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N° 3036 - 18 DE JUNIO DE 2002

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

26ª SESIÓN

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE GUILLERMO ÁLVAREZ Presidente
Y CONTADOR CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ 2º Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

 

 

Texto de la citación

Montevideo, 13 de junio de 2002.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 18, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLV Legislatura). ( Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Productores agropecuarios, deudores, codeudores, garantes en general o avalistas. (Convocatoria a una audiencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 357 del Código General del Proceso en los juicios ejecutivos generados por deudas). (Carp. 2118/002). (Informado). Rep. 943 y Anexo I

3º.- Reconocimiento de servicios prestados por trabajadores de la actividad privada que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. (Prórroga de los plazos establecidos por los artículos 14 y 16 de la Ley Nº 17.449). (Carp. 2165/002). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 967 y Anexo I

4º.- Escritos del sacerdote Luis Pérez Aguirre relacionados con la condición de la mujer. (Se encomienda a la Comisión Especial de género y equidad su recopilación y publicación). (Carp. 1137/001). (Informado). Rep. 548 y Anexo I

5º.- Pases en comisión solicitados por el Banco Hipotecario del Uruguay y por el Ministerio del Interior. (Autorización). (Carp. 2154/002). (Informado). Rep. 960

6º.- Recurso de apelación establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República. (Reglamentación). (Carp. 1235/001). (Informado). Rep. 604 y Anexo I

7º.- Recursos pesqueros. (Se solicita al Poder Ejecutivo que inicie los estudios para evaluar los existentes en la zona de pesca exclusiva y en la zona de pesca común con la República Argentina). (Carp. 2017/002). (Informado). Rep. 902 y Anexo I

8º.- Incapacidad y curatela. (Modificación de los artículos 432 y 1279 del Código Civil). (Carp. 2061/002). (Informado). Rep. 919 y Anexo I

9º.- Síndrome de inmuno deficiencia adquirida. (Instrumentación de una campaña de preven-ción). (Carp. 696/000). (Informado). Rep. 383 y Anexo I

10.- Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con la República del Ecuador. (Aprobación). (Carp. 610/000). (Informado). Rep. 335 y Anexo I

HORACIO D. CATALURDA   MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2 y 27.- Asuntos entrados

3 y 28.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Seguridad en los locales nocturnos de esparcimiento en Montevideo y en la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones.

— Exposición del señor Representante Díaz

8.- Implementación de programas de desarrollo departamentales y regionales.

— Exposición del señor Representante Obispo

9.- Fallecimiento de la profesora Laura Escalante.

— Exposición del señor Representante Baráibar

10.- Solicitud de que la Justicia analice si los escraches configuran una conducta delictiva.

— Exposición del señor Representante Abdala

11.- Incumplimiento en la entrega de recursos para efectuar reparaciones en centros de enseñanza de la ciudad capital del departamento de Treinta y Tres.

— Exposición del señor Representante Orrico

12.- Posibilidad de que los extranjeros compren mercaderías en los "free shops" utilizando tarjetas de crédito nacionales.

— Exposición del señor Representante Araújo

CUESTIONES DE ORDEN

25.- Integración de Comisiones

13, 30 y 33.- Integración de la Cámara

26 y 32.- Intermedio

35.- Levantamiento de la sesión

13, 30 y 33.- Licencias

23.- Prórroga del término de la sesión

15, 17 y 19.- Urgencias

VARIAS

21.- Cuestión política planteada por la señora Representante Tourné.

— Se vota afirmativamente.

— Manifestaciones de varios señores Representantes

ORDEN DEL DÍA

14.- Aplazamiento del asunto que figura en primer término del orden del día

16.- Violencia doméstica. (Se dictan normas relativas a su prevención, detección temprana y asistencia de sus víctimas). (Modificaciones de la Cámara de Senadores).

(Ver 66ª sesión de 2001)

Nuevos antecedentes: Anexo II al Rep. Nº 27, de junio de 2002. Carp. Nº 3358 de 1999. Comisión de Derechos Humanos, integrada con la Especial de género y equidad.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

18.- Reconocimiento de servicios prestados por trabajadores de la actividad privada que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. (Prórroga de los plazos establecidos por los artículos 14 y 16 de la Ley Nº 17.449).

(Ver 24ª sesión)

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

20.- Escritos del sacerdote Luis Pérez Aguirre relacionados con la condición de la mujer. (Se encomienda a la Comisión Especial de género y equidad su recopilación y publicación).

Antecedentes: Rep. Nº 548, de mayo de 2001, y Anexo I, de mayo de 2002. Carp. Nº 1137 de 2001. Comisión Especial de género y equidad.

— Se aprueba un proyecto de resolución

— Texto del proyecto aprobado

22, 24, 29, 31 y 34.- Productores agropecuarios, deudores, codeudores, garantes en general o avalistas. (Convocatoria a una audiencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 357 del Código General del Proceso en los juicios ejecutivos generados por deudas).

Antecedentes: Rep. Nº 943, de mayo de 2002, y Anexo I, de junio de 2002. Carp. Nº 2118 de 2002. Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

— Se pasa a la discusión particular.

— Queda desechado el proyecto

1.-    Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Ricardo Berois Quinteros, Ruben Bertín, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Luis Elisburu, Silver Estévez, Ángel Fachinetti, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Schubert Gambetta, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Arturo Lamancha, Félix Laviña (2), Ramón Legnani, Guido Machado, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Basilio Morales, Ruben Obispo, Andrés Oribe, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Iván Posada, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli (1), Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Julio C. Silveira, Carlos Testoni, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel y Walter Vener Carboni.

Con licencia: José Amorín Batlle, Roque E. Arregui, Nahum Bergstein, Daniel Bianchi, Julio Lara, Óscar Magurno, Adolfo Pedro Sande y Gustavo Silveira.

Falta con aviso: Yeanneth Puñales Brun.

Observaciones:

(1) A la hora 21: 26 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Ángel Fachinetti.

(2) A la hora 23: 12 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Silver Estévez.

2.-    Asuntos entrados.

"Pliego Nº 149

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Defensa Nacional se expide sobre el proyecto de ley por el que se establece el límite de edad para el pase a situación de retiro obligatorio del Personal Superior y Subalterno perteneciente al Escalafón K del Inciso 03, "Ministerio de Defensa Nacional". C/2058/002

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se expide sobre el proyecto de ley por el que se suspende la ejecución de providencias que dispongan remates judiciales o extrajudiciales, por deudas contraídas por productores agropecuarios, sus codeudores, garantes o avalistas. C/2118/002

-     Se repartieron con fecha 13 de junio

La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000. C/891/000

-     Se repartirá

COMUNICACIONES GENERALES

El Secretario General de la Unión Interparlamentaria remite invitación para participar en la 171ª Sesión Extraordinaria del Consejo de la referida Unión y las Reuniones Conexas, a celebrarse en Ginebra, Confederación Helvética, desde el día 25 hasta el 27 de setiembre de 2002. C/11/000

-     A la Comisión de Asuntos Internacionales

La Junta Departamental de Rivera remite los siguientes asuntos:

-     A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

-     A la Comisión de Derechos Humanos

La Junta Departamental de Paysandú remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, referente a la situación de los profesores interinos, provisionales o precarios de Educación Secundaria. C/74/000

-     A la Comisión de Educación y Cultura

La Junta Departamental de Durazno remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, sobre la situación de la Cooperativa de Empleados de la Empresa Nossar. C/9/000

-     A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas

La Junta Departamental de Soriano remite nota relacionada con la posibilidad de que la zona urbana y suburbana de la localidad de Agraciada pase a formar parte del departamento de Soriano. C/235/000

-     A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Junta Departamental de Maldonado remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se regula la actividad de los corredores inmobiliarios. C/327/000

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones contesta el pedido de informes del señor Representante Víctor Rossi, acerca de la presunta venta del paquete accionario de la sociedad anónima que ejerce la concesión del servicio de televisión para abonados en la ciudad de Montevideo, a un consorcio extranjero. C/1481/001

-     A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio del Interior contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Ramón Legnani, relacionada con la posibilidad de suplantar los eucaliptos plantados en el tramo de la Ruta Nacional Nº 11 comprendido entre las ciudades de Santa Lucía y Canelones. C/27/000

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la venta de los predios conocidos como "Esteros de Farrapo", en el departamento de Río Negro. C/2241/002

El señor Representante Darío Pérez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionado con la transformación de varias dependencias del referido Banco en el interior del país en la modalidad conocida como "MINI – BROU". C/2242/002

-     Se cursaron con fecha 13 de junio

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-     Se cursaron con fecha 17 de junio

PROYECTOS PRESENTADOS

Los señores Representantes Guzmán Acosta y Lara y Nelson Bosch Soca presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Paso del Rey" el Cuartel de Sarandí del Yi, en el departamento de Durazno. C/2245/002

-     A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

3.-    Proyectos presentados.

"PASO DEL REY. (Designación al Cuartel de Sarandí del Yi en el departamento de Durazno).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Declárase con el nombre "Paso del Rey" al cuartel histórico de Sarandí del Yi, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, padrón 2035 de la localidad catastral del departamento de Durazno, sito en el kilómetro 210 de la Ruta Nacional Nº 6, a cinco kilómetros de la ciudad de Sarandí del Yi, departamento de Durazno.

Montevideo, 17 de junio de 2002.

GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Representante por Durazno, NELSON BOSCH, Representante por Durazno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cuartel militar de la ciudad de Sarandí del Yi, en el departamento de Durazno, fue declarado el 13 de setiembre de 2001, Monumento Histórico Nacional por Resolución del Poder Ejecutivo.

En 1770, bajo el dominio español, las autoridades militares de la época deciden establecer una Guardia Militar en el denominado "Paso del Rey" sobre los ríos Yi y Negro.

Esta constituía una ubicación estratégica ya que permitía un amplio control de una vasta zona, que establecía la conexión entre Montevideo y la región noreste hasta la guardia de Cerro Largo, pudiendo así contar con un fuerte control de la faena y comercialización clandestina de la ganadería.

El denominado "Paso del Rey" pasó entonces a ser un punto de suma importancia para los españoles, por lo que este paraje y su denominación están íntimamente ligados con nuestra historia nacional, con el proceso fundacional de la ciudad de Sarandí del Yi y con las sucesivas presencias de efectivos militares en el citado "Paso del Rey".

El 22 de diciembre de 1755, el Ejército español comandado por el Teniente General José de Andonaegui, Gobernador General de las Provincias del Río de la Plata y don José Joaquín de Viana, Gobernador de Montevideo, en marcha a la guerra guaraní, al sortear el Paso Real sobre el río Yi, acampan en el este del departamento a orillas del mismo; fue la primera vez que un ejército regular pasaba por nuestra campaña.

Diversos pasajes de nuestra historia están relacionados y se desarrollaron en dicho paraje.

En junio de 1825, sobre el Paso del Rey, se estaciona un cuerpo militar al mando de Ignacio Oribe con ciento ochenta hombres en misión de observación de la frontera de Cerro Largo y Yaguarón.

En julio de 1861, una nueva ley cambia la primera ubicación del pueblo Sarandí, de fecha 6 de julio de 1853 entre los arroyos Sarandí y Las Cañas, sobre el río Negro, ubicándolo ahora entre los arroyos Molles y Malbajar en el Paso del Rey, sobre el río Yi, sitio este que a la postre será el definitivo. El 23 de octubre de 1876, la Junta Económico Administrativa de Durazno, determina que "en vista del incremento que ha tomado el pueblo del Sarandí situado en el Paso del Rey, resuelve nombrar una Comisión Auxiliar".

A comienzos del siglo XX, el 13 de junio de 1906, el Presidente don José Batlle y Ordóñez, por la Ley Nº 3.041, se eleva a categoría de ciudad la villa de San Pedro del Durazno y a villa el pueblo Sarandí del Yi en el Paso del Rey. El año siguiente comienza a funcionar el Cuartel Militar, con una guardia que pertenecía a diferentes unidades de la Región Militar Nº 2.

En 1939, tras la denominada "Batalla del Río de la Plata", el Cuartel recibe noventa y seis tripulantes del acorazado alemán "Admiral Graf Spee" y del mercante auxiliar "Tacoma", en el que permanecerán hasta 1944.

Muchos son los acontecimientos históricos relevantes que han ocurrido en el paraje "Paso del Rey", donde se encuentra ubicado este monumento histórico y patrimonio nacional, es por ello que la intención de este proyecto de ley es perpetuar la denominación del paraje que se conoce así desde antes que nuestro país naciera a la vida como Estado y nación independientes, en este cuartel histórico.

Montevideo, 17 de junio de 2002.

GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Representante por Durazno, NELSON BOSCH, Representante por Durazno".

4.-    Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 27)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Felipe Michelini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior; a Amnistía Internacional – Sección Uruguay; al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay; al Instituto de Solidaridad y Desarrollo; al Servicio Ecuménico por la Dignidad Humana; al Arzobispado de Montevideo; al Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico; a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata; a la Asociación Cristiana de Jóvenes; a la Iglesia Evangélica Valdense y a la Iglesia Anglicana del Uruguay, sobre la conmemoración del Día Mundial del Refugiado el día 20 de junio de 2002. C/27/000

El señor Representante Darío Pérez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, relacionado con el cierre de las oficinas del citado Ente en las ciudades de Aiguá y Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. C/27/000"

——Se votarán oportunamente.

5.-     Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión especial realizada el 13 de junio de 2002:

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Fernando Araújo, Carlos Baráibar, José Bayardi, Ruben Carminatti, Daniel Díaz Maynard, Luis José Gallo Imperiale, Orlando Gil Solares, Gustavo Guarino, Arturo Heber Füllgraff, Luis A. Lacalle Pou, José Homero Mello, Francisco Ortiz, Darío Pérez, María Alejandra Rivero Saralegui, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Alberto Scavarelli, Raúl Sendic y Wilmer Trivel.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Jueves 13 de junio

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Gustavo Borsari Brenna.

TURISMO

Con aviso: Yeanneth Puñales Brun.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN integrada con la de INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA y la de HACIENDA

Con aviso: Alberto Perdomo, Carlos Baráibar, Daniel Díaz Maynard, Daniel García Pintos, Fernando Araújo Abimorad, José Homero Mello y Silvana Charlone.

Lunes 17 de junio

ESPECIAL CON EL COMETIDO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD

Con aviso: Óscar Magurno".

6.-    Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veinticuatro en veintiséis: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Felipe Michelini al Ministerio del Interior; a Amnistía Internacional – Sección Uruguay; al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay; al Instituto de Solidaridad y Desarrollo; al Servicio Ecuménico por la Dignidad Humana; al Arzobispado de Montevideo; al Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico; a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata; a la Asociación Cristiana de Jóvenes; a la Iglesia Evangélica Valdense y a la Iglesia Anglicana del Uruguay, sobre la conmemoración del Día Mundial del Refugiado el día 20 de junio de 2002.

"Montevideo, 18 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior; al Servicio Ecuménico por la Dignidad Humana (SEDHU), y a las organizaciones que lo integran: la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, el Arzobispado de Montevideo, la Iglesia Evangélica Valdense, la Iglesia Anglicana del Uruguay, el Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico (CIPFE) y la Asociación Cristiana de Jóvenes; a Amnistía Internacional-Uruguay; al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), y al Instituto de Solidaridad y Desarrollo (ISODE). El próximo jueves 20 de junio se conmemorará internacionalmente el Día Mundial del Refugiado, -situación que afecta a 12.100.000 personas, principalmente de países del tercer mundo y en particular del continente africano-, de acuerdo a las cifras que brinda la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se ocupa del problema: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El próximo 20 de junio, será una oportunidad para reafirmar universalmente los valores que sustentan la atención y protección a los refugiados, principalmente, la solidaridad con los pueblos y con las personas que sufren el desarraigo, la separación familiar, la soledad, la discriminación en sus países de refugio, así como para hacerles llegar apoyo y respeto y reflexionar en planes posibles de asistencia específica. ACNUR define a los refugiados como personas que están fuera de su país, a los que no pueden regresar, debido a un temor fundado de persecución por su raza, su religión, su opinión política o su membresía a un grupo social particular. Aunque se ha ampliado esta concepción posteriormente, incluyendo a las personas que huyen de la guerra o de conflictos internos civiles. En nuestro país, la organización SEDHU en coordinación con la representación regional de ACNUR en la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, recibe, analiza, atiende y tramita las solicitudes de refugio, así como los principales reclamos que tienen los refugiados en nuestro país. De acuerdo a los datos que aporta esa organización, en Uruguay están radicados aproximadamente 100 refugiados, de diferentes nacionalidades: colombianos, peruanos, cubanos y ciudadanos de distintos países de África. Algunos han ingresado con sus familias, otros han formado familia en Uruguay y tienen hijos nacidos acá. Se sienten integrados y reciben diferentes niveles de aceptación por parte de los uruguayos. Sin embargo, viven situaciones de discriminación, así como de nostalgia por sus pérdidas y por lo dejado en el país de origen. Esto nos debe mover a la búsqueda de soluciones legislativas que reconozcan la existencia de derechos para los refugiados. En ese sentido, se identifica la necesidad de que los derechos consagrados en los principales instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos sean reglamentados por leyes específicas que aseguren debidamente el goce de los mismos. En particular, es el caso de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que si bien ha sido ratificado por nuestro país por la Ley Nº 13.777, de 17 de octubre de 1969, carece aún de un texto legislativo que la instrumente. Por ello, en el Día Mundial del Refugiado, unimos a este homenaje al espíritu de superación de los refugiados de todo el mundo, a la vez que los acompañamos en el sufrimiento que ellos soportan. Busquemos juntos la forma de hacerles de este país, también su casa. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo".

2) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, relacionado con el cierre de las oficinas del citado Ente en las ciudades de Aiguá y Pan de Azúcar, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 18 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS). A través de las fuerzas vivas de la ciudad de Pan de Azúcar, del departamento de Maldonado, nos enteramos de que, al igual que en la ciudad de Aiguá, sería cerrada la oficina del BPS que funcionan en esa zona. En esa oficina se atienden, aproximadamente, 500 empresas del ramo industria y comercio, 300 empresas rurales y 1.800 pasivos, 750 de los cuales lo hacen en ruta de pago: Canteras de Burgueño, km. 110, Gregorio Aznárez y Dos Puentes, Mataojo, inclusive, Capilla Sella y Piedras de Afilar. Desde ya descontamos que el local situado en la ciudad de Piriápolis, del departamento de Maldonado, no alcanzará para dar cabida al sistema y al personal existente en la ciudad de Pan de Azúcar. Nos asombra una medida de tal magnitud que crearía inconveniente a tantos usuarios del BPS filial Pan de Azúcar, tales como: comerciantes, productores rurales, jubilados, así como a trámites y a gestiones para los que muchos gastarán, de sus ya alicaídos bolsillos, en transporte y demás. Repudiamos el cierre de las oficinas del BPS de Aiguá y de Pan de Azúcar por inconvenientes, no entendiendo el supuesto ahorro que se pretende realizar mientras se pagan millones de dólares a privados por comisiones para el pago de los haberes jubilatorios. Esperamos una pronta rectificación del tremendo error que perjudica altamente a la población. Sin más, nos despedimos del señor Presidente muy atentamente. DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado".

MEDIA HORA PREVIA

7.-    Seguridad en los locales nocturnos de esparcimiento en Montevideo y en la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones.

Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: hoy queremos referir a un tema que, por lo menos en lo personal y también en algunos sectores importantes de la ciudadanía, preocupa bastante. Se trata del asunto de la seguridad en los locales nocturnos de esparcimiento en la ciudad de Montevideo y, en algunos casos, también en la Ciudad de la Costa.

Es claro y notorio que los propietarios de muchos de esos locales han contratado a personas que se encargan de conservar el orden y de mantener su seguridad. Como se sabe, hace pocos días ocurrió un hecho bastante dramático: el hijo de una muy conocida personalidad de nuestro Carnaval sufrió una dificultad que hoy, prácticamente, lo mantiene entre la vida y la muerte. En consecuencia, hemos pensado que, al margen de alguna norma reglamentaria que se ha aprobado en su oportunidad, ha llegado el momento de buscar soluciones de fondo, creando un grupo de trabajo en el que puedan participar los propios titulares de los locales nocturnos, la Policía y el Poder Judicial.

En primer lugar, no creemos que esto deba ser materia de ley, pero sí entendemos que debe ser materia de análisis a efectos de encontrar mecanismos operativos que permitan que las personas que cumplen esa labor en los locales nocturnos estén para preservar el orden y no, como muchas veces sucede, para crear dificultades y problemas a parroquianos que concurren a esos locales. Por lo pronto, parece claro que quien contrata a una persona para cumplir esa función, es decir, el propietario del local nocturno, debe tener cierta responsabilidad sobre las acciones que lleven a cabo.

En segundo término, también parece claro que lo que esas personas pueden hacer en el interior de los locales es retirar a quienes no actúen o no se comporten correctamente. Sin embargo, no puede ocurrir que después de haber retirado a un parroquiano, este aparezca sistemáticamente agredido en la zona donde se desarrolla esa actividad comercial.

En tercer lugar, creo que a esta altura parece bastante posible desde el punto de vista operativo, en tanto esos locales se encuentran concentrados en una zona de Montevideo y desarrollan su actividad solo dos días a la semana, que la Jefatura de Policía de Montevideo tenga una o dos unidades con un personal medianamente especializado para atender estas situaciones; quizás sea posible tener una o dos unidades de patrullaje los viernes y los sábados, y si bien estarían dedicadas también a otras funciones, podrían recibir llamadas directas de los propietarios de los locales en los cuales se ha producido mayor cantidad de incidentes. Decimos esto a efectos de coordinar la actividad y de que cuando el dueño de un local de ese tipo tenga un problema con un parroquiano designe a alguien de su personal de seguridad para que lo retire del establecimiento, avisando a la Policía de esta circunstancia para que esta pueda estar en la vereda o en la calle observando el comportamiento de esa persona luego de que ha sido dejada en la vía pública. Y si hay que tomar medidas, que se tomen; en caso de que no sea necesario, se permitirá que esa persona regrese a su casa o se dirija a donde le plazca.

Fundamentalmente a efectos de preservar la integridad y de asegurar que estos cometidos se cumplan de buena forma, entiendo que es necesario coordinar esfuerzos, reitero, entre la Jefatura de Policía, el Poder Judicial y los propios dueños de estos establecimientos. Hacemos un llamado de atención porque, en definitiva, una persona está a punto de perder la vida; ha habido incidentes y todos sabemos que se han denunciado muchos. Además, no olvidemos que en la noche montevideana -tal como lamentablemente ha sucedido en las noches de todas las ciudades- las cosas han cambiado desde la época en que éramos jóvenes. Es decir que hay otros ingredientes que crean mayores dificultades -que todos sabemos cómo son- y frente a esta realidad creemos que hay que buscar las mejores soluciones.

Queríamos aprovechar la media hora previa para plantear este tipo de inquietudes.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio del Interior y a la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

8.-    Implementación de programas de desarrollo departamentales y regionales.

Tiene la palabra el señor Diputado Obispo.

SEÑOR OBISPO.- Señor Presidente: durante mucho tiempo se ha hablado en este país del tema de la descentralización. Hay quienes atribuyen algunos de los males, de nuestros problemas, a que no se han aplicado políticas descentralizadoras. Para nuestra fuerza política, las políticas descentralizadoras deben acompañarse de la creación de polos de desarrollo, de políticas de desarrollo regional y de una participación activa de los Gobiernos Departamentales.

La Constitución vigente incorporó normas de gran significación sobre políticas de descentralización. Por ejemplo, en virtud del artículo 50, "[...] el Estado impulsará políticas de descentralización, de modo de promover el desarrollo regional y el bienestar general"; por el artículo 230, "La Oficina de Planeamiento y Presupuesto asistirá al poder Ejecutivo en la [...] planificación de las políticas de descentralización que serán ejecutadas: A) Por el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados [...]" y por los Gobiernos Departamentales, funcionando una Comisión Sectorial; por los artículos 214 y 297, se determina que esta Comisión asesorará sobre el porcentaje del total de recursos que corresponderá en el Presupuesto Nacional a los Gobiernos Departamentales y se establece esa cuota como una de las fuentes de recursos de estos; y en virtud del artículo 298, se prevé destinar al desarrollo del interior del país una alícuota de los tributos recaudados fuera del departamento de Montevideo y la exoneración temporaria de tributos nacionales a las empresas que se instalaren allí.

Como se ve, dentro de estos conceptos se destaca la importancia de los Gobiernos Departamentales en la implementación de programas de desarrollo departamentales y regionales. Sabemos que en algunos de estos planes de desarrollo se está tratando de involucrar a la población, a los empresarios y a los trabajadores. Lamentablemente, los recursos que las Intendencias reciben por la norma constitucional y presupuestal no siempre pueden ser aplicados a esos planes de desarrollo.

Los hechos políticos de los últimos días, en los que hemos visto los reclamos o la polémica de los Intendentes a través del Congreso de Intendentes -organismo que también fue establecido en la norma constitucional- con el señor Ministro de Economía y Finanzas y la propia intervención del señor Presidente de la República, nos muestran una situación que, desde nuestro punto de vista, no es la que conceptualmente se aprobó en la reforma constitucional del 8 de diciembre de 1996.

Si bien reconocemos las dificultades económicas por las que atraviesa el país, desde nuestra modesta opinión seguimos pensando que la recuperación del Uruguay ha de venir a través del desarrollo de los departamentos y de las regiones y por la participación de los Gobiernos Departamentales.

La profundización democrática también tiene que ver con el protagonismo de los Gobiernos locales y departamentales, pero para ello se necesitan los recursos establecidos en la Constitución de la República, que deberían llegar en tiempo y forma para que estos proyectos se puedan ir desarrollando y cumpliendo.

Por lo tanto, esperamos que, superada la actual coyuntura, se destine al desarrollo del país lo establecido en el artículo 50 de la Constitución de la República. Oportunamente, nos interesaremos en conocer los proyectos que se están impulsando a través de las Comisiones Sectoriales establecidas en el artículo 230.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a todas las Intendencias y Juntas Departamentales del país.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

9.-    Fallecimiento de la profesora Laura Escalante.

Tiene la palabra el señor Diputado Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: el pasado 7 de junio falleció en Montevideo, a la edad de noventa y cuatro años, Laura Escalante, directora de teatro, docente y personalidad de la cultura de amplia relevancia durante la proficua y extensa actividad desarrollada a través de su vida.

Laura Escalante nació en Montevideo el 24 de agosto de 1906, en plena Ciudad Vieja, en el seno de una familia numerosa de acendrada afición al teatro. Recién a los treinta y ocho años y por iniciativa de la pintora Amalia Nieto, su amiga de toda la vida, se inició en la dirección teatral, que ejerció durante más de cuarenta años al frente de prácticamente todos los elencos nacionales, tanto en la Comedia Nacional como en otros, profesionales e independientes.

Hasta el momento de su primera dirección, y aun muchos años después de ella, fue preocupación fundamental de Laura Escalante, como docente de Literatura que era, la vinculación del teatro con la educación. A esos efectos, en 1950 viajó a París becada por el Gobierno francés y entre 1966 y 1967 a Estados Unidos, Inglaterra y Suecia. Como consecuencia de todo ello, escribió cartas, notas, redactó informes, colaboró en la elaboración de proyectos, participó en mesas redondas y dio conferencias. De esa actividad, así como de su labor como directora teatral, ha publicado prolijas y entrañables memorias en las que, entre otras cosas, repasa el casi medio centenar de obras que puso en escena, incluyendo labores radiales y televisivas.

