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N° 3146 - 3 DE SETIEMBRE DE 2003

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

44ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES DOCTOR JORGE CHÁPPER (Presidente)
Y DOCTOR ALBERTO SCAVARELLI 1er.Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN
Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

 

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 2 de setiembre de 2003.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 3, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. (Aumento). (Carp. 2122/002). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 946 y Anexo I

3º.- Tratado (Estatuto) para la Creación del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID). (Aprobación). (Carp. 2340/002). (Informado). (VOTACION). Rep. 1035 y Anexo I

4º.- Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las Agencias de Colocación. (Ratificación). (Carp. 2170/002). (Informado). Rep. 974 y Anexo I

5º.- Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación). (Carp. 1821/001). (Informado). Rep. 841 y Anexo I

6º.- Tiempo compartido. (Regulación). (Carp. 213/000). (Informado). Rep. 132 y Anexo I

7º.- Retenciones sobre sueldos y pasividades a favor de cooperativas de ahorro y crédito. (Modificación del artículo 6º de la Ley Nº 13.988). (Carp. 3204/003). (Informado). Rep. 1360 y Anexo I

8º.- Empresas que fabrican bebidas sin alcohol. (Normas para el control de su actividad). (Carpeta 2994/003). (Informado). Rep. 1274 y Anexo I

9º.- Juicios ejecutivos. (Nuevos requisitos para su iniciación). (Carp. 2577/002). (Informado).

Rep. 1116 y Anexo I

10.- Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. (Modificación del régimen de jubilaciones y pensiones que sirve). (Carp. 3052/003). (Informado). Rep. 1302 y Anexo I

 

 

 

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Reducción de los recursos destinados a la construcción de viviendas.

— Exposición del señor Representante Castromán Rodríguez

8.- Incremento de las tarifas de las empresas públicas.

— Exposición del señor Representante Ibarra

9.- Implementación de facilidades para la concurrencia a los partidos de la selección uruguaya de fútbol.

Ubicación del monumento a los fallecidos en la tragedia de los Andes.

— Exposición del señor Representante Abdala

10.- Solidaridad con el ex Director Nacional de Aduanas, doctor Víctor Lissidini.

— Exposición del señor Representante Baráibar

11.- Demora en la entrega de partidas para el traslado de estudiantes de zonas rurales del departamento de Soriano.

— Exposición del señor Representante Arregui

12.- Solicitud de que se exonere del IVA a discos y casetes nacionales.

— Exposición del señor Representante Ronald Pais

CUESTIONES DE ORDEN

14.- Aplazamiento

13.- Integración de la Cámara

13.- Licencias

VARIAS

15.- Comisión de Salud Pública. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara)

16.- Comisión Investigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo. (Prórroga de plazo)

18 y 20.- Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario. (Prórroga de plazo)

22.- Seminario internacional "Experiencias de fortalecimiento del Poder Legislativo".

— Información de la Mesa

ORDEN DEL DÍA

17, 19, 21, 25 y 27.- Subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. (Aumento).

(Ver 43ª sesión)

— Se aprueba un proyecto de declaración

— Texto del proyecto aprobado

23.- Tratado (Estatuto) para la Creación del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID). (Aprobación).

(Ver 43ª sesión)

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

24 y 26.- Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación. (Ratificación).

Antecedentes: Rep. Nº 974, de mayo de 2002, y Anexo I, de diciembre de 2002. Carp. Nº 2170 de 2002. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación. Se devuelve al Senado

— Texto del proyecto aprobado

28.- Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 841, de diciembre de 2001, y Anexo I, de abril de 2003. Carp. Nº 1821 de 2001. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

29.- Tiempo compartido. (Regulación).

Antecedentes: Rep. Nº 132, de mayo de 2000, y Anexo I, de julio de 2002. Carp. Nº 213 de 2000. Comisión de Turismo.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

30.- Retenciones sobre sueldos y pasividades a favor de cooperativas de ahorro y crédito. (Modificación del artículo 6º de la Ley Nº 13.988).

Antecedentes: Rep. Nº 1360, de julio de 2003, y Anexo I, de setiembre de 2003. Carp. Nº 3204 de 2003. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Álvaro Alonso, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, Mario Amestoy, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Silvia Ferreira, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Gabriela Garrido, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Miguel Guzmán, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Arturo Lamancha, Julio Lara, Félix Laviña, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, León Lev, Guido Machado, Juan Máspoli Bianchi, José Homero Mello, Felipe Michelini, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Ruben Obispo, Andrés Oribe, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Patrone, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui, Carlos Riverós, Glenda Rondán, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Pedro Señorale, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Jaime M. Trobo, Fernando Vázquez y Walter Vener Carboni.

Con licencia: José Amorín Batlle, Raquel Barreiro, José Bayardi, Brum Canet, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, Artigas Melgarejo, Gustavo Penadés, Ambrosio Rodríguez, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande y Raúl Sendic.

Falta con aviso: Roberto Arrarte Fernández.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 250

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 22 de agosto de 2003, ha promulgado la Ley Nº 17.683, por la que se prorroga por noventa días, el plazo para ampararse al régimen de facilidades de adeudos ante el Banco de Previsión Social previsto por la Ley Nº 17.555, de 18 de setiembre de 2002. C/3024/003

-     Archívese

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo:

-    A la Comisión de Defensa Nacional

por el que se concede una pensión graciable al profesor Nelson Di Maggio. C/3324/003

-    A la Comisión de Seguridad Social

La citada Presidencia remite fotocopia autenticada de las resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo autorizando trasposiciones de rubros entre Proyectos de Inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. C/105/000

-     A la Comisión de Presupuestos

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se autoriza la salida del país de un contingente de la Armada Nacional –Sub Prefectura del Chui-, a efectos de participar en los actos conmemorativos de la Independencia de la República Federativa del Brasil, a llevarse a cabo el día 7 de setiembre de 2003, en la Prefectura Municipal de Chuy. C/3325/003

-     A la Comisión de Defensa Nacional

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Seguridad Social se expide sobre el proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al régimen previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. C/3052/003

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 6º de la Ley Nº 13.988, de 15 de julio de 1971, relativo a la autorización de retenciones sobre sueldos y pasividades a favor de las cooperativas de ahorro y crédito. C/3204/003

La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre los siguientes asuntos:

-     Se repartieron con fecha 2 de setiembre

COMUNICACIONES GENERALES

La Asamblea de Productores de CONAPROLE remite nota por la que comunica su posición con respecto a la aplicación del Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera, a la leche pasteurizada que exporta. C/8/000

-     A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes:

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Carlos Riverós solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio al Banco Hipotecario del Uruguay, acerca de la presunta adjudicación de viviendas en un barrio de Montevideo y la actuación de un ciudadano en el proceso. C/3316/003

El señor Representante Pablo Mieres solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado la intervención del Ministerio en los procesos de instalación y construcción de estaciones de servicio. C/3317/003

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

El señor Representante José Carlos Mahía solicita se cursen un pedido de informes al Tribunal de Cuentas, relacionado con la auditoría solicitada por la Junta Departamental de Canelones. C/3320/003

El señor Representante Ramón Fonticiella solicita se curse los siguientes pedidos de informes:

-     Se cursaron con fecha 2 de setiembre

PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley, por el que se crea el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. C/3326/003

-     A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social".

3.-      Proyectos presentados.

"PROGRAMA NACIONAL DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN DE LA HIPOACUSIA. (Creación).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todo niño recién nacido tiene derecho a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde oportuno tratamiento, si lo necesitare.

Artículo 2º.- La realización de estos estudios deberá ser realizada a todo recién nacido, antes del tercer mes de vida, por egresados de la Licenciatura en Fonoaudiología, de acuerdo a las normas que establezca la autoridad competente, conforme al avance de la ciencia y la tecnología para la detección temprana de la hipoacusia.

Artículo 3º.- Los centros de salud públicos y privados deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas, así como la rehabilitación fonoaudiológica a cargo de los especialistas referidos en el artículo anterior.

Artículo 4º.- Créase el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, que tendrá los siguientes cometidos, sin perjuicio de otros que se le asignen por vía reglamentaria:

A) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, detección y atención de la hipoacusia.

B) Coordinar las campañas de educación y prevención de la hipoacusia, tendientes a informar sobre la importancia de la realización de los estudios de diagnósticos tempranos, incluyendo la inmunización contra la rubéola y otras enfermedades inmunoprevenibles.

C) Planificar la capacitación de los recursos humanos en las prácticas diagnósticas y tecnología adecuadas.

D) Realizar los estudios estadísticos que abarquen todo el país con el fin de evaluar el impacto de aplicación de la presente ley.

E) Arbitrar los medios necesarios para proveer a todos los hospitales públicos con servicios de maternidad, neonatología u otorrinolaringología los equipos y personal técnico necesarios para la realización de los diagnósticos que fueren necesarios.

F) Proveer gratuitamente prótesis y audífonos a los pacientes de escasos recursos cuya cobertura médico asistencial sea realizada por dependencias del Ministerio de Salud Pública.

G) Establecer las normas para acreditar los servicios y establecimientos incluidos en la presente ley, los protocolos de diagnóstico y tratamiento para las distintas variantes clínicas y de grado de las hipoacusias.

Artículo 5º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, con excepción de los que quedan a cargo de los centros de salud privados, se financiarán con cargo a los créditos correspondientes a las partidas presupuestarias del Inciso 05 - Ministerio de Salud Pública.

Montevideo, 2 de setiembre de 2003.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, JORGE CHÁPPER, Representante por San José, LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE, Representante por Canelones, GUSTAVO AMEN VAGHETTI, Representante por Lavalleja, WILMER TRIVEL, Representante por Artigas, DANIEL BIANCHI, Representante por Colonia, RAÚL ARGENZIO, Representante por Lavalleja, RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones, ORLANDO GIL SOLARES, Representante por Colonia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Promover la comunicación desde el nacimiento

Según la Organización Mundial de la Salud, en su informe de 1999, la sordera es la anormalidad congénita más común en el recién nacido respecto de los padecimientos de la primera infancia.

Por otra parte, recientes estudios llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud concluyen que los niños cuya sordera es percibida oportunamente y reciben terapia apropiada, antes de los seis meses de edad, desarrollan mayor habilidad de lenguaje que los descubiertos tardíamente.

El objetivo de la detección temprana es identificar a los niños que tienen problemas de audición con el objeto de prevenir complicaciones posteriores para comunicarse. Para garantizar el éxito de este programa se necesita establecer sistemas eficientes de monitoreo de tal forma que los niños con pérdida de la audición no dejen de recibir la atención que requieren después del diagnóstico.

La identificación temprana de los niños que están sordos o que tienen problemas para oír, seguida por intervenciones apropiadas, le da a los niños una mejor posibilidad de desarrollar su capacidad cognitiva y de lenguaje necesarias para lograr el éxito social y académico. Por lo general, estos programas deben constar de tres partes principales: chequeo médico, evaluación auditiva e intervención temprana de la audición y tratamiento.

Chequeo médico: Todos los bebés deben ser revisados antes de cumplir un mes de edad, de preferencia antes de salir del hospital en el que nacieron. Sin un chequeo universal, la edad promedio en la que se detectan los problemas del oído es entre los dos y los tres años.

Evaluación auditiva: Todos los niños con problemas para oír deben ser evaluados. En el caso de que se confirme la pérdida de la audición, los niños deben ser enviados para una evaluación más exhaustiva.

Intervención: Todos los niños que no pueden oír deben ser puestos en programas de intervención. Es el deber de los profesionales darle a las familias la información necesaria sobre las diferentes opciones disponibles para que puedan tomar una decisión adecuada.

La adopción de un programa de esta naturaleza debe formar parte de un esfuerzo nacional para promover la detección temprana de la pérdida de la audición, el monitoreo de bebés y niños que están sordos o tienen problemas de audición, y el inicio de sistemas de intervención efectivos.

La detección temprana de los problemas auditivos es muy importante para mejorar las expectativas de integración del niño en la sociedad. Son importantes también las herramientas de evaluación del problema auditivo del niño y es esencial la coordinación y trabajo conjunto de todos los profesionales relacionados para poder determinar antes de los dos años de vida si un niño se beneficiará de los audífonos o por el contrario será candidato a un implante coclear.

Conseguir realizar éste trabajo de detección y actuación temprana de forma coordinada, junto con la ayuda de las nuevas tecnologías, servirá para que en un futuro prácticamente la totalidad de los niños que nazcan con problemas auditivos puedan adquirir lenguaje.

Durante los primeros meses de vida disponemos de una mayor plasticidad cerebral; por ello la precocidad en el diagnóstico de la sordera y una adaptación protésica temprana es fundamental para que los profesionales de la logopedia puedan obtener un mayor aprovechamiento del trabajo de estimulación precoz y por lo tanto un desarrollo del lenguaje del niño lo más normal posible.

Numerosos estudios muestran que los niños con pérdidas auditivas que usan audífonos desde antes de los seis meses de edad, pueden desarrollar unas habilidades del lenguaje y del habla muy superiores si se compara con niños que empiezan el tratamiento más tarde.

En la actualidad, la tecnología pone al alcance de los servicios médicos recursos técnicos muy avanzados que permiten realizar un "screening" neonatal muy efectivo en bebés recién nacidos, siendo así los diagnósticos más precisos y precoces que hace unos años.

Algunos datos estadísticos

De cada mil niños nacidos vivos normales, entre uno y cinco, nacen con sordera profunda, severa o moderada. Debido a que ésta es la única patología que presentan, lo habitual es que se detecte tardíamente, en general a partir de los dos años de edad, cuando sus padres consultan porqué no ha desarrollado el lenguaje.

Si a esta cifra le agregamos los recién nacidos que nacen con riesgo de sordera por presentar patologías prenatales o perinatales, cuya incidencia es de cincuenta cada mil niños nacidos vivos y que tampoco son evaluados sistemáticamente, llegamos a la cifra de cincuenta y cinco niños en mil con posible sordera, que no son detectados tempranamente o sea antes de los seis meses de vida como lo define la Academia Americana de Pediatría, el Comité de Hipoacusia Infantil y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos que son quienes rigen las normas de detección de la sordera en los niños.

Implementación

Se define como "detección temprana" la practicada antes de los seis meses de edad. Es por eso que se recomienda realizar un estudio auditivo en los recién nacidos antes de ser dados de alta a las cuarenta y ocho horas de vida.

La detección posibilita el diagnóstico temprano de sordera o hipoacusia en un niño. Contar con este diagnóstico permite la intervención inmediata con la estimulación auditiva y el equipamiento de audífono, evitando las demoras y pérdida de tiempo que llevaría a un retraso en la adquisición del habla y del lenguaje. El diagnóstico y tratamiento inmediato de la hipoacusia -antes de los seis meses de vida- brinda a los niños la posibilidad de alcanzar un desarrollo normal del lenguaje, mejorando el rendimiento escolar, el aprendizaje y el ajuste adecuado en la sociedad. En algunos países desarrollados ya se realizan en forma obligatoria las pruebas para la detección de hipoacusia en todos los recién nacidos.

La forma de implementar la detección de la sordera en los centros de salud es mediante un protocolo que permite estudiar la audición del recién nacido y realizar un seguimiento cuando se detecta sordera.

( Ver Esquema )

Este esquema muestra el plan desde que se realiza el primer estudio hasta el alta auditiva en algunos casos, y cómo en otros se comienza un seguimiento que luego de la confirmación de la sordera permite conectar al paciente con los grupos especializados para su adecuada intervención y tratamiento: equipamiento con audífonos, estimulación auditiva, estimulación del lenguaje y/o implante coclear.

Actualmente, con el financiamiento del Fondo Nacional de Recursos se realizan doce implantes por año a niños menores de siete años. Los implantes cocleares, por tanto, están diseñados para ayudar a personas con sordera profunda y que no obtienen beneficio con los audífonos. Esta intervención se realiza en casos de sorderas profundas bilaterales que no se deban a daños en el córtex cerebral, con destrucción total de la cóclea y que no puedan beneficiarse de audífonos convencionales.

El implante coclear es un dispositivo transformador que se encarga de estimular el nervio auditivo de manera similar a como lo haría el sonido, de esta manera se consigue una sensación parecida a la que experimentan las personas oyentes ante cualquier estímulo sonoro.

Esta técnica no presenta complicaciones ni tiene riesgos, y tras la operación el paciente puede hacer una vida normal. Es imprescindible luego de la intervención una estimulación temprana y un proceso intenso de rehabilitación.

El éxito de un programa de detección de la sordera no se juzga por el número de recién nacidos investigados, sino por el número de casos identificados y por la edad en la que comienza la intervención, el tratamiento y su rehabilitación.

Forma de realizar la detección de la sordera

A partir de 1990 se implanta el uso del examen de emisión oto-acústicas como técnica fisiológica para la detección de la sordera en los recién nacidos.

El registro de emisiones oto-acústicas por producto de distorsión es un estudio objetivo que consiste en la estimulación de las células ciliadas externas del órgano de Corti, del oído interno que registra las emisiones oto-acústicas que ellas producen. La prueba se basa en que las células de la cóclea (el órgano de la audición que se encuentra en el oído interno), tienen la propiedad de emitir pequeños sonidos al ser estimuladas con un ruido. La emisión de estos pequeños sonidos (que son detectados por un micrófono en miniatura que se ubica en el conducto auditivo del bebé) nos dice que la cóclea está funcionando y que el bebé oye normalmente. Por esta técnica se puede comprobar la indemnidad o la lesión del oído externo, medio e interno, desde el punto de vista anátomo-fisiológico.

Las ventajas que tiene esta técnica sobre otros estudios auditivos son las siguientes: a) no requiere de ningún tipo de anestesia; b) se puede realizar en las habitaciones de internación, dentro de los servicios de neonatología, e incluso dentro de las incubadoras; c) el tiempo que requiere este estudio no sobrepasa los diez minutos; d) es un estudio no invasivo, o sea que no produce molestia al paciente estudiado; e) se puede realizar el estudio en estado de vigilia o dormido.

Relación costo-beneficio

En países como Estados Unidos, Brasil y Argentina se ha estudiado el costo que produce una persona sorda a lo largo de su vida (educación especial, pensiones, etcétera), con respecto a una persona oyente. Se ha determinado que en cuanto a la educación escolar, por citar un ejemplo, el costo de un niño sordo no rehabilitado es tres veces mayor que el de un niño oyente o de un niño sordo con implante coclear colocado tempranamente, rehabilitado y que concurre, por lo tanto, a una escuela normal.

Antecedentes en la legislación comparada

El presente proyecto de ley tiene múltiples antecedentes en la legislación comparada. En particular, su redacción sigue los principales lineamientos de la Ley Nº 25.415, sancionada por el Congreso de la República Argentina el 4 de abril de 2001.

Montevideo, 2 de setiembre de 2003.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, JORGE CHÁPPER, Representante por San José, LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE, Representante por Canelones, GUSTAVO AMEN VAGHETTI, Representante por Lavalleja, WILMER TRIVEL, Representante por Artigas, DANIEL BIANCHI, Representante por Colonia, RAÚL ARGENZIO, Representante por Lavalleja, RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones, ORLANDO GIL SOLARES, Representante por Colonia".

4.-     Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 20)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Carlos Riverós solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, relacionada con la posibilidad de establecer facilidades de pago y quitas a clientes buenos pagadores del Banco. C/27/000

El señor Representante Daniel García Pintos solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios del Interior, y de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y a la Universidad de la República, acerca de la ocupación de centros docentes. C/27/000

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro:

El señor Representante Darío Pérez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

5.-     Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 2 de setiembre de 2003:

Con aviso: Roberto Arrarte Fernández, Ruben Carminatti, Luis José Gallo Imperiale y Alberto Perdomo.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 2 de setiembre

DEFENSA NACIONAL

Con aviso: José Bayardi.

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Gustavo Penadés.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Eduardo Chiesa Bordahandy.

TURISMO

Con aviso: Roberto Arrarte Fernández.

ESPECIAL CON EL COMETIDO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD

Con aviso: Carlos Baráibar, Julio Lara y Luis Alberto Lacalle Pou".

6.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta y uno: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Carlos Riverós al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, relacionada con la posibilidad de establecer facilidades de pago y quitas a clientes buenos pagadores del Banco.

"Montevideo, 2 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Diversas instituciones públicas, como el Banco de Previsión Social (BPS) y el BHU, ante la crisis económica que afecta a nuestra población, han otorgado quitas y facilidades de pago a los deudores morosos. También se otorgaron los mismos beneficios a los buenos pagadores, facilitándoles así el pago del saldo de sus deudas. Sin embargo, el BHU limitó esas medidas a un determinado plazo de tiempo y quienes, por circunstancias del momento o por el monto de la deuda, no pudieron cumplir con las condiciones requeridas quedaron fuera de dichos beneficios, además, la aplicación de dicha política contribuye para la más rápida capitalización del Banco. Nuestra solicitud radica en la posibilidad de que se establezcan quitas y facilidades de pago para las deudas pendientes, ya sea de saldos de cuotas o de los denominados colgamentos, para los deudores que son buenos pagadores, de modo de que constituyan un estímulo a dichas conductas y que no se concluya que se obtienen más ventajas siendo mal pagador. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. CARLOS RIVERÓS, Representante por Montevideo".

2) Exposición del señor Representante Daniel García Pintos a los Ministerios del Interior, y de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y a la Universidad de la República, acerca de la ocupación de centros docentes.

"Montevideo, 2 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios del Interior y de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y a la Universidad de la República. Con alguna excepción, en los últimos 17 años, distintos centros de enseñanza, principalmente liceos, han sido ocupados por dos o tres docenas de personas, perjudicando a miles de alumnos que llegan a perder hasta 40 días de clase anualmente. Esta situación ha sido una preocupación permanente en el desempeño de nuestra actividad, por lo que hemos presentado, entre otras iniciativas, un proyecto de ley para especificar lo que es obvio y ya consta en la legislación, pero parece no estar claro para quienes deben aplicarla. Es decir, la ilegalidad de las ocupaciones y que, de producirse, se aplique el Decreto Nº 286/2000, de 4 de octubre de 2000, para la correspondiente desocupación. Entendemos que la violencia de la ocupación gravita negativamente en el normal desarrollo de los cursos y que debería ser respondida por la autoridad administrativa de la enseñanza sin hesitaciones y con la claridad que tiene que tener el docente ante el cuestionamiento de los derechos elementales, desocupando de inmediato y rehabilitando la normalidad. Promovimos y participamos de varias reuniones de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, entre ellas la realizada el 6 de agosto del año en curso, con autoridades de ANEP, para intercambiar opiniones y recibir información sobre las medidas preventivas que se han adoptado y sobre las que se piensan adoptar en el futuro. Nos fuimos de esa reunión mucho más preocupados de lo que llegamos a ella. La ocupación de los liceos es prácticamente anual, escudándose en el aniversario de la muerte de un estudiante en el año 1968 y es coincidente con el tratamiento parlamentario de las leyes de Rendiciones de Cuentas. Es una realidad que, con este comportamiento, quienes así actúan, nunca han logrado incidir en el presupuesto destinado a la enseñanza, lo que refuerza la posibilidad de que esa gimnasia de movilización persiga ulteriores propósitos, relacionados con determinados sectores políticos. Sus efectos son daños irreparables en la educación y en la formación de los estudiantes. Sin otro ánimo que el de describir las consecuencias, que nos constan, es un hecho que la reposición administrativa de los días de enseñanza no restaura el clima necesario para educar, ni resarce, cabalmente, lo no estudiado. Estos hechos favorecen que muchos alumnos deban rendir exámenes al finalizar los cursos, que pierdan el año y es más, en muchos casos, que decidan entonces irse del sistema educativo, según preocupaciones directas de padres que hemos recibido. Además, ocasionan más gastos para los padres al tener que contratar profesores particulares, provocan deserción escolar como ya expusimos y desmotivación. Es evidente que tolerar el abuso de la tolerancia no educa en tolerancia. Entendemos que, en tal aspecto, se equivocan las autoridades de la enseñanza. Se equivocan cuando expresan que nada se puede hacer para evitar la futura ocupación de los locales y se equivocan cuando rescatan como algo positivo que, en algún caso, los transgresores limpiaron los vidrios antes de devolver el local tomado por la fuerza. Entonces, ante quienes avasallan los derechos de los demás, las instituciones tienen una autoridad que ejercer. El Estado debe cumplir su función de garantizar el derecho de todos. En caso contrario, se posibilita la arbitrariedad de unos pocos. Lamentablemente, en las autoridades de ANEP hemos encontrado la opinión de que nada se puede hacer más que seguir educando en valores democráticos en general y no en particular, ante lo inminente, así como el orgullo demostrado por los vidrios limpiados tras una ocupación. No destacaron las autoridades de ANEP el hurto de material de enseñanza, de resmas de papel, de la caja fuerte violentada, la sustracción de computadoras, de videos y de calefactores. No percibimos preocupación por ese clima de omnipotencia que se crea entre los pocos que ocupan y que, inevitablemente, origina una cultura de transgresión y de caos, que se posa, luego, como una neblina sobre ese centro de enseñanza y que se transforma en un valor positivo para el alumnado. Entonces, es hora de reforzar la legislación, aunque ello sea redundante. Los señores Senadores del Partido Nacional presentaron al respecto un proyecto de ley que no ha sido tratado por la Cámara de Senadores. Nosotros, el 4 de agosto del corriente año, hemos dado estado parlamentario a un proyecto de ley que deja claramente establecido que la ocupación de los centros de enseñanza es ilícita y que da lugar al desalojo, sin más trámite, fijándose, claramente, los procedimientos a seguir en dichos casos. Esperamos ser acompañados por las mayorías cuando llegue el momento de su estudio y aprobación. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo".

3) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, referente a la supresión, por parte de la empresa adjudicataria del servicio, de frecuencias de ómnibus con destino intermedio en la ciudad de Young.

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. El 19 de febrero del corriente año, el señor Diputado Omar Ferrari planteó ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la imperiosa necesidad de que la empresa Sabelín S.A. siguiera cumpliendo con las frecuencias diarias de transporte interdepartamental y, puntualmente, con su paso por la ciudad de Young, del departamento de Río Negro. No ignoramos las dificultades que puede estar atravesando la empresa, no obstante ello, los vecinos de la mencionada ciudad nos han solicitado que planteemos el tema ante las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que, por lo menos, una frecuencia pase por la ciudad de Young. Dicha empresa sigue teniendo la adjudicación de las frecuencias a las que se hace referencia y, por lo tanto, son las autoridades las que deben llamar a responsabilidad a la citada compañía. La empresa de ómnibus Sabelín S.A. cumplía sus frecuencias diarias en el transporte de pasajeros, con salidas desde la ciudad capital del departamento de Paysandú, y con destinos intermedios en la ciudad de Young, en la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas, en las localidades de Bellaco y Tres Bocas, en las localidades de San Javier, Nuevo Berlín y Fray Bentos, en las Rutas Nacionales Nos. 24, 25 y la Ruta Nacional Nº 2 Grito de Asencio, siendo su destino final la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano. Al regreso, desde Mercedes cumplía el mismo recorrido pero en sentido inverso, siendo su destino final la ciudad de Paysandú. Desde la adjudicación de la línea por parte de esa Secretaría de Estado, la mencionada empresa tenía dos frecuencias diarias, con salidas a las 6 horas y a las 11 horas de Paysandú, y con regreso a las 10 horas y a las 16 horas de la ciudad de Mercedes. A partir del domingo 16 de febrero del presente año, sin previo aviso a sus usuarios, y dudamos que se haya informado al referido Ministerio, suspendió la única frecuencia que aún cumplía (salida hora 7 de Paysandú y regreso hora 10 de Mercedes). Esa última decisión de la empresa Sabelín S.A. constituye, a nuestro juicio, un atropello y una desconsideración con los usuarios que utilizaban ese medio de transporte para su desplazamiento, especialmente alumnos, docentes, funcionarios públicos y privados y con aquellos pobladores que, habitando sobre las rutas señaladas, utilizaban ese medio de transporte para realizar diferentes trámites: de servicios médicos, jubilaciones, tributos nacionales y municipales e incluso necesidades de alimentación y vestimenta, por realizarse todas ellas en las principales ciudades que unía la citada empresa. Ante esa situación, los usuarios de Sabelín S.A. nos han solicitado que intercedamos ante las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a efectos de procurar una rápida solución, para evitar perjuicios a los trabajadores y vecinos de las zonas ya mencionadas. Asimismo, solicitamos a la Junta Departamental de Río Negro que, de entenderlo pertinente, brinde su apoyo a este planteo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

4) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Instituto Nacional de Alimentación, sobre la implementación del plan alimentario desarrollado por el citado Instituto en el departamento de Río Negro.

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Instituto Nacional de Alimentación (INDA), y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. En el presente año, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la implementación de una canasta básica con 14 kilogramos de alimentos de primera necesidad, en virtud de la brutal emergencia social que se abate sobre el país y, especialmente, sobre decenas de miles de familias carenciadas, sin empleo y con muchos hijos. Queremos expresar nuestra preocupación sobre la manera en que se está implementando dicha asistencia en nuestro departamento, Río Negro. Solicitamos, asimismo, que se nos indique la fecha en que habría comenzado a aplicarse y cuántas son las canastas que estaría entregando el INDA a través del denominado Plan Alimentario; con qué frecuencia; cuáles son los alimentos y las cantidades de cada uno de ellos; cuáles son las exigencias que se tienen en cuenta para poder acceder a la canasta; como además quién decide el ser beneficiario o no de la misma. Muchos vecinos de muy modestos recursos nos han planteado el tema en cuestión y como ya está terminando el invierno -aunque hay que alimentarse todos los días-, muchos de ellos nos plantearon su temor, primero de que el plan finalice en poco tiempo y además de que tienen conocimiento de que hay familias que, al día de hoy, son potenciales interesados en tener acceso a la canasta. Esperando tener respuesta a la brevedad al planteo realizado, de alta sensibilidad social, saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

5) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Defensa Nacional, y por su intermedio a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionada con la necesidad de instalar dos teléfonos públicos en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Por la presente, solicitamos la instalación de dos teléfonos públicos en lugares estratégicos de la ciudad de San Carlos, del departamento de Maldonado. El primero, debería ser instalado en el complejo de viviendas para jubilados, ubicado en la calle Grito de Asencio, donde viven, aproximadamente, 20 familias, en su inmensa mayoría ancianos. El otro, debería ser instalado en el viejo Molino Lavagna, sede del Centro Comunal de la Asociación Civil Lavagna y Abasolo, en el que funcionan una policlínica, un merendero, cursos de capacitación y una expoferia con 120 puestos de trabajo; lugar al que concurre numeroso público que, a veces, llega a las 2.000 personas. Esos son, entonces, dos lugares donde se necesita imperiosamente los teléfonos públicos, para beneficio de la población residente o de paso. Esperamos su pronta instalación. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado".

6) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente acerca de la situación de los residentes de un complejo de viviendas del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda.

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por la presente, trasladamos a ese Ministerio una serie de inquietudes relacionadas con los residentes del Complejo de Viviendas Valde Olmos, del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV), donde habitan 108 familias. La primera inquietud tiene que ver con la firma del compromiso de compraventa, que regularice la situación legal de los residentes; solución que esperan desde hace cinco años. La segunda, tiene que ver, con la instalación de contadores de agua individuales, para cada vivienda, a costo de ese Ministerio. El no tener un contador individual, genera dificultades a los 70 residentes que sí pagan el consumo de agua, cifra que no alcanza, muchas veces, para cubrir el costo total del consumo de agua del complejo. Esperando una pronta solución, saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado".

7) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, referente al destino de las aguas residuales de un complejo de viviendas para pasivos de la ciudad de San Carlos.

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS); y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). Desde su inauguración, el complejo de viviendas para jubilados ubicado en la calle Grito de Asencio, de la ciudad de San Carlos, del departamento de Maldonado -donde viven 20 familias- ha tenido severas dificultades con el destino final de las aguas residuales. Dicha problemática está originada en que la construcción de ese complejo habitacional está por debajo de los niveles de la vereda y de la calle. En días de lluvia y dada la ubicación en que se encuentra, también afectan a los vecinos de la mencionada calle, en particular, los levantamientos de tapas de saneamiento y vertimientos. Existe la posibilidad de una solución, del espacio y del nivel necesario, si el colector de la calle se conecta con el que transcurre por la calle Ejido, de la referida ciudad. Esperamos una pronta solución para las 40 familias afectadas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado".

MEDIA HORA PREVIA

7.-     Reducción de los recursos destinados a la construcción de viviendas.

Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: la problemática de la construcción de viviendas en el Uruguay se ha convertido en una especie de mal endémico, frente al cual aparecen cada tanto, a nuestro juicio con timidez, algunos planes que se realizan en ciertos departamentos del país.

Es archisabido el reclamo de las asociaciones de jubilados de toda la República de que se destinen para el fin que oportunamente determinara la ley las decenas de millones de dólares que se les descuentan mensualmente y que no se han utilizado de la manera establecida; ni siquiera se tiene en cuenta la gran cantidad de jubilados y pensionistas -que son miles en toda la República- que están en lista de espera para obtener una solución habitacional. Esto, a nuestro juicio, es grave, no solamente por lo que implica desde el punto de vista de la flagrante violación de la norma, sino por sus consecuencias en cuanto a la generación de puestos de trabajo en la industria de la construcción.

A lo que venimos expresando, agregamos la lucha sin dobleces ni claudicaciones por parte de los compañeros de FUCVAM, que han logrado acordar con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas -y con el anterior Ministro, quien admitió además que hubo un desvío de US$ 100:000.000 entre los años 1998 y 2001-, el siguiente cronograma de firma de préstamos con un conjunto de cooperativas, esperando que no cambien los criterios al tener hoy un nuevo Ministro. Las cooperativas son, por su orden: COVIVU, cuya escrituración se realizó el pasado 15 de julio en Fray Bentos, con 52 viviendas; COVICAR, que tiene como fecha de escrituración el 1º de octubre de este año, en Montevideo, con 16 soluciones habitacionales; COVIFAME, con fecha para el día 31 del mismo mes, en Montevideo, con 28 soluciones habitacionales; COVIBAMI, para el 26 de noviembre de este año, en Montevideo, con 16 soluciones habitacionales; COVIFOEB 4, para el 28 de noviembre de este año, en Montevideo, con 39 soluciones habitacionales; COVICOSANT, para el 4 de diciembre de este año, en Montevideo, con 30 soluciones habitacionales; COVIN, para el 9 de diciembre, en Montevideo, con 28 soluciones habitacionales; COVITJO, para el 16 de diciembre de este año, en Montevideo, con 30 soluciones habitacionales; COVIAMCAR, para el 18 de diciembre de este año, en Carmelo, departamento de Colonia, con 18 soluciones habitacionales, y COVIAM SUNCA, para el 22 de diciembre de este año, en Rosario, departamento de Colonia, con 24 soluciones habitacionales. En total se trata de 281 soluciones habitacionales que, de alguna forma, sustentan la esperanza y todo el esfuerzo y sacrificio desplegado por los compañeros de FUCVAM a los que hacíamos referencia.

Además, queremos destacar dos cosas que serán fundamentales, que habrían sido acordadas y que esperamos no tengan ningún contratiempo. Una es que todo el dinero que se recaude en el presente año y en 2004 será volcado para que un importante número de cooperativas de vivienda pueda disponer de los créditos necesarios para cumplir con el sueño -un anhelo seguramente de todos- de la construcción del techo propio.

Sobre la misma temática aparece una situación realmente preocupante, que es la denuncia de FECOVI: el recorte, entre los años 2000 y 2004, de una cifra aproximada a los US$ 280:000.000. Nosotros consideramos sumamente grave esta situación, que además violenta la norma. El FONAVI -Fondo Nacional de Viviendas- fue creado el 17 de diciembre de 1968, a través del artículo 81 de la Ley Nº 13.728, siendo posteriormente modificado por la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992.

En su estudio, FONAVI establece que los ingresos en el período antes indicado, con su tope de ejecución establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, rondarían los US$ 415:000.000, lo cual, sumado a la cifra que se maneja como recorte, da un ingreso aproximado de US$ 620:000.000; sin duda, una voluminosa cifra.

La no utilización de esa formidable masa de dinero establecida como recorte tendría aspectos altamente negativos; por ejemplo, que no se construirían alrededor de 10.500 viviendas y se estarían perdiendo casi 30.000 puestos de trabajo en la construcción y toda la cadena de producción de empleo que ella genera, haciendo entonces mucho más dramática la situación de los trabajadores que venden la fuerza de su trabajo en la construcción.

El Estado uruguayo dejaría de percibir por concepto de recaudación en el Banco de Previsión Social alrededor de US$ 62:000.000; la Dirección General Impositiva -que anda pasando el rastrillo por varios departamentos del país- dejaría de percibir aproximadamente US$ 40:000.000, además de la reinversión que generaría la construcción de soluciones habitacionales durante el proceso de cobro de cuotas por intermedio del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que estima un precio promedio de cada vivienda de alrededor de US$ 29.000.

El artículo 1º de la Ley Nº 17.556, correspondiente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2001, establece una reducción de los créditos de un 19% en el año 2002 y de un 29% en los Ejercicios 2003 y 2004. Por lo tanto, es más que significativo que el monto señalado no se ejecute. Pero, además, su destino es una incógnita, más allá de que uno pueda tener alguna suspicacia al respecto.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a FUCVAM, a la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, al SUNCA, a FECOVI, a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Congreso de Intendentes y a las Juntas Departamentales de todo el país, pidiéndoles que realicen gestiones sobre el tema que hemos planteado.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y dos en treinta y cuatro: AFIRMATIVA.

8.-     Incremento de las tarifas de las empresas públicas.

Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: en el corriente año, dos cartas de intención firmadas por el Gobierno uruguayo con el Fondo Monetario Internacional -en marzo y en junio- obligan, en cuanto al ajuste de tarifas de las empresas públicas, a cobrar -cito textualmente- "en línea con el programa, para reflejar totalmente los costos de operación". El Gobierno sabe que ya no se pueden recargar más los bolsillos de los ciudadanos con ajustes fiscales. No obstante, en cumplimiento del programa y del compromiso de lograr un superávit primario del 3,2%, recurre al incremento de las tarifas públicas para lograr una mayor recaudación. Es decir, utiliza ese mecanismo de aumento de tarifas como instrumento fiscal recaudador, con un criterio estrictamente fiscalista, para "hacer caja" y aplicar en forma encubierta nuevos impuestos.

