfilando la consideración y la postura política con respecto a este tema -a lo que se refería el señor Diputado Gabriel Pais en forma correcta- deben ser atendidos. Lo que se pretende no es decir que el Tribunal de Cuentas, presidido por un colorado, podría estar en una especie de conspiración o postura política en contra de la aprobación de la Rendición de Cuentas. No es así. A lo que se refería el señor Diputado Gabriel Pais no era a eso sino al hecho de que el representante del Frente Amplio en el Tribunal de Cuentas, el contador Álvarez, antes de que la Rendición de Cuentas entrara a consideración de ese Tribunal ya salía en radio y televisión a decir que el déficit era mayor, que las cifras del Gobierno estaban mal y cuál iba a ser su posición con respecto a la Rendición de Cuentas, con una actitud de prejuzgamiento y una postura política que no corresponden a un Ministro del Tribunal de Cuentas.

Naturalmente, los partidos políticos tienen todo el derecho a adoptar posturas, pero nosotros tenemos todo el derecho a decir que en la Rendición de Cuentas se ha dado la información que se ha requerido y que, en definitiva, los datos de mayor o menor déficit estarán donde se quieran ubicar esas cifras, pero no significa que las cifras no estén.

Antes de hacer un comentario sobre el contexto, quisiera referirme a algunos temas en particular. No quisiéramos examinar si la actitud de determinado organismo o funcionario es correcta o incorrecta, aunque no tenemos ningún empacho en decir que el hecho de que se financie la carrera universitaria de un funcionario en una universidad privada por parte de un organismo del Estado no nos parece correcto. Desde nuestro punto de vista, debería haber responsabilidad administrativa.

Tampoco nos parece correcto, en tren de moralidad y de hacer las cosas como se deben, que uno o varios funcionarios públicos o hasta un Gobierno Departamental traten de disfrazar como viático lo que son remuneraciones u horas extra, para aportar al Banco de Previsión Social y defraudar a los jubilados en un 50%. Eso no está nada bien. En todo caso, si nos vamos a golpear el pecho vamos a hacerlo con cuidado, no sea cosa que nos dé demasiada tos.

Una vez, el señor Diputado Guillermo Álvarez -me permito citarlo- dijo que al virus de la corrupción no es inmune ningún partido político. Estoy convencido de eso. También puedo decirlo de la mala administración y de los errores que se cometen. Si vamos a buscar ejemplos, vamos a encontrar en todos los partidos políticos algún caso que podría exponerse aquí y discutirse.

También se ha hablado de los asentamientos. Más allá de la explicación que daba el señor Diputado Cáceres, se comentaba que era un ejemplo inédito de ineptitud o inoperancia. Sin embargo, conozco uno más grande: el saneamiento de Montevideo. Ese sí que es un caso de ineptitud y omisión. Se trata de un contrato del año 1996, con seis años de gracia. Estamos en el año 2004 y se pidió un "waver". No sé cuándo se va a terminar. La obra se tenía que terminar en seis años, pero ya han pasado ocho. Además, un dato bastante ilustrativo es que el 60% de lo erogado fue en gastos administrativos e intereses. Solo el 40% se utilizó en obras. Si este no es un caso de inoperancia, no sé cómo llamarlo. Hay otros, pero este sí que es grande.

Este otro programa, que no me satisface cómo ha operado, creo que se estructuró en forma errónea, con demasiados responsables y demasiada gente para acordar y desarrollar las cosas. No se estructuró bien y no ha marchado de la forma que se había estimado; no tengo ningún problema en reconocerlo. Es bueno hacer autocríticas para que las cosas marchen mejor. Sin embargo, la mayor concentración de asentamientos está en Montevideo.

¿Quién pone la luz? UTE. ¿Quién pone el agua? OSE. ¿Quién pone las comunicaciones? ANTEL. ¿Quién da la alimentación? El INDA. Quedó al desnudo que alguna gente que se vestía con plumajes ajenos recibía los alimentos del INDA para distribuirlos. ¿Quién da asistencia sanitaria? En forma abrumadoramente mayoritaria lo hace el Ministerio de Salud Pública. Es bueno que existan policlínicas municipales, pero necesitan medicamentos, análisis y placas de Salud Pública. Por lo tanto, los médicos de familia, las policlínicas y los hospitales de Salud Pública son los que dan la asistencia mayoritaria a los sectores más carenciados. ¿Qué ocurre con la educación? ¿Quién da alimentación escolar y se ocupa de las escuelas de tiempo completo? ¿Qué ocurre con los empleos comunitarios? El 70% es solventado por el Gobierno Nacional y solo el 30% por la Intendencia, a pesar de que todos los días hay un jerarca municipal que se atribuye en forma exclusiva el Plan Montevideo y no menciona a los organismos nacionales que lo apoyan. Lo mismo podríamos decir del plan de invierno, y ni qué hablar de las ONG. Está muy bien todo lo que se hace con la comunidad, pero creo que hay que hacer una rendición de cuentas importante.