Entre las distinciones recibidas por Laura Escalante se cuenta el premio trienal "Cyro Scosería", que la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay le otorgó en 1984 en ocasión de la entrega anual de los premios "Florencio", por su larga y fecunda contribución a la elevación del teatro nacional.

Repasando la cronología de sus títulos, podemos decir que comenzó en 1945 con "Entremés del mancebo que casó con mujer brava", obra presentada por los alumnos del curso nocturno de la Escuela Nº 31 Brasil y finalizó en 1986 con "El divino narciso", de Sor Juana Inés de la Cruz, presentada en el Teatro Solís.

Una visión panorámica de los casi cuarenta títulos dirigidos por Laura Escalante en otros tantos años de carrera, ofrece un abanico que se abre con un entusiasta criterio docente que combina su experiencia en las aulas con su madurez personal.

A poco de andar, su trabajo llamó la atención de Antonio Larreta, quien en 1948 señaló a propósito de "Dulcinea" su "severo criterio directivo". Luego, transformada en ardorosa defensora del teatro independiente, encontró en él una forma de ejercitar aquel sentido docente para el que estaba especialmente dotada, trabajando con actores a menudo sin experiencia a los que, partiendo de cero, debía enseñarles lo más elemental, como caminar, hablar o moverse.

En ocasión de su deceso, el semanario "Brecha", en una crónica del pasado viernes a cargo de Alfredo Goldstein, señaló: "Fue una de las directoras más influyentes en el teatro uruguayo, tanto en el independiente como el oficial. Una mujer de enorme cultura, apegada a los grandes textos y muy rigurosa en sus trabajos. Pero también una exquisita persona, de esas que difícilmente se olvidan".

El diario "El País" publicó también una nota en ocasión de su deceso bajo el sintomático título de "El teatro uruguayo está de duelo" y en una crónica de Gustavo Adolfo Ruegger habla de la "figura legendaria del escenario nacional". Luego dice: "Escalante fue una figura imprescindible de la cultura nacional. Una carrera de más de medio siglo avala esta tesitura".

En su crónica, Gustavo Adolfo Ruegger continúa diciendo: " [...] Laura Escalante, una mujer que como directora cubrió con su talento cinco décadas del teatro nacional. Tenía noventa y cinco años en el momento de su deceso y había abandonado la puesta en escena en 1986, pero seguía siendo punto de referencia por lo que supo aportar a lo largo de su extensa y brillante carrera".

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, a la ANEP, al SODRE, a la Sociedad Uruguaya de Actores, a la Comedia Nacional, a sus familiares -particularmente a Fabio Escalante, a Graciela y a sus hijos, que tuvieron en Laura a un familiar entrañable- y a amigos que la sintieron muy especialmente el pasado sábado cuando la acompañaron hasta su última morada en el Cementerio del Buceo.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

10.-    Solicitud de que la Justicia analice si los escraches configuran una conducta delictiva.

Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: en la jornada de hoy el diario "El País" da noticia de una información que supongo que a todo el Parlamento debiera causar sorpresa. Se informa de la eventual realización de un escrache frente a la Embajada de Israel. Se trata de un grupo de ciudadanos que va a realizar este tipo de actividad por algún motivo poco comprensible hasta la fecha.

Días atrás, legisladores de este Cuerpo parlamentario, de nuestra bancada del Partido Colorado, del Foro Batllista, hemos pasado por la triste vivencia de presenciar en directo un escrache. Y se anuncian nuevos escraches a realizarse a legisladores en los próximos días. Bueno, señor Presidente, nos parece que el tema está tomando una dimensión absolutamente preocupante y creo que todo el Cuerpo parlamentario debe tomar en cuenta lo que está sucediendo en el país. No son circunstancias menores; son actos de violencia moral significativa que algunos ciudadanos tienen que vivir o padecer.

Nos parece que, respetando la natural separación de Poderes que existe en la República, es tiempo de llevar adelante un pormenorizado análisis jurídico de este tipo de situaciones. Aquellos que tienen competencia y jurisdicción en el tema tendrían que reflexionar acerca de si no se están produciendo tipificaciones delictivas, actos con sustancia criminal. Estoy diciendo si no estamos delante de un motín, de asonadas, de atentados contra funcionarios públicos. El señor Presidente de la República fue salivado a la salida de una escuela y yo tengo para mí, como un humilde abogado, que ese tipo de circunstancias encuadran -en mi opinión jurídica personal- en algunas tipologías que recorre la ley.

Entonces, estoy planteando, con el máximo nivel de respeto por la separación de Poderes, que este tema tenga el análisis de mayor responsabilidad en la vida de la República. Eso implica, en mi opinión, que la Suprema Corte de Justicia tome cartas en el asunto y efectúe este análisis al que estoy haciendo referencia; y luego, si lo entiende pertinente, que disponga los mecanismos para que la Justicia actúe cuando tenga que hacerlo.

¡Cuidado!, que hay una línea, un límite que se pasa, y el día en que eso sucede nos encontramos con un Líber Arce en el país, y nadie quiere un Líber Arce en la vida de la República. Hay que actuar preventiva y precautoriamente, no "ex post facto". Cuando pasa ese tipo de circunstancias, después todos nos agarramos la cabeza y decimos: "¡Pucha, si se hubiera hecho lo que se debía hacer!".

Entiendo que estamos en un momento álgido en materia de violencia política, moral y social. Por cierto, explicaciones de todo tipo son posibles, pero me parece que este tipo de análisis que estamos haciendo en la jornada de hoy tiene espacio, es lo que corresponde.

En consecuencia, estoy solicitando que esta inquietud que tiene este legislador pase a la órbita de la Suprema Corte de Justicia, bajo los parámetros de respeto y de separación de Poderes que cabe tener siempre en la vida de los distintos Poderes de la nación, para que se reflexione, se analice, se piense este tema y se dispongan los mecanismos, si es que se entiende necesario actuar. Tantas veces la Justicia actúa de oficio que, en la medida en que se le da visibilidad a este tipo de episodios, no sé si en ellos no debe actuar de oficio. Hemos llegado a lo surrealista de ver que alguna gente, desde la órbita delictiva e ilegal, a través de radios ilegales, convoca a la realización de este tipo de actos. ¡Bueno, bueno, bueno! -tres veces bueno-, me parece que hay límites para todo en la vida de una nación democrática, tolerante y pacífica.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Suprema Corte de Justicia -a todos y cada uno de los señores Ministros, a quienes respetamos muchísimo, y, naturalmente, al señor Presidente Guillot, a quien también respetamos muchísimo- y al señor Fiscal de Corte. Entendemos que lo mínimo es que les llegue este planteo de buena voluntad que estamos haciendo.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

11.-    Incumplimiento en la entrega de recursos para efectuar reparaciones en centros de enseñanza de la ciudad capital del departamento de Treinta y Tres.

Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en el primer trimestre del año 2001 se produjo el remate de la terminal de contenedores, que tuvo amplia difusión por parte de la prensa. En aquel momento se escuchó decir a hombres y a mujeres del Gobierno que lo que allí se recaudara iba a volcarse a establecimientos de enseñanza pública del país.

Siguiendo en esta línea, en octubre de 2001, en el departamento de Treinta y Tres, dirigentes locales afirmaron haber hecho gestiones y, gracias a ellas, haber conseguido para dos centros docentes de la zona sendas contribuciones en dinero a los efectos de realizar algunas reparaciones. Concretamente, se trata de la Escuela Nº 1 de 2º Grado Severo Ramírez -antigua escuela de varones- y del Liceo Departamental Profesor Nilo Goyoaga, ambos de la ciudad de Treinta y Tres. A la primera institución nombrada -a la Escuela Severo Ramírez- se le dijo que se le iba a dar US$ 17.000, y al Liceo Departamental, US$ 10.000. Además, se hizo hincapié en el esfuerzo que habían hecho los dirigentes locales para que esto fuera posible.

El porqué de la necesidad de este dinero por parte de estos centros docentes radica en el lamentable estado en que se encuentran los baños de estas instituciones, indignos para un lugar de estas características. Este Diputado concurrió a la ciudad de Treinta y Tres y estuvo apreciando por sí mismo el estado de los baños de ambos institutos, y se encontró con que realmente parecen más un centro de contaminación que un lugar como el previsto en los planos originales.

En conclusión, esto generó muchos problemas, porque ante el anuncio de que se iban a destinar estos dineros a la Escuela Nº 1 y al Liceo Departamental, evidentemente se creó una gran expectativa en la población de Treinta y Tres y en especial en la vinculada a estos centros docentes. Ya estamos en la mitad del año 2002 y de esta cifra prometida no se les ha entregado un peso ni por asomo. Sería lamentable que terminara este año lectivo y todavía no se hiciera efectivo aquello que con bombos y platillos se prometió.

Uno mi voz desde aquí para que de una vez por todas se entregue a la Escuela Nº 1 de 2º Grado Severo Ramírez, de Treinta y Tres, los US$ 17.000 prometidos y al Liceo Departamental Profesor Nilo Goyoaga, los US$ 10.000 mencionados para el arreglo de los baños, que es una cosa urgente e imprescindible.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Comisión de Edificación del CODICEN, a la Junta Departamental de Treinta y Tres, a la Escuela Nº 1 de 2º Grado Severo Ramírez y al Liceo Departamental Profesor Nilo Goyoaga, de la ciudad de Treinta y Tres.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

12.-    Posibilidad de que los extranjeros compren mercaderías en los "free shops" utilizando tarjetas de crédito nacionales.

Tiene la palabra el señor Diputado Araújo.

SEÑOR ARAÚJO.- Señor Presidente: hemos recibido por parte de la Asociación de Comercios de Free Shops del departamento de Rivera una preocupación referida a la presencia de inspectores de la Dirección General Impositiva.

Dicha gremial sostiene que ha habido una fiscalización de los compradores de mercadería con tarjetas de crédito. Se ha establecido que la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por bancos o por casas financieras de nuestro país en los comercios de "free shop" estaría violando la normativa de los decretos relativos a este tipo de comercios. Nosotros creemos que ello no es así.

Debemos recordar que este sistema fue creado por el Decreto Nº 222/86, que establece un régimen especial de ventas a turistas. Se dispuso que los productos nacionales o extranjeros deben ser vendidos especialmente a turistas extranjeros, que son aquellas personas no residentes en el territorio nacional. En la zona de frontera, por una especial circunstancia y debido a la credibilidad que felizmente ha tenido hasta el presente el sistema financiero uruguayo -los últimos acontecimientos no la han desmerecido-, residentes brasileños depositaron sus ahorros en Uruguay y tienen tarjetas de crédito de nuestro país. Ello ha generado que la Dirección General Impositiva haya criticado tal hecho y considerado que no es correcto que se puedan vender los bienes en esos comercios a aquellas personas que tienen tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras de nuestro país.

Creemos que la explicación es válida: se trata de ciudadanos brasileños residentes en Brasil, quienes han depositado sus ahorros en nuestro país y tienen tarjetas de crédito de entidades financieras de nuestro país. Por lo tanto, es razonable entender que puedan hacer efectivo sus pagos con esas tarjetas de crédito.

Esta es la preocupación que nos han hecho llegar los comerciantes. Creemos que es importante que la Dirección General Impositiva tenga en cuenta esta situación y que no se coarte la libertad que puede tener cualquier turista extranjero de comprar en un comercio de "free shop" con una tarjeta de crédito uruguaya, máxime en una situación tan difícil como la que están pasando nuestros comercios y especialmente los de frontera.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General Impositiva, a la Dirección Nacional de Aduanas y a las Juntas Departamentales de Rocha y de Rivera.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.-    Licencias.


           Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencias:

Del señor Representante José Amorín, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 y 20 de junio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Andrés Oribe.

Del señor Representante Roque Arregui, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 18 de junio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Luis Omar Elisburu.

Del señor Representante Pablo Mieres, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 27 de junio y 2 de julio de 2002, para participar de la Conferencia y Taller de Trabajo de Comparative National Elections Project, a realizarse en la ciudad de Mannheim, República de Alemania y en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para asistir a la Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 3 y 5 de julio de 2002, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Mariella Demarco.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Arturo Heber Füllgraff, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante la solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca, por el día 18 de junio de 2002, al suplente siguiente, señor Ademar Hernández.

Del señor Representante Daniel Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 y 19 de junio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Ruben Bertín.

Del señor Representante Adolfo Pedro Sande, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 y 19 de junio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Arturo Lamancha.

Del señor Representante Walter Vener, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para asistir a la X Reunión de la Comisión de Asuntos de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la República de Nicaragua, por el período comprendido entre los días 1º y 8 de julio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Mario de Pazos.

Del señor Representante Óscar Magurno, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 18 de junio de 2002, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Testoni.

Del señor Representante Enrique Pintado, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 26 y 27 de junio de 2002, convocándose a la suplente siguiente, señora María Eloísa Moreira".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo desde los días 18 al 20 de junio.

Saluda a usted muy atentamente.

JOSÉ AMORÍN BATLLE
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado José Amorín, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria durante los días 18 al 20 de junio del corriente.

Saluda a usted muy atentamente.

Eduardo Alpuin".

"Montevideo, 18 junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por el Diputado José Amorín.

Pedro Pérez Stewart".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, José Amorín.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 20 de junio de 2002.

II) Que, por esta vez, no aceptan las convocatorias de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Luis Eduardo Alpuin y Pedro Pérez Stewart.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 18 y 20 de junio de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, José Amorín.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes, señores Luis Eduardo Alpuin y Pedro Pérez Stewart.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Andrés Oribe.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 16 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Solicito se me conceda licencia por el día martes 18 de junio de 2002 por asuntos particulares, convocándose al suplente respectivo.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente.

ROQUE ARREGUI
Representante por Soriano".

"Mercedes, 16 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Comunico a usted en mi carácter de suplente del diputado Roque Arregui, que ante la convocatoria que se me formula para asumir el cargo, por esta única vez no acepto asumir dicho cargo, motivo por el cual solicito se convoque a quien corresponda.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Hugo Elbio Cuadrado Fernández".

"Mercedes, 16 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Comunico a usted en mi carácter de suplenta del diputado Roque Arregui, que ante la convocatoria que se me formula para asumir el cargo, por esta única vez no acepto asumir dicho cargo, motivo por el cual solicito se convoque a quien corresponda.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Alicia María Iris Ohaco García".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 18 de junio de 2002.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que son objeto los suplentes correspondientes siguientes, señor Hugo E. Cuadrado y señora Alicia M. Ohaco.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 18 de junio de 2002, al señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui.

2) Acéptanse las negativas, que por esta vez han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señor Hugo E. Cuadrado y señora Alicia M. Ohaco.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 18 de junio de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Luis Omar Elisburu.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez

Presente

De mi mayor consideración:

Por este intermedio, de acuerdo al literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito licencia por ausentarme del país en virtud de obligaciones notorias inherentes al cargo, para participar de la Conferencia y Taller de Trabajo del Comparative National Elections Project a realizarse en la ciudad de Mannheim, Alemania, por los días 27 de junio al 2 de julio del presente año y, de acuerdo al literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465 en misión oficial para participar de la Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 3 al 5 de julio del presente año.

Sin otro particular, saluda atentamente.

PABLO MIERES
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Las solicitudes de licencia para viajar al exterior del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Mieres, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar de la Conferencia y Taller de Trabajo de Comparative National Elections Project, a realizarse en la ciudad de Mannheim, República de Alemania y en misión oficial para asistir a la Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los períodos comprendidos entre los días 27 de junio y 2 de julio de 2002, y entre los días 3 y 5 de julio de 2002 para asistir a los referidos eventos.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en los literales C) y B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Mieres, por el período comprendido entre los días 27 de junio y 2 de julio de 2002, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar de la Conferencia y Taller de Trabajo de Comparative National Elections Project a realizarse en la ciudad de Mannheim, República de Alemania y por el período comprendido entre los días 3 y 5 de julio de 2002, en misión oficial para asistir a la Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Convóquese por Secretaría, para integrar la referida representación por los mencionados lapsos, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000 del Lema Partido del Nuevo Espacio, señora Mariella Demarco.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"CORTE ELECTORAL

Montevideo, 13 de junio de 2002.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES,
DIPUTADO DON GUILLERMO ÁLVAREZ.
1154/2001
272/9

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Florida señor Arturo Heber Füllgraff electo por la hoja de votación Nº 4662 del lema Partido Nacional, ha solicitado licencia por el día 18 del corriente de 2002 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al quinto candidato Sr. Arturo Echeverría y suplentes a los Sres. Oribe Barboza, Dr. Carlos Arrillaga y Dr. Ademar Hernández. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Arturo Heber Füllgraff y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465 de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

CARLOS A. URRUTY
Presidente

ANTONIO MORELL
Secretario Letrado"

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Don Guillermo Álvarez

Presente

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted para comunicarle que renuncio, en forma definitiva, a la suplencia del Diputado Arturo Heber Füllgraff.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida.

Arturo Echeverría".

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Don Guillermo Álvarez

Presente

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted para comunicarle que renuncio, en forma definitiva, a la suplencia del Diputado Arturo Heber Füllgraff.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida.

Oribe Barboza".

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Don Guillermo Álvarez

Presente

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted para comunicarle que renuncio, en forma definitiva, a la suplencia del Diputado Arturo Heber Füllgraff.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida.

Carlos Arrillaga".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Florida, Arturo Heber Füllgraff, por el día 18 de junio de 2002.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes se solicitó a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

II) Que la Corte Electoral ha proclamado, por oficio Nº 1154/2002, de fecha 13 de junio de 2002, a los señores Arturo Echeverría, Oribe Barboza, Carlos Arrillaga y Ademar Hernández.

III) Que, los suplentes correspondientes siguientes, señores Arturo Echeverría, Oribe Barboza y Carlos Arrillaga renuncian en forma definitiva a ocupar la banca.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptanse las renuncias, que en forma definitiva, han presentado los suplentes correspondientes siguientes señores Arturo Echeverría, Oribe Barboza y Carlos Arrillaga.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 18 de junio de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 4662, del Lema Partido Nacional, señor Ademar Hernández.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo los días 18 y 19 del corriente. Saluda a usted muy atentamente.

DANIEL BIANCHI
Representante por Colonia".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 19 de junio de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 18 y 19 de junio de 2002, al señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Ruben Bertín.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por los días 18 y 19 del corriente mes inclusive, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

ADOLFO PEDRO SANDE
Representante por Canelones".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Pedro Sande.

Sin más, saluda atentamente.

Orestes Numa Santos".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de informarle que, por esta única vez, no acepto la convocatoria de la que he sido objeto por licencia del Diputado Adolfo Pedro Sande.

Sin otro particular, saludo a Ud. atte.,

Eliseo Marandino".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Adolfo Pedro Sande.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 19 de junio de 2002.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Oreste Numa Santos y Eliseo Marandino.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 18 y 19 de junio de 2002, al señor Representante por el departamento de Canelones, señor Adolfo Pedro Sande.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señores Oreste Numa Santos y Eliseo Marandino.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Arturo Lamancha.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, artículo único, literal B), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia del 1º de julio al 8 de julio inclusive, a los efectos de asistir a la X Reunión de la Comisión de Asuntos de Pueblos Indígenas y Etnias, la cual integro, a realizarse en Nicaragua del 3 al 5 de julio.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

WALTER VENER CARBONI
Representante por Soriano".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Soriano, Walter Vener, para asistir a la reunión de la Comisión de Asuntos de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la República de Nicaragua.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 1º y 8 de julio de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Soriano, Walter Vener, por el período comprendido entre los días 1º y 8 de julio de 2002, para asistir a la reunión de la Comisión de Asuntos de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la República de Nicaragua.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1540 del Lema Partido Colorado, señor Mario de Pazos.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día 18 de junio del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

ÓSCAR MAGURNO
Representante por Montevideo".

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Gustavo Osta".

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Hugo Granucci".

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Raúl Germán Rodríguez".

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Luis Spósito".

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Juan Ángel Vázquez".

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Palmira Zuluaga".

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Ruben Zambella".

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Alfredo Menini".

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Eduardo A. Scasso".

"Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Augusto Montesdeoca".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Óscar Magurno.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 18 de junio de 2002.

II) Que el suplente siguiente, Miguel Dicancro integra la Cámara hasta el día 28 de junio de 2002 y los suplentes siguientes, señores Gustavo Osta, Hugo Granucci, Raúl Germán Rodríguez, Luis Spósito, Juan Ángel Vázquez, señora Palmira Zuluaga, señores Ruben Zambella, Alfredo Menini, Eduardo Scasso, y Augusto Montesdeoca Suárez, no aceptan por esta vez la convocatoria de que han sido objeto.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 18 de junio de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Óscar Magurno.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez han presentado los suplentes siguientes señores Gustavo Osta, Hugo Granucci, Raúl Germán Rodríguez, Luis Spósito, Juan Ángel Vázquez, señora Palmira Zuluaga, señores Ruben Zambella, Alfredo Menini, Eduardo Scasso y Augusto Montesdeoca Suárez.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 18 de junio de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000, del Lema Partido Colorado, señor Carlos Testoni.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración.

Por la presente solicito licencia por motivos personales por los días 26 y 27 de los corrientes, convocando a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular lo saludo a Ud. atentamente,

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Enrique Pintado, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente,

Jorge Iribarnegaray".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido ente los días 26 y 27 de junio de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Iribarnegaray.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 26 y 27 de junio de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente, señor Jorge Iribarnegaray.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

14.-    Aplazamiento del asunto que figura en primer término del orden del día.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos, si no hay objeciones, corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

15.-    Urgencias.

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por las señoras Diputadas Argimón, Topolanski, Rondán, Barreiro y Tourné y los señores Diputados Posada, Ronald Pais, Berois Quinteros, Chiesa Bordahandy, Trivel y García Pintos.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley caratulado 'Violencia doméstica. (Se dictan normas relativas a su prevención, detección temprana y asistencia de sus víctimas)', enviado recientemente con modificaciones por el Senado de la República".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

16.-    Violencia doméstica. (Se dictan normas relativas a su prevención, detección temprana y asistencia de sus víctimas). (Modificaciones de la Cámara de Senadores).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Violencia Doméstica. (Se dictan normas relativas a su prevención, detección temprana y asistencia de sus víctimas). (Modificaciones de la Cámara de Senadores)".

(NUEVOS ANTECEDENTES:)

Anexo II al
Rep. Nº 27

"TEXTO APROBADO POR LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. (Interés general y orden público).- Decláranse de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana y atención de la violencia doméstica. Las disposiciones de la presente ley son de orden público.

Artículo 2º. (Definición).- Constituye violencia doméstica toda acción u omisión que por cualquier medio menoscabe el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva, de parentesco o de cohabitación.

Artículo 3º. (Tipos).- Son manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito:

A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona.

B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional.

C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual.

D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos.

Artículo 4º. (Interpretación e integración de la norma).- Los principios establecidos en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país integran esta ley, en especial la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará); la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

CAPÍTULO II

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Artículo 5º. (Competencia).- Los Juzgados con competencia en materia de familia, de acuerdo al artículo 69 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella.

Artículo 6º. (Competencia de urgencia).- Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia la tendrán, asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica.

A tal efecto, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Educación y Cultura, a propuesta de la Fiscalía de Corte, determinarán, en su caso, el régimen de turnos para atender, en horas y días hábiles e inhábiles, todos los asuntos que requieran su intervención conforme a esta ley.

Artículo 7º. (Ampliación de la competencia de urgencia).- Los Juzgados de Paz, en el interior de la República, cualquiera sea su categoría, tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente, necesariamente dentro de las cuarenta y ocho horas de dictada la decisión, a cuya resolución se estará.

Artículo 8º. (Ministerio Público y Fiscal).- Toda actuación judicial en materia de violencia doméstica, preceptivamente, será puesta en conocimiento del Fiscal que corresponda, desde el inicio, por cualquier vía idónea. El mismo deberá intervenir en todos los asuntos relativos a las personas e intereses de las víctimas de violencia doméstica, incumbiéndole en ese concepto los deberes que la ley le señale y, expresamente, aquellos que derivan de su condición de protector oficial de las víctimas que esta disposición consagra.

CAPÍTULO III

LEGITIMACIÓN DEL DENUNCIANTE

Artículo 9º. (Legitimación del denunciante).- Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica, podrá dar noticia al Juez competente en la materia, quien deberá adoptar las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 10. (Medidas cautelares).- En toda cuestión de violencia doméstica, además de las medidas previstas en el artículo 316 del Código General del Proceso, el Juez, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.

Artículo 11. (Medidas cautelares específicas).- A esos efectos adoptará, una o más de una de las siguientes medidas u otra idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar:

1) Disponer el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del Alguacil. Asimismo, se labrará inventario judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar, pudiéndose expedir testimonio a solicitud de las partes.

2) Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal, en presencia del Alguacil.

3) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.

4) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.

5) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia de la Sede. Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego oficiándose a la autoridad competente a efectos de la inhabilitación correspondiente.

6) Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima.

7) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación.

8) Asimismo, si correspondiere, resolver provisoriamente todo lo relativo a las pensiones alimenticias de los niños, niñas o adolescentes y, en su caso, lo relativo a la guarda, tenencia y visitas.

En caso de que el Juez no adopte ninguna medida, deberá hacerlo en forma fundada.

Artículo 12. (Supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares).- En todos los casos, el Juez ordenará al Alguacil o a quien entienda conveniente, la supervisión de su cumplimiento y convocará una audiencia, en un plazo no mayor de diez días de adoptada la medida, a los efectos de su evaluación. En caso de no comparecencia, el Juez dispondrá la conducción del agresor.

Si las medidas dispuestas no se cumplen, el Juez ordenará el arresto del agresor por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21.3 y 374.1, 374.2 y 374.4 del Código General del Proceso.

Artículo 13. (Medidas cautelares preliminares).- El requisito temporal establecido en el artículo 311.2 del Código General del Proceso no regirá en los casos en que no sea necesaria la sustanciación de un proceso posterior, dado que la medida adoptada garantizó el derecho cautelado. No obstante, las medidas adoptadas tendrán el alcance y la duración que el Juez disponga, sin perjuicio de la sustanciación de la pretensión, de su modificación o cese.

Artículo 14. (Procedimiento).- El procedimiento para la adopción de las medidas cautelares será el previsto por los artículos 313, 314 y 315 del Código General del Proceso. Siempre que se acredite que un derecho intrínseco al ser humano se vea vulnerado o amenazado, el Juez deberá, de inmediato, decretar las medidas cautelares que correspondan, en forma fundada. De igual manera, procederá cuando la audiencia previa del agresor pueda frustrar el buen fin de la medida.

En los casos en que la medida se haya adoptado sin audiencia del agresor, una vez que éste haya tomado conocimiento de ella en forma completa y concreta, podrá formular oposición, siguiéndose para su sustanciación el procedimiento de los incidentes.

Artículo 15. (Prueba).- En materia probatoria, serán de aplicación las disposiciones del Código General del Proceso, teniendo presente el objetivo y fin de esta ley y las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 16. (Pericia en violencia doméstica).- Una vez adoptadas las medidas cautelares establecidas en el artículo 11 de esta ley, el Tribunal de oficio ordenará realizar un diagnóstico de situación entre los sujetos involucrados. El mismo será elaborado en forma interdisciplinaria y tendrá como objeto determinar los daños físicos o psíquicos sufridos por la víctima, evaluar la situación de peligro o riesgo y el entorno social.