En el mes de junio subieron las tarifas de ANTEL, UTE y OSE, y el fuel oil tuvo un incremento del 29%. En los últimos días, nuevamente se recurre al aumento de tarifas: un promedio del 8,65% para los combustibles, del 4,5% para el agua y entre el 2% y el 3% para UTE y ANTEL. El Poder Ejecutivo y la mayoría de los Directorios de los entes autónomos saben perfectamente bien que esto redundará en una menor demanda, que surge inevitablemente por una pérdida importante del poder adquisitivo de la gente, pues los salarios y jubilaciones solo han percibido un 3% de aumento en enero, un 2% en mayo y, en el mes de setiembre, nuevamente un 2%. Esto indica que con referencia a la inflación se ha sufrido una pérdida de alrededor del 20%. La demanda interna actualizada con relación al consumo total de la población indica una cifra negativa de quince puntos. Queda claro, entonces, que los índices de aumento de salarios y pasividades están muy por debajo de los incrementos de las tarifas de las empresas públicas.

Es notorio que el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional hace que se requieran más recursos para financiar el déficit y que se recurra a una inflación simulada de la economía, para diluir o licuar no únicamente los gastos del Estado, sino también los gastos de la sociedad.

Entre los años 2002 y 2003 se produjeron siete aumentos consecutivos en las tarifas, en especial en los combustibles. Sin duda, también juegan sus cartas hacia el desprestigio de las empresas públicas, ambientando su privatización y justificando de esa manera la defensa de la ley de asociación de ANCAP. Nada se dice de que solamente los combustibles soportan una carga tributaria promedial del 40%. Nada se dice que entre 1999 y 2002 las empresas públicas fueron la cuarta fuente de financiamiento para el Gobierno Central, luego de la recaudación por concepto de IVA, IRP e IRIC. Nada se dice de la importancia de las empresas públicas, que solo por transferencias a Rentas Generales, desde 1991 hasta marzo de este año, aportaron US$ 1.716:000.000.

La política tributaria del Gobierno elimina toda posibilidad de reactivación industrial y productiva en el país, haciendo que el mercado interno continúe deprimido y, en consecuencia, no se reactiven ni creen nuevas fuentes de trabajo para uruguayos que requieren en forma urgente su dignificación para utilizar sus brazos y capacidades intelectuales. Es sabido también, porque existen estudios, que estas suban exageradas perjudican con mayor crudeza a los hogares de menores ingresos, es decir, a los pobres, que de acuerdo con un reciente informe de la Universidad de la República, alcanzan a casi un millón de personas.

Es lamentable que en los albores del siglo XXI no se hayan instrumentado políticas energéticas claras y contundentes en Uruguay, donde aún persiste la falta de complementación y de colaboración mutua entre empresas como UTE, ANCAP y Salto Grande. Los uruguayos, en su gran mayoría, viven una situación de emergencia, por lo que no soportan más ajustes fiscales, ya sea a través de nuevos impuestos o en forma solapada con aumentos de tarifas.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a UTE, ANTEL, OSE y ANCAP, y a los gremios correspondientes de estas empresas públicas.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y siete: AFIRMATIVA.

9.-     Implementación de facilidades para la concurrencia a los partidos de la selección uruguaya de fútbol.

Ubicación del monumento a los fallecidos en la tragedia de los Andes.

Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: el domingo que viene, a las cuatro de la tarde, en el Estadio Centenario comenzará a rodar nuevamente la esperanza de la clasificación de Uruguay para el Mundial, y es sabida la pasión de los uruguayos en torno a este deporte, como así también la crisis que está viviendo la República.

A pesar de todo esto, damos por descontado el interés que tendrá la gente por participar en un evento de esta naturaleza, y con seguridad ese interés será el mismo por parte de los ciudadanos de la capital y de los del interior de la República. Pero, en realidad, estos últimos cuentan con una desventaja, porque los costos de traslado y de peaje a esta altura son una complicación, yo diría, no menor.

En ese sentido, se nos ocurrió la idea de tratar de que todo el mundo tenga las mejores posibilidades, y por eso estamos planteando que cuando la selección uruguaya de fútbol dispute sus partidos en nuestro país, los conductores de vehículos que presenten el talón de entrada al estadio a su regreso, estén exonerados del pago de peajes en las rutas nacionales por ese día. Es elemental que esta idea no soluciona definitivamente los problemas de nadie, pero por lo menos permite paliar algún tipo de dificultades, para que la mayor cantidad de uruguayos tenga más posibilidades de ver a nuestra selección. Basta con sacar la cuenta y veremos que para una familia de cuatro personas que viaja, por ejemplo, desde Maldonado, esta rebaja representa prácticamente el importe de dos entradas. Por lo tanto, pensamos en sugerir esta iniciativa para que la gente del interior la pueda aprovechar.

Asimismo, solicitaremos a la Asociación Uruguaya de Fútbol que disponga un mecanismo de mayor cobertura a nivel nacional para que se puedan vender las entradas en el interior de la República, para este o los próximos espectáculos. Uruguay cuenta hoy con redes de pago como las de Abitab o Redpagos, que pienso que se podrían utilizar -es una sugerencia- como mecanismo para que las entradas lleguen a todas partes.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Turismo y a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Esta es la primera parte de mi alocución, en este momento importante que nos brinda Radio Sport, como dijera un conocido periodista hace muchos años.

(Hilaridad)

——El segundo elemento es una noticia que se publica hoy en el diario "El Observador", que la verdad es que me preocupa y me parece triste: se negó el monumento a aquellos que fallecieron en la tragedia de los Andes.

(Interrupción del señor Representante González Álvarez)

——Sí, se le cambia de lugar, pero hay que tener en cuenta que se trata de gente que conoce determinado barrio y en realidad lo que plantea es que esté en determinado lugar. Pediría que se reflexionara un poquito sobre esto, porque es gente de un barrio, que lo conoce y que puso mucho cariño en la propuesta que en definitiva se hizo. Realmente, pediría que se reflexionara; me parece que no es un tema menor. Esto es una anotación al pie, nada más.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

10.-     Solidaridad con el ex Director Nacional de Aduanas, doctor Víctor Lissidini.

Tiene la palabra el señor Diputado Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: en los minutos de que dispongo quisiera referirme a una persona que conozco desde hace muchos años: el ex Director Nacional de Aduanas, doctor Víctor Lissidini.

En el día de hoy, concretamente en el diario "El País", se da cuenta de que su esposa, la doctora Astrid Bertin, junto con otras personas -entre las que está la señora Estela Dotta-, han recogido 7.515 adhesiones solicitando la libertad del doctor Lissidini y tienen decenas de hojas con nuevas firmas para contabilizar.

Todos sabemos que el 1º de agosto el ex Director Nacional de Aduanas, Víctor Lissidini, fue procesado por un delito continuado de coautoría de usurpación de funciones por el Juez de Carmelo, Carlos Colmenero, quien entendió que bajo sus órdenes trabajaban como funcionarios de Aduanas personas sin contrato. El 29 de agosto, el Juez Colmenero mantuvo la decisión del procesamiento con prisión y envió el expediente al Tribunal de Apelaciones para que se expidiera.

Tomamos conocimiento de que en un procedimiento que, según me han informado destacados juristas, no es habitual, paralelamente se sustancian dos presumarios que -de acuerdo con el artículo 113 del Código Penal- mantienen carácter reservado, por otros hechos cuya esencia se desconoce y, por lo tanto, la defensa no puede actuar.

Tengo amistad con Víctor Lissidini desde hace muchos años. Lo conocí en 1992 cuando, como integrante del Partido Colorado, trabajó activamente en toda la campaña para derogar cinco artículos que permitían la privatización de empresas, y luego, cuando fue Director Nacional de Aduanas, tuve algunas oportunidades -no muchas- de encontrarme con él.

Ahora han ido a visitarlo algunas personas. Según leí en la prensa, entre ellas se cuentan el señor Senador Fernández Huidobro, el señor Diputado Pita, el doctor Ramela -hombre de mucha confianza del Presidente de la República-, el actual Director Nacional de Aduanas, doctor Nilo Pérez, y el titular de la Dirección General Impositiva, contador Eduardo Zaidensztat. Todos ellos fueron a expresarle su solidaridad frente a la situación que está viviendo.

Quiero simplemente relatar una anécdota que va más allá de los intersticios jurídicos que puede tener este complejo caso, y que tiene que ver con la vida misma. Resulta que hace aproximadamente un mes y medio recibí una invitación del doctor Maglione, en nombre del Comité Olímpico Uruguayo, para concurrir al Edificio Libertad, a un acto en el que se entregaría el pabellón patrio a la delegación uruguaya que asistiría a los Juegos Panamericanos -realizados recientemente en la República Dominicana-, en los que en algunos casos hubo exitosas actuaciones. Como algunos colegas saben, yo no tengo auto. Creo que el acto era a las tres de la tarde, así que salí de aquí -del Palacio-, tomé el ómnibus de recorrido 169, que va por General Flores hasta la altura de Luis Alberto de Herrera, y me bajé a tres cuadras del Edificio Libertad. Cuando subí al ómnibus, me encontré, con gran sorpresa, con el doctor Víctor Lissidini y me senté con él, porque lo conozco. Le dije: "Flaco, ¿qué hacés acá?". "Voy para el Edificio Libertad", me contestó. "Yo también. Vamos juntos", le dije.

Fuimos conversando durante el viaje. Nos bajamos en Luis Alberto de Herrera y estuvimos en el acto que mencionaba. Entonces, aproveché para conversar con él. Le pregunté: "Flaco, ¿no tenés auto?". "Tenía" -me dijo-, "pero tuve que venderlo porque tenía que pagar unas deudas de cuando dejé la Dirección Nacional de Aduanas". Le dije: "¡Quién iba a pensarlo! ¡Hay tanta gente que supone cosas perversas de tu persona y de tu conducta! No me imaginaba que iba a encontrarte en el 169, a las tres de la tarde, yendo al Edificio Libertad".

Yo no creo esas cosas que se insinúan -a veces ni siquiera hay acusaciones formales- sobre implicancias en su cargo en la Dirección Nacional de Aduanas; creo que lo suyo fue un decidido y firme trabajo para combatir el contrabando. Precisamente esta firme y decidida gestión ha generado la situación que vive, y digo esto sin perjuicio de algunos errores que pueda haber cometido con relación a sus colaboradores o a aspectos formales de su tarea como Director, lo que, a mi juicio, es harina de otro costal.

Quería utilizar estos minutos para contar esta anécdota que es de la vida, que no pasa por el derecho, sino por las cosas cotidianas. Yo no creo en eso que algunos dicen sobre alguien que fue Director Nacional de Aduanas y tiene que tomar el 169 para ir al Edificio Libertad; el que relaté fue un acto ciudadano absolutamente privado, porque no iba a pensar que yo iba a encontrarlo en el ómnibus y menos aún que en esta media hora previa relataría esta anécdota. Quise hacerlo porque creo que es un testimonio que vale.

Deseo que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al propio Víctor Lissidini, que está en el establecimiento penitenciario Piedra del Indio, en la Ruta Nacional Nº 21; quiero que le llegue mi testimonio de solidaridad. Deseo que sea enviada, además, a su esposa, la doctora Astrid Bertin, quien -según publica el diario "El País"- tiene una oficina en Paraguay y Paysandú. También quiero que sea remitida al doctor Gustavo Salles, que oficia la defensa del doctor Víctor Lissidini; aunque no dispongo de su dirección, supongo que la Secretaría la suministrará.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

11.-     Demora en la entrega de partidas para el traslado de estudiantes de zonas rurales del departamento de Soriano.

Tiene la palabra el señor Diputado Arregui.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: el traslado de los estudiantes a los centros docentes es fundamental para asegurar el derecho a la educación y una asistencia adecuada. Esto cobra especial importancia cuando los alumnos proceden de zonas rurales y carenciadas. Fundamentalmente en las zonas rurales, cuando los estudiantes tienen que trasladarse de una población a otra, deben recorrer grandes distancias, y si no tienen una apoyatura económica suficiente no pueden concurrir a los centros de estudio.

En este sentido, nos preocupan en forma especial dos situaciones que se dan en el departamento de Soriano, que expondremos a efectos de solicitar al Consejo de Educación Secundaria que las solucione.

En primer lugar, hay estudiantes de tres poblaciones -villa Soriano, Cañada Nieto y Concordia- que concurren al liceo de la ciudad de Dolores trasladándose en un ómnibus. En el momento oportuno, y con toda razón, el Consejo de Educación Secundaria resolvió la asignación de determinada partida a los efectos de pagar la locomoción correspondiente. El problema que se suscita en este momento es que estamos en el mes de setiembre y no han llegado aún las partidas correspondientes. Los padres son los que tienen que afrontar el pago a las empresas, y en algunos casos les resulta prácticamente imposible hacerlo. Por ello, solicitamos al Consejo de Educación Secundaria que a la mayor brevedad posible haga efectivo el pago de esas partidas para que el traslado siga realizándose y los alumnos puedan concurrir al liceo.

La otra situación a la que quería referirme tiene que ver con el ejido de chacras de la ciudad de Mercedes, donde recientemente se dio solución a una parte del traslado de los estudiantes con el compromiso del pago de determinadas partidas; sin embargo, en el turno vespertino los alumnos no tienen locomoción, por un problema de pago a la empresa correspondiente. Por este motivo solicitamos al Consejo de Educación Secundaria que dé una pronta solución al problema para que se pueda efectivizar debidamente el derecho a la educación.

Estos eran los temas que hoy queríamos plantear.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea remitida al referido organismo de enseñanza.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

12.-     Solicitud de que se exonere del IVA a discos y casetes nacionales.

Tiene la palabra el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: los discos y casetes musicales son reconocidos universalmente por su valor de trasmisión cultural y son, además, un elemento imprescindible para el desarrollo y proyección en la carrera artística de todo músico o cantante. Naturalmente, la música nacional, a pesar de no integrar un circuito de "show business" mundial, refleja esa necesidad de los músicos y cantantes de respaldarse en estos elementos fundamentales para el desarrollo y proyección de su talento a nivel interno y también fuera de fronteras.

Lamentablemente, uno de cada tres discos vendidos en el mundo durante el año 2002 es ilegal, puesto que ha aumentado la piratería en un 14% con respecto al año anterior, según informa la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI). Para ese organismo, en la industria musical se producen ilegalmente más de 500:000.000 de discos compactos por año, lo que genera pérdidas de hasta US$ 5.000:000.000. La IFPI, que nuclea a 1.400 productores de discos y distribuidores de todo el globo, reconoce que los avances tecnológicos operan en contra de los intereses corporativos.

Al simple acto de duplicar un CD, se suma ahora la posibilidad de bajar música libremente desde Internet, por medio de programas como MP3.

En el caso uruguayo, la situación es especialmente dramática, porque de 1:653.878 unidades vendidas en 1998, según datos de la Cámara Uruguaya del Disco, se pasó a solo 183.000 en el año 2002. Asimismo, de los US$ 8:368.623 que se recaudaban por concepto de impuestos, se pasó nada más que a US$ 385.529 en el mismo período, que va, reitero, de 1998 a 2002. Esto refleja la gravedad de la situación, en la que el mercado de ventas de discos y casetes legítimos ha caído más de un 90%.

Según datos de la Cámara Uruguaya del Disco, en el año 2002 se realizaron 223 operativos policiales, por los que se incautaron 4:800.000 discos vírgenes y 75.000 grabados. Se destruyeron 107 equipos de duplicación, cuya capacidad habría sido de 2:600.000 de copias, con un perjuicio de US$ 8:000.000 para la industria discográfica. De las 204 detenciones efectuadas el año pasado, 25 personas resultaron procesadas sin prisión y 10 con prisión.

El señor Guzmán Fernández, directivo de la Cámara Uruguaya del Disco, expresó: "Ante este panorama se requiere el esfuerzo del sector público y el privado para intentar bajar aún más el precio de los discos. Si Uruguay quiere salvar su música y exportar su arte, lo que me parece totalmente posible, se hace necesario crear conciencia de que se puede desarrollar una industria importante y para ello hay que bajar el peso tributario".

En el mismo sentido se expresa el Presidente de la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), señor Alexis Buenseñor, quien dice: "Estamos al borde del colapso. Por un lado tenemos la piratería y por otro a la gente que se queja de los precios altos".

Es evidente que el desarrollo de un combate frontal y muy decidido a la piratería es esencial a fin de mantener esta actividad vital para el ámbito artístico de nuestro país. Naturalmente, también es necesario trabajar en torno a la carga tributaria, a efectos de bajar el precio del disco legal frente a la oferta de discos pirateados. En ese sentido, ya se encuentra en la Mesa una minuta de comunicación firmada por legisladores de cuatro Partidos políticos, solicitando la exoneración del IVA a los discos y casetes musicales de artistas nacionales producidos en el país.

Espero que esta minuta de comunicación tenga un tratamiento favorable en esta Cámara a la brevedad, aunque hoy, a la luz de estos datos, ello es insuficiente. Por lo tanto, nuestra propuesta debería ser que, en lo que respecta al IVA, los discos y casetes sean considerado como servicio de exportación y se permita no solamente no cobrar dicho impuesto en la enajenación, sino la devolución del IVA compras en lo que tiene que ver con los insumos de la industria respectiva. Consideramos que esto es fundamental no solamente para evitar que la recaudación del Estado siga cayendo, sino para revitalizar una actividad que es esencial desde el punto de vista cultural, económico y de la generación de empleo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase a la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), a la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (SUDEI), a la Asociación Uruguaya de Músicos (AUDEM) y a los Ministerios de Economía y Finanzas -con especial referencia a la Dirección Nacional de Aduanas y a la Dirección General Impositiva-, de Educación y Cultura y de Industria, Energía y Minería.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Ambrosio Rodríguez, por enfermedad, literal A) del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 3 y 19 de setiembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Mario Amestoy.

Del señor Representante Daniel García Pintos, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 9 y 18 de setiembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Roberto Bagalciague.

Del señor Representante Juan José Domínguez, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por los días 5 y 8 de setiembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Víctor Braccini.

De la señora Representante Raquel Barreiro, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el día 3 de setiembre de 2003, convocándose a la suplente siguiente, señora Elena Ponte.

Del señor Representante Raúl Sendic, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 3 de setiembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Fernando Vázquez.

Del señor Representante Gustavo Guarino, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 9 y 12 de setiembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Óscar Echevarría.

Del señor Representante Óscar Magurno, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 3 de setiembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Dicancro.

Del señor Representante Pedro Señorale, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 16 y 25 de setiembre de 2003. Habiéndose agotado la lista de suplentes, solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Del señor Representante Ricardo Berois Quinteros, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 8 y 9 de setiembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Ricardo Recuero".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Maldonado, 1º de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo dispuesto por el artículo único, Literal A), de la Ley Nº 16.465, vengo a solicitar licencia a mi cargo de Representante Nacional por Maldonado, por el período comprendido entre el 1º y el 19 de setiembre de 2003 inclusive.

Adjunto el certificado médico correspondiente.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente con su más alta consideración,

AMBROSIO RODRÍGUEZ
Representante por Maldonado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Maldonado, señor Ambrosio Rodríguez.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 3 y 19 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 3 y 19 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Ambrosio Rodríguez.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 23 del Lema Partido Nacional, señor Mario Amestoy.

Sala de la Comisión, 3 de setiembre de 2003.

TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 2 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitar licencia al Cuerpo, por razones de índole particular, desde el día 9 del corriente al día 18 del mismo mes, inclusive.

Saluda a usted muy atte.

DANIEL GARCÍA PINTOS
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 2 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

Habiendo sido convocado para integrar ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Representante Daniel García Pintos, por los días 9 a 18 del corriente inclusive, comunico a usted que por esta vez no acepto la citada convocatoria.

Saluda a usted muy atte.

Yamandú Flangini".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 18 de setiembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Flangini.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 9 y 18 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Flangini.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Roberto Bagalciague.

Sala de la Comisión, 2 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

De mi consideración:

Por la presente solicito se me conceda, por motivos personales, licencia por los días 5 y 8 de setiembre de 2003.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Domínguez.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 5 y 8 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 5 y 8 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Domínguez.

2) Convóquese por Secretaría, por los días 5 y 8 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Víctor Braccini.

Sala de la Comisión, 3 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día de la fecha, por motivos personales.

Saluda a usted atentamente,

RAQUEL BARREIRO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 3 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 3 de setiembre de 2003, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 3 de setiembre de 2003, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Elena Ponte.

Sala de la Comisión, 3 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito se me autorice el goce de licencia por motivos personales por el día 3 de setiembre de 2003.

Sin más lo saluda atentamente,

RAÚL SENDIC
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria de dicha Cámara para sustituir al Diputado Raúl Sendic, comunico que por esta vez no acepto y solicito que se cite al suplente siguiente Sr. Fernando Vázquez.

Sin más lo saluda atentamente,

Eduardo Rubio".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 3 de setiembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Rubio.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 3 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Eduardo Rubio.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 3 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Fernando Vázquez.

Sala de la Comisión, 3 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper
Presente.

De mi mayor consideración:

Mediante la presente me dirijo a Ud., a efectos de solicitar licencia a partir del día martes 9 hasta el día viernes 12 del corriente mes de setiembre.

Motivan la misma razones de índole personal. Saludo a Ud. muy atentamente,

GUSTAVO GUARINO
Representante por Cerro Largo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Guarino.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 12 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 9 y 12 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Guarino.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Óscar Echevarría.

Sala de la Comisión, 3 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

ÓSCAR MAGURNO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Óscar Magurno.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 3 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 3 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Óscar Magurno.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 3 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro.

Sala de la Comisión, 3 de setiembre de 2003

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

De mi mayor consideración.

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 16 al 25 setiembre inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

PEDRO SEÑORALE
Representante por Salto".

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

De mi mayor consideración.

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Lewis Rochón Sarutte".

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.
Presente.

De mi mayor consideración.

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Milton Laporta".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Salto, Pedro Señorale Legnazzi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 25 de setiembre de 2003.

II) Que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Lewis Rochón Sarute y Milton Laporta.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 25 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Salto, Pedro Señorale Legnazzi.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez han presentado los suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de votación Nº 1 del Lema Partido Colorado, señores Lewis Rochón Sarute y Milton Laporta.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 3 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 3 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Solicito al Cuerpo que usted preside, se me autorice licencia por motivos personales por los días lunes 8 y martes 9 de los corrientes.

Asimismo solicito que se convoque al suplente respectivo.

Saluda atentamente.

RICARDO BEROIS QUINTEROS
Representante por Flores".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 9 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 8 y 9 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 904 del Lema Partido Nacional, señor Ricardo Recuero.

Sala de la Comisión, 3 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

14.-     Aplazamiento.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos, si no hay objeciones, corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día y que refiere a la elección de miembros de la Comisión Permanente para el Cuarto Período de la XLV Legislatura.

15.-     Comisión de Salud Pública. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).

Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Castro y los señores Diputados Gil Solares, Bianchi, Argenzio, Amen Vaghetti y Gallo Imperiale.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social a reunirse durante la sesión de la Cámara, a efectos de continuar mediando en el conflicto que afecta a los servicios asistenciales de Salud Pública".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

16.-     Comisión Investigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo. (Prórroga de plazo).

Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Saravia Olmos y los señores Diputados Mieres, Ibarra, Falco, Bergstein y Trobo.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue hasta el 20 de octubre de 2003 el plazo de que dispone para expedirse la Comisión Investigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

17.-     Subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. (Aumento).

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. (Aumento)".

Continúa la discusión.

Estaba en consideración una moción presentada por el señor Diputado Riverós.

SEÑOR RIVERÓS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RIVERÓS.- Señor Presidente: antes de continuar considerando este asunto, quiero expresar que si aún esta vigente la moción que presenté en la sesión anterior, desearía retirarla y explicar los motivos de esta decisión.

La razón fundamental es que no habría oportunidad para que las Comisiones que intervendrían en el ajuste de la fundamentación y, quizás, del texto de la declaración propuesta, lo hicieran a tiempo, dado que la reunión en Cancún de la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio comenzará el 10 de este mes.

En consecuencia, vamos a votar el texto que viene de la Comisión, con dos leves modificaciones. En primer lugar, propongo que se sustituya Comunidad Económica Europea -porque ha cambiado el nombre- por Unión Europea en todos los casos en que figura en el texto de la declaración.

En segundo término, dado que el incremento de los subsidios se produjo sobre todo el año pasado y quedaría un poco desactualizada la redacción en la parte relativa al aumento de los subsidios, proponemos no hacer referencia a ello, sino simplemente a su existencia. Hemos consultado a los señores Diputados Pita -Presidente de la Comisión en ese momento-, Pintado y Vener Carboni, y el primer párrafo quedaría redactado de la siguiente manera: "Su enorme preocupación por los subsidios agrícolas, las barreras arancelarias y no arancelarias establecidas en la Unión Europea y en los Estados Unidos de Norteamérica".

Además, solicitamos que se agregue la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por varios señores legisladores y que se comunique con urgencia al señor Ministro de Relaciones Exteriores, quien presidirá la delegación uruguaya.

De paso informamos -por si no se supiera- que esa delegación estará integrada por catorce personas, diez pertenecientes al Poder Ejecutivo -será presidida por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, como hemos dicho- y cuatro provenientes de organismos privados: la Cámara de Industrias, la Cámara Mercantil de Productos del País y CONAPROLE.

Esta es la moción sustitutiva de la que habíamos presentado en la sesión de ayer.

SEÑOR MACHADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: se ha hablado bastante de este tema en la sesión anterior. Simplemente, queremos expresar nuestro apoyo a la iniciativa del señor Diputado Vener Carboni. Consideramos que se corresponde con la dirección que debe tener el reclamo del Uruguay, un país eminentemente agropecuario. Además, en el momento en que los subsidios no existían en el mundo, la nuestra fue una economía floreciente.

(Murmullos)

——Nuestro país es altamente competitivo en todos los rubros que produce. Diría que en determinados rubros como la carne y los lácteos y en otros rubros de producción agrícola, el nuestro es uno de los países más competitivos del mundo. Lamentablemente, los productores uruguayos, que hacen un enorme esfuerzo en inversión y en adopción de tecnología, deben enfrentar, no a productores que compiten con ellos, sino a tesorerías.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Así es que los productores uruguayos deben enfrentar a la tesorería de Nueva York, a la de Bruselas y a la de Pekín. Realmente, eso es una deslealtad, una injusticia que se ha vivido en muchísimas ocasiones.

La iniciativa de Uruguay ha sido valiente al enfrentar este importante tema en el cual, sinceramente, uno siente que le va la vida al país para alcanzar mayores y mejores niveles de calidad de vida, de desarrollo y que, sin embargo, en ese intercambio...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Disculpe, señor Diputado.

La Mesa solicita al Cuerpo un poco de silencio, no solo para que se pueda escuchar al orador, sino para que se pueda tomar correctamente la versión taquigráfica.

Puede continuar el señor Diputado Machado.

SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: decía que en la relación de intercambio que existe entre países como el nuestro y los que se mencionan en el proyecto de declaración, uno advierte una enorme injusticia. Pagamos los productos del mundo desarrollado con todos esos elementos y hay una relación de costos absolutamente desfavorable para Uruguay y para los países como el nuestro.

Uno ha visitado sitios, por ejemplo, en la Unión Europea, y hay un sinnúmero de excusas para justificar estos subsidios, que son muy elevados. En el caso de la Unión Europea, ascienden a US$ 1.000:000.000 por día, una cifra exorbitante que afecta a países como los de América y los de África, que viven circunstancias mucho más duras en términos de pobreza, de hambre y de situación sanitaria, que son alarmantes y dolorosas para toda la humanidad.

Cuando comenzó la Ronda Uruguay del GATT, nuestro país dio el puntapié inicial a una posición que debe ser la postura de los países como el nuestro, y que va en la dirección correcta.

Este proyecto de declaración -todos sabemos cuál es su alcance- corresponde a la actitud que todos debemos tener permanentemente, en cuanto foro internacional participemos, porque es la forma de ir mellando esa roca tan dura que es el subsidio y la protección que tienen los países poderosos.

SEÑOR PITA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: como miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, quiero expresar que las dos observaciones realizadas por el señor Diputado Riverós son pertinentes y corrigen, en un caso, una inadvertencia en la redacción del proyecto originalmente aprobado en Comisión y, en el otro, hacen un ajuste al tiempo en que estamos aprobándolo en la Cámara. Por lo tanto, salvo opinión en contrario, me parece que la Cámara debe seguir el consejo del señor Diputado Riverós y aprobar el proyecto de declaración con las modificaciones que ha planteado.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Señor Presidente: más allá de que a esta altura las posiciones han quedado bien claras y de que, a través de todas las exposiciones que aquí se han realizado, se puede percibir que en el país y en sus distintas fuerzas políticas hay una identidad total en este tema, creo que debemos dejar establecida la postura de nuestro sector, de nuestro Partido, en un tema de tanta sensibilidad para la economía y para la vida del país.

Los subsidios y las medidas de protección que los países centrales adoptan y llevan adelante son, tal vez, los peores flagelos que las economías de las naciones como la nuestra -especialmente la nuestra- vienen sufriendo desde hace unos cuantos años.

Hemos tenido la suerte de participar en reuniones de Comisiones especializadas del Parlamento Europeo que en este momento discuten estos temas, vinculándolos en gran medida con la ampliación, que tiene mucha incidencia para Europa en cuanto a la agricultura porque con ello se introducen en el seno de la Unión Europea países eminentemente agrícolas, como Polonia; eso supone una revisión de estas políticas, además de las que ya existían en cuanto a la forma en que llegan los subsidios hasta los productores. Allí pudimos ver que el proteccionismo y los subsidios, lamentablemente, no motivan una discusión en este momento en Europa en cuanto a lo que significan para nosotros, sino respecto a la forma de llevarlos adelante y de manejarlos en la Unión Europea, evidentemente en función de sus propios intereses y de su relacionamiento, principalmente con Estados Unidos.

Nos preocupa y nos desespera cuando vemos que las tenues posibilidades que aparecen en el horizonte siempre son manejadas en largos términos, superiores a los diez años, como plazo establecido para iniciar un proceso de caída de estos subsidios y de estas protecciones que tanto daño nos hacen. Es evidente que esos plazos de diez años o más, para nosotros son absolutamente excesivos, por lo cual creo que es fundamental la incidencia de países como el nuestro a través de los organismos a los que ayer se hacía mención aquí. Pero también hay elementos -el señor Diputado Berois Quinteros ayer se refirió a algunos- que nos atañen a nosotros mismos y a la región, y que están en nuestras manos. No solo tenemos una falta de coherencia en materia de conducta de política comercial, inclusive dentro de los países del MERCOSUR, sino que cada país, a su vez, tiene situaciones complejas en la posición que lleva adelante en las negociaciones comunes.

Junto con algunos compañeros legisladores asistimos a las negociaciones que efectuaron el MERCOSUR y la Unión Europea en Bruselas, en materia de acuerdos comerciales, y pudimos ver claramente que uno de los elementos que operan como limitante para establecer esas acciones comerciales está constituido por nuestras propias limitaciones y por las diferencias que tenemos en el ordenamiento de cada uno de los países. En varios aspectos y líneas de nuestras acciones comerciales no hemos podido ponernos de acuerdo entre nosotros. Entonces, evidentemente, esto dificulta todo el proceso de enfrentamiento a estas políticas que los países con que negociamos -básicamente, Estados Unidos y la Unión Europea- llevan adelante.

Así que creo que esto es bueno, porque es la única defensa que los pequeños países como el nuestro tienen para hacer escuchar sus voces en los foros internacionales, en los organismos como la OMC, que también son utilizados por las grandes economías para manipular el comercio mundial de acuerdo con sus intereses.

Esta es la posición que queríamos dejar plasmada en el momento de acompañar la declaración que se está proponiendo.

SEÑOR LAVIÑA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: los subsidios agrícolas, específicamente en lo que tiene que ver con los subsidios a las exportaciones y las ayudas internas de los Gobiernos de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Japón, es decir, las grandes potencias, constituyen un tema recurrente en la política exterior uruguaya. La oposición a este desvío del principio general de la libertad de comercio tan puesto en evidencia y hecho valer en la Ronda Uruguay del GATT, alentó a todos los países a tener una esperanza de que esa libertad se practicara en todas las actividades del comercio internacional, pero no ha sido así.

En la última Ronda de Doha, en Qatar, se creó una nueva esperanza para la política que sustenta Uruguay respecto a este punto, como también para los países asociados en el Grupo de Cairns, es decir, los de clima templado, que son los que sufren la iniquidad de este sistema en que existe libertad de comercio para los servicios, para la propiedad intelectual y para la propiedad industrial, pero no para la producción agrícola.

En Qatar, hace un año y medio -casi dos- se había logrado consenso para que se tratara exclusivamente este tema en esta nueva Ronda, y nuestro Embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, señor Carlos Pérez del Castillo, casualmente Presidente del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, que es la persona que está piloteando este tema, que está recabando las distintas posiciones de los grandes países y de las grandes regiones -Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Corea-, tiene el gran desafío de que no fracase esta Ronda, porque el tema específico es, precisamente, la eliminación de los subsidios o el establecimiento en el futuro de una eliminación progresiva de los subsidios a las exportaciones y de las ayudas internas millonarias que la Unión Europea y Estados Unidos brindan a sus productores. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países subsidian a los sectores ineficientes de sus economías, y esto lo pagan los sectores eficientes, teniendo como consecuencia distorsiones en el comercio internacional en perjuicio de nuestros países.

Decía que todos tenemos cifrada la esperanza en las negociaciones que se están realizando en este momento y que van a culminar, con el fracaso o con el éxito, entre el 12 y 16 de setiembre en Cancún.

Días pasados tuve algunas informaciones respecto a este punto. Anteayer nos visitó el Presidente del Partido Republicano de Italia, y nos decía que para Europa este es un tema muy difícil. También lo es para nosotros. Las presiones de los sectores agropecuarios de la Unión Europea son muy fuertes y a esos países les resultará muy difícil realizar concesiones en cuanto a favorecer y terminar con éxito esta Ronda, que se negociará definitivamente en Cancún, en las primeras semanas de setiembre.

Por otro lado, información de prensa publicada en el día de hoy nos da cuenta de algunas de las reflexiones realizadas por la Embajadora representante del Comisionado Europeo en el Uruguay, en el marco de una conferencia efectuada en el día de ayer en la Rural del Prado. Más o menos con estas palabras, manifestó que si no se tiene éxito en el ámbito comercial -es decir, en el tema que nos interesa a nosotros-, de todas formas podrían existir avances en acercamientos políticos para el futuro.

En la conferencia que hace treinta días dictó en la ALADI el Presidente del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, señor Carlos Pérez del Castillo, manifestó que era cautelosamente optimista. Pero las señales que se han dado en estos días nos generan grandes preocupaciones con relación al éxito del tema contenido en este proyecto de declaración propuesto por la Comisión de Asuntos Internacionales al plenario de la Cámara, iniciativa que fue acompañada por la unanimidad de los Diputados de todos los Partidos allí representados.

En definitiva, esta es una manifestación más de la protesta de nuestro país -y es bueno que la haga el Parlamento- y del reclamo de que haya más justicia en las relaciones comerciales internacionales para que, en definitiva, se nos permita tener mayor acceso a los mercados internacionales y se eliminen esas ayudas a los sectores ineficientes de Europa, de los Estados Unidos y de otros países, en perjuicio de los países débiles, productores agrícolas y ganaderos, como el nuestro.

Acompañamos con mucho gusto este proyecto de declaración, que cuenta con algunas enmiendas que han sido propuestas en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Correspondería votar el retiro de la moción presentada por el señor Diputado Riverós.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Se va a votar la solicitud del señor Diputado Riverós de retirar la moción presentada oportunamente, respecto a que el tema fuera analizado por la Comisión.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Corresponde dar lectura, por su orden, al proyecto de declaración que teníamos originalmente y luego a su nuevo texto con el agregado que se propuso en el curso de las últimas intervenciones.

Léase el primer párrafo del proyecto de la Comisión.

(Se lee:)

"La Cámara de Representantes declara su enorme preocupación por el progresivo aumento de los subsidios agrícolas, de las barreras arancelarias y no arancelarias en la Comunidad Económica Europea y en los Estados Unidos de Norteamérica".

SEÑOR LAVIÑA.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: hace instantes hablaba con algunos integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales a efectos de dar mayor actualidad a este proyecto de declaración, que fue elaborado el 18 de diciembre de 2002.

Recientemente dije que a partir del 12 de setiembre, y durante cuatro o cinco días, en la reunión de Cancún se jugará el destino de los objetivos de la política exterior uruguaya en materia agrícola-ganadera. Por ese motivo, quisiera agregar un último parágrafo -creo que todos estaremos de acuerdo en ello- en el que se exprese la expectativa que tiene el Parlamento con relación a las negociaciones que se van a celebrar a partir del 12 de setiembre en Cancún, para que se cumplan los objetivos perseguidos en este proyecto de declaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Agradecería al señor Diputado que haga llegar a la Mesa ese agregado por escrito.

Léase el primer párrafo sustitutivo propuesto por el señor Diputado Riverós.

(Se lee:)

"Declara su enorme preocupación por los subsidios agrícolas, las barreras arancelarias y no arancelarias establecidas en la Unión Económica Europea y en los Estados Unidos de América".

——En discusión.

SEÑOR RIVERÓS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RIVERÓS.- Señor Presidente: basta decir Unión Europea. La palabra "Económica" en estos momentos sobra, porque ahora solo se llama Unión Europea.

Cuando mencioné que la delegación está integrada por diez personas designadas por el Poder Ejecutivo y por cuatro nombradas por organismos privados, no leí el nombre de todos los delegados, en aras de la brevedad. De todas formas, solicito que a la versión taquigráfica -cuando mencioné la integración de la Comisión- se agreguen los nombres de todos los delegados uruguayos que concurrirán a la reunión que se realizará entre el 10 y el 14 de setiembre de este año.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- El texto propuesto por el señor Diputado Riverós dice: "[...] su enorme preocupación por los subsidios agrícolas, las barreras arancelarias y no arancelarias establecidas en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primer párrafo del proyecto de declaración con el texto sustitutivo propuesto por el señor Diputado Riverós.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por hacer uso de la palabra estando usted en ejercicio de la Presidencia. Pero ese no es el único motivo por el cual pedí la palabra.

Ya que estamos esperando la presentación por escrito de otra moción, quisiera pedir que se vuelva a leer el texto sustitutivo que acabamos de votar, porque nos daría la posibilidad eventual de proponer algún cambio. Continuaré luego de la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Léase nuevamente el primer párrafo del proyecto de declaración como fue aprobado.

(Se lee:)

"La Cámara de Representantes declara su enorme preocupación por los subsidios agrícolas, las barreras arancelarias y no arancelarias establecidas en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América".

——Puede continuar el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: en primer lugar, limitaría la propuesta al tema de los subsidios, porque no sé si todos estamos libres de pecado cuando hablamos de barreras arancelarias y no arancelarias; de lo contrario, ofreceríamos un blanco vulnerable que podría neutralizar el valor de la declaración. Propongo, entonces, que nos limitemos a los subsidios.

