Retorno a página principal

N° 3102 - 27 DE FEBRERO DE 2003

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TERCER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

14ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES GUILLERMO ÁLVAREZ Presidente
Y CONTADOR CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ 2do. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 26 de febrero de 2003.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, mañana jueves 27, a la hora 14, a efectos de adoptar resolución respecto a la interrupción del receso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento) con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

Remuneraciones de los funcionarios públicos. (Normas para su reajuste). (Carp. 2811/003). Rep. 1203

 

 

HORACIO D. CATALURDA    MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

 

 

--o0o--

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento, se requerirá la presencia de más de la mitad del total de componentes de la Cámara para que pueda declararse abierta la sesión.

Por aplicación de lo establecido en el literal C) del artículo 90 del Reglamento será necesaria mayoría absoluta para adoptar resolución respecto de la interrupción del receso y para calificar la urgencia de cada uno de los asuntos que figuran en la convocatoria.

 

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

4.- Exposiciones escritas

CUESTIONES DE ORDEN

5.- Declaración de gravedad y urgencia

9 y 11.- Integración de la Cámara

7.- Intermedio

9 y 11.- Licencias

VARIAS

3.- Interrupción del receso

13.- Palabras de agradecimiento del señor Presidente al finalizar su mandato

ORDEN DEL DÍA

6, 8, 10 y 12.- Remuneraciones de los funcionarios públicos. (Normas para su reajuste).

Antecedentes: Rep. Nº 1203, de febrero de 2003. Carp. Nº 2811 de 2003. Comisión de Presupuestos.

— Aprobación. Se devuelve al Senado

— Texto del proyecto aprobado

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Álvaro Alonso, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Roberto Bagalciague, Carlos Baráibar, Jorge Barrera, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Víctor Braccini, José Caballero, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Miguel Dicancro, Silver Estévez, Ángel Fachinetti, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Asdrúbal Fernández, Alejo Fernández Chaves, Omar Ferrari, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Doreen Javier Ibarra, María Iriarte, Luis Alberto Lacalle Pou, Arturo Lamancha, Félix Laviña (1), Ramón Legnani, Antonio López, Guido Machado, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Eloísa Moreira, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Gabriel Pais, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Daniel Peña, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Eustacio Saravia, Diana Saravia Olmos, Gustavo Scaron, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Jaime M. Trobo, José L. Veiga y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Raquel Barreiro, Artigas A. Barrios, Nahum Bergstein, José L. Blasina, Brum Canet, Ricardo Castromán Rodríguez, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Daniel García Pintos, Arturo Heber Füllgraff, Julio Lara, Juan Máspoli Bianchi, Francisco Ortiz, Margarita Percovich, Enrique Pintado y Adolfo Pedro Sande.

Faltan con aviso: Tabaré Hackenbruch Legnani, Luis M. Leglise, Felipe Michelini, Martha Montaner, Enrique Pérez Morad, María Alejandra Rivero Saralegui y Julio Luis Sanguinetti.

Observaciones:

(1) A la hora 16:50 comenzó licencia ingresando en su lugar el Sr. Silver Estévez.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 209

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta el pedido de informes del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, sobre el cobro de una deuda presuntamente mantenida por la Administración Nacional de Educación Pública con la citada Cartera. C/2115/002

-    A sus antecedentes".

3.-    Interrupción del receso.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Habiendo Nº, está abierta la sesión.

(Es la hora 14)

——La Cámara ha sido convocada a efectos de adoptar resolución respecto a la interrupción del receso, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y en el literal C) del artículo 90 del Reglamento.

Se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota)

——Cuarenta en sesenta y uno: NEGATIVA.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- ¡Qué se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en sesenta y uno: NEGATIVA.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: quisiera hacer una consulta a la Mesa. ¿La Cámara está en condiciones de pasar a intermedio por quince minutos antes de levantar el receso?

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Para pasar a intermedio habría que levantar el receso e instalar la nueva sesión.

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: quiero que quede clara constancia en la versión taquigráfica de que se acaba de solicitar el levantamiento del receso para sancionar un proyecto de ley que ya tiene aprobación del Senado, por el cual se establece una modificación al régimen de ajuste del salario de los parlamentarios, entre otros funcionarios públicos, pero especialmente de los parlamentarios. Si alguien quiere discutir ese proyecto y dejar de incluir en sus artículos algún tipo de funcionario de alguna organización del Estado, debe habilitar el levantamiento del receso para que el proyecto se discuta. Y, lamentablemente, constatamos claramente que acá tres Partidos votaron afirmativamente el levantamiento del receso -el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente-, mientras que ninguno de los legisladores de un Partido, o conglomerado de Partidos, el Encuentro Progresista - Frente Amplio, lo ha hecho. Entonces, debo concluir que esos sectores políticos no desean tratar el proyecto de ley que establece un nuevo régimen de ajuste para los sueldos de los legisladores.

Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa quiere hacer una aclaración: la moción fue votada por la totalidad de los integrantes del Partido Independiente y por parte de los integrantes de los otros dos Partidos mencionados.

Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: en realidad, nosotros también estábamos haciendo señas a la Mesa para pedir la rectificación de la votación.

Queremos dejar sentada nuestra voluntad de tratar el tema sobre la modificación del régimen de aumento de sueldo de los legisladores y también queremos dejar de manifiesto que si este tema se trata hoy es porque están los votos de nuestra fuerza política acá, en la Cámara. Nosotros tenemos cuarenta legisladores; el receso se levanta con cincuenta, por lo que queda claro que el Partido Nacional y el Partido Colorado no pusieron sus bancadas en pleno para levantar el receso y permitir que se considere este tema.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en el mismo sentido, quiero expresar que cuando se invoca con tanta euforia la opinión de todos los Partidos, tal como lo hacen algunos señores Diputados, sería bueno que la misma euforia y el mismo ímpetu los empujara a que sus Representantes estuvieran en Sala en el momento adecuado. Ambos Partidos tienen más de cincuenta legisladores en la Cámara y, en consecuencia, con sus votos alcanzaba y sobraba. Queda de manifiesto, tal como se ha expresado reiteradamente, inclusive por parte de algún Diputado oficialista, que si el Frente Amplio no apoya determinadas cosas, estas no salen por falta de Nº.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: no sé si a principios de mes se les paga solamente a blancos, colorados y nuevoespacistas o a todos en este Parlamento, porque a la hora de trabajar tenemos que trabajar todos: blancos, colorados, nuevoespacistas y frentistas. Que haya cuarenta Diputados de los Partidos tradicionales y no alcance para levantar el receso no implica que signifique ningún mérito para otro Partido el hecho de hacerlo. Acá tenemos que trabajar todos, no solamente blancos y colorados. El Encuentro Progresista también debe trabajar y aportar sus votos para que el trabajo se produzca. No deben vanagloriarse de cumplir con el deber.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Señor Presidente: comprendo y comparto que lo que recientemente se ha mencionado por parte de una señora Diputada preopinante sea de recibo, porque se ha trasuntado en la propia expresión del Presidente cuando se apresura a hacer notar las diferencias. Pero las intenciones, las decisiones de fondo de las colectividades políticas se expresan en la abstención de votar determinadas cosas. Cuando el Encuentro Progresista no vota está claramente determinando que no quiere generar la posibilidad de que ese proyecto se vote en la Cámara. Así que podemos tener ausencia de legisladores, y es cierto, pero los que aquí estamos proclamamos nuestra decisión de llevar adelante la discusión y de votar afirmativamente el proyecto. Y los que están aquí representando al Encuentro Progresista están proclamando claramente su negativa a hacerlo.

SEÑORA RONDÁN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Estamos dando la palabra para fundar el voto, señora Diputada.

SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: precisamente, la aclaración tiene que ver con la fundamentación de voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: yo no sabía que la fundamentación de voto servía para hacer críticas al resto de los Partidos o de los integrantes del Cuerpo; yo creí que tenía que ver con lo que realmente se estaba tratando.

SEÑOR FONTICIELLA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: he votado por la afirmativa en virtud de que queremos dejar claro que nuestra intención es la de que el tema se trate y es imprescindible que esta fuerza política habilite su tratamiento, en tanto que las otras no tenían las voluntades necesarias para lograrlo, a pesar de tener mayorías parlamentarias.

4.-      Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Daniel García Pintos solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios del Interior y de Economía y Finanzas, sobre la posible suspensión de la cobertura médica mutual para funcionarios y retirados policiales del interior, por parte de la Federación Médica del Interior. C/27/000

El señor Representante Omar Ferrari solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Administración de Ferrocarriles del Estado, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, y al Grupo de Artesanos de la ciudad de Young, relacionada con la cesión en préstamo del salón de la estación propiedad de la referida Administración, en la ciudad de Young, departamento de Río Negro. C/27/000"

——Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Daniel García Pintos a los Ministerios del Interior y de Economía y Finanzas, sobre la posible suspensión de la cobertura médica mutual para funcionarios y retirados policiales del interior, por parte de la Federación Médica del Interior.

"Montevideo, 27 de febrero de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios del Interior y de Economía y Finanzas. Un grupo numeroso de funcionarios y retirados policiales del interior del país, nos han hecho llegar su gran inquietud por la irregular situación existente en lo que refiere a la cobertura médica que deben recibir, de acuerdo a los convenios realizados con las entidades de salud pertenecientes a la Federación Médica del Interior (FEMI). En efecto, de acuerdo a lo trascendido públicamente, dicha Federación, por intermedio de su Presidente, ha expresado que en pocas horas más, aproximadamente 22.000 funcionarios y retirados policiales del interior del país, quedarán sin asistencia médica mutual de ningún tipo. La suspensión de esos servicios se debe a la existencia de una deuda que el Ministerio del Interior mantiene con FEMI y, tal medida, es decir, la supresión de los servicios, se hará efectiva a partir del próximo 28 de febrero. Comprendemos la situación delicada que se plantea para de los funcionarios y retirados afectados, quienes, por otra parte, realizan sus aportes, a los efectos de contar con la cobertura médica que les brinda dicha Federación. Tal hecho nos provoca enorme preocupación, que sabemos que también es compartida por los señores Ministros, ya que, además, en caso de concretarse, va a incidir en forma notoria en los servicios que, a su vez, presta el Ministerio de Salud Pública, con las consecuencias que traerá para dicha Secretaría de Estado. Debemos tener en cuenta, muy especialmente, que los afectados, por razones de distancia, no pueden concurrir -tanto los titulares como sus familiares- a asistirse al Hospital Policial, lo que indudablemente agrava la situación. Por lo expuesto solicitamos una atención especial a este caso y la búsqueda de la urgente solución que el mismo, dada su delicadeza, merece. Conociendo la sensibilidad de los señores Ministros esperamos se logre la regularización de los respectivos pagos, pudiendo así llevar tranquilidad a ese numeroso grupo de ciudadanos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo".

2) Exposición del señor Representante Omar Ferrari al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Administración de Ferrocarriles del Estado, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, y al Grupo de Artesanos de la ciudad de Young, relacionada con la cesión en préstamo del salón de la estación propiedad de la referida Administración, en la ciudad de Young, departamento de Río Negro.

"Montevideo, 27 de febrero de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro y al Grupo de Artesanos de la ciudad de Young (ARTY). Desde hace varios años, en la ciudad de Young, primero en forma aislada y a la fecha nucleado, con el objetivo de colectivizar ideas, esfuerzos y recursos, desarrolla actividad artesanal, un grupo de personas cultivando, fomentando y jerarquizando el trabajo manual. Durante distintas celebraciones que ocurren anualmente, realiza exposiciones y venta de su artesanía hecha en materiales tales como madera, hierro, yeso, cerámica, fibrograbado, crochet, cuero, alimentos y demás. En su sacrificada y destacada tarea convergen hombres y mujeres vocacionales, a los que se han unido artesanas en capacidades diferentes, constituyendo con su trabajo, una fuente de recursos económicos y de puestos de trabajo, revelando, asimismo, una señal de identidad artística y cultural de la ciudad de Young y su zona de influencia. Pese al tiempo transcurrido, a su constante labor y a su empeño no ha podido este grupo, contar con su sede propia, desarrollando sus muestras de trabajo, en lugares cedidos generosamente por comerciantes o en salones de propiedad municipal. Es su aspiración, convertir la zona y la estación de AFE, en El Paseo de los Artesanos, para lo que han hecho gestiones, ante el Directorio de AFE, al momento sin resultados concretos, para la cesión en préstamo o en comodato del salón de la estación o de los galpones, que el ente ferroviario posee en propiedad, en la ciudad de Young. Nos pareció oportuno unirnos al petitorio, considerando necesaria la solicitud planteada, como contribución del Estado al respaldo y al fomento de tan loable iniciativa, por lo que lo hacemos a través de la presente exposición escrita contando, además, con que el Directorio de AFE, dentro de sus posibilidades, dará respuesta favorable. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI FERRARI, Representante por Río Negro".