Este diagnóstico deberá estar a disposición del Tribunal al tiempo de celebración de la audiencia fijada en el artículo 12 de esta ley. Si por las características de la situación, se considerase necesaria la adopción de medidas o tratamientos médicos, psicológicos o de otra naturaleza respecto de alguno de los sujetos involucrados, el Tribunal podrá cometer su realización a alguna de las instituciones públicas o privadas idóneas en la materia.

Artículo 17. (Grupo interdisciplinario).- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, la Suprema Corte de Justicia promoverá la formación de peritos en violencia doméstica, con capacidad de trabajo interdisciplinario, que se incorporarán en la órbita del Instituto Técnico Forense.

Artículo 18. (Registro de Peritos especializados en violencia doméstica).- La Suprema Corte de Justicia incorporará esta categoría de profesionales al Registro Único de Peritos. A tal fin, la Universidad de la República establecerá los requisitos a cumplir por los interesados en acreditar su competencia pericial en el área de la violencia doméstica regulada por esta ley. Asimismo, incorporará a este Registro a quienes acrediten idoneidad notoria en la materia, al tiempo de entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 19. (Declaración de la víctima).- En todos los casos el principio orientador será prevenir la victimización secundaria, prohibiéndose el careo entre la víctima y el agresor en el caso de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de la víctima adulta que requiera el careo y se certifique que está en condiciones de realizarlo, éste se podrá llevar a cabo. El Tribunal dispondrá la forma y los medios técnicos para recibir la declaración, haciendo aplicación de los principios de inmediación, concentración y contradicción.

Podrá en su caso, solicitar previamente al equipo interdisciplinario que informe si la víctima se encuentra en condiciones de ser interrogada en ese momento.

Artículo 20. (Especialidad en la valoración de los medios probatorios).- Las situaciones de violencia doméstica deben ser evaluadas desde la perspectiva de la protección integral a la dignidad humana.

Asimismo, se considerará especialmente que los hechos constitutivos de violencia doméstica a probar, constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad del hogar, cuyo conocimiento radica en el núcleo de personas afectadas por los actos de violencia.

CAPÍTULO V

ASISTENCIA LETRADA OBLIGATORIA

Artículo 21. (Asistencia letrada obligatoria).- La Suprema Corte de Justicia deberá garantizar la asistencia letrada obligatoria a la víctima, para lo cual estará facultada a celebrar convenios con entidades públicas o privadas especializadas en la materia.

CAPÍTULO VI

COORDINACIÓN DE ACTUACIONES

Artículo 22. (Coordinación de actuaciones).- Cuando intervenga un Juzgado con competencia en materia penal o un Juzgado con competencia en materia de menores en una situación de violencia doméstica, cualquiera sea la resolución que adopte, deberá remitir, dentro de las cuarenta y ocho horas, testimonio completo de las actuaciones y de la resolución adoptada al Juez con competencia en materia de violencia doméstica.

Asimismo, cuando se haya dispuesto el procesamiento con prisión, deberá comunicar la excarcelación o la concesión de salidas transitorias o cualquier forma de conclusión del proceso al juzgado competente en materia de violencia doméstica, previo a su efectivización. También deberá ponerlo en conocimiento de la víctima en su domicilio real y de su letrado en el domicilio constituido, de la forma que entienda más eficaz para obtener la finalidad de protección perseguida por esta ley.

Del mismo modo, los Juzgados con competencia de urgencia en materia de violencia doméstica, comunicarán los hechos con apariencia delictiva que hayan llegado a su conocimiento, dentro de las veinticuatro horas, al Juzgado Penal de turno.

Igual obligación se dispone para los representantes del Ministerio Público entre sí.

CAPÍTULO VII

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA

Artículo 23. (Acciones del Estado).- El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y fomentar el apoyo integral a la víctima.

Artículo 24. (Rehabilitación y reinserción social del agresor).- La rehabilitación y la reinserción social del agresor, deberán formar parte de una política que procure proteger a todas las personas relacionadas. La asistencia y el tratamiento deberán ser instrumentos de esta política.

Artículo 25. (Unidad de fortalecimiento institucional).- Cométese a la Unidad de Fortalecimiento Institucional del Ministerio Público y Fiscal el seguimiento de los casos a efectos de garantizar el derecho de las víctimas a gozar de una vida libre de violencia y a que se respeten y protejan sus derechos humanos.

Artículo 26. (Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica).- Créase, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que se integrará con:

Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que lo presidirá.

Un representante del Ministerio del Interior.

Un representante del Ministerio de Salud Pública.

Un representante del Instituto Nacional del Menor (INAME).

Un representante del Poder Judicial.

Un representante de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Un representante del Congreso de Intendentes.

Tres representantes de las organizaciones no gubernamentales de lucha contra la violencia doméstica.

Artículo 27. (Integración).- Los representantes de los organismos públicos deberán ser de las más altas jerarquías.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales serán designados por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG).

Artículo 28. (Convocatorias especiales).- El Consejo podrá convocar en consulta a las sesiones a representantes de los Ministerios y organismos públicos, a personas públicas no estatales, de las organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas de lucha contra la violencia doméstica.

Artículo 29. (Competencia).- El Consejo, cuya competencia es nacional, tendrá los siguientes fines:

1. Asesorar al Poder Ejecutivo.

2. Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación.

3. Diseñar y organizar planes de lucha contra la violencia doméstica.

4. Promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de lucha contra la violencia doméstica diseñadas por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.

5. Elaborar un informe anual acerca del cumplimiento de sus cometidos y sobre la situación nacional de violencia doméstica.

6. Ser oído, preceptivamente en la elaboración de los informes que el Estado debe elevar en el marco de las convenciones internacionales vigentes, relacionadas con los temas de violencia doméstica a que refiere esta ley.

7. Opinar, a requerimiento expreso, en la elaboración de los proyectos de ley y programas que tengan relación con la violencia doméstica, en especial en los proyectos de ley de presupuesto y de rendición de cuentas y demás normas.

Artículo 30. (Recursos).- El Ministerio de Educación y Cultura proveerá la infraestructura para las reuniones del Consejo.

Artículo 31. (Atribuciones).- El Consejo podrá crear Comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.

Artículo 32. (Funcionamiento).- El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento dentro del plazo de treinta días a partir de su instalación.

En un plazo no mayor a ciento veinte días de su instalación, el Consejo elaborará el primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, con un enfoque integral, orientado a la prevención, atención y rehabilitación de las personas involucradas, a efectos de lograr el uso más adecuado de los recursos existentes en beneficio de toda la sociedad. Dicho Plan Nacional propondrá, para la Administración Central, los Gobiernos Departamentales, toda otra institución estatal y no estatal, acciones que deberán buscar los siguientes objetivos:

A) Tender al abatimiento de este tipo de violencia en todas sus manifestaciones.

B) Fomentar el irrestricto respeto a la dignidad humana, en cumplimiento de todas las normas nacionales vigentes, así como de los compromisos asumidos por el Estado al ratificar las Convenciones y Tratados de Derechos Humanos.

C) Establecer mecanismos legales eficaces para la adecuada intervención, proveyendo el amparo a las víctimas, así como la rehabilitación de los victimarios.

D) Favorecer la especialización de todos aquellos actores sociales y operadores cuya intervención es necesaria para dicha atención.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de octubre de 2001.

GUSTAVO PENADÉS
Presidente

HORACIO D. CATALURDA
Secretario

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Decláranse de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. Las disposiciones de la presente ley son de orden público.

Artículo 2º.- Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho.

Artículo 3º.- Son manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito:

A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona.

B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional.

C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual.

D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.

CAPÍTULO II

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Artículo 4º.- Los Juzgados con competencia en materia de familia, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella.

Artículo 5º.- Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia serán competentes, asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica.

A tal efecto, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Educación y Cultura, a propuesta de la Fiscalía de Corte, determinarán, en su caso, el régimen de turnos para atender, en horas y días hábiles e inhábiles, todos los asuntos que requieran su intervención conforme a esta ley.

Artículo 6º.- Los Juzgados de Paz, en el interior de la República, cualquiera sea su categoría, tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente, necesariamente dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos, a cuya resolución se estará.

Artículo 7º.- Toda actuación judicial en materia de violencia doméstica, preceptivamente, será notificada al Fiscal que corresponda, desde el inicio. El mismo deberá intervenir en todos los asuntos relativos a las personas e intereses de las víctimas de violencia doméstica.

CAPÍTULO III

LEGITIMACIÓN DEL DENUNCIANTE Y LLAMADO A TERCEROS A JUICIO

Artículo 8º.- Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica, podrá dar noticia al Juez competente en la materia, quien deberá adoptar las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado.

El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá llamar a terceros al juicio.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 9º.- En toda cuestión de violencia doméstica, además de las medidas previstas en el artículo 316 del Código General del Proceso, el Juez, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.

Artículo 10.- A esos efectos podrá adoptar las siguientes medidas, u otras análogas, para el cumplimiento de la finalidad cautelar:

1) Disponer el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del Alguacil. Asimismo, se labrará inventario judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar, pudiéndose expedir testimonio a solicitud de las partes.

2) Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal, en presencia del Alguacil.

3) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.

4) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.

5) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente. Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego, oficiándose a la autoridad competente a sus efectos.

6) Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima.

7) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación.

8) Asimismo, si correspondiere, resolver provisoriamente todo lo relativo a las pensiones alimenticias y, en su caso, a la guarda, tenencia y visitas.

En caso de que el Juez decida no adoptar medida alguna, su resolución deberá expresar los fundamentos de tal determinación.

Artículo 11.- En todos los casos, el Juez ordenará al Alguacil o a quien entienda conveniente, la supervisión de su cumplimiento y convocará una audiencia, en un plazo no mayor de diez días de adoptada la medida, a los efectos de su evaluación. En caso de no comparecencia, el Juez dispondrá la conducción del agresor.

Si las medidas dispuestas no se cumplen, el Juez ordenará el arresto del agresor por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21.3, 374.1, 374.2 y 374.4 del Código General del Proceso.

Una vez adoptada la medida cautelar y efectuada la audiencia referida, los autos deberán ser remitidos al Juzgado que venía conociendo en los procesos relativos a la familia involucrada.

Artículo 12.- Las medidas adoptadas tendrán el alcance y la duración que el Juez disponga, sin perjuicio de la sustanciación de la pretensión, de su modificación o cese.

Artículo 13.- El procedimiento para la adopción de las medidas cautelares será el previsto por los artículos 313, 314 y 315 del Código General del Proceso. Siempre que se acredite que un derecho intrínseco al ser humano se vea vulnerado o amenazado, el Juez deberá, de inmediato, decretar las medidas cautelares que correspondan, en forma fundada. De igual manera, procederá cuando la audiencia previa del agresor pueda frustrar el buen fin de la medida.

Artículo 14.- En materia probatoria, serán de aplicación las disposiciones del Código General del Proceso, teniendo presente el objetivo y fin de esta ley y las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 15.- Una vez adoptadas las medidas cautelares establecidas en el artículo 10 de la presente ley, el Tribunal de oficio ordenará realizar un diagnóstico de situación entre los sujetos involucrados. El mismo será elaborado en forma interdisciplinaria y tendrá como objeto determinar los daños físicos o psíquicos sufridos por la víctima, evaluar la situación de peligro o riesgo y el entorno social.

Este diagnóstico deberá estar a disposición del Tribunal al tiempo de celebración de la audiencia fijada en el artículo 11 de esta ley. Si por las características de la situación, se considerase necesaria la adopción de medidas o tratamientos médicos, psicológicos o de otra naturaleza respecto de alguno de los sujetos involucrados, el Tribunal podrá cometer su realización a alguna de las instituciones públicas o privadas idóneas en la materia.

Artículo 16.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, promoverá la formación de peritos en violencia doméstica, con capacidad de trabajo interdisciplinario, que se incorporará en la órbita del Instituto Técnico Forense.

La reglamentación correspondiente encomendará al Instituto Nacional de la Familia y la Mujer establecer los requisitos que deberán cumplir los interesados para acreditar su competencia pericial en el área de la violencia doméstica regulada por esta ley.

Artículo 17.- La Suprema Corte de Justicia incorporará esta categoría de profesionales al Registro Unico de Peritos. Asimismo incorporará a este Registro a quienes acrediten ante el Ministerio de Educación y Cultura -que contará al efecto con la colaboración de la Universidad de la República o Universidades autorizadas- idoneidad notoria en la materia al tiempo de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 18.- En todos los casos el principio orientador será prevenir la victimización secundaria, prohibiéndose la confrontación o comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor en el caso de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

En el caso de la víctima adulta que requiera dicha confrontación y se certifique que está en condiciones de realizarla, ésta se podrá llevar a cabo. El Tribunal dispondrá la forma y los medios técnicos para recibir la declaración, haciendo aplicación de los principios de inmediación, concentración y contradicción.

Podrá en su caso, solicitar previamente al equipo interdisciplinario que informe si la víctima se encuentra en condiciones de ser interrogada en ese momento.

Artículo 19.- Las situaciones de violencia doméstica deben ser evaluadas desde la perspectiva de la protección integral a la dignidad humana.

Asimismo, se considerará especialmente que los hechos constitutivos de violencia doméstica a probar, constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad del hogar, cuyo conocimiento radica en el núcleo de personas afectadas por los actos de violencia.

CAPÍTULO V

ASISTENCIA LETRADA OBLIGATORIA

Artículo 20.- La Suprema Corte de Justicia deberá garantizar la asistencia letrada obligatoria a la víctima, para lo cual estará facultada a celebrar convenios con entidades públicas o privadas especializadas en la materia.

CAPÍTULO VI

COORDINACIÓN DE ACTUACIONES

Artículo 21.- Cuando intervenga un Juzgado con competencia en materia penal o un Juzgado con competencia en materia de menores en una situación de violencia doméstica, cualquiera sea la resolución que adopte, deberá remitir, dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos, testimonio completo de las actuaciones y de la resolución adoptada al Juez con competencia en materia de violencia doméstica.

Asimismo, cuando se haya dispuesto el procesamiento con prisión, deberá comunicar la excarcelación o la concesión de salidas transitorias o cualquier forma de conclusión del proceso al juzgado competente en materia de violencia doméstica, previo a su efectivización. También deberá ponerlo en conocimiento de la víctima en su domicilio real y de su letrado en el domicilio constituido, en este último caso si estuviere en conocimiento de la Sede, de la forma que entienda más eficaz para obtener la finalidad de protección perseguida por esta ley.

Del mismo modo, los Juzgados con competencia de urgencia en materia de violencia doméstica, comunicarán los hechos con apariencia delictiva que hayan llegado a su conocimiento, dentro de las veinticuatro horas, al Juzgado Penal de Turno.

Igual obligación se dispone para los representantes del Ministerio Público entre sí.

CAPÍTULO VII

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA

Artículo 22.- El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y fomentar el apoyo integral a la víctima.

Artículo 23.- La rehabilitación y la reinserción social del agresor, deberán formar parte de una política que procure proteger a todas las personas relacionadas. La asistencia y el tratamiento deberán ser instrumentos de esta política.

Artículo 24.- Créase, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que se integrará con:

- Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que lo presidirá.

- Un representante del Ministerio del Interior.

- Un representante del Ministerio de Salud Pública.

- Un representante del Instituto Nacional del Menor (INAME).

- Un representante del Poder Judicial.

- Un representante de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

- Un representante del Congreso de Intendentes.

- Tres representantes de las organizaciones no gubernamentales de lucha contra la violencia doméstica.

- Los representantes de los organismos públicos deberán ser de las más altas jerarquías.

- Los representantes de las organizaciones no gubernamentales serán designados por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG).

Artículo 25.- El Consejo podrá convocar en consulta a las sesiones a representantes de los Ministerios y organismos públicos, a personas públicas no estatales, de las organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas de lucha contra la violencia doméstica.

Artículo 26.- El Consejo, cuya competencia es nacional, tendrá los siguientes fines:

1. Asesorar al Poder Ejecutivo, en la materia de su competencia.

2. Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación.

3. Diseñar y organizar planes de lucha contra la violencia doméstica.

4. Promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de lucha contra la violencia doméstica diseñadas por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.

5. Elaborar un informe anual acerca del cumplimiento de sus cometidos y sobre la situación nacional de violencia doméstica.

6. Ser oído preceptivamente en la elaboración de los informes que el Estado debe elevar en el marco de las Convenciones Internacionales vigentes, relacionadas con los temas de violencia doméstica a que refiere esta ley.

7. Opinar, a requerimiento expreso, en la elaboración de los proyectos de ley y programas que tengan relación con la violencia doméstica.

8. Colaborar con la Suprema Corte de Justicia en la implementación de la asistencia letrada establecida en el artículo 20 de la presente ley.

Artículo 27.- El Ministerio de Educación y Cultura proveerá la infraestructura para las reuniones del Consejo.

Artículo 28.- El Consejo podrá crear Comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.

Artículo 29.- El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento dentro del plazo de treinta días a partir de su instalación.

En un plazo no mayor a ciento veinte días a partir de su instalación, el Consejo elaborará y elevará a consideración del Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura, el primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, con un enfoque integral, orientado a la prevención, atención y rehabilitación de las personas involucradas, a efectos de lograr el uso más adecuado de los recursos existentes en beneficio de toda la sociedad. Dicho Plan Nacional propondrá acciones que procurarán el cumplimiento de los siguientes objetivos:

A) Tender al abatimiento de este tipo de violencia en todas sus manifestaciones, fomentando el irrestricto respeto a la dignidad humana, en cumplimiento de todas las normas nacionales vigentes, así como de los compromisos asumidos por el Estado al ratificar las Convenciones y Tratados de Derechos Humanos.

B) Proyectar mecanismos legales eficaces que atiendan al amparo a las víctimas de violencia doméstica, así como a la rehabilitación de los victimarios.

C) Favorecer la especialización de todas aquellas Instituciones y operadores cuya intervención es necesaria para la prevención y erradicación de la violencia doméstica.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de junio de 2002.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: si bien acompañé la votación para que este asunto se tratase en forma urgente, no firmé la moción porque me pareció que el punto ameritaba un debate en mayor profundidad.

Me consta que existe un acuerdo político con el objetivo de darle un rápido trámite y aceptar las modificaciones que provienen del Senado. Yo voy a acompañar esa idea, sin perjuicio de que no fui partícipe de ese acuerdo en lo que refiere a las modificaciones sustanciales -independientemente de muchas que son de detalle- que hizo la Cámara de Senadores: la del artículo 2º, que refiere a la definición de violencia doméstica, y la del artículo 4º, que en definitiva fue eliminado. Este último artículo, que había sido aprobado por esta Cámara, incorporaba a la ley los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por nuestro país, lo cual hacía a la interpretación e integración de la norma. Por tanto, los artículos 2º y 4º eran dos puntales en la concepción de este proyecto. El Senado ha modificado la primera de estas normas y eliminado, como ya dije, el artículo 4º, lo que me parece que es un retroceso importante en la lógica del problema que este proyecto intenta abarcar.

Por tanto, sin perjuicio de que aceptaré las modificaciones del Senado, no quería hacerlo sin dejar esta constancia.

Por otra parte, en cuanto al artículo 2º, que ha sido modificado por el Senado, si bien es cierto que en la propia Cámara de Senadores se hicieron retoques que mejoraron lo que venía de la Comisión de Constitución y Legislación de dicha Cámara, aquí hay un retroceso importante en relación con el artículo 2º aprobado por nuestra Cámara.

Me consta que la mayoría de las Diputadas y Diputados que han seguido el asunto comparten esta opinión, pero también me consta -más allá de los acuerdos políticos- que la enorme preocupación que algunos hechos han generado, impactando en la opinión pública, determina que sea atendible el argumento de votar afirmativamente las modificaciones del Senado.

Creo que con el tiempo la Cámara tendrá que hacer un seguimiento de este proyecto y de estas situaciones de violencia doméstica, con el objetivo de analizar si la iniciativa que estaríamos aprobando en la tarde de hoy cumple verdaderamente con el fin que se quiere lograr.

Quería dejar esta constancia, sin abusar del tiempo que me corresponde.

Muchas gracias.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: en el mismo sentido que se ha expresado el señor Diputado Michelini, quería señalar -sin perjuicio de reconocer y aceptar el acuerdo político que ha existido a los efectos de la rápida aprobación de este proyecto con las modificaciones introducidas por el Senado- que la definición de violencia doméstica establecida en el artículo 2º según la modificación de la Cámara Alta es inferior a la que oportunamente había determinado la Cámara de Diputados. No obstante, naturalmente, aceptaré el acuerdo que hay entre todos los grupos políticos; pero vuelvo a señalar que me parece que la definición de violencia doméstica del artículo 2º de la Cámara de Diputados era más clara, más precisa y más omnicomprensiva de los casos de violencia doméstica y, en definitiva, hubiera sido mucho más oportuno que figurara en el proyecto correspondiente.

Quería dejar esta constancia. De todas maneras, soy respetuoso de estos acuerdos y voy a votar favorablemente este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan las modificaciones de la Cámara de Senadores.

(Se vota)

——Setenta y cinco por la afirmativa. AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Señor Presidente: vamos a ser muy breves; simplemente quisiéramos trasmitir que para el Nuevo Espacio Independiente este proyecto es muy importante. Sabemos que las modificaciones del Senado, que tuvimos oportunidad de analizar prácticamente en el día de hoy, tocan en algo lo resuelto por la Cámara de Diputados, pero, sin duda, no afectan en lo sustancial lo que hace a un instrumento legal que sabemos que era absolutamente necesario. Hay hechos, a todos nos consta, que además lo hacen particularmente urgente; en definitiva, hemos acompañado con convicción y con entusiasmo tanto la propuesta de tratarlo con carácter urgente como su propio contenido.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA ARGIMÓN.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

17.-    Urgencias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por las señora Diputada Tourné y los señores Diputados Posada, Michelini, Berois Quinteros y Chiesa Bordahandy.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato, la Carpeta Nº 2165/002, "Reconocimiento de servicios prestados por trabajadores de la actividad privada que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en setenta y seis: AFIRMATIVA.

18.-    Reconocimiento de servicios prestados por trabajadores de la actividad privada que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. (Prórroga de los plazos establecidos por los artículos 14 y 16 de la Ley Nº 17.449).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Reconocimiento de servicios prestados por trabajadores de la actividad privada que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. (Prórroga de los plazos establecidos por los artículos 14 y 16 de la Ley Nº 17.449)".

Continúa la discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en setenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR BLASINA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Prorrógase el plazo establecido en el artículo 14 de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, hasta el 26 de agosto de 2002.

Esta disposición es aplicable a aquellas personas que estando amparadas por la citada ley, no se hayan presentado antes del 26 de mayo del corriente año.

Artículo 2º.- Prorrógase en ciento veinte días corridos, el plazo de ciento cincuenta días establecido en el artículo 16 de la citada ley".

19.-    Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Michelini, Berois Quinteros, Chiesa Bordahandy, Ronald Pais y Posada.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la Carpeta Nº 1137/001, 'Escritos del sacerdote Luis Pérez Aguirre relacionados con la condición de la mujer. (Se encomienda a la Comisión Especial de género y equidad su recopilación y publicación)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

20.- Escritos del sacerdote Luis Pérez Aguirre relacionados con la condición de la mujer. (Se encomienda a la Comisión Especial de género y equidad su recopilación y publicación).

De acuerdo por lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Escritos del sacerdote Luis Pérez Aguirre relacionados con la condición de la mujer. (Se encomienda a la Comisión Especial de género y equidad su recopilación y publicación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 548

"PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo único.- Encomiéndase a la Comisión Especial de género y equidad de la Cámara de Representantes la recopilación y publicación de ponencias inéditas efectuadas por el sacerdote Luis Pérez Aguirre en nuestro país y en el exterior, y de artículos aparecidos en la prensa, que se relacionen con la condición de la mujer y más específicamente con los derechos básicos de la mujer a la salud integral y a no ser objeto de violencia.

Montevideo, 2 de mayo de 2001.

RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, CARLOS BARÁIBAR, Representante por Montevideo, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, GUILLERMO ÁLVAREZ, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones, JOSÉ BAYARDI, Representante por Montevideo, JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representante por Canelones, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Motiva este proyecto la necesidad de rescatar y difundir el pensamiento del sacerdote Luis Pérez Aguirre en todos los aspectos referentes a los derechos humanos de las mujeres, como forma de contribuir a su reconocimiento por parte de la sociedad uruguaya.

El Padre Luis Pérez Aguirre falleció el 25 de enero de este año 2001 en un accidente de tránsito. Nacido en 1941, fue ordenado sacerdote jesuita en 1970. Desarrolló su actividad pastoral vinculado a amplios sectores de la sociedad. Su espíritu solidario y su amor por lo más débiles lo llevó a trabajar con y para los grupos más vulnerables y desde su calidad de hombre religioso luchó por lo que le dictaba su conciencia colocándose siempre en el lugar de los más desfavorecidos conviviendo con ellos para tener una visión integral de la realidad. Su convicción de que "solo aquella mirada doliente de la realidad de las víctimas nos hace verdaderamente humanos" lo llevó a trabajar incansablemente con las mujeres que ejercían la prostitución, o a vivir en comunidad con niños abandonados.

Los derechos humanos estaban en el centro de su preocupación y su accionar en este campo no tuvo fronteras. Fue cofundador del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, en Uruguay y experto independiente del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde 1994 hasta su muerte. En 1988 recibió en Nueva York el premio Human Rights Watch. No pasó por la vida, sino que la vida fue pasando por él, porque supo ver, sentir y trabajar para transformar la realidad cuando ésta se alejaba del proyecto que su compromiso cristiano le impulsaba a construir. Su vida se fue tejiendo con los demás uniendo acción y reflexión. Su pensamiento lúcido y comprometido lo fue vertiendo en diversas obras como "Derechos Humanos". "Pautas para una educación liberadora"; "La condición femenina"; "Mujer de la vida: Pasión y Prostitución de Miriam"; "Desnudo de Seguridades" -de aparición póstuma-, entre otros. El Padre Pérez Aguirre supo captar desde su condición de hombre la condición femenina, y descubrir desde su posición de defensor de los derechos humanos cómo estos derechos se violaban en las mujeres sin que la sociedad siquiera se diera cuenta: "Si cuando decimos, derechos humanos, nos preguntásemos qué es lo primero que imaginamos, seguramente coincidiríamos en que imaginamos ciertas violaciones a ciertas libertades políticas como las de reunión y expresión, a las torturas y a las desapariciones forzadas. Más dificultad tendríamos en imaginar como violación a los derechos humanos el acoso sexual de que son víctimas las mujeres de todas las edades y culturas, razas y clases sociales o el no ser contempladas en sus derechos reproductivos, o ser degradadas a 'objeto sexual' en los medios masivos de comunicación". Es por esta razón que creemos que es necesario rescatar su pensamiento para que su opinión lúcida y comprometida no se pierda, sino que por el contrario, siga enriqueciendo la discusión de nuestra sociedad sobre estos temas.

Montevideo, 2 de mayo de 2001.

RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, CARLOS BARÁIBAR, Representante por Montevideo, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, GUILLERMO ÁLVAREZ, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones, JOSÉ BAYARDI, Representante por Montevideo, JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representante por Canelones, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo".

Anexo I al
Rep. Nº 548

"Comisión Especial de género y equidad

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión Especial de género y equidad aconseja al plenario la aprobación del presente proyecto de resolución, por el que estamos cumpliendo con la necesidad de rescatar y proyectar, el pensamiento del sacerdote Luis Pérez Aguirre en todos los aspectos referentes a los derechos de las mujeres.