En segundo término, entiendo que también deben generar nuestra preocupación quienes compran esos artículos subsidiados. Lo que ocurre es que se subsidian los productos agrícolas y los venden en nuestros mercados naturales. Entonces, no entiendo por qué se unilateraliza el problema en quienes fijan los subsidios y se exonera de culpa y cargo a quienes se aprovechan de la situación.

Ese es nuestro comentario, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Hay un problema reglamentario. De acuerdo con lo que propone el señor Diputado, habría que reconsiderar lo ya votado, lo cual es posible, pero no contamos con el quórum suficiente para aprobar una modificación.

SEÑOR VENER CARBONI.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- ¿Se ha presentado alguna moción escrita a la Mesa? De lo contrario, no hay nada que considerar.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Todavía no ha llegado ninguna otra moción a la Mesa, pero nos parecía que, por cortesía, el señor Diputado tenía que saber en qué situación reglamentaria nos encontramos.

Léase el agregado propuesto por el señor Diputado Laviña.

(Se lee:)

"Esperamos que las inminentes negociaciones a celebrarse en Cancún, México, a partir del 10 de setiembre, concluyan eliminando los subsidios a las exportaciones y la eliminación de la ayuda interna".

——En discusión.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: solicito que se lea nuevamente la moción, porque su redacción me pareció un poco tortuosa.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Léase nuevamente.

(Se vuelve a leer)

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: en primer lugar, desde el punto de vista de la redacción, creo se podría suprimir la reiteración de los dos derivados del verbo "eliminar".

En segundo término, no deberíamos hablar mucho de este asunto. En definitiva, ¿qué es la devolución de impuestos a las exportaciones? Me da la impresión de que nuestro país también practica esas políticas. ¿Qué es la devolución de impuestos a las exportaciones, si no eso?

Me alineo con lo que sostenía originalmente la moción del señor Diputado Vener Carboni, porque creo que era lo correcto. Creo que las argumentaciones del señor Diputado Bergstein son pertinentes. Cada cual que haga lo que quiera, pero me parece que por ahí tenemos un camino razonable. Exhortamos a que disminuya el proteccionismo de los productos agrícolas y punto; hasta ahí creo que podemos llegar.

SEÑOR RIVERÓS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RIVERÓS.- Señor Presidente: lamentablemente, no se ha leído -porque no era del caso- el resto de la propuesta presentada por la Comisión correspondiente de este Parlamento. Creo que convendría darle lectura. La única modificación que habría en los siguientes párrafos sería la sustitución de "Comunidad Económica Europea" por "Unión Europea". Creo que allí se señala prácticamente todo lo que habría que decir sobre este asunto. De hecho, es una exhortación a bajar los subsidios y otro tipo de trabas -como, por ejemplo, el establecimiento de cuotas- que practican la Unión Europea y los Estados Unidos.

Si se diera lectura al resto del proyecto presentado por la Comisión de Asuntos Internacionales se subsanarían algunas de las objeciones que se han formulado.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Dese lectura a los restantes párrafos del proyecto de declaración.

(Se lee:)

"Alerta sobre el grave perjuicio que estas acciones y medidas unilaterales causan en el comercio internacional, afectando especialmente a los países con menor desarrollo, sus economías y por consiguiente su estabilidad social.- Señala que la deslealtad que supone enfrentar la competitividad y la eficiencia del sector primario de las economías de nuestros países, con subsidios y barreras que privilegian la ineficiencia productiva, contradice el espíritu de promoción de la libertad comercial, garantía indisociable del desarrollo equitativo.- Expresa su reclamo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América, para que abandonen las políticas de subsidios y trabas al comercio libre de productos agrícolas".

SEÑOR LAVIÑA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: hace unos minutos decía que esa declaración fue proyectada en diciembre de 2002, y han sobrevenido hechos importantes que sería oportuno mencionar.

Durante los primeros días del mes de setiembre se celebrarán en Cancún negociaciones, precisamente encaminadas a solucionar los problemas mencionados en esta declaración. Mi propuesta consistía en hacer referencia a ello, porque mediante la publicación de la declaración de la Cámara, se llegaría, a través de los medios, a los lugares donde puede tener alguna repercusión. El tema hoy es que el 10 de setiembre, en Cancún, se van a tratar los asuntos que preocupan a la Cámara. Por esa razón proponía que se estableciera en la declaración que tenemos la esperanza o la confianza de que las negociaciones de Cancún culminen exitosamente, recogiendo la aspiración de la Cámara.

El texto de la moción que presenté rápidamente a la Mesa puede ser perfeccionado; si no le gusta a mi amigo el señor Diputado Díaz, le agradecería que lo perfeccione. Pero me parece que este es un procedimiento para actualizar esta declaración y que no quede en el vacío, como algo que en cualquier momento se puede decir, sino que tenga repercusión en el momento actual, en las negociaciones que se celebrarán en Cancún.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LAVIÑA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: reconozco que estamos ante el problema de que cuando hacemos mal los deberes, a último momento presentamos un aditivo u otras soluciones.

De todos modos, quiero plantear al señor Diputado Laviña si no será mejor aprobar la declaración, no referida a Cancún, sino con un carácter general, y que la Cámara resuelva que dicha declaración se envíe a esa Conferencia. De esa manera, queda un propósito general explícito de política de la Cámara que se manifiesta y que influye en la Conferencia de Cancún. Hago esta propuesta al señor Diputado porque me parece que puede ayudar.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Puede continuar el señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: creo que el objetivo se cumple por cualquiera de los dos caminos. Precisamente, el objetivo es llevar a esa Conferencia la aspiración del Parlamento uruguayo. De manera que estoy de acuerdo con la propuesta realizada por el señor Diputado Díaz, ya que tiene la misma finalidad y cumple con el mismo objetivo.

Muchas gracias.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: conjuntamente con los señores Diputados Bergstein y Díaz -es obra de la pluma del señor Diputado Bergstein-, hemos planteado la reconsideración de lo votado precedentemente en tanto se refiere en forma exclusiva -como señaló con anterioridad el señor Diputado Bergstein- a los países y grupos económicos que subsidian sus productos.

Nosotros planteamos que además de la crítica a esa situación -realmente muy desgraciada para nuestro país-, debemos hacer mención a aquellos países que, siendo mercados tradicionales nuestros, hoy están prefiriendo comprar esos productos subsidiados y son los que, en definitiva, nos están provocando el perjuicio directo. Es, por ejemplo, el caso del arroz en Brasil, en Sudáfrica; se trata de una situación que podría multiplicarse.

En consecuencia, no debemos perder esta oportunidad a los efectos de señalar las dos situaciones tan deficitarias que se plantean desde el punto de vista de la colocación de nuestros productos perjudicados por los subsidios.

Por estos motivos, planteamos que se reconsidere lo que ya hemos votado y, a su vez, hacemos el agregado a que he hecho mención precedentemente.

Gracias.

SEÑOR PITA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: quiero hacer una reflexión muy breve sobre este asunto.

La Comisión de Asuntos Internacionales ha sido sensible a lo que están planteando los señores Diputados Bergstein, Díaz y Fernández Chaves. Ha elevado a consideración de la Cámara, en particular, algunas situaciones muy importantes referidas a lo que han mencionado estos colegas.

Creo que la intención de esta declaración -que se origina en una iniciativa del señor Diputado Vener Carboni, que tiene el apoyo de toda la Comisión- es referirse específicamente -y mucho más cuando adquiere la vigencia que tiene, antes de la Conferencia de Cancún- a la negociación dificilísima que estamos viviendo, precisamente, con respecto a estos dos grandes bloques de poder económico del mundo y a sus políticas de subsidios y de barreras arancelarias y no arancelarias, cubriendo todos los aspectos de la responsabilidad que ellos tienen en particular.

Con respecto a este tema, la Comisión ha hecho bien en tratarlo con particularidad, así como antes se ha pronunciado sobre los aspectos a que específicamente refieren los colegas. Hace poco votamos una moción específica acerca de ese tema.

Lo conveniente sería votar ahora lo que la Comisión aconseja, con las correcciones que hemos aprobado, y pronunciarnos sucesivamente acerca de los otros temas, pero dando a este aspecto la importancia que tiene. Y ni hablar que ello debe hacerse antes de la Conferencia de Cancún, ya que lo que nosotros queremos es, precisamente, que de una buena vez estos temas empiecen a ser atendidos por los países más poderosos del mundo.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: en el día de ayer hice una referencia que iba en el mismo sentido que lo expresado por el señor Diputado Fernández Chaves. No conozco la redacción que hizo el señor Diputado Bergstein, pero me parece que la orientación es buena.

Comparto el proyecto de declaración y, sobre todo, el objetivo que se persigue con él en el sentido de advertir sobre los daños que nos hacen tanto los subsidios de Estados Unidos como los de Europa. Pero también es lógico pensar -está en la tapa del libro- que lo primero que van a decir cuando nosotros hagamos este tipo de apreciaciones es: "Primero arréglense en casa". En la región hay países líderes, que en definitiva están al frente de un proceso de organización regional, que no solo compran arroz subsidiado, sino que están parando nuestros camiones con productos; Venezuela está prohibiendo la entrada de nuestros lácteos, y esto pasó hace pocos días. Realmente, todos estos son elementos accesorios que debemos considerar. Me parece importante hacerlo; estas autocríticas regionales no nos pueden pasar inadvertidas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- La situación es la siguiente. Nosotros ya tenemos aprobada la declaración con algunos párrafos y nos falta aprobar otros. El señor Diputado Laviña había presentado una propuesta, pero luego se allanó a la iniciativa presentada por el señor Diputado Díaz con respecto a no agregar un párrafo, pues alcanzaba con la comunicación a la Conferencia que se va a reunir en Cancún.

Hasta ese punto estamos en condiciones de votar ahora. Nos quedaría pendiente la segunda fase, que es la propuesta que ha hecho el señor Diputado Bergstein, para lo cual se requiere la reconsideración de lo ya aprobado. Podemos votar esa reconsideración, pero luego necesitaríamos cuarenta y nueve votos, que no tenemos, para la aprobación del texto sustitutivo.

En resumen, la Mesa va a poner a votación el texto tal cual está redactado sin considerar lo que ha propuesto el señor Diputado Bergstein, es decir, la declaración original con la modificación ya votada, hecha por el Diputado Riverós, y con el agregado del señor Diputado Díaz en el sentido de que se comunicaría a través de la Cancillería a la próxima reunión de Cancún.

Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta: AFIRMATIVA.

Corresponde ahora tratar la reconsideración del texto aprobado, respecto al cual el señor Diputado Bergstein ha propuesto una modificación.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: en realidad, estamos construyendo algo en un debate en Cámara.

Creo que la intención de la Comisión de Asuntos Internacionales y lo que nosotros hemos votado ahora refiere a megafenómenos económicos que son causantes de distorsiones en un comercio internacional equitativo.

Cuando se ubica el tema de los subsidios agrícolas y de las barreras arancelarias, se habla de las causas; esto después tiene consecuencias. El hecho de que haya países que compran productos subsidiados es una consecuencia de que haya algunos que subsidian. Si consideramos toda la situación, en realidad todo el mundo está en esto: algunos porque subsidian y otros porque compran. La única excepción sería algún país que no subsidie ni proteja nada, en cuyo caso podría haber algún país que comprara algo sin ningún subsidio. Hoy estamos obligados a comprar productos subsidiados porque existen los subsidios. Hoy el Uruguay compra cosas subsidiadas porque no tiene más remedio. Si no, ¿dónde va a comprar?

Entonces, en este marco, prefiero que la declaración se refiera conceptualmente a las causas de las cosas y no que termine involucrando a todo el mundo, con lo cual no decimos nada.

Este es mi argumento para mantener el proyecto de declaración tal como vino de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Léase la moción presentada por el señor Diputado Bergstein.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se reconsidere lo votado y se someta a votación el siguiente texto: 'Su enorme preocupación por los subsidios agrícolas establecidos por la Unión Europea y los Estados Unidos de América y por la adquisición e introducción de los productos subsidiados en nuestros mercados tradicionales'".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la reconsideración.

(Se vota)

——Dieciséis en cuarenta y cuatro: NEGATIVA.

Por lo tanto, se mantiene el texto que había sido aprobado.

SEÑOR RIVERÓS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RIVERÓS.- Señor Presidente: al inicio de la consideración de este asunto había solicitado que se remitiera al Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a presidir la delegación uruguaya que concurrirá a Cancún, no solamente la moción, sino también lo que se dijo en la sesión anterior, cuando se abundó en datos concretos con respecto a este tema. Asimismo, tal como planteó el señor Diputado Díaz, propongo que se envíe directamente a la Conferencia de Cancún.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: no intervine en el debate, pero creo que ha sido una feliz iniciativa de mi compañero de bancada, el señor Diputado Vener Carboni, plantear este asunto. Considero que es bueno que el Parlamento uruguayo haga una declaración vinculada estrictamente al tema de los subsidios agrícolas.

Creo, eso sí -francamente-, que si salimos del tema de los subsidios agrícolas la cosa se complica. Es evidente que los países subdesarrollados tienen políticas más proteccionistas que los países desarrollados; que a los países desarrollados les va mejor en materia económica que a los países subdesarrollados, y que los países que protegen sus economías son aquellos a los que les va peor. Y si no se lo considera así, basta con ver el ejemplo de Chile, el país que creció más en América Latina durante la década del noventa y el que tiene los menores niveles de protección, que este año serán exclusivamente del 6%.

Entonces, me parece muy bueno que la Cámara de Diputados vote por unanimidad este proyecto del señor Diputado Vener Carboni, para que los países desarrollados dejen de proteger la agricultura. Pero si fuéramos consecuentes, deberíamos decir que tendríamos que instar a los países subdesarrollados a bajar sus barreras proteccionistas, porque con ellas lo único que han logrado es seguir siendo subdesarrollados indefinidamente.

Quería dejar esta constancia por la vía del fundamento de voto.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: he votado afirmativamente esta iniciativa que hizo suya por unanimidad la Comisión de Asuntos Internacionales.

Como bien planteaba el señor Diputado Agazzi, el tema de los subsidios forma parte de las discusiones que se están manteniendo, en la medida en que todos aspiramos a un mundo con las mismas reglas de juego. Lo que no comparto es la afirmación de que a las economías que protegen sus productos les va peor. Finlandia es un país cuya regulación y protección es de las más altas del mundo y ha tenido niveles de crecimiento económico superiores a los de Estados Unidos y a los de la propia Unión Europea.

Mientras no se logre un acuerdo mundial que elimine estas barreras -y que incorpore otro de los elementos distorsionantes del mercado ante el que nosotros deberíamos reaccionar: aquellos productos que ingresan al país, que son el resultado del dumping social al que nadie hace referencia-, el mundo no estará en buenas condiciones para comerciar con igualdad. Mientras ello no ocurra, los países no tienen más remedio que defenderse de prácticas que los perjudican, porque no quiero olvidarme de que quienes han preconizado en el mundo la libertad comercial son los que menos la practican y los que más subsidios otorgan no solamente a sus producciones agrícolas, sino también a las industriales.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Chápper)

SEÑOR LAVIÑA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: en exposiciones anteriores durante este debate he sustentado mi posición. Quería agregar que no he votado la propuesta del señor Diputado Bergstein porque si bien en el fondo estamos de acuerdo, este tema ya había sido objeto de pronunciamiento por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales y también de la Cámara de Diputados.

Recuerdo que cuando se planteó el problema de la compra por parte de Brasil de arroz subsidiado de los Estados Unidos, no solamente hubo una votación unánime en la Comisión protestando ante esa incoherencia del Gobierno brasileño, sino que además remitimos oficios a la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y a la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de Brasil, en Brasilia, y de ambas recibimos respuesta.

Entonces, la Comisión de Asuntos Internacionales ya se pronunció al respecto de manera muy firme, pronunciamiento que hizo suyo la Cámara de Representantes.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: en realidad, voy a abusar del Reglamento en el sentido de que, a modo de fundamento de voto, quisiera subrayar que los países desarrollados son los que más subsidian los productos agrícolas, pero no los que más subsidian en general. Si tenemos en cuenta la globalidad de la producción manufacturera y agrícola, advertiremos que quienes más subsidian son los países en desarrollo; pero es verdad que los que más subsidian los productos agrícolas son los desarrollados.

Además, para no votar la reconsideración, acá se ha hecho mucho hincapié en que ya hubo un pronunciamiento de la Cámara con relación a la adquisición de productos agrícolas subsidiados, cuando aquella famosa importación que hizo Brasil del arroz subsidiado de los Estados Unidos. Pero resulta que desde entonces, cuando la Cámara se pronunció sobre estos hechos, se siguen produciendo nuevas situaciones que también deberían ser objeto de nuestra atención. Me refiero ni más ni menos que a lo que ha hecho Brasil hace aproximadamente un mes, al rebajar el arancel externo a las importaciones de arroz. Esto motivó nuestra consulta al Gobernador de Río Grande del Sur cuando estuvo en Uruguay hace pocas semanas.

Entonces, si bien la Cámara se pronunció en su momento, ha habido hechos supervinientes que justificaban un nuevo pronunciamiento.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: hemos votado por la afirmativa porque nos parece que el proyecto que acaba de aprobar la Cámara es una buena expresión de la voluntad nacional.

Estos temas ya se discutían en el país en 1959. Hace poco tiempo tuve oportunidad de releer un debate de noviembre de ese año en el cual se discutía, precisamente, sobre el proteccionismo de algunos países. Inglaterra avanzó a partir de un relativamente moderado pero permanente proteccionismo. Por cierto, los Estados Unidos lo hicieron y lo llevaron a cabo de manera muy acentuada. ¿Cuándo se discutía esto? Cuando comenzaron a aparecer en estos países de América Latina algunas fórmulas de organismos internacionales, fundamentalmente propagadores de determinada ideología que interesa a las transnacionales y a los países centrales, que nos aconsejaban la libre importación, la libre exportación, etcétera; consejo que nos daban a los países del Sur fundamentalmente y que no cumplen -como se ha demostrado en esta declaración que acompañan todos los sectores- los países centrales.

Hace poco más de un año el profesor Héctor Hugo Barbagelata publicó un libro en el que explica en qué consiste toda la política que se tiende a imponer sobre estos países a partir de lo que él mismo calificó -como he dicho antes- como propagadores de determinadas ideologías que interesan a los países centrales y no a los del Sur. En ese sentido, he acompañado los planteamientos que han hecho los legisladores en este proyecto de declaración, porque me parece que es la posibilidad de manifestar una esperanza que quizás en las reuniones se transforme simplemente en ilusión. La verdad -es importante que hagamos conciencia de esto entre todos los sectores- es que para tratar de obtener lo que se plantea como esperanza en esta declaración hay que seguir haciendo acuerdos internacionales entre distintos países, a fin de hablar con una voz que tenga cierta fuerza representativa de muchos pueblos y que nos permita hacerlo en igualdad de condiciones con los países centrales.

SEÑOR PATRONE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PATRONE.- Señor Presidente: he votado afirmativamente esta declaración por varias razones, pero la más importante es que considero que este Parlamento debe tener una opinión acerca de estos temas. Además, se trata de una declaración que está basada fundamentalmente en el contexto actual del comercio internacional. O sea que de alguna manera nos está posicionando con relación a lo que está sucediendo actualmente, aunque estos hechos -como opinaba el señor Diputado Chifflet- han ocurrido con antelación; no son nuevos.

También quería decir, con relación a los subsidios, que hay otras áreas en el mundo que protegen sus producciones, como es el caso de Japón y Canadá, no incluidos en esta declaración. Si estamos incorporando el concepto del comercio internacional como el elemento al cual estamos apuntando, en él están incluidos otros como el dumping y las barreras arancelarias y no arancelarias. Son expresiones distintas de un mismo fenómeno en la relación internacional de comercio. En ese sentido y en las desfavorables condiciones en las cuales actualmente se encuentran los países ajenos a las posibilidades de subsidiar por no tener capitales excedentarios, producto de otro tipo de relación económica, es que estamos reclamando una discusión profunda, a fondo y seria que lleve a que el comercio internacional sea igualitario y transparente, permitiendo a los países que no practican ese tipo de políticas tener un tratamiento igualitario.

Gracias.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente, con entusiasmo y esperanza al mismo tiempo. En el mundo, el tema de los subsidios, que es uno de los modos más terribles de artificiosidad en el mercado del comercio internacional, no es una casualidad. Queda claro que se subsidia lo que no tiene capacidad de competir con reglas de juego claras; por eso no está subsidiada la producción industrial en los países centrales. El subsidio agrícola es el modo encubierto o activo de quebrarnos la posibilidad de la producción nacional en nuestros países, donde la producción agropecuaria es de superior calidad en cuanto a su naturalidad y a los aspectos sanitarios. Son cientos de miles de millones de dólares por año los que el mundo desarrollado invierte, gasta en materia de subsidios, minando la capacidad de comercio internacional.

Tuvimos oportunidad de sostener estos mismos conceptos en otros roles, precisamente en los ámbitos internacionales en donde estos temas se desarrollan.

Por lo tanto, me parece una obligación cumplida por esta Cámara el haber dicho con claridad y en alta voz que considera que el tema de los subsidios es nefasto para los mejores intereses económicos de nuestros pueblos y fundamentalmente para el desarrollo humano al que todos estamos comprometidos.

SEÑOR DICANCRO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DICANCRO.- Señor Presidente: he votado afirmativamente este proyecto de declaración con relación a los subsidios agrícolas en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en Japón, porque considero que es necesario hacerlo por todos los medios y este es uno de ellos, importante sin duda. También es necesario reconocer que es tan solo un medio más, a tal punto que -como es de conocimiento de todos- ya se solicitó que se eliminaran los subsidios agrícolas en esos países por parte de quienes los sufren, como nosotros. Sin embargo, nada sucedió y estimamos que nada sucederá en el futuro inmediato por más reuniones que se hagan en Cancún en setiembre próximo. No será fácil que cambien su estructura, sus políticas. Estas potencias internacionales, con estos privilegios que dan a sus agricultores, logran el necesario apoyo político, imprescindible para mantener las actuales estructuras políticas y sociales que reinan en esos poderosos países.

Entonces, creo que es una tarea muy difícil la que hemos emprendido, pero sin duda hay que hacerla. Por eso hemos votado afirmativamente esta declaración, pero teniendo en cuenta lo dicho anteriormente.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: queremos expresar nuestro deseo de que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara haga un expediente con nuestra propuesta de crear un fondo de compensación por subsidios agrícolas.

Si el mundo desarrollado dice que no puede hacer caer esos subsidios porque tiene problemas sociales, económicos, geopolíticos o demográficos, tal vez puedan ser razones atendibles; lo que no puede hacer es perjudicar al mundo subdesarrollado. Por lo tanto, es bueno que lo compense a través de un fondo de compensación cuya estructura presentamos oportunamente y solicitamos que fuera derivada, tal como explicábamos ayer, a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tenemos la esperanza de que se forme un expediente y se estudie este fondo de compensación por subsidios agrícolas, que será otra quijotada, pero todos hacemos como Moisés: caminamos hacia la tierra prometida sabiendo que nos está vedado llegar.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Queda aprobado el proyecto de declaración.

(Texto del proyecto aprobado:)

"La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay

DECLARA:

Su enorme preocupación por los subsidios agrícolas, las barreras arancelarias y no arancelarias establecidos en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América.

Alerta sobre el grave perjuicio que estas acciones y medidas unilaterales causan en el comercio internacional, afectando especialmente a los países con menor desarrollo, sus economías y por consiguiente su estabilidad social.

Señala que la deslealtad que supone enfrentar la competitividad y la eficiencia del sector primario de las economías de nuestros países, con subsidios y barreras que privilegian la ineficiencia productiva, contradice el espíritu de promoción de la libertad comercial, garantía indisociable del desarrollo equitativo.

Expresa su reclamo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América, para que abandonen las políticas de subsidios y trabas al comercio libre de productos agrícolas".

18.-     Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario. (Prórroga de plazo).

——Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Charlone y los señores Diputados Gabriel Pais, Argenzio, Fernández Chaves, Berois Quinteros y Mieres.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el plazo de que dispone para expedirse la Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario, hasta el 20 de octubre del corriente año".

——En discusión.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: quisiera saber cuándo se votó esta Comisión Investigadora y con qué plazo. Requiero a la Mesa información al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tenía plazo hasta el 10 de setiembre.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: lo que quiero saber -si es que se cuenta con esa información- es cuándo se votó originalmente la creación de esta Comisión y con qué plazo.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- En seguida le daremos la información, señor Diputado.

19.-     Subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. (Aumento).

SEÑOR RIVERÓS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RIVERÓS.- Señor Presidente: tengo entendido que en la votación que realizamos sobre el tema de los subsidios agrícolas quedó implícitamente aprobada la propuesta del señor Diputado Díaz y la de quien suscribe, en el sentido de remitir, tanto a la Conferencia de Cancún como a la delegación uruguaya que va a concurrir, la versión taquigráfica de la sesión pasada. ¿Es así, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Según me hace saber la Secretaría, el procedimiento sería que el proyecto aprobado se comunique al Ministerio de Relaciones Exteriores para que este lo presente en la reunión de Cancún a realizarse el 10 de setiembre.

20.-     Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario. (Prórroga de plazo).

En cuanto a la información solicitada por el señor Diputado Díaz con relación al plazo otorgado a la Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario, quiero trasmitirle que dicha Comisión fue creada el 2 de octubre de 2002, con un plazo de sesenta días para expedirse.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: sé que esta prórroga será aprobada, pero adelanto que no la voy a votar. Digo esto con todo el respeto que me merecen los compañeros del Partido Colorado que integran esa Comisión. Creo que esta práctica del Parlamento de votar Comisiones Investigadoras que van dilatando su actuación y que se prolongan en el tiempo, no es buena. Tampoco creo que sea una buena práctica votar Comisiones Especiales que tratan otros temas por determinado tiempo para que luego se conviertan en Comisiones prácticamente permanentes por el mero hecho de votar prórrogas en forma indefinida. Es por esa razón que, en lo personal, no voy a acompañar esta moción.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: solo quiero informar, sobre todo al señor Diputado Díaz, por qué se pide la prórroga y por qué se extendió el plazo de la Comisión Investigadora.

El tiempo de actuación de la Comisión se ha extendido no solo por el trabajo de los legisladores, sino porque a veces nos encontramos con impedimentos hasta desde el punto de vista formal, con respecto a la presencia de las autoridades del Banco Central. Hay que tener en cuenta que durante el año 2002 y en lo que va de este ha habido actividades realmente importantes de parte de todo el equipo económico, y algunas veces todas las comparecencias que pretendimos de los funcionarios del Banco Central se dilataron porque sus autoridades entendían que también ellos debían estar presentes en la Comisión. Este procedimiento, que en definitiva surge de las mismas autoridades del Banco Central, hizo que muchas veces nosotros citáramos a funcionarios del Banco y tuviéramos que esperar la presencia de los Directores; a veces pasaba un mes entre una reunión y otra. Esto -para que lo conozca la Cámara- hizo extender el plazo mucho más allá de lo que todos hubiéramos querido.

Por otra parte, quiero decir que si bien se pide una prórroga, la Comisión no va a recibir a nadie más; simplemente, nos vamos a reunir la próxima semana para evaluar los informes de cada uno. Tenemos plazo hasta el 18 de setiembre para entregar los informes y esta prórroga se está pidiendo para cumplir con los artículos 37 y 38 de la ley sobre Comisiones Investigadoras, que establece que cuando en los informes se imputa alguna responsabilidad, se debe dar vista por el plazo de veinte días a quienes se señala como responsables. O sea que estamos pidiendo esta prórroga para cumplir con los artículos 37 y 38 de la ley sobre Comisiones Investigadoras y no para seguir recibiendo gente ni para terminar los informes, para lo cual ya tenemos como plazo final el 18 de setiembre.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: me siento totalmente identificada con las palabras del señor Diputado Berois Quinteros, así que no voy a agregar nada más.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: voy a mantener mi posición, aunque respeto, como siempre, los puntos de vista de la señora Diputada Charlone y del señor Diputado Berois Quinteros.

No quiero extender el debate, pero me parece que para cumplir con los artículos 37 y 38 no es necesario prorrogar el plazo de la Comisión. Esta se expide y da vista a los imputados. El informe de la Comisión y la respuesta de los imputados vienen a la Cámara. Pero no importa; no quiero prolongar el debate. Simplemente voy a votar en contra, aunque la prórroga igualmente se concederá.

Muchas gracias.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: se supone que si se imputan responsabilidades a las personas que vienen a la Comisión, estas tienen el derecho de hacer descargos, para lo que cuentan con un plazo de veinte días, creo que prorrogable por diez días más. En función de esos descargos puede haber algún cambio, inclusive dentro de lo que pueden ser los informes originales, porque precisamente para eso se habilita la etapa de los descargos. Es probable que algunos de los informes sean modificados en la Comisión antes de llegar al plenario. De cualquier manera, el plazo está dentro de las garantías que se dan a los imputados y eso es lo que pide la ley sobre Comisiones Investigadoras.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: este es un debate que periódicamente aparece cuando se tiene que votar la prórroga de una Comisión Investigadora o de una Comisión Especial. Creo que el problema no es reglamentario; este Cuerpo no se aparta del Reglamento, ni siquiera en su espíritu, cuando vota Comisiones Investigadoras, Comisiones Especiales o la prórroga de sus plazos.

Lo que importa es el tema de fondo: si hay acuerdo en que esto siga siendo estudiado en una Comisión Investigadora o en una Comisión Especial. En este caso, los argumentos que ha expuesto el señor Diputado Berois Quinteros son claros, y si es por unanimidad de los miembros de la Comisión que se solicita la prórroga, no hay duda de que la tenemos que votar.

Quiero decir que esto no lesiona ni complica en absoluto el trabajo del Cuerpo, dado que hay una situación absolutamente diferente entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Mientras que en el Senado cada Senador integra tres Comisiones Permanentes, en esta Cámara cada Diputado integra una. Creo que los Diputados no somos seres humanos tan diferentes de los Senadores como para que en algún caso no podamos atender más de una Comisión.

Así que este tema no es reglamentario, sino político, y como tal lo evaluaremos en cada caso. Pero me afilio a la tesis de que en principio es bueno que las Comisiones se instalen, tanto las Investigadoras como las Especiales, si los motivos de su creación justifican que tal cosa se haga.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar la moción presentada, en el sentido de prorrogar el plazo de que dispone la Comisión Investigadora.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

21.-      Subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. (Aumento).

Con respecto a lo que había solicitado el señor Diputado Riverós, en relación con el tema de los subsidios agrícolas, la Secretaría me hace saber que no llegó a la Mesa una moción en tal sentido.

SEÑOR RIVERÓS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RIVERÓS.- Señor Presidente: en nuestra moción planteamos que queríamos que la versión taquigráfica de lo expresado en Sala en el día de ayer fuera enviada conjuntamente con la declaración y los fundamentos que estableció la Comisión de Asuntos Internacionales de esta Cámara -que se acaba de aprobar-, tanto al Ministerio que va a presidir la delegación a Cancún como a Cancún directamente. Eso lo planteamos en la misma oportunidad en que el señor Diputado Díaz solicitó que se enviara esta declaración de la Cámara a la Conferencia de Cancún. De manera que simplemente solicitamos que se agregue la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en el día de ayer, ya que algunos compañeros legisladores mucho más informados que quien habla brindaron una serie de datos, y me parece interesante que la delegación uruguaya, si no los tiene, pueda contar con ellos.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- La Mesa aclara al señor legislador que como la moción no llegó en forma escrita ni fue aprobada por la Cámara, no puede ser puesta en consideración.

22.-     Seminario internacional "Experiencias de fortalecimiento del Poder Legislativo".

Recordamos a los señores Representantes que los días jueves y viernes próximos se realizará, en la Sala Paulina Luisi del Edificio Anexo José Artigas, el seminario internacional "Experiencias de fortalecimiento del Poder Legislativo", organizado por la Unión Interparlamentaria, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. La apertura es mañana, a la hora 10, y se realizarán mesas de trabajo integradas por expositores extranjeros y moderadas por señores legisladores de nuestra Cámara.

23.-     Tratado (Estatuto) para la Creación del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID). (Aprobación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Tratado (Estatuto) para la Creación del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID). (Aprobación)".

Está cerrada la discusión del artículo único del proyecto, por lo que corresponde pasar a votarlo.

Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo Único.- Apruébase el Tratado (Estatuto) para la creación del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), suscrito en Montevideo, el 4 de agosto de 1994".

24.-     Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación. (Ratificación).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación. (Ratificación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 974

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 12 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General,
don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 5º) y 6º) del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y el inciso 20) del artículo 168 de la Constitución de la República, a fin de poner en conocimiento del Poder Legislativo el texto de los siguientes instrumentos internacionales del trabajo adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su octogésima quinta reunión, celebrada en Ginebra en junio de 1997: Convenio Nº 181 y Recomendación Nº 188. Asimismo somete a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el que propicia la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de empleo, 1997.

La referida norma es revisora del Convenio Internacional del Trabajo Nº 96 sobre agencias retribuidas de colocación, 1949, ratificado por Uruguay mediante Decreto-Ley Nº 14.463, de 17 de noviembre de 1975. El carácter revisor del Convenio Nº 181 hace que su eventual ratificación implique la denuncia automática del Convenio Nº 96.

Las agencias privadas de colocación juegan un rol importante en la intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo. Tal es así que el número de trabajadores contratados bajo este sistema ha crecido en el último año y las nuevas agencias de colocación que han concurrido a inscribirse en el Registro Nacional de Agencias del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, realizan con mayor frecuencia suministro de mano de obra temporal.

El mencionado Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 tiene por finalidad regular en forma flexible el funcionamiento de las agencias de empleo privadas y proteger a los trabajadores que recurren a los servicios de esas agencias. En efecto, el mismo establece que las agencias de empleo privadas deben conformarse al interés público, cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, reconociendo a la autoridad nacional la facultad de regular las agencias privadas en función de sus intereses y realidades; enfatizando en la necesidad de cooperación entre el sector público del empleo y las mencionadas agencias.

Se establece como definición de las agencias de empleo privadas: "toda persona física o jurídica, independiente de las autoridades públicas que presta uno o más de los servicios siguientes en relación con el mercado de trabajo:

a) servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo privada pase a ser parte en las relaciones laborales que pudieran derivarse;

b) servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona, física o jurídica, que determine sus tareas y supervise su ejecución;

c) otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, como brindar información, sin estar por ello destinado a vincular una oferta o demanda específica".

Esta nueva definición de agencias privadas se adecua mejor a la realidad, ya que abarca tanto a las agencias de trabajo efectivo como a las agencias de trabajo temporal y otras actividades como las bolsas de empleo electrónicas, las páginas "web" para la publicación de demandas y ofertas para su selección.

Asimismo el Convenio prevé la posibilidad que los Estados Miembros se acojan a determinadas prohibiciones o exclusiones en su aplicación (artículo 2, numerales 4. y 5.), lo que será evaluado al momento de dictarse la reglamentación correspondiente, atendiendo a los criterios explicitados en el propio instrumento internacional.

En síntesis, el Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 reconoce que el contexto en que funcionaban las agencias de empleo privadas es, en el presente, muy distinto de las condiciones existentes cuando se procedió a la adopción del Convenio Nº 96 y procura una adecuada protección de los trabajadores sin mengua de la flexibilidad de los mercados de trabajo.

Consultado el Grupo de Trabajo de composición tripartita creado con la finalidad de asesoramiento en relación con los organismos e instancias internacionales y regionales vinculados a esta Secretaría de Estado (Resolución de 23/3/99), se pronunció, en sesión de fecha 23 de agosto de 2000, en forma unánime, por la ratificación del Convenio.

Por los motivos expuestos precedentemente es que el Poder Ejecutivo cumple con someter a ese Cuerpo las normas internacionales referidas, solicitando la ratificación del Convenio Internacional Nº 181 sobre agencias de empleo privadas, 1997.

Reiteramos al señor Presidente las seguridades de nuestra más atenta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ÁLVARO ALONSO, DIDIER OPERTTI.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 85a. reunión celebrada en Ginebra en junio de 1999, cuyo texto se transcribe a continuación:

"CONVENIO SOBRE LAS AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1997, en su octogésima quinta reunión;

Tomando nota de las disposiciones del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949;

Consciente de la importancia que representa la flexibilidad para el funcionamiento de los mercados de trabajo;

Recordando que la Conferencia Internacional del Trabajo en su 81a. reunión, 1994, consideró que la OIT debía proceder a revisar el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949:

Considerando que el contexto en que funcionan las agencias de empleo privadas es muy distinto de las condiciones existentes cuando se procedió a la adopción del mencionado Convenio;

Reconociendo el papel que las agencias de empleo privadas pueden desempeñar en el buen funcionamiento del mercado de trabajo;

Recordando la necesidad de proteger a los trabajadores contra los abusos;

Reconociendo la necesidad de garantizar la libertad sindical y de promover la negociación colectiva y el diálogo social como elementos necesarios para el funcionamiento de un buen sistema de relaciones laborales;

Tomando nota de lo dispuesto en el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948;

Recordando las disposiciones del Convenio sobre trabajo forzoso, 1930, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, el Convenio sobre la política del empleo, 1964, el Convenio sobre la edad mínima, 1973, el Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988, así como las disposiciones sobre reclutamiento y colocación que figuran en el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, y en el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949, tema que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que estas proposiciones adopten la forma de un convenio internacional,

Adopta, con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997:

Artículo 1

1.  A efectos del presente Convenio, la expresión "agencia de empleo privada" designa a toda persona física o jurídica, independiente de las autoridades públicas, que presta uno o más de los servicios siguientes en relación con el mercado de trabajo:

a) servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo privada pase a ser parte en las relaciones laborales que pudieran derivarse;

b) servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona, física o jurídica (en adelante "empresa usuaria"), que determine sus tareas y supervise su ejecución;

c) otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, como brindar información, sin estar por ello destinados a vincular una oferta y una demanda específicas.

2. A efectos del presente Convenio, el término "trabajadores" comprende a los solicitantes de empleo.

3. A efectos del presente Convenio, la expresión "tratamiento de los datos personales de los trabajadores" designa la recopilación, almacenamiento, combinación y comunicación de los datos personales, o todo otro uso que pudiera hacerse de cualquier información relativa a un trabajador identificado o identificable.

Artículo 2

1. El presente Convenio se aplica a todas las agencias de empleo privadas.

2. El presente Convenio se aplica a todas las categorías de trabajadores y a todas las ramas de actividad económica. No se aplica al reclutamiento y colocación de la gente de mar.

3. El presente Convenio tiene como una de sus finalidades permitir el funcionamiento de las agencias de empleo privadas, así como la protección de los trabajadores que utilicen sus servicios, en el marco de sus disposiciones.

4. Previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, todo Miembro podrá:

a) prohibir, en determinadas circunstancias, el funcionamiento de las agencias de empleo privadas con respecto a ciertas categorías de trabajadores o en ciertas ramas de actividad económica en lo que atañe a la prestación de uno o más de los servicios a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1;

b) excluir, en determinadas circunstancias, a los trabajadores de ciertas ramas de actividad económica, o de partes de éstas, del campo de aplicación del presente Convenio, o de algunas de sus disposiciones, siempre que se garantice por otros medios a los trabajadores en cuestión una protección adecuada.

5. Todo Miembro que ratifique el Convenio deberá indicar en las memorias que envíe en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las prohibiciones o exclusiones a las que en su caso se acoja en virtud del párrafo 4 del presente artículo, motivándolas debidamente.

Artículo 3

1. La determinación del régimen jurídico de las agencias de empleo privadas se efectuará de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.

2. Todo Miembro deberá determinar, mediante un sistema de licencias o autorizaciones, las condiciones por las que se rige el funcionamiento de las agencias de empleo privadas salvo cuando dichas condiciones estén determinadas de otra forma por la legislación y la práctica nacionales.

Artículo 4

Se adoptarán medidas para asegurar que los trabajadores contratados por las agencias de empleo privadas que prestan los servicios a los que se hace referencia en el artículo 1 no se vean privados del derecho de libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva.

Artículo 5

1. Con el fin de promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de acceso al empleo y a las diferentes profesiones, todo Miembro velará por que las agencias de empleo privadas traten a los trabajadores sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social o cualquier otra forma de discriminación cubierta en la legislación y la práctica nacionales, tales como la edad o la discapacidad.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no serán obstáculo a que las agencias de empleo privadas faciliten servicios especiales o apliquen programas destinados a ayudar a los trabajadores más desfavorecidos en sus actividades de búsqueda de empleo.

Artículo 6

El tratamiento de los datos personales de los trabajadores por las agencias de empleo privadas deberá:

a) efectuarse en condiciones que protejan dichos datos y que respeten la vida privada de los trabajadores, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales;

b) limitarse a las cuestiones relativas a las calificaciones y experiencia profesional de los trabajadores en cuestión y a cualquier otra información directamente pertinente.

Artículo 7

1. Las agencias de empleo privadas no deberán cobrar a los trabajadores, ni directa ni indirectamente, ni en todo ni en parte, ningún tipo de honorario o tarifa.

2. En interés de los trabajadores afectados, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo respecto de determinadas categorías de trabajadores, así como de determinados servicios prestados por las agencias de empleo privadas.

3. Todo Miembro que autorice excepciones en virtud del párrafo 2 del presente artículo deberá, en las memorias que envíe de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, suministrar información acerca de esas excepciones y motivarlas debidamente.

Artículo 8

1. Todo Miembro deberá, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, adoptar todas las medidas necesarias y convenientes, dentro de los límites de su jurisdicción y, en su caso, en colaboración con otros Miembros, para que los trabajadores migrantes reclutados o colocados en su territorio por agencias de empleo privadas gocen de una protección adecuada y para impedir que sean objeto de abusos. Esas medidas comprenderán leyes o reglamentos que establezcan sanciones, incluyendo la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en prácticas fraudulentas o abusos.

2. Cuando se recluten trabajadores en un país para trabajar en otro, los Miembros interesados considerarán la posibilidad de concluir acuerdos laborales bilaterales para evitar abusos y prácticas fraudulentas en materia de reclutamiento, colocación y empleo.

Artículo 9

Todo Miembro tomará medidas para asegurar que las agencias de empleo privadas no recurran al trabajo infantil ni lo ofrezcan.

Artículo 10

La autoridad competente deberá garantizar que existen mecanismos y procedimientos apropiados en los que colaboren si es conveniente las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, para examinar las quejas, los presuntos abusos y las prácticas fraudulentas relacionadas con las actividades de las agencias de empleo privadas.

Artículo 11

Todo Miembro adoptará, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas previstas en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 gocen de una protección adecuada en materia de:

a) libertad sindical;

b) negociación colectiva;

c) salarios mínimos;

d) tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo;

e) prestaciones de seguridad social obligatorias;

f) acceso a la formación;

g) seguridad y salud en el trabajo;

h) indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional;

i) indemnización en caso de insolvencia y protección de los créditos laborales;

j) protección y prestaciones de maternidad y protección y prestaciones parentales.

Artículo 12

Todo Miembro deberá determinar y atribuir, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, las responsabilidades respectivas de las agencias de empleo privadas que prestan los servicios que se mencionan en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1, y de las empresas usuarias, en relación con:

a) la negociación colectiva;

b) el salario mínimo;

c) el tiempo de trabajo y las demás condiciones de trabajo;

d) las prestaciones de seguridad social obligatorias;

e) el acceso a la formación;

f) la protección en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo;

g) la indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional;

h) la indemnización en caso de insolvencia y la protección de los créditos laborales;

i) la protección y las prestaciones de maternidad y la protección y prestaciones parentales.

Artículo 13

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales y previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, todo Miembro elaborará, establecerá y revisará periódicamente las condiciones para promover la cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas.

2. Las condiciones que se mencionan en el párrafo 1 del presente artículo deberán reconocer el principio de que las autoridades públicas retienen competencias para, en última instancia:

a) formular políticas de mercado de trabajo;

b) utilizar y controlar la utilización de fondos públicos destinados a la aplicación de esa política.

3. Las agencias de empleo privadas deberán, con la periodicidad que la autoridad competente disponga, facilitarle la información que precise, teniendo debidamente en cuenta su carácter confidencial:

a) con el fin de permitirle conocer la estructura y las actividades de las agencias de empleo privadas, de conformidad con las condiciones y las prácticas nacionales;

b) con fines estadísticos.

4. La autoridad competente deberá compilar y, a intervalos regulares, hacer pública esa información.

Artículo 14

1. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán por medio de la legislación o por otros medios conformes a la práctica nacional, como decisiones judiciales, laudos arbitrales o convenios colectivos.

2. El control de la aplicación de las disposiciones destinadas a dar efecto al presente Convenio correrá a cargo de los servicios de inspección del trabajo o de otras autoridades públicas competentes.

3. Se deberían prever y aplicar efectivamente medidas de corrección adecuadas, con inclusión de sanciones si hubiese lugar, en los casos de infracción de las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 15

El presente Convenio no afecta a las disposiciones más favorables aplicables en virtud de otros convenios internacionales del trabajo a los trabajadores reclutados, colocados o empleados por agencias de empleo privadas.

Artículo 16

El presente Convenio revisa el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949, y el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933.

Artículo 17

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 18

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 19

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que haya entrado inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 20

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 21

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 22

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 23

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente Convenio, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 'ipso iure', la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 19, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 24

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas".

Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente norma.

Montevideo, 12 de setiembre de 2001.

ÁLVARO ALONSO, DIDIER OPERTTI.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

R 188 Recomendación sobre las agencias de empleo privadas, 1997

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1997, en su octogésima quinta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949, tema que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación que complemente el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997,

Adopta, con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre las agencias de empleo privadas:

I. Disposiciones generales

1. Las disposiciones de la presente Recomendación complementan las del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (en adelante "el Convenio"), y deberían aplicarse conjuntamente con ellas.

2. 1) En la medida de lo posible, los organismos tripartitos o las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían ser asociados a la formulación y aplicación de las disposiciones adoptadas para dar efecto al Convenio.

2) Cuando sea conveniente, la legislación nacional aplicable a las agencias de empleo privadas debería completarse con normas técnicas, directrices, códigos de deontología, procedimientos de autocontrol o por otros medios que sean conformes a la práctica nacional.

3. Los Estados Miembros deberían, cuando sea conveniente y viable, intercambiar informaciones y compartir la experiencia adquirida sobre la contribución de las agencias de empleo privadas al funcionamiento del mercado de trabajo, comunicándolas a la Oficina Internacional del Trabajo.

II. Protección de los trabajadores

4. Los Miembros deberían adoptar las medidas necesarias y apropiadas para prevenir y eliminar las prácticas de las agencias de empleo privadas que no sean conformes a la deontología. Entre estas medidas pueden figurar leyes o reglamentos que establezcan sanciones, incluyendo la prohibición de las agencias de empleo privadas que lleven a cabo prácticas que no sean conformes a la deontología.

5. Los trabajadores empleados por las agencias de empleo privadas, a las que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 del Convenio, deberían tener, cuando sea conveniente, un contrato de trabajo escrito en donde se especifiquen sus condiciones de empleo. Como mínimo, estos trabajadores deberían ser informados de sus condiciones de empleo antes del inicio efectivo de su actividad.

6. Las agencias de empleo privadas no deberían poner trabajadores a disposición de una empresa usuaria con el fin de reemplazar a sus trabajadores en huelga.

7. La autoridad competente debería reprimir las prácticas desleales en materia de publicidad y anuncios engañosos, incluidos aquellos para empleos inexistentes.

8. Las agencias de empleo privadas:

a) no deberían reclutar, colocar o emplear trabajadores para trabajos que impliquen riesgos y peligros no aceptados o cuando puedan ser objeto de abusos o trato discriminatorio de cualquier tipo;

b) deberían informar a los trabajadores migrantes, en la medida de lo posible en su idioma o en el que les resulte familiar, acerca de la índole del empleo ofrecido y las condiciones de empleo aplicables.

9. Se debería prohibir, o impedir con otras medidas, a las agencias de empleo privadas que formulen o publiquen anuncios de puestos vacantes o de ofertas de empleo que tengan como resultado, directo o indirecto, la discriminación fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, origen étnico, discapacidad, situación conyugal o familiar, orientación sexual o afiliación a una organización de trabajadores.

10. Debería alentarse a las agencias de empleo privadas a que promuevan la igualdad en el empleo a través de programas de acción positiva.

11. Se debería prohibir a las agencias de empleo privadas que consignen en ficheros o en registros datos personales que no sean necesarios para juzgar la aptitud de los candidatos respecto de los empleos para los que estén siendo o podrían ser tomados en consideración.

12. 1) Las agencias de empleo privadas deberían conservar los datos personales de un trabajador únicamente mientras esté justificado por los fines concretos para los cuales hayan sido recabados, o únicamente mientras el trabajador desee figurar en una lista de candidatos a un puesto de trabajo.

2) Se deberían adoptar medidas para asegurar el acceso de los trabajadores a todos sus datos personales, tal y como se conservan en los sistemas de tratamiento automático o electrónico o en ficheros manuales. Estas medidas deberían contemplar el derecho de los trabajadores a examinar y obtener copia de estos datos así como el derecho a solicitar que se supriman o rectifiquen los datos inexactos o incompletos.

3) Excepto cuando guarden relación directa con los requisitos de una profesión determinada, y cuenten con el permiso explícito del trabajador afectado, las agencias de empleo privadas no deberían pedir, conservar ni utilizar los datos sobre las condiciones de salud de un trabajador, ni tampoco utilizar esos datos para determinar la aptitud de un trabajador para el empleo.

13. Las agencias de empleo privadas y la autoridad competente deberían adoptar medidas para alentar la utilización de métodos apropiados, equitativos y eficaces de selección.

14. Las agencias de empleo privadas deberían contar con personal adecuadamente cualificado y formado.

15. Dentro del respeto debido a los derechos y obligaciones establecidos en la legislación nacional relativos a la terminación del contrato de trabajo, las agencias de empleo privadas que presten los servicios mencionados en el párrafo 1 b) del artículo 1 del Convenio no deberían:

a) impedir que la empresa usuaria contrate a ese asalariado, o

b) limitar la movilidad profesional de ese asalariado;

c) imponer sanciones al asalariado que acepte un empleo en otra empresa.

III. Relaciones entre el servicio público de empleo y las agencias de empleo privadas

16. Debería fomentarse la cooperación entre los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas para la puesta en práctica de una política nacional de organización del mercado del trabajo; a ese efecto, se podrán establecer organismos que comprendan a representantes de los servicios públicos de empleo y de las agencias privadas de empleo, así como de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.

17. Las medidas dirigidas a fomentar la cooperación entre los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas podrían comprender:

a) la puesta en común de informaciones y la utilización de una terminología común para mejorar la transparencia del funcionamiento del mercado de trabajo;

b) intercambios de anuncios de puestos vacantes;

c) la promoción de proyectos conjuntos, por ejemplo en materia de formación;

d) la conclusión de convenios entre los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas sobre la ejecución de ciertas actividades, tales como proyectos para la inserción de los desempleados de larga duración;

e) la formación del personal;

f) consultas regulares dirigidas a mejorar las prácticas profesionales.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Ratifícase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 85ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1999.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 de mayo de 2002.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 974

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley por medio del cual se propone la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las Agencias de Colocación, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en la 85ª Reunión celebrada en Ginebra, en junio de 1997.

Dicho Convenio es revisor del Convenio Internacional del Trabajo Nº 96 sobre la misma materia y la ratificación del presente importa la denuncia automática del ratificado por Decreto-Ley Nº 14.463, en el año 1975.

Puede afirmarse que el Convenio que se informa mejora las condiciones consagradas en el convenio anterior, adecuándolo a la realidad de las prácticas actuales, relativas a la modalidad de la contratación, a través de agencias de colocación, por lo que se aconseja su ratificación.

El Artículo 1 define a las agencias de empleo privadas como toda persona física o jurídica independiente de las autoridades públicas, que presten servicios de vinculación de oferta y demanda de empleo, siendo o no parte de la relación laboral generada (literales a) y b), así como otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, sin la necesidad de vincular una oferta y demanda concretas, siempre y cuando esta última modalidad sea determinada como tal por la autoridad competente (literal c).

El régimen jurídico de este tipo de agencias de empleo debe efectuarse de acuerdo a la legislación y práctica nacionales, pero es importante destacar que deberá consultarse previamente a las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas (Artículo 3).

A través del Artículo 5 del Convenio, se postula que también a través de estas agencias, el principio de igualdad de oportunidades y trato en materia de acceso al empleo sea garantizado. El mismo Artículo dispone que todo Miembro velará para que los trabajadores que acudan a estas agencias sean tratados sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, religión, origen, etcétera.

El Convenio busca corregir los abusos en que se incurre por parte de este tipo de agencias, sea las establecidas conforme a la normativa nacional, sea las que operan clandestinamente en perjuicio de los trabajadores.

Esos mecanismos correctivos aparecen, fundamentalmente, en relación a la adopción de medidas tendientes a asegurar el ejercicio del derecho de libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva (Artículo 4), así como la determinación y atribución de responsabilidades en relación al cumplimiento de las obligaciones del empleador en el marco de la relación individual de trabajo (salarios mínimos, tiempo de trabajo, seguridad social, etcétera, literales b) c) y f) del Artículo 12. Las derivadas de la terminación de la relación laboral, donde aparece una disposición especialmente como lo es la de la indemnización en caso de insolvencia y la protección de los créditos laborales (literal h) del mismo Artículo; las referentes a prestaciones de seguridad social (indemnización en caso de accidente de trabajo, subsidios por maternidad y otros, prestaciones de seguridad social obligatorias, etcétera, literales d), g) e i). En el mismo sentido, el Artículo 11 del Convenio.

Más allá de que la legislación internacional y nacional de carácter general consagran niveles de protección también generales, la técnica de consagrarlas específicamente respecto de los trabajadores contratados a través de esta modalidad, reafirma dicha protección y, especialmente, pone freno a la actividad de este tipo de agencias cuyos abusos, facilitados en tiempos de flexibilización laboral de hecho y de derecho, constituyen prácticas deplorables, reñidas con los principios que informan al Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Una práctica novedosa y de actualidad en nuestro país, es la de los avisos publicados en periódicos en los que se ofrece trabajo por parte de personas inescrupulosas, que luego de entrevistar a los solicitantes de empleo, les cobran el "costo de la entrevista". En varios casos se ha comprobado que incluso llegan a invocar falsamente un supuesto encargo de importantes firmas de plaza para la selección de personal como atractivo para la masa de trabajadores desempleados. El relevamiento y corrección de tales prácticas aparece en las disposiciones del Artículo 7.

Una referencia especial merece lo relativo al "tratamiento de los datos personales de los trabajadores" (numeral 3 del Artículo 1 y Artículo 6). Las prácticas nacionales muestran abusos también en relación a este tema, y fundamentalmente vinculadas a prácticas antisindicales de determinadas empresas, que compran información a agencias que no siempre son suministradoras de mano de obra pero que pueden serlo, relativas fundamentalmente a los antecedentes del trabajador, vinculados a su actividad sindical, perfil ideológico, filiación política, etcétera, así como también a aspectos de su vida privada, siempre a efectos de impedir el acceso al empleo de ciertas categorías de personas. Esto es lo que tradicionalmente se conoce con el nombre de "listas negras", que en este caso constituyen prácticas discriminatorias antisindicales en el nivel de acceso al empleo.

En nuestro país ya se han denunciado ante el Parlamento prácticas como las señaladas, no existiendo instrumentos jurídicos en el marco del derecho del trabajo aptos para prevenirlas y sancionarlas en caso de que las mismas se verifiquen.

En suma, el nuevo Convenio Internacional del Trabajo es más favorable para los trabajadores que el anterior, en tanto releva y busca corregir abusos que aparecen con frecuencia en la realidad actual. No obstante, el carácter genérico y muchas veces programático que tienen los convenios internacionales hace que su efectividad dependa de la reglamentación que del mismo se haga a nivel nacional.

El tema de las agencias de colocación, es una materia tradicionalmente mal vista por las organizaciones sindicales y observada con desconfianza por la doctrina laboralista, en cuanto se vincula con la vieja figura del "marchandage" y con formas de explotación de los trabajadores que se pretende fueron superadas. Por ello, una regulación minuciosa y estricta, así como mecanismos de contralor severos es lo único que hace viable el establecimiento de semejantes agencias en condiciones que no impliquen desprotección efectiva de los trabajadores contratados bajo esta modalidad.

Es necesario destacar que en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, y posteriormente aprobado por la Cámara de Senadores, se incluyó un error en lo que se refiere a la 85ª Reunión de la OIT que se celebró en Ginebra en junio de 1997 y no en junio de 1999 como expresa el Poder Ejecutivo. Es por esta razón que la Comisión aprueba un nuevo proyecto de ley, similar al anterior, pero con la fecha correcta.

Por todo lo expresado, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la sanción del adjunto proyecto de ley por medio del cual se ratifica el presente Convenio Internacional del Trabajo.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Miembro Informante, FÉLIX LAVIÑA, ANTONIO LÓPEZ, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA, JAIME MARIO TROBO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Ratifícase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 85ª Reunión celebrada en Ginebra, en junio de 1997.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Miembro Informante, FÉLIX LAVIÑA, ANTONIO LÓPEZ, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Fonticiella.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: es bueno, en primer lugar, decir que este proyecto que la Comisión de Asuntos Internacionales está proponiendo viene previamente apoyado por el Senado de la República, razón por la cual en caso de obtener mayoría en esta Cámara quedaría sancionado. Es por ese motivo que nos permitimos distraer algunos instantes la atención de la Cámara. Además, estimamos razonable que los colegas tengan, por lo menos, una aproximación del objetivo que se ha perseguido.

La Comisión ha entendido conveniente aconsejar la aprobación del proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que, repito, el Senado de la República aprobó oportunamente, porque configura la revisión de un convenio existente desde hace varias décadas, concretamente desde el año 1949. A su vez, implica dejar sin efecto el Decreto-Ley Nº 14.463, de 1975.

El Convenio que se aprobó en Ginebra en el año 1997 tiene mejoras con relación a lo que existía anteriormente y constituye una actualización que se entiende importante. Tiene que ver con las agencias de colocación y consagra en forma, aunque sucinta, muy clara elementos importantes, puesto que contiene medidas tendientes a asegurar, por ejemplo, el ejercicio de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva, como expresamente lo establece en su artículo 4. A su vez, especifica la determinación y atribución de responsabilidades con relación al cumplimiento de las obligaciones del empleador en el marco de la relación individual del trabajo.

Entendemos que en un período en que hay tantos intentos y concreción de acciones de flexibilización laboral de hecho, y también de derecho, es importante que nada menos que la Organización Internacional del Trabajo marque específicamente una cantidad de elementos trascendentes, como por ejemplo que quede establecido que no habrá costos para quien esté gestionando como futuro empleado su colocación. Esto queda claramente especificado en el primer inciso del artículo 7. Aquí se da por sentado que aquellas prácticas, como la del cobro de la entrevista, que pudieran estar estableciéndose por parte de algunas empresas, que no serán la mayoría pero seguramente existen, no pueden continuar.

Es natural que después la legislación interna de cada país sea la que deba establecer la normativa específica, porque como todo Convenio, el Nº 181 establece características marco, pero tendrán que ser reglamentadas por cada nación. Eso también está incluido en el artículo 2 del Convenio, porque en él se dispone que cada Estado será el que tendrá que reglamentarlo internamente.

En el Convenio se hace una referencia especial al tratamiento de los datos personales de los trabajadores. Se ha estimado que las prácticas nacionales en algunos casos muestran abusos en relación con este tema, quizá dejando de lado normas éticas, y de esta forma se estaría salvaguardando los derechos de las personas. Eso queda claramente establecido a través del Convenio.

En suma, creemos que este nuevo Convenio Internacional del Trabajo es más favorable para los trabajadores que el anterior, en tanto releva y busca corregir abusos que aparecen con frecuencia en la realidad actual. Insisto en que, como todo Convenio, tiene mucho de marco programático, por lo que corresponderá a la reglamentación lograr que se establezcan las necesarias normativas a nivel nacional. Pero, una vez que este proyecto sea aprobado, tendremos lo necesario para establecerlo.

Finalmente, quiero expresar que nuestra Comisión aclara en su informe que en el proyecto se ha citado correctamente, como corresponde, la fecha de este instrumento internacional, porque la reunión de la OIT se celebró en Ginebra en junio de 1997 y no en junio de 1999, como lo expresó el Poder Ejecutivo en el proyecto que envió.

Por eso, debe quedar claramente establecido que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes ha establecido la fecha correcta del instrumento internacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente la ratificación de este Convenio en función de que creemos que es un avance para la legislación laboral. Pero queremos hacer algunas consideraciones con respecto a todo lo que está implícito en la iniciativa que hemos votado.

Doy por sentado -no podría ser de otra manera- que los colegas han leído y estudiado en profundidad el proyecto de ley que hemos votado que ratifica este Convenio internacional. ¿Por qué lo digo? Porque leyendo los antecedentes que se adjuntan y haciendo referencia al Convenio sobre las agencias de empleo privadas, en el artículo 4 se dice: "Se adoptarán medidas para asegurar que los trabajadores contratados por las agencias de empleo privadas que prestan los servicios a los que se hace referencia en el artículo 1 no se vean privados del derecho de libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva".

Señor Presidente: acá se está haciendo referencia a lo que deberán tener en cuenta las agencias de empleo privadas y, precisamente, señala que deberán prevenir que los trabajadores no sean privados del derecho de libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva, por lo cual deberíamos suponer que esta misma expresión de voluntad rige en el país para todas las demás empresas que están funcionando, aunque, lamentablemente, en forma permanente se presentan trabajadores en nuestra Comisión de Legislación del Trabajo para plantear, en algunos casos, que sufren privación de libertad sindical y, en otros, persecución sindical y la imposibilidad de llevar adelante el derecho a la negociación colectiva.

Por otra parte, en el artículo 11 del Convenio que estamos ratificando en el día de hoy se hace referencia a conceptos absolutamente importantes. Dice así: "Todo Miembro adoptará, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas" -supongo que también son para todos los trabajadores del país- "previstas en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 gocen de una protección adecuada en materia de: a) libertad sindical; b) negociación colectiva; c) salarios mínimos; d) tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo; e) prestaciones de seguridad social obligatorias; f) acceso a la formación; g) seguridad y salud en el trabajo; [...]".

Cuando hoy decía que doy por sentado -no podía ser de otra manera- que los colegas han leído bien el Convenio a que alude este proyecto, lo hacía en el sentido de que, lamentablemente, los Convenios de la OIT pasan por aquí, se ratifican, pero luego su cumplimiento brilla por su ausencia.

Esperemos que esto, que es por cierto un avance -como decía el señor Diputado Fonticiella- frente al antiguo Convenio sobre las agencias de colocación, no sea simplemente una formalidad y que el Convenio se cumpla a cabalidad.

Gracias, señor Presidente.

25.- Subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. (Aumento).

SEÑOR LAVIÑA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: en su momento, cuando tratamos el tema que figura en segundo término del orden del día, "Subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea", se omitió proponer que el proyecto de declaración aprobado se comunicara de inmediato. Me parece que esto es importante, porque la reunión de Cancún se va a realizar el 10 o el 12 de setiembre, y si no hacemos esa comunicación de inmediato, va a llegar tarde.

Por lo tanto, propongo que se comunique de inmediato lo aprobado con relación al segundo punto del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Lamentablemente, en este momento no hay cincuenta señores Representantes en Sala. Se solicita a los señores Diputados que se encuentran en el Ambulatorio que ingresen a Sala.

26.-    Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación. (Ratificación).

Continúa la consideración del asunto en debate.

SEÑOR BARRERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: es importante para Uruguay que haya sido votada la ratificación de este Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 85ª Reunión celebrada en Ginebra, en junio de 1997.

Es importante no solo porque cumplimos desde la Cámara de Diputados con un Convenio internacional, sino porque estamos ratificando una postura que el Poder Ejecutivo ha mantenido en forma muy clara con respecto a este tema.

Por lo tanto, vemos con beneplácito que hoy, por unanimidad, la Cámara de Diputados esté ratificando este Convenio por la incidencia que tiene en el mundo del trabajo y del empleo. Una vez más, Uruguay ratifica que los Convenios internacionales no solo se cumplen, sino que también forman parte de nuestra legislación interna.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Queda aprobado el proyecto y se devolverá al Senado.

SEÑOR BENTANCOR.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

27.-    Subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. (Aumento).

——En virtud de que se encuentran en Sala cincuenta señores Diputados, se va a votar lo propuesto por el señor Diputado Laviña en el sentido de que se comunique de inmediato la declaración aprobada con relación al segundo punto del orden del día: "Subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. (Aumento)".

(Se vota)

——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

28.-     Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 841

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 27 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20), del artículo 168 y el numeral 7º), del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueba el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Buenos Aires. República Argentina, el 23 de julio de 1998.

I. Antecedentes; el arbitraje en la región

Los mecanismos alternativos de solución de controversias entre sujetos de derecho privado ajenos a la estructura estatal, en especial en el área comercial, adquirieron particular relevancia en la segunda mitad del siglo XX, en especial en lo que hace al arbitraje. La evolución del instituto determinó el desenvolvimiento de una importante codificación reguladora de diversos aspectos relativos a su instrumentación, tanto en el escenario universal como en el regional.

En 1889, el Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Internacional otorgaba a los fallos arbitrales un tratamiento similar al de las sentencias dictadas por tribunales estatales. En 1940, el nuevo Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Internacional nuevamente equiparó los laudos arbitrales y las sentencias pronunciadas por tribunales estatales. Posteriormente, el movimiento codificador regional impulsado por las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP) en el ámbito de la OEA, determinó la adopción de dos textos fundamentales: la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, celebrada en Panamá (30 de enero de 1975) durante la CIDIP y aprobada por Decreto-Ley Nº 14.534, de 24 de junio de 1976, y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (8 de mayo de 1979) celebrada en Montevideo durante la CIDIP II, aprobada por Decreto-Ley Nº 14.953, de 12 de noviembre de 1979.

En el escenario de las Naciones Unidas rige la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras aprobada en Nueva York el 10 de junio de 1958, la que vincula a Uruguay con alrededor de los ciento veinte países Parte de dicho tratado. En el mismo ámbito, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha contribuido al desarrollo progresivo en este sector, de lo que son exponente primordial el Reglamento de Arbitraje de 1976 y la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, de 21 de junio de 1985.

El Acuerdo sobre Arbitraje que se somete a la consideración del Parlamento fue negociado y aprobado en el ámbito de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR, que tuvo en su agenda en diversas ocasiones la cuestión de la solución de controversias, aunque ceñida a un ángulo específico: la determinación de jurisdicción estatal internacional. En este sector fueron aprobados sendos Acuerdos, el Protocolo sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual (firmado en la III Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR, Buenos Aires, el 6 de abril de 1994) y el Protocolo sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo (firmado en la VI Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR, Santa María, República Federativa del Brasil, el 22 de noviembre de 1996).

En relación al arbitraje, desde cierto ángulo puede considerarse como antecedente del acuerdo bajo examen el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, negociado y aprobado en el prealudido escenario del MERCOSUR -suscrito en la II Reunión de Ministros de Justicia el 22 de mayo de 1992 y aprobado por Ley Nº 16.971, de 15 de junio de 1998- que equipara los laudos arbitrales a las sentencias emanadas de órganos jurisdiccionales estatales.

No existe un tratado común sobre arbitraje que vincule a los Estados Partes del MERCOSUR y sus asociados, Bolivia y Chile. La Reunión de Ministros de Justicia decidió proponer la celebración de un acuerdo en este terreno, tarea que encomendó a la Comisión Técnica, integrada por representantes de los Ministerios de Justicia o con cometidos de Justicia (en nuestro país el Ministerio de Educación y Cultura) y los Ministerios de Relaciones Exteriores. Con este Acuerdo se pretendió dotar a la subregión de disposiciones comunes en el área de la solución de controversias entre personas privadas, relaciones que por lo general tendrán como protagonistas a las empresas, a efectos de brindar un marco legal que permita resolver de modo ágil la solución de los señalados diferendos. Se trata, además, como se verá, de un texto orgánico que constituye una regulación moderna y pormenorizada y supera por ende en este aspecto las previsiones parciales de la Convención de Panamá y de la Convención de Nueva York precitadas que rigen para el país.

II. El texto aprobado

II.1. Objeto y ámbito

El artículo 1, que precisa el objeto del Acuerdo, delimita tácitamente el ámbito personal y material, en tanto establece que el instrumento jurídico se aplicará a la solución de controversias entre particulares -personas físicas o jurídicas de derecho privado- originadas en contratos comerciales internacionales. Queda excluida, por ende, la materia no contractual y la no comercial, delimitación que no implica que las controversias en sectores ajenos a los previstos (v.g, el extracontractual) no puedan ser resueltas por este mecanismo. La señalada precisión significa, estrictamente, que las demás materias arbitrables quedan excluidas de la aplicación del presente acuerdo.

Como se advierte, este ámbito difiere del que contempla el Protocolo de Brasilia sobre Solución de Controversias (17 de diciembre de 1991) o el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR (Ouro Preto, 17 de diciembre de 1994), habida cuenta de que aquí se trata de diferendos derivados de contratos. El artículo 25 del Protocolo de Brasilia prevé los reclamos de los particulares en supuestos específicos que en nada se asemejan a los que contempla el Acuerdo sobre Arbitraje: corresponde su aplicación únicamente en los casos de sanción o aplicación, por cualquiera de los Estados Parte, de medidas legales o administrativas con efectos restrictivos, discriminatorios o de competencia desleal, siempre que existiere perjuicio (existencia o amenaza).

El artículo 3 completa desde otro ángulo el alcance del ámbito material, en virtud de que establece que el acuerdo se aplicará al arbitraje, su organización y procedimientos, así como a las sentencias o laudos arbitrales.

La misma disposición determina el ámbito espacial. Los señalados temas estarán regulados por el Acuerdo en los supuestos que se establecen, los que a la vez que delimitan el ámbito indican las circunstancias que determinan la internacionalidad de la relación a los efectos del Acuerdo.

Para que el Acuerdo resulte aplicable se requiere que se verifiquen algunas de las conexiones establecidas en el artículo 3 -literales a) a e)- vale decir, que las partes en la convención arbitral tengan residencia habitual, el centro principal de sus negocios, o bien la sede, sucursales, agencias o establecimientos en más de una Parte Signataria; que el contrato base -el que origina la controversia- tenga algún contacto objetivo jurídico o económico con más de una Parte Signataria, cuando el contrato tenga algún contacto objetivo, sea este jurídico o económico, con una sola Parte Signataria, siempre que las partes no se manifestaren en contra y que el tribunal tenga su sede en una de las Partes Signatarias; en este caso, si el requisito de la sede no se verifica, para que el Acuerdo sea aplicable se requiere que las partes declaren su intención de someterse a sus disposiciones; si el contrato base no tuviere ningún contacto objetivo, jurídico o económico con una Parte Signataria, el Acuerdo se aplicará si las partes eligieron un tribunal arbitral con sede en una Parte Signataria y media una declaración de aquéllas que exprese la intención de someterse al Acuerdo.

En suma, se requieren ciertas conexiones razonables para que el Acuerdo sea aplicable, conexiones cuyo contenido se señala expresamente con la finalidad de precisar y evitar dudas en cuanto a los supuestos que determinan su aplicación. En principio, pues, el contrato base debe tener contactos objetivos con más de una Parte Signataria o bien la convención arbitral debe haber sido celebrada por quienes tengan conexión con más de un Estado, a través de su residencia habitual, centro principal de sus negocios, sede y demás elementos antes señalados. En ausencia de estas circunstancias se admite la conexión a través de la sede o, en su caso, mediante la declaración de voluntad de las partes de someterse al Acuerdo.

II.2. La convención arbitral

II.2.a. Características generales (alcance de "convención arbitral"; autonomía; buena fe)

El artículo 2 define los términos jurídicos utilizados en el Acuerdo. Esta definición autárquica es de singular utilidad, pues precisa el alcance de dichas alocuciones a los efectos del Acuerdo.

Entre ellas, el literal e) define la convención arbitral como "acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de relaciones contractuales". Este acuerdo podrá adoptar bien la forma de un acuerdo independiente o de una "cláusula compromisoria" contenida en un contrato. En virtud de esta identificación, el texto otorga un tratamiento idéntico a ambos, asimilación que se ha calificado como conveniente, habida cuenta de que el elemento esencial es la expresión de voluntad y no la forma específica que dicha expresión adopta.

En ambos casos, la convención arbitral es autónoma respecto del contrato base, como señala el artículo 5; vale decir, no le afecta la inexistencia o invalidez del contrato que da origen a la controversia y al que accede la convención arbitral. Esta es una solución conveniente, dado que el diferendo puede tener por objeto precisamente una diversa interpretación de las partes de los elementos que determinan la existencia o la validez del contrato base. Por otra parte, la convención arbitral cumple una función distinta a la del contrato. En tanto este último prevé los distintos aspectos de un negocio jurídico dado, la convención arbitral contempla la eventualidad de diferendos y señala el ámbito -arbitral- en el que habrán de plantearse y resolverse.

El artículo 4 tiende a evitar situaciones abusivas, solución propiciada por los países más pequeños, en particular por Uruguay. Establece que en la convención arbitral se dará un tratamiento equitativo y no abusivo a los contratantes y será pactada de buena fe. Con la misma finalidad, y a efectos de que la convención no sea, en los hechos, un pacto clandestino, se requiere que cuando esté contenida en un contrato debe ser razonablemente identificable, vale decir, deberá ser claramente legible y estar ubicada en lugar razonablemente destacado. Con igual finalidad, se incluyen, como se verá, disposiciones que tienden a evitar situaciones abusivas en relación a la designación de los árbitros.

II.2.b. Derecho aplicable y competencia relativos a la validez de la convención arbitral

En virtud del interés que en la práctica reviste la precisión de los elementos que determinan la validez de la convención arbitral, el Acuerdo establece de modo pormenorizado los requisitos formales y el derecho aplicable a la validez formal (artículo 6), así como el derecho aplicable a la validez intrínseca de dicha convención (artículo 7).

Conforme a la previsión habitual, se establece que la convención arbitral deberá constar por escrito.

Cuando se celebre entre personas presentes, deberá cumplir con las formalidades establecidas en la ley del lugar de celebración o en la ley de alguno de los Estados con los que el contrato base tenga contactos objetivos -jurídicos o económicos- (numerales 2 y 5 del artículo 6).

En el caso de que se celebre entre ausentes se podrá instrumentar a través de cartas o telegramas con recepción confirmada. También se prevé la posibilidad de celebrarla mediante telefax o el correo electrónico, quedando abierta la posibilidad para la incorporación de nuevos medios que puedan surgir, como se desprende de la alocución "medio equivalente". Si se emplearan medios electrónicos, las comunicaciones deberán confirmarse con el documento original, solución que otorga seguridad al acto jurídico recogido en el señalado instrumento. Se aplicará a este documento original lo señalado en el numeral anterior, vale decir, deberá cumplir con los requisitos formales de alguno de los Estados Partes con los que el contrato base tenga contactos objetivos.

Se amplían por ende, conforme a la moderna tecnología, las posibilidades establecidas en la Convención de Panamá sobre Arbitraje Comercial Internacional, que autoriza a celebrar la convención arbitral estrictamente por medio de "canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex".

Del mismo modo, en relación a la ley aplicable a los aspectos sustanciales de la convención arbitral, el Acuerdo contiene una previsión (artículo 7) que supera al señalado texto de Panamá, en tanto éste no contiene disposición alguna sobre la ley aplicable a los aspectos sustanciales del acuerdo arbitral, carencia que puede dificultar la solución en cuanto a su validez ante una controversia.

El Acuerdo opta por una solución de desmembramiento, vale decir, se establecen diferentes leyes como aplicables a los aspectos concernientes a la validez que se señalan.

Conforme a la solución habitual en materia de ley aplicable a la capacidad, la capacidad de las partes de la convención arbitral se rige por el derecho de sus respectivos domicilios. El domicilio para las personas físicas se define en el artículo 2.f) como "su residencia habitual y subsidiariamente el centro principal de sus negocios" y para las personas jurídicas, como el "lugar principal de la administración o el asiento de sucursales, establecimientos o agencias" (artículo 2.g).

La validez desde el punto de vista del consentimiento, el objeto y la causa de la convención arbitral se rigen por el derecho de la Parte Signataria en la que tiene su sede el tribunal arbitral.

El propio tribunal arbitral tiene competencia para entender en las cuestiones concernientes a la existencia y validez de la convención arbitral y actuará en este campo de oficio o a solicitud de las partes (artículo 8).

II.2.c. Las clases de arbitraje

El Acuerdo contempla las clases o tipos de arbitraje desde dos perspectivas. Por un lado, dado que el arbitraje puede ser de derecho o de equidad, dispone en el artículo 9 que se admitirá una u otra modalidad, conforme a la previsión de las partes. No obstante, se establece que en ausencia de disposición al respecto en la convención arbitral se entenderá que el arbitraje es de derecho.