5.-     Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto en el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto motivo de la convocatoria.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

6.-      Remuneraciones de los funcionarios públicos. (Normas para su reajuste).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto motivo de la convocatoria: "Remuneraciones de los funcionarios públicos. (Normas para su reajuste)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1203

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los ajustes salariales de todos los funcionarios públicos, sin excepción, incluidos los de cargos electivos (Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados), que correspondan en aplicación de normas legales o de convenios salariales se realizarán en las mismas fechas y en el mismo porcentaje de los reajustes generales dispuestos por el Poder Ejecutivo para la Administración Central.

Cuando se tratare de remuneraciones en las que no se hubiere aplicado, durante el corriente año el reajuste de referencia, el mismo regirá desde el 1º de marzo de 2003.

Artículo 2º.- Lo dispuesto se aplicará cualesquiera sea el origen de los recursos con que son abonadas las remuneraciones, y la relación vinculante con la Institución de que dependa el funcionario.

Se incluye en lo dispuesto, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas no Estatales, y no se aplicará en los Gobiernos Departamentales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 25 de febrero de 2003.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

7.-      Intermedio.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Mociono para que la Cámara pase a intermedio hasta tanto finalice la sesión de interpelación.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 14 y 13)

——Continúa la sesión.

(Es la hora 16 y 10)

8.-     Remuneraciones de los funcionarios públicos. (Normas para su reajuste).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: personalmente, considero que este texto del que tomamos nota y conocimiento en el día de hoy es inconstitucional en más de un sentido. Estamos de acuerdo en que es necesario encontrar los caminos para evitar el ajuste por el IPC de los sueldos de los legisladores, de conformidad con lo que se estableció en la Legislatura anterior, aplicando en cambio otro criterio, tal como ocurrió en el semestre pasado. En aquella oportunidad se votó en ambas Cámaras la aplicación de un adicional de IRP equivalente al líquido del aumento. A nuestro juicio, era un mecanismo que no violaba la Constitución de la República y que permitía corregir una disposición que en su momento tenía su lógica, pero que en las circunstancias actuales debía ajustarse. Ciertamente, esto que estamos votando hoy no resiste un análisis desde el punto de vista del cumplimiento de la Constitución, y no solo con relación a las retribuciones de los legisladores, donde claramente por vía de la ley -norma jurídica de menor valor que la Constitución- estamos modificando un criterio que establece la Carta. Es un sano criterio que los legisladores no puedan modificar su remuneración, sino que esta esté definida por la Legislatura anterior. Se puede hasta pensar en reformar la Constitución en el sentido de que, ante circunstancias determinadas de gravedad, los legisladores puedan rebajarse el salario, pero en todo caso eso no es lo que dice hoy la Carta.

Por otra parte, esta norma tiene otro aspecto que me preocupa mucho: de manera indirecta da todo el poder al Ejecutivo en la fijación de los salarios de la Administración Pública; no solo de la Administración Central, sino de los entes autónomos, de las personas públicas no estatales y de los otros Poderes del Estado, como el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Me parece que eso es una segunda inconstitucionalidad muy clara, en la medida en que está estableciendo una prerrogativa en favor del Poder Ejecutivo para la fijación por vía indirecta de todos los demás salarios, con un agregado que me aumenta la disposición a votar negativamente este proyecto. Me refiero a que hay una excepción, que son los Gobiernos Departamentales. Resulta que el Poder Ejecutivo va a determinar el aumento de todos los salarios públicos en lo que supone una extralimitación de sus potestades, de acuerdo con la Constitución de la República, pero con excepción de los Gobiernos Departamentales. Uno de los grandes asuntos que históricamente nuestro país ha vivido como dificultad en el control del gasto público queda liberado de esta disposición, lo cual es contradictorio con el espíritu de lo que se pretende votar.

No quiero hacer una larga intervención; simplemente, digo que estamos dispuestos a buscar mecanismos constitucionales y jurídicamente correctos para alcanzar el objetivo, que es evitar que nuestros aumentos se rijan por el IPC y lograr que estén en consonancia con la situación del país, pero no de esta manera que supone caminar por arriba de la Constitución de la República.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: reiteradas veces se ha hablado en la Cámara -ha dado lugar a comentarios de la opinión pública y de los medios de comunicación- acerca de las inmensas diferencias existentes en las retribuciones salariales de los funcionarios públicos según del lugar donde revistan. Son bien claras las diferencias en el caso de las retribuciones que perciben los trabajadores de la Administración Central, notoriamente inferiores a las que reciben los de los entes públicos. Bien altas son las de los bancos estatales; diferentes son las de los Poderes Legislativo y Judicial. Muchas veces se ha intentado fijar mecanismos de equiparación entre estas retribuciones de uno u otro organismo, de un ente autónomo, de un banco, de la Administración Central; décadas han transcurrido y esa equiparación no se ha logrado. Las diferencias se han ido acentuando cada vez más porque también los procedimientos de ajuste son distintos. Esas notorias diferencias se van incrementando a favor de los que lograron un beneficio circunstancial que determinó una mayor retribución. Es así que, a igual función, el Estado tiene diferentes retribuciones. Un administrativo del INAME no gana lo mismo que uno del Banco Central. Un portero de ANCAP no gana lo mismo que un conserje del Ministerio de Salud Pública.

Todo esto ha hecho que la opinión pública y los propios funcionarios se sientan, unos permanentemente irritados y otros discriminados, por estas diferencias en las retribuciones. Este proyecto de ley, con los defectos que se le puedan atribuir, tiene la virtud de que de ahora en adelante habrá un único procedimiento de reajuste en las retribuciones, que, por lo menos, impedirá que las diferencias en las retribuciones se sigan incrementando, que los salarios de los que hoy ganan más no sigan diferenciándose y distanciándose de los que ganan menos. Destaco la virtud de ir imponiendo hacia el futuro un criterio de equidad que la realidad no recoge en violación del artículo de la Constitución que establece que a igual función, igual remuneración.

Por lo tanto, a pesar de las dudas que en algún sentido me merece, voy a votar afirmativamente este proyecto de ley.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: es cierto lo que señalaba el señor Diputado Gabriel Pais en el sentido de que los salarios del Estado son todos desiguales. También es cierto que lo de a igual función, igual remuneración es un viejo principio que han reivindicado hasta el cansancio las organizaciones sindicales. En ocasión de votarse el Presupuesto y las Rendiciones de Cuentas, hemos planteado la necesidad de rever toda la mecánica de los salarios del Estado, de los escalafones, de la forma de ajuste, y no hemos tenido suerte en esa intención.

Es un trabajo difícil, que está pendiente por parte del Estado, y ese desorden que hay en la forma de remuneración de los empleados públicos es responsabilidad de quienes han ejercido el Poder Ejecutivo. Inclusive, se ha introducido en la remuneración situaciones bastante perversas por las cuales un funcionario cobra por muchísimos conceptos -algunos gravados, otros no-, cobra en especie, y ahora se han introducido los tiques, los préstamos y una cantidad de modalidades por las cuales, en realidad, no se sabe cuánto cobran los funcionarios públicos.

En lo que no le asiste razón al señor Diputado Gabriel Pais es en considerar que con este proyecto de ley que se presenta nos acercamos a ir igualando situaciones. Esta iniciativa se refiere simplemente a las fechas y porcentajes de ajustes y deja intacta toda la base de esas injusticias que el movimiento social de los funcionarios públicos, a través de sus organizaciones sindicales, ha venido denunciando desde hace años. Inclusive ha presentado propuestas concretas que fueron desconocidas por el Poder Ejecutivo.

Señalaba el señor Diputado Mieres -creo que le asiste razón- que además este proyecto concentra en el Poder Ejecutivo poderes omnímodos de reajuste para todos los Poderes del Estado. Aquí se podría hablar mucho sobre la separación de Poderes y demás, pero no lo voy a repetir porque creo que él lo expresó bien.

Tampoco nos queda claro si este proyecto incluye los contratos de arrendamiento de obra y de servicios que, después que se votó el no ingreso de funcionarios públicos, han sido uno de las vías más discrecionales por las que el Estado hizo ingresar personas a la función pública. No tenemos claro si el ajuste también incluye a los contratos de arrendamiento de obra y de servicios. Quisiéramos que esto se aclarara.

Tampoco tenemos claro si incluye a los cargos de confianza y de particular confianza y a los funcionarios de los organismos binacionales, multinacionales e internacionales.

Por otra parte, el proyecto no dice nada sobre lo que se va a hacer con las economías que resulten. De esta manera, es simplemente otro ajuste fiscal que se hace con el fundamento que decía el señor Diputado Gabriel Pais, de ir hacia una equiparación entre los funcionarios públicos; un argumento falso, como ya demostramos. Reitero: no se dice nada sobre lo que se va a hacer con esos dineros que sobran, porque de alguna manera vamos a terminar bajando la masa salarial y, por lo tanto, las jubilaciones, cuyo aumento, como discutíamos en el día de ayer, se mide por el índice medio de salarios.

En un proyecto de ley que nosotros presentamos, entendíamos que sin cambiar el concepto de ajuste -creemos que el mejor es el índice de precios al consumo, porque de esa manera se asegura que el asalariado tenga cubiertos sus gastos básicos-, adaptándolo a las condiciones económicas del país, pero por otras vías, el excedente debía utilizarse para reforzar, con partidas fijas, a los sectores más sumergidos del Estado, tanto pasivos como activos. Acá no aparece nada de eso.

A su vez, no se habla de hacer economías por la vía de no realizar nuevos contratos de obra y de servicios. Entonces, es un mal proyecto que simplemente da poderes absolutos al Ministro de Economía y Finanzas para aplicar un porcentaje único sobre bases muy dispares, a los efectos de que el Gobierno tenga una mecánica más de ajuste sobre algo que ya está sumamente comprimido: los salarios de los funcionarios públicos. Como es sabido, recibirán un aumento de un 3% que nosotros consideramos totalmente insuficiente debido a cómo se ha devaluado el salario real.

Por otro lado, preguntamos a la Presidencia de la Cámara acerca de la cantidad de votos necesarios para aprobar este proyecto de ley, porque de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución de la República son necesarios los votos de los dos tercios de componentes de cada Cámara para aprobar normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales y entes autónomos, o a algunos de ellos, y acá son nombrados específicamente en el artículo 2º. Entonces, dejamos planteada esta duda sobre la cantidad de votos que precisa este proyecto para ser sancionado.

SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: trataré de ser breve y concisa. Uno escucha con mucha atención a todos los colegas en este recinto, particularmente en mi caso, cuando tratamos este tipo de temas, no solamente por las valoraciones políticas que se hacen, sino por las que provienen de personas con formación en el campo del derecho.

Compartimos plenamente la argumentación del señor Diputado Mieres, pero además -yo diría que pobre Montesquieu si resucitara y tuviera conocimiento de algunos proyectos- se ha fundamentado, no solamente a nivel de la opinión pública sino también en este recinto, una advocación al principio constitucional que establece que a igual función, igual remuneración.