Nació el 22 de abril de 1941, en una familia de ocho hermanos, de sólida posición económica. Desarrolla sus estudios de primaria en el Colegio Richard Anderson.

A poco de iniciado el noviciado, sus compañeros comienzan a llamarlo "Perico" el apodo que lo acompañó el resto de su vida.

En 1964 estudia filosofía en Argentina, como parte de su proceso de formación sacerdotal.

En 1965, estudia teología en Toronto durante el día y recoge gusanos en el barro por las noches, para una empresa pesquera canadiense, porque no quería que su formación lo alejara del mundo del trabajo. Luego ingresa como obrero en una laminadora de acero.

En 1969 es ordenado diácono, en Toronto. En 1970 es ordenado sacerdote en Montevideo.

En 1974 inicia una acción pastoral en la zona portuaria, en particular desarrolla un trabajo de asistencia y solidaridad con las prostitutas. A partir de esta experiencia derivará el trabajo con los niños abandonados.

Es uno de los fundadores de la granja-Hogar La Huella en el año 1975, ubicada en la periferia de la ciudad de Las Piedras.

En el año 1978 realiza un curso de sociología en la Universidad de Comillas (Santander). A su regreso pasa a vivir en el Hogar La Huella.

En 1981 participa en la fundación de la sección Uruguaya del Servicio de Paz y Justicia.

En el año 1983 participa en un ayuno, en la sede del SERPAJ, para pedir la reanudación del diálogo entre el régimen militar y las fuerzas políticas autorizadas, interrumpido por el Gobierno.

En el año 1984, rechaza el ofrecimiento realizado por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, para que ocupe la coordinación latinoamericana del SERPAJ, porque aceptar le hubiera significado "abandonar La Huella".

En el año 1986, es condecorado en la Embajada de Francia como oficial de la Legión de Honor. Comparte esa alta distinción con otros dos uruguayos: la doctora Adela Reta y el contador Enrique Iglesias.

En el año 1988, recibe en Nueva York, junto a otras personalidades, el premio Human Rights Watch.

En 1994, es designado experto independiente del Centro de Derechos Humanos de la ONU.

En el año 2000, es designado para integrar la Comisión para la Paz, creada por el Presidente Jorge Batlle, para esclarecer las desapariciones ocurridas en el país durante la dictadura militar.

El jueves 25 de enero de 2001, fallece en un accidente de tránsito, en el balneario Costa Azul (Canelones).

Su espíritu solidario y amor por los más débiles lo llevó a trabajar con y para los grupos más vulnerables, desde su calidad de hombre religioso luchó por lo que le dictaba su conciencia, bregando siempre por los más desfavorecidos, conviviendo con ellos, y compartiendo sus penurias y dificultades.

Supo captar, desde su condición de hombre la condición femenina y descubrir desde su posición de defensor de los derechos humanos, como estos derechos se violaban en las mujeres, sin que la sociedad siquiera se diera cuenta "Si cuando decimos derechos humanos, nos preguntásemos que es lo primero que imaginamos, seguramente coincidiríamos en que imaginamos ciertas violaciones a ciertas libertades políticas, como las de reunión y expresión, a las de torturas y desapariciones forzadas. Más dificultad tendríamos en imaginar como violación a los derechos humanos, el acoso sexual de que son víctimas las mujeres de todas las edades y culturas, razas y clases sociales, o el no ser contempladas en sus derechos reproductivos, o ser degradadas a objeto sexual en los medios masivos de comunicación".

Dos ponencias, una de ellas dictada en nuestro país en el Sindicato Médico del Uruguay en el año 1993, y otra realizada en el Encuentro de Parlamentarios de América Latina y El Caribe, organizado por el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la Universidad Externado de Colombia del 7 al 9 de octubre de 1998 resumen en forma clara un pensamiento digno de ser rescatado para las futuras generaciones de uruguayos.

Sala de la Comisión, 23 de mayo de 2002.

RAQUEL BARREIRO, Miembro informante, BEATRIZ ARGIMÓN, PABLO MIERES, MARGARITA PERCOVICH, YEANNETH PUÑALES BRUN, GLENDA RONDÁN, DAISY TOURNÉ.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Dispónese la edición de una publicación de dos ponencias inéditas efectuadas por el sacerdote Luis Pérez Aguirre, una de ellas dictada en nuestro país en el Sindicato Médico del Uruguay, en el año 1993 y otra realizada en el Encuentro de Parlamentarios de América Latina y El Caribe, organizado por el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la Universidad de Colombia, en el año 1998.

Sala de la Comisión, 23 de mayo de 2002.

RAQUEL BARREIRO, Miembro informante, BEATRIZ ARGIMÓN, PABLO MIERES, MARGARITA PERCOVICH, YEANNETH PUÑALES BRUN, GLENDA RONDÁN, DAISY TOURNÉ".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en setenta y tres: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto de resolución, con la aclaración de que la edición será de cuatrocientos ejemplares y se imputará al rubro "Gastos" de la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

21.-    Cuestión política planteada por la señora Representante Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una cuestión política.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, por medio de un asunto político, quiere cuestionar la legalidad del decreto del Poder Ejecutivo que dictó el señor Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, por el que se dispone el pago del aguinaldo a los funcionarios públicos en dos cuotas a hacerse efectivas en julio y en agosto.

Ese es el fundamento del asunto político que queremos plantear.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el carácter preferente de la cuestión política planteada por la señora Diputada Tourné.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y tres: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra la señora Diputada Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: como acabamos de decir, la preocupación central del Encuentro Progresista-Frente Amplio es la ilegalidad del decreto del Poder Ejecutivo, que ignora las normas legales que establecen cómo debe efectuarse el pago del sueldo anual complementario a los funcionarios públicos.

En el artículo 2º de la ley vigente queda meridianamente claro que lo que tiene el Poder Ejecutivo es una facultad, pero voy a pasar a leerlo: "Facúltase al Poder Ejecutivo a abonar en dos veces el beneficio establecido en el artículo anterior; lo generado hasta el 31 de mayo, dentro del mes de junio, y el complemento antes del 24 de diciembre de cada año". La ley no solo es explícita en cuanto a que otorga una facultad al Poder Ejecutivo, sino también porque determina los plazos en los que debe abonarse en caso de que el Poder Ejecutivo opte por hacerlo en dos pagos. Como recién leí, la ley establece claramente que puede hacerlo en dos veces: lo generado al 31 de mayo, en junio, y el resto, antes del 24 de diciembre. Creo que ante un texto con esta meridiana claridad no caben dos interpretaciones: el Poder Ejecutivo debería abonar el medio aguinaldo antes de vencer el mes de junio.

Se podrán alegar razones financieras, pero lo que el Encuentro Progresista-Frente Amplio y su bancada vienen a plantear a través de mí, así como lo hicieron los compañeros Representantes de este grupo político en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, es que resulta muy riesgosa la ignorancia o el desconocimiento de la ley, alegando otro tipo de justificación que no sea una ley que sustituya la que rige en el país. Si la Cámara de Representantes acepta que se desconozca la ley vigente, podremos, seguramente, entrar en un terreno muy peligroso en el que de ninguna manera el Encuentro Progresista-Frente Amplio quiere ingresar. Si existen esos problemas, envíese un proyecto de ley, que con mucho gusto esta fuerza política discutirá. Pero lo que no puede hacerse bajo ningún concepto es desconocer la meridiana claridad de la ley que rige en el momento actual.

Por lo tanto, señor Presidente, nosotros queremos exhortar al Poder Ejecutivo a que cumpla y acate fielmente lo expresado por la ley que rige en nuestro país en materia de pago de aguinaldos.

Estamos dispuestos a discutir otra iniciativa legal si el Poder Ejecutivo la envía y también estaremos dispuestos a discutir lo que le va a generar a la gente cobrar el aguinaldo en la forma que se propone. Todos conocemos -lo hemos manifestado en Sala todos los Partidos políticos- la enorme dificultad económica que también está atravesando cada uno de los ciudadanos de este país.

Lo primero que tenemos que salvaguardar es el apego más irrestricto a la ley. Repito que para el Encuentro Progresista-Frente Amplio es muy peligroso que por situaciones hoy fundadas en temas económicos se comience a transitar por el resbaladizo camino de ignorar la vigencia irrestricta de las normas que nos rigen.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: para hablar de este tema planteado como cuestión política no solo es necesario hacer referencia a los planteamientos que la señora Diputada Tourné ha realizado, sino que debemos retrotraernos a la esencia del aguinaldo, a qué es el aguinaldo y a cuáles son las disposiciones de carácter legal que rigen en lo referente al pago de esta compensación.

El aguinaldo se incorpora al régimen de relación en el empleo público, con carácter general, a partir de la Ley Nº 12.801, del 30 de noviembre de 1960. Cabe recordar que distinta es la normativa que se había aprobado en cuanto a la aplicación del aguinaldo en la relación privada con el patrono, ya que la Ley Nº 12.840, de 22 de diciembre de 1960, es, sin lugar a dudas, la ley madre con relación al aguinaldo correspondiente a la actividad, ya sea privada o de derecho público no estatal. Quiere decir que nosotros tenemos, a través de la ley, la obligación del pago del aguinaldo. Esa es la única obligación legal que surge de todas las disposiciones que rigen en esta materia: la obligación por parte de los patrones en la actividad privada y la obligación del Estado en la actividad pública de pagar el aguinaldo. Ese aguinaldo se genera luego de un año de relación laboral. Se discute mucho si la naturaleza jurídica del aguinaldo es salarial o compensatoria. Pero lo que es claro es que surge una única obligación: pagar la compensación fruto de un año de actividad laboral llamada sueldo anual complementario o aguinaldo.

¿Qué es lo que ha pasado después de esa obligación legal? Existieron decretos, algunos en etapa de democracia y otros anteriores, durante la dictadura, mediante los cuales se facultaba al Poder Ejecutivo a que pagara en dos etapas. Y aquí quisiera hacer algunas consideraciones. En primer lugar, el Parlamento, a través de la Ley Nº 15.738 le da el rango de decreto-ley a todas aquellas disposiciones que emanaron durante la vigencia del Consejo de Estado, que por lo tanto pasaron a ser ley nacional. Esa ley a que hace referencia la señora Diputada Tourné establece la facultad -no la obligación- del Poder Ejecutivo de efectuar el pago en dos veces. ¿Cuál ha sido la conducta que han tenido distintos Poderes Ejecutivos a lo largo del tiempo? Ha ido variando. En algunos casos vemos disposiciones que vienen desde el año 1992 y que llegan hasta el año 1997, que han aplicado distintas fechas de pago. Por ejemplo, el Decreto Nº 546 del año 1992 dispuso que el pago del aguinaldo generado desde el 1º de junio de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1992 se realizara dentro de los cinco días hábiles del mes de diciembre de 1992. El Decreto Nº 549 del año 1993 dispuso que se pagara en dos etapas: la primera dentro del mes de junio y la segunda dentro del mes de diciembre. El Decreto Nº 273 del año 1994 ordena pagar la segunda etapa antes del 20 de diciembre de ese año. Quiere decir que lo que el Poder Ejecutivo está haciendo es el uso de una facultad y no de una obligación.

Vivimos una situación que en la exposición de la señora Diputada Tourné no estuvo presente. Me refiero al artículo 644 de la ley de Presupuesto que nosotros votamos en este Parlamento y que tiene relación con la ejecución del Presupuesto Nacional. Ese artículo 644 dice que "El resultado para cada ejercicio en el presente Presupuesto Nacional establece el máximo de déficit fiscal autorizado.- Cométese al Poder Ejecutivo tomar las medidas adecuadas para dar cumplimiento a esta disposición, y a tales efectos se le faculta a establecer límites de ejecución de gastos de funcionamiento e inversiones, de los diferentes incisos, programas y proyectos.- Los organismos que tramitan su presupuesto con arreglo al artículo 220 de la Constitución de la República no están comprendidos en lo dispuesto en cuanto a las partidas dispuestas directamente en este Presupuesto Nacional".

En síntesis, cuando el Poder Ejecutivo establece su voluntad de seguir manteniendo las dos etapas para el cálculo -la primera etapa, que va desde el 1º de diciembre hasta el 31 de mayo, y la segunda, que va desde el 1º de junio hasta el 30 de noviembre-, lo que está haciendo, basado en el artículo 644 de la ley de Presupuesto es establecer el pago en dos cuotas de una misma etapa. Quiere decir que todo lo generado en esa etapa va a ser pagado en dos cuotas. Aquí, señor Presidente, el Poder Ejecutivo bien podría decir que en estas circunstancias económicas no se pague el aguinaldo en estas dos etapas, sino que se pague en una sola, a fines de diciembre. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, sensible a la situación que se está viviendo, lo que establece es que este año va a hacer uso de esa facultad aun en los momentos difíciles en que estamos viviendo, pero al amparo del artículo 644 de la ley de Presupuesto, lo que está haciendo es pagar en dos cuotas esa etapa generada.

Quiere decir que, aun en medio de las dificultades, aun en medio de la situación que estamos viviendo, el Poder Ejecutivo está haciendo uso de esta facultad -reitero: no de esta obligación- para pagar en dos cuotas esta primera etapa. Por lo tanto, no ha incurrido en violación a la ley y, al amparo de la legislación vigente, el Poder Ejecutivo está pensando en esta forma de retribución.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: creo que la bancada del Frente Amplio-Encuentro Progresista ha hecho bien en traer este tema a Sala. Se podría inferir que, de alguna manera, es un asunto menor, pero en nuestra opinión todo lo que hace al estricto cumplimiento de la ley no lo es.

No cabe duda de que el Decreto-Ley Nº 14.360 estableció la facultad de que el Poder Ejecutivo hiciera uso de una periodicidad distinta a la tradicional, que era que el aguinaldo se abonaba en una sola partida en el mes de diciembre, normalmente en el período anterior a las fiestas. Esto era lo que pasaba siempre. A partir del Decreto-Ley Nº 14.360 se habilitó al Poder Ejecutivo a que ese pago pudiera ser realizado en dos veces. De acuerdo con lo que establece esta disposición, se da como plazo al Poder Ejecutivo todo el mes de junio para hacer efectivo el pago de esa primera parte, que comprende el período del aguinaldo entre el 1º de diciembre y el 31 de mayo del año en curso. Y esa es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, que sí podría haber dicho, dentro del marco de las facultades que tiene, que en esta instancia no iba a pagar el medio aguinaldo. Perfectamente podría haber expresado que lo iba a hacer efectivo en su totalidad en el mes de diciembre; pero de acuerdo con lo que establece la ley, de ninguna manera puede fijar un criterio distinto al establecido en el Decreto-Ley Nº 14.360.

El señor Diputado que me precedió en el uso de la palabra ha señalado que esto encuentra su fundamento en las disposiciones comprendidas en el artículo 644 de la ley de Presupuesto. Quiero hacer notar que ese artículo refiere a los topes de ejecución, es decir, a la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para bajar el gasto. En este caso, no hay una baja del gasto, sino simplemente una prórroga en lo que tiene que ver con el pago; el gasto generado por el cumplimiento de la liquidación del decimotercer sueldo se va a cumplir en su totalidad y, en consecuencia, no es aplicable el artículo 644 de la ley de Presupuesto.

Por lo tanto, quiero señalar que lo primero que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es cumplir con la ley y hacer que esta se cumpla. En todo caso, si hay una situación que amerite un cambio en la ley vigente para posibilitar lo que el Poder Ejecutivo quiere hacer -esto es, pagar una parte en el mes de julio y otra en agosto-, tiene que enviar a este Parlamento un proyecto de ley explicando los fundamentos que determinan esa decisión. Seguramente, el Parlamento de la República, que comprende muy bien la situación que está viviendo el país, en tanto haya fundamentos que hagan referencia a las finanzas públicas y a su mejor gestión, habilitará una ley en tal sentido. Pero mientras tanto, el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley. Esta lo habilita a pagar todo en diciembre, pero no a que en esta instancia pague una parte en julio y otra en agosto. Para eso se necesita otra ley y esperamos que este Poder Ejecutivo, que ha tenido atención en el cumplimiento de la ley en todas las instancias, también la tenga en esta.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR POSADA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: coincido absolutamente con la exposición que está realizando el señor Diputado Posada y lamento que nuestro colega de Comisión haya leído solo una parte del artículo y no todo su texto. Es evidente que existe una facultad, pero una vez que se hace uso de ella, surgen obligaciones. Es una facultad condicionada: una vez que se usa, la obligación es pagar antes del 30 de junio. Me parece que esto es transparente.

Además, quiero agregar a la fundada exposición del señor Diputado Posada, que realizamos este mismo planteamiento en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, que avisamos al Poder Ejecutivo cuál era la posición, que nadie nos contradijo en esa oportunidad y que encomendamos al señor Diputado que hizo uso de la palabra indicar al Poder Ejecutivo que la Comisión entendía que cometía una ilegalidad. Como el decreto está dictado por el Presidente actuando en Consejo de Ministros, cuenta con una cantidad más que suficiente de votos para enviar un proyecto de ley y obtener su aprobación urgente. En consecuencia, cualquiera hubiera sido la actitud de nuestra fuerza política, el proyecto enviado habría sido ley y se habría cumplido con la disposición correspondiente. De manera que el Poder Ejecutivo actuó a sabiendas de que estaba violando la ley y sin el propósito de remediar una situación cuando ello estaba en sus manos.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente...

SEÑOR BARRERA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: utilizo la vía de la interrupción al señor Diputado Gabriel Pais, si bien podría haber pedido la palabra para contestar una alusión.

Es clara la postura del señor Diputado Díaz Maynard en cuanto a lo que se estableció en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Fue la última reunión en ese sentido. Nosotros comunicamos la postura, que es una más. La posición del señor Diputado Díaz Maynard o de su sector político no obliga al Poder Ejecutivo, y el hecho de que se trasmita su punto de vista, su opinión y su voluntad sobre el tema, no quiere decir que el Poder Ejecutivo no pueda tener otro lineamiento y que considere que no estamos frente a una ilegalidad.

Es cierto que esta discusión se dio en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y también que trasladamos esa propuesta al Poder Ejecutivo, y es claro que este optó por este camino en el entendido de que no había ilegalidad. La comunicación al Poder Ejecutivo no lo obliga en cuanto a los pasos a seguir ni en cuanto a considerar si es o no una ilegalidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: no estamos ante un problema de ilegalidad de un decreto o de incumplimiento de una norma legal, sino ante una cuestión que tiene que ver con la correcta interpretación de las normas legales vigentes. Este decreto del Poder Ejecutivo no se ha apartado en forma alguna de la legalidad y mantiene lo que ha sido su trayectoria, de estricto apego a la legalidad.

El asunto se plantea en los siguientes términos. Por un lado, el Decreto-Ley Nº 14.360, de 17 de abril de 1975, establece que el sueldo anual complementario debe ser pagado en el mes de diciembre. En su artículo 2º se faculta al Poder Ejecutivo para fraccionar el pago de este beneficio. Esta norma, que es de 1975, tiene una derogación parcial en el artículo 644 de la ley de Presupuesto, que al tiempo que estipula que el "resultado para cada ejercicio en el presente Presupuesto Nacional establece el máximo de déficit fiscal autorizado" y comete al Poder Ejecutivo a "tomar las medidas adecuadas para dar cumplimiento a esta disposición", facultándolo "a establecer límites de ejecución de gastos de funcionamiento e inversiones", por esta vía habilita la derogación parcial del Decreto-Ley Nº 14.360. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, haciendo uso de esta facultad legal concedida en el artículo 644, fija un límite de ejecución de gastos de funcionamiento e inversión correspondiente al Grupo 0, Servicios Personales, a efectos de cumplir las metas establecidas en el programa financiero del Gobierno. Quiere decir que este decreto limita los gastos del Grupo 0 en lo que corresponde al déficit fiscal del primer semestre del 2002.

Por un lado, establece la limitación; y, por lo tanto, para cumplir con ella, el fraccionamiento del sueldo anual complementario no puede realizarse pagándose el adelanto en junio, sino que debe hacerse a partir del segundo semestre.

Ante dos interpretaciones posibles de esta ley, entendemos que corresponde interpretarla en la forma más beneficiosa para los funcionarios públicos; de seguir la interpretación, legítima también, que han puesto de manifiesto la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Posada y Díaz Maynard, no se podría adelantar el pago del medio aguinaldo, sino que tendría que pagarse todo junto en el mes de diciembre.

Por lo tanto, hay dos interpretaciones de legalidad, una beneficiosa para los funcionarios públicos y otra perjudicial, ya que no podrían cobrar sino hasta diciembre. Entonces, ante ambas, el Poder Ejecutivo ha realizado la interpretación legal más beneficiosa para el conjunto de los funcionarios públicos, adelantando parte de este pago en julio y agosto.

Ese es el argumento de peso. Tenemos que hacer la interpretación más conveniente para los intereses de los funcionarios públicos, quienes aspiran a cobrar parte del aguinaldo lo antes posible, y lo harán en julio y agosto.

SEÑOR ARAÚJO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- En seguida, señor Diputado.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que el cumplimiento de las metas fiscales es un tema más que prioritario, si tenemos presente que el crédito del Fondo Monetario Internacional está condicionado a ello. Ese crédito se utilizará para solventar el déficit fiscal, que, cualquiera fuere el monto alcanzado en el 2002, correrá la misma suerte que el conjunto del gasto público; el 55% de los gastos del Estado se destinan a la seguridad social.

Por lo tanto, para poder seguir pagando en tiempo y forma jubilaciones, pensiones, subsidios por desempleo y asignaciones familiares es vital acceder al crédito del Fondo Monetario Internacional. Para acceder al crédito del FMI debemos cumplir las metas fiscales del semestre; y para cumplirlas tenemos que hacer una adecuada interpretación de este artículo.

Por lo tanto, en base a esta secuencia lógica que hemos señalado, entendemos que el actuar del Poder Ejecutivo es acorde a las normas legales vigentes.

Ahora sí concedo una interrupción al señor Diputado Araújo.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ARAÚJO.- Señor Presidente: por esta vía de interrupción quiero dejar una constancia que entiendo pertinente en estas circunstancias.

El Poder Ejecutivo -más allá de analizar la legalidad o no de la disposición; puede haber razones de uno y de otro lado-, en este caso, comete una notoria injusticia al transformarse en juez y parte. Cuando actúa como patrono y debe cumplir con sus obligaciones económicas dice: "Por razones económicas no puedo cumplir y voy a dividir el beneficio del aguinaldo en tres pagos: dos en julio y agosto y el otro medio aguinaldo a fin de año". Sin embargo, cuando es juez, cuando se refiere a la actividad privada, dice que los privados lo tienen que pagar tal como marca la ley: en dos partes.

Este sería el tema central y el que deberíamos estar debatiendo, más allá de la legalidad o ilegalidad de la norma. Si el Poder Ejecutivo tiene apremios económicos importantes -algo notorio en el Estado nacional-, también los tendrán los sectores privados -el comercio, la industria y los sectores productivos en general- para cumplir con el pago de este beneficio. Sin embargo, no hay consideraciones especiales para ellos.

Si hablamos de ilegalidad, también debemos referirnos a la injusticia que significa obligar a los privados a pagar el medio aguinaldo, siendo que, cuando nos toca hacerlo a nosotros -en este caso, al Estado-, y no podemos pagar, como además somos jueces y podemos definir, ordenar y hacer cumplir la ley, aplicamos criterios dispares.

Esto es una gran injusticia, de la que queríamos dejar constancia -reitero- por la vía de la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: antes de conceder una interrupción al señor Diputado Ponce de León, quiero hacer una pequeña aclaración.

No dejamos de reconocer las dificultades por las que atraviesa el sector privado, al igual que el sector público. Reitero que el motivo fundamental de la postergación del pago radica en el cumplimiento de las metas semestrales pactadas con el Fondo Monetario Internacional, que es un requisito para obtener el crédito.

Esto ocurre en el sector público, por lo que nada tienen que ver con esto las dificultades económicas del sector privado. Ese es el motivo por el cual se ha procedido a esta discriminación.

Concedo la interrupción al señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: se está utilizando una lógica transitiva de responsabilidades invocando el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional.

En primer lugar, en ese caso tendríamos que estar debatiendo qué meta es la que se está cumpliendo, con qué parámetros, con qué montos y cuáles son las alternativas para cumplirla. De todas formas, me parece que esta es una discusión desubicada, y voy a explicar por qué.

En realidad, una y otra vez volvemos a lo mismo: la economía se está achicando y quedando; y el tema es que para cumplir, la seguimos achicando. ¡Este es el tema de fondo!

Cuando vimos que comenzaban los trascendidos sobre el no pago del medio aguinaldo, nos resistíamos a creer que se aprobara un decreto, tal como finalmente sucedió ayer.

Vamos a entendernos. ¿De cuánta plata estamos hablando? El señor Diputado que me concedió la interrupción es buen conocedor del sector público y de sus cifras. ¿De cuánto estamos hablando?

De acuerdo con lo que establece el decreto correspondiente -que comprende los Incisos 02 a 27, o sea, la Administración Central y los Entes comprendidos en el artículo 220-, estamos hablando de diferir en dos cuotas un pago de US$ 30:000.000. Estamos difiriendo por treinta días US$ 15:000.000 y por sesenta días US$ 15:000.000.

Todos sabemos las cifras que significa el Presupuesto Nacional; todos sabemos lo que mensualmente se gasta en distintos rubros. No sé si todos están enterados -sin duda, el señor Diputado que está haciendo uso de la palabra sí lo sabe- de que el circulante de Letras de Tesorería implica muchos cientos de millones de dólares.

Estamos hablando de postergar, no de cancelar; no es un ahorro de US$ 30:000.000. En todo caso, lo que el Gobierno Central está ahorrando son los intereses de un mes por US$ 15:000.000 y los intereses de dos meses por otros US$ 15:000.000.

Lo que estamos logrando es que el saldo de alguna de esas cuentas de caja este mes tenga una diferencia de US$ 30:000.000 y el mes que viene de US$ 15:000.000, pero en sesenta días va a estar igual.

Más allá de que la ley establezca una facultad del Poder Ejecutivo, la tradición es tan fuerte que hasta las campañas comerciales dicen "pague con su aguinaldo"; está tan incorporado que ninguno de quienes estamos aquí dudamos de que la mayor parte del medio aguinaldo de la gente ya está gastado. ¡Ya está gastado!

Entonces, no parece buena cosa financiar una fracción tan pequeña pero tan importante para el consumo, tan importante para la gente y para el comercio, porque al pagar, a su vez, se libera; de todas maneras, una parte va a ir al comercio.

¿Tan importantes son esas metas? ¿No hay otra forma de actuar? ¿Tiene sentido ir a esas metas a las que aludía el señor Diputado que está haciendo uso de la palabra, ahorrando US$ 30:000.000 del consumo de la gente que -repito- ya está gastado? Yo creo que el decreto debe modificarse y pagarse el medio aguinaldo en junio, como es la tradición del país.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: aquí no se trata de ahorrarse los intereses de un dinero o de si el monto es chico o grande. Aquí el tema es el cumplimiento de metas que permiten alcanzar un financiamiento, siendo que se han cerrado las otras fuentes que tradicionalmente tenía el Uruguay. Hoy se ha transformado en vital que nuestro país pueda acceder a este crédito del Fondo Monetario Internacional, dadas las dificultades existentes para poder acceder a los otros financiamientos a los que tradicionalmente recurríamos.