Desde otro ángulo queda también librada a la voluntad de las partes la opción por el arbitraje institucional (en el ámbito de una institución arbitral preestablecida, como la Cámara de Comercio Internacional) o por el arbitraje ad hoc, en el que deben designarse árbitros y establecerse procedimientos específicos para un litigio en particular (artículo 11 inciso primero). La mayor parte de las disposiciones procesales del Acuerdo corresponden a esta última modalidad, dado que las instituciones arbitrales aplicarán su propio reglamento o eventualmente el que regirá en el futuro entre los países del MERCOSUR y sus asociados conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1.b. El Reglamento común, fue elaborado de conformidad con las pautas establecidas en el artículo 25.1 de este Acuerdo y suscrito por las Instituciones Arbitrales de los países miembros del MERCOSUR y sus asociados en la XIII Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR, Bolivia y Chile, que tuvo lugar en Buenos Aires, el 16 de junio de 2000, habiéndose presentado al Consejo del Mercado Común para su conocimiento.

Como se verá, la aplicación de las normas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), previstas en defecto de disposición de las partes o del Acuerdo, no transforma al arbitraje en institucional (artículo 12.2.b).

II.3. La ley aplicable al fondo de la controversia (artículo 10)

Pese a que no es imprescindible que se identifique el derecho que se aplicará al fondo del asunto en un acuerdo de arbitraje, es frecuente que se contemple esta materia en previsiones que admitirán en mayor o menor medida la incidencia de la voluntad de las partes en dicha selección. En el Acuerdo que se examina se acordó la posibilidad de que las partes elijan la ley aplicable a la controversia, aunque no de modo ilimitado. En efecto, la señalada opción deberá realizarse en el marco que se establece, es decir en base al derecho internacional privado y a sus principios, así como al derecho del comercio internacional. Se establecen reglas para los árbitros en caso de silencio de las partes quienes deberán escoger el derecho aplicable conforme a las mismas fuentes.

II.4. El Tribunal Arbitral

II.4.a. Sede e idioma (artículo 13)

Según la definición del artículo 2.y, la sede del tribunal arbitral es el "Estado elegido por los contratantes o en su defecto por los árbitros... sin perjuicio del lugar de la actuación del tribunal" a los efectos de determinar el ámbito de aplicación del Acuerdo (artículo 3), el derecho aplicable a la validez de la convención arbitral en cuanto al consentimiento, objeto y causa (artículo 7), el idioma del procedimiento (artículo 13) y la ley aplicable a la validez de la intimación para iniciar el procedimiento arbitral (artículo 15), así como la autoridad judicial competente tanto en materia de medidas cautelares (artículo 19) como en el caso de plantearse una petición de nulidad del laudo (artículo 22).

El artículo 13 establece la facultad de las partes de elegir la sede del tribunal arbitral en alguna de las Partes Signatarias. En caso de que no hubiera manifestación expresa de las partes en este sentido, será el propio tribunal el que determine la sede, tomando como orientación "las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes" estableciendo un criterio amplio.

Con respecto al idioma del procedimiento, éste podrá establecerse por las partes; a falta de previsión expresa, el mismo será el del Estado en el que el tribunal tenga su sede.

II.4.b. Nombramiento, recusación y sustitución de los árbitros; principios que rigen su actuación (artículos 16 y 17)

Los árbitros serán designados por las partes entre personas de su confianza que sean legalmente capaces. Siguiendo el criterio general en materia de estatuto personal, el artículo 16.2 establece que la capacidad para ser árbitro se regirá por la ley del domicilio.

La nacionalidad no es obstáculo para actuar como árbitro, salvo acuerdo en contrario de las partes, aunque se considera conveniente designar personas de nacionalidad diferente a la de las partes en conflicto.

Tampoco existen limitaciones en cuanto al número de árbitros, ya que aunque el Acuerdo no contiene previsiones expresas en este sentido, en la definición de "tribunal arbitral" del artículo 2.j se dispone que es el "órgano constituido por uno o varios árbitros".

Si se trata de un tribunal ad hoc integrado con más de un árbitro, éste no podrá estar conformado exclusivamente por personas de la nacionalidad de una de las partes, salvo acuerdo expreso y fundado de éstas, el que podrá constar tanto en la convención arbitral como en otro documento (artículo 16.4).

Si se hubiera optado por un arbitraje ad hoc, las partes podrán acordar la designación de los árbitros y, en su caso, los árbitros sustitutos, o bien podrán establecer cómo serán designados (artículo 12.2.a). No sólo el nombramiento sino también la recusación y sustitución de los árbitros se realizará de conformidad con lo acordado por las partes. A falta de previsión de éstas, el nombramiento, recusación y sustitución de los árbitros se regirán por las normas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) vigentes al tiempo de la designación de los árbitros (artículo 17).

Cuando se trate de un arbitraje de carácter institucional, el nombramiento, recusación y sustitución de los árbitros, al igual que los demás aspectos del procedimiento, se regirán por el reglamento de la institución arbitral o por el reglamento común aprobado por los Estados del MERCOSUR y sus asociados (artículo 12.1.a).

La actuación de los árbitros se rige por los principios de probidad, imparcialidad, independencia, competencia, diligencia y discreción (artículo 16.3).

II.4.c. Competencia (artículos 8 y 18)

El tribunal arbitral es competente para resolver las cuestiones relativas a la existencia y validez de la convención arbitral (artículo 8).

Asimismo, se recoge el principio kompetenz-kompetenz según el cual el tribunal puede entender en lo relativo a su propia competencia (artículo 18).

Cuando se trate de un arbitraje institucional, la excepción de incompetencia se regirá por el reglamento de la institución (artículo 18.2). Para el caso del arbitraje ad hoc, el Acuerdo establece un límite temporal a los efectos de interponer dicha excepción, sin que en este caso se prevea la posibilidad de que las partes pacten en contrario: necesariamente la excepción puede oponerse hasta el momento de presentar la contestación a la demanda o, si hay reconvención, hasta la réplica a la misma.

El hecho de que las partes hayan designado un árbitro no impide que hagan valer la defensa de la incompetencia del tribunal (artículo 18.3).

El tribunal puede decidir sobre la cuestión de su competencia con carácter de cuestión previa, o bien puede continuar con el procedimiento y decidirla en el momento de dictar el laudo o sentencia arbitral (artículo 18.4).

II.5. El procedimiento arbitral

II.5.a. Principios generales

Se establece el debido proceso legal como principio general que debe imperar en materia de procedimiento. Se prevé específicamente el respeto de los principios del contradictorio, de la igualdad de las partes, así como el de la imparcialidad del árbitro y su libre convencimiento (inciso segundo del artículo 11).

II.5.b. Normas generales (artículo 12)

Teniendo en cuenta la distinción entre arbitraje institucional y ad hoc, el Acuerdo prevé con respecto al primero, como ya se expresara, que el procedimiento se regirá por el reglamento de la institución, sin perjuicio de la posibilidad de aplicar el prealudido Reglamento común de conformidad con lo previsto por el artículo 12.1.b).

En cuanto al arbitraje ad hoc, las partes pueden acordar el procedimiento. En su defecto o a falta de previsión del presente Acuerdo, resultarán aplicables las normas de procedimiento de la CIAC vigentes al momento de celebrarse la convención arbitral. Tal como se mencionara anteriormente, la aplicación de las normas de la CIAC tiene carácter subsidiario y de ninguna manera convierte al arbitraje en institucional.

Aquellos aspectos no previstos expresamente por las partes, por este Acuerdo ni por las normas de la CIAC, deberán ser resueltos por el tribunal, teniendo en cuenta los principios que rigen al procedimiento arbitral, de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo.

II.5.c. Comunicaciones y notificaciones (artículo 14)

Las partes pueden acordar en la convención arbitral las normas que regularán las comunicaciones y notificaciones. A falta de este acuerdo, rigen las disposiciones del artículo 14.

De conformidad con esta norma, las comunicaciones se considerarán debidamente realizadas cuando se hayan entregado personalmente al destinatario, o se hayan recibido por carta certificada, telegrama colacionado o medio equivalente dirigidos a su domicilio declarado. Se admite la posibilidad de utilizar medios de comunicación diferentes a los nombrados, reconociendo las innovaciones tecnológicas que ofrecen las comunicaciones. En caso de que las partes no hubieran establecido un domicilio especial (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3), y si no se conociere el domicilio después de una indagatoria razonable, se considerarán válidas las comunicaciones y notificaciones escritas dirigidas a la última residencia habitual o último domicilio conocido de sus negocios.

El artículo 14.2 adopta la teoría de la recepción, por cuanto considera recibidas las comunicaciones y notificaciones el día en que se haya realizado la entrega en forma personal o por carta certificada, telegrama colacionado o medio equivalente dirigidos al domicilio de la parte notificada.

II.5.d. Inicio del procedimiento (artículo 15)

Cuando se trate de un arbitraje de carácter institucional, el inicio del mismo tendrá lugar según lo establecido en el Reglamento al que se hayan sometido las partes.

Si se trata de un arbitraje ad hoc, la parte que pretenda iniciar el procedimiento intimará a la otra de conformidad con lo estipulado en la convención arbitral. A falta de estipulación, deberá proceder conforme a lo estipulado en el artículo 14 en materia de comunicaciones y notificaciones.

En todo caso, la intimación deberá contener como mínimo, el nombre y domicilio de las partes, la referencia a la convención arbitral y al contrato que da origen a la controversia, la decisión de someter la cuestión a arbitraje y designar los árbitros, así como el objeto de la controversia con expresión de la cuantía comprometida.

El artículo 15.4 resulta aplicable tanto al arbitraje institucional como al ad hoc y prevé que la validez de la intimación para iniciar el procedimiento, aún a los efectos del reconocimiento de los laudos arbitrales, se determinará en primer lugar, por lo acordado por las partes; por lo dispuesto en el Acuerdo; o finalmente, por el derecho del Estado donde tenga su sede el tribunal arbitral. En todo caso se asegurará que la parte intimada goce de un plazo razonable para el ejercicio de su derecho de defensa.

Cuando la intimación o acto procesal equivalente se hayan realizado de conformidad con lo establecido en esta disposición, no podrá invocarse la excepción de orden público internacional con respecto a su validez.

II.5.e. Medidas cautelares (artículo 19)

El Acuerdo incorpora la posibilidad de que el tribunal arbitral ordene la adopción de medidas cautelares, sin necesidad de que las partes así lo prevean en la convención arbitral.

Estas medidas podrán adoptarse a solicitud de parte, por el propio tribunal. Asimismo, éste podrá resolver sobre la contracautela. En ambos casos, estas decisiones se instrumentarán a través de un laudo provisional.

La solicitud formulada por cualquiera de las partes a la autoridad judicial competente en el sentido de dictar una medida cautelar, no comportará una renuncia al arbitraje ni se considerará incompatible con la cláusula arbitral (inciso primero del artículo 19).

El artículo 19.3 prevé la posibilidad de que el tribunal arbitral solicite -de oficio o a solicitud de parte- a la autoridad judicial competente la adopción de una medida cautelar, disposición que comprende la situación en que la ejecución de la medida requiera el ejercicio de la coerción.

Si la solicitud de cooperación cautelar dispuesta por el tribunal arbitral tiene carácter internacional, la solicitud se remitirá al juez del Estado de la sede del tribunal arbitral, quien a su vez la transmitirá al juez del Estado requerido por las vías correspondientes, de conformidad con lo establecido por el Protocolo de Ouro Preto sobre Medidas Cautelares (suscrito el 17 de diciembre de 1994 y aprobado por Ley Nº 16.930, de 14 de abril de 1998). Las Partes Signatarias que no estén vinculadas por este instrumento, regirán la cooperación por la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares de 1979 aprobada durante la CIDIP II (8 de mayo de 1979) celebrada en Montevideo y aprobada por Decreto-Ley Nº 14.953, de 12 de noviembre de 1979. En su defecto, será aplicable el derecho de la Parte Signataria donde la medida deba hacerse efectiva.

El Acuerdo abre la posibilidad de que el tribunal arbitral solicite la ejecución de la medida a las autoridades judiciales del Estado en que ésta deba tener lugar, por medio de la Autoridad Central o, en su caso, de las autoridades encargadas de la cooperación judicial internacional, sin intervención de la autoridad judicial competente del Estado donde tiene su sede el tribunal. No obstante, para que este mecanismo quede habilitado, será necesaria la declaración de las Partes Signatarias. Esta declaración podrá efectuarse al momento de la ratificación o con posterioridad a la misma (artículo 19.4).

II.6. El laudo o sentencia arbitral

Según el artículo 2.h se entiende por laudo o sentencia arbitral la "resolución definitiva de la controversia por el tribunal arbitral". Este laudo puede contener la decisión adoptada por el o los árbitros (artículo 20.1) o bien la homologación del acuerdo de las partes que pone fin al diferendo (artículo 20.7). El Acuerdo no prevé un plazo dentro del cual deba dictarse el laudo.

II.6.a. Requisitos y caracteres (artículo 20)

Desde el punto de vista formal, el artículo 20.1 prevé como único requisito que el laudo conste por escrito y que esté firmado por los árbitros. Si alguno de éstos no firmara, deberá dejarse constancia de sus motivos para ello, con la consiguiente certificación de la circunstancia alegada, por parte del presidente del tribunal.

En cuanto a los aspectos sustanciales, el laudo debe ser fundado (aun cuando se trate de un arbitraje de equidad) y debe decidir completamente el litigio, esto es, la decisión debe alcanzar todas las cuestiones sometidas a arbitraje, siendo necesario que se deje constancia además del lugar y fecha en que se dictó y de las costas del procedimiento (artículo 20.4). Además, el laudo debe adoptarse por mayoría, en caso de integración colegiada; de no existir acuerdo mayoritario, el voto del presidente del tribunal será decisivo (artículo 20.2).

El tribunal deberá notificar debidamente el laudo a las partes, siguiendo las disposiciones contenidas en el artículo 14.

El laudo o sentencia arbitral tiene carácter definitivo y es obligatorio para las partes, produciendo efecto de cosa juzgada (artículo 20.1).

II.6.b. Recursos (artículos 21 y 22)

Los únicos recursos admitidos con respecto al laudo o sentencia arbitral son: (i) la solicitud de rectificación y ampliación; y (ii) la petición de nulidad.

(i) Rectificación y ampliación (artículo 21). Este recurso puede interponerse ante el propio tribunal arbitral, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las partes hubieran acordado otro plazo.

A través de este recurso puede solicitarse la rectificación de errores materiales -en cuyo caso el tribunal arbitral deberá notificar a la otra parte-, la precisión sobre el alcance de algún punto específico del laudo o el pronunciamiento sobre alguna cuestión materia de la controversia que no haya sido resuelta.

El plazo para que el tribunal se expida es de veinte días, salvo disposición contraria del convenio arbitral, debiendo notificarse a las partes, de conformidad con el artículo 14.

(ii) Petición de nulidad (artículo 22). El laudo o sentencia arbitral podrá impugnarse mediante una petición de nulidad dentro de los noventa días corridos desde su notificación o, en caso de haberse interpuesto el recurso de rectificación y ampliación, desde la notificación de la decisión recaída sobre este último.

Esta petición debe ser fundada y sólo puede interponerse ante el órgano judicial estatal competente del Estado sede del tribunal arbitral.

La impugnación de nulidad del laudo podrá fundarse en:

a. La nulidad de la convención arbitral -cuando resulta afectado alguno de los requisitos esenciales para su validez-, la constitución irregular del tribunal arbitral, la falta de respeto a los principios del debido proceso o la incapacidad para ser árbitro de la persona que dictó el laudo (literales a, b, d y e del artículo 22.2). En estos casos, una vez constatados dichos extremos, la sentencia judicial declarará la nulidad absoluta del laudo arbitral.

b. El procedimiento arbitral no se ha ajustado a las normas aplicables -sea el Acuerdo, el reglamento de la institución o la propia convención arbitral-, el laudo arbitral se refiere a una controversia no prevista en la convención o contiene decisiones que exceden los términos de la misma (literales c, f y g del artículo 22.2). En estas hipótesis, la sentencia judicial declarará la nulidad relativa del laudo.

En la primera situación, podrá admitirse la validez parcial del laudo arbitral, disponiendo que el tribunal arbitral dicte un laudo o sentencia complementaria.

En los casos restantes, deberá dictarse un nuevo laudo o sentencia arbitral con los mismos requisitos establecidos en el artículo 20.

II.6.c. Ejecución del laudo o sentencia arbitral (artículo 23)

El Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional se remite, en lo pertinente, a las soluciones contenidas en el Protocolo de Las Leñas de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa del MERCOSUR; la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975 y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de Montevideo de 1979. Estos instrumentos contienen disposiciones relativas a los requisitos formales, procesales y sustanciales para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros.

El artículo 23.2 prevé la situación en que algunas Partes Signatarias no estén vinculadas por el Protocolo de Las Leñas. En ese caso, subsidiariamente serán aplicables las Convenciones interamericanas antes mencionadas, y en su defecto, el derecho del Estado en el que se solicita la ejecución del laudo o sentencia arbitral.

Cabe recordar, además, lo ya expresado en cuanto el Acuerdo establece la imposibilidad de invocar la excepción de orden público cuando la intimación del inicio del procedimiento arbitral se haya llevado a cabo en la forma prevista por el artículo 15.4 y se haya asegurado a la parte intimada un plazo razonable para ejercer el derecho de defensa (artículo 15.5).

II.7. Terminación del arbitraje (artículo 24)

El arbitraje termina con el dictado del laudo o sentencia definitivo o cuando el tribunal arbitral ordena su terminación en caso de que las partes estén de acuerdo en ponerle fin o si, por cualquier motivo, el tribunal constata que el procedimiento del arbitraje se ha tornado superfluo o imposible.

II.8. Disposiciones generales y finales (artículos 25 y 26)

II.8.a. Gastos (artículo 25.3)

Los gastos devengados por el arbitraje deberán solventarse por igual entre las partes, salvo disposición en contrario.

II.8.b. Coexistencia con otras convenciones (artículo 26.1)

El Acuerdo no restringirá las disposiciones de las convenciones vigentes en la materia entre los Estados Partes, siempre que no lo contradigan, en cuyo caso prevalecería el Acuerdo.

II.8.c. Entrada en vigor (artículo 26.1)

En este caso se presenta una variante con respecto a los anteriores textos adoptados por la Reunión de Ministros de Justicia, ya que se ha eliminado la norma por la cual la adhesión de un Estado al Tratado de Asunción implicaba la adhesión automática al Protocolo de que se trataba.

Se pone así de manifiesto la independencia de los textos aprobados por la Reunión de Ministros de Justicia del Derecho originario del MERCOSUR. Otra manifestación de esa independencia está dada por la propia denominación del instrumento que hoy se somete a aprobación parlamentaria, ya que no se denomina "Protocolo" sino "Acuerdo".

Para que este instrumento entre en vigor se requiere el depósito de los instrumentos de ratificación de dos Estados Partes del MERCOSUR y de uno de los Estados asociados (la República de Bolivia o la República de Chile).

El Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, constituye un importante instrumento por el cual se proporciona al sector privado un medio alternativo para la solución de las controversias que puedan tener su origen en contratos comerciales internacionales entre sujetos de derecho privado. Asimismo, revela el convencimiento de las Partes Signatarias de la necesidad de alcanzar soluciones comunes que uniformicen el funcionamiento del mecanismo del arbitraje internacional con el objetivo de contribuir a una mayor expansión del comercio internacional.

Al solicitar la aprobación de este Acuerdo, el Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, ANTONIO MERCADER.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el "Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile", suscrito en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 23 de julio de 1998.

Montevideo, 27 de noviembre de 2001.

DIDIER OPERTTI, ANTONIO MERCADER.

TEXTO DEL ACUERDO

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la República de Bolivia y la República de Chile serán denominadas Partes Signatarias.

Las Partes Contratantes del presente Acuerdo son el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile.

CONSIDERANDO el Tratado de Asunción suscrito el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, y el Protocolo de Ouro Preto suscrito el 17 de diciembre de 1994 entre los mismos Estados;

CONSIDERANDO el Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 suscrito entre el MERCOSUR y la República de Bolivia; el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 suscrito entre el MERCOSUR y la República de Chile y las Decisiones del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 14/96 "Participación de Terceros Países Asociados en Reuniones del MERCOSUR" y Nº 12/97 "Participación de Chile en Reuniones del MERCOSUR";

REAFIRMANDO la voluntad de las Partes Contratantes de acordar soluciones jurídicas comunes para el fortalecimiento del proceso de integración regional;

DESTACANDO la necesidad de proporcionar al sector privado métodos alternativos para la resolución de controversias surgidas de contratos comerciales internacionales concluidos entre personas físicas o jurídicas de derecho privado;

CONVENCIDOS de la necesidad de uniformar la organización y funcionamiento del arbitraje internacional para contribuir a la expansión del comercio regional e internacional;

DESEOSOS de promover e incentivar la solución extrajudicial de controversias privadas por medio del arbitraje entre las Partes Signatarias, práctica acorde con las peculiaridades de las transacciones internacionales;

TENIENDO en cuenta la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional del 30 de enero de 1975, concluida en la ciudad de Panamá; la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros del 8 de mayo de 1979, concluida en Montevideo y la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, del 21 de junio de 1985;

ACUERDAN:

Artículo 1

Objeto

El presente Acuerdo tiene por objeto regular el arbitraje como medio alternativo privado de solución de controversias, surgidas de contratos comerciales internacionales entre personas físicas o jurídicas de derecho privado.

Artículo 2

Definiciones

A los fines de la aplicación del presente Acuerdo se entiende por:

a) "arbitraje": medio privado -institucional o "ad hoc"- para la solución de controversias;

b) "arbitraje internacional": medio privado para la solución de controversias relativas a contratos comerciales internacionales entre particulares, personas físicas o jurídicas;

c) "autoridad judicial": órgano del sistema judicial estatal;

d) "contrato base": acuerdo que origina las controversias sometidas a arbitraje;

e) "convención arbitral": acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de relaciones contractuales. Podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la de un acuerdo independiente;

f) "domicilio de las personas físicas": su residencia habitual y subsidiariamente el centro principal de sus negocios;

g) "domicilio de las personas jurídicas o sede social": lugar principal de la administración o el asiento de sucursales, establecimientos o agencias;

h) "laudo o sentencia arbitral extranjera": resolución definitiva de la controversia por el tribunal arbitral con sede en el extranjero;

i) "sede del tribunal arbitral": Estado elegido por los contratantes o en su defecto por los árbitros, a los fines de los artículos 3, 7, 13, 15, 19 y 22 de este Acuerdo, sin perjuicio del lugar de la actuación del tribunal;

j) "tribunal arbitral": órgano constituido por uno o varios árbitros;

Artículo 3

Ámbito material y espacial de aplicación

El presente Acuerdo se aplicará al arbitraje, su organización y procedimientos, y a las sentencias o laudos arbitrales, si mediare alguna de las siguientes circunstancias:

a) la convención arbitral fuere celebrada entre personas físicas o jurídicas que, en el momento de su celebración, tengan ya sea su residencia habitual, el centro principal de sus negocios, la sede, sucursales, establecimientos o agencias, en más de una Parte Signataria;

b) el contrato base tuviere algún contacto objetivo -jurídico o económico- con más de una Parte Signataria;

c) las partes no expresaren su voluntad en contrario y el contrato base tuviere algún contacto objetivo -jurídico o económico- con una Parte Signataria, siempre que el tribunal tenga su sede en una de las Partes Signatarias;

d) el contrato base tuviere algún contacto objetivo -jurídico o económico- con una Parte Signataria y el tribunal arbitral no tuviere su sede en ninguna Parte Signataria, siempre que las partes declaren expresamente su intención de someterse al presente Acuerdo;

e) el contrato base no tuviere ningún contacto objetivo -jurídico o económico- con una Parte Signataria y las partes hayan elegido un tribunal arbitral con sede en una Parte Signataria, siempre que las partes declaren expresamente su intención de someterse al presente Acuerdo.

Artículo 4

Tratamiento equitativo y buena fe

1.- La convención arbitral dará un tratamiento equitativo y no abusivo a los contratantes, en especial en los contratos de adhesión, y será pactada de buena fe.

2.- La convención arbitral inserta en un contrato deberá ser claramente legible y estar ubicada en un lugar razonablemente destacado.

Artículo 5

Autonomía de la convención arbitral

La convención arbitral es autónoma respecto del contrato base. La inexistencia o invalidez de éste no implica la nulidad de la convención arbitral.

Artículo 6

Forma y derecho aplicable a la validez forma

de la convención arbitral

1. La convención arbitral deberá constar por escrito.

2. La validez formal de la convención arbitral se regirá por el derecho del lugar de celebración.

3. La convención arbitral celebrada entre ausentes podrá instrumentarse por el intercambio de cartas o telegramas con recepción confirmada. Las comunicaciones realizadas por telefax, correo electrónico o medio equivalente, deberán ser confirmadas por documento original sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5.

4. La convención arbitral realizada entre ausentes se perfecciona en el momento y en la Parte Signataria en la que se recibe la aceptación por el medio elegido, confirmado por el documento original.

5. Si no se hubieren cumplido los requisitos de validez formal exigidos por el derecho del lugar de celebración, la convención arbitral se considerará válida si cumpliere con los requisitos formales del derecho de alguna de las Partes Signatarias con la cual el contrato base tiene contactos objetivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 literal b).

Artículo 7

Derecho aplicable a la validez intrínseca de la convención arbitral

1. La capacidad de las partes de la convención arbitral se regirá por el derecho de sus respectivos domicilios.

2.  La validez de la convención arbitral en cuanto al consentimiento, objeto y causa será regida por el derecho de la Parte Signataria sede del tribunal arbitral.

Artículo 8

Competencia para conocer sobre la existencia y validez de la convención arbitral

Las cuestiones relativas a la existencia y validez de la convención arbitral serán resueltas por el tribunal arbitral, de oficio o a solicitud de partes.

Artículo 9

Arbitraje de derecho o de equidad

Por disposición de las partes, el arbitraje podrá ser de derecho o de equidad. En ausencia de disposición será de derecho.

Artículo 10

Derecho aplicable a la controversia por el

tribunal arbitral

Las partes podrán elegir el derecho que se aplicará para solucionar la controversia en base al derecho internacional privado y sus principios, así como al derecho del comercio internacional. Si las partes nada dispusieren en esta materia, los árbitros decidirán conforme a las mismas fuentes.

Artículo 11

Tipos de arbitraje

Las partes podrán libremente someterse a arbitraje institucional o "ad hoc".

En el procedimiento arbitral serán respetados los principios del contradictorio, de la igualdad de las partes, de la imparcialidad del árbitro y de su libre convencimiento.

Artículo 12

Normas generales de procedimiento

1. En el arbitraje institucional:

a) el procedimiento ante las instituciones arbitrales se regirá por su propio reglamento;

b) sin perjuicio de lo dispuesto en el literal anterior, las Partes Signatarias incentivarán a las entidades arbitrales asentadas en sus territorios para que adopten un reglamento común;

c) las instituciones arbitrales podrán publicar para su conocimiento y difusión las listas de árbitros, nómina y composición de los tribunales y reglamentos organizativos.

2. En el arbitraje "ad hoc":

a) las partes podrán establecer el procedimiento arbitral. En el momento de celebrar la convención arbitral las partes, preferentemente, podrán acordar la designación de los árbitros y, en su caso, los árbitros sustitutos, o establecer la modalidad por la cual serán designados;

b) si las partes o el presente Acuerdo nada hubiesen previsto, se aplicarán las normas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) -conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975- vigentes al momento de celebrarse la convención arbitral;

c) todo lo no previsto por las partes, por el Acuerdo y por las normas de procedimiento de la CIAC, será resuelto por el tribunal arbitral atendiendo a los principios establecidos en el artículo 11.

Artículo 13

Sede e idioma

1. Las partes podrán designar a una Parte Signataria como sede del tribunal arbitral.

En caso que no lo hicieren, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje en alguna de esas Partes Signatarias, atendidas las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes.

2. A falta de estipulación expresa de las partes, el idioma será el de la sede del tribunal arbitral.

Artículo 14

Comunicaciones y notificaciones

1. Las comunicaciones y notificaciones practicadas para dar cumplimiento a las normas del presente Acuerdo, se considerarán debidamente realizadas, salvo disposición en contrario de las partes:

a) cuando hayan sido entregadas personalmente al destinatario, o se hayan recibido por carta certificada, telegrama colacionado o medio equivalente dirigidos a su domicilio declarado;

b) si las partes no hubieren establecido un domicilio especial y si no se conociere el domicilio después de una indagación razonable, se considerará recibida toda comunicación y notificación escrita que haya sido remitida a la última residencia habitual o al último domicilio conocido de sus negocios.

2. La comunicación y la notificación se considerarán recibidas el día en que se haya realizado la entrega según lo establecido en el literal a) del numeral anterior.

3. En la convención arbitral podrá establecerse un domicilio especial distinto del domicilio de las personas físicas o jurídicas, con el objeto de recibir las comunicaciones y notificaciones. También podrá designarse una persona a dichos efectos.

Artículo 15

Inicio del procedimiento arbitral

1. En el arbitraje institucional el procedimiento se iniciará conforme a lo que disponga el reglamento al cual las partes se hayan sometido. En el arbitraje "ad hoc" la parte que pretenda iniciar el procedimiento arbitral intimará a la otra en la forma establecida en la convención arbitral.

2. En la intimación constará necesariamente:

a) el nombre y domicilio de las partes;

b) la referencia al contrato base y a la convención arbitral;

c) la decisión de someter el asunto a arbitraje y designar los árbitros;

d) el objeto de la controversia y la indicación del monto, valor o cuantía comprometida.

3. No existiendo una estipulación expresa en cuanto a los medios de hacer efectiva la intimación, ésta será practicada conforme a lo establecido en el artículo 14.

4. La intimación para iniciar un arbitraje "ad hoc" o el acto procesal equivalente en el arbitraje institucional será válido, incluso a los fines del reconocimiento o ejecución de los laudos o sentencias arbitrales extranjeras, cuando hubieren sido efectuados de acuerdo a lo establecido en la convención arbitral, en las disposiciones de este Acuerdo o, en su caso, en el derecho de la Parte Signataria sede del tribunal arbitral. En todos los supuestos se asegurará a la parte intimada un plazo razonable para ejercer el derecho de defensa.

5. Efectuada la intimación en el arbitraje "ad hoc" o el acto procesal equivalente en el arbitraje institucional según lo dispuesto en el presente artículo, no podrá invocarse una violación al orden público para cuestionar su validez, sea en el arbitraje institucional o en el "ad hoc".

Artículo 16

Árbitros

1. Podrá ser árbitro cualquier persona legalmente capaz y que goce de la confianza de las partes.

2. La capacidad para ser árbitro se rige por el derecho de su domicilio.

3. En el desempeño de su función, el árbitro deberá proceder con probidad, imparcialidad, independencia, competencia, diligencia y discreción.

4. La nacionalidad de una persona no será impedimento para que actúe como árbitro, salvo acuerdo en contrario de las partes. Se tendrá en cuenta la conveniencia de designar personas de nacionalidad distinta a las partes en el conflicto. En el arbitraje "ad hoc" con más de un árbitro, el tribunal no podrá estar compuesto únicamente por árbitros de la nacionalidad de una de las partes, salvo acuerdo expreso de éstas, en el que se manifiesten las razones de dicha selección, que podrán constar en la convención arbitral o en otro documento.

Artículo 17

Nombramiento, recusación y sustitución

de los árbitros

En el arbitraje "ad hoc" a falta de previsión de las partes, las normas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), vigentes al momento de la designación de los árbitros, regirán su nombramiento, recusación y sustitución.

Artículo 18

Competencia del tribunal arbitral

1. El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia y, conforme lo establece el artículo 8, de las excepciones relativas a la existencia y validez de la convención arbitral.

2. La excepción de incompetencia del tribunal fundada en la inexistencia de materia arbitrable o en la inexistencia, nulidad o caducidad de la convención arbitral en las instituciones arbitrales se rige por su propio reglamento.

3. En el arbitraje "ad hoc" la excepción de incompetencia por las causales anteriores deberá oponerse hasta el momento de presentar la contestación a la demanda o en el caso de la reconvención, hasta la réplica a la misma. Las partes no están impedidas de oponer esta excepción por el hecho de que hayan designado un árbitro o participado en su designación.

4. El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones relativas a su competencia como cuestión previa; empero, también podrá seguir adelante con sus actuaciones y reservar la decisión de las excepciones para el laudo o sentencia final.

Artículo 19

Medidas cautelares

Las medidas cautelares podrán ser dictadas por el tribunal arbitral o por la autoridad judicial competente. La solicitud de cualquiera de las partes a la autoridad judicial no se considerará incompatible con la convención arbitral ni implicará una renuncia al arbitraje.

1. En cualquier estado del proceso, a petición de parte, el tribunal arbitral, podrá disponer por sí las medidas cautelares que estime pertinentes, resolviendo en su caso sobre la controversia.

2. Dichas medidas cuando fueren dictadas por el tribunal arbitral se instrumentarán por medio de un laudo provisional o interlocutorio.

3. El tribunal arbitral podrá solicitar de oficio o a petición de parte a la autoridad judicial competente la adopción de una medida cautelar.

4. Las solicitudes de cooperación cautelar internacional dispuestas por el tribunal arbitral de una Parte Signataria serán remitidas al juez de la Parte Signataria sede del tribunal arbitral a efectos de que dichos jueces la transmitan para su diligenciamiento al juez competente del Estado requerido. En este supuesto las Partes Signatarias podrán declarar en el momento de ratificar este Acuerdo o con posterioridad que cuando sea necesaria la ejecución de dichas medidas en otra Parte Signataria, el tribunal arbitral podrá solicitar el auxilio de la autoridad judicial competente de la Parte Signataria en la que deba ejecutarse la medida, por intermedio de las respectivas autoridades centrales o, en su caso, de las autoridades encargadas del diligenciamiento de la cooperación jurisdiccional internacional.

Las solicitudes de cooperación cautelar internacional se regirán para las Partes Signatarias que son Estados Partes del MERCOSUR por lo dispuesto en el Protocolo de Medidas Cautelares aprobado por Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 27/94. Para las Partes Signatarias no vinculadas por el señalado Protocolo regirá la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares de 1979. En su defecto se aplicará el derecho de la Parte Signataria donde deba hacerse efectiva la medida.

Artículo 20

Laudo o sentencia arbitral

1. El laudo o sentencia será escrita, fundada, y decidirá completamente el litigio. El laudo o sentencia será definitiva y obligatoria para las partes y no admitirá recursos excepto los establecidos en los artículos 21 y 22.

2. Cuando los árbitros fueren varios, la decisión será tomada por mayoría. Si no hubiere acuerdo mayoritario, decidirá el voto del presidente.

3. El árbitro que disienta con la mayoría podrá emitir y fundar su voto separadamente.

4. El laudo o sentencia será firmado por los árbitros y contendrá:

a) la fecha y lugar en que se dictó;

b) los fundamentos en que se basa, aun si fuera por equidad;

c) la decisión acerca de la totalidad de las cuestiones sometidas a arbitraje;

d) las costas del arbitraje.

5. En caso de que uno de los árbitros no firme el laudo o sentencia, se indicará el motivo por el cual no ha firmado, debiendo el presidente del tribunal arbitral certificar tal supuesto.

6. El laudo o sentencia será debidamente notificado a las partes por el tribunal arbitral.

7. Si en el curso del arbitraje las partes llegaren a un acuerdo en cuanto al litigio, el tribunal arbitral, a pedido de las partes, homologará tal hecho mediante un laudo o sentencia que contenga los requisitos del numeral 4 del presente artículo.

Artículo 21

Solicitud de rectificación y ampliación

1. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del laudo o sentencia arbitral, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá solicitar al tribunal que:

a) rectifique cualquier error material;

b) precise el alcance de uno o varios puntos específicos;

c) se pronuncie sobre alguna de las cuestiones materia de la controversia que no haya sido resuelta.

2. La solicitud de rectificación será debidamente notificada a la otra parte por el tribunal arbitral.

3. Salvo lo dispuesto por las partes, el tribunal arbitral decidirá respecto de la solicitud, en un plazo de veinte (20) días y les notificará su resolución.

Artículo 22

Petición de nulidad del laudo o sentencia arbitral

1. El laudo o sentencia arbitral sólo podrá impugnarse ante la autoridad judicial de la Parte Signataria sede del tribunal arbitral mediante una petición de nulidad

2. El laudo o sentencia podrá ser impugnado de nulidad cuando:

a) la convención arbitral sea nula;

b) el tribunal se haya constituido de modo irregular;

c) el procedimiento arbitral no se haya ajustado a las normas de este Acuerdo, al reglamento de la institución arbitral o a la convención arbitral, según corresponda;

d) no se hayan respetado los principios del debido proceso;

e) se haya dictado por una persona incapaz para ser árbitro;

f) se refiera a una controversia no prevista en la convención arbitral;

g) contenga decisiones que excedan los términos de la convención arbitral.

3. En los casos previstos en los literales a), b), d) y e) del numeral 2 la sentencia judicial declarará la nulidad absoluta del laudo o sentencia arbitral.

En los casos previstos en los literales c), f) y g) la sentencia judicial determinará la nulidad relativa del laudo o sentencia arbitral.

En el caso previsto en el literal c), la sentencia judicial podrá declarar la validez y prosecución del procedimiento en la parte no viciada y dispondrá que el tribunal arbitral dicte laudo o sentencia complementaria.

En los casos de los literales f) y g) se dictará un nuevo laudo o sentencia arbitral.

4. La petición, debidamente fundada, deberá deducirse dentro del plazo de 90 días corridos desde la notificación del laudo o sentencia arbitral o, en su caso, desde la notificación de la decisión a que se refiere el artículo 21.

5. La parte que invoca la nulidad deberá acreditar los hechos en que se funda la petición.

Artículo 23

Ejecución del laudo o sentencia arbitral extranjero

1. Para la ejecución del laudo o sentencia arbitral extranjero se aplicará para las Partes Signatarias que sean Estados Partes del MERCOSUR lo dispuesto, en lo pertinente, por el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa del MERCOSUR, aprobado por Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 5/92, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975; y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de Montevideo de 1979.

2. Para las Partes Signatarias no vinculadas por el referido Protocolo se aplicarán las convenciones interamericanas citadas en el párrafo anterior, o en su defecto el derecho del Estado donde se deba ejecutar el laudo o sentencia arbitral extranjera.

Artículo 24

Terminación del arbitraje

El arbitraje terminará cuando sea dictado el laudo o sentencia definitivo, o cuando sea ordenada la terminación del arbitraje por el tribunal arbitral si:

a) las partes están de acuerdo en terminar el arbitraje;

b) el tribunal arbitral compruebe que el procedimiento arbitral se tornó, por cualquier razón, innecesario o imposible.

Artículo 25

Disposiciones Generales

1. La aplicación de las normas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) para el arbitraje "ad hoc", conforme a lo previsto en el artículo 12, numeral 2, literal b), no implicará que el arbitraje se considere institucional.