No quiero reiterar lo que decía la señora Diputada Topolansky con relación a que, en principio, esta disparidad de escalafones de funcionarios del Estado ha sido heredada de Administraciones del Partido Nacional y del Partido Colorado; o mejor dicho, la estamos heredando todos los uruguayos. Siempre se puede cambiar de orientación, pero yo pongo el acento en esta Administración, que comenzó en el año 2000, durante la cual se mantuvieron prácticas políticas contrarias a este principio. De todas maneras, uno podría pensar que se quiere cambiar la orientación, pero he aquí que el proyecto que vino aprobado por el Senado, con aparente acuerdo de los dos Partidos tradicionales, en realidad no establece que a igual función, igual remuneración, porque se refiere a un porcentaje, y este no se aplica en forma diferenciada según la función que se ejerza en uno u otro organismo del Estado; las asignaciones salariales y las retribuciones establecidas quedan absolutamente igual.

Entonces, me parece que hay una fuerte contradicción cuando se advoca un principio constitucional que nosotros compartimos. Es más: creo que el día en que este país empiece a marchar medianamente en serio en relación con su Constitución, va a tener un gran trabajo para llevar ese principio a la concreción. Digo esto porque se plantea mal, ya que el proyecto de ley en cuestión, en realidad, no soluciona el problema y sí pasa sobre otras disposiciones constitucionales muy serias.

El otro problema que me preocupa en gran medida -porque lo hemos discutido también en varias Rendiciones de Cuentas y en la ley de Presupuesto- es que el proyecto en cuestión hace mención al funcionario. Y como estamos hablando de las reparticiones del Estado, y como este Estado tan peculiar que han implantado los Gobiernos sucesivos a nivel nacional tiene esa extraña combinación o "mixtura" -entre comillas- de funcionario público tal cual lo conocemos, con el trabajador que cumple funciones públicas, con el trabajador contratado o que tiene un contrato de obra o de servicios, etcétera, en realidad, no sabemos si este proyecto se refiere a alguna de esas modalidades o al universo de ellas.

Entonces, nos gustaría que quienes mocionaron y están de acuerdo en llevar adelante este proyecto que viene del Senado aclararan a qué universo de funcionarios se refiere, porque, según la respuesta que obtengamos, podremos tener más elementos en cuanto a esa premisa planteada públicamente, y también hoy en Sala, de universalizar u homogeneizar el criterio con relación a todos aquellos trabajadores que se desempeñan dentro de los organismos del Estado.

Nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley, por las razones antedichas y porque además, en definitiva, nos parece que bajo la presentación de un discurso que puede ser muy sugestivo y muy "seductor" -entre comillas- para la opinión pública, en realidad lo que se está haciendo es quitar ciertos dineros para engrosar alguna bolsa de Rentas Generales o hacer un ajuste, tal como nos vienen acostumbrando desde hace tanto tiempo.

SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: nosotros nos oponemos a este proyecto de ley que presenta varias debilidades desde el punto de vista semántico y contiene expresiones ambiguas -como han señalado los oradores que me han precedido en el uso de la palabra- en cuanto a su alcance y significación.

Por otra parte, afecta varias normas contenidas en convenios internacionales de trabajo, a los que nuestro país está comprometido por haber hecho su ratificación legislativa, en especial aquellos convenios relativos a la negociación colectiva de las condiciones de trabajo en el sector público.

La regulación de la negociación de las condiciones de trabajo en el sector público ha tenido en los últimos años un importante desarrollo. A vía de ejemplo podemos citar la Ley Nº 16.039, del 8 de mayo de 1989, que aprobó el Convenio Internacional del Trabajo Nº 151 -que data de 1978-, referido a las relaciones de trabajo en la Administración Pública.

El texto ordenado relativo a las normas sobre funcionarios públicos, es decir, el TOFUP, reproduce en su artículo 365 que el artículo 7º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 151 establece: "[...] deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones".

El artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 154, sobre negociación colectiva, ratificado por Uruguay y que alcanza a los funcionarios públicos, dice: "En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio". A su vez, el artículo 2º establece un concepto amplio de negociación colectiva en los siguientes términos: "A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez".

Por otra parte, debemos recordar que durante la década del noventa la negociación colectiva de las condiciones de trabajo -que incluye, obviamente, la fijación salarial- tuvo un importante desarrollo en los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado y en los Gobiernos Departamentales.

Asimismo, también debemos recordar que fue precisamente durante el Gobierno del Partido Nacional -siendo Ministro de Trabajo y Seguridad Social el ingeniero Carlos Cat y Director de Planeamiento y Presupuesto el economista Javier de Haedo- que se llevaron adelante negociaciones fructíferas entre la Mesa Sindical Coordinadora de los Entes Autónomos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En ese momento se determinó un marco de negociación salarial que estuvo vigente hasta el 1º de enero de 2002. O sea que no solo fue virtud -aunque lo reconocemos- del Partido Nacional entender que era necesario establecer la negociación colectiva en el sector público, sino que posteriormente la Administración del doctor Sanguinetti consideró que, dadas las características de ese tipo de negociación, convenía prorrogar esa clase de convenio, lo cual se hizo -reitero- hasta el 1º de enero de 2002. Lamentablemente, este tipo de convenio no pudo hacerse efectivo en la Administración Central. Para este último sector, el Poder Ejecutivo ha fijado una política salarial unilateral mediante aumentos secuenciales que "adecuaron" -entre comillas- las retribuciones de los funcionarios. Dichos períodos de adecuación están regulados por el artículo 1º de la Ley Nº 16.903.

Debemos mencionar que mientras toda aquella regulación salarial pudo hacerse mediante convenios colectivos, siempre hubo elementos de referencia. En lo que tiene que ver con los convenios desarrollados a nivel de las empresas públicas, el elemento de referencia sustancial fue el índice de precios al consumo, sobre la base del cual se trabajó en porcentajes que se adecuaban a las circunstancias por las que atravesaba el país. En algunos casos eran semisumas de inflaciones pasadas, etcétera. Se dio una larga lista de posibilidades de adecuar el salario, pero siempre teniendo una referencia concreta en el índice de precios al consumo, lo que lamentablemente a nivel de la Administración Central dependía de lo que el Poder Ejecutivo entendiera razonable. Era simplemente una cifra que no tenía por qué tener relación -jamás se recibieron demasiadas explicaciones al respecto- con el IPC ni con la canasta básica para el consumo de los trabajadores.

En conclusión: salvo en la Administración Central, nuestro país fue aplicando paulatinamente una regulación y una práctica de la negociación colectiva de las relaciones de trabajo, que se acompañó de un importante desarrollo de la negociación a nivel del sector y por empresa. El actual proyecto de ley centraliza como nunca, desde nuestro punto de vista, la política salarial en el Poder Ejecutivo. Al determinar en forma unilateral los ajustes salariales, desconoce la negociación colectiva de las condiciones en que se presta el trabajo en el ámbito público. Esto, que ya acaecía en la Administración Central, se traslada ahora a la totalidad del universo de la Administración Pública.

Debe advertirse, además, que el Poder Ejecutivo no fijará salarios mínimos sobre los cuales luego puedan negociarse márgenes superiores de aumento, sino que, dado el tenor de la redacción del proyecto que estamos analizando, no será posible negociar por encima de los porcentajes que se establezcan. En definitiva, se fijan porcentajes de aumento salarial absolutamente rígidos, que limitan la autonomía colectiva de las organizaciones de funcionarios públicos y de los trabajadores públicos en general.

En concreto, el proyecto de ley afecta diversos principios y normas consagrados en los convenios internacionales de trabajo ratificados por nuestro país. A vía de ejemplo, resultan afectadas las siguientes normas. La primera es el artículo 7º del Convenio Nº 151, reproducido en el artículo 564 del TOFUP ya citado, en tanto incumple el mandato de "fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleados públicos". Se incumple, asimismo, las normas del Convenio Nº 154 de la OIT, en tanto dispone la extensión de la negociación a todas las materias relativas a las condiciones de trabajo y empleo. También se incumplen principios más generales de la OIT relativos al fomento de procedimientos de consulta y negociación previos a la adopción de decisiones que afecten las condiciones de trabajo de las personas.

Decíamos también que se trataba de un texto ambiguo, que había situaciones semánticas para nada claras. El artículo 2º resulta poco claro en el alcance y significado de la expresión "origen de los recursos con que son abonadas las remuneraciones". ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Se refiere acaso a las partidas por productividad? Debemos tener claro que hay muchos convenios a nivel de distintas empresas del Estado que están signados entre los respectivos sindicatos y los Directorios de esos entes autónomos, en los cuales están establecidas remuneraciones por productividad que representan partidas concretas. ¿El artículo 2º se está refiriendo a estas partidas en el concepto de remuneraciones? De ser así, creemos que se estaría incidiendo todavía en forma más perjudicial en los intereses de los trabajadores.

Por cierto, hay situaciones de la vida del país que pueden llevar a que en cierto momento no se pueda cumplir con determinados compromisos, pero así debiera establecerse. El anteproyecto que habíamos presentado en el Senado y que posiblemente habremos de presentar aquí, establece estrictamente que, dada la situación por la que atraviesa el país, y en esta oportunidad, se procederá a determinados cambios. Por el contrario, lo que tenemos hoy a estudio de esta Cámara es un proyecto hacia el futuro, que da al Poder Ejecutivo total discrecionalidad sobre la fijación del salario sin ninguna fecha de terminación. Puede ser que para muchos legisladores haya resultado oportuno, desde el punto de vista económico, presentar este proyecto, pero yo creo que ha sido oportunista más que oportuno, dado que aprovechando el hecho de que a partir del 1º de marzo sin duda iba a haber una nueva turbulencia a nivel público con relación a la adecuación de los salarios de los legisladores, se corta por lo sano y se dice que de aquí en más vamos a emparejar las cosas y vamos a dar a todo el mundo el mismo incremento salarial. Así es que se fija este magro 3% para todos.

Por último, quisiera hacer referencia a algunas situaciones planteadas por un señor Diputado que me precedió en el uso de la palabra, en el sentido de que a igual función, igual remuneración. Esta es una situación largamente buscada por los trabajadores de este país, pero es evidente que muy pocos han podido, precisamente a través de convenios colectivos, establecer, por lo menos dentro de los organismos, esta filosofía. Por otra parte, es obvio que con este tipo de proyecto se consolidan las diferencias actuales de las cuales se agravia algún compañero legislador, puesto que en ninguno de sus artículos hay una consideración que diga que, de alguna forma, podrá haber un trato diferencial para aquellas categorías de remuneración que estén sumergidas.

9.-      Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Félix Laviña, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 27 de febrero de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Silver Estévez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cincuenta: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocado el suplente correspondiente y se le invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 27 de febrero de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo el día de hoy.

Saluda a usted muy atentamente.

FÉLIX LAVIÑA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 27 de febrero de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Félix Laviña para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez, no acepto la referida convocatoria por el día 27 de febrero del presente año.

Saluda a usted muy atentamente.

Diego Martínez García".

"Montevideo, 27 de febrero de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Félix Laviña, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Humberto Bellora".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Félix Laviña.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 27 de febrero de 2003.

II) Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Diego Martínez y Humberto Bellora, no aceptan, por esta única vez, la convocatoria de que han sido objeto.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 27 de febrero de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Félix Laviña.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los señores Diego Martínez y Humberto Bellora.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 27 de febrero de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Silver Estévez.

Sala de la Comisión, 27 de febrero de 2003.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

10.-     Remuneraciones de los funcionarios públicos. (Normas para su reajuste).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: voy a ser extremadamente breve en lo que refiere a la consideración de este proyecto y, sobre todo y en forma esencial, quiero dejar sentada la posición del Partido Nacional, como lo hicieron los compañeros del Senado.