Se ha hablado del contexto. En el tiempo que nos quede en esta sesión no vamos a dejar decir cosas sin contestarlas. Hemos concedido demasiado con el silencio y creo que no lo debemos hacer más. El contexto no es solamente para atrás sino también para adelante. La Rendición de Cuentas no se puede analizar sin ver el contexto de los años 2003 y 2004, en que han aumentado las exportaciones, los empleos y las inversiones, ha habido un gran crecimiento del sector agrícola y ganadero, así como del turismo, el consumo y el PBI, y reactivación del sector industrial, que en este último semestre creció un 30% con respecto al año pasado. Estamos un 10% por debajo del año 1998, con tendencia al crecimiento. También ha bajado el riesgo país.

Quiere decir que aquellas personas que tanto cacareaban sobre la rotura del modelo, que tanto han tratado de mentirle a la gente hablando de un esquema neoliberal, hoy deben llamarse a silencio, porque en definitiva tratan de enfatizar en el vaso medio vacío y yo trato de enfatizar en el vaso medio lleno, que va a estar mucho más lleno dentro de muy poco tiempo; pero no por obra del Gobierno que va a venir, sino de este. Vamos a tener menos pobreza, menos mortalidad infantil y más empleo. Tenga usted la seguridad de que así va a ser, señor Presidente.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: ante las alusiones realizadas, por obligación con nuestra representación política, queremos dejar un par de constancias.

Algunas de las discusiones indican que hay quienes tienen más vocación de Ediles que de legisladores nacionales. En todo caso, si queremos comparar Intendencias, comparemos unas con otras. En materia de transparencia, pocas semanas después de haber asumido la primera Administración de Montevideo que correspondió a nuestra fuerza política pasaron a hacerse públicos los acuerdos. Hoy son públicos para quien quiera; todos los acuerdos del Intendente se realizan con la asistencia de la prensa e, inclusive, con una barra para los ciudadanos. Por allí pasan absolutamente todas las resoluciones de quien, por otra parte, es el único ordenador primario del gasto.

En segundo lugar, en la Intendencia Municipal de Montevideo todas las resoluciones del Intendente -están numeradas, por lo cual cuando falta alguna en seguida se reclama- van con copia a la Junta Departamental. Ojalá en todo el país se siguiera este temperamento, porque en muchos lugares del país -lo sabemos todos- es muy difícil conseguir las resoluciones con más de cuatro designaciones o asignaciones diversas. Los Ediles tienen acceso a ellas y allí están todos los gastos.

Por otra parte, creo que el señor Diputado Ronald Pais está muy mal asesorado. Le puedo asegurar -que esté tranquilo- que los porcentajes que se usan en el Plan de Saneamiento de Montevideo no tienen nada que ver con los que él manejó. No solamente fui responsable de ellos durante un tiempo sino que sentí la obligación de seguir ese Programa, lo sigo regularmente y le ofrezco darle las cifras oficiales que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien las obras, a tono con lo que pasa en el país, han sufrido un cierto enlentecimiento, han sido un ejemplo para otros países de la región. Eso lo sabemos todos.

SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: si cualquier ciudadano despistado encuentra las puertas abiertas del Palacio Legislativo y entra, va a pensar que hay un enfrentamiento tremendo entre el Partido Colorado y el Encuentro Progresista para ver quién ha tenido una mejor actuación durante los cinco años. Por un lado, los Representantes del Partido Colorado atacan lo que ha sido la Administración Municipal y, por otro, el Frente Amplio ha planteado discutir lo que venimos a discutir: la Rendición de Cuentas.

Podemos tener concepciones diferentes sobre la Rendición de Cuentas, pero no viene al caso.