2. Salvo disposición en contrario de las partes o del tribunal arbitral los gastos resultantes del arbitraje serán solventados por igual entre los países.

3. Para las situaciones no previstas por las partes, por el presente Acuerdo, por las reglas de procedimientos de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, ni por las convenciones y normas a los que este Acuerdo se remite, se aplicarán los principios y reglas de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, del 21 de junio de 1985.

Artículo 26

Disposiciones Finales

1. El presente Acuerdo, entrará en vigor cuando al menos hayan sido depositados los instrumentos de ratificación por dos Estados Partes del MERCOSUR y por la República de Bolivia o la República de Chile.

Para los demás ratificantes entrará en vigor el trigésimo día posterior al depósito de su respectivo instrumento de ratificación.

2. El presente Acuerdo no restringirá las disposiciones de las Convenciones vigentes sobre la misma materia entre las Partes Signatarias, en tanto no lo contradigan.

3. La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a las Partes Signatarias.

4. En su carácter de depositaria del presente Acuerdo la República del Paraguay notificará a las Partes Signatarias la fecha de su, entrada en vigor y la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación.

Hecho en Buenos Aires, República Argentina, a los veintitrés días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho, en un original en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

(SIGUEN FIRMAS)

Anexo I al
Rep. Nº 841

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Buenos Aires, República Argentina, el 23 de julio de 1998.

Este Acuerdo sobre Arbitraje fue negociado y aprobado en el ámbito de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR.

Puede considerarse el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, negociado y aprobado en el escenario del MERCOSUR, suscrito en la II Reunión de Ministros de Justicia el 22 de mayo de 1992 y aprobado por la Ley Nº 16.971, de 15 de junio de 1998, que equipara a los laudos arbitrales a las sentencias emanadas de los órganos jurisdiccionales estatales, como un antecedente del Acuerdo en estudio.

Debe expresarse que no existe un tratado común sobre arbitraje que vincule a los Estados Partes del MERCOSUR y sus asociados, Bolivia y Chile.

El Artículo 1 establece que el instrumento jurídico será aplicable a la solución de controversias entre particulares, personas físicas o jurídicas de derecho privado, originadas en contratos comerciales internacionales.

En el Artículo 3 se señala que el acuerdo se aplicará al arbitraje, su organización y procedimientos, así como a las sentencias o laudos arbitrales.

Debe entenderse que se requieren ciertas conexiones razonables para que el acuerdo sea aplicable, conexiones cuyo contenido se señala expresamente con la finalidad de precisar y evitar dudas en cuanto a los supuestos que determinan su aplicación. El contrato base debe tener contactos objetivos con más de un Estado Parte, o bien la convención arbitral debe haber sido celebrada con quienes tengan conexión con más de un Estado, a través de su residencia habitual, centro principal de sus negocios, sede y demás elementos antes señalados. En ausencia de estas circunstancias se admite la conexión a través de la sede o, en su caso, mediante la declaración de voluntad de las Partes de someterse al acuerdo.

El Artículo 4 señala que la convención arbitral es el acuerdo por el que las Partes deciden someter a arbitraje todas o algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de relaciones contractuales. Este podrá ser un acuerdo independiente o una "cláusula compromisoria" contenida en un contrato. Es conveniente esta asimilación ya que revela que el elemento esencial es la expresión de voluntad y no la forma específica de ella.

El mencionado artículo también busca evitar situaciones abusivas, a propuesta de nuestro país. En este sentido se establece que en la convención arbitral se dará un tratamiento equitativo y no abusivo a los contratantes y será pactada de buena fe.

También se establece que la convención arbitral debe establecerse por escrito. Celebrada entre presentes, cumplirá con las formalidades establecidas en la ley del lugar de celebración o con la ley de alguno de los Estados con los que el contrato base tenga contactos objetivos-jurídicos o económicos (Artículo 6). Si fuere entre ausentes, podrá instrumentarse a través de cartas, telegramas con recepción confirmada, telefax o correo electrónico, o cualquier medio equivalente.

El Artículo 7 se refiere a la ley aplicable a los aspectos sustanciales de la convención arbitral, y en ese sentido señala que la capacidad de las Partes de la convención arbitral se rige por el derecho de sus respectivos domicilios. El domicilio de las personas físicas es su residencia habitual y subsidiariamente el centro principal de sus negocios; y, para las personas jurídicas el lugar principal de la administración o asiento de sucursales, establecimientos o agencias. La validez del consentimiento, objeto y causa de la convención arbitral se rige por el derecho del Estado Parte en el que tiene su sede el tribunal arbitral. El propio tribunal puede conocer en cuestiones concernientes a la existencia y validez de la convención arbitral y actuará en este campo de oficio o a solicitud de las Partes.

El Artículo 9 indica que el arbitraje puede ser de derecho o por equidad, según lo prevean las Partes, y a falta de estipulación se entenderá que es de derecho. Las Partes pueden optar por el arbitraje de una institución arbitral preestablecida (como la Cámara de Comercio Internacional) o por la designación de árbitros y establecimientos de procedimientos específicos (arbitraje "ad hoc"), en un litigio particular.

Las Partes pueden elegir la ley aplicable, aunque no de modo ilimitado. Ella debe hacer en base al derecho internacional privado y a sus principios, así como al derecho del comercio internacional.

La sede del tribunal es el Estado elegido por los contratantes o en su defecto por los árbitros. El idioma será establecido por las Partes y en su defecto el del Estado en que el Tribunal tenga su sede.

Los árbitros serán designados por las Partes entre personas de su confianza, y su capacidad se rige por la ley del domicilio. No hay limitaciones en cuanto a su número.

Si se trata de un Tribunal "ad hoc", integrado con más de un árbitro, éste no podrá estar conformado exclusivamente por peritos de la nacionalidad de una de las Partes, salvo acuerdo expreso fundado de éstas, el que podrá constar tanto en la convención arbitral como en otro documento.

La competencia del Tribunal alcanza para resolver cuestiones relativas a la existencia y validez de la convención arbitral (Artículo 8), como para entender en cuestiones de su propia competencia (como cuestión previa, o en el propio laudo) (Artículo 18). Si se trata de un arbitraje institucional se regirá por el reglamento de la institución.

En el procedimiento arbitral deberá regir el debido proceso y los principios del contradictorio, de igualdad de las Partes, de imparcialidad del árbitro y su libre convencimiento (Artículo 11).

Las normas generales en el arbitraje institucional están dadas por el reglamento de la institución, y si el arbitraje es "ad hoc" por la voluntad de las Partes, y a falta de previsión por las normas de la CIAC, vigentes al momento de celebración de la convención arbitral.

El régimen de comunicaciones y notificaciones se regula por el acuerdo de Partes y en subsidio por la entrega personal al destinatario, o por carta certificada, telegrama colacionado o medio equivalente, dirigidos a su domicilio declarado. Se opta por la teoría de la recepción.

En el arbitraje institucional regirá el Reglamento institucional. Si se trata de arbitraje "ad hoc" la Parte que pretenda iniciar el procedimiento intimará a la otra de conformidad con lo estipulado en la convención arbitral, y si no la hubiera, según lo establecido para comunicaciones y notificaciones.

El acuerdo señala la posibilidad de que el tribunal arbitral ordene la adopción de medidas cautelares sin necesidad de que las Partes así lo prevean en la convención arbitral. Las solicitudes de cooperación judicial de los tribunales arbitrales de carácter internacional se remitirán al Juez del Estado de la sede del tribunal arbitral, quien las transmitirá al Juez del Estado requerido por las vías correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Ouro Preto sobre Medidas Cautelares (suscrito el 17 de diciembre de 1994 y aprobado por la Ley Nº 16.930, de 20 de abril de 1998).

El laudo arbitral puede contener la resolución definitiva adoptada por el Tribunal o la homologación del acuerdo de las Partes (Artículo 20).

El único requisito formal del laudo es que conste por escrito y que esté firmado por los árbitros, y la constancia de que alguno no hubiere suscrito, en su caso.

El laudo deberá ser fundado, aún cuando sea por equidad, y debe decidir completamente el litigio. Debe adoptarse por mayoría, y de no haberla, el voto del Presidente tiene voto decisivo (Artículo 20). El laudo es definitivo, y obligatorio para las Partes, produciendo cosa juzgada.

Sólo se admiten los recursos de rectificación y ampliación dentro de los treinta días siguientes a la notificación. El Tribunal tiene veinte días para expedirse. No obstante, dentro de los noventa días corridos a su notificación puede interponerse el recurso de nulidad contra el laudo. Dichas causales son la nulidad de la convención arbitral y los defectos de procedimiento.

La ejecución del laudo (Artículo 23) se rige por las disposiciones del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional o en Materia Civil, Comercial y Administrativa del MERCOSUR; la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975 y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de Montevideo de 1979.

El arbitraje finaliza con el dictado del laudo definitivo o cuando el tribunal arbitral ordena su terminación. En caso de que las Partes estén de acuerdo a ponerle fin o, si por cualquier motivo el tribunal constata que el procedimiento del arbitraje se ha tornado superfluo o imposible.

Los gastos del arbitraje se abonarán por igual entre las Partes, salvo disposición en contrario de ellas, o del tribunal arbitral.

Las situaciones no previstas -reza el Artículo 25.3 en el Acuerdo que se propone para su ratificación- se regirán por las reglas de procedimiento de la CIAC, y en subsidio por las convenciones y normas a que se remite el acuerdo, y finalmente por los principios y reglas de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

El Acuerdo entrará en vigor cuando dos Estados Partes del MERCOSUR y uno de los Estados asociados (República de Bolivia o República de Chile) depositen los documentos de ratificación (Artículo 26.1).

El Acuerdo no restringe las disposiciones de las convenciones vigentes en la materia entre los Estados Partes, siempre que nos las contradigan, en cuyo caso prima el Acuerdo.

En general, este instrumento proporciona al sector privado un medio alternativo para la solución de las controversias que puedan tener su origen en contratos comerciales internacionales entre sujetos de derecho privado, y facilita la uniformización del arbitraje internacional para contribuir a una mayor expansión del comercio internacional.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la sanción del adjunto proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile.

Sala de la Comisión, 27 de marzo de 2003.

JAIME MARIO TROBO, Miembro Informante, NELSON BOSCH, RAMÓN FONTICIELLA, FÉLIX LAVIÑA, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA, JULIO LUIS SANGUINETTI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: quiero señalar que este es un nuevo Acuerdo que establece la regulación del arbitraje como medio alternativo para la solución de controversias. Es uno de los pasos importantes a señalar, que se va concretando para mejorar el primitivo Tratado de Asunción. Son mecanismos que le van dando sentido y profundidad a este Tratado y a este objetivo de acuerdo regional.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

29.-      Tiempo compartido. (Regulación).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Tiempo compartido. (Regulación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 132

"PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. (Conceptualización).- Se entiende por tiempo compartido toda aquella relación jurídica, cualquiera sea su naturaleza, que atribuya a una persona física o jurídica:

A) La facultad de utilizar durante uno o más períodos de tiempo dentro de cada año natural, y durante un número de años no inferior a tres, un alojamiento de carácter turístico, completamente amueblado y equipado, integrado a un conjunto inmobiliario, a cambio de un precio cierto, pagado anticipadamente en una o más cuotas.

B) El derecho a la prestación de los servicios de gestión y mantenimiento del alojamiento de que se trate, a cambio de una cuota mensual o anual pagadera en fecha fija, y cuya determinación deberá hacerse por adelantado en virtud de procedimientos objetivos en los que el titular de la facultad de utilizar el alojamiento ha de poder participar.

Artículo 2º. (Conjunto inmobiliario).- A los efectos de la presente ley se entenderá por conjunto inmobiliario, tres o más alojamientos destinados a vivienda ya estén integrados en un único edificio, dividido o no en régimen de propiedad horizontal, o en varios edificios contiguos o situados en una misma manzana o urbanización, que tengan salida propia a la vía pública o a un elemento o zona común del inmueble o de la manzana o urbanización, y cuente con zonas e instalaciones comunes adecuadas a la finalidad turística propia del mismo.

Artículo 3º. (Modalidades).- En función del período anual de disfrute y del alojamiento sobre el que recae, el tiempo compartido podrá ser:

A) Fijo: cuando el disfrute recae cada año sobre el mismo alojamiento previamente determinado y en el mismo período del año.

B) Flotante: cuando el período anual de disfrute es variable dentro de ciertas temporadas o estaciones del año, determinándose en forma periódica en base a procedimientos objetivos que respeten el principio de igualdad de oportunidades, y recae siempre sobre el mismo alojamiento previamente determinado.

C) Sobre espacio flotante: cuando el derecho del titular recae el mismo período cada año, pero sobre un alojamiento indeterminado de uno o más conjuntos inmobiliarios, dentro de una categoría o tipo determinado, y su determinación se hace cada vez en base a la disponibilidad y mediante procedimientos objetivos que respeten la igualdad de oportunidades de todos los participantes.

D) Mixto: cuando el derecho del titular no tiene un período de utilización determinado dentro de cada año, ni recae sobre un alojamiento concreto, fijándose ambos en base a la disponibilidad y mediante procedimientos objetivos que respeten la igualdad de oportunidades de todos los participantes.

Cualquiera sea la modalidad del tiempo compartido, el conjunto de derechos referidos directa o indirectamente a un mismo alojamiento no podrá tener una duración superior a trescientos cincuenta y ocho días o cincuenta y una semanas de cada año natural.

Artículo 4º. (Ambito de aplicación).- Las disposiciones incluidas en la presente ley se aplicarán a:

A) Los derechos de tiempo compartido establecidos sobre inmuebles situados en el territorio de la República.

B) La comercialización en Uruguay de derechos de tiempo compartido, cualquiera sea su naturaleza y aunque se refieran a bienes inmuebles situados en otro país.

Asimismo, quedarán sometidos a las normas vigentes en la República en materia turística y urbanística, todos los inmuebles situados en la República sobre los cuales se establecen derechos de tiempo compartido.

Artículo 5º. (Tiempo compartido como derecho real).- Los alojamientos que formen parte de los conjuntos inmobiliarios podrán ser objeto del derecho real de propiedad en régimen de períodos predeterminados o tiempo compartido, en las modalidades establecidas en los literales A) y B) del artículo 3º de la presente ley, con el alcance que establezcan las convenciones que al efecto se celebraren y de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

Artículo 6º. (Tiempo compartido como derecho personal).- Asimismo, podrá convenirse el uso y goce de alojamientos de conjuntos inmobiliarios en régimen de períodos predeterminados o tiempo compartido, en cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 3º de la presente ley, organizado como derecho personal, mediante la celebración del contrato de disfrute periódico o tiempo compartido regulado en el Capítulo III de la presente ley.

Artículo 7º. (Escritura de incorporación).- Previo a la celebración del primer contrato de tiempo compartido relativo a un conjunto inmobiliario, cualquiera sea la modalidad o naturaleza adoptada, el promotor, conjuntamente con el propietario de los alojamientos si aquel no lo fuera, deberá otorgar en escritura pública, un documento, en el que constará como mínimo:

A) Una completa descripción e identificación registral del conjunto inmobiliario y cada uno de los alojamientos que van a ser objeto del proyecto de tiempo compartido, con sus partes de utilización exclusiva y común, todo ello conforme al plano debidamente inscripto en la Dirección Nacional de Catastro.

Si el conjunto no ha empezado a construirse o se encuentra en construcción se incluirá la descripción e identificación registral del solar y todos los documentos exigidos por la legislación vigente en materia urbanística para la ejecución de la obra y en especial la indicación de la entidad que emitirá el seguro de fianza o aval bancario que se otorgará a favor de los adquirentes de tiempo compartido, como garantía de la construcción del conjunto.

B) La indicación expresa de las cargas o gravámenes sobre los bienes señalados en el literal A) de este artículo, si existieran.

C) La indicación del número máximo de personas que en cada período de tiempo compartido, podrán ocupar simultáneamente cada uno de los alojamientos.

D) La referencia a la documentación que acredite la correcta situación urbanística del conjunto inmobiliario, adjuntándose copia de la misma.

E) La identificación de los diferentes períodos de uso de cada alojamiento, con indicación de las fechas de inicio y de terminación de cada período.

F) El importe de las cuotas asignadas a cada período en concepto de gastos de administración, conservación y mantenimiento de cada alojamiento y de los bienes de uso común del conjunto inmobiliario, su condigna fórmula de ajuste, así como tiempo, lugar y forma de pago de las mismas.

G) Un sistema fijo de cuotas partes de división del dominio que comprenda a la totalidad del inmueble, y los votos asignados al titular de cada una de esas cuotas partes, todo ello en correlación a los respectivos derechos de uso y goce, exclusivo, excluyente, alternativo y sucesivo de todo el conjunto inmobiliario o parte de él, por las fracciones de tiempo preestablecidas. Las fracciones de tiempo no podrán ser menores a una semana, ni exceder de cincuenta y una semanas al año, debiéndose mantener una reserva equilibrada para atender reparaciones y emergencias.

Dicha correlación se establecerá atendiendo a los valores asignados al efectuar la incorporación a las distintas partes de utilización exclusiva, y a los diferentes períodos de uso anual previstos, de acuerdo a las variaciones estacionales.

La vinculación, en cada caso, entre la cuota adquirida y el período de uso y goce anual, relativa a la parte privativa y a los bienes comunes, surgirá del respectivo título de adquisición.

H) La identificación de los períodos del año en los que está prevista la realización de los trabajos de mantenimiento o reparación del conjunto inmobiliario y durante los cuales los alojamientos no podrán ser ocupados. La duración mínima de estos períodos deberá ser de una semana al año.

I) Las disposiciones relativas a la administración, mantenimiento y conservación del conjunto inmobiliario, y en caso de encomendarse estas a una entidad independiente, se deberá adjuntar el contrato correspondiente.

J) Si se previera la adición de nuevos alojamientos al mismo conjunto inmobiliario, el procedimiento establecido para ello y en especial la fórmula para la determinación o corrección de las cuotas asignadas por concepto de gastos de administración, conservación y mantenimiento.

K) La descripción de las instalaciones deportivas, de ocio y de recreo con que cuente el conjunto inmobiliario, especificando los derechos que los adquirentes del tiempo compartido tendrán sobre las mismas, y especialmente si su uso será o no gratuito.

L) La fecha de apertura del conjunto inmobiliario.

M) En los casos de proyectos de tiempo compartido de duración limitada, la identificación de los derechos que, en su caso, corresponda a los adquirentes de tiempo compartido al expirar el contrato, o el procedimiento para el cálculo de las cantidades a percibir por cada uno o, en su defecto, indicación expresa de que a la extinción del contrato, los adquirentes no tendrán derecho a ninguna compensación.

N) Los estatutos por los que se ha de regir el proyecto de tiempo compartido, la integración de sus órganos, normas de funcionamiento, competencias, facultades y responsabilidad de las autoridades. En ellos deberá establecerse el procedimiento para su modificación, así como las reglas aplicables en los supuestos de destrucción parcial o total del conjunto inmobiliario o de alguno de los alojamientos que los integran.

Ñ) Los derechos que corresponden a los adquirentes de tiempo compartido en caso de cese del régimen de propiedad a que refiere el Capítulo II de la presente ley.

Lo dispuesto en los literales G), N) y Ñ) de este artículo sólo será de aplicación para casos de conjuntos inmobiliarios que admitan la constitución de derechos de tiempo compartido conforme lo establecido en el Capítulo II de la presente ley.

En los casos de alojamientos que fueren objeto de tiempo compartido en los términos del Capítulo II de la presente ley, las constancias establecidas en este artículo deberán incluirse en el reglamento de multipropiedad.

Artículo 8º. (Publicidad de la escritura de incorporación).- Cuando se trate de bienes ubicados en el país, la primera copia de la escritura referida en el artículo 7º de la presente ley, deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria del lugar de radicación del inmueble, con efectos de publicidad y oponibilidad de la afectación a tiempo compartido.

Copia de la misma deberá ser entregada a todo interesado en adquirir un tiempo compartido, cualquiera sea su naturaleza, previa la celebración del contrato correspondiente.

Artículo 9º. (Contrato de adquisición de tiempo compartido).- A efectos de la presente ley se entenderá por contrato de adquisición de tiempo compartido, todo contrato o grupo de contratos por el cual, cualquier persona física o jurídica, en el marco de su actividad profesional, cree, transfiere o promete transferir un derecho de propiedad en régimen de períodos predeterminados o tiempo compartido, o concede o promete conceder el uso y goce de un alojamiento en los términos del artículo 23 de la presente ley, a una persona física o jurídica que actúe con fines que se puedan considerar que no pertenecen al marco de su actividad profesional.

Se considerará contrato de adquisición de tiempo compartido, todo contrato que cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, aunque la adquisición del tiempo compartido forme parte de otro negocio jurídico.

Artículo 10. (Formalidades y contenido del contrato de adquisición de tiempo compartido).- El contrato de adquisición de tiempo compartido deberá realizarse por escrito, en idioma español, y contendrá siempre al menos los datos que se mencionan a continuación:

A) Identidad y domicilio de las partes con la indicación precisa de la condición jurídica del vendedor al momento de la celebración del contrato, así como la identidad y domicilio del propietario del conjunto inmobiliario.

B) En el caso de personas físicas, el número de cédula de identidad.

C) En el caso de personas jurídicas, el número de inscripción ante la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social.

D) Naturaleza precisa del derecho objeto del contrato, y las condiciones de ejercicio de ese derecho en el territorio en que se encuentre ubicado el o los bienes objeto del contrato, y si esas condiciones han sido cumplidas, o en caso contrario, las condiciones que todavía deberán cumplirse.

E) En caso que el derecho sea sobre un bien determinado, descripción y situación del mismo.

F) Si se trata de un complejo inmobiliario o alojamiento en construcción:

- Fase en que se encuentre la construcción.

- Estimación razonable del plazo para la terminación del inmueble.

- Si se trata de un inmueble determinado, el número de permiso de construcción, y nombre y dirección completos de las autoridades competentes en la materia.

- Fase en que se encuentran los servicios comunes que permiten la utilización del inmueble (gas, electricidad, agua, teléfono).

- Garantías sobre la terminación del inmueble, y en caso que no se termine, sobre la devolución de cualquier cantidad abonada.

G) Servicios comunes (alumbrado, suministro de agua, electricidad y gas, mantenimiento, recolección de basura), de los que puede o podrá disfrutar el adquirente, y las condiciones de acceso a los mismos.

H) Instalaciones comunes (piscina, sauna, campos deportivos, instalaciones de ocio y recreo) a las que puede o podrá acceder el adquirente y las condiciones para dicho acceso.

I) Principios con arreglo a los cuales se organizarán el mantenimiento y su correspondiente servicio, así como la administración y gestión del inmueble.

J) Indicación precisa del período durante el cual podrá ejercerse el derecho objeto del contrato, duración del régimen en vigor y fecha a partir de la cual el adquirente podrá ejercer el derecho objeto del contrato.

K) Precio que deberá pagar el adquirente por el derecho objeto del contrato y por el uso de las instalaciones y servicios comunes.

L) Base de cálculo de la cuantía correspondiente a los gastos derivados de la ocupación del alojamiento, consumos, utilización de los bienes y servicios no incluidos en el tiempo compartido y que por lo tanto deben abonarse por separado, y los gastos del contrato.

M) Valor de la cuota que deberá abonar en concepto de gastos de administración, conservación y mantenimiento, y la fórmula de ajuste de la misma.

N) Estipulación en virtud de la cual, la adquisición no supondrá desembolsos, gastos u obligaciones distintos de los mencionados en el contrato.

Ñ) Si existe la posibilidad de participar en un sistema de intercambio o reventa, o ambas posibilidades, del derecho objeto del contrato, así como posibles costos en caso que el sistema de intercambio o reventa esté organizado por el vendedor o por un tercero designado por este en el contrato.

O) Información sobre el derecho de resolución del contrato e indicación de la persona a la que deberá comunicarse la posible resolución, con indicación del modo o los modos de efectuar dicha comunicación, y si hubiera contrato de préstamo vinculado a la adquisición del derecho, las modalidades de resolución de dicho contrato.

P) Fecha y lugar de celebración del contrato.

Q) Firma de las partes.

Artículo 11. (Período de reflexión).- En los casos de contratos de adquisición de tiempo compartido, el adquirente tendrá derecho a rescindir dicho contrato, sin expresión de causa, cursando un aviso en tal sentido al vendedor, dentro de los siete días corridos contados a partir del siguiente a la suscripción del mismo. Si el último día del mencionado plazo es inhábil, quedará excluido a los efectos del cómputo, venciendo el plazo a que refiere este artículo, el primer día hábil siguiente.

El aviso a que hace referencia el apartado anterior deberá ser efectuado mediante cualquier medio que diere certeza de su realización.

El ejercicio del derecho regulado por este artículo no genera responsabilidad alguna para el adquirente, el cual no deberá abonar al vendedor suma alguna en carácter de indemnización, pero deberá reintegrar los gastos derivados del perfeccionamiento y resolución del contrato que correspondan a actos que se deban realizar preceptivamente antes de la expiración del plazo reseñado en este artículo.

Artículo 12. (Auditorías).- Los gastos comunes serán auditados anualmente y podrán ser supervisados por el adquirente, en el domicilio contractual fijado.

CAPÍTULO II

DE LA PROPIEDAD EN RÉGIMEN DE PERÍODOS PREDETERMINADOS O TIEMPO COMPARTIDO

Artículo 13. (Generalidades).- Los conjuntos inmobiliarios podrán ser objeto de derecho de propiedad en régimen de períodos predeterminados o tiempo compartido, sujeto a lo que se establezca en título de propiedad respectivo y de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 14. (Facultades de los titulares).- El derecho de propiedad en régimen de períodos predeterminados o tiempo compartido faculta al titular del derecho a usar y gozar del bien por el tiempo estipulado en el respectivo título de propiedad.

El titular ejercerá el uso y goce del bien con cargo de mantener su forma y sustancia y de entregarlo a la finalización del tiempo asignado, ya sea a su sucesor en el derecho de uso y goce o al administrador del sistema.

Artículo 15. (Indivisión).- Mientras subsista la vigencia del régimen de propiedad a que refiere el artículo 13 de la presente ley, el bien permanecerá en estado de indivisión forzosa, quedándole prohibido a los copropietarios solicitar la cesación de ese condominio.

Artículo 16. (Cuotas partes de la propiedad en régimen de tiempo compartido).- Las cuotas partes de la propiedad en régimen de períodos predeterminados o tiempo compartido se consideran indivisibles y sus titulares actuarán respecto de ellas como frente a un único objeto de derecho.

Si no existiera unanimidad entre varios cotitulares de una misma cuota, cualquiera de ellos tendrá el derecho de pedir su venta en pública subasta, conforme a lo previsto en el artículo 1755 del Código Civil.

La titularidad de las cuotas será transmisible por modo sucesión o por cualquier título y modo hábil para transmitir el dominio.

Asimismo, podrá ser objeto de todos los demás contratos no traslativos del dominio, principales o accesorios, con las solemnidades y requisitos propios de cada uno de ellos, con los efectos que les asigna la legislación común.

Artículo 17. (Remisión).- En todos los aspectos no previstos en la presente ley, se aplicarán supletoriamente las normas que regulan el régimen de propiedad horizontal.

Artículo 18. (Bienes muebles).- Los bienes muebles que accedan a los raíces sometidos al régimen de la presente ley, estarán determinados en el respectivo reglamento de multipropiedad.

Artículo 19. (Requisitos).- El régimen de propiedad a que refiere el presente Capítulo estará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) El otorgamiento por escritura pública del reglamento de multipropiedad, en el que deberá documentarse:

A) Los datos que se establecen en el artículo 7º de la presente ley.

B) El derecho real de garantía recíproco prioritario, que gravará cada cuota parte de división del dominio o fracción de la multipropiedad, en favor de las demás, a fin de asegurar el cobro de los gastos que correspondan. El monto de dicho gravamen será del 30% (treinta por ciento) del valor asignado al efectuar la incorporación a las distintas partes de utilización exclusiva, actualizado según lo previsto por el Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976.

2) La inscripción del reglamento de multipropiedad en el Registro de la Propiedad Inmueble, Sección Traslaciones de Dominio, en Montevideo, y en el Registro de Traslaciones de Dominio en el interior del país, según la localización del inmueble, a los efectos de su oponibilidad a terceros.

3) La contratación de los seguros previstos en el artículo 20 de la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946, por el mínimo previsto por el literal C) del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974.

Artículo 20. (Título ejecutivo).- Las cantidades líquidas que los titulares de propiedad en régimen de períodos predeterminados o tiempo compartido adeuden por cualquier concepto y que resulten de las liquidaciones formuladas por la administración del sistema de acuerdo con lo establecido en el reglamento de multipropiedad, constituirán título ejecutivo.

Ello no obsta a las facultades judiciales conferidas por los incisos primero y tercero del artículo 10 de la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946, en la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 14.560, de 19 de agosto de 1976, que serán extensibles respecto de los bienes muebles que acceden al bien principal cuando corresponda. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, las reclamaciones se sustanciarán según lo establecido por los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

El copropietario moroso en el pago de los gastos comunes no tendrá derecho al uso y goce del bien en el período que le corresponde, hasta tanto no satisfaga las deudas pendientes. El administrador quedará facultado para impedir el uso mientras dure la mora la que se producirá por el solo vencimiento de los términos, sin necesidad de diligencia alguna.

El titular de la cuota parte de propiedad en régimen de períodos predeterminados o tiempo compartido responderá frente a terceros por las obligaciones generadas en actos, hechos y contratos celebrados por la administración, en proporción y hasta el valor de su cuota.

Artículo 21. (Promesa de compraventa de la cuota parte de dominio de tiempo compartido).- La promesa de compraventa de una cuota parte del dominio en régimen de períodos predeterminados o tiempo compartido se inscribirá en el Registro de la Propiedad Inmueble, Sección Promesa de Enajenación de Inmuebles, al solo efecto de lo establecido en los artículos 15, 31 y 35 de la Ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931. Se admitirá únicamente la inscripción de las promesas relativas a edificios que fueran habilitados a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 22. (Desocupación).- Si un copropietario se negara a desocupar el bien al vencimiento de la fracción de tiempo que le ha sido asignada para el uso y goce del mismo, será aplicable para obtener su restitución el proceso previsto para el contrato de hospedaje.

CAPÍTULO III

DEL CONTRATO DE DISFRUTE PERIÓDICO O TIEMPO COMPARTIDO

Artículo 23. (Generalidades).- El contrato de disfrute periódico o tiempo compartido es el convenio en virtud del cual una de las partes concede a la otra, en forma onerosa o gratuita, el uso y goce de un alojamiento de un conjunto inmobiliario, los bienes muebles que lo alhajan y los servicios complementarios que surjan del documento a que refiere el artículo 7º de la presente ley, por períodos de tiempo predeterminados, manteniendo el derecho de usar y gozar, o ceder el uso y goce del mismo bien, su alhajamiento y demás servicios a otras personas, durante la vigencia del contrato pero fuera de los períodos de disfrute establecidos.

El que se obliga a dar el uso y goce del inmueble se denominará concedente, y el que adquiere el derecho a ese uso y goce concesionario.

Artículo 24. (Remisión).- El contrato de disfrute periódico o tiempo compartido se regulará, según sea oneroso o gratuito, por lo establecido en el Capítulo II del Título IV Segunda Parte del Libro Cuarto (con excepción de los artículos 1787 y 1788) del Código Civil, y en el Capítulo II del Título XII de la Segunda Parte del Libro Cuarto del mismo cuerpo normativo, respectivamente, en todo lo que fuere compatible con la presente ley.

Artículo 25. (Prohibición de efectuar mejoras).- El concesionario no podrá efectuar en el inmueble ninguna mejora sin el previo consentimiento del concedente. En caso que, no obstante esta prohibición las mismas fueran efectuadas, el concesionario deberá devolver el bien al estado en que se encontraba antes de las mismas, y abonar al concedente los daños y perjuicios que se irroguen de la indisponibilidad del bien durante las obras.

Artículo 26. (Fracciones de tiempo compartido).- Las fracciones de tiempo de uso y goce del inmueble asignadas a cada concesionario se ajustarán al límite máximo establecido en el literal G) del artículo 7º de la presente ley.

Artículo 27. (Desocupación).- Si el concesionario se negara a desocupar el bien al vencimiento de la fracción de tiempo que le ha sido asignada para el uso y goce del mismo, será aplicable para obtener su restitución, el proceso previsto para el contrato de hospedaje.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 28. (Régimen de promoción turístico).- Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de comercialización, administración o intercambio de tiempo compartido serán consideradas prestadores de servicios turísticos y quedarán sujetas a lo previsto por el Decreto-Ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974, y sus disposiciones reglamentarias, siempre que el inmueble objeto del tiempo compartido se encuentre en una zona de interés turístico.

Artículo 29. (Transición).- Los sistemas de dominio en régimen de períodos predeterminados o tiempo compartido que se hayan organizado o se estén organizando a la fecha de promulgación de la presente ley, deberán adaptar su estructura e instrumentación a lo dispuesto por la presente ley dentro de los ciento ochenta días a contar de la fecha de reglamentación de la misma, quedando exonerados de toda clase de tributos tanto en los trámites que deban cumplirse como en los actos y contratos que deban celebrarse a esos efectos, y en cuanto los planos de mensura o fraccionamiento que hayan de practicarse.

Artículo 30. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días de su promulgación.

Montevideo, 3 de mayo de 2000.

ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Representante por Maldonado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la anterior Legislatura presentamos conjuntamente con el señor Diputado Ariel Lausarot un proyecto destinado a la regulación del tiempo compartido (Carpeta 395/995).

Fue, derivado oportunamente a la Comisión de Industria, Energía, Minería y Turismo, y estudiado por la misma, recibió aportes del Ministerio de Turismo de la época. Posteriormente la Comisión solicitó a los firmantes del proyecto que le efectuasen las modificaciones que entendieran pertinentes a fin que el proyecto pudiese recoger las inquietudes planteadas por dicho Ministerio.

A partir de ese momento nos comunicamos con la Organización Mundial de Turismo para recoger también de ella sus inquietudes, hecho lo cual, procedimos con el Diputado Ariel Lausarot a realizar las modificaciones que entendimos pertinentes en el texto original.

Fue así que se elaboró el proyecto que hoy se presenta nuevamente y que fue aprobado por la Comisión pertinente, quedando finalmente sin aprobar por el Plenario a pesar de haber figurado en el orden del día en las últimas sesiones de la pasada Legislatura.

En consecuencia presento a la Cámara el proyecto de ley sobre tiempo compartido, dejando expresa constancia que es obra del trabajo conjunto del suscrito y del entonces Diputado Ariel Lausarot en la Legislatura anterior.

Montevideo, 3 de mayo de 2000.

ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Representante por Maldonado".

Anexo I al
Rep. Nº 132

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Turismo

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Turismo aconseja al plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley por el que se regula el régimen llamado "Tiempo Compartido".

Desde sus inicios en Europa a mediados de los años sesenta, la actividad del Tiempo Compartido se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento en la industria turística global, imponiéndose de manera vertiginosa en todo el mundo.

Para el año 2000, la industria del Tiempo Compartido a nivel mundial mostraba las siguientes cifras: cuatro millones trescientas setenta mil familias poseen intervalos vacacionales en cinco mil seiscientos veinte establecimientos localizados en más de cien países, reportando ventas por US$ 7.600.000.000, así como un total de catorce millones ciento quince mil turistas vacacionando a través de esta modalidad.

A finales de la década de los años ochenta, el Tiempo Compartido se extendió por Latinoamérica, principalmente en el Caribe, México, Argentina y Brasil.

A fines del año 1999 había en América Latina aproximadamente setecientos cincuenta establecimientos, de los cuales el cuarenta por ciento en México; el quince por ciento en Argentina y el trece por ciento en Brasil. En Uruguay había a esa fecha treinta y dos emprendimientos.

Este desarrollo del Tiempo Compartido ha estado cargado de problemas que, en general, refieren a la violación de los derechos del consumidor, transformando así a este ámbito en el más conflictivo de la realidad turística. El sistema ha caído en el descrédito por prácticas de venta compulsiva, contratos con cláusulas abusivas, propuestas de negocios brillantes que finalizaron en grandes estafas, y otros.

El Uruguay no ha sido ajeno a estas prácticas, derivadas generalmente, más allá de actores inescrupulosos, de la insuficiencia o falta de reglamentación legal.

Muchos cambios han ocurrido en esta actividad en los últimos años. Los intervalos se han convertido más flexibles y fácil de usar e intercambiar. Cuando al inicio sólo se contaba con semanas y unidades fijas, actualmente tenemos unidades y semanas flotantes, semanas divididas, amplios regímenes de intercambio y sistemas de puntos, los que no hemos incluido en el proyecto de ley por considerar que pueden afectar la seguridad que pretendemos brindar al usuario.

Desde el año 1992, cuando se inició en la Cámara de Senadores el estudio de un proyecto que no llegó a aprobarse, el Parlamento trabaja en el tema. En la Legislatura pasada los Diputados Alejo Fernández Chaves y Ariel Lausarot presentaron un proyecto de ley que, con modificaciones introducidas bajo asesoramiento de la Organización Mundial de Turismo, fue aprobado en Comisión pero no llegó a ser considerado en Sala.

El proyecto de ley, que hoy llega a consideración de la Cámara de Diputados, ha tenido un largo y completo proceso de elaboración; en él han participado el Diputado Fernández Chaves que, además de ser autor de la iniciativa, colaboró permanentemente en su estudio; el Ministerio de Turismo mediante una Comisión Especial que presidió el doctor Gustavo Ordoqui, especialista en el tema; asesores de algunos de los señores legisladores, como los doctores Estanislao Valdés Otero y Ramiro Chimuris, y merece especial destaque la colaboración de la Asociación de Escribanos del Uruguay, especialmente a través de la escribana Dinorah Bassignana y el escribano Julio César Ivaldi, que se viene dando desde la Legislatura pasada mediante múltiples visitas a Comisión e informes escritos, culminando con la redacción final del texto que se eleva al plenario de la Cámara.

El proyecto a consideración establece como objetivo la protección y el desarrollo del Tiempo Compartido, dando especial importancia a la defensa de los derechos del usuario.

En el Título I se delimita su objeto y ámbito de aplicación, se establece el carácter de orden público y se enumeran las normas e instrumentos que regularán las relaciones entre los usuarios y prestadores del servicio.

El Título II (Disposiciones generales) define la acepción de diversas expresiones, a los efectos de esta ley; se establecen las modalidades de uso que podrán existir y se limita la suma en el tiempo de los distintos derechos referidos a un mismo alojamiento.