Por otra parte, con respecto a la política general y a si este control del gasto no redunda en una mayor contracción, quiero decir que llevamos tres años de aplicar la política opuesta. En la medida en que entre 1991 y 2001 hemos venido sufriendo un déficit de más de US$ 800:000.000 anuales y hemos tenido que endeudar al país en US$ 2.400:000.000, y eso no sirvió para reactivarlo, no entiendo porqué ahora, no preocupándonos nuevamente de los déficit, vamos a tener el resultado inverso. Creo que la historia reciente del Uruguay, desde 1999 a 2001, con un déficit del entorno de los US$ 800:000.000, nos demuestra que lo importante es controlarlo, porque la política de seguir gastando más dinero que el que ingresa no ha conducido a la reactivación económica del país. Entonces, no hay por qué pensar que, de la noche a la mañana, esa política de continuar con déficit va a reactivar al Uruguay.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: he sido aludido con nombre y apellido, de manera que el señor Presidente no puede tener dudas.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Le di la palabra, señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Se lo agradezco mucho.

Me llama la atención que los dos Diputados del Partido de Gobierno que han hecho uso de la palabra lean solamente una partecita del artículo y no su totalidad. Nadie duda de que existe la facultad de pagar en dos veces, pero la segunda parte dice: "[...] el generado hasta el 31 de mayo dentro del mes de junio, [...]". Habitualmente, los abogados somos acusados de tener siempre dos bibliotecas, pero acá no puede haberlas. El texto es transparente, y nadie ha dicho eso.

Algún señor Diputado ha utilizado la expresión "más allá de la legalidad o ilegalidad". Yo no admito que se hable así en el Parlamento de la República. Para mí la legalidad es sustantiva. El Poder Ejecutivo pudo remediar esto, en un tema en que no hay posibilidad de discutir, enviando un proyecto de ley que cubriera al Estado y, tal vez, a los particulares en determinada situación. Pero no lo hizo y violó la ley, y ese es un camino que quienes tenemos algunos años ya conocemos: sabemos cómo se empieza por pequeñas violaciones y se termina por los horrores que hemos vivido.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: en el fundamento de los dos señores Diputados del Partido de Gobierno se insiste en señalar que, en función de cumplir con un programa financiero, el Poder Ejecutivo está habilitado para modificar o incumplir la ley, porque, en buen romance, es eso lo que se dice.

Llevemos al absurdo este razonamiento en cuanto a la interpretación que se hace de lo que establece el artículo 644. Supongamos que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir determinado programa en materia financiera para el cual tiene restricciones en materia de emitir deuda y que, en consecuencia, debe retrasar el pago de los salarios de los funcionarios públicos. Está claro en ese ejemplo del absurdo que si el Poder Ejecutivo quiere en definitiva modificar la normativa legal, claramente debe enviar un proyecto de ley al Parlamento en tal sentido. Pero no puede, con el fundamento de un programa financiero que no afecta el déficit en términos fiscales -que esa es la facultad que le concede el artículo 644- decir que no se cumple determinada ley y arrogarse el derecho a fijar un plazo distinto o un mecanismo diferente al que establece el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.360.

El tema es que primero hay que cumplir con la ley. Si en definitiva se quiere establecer un determinado programa financiero, este, en primer término, debe estar de acuerdo con la ley. Y si se persiste en un determinado objetivo con relación a ese programa y la ley determina de alguna manera al Poder Ejecutivo un cierto cumplimiento, debe enviar un proyecto al Poder Legislativo para que se modifique la ley.

Esos son los caminos; no hay otros. Tampoco hay posibilidad de segundas interpretaciones de un artículo que es absoluta y meridianamente claro. Por lo tanto, reitero la exhortación en el sentido de que el Poder Ejecutivo, que ha sido atento en el cumplimiento de la ley y que en este caso se ha equivocado, vuelva sobre sus pasos y envíe a este Parlamento un proyecto de ley en el sentido que corresponde.

SEÑOR BARRERA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Recuerdo a los señores legisladores que está pendiente de tratamiento el tema de la suspensión de los remates judiciales y extrajudiciales y que hay cinco oradores anotados. Por lo tanto, vamos a tratar de no generar alusiones y contraalusiones a los efectos de agilizar la discusión de este tema.

Tiene la palabra el señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: comparto la preocupación del señor Presidente en cuanto a que hay otros temas muy importantes para la vida del país, pero al haber sido aludido en forma tan inexacta por parte del señor Diputado Posada, no puedo pasar por alto esta acusación que en forma injusta e infundada él ha realizado.

En toda la exposición que realicé nunca, en ningún momento, dije que se justificaba la violación de la ley en función de determinadas metas financieras. Jamás. Lo que hice en mi fundamentación fue señalar -inclusive, hice historia de la génesis del aguinaldo en el sector privado y en el público- que esta decisión del Poder Ejecutivo se tomó al amparo de las disposiciones legales vigentes y que no es ilegal. Jamás afirmé que por el cumplimiento de una meta económica valía la pena violar la ley o que eso ameritaba violar una disposición legal. Hemos manifestado nuestra posición de que aquí no hay violación de ninguna ley; esto está bajo el amparo de determinados artículos que hacen referencia a estos temas.

Por lo tanto, quiero desterrar esta versión de que nosotros votamos diciendo que estamos violando una ley. Nosotros no estamos violando una ley y votamos por las razones que hemos manifestado con anterioridad.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Pita.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: la exposición de la señora Diputada Daisy Tourné fue clarísima. Desde el punto de vista legal, creo que en esta ocasión no cabe más de una interpretación. A mi juicio, el decreto en cuestión es claramente ilegal. El numeral 2º del primer considerando del decreto cree conveniente hacer uso de la facultad atribuida por la norma legal citada. Y la norma legal citada es el artículo 2º del decreto-ley de 1975, que claramente establece que la facultad se restringe al pago en dos veces, y la primera mitad debe abonarse antes del vencimiento del mes de junio. Esto es absolutamente claro; no hay lugar a dudas. Por más que digan lo que digan quienes defienden este decreto, leyéndolo surge claramente que se inspira en una ley que no está siendo respetada. Es clarísimo.

Otra cosa que es particularmente difícil de aceptar es el espíritu con el que se habla de la necesidad de cumplir con una meta fiscal comprometida para poder mantener el crédito. Hubo un primer ajuste fiscal, un primer incremento del Impuesto a las Retribuciones Personales, una primera rebaja de los salarios de la gente a principios de año; hubo una segunda instancia con rebaja práctica y real de sueldos y de jubilaciones, que también era para recuperar el crédito y cumplir con metas, sosteniendo que con eso se conseguían resultados en poco tiempo. Ahora se dice que además de las dos rebajas es necesaria la tercera: diferir el pago de un medio aguinaldo que, en la práctica, como tema central además del aspecto legal, desde el punto de vista social afecta a más de 160.000 familias uruguayas, que estaban absolutamente convencidas de que iban a contar con ese medio aguinaldo, porque hacía prácticamente veinticinco años que la ley lo facultaba y así se aplicaba. Todo el mundo en este país gastó en función de ello y a las deudas que tenía previstas, a las obligaciones contraídas, que fueron afectadas gravemente por el primer ajuste y más gravemente por el segundo, por lo que se hacía más necesario contar con este medio aguinaldo en fecha para evitar, por lo menos, sanciones por atrasos, recargos, intereses y multas en la esfera del consumo habitual, en el consumo de los supermercados a través de la tarjeta y en el de los almacenes que trabajan con libreta. A esto se suma que va a haber atraso por acumulación de imposibilidades y por imposición de esta decisión; la gente va a tener que pagar cuotas de servicios esenciales, como UTE, OSE, ANTEL, BHU, y encima de que le postergamos los pagos, la gente va a tener que pagar eso más todas las consecuencias de la mora establecidas por ley. Entonces, no solo retrasamos el pago al que tenía derecho, sino que le cobramos más porque se atrasa. Eso es una barbaridad. Hay 160.000 familias expuestas a esta situación.

Se me podrá decir que no es exactamente eso; pero es eso, señor Presidente. En el paquete de los ingresos, todo el mundo contaba con esto. Hay por lo menos 160.000 familias que están expuestas a esta situación, que se agrega a las dos recientes anteriores rebajas de sus ingresos previstos, que también fueron imprevistas; absolutamente imprevistas. Para mí, este es el tema central.

SEÑOR ARAÚJO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PITA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ARAÚJO.- Señor Presidente: quisiera hacer dos o tres precisiones.

En primer lugar, no es que no me preocupe la legalidad o ilegalidad de la norma; de ninguna manera. Naturalmente, como hombre formado en derecho, me preocupa si la norma es legal o ilegal.

Creo que debe quedar claro que estamos en un Estado de derecho. Si la norma es ilegal, así como en la actividad privada el empleado que se sienta violado en su legítimo derecho puede recurrir a la Justicia, en este caso también el funcionario público que entienda que esta norma es ilegal, podrá recurrir o reclamar no solo la ilegitimidad del decreto, sino también, eventualmente, los daños y perjuicios a que hacía referencia el señor Diputado Pita.

No quiero dejar pasar por alto una circunstancia que planteó el señor Diputado Posada, en cuanto a que si el Poder Ejecutivo entiende que necesita normas, que envíe el proyecto. Creo que este no es el tipo de norma que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, pero si el Parlamento entiende que es procedente en circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo -a las que han hecho referencia los Diputados del Gobierno-, en Sala perfectamente se puede modificar el decreto-ley y establecer la facultad del Poder Ejecutivo de diferir el pago en dos, tres, cuatro, cinco, seis o las veces que se le ocurra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Pita.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente:...

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PITA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: creo que las leyes son las leyes. Esto, que parece perogrullesco, no lo es. Es muy claro. La norma que está en examen establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de pagar el aguinaldo en dos cuotas -llamémosle así-: la primera, el generado hasta el 31 de mayo, y la otra, el del resto del año. Si hace uso de esa facultad, la norma es muy clara y establece que tiene que pagarse en el mes de junio, y no hay otra discusión; esa es la norma. Más allá de lo que podamos opinar acerca de lo lógico o no de la posición del Poder Ejecutivo en tratar de pagar igualmente con un mes o dos de atraso a los efectos de solucionar algún tipo de situación de las que relataba el señor Diputado Pita, eso no quiere decir que la ley no sea clara; la ley es clara. En consecuencia, si el Poder Ejecutivo opta por pagar el aguinaldo desglosado en dos oportunidades, debe hacer efectivo el primer pago en el mes de junio; de eso no cabe la menor duda. Y atento a la situación existente desde el punto de vista económico-financiero, me parece muy interesante lo que está proponiendo el señor Diputado Araújo, es decir, que se pueda facultar al Poder Ejecutivo en última instancia por parte de la Cámara, a través de un proyecto de ley modificativo de este decreto-ley, a postergar esos pagos, con lo cual se subsanaría esta ilegalidad que se está cometiendo. Me parece que cuando las leyes son claras, no podemos estar inventando algún tipo de interpretación. Por más que yo sea Diputado oficialista y absolutamente defensor de todo lo que ha realizado el Poder Ejecutivo, en este caso no podemos inventar que la ley dice lo que no dice, porque lo dice con absoluta claridad.

En consecuencia, la única posibilidad que tenemos frente a lo que es el texto absolutamente claro de la ley y a lo que es la actitud que tomó el Poder Ejecutivo para subsanar esta situación -que en última instancia es loable porque bien podría haber dicho, porque tiene la potestad de hacerlo, que pagaba todo el aguinaldo exclusivamente en el mes de diciembre, en una sola oportunidad, y sin embargo optó por pagar la mitad en los meses de julio y agosto- es que la Cámara apruebe un proyecto de ley, inclusive en el día de hoy, para modificar el artículo segundo del decreto-ley y establecer, no que se pague exclusivamente en el mes de junio, como lo dice hoy, sino que se abone en los meses de julio y agosto, y se termina la cuestión. Pero la ley, cuando es clara, no admite dos interpretaciones.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Pita.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: inicié mi breve exposición diciendo que para mí el primer tema indiscutible es el legal. El segundo tema central, y el más importante y urgente desde el punto de vista de la vida de la familia uruguaya, es que se le sustrae un ingreso que tenía previsto y se la expone a consecuencias gravísimas en cuanto a atrasos y obligaciones ineludibles que le van a generar sanciones, recargos por mora, intereses y multas. Realmente, es una situación desesperada en la que se encuentran las familias uruguayas que todavía tienen trabajo y, en este caso, los más de 160.000 funcionarios públicos.

El planteo que hizo la señora Diputada Tourné, coordinadora de nuestra bancada, es clarísimo. El primer punto es cumplir la ley, abonar el aguinaldo en dos cuotas y, como se ha venido haciendo siempre, hacerlo antes del 30 de junio. Estamos a tiempo de ello si el Poder Ejecutivo rectifica su proceder ilegal y, además, profundamente injusto y de consecuencias tremendamente negativas para la familia uruguaya. El segundo, es evitar a la familia uruguaya una tragedia agregada.

El planteo que acaba de hacer el señor Diputado Fernández Chaves me parece totalmente injusto. Me sorprende -y lo digo con toda fraternidad- que sea formulado de esa manera. Todos estamos preocupadísimos por las consecuencias que tendría este atraso del pago, y no se encuentra mejor idea que decir: "atrasémonos del todo y dejemos hasta diciembre a la gente sin lo que pensaba disponer para pagar sus obligaciones", prácticamente todas ya contraídas en los más diversos planos con el dinero que tenía previsto que iba a recibir en junio. Realmente, es una actitud que no solo no la comparto, sino que no la comprendo.

El camino es clarísimo: hay que respetar la ley y pagar antes de que termine el mes de junio. En caso de que no se aprobara la exhortación y la exigencia al Poder Ejecutivo -como expresó y fundamentó nuestra coordinadora, la señora Diputada Tourné-, varios legisladores vamos a presentar un proyecto para por lo menos evitar a estas más de 160.000 familias uruguayas tener que pagar más caros los servicios públicos esenciales al configurarse la mora por responsabilidad ajena, pues por razones de fuerza mayor no van a poder pagar; vamos a tratar, por la vía accesoria, pero legal, de ahorrarles por lo menos ese segundo castigo inmerecido e injusto en el área de los servicios públicos, de la vivienda y de los seguros contraídos con el Banco de Seguros del Estado.

Es un tema de sensibilidad, de justicia y de legalidad. En esos tres planos tenemos que actuar.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en primer lugar, queremos expresar que esta fuerza política ha actuado con absoluta seriedad y respetando los términos de la cortesía parlamentaria. El miércoles pasado, en la sesión de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se planteó que era absolutamente ilegal que el Poder Ejecutivo fraccionara el pago del aguinaldo en más de dos veces, por los fundamentos que aquí ya se han dado.

Quiero explicar por qué decimos que esto es absolutamente inconstitucional, y voy a contestar más de una intervención procurando no aludir a nadie. Aquí se ha mencionado un decreto-ley, y ha quedado por ahí "picando" que si es un decreto-ley no es una ley y, entonces, se cuestiona su valor. Los decretos-leyes son tales por cuanto así los calificó la Ley Nº 15.738, que fue la que estableció que todas las normas que el Consejo de Estado llamaba leyes pasaban a ser decretos-leyes. Esto no quiere decir que valieran menos, porque una materia tan importante como la de arrendamientos, por ejemplo, es regulada por el Decreto-Ley Nº 14.219. De manera que vamos a no pensar que un decreto-ley puede ser derogado por un decreto del Poder Ejecutivo. Eso lo descartamos de plano. Aclaro que no estoy adjudicando intenciones, sino que quiero clarificar conceptualmente el tema.

Se ha hablado además de la naturaleza del llamado aguinaldo. Esta es una expresión popular, que utiliza la gente, pero en realidad lo que denominamos comúnmente aguinaldo se llama sueldo anual complementario. De la naturaleza salarial del aguinaldo no duda absolutamente nadie. Tanto es así que cuando se fijan pensiones alimenticias, indefectiblemente se tienen en cuenta también los aguinaldos, porque se los considera de naturaleza salarial. Cuando se hace el cálculo de la indemnización por despido hay que incluir la alícuota de aguinaldo que se ha generado, porque se considera que es de naturaleza salarial. Podríamos seguir con muchos ejemplos. De manera que la naturaleza salarial del aguinaldo es muy clara, y es muy importante para lo que viene después.

Cuando se hace referencia al artículo 644 de la ley de Presupuesto -en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con los razonamientos del señor Diputado Posada-, hay que aclarar que no se refiere al "cuándo", sino al "quantum". Además, se refiere a ejecución de otro tipo de gastos y no a sueldos. Eso es muy claro. Entonces, no se pueden afectar estos gastos de naturaleza salarial que ya están fijados.

En cuanto a ciertos decretos que se fueron estableciendo, donde se aplicaba la facultad del Poder Ejecutivo, naturalmente que este está facultado a fraccionar el aguinaldo -eso lo dijo reiteradamente el señor Diputado Díaz Maynard y acaba de ser reafirmado por otras intervenciones- en dos veces. La ley dice que lo generado hasta el 31 de mayo debe ser abonado dentro del mes de junio, y el complemento antes del 24 de diciembre. Todos los decretos que se citaron -el de 1992, el de 1993, el de 1994, etcétera- cumplieron con la ley, porque siempre se pagó dentro de estos plazos.

Ahora se dice que se va a pagar en dos cuotas, pero en tres pagos. Realmente, resulta difícil de entender. Renuncio al idioma español. Ya que después vamos a hablar de otro tipo de deudores, me gustaría saber cómo hacemos para entender que dos en realidad se puede hacer en tres, porque capaz que tres lo podemos hacer en seis, diez en veinticinco, y así podemos lograr formas de financiamiento perfectamente aplicables a otras esferas. Esto -y perdonen la expresión- sería un "bollo". Si decimos que es dos pero es tres, es muy difícil entender qué es lo que se quiere decir.

En definitiva, nosotros -y cuando digo "nosotros" me refiero a mi bancada, al Encuentro Progresista-Frente Amplio- estamos absolutamente preocupados en un doble sentido. En primer lugar, estamos preocupados porque, como se ha dicho insistentemente aquí, la gente ya tiene gastado el aguinaldo. En segundo término, estamos muy preocupados porque el principio de legalidad es la base de la vida democrática. Admito que ahora se pueda elaborar un proyecto de ley facultando al Poder Ejecutivo, pero la ley ya fue violada, porque el decreto ya se dictó. Aquí hubo una violación del principio de legalidad que esta bancada no está dispuesta a pasar por alto. Esto es muy grave, sobre todo si se tiene en cuenta que se hicieron todos los esfuerzos posibles para que no aconteciera. No es haciendo chicle determinadas disposiciones que nada tienen que ver con el asunto que se va a salvar el principio de legalidad. Tampoco se va a salvar este principio aunque ahora se envíe el proyecto. Admito que se pueda dejar sin efecto el decreto y cuando se elabore la ley recién se proceda de esa manera, pero de lo contrario estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, y así esto no camina.

Según mi modesto entender, esto no es nada más que una de las tantas improvisaciones que se hacen y de las cuales creo que estamos abusando en demasía.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada Rondán.

SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: en todo este tiempo que ha llevado la discusión se habló mucho de decretos, de leyes, de legalidad, etcétera, pero fueron muy pocos los legisladores que se han ocupado de la gente. Con esto no quiero decir que no lo hayan hecho todos, pero muy pocos se han ocupado de la gente.

En mi condición de no abogada, de provenir de una familia extremadamente humilde -esta mujer ha sido profesora por más de treinta años, por lo que imaginen lo que supone un medio aguinaldo para un docente-, me pregunto qué pasaría si alguien de los pocos que se preocupan por las cosas que pasan aquí adentro estuviera escuchando este debate; no sé qué le quedaría claro. De pronto le quedaría clara alguna de las cosas que dijo el señor Diputado Pita. A esas cosas -sin afán de aludir ni de polemizar- me gustaría referirme.

No digo que el señor Diputado Pita no tenga razón ni que la gente no tenga comprometido su aguinaldo; a lo mejor algunos de los pobres que integramos este Parlamento también lo tenemos comprometido, porque acá no todos nadamos en la abundancia y quedamos unos cuantos pobres que, si las cosas siguen así, quizás dejemos de ser Diputados para dedicarnos a nuestras profesiones, porque esto se transformará en un trabajo de ricos, al cual algunos de nosotros no podremos acceder.

Yo también reflexionaba sobre esa gente que está esperando el medio aguinaldo y las referencias realizadas por el señor Diputado Pita y algún otro que también se preocupó de la gente, de quienes quiero creer que lo hicieron de una forma sana, en serio, ya que no tengo por qué pensar otra cosa. ¿Acaso estos Diputados no pertenecen al sistema político? ¿Es que el Encuentro Progresista-Frente Amplio no pertenece a este sistema político, no vive en este país? ¿Es que no sabe cuáles son las dificultades que este Gobierno está pasando?

A veces, parece que en esta Sala hay gente que viene de otro mundo, proponiendo soluciones que son espectaculares y que ojalá pudiéramos llevar a la práctica; pero la realidad, que es tangible y está allí, nos impide aplicar esas estupendas y maravillosas propuestas.

¿Qué es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo? No me voy a ocupar en analizar si el decreto es legal o ilegal, si se violó o no la ley, porque pertenezco a un sector político y a un Partido político que no han violado la Constitución ni la ley. Siempre hemos estado del lado de la Constitución y de la ley y si hay alguien que piensa lo contrario, que me lo diga. Siempre estamos del lado de hacer respetar la ley.

El problema es que el medio aguinaldo no se puede pagar todo junto y aquí hay dos alternativas: se paga a la gente en diciembre y se la hace sufrir todavía mucho más, o en dos veces. Estoy segura de que la gente bien nacida de este Uruguay, que está pasando muy mal, que tiene dificultades, que está atrasada en las cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay, en el pago de las tarjetas, y a la que le cobran unos intereses espantosos -de eso también debería ocuparse el Parlamento y a veces uno se pregunta por qué será que no lo hace-, preferirá cobrar en dos veces y no solo en diciembre.

Me afilio a la postura de los señores Diputados Barrera y Gabriel Pais en el sentido de que no hemos violado la ley, sino que el Poder Ejecutivo -sin dar nombres rimbombantes como lo de la agenda social y que esto y lo otro- se ha preocupado por solucionar y paliar, en alguna medida, las necesidades de la gente. Lo hemos hecho como hemos podido y eso es lo que quiero que la gente sepa: lo hemos hecho como hemos podido. Quizás no lo hayamos hecho de la mejor manera, ¿sabe por qué, señor Presidente? Porque no tenemos cómo resolverlo de una mejor manera, pero tenemos la grandeza de venir acá y decir cómo lo haremos, sin utilizar la desgracia de la gente para hacer demagogia barata.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: confieso que estoy perpleja porque nuestra bancada ha hecho un planteamiento muy serio y contundente y acá lo que se está queriendo que parezca que decimos es: "Este decreto es ilegal; entonces, páguenle a la gente en diciembre". ¡Eso es un disparate! Nadie de nuestra bancada -y al respecto fue muy clara nuestra coordinadora- planteó eso.

Acá se planteó -y lo han fundamentado todos nuestros compañeros-: ¿qué es lo que puede hacer legalmente el Poder Ejecutivo? Está obligado, por ley, a pagar el aguinaldo generado durante todo el año, es decir, desde el 1º de diciembre de un año hasta el 30 de noviembre del otro, en diciembre, y está facultado a pagar en dos veces: el aguinaldo que se generó a mayo, lo tiene que pagar en junio, y el generado en el resto del período, en diciembre. Eso es lo legal.

¿Qué estamos planteando? Que el aguinaldo generado a mayo se pague ahora, porque la gente, como bien se dijo, lo tiene incorporado en sus cuentas, lo ha gastado, lo necesita. ¿Qué es lo que se dice? Que no hay plata y que no hay disponibilidades; no lo sabemos, porque no recibimos la información correspondiente del Poder Ejecutivo.

Comparto que si el medio aguinaldo no se puede pagar en junio, es obvio que sería más conveniente que se pagara en julio y agosto y no en diciembre. Obviamente, reclamamos que se pague ahora, pero lo que no se puede, por el principio de conveniencia, es violar la ley. Tampoco se puede hacer de las metas del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional leyes o reformas constitucionales. No sé qué es lo que ha pactado el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional; no lo sé. Sé lo que se establece en la ley a texto expreso.

Entonces, decimos que corresponde y es conveniente que el medio aguinaldo se pague en junio, y que el decreto es claramente ilegal.

Quiero hacer una precisión técnica. Aclaro que nada tiene que ver lo que se ha invocado sobre el artículo 644 de la ley de Presupuesto. En tanto no se reforme la Constitución -no se lo hace por las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional-, el déficit fiscal se computa hasta el 31 de diciembre de cada año; eso es lo que está proyectado en el Presupuesto quinquenal para cada Ejercicio y es lo que nos viene informado en las Rendiciones de Cuentas. Independientemente del momento en que el medio aguinaldo se pague, el gasto para el Estado por el aguinaldo generado hasta el 31 de mayo corresponde a este Ejercicio, por lo que es exactamente lo mismo, a los efectos del cómputo del déficit fiscal, que se pague en junio, en julio, en agosto, en setiembre o cuando sea, porque es un gasto de este Ejercicio. A este cómputo no se le aplica en absoluto lo que establece el artículo 644 en la medida en que dice que para reducir el déficit se pueden poner topes a los gastos de funcionamiento e inversión.

El gasto por el aguinaldo ya fue generado y ya integra el déficit de este año. Si el Gobierno tiene problemas financieros, es otra historia. Si quiere diferir el pago del medio aguinaldo porque tiene problemas financieros -¡cuidado!, creo que es una muy mala señal política y de confianza hacerlo- y tomó este camino para no pagarlo en diciembre, está bien, pero que lo explique. En todo caso, lo que no puede hacer es violar la ley. La ley no se viola por conveniencia, y si entramos en los matices de lo que en algún momento puede ser conveniente para unos e inconveniente para otros, no se sabe dónde terminamos. Como bien dijo nuestra coordinadora, nosotros estamos dispuestos a estudiar otros tipos de caminos y de soluciones, pero que no se insista en el camino de este decreto, que es claramente ilegal y que, obviamente, no va a ser recurrido. Si soy funcionario público, no me pagan el aguinaldo en junio y lo voy a cobrar en julio, no voy a recurrir para no cobrar; eso es una obviedad.

Se ha violado la ley y nosotros, como parlamentarios que defendemos los derechos económicos de la gente, pero también los derechos sustantivos, porque la legalidad es parte de los derechos de la gente, no nos podemos quedar callados y dejar de cuestionar este tema, que es una clara violación a la ley.

No comparto que el medio aguinaldo haya que pagarlo diferido en julio y en agosto; no lo comparto, señor Presidente. Sin embargo, quiero hacer un reconocimiento al señor Diputado Fernández Chaves, porque aunque sus argumentos de fondo me merecen discrepancias, él admitió con claridad que con este decreto se está actuando fuera del marco legal. Entonces, como decía, nosotros como parlamentarios tenemos la obligación de custodiar todos los derechos de la gente, y ¡vaya si la legalidad es un derecho de la gente! Y no es un derecho simplemente de formas; es un derecho sustantivo.

Creo que se ha cometido un error y que el camino es rectificar o anular esto. Si el Poder Ejecutivo tiene fundamentos para hacer lo que está planteando, que lo proponga a nivel parlamentario por la vía adecuada y lo consideraremos.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA CHARLONE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: me ha preocupado mucho el tratamiento de este tema, porque me parece una situación difícil la que se va a dar en los próximos días.