Este proyecto es el fruto de un acuerdo político con el Partido Colorado; la redacción que se le dio en el Senado es parte de un acuerdo político. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene el Partido Nacional para apoyar este proyecto? Acá no estamos discutiendo el derecho de los funcionarios públicos, ni siquiera el derecho que tenemos los legisladores a ganar más; eso no se discute. Creo que el centro de la cuestión no es discutir el derecho que cada uno -y más los funcionarios públicos- tiene a ganar más. Por eso no voy a entrar a la consideración de las leyes que, por suerte, este país ha podido dictar y por suerte ha podido cumplir. Esto es fundamental: se ha cumplido puntualmente con todos los acuerdos que se han hecho desde el punto de vista salarial. No se discute ese derecho. Tampoco voy a entrar en la discusión acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este proyecto, porque no soy abogado y no tengo los conocimientos suficientes para hablar del tema. Habría que analizar en profundidad cada uno de los fundamentos e, inclusive, eso puede dar lugar a discusiones desde diferentes puntos de vista, aun por quienes son entendidos en la materia.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante González Álvarez)

——Por lo tanto, simplemente podemos hablar de su contenido, que está claramente expresado en el espíritu de la ley. Lo que estaría estableciendo esta norma es que los funcionarios públicos -también los que ocupan cargos electivos, incluidos el Presidente de la República, el Vicepresidente y concretamente los legisladores- vamos a tener los respectivos ajustes salariales en las mismas fechas y en los mismos porcentajes que el resto de la Administración Central. Acá no hay privilegios; nos estamos incluyendo en el mismo paquete, con los mismos derechos que los demás funcionarios.

Como ahora es cada vez más usual que los legisladores -y voy a utilizar una expresión muy conocida, vinculada con el señor Diputado Abdala- seamos los nuevos cabeza de turco y el blanco permanente de las críticas de toda la opinión pública con relación al sistema político -en particular haciendo referencia a nuestros privilegios, que no son tales; algún día lo vamos a discutir, pero será en otro momento-, concretamente decimos que acá establecemos para nosotros los mismos ajustes y porcentajes que para los demás. No queremos privilegios. Ese es el centro de este proyecto de ley; no hay otro. Y no hago un análisis de la norma desde el punto de vista legislativo ni constitucional; hago un análisis concreto, trasmito una expresión política del Partido Nacional y del Partido Colorado con respecto a esto. No queremos privilegios y tenemos en cuenta esencialmente la situación económica que está viviendo la República; no podemos exigir al pueblo en general un esfuerzo sin ponernos nosotros a la cabeza. Ese es el centro de este proyecto de ley; no es otro; no se trata de los derechos que se tiene ni de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición. Nosotros nos ponemos a la cabeza del esfuerzo que están realizando todos los ciudadanos, por la situación económica que viven el Uruguay y la región. De esto se trata. Esta es la manifestación política más clara; actuamos sin tapujos, sin calificar expresiones y sin medir las consecuencias de esto. No pensamos que este punto pueda redundar en una cosecha electoral; no es eso. Me querrán o no me querrán, pero esa es la voluntad política del Partido al que pertenezco.

SEÑORA CASTRO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Sí, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: concretamente quisiera preguntar a los mocionantes, que están apoyando este proyecto, si los funcionarios que desempeñan funciones públicas en el Estado bajo el régimen de contrato de obra también están incluidos.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: se trata de los ajustes salariales de todos los funcionarios públicos, sin excepción. Acá están incluidos todos. ¿Quiere que le diga más? Desde mi punto de vista, creo que ni siquiera se podría excluir a los Gobiernos Departamentales, pero no importa; están excluidos por aquello de que incluirlos puede ser violatorio de la autonomía departamental, tema que mucho se discute. Considero que si los incluyéramos, se podría llegar a la interposición de cualquier recurso con el fin de evitar el objetivo final; me adhiero a excluirlos solo por esta razón. Pero reitero que acá no hay excepciones.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: a los efectos de la correcta interpretación de la norma y ante las dudas que su alcance había generado en algunos señores legisladores, es bueno tener presente que este mecanismo de ajuste se aplica tanto a los funcionarios presupuestados como a los contratados, tanto a los funcionarios de carrera como a los que ocupan cargos políticos o de particular confianza.

El artículo 1º refiere a funcionarios públicos sin excepción y en el 2º se establece que lo dispuesto se aplicará cualquiera sea el origen de los recursos con que son abonadas las remuneraciones. Por lo tanto, este mecanismo de ajuste salarial rige también para todos los contratos de obra a que hacía referencia la señora Diputada. Esto significa que incluye a aquellas personas que trabajan para el Estado y cuyas retribuciones son abonadas con recursos de organismos internacionales. El artículo 2º se incluyó, precisamente, para que esa categoría de funcionarios no quedara afuera.

Quería hacer esta aclaración para que constara en la versión taquigráfica y a los efectos de la futura interpretación de la norma, a fin de que se tenga clara conciencia de que es lo más abarcativa posible y que inclusive comprende a los funcionarios que trabajan para las personas públicas no estatales. Se trata de que todos queden comprendidos. Por razones constitucionales, no se pudo incluir a los Gobiernos Departamentales, que tienen autonomía establecida en la Constitución. Pensamos que también hubiera sido conveniente que los alcanzara esta disposición, pero es evidente que no los podemos regular a través de esta norma.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: en realidad, este tema me tiene demasiado soliviantado, pero por deferencia y por la alta consideración que tengo para con el señor Diputado Berois Quinteros, lo voy a expresar de la manera más académica posible.

¿Cuántas veces hemos discutido aquí qué es un funcionario público? Estoy aburrido de hacerlo. Con relación al Ministerio de Salud Pública estuvimos añares para saber qué eran los contratados 410, si eran o no funcionarios públicos. Yo no tenía dudas de que lo eran, por aquello de que el animal que anda en la selva, tiene melena, ruge, la hembra caza, el macho descansa y al que vulgarmente le decimos "el rey de la selva", es un león. Pero a esta misma descripción le podríamos haber puesto elefante o jirafín; no importa. Lo cierto es que a todos los efectos un 410 era un funcionario público. Acá se decía que no; muy bien. Ahora resulta que una persona con un contrato de obra es un funcionario público. Sayagués Laso debe estar dando vueltas carnero hacia atrás, porque quienes esto sostienen no abrieron el libro que contiene la definición de funcionario público; él debe estar dándose vueltas para atrás. Si afirmamos que una persona con un contrato de obra es un funcionario público, estamos escribiendo nuevamente qué es un funcionario público, cuáles son sus derechos inherentes y qué estatuto tiene.

Pero supongamos por un momento -por la elevada deferencia que le tengo al señor Diputado Berois Quinteros; créame que si fuera otro legislador estaría hablando de este tema en otro tono- que en realidad quisimos decir eso que se sostiene, por extrapolación, que surge del artículo 2º de este proyecto: ¿por qué no lo escribimos? ¿Por qué no lo pusimos a texto expreso en ese artículo? El señor Diputado Bentancor me acota que pusimos al Presidente, al Vicepresidente, etcétera, y yo después me voy a referir a ese tema; pero ¿por qué no pusimos que los incrementos o ajustes salariales de todos -y describimos los contratos de obra, los de servicio o los contratos que sean- se ajustarán en el mismo porcentaje determinado por el Poder Ejecutivo?

Y con el mayor de los respetos digo al señor Diputado Berois Quinteros -porque creo que a él no le cabe el sayo- que el problema es que en este país se instaló una suerte de neoclientelismo.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- El señor Diputado Bayardi debe dirigirse a la Mesa y no a otro señor legislador.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Tiene razón, señor Presidente; también tengo deferencia para con usted.

Decía que en este país se instaló una suerte de neoclientelismo. En la medida en que desde 1990 empezamos a castigar al funcionariado público con muchas leyes que se fueron acumulando, ese neoclientelismo surgió por la vía del contrato de obra y en la enorme mayoría de los casos se une con el nepotismo; en realidad, los mejores calificados son los primos, los hijos, los cuñados o los familiares de. Entonces, teniendo en cuenta este neoclientelismo de tono nepotista, hacer creer que el artículo 2º también los incluye es por lo menos temerario desde el punto de vista de la interpretación de las normas.

En todo caso, la pregunta es por qué no se expresó con claridad en este artículo o en un agregado que se iba a proceder de la misma manera con los contratos de obra y de servicio, que me acabo de enterar en el día de hoy que son neofuncionarios públicos.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: voy a redondear mi exposición.

En lo personal, no voy a entrar en la discusión jurídica porque no es mi fuerte y menos con el señor Diputado Bayardi, quien a pesar de no tener formación en esta materia, sé que es un estudioso de ella; y acá no importa la formación que se pueda tener, sino la dedicación que ponemos en cada uno de los temas. No entro en esa discusión porque no estoy preparado para comenzar a debatir sobre la naturaleza jurídica del funcionario público.

Desde mi humilde punto de vista, acá no hay otra voluntad que la que ya expresara; que quede muy claramente establecido. Los funcionarios electivos entramos acá en la misma bolsa que los demás funcionarios de la Administración Pública.

Es cierto que esto se tendría que haber hecho con mucho más tiempo, pero en política a veces los tiempos no son los que uno quisiera, sino los que se tienen. En los ajustes que van a venir tendremos que tener en cuenta los tiempos políticos, que no son los que uno quiere; de repente con más tiempo se podrían haber corregido algunas situaciones. De cualquier manera, el objetivo principal se cumple, y esto es lo fundamental. Lo principal es que acá no hay excepciones, que nosotros los legisladores, en los mismos porcentajes y fechas que los demás funcionarios de la Administración Central, tendremos nuestros correspondientes aumentos salariales, así como los demás funcionarios electivos, inclusive el Presidente y el Vicepresidente de la República.

Como dije recién, en lo personal aspiraba a que los Gobiernos Departamentales también estuvieran incluidos, pero no se pudo proceder en tal sentido por un tema de inconstitucionalidad. Aquí ya tuvimos algunos enfrentamientos y es un tema cuya discusión puede insumir mucho tiempo; inclusive, su agregado puede llevar a la no aplicación de la norma. Entonces, me pareció correcto poner esta aclaración vinculada con los Gobiernos Departamentales, que no refleja mi voluntad personal, pues, aun así, creo que deberían estar incluidos. Respetamos las autonomías departamentales y de ahí esta aclaración.

No voy a extenderme más, porque ya manifesté cual fue la voluntad que nos guió. Es lo que tenía que decir.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: el señor Diputado Mieres ha manifestado la notoria inconstitucionalidad de este proyecto; alcanzaría con que alguien presentara un recurso de inconstitucionalidad para que cayera.

Se ha manifestado por parte del señor Diputado Bentancor la violación flagrante de normas que el país ha firmado y acordado con la OIT y que, además, tienen más rango que la propia ley desde el punto de vista del ordenamiento jurídico.

Se ha expresado también por parte del señor Diputado Berois Quinteros que este proyecto es producto de un acuerdo para dar una especie de ejemplo cívico al resto de la ciudadanía en el sentido de que los sueldos de los legisladores se ajustan en la misma forma, porcentaje y tiempo que los de la Administración Central, y me voy a referir específicamente a esto.

Si hay quienes no pueden tratar el tema del salario de los legisladores son los legisladores en ejercicio; no lo pueden tratar por razones constitucionales y, además, por lo que se dice en el artículo 77 del Reglamento -al que voy a dar lectura-, que causó algún pequeño incidente al comienzo de la sesión anterior. En el artículo 77 se dice: "Todos los Diputados, incluso el Presidente, tienen el derecho y la obligación de votar estando presentes, salvo que se trate de su interés individual, pues en tal caso les está vedado votar y tomar parte en la discusión". Esto es absolutamente contundente; ¡absolutamente contundente! Los legisladores no pueden tratar nada que tenga que ver con su interés individual. Y si el ajuste de sus salarios no hace a su interés individual, que venga otro y lo diga.

Entonces, esto quiere decir que la iniciativa no solo es inconstitucional, sino que, inclusive, sería pasible de ser recurrida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o ante un Juzgado en lo Contencioso Administrativo porque está violentando decididamente la norma reglamentaria que acabo de leer; ¡decididamente la está violentando!

Por si no fuera suficiente lo que se dice en el artículo 77, en el literal K) del artículo 104 del Reglamento se establece que todo Representante está obligado a "no gestionar ante la Cámara asunto particular alguno [...]" por cualquier circunstancia. Quiere decir que nosotros no podemos atender, entender, discutir ni votar los asuntos particulares en el seno de la Cámara y tampoco podemos gestionarlos o hacerlos gestionar por otra persona.