El Título III, en sus trece Capítulos, establece las condiciones generales a que deberá atenerse quien se quiera incorporar a este régimen, incluyendo fundamentalmente normas protectoras de los usuarios, así como mecanismos de garantía para los prestadores respecto al cumplimiento de las obligaciones que correspondan a aquéllos.

La incorporación al régimen de Tiempo Compartido deberá hacerse mediante escritura pública con contenidos que la ley determina, y sólo se considerará constituida dicha incorporación una vez que esté inscripta en el Registro de Propiedad Sección Inmobiliaria.

El o los inmuebles a incorporar deberán estar libres de cargas, gravámenes, obligaciones tributarias y de contribución a la seguridad social. Si existiera alguno de estos impedimentos deberán comparecer los organismos o personas acreedoras con prelación, renunciando a su prioridad.

Si la incorporación refiere a un establecimiento a construirse o en proceso de construcción será obligatorio otorgar un seguro de fianza o aval bancario a favor de los adquirentes, como garantía de la construcción.

Entretanto no se hayan cumplido los extremos de la incorporación, se prohíbe cualquier acto de venta o preparativo de la misma, inclusive promoción o publicidad.

La vigilancia del cumplimiento de las normas y aplicación de las sanciones -que surgirán de la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo- se comete al Ministerio de Turismo, el que deberá ser notificado por el propietario de la incorporación y el inicio de las operaciones.

El Reglamento Interno, de acuerdo a las estipulaciones del Capítulo IV, deberá contener ampliamente detalladas la descripción de las unidades habitacionales, las diversas temporadas y los servicios que el establecimiento ofrece a los usuarios.

Los requisitos y reglas para el uso de las unidades y las áreas comunes, el sistema de reservaciones y adjudicaciones de unidades y, en general, todos los derechos y obligaciones del usuario y el prestador deberá describir el procedimiento para establecer las cuotas ordinarias y extraordinarias e indicar si el establecimiento está afiliado a una compañía de intercambio.

En los Capítulos V y VI, referidos al contrato, se incluye una de las normas principales de esta ley: el derecho que tendrá el usuario a revocarlo, sin que se le genere responsabilidad alguna dentro del "período de reflexión" que se fija en cinco días hábiles. Sólo deberá reintegrar los gastos de perfeccionamiento y revocación, cuyo monto tendrá que estar indicado en el mismo contrato.

Los contratos deberán estar escritos en español, sin perjuicio de que se utilice también el de la nacionalidad del comprador, único caso en que prevalecerá este segundo idioma. Se otorgarán en escritura pública o documento privado con firma certificada, según se trate de derechos reales o personales.

En cuanto al contenido deberá definir con precisión el objeto, el precio y la naturaleza de los derechos que se trasmiten y el plazo por el que se confieren.

Del monto estimado de las cuotas ordinarias y las posibles causas para la fijación de las extraordinarias, se pone tope en ambos casos, que sólo podrá ser superado con aprobación de mayoría especial de los usuarios.

En el Capítulo VII se enuncian los derechos y obligaciones de los usuarios. Entre los primeros es destacable: oponerse a los presupuestos, balances y modificaciones del Reglamento, poniendo en marcha un mecanismo que remite la decisión final al Ministerio de Turismo; y el de poder desistir del negocio en cualquier momento siempre que hubiere pagado por lo menos el cuarenta por ciento del precio total.

En materia de obligaciones, más allá de las obvias, como pagar las cuotas anuales, designar domicilio e informar sus cambios, reparar y responder por los daños materiales causados, etc., se determina que "se aplicarán las normas pertinentes del contrato de hospedaje" en caso que no desocupe la unidad vacacional el día y a la hora exacta estipulada en el contrato.

En cuanto a los prestadores, el Capítulo VIII les prohíbe el inicio de las operaciones antes de cumplir todos los requisitos exigidos por la legislación vigente. Deberán evitar la sobreventa y mantener a disposición de los usuarios un sistema de reservaciones que facilite el usufructo de sus derechos. Deberán tener un registro actualizado de los contratos vigentes.

En el Capítulo IX se define al administrador, sus funciones, facultades y obligaciones, estableciéndose la competencia del Ministerio de Turismo para fiscalizar el cumplimiento y aplicar las sanciones que pudieren corresponder. Entre sus facultades está la de modificar el Reglamento Interno, con la limitante de que sólo entrará en vigencia, cuando cuente con la aprobación de los tres quintos de usuarios. Las demás funciones que se describen son todas inherentes a quien ejerce cualquier administración.

El artículo 36 del Capítulo X remite al Decreto-Ley Nº 14.l35, de 23 de diciembre de 1974, para la fijación del régimen de sanciones, que como ya vimos serán aplicadas por el Ministerio de Turismo.

En otra norma de protección al usuario, el artículo 37 establece la responsabilidad ilimitada del propietario por sus actos, hechos u omisiones y su solidaridad –también ilimitada- por los de las empresas administradora y prestadora de servicios y sus dependientes.

Respecto a las cuotas por la prestación de los servicios, el Capítulo XI refiere a que podrán ser ordinarias o extraordinarias, define ambas categorías e indica el mecanismo de determinación, la forma, lugar y oportunidad de pago. Consagra el derecho del usuario a supervisar la liquidación de las mismas y el del prestador a no proporcionar los servicios cuando aquél haya incumplido alguna de sus obligaciones de pago.

El Título IV regula la transferencia de derechos reales y la multipropiedad. De acuerdo a ello, los conjuntos inmobiliarios podrán ser objeto de derecho de propiedad en régimen de Tiempo Compartido, sujeto a lo que se establezca en el título de propiedad respectivo y de conformidad con las disposiciones referidas en la presente ley y en el Código Civil.

El Título V regula la transferencia de derechos personales, teniendo en cuenta que el Tiempo Compartido es el contrato en

virtud del cual una de las partes concede a la otra, en forma onerosa o gratuita, el uso y goce de alojamiento en una unidad vacacional, afectada al régimen de Tiempo Compartido, por períodos de tiempo predeterminados, manteniendo el derecho de usar y gozar, o ceder el derecho de uso y goce, su alhajamiento y demás servicios de disfrute establecidos, de acuerdo al derecho positivo vigente.

El Título VI establece las causas por las cuales se extinguen los derechos del usuario, así como el procedimiento a seguir para que opere esta pérdida de derechos.

También en este Título se define el ámbito de aplicación de esta ley; en el caso de comercialización de inmuebles en otro país se deberá obtener autorización previa y expresa del Ministerio de Turismo. Finalmente, establece un plazo de un año y ciento veinte días para la adecuación a la ley de los emprendimientos de Tiempo Compartido ya iniciados. En el caso de contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley, se estará a lo que en ellos se ha previsto, no pudiendo invocarse disposiciones que se opongan a derechos y beneficios reconocidos en la ley.

En mérito a lo expuesto, esta asesora recomienda la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 24 de julio de 2002.

ARTIGAS A. BARRIOS, Miembro informante, ENRIQUE PÉREZ MORAD, YEANNETH PUÑALES BRUN, AMBROSIO RODRÍGUEZ.

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DEL OBJETO Y LA APLICACIÓN DE LA LEY

Artículo 1º.- La presente ley regula la protección y el desarrollo del Tiempo Compartido, implementando disposiciones que salvaguardan los derechos de los usuarios, la calidad de los servicios, los procedimientos de constitución, venta, administración, operación, comercialización, intercambio y todos aquellos servicios que formen parte del mismo.

Tiempo Compartido es toda relación jurídica, cualquiera sea su naturaleza por la que, una persona física o jurídica, se obliga por sí o a través de terceras personas, a proporcionar sobre la base de un bien inmueble, destinado a tal fin, en forma periódica durante un lapso determinado, servicios de hospedaje y otros, en uno o varios establecimientos, sujetos al Reglamento Interno, a otra persona física o jurídica, quien a su vez, se obliga a pagar una contraprestación por dichos servicios -precio, cuotas ordinarias o extraordinarias- así como por cualquier otro servicio adicional, accesorio o conexo que hubiere convenido.

Artículo 2º.- La presente ley es de orden público y de observancia general para todas aquellas personas que se dediquen a la constitución, venta, comercialización, administración, intercambio y operación del Tiempo Compartido.

Cuando el inmueble afectado a Tiempo Compartido sea destinado a fines turísticos, dichas personas se considerarán prestadoras de servicios turísticos (literal G) del artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974).

Artículo 3º.- Independientemente de la naturaleza o tipo de derechos que se transfieran o constituyan a favor de los usuarios en el contrato de Tiempo Compartido, las relaciones entre los usuarios y prestadores estarán reguladas:

A) Por la presente ley.

B) Por la escritura de incorporación al régimen de Tiempo Compartido.

C) Por el Reglamento Interno.

D) Por el contrato celebrado por las partes.

E) Por el Decreto-Ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974, en su caso.

F) En forma supletoria por las normas reguladoras de los consumidores, Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000; el Código Civil y la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946 (Ley de Propiedad Horizontal), modificativas y concordantes.

TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4º.- A los efectos de la presente ley, se establecen las siguientes definiciones:

A) Áreas comunes: significa todas aquellas áreas, servicios, equipos e instalaciones del establecimiento que se encuentran a disposición y al servicio de todos los usuarios del Tiempo Compartido, para su uso, goce y disfrute, conforme a su naturaleza y sin transgredir o restringir los derechos de los demás usuarios.

B) Comercializador: significa la persona física o jurídica que en nombre y en representación de los prestadores, desarrollistas o propietarios, publicita, informa, oferta, promueve y/o realiza las ventas del servicio de Tiempo Compartido.

C) Compañía de intercambio: es la persona física o jurídica que tiene por objeto promover e intercambiar períodos de uso de Tiempo Compartido, entre los usuarios y prestar servicios adicionales a sus miembros y afiliados.

D) Cuotas ordinarias: son los pagos establecidos en el contrato que de tiempo en tiempo, realizan los usuarios a los prestadores, para ser destinados única y exclusivamente a la operación, administración, mantenimiento y conservación normal y oportuna del o los establecimientos en los que se proporcionan a los usuarios del Tiempo Compartido, incluyendo sus equipos, mobiliario, áreas comunes e instalaciones.

E) Cuotas extraordinarias: son todos aquellos pagos que, de conformidad con el contrato, los usuarios hacen a los prestadores, para ser destinados única y exclusivamente a sufragar los gastos y costos extraordinarios e imprevisibles y que resulten indispensables para el buen funcionamiento, administración, operación, mantenimiento y conservación del o los establecimientos, y proporcionar en él los servicios con la calidad y categoría convenida.

F) Desarrollista: es quien constituye un régimen de Tiempo Compartido para comercializar por sí o por intermedio de terceros, períodos de disfrute en los términos de la presente ley.

G) Establecimiento: es el conjunto de bienes inmuebles, o parte de ellos, incluyendo sus unidades vacacionales y sus áreas comunes, muebles, equipos e instalaciones donde se presta al usuario el servicio de Tiempo Compartido.

H) Multipropiedad: modalidad de derecho real de dominio según el cual el titular adquiere la propiedad de una parte alícuota indivisa de un inmueble determinado y el derecho exclusivo a su utilización y disfrute durante un período de tiempo establecido.

I) Período de uso: es el lapso durante el cual el usuario puede usar y ocupar una unidad vacacional del establecimiento.

J) Prestador: es el que proporciona a los usuarios, en forma temporal o permanente, parcial o totalmente, el servicio de Tiempo Compartido, sea propietario o no.

K) Régimen de Tiempo Compartido: significa la situación jurídica en que se encuentra un bien inmueble sobre el que se impone parcial o totalmente la prestación del servicio de Tiempo Compartido, a favor de los usuarios, por todo el tiempo en que el prestador se haya obligado a ello, conforme a lo establecido en la presente ley.

L) Reglamento Interno: significa el conjunto de disposiciones y procedimientos establecidos por los prestadores y aceptados por los usuarios, que regulan la prestación del servicio de Tiempo Compartido en uno o varios establecimientos.

M) Servicio de hospedaje: es el servicio de recepción, albergue, custodia de equipaje y demás relacionados, que los prestadores, por virtud del contrato, se obligan a proporcionar al usuario en el establecimiento, y forma parte de los derechos que confiere el Tiempo Compartido.

N) Temporada: es la época del año dentro de la cual el usuario tiene derecho a recibir los servicios de hospedaje.

O) Unidad vacacional: son las unidades habitacionales que componen el establecimiento.

P) Usuario: es el que adquiere el derecho de recibir para sí o para los terceros de su elección, los servicios de Tiempo Compartido y otros servicios que le proporcionan los prestadores, en los términos establecidos en el contrato.

Artículo 5º. (Modalidades de uso).- Podrán existir diversas modalidades de uso en el régimen de Tiempo Compartido, que deberán, en todos los casos, estar reguladas en el Reglamento Interno.

Estas modalidades de uso serán entre otras:

A) Fijo.

B) Flotante.

En ambos casos, podrá darse tanto sobre el período de uso o la unidad, excepto en caso de multipropiedad, ocasión en la cual la unidad será fija.

Cualquiera sea la modalidad del Tiempo Compartido, el conjunto de derechos referidos directa o indirectamente a un mismo alojamiento, no podrá tener una duración superior a trescientos cincuenta y ocho días o cincuenta y una semanas de cada año natural.

TÍTULO III

DEL RÉGIMEN DE TIEMPO COMPARTIDO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6º. (Incorporación).- En virtud de la constitución del régimen de Tiempo Compartido sobre un establecimiento, el mismo queda incorporado a la prestación del servicio de Tiempo Compartido y en caso de ser enajenado por cualquier causa, el nuevo propietario o sus causahabientes continuarán obligados a seguir proporcionando a los usuarios el servicio de Tiempo Compartido, de conformidad con el contrato celebrado con ellos, respetando los derechos adquiridos.

Artículo 7º. (Prohibición).- Queda prohibido efectuar cualquier clase de oferta, promoción, publicidad o la celebración de cualquier clase de actos jurídicos de venta o tendientes a la celebración de contratos a que refiere la presente ley, sin que previamente se haya constituido el régimen de Tiempo Compartido con sujeción a esta norma, sobre el o los establecimientos en los que vaya a proporcionarse a los usuarios el servicio de Tiempo Compartido.

Artículo 8º.- El régimen de Tiempo Compartido podrá constituirse sobre inmuebles construidos o en proceso de construcción.

Sólo podrán afectarse a Tiempo Compartido inmuebles en régimen de propiedad común u horizontal. En el régimen de propiedad horizontal la totalidad de unidades y bienes comunes deben afectarse al régimen de Tiempo Compartido, no pudiendo hacerse parcialmente.

Artículo 9º.- Los inmuebles incorporados al régimen de Tiempo Compartido no afectados por ningún derecho real de aprovechamiento temporal constituido a su respecto, en cuanto no excedan el máximo habilitado en el reglamento del Tiempo Compartido, podrán ser explotados en régimen de hotelería, "apart-hotel", arrendados o integrados a sistemas nacionales o internacionales de intercambio de aprovechamientos temporales, rigiéndose dichos contratos por las normas de derecho común.

CAPÍTULO II

DE LA CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DEL

RÉGIMEN DE TIEMPO COMPARTIDO

Artículo 10. (Escritura pública).- Para destinar un inmueble al régimen de Tiempo Compartido, su propietario deberá formalizar, mediante escritura pública su declaración unilateral de voluntad de constituir este régimen.

A estos efectos se deberá hacer referencia en la escritura:

A) Al título de propiedad del o los inmuebles.

B) Una completa descripción e identificación registral del inmueble.

C) La constancia que los inmuebles a incorporar al régimen de Tiempo Compartido se encuentran libres de cargas, gravámenes, obligaciones tributarias y de contribución a la seguridad social y de inscripciones en los Registros Públicos que los afecten.

En caso de existir cualquiera de los referidos impedimentos, igualmente podrá realizarse la incorporación si los organismos o personas acreedoras, o con prelación en el rango, comparecen en la misma escritura renunciando a su prioridad respecto a los futuros adquirentes de Tiempo Compartido.

D) Los permisos y autorizaciones necesarias para la construcción del inmueble, expedida por las autoridades competentes.

E) Los planos, permisos y demás documentos que se requieran, para obtener la autorización de la Intendencia Municipal competente y del Ministerio de Turismo, como habilitantes de la incorporación de uno o varios inmuebles para ser explotados bajo el régimen de la presente ley.

F) La indicación del tipo de servicios que se prestarán en el inmueble.

G) El Reglamento Interno, que debió ser otorgado en escritura pública o documento privado protocolizado.

H) Naturaleza de los derechos que se transmitirán.

I) La fecha de apertura del conjunto inmobiliario, cuando se trate de un inmueble en construcción.

J) La extensión temporal de la incorporación, que en ningún caso podrá exceder de treinta años ni ser inferior a diez.

K) Si el establecimiento no ha empezado a construirse o se encuentra en construcción, se incluirá la indicación de la entidad que emitirá el seguro de fianza o aval bancario que se otorgará a favor de los adquirentes de Tiempo Compartido, como garantía de la construcción del mismo.

Artículo 11. (Incorporación al régimen de Tiempo Compartido).- El régimen de Tiempo Compartido se constituye por la inscripción definitiva de la primera copia de la escritura referida en el artículo 10 de la presente ley en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, del lugar de ubicación del inmueble.

CAPÍTULO III

REGISTRACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo 12. (Competencias).- A los fines de la aplicación de la presente ley se comete al Ministerio de Turismo realizar las tareas de vigilancia, contralor y aplicación de las sanciones que correspondan, según lo que surja de la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.

Artículo 13. (Requisitos para el inicio de operaciones de venta o preventa del servicio de Tiempo Compartido).- Una vez incorporado un inmueble al régimen de Tiempo Compartido, para que el propietario pueda realizar, directamente o a través de comercializadoras, la venta de Tiempo Compartido, debe notificar previamente al Ministerio de Turismo el inicio de las operaciones.

Para tal efecto, debe cumplir con los siguientes requisitos:

A) Presentar una nota en la que se especifique el nombre, denominación o razón social del propietario, administrador y comercializador, o del representante legal o contractual, así como los datos relativos al lugar o lugares en los que se ofrece la prestación de servicio de Tiempo Compartido.

B) En el caso de personas jurídicas, además de lo señalado en el literal anterior, acompañar copia certificada del acta constitutiva, en la que el objeto admita la prestación de servicios de Tiempo Compartido.

C) Adjuntar testimonio notarial de la primera copia inscripta de la escritura de incorporación y del Reglamento Interno.

CAPÍTULO IV

REGLAMENTO INTERNO DE TIEMPO

COMPARTIDO

Artículo 14. (Contenido del Reglamento Interno).- El Reglamento Interno, que otorga el propietario o quien contractualmente le represente, ya sea como mandatario, prestador o administrador, deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

A) Descripción de los diversos tipos de unidad vacacional destinadas al régimen de Tiempo Compartido.

B) Descripción de las diversas temporadas del Tiempo Compartido, indicando las fechas que comprende cada una de ellas.

C) Días y horas de inicio y terminación de los períodos de uso.

D) Descripción de los servicios que comprenden al régimen de Tiempo Compartido que proporcionará el prestador al usuario en sus períodos de uso.

E) Condiciones, requisitos y reglas para el uso de las unidades vacacionales y de las áreas comunes del establecimiento.

F) Funcionamiento del sistema de reservaciones.

G) Indicación si el establecimiento se encuentra afiliado a una compañía de intercambio.

H) Procedimiento para establecer las cuotas ordinarias o extraordinarias de mantenimiento y criterios de actualización.

I) Derechos y obligaciones del usuario y el prestador.

J) Cuando el inmueble no fuere destinado exclusivamente a Tiempo Compartido, deberán establecerse las bases de cálculo de todos los gastos que se imputen a cada actividad y en qué proporción, cuando fueren compartidos.

K) Criterios y procedimientos de adjudicación de las unidades vacacionales en los casos de modalidad de uso flotante (literal B) del artículo 5º de la presente ley).

Artículo 15.- Los prestadores estarán obligados a entregar una copia del Reglamento Interno a cada uno de los usuarios al momento de celebrar el contrato y de las futuras modificaciones, dentro de los quince días siguientes a su otorgamiento.

CAPÍTULO V

DEL CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO

Artículo 16.- (Período de reflexión).- En los casos de contrato de adquisición de Tiempo Compartido, el usuario tendrá derecho a revocar dicho contrato, sin expresión de causa, cursando un aviso en tal sentido al vendedor, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil a la suscripción del mismo.

El aviso a que hace referencia el inciso anterior deberá ser efectuado mediante cualquier medio de comunicación fehaciente.

El ejercicio del derecho regulado por este artículo no genera responsabilidad alguna para el usuario, el cual no deberá abonar al vendedor suma alguna en carácter de indemnización, pero deberá reintegrar los gastos derivados del perfeccionamiento y revocación del contrato, cuyo monto tendrá que indicarse en el mismo, devolviéndose las sumas abonadas por cualquier concepto y los documentos de adeudos que se hubiesen suscrito según lo dispuesto por la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000. A tales efectos, el vendedor deberá conservar en su poder, mientras dure el período de reflexión, los mencionados documentos.

Esta facultad revocatoria deberá constar en el contrato que se firme en forma clara y notoria no pudiendo ser renunciada.

CAPÍTULO VI

CONTENIDO DEL CONTRATO

Artículo 17. (Formalidades).- Los contratos que celebren los prestadores con los usuarios deben estar escritos con letra visible y en idioma español, sin perjuicio de que sean también escritos en otro idioma, siempre y cuando los prestadores comprueben que se trata de una traducción fiel del documento en español. Dichos contratos deben incluir una cláusula donde se señale que en caso de existir discrepancias, debe prevalecer el texto en español sobre el texto del idioma extranjero, excepto cuando el adquirente no conozca el idioma español y sí el otro idioma que surge del contrato, en cuyo caso, prevalecerá el idioma de la nacionalidad del usuario, si lo fuere. Se firmarán tantos ejemplares como partes intervengan, entregando una copia a cada una de ellas.

Artículo 18. (Solemnidades).- El contrato se otorgará por escritura pública, debidamente inscripta, cuando se trate de derecho de multipropiedad, y en caso de derechos personales, podrá también otorgarse en documento privado con firmas certificadas, que deberá inscribirse en un registro que, al efecto, tendrá que llevar el Ministerio de Turismo.

Artículo 19. (Contenido).- El contrato de Tiempo Compartido que será aplicable a los complejos existentes, a los que se encuentren en construcción y a los que en el futuro se incorporen, sin perjuicio de lo que al respecto establezca el decreto reglamentario de la presente ley, deberá contener por lo menos las siguientes estipulaciones:

A) Objeto precisamente definido así como la naturaleza de los derechos que se transmiten.

B) Precio y su forma de integración.

C) Plazo por el que se confieren derechos de Tiempo Compartido.

D) Referencia precisa al Reglamento Interno.

E) Monto estimado de las cuotas ordinarias, las que no podrán superar al valor de dos días de hospedaje en hotel de similar categoría por cada semana de Tiempo Compartido.

F) Determinación de posibles causas para la fijación de cuotas extraordinarias y su monto máximo anual que no podrá, salvo aprobación de dos tercios del total de titulares de Tiempo Compartido, superar el equivalente a otros dos días de alojamiento como se indicó.

G) Transcripción en letra perfectamente legible del derecho de reflexión consagrado en la presente ley.

H) Indicación de todo otro gasto que la contratación origine y los referidos en el inciso tercero del artículo 16 de la presente ley.

CAPÍTULO VII

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Artículo 20.- Los derechos de los usuarios extranjeros serán iguales a los derechos de los usuarios nacionales.

Artículo 21. (Naturaleza jurídica).- Los derechos derivados del contrato son de naturaleza personal o real según lo acordado por las partes, y podrán ser adquiridos por personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, con las limitaciones que establezcan las leyes aplicables. En caso que en el contrato se convenga que el usuario adquiere un derecho real sobre el o los establecimientos en los que se prestarán los servicios de Tiempo Compartido, dicho contrato deberá observar las formalidades y limitaciones establecidas en la ley para la transmisión de derechos reales sobre inmuebles.

Artículo 22.- Son derechos de los usuarios entre otros:

A) Recibir los servicios contemplados en el Reglamento Interno.

B) Hacer uso del sistema de intercambio cuando fue acordado.

C) Oponerse a los presupuestos y balances anuales, así como a las modificaciones del Reglamento Interno, dentro de los diez días que le fueren notificados. En caso de existir oposición de la mayoría de los usuarios, si el administrador no acepta las mismas, deberá dar cuenta al Ministerio de Turismo, el que se expedirá en un plazo no mayor de quince días. Mientras no se expida el Ministerio, se mantendrán firmes los actos notificados.

D) Ceder o enajenar por acto entre vivos, a título oneroso o gratuito, los derechos adquiridos, mediando en todo caso, autorización previa del prestador, el que sólo podrá oponerse si el usuario tuviere obligaciones exigibles pendientes de pago. Las diferencias que se suscitaren serán resueltas por medio de la conciliación, mediación y arbitraje y de no ser posible, por la vía judicial.

E) Usar, gozar y disfrutar, de la unidad habitacional objeto del contrato así como de los bienes muebles.

F) Utilizar los servicios e instalaciones correspondientes.

G) Los demás que establezca el Reglamento Interno.

H) El usuario que hubiere abonado por lo menos el 40% (cuarenta por ciento) del precio del contrato, podrá desistir del mismo con la sanción máxima de la pérdida de lo pagado más las expensas del año siguiente al desistimiento, lo que deberá notificar fehacientemente al administrador.

Artículo 23. (Obligaciones).- El usuario tendrá a su cargo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y en el Reglamento Interno y particularmente estarán obligados a:

A) Pagar las cuotas anuales.

B) Comunicar en forma inmediata a la administración la existencia de averías o desperfectos que sufra la unidad vacacional durante el período de utilización que le corresponda.

C) Designar un domicilio a los efectos de las notificaciones asumiendo la carga de informar cualquier cambio que en éste se hubiese producido.

D) Desocupar la unidad vacacional exacta y puntualmente el día y a la hora señalada en el contrato o en el Reglamento Interno, y en caso de incumplimiento, se aplicarán las normas pertinentes del contrato de hospedaje.

E) No ocupar la unidad vacacional con un número mayor de personas al autorizado en el contrato o en el Reglamento Interno.

F) No realizar actos que perturben la tranquilidad de los demás usuarios, ni utilizar los servicios del establecimiento fuera de los horarios o en violación al Reglamento Interno.

G) Reparar y responder de los daños materiales que él u otro usuario anterior causen a la unidad vacacional, al establecimiento o a sus áreas comunes, debiendo pagar el monto de los daños causados antes de abandonar el establecimiento. No será responsable en forma exclusiva por los desperfectos y averías causados por el mero uso o transcurso del tiempo o por la normal utilización de la vivienda, del mobiliario o de instalaciones comunes.

Artículo 24.- Al inicio del período de uso, el usuario debe verificar que la unidad vacacional se encuentre en buen estado de conservación, así como los enseres y equipos que mediante inventario les haga entrega los prestadores. Si no reclama los defectos o faltantes que hubiere, se entenderá que los recibió completos y en buen estado y así deberá dejarlo.

Artículo 25. (Prohibición de efectuar mejoras).- El usuario no podrá efectuar en la unidad vacacional ninguna mejora sin el previo consentimiento del prestador. En caso que, no obstante esta prohibición, las mismas fueran efectuadas, el usuario deberá devolver el bien al estado en que se encontraba antes de las mismas y abonar al prestador los daños y perjuicios que se irroguen de la indisponibilidad del bien durante las obras, por el tiempo que dure la regularización de la situación.

CAPÍTULO VIII

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE

LOS PRESTADORES

Artículo 26.- Los prestadores deberán cumplir con todos los requisitos y obtener todos los registros establecidos por la legislación vigente, en forma previa al inicio de las operaciones reguladas por la presente ley.

Artículo 27. (Sobreventa).- Los prestadores no pueden sobrevender el servicio de Tiempo Compartido y deberán adoptar las medidas necesarias para evitarla, de tal manera que su volumen de contrataciones nunca rebase su capacidad de prestación de servicio de hospedaje.

Artículo 28. (Reservas).- Los prestadores deben mantener a disposición de los usuarios un sistema de reservaciones que les facilite hacer efectivo su derecho de recibir los servicios contratados.

Artículo 29.- Los prestadores deben proporcionar los servicios contratados observando todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que rigen la prestación de dichos servicios en el lugar de ubicación del establecimiento de que se trate.

Artículo 30. (Registro).- Los prestadores deberán contar con un registro actualizado de los contratos que se celebren.

CAPÍTULO IX

DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL TIEMPO COMPARTIDO

Artículo 31.- El administrador es la persona física o jurídica que siendo designada conforme a lo establecido en el Reglamento Interno será responsable de prestar servicios de gestión, conservación y coordinación en el uso y mantenimiento de los bienes.

Artículo 32.- El administrador está obligado a llevar a cabo una administración eficiente y diligente del Tiempo Compartido, debiendo conservar los establecimientos en condiciones de uso adecuados para proporcionar los servicios de hospedaje con la calidad y categoría contratadas con el usuario.

El Ministerio de Turismo es competente para fiscalizar, en todo momento, las obligaciones a que refiere el inciso anterior, aplicando las sanciones que correspondan a su cumplimiento.

Artículo 33. (Funciones).- Serán funciones del administrador:

A) Modificar el Reglamento Interno, en la oportunidad prevista en el artículo 34 de la presente ley, en aspectos estrictamente operacionales del o los establecimientos, velando en todo caso, por el interés general de los usuarios.

  Las modificaciones al Reglamento Interno sólo entrarán en vigencia cuando cuente con la aprobación de los tres quintos de sus usuarios.

B) Preparar el presupuesto anual de egresos del establecimiento a fin de determinar el importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias a cargo de los usuarios.

C) Ejecutar el presupuesto anual de egresos del establecimiento, contratando los suministros y proveedores correspondientes a precios competitivos en el mercado.

D) Realizar la cobranza de las cuotas ordinarias y, en su caso, extraordinarias y aplicarlas según su destino.

E) Llevar un control exacto y actualizado de los pagos que efectúen los usuarios a efecto de negar el servicio a aquellos usuarios que no se encuentren al corriente de sus pagos.

F) Llevar al día el registro de contratos y de reservas.

G) Contratar o cesar el personal y/o empresas para las diferentes actividades del complejo.

Artículo 34.- El administrador será responsable de contratar y mantener actualizadas y vigentes las pólizas de seguros, así como de efectuar el pago puntual de las obligaciones que se generen, ya sean de carácter laboral, fiscal, comercial o civil.

Será también responsable de poner en conocimiento de los usuarios, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, el presupuesto del complejo para el año siguiente, el balance y las modificaciones del Reglamento Interno.

Artículo 35.- El certificado emanado del administrador, en el que conste la deuda por los gastos del sistema, los rubros que la componen y el plazo para abonarla, constituirá título suficiente para accionar, contra el usuario moroso, por la vía ejecutiva, luego de que fuere intimado en mora el deudor, conforme las previsiones del Código Civil y que no hubiere cumplido con sus obligaciones.

CAPÍTULO X

DE LAS SANCIONES

Artículo 36.- Independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran los prestadores y administradores por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o de la presente ley, serán pasibles de las sanciones previstas en los artículos 21 a 29 del Capítulo VII del Decreto-Ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974.

Artículo 37.- El propietario de un inmueble en régimen de Tiempo Compartido, así como sus sucesores a título singular o universal, serán, respecto de los adquirentes de derechos reales o personales, ilimitadamente responsables por sus actos, hechos u omisiones, y solidaria e ilimitadamente por los de la empresa administradora y prestadora de servicios, sus dependientes, auxiliares, contratistas, subcontratistas y proveedores. En caso de cese o incumplimiento de la empresa administradora y prestadora de servicios, el propietario deberá asumir en forma directa el cumplimiento de las obligaciones de dicha empresa. Siendo varios los propietarios, la responsabilidad y solidaridad comprenderá a todos ellos.

CAPÍTULO XI

DE LAS CUOTAS POR LA PRESTACIÓN

DE LOS SERVICIOS

Artículo 38.- Las cuotas por la prestación de los servicios del Tiempo Compartido podrán ser ordinarias o extraordinarias, según sea la naturaleza de los gastos que con ellas se cubran.

Artículo 39. (Cuotas ordinarias).- Cada usuario habrá de contribuir al pago de los gastos comunes originados por la administración y el mantenimiento del conjunto inmobiliario en régimen de Tiempo Compartido, mediante una cuota anual ordinaria que deberá abonarse en la fecha que se indique y cuya determinación se hará por procedimientos contables.

Los gastos comunes serán liquidados anualmente y podrán ser supervisados por el usuario.

Artículo 40. (Determinación).- Los prestadores determinarán el importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias a cargo de los usuarios de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno.

Artículo 41.- Los prestadores podrán abstenerse de proporcionar al usuario los servicios contratados, cuando éstos no paguen sus deudas (precio, cuotas ordinarias, extraordinarias o deterioros que le fueren imputables).

Artículo 42.- Todas las cuotas ordinarias y extraordinarias deberán ser pagas en la forma, lugar y plazos convenidos. En caso de incumplimiento o retraso por parte de los usuarios, los prestadores podrán cobrarles los intereses correspondientes, según lo pactado en el contrato.

CAPÍTULO XII

DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL TIEMPO

COMPARTIDO

Artículo 43. (Publicidad errónea).- El prestador, el comercializador o cualquier persona que promueva, oferte o publicite la celebración de un contrato, no podrá utilizar o realizar anuncio, publicidad o propaganda que induzca al error o a confusión. La información acerca del o los establecimientos de Tiempo Compartido y de los servicios que se proporcionan a los usuarios, debe ser suministrada al público en forma cierta, objetiva, veraz, detallada y suficiente.

Artículo 44. (Prohibición de causar molestias al público).- Queda estrictamente prohibido que al promover la oferta de un contrato se causen molestias al público, se le haga objeto de presiones u hostigamientos o se altere su tranquilidad, tanto en la vía pública, en su domicilio, lugares de alojamiento y zonas de recreo.

Artículo 45. (La oferta obliga).- Toda oferta o información contenida en los folletos, anuncios, circulares y cualquier otro medio de difusión, obligan a los prestadores a que sean verdaderas y correspondan a las condiciones establecidas en el régimen de Tiempo Compartido, en el Reglamento Interno y en el contrato.

Artículo 46. (Información).- La publicidad, cualquiera que sea el medio de difusión de que se trate, deberá expresar siempre si el establecimiento se encuentra construido y en operación o si se encuentra en proceso de construcción, en cuyo caso, se deberá expresar la fecha de terminación e inicio de operaciones.

Artículo 47. (Práctica de telemercadeo).- Cuando se promocione la celebración de contratos vía telefónica o similares, los prestadores deberán observar las siguientes obligaciones:

A) La persona que llama debe identificarse y manifestar en nombre de quien realiza el contacto telefónico y el objeto de su llamada.

B) Si se ofrece algún premio u obsequio telefónicamente, se indicarán las condiciones o requisitos que deben cumplirse para reclamarlo, así como una descripción detallada de dicho premio u obsequio, sin inducir a error o crear falsas expectativas en el destinatario de la comunicación.

C) Las llamadas telefónicas para la promoción deberán realizarse entre las 9 y las 20 hs.

CAPÍTULO XIII

NATURALEZA DE DERECHOS TRANSFERIBLES

Artículo 48.- El propietario de un bien inmueble destinado al régimen de Tiempo Compartido o el desarrollista podrá transferir los respectivos derechos de uso y goce sucesivos o alternados, otorgando a los usuarios derechos reales -sistema de multipropiedad- o personales, excluyéndose otras formas no contempladas en los Títulos IV y V de la presente ley.

TÍTULO IV

RÉGIMEN DE TRANSFERENCIA DE

DERECHOS REALES

MULTIPROPIEDAD

Artículo 49. (Generalidades).- Los conjuntos inmobiliarios podrán ser objeto de derecho de propiedad en régimen de períodos determinados o Tiempo Compartido, sujeto a lo que se establezca en el título de propiedad respectivo y de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley y en el Código Civil.

Artículo 50. (Multipropiedad).- Se configura cuando se transfiere derechos reales de dominio por los que una persona adquiere la propiedad sobre una parte alícuota indivisa de un inmueble determinado, que la faculta a usar y gozar del bien por el período acordado.

El titular ejercerá el uso y goce del bien con cargo de mantener su forma y sustancia y de entregarlo a la finalización del tiempo asignado, ya sea a su sucesor en el derecho de uso y goce o al administrador del sistema.

Artículo 51. (Indivisión).- Mientras subsista la vigencia de régimen de propiedad, el bien permanecerá en estado de indivisión forzosa, quedándole prohibido a los copropietarios solicitar la cesación de ese condominio. (Multipropiedad)

Artículo 52. (Cuotas partes de la propiedad en régimen de Tiempo Compartido).- Las cuotas partes de la propiedad en régimen de períodos predeterminados o Tiempo Compartido se consideran indivisibles, y sus titulares actuarán respecto de ellas como frente a un único objeto de derecho.

Si no existiera unanimidad entre varios cotitulares de una misma cuota, cualquiera de ellos tendrá el derecho de pedir su venta en pública subasta, conforme a lo previsto en el artículo 1755 del Código Civil.

La titularidad de las cuotas será transmisible por modo sucesión o por cualquier título y modo hábil para transmitir el dominio.

Asimismo, podrán ser objeto de todos los demás contratos no traslativos del dominio, principales o accesorios, con las solemnidades y requisitos propios de cada uno de ellos, con los efectos que les asigna la legislación común.

Artículo 53. (Remisión).- En todos los aspectos no previstos en la presente ley, se aplicarán supletoriamente las normas que regulan el régimen de propiedad horizontal.

Artículo 54. (Bienes muebles).- Los bienes muebles que accedan a los Raíces sometidos al régimen de la presente ley, estarán determinados en el respectivo reglamento de multipropiedad.

Artículo 55. (Requisitos).- El régimen de propiedad a que refiere el presente Capítulo estará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos:

A) El otorgamiento por escritura pública del reglamento de multipropiedad, en el que deberá documentarse:

a) Los datos que se establecen en el artículo 13 de escritura de incorporación de la presente ley; y

b) el derecho real de garantía recíproco prioritario, que gravará cada cuota parte de división del dominio o fracción de la multipropiedad, a favor de las demás, a fin de asegurar el cobro de los gastos que correspondan. El monto de dicho gravamen será del 30% (treinta por ciento) del valor asignado al efectuar la incorporación a las distintas partes de utilización exclusiva, actualizado según lo previsto por el Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976.

B) La inscripción del reglamento de multipropiedad en el Registro de la Propiedad Inmueble del lugar de radicación del bien, a los efectos de su oponibilidad a terceros.

C) La contratación de los seguros previstos en el artículo 20 de la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946, por el mínimo previsto por el literal c) del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974.