Creo que todos los partidos políticos nos equivocamos. ¡Cuidado de aquel que piense que no se ha equivocado y que siempre ha acertado en todo lo que ha hecho! Soy de los pocos privilegiados que ha estado en el sistema político desde 1985 cumpliendo actividades de Gobierno desde la oposición o desde el oficialismo. Durante 15 años fui Edil y en mi primera Legislatura me tocó ser oposición mientras el Partido Colorado era Gobierno. Hete aquí que, terminada esa primera Legislatura, ganó la Intendencia el Frente Amplio por primera vez. En la siguiente elección el Frente Amplio ganó por una mayor cantidad de votos, y en la siguiente, por una diferencia aún mayor. Y resulta que se escuchan retóricos discursos tratando de señalar nuestras carencias.

¿Estarán tan equivocados las señoras y los señores que llevan adelante las empresas encuestadoras? ¿Será tan así la cosa? Porque ante cada elección aumentamos el caudal de votos, y aquellos que nos critican tan duramente, ante cada elección -se puede ver en la televisión o en cualquier otro lado-, no diría que se estancan sino que bajan en su caudal de votos. Menos mal que no hay nadie en las barras, que esto no se escucha y pasa totalmente inadvertido, porque si no, esta situación de querer llegar a ser Edil haciendo grandes discursos en la Cámara de Representantes daría para algún comentario público que, evidentemente, la prensa tampoco va a recoger.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: si alguien pretende ofenderme con el comentario de que yo pueda tener vocación de Edil, realmente erra el bizcochazo, porque creo que esa labor es una de las más dignas que puede llegar a cumplir un ciudadano. Ojalá me tocara terminar mi carrera política como Edil. Para mí sería un honor. El objetivo del comentario refiere a una estrategia muy manida de tratar de descalificar al adversario y no hablar de las razones ni discutir el fondo. Yo siempre estoy esperando ese escenario pero nunca se da.

En la Junta Departamental de Montevideo, una mayoría regimentada levanta la mano de yeso, no vota las Comisiones Investigadoras, impide las discusiones y en ella se ha obstaculizado e impedido la creación del Ombudsman, aspiración larga e infructuosamente planteada por el Partido Nacional, a pesar de que quien primero lo planteó fue un Edil del Partido Colorado, el señor César García.

La Comisión de Transparencia, tan pomposamente creada por la Intendencia, no descubrió las irregularidades brutales de las concesiones del Parque Rodó, que eran titulares en todos los diarios. Les pasó el elefante por la puerta y no se dieron cuenta. Con respecto al tema del saneamiento, ¡vaya si podríamos decir! Y, si lo aprueba el BID, algo funciona mal en ese organismo.

En lo que refiere a las encuestas, no necesariamente los votos dan razones. Si los votos dieran razones, dado el resultado de tres de las últimas cuatro elecciones nacionales, la razón la tendría el Partido Colorado. Sin embargo, no he visto que la oposición haya dejado de serlo, muchas veces más virulenta, otras más radical, y estará convencida de que tiene razón.

Yo respeto eso, pero quiero que también se me respete que estoy convencido de que tengo razón, que el Gobierno de Montevideo ha sido pésimo desde 1990, más allá de los votos que pueda haber llegado a tener.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Vamos a someter a votación los tres proyectos de resolución que han llegado a la Mesa y que coinciden en su contenido, y una moción presentada por el Partido Colorado.

Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

"Recházase el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2003".

¾ ¾ Léase una moción presentada por las señoras Diputadas Tucuna, Rondán y Saravia Olmos, y los señores Diputados Estévez, Martínez, Cáceres, Caballero, Guynot de Boismenú, Trivel y Abdala.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se apruebe el siguiente proyecto.- Artículo Único.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2003, con un resultado deficitario de: A) $ 16.976:607.960,00 (pesos uruguayos dieciséis mil novecientos setenta y seis millones seiscientos siete mil novecientos sesenta) correspondiente a la ejecución presupuestaria y; B) $ 12.374:112.236,00 (pesos uruguayos doce mil trescientos setenta y cuatro millones ciento doce mil doscientos treinta y seis) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales, reglamentarias y de compensaciones efectuadas con el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).- Apruébanse las partidas a regularizar y los créditos no financiados por el Estado incluidos en el Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2002, incorporados a la presente ley como anexo.- Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a adelantar al Banco de la República Oriental del Uruguay, con cargo a Rentas Generales, los importes que eventualmente faltaran para completar el flujo de fondos previsto en el convenio suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la República Oriental del Uruguay con fecha 12 de febrero de 2004, en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución leído en primera instancia.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 13 y 58)

 

 

 

 

Dr. JOSÉ AMORÍN BATLLE

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.