Por más que yo haya sido electo por el pueblo, me considero un funcionario público; si bien no soy estrictamente un funcionario público, cobro de las arcas del Estado. Y como hay división de Poderes, me preocupa mucho qué va a disponer el Presidente de la Cámara de Representantes, que es del Frente Amplio, sobre el aguinaldo de los legisladores. ¡Vaya si me preocupa! No quisiera tener ningún privilegio con respecto a los doscientos mil, doscientos cincuenta mil o trescientos mil funcionarios públicos.

(Apoyados)

——Si ellos van a cobrar en julio y en agosto, yo también quiero cobrar en julio y en agosto. Pero ahí está mi gran duda. Me pregunto qué va a hacer el Presidente de la Cámara de Representantes, que es del Frente Amplio, cuando tenga que ejecutar la orden. ¿Va a violar la ley, como dicen sus compañeros de bancada, pagándonos el aguinaldo en dos veces, o no va a violar la ley, haciendo que los legisladores tengamos un privilegio?

Esa es mi gran duda. En los próximos días veremos qué sucede. Sé que la sabiduría del señor Presidente lo hará encontrar el mejor camino, pero mañana no quisiera encontrarme con que tengo un privilegio sobre los doscientos cincuenta mil o trescientos mil funcionarios. Tampoco quisiera, si el Frente Amplio dice que pagar en dos veces es violar la ley, que nuestro Presidente, a quien queremos mucho, fuera un violador de la ley.

Esta es la gran duda que tengo y esperemos que en los próximos días este tema se solucione. No quiero un privilegio y no quiero que el señor Presidente viole la ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- El Poder Legislativo tiene autonomía presupuestal; como bien dijo el señor legislador, no está incluido en este decreto. Pero pierda cuidado el señor legislador -no a interpelación de él, sino porque es el sentimiento de esta fuerza política- que el señor Presidente de la Cámara de Representantes va a hacer lo justo y, más allá de lo legal, lo éticamente correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa aclara al señor Diputado González Álvarez que no piensa hacer de él un privilegiado. Por lo tanto, la Cámara pagará el aguinaldo en el mismo momento en que cobrará el resto de los funcionarios públicos, salvo que la Cámara, con el voto del señor Diputado González Álvarez o de algún otro integrante, pueda cuestionar la actitud de la Mesa y resolver lo contrario, por lo que en ese caso no habría más remedio que pagarle antes al señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Vener Carboni.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente:...

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR VENER CARBONI.- El señor Presidente ya me cedió la palabra, y seré breve.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Perdón, señor Diputado. Le pido que conceda una interrupción al señor Diputado Pintado, ya que se la había solicitado a la señora Diputada Charlone y la Mesa lo omitió.

SEÑOR VENER CARBONI.- Está bien, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: le agradezco al señor Diputado Vener Carboni.

El señor Diputado González Álvarez, con picardía, con buen humor, planteaba dos situaciones. Creo que le voy a dar una tercera alternativa que impide al Presidente violar la ley y, a la vez, ser privilegiado: que cada uno de nosotros, por nuestra propia voluntad, opte por cobrar el medio aguinaldo corriendo la misma suerte que el conjunto de los funcionarios públicos. Esta es una tercera opción que existe y nosotros estamos dispuestos a llevarla a cabo porque protegería a nuestro Presidente de cualquier acusación de violación de la ley.

La discusión no radica en si las finanzas del Estado están mal -ya sabemos que lo están-, en si el déficit fiscal no era de US$ 800:000.000 como se dijo en la campaña electoral y lo fue, y ahora estamos endeudados en US$ 2.400:000.000. El problema no es endeudarse, sino cómo nos endeudamos y para qué; esa es la situación. Acá la solución que se planteaba era que se recorriera el camino de la ley; los que estén dispuestos a levantar la mano para que los funcionarios públicos no cobren el aguinaldo en junio, la levantarán, asumirán la responsabilidad y todo esto dentro de la ley. El problema es que ese camino no se ha recorrido, se ha violado la ley, y lo peor de todo es que ni siquiera se da una solución a esa gente que no va a poder pagar las tarjetas de crédito, no va a poder pagar la luz; ni siquiera se la salva de pagar las multas y los recargos por mora y no se evita que vaya al "clearing" porque este aguinaldo está comprometido.

Por suerte, acá no hay un solo Diputado ni Diputada que no tenga un origen trabajador; somos muchos en este Parlamento los que venimos de vivir de un sueldo no muy decoroso y sabemos lo que pesa el aguinaldo en las cuentas. Además, sabemos que está comprometido y que esto no va a generar ninguna inflación.

Reitero al señor Diputado González Álvarez que el tercer camino es que nosotros, por voluntad propia, decidamos recorrer la misma suerte que el conjunto de los funcionarios públicos. Lo cierto es que el tema central es que no se puede violar la ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Vener Carboni.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: el planteamiento del Encuentro Progresista me recuerda a una propaganda de la Clínica Andrómaca que anda circulando por ahí, en la que la esposa le hace una propuesta matrimonial a su esposo y él le contesta: "¡Pero, vieja! Me rebotaron dos cheques, me aplicaron una multa, perdí las tarjetas de crédito, se me venció el pago de no sé qué cosa". Y la propaganda le ofrece como solución: "Para sus problemas de erección, Clínica Andrómaca".

Esto es idéntico, porque todos sabemos de manera categórica que el Poder Ejecutivo no puede pagar el medio aguinaldo en junio. Proponer pagar el medio aguinaldo en junio es la más absoluta irresponsabilidad; parece apostar a aquello de que cuanto peor, mejor. Las otras dos alternativas que pueden darse son pagar en junio, lo que significaría un desequilibrio importante en las cuentas del Estado, no permitiría un control adecuado del déficit y, por lo tanto, haría peligrar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional; o pagar todo en diciembre, creando una conmoción social y apostando a cuanto peor, mejor, porque ello genera un marco electoral más propicio para el Encuentro Progresista. Uno no termina de entender la situación: la alternativa clarísima de un Gobierno que no puede pagar en junio sería pagar en diciembre, pero -como decíamos- si el tipo tiene problemas económicos, entonces la solución de la Clínica Andrómaca no se los resuelve. Le soluciona sus problemas de erección, pero no el problema económico que tiene el tipo, porque la otra alternativa sería pagar en diciembre, lo cual también es una locura.

Uno a veces no entiende muy bien determinadas estrategias. Me da la impresión de que el Encuentro Progresista parece querer el poder a cualquier precio. Además, muestra una moderación sobre la base de que cree tener el fruto en la mano, y después parece que está dispuesto a estropearlo todo. No hay problemas; va y va con propuestas de esta naturaleza.

Yo recordaba la propaganda del Partido Comunista en 1989 cuando decía: "¡Paradoja!". En la reunión de coordinadores, el señor Presidente de la Cámara anunció que se va a pagar en julio y agosto. Aquí se está cuestionando esa alternativa. Nos parece notable que corramos la misma suerte que el resto de los funcionarios públicos. Y yo no lo voy a acusar de ilegal. Al contrario; voy a apoyar su actitud, porque significa ser sensible a una realidad y reconocer los problemas que tiene el Estado en cuanto a su déficit fiscal.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR VENER CARBONI.- No se la puedo conceder porque, de lo contrario, lo van a acusar de desacato: el doctor Tabaré Vázquez le pidió que no le contestara al Foro.

(Hilaridad)

——Sigo, señor Presidente.

Sería bueno, entonces, que si esto es una ilegalidad, los señores Diputados que dicen que esto es una ilegalidad no se suban al carro cobrando dentro de la ilegalidad. ¡No se asocien a cobrar en julio y en agosto! ¡Que dejen para cobrar todo en el mes de diciembre! Lo que les corresponde cobrar a los señores Diputados que dicen que esto es una ilegalidad -es decir, el medio aguinaldo en julio y en agosto- puede quedar perfectamente en las cuentas del Banco de la República.

A los únicos que les permitiría y les diría que no es una ilegalidad cobrar en julio y agosto sería a los dos señores Diputados que desde hace tiempo están pensando -y lo han propuesto- en donar el medio aguinaldo. ¡Ellos sí lo pueden cobrar en julio y agosto!

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa felicita al señor Diputado Vener Carboni por sus conocimientos de los medicamentos de la clínica Andrómaca.

(Hilaridad)

——Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Mieres.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Señor Presidente: hay veces que uno siente una gran preocupación porque cualquier tema que se analice en este ámbito últimamente se transforma en motivo para polarizar, para llevar las cosas al extremo, de alguna manera para buscar la polémica y la confrontación y, entre tanto, otros van quedando postergados. Lo interesante, lo bueno, es marcar posturas en blanco y negro, en buenos y malos, y esto se está volviendo una costumbre muy triste, no solo en este Parlamento: se está convirtiendo en una costumbre de este Uruguay político de este tiempo.

Ningún señor Diputado tiene que mencionar las angustias cotidianas de los ciudadanos para que todos las conozcamos. Todos somos grandecitos. Todos sabemos lo que está ocurriendo. Todo el mundo sabe que los aguinaldos se gastan antes de cobrarlos, y los sueldos también. Pero, señor Presidente, lo que aquí se ha reclamado -y por ahí comenzó la discusión, aunque lamentablemente ha derivado en otros asuntos- es el principio de legalidad. Y en eso me parece que hay que ser absolutamente inflexibles. Además, el Parlamento es el ámbito que debe reclamar al Poder Ejecutivo que sus decisiones sean arregladas a derecho. No existe ninguna duda de que este decreto es ilegal porque viola la ley -o el decreto-ley, como quieran llamarlo- que establece al Poder Ejecutivo la facultad de abonar hasta en dos partes el aguinaldo.

Pero tampoco cabe ninguna duda de que el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de pagar, porque si no, para cumplir con la ley, simplemente bastaba postergar el aguinaldo hasta el mes de diciembre, y así cumplía con la ley. Y esto también debemos tenerlo en cuenta porque, de lo contrario, me parece que estamos evaluando muy mal. Y nosotros, que vamos a votar una declaración que reclama que el Poder Ejecutivo actúe de acuerdo a derecho, sin embargo también reconocemos la voluntad del Poder Ejecutivo de pagar, no a fin de año todo el aguinaldo junto, sino, al menos, lo antes posible. Uno advierte que estos temas se pierden en el fragor de la polarización creciente y terminan transformándose poco menos que en una discusión en la que unos ofrecen el oro y el moro -porque, ¡total!, es muy fácil estar del otro lado del mostrador-, y otros pasan por alto nada más y nada menos que el pequeño detalle de que las normas que el Poder Ejecutivo dicta deben ser arregladas a derecho y no es buena cosa, en ninguna circunstancia, justificar la violación de la ley por parte del Poder Ejecutivo.

Señor Presidente: hay que hacer un llamado a la cordura, a dejar de buscar cada tema, cada asunto, con las miras puestas en los electores -que, por otra parte, poco y nada saben de las discusiones que tienen lugar aquí adentro- y tratar de sacar adelante un país que está viviendo privaciones muy graves. Sería bueno, sería necesario, sería imprescindible, que el Poder Ejecutivo enviara un mensaje con un proyecto de ley que lo autorizara a pagar el aguinaldo en tres veces, y sería bueno que todos lo votáramos porque ello sería hacer una contribución al país y no aprovechar las necesidades para transformarlas en banderas, que poco y nada hacen al bien del país.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: agradezco que el señor Diputado Pablo Mieres me conceda la interrupción porque lo que él ha dicho es exactamente lo que manifestamos en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Advertimos al Poder Ejecutivo; no pretendimos sacar ninguna ventaja. Advertimos al Poder Ejecutivo, antes de que dictara la norma, que era ilegal, y encomendamos a un miembro -precisamente de la coalición de Gobierno- trasmitir al Poder Ejecutivo que se iba a cometer una ilegalidad. Y dijimos que estaba en sus manos -en la medida en que tenía las mayorías parlamentarias necesarias- enmendar esa ilegalidad, si tenía problemas financieros, enviando un proyecto que modificara el Decreto-Ley Nº 14.360.

De manera que lo que ha manifestado el señor Diputado Pablo Mieres es exactamente la conducta que nosotros asumimos en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración hace una semana.

Muchas gracias, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Pablo Mieres.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Señor Presidente: nos alegra mucho que cada día tengamos más coincidencias con el señor Diputado Díaz Maynard; por algo será.

Muchas gracias.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: dejé que hicieran uso de la palabra varios señores Diputados que sustentan la posición de que el decreto es ilegal para hacer una aclaración.

Reitero una vez más que la ley posterior deroga a la ley anterior. El artículo 644 de la ley de Presupuesto, al autorizar al Poder Ejecutivo a establecer topes en la ejecución de gastos de funcionamiento e inversión, deroga una multiplicidad de leyes; no solo esta, sino cientos de leyes que establecen obligaciones de pagar en determinada fecha. Cuando el Poder Ejecutivo fija un tope ya no se puede pagar y entonces se incumplen esas leyes.

Los contratos son ley para las partes; hay miles de contratos firmados por el Estado que establecen que este debe pagar tal día. Si el Poder Ejecutivo fija un tope que impide pagar, automáticamente está derogando la ley que obliga a pagar en determinado día.

Por tanto, entiendo que esto es legítimo porque este artículo 644, en su correcta interpretación, está derogando una multiplicidad de leyes específicas y particulares que establecen obligaciones de pago en determinadas fechas, en determinado momento.

Esta era la aclaración que quería realizar.

Gracias, señor Presidente.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: quiero ser breve porque ya nos hemos extendido mucho en este tema. Pero, naturalmente, como por nuestra parte vamos a discutir la suspensión de ejecuciones hasta la hora que sea necesario, esto también vale para este tema que afecta a tantas familias uruguayas.

No tiene nada que ver -¡por favor!- el artículo 644 de la ley de Presupuesto quinquenal. Se está mezclando el déficit con las posibilidades financieras. El déficit se computa de acuerdo con los siguientes principios: para los ingresos, con lo que entra, y para los gastos, con lo devengado.

El déficit originado por el aguinaldo al 31 de mayo ya está generado. El Poder Ejecutivo no lo puede topear porque corresponde a la duodécima parte de las retribuciones generadas durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Esas retribuciones ya fueron generadas, por lo que el aguinaldo también está generado, y el Poder Ejecutivo no puede decir: "Recórtese en tanto el aguinaldo". Reitero que ya está generado y es un gasto que ya integra el déficit. Lo que sí puede pasar, naturalmente, es que haya problemas financieros; pero eso no forma parte del cómputo del déficit fiscal. Si hay problemas financieros y no está la plata, o hay dificultades para pagar, eso es otra historia.

El artículo 644 habilita a topear gastos de funcionamiento e inversiones. Y el Poder Ejecutivo no puede topear el aguinaldo porque ya se generó, porque los funcionarios públicos ya prestaron su actividad, ya se generó el salario y, por lo tanto, el aguinaldo fue generado. Es más; si este aguinaldo se paga en julio o en agosto, a los efectos del déficit es lo mismo porque forma parte del gasto del Ejercicio 2002 y se computa en el déficit del Ejercicio 2002, independientemente del momento del pago.

Era cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: atento a lo que sostuve en uso de una interrupción que generosamente me concedió el señor Diputado Pita, para subsanar lo que yo entiendo es una ilegalidad y dada la buena voluntad puesta de manifiesto por el Poder Ejecutivo a los efectos de proceder al pago del medio aguinaldo, propongo -después de proceder a su lectura voy a alcanzar el texto a la Mesa- que se modifique el artículo 2º del Decreto-Ley Nº  14.360, de 17 de abril de 1975, para que quede redactado de la siguiente manera: "Facúltase al Poder Ejecutivo a abonar en dos veces el beneficio establecido en el artículo anterior;" -o sea, el del aguinaldo- "lo generado hasta el 31 de mayo, hasta el mes de agosto incluido, y el complemento antes del 24 de diciembre de cada año".

Acá lo que estoy haciendo es reproducir exactamente lo que establece el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.360, salvo que cuando esta norma señala que lo generado hasta el 31 de mayo debe pagarse dentro del mes de junio, yo propongo que pueda pagarse hasta el mes de agosto, incluido, de cada año.

Eso es lo que estoy proponiendo y voy a mocionar en tal sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Haga llegar la moción por escrito a la Mesa, señor Diputado.

Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Orrico, Díaz Maynard, Michelini y Posada.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara de Representantes declare su profunda preocupación por la manifiesta ilegalidad del decreto del Poder Ejecutivo del 17 de junio de 2002, por el cual se fracciona el pago del aguinaldo para los funcionarios públicos en forma distinta a lo que establece la ley vigente".

——En discusión.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Le había pedido una interrupción al señor Diputado Fernández Chaves, pero no nos entendimos.

Yo tenía una propuesta en ese sentido. Es decir, la sugerencia del señor Diputado Fernández Chaves, que es personal, evidentemente puede o no ser de recibo, pero habría que estudiarla y nos interesaría prefijar el hecho concreto de que sea por única vez y no modificar la norma de manera permanente; cada vez que fuera necesario se modificaría.

Pero, fundamentalmente, no puedo votar la moción que se ha puesto a consideración porque soy consciente de la realidad a que esto llevaría: a que el aguinaldo se cobrara en diciembre si el Poder Ejecutivo atendiera las razones de presunta ilegalidad.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción a la que se dio lectura.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR DÍAZ.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en ochenta y nueve: NEGATIVA.

SEÑOR DÍAZ.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a rectificar nuevamente la votación.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en noventa: NEGATIVA.

Dese cuenta de una moción presentada por el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: la modificación de una ley debe hacerse a través de un proyecto de ley. Entonces, necesita sesenta y seis votos conformes para ingresar a su tratamiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Exactamente. Luego de leer la moción, la Mesa iba a dar cuenta del trámite a recorrer.

Léase la moción presentada por el señor Diputado Fernández Chaves.

(Se lee:)

"Mociono para que se modifique el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.360, de 17 de abril de 1975, que quedará redactado de la siguiente manera: 'Facúltase al Poder Ejecutivo a abonar en dos veces el beneficio establecido en el artículo anterior; lo generado hasta el 31 de mayo, hasta el mes de agosto incluido, y el complemento antes del 24 de diciembre de cada año".

——La iniciativa del señor Diputado Fernández Chaves es una propuesta para modificar una ley, por lo que exige la presentación de un proyecto que contenga, por un lado, un articulado y, por otro, una exposición de motivos. En este caso no hay exposición de motivos, por lo que no se puede poner a consideración. En caso de poder hacerlo -si tuviese exposición de motivos-, sería necesario dar cuenta del proyecto como asunto entrado fuera de hora y solicitar que se trate como urgente, para lo cual se requerirían sesenta y seis votos conformes.

En la medida en que no cumple con los requisitos de un proyecto de ley, no podemos poner a consideración la propuesta.

22.-    Productores agropecuarios, deudores, codeudores, garantes en general o avalistas. (Convocatoria a una audiencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 357 del Código General del Proceso en los juicios ejecutivos generados por deudas).

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Productores agropecuarios, deudores, codeudores, garantes en general o avalistas. (Convocatoria a una audiencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 357 del Código General del Proceso en los juicios ejecutivos generados por deudas)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 943

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Suspéndese hasta el 31 de diciembre de 2002 la ejecución de las providencias que hayan dispuesto o dispongan el remate de bienes embargados judicialmente, así como las subastas en ejecuciones hipotecarias o prendarias extrajudiciales, tendientes al cobro de deudas contraídas por productores agropecuarios deudores, codeudores, garantes en general o avalistas.

Artículo 2º.- No quedarán comprendidas en la suspensión del artículo precedente, las ejecuciones de créditos originados en relaciones laborales y las situaciones de endeudamiento que continúen siendo atendidas al amparo de las Leyes Nos. 15.786, de 4 de noviembre de 1985; 15.940, de 4 de marzo de 1988; 16.243, de 5 de marzo de 1992; 16.322, de 8 de noviembre de 1992, y decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo, convenios suscritos de acuerdo a las normas sobre endeudamiento interno de las resoluciones de los Directorios de los Bancos Central del Uruguay (BCU), de la República Oriental del Uruguay (BROU), Comercial, Caja Obrera y Pan de Azúcar de mayo de 1990 y demás disposiciones concordantes y modificativas.

Artículo 3º.- Durante el término y en los casos previstos por el artículo 1º, el secuestro y depósito en manos de terceros de los bienes embargados, solo podrá decretarse cuando el demandado no quiera o no pueda constituirse en depositario de los mismos.

Artículo 4º.- Los lanzamientos o desocupaciones dispuestos o que se dispongan contra colonos del Instituto Nacional de Colonización (INC), que acrediten la calidad de arrendatarios, subarrendatarios, cesionarios o promitentes adquirentes de predios propiedad de dicho Instituto, quedarán suspendidos en su cumplimiento efectivo hasta el 31 de diciembre de 2002.

Artículo 5º.- El Juez, sin más trámite, decretará la suspensión, a petición de parte, cuando el interesado acredite sumariamente ser sujeto comprendido y que se cumplen los extremos previstos en los artículos 1º y 4º de la presente ley, o de oficio, cuando los mismos resulten del expediente. La providencia que decrete la suspensión no será pasible de recurso alguno.

Artículo 6º.- Dentro del plazo establecido en los artículos 1º y 4º, el Poder Ejecutivo y el Banco Central del Uruguay (BCU), en el ámbito de sus respectivas competencias, arbitrarán las medidas necesarias para la posterior adopción de las políticas de fondo que requiere el sobreendeudamiento interno.

Artículo 7º.- La presente ley deja de tener validez treinta días luego de que las partes arriben a un acuerdo satisfactorio de entendimiento.

Montevideo, 7 de mayo de 2002.

ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, JULIO LARA, Representante por Canelones, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia, MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo, FRANCISCO ORTIZ, Representante por Treinta y Tres, NELSON BOSCH, Representante por Durazno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 24 de octubre de 2001, el Senador don Carlos Julio Pereyra presentó en la Cámara de Senadores un proyecto similar a este que hoy hacemos llegar a la Cámara de Representantes.

En aquella oportunidad, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores convinieron dejar en suspenso el tratamiento del tema con el compromiso de formar una comisión que, antes del 3O de junio del corriente año, se expidiera sobre una definitiva solución del endeudamiento del sector agropecuario con la banca oficial y la banca privada.

A la fecha de hoy, al no haber actuado en consecuencia dicha comisión, los Representantes Nacionales abajo firmantes entienden que es necesaria la presentación de este proyecto de ley.

Convencidos de que la ejecución sistemática de inmuebles rurales conduce inexorablemente a la caída acentuada del valor de la tierra y, en consecuencia, trae aparejada:

1º) La migración forzada del poblador rural y su familia a centros urbanos y suburbanos, con el consiguiente costo de urbanización y pérdida productiva del país.

2º) La disminución de garantías reales del sector bancario por la propia caída de los valores inmobiliarios.

El propósito de este proyecto de ley es habilitar un espacio de diálogo entre deudores y acreedores que conduzca a un entendimiento productivo para ambas partes.

El artículo 1º establece el plazo y la suspensión de la ejecución de providencias judiciales que ordenen el remate de los bienes muebles e inmuebles, con excepción de las deudas por créditos laborales y otras del sector, muy anteriores pues no es el espíritu de esta ley beneficiarlas, ampliamente especificadas en el artículo 2º.

El artículo 3º apunta a no privar al productor rural de la maquinaria, útiles, herramientas de trabajo, etcétera, necesarias para continuar al frente de la explotación.

Respecto a la suspensión de lanzamientos (excepto de precarios) y de desocupaciones de promitentes adquirentes de predios del Instituto Nacional de Colonización, incluida en esta iniciativa en el artículo 4º, apunta a un estrato de productores de superficie reducida y de integración familiar, que debe temporalmente protegerse.

A su vez, en el artículo 5º queda prevista la regulación del procedimiento judicial, con la acreditación sumaria de la calidad del sujeto amparado conforme a los artículos 1º y 4º, lo que queda librado a la apreciación del Magistrado, que, de darse los extremos incluidos a petición de parte o de oficio en su caso, dictará el decreto de suspensión, que no será recurrible.

El artículo 6º debe tenerse especialmente en cuenta porque está manifiesta la voluntad emanada del Banco de la República Oriental del Uruguay y algunas instituciones financieras para brindar soluciones acordes a lo posible, que no han sido acompañadas por otras, después de agotadas las negociaciones y la creación de estímulos y acuerdos por vía reglamentaria entre el Banco Central del Uruguay y la banca privada.

Finalmente, el presente proyecto de ley dará tiempo a que las soluciones para el endeudamiento den sus frutos en un ámbito de tranquilidad que influirá positivamente.

Montevideo, 7 de mayo de 2002.

ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, JULIO LARA, Representante por Canelones, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia, MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo, FRANCISCO ORTIZ, Representante por Treinta y Tres, NELSON BOSCH, Representante por Durazno".

Anexo I
Rep. Nº 943

"Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes aconseja al plenario, la aprobación del proyecto de ley que se adjunta, por las consideraciones que a continuación se establecen:

1º.- El acceso a la consideración de este tema se realizó a partir de un proyecto de ley presentado ante el Cuerpo referente a la suspensión de la ejecución de las providencias judiciales que dispongan el remate de los bienes afectados, en juicios ejecutivos en curso por deudas del sector agropecuario.

2º.- Frente a tal iniciativa, y dadas las circunstancias en la que vive el país, se entendió conveniente buscar otro procedimiento que permitiera a las partes disponer de un ámbito de negociación adicional, en el que eventualmente pudieran fructificar iniciativas de acuerdo.

Las consecuencias de deficiencias propias, deficiencias estructurales en el sistema productivo, retraso cambiario notorio en la década del noventa, un endeudamiento que no se ha resuelto, sino que por un lado se ha venido posponiendo. El déficit fiscal que arrastra el país, más una notoria declinación del Producto Bruto Interno (PBI), que nos ha llevado por otra parte a depender en grado sumo de los créditos del sistema financiero internacional. Debe agregarse a esto la situación regional (MERCOSUR), absolutamente negativa para los intereses nacionales.

Es necesario destacar que en la situación recesiva en la que vive el país, permite afirmar que el resultado de un remate judicial no le garantiza al ejecutante rescatar su dinero, y le impide al productor seguir trabajando en el medio productivo más importante para el país.

3º.- En el proyecto aprobado se habilita la participación, si lo entiende del caso el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Este elemento resulta particularmente importante, puesto que el Estado tiene la posibilidad de ejercer directamente cualquier política referente a resolver el tema del endeudamiento del sector.

4º.- Permite además al deudor que realmente tiene interés en encontrar soluciones a sus problemas de endeudamiento, expresarlo con claridad en la sede judicial y luego de haber contado con tiempo real, la convocatoria de la audiencia suspende la realización del remate y llegar a la negociación con su acreedor en condiciones de poder defender su patrimonio.

5º.- Es dable destacar que ya el Código General del Proceso, establece en su artículo 357 la instancia de audiencia, estando ya el juicio ejecutivo en vía de apremio, aunque restringido a quienes hubiesen opuesto excepciones. Por lo tanto, esta propuesta que se pone en consideración del plenario, lo único que hace es establecer una audiencia similar, para los juicios ejecutivos del sector agropecuario.

Debe quedar claro la convicción que se tiene respecto a la importancia sustancial, que para todo el país tiene la producción agropecuaria, los productores agropecuarios y su familia.