Artículo 56. (Título ejecutivo).- Las cantidades líquidas que los titulares de propiedad en régimen de períodos predeterminados o Tiempo Compartido adeuden por cualquier concepto y que resulten de las liquidaciones formuladas por la administración del sistema de acuerdo con lo establecido en el reglamento de multipropiedad, constituirán título ejecutivo.

Ello no obsta a las facultades judiciales conferidas por los incisos primero y tercero del artículo 10 de la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946, en la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 14.560, de 19 de agosto de 1976, que serán extensibles respecto de los bienes muebles que acceden al bien principal cuando corresponda. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, las reclamaciones se sustanciarán según lo establecido por los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 57. (Morosidad).- El usuario moroso en el pago de los gastos comunes perderá el derecho al uso y goce del bien en el período que le corresponde, y una vez al día de sus obligaciones lo recuperará para los períodos futuros.

Artículo 58.- El titular de un derecho de multipropiedad o el usuario de Tiempo Compartido responderá frente a terceros por las obligaciones generadas en actos, hechos y contratos celebrados por la administración en proporción y hasta el valor de su cuota.

Artículo 59. (Promesa de compraventa de la cuota parte de dominio de Tiempo Compartido).- La promesa de compraventa de una cuota parte del dominio en régimen de períodos predeterminados o Tiempo Compartido se inscribirá en el Registro de la Propiedad Inmueble, a los solos efectos de lo establecido por los artículos 15, 31 y 35 de la Ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931.

TÍTULO V

RÉGIMEN DE TRANSFERENCIA DE

DERECHOS PERSONALES

Artículo 60. (Generalidades).- El Tiempo Compartido es el contrato en virtud del cual una de las partes concede a la otra, en forma onerosa o gratuita, el uso y goce de alojamiento en una unidad vacacional, afectada al régimen de Tiempo Compartido, por períodos de tiempo predeterminados, manteniendo el derecho de usar y gozar, o ceder el uso y goce del mismo bien, su alhajamiento y demás servicios de disfrute establecidos.

Artículo 61. (Remisión).- El contrato de disfrute periódico o Tiempo Compartido, se reglará, según sea oneroso o gratuito, por lo establecido en el Capítulo I del Título IV Segunda Parte del Libro Cuarto del Código Civil, y el Capítulo II del Título XII de la Segunda Parte del Libro Cuarto del mismo cuerpo normativo, respectivamente, en todo lo que fuere compatible con la presente ley.

TÍTULO VI

CAPÍTULO I

PÉRDIDA DE DERECHOS

Artículo 62.- Cuando la falta de pago en el precio se prolongue por más de seis meses o en las cuotas ordinarias se extienda por dos años, se extinguirán "ipso iure" los derechos del usuario, pudiéndose proceder a su posterior transmisión a favor de terceros.

Para que opere esta extinción deberá el prestador notificar al usuario esta circunstancia mediante comunicación, en forma fehaciente, en la que se indique la causa de la extinción del derecho.

El usuario podrá acreditar dentro del término improrrogable de treinta días hábiles, ante el Juez competente del lugar de ubicación del inmueble objeto del Tiempo Compartido, que se encuentra al día en sus pagos, debiéndose sustanciar la discrepancia por vía incidental.

Si el titular no acredita el pago, se tendrán por perdidos en definitiva sus derechos.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 63. (Ámbito de aplicación).- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán:

A) Los derechos de Tiempo Compartido establecidos sobre inmuebles situados en el territorio de la República.

B) En lo pertinente, la comercialización en la República Oriental del Uruguay de derechos de Tiempo Compartido, cuando se refiera a inmuebles situados en otro país, en cuyo caso deberá obtenerse previa y expresa autorización del Ministerio de Turismo.

Artículo 64.- La presente ley entrará en vigencia ciento veinte días después de su promulgación.

Artículo 65.- Los propietarios y desarrollistas de inmuebles y servicios accesorios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan iniciado la comercialización de bienes y servicios en régimen de Tiempo Compartido, tendrán un plazo de un año a partir de los ciento veinte días de su promulgación para adecuarse a lo establecido en la misma.

Artículo 66.- Los contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de la presente ley se regirán por lo que en ellos se ha previsto. Sus disposiciones no podrán invocarse cuando se opongan a los derechos y beneficios reconocidos por la ley.

Artículo 67. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días de su promulgación.

Sala de la Comisión, 24 de julio de 2002.

ARTIGAS A. BARRIOS, Miembro informante, ENRIQUE PÉREZ MORAD, YEANNETH PUÑALES BRUN, AMBROSIO RODRÍGUEZ".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Barrios.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: al fin, después de aproximadamente un año, llega este proyecto a consideración de la Cámara. El 24 de julio de 2002 fue aprobado por la Comisión y el tema tiene larga historia en el Parlamento.

En el año 1992 se hicieron varios intentos en el Parlamento para regular la actividad del sistema de tiempo compartido. En ese año, en el Senado se presentó un primer proyecto y se empezó a trabajar en el tema. En la Legislatura pasada se lo vuelve a considerar, pero en este caso en la Cámara de Representantes, a iniciativa de los señores Diputados Fernández Chaves y Lausarot, quienes presentaron un proyecto de ley que introducía modificaciones en base al asesoramiento de la Organización Mundial del Turismo. Esa iniciativa fue aprobada en la Comisión, pero no llegó a ser considerada por la Cámara de Representantes.

En la actual Legislatura, también por iniciativa del señor Diputado Fernández Chaves, se desarchivó el proyecto que había sido considerado en la anterior, y en un trabajo muy intenso, con la participación del Ministerio de Turismo y de asesores de los legisladores, además del apoyo de la Asociación de Escribanos del Uruguay, a mediados del año pasado pudo aprobarse en Comisión y hoy llega a consideración de la Cámara.

El régimen de tiempo compartido ha tenido en el mundo un desarrollo realmente importante y en nuestro país quizás esto no sucedió por la falta de legislación. Este régimen se inició en Europa a mediados de la década del sesenta, cuando aparecieron los primeros establecimientos. A partir de entonces, la actividad de tiempo compartido se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento de la industria turística y se ha impuesto en muchos países de manera vertiginosa.

En el año 2000, la industria del tiempo compartido a nivel mundial mostraba cifras realmente extraordinarias: 4:300.000 familias usuarias del tiempo compartido; 5.600 establecimientos en más de cien países; y una facturación total cercana a los US$ 8.000:000.000, con un crecimiento muy importante que hoy hace prever que se estén superando los US$ 12.000:000.000 o los US$ 13.000:000.000.

A finales de la década del ochenta se extendió en Latinoamérica, principalmente en el Caribe; en México y en Argentina tuvo un impacto importante y ha sido un factor fundamental del desarrollo de las zonas turísticas de Brasil. Los complejos son muy importantes, así como la facturación.

A fines de 1999, en América Latina había 750 establecimientos, de los cuales el 40% estaba en México, el 15% en Argentina, el 13% en Brasil, y en Uruguay había 32 emprendimientos. Aquí no han surgido nuevas inversiones, seguramente por la falta de regulación y de garantías, tanto para los usuarios como para los inversores, a pesar de los intentos que se han hecho en el Parlamento por aprobar una ley.

Este desarrollo, fundamentalmente en nuestro país, ha estado cargado de problemas, que en general refieren a la violación de los derechos del consumidor, transformando así esta modalidad en la más conflictiva de la realidad turística. El sistema ha caído o cayó en alguna época en el descrédito por prácticas de venta compulsiva, por contratos con cláusulas abusivas, por propuestas de negocios brillantes que finalizaban en grandes estafas y por otras situaciones similares. El Uruguay no fue ajeno a esa práctica derivada generalmente -más allá de los actores inescrupulosos- de la insuficiencia o de la falta de reglamentación legal. Esta carencia ha hecho que los inversores seriamente dedicados y preocupados por el éxito del negocio, se asociaran y establecieran reglas de autorregulación para evitar que la actividad siguiera cayendo en el desprestigio.

En los últimos años han ocurrido muchos cambios; los intervalos han pasado a ser más flexibles y fáciles de usar e intercambiar. Cuando al inicio solo se contaba con semanas y unidades fijas, actualmente hay semanas y unidades flotantes, semanas divididas, amplios regímenes de intercambio y sistemas de puntos. Debo aclarar que en este proyecto el sistema de puntos fue descartado y no se incluyó, por haberse entendido que no daba seguridad a los usuarios.

Desde el año 1992, cuando se inició en la Cámara de Senadores el estudio de un proyecto que no llegó a aprobarse, se ha venido trabajando en el tema.

El proyecto que hoy se presenta, que es fruto de todo ese trabajo y de las colaboraciones que mencioné, establece como objetivo fundamental la protección y el desarrollo de la actividad del tiempo compartido, dando especial importancia a la defensa de los derechos de los usuarios.

En el Título I se delimita su objeto y ámbito de aplicación, así como el carácter de orden público, y se enumeran las normas e instrumentos que regularán las relaciones entre los usuarios y prestadores del servicio.

El Título II, "Disposiciones generales", define la acepción de diversas expresiones a efectos de esta ley. Se establecen las modalidades de uso que podrán existir y se limita la suma en el tiempo de los distintos derechos referidos a un mismo alojamiento, como manera de evitar la sobreventa, que ha sido práctica común en algunos emprendimientos.

El Título III, en sus trece capítulos, establece las condiciones generales a que deberá atenerse quien se quiera incorporar a este régimen, incluyendo fundamentalmente normas protectoras de los usuarios -como decíamos, ese es el objetivo principal-, así como mecanismos de garantía para los prestadores respecto del cumplimiento de las obligaciones que correspondan a aquellos.

La incorporación al régimen de tiempo compartido deberá hacerse mediante escritura pública -como formalidad de garantía-, con contenidos que la ley determina, y solo se considera constituida dicha incorporación una vez que esté inscripta en el Registro de Propiedad, Sección Inmobiliaria.

El o los inmuebles a incorporar deberán estar libres de cargas, gravámenes, obligaciones tributarias y de contribución a la seguridad social. Si existiera alguno de estos impedimentos, deberán comparecer los organismos o personas acreedoras con prelación, renunciando a su prioridad, lo cual constituye otra medida de garantía para los usuarios.

Si la incorporación refiere a un establecimiento a construirse o en proceso de construcción, será obligatorio otorgar un seguro de fianza o aval bancario a favor de los adquirentes, como garantía de la construcción. Entre tanto no se hayan cumplido los extremos para completar la incorporación, se prohíbe cualquier acto de venta o preparativo de la misma, inclusive promoción o publicidad. Es decir, deben cumplirse todos los requisitos de la incorporación -hacerse la escritura e inscribirla en el Registro- para que se pueda empezar a realizar la publicidad, como forma de evitar lo que ha sucedido hasta ahora.

La vigilancia del cumplimiento de las normas y la aplicación de las sanciones quedan a cargo del Ministerio de Turismo, como organismo encargado de controlar y de supervisar el funcionamiento de estos establecimientos.

Asimismo, deberán tener un reglamento interno, de acuerdo con las estipulaciones del Capítulo IV de este proyecto, que contendrá ampliamente detallada la descripción de las unidades habitacionales, las diversas temporadas y los servicios que el establecimiento ofrece a los usuarios.

Los requisitos y reglas para el uso de las unidades también deberán estar incluidos en el reglamento, así como el uso de las áreas comunes, el sistema de reservaciones y adjudicaciones de unidades y, en general y especialmente, todos los derechos y obligaciones del usuario y del prestador. Asimismo, deberá describir el procedimiento para establecer las cuotas ordinarias o extraordinarias, como un mecanismo más de garantía para evitar sorpresas al usuario o adquirente.

En los capítulos referidos al contrato se incluye una de las normas principales de este proyecto -yo diría, la principal-, que tiene que ver con el derecho que tendrá el usuario a revocar el contrato sin que se le genere responsabilidad alguna dentro del "período de reflexión", que se fija en cinco días hábiles. Son conocidas las técnicas de venta compulsiva que se han utilizado en estos emprendimientos, que muchas veces han hecho que alguien firme un documento con letra chica sin tener tiempo para leerlo, y cuando se dio cuenta, adquirió una deuda que después no podría atender y obligaciones que lo tendrían comprometido prácticamente por el resto de sus días. Esta norma tiende a evitar estas situaciones, que han sido uno de los grandes defectos de los emprendimientos de este tipo.

También se establece que los contratos deben estar escritos en español; se puede utilizar además el idioma de la nacionalidad del comprador, constituyéndose en el único caso en el que prevalecerá este segundo idioma. La preocupación siempre es proteger al comprador, al usuario. Por lo tanto, cuando tenga un idioma distinto al español, prevalecerá su lengua. Los documentos siempre deben ser entregados en escritura pública o documento privado, con firma certificada, como modo de agregar formalidades de garantía.

El contrato deberá definir con precisión el objeto, el precio y, sobre todo, la naturaleza de los derechos que se trasmiten y el plazo por el que se confieren.

Deberá establecerse el monto estimado de las cuotas ordinarias y las posibles causas para la fijación de las extraordinarias. Asimismo, se deberá poner tope en ambos casos, que solo podrá ser aprobado por mayorías especiales de los usuarios y no en forma unilateral por los administradores, como ha sido usual en estos negocios.

En el Capítulo VII se enuncian los derechos y obligaciones de los usuarios. Entre los derechos se destaca: oponerse a los presupuestos, balances y modificaciones del reglamento -para eso, podrá poner en marcha un mecanismo que remite la decisión final al Ministerio de Turismo- y poder desistir del negocio en cualquier momento, siempre que hubiese pagado por lo menos el 40% del precio total. Este es uno de los problemas que ha tenido este negocio, ya que se hacía a noventa o a noventa y nueve años. No debemos olvidar que muchas veces la situación económica de una persona cambia, pero tiene la obligación de continuar pagando. Lo mismo sucede en el caso de que una persona fallezca; en ese caso, la familia debe continuar pagando. Esta cláusula es una salvaguardia que permite al usuario -sin tener que pagar indemnización, pero perdiendo lo abonado-, una vez cubierto el 40% del precio total, desistir del negocio.

En materia de obligaciones de los compradores, están las obvias de pagar las cuotas, designar domicilio e informar sus cambios, reparar y responder por los daños materiales causados, y se determina -esto es en protección del inversor, del promotor o del administrador del tiempo compartido- que se aplicarán las normas pertinentes al contrato de hospedaje, de tal modo que se asegura el desalojo automático e inmediato en caso de incumplimiento.

En el Capítulo VIII, a los prestadores se les prohíbe el inicio de las operaciones antes de cumplir todos los requisitos exigidos por la legislación vigente, así como la sobreventa. Deberán mantener a disposición de los usuarios un sistema de reservaciones que facilite el usufructo de sus derechos. También deberán tener a disposición de los usuarios un registro actualizado de los contratos vigentes.

El administrador es una figura importante que se define en el Capítulo IX. Se establecen sus funciones, sus facultades y obligaciones y la competencia del Ministerio de Turismo para fiscalizar el cumplimiento y aplicar las sanciones que pudieran corresponder. Entre las facultades del administrador está la de modificar el reglamento interno, con la limitante de que solo entrará en vigencia cuando cuente con la aprobación de los tres quintos de usuarios. Las demás funciones que se describen son todas inherentes a quien ejerce cualquier administración.

El artículo 36, del Capítulo X, remite al Decreto-Ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974, para la fijación del régimen de sanciones. Es decir, las sanciones que serán aplicadas por el Ministerio de Turismo se medirán de acuerdo con la disposición del referido Decreto-Ley Nº 14.335.

Continuando con las normas de protección al usuario, voy a referirme al artículo 37, que conjuntamente con la norma que estipula el derecho a dejar sin efecto el negocio, es de las más importantes en esta materia, pues establece la responsabilidad ilimitada del propietario por sus actos, hechos u omisiones y su solidaridad -también ilimitada- por los de las empresas administradoras y prestadoras de servicios y sus dependientes. Sucedió muchas veces que cuando un usuario se vio afectado en sus derechos y tuvo que reclamar, se encontró con que quien tenía enfrente era una empresa administradora, sin responsabilidad; el bien en sí era de otra empresa que no tenía responsabilidad con respecto al funcionamiento del establecimiento. Eso queda cubierto con la norma que se incluye en el proyecto de ley.

Respecto a las cuotas por la prestación de los servicios, se establece que podrán ser ordinarias o extraordinarias, se definen ambas categorías y se indica el mecanismo de determinación, la forma, el lugar y la oportunidad de pago. Además, se consagra el derecho del usuario a supervisar la liquidación de las mismas y el del prestador a no proporcionar los servicios cuando el usuario haya incumplido alguna de sus obligaciones de pago. Como decía, se trata de equilibrar, siempre protegiendo fuertemente al usuario, que ha sido el afectado hasta ahora, y también atendiendo a los intereses del prestador del servicio, como modo de estimular la inversión de capitales en este rubro.

Por último, en el Título IV se regula la transferencia de derechos reales y la multipropiedad. De acuerdo con eso, los conjuntos inmobiliarios podrán ser objeto de derecho de propiedad en régimen de tiempo compartido, sujeto a lo que se establezca en el título de propiedad respectivo y de conformidad con las disposiciones referidas en el presente proyecto de ley y en el Código Civil.

El Título V regula la transferencia de derechos personales, teniendo en cuenta que el tiempo compartido es el contrato en virtud del cual una de las partes concede a la otra, en forma onerosa o gratuita, el uso y goce de alojamiento en una unidad vacacional, afectada al régimen de tiempo compartido, por períodos de tiempo predeterminados, manteniendo el derecho de usar y gozar, o ceder el derecho de uso y goce, su alhajamiento y demás servicios de disfrute establecidos, de acuerdo con el derecho positivo vigente.

El Título VI establece las causas por las cuales se extinguen los derechos del usuario, así como el procedimiento a seguir para que opere esta pérdida de derechos. En este título se define también el ámbito de aplicación de la ley; en el caso de comercialización de inmuebles en otro país, se deberá obtener autorización previa y expresa del Ministerio de Turismo.

Finalmente, se establece un plazo de un año y ciento veinte días para la adecuación a la ley de los emprendimientos de tiempo compartido ya iniciados. En el caso de contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley, se estará a lo que en ellos se ha previsto, no pudiendo invocarse disposiciones que se opongan a derechos y beneficios reconocidos en la ley. Es decir que se estará a lo que establecen los contratos, pero prevalecerá la ley.

Como decía, fue un largo trabajo de elaboración en el que, además de los miembros de la Comisión, participó el señor Diputado Fernández Chaves. También debe dejarse constancia expresa de la colaboración de asesores de integrantes de la Comisión, como los doctores Estanislao Valdés Otero y Ramiro Chimuris y el escribano Carlos Vivas. Como mencioné al principio, ha sido elemento fundamental para culminar este trabajo la colaboración de la Asociación de Escribanos del Uruguay, que destinó muchas horas a asesorarnos, especialmente a través de la escribana Dinorah Bassignana y del escribano Julio César Ivaldi, dos profesionales altísimamente calificados en el tema.

Por lo expuesto, la Comisión de Turismo, asesora del Cuerpo, aconseja a la Cámara aprobar el proyecto de ley a consideración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: cuando presentamos este proyecto -en la Legislatura pasada- lo hicimos en base a que no hay legislación específica sobre esta materia y a que el tiempo compartido es una explotación de índole comercial que se ha popularizado mucho en nuestro país y que hace cuatro o cinco años tuvo su momento de auge. Es un tema nuevo a nivel mundial, pero paulatinamente está siendo legislado en varios países; hay legislación importante al respecto en España y actualmente también en Argentina; también existe una ley muy buena en Ecuador y legislación en la materia en varios países caribeños.

El origen del tiempo compartido se dio en la década del cincuenta y, curiosamente, no fue tal como lo pensamos en este momento; se refería a las grandes máquinas de computación, de enormes dimensiones, en Estados Unidos, que tenían un costo realmente muy importante. Estaban en edificios de una manzana o más y la explotación de esas grandes máquinas mecánicas de computación era compartida por varias transnacionales. Reitero: se asociaban diversas empresas que compartían el tiempo de explotación de esas grandes máquinas de computación.

De ahí surge la expresión tiempo compartido, que luego empieza a extrapolarse a las naves, específicamente a los yates de las costas del Caribe -sobre todo en Miami, Estados Unidos-; luego este tipo de explotación se traspasa a la Costa Azul europea.

En último término, empieza la explotación del tiempo compartido sobre los inmuebles, lo que tiene una muy rápida difusión y entra a América Latina por Brasil, que es un país que también tiene una legislación importante al respecto. Como decía, este tipo de explotación tuvo su punto de mayor utilización hace unos cuatro o cinco años, cuando originalmente presentamos nuestro proyecto.

La falta de legislación que existe al respecto ha permitido que se hayan producido gran cantidad de abusos, porque conjuntamente con la explotación del tiempo compartido también nació -en especial en nuestro país- una nueva forma de publicidad, un nuevo modo de venta de este tipo de alojamientos. Todos sabemos que la publicidad es muy agresiva y muy personalizada; se maneja mediante llamadas telefónicas o captando al turista en las playas. Se invita a la gente a cenar y en seguida se le hace firmar un contrato de reserva. Como no existe ninguna legislación al respecto, ya esos contratos de reserva prevén grandes multas si se quiere rescindirlos y los casos de abuso que ha habido son realmente muy importantes.

Estos contratos también tienen connotaciones a nivel internacional, porque, dada la continua evolución que ha tenido este sistema de tiempo compartido, se ha formado, primero a nivel nacional y luego a nivel internacional, una especie de "clearing" de compensación de tiempos compartidos, por lo que quien es socio durante determinado tiempo en Uruguay, podrá compensar con un tiempo compartido en otro país. Ese es un sistema que se utiliza mucho a nivel internacional, especialmente con los países del Caribe.

De manera que la aprobación de este proyecto de ley es importante desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo y, a su vez, resulta trascendente por los abusos que se han cometido específicamente en nuestro país en la explotación de este sistema.

Este mecanismo resulta de fundamental importancia para el turismo en todas sus facetas. En doce departamentos de nuestro país existen complejos de tiempo compartido. Quiere decir que prácticamente todos los tipos de explotación turística están comprendidos en lo que es el tiempo compartido. En el desarrollo del turismo a que aspiramos en nuestro país, esto va a ser un mojón muy importante.

No voy a abundar sobre el tema del proyecto de ley, ya que fue perfectamente descrito por el señor miembro informante; en todo caso, haremos alguna intervención en la consideración de los artículos. Acorto mi intervención en tanto deseo que este proyecto que, como expresé, prohijamos en la Legislatura anterior y volvimos a presentar en esta, resulte aprobado por esta Cámara, permitiendo que se estudie en el Senado, porque es impostergable que tengamos una legislación al respecto.

Quiero señalar, sí, que en la Legislatura anterior la Organización Mundial de Turismo fue consultada con respecto a esta iniciativa. Asimismo, como señaló el señor miembro informante, en esta Legislatura la Asociación de Escribanos del Uruguay ha apoyado en forma sustancial todo su tratamiento.

Naturalmente, quedan por el camino algunas aspiraciones que habíamos tenido en la iniciativa que originalmente presentamos. Nosotros aspirábamos a que este proyecto de ley también se aplicara a los bienes muebles, pero de todos modos constituye un paso muy importante y trascendental el hecho de que se esté logrando una legislación sobre algo que no tiene regulación en nuestro país. Por lo tanto, nos parece un avance importantísimo.

Nos detenemos en nuestra exposición sobre este tema que valoramos especialmente, porque realmente deseamos una rápida aprobación de este proyecto de ley a efectos de que pueda pasar al Senado.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR OBISPO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OBISPO.- Señor Presidente: compartimos la opinión acerca de la importancia que tiene este proyecto de ley, que fue elaborado durante mucho tiempo, porque es una norma compleja en la que hay que buscar los equilibrios entre los derechos de los inversores y de los usuarios.

Es cierto lo que se ha dicho aquí. Simplemente quiero destacar que esta iniciativa, que ya tiene bastante tiempo, en este período y en el anterior sufrió todo un proceso de análisis, de búsqueda de elementos, porque no era un tema sencillo y entendíamos que era absolutamente necesario legislar al respecto por la actualidad que tiene y porque todos aquí compartimos la importancia que el sector turístico posee para nuestro país. Quiere decir que la concreción de una ley tan importante en un tema de tanta actualidad y tan complejo, resulta un hecho fundamental para este Parlamento.

Tanta importancia tienen estos temas -seré breve porque creo que las dos intervenciones que me precedieron fueron absolutamente claras al respecto-, que cuando se analizó esta iniciativa durante Legislaturas pasadas, entre otras cosas se recibió en el año 1994 una serie de normas que fueron elaboradas y propuestas por el Parlamento Europeo, que están comprendidas en el proyecto de ley que está a consideración de la Cámara en el día de hoy. Se trataba de una serie de iniciativas que tenían por objeto uniformar la legislación que había en la Comunidad acerca de este tema.

En ese proceso de análisis y de discusión, la Comisión de Industria, Energía, Minería y Turismo, durante la Legislatura pasada, recibió en diciembre de 1996 un informe muy completo de la Organización Mundial del Turismo -como expresó el señor Diputado preopinante-, en el que se aportaron elementos que ayudaron a que, después de un largo pero insistente trabajo, hoy estemos en condiciones de aprobar este proyecto de ley. Considero que ha sido un trabajo muy complicado pero eficaz, y que hoy tenemos una iniciativa que, tomando en cuenta las características de nuestro país, recoge todas sus necesidades en la materia.

Por lo tanto, aprobaremos con mucho gusto este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y ocho en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Señor Presidente: me congratulo de que en el día de hoy, después de tanto tiempo, finalmente se pueda aprobar este proyecto de ley que viene a llenar un vacío en nuestra legislación.

Lamentablemente, el tiempo compartido en Uruguay tiene mala fama, pero se debe a que la falta de legislación ha llevado a prácticas abusivas.

Por lo tanto, si bien consideramos que esta iniciativa es perfectible -se podrá mejorar luego e incluir otros elementos, como decía el señor Diputado Fernández Chaves, ya que este proyecto de ley solo se está refiriendo a los inmuebles y pensamos que en el futuro se podrá modificar y agregar, por ejemplo, a los yates y otras embarcaciones-, creo que es un gran avance tener una legislación a este respecto.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

Varios señores Diputados han hecho llegar a la Mesa una moción en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos y se voten en bloque.

Se va a votar la moción presentada.

(Se vota)

——Treinta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque la totalidad de los artículos del proyecto de ley.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

30.-     Retenciones sobre sueldos y pasividades a favor de cooperativas de ahorro y crédito. (Modificación del artículo 6º de la Ley Nº 13.988).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Retenciones sobre sueldos y pasividades a favor de cooperativas de ahorro y crédito. (Modificación del artículo 6º de la Ley Nº 13.988)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1360

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 13.988, de 19 de julio de 1971, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 6º.- Cuando las cooperativas se organicen de acuerdo a la presente ley, las instituciones o empresas públicas o privadas estarán obligadas a descontar del sueldo de sus funcionarios o de la pasividad de sus beneficiarios, en su caso, las retenciones que las cooperativas les comuniquen y entregar el dinero dentro de los cinco días subsiguientes. Las retenciones, ya sean por aporte de partes sociales, ahorro a amortización de créditos, no podrán superar el 20% (veinte por ciento) del sueldo o pasividad nominal".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 16 de julio de 2003.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 1360

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 6º de la Ley Nº 13.988 -contenido en la Carpeta Nº 3204-. Dicho proyecto cuenta con media sanción del Senado, donde fue votado por unanimidad.

En el referido artículo 6º se autoriza a las cooperativas de ahorro y crédito regidas por dicho marco normativo, a promover ante instituciones públicas y empresas privadas el descuento del sueldo de sus funcionarios, hasta un 20% de sus ingresos nominales, las retenciones que las cooperativas les comuniquen.

El Banco de Previsión Social dispuso por más de treinta años, aplicando dicha norma, la retención de las pasividades, para abonarle a las cooperativas de ahorro y crédito los aportes de partes sociales y los ahorros a amortización de créditos de sus beneficiarios.

En diciembre del año 2002 el Banco de Previsión Social decidió interpretar restrictivamente la normativa referida y dejó de realizar las retenciones en atención a que el artículo 6º la autoriza solamente para sueldos.

La interpretación efectuada por el Directorio del Banco de Previsión Social se ajusta a derecho. Por eso se torna necesario modificar el citado artículo de manera de incluir a las pasividades y de esa forma proteger los derechos de los afiliados a las cooperativas referidas, así como a las propias cooperativas.

Por los motivos expuestos, esta Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que introduce el rubro pasividades en la definición del artículo 6º de la Ley Nº 13.988, de 19 de julio de 1971, en su nueva redacción, sin alterar las demás condiciones establecidas en el texto normativo vigente en la materia.

Sala de la Comisión, 20 de agosto de 2003.

DIANA SARAVIA OLMOS, Miembro Informante, FERNANDO ARAÚJO, GUSTAVO BORSARI BRENNA, DANIEL DÍAZ MAYNARD, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, FELIPE MICHELINI, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Diputada Saravia Olmos.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Señor Presidente: este proyecto ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y cuenta ya con media sanción del Senado, donde también fue votado por unanimidad.

Estamos tratando la modificación del artículo 6º de la Ley Nº 13.988. Este artículo autoriza a las cooperativas de ahorro y crédito a promover ante instituciones públicas y empresas privadas que se descuente del sueldo las retenciones que las cooperativas les comuniquen, no pudiendo dichas retenciones superar el 20% de los ingresos nominales.

Durante treinta años, el Banco de Previsión Social, aplicando dicha norma, disponía la retención en las pasividades, para luego abonar a las cooperativas de ahorro y crédito, tanto los aportes de partes sociales como los ahorros o amortización de créditos de sus beneficiarios.

Sorpresivamente, en diciembre del año 2002, el Banco de Previsión Social resolvió interpretar restrictivamente esta normativa y dejó de realizar las retenciones en atención a que el artículo 6º las autoriza solamente para sueldos. O sea que el Banco cometió un error durante muchos años y la interpretación efectuada por su Directorio se ajusta a derecho. Por lo tanto, se torna necesario solucionar este problema y modificar el citado artículo, de manera de incluir a las pasividades y, de esta forma, proteger los derechos de los afiliados a las cooperativas, y a las propias cooperativas, que se están viendo en dificultades económicas al no poder realizar el Banco de Previsión Social las retenciones.

Por los motivos expuestos, la Comisión ha considerado necesario aprobar esta modificación del artículo 6º, que introduce el rubro pasividades.

Esto es lo que quería decir, señor Presidente.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: compartimos lo expresado por la señora miembro informante.

Entendemos razonable y justo lo que la Cámara seguramente va a votar en pocos instantes, habida cuenta de que en nuestro departamento existen algunas cooperativas de ahorro y crédito -integradas por empleados, obreros, trabajadores, gente común del pueblo- que han prestado un invalorable servicio a jubilados y pensionistas durante mucho tiempo -prácticamente desde su fundación-, mediante el otorgamiento de pequeños créditos que sirven a aquellos que perciben remuneraciones muy bajas en el Banco de Previsión Social, para pagar adeudos correspondientes a las prestaciones de empresas públicas como ANTEL, UTE, OSE, etcétera, para pagar algún alquiler, para el traslado de algún familiar o de los mismos pasivos o pensionistas cuando deben ser atendidos en la capital, o para comprar medicamentos.

En definitiva, nos parece de total justicia y de recibo lo que el Parlamento va a refrendar, para que de esa forma las cooperativas que nuclean a cientos y cientos de vecinos en los departamentos donde operan, tengan esa posibilidad que les ha sido vedada de acuerdo con lo que ha manifestado la miembro informante, señora Diputada Saravia Olmos.

Por lo tanto, con beneplácito vamos a votar este proyecto que, reitero, consideramos de justicia.

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: quiero hacer una consulta a la señora miembro informante.

Este proyecto de ley tiene que ver con una iniciativa que el Poder Ejecutivo ha anunciado con mucha prensa y que tomaría estado legislativo en estas horas. Se refiere a la defensa del salario y establece una serie de condicionantes que impiden que un porcentaje mayor al 70% de los ingresos sea afectado por retenciones. Mi pregunta es si este proyecto de ley no colide con esa iniciativa que, presumiblemente, a la brevedad tendremos que tratar en el Parlamento.

Consulto a la señora miembro informante -quien, además, es Representante por el Partido Colorado, que es el Partido de Gobierno- de qué modo debemos interpretar estas iniciativas. Por un lado, tenemos la que estamos tratando hoy, que es de carácter legislativo, y, por otro, un proyecto con origen en el Poder Ejecutivo, que va en dirección contraria a la anterior, en virtud de que establece no solamente que no se puede afectar la totalidad de los ingresos, sino, además -si no he entendido mal-, un sistema de prioridad de las retenciones a los ingresos.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Señor Presidente: es muy atinada la pregunta del señor Diputado Trobo.

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración estuvo trabajando en este tema durante mucho tiempo, y bienvenido sea el proyecto del Poder Ejecutivo, que no colide en absoluto con la iniciativa que estamos tratando. Acá se autoriza el descuento de hasta un 20% de los ingresos nominales y lo que se pretende es restituir la situación anterior, ya que el Banco de Previsión Social, cuando constató el error, dejó de hacer esta retención. Hay una cantidad de cooperativas e instituciones que pueden realizar los descuentos porque están amparadas por la ley, y las cooperativas a que se refiere este proyecto han quedado en una situación de desigualdad respecto de aquellas.

Suponemos que el otro proyecto de ley a que se refiere el señor Diputado Trobo establecerá un tope con relación al total de los ingresos. Es lo que pretendimos hacer en su momento cuando la Comisión estuvo estudiando el tema. Aclaro que existen proyectos de otros legisladores estableciendo un tope para que no ocurra lo que sucede actualmente, es decir, que hay personas que tienen comprometido el 100% de sus ingresos. En ese caso, hay que establecer un régimen de prioridades para determinar quién cobra primero, quién cobra en segundo lugar, quién cobra en tercer lugar, etcétera. Evidentemente, si la persona se endeuda más allá del porcentaje que autoriza la ley, habrá instituciones que quedarán sin cobrar. Sin embargo, concomitantemente con ello, tendrá que haber un régimen mediante el cual -es lo que no ocurre ahora- cuando la persona desee operar, quien le va a conceder el crédito sepa qué porcentaje de su ingreso tiene comprometido, lo cual hoy en día, mediante la informática, se puede hacer perfectamente.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: la señora miembro informante ha expresado cómo venía trabajando la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. El proyecto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incluye otras modificaciones bastante distintas a aquello en lo que veníamos trabajando.

En su momento, la discusión surgió con relación a la ley sobre ANDA y nuestra preocupación fundamental en la Comisión fue dar un orden de prioridades a los descuentos y establecer un monto razonable para los muchos funcionarios del Estado y privados que tienen descuentos y no cobran nada de sueldo. No sabemos si en el proyecto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social están contemplados estos temas, aunque nos parece que el porcentaje de descuento que establece es ciertamente distinto al que estábamos manejando en la Comisión. Además, abarca otros aspectos que en su momento tendremos que discutir en esta Cámara.

SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: en verdad, sobre este tema se me crea una confusión, diría yo, porque sobre el mismo objeto de preocupación que planteaban las señoras Diputadas Saravia Olmos y Percovich y que se explicitó en este ámbito, hay tres proyectos. Está la iniciativa que ahora estamos considerando, la aludida y enviada desde el Ministerio, y la radicada en la Comisión de Legislación del Trabajo, que resultó de un acuerdo entre los proyectos presentados por los señores Diputados Falco y Acosta y Lara. Los tres proyectos tienen en común, más allá de que además pueden tener otras particularidades, la preocupación que aquí se ha manifestado, cuya consideración a nivel parlamentario, como bien dijo la compañera Diputada Percovich, arranca con aquel viejo planteo con relación a ANDA, que fundamentalmente tiene en cuenta la situación de que muchos ciudadanos, cuando van a hacer efectivo el cobro de sus haberes, están en rojo -como se dice clásicamente-, y que esto no solo está perjudicándolos, sino que además tiene un efecto perverso con respecto al mercado interno, lo cual perjudica al conjunto de la economía.

En realidad, lo que quiero plantear es que, quizás porque no nos dimos cuenta como Cuerpo, se estuvo considerando en distintos ámbitos proyectos que tenían el mismo objeto de estudio, el mismo objeto a legislar o problema a resolver; uno va por un carril y el otro, por otro, pero en definitiva no sé si en el día de mañana cuando, por ejemplo, se ponga a consideración alguno de los dos restantes, no derogarán este, aunque sea parcialmente. Con todo respeto y sin pretender ofender a nadie, me parece que es una forma de trabajo un poco irracional. Digo esto desde el punto de vista del propio trabajo parlamentario. Eso es lo que me parece que no funciona del todo bien, cuando sobre el mismo objeto y aparentemente con las mismas intencionalidades y voluntades, se están presentando tres iniciativas. Yo podría entender que sobre el mismo objeto se presentaran iniciativas totalmente opuestas o cosas por el estilo, pero no es el caso.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Señor Presidente: creo que hay un error tipográfico, porque debería decir "ahorro o amortización de créditos".

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en realidad, el texto original tiene el mismo error. No es una equivocación cometida por el Senado o por esta Cámara. Estuve revisando esto y si los integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se fijan en las disposiciones referidas del texto original, al que se le agrega la frase relativa a las pasividades, podrán comprobar que dice exactamente eso. Si nosotros lo modificamos, la iniciativa tendría que volver al Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Ante esta situación, se mantiene el texto como está.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único tal como viene de Comisión.

(Se vota)

——Veintiocho en treinta y dos: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

SEÑOR LEGLISE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LEGLISE.- Señor Presidente: hemos votado por la afirmativa, pero tenemos algunas dudas con respecto a esta votación. Intentamos ir hacia los topes de retención; en ese sentido, hay proyectos presentados en esta Cámara, como el del señor Diputado Falco, y también está el de protección de los salarios públicos y privados y de las pasividades, y esto nos llevó a tener dudas en cuanto a la votación. Consultamos al representante de los pasivos ante el Banco de Previsión Social, quien nos hizo saber que desde su punto de vista esto sería una solución.

Así que, con estas consideraciones y con las dudas que implica, hemos votado esta iniciativa, esperando poder avanzar en la regulación del tema en lo que respecta a los salarios y las pasividades, que ojalá esta Cámara pueda aprobar prontamente.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: entendemos que este proyecto viene a solucionar una preocupación muy grande que tenían las cooperativas, que, como decía la señora Diputada Saravia Olmos, son centenas -sobre todo en el interior del país-, dan trabajo a muchísima gente y, en este momento crítico de la economía del país, están en una situación muy especial.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- La Cámara ha quedado sin número.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 19 y 38)

 

 

Dr. JORGE CHÁPPER

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.