Creo que este artículo y las disposiciones constitucionales vigentes son más que suficientes para decir que esto no tiene fundamento. Así se vote hoy, mañana yo interpongo un recurso y esto no tiene ningún valor.

(Interrupción del señor Representante Penadés)

——No quepa ninguna duda de que lo haré, porque no me voy a ver obligado por pactos políticos a votar algo que sea inconstitucional o antirreglamentario y a quedarme callado; no va con mi manera de ser. Por lo tanto, no voy a tolerar que una mayoría me obligue a hacer cosas que están fuera de la Constitución.

Si realmente existe voluntad de tratar el tema de los salarios de los legisladores, entonces utilicemos otros procedimientos; este no es el procedimiento. Acá se disfraza este mecanismo con una serie de reglas de carácter general que, además, van en contra hasta de la concepción liberal de la economía.

El señor Diputado Bentancor analizó el tema desde el punto de vista de los trabajadores, pero yo lo voy a considerar desde el ángulo de las empresas. En el caso del Banco Seguros del Estado -que tiene un régimen de competencia absolutamente franca con respecto al resto de las aseguradoras-, el Poder Ejecutivo fija el salario de sus funcionarios. Entonces, dado que, sin duda, el salario es una variable importante en el costo de la gestión, ¿cómo puede el Banco de Seguros del Estado defenderse, en el caso de que sea necesario, si una de las variables se la maneja el Presidente de la República? Sucede lo mismo con ANCAP, con OSE, con UTE, con ANTEL, con todas las empresas del Estado y con las organizaciones paraestatales. Entonces, ¿dónde está la concepción de que la economía tiene que liberalizarse, desregularse y entrar en régimen de competencia si una de las variables más importantes ingresa en las disposiciones que establece el Poder Ejecutivo? ¿El Poder Ejecutivo no tiene ya suficiente capacidad como para establecer los incrementos salariales de sus funcionarios directos? La tiene. Supongo que también debe tener la potestad y la capacidad política para hacer saber y entender a los Directores de las empresas del Estado -puestos allí por el propio Poder Ejecutivo- cuánto deben aumentar el sueldo a sus funcionarios. Entonces, ¿es necesario que esto esté determinado en una ley? ¿El Poder Ejecutivo no tiene capacidad para decir a los Directores de los organismos del Estado cómo, en cuánto y de qué manera conviene a la economía nacional que establezcan el régimen de remuneración de los trabajadores de las empresas públicas?

¿El Poder Ejecutivo quiere meterse en el tema de cómo se manejan las remuneraciones del Poder Legislativo? Es muy fácil, señores legisladores. Un día el Poder Ejecutivo dice que destinará $ 5 a cada legislador; entonces, no pagamos la luz ni el agua, y se cerró el Parlamento, sin decreto dictatorial, porque le cortó los víveres. Esto está en la base de la democracia. La independencia del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo está en la base de la democracia, ¿o alguien cree que el sistema democrático funciona cuando el Poder Ejecutivo tiene injerencia inclusive en los aspectos económicos del Poder Legislativo? El sistema democrático no funciona así; no está establecido así, y las normas constitucionales son sabias precisamente por ello. ¿Puede alguien pensar que el Poder Judicial puede funcionar si el Poder Ejecutivo le corta sus víveres, le apaga las luces, le cierra las oficinas, y no le da dinero para que los funcionarios trabajen? Esto está en la base de la democracia. Más que el tema de las Intendencias, la base de la democracia es que ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, pueden ser dependientes uno del otro. Y en este proyecto se establece con absoluta claridad la total dependencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo.

¡Que el Poder Ejecutivo se amañe, busque la forma y haga lo que pueda para imponer su criterio desde el punto de vista salarial, porque recursos tiene! Y si no, ¡afuera y bailando!

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: voy a ser muy breve porque varios legisladores ya se han referido a este tema y han abordado algunos puntos que pensaba analizar. Simplemente, voy a enunciar algunos títulos.

En primer lugar, estoy absolutamente convencido, de acuerdo con lo que establecen los artículos 108 y 117 de la Constitución de la República, de que este proyecto es inconstitucional. En definitiva, algunos señores legisladores oficialistas han expresado esto, más allá de reconocer al mismo tiempo que no tienen un conocimiento muy profundo con referencia a la constitucionalidad del articulado.

En segundo término, la respuesta que se dio a la pregunta de varias señoras Diputadas y señores Diputados con relación a si en este proyecto de ley estaban comprendidos los contratos de arrendamiento de obra, sinceramente, no me convenció. Estoy de acuerdo con el señor Diputado Bayardi en el sentido de que este tema debería haberse explicitado, porque hace mucho tiempo que abordamos lo relativo a los contratos de arrendamiento de obra y/o de servicios. Además, estoy absolutamente convencido de que no son funcionarios públicos sino técnicos, semitécnicos o allegados al Poder, que son contratados para cumplir determinadas funciones.

Por supuesto, no vamos a votar este proyecto porque el único y fundamental objetivo que tiene es emparejar los salarios hacia abajo, tal como fue pregonado desde el principio por parte del Poder Ejecutivo, concretamente por el señor Presidente de la República, quien con su sapiencia desde el punto de vista político empezó a informar, a tergiversar situaciones y a hacer comparaciones, creando el caldo de cultivo para que en este momento la opinión pública formara determinada posición.

Además, no vamos a votarlo porque elimina repentina y radicalmente la posibilidad de que permanezcan vigentes algunos convenios colectivos y de que, en caso de problemas económicos, se llegue a acuerdos sobre la base de la firma de los convenios colectivos, tal como se ha hecho en algún Gobierno Departamental. Conocemos las carencias que existen sobre el particular y que, lamentablemente, hace varios años el Gobierno dejó de convocar a los Consejos de Salarios, que daban seguridad a los trabajadores con referencia a ganar un salario digno.

Entonces, rechazamos esta discrecionalidad que se otorga al Poder Ejecutivo a través de este proyecto y apoyamos el nuestro -presentado oportunamente-, que tiene un artículo 1º absolutamente claro. Por ejemplo, nuestra propuesta refiere a un adicional al Impuesto a las Retribuciones Personales y en el literal C) establece que también están incluidos: "Contratos de Arrendamiento de Obra y/o de Servicios brindados al Estado cualquiera sea el origen de los fondos para atender los mismos". Además, en el literal D) del artículo 1º se establece que están incluidos: "Funcionarios de Organismos Binacionales, Multinacionales e Internacionales, designados por el Gobierno Nacional".

Asimismo, el artículo 4º de nuestro proyecto de ley determina la suspensión por dos años de la realización de nuevos contratos de arrendamiento de obra y/o de servicios por parte del Estado.

Esto tiene un fundamento muy claro. Nos hemos ocupado de este tema; los señores legisladores saben bien que lo hemos planteado con mucha firmeza al equipo económico, fundamentalmente al que fue presidido por el contador Alberto Bensión y por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Ariel Davrieux. Y nos encontramos con que a pesar de las disposiciones presupuestales votadas oportunamente, que intentaron, de alguna manera, disminuir sensiblemente los contratos de arrendamiento de obra, en el año 2000 estos alcanzaron más de US$ 27:000.000; en el año 2001 -es la última información que tenemos- llegaron a US$ 22:000.000. Si bien se produjo una pequeña disminución, que no alcanza al 20%, siguen siendo sumas absolutamente trascendentes.

Además, de acuerdo con estudios que realizamos en su oportunidad, encontramos asignaciones realmente importantes para las personas contratadas por este régimen, lo cual nos preocupa. Por lo tanto, allí también hay una falencia por parte de este proyecto de ley.

Con referencia al segundo inciso del artículo 2º -ya lo planteó la señora Diputada Topolansky-, la Mesa debería analizar el mecanismo de votación ya que, según indica el Reglamento actual y la Constitución de la República en su artículo 64, se necesitan dos tercios de votos para modificar lo referido a los funcionarios de los Gobiernos Departamentales, que en este caso también está referido a los funcionarios de los entes autónomos. Aspiro a que en determinado momento se conteste esta pregunta que, reitero, en determinado momento formuló la señora Diputada Topolansky. Según mi opinión, el artículo 64 de la Constitución de la República es absolutamente claro en cuanto a la exigencia de dos tercios de votos de la Cámara para establecer normas especiales.

No voy a continuar con esta exposición porque varios compañeros han sido sumamente claros en cuanto a nuestra posición, pero quiero señalar que, una vez más, el Gobierno, la coalición de Gobierno, recurre a una variable de ajuste que viene aplicando desde hace muchos años para intentar disminuir el déficit fiscal y cumplir con los compromisos en el exterior: los salarios y las jubilaciones. Aquí lo estamos comprobando: los jubilados y pensionistas reciben un aumento de 1,38% y los funcionarios públicos reciben un 3%, cuando la inflación fue del 25,84%. Eso ha originado una pérdida importantísima del poder adquisitivo de los salarios en el año 2002, que casi alcanza el 20%, y una disminución del poder adquisitivo de la población trabajadora del 22%.

Por eso entiendo que este proyecto que estamos tratando se inscribe en la filosofía según la cual las variables de ajuste continúan siendo los salarios y las jubilaciones. Eso lo vimos el año pasado cuando se votó el Impuesto a las Retribuciones Personales, un impuesto realmente leonino, que disminuyó en porcentajes altísimos las remuneraciones de los trabajadores públicos pero también de los privados y de los jubilados y pensionistas. No compartimos esta filosofía ortodoxamente liberal que han expuesto en la tarde de hoy algunos señores legisladores. Nosotros entendemos que la salida de este país no pasa por la rebaja de salarios o de pasividades, sino por una auténtica reactivación a través de la producción, del incentivo al mercado interno -que también tiene relación directa con los salarios y jubilaciones- y de la creación de fuentes de trabajo.

La señora Diputada Topolansky ha expresado con mucha claridad que en el Senado de la República se presentó un artículo aditivo a este proyecto de ley -que aquí vamos a reiterar- estableciendo que "Las economías obtenidas por la diferencia entre la aplicación de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley y los montos que corresponderían por aplicación de la legislación que ese artículo modifica se destinarán a ser redistribuidas por partida fija a las pasividades que se encuentren en el 20% inferior de la escala de prestaciones pagadas por el Banco de Previsión Social". De alguna manera, con este aditivo al menos tendríamos la seguridad de que el esfuerzo que realizan los trabajadores públicos, los funcionarios de los entes autónomos y servicios descentralizados, colaboraría con los sectores que reciben menores ingresos del Banco de Previsión Social.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR IBARRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: simplemente, quiero llamar la atención del Cuerpo en cuanto a que si uno mira con cuidado la redacción del artículo 1º -y en la medida en que, según han dicho aquí quienes están a favor de este proyecto de ley, el objetivo principal es evitar el ajuste de nuestros salarios en función del IPC- encuentra una dificultad. El texto dice "Los ajustes salariales" -dejo de lado el sujeto- "de todos los funcionarios públicos [...] que correspondan en aplicación de normas legales o de convenios salariales [...]". O sea que estamos hablando de los ajustes salariales de aquellos funcionarios públicos que, debido a normas legales o a convenios salariales, se deben ajustar. Llamo la atención del Cuerpo porque, en realidad, los salarios de los legisladores no se ajustan en función de convenios salariales ni de normas legales, sino de una resolución de la Asamblea General en cumplimiento de una disposición constitucional. De manera que este texto, así como está, lamentablemente, si lo interpretamos en forma adecuada, no incluye a los legisladores, por lo menos desde el punto de vista de la fuente legal a la que refieren los ajustes salariales.

Este es un agregado más a las dificultades que tiene el proyecto, tal como está redactado, más allá de las inconstitucionalidades que en su momento señalamos.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Argenzio.

SEÑOR ARGENZIO.- Señor Presidente: voy a ser breve porque distinguidos compañeros Representantes han hecho uso de la palabra para referirse a este proyecto de ley que hemos tenido poco tiempo para estudiar, ya que fue aprobado el 25 de febrero en la Cámara de Senadores.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Álvarez)

——Nuestro Partido votó este proyecto en el Senado. Compartimos el espíritu del artículo 1º, que establece que los ajustes salariales de todos los funcionarios públicos, sin excepción, incluidos los que ocupan cargos electivos -es decir, los nuestros- van a reajustarse en las mismas fechas y en los mismos porcentajes de los reajustes generales dispuestos por el Poder Ejecutivo para la Administración Central. No voy a entrar en el análisis jurídico en cuanto a si ello es o no constitucional.