El país se vio entonces obligado a considerar otras medidas, dos ajustes fiscales y la eminente consideración de la rendición de cuentas, que deberá contener modificaciones relativas a aspectos presupuestales importantes.

En este marco se hace imprescindible analizar con particular cuidado las normas que involucren a un sector de vital importancia, como lo es el sector agropecuario, y a otro sector muy sensible a los cambios como lo es el sector proveedor de créditos para el desarrollo del sector agropecuario.

En función de estas consideraciones, es que se ha propuesto y la Comisión ha aprobado un proyecto que parte de la base de una instancia particular de consideración de cada caso y no una solución de carácter general, que se entiende especialmente contraproducente para el sector agropecuario, y para el momento que vive el país.

Se propone que a instancias del deudor, el Juez competente convoque a una audiencia en sede judicial, en la que se recorrería el camino de un eventual acuerdo entre las partes, y darse otra oportunidad de resolver el tema sin llegar al remate judicial.

La realización de esta audiencia implica la suspensión del remate si éste estuviera fijado, estándose posteriormente a lo que resulte de la audiencia que se celebre y del eventual acuerdo.

No es posible pensar en un Uruguay vital, pujante y próspero, sin la existencia de un sector agropecuario fuerte y rentable. Es nuestra obligación entonces, recorrer el camino por más difícil que sea, que nos conduzca a resolver los problemas del sector.

Al mismo tiempo, sentimos la necesidad de tomar las decisiones que sean esencialmente justas y equitativas, cuidando que por su generalidad no signifiquen perjuicios para todos aquellos que se preocupan por su responsabilidad, mientras que se benefician quienes nunca se han esforzado por mejorar su nivel productivo y responder a sus obligaciones con la sociedad.

Sin duda, que el tema merece un análisis más profundo y exhaustivo, pero preferimos extendernos al respecto en la discusión que se dé en el plenario, tanto en general como en particular.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2002.

RICARDO FALERO, Miembro informante; JULIO CARDOZO FERREIRA; ERNESTO AGAZZI, con salvedades que expondrá en Sala; GUSTAVO GUARINO, con salvedades que expondrá en Sala; LEONEL HEBER SELLANES, con salvedades que expondrá en Sala; EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, GUIDO MACHADO Y FRANCISCO ORTIZ, discordes por los siguientes fundamentos:

Este proyecto presentado por el Nuevo Espacio Independiente, votado en mayoría por la Comisión, en definitiva, no fue considerado ni analizado. Se votó para determinar su pase al plenario y allí daremos con mayor precisión nuestro punto de vista.

Por supuesto que también tendremos mayor información sobre lo que se votó en mayoría, porque reitero esto no fue analizado ni discutido y no se ha escuchado a las partes sobre este proyecto de ley. Lo lógico sería haber hecho un análisis más profundo.

Dejamos para la instancia del plenario nuestras precisiones sobre cada uno de los proyectos.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- En los juicios ejecutivos generados por deudas contraídas por productores agropecuarios, deudores, codeudores, garantes en general, avalistas, y aún cuando no se hubieran opuesto excepciones, el deudor tendrá derecho a solicitar la convocatoria a una audiencia, en los términos a que se refiere el artículo 357 del Código General del Proceso.

Artículo 2º.- El Tribunal hará lugar a la solicitud, y convocará a las partes a audiencia. Si el ejecutante fuera una institución financiera privada, se convocará también al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Artículo 3º.- El Tribunal fijará la fecha de la audiencia y hasta que la misma no se realice, quedará sin efecto el señalamiento de remate.

Artículo 4º.- En la audiencia que se establece, las partes propondrán medidas que tiendan a resolver de común acuerdo a la situación que dio origen a la demanda. El Juez oirá a las partes y propendrá preceptivamente medios conciliatorios.

Artículo 5º.- El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) comparecerá a la audiencia si lo entiende conveniente y participará de la misma a los solos efectos de colaborar en el logro de una solución y asesorará al señor Juez si éste lo solicita.

La audiencia podrá prorrogarse si en ello estuvieren de acuerdo ambas partes.

Si no hay acuerdo entre las partes el Juez dispondrá la continuación de la vía de apremio.

Artículo 6º.- Ante la inasistencia no justificada del actor a esta audiencia, el Juez podrá tenerlo por desistido, debiendo de notificarse personalmente esta providencia.

La inasistencia no justificada del demandado, habilitará a la prosecución inmediata del trámite judicial, notificándose personalmente.

Si por razones de fuerza mayor debidamente justificada una de las partes no pudiera concurrir a la audiencia, la realización de la misma se diferirá por una sola vez.

Artículo 7º.- El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) comunicará al Tribunal con diez días de antelación a la fecha fijada de la audiencia, su interés o desinterés en comparecer a la misma.

Artículo 8º.- Este procedimiento se aplicará a todos los juicios ejecutivos que reúnan las características expuestas en el artículo 1º que se encuentren iniciados a la fecha de promulgación de esta ley.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2002.

RICARDO FALERO, Miembro informante; JULIO CARDOZO FERREIRA; ERNESTO AGAZZI, con salvedades que expondrá en Sala; GUSTAVO GUARINO, con salvedades que expondrá en Sala; LEONEL HEBER SELLANES, con salvedades que expondrá en Sala; EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, GUIDO MACHADO Y FRANCISCO ORTIZ, discordes".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: el proyecto que el Cuerpo tiene a consideración, que fue aprobado por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de esta Cámara, plantea como objetivo central y específico -consta en el repartido- encontrar una solución al acuciante problema de los productores agropecuarios vinculados al eventual trámite de juicio ejecutivo al cual están sometidos, particularmente cuando existe una sentencia de remate y -lo que es peor aún- ya está fijada la fecha por el alguacil de la sede judicial y el rematador que están trabajando en cada caso.

El proyecto a consideración hace referencia, pura y exclusivamente, a cómo resolver, a criterio del Nuevo Espacio Independiente, este problema. No hace referencia al tema del endeudamiento, al proceso de endeudamiento ni a cómo resolver el endeudamiento del sector agropecuario y de todos los demás sectores, tanto como el endeudamiento del propio país con respecto a los organismos internacionales de crédito. Sin embargo, es necesario hacer mención, por lo menos, a algunas cosas vinculadas al endeudamiento, si tenemos en cuenta la magnitud del tema y la magnitud del endeudamiento del sector. Las cifras que estamos manejando establecen que el monto del endeudamiento, en general, es del orden de casi US$ 10.000:000.000, de los cuales, entre la banca privada y la oficial, US$ 1.500:000.000 tienen que ver con el sector agropecuario. De estos US$ 1.500:000.000, US$ 1.100:000.000 están radicados en el Banco de la República Oriental del Uruguay, y alrededor de US$ 400:000.000 en el sistema financiero privado.

Frente a esta situación, frente a este gravísimo problema que hace que nadie pueda trabajar tranquilo en su casa, ni en su explotación agropecuaria, porque tiene pendiente sobre su cabeza la posibilidad de ser ejecutado judicialmente, es necesario que el país, el Parlamento, el Poder Ejecutivo encaren el tema del endeudamiento y lo resuelvan de una buena vez y para siempre, porque no es posible que estemos tratándolo permanentemente, prolongándolo en el tiempo, sin encontrar una solución adecuada, ya que, en definitiva, los intereses del sector agropecuario son los intereses del país. Es tal la importancia del sector agropecuario para el país que en algunos informes de dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, particularmente de la OPYPA, se establece que el sector y todas las actividades vinculadas a este generaron -en el año en que se realizó el análisis- el 24% del producto bruto interno nacional -reitero: 24% del producto bruto interno nacional, más del 70% de las exportaciones del país-, además de involucrar la participación de más de 250.000 trabajadores del sector agropecuario y de las industrias vinculadas con ese sector.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante González Álvarez)

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALERO.- Espere un poquito, señor Diputado; recién empecé.

Cuando hablamos de las industrias vinculadas al sector, nos referimos a la frigorífica, a la arrocera, a la lechera, a la vitivinícola; es decir, a todas las que tienen como primer proceso de modificación la materia prima proveniente de la agropecuaria.

El aporte que el sector agropecuario ha hecho al producto bruto interno entre los años 1990 y 1997, prácticamente se duplicó; pasó de US$ 920:000.000 a US$ 1.600:000.000. Parecería que frente a ese crecimiento importante del producto bruto interno del sector agropecuario deberíamos tener un crecimiento de su rentabilidad y de su capacidad de pago. Sin embargo, fue absolutamente a la inversa. El endeudamiento del sector pasó del 34% en 1990 al 62% en 1997. Quiere decir que, prácticamente, se duplicó el endeudamiento en el término de siete u ocho años.

Por otra parte, hasta los años ochenta, el sector agropecuario ha sido un motor trascendente en el proceso económico del país. Fue tan trascendente que determinó que el país no solamente pudiera funcionar en torno a esta vitalidad, sino que además se generaran en forma importante transferencias del sector agropecuario al resto del sistema productivo. Tenemos ciertas diferencias en cuanto a evaluar esas transferencias. Algunos hablan de US$ 1.000:000.000 y otros llegan hasta US$ 12.000:000.000. De cualquier manera, han sido transferencias importantes del sector agropecuario al resto del sistema productivo del país. Eso le ha permitido al país funcionar en estos términos, pero paso a paso, poco a poco, y a partir de la década del noventa, se ha ido poniendo de manifiesto una diferenciación muy clara entre dos ámbitos absolutamente distintos: uno protegido, monopólico, que tiene que ver con las actividades estatales, y uno de competencia, desprotegido, que tiene que ver con el sector productivo, tanto en materia prima como industrializada. Frente a esta diferencia entre lo que ha sido la estructura pública y privada, notoriamente el sector ha sufrido no solo consecuencias vinculadas a la necesidad de competir, sino otras relacionadas con el mapa de funcionamiento de los países de la región y de extrarregión; es decir, de los vinculados al MERCOSUR y los ajenos a este. Este entorno regional y extrarregional, con algunos componentes muy importantes como, por ejemplo, la devaluación brasileña, la argentina, los precios de referencia que han ido cambiando en forma muy notoria, la protección arancelaria que en el mercado común europeo se ha establecido -prácticamente desde la década del setenta- sobre la producción agropecuaria, la protección que Estados Unidos ha establecido sobre su propia producción agropecuaria -protecciones que se han tratado de corregir, inclusive, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, pero no se ha podido llegar a acuerdos satisfactorios, porque la producción es absolutamente defendida por medio de subsidios de los países vinculados a estos grandes bloques mundiales, es decir, la Unión Europea, por un lado, y Estados Unidos, por otro-, han generado una pérdida importante en nuestro país con respecto a las posibilidades de colocación de nuestros productos.

Creo que es necesario establecer un primer apunte que me parece sustancial. El país ha generado una ausencia de estrategia basada en la confianza necesaria que se debe tener en la gente, en los uruguayos y en sus capacidades. Hemos estado demasiado pendientes de lo que puede suceder en el mercado regional y fuera de este, observando si hay algún hecho, alguna circunstancia o situación en determinado lugar que pueda mejorar nuestras posibilidades, sin considerar que nosotros tenemos la obligación, más que la necesidad, de generar las estrategias de desarrollo adecuadas para defendernos de las situaciones regionales y extrarregionales, en este mundo tan globalizado, que puedan sernos absolutamente perjudiciales.

Creo que debemos ser capaces, entre todos, de tomar todas las decisiones y las medidas que aseguren nuestro presente en absoluta libertad, sin ningún tipo de atadura de carácter ortodoxo. Pienso que es malo -desde cualquier punto de vista, ya sea desde las decisiones de Gobierno o desde la oposición- que se plante en la ortodoxia quien tiene que tomar las decisiones con relación a determinado problema y se pierda la flexibilidad imprescindible para un país con una naturaleza como la nuestra.

Debemos asumir estas responsabilidades entre todos sin ningún tipo de duda. Además de asumirlas, tenemos que entender con absoluta claridad que cuando lo que está de por medio es el destino del país -porque, en definitiva, aquí estamos hablando del país, ni más ni menos- no podemos dividirlo; pretender esto para que haya ganadores de un lado y perdedores del otro, es estar contra el país. No es posible pretender dividir al país en estos temas que son sustanciales. Cuando se piensa que hay ganadores de un lado y perdedores del otro, únicamente habrá perdedores, y no otra cosa. De las divisiones, de las confrontaciones, de la no búsqueda de soluciones comunes, se debe pasar, más que nada, a consensos esenciales en temas vinculados con asuntos de esta importancia, a caminos de acuerdo más que de desacuerdo.

Además, creo que existe una serie de problemas estructurales que también tienen su historia y que, de alguna manera, han ido evolucionando en el tiempo, como lo hacen todas las cosas. Se habla de antagonismos entre la producción nacional y el sistema financiero. Yo creo que no tenemos que hablar de antagonismos, sino que debemos encontrar los caminos para armonizar la producción nacional con el sistema financiero. No debemos pensar que son antagónicos y quedarnos en ese análisis. Durante mucho tiempo -y aún ahora- se habló de antagonismo entre la producción de materia prima y la producción industrial. Podemos citar varios ejemplos: hace tiempo, en cuanto a los productores de materia prima vinífera y los bodegueros, el antagonismo hacía eclosión en momentos en que se fijaba el precio de la uva para industrializar. Hoy por hoy, se plantea la misma situación entre los productores ganaderos y los precios que reciben de las industrias frigoríficas. También tenemos que tratar de salir de esa situación y de esos nudos que, en definitiva, hacen a las imposibilidades de crecimiento armónico porque, sin duda, si algo debe ser complementario es la producción de materia prima, por un lado, y su proceso industrializador, por otro.

Asimismo, debemos pensar que no son antagónicos la exportación, por un lado, y el consumo interno, por otro. Parecería que si el país se orienta hacia la exportación, no tendría que considerar las formas de reactivar su consumo interno; parecería que fueran situaciones antagónicas, cuando notoriamente no lo son. Ambas situaciones deben ser absolutamente armónicas. Hay que considerar que el crecimiento del consumo interno, sin duda, también genera posibilidades de un crecimiento del sector exportador, generando las condiciones para el aumento de uno y de otro.

Creo que se han dado pasos en algunos aspectos, pero tenemos que analizar toda la política tributaria del país, absolutamente toda. No es posible una política tributaria enemiga de la producción, pero tampoco podemos ir corrigiéndola sobre el camino, a medida que se van sucediendo los hechos, sin orden ni concierto. La política tributaria debe estar establecida en función de un claro objetivo y de una clara estrategia nacional, que haga del desarrollo -particularmente, del sector agropecuario- el motor de la economía, además de la necesaria industrialización, lo que resulta imprescindible para combatir algunos de los males del país, como la falta de mano de obra, de tributación, y una serie de cosas que reducimos a la denominación de déficit fiscal. En definitiva, ese es nuestro gran mal.

Esta debilidad estructural del país ha quedado demostrada en los hechos y se ha ido generando con el transcurso del tiempo. La pérdida de niveles de competitividad, los fenómenos circunstanciales o coyunturales -como, por ejemplo, los ocurridos los últimos años, pasando por la sequía de 1994, la aftosa y las turbonadas, que también han generado dificultades importantes en el país-, y la pérdida de mercados trascendentes, como el brasileño o el argentino, atacan un sistema estructuralmente débil y hacen que este se resienta de tal modo que no pueda responder a los desafíos que debe enfrentar. El endeudamiento progresivo, en función de la debilidad estructural y de estrategias no correctas por parte de los Gobiernos, hizo que cuando llegaran momentos de crisis como el actual, cuando la única respuesta del país al déficit fiscal era endeudarse y no había otra -porque en el último año y medio lo único que hemos hecho ha sido responder a los problemas de déficit fiscal con la contratación de deuda externa-, notoriamente, todo el sistema se cayera. Por supuesto, aquellos que estaban endeudados, hoy son los primeros en sufrir las consecuencias.

Esa situación ha sido reconocida inclusive por el propio Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en la primera comparecencia a la Comisión respectiva del Cuerpo en el año 2000 -lo ubico en el tiempo para tener presente que en aquel momento se sufría el problema de la sequía que venía del año anterior-, cuando expresó: "En cualquier emprendimiento se puede apechugar un año malo; los años malos y los buenos se suceden, haya o no ciclos más o menos pronunciados o claramente determinados en los distintos rubros. De hecho, para ningún emprendimiento económico es novedad que hay años buenos y otros malos.[...] Entendemos que este problema puede llegar a transferirse en un grado que todavía no está correctamente determinado. Insisto" -dice el señor Ministro- "en que si la maquinaria productiva no empieza a funcionar al ritmo que debe hacerlo, es decir, a pleno -si hacemos una analogía con un motor no podemos pensar que lo vamos a poner en marcha para que quede moderando-, el país no podrá generar lo que corresponde. Si no prevemos esto, el problema no se limitará al sector agrario, sino que se transferirá al resto de la economía, por cuanto el 80% de las exportaciones del país tiene origen en el sector agropecuario. Ello determina que habrá muchas otras actividades resentidas y quizás hasta los cálculos que se puedan hacer en el país a nivel de capacidad de recaudación, de generación o como se los quiera denominar, estarán afectados en mayor medida si no nos ingeniamos para poner la maquinaria productiva en funcionamiento lo antes posible. Ese es el planteamiento por el que nos hemos guiado y en base al que estamos tratando de orientar nuestros esfuerzos". Estas expresiones figuran en la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, del 5 de abril del año 2000.

Yo diría que lo que en aquel momento advertía el señor Ministro, efectivamente sucedió; no supimos, no pudimos ni fuimos capaces de poner en funcionamiento la maquinaria productiva en pleno. Ese es el déficit sustancial del cual somos todos responsables; no me estoy sacando la responsabilidad que me pueda caber.

En medio de esta situación de crisis interna por falta de producción, más allá de que el sector agropecuario en seis o siete años ha elevado su nivel de productividad -como se le exigió en su momento- prácticamente al doble, más allá de que se han hecho esfuerzos y de que parte del endeudamiento del sector productivo se debe a la incorporación de tecnología -precisamente para mejorarlo-, las condiciones, por un lado, de la estrategia nacional y, por otro, de los mercados internacionales, han determinado que todo esto sea insuficiente para salir de la situación.

Por otra parte, tenemos una responsabilidad que se ha ido acrecentando en forma importante en el país con relación al sistema financiero internacional. Esto determina que quienes de alguna manera son responsables por el funcionamiento del país todo, enfrenten situaciones de crisis -me estoy refiriendo particularmente al Gobierno- muchísimo más graves, en términos absolutos, que la de cada uno de los productores agropecuarios en particular. De todos modos, por cierto que estas situaciones de crisis son tan importantes para el propio Gobierno como lo son para cada productor agropecuario, en la medida en que sus bienes y el bienestar de su familia están en juego.

Esta es la situación que debemos tratar de armonizar y de regular: cómo podemos hacer para generar medidas que, por un lado, protejan al sector agropecuario y, por otro, no perjudiquen al Gobierno en sus relaciones con quienes le prestan dinero, porque de eso se trata.

Entonces, hay que dar tiempo a los productores para ver si pueden -por más que sea muy difícil en las circunstancias en que se encuentran- ir acomodando el cuerpo, como se dice vulgarmente, para enfrentar las situaciones de riesgo. Pero también hay que dar tiempo al Poder Ejecutivo para que auxilie a los productores, en la medida de sus posibilidades, cuando tienen que enfrentar sus obligaciones con la banca privada. Me refiero, particularmente, a los juicios ejecutivos que ya se han establecido en el sistema judicial. En ese espíritu y en ese objetivo, para ganar tiempo, para proteger el patrimonio de los productores agropecuarios y para generar al Poder Ejecutivo el escenario suficiente y necesario como para ser el árbitro de esta problemática -y poder resolverla de la mejor manera posible para todos-, se basa el proyecto del Nuevo Espacio Independiente.

Creemos que no solamente son importantes las medidas que se adopten en este Parlamento, sino también las señales que da a partir de la toma de sus decisiones; esto me parece sustancial.

En función de eso, estamos proponiendo al Cuerpo una medida que tiene que ver con el propio trámite judicial del juicio ejecutivo. Cuando una institución bancaria o cualquier persona, porque tiene un documento que acredita que alguien puede ser ejecutado, se presenta en sede judicial e inicia una demanda, el ejecutante, el actor, empieza a hacer funcionar un procedimiento que tiene varias etapas y que está regulado por el Código General del Proceso. Se trata de un juicio monitorio y en una de esas etapas, si se presentan o se oponen excepciones a la pretensión del demandante, según el artículo 357 del Código General del Proceso, el Juez tiene que llamar a una audiencia a ambas partes, que por su naturaleza siempre tratará de armonizar las posiciones, es decir que tendrá un contenido conciliatorio. En el caso particular de que se presenten excepciones, esa audiencia tiene el cometido de que se analicen para sostenerlas o dejarlas de lado.

Lo que estamos queriendo con este proyecto de ley -así se establece en los artículos 2º y 3º - es que el productor agropecuario deudor -si así lo desea- pueda solicitar al magistrado competente del Juzgado en el que tiene radicado el trámite, que convoque a una audiencia, que en este caso sería conciliatoria -de acuerdo con lo que establece el artículo 357 del Código General del Proceso-, a los efectos de que se llegue a algún tipo de entendimiento entre el ejecutante y el ejecutado. Además, como estamos hablando de la banca privada, también autorizamos por este proyecto de ley a que el Juez convoque al Banco de la República Oriental del Uruguay a esa audiencia, solamente a dos efectos. Uno de ellos es que el Poder Ejecutivo tenga un instrumento -en este caso, el Banco de la República Oriental del Uruguay- que permita -si existe voluntad política por parte del Ministerio de Economía y Finanzas- alcanzar al productor una solución, acercando los intereses en pugna -por llamarlo de alguna manera- entre lo que pretende el actor y lo que puede pagar el demandado. En esta audiencia, perfectamente se puede aplicar un procedimiento que es de público conocimiento, que salió en la prensa y que el propio señor Ministro de Economía y Finanzas sugiere para resolver transitoriamente el problema del endeudamiento: la aplicación de los Bonos del Tesoro, o cualquier otra solución que se pueda encontrar para resolver la situación entre demandante y demandado. Además, estamos presentando un escenario que tiene cierta neutralidad y que es completamente diferente de lo que significa, para un productor endeudado, el despacho de la Gerencia de un banco. Por otra parte, le estamos diciendo al Juez que, preceptivamente, debe proponer medidas que propendan al acuerdo entre las partes.

¿Y por qué este esfuerzo? Porque tenemos una convicción que a esta altura del partido creo que es compartida por todos: en ocasión de un remate judicial, el banco no cobra lo que quiere y el deudor se queda sin su medio de trabajo. Lo que se logra por un remate judicial es dar tres chirolas al banco por el crédito por el cual tiene derecho a resarcirse y expulsar al productor de su medio y, por lo tanto, hacer que pierda el medio de trabajo. Pierden el banco, el productor y, en definitiva, el país todo. Eso es lo que tratamos de evitar. Y tratamos de evitarlo en el marco de las relaciones contractuales establecidas.

Entonces, damos al integrante del Banco de la República que fue convocado y que asiste a esa audiencia, no solamente la posibilidad de acercar a las partes el aporte que económicamente el Banco pueda hacer, sino además de asesorar al Juez actuante -por supuesto que a su solicitud- en una materia sobre la que no necesariamente tiene que conocer en profundidad, porque estamos hablando de la materia económico-financiera.

El Juez tiene que conceder la audiencia. Es decir que el deudor solicita la audiencia y el Juez tiene que concederla. En el mismo momento en que él concede la audiencia, tiene que suspender el trámite del juicio e, inclusive, el señalamiento del remate, si lo hubiera. Es decir que desde el momento en que el deudor o ejecutado -en este caso, el productor agropecuario, porque de eso se trata- introduce en el proceso judicial de juicio ejecutivo la solicitud de audiencia, el Juez debe concedérsela y, en ese mismo auto procesal, suspender el trámite judicial, si es que existe un auto de remate establecido.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALERO.- Sí, señor Diputado.

También me había pedido una interrupción el señor Diputado Díaz, pero como estaba hablando por teléfono no lo quise interrumpir.

Así es que, primero, concedo la interrupción al señor Diputado Fernández Chaves y luego al señor Diputado Díaz.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: de la exposición realizada por el señor Diputado Falero advierto que en lo que hace al fondo del asunto, tanto con relación a la importancia de la producción agropecuaria como en cuanto a la situación de la producción primaria, tiene razón en gran parte. Para tratar de solucionar esta temática, el señor Diputado ha presentado un proyecto realmente ingenioso. Se trata de un tema exclusivamente procesal.

En este sentido, se me plantea una duda y la traslado al señor Diputado Falero, que no solo es el miembro informante, sino el creador de este proyecto. Tengo la duda de que al no generalizar la solución y tratándose exclusivamente de un tema procesal, se esté cayendo en una inconstitucionalidad. Es distinto si por razones sustanciales se resuelve que a los productores agropecuarios, por ejemplo, se les suspendan los remates. Ese es un tema sustancial en el que se está resolviendo: atento a una cantidad de circunstancias, se les suspenden los remates. Aquí se trata exclusivamente de un tema procesal.

La audiencia establecida en el artículo 357 del Código General del Proceso tiene otros requisitos, como por ejemplo que se hubieran opuesto excepciones y demás, pero acá se aplicaría exclusivamente para los productores agropecuarios, aunque no se hayan opuesto excepciones. Esto podría suponer un detrimento en las garantías de los otros deudores, cualesquiera sean, que estén siendo ejecutados en estos momentos. No sé si queda claro. Me da la impresión de que eventualmente esta disposición podría ser inconstitucional en cuanto a que no cubre a todos los deudores. Me da la impresión de que sería más plausible establecer que en todos los juicios ejecutivos, cualquiera sea el deudor, se pueda solicitar la audiencia establecida en el artículo 357 del Código General del Proceso.

Ese es uno de los problemas que le planteo al señor Diputado Falero, y los voy a formular todos juntos a efectos de tratar entre todos de ir solucionándolos porque, en definitiva, estamos legislando poco menos que sobre la marcha en esta materia y me parece importante dialogar.

El segundo problema que advierto es que en el proyecto no se comprende ni las hipotecas ni las prendas. En el artículo 1º de esta iniciativa no se comprende ni a los juicios hipotecarios ni a los prendarios, sino, exclusivamente, a los ejecutivos. Entonces, creo que también deberían agregarse los juicios hipotecarios y prendarios, que, en definitiva, son notoriamente la mayoría en los que está inmerso todo el aparato productivo del país en general. Generalmente se avala con hipotecas o con prendas; no son deudas de las llamadas personales, sino que cuentan con garantías reales. Creo que debería incluirse -y en tal sentido lo insinúo- las prendas y las hipotecas.

La tercera observación, si se me permite, refiere a la actividad del Banco de la República. En buena parte de estos casos el Banco de la República es el ejecutante. Entonces, resulta que en algunas oportunidades estaría actuando como ejecutante y, en otras, como una especie de asesor del Juez, lo que me parece que en algún punto es un poco contradictorio, sin perjuicio de que si el proyecto es aprobado por la Cámara, habría que consignar perfectamente en el artículo 7º qué sucede si el Banco no establece su interés ni su desinterés específico en actuar en la causa.

Esas son las preguntas que traslado al señor miembro informante a los efectos de que me ilustre.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: lamento que el talante del señor Diputado Falero no sea el mejor en la tarde de hoy; no ha sido el mío cada vez que he tenido que dialogar con él.