Simplemente, quiero dejar la constancia de que no comparto el segundo inciso del artículo 2º. Este inciso dice: "Se incluye en lo dispuesto, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados" y hasta aquí estoy de acuerdo. Pero luego dice: "y Personas Públicas no Estatales [...]". Hay muchas personas públicas no estatales que tienen convenios en los que ya tienen pactados sus aumentos salariales, aunque hay algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones dentro de estas personas públicas no estatales? Muchas de ellas tienen recursos genuinos, propios; hay muchos organismos en que las remuneraciones de sus funcionarios son abonadas con recursos propios, que no son del Estado, del Erario. En este caso, se debería establecer una excepción. Entiendo que este artículo 2º debería ser modificado porque está abarcando a un grupo de funcionarios que, en realidad, no son funcionarios públicos; prestan servicios públicos, pero no son estatales porque, reitero, los recursos son propios, destinados a las remuneraciones de sus funcionarios.

Quería dejar esta constancia en la versión taquigráfica.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: estos son de los temas llevados y traídos. Indudablemente, más allá de las distintas consideraciones, creo que lo que importa es saber si en un período de excepción hay voluntad política como para establecer por un período también prudencial un cambio en los sistemas de ajuste salarial para algunos de los funcionarios públicos, según nuestra visión. Pero, por sobre todas las cosas, creo que lo que importa es establecer si estamos o no dispuestos a que, en definitiva, el Poder Legislativo y también otros cargos electivos tengan ajustes diferenciales como el que hoy se establece a través de la resolución de la Asamblea General, la que en su momento fijó el sueldo del Presidente y Vicepresidente de la República.

Creo que la cuestión es si en un momento de excepción como el que vive el país, en que notoriamente las finanzas públicas están seriamente afectadas, en que hay un nivel de desempleo del orden del 20%, se puede mantener un nivel de ajuste exactamente igual al que está fijado por la resolución de la Asamblea General y por otra normativa vigente.

Comparto los cuestionamientos que se han hecho sobre la constitucionalidad del proyecto que estamos discutiendo, esencialmente en lo que refiere al hecho de que se deja librada a la voluntad del Poder Ejecutivo la fijación del aumento para los funcionarios de todos los Poderes e, inclusive, de las personas públicas no estatales. Me parece que esa discrecionalidad es notoriamente inconstitucional. Lo que sí podemos hacer, si hay voluntad política, es que la propia ley fije un criterio de ajuste, un indicador de ajuste. Nosotros hemos insistido en ello; el señor Presidente lo recordará porque la primera vez que conversamos sobre este tema en la coordinación elaboramos un proyecto que, precisamente, establecía que los incrementos salariales de los funcionarios del Estado -incluidos los que ocupan cargos electivos-, que correspondan como consecuencia de la aplicación de ajustes periódicos por la variación del índice de precios al consumo, en cumplimiento de la normativa vigente o de convenios salariales acordados con los organismos a que pertenecen, se ajustarán a partir de determinada fecha -en este caso sería el 1º de marzo de 2003- por la variación en el período considerado del índice medio de salarios. Esto tiene su fundamento -quizás podríamos referirnos a la discusión del día de ayer- en la forma de fijar el índice medio de salarios, lo que de alguna manera da garantías de que allí hay criterios absolutamente técnicos y que, en definitiva, no hay ninguna intromisión de ningún Poder del Estado a los efectos de la fijación de ese indicador, con lo cual, notoriamente, puede ser utilizado como tal a los efectos de limitar lo que hoy son los ajustes salariales que ocurren tanto en el seno del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo para los cargos electivos.

Consecuentemente, en lo personal vamos a acompañar el pase a la discusión particular, porque creemos que tiene que haber una ley que de una vez por todas resuelva esta situación. Ya están en poder de la Mesa dos sustitutivos de los artículos del proyecto, tanto del artículo 1º como del artículo 2º. El sustitutivo del artículo 1º tiene que ver con lo que referíamos recién: que los incrementos salariales que corresponda realizar, en función de convenios de la normativa vigente, por el IPC pasen a ser realizados en función del índice medio de salarios. Esto es con carácter general para los funcionarios del Estado.

Y el sustitutivo del artículo 2º establece: "Lo dispuesto precedentemente, cualquiera sea el origen de los recursos con que son abonadas las remuneraciones, se aplicará asimismo a: i) los funcionarios pertenecientes a las personas públicas no estatales cuyas remuneraciones se reajusten por la variación del índice de precios al consumo, como asimismo a los funcionarios de las personas jurídicas radicadas en el país, cuyo capital accionario pertenezca mayoritariamente al Estado y tengan igual cláusula de reajuste salarial.- ii) los funcionarios contratados por el Estado, cuyos contratos se ajusten por la variación del índice de precios al consumo, cualquiera sea el origen de los fondos destinados a atender los mismos".

En ambos casos y dado que estamos en una situación de excepción, prevemos que las disposiciones establecidas en el inciso anterior tendrán vigencia hasta el 14 de febrero de 2005. Esto es así porque claramente creo que se va a plantear en el futuro un problema constitucional grave por cuanto nosotros mismos, de acuerdo con la Constitución de la República, tenemos la facultad de fijar los salarios de los legisladores para el próximo período y nos vamos a encontrar con que habrá una ley que establece un criterio distinto. Entonces, parece claro que cualquier disposición que se aplique debe tener el límite de esta Legislatura porque, de lo contrario, estaría invadiendo lo que va a pasar en la próxima.

Me parece que este aspecto que no se ha tenido en cuenta desde el punto de vista jurídico también tiene que estar presente a la hora de dictar disposiciones a este respecto.

En consecuencia, ratifico mi voluntad de considerar estos temas, pero obviamente aprobando normas que sean notoriamente constitucionales y no como esta que apuradamente el Senado de la República terminó aprobando y que es de una grosera inconstitucionalidad.

El Senado recorrió un camino en forma absolutamente inconsulta con la Cámara de Diputados, porque quisiera saber cuántos Diputados, no ya del Partido Independiente -no tenemos Senador-, sino de blancos o colorados, realmente tuvieron oportunidad de opinar sobre cuál era el mejor criterio para la aprobación de un proyecto de ley de estas características. En todo caso, me parece que alguna crítica que se ha esbozado en estos días relacionada con el señor Vicepresidente de la República, estuvo bien aplicada.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: voy a hablar a título absolutamente personal, pero en la vida uno tiene que decir lo que piensa y enfrentar las consecuencias. No podemos hacer comentarios entre nosotros, fuera de este recinto, y después venir a hacer discursos para cobrarnos facturas menores; me parece que eso no es de recibo.

Voy a contar una anécdota que se remonta a 1996, en oportunidad en que discutíamos la ley de seguridad social. En esa oportunidad, mi bancada me permitió fundar mi exposición, ya que voté con mi bancada, pero discrepando con muchos artículos de ese proyecto que ella terminó apoyando. Voy a señalar qué artículos; ya lo he dicho otras veces, pero vale la pena rememorarlos para tener idea de qué estamos hablando.

En este país había sistemas jubilatorios bonificados que afectaban, para nombrar algunos, a maestros, a docentes y a cargos políticos. En esa oportunidad se estableció una norma, similar a la que estamos considerando, que me pareció un disparate, ya que con el pretexto de que le estábamos haciendo esto al Presidente de la República, en realidad barrimos en un mismo artículo de la ley con todas las disposiciones vinculadas con cómputos bonificados que había en su momento. Me parecía que estábamos en una república de segunda y así lo dije. También barrimos con los cómputos jubilatorios bonificados de Ministros de Estado y de legisladores; eso no era el artículo 383, sino que se preveía que, en vez de 90 puntos, se juntaran 80 puntos entre los cincuenta años de edad -por lo menos- y los años de servicio. Me pareció criminal lo que hacíamos con el Presidente de la República -siendo todos los Presidentes de la República elegidos democráticamente- y conste que hasta este momento no tuve Presidentes que pertenecieran a mi Partido. Estábamos dictando una norma en la que condenábamos al Presidente de la República de este país a que, una vez que cesara en su cargo, tuviera que ver de qué viviría. Esto me parecía impresentable. Esto no es austeridad republicana, sino que estábamos condenando a quien la ciudadanía había puesto en la principal responsabilidad del país a golpear puertas para conseguir trabajo cuando terminara de ejercer su cargo. Me parece criminal.

Voy a hablar en general y no de ningún Presidente en particular; que quede claro que ahora no estoy haciendo referencia a la discrepancia o no que haya tenido con ninguno de los Presidentes que hayan ocupado ese cargo. Cuando hacemos normas debemos tener cuidado de no abrir puertas a la veleidad de los hombres ni a la venalidad, porque si no, ese hombre, esa figura, que tuvo un poder importante otorgado por la ciudadanía, para asegurarse qué hará después que termine su mandato puede -no quiere decir que lo haga- agarrar cualquier camino que no condiga con el deber ser de esa figura institucional. Entonces, pedí que se reflexionara sobre esto, pero, obviamente, los votos estaban cantados y se aprobó la norma.

El tiempo quiso que con muchos legisladores de la época, que votaron el proyecto, y con algunos Ministros -actuales o de la Legislatura anterior- discutiéramos que, en realidad, mi fundamento no había estado tan equivocado. Es más, algunos legisladores, pasado el tiempo, me dijeron que habría que encontrar alguna solución a esto. ¡Ah, no! Hoy estoy un poco más viejo; en ese momento tenía cuarenta y uno o cuarenta y dos años y estaba lejos de esa situación, a la que tal vez la biología no me permita llegar para ver qué hago después.

Entonces, decir que nos estamos poniendo todos en el mismo lugar y en la misma posición para ceder a determinadas críticas que se hacen, bien o mal intencionadas, es no regular normativamente con un criterio ajustado el futuro de cargos públicos que no son iguales. Que yo sepa, el Presidente de la República no tiene derecho a carrera administrativa, y hay muchos otros cargos que tampoco lo tienen.

Entonces, que no se me diga que con esta ley estamos aplicando el principio de a igual función, igual remuneración, porque si algo no hace esta ley -y no lo hará "per secula seculorum"- es igualar la función con la remuneración. Si algo afirmo hoy es que esta ley no logrará ese principio de a igual función, igual remuneración. En todo caso, podría presentarse un proyecto que estableciera que a algunos niveles de la escala salarial de los funcionarios públicos podríamos asignarles determinados porcentajes menores que a otros, a efectos de avanzar en algún período o en algún momento hacia esa igualación. Esto lo discutiríamos con cierto rigor científico, tratando de cumplir un objetivo que hoy anunciamos que vamos a cumplir, pero que con esta norma no se cumple.

Entonces, creo que debemos tener cuidado cuando legislamos, porque las consecuencias de legislar mal tendrán repercusiones de determinada naturaleza. No debemos olvidar que hay ciudadanos a los que les pedimos que asuman funciones. A quienes estamos acá adentro nos gusta la política y por ella hemos dejado muchas cosas; esto me consta en legisladores de mi Partido y de otros. Han dejado muchas cosas; por ejemplo, profesiones. En tres de los Partidos hay legisladores que tienen la misma profesión que yo -el otro Partido no tiene ningún médico; no lo digo por disminuirlo- y no voy a nombrarlos, pero conozco sus opiniones porque hemos discutido este tema muchas veces. Es decir, si en el ejercicio de su profesión cambiaran el auto todos los años, el barrio o el pueblo diría: "¡Qué bien que le va al doctor!". Y de repente, cuantos más autos cambiaran -aunque no quiero decir que fuera solo por ello, sino también por una fuerte inserción profesional-, mejor les iría y seguramente tendrían menos problemas en su entorno familiar, con su señora esposa, con sus hijos. Y nadie los criticaría. Ahora bien: con el salario de acá nadie puede cambiar el auto todos los años; el que esté cambiando el auto todos los años con el salario de acá está metiendo la mano. Aviso: el que cambie el auto todos los años con el salario de acá, está metiendo la mano porque con el salario de acá no se puede cambiar el auto todos los años. No estoy diciendo nada llamativo.

Sin embargo, el problema se da cuando se quiere afectar la institucionalidad parlamentaria; desde algunos medios de comunicación, algunos periodistas y algunos actores de la sociedad atacan el sistema parlamentario. Entonces, yo no tengo problema; si la gente no quiere al Parlamento, que lo cambie, que traiga a los militares de vuelta. No hay ningún problema Yo voy a pelear nuevamente por que haya Parlamento y voy a sacrificar lo que haya que sacrificar para que haya Parlamento. Pero si así lo quieren, ¡qué lo hagan!

Entonces, lo peor que le puede pasar a un Parlamento, en cualquier hipótesis, es legislar al grito de la tribuna, porque la tribuna puede ser popular y puede ser también ruido de sables. Y si en algún momento mi Partido político tiene la responsabilidad de gobernar este país, ¡qué haya ruido de sables, que para enfrentar el ruido de sables voy a estar en la primera línea! ¡Ojo!, aclaro: no creo que haya voluntad de ruido de sables en el marco institucional de este país en el día de hoy. Lo aclaro porque conozco un poco, a partir de las funciones que he asumido acá adentro, cuál es el estado y el sentir de los cuadros institucionales con responsabilidad en las Fuerzas Armadas de este país, pero lo estaba poniendo como ejemplo. Y si supe enfrentar el ruido de sables cuando tenía pocos años y dos hijos chicos, ahora, que si me muero, lo que van a hacer mis hijos es extrañarme un poco -espero-, en realidad no hay ningún problema.

Se ha encendido la luz amarilla y quiero saber si ya he agotado mis veintiocho minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- No; el señor Diputado ha dispuesto de trece minutos, porque el señor Diputado Bentancor fue quien utilizó el tiempo que corresponde al sector.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: discúlpeme; estaba poniendo en duda su gran capacidad para dirigir la Cámara. Fue un error de mi parte y me flagelo por haberlo cometido.

Termino por acá porque no me va a dar el tiempo para desarrollar las otras consideraciones que quería realizar respecto al proyecto.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: yo había preguntado a la Mesa cuántos votos son necesarios para aprobar el inciso segundo del artículo 2º. Quisiera tener la respuesta a mi inquietud antes de seguir adelante con la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa entiende que se necesitan dos tercios de componentes de la Cámara, de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: creo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento, este tema no se puede poner a votación, en la medida en que afecta individualmente a cada uno de los señores legisladores que están aquí presentes.

Solicito que se lea el artículo 77 por parte de Secretaría.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Léase el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Representantes.

(Se lee:)

"Artículo 77.- Todos los Diputados, incluso el Presidente, tienen el derecho y la obligación de votar estando presentes, salvo que se trate de su interés individual, pues en tal caso les está vedado votar y tomar parte en la discusión".

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: luego de la lectura que acaba de hacer la Secretaría de la Cámara, aclaro que no voy a votar y que me voy a retirar de Sala porque quiero tener las manos libres para interponer ante esta disposición cualquier recurso que se me ocurra, en la medida en que considero que la Cámara no la puede votar.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR POSADA.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Solicito a la Mesa que cuando se ponga a votación el artículo 1º de este proyecto, se lea el sustitutivo que presentamos y que se haga lo mismo en el caso del artículo 2º.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Eso es lo que la Mesa hace normalmente, señor Diputado. No necesitaba tomar esos recaudos.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: he votado negativamente este proyecto porque, a pesar de que coincido en que en momentos difíciles del país hay que tomar decisiones especiales, creo que en modo alguno estas pueden adoptarse desconociendo los términos de la Constitución de la República e ignorando total y absolutamente la separación de Poderes. Siempre, señor Presidente, pero más aún en las situaciones de mayor crisis, debemos tener el más absoluto cuidado en cuanto al respeto de las normas constitucionales. Es absolutamente cierto que es muy mala cosa para esta Cámara legislar al grito de la tribuna. Nuestro rol no es solo el de oficiar de portavoces de necesidades de nuestra gente; a veces, es informar e interpelar determinadas afirmaciones que se hacen.

He votado negativamente este proyecto porque de equitativo no tiene nada, absolutamente nada. Coincido con las afirmaciones que se hicieron en Sala en el sentido de que en la Administración Pública la inequidad salarial es una realidad innegable, pero si para solucionarla aplicamos la misma vara para todos, la dejamos tal cual está. Señor Presidente: ¿es tan difícil darse cuenta de que el 3% del salario de un jubilado o el 3% del salario de un maestro no es lo mismo que el 3% que probablemente cobremos nosotros, los legisladores? Estoy hablando en términos concretos; no me refiero al Presidente ni al Vicepresidente. Si quisiéramos revertir la inequidad, justamente tendríamos que dar tratamiento diferente a los diferentes y dar tal vez más a quienes menos ganan y topear a los que más ganan. No es equitativa esta medida, en modo alguno. No la comparto. Da por tierra con todos los convenios salariales y con la posibilidad de llevarlos adelante de aquí en más. ¡Otro brutal desconocimiento de las normativas laborales! ¡No lo apoyo! Este proyecto es asaz demagógico e inconstitucional; no corrige inequidades y simplemente justifica un nuevo ajuste fiscal a costa de los salarios y las jubilaciones.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- En discusión particular.

Léase el artículo 1º del proyecto.

(Se lee)

——Léase el artículo sustitutivo presentado por el señor Diputado Posada.

(Se lee)

"Artículo 1º.- Establécese que los incrementos salariales de los funcionarios del Estado (incluidos los que ocupan cargos electivos), que correspondan como consecuencia de la aplicación de ajustes periódicos por la variación del índice de precios al consumo (IPC), en cumplimiento de la normativa vigente o de convenios salariales acordados con los organismos a que pertenecen, se ajustarán a partir del 1º de marzo de 2003, por la variación en el período considerado del índice medio de salarios (IMS).- La disposición establecida en el inciso anterior tendrá vigencia hasta el 14 de febrero de 2005".

——En discusión.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: quería completar algunas consideraciones sobre el articulado, pues en mi anterior intervención el tiempo no me fue suficiente por los motivos que la Cámara pudo advertir.

Acá tenemos una discrepancia en el Cuerpo, que la tenemos desde que estoy aquí...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar, señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Lo que pasa es que si algunos colegas de la coalición o de la ex coalición quieren acordar algunas cosas, el ambulatorio siempre es un lugar preferente para hacerlo.

(Campana de orden)

——¿Cuál es la discrepancia que hemos tenido aquí, que tiene que ver con la actitud que tenemos frente a la política salarial o al gasto del Estado? En el marco de su libertad para entenderlo como deseen, hay legisladores que consideran que las condiciones para el desarrollo económico residen en la retracción del gasto del Estado y así lo han fundamentado y han actuado en los últimos trece años. En realidad, creo que ese fundamento y esa actitud nos llevó a la situación en que estamos. Y discrepo con la política salarial que constriñe en momentos de recesión, porque en un país en el que el 80% del producto bruto está concentrado en el consumo interno, una política salarial restrictiva lo único que terminará haciendo es llevarnos por la espiral -digamos así- de la no salida. Pero esto, como todo, es discutible, y admito que lo sea. Y en la medida en que uno lo admite, se atendrá a las consecuencias. Yo lloraré por las consecuencias y otros legisladores, en un acto de fe, tendrán la expectativa de que algún día vamos a salir. Este país es hoy del orden de los US$ 2.000:000.000 más pobre de lo que era, en lo que tiene que ver con la distribución de su poder adquisitivo interno, pero será cuestión de que en algún momento, cuando haya posibilidades de desarrollar otra política, se vea quién tiene razón.

El artículo 1º implica la consagración de las políticas restrictivas en materia salarial y termina destrozando la capacidad de consumo del uruguayo. Y no estoy cuestionando lo que tiene que ver con la ética ni con lo que tendría que ser el deber ser; estoy hablando desde el punto de vista de las posibilidades de salida que tiene este país. Y como seguimos aplicando políticas restrictivas en materia salarial, me parece un disparate poner toda la definición de la política salarial en manos del Poder Ejecutivo.

Ya dije que vivimos una situación especial. Yo no niego que hay una situación especial a la cual fuimos conducidos por la repercusión de factores de política externa y por decisiones tomadas en materia de política interna. En ese marco, en una anterior oportunidad en que se discutió este tema, dijimos que no compartíamos que en el manejo de la política salarial se llegara a una pérdida del salario real más allá de lo que fuera la caída del producto. Eso, como mínimo; hay quienes pensamos que habría que seguir una política más agresiva desde el punto de vista salarial, que estimulara más el consumo, con un conjunto de otras medidas, pero no voy a hablar de ellas ahora.

No obstante, el artículo 1º de este proyecto extiende de manera significativa la política salarial restrictiva a todos los ámbitos de la Administración Pública. Aclaro: más allá de lo que aquí fue dicho -para dejarlo como constancia-, en lo que tiene que ver con la forma de establecer los salarios del Presidente de la República, del Vicepresidente y de los legisladores, la norma constitucional y las leyes son meridianamente claras, por lo que no corresponde hacerlo por esta vía.

De todas maneras, podríamos haber tomado un camino similar al seguido en oportunidad de otros aumentos otorgados en situaciones excepcionales: la fijación de un impuesto que retrajera el monto del incremento para distribuirlo desde acá o volcarlo a Rentas Generales.

(Murmullos)

——Por otra parte, en lo que tiene que ver con las formulaciones del actual proyecto, ya se planteó lo que es pasible de ser apelable.

También quiero destacar cómo se afecta toda la política de convenios, a lo cual se ha referido el señor Diputado Bentancor. Si hubiera habido voluntad de legislar en la materia, podríamos haber llevado adelante una política que topeara los ingresos de estos cargos a través de tributos o de impuestos, lo cual -quiero dejarlo como constancia- para mí también es de dudosa constitucionalidad si nos remitimos a las disposiciones constitucionales que definen el salario del Presidente de la República, del Vicepresidente y de los legisladores, aunque en lo que tiene que ver con los legisladores, de todas maneras lo aceptamos pasivamente en el mes de setiembre.

Termino anunciando al señor Presidente saliente y al próximo Presidente...

(Campana de orden)

——Yo no elegí sesionar un 27 de febrero, en este receso parlamentario sui géneris, así que tengo todo el tiempo que se quiera, hasta la medianoche.

Quiero dejar constancia -esto me afecta personalmente- de que las normas constitucionales y legales hablan de fijación de dietas líquidas, sin hacer consideraciones desde el punto de vista de los aportes jubilatorios en los regímenes legales. En lo que tiene que ver con las dietas líquidas, estoy entre los que se consideran afectados desde 1996 en adelante -entiéndase bien, desde el año 1996 en adelante-, por lo cual procederé a elevar a la Cámara los reclamos correspondientes.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: quiero hacer una apostilla.

Tengo la impresión de que el Cuerpo está más o menos pronto para expedirse con relación a este tema. La verdad es que los integrantes del Partido Colorado hemos tenido una etapa de madurez en torno a él. Creemos que por encima de las salvedades jurídicas que se han hecho -que tendrán mucho mérito-, la construcción jurídica de este proyecto permite emitir una señal concreta, de abatimiento, de control del gasto. Esa es la línea en la que creemos que todo el mundo debe estar.

Si el resultado de la jornada de hoy no llegara a contar con las mayorías suficientes para encontrar la respuesta legislativa que se está requiriendo, nadie vaya a decir que los blancos y los colorados no pusieron todo de sí para llevar adelante esos abatimientos. Digo esto para que quede absolutamente claro. Los colorados y los blancos, los blancos y los colorados -estoy perdido en lo que respecta a la votación del Partido Independiente- estamos en esa línea. Si mañana los análisis politológicos, cuando se reflexione sobre este tema, indican que el Parlamento sigue sesionando y no definiendo en torno a estos asuntos, que nadie vaya a decir a los colorados ni a los blancos que no pusimos todo lo que teníamos que poner para sacar esto adelante. Si no se cuenta con esa mayoría operativa que seguramente va a requerir el señor Presidente para la modificación de alguno de estos artículos, no habrá sido por los colorados ni por los blancos. Esa es la verdad jurídica que va a nacer dentro de pocos minutos.

SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: si en el día de hoy no se consiguen las mayorías suficientes exigidas para aprobar la totalidad de este proyecto, que no se vaya a echar las culpas al Encuentro Progresista; que no se diga que fue por su culpa que no se lograron esas mayorías. Existe un proyecto del Encuentro Progresista que plantea la fórmula que entendemos pertinente para intentar que no se provoquen estas situaciones, sin que se agarre la Constitución y se estire como si fuera un chicle, para donde se le ocurra a una mayoría circunstancial que existe dentro de esta Cámara.

Por lo tanto, a no cobrar ni amenazar absolutamente a nadie. Aquí cada uno democráticamente está haciendo lo que entiende y que no se nos venga a pasar boleta, porque no tenemos nada que ver.

SEÑOR PITA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de un concepto, de una idea muy sencilla.

En caso de que no hubiera votos suficientes para una solución de este tipo, está la del Frente Amplio que, sin soberbia, creo que podría tomarse como una excelente solución en una dirección similar a la de uno de los aspectos de la primera. Con mucho gusto esperamos contar con los votos necesarios para solucionar ese aspecto. Creo que no hay excusa alguna. Si no hay votos suficientes para una de las soluciones, está la otra en la mano de todos los legisladores; se vota la nuestra, se comunica inmediatamente y se resuelve en el Senado en el mismo sentido, respetando la Constitución de la República y superando todos los problemas que se han señalado con fundamentos harto elocuentes allá y acá. Además, se daría esa señal de congelación de los salarios de los legisladores que tanto se ha valorado para expresar que se comparte el padecimiento de los funcionarios públicos de este país.

Creo que es absolutamente clara, nítida y transparente la situación que está planteada. Se podrá decir todo lo que se quiera, que la población lo va a entender claramente. Hay solución; si no es esta, será la nuestra. Votémosla y punto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º tal como viene en el proyecto aprobado por el Senado.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR FALCO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que voté afirmativamente el artículo 1º por razones de disciplina partidaria, porque considero que es de dudosa constitucionalidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——Léase el sustitutivo del artículo 2º presentado por el señor Diputado Posada.

(Se lee:)

"Lo dispuesto precedentemente, cualquiera sea el origen de los recursos con que son abonadas las remuneraciones, se aplicará asimismo a: i) los funcionarios pertenecientes a las personas públicas no estatales cuyas remuneraciones se reajusten por la variación del índice de precios al consumo, como asimismo a los funcionarios de las personas jurídicas radicadas en el país, cuyo capital accionario pertenezca mayoritariamente al Estado y tengan igual cláusula de reajuste salarial.- ii) los funcionarios contratados por el Estado, cuyos contratos se ajusten por la variación del índice de precios al consumo, cualquiera sea el origen de los fondos destinados a atender los mismos".

11.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Guido Machado, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 1º de marzo de 2003, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora María Terrón de Estévez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Ochenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocado la correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha mencionada.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 27 de febrero de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día 1º de marzo del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

GUIDO MACHADO
Representante por Rivera".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Rivera, Guido Machado.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 1º de marzo de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 1º de marzo de 2003, al señor Representante por el departamento de Rivera, Guido Machado.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 1º de marzo de 2003, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 292000 del Lema Partido Colorado, señora María Terrón de Esteves.

Sala de la Comisión, 27 de febrero de 2003.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

12.-     Remuneraciones de los funcionarios públicos. (Normas para su reajuste).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

En discusión el artículo 2º y el sustitutivo presentado por el señor Diputado Posada.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Solicito que se vote por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Antes de pasar a votar, la Mesa informa a los señores legisladores que se han presentados dos artículos aditivos. Además, pido, como un favor especial, que una vez agotada la votación del proyecto, se queden un minuto más en Sala.

Si no se hace uso de la palabra, y de acuerdo con lo solicitado, se va a votar el primer inciso del artículo 2º, que establece: "Lo dispuesto se aplicará cualesquiera sea el origen de los recursos con que son abonadas las remuneraciones, y la relación vinculante con la Institución de que dependa el funcionario".

(Se vota)

——Cuarenta y siete en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

El segundo inciso del artículo 2º establece: "Se incluye en lo dispuesto, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas no Estatales, y no se aplicará en los Gobiernos Departamentales".

De acuerdo con lo que estableció la Mesa, este inciso necesita para su aprobación el voto conforme de dos tercios de los componentes del Cuerpo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en ochenta y seis: NEGATIVA.

SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: en realidad, voy a abusar de su generosidad. Pido a la Mesa que me informe cómo resultó la votación de este artículo en el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Secretaría no tiene conocimiento de cómo fue votado en el Senado.

SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite, señor Presidente?

De cualquier manera, los números no me dan y tengo la impresión de que la mayoría operativa que requería el Senado acá no debe haber estado. En consecuencia, si es así y esto vuelve al Senado, con la amistad que nos une con los amigos del Senado, sería de orden que pudiéramos corregir este aspecto. Si no, esto va a estar jugando al ping-pong y me parece que es el peor ejemplo que podemos estar dando a la ciudadanía.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Léase un artículo aditivo llegado a la Mesa, presentado por la señora Diputada Topolansky y los señores Diputados Bellomo, Gil Solares, Fonticiella y Bentancor.

(Se lee:)

"Las economías obtenidas por la diferencia entre la aplicación de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley y los montos que corresponderían por aplicación de la legislación que ese artículo modifica se destinarán a ser redistribuidas por partida fija a las pasividades que se encuentren en el 20% inferior de la escala de prestaciones pagadas por el Banco de Previsión Social".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y cinco en ochenta y seis: NEGATIVA.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: hemos votado negativamente este artículo, entre otras cosas, porque se presupone que estamos haciendo el papel de malos de la película. Estamos votando este proyecto de ley porque no hay plata. Si hubiera plata, no lo estaríamos votando. Entonces, suponer que podemos distribuir algo que no hay -redistribuir recursos que se puedan generar por esa vía- es presuponer que lo hacemos adrede, que queremos castigar a la gente, y no es así. Hacemos esto porque no hay plata. Entonces, ni pensar en redistribuir lo que no hay.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Señor Presidente: no voté este aditivo propuesto por varios motivos, pero, fundamentalmente, me quiero referir a los de tipo constitucional. Este aditivo es absolutamente inconstitucional porque, como lo discutimos en el día de ayer y pensamos que había quedado bastante claro, es una materia absolutamente vedada al Poder Legislativo, porque la Constitución ampara a este Cuerpo de las tentaciones demagógicas que en esa materia puedan existir.

Además, entendí que no podía acompañar un aditivo que proponía distribuir economías por parte de quienes no habían contribuido con su voto a generarlas. Entonces, no contribuyen con su voto a generarlas y después las quieren distribuir.

Por esos motivos y por algún otro más no voté este aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Léase un artículo aditivo presentado por la señora Diputada Topolansky y los señores Diputados Bayardi, Bellomo y Schiavone.

(Se lee:)

"Los contratos de arrendamiento de obra y/o de servicio ajustarán sus retribuciones bajo las mismas condiciones del artículo 1º de la presente ley".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y nueve en ochenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: hemos votado con mucho gusto este aditivo porque consideramos que en la medida en que haya contratos de arrendamiento de obra y de servicio que puedan reajustarse -porque muchas veces son partidas fijas destinadas para eso y, por ende, en el contrato se estipula cuánto se gana desde el principio hasta el final-, estamos de acuerdo en que el reajuste se haga al igual que en el resto de la Administración. Lo que nos parece bastante ilógico es que quienes se han opuesto a que esta política sea utilizada en todo, voten que sea utilizada en parte. Realmente, es bastante poco común poder observar que quienes se opusieron a la utilización del criterio con carácter general lo puedan estipular con carácter particular. El maestro Cervantes lo decía hace mucho tiempo: "Cosas veredes, Sancho". Y hoy nos ha tocado ver una de ellas que, con toda seguridad, será recordada como una paradoja.

SEÑOR BARRERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: hemos votado este artículo ratificando una vez más que las razones de justicia y de equidad que nos llevaban a votar el proyecto tenían que armonizarse en forma coherente para todos aquellos que estén en igual situación. Es de justicia dar a cada uno lo suyo y tratar en forma igual a aquellos que estén en la misma situación. Por lo tanto, lo hemos votado por razones de justicia y de equidad, y por razones de coherencia, porque tenemos la misma actitud frente a todos los que están en igual situación.

Además, como representantes políticos han dicho en algunos medios que había protegidos, claramente con nuestro voto hemos demostrado que en toda la Administración, a los que estén en igual situación, les aplicamos el mismo criterio con carácter general y con carácter particular, y sin dejar nada afuera.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante al tratar de pesificar todos los contratos en dólares y, evidentemente, junto con la pesificación se deben haber establecido cláusulas de ajuste. Por lo tanto, es lógico votar este artículo.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: he votado afirmativamente a pesar de que pueda resultar asimilable a una paradoja porque en mi intervención traté de colaborar con el espíritu de quienes habían hecho mal el proyecto que estábamos considerando, en la medida en que se manifestó que había que darle el carácter de funcionario público al contrato de obra -se fundamentó en Sala- y nosotros dijimos que no. Como me consta que la voluntad era no favorecer esta suerte de neoclientelismo de carácter nepótico que se ha expresado en muchos contratos de obra, para que no se incurriera en ese favoritismo a amigos o familiares nos vimos en la obligación de presentar este aditivo para facilitar y corregir lo que no era la voluntad de la mayoría del Cuerpo. A partir de ello, en este afán de colaborar, nos vimos en la obligación de votarlo favorablemente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Ha llegado a la Mesa un proyecto sustitutivo, pero se entiende que no se puede poner a consideración en la medida en que ya fue aprobado el artículo 1º del proyecto original.

Queda aprobado el proyecto y se devolverá al Senado.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- ¡Qué se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cinco en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Los ajustes salariales de todos los funcionarios públicos, sin excepción, incluidos los de cargos electivos (Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados), que correspondan en aplicación de normas legales o de convenios salariales se realizarán en las mismas fechas y en el mismo porcentaje de los reajustes generales dispuestos por el Poder Ejecutivo para la Administración Central.

Cuando se tratare de remuneraciones en las que no se hubiere aplicado, durante el corriente año el reajuste de referencia, el mismo regirá desde el 1º de marzo de 2003.

Artículo 2º.- Lo dispuesto se aplicará cualesquiera sea el origen de los recursos con que son abonadas las remuneraciones, y la relación vinculante con la institución de que dependa el funcionario.

Artículo 3º.- Los contratos de arrendamiento de obra y/o de servicio ajustarán sus retribuciones bajo las mismas condiciones del artículo 1º de la presente ley".

13.-    Palabras de agradecimiento del señor Presidente al finalizar su mandato.

——Señores legisladores: supongo que en el día de hoy -uno nunca puede estar seguro, sobre todo en estos tiempos- me ha tocado ocupar este alto cargo por última vez. En ese sentido, quiero agradecer la ayuda que me han brindado los cuatro Vicepresidentes; el cuerpo de Secretaría; los señores legisladores en general, colaborando todos en el desempeño de la Mesa -que si bien no fue brillante, considero que fue aceptable-; los funcionarios de la Cámara, que han permitido que nosotros pudiéramos trabajar con el ritmo en que lo hemos hecho durante todo este Período, y los periodistas que, de alguna forma, también han colaborado con la tarea del Parlamento.

Por último, quiero reiterar que para mí esta ha sido una experiencia inolvidable y que nunca dejaré de recordar el honor que me han conferido y que mucho les agradezco.

Muchas gracias.

(Aplausos)

——Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 18 y 34)

GUILLERMO ÁLVAREZ

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.