Simplemente deseo corroborar algunas cifras que manejó el señor Diputado Falero porque me parece importante hacerlo. Él dijo que en 1990 la contribución del sector agropecuario al producto bruto interno era de aproximadamente US$ 1.000:000.000 y que en 1997 había sido de US$ 1.600:000.000. Luego dijo que la contribución al producto bruto interno del sector agropecuario con algún sector industrial vinculado era del 24%. El señor Diputado Falero asiente y en ese caso el producto bruto interno tendría que haber sido de US$ 6.000:000.000 en 1997 y era de US$ 20.000:000.000. Por lo tanto, me parece que las cifras que dio el señor Diputado Falero están ligeramente equivocadas.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: pido disculpas al señor Diputado Díaz, pues él entendió que lo traté con mal talante. Esa no fue mi intención y él lo sabe. Lo que sucede es que él me pidió una interrupción cuando solo había transcurrido un minuto de iniciada mi exposición y no podía redondear absolutamente nada de lo que estaba diciendo.

Voy a empezar por la última pregunta del señor Diputado Fernández Chaves, pues me parece importante. El Banco de la República está visto como un instrumento de viabilidad financiera exclusivamente o de asesoría desde el punto de vista técnico si el señor Juez lo entiende conveniente.

Todos sabemos que para una franja muy amplia de deudores del sector agropecuario fueron planteadas propuestas de solución por parte del señor Ministro de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta que estamos en el ámbito de la banca privada exclusivamente. Con esto respondo la otra inquietud; este proyecto tiene que ver con deudas con el sector financiero privado y no con el oficial, con el Banco de la República. Quiere decir que en este proyecto no se van a presentar situaciones duales sobre cuál es el rol del Banco de la República en el sector privado y en el oficial; está exclusivamente pensado para las deudas que tiene el sector con la banca privada. Para esas circunstancias -de acuerdo con las noticias que llegarían del Ministerio de Economía y Finanzas-, en ese ámbito que se plantea entre deudores y acreedores, es decir, entre productores agropecuarios y organismos financieros privados, la propuesta gubernamental va a ser trascendente para dar soluciones. Va a ser fundamental el rol que a los efectos de acercar a las partes en pugna de intereses cumpla el Banco de la República como instrumento del equipo económico. Me parece que es el idóneo para cumplir ese rol.

El artículo 7º permitirá que el Juez sepa a título expreso que va a contar o no con la presencia del Banco de la República en la audiencia. Quizás la redacción no sea la correcta, pero lo que estamos diciendo es que el Banco de la República comunique si va a estar o no en la audiencia. Todos sabemos que para el funcionamiento de una audiencia es bueno que se sepa quiénes van a ser las partes que comparecerán. Entonces, a los efectos de la realización de la audiencia en tiempo y forma es bueno saber de antemano si va a estar presente el Banco de la República; de esa forma se sabrá si la audiencia empieza o se pueden esperar quince o veinte minutos más.

En cuanto al tema constitucional, este sería un proyecto de ley para resolver una materia específica muy puntual. No acierto a ver -es posible que existan- normas que violen disposiciones constitucionales. Quizás las haya; no digo que no. Sin embargo, esto está establecido -como tantas otras leyes- para situaciones específicas muy puntuales y acotadas, porque el último artículo establece con absoluta claridad que se aplicará solamente a los juicios ejecutivos ya iniciados a la fecha de promulgación de la ley; es decir que no es para el futuro, para los juicios que puedan aparecer. El proyecto tiene una vida acotada, en mérito a lo establecido en el artículo 8º . Una vez que estos juicios ejecutivos en trámite se resuelvan de una manera u otra, el proyecto pierde efecto. Por lo tanto, no creo que se violen disposiciones constitucionales. No creo que sea así, pero habría que analizar el tema; no sé si al señor Diputado Fernández Chaves le parece que existe algún problema.

No recuerdo la otra observación que se había formulado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALERO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: la siguiente consulta tenía que ver con que no comprendía -aparentemente, de acuerdo con mi lectura- los casos de hipoteca y de prenda. Advierto con total sinceridad que de acuerdo con el artículo 2º de este proyecto de ley, a mi criterio esto comprende tanto a la banca privada como a la oficial porque muy claramente dice: "El Tribunal hará lugar a la solicitud, y convocará a las partes a audiencia. Si el ejecutante fuera una institución financiera privada, se convocará también al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)". De esta forma está resultando, "contrario sensu", que puede ser la banca privada o el propio BROU el que esté ejecutando.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede continuar el señor miembro informante, a quien le resta un minuto de su tiempo.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: creo que cuento con quince minutos de prórroga.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se prorrogue!

23.-    Prórroga del término de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Previamente a que se vote la prórroga del tiempo de que dispone el señor miembro informante, se dará lectura a una moción de orden que ha llegado a la Mesa.

Dese cuenta de una moción de orden, presentada por la señora Diputada Tourné y el señor Diputado Berois Quinteros.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el término de la sesión".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: quiero dejar bien clara la posición de nuestro Partido, el Partido Nacional, para que no queden dudas de que con nuestro voto a la prórroga del término de la sesión estamos confirmando que no queremos eludir el tema de fondo.

(Alusión suprimida por disposición del señor Presidente)

SEÑOR PITA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: no es la primera vez que sucede, pero no se puede permitir este tipo de intervenciones como fundamento de voto porque se desnaturaliza absolutamente el Reglamento y el transcurso normal de la sesión de Cámara.

El señor Diputado Da Silva no tiene ningún derecho a formular tamañas alusiones políticas, con todo tipo de calificativos, inaceptables para una fuerza política, en un fundamento de voto. ¡Que dé el debate cuando corresponde, pero que no lo haga así! La Mesa tiene que observarlo.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- La Mesa revisará la versión taquigráfica en aquellas expresiones que hayan sido alusiones.

24.-    Productores agropecuarios, deudores, codeudores, garantes en general o avalistas. (Convocatoria a una audiencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 357 del Código General del Proceso en los juicios ejecutivos generados por deudas).

Continúa la consideración del asunto en debate.

Se va a votar si se prorroga el tiempo de que dispone el miembro informante, señor Diputado Falero.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: decía que...

SEÑOR MIERES (don Pablo).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALERO.- En seguida, señor Diputado, con mucho gusto.

Si el señor Diputado Fernández Chaves entiende que lo relativo a los juicios ejecutivos podría quedar más claro -aunque algunos tienen en su propia presentación los documentos de prenda y de hipoteca avalando la pretensión de ejecución-, no tengo ningún problema en que se agregue la expresión "los juicios hipotecarios y prendarios" para resolver el tema.

Le concedo la interrupción al señor Diputado Pablo Mieres.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Señor Presidente: solamente quiero dejar constancia de que existe legislación que ha generado tratamiento diferencial inclusive en un mismo tipo de procedimiento judicial. Hace pocas semanas el Parlamento aprobó, por ejemplo, la suspensión de los lanzamientos en juicio de desalojo para aquellos arrendatarios que cumplían ciertas características, y no para todos; es decir, para aquellos arrendatarios que estaban en situación de desalojo, ya en etapa de lanzamiento, y que contaban con un núcleo familiar con determinadas características: con mayores de sesenta años, menores de edad, etcétera. Así queda demostrado que muchas veces la legislación ha discriminado las distintas partes que integran un proceso estableciendo soluciones diferenciales en beneficio de alguna de ellas.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- La Mesa solicita a los señores Diputados que eviten los murmullos que impiden escuchar al orador.

Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: este proyecto, por sus características y más allá de algunos problemas de redacción que apunta el señor Diputado Fernández Chaves -a quien agradezco la preocupación y el análisis-, reúne dos o tres elementos que lo hacen absolutamente idóneo para resolver el problema que tenemos planteado. Por un lado, genera posibilidades a los productores agropecuarios endeudados, que saben que alcanzará con presentar una solicitud de audiencia en el Juzgado correspondiente para que su ejecución sea inmediatamente suspendida, en virtud de que el artículo establece a texto expreso que el Juez deberá proveer de conformidad a lo que solicita el productor agropecuario. Por otro, esto da tiempo al productor agropecuario para defender, de la forma que crea conveniente y ante los organismos de crédito que crea necesario -inclusive, ante el propio Ministerio de Economía y Finanzas o ante los sistemas públicos-, su patrimonio y exponer la situación, a mi juicio injusta pero real, por la que está siendo ejecutado. Además, da tiempo al país para encontrar una solución importante que permita empezar a resolver de una vez por todas el tema del endeudamiento y apoyar a todos aquellos productores agropecuarios endeudados que se entienda que deben ser respaldados en forma absolutamente clara y sin ningún tipo de lesión para nadie. Y, particularmente, da transparencia al sistema, porque nadie puede suponer que aquí hay una violación de las disposiciones contractuales entre particulares; al contrario, lo único que se hace es interponer un procedimiento procesal -que, además, ya está considerado en el cuerpo legal correspondiente-, a los efectos de generar, por un lado, ese tiempo y, por otro, las posibilidades de acuerdo y los procedimientos idóneos para que todos los que tienen que ver con esto encuentren el camino para mejor defender sus intereses.

En función de estas consideraciones, de las dificultades del momento, de los intereses de los productores agropecuarios y del país en general, creemos -por lo menos hasta ahora- que esta es la solución más adecuada y la que no se opone a la presentada por el señor Ministro de Economía y Finanzas, pues la complementa. A la vez, permite conseguir lo que todos han reclamado -desde el propio señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca- para encontrar soluciones a este problema: tiempo hábil para reflexionar en forma conjunta.

25.-    Integración de Comisiones.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"El señor Representante Ruben H. Díaz sustituirá al señor Representante Guzmán Acosta y Lara, como delegado de sector, en la Comisión de Seguridad Social".

26.-    Intermedio.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: el Partido Nacional solicita que se realice un intermedio de quince minutos por una cuestión política.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

(Es la hora 19 y 59)

La Cámara pasa a intermedio.

27.-    Asuntos entrados fuera de hora.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Álvarez)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Continúa la sesión.

(Es la hora 20 y 24)

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Pita.

(Se lee:)

"Mociono para que se de cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y dos en treinta y seis: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece, por única vez, para los funcionarios públicos, la remisión de las multas y de los recargos que la Administración Nacional de Telecomunicaciones, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, el Banco Hipotecario del Uruguay y el Banco de Seguros del Estado, deben cobrar legalmente por la extinción de las deudas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.950, de 9 de noviembre de 1979. C/2246/002

-A la Comisión de Hacienda".

28.-    Proyectos presentados.

"MULTAS Y RECARGOS POR ATRASO EN EL PAGO DE TARIFAS PÚBLICAS Y DE OBLIGACIONES CON EL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY Y EL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. (Se establece su remisión para los funcionarios públicos por aquellas cuyo vencimiento esté comprendido entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2002).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Establécese por única vez la remisión de las multas y de los recargos a que refiere el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.950, de 9 de noviembre de 1979, generados por la no extinción de los precios de los servicios de suministro de telefonía básica, de agua potable y de energía eléctrica, de que sean titulares los funcionarios públicos comprendidos en las disposiciones del Decreto del 17 junio de 2002, respecto de los servicios generados y vencidos entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2002, siempre que el promedio de los consumos referidos no supere cuantitativamente el 10% (diez por ciento) de los correspondientes a iguales meses del año anterior.

Artículo 2º.- La remisión de multas y recargos establecida en el artículo anterior alcanzará también a las obligaciones generadas en los contratos suscritos por los referidos funcionarios públicos con el Banco de Seguros del Estado (BSE) y con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que venzan entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2002.

Montevideo, 18 de junio de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Decreto del 17 de junio de 2002 difiere el pago del medio aguinaldo en dos cuotas a pagarse en los meses de julio y agosto del corriente. Como efecto de esta disposición reglamentaria se ha contrariado la práctica de pagar dicha remuneración durante el mes de junio, lo que se había venido efectuando por más de un cuarto de siglo, esto es, desde la sanción del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.525, de 27 de mayo de 1976, afectando las expectativas de los funcionarios públicos alcanzados, de disponer de ingresos para cubrir gastos y consumos que las dificultades salariales no permiten afrontarlos con comodidad.

Por lo que se entiende que la ley debe arbitrar soluciones para este amplio sector de la sociedad afectado, estableciendo por única vez, en razón de su carácter extraordinario, estableciendo la remisión de las multas y de los recargos que la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) deben cobrar legalmente por la no extinción de las deudas en el momento y lugar que correspondan (Código Tributario, artículo 94).

Se trata de una respuesta concreta a la situación de muchas familias, afectadas por la situación económica que vive el país, que como efecto del diferimiento de los pagos del sueldo anual complementario, enfrenten gravosas sanciones por mora de las que pueda derivarse la eventual supresión de servicios esenciales en la vida moderna, como la luz, el teléfono y el agua potable. Frente a una situación extraordinaria se propone remitir determinadas sanciones por un único período de dos meses que coincide con el tiempo que el Estado se ha demorado en abonar totalmente dichas remuneraciones.

La necesidad de su establecimiento por ley resulta de la aplicación del principio de legalidad en materia sancionatoria y es congruente con las soluciones adoptadas en nuestro derecho por el Código Tributario. El diferimiento en el pago dispuesto reglamentariamente configura para los afectados una verdadera causa de fuerza mayor que exime de responsabilidad al infractor que no extingue las correspondientes facturas antes de su vencimiento. No solo se le posterga el pago de una remuneración sino además se le cobra gravosas sanciones económicas por no haber pagado servicios esenciales.

Además de constituir una iniciativa que refleja sensibilidad por las dificultades que viven los uruguayos, es justa respuesta a una postergación en el pago del medio aguinaldo que ha dispuesto el Poder Ejecutivo.

Montevideo, 18 de junio de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha".

29.-    Productores agropecuarios, deudores, codeudores, garantes en general o avalistas. (Convocatoria a una audiencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 357 del Código General del Proceso en los juicios ejecutivos generados por deudas).

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Chiesa Bordahandy.

SEÑOR CHIESA BORDAHANDY.- Señor Presidente: queremos solicitar se reparta a todos los señores Diputados presentes en Sala un documento que oportunamente entregamos a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Será repartido, señor Diputado.

SEÑOR CHIESA BORDAHANDY.- Señor Presidente: el tema de referencia parte de un proyecto de ley relativo a la suspensión de los remates judiciales y extrajudiciales, presentado por varios señores Diputados del Partido Nacional.

En la sesión pasada manifestamos que teníamos que resolver el endeudamiento, y en tal sentido el señor Diputado Falero presentó un proyecto de ley alternativo, en el que se establece la posibilidad de una audiencia en el proceso judicial a efectos de lograr un acuerdo entre las partes -acreedores y deudores- y la cancelación de las deudas. Para nosotros eso es agregar una instancia más a un proceso judicial que, de hecho, se puede hacer en forma extraprocesal, llegando a suspender las ejecuciones mediante una fórmula de acuerdo entre deudor y acreedor.

El sector agropecuario tiene el problema del endeudamiento y un problema de base: la rentabilidad. En tal sentido, el Gobierno, en acuerdo con el Partido Nacional, el año pasado buscó soluciones al endeudamiento con el Banco de la República y con la banca gestionada, y para eso se llegó al bono cupón cero, para el que se inscribieron aproximadamente ocho mil productores. Después, durante el proceso de acuerdo que hubo entre ambas partes, muchos productores optaron por el reperfilamiento, lo cual brindó la posibilidad de que se encaminaran por una solución que dio tiempo y que permitió que siguieran trabajando.

Evidentemente, la rentabilidad no ha mejorado, y constituye un tema que se sigue con preocupación por parte de la banca oficial y sobre el que se deberá continuar trabajando.

Hoy nos convoca el endeudamiento con el sector privado. En tal sentido, el señor Diputado Ortiz, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, dio a conocer la semana pasada una base de trabajo, que durante muchos meses se vino analizando con el señor Ministro de Economía y Finanzas y con legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado a efectos de lograr una solución para el endeudamiento con la banca privada.

Hoy, luego de varias reuniones con el señor Ministro de Economía y Finanzas y la banca privada, se llega a un acuerdo a efectos de lograr un entendimiento con los deudores agropecuarios.

Queremos dar a conocer este documento, que dice así: "Bases de un acuerdo entre la banca privada y una parte de los deudores agropecuarios.- 1) Deudores comprendidos: deudores de la banca privada con deudas vencidas de hasta 300.000 dólares (capital e intereses) al 30 de abril del año 2002 e incluidos en las categorías 3, 4 y 5 del Banco Central del Uruguay.- 2) Forma de pago: podrán entregar Títulos de Deuda Pública, con un vencimiento no más allá del año 2008, los que serán aceptados por los Bancos por su Valor Nominal. Dichos Títulos serán válidos a los efectos de cancelar tanto intereses como capital. El deudor estará obligado a pagar, al menos, el 100% de los intereses adeudados al 30 de abril del corriente año.- 3) Los deudores que hayan pagado de acuerdo a las condiciones del numeral anterior, habrán de refinanciar el saldo de su deuda en las siguientes condiciones: a) plazo: 7 años.- b) intereses: primer pago al fin del primer año y luego pagos semestrales.- c) amortización: en 6 cuotas anuales, iguales y consecutivas, la primera de ellas comenzando al fin del segundo año.- d) tasa de interés: Libor a un año - 8 puntos.- 4) No se requerirán garantías adicionales a las vigentes.- 5) Aquellos deudores que no pudieren completar la totalidad de los intereses citados en el numeral 2), deberán, al menos, abonar el 50% de los mismos, capitalizando el restante 50%.- Para los deudores con deudas de hasta US$ 50.000, el pago mínimo de intereses será de un 20%, capitalizando el 80% restante.- 6) Los deudores vencidos con deudas mayores de US$ 300.000 podrán ampararse en el régimen general de normalización de adeudos, siempre que previamente paguen en efectivo (no con títulos de deuda) el exceso por sobre US$ 300.000.- 7) Los bancos harán un llamado a los deudores agropecuarios que cumplan con las condiciones definidas en el numeral 1), quienes dispondrán de un plazo de inscripción máximo de 90 días, para acogerse a este régimen.- En ese llamado, los bancos anunciarán que dentro de ese plazo de 90 días no habrá ejecuciones de los deudores que estén dentro de las condiciones definidas en el numeral 1)".

En definitiva, esta base de acuerdo es por cada banco en particular; no se suman los US$ 300.000 en toda la banca privada, sino que un productor puede deber hasta US$ 300.000 en varios bancos y entrar en ese régimen en cada uno de ellos. Es el acuerdo que se ha logrado con el Partido Nacional a los efectos de encontrar una solución al endeudamiento del sector.

Vamos a seguir trabajando porque el tema no es solamente el del endeudamiento del sector agropecuario, porque, como decía el señor Diputado Falero, no se trata de productores, bancarios, turismo o comercio, sino del endeudamiento en general. Al respecto, hay preocupación y nos hemos comprometido a seguir trabajando.

SEÑOR FALERO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CHIESA BORDAHANDY.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: hemos escuchado con mucha atención la lectura del documento y también lo tenemos en nuestro poder, pues se repartió a solicitud del señor Diputado Chiesa Bordahandy. Quisiera saber si es una propuesta para que el Cuerpo se expida al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Chiesa Bordahandy.

SEÑOR CHIESA BORDAHANDY.- Señor Presidente: se trataba de buscar la solución al endeudamiento agropecuario, por lo que correspondía dar cuenta al Cuerpo de lo que se ha logrado con el Partido Nacional en acuerdo con el señor Ministro de Economía y Finanzas. Se trata de un acuerdo con la banca privada y se plantea solamente a los efectos de dar conocimiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señor Presidente: en la sesión anterior cuando se votó habilitar esta instancia para discutir la suspensión de las ejecuciones decíamos que un grupo de legisladores y quien habla presentamos un proyecto en ese sentido en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y lo hicimos con el firme interés de dar un paso hacia una futura negociación que culminara en una ley que refinanciara al sector agropecuario en su totalidad, con todas las características que tienen las leyes de garantías para las partes intervinientes.

Se han presentado innumerables proyectos tanto en la Cámara como en el Senado. El motivo principal de la suspensión de ejecuciones es que, en ese ínterin, mientras no se realizan los remates y las ejecuciones, se pueda trabajar con tranquilidad para aquellos que más lo necesitan: los productores agropecuarios.

Inclusive, cuando por parte de sectores del Gobierno se nos hablaba de la imposibilidad de una ley, mencionábamos que en 1999, con el Gobierno anterior, se aprobó la relativa al bono cupón cero que habilitó la negociación a los productores agropecuarios, pero que, lamentablemente, por la reglamentación y por exigencias de la banca tanto pública como privada, no fue efectiva, aunque sí la aprovecharon algunos sectores de la industria.

Nuestro proyecto de suspensión de ejecuciones -el mismo que presentó el señor Senador Pereyra en noviembre del año pasado, cuando se acordó con el señor Ministro de Economía y Finanzas que iba a haber soluciones- buscaba también que durante el período de suspensión se intentara trabajar con relación a las medidas y soluciones que los diferentes sectores del agro habían solicitado al Gobierno. En el mes de mayo, ante la falta de una solución y conociendo cómo son los tiempos políticos, presentamos nuestro proyecto, y he aquí que hoy presentamos una moción para que este también pueda ser discutido en Cámara, pero respetando el debate del proyecto del señor Diputado Falero.

En ese proyecto de suspensión que presentamos se mencionan algunas leyes que estaban vigentes en el país. Entre las leyes que se nombran, nos encontramos con una de fines del año 1985, la ley de refinanciación del endeudamiento interno, donde se expresa: "El Banco Central del Uruguay, el Banco de la República Oriental del Uruguay y las instituciones privadas de intermediación financiera, concederán a los deudores agropecuarios, industriales, comerciales o de servicios, una refinanciación de sus deudas originadas en actividades desarrolladas en el país [...]".

La Ley Nº 15.786 fue la solución que, en su momento, en 1985, el Gobierno democrático recientemente instalado llevó a los productores agropecuarios. Pero nuestra sorpresa fue mayúscula cuando vimos que esta ley fue aprobada precisamente porque estaba vigente la suspensión de ejecuciones. La suspensión de ejecuciones que hoy nos dicen que es negativa -que al país no le sirve, que el sistema financiero se tambalea-, en aquel momento contó -aunque parezca mentira- con la unanimidad de los votos tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Esa suspensión de ejecuciones, que se hizo aproximadamente en el mes de marzo del año 1985 es idéntica, en sus artículos, a la presentada por el señor Senador Carlos Julio Pereyra, que fue tachada de inviable, de peligrosa y de que no conducía a nada bueno para el país.

Me pregunto qué diferencia tenía el sector agropecuario de aquel momento, del año 1985, con lo que hoy nos presenta como panorama ese sector. Evidentemente, hay algunas diferencias. En aquel momento, el Presidente de la República tenía como sus directos colaboradores al Ministro de Economía y Finanzas, contador Zerbino, contador él pero hombre vastamente vinculado, conocedor y trabajador del sector agropecuario, y como Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca al ingeniero Vázquez Platero. Dos diferencias fundamentales con el momento en que vivimos, porque el actual Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca nunca participó en una negociación sobre el endeudamiento, salvo en los primeros meses de su gestión, y el señor Ministro Bensión ha declarado que no conoce nada de lo que es el sector agropecuario.

Es importante que sepamos que el Partido Nacional -el cual tengo el honor de integrar- avaló, discutió, apoyó y trabajó en la suspensión de ejecuciones presentada por el Gobierno de la República: el proyecto de suspensión fue presentado por el Presidente Sanguinetti y su equipo de Gobierno. En aquel momento, por parte de legisladores del Partido Nacional se dijo, por ejemplo: "Creo que con la suspensión proyectada no solo estaremos dando oxígeno a quienes siempre lucharon con tanto ahínco por conseguirlo, sino que estaremos enterrando todo tipo de vestigios de la cruel política neoliberal, que solo pudo ser aplicada en nuestro país bajo un gobierno de fuerza [...]". Me pregunto qué diferencia tenemos en las políticas actuales con las de aquel momento.

Y decía el legislador: "Pido, señor Presidente, que rápidamente tratemos este proyecto por la urgencia que él tiene y por la cantidad de gente que está esperanzada en su aprobación". Además, dijo que esperaba que fuera la última vez que tuvieran que hacer esto. Evidentemente, no fue la última vez y aquí estamos nuevamente discutiendo el problema del endeudamiento del sector agropecuario.

Esta suspensión de ejecuciones aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en el año 1985 y de la cual hoy es pecado mortal hablar, fue prorrogada por dos veces en esta Cámara. ¿Por qué? Porque las mismas demoras que hoy tenemos también ocurrieron en aquel momento. Recuerdo -y es bueno hacerlo- que el Diputado Sturla -por quien tenemos cariño, estima y un respetuoso reconocimiento sobre su función y trabajo en la Cámara de Diputados- apoyó la primera prórroga y le dijo al Ministro de turno que no le apoyaba ninguna prórroga más porque lo que se necesitaba no era la suspensión de ejecuciones del país, sino una ley que solucionara definitivamente la problemática del sector agropecuario.

Han pasado muchos años y estamos realizando las mismas consideraciones y viviendo la misma problemática, agravada porque quienes están endeudados en esta época en el sector agropecuario han seguido los consejos, el estímulo y, seguramente, la capacitación que le dieron técnicos y Gobiernos de turno, cuando en nuestro país empezó todo el cambio con referencia a las políticas macroeconómicas insertas en el MERCOSUR. Lamentablemente, la gran mayoría de los que se endeudaron en el sector agropecuario lo hicieron para invertir, para ser competitivos, para tener rentabilidad y para poder hacer frente, junto al país, a las exigencias que ese mercado común nos iba a demandar en el futuro. Hoy, el mercado común -para utilizar las palabras del profesor Gros Espiell- se tambalea y está a punto de caerse y, con él, los productores uruguayos viven y van por el mismo camino. O sea que no es solo decir que es culpa de los ineficientes; no es solo culpa del sector que apostó a la productividad, que logró en el sector lechero producciones a nivel internacional, producciones récord en el sector arrocero a nivel regional, calidad en sus productos que hoy por hoy son reconocidos en el mundo entero; y, además, a instancias de los Gobiernos de turno, logró la erradicación de la fiebre aftosa, que nos dio la posibilidad de colocar nuestros productos.

¿Hoy de qué nos vale estar negociando en papeles con los Bancos si nuestro producto primario se está desmoronando, si cuando vayamos a hacer los balances veremos que nuestros activos no existen, si los valores de los campos están reducidos a una tercera parte y si el valor de los ganados está también reducido en más de un 30% o un 40%? Eso es lo que queremos evitar cuando hablamos de una suspensión de ejecuciones; que no pierdan todas las partes en esto, que se dé el oxígeno suficiente -como decía aquel legislador en el año 1985- para que resurja nuevamente la parte productiva del sector primario que hará que la industria funcione, que la gente tenga trabajo y que el valor de los campos, de las haciendas y de los productos agrícolas mejoren para que, con esa mínima rentabilidad pero con volumen y calidad, podamos pagar las deudas del sector agropecuario.

Es bueno decir también que en el Senado de la República esa suspensión de ejecuciones en el año 1985 contó con la unanimidad. No voy a leer lo que dijeron legisladores de todos los Partidos, que votaron veintiséis en veintiséis por la afirmativa. Sí voy a decir algo, porque en política es bueno ser coherentes y mantener una idea de trabajo en toda nuestra trayectoria política con referencia a determinados sectores, porque los sectores son los mismos aunque los tiempos cambien; aun cuando haya factores que sean diferentes, la idea que cada uno tenga sobre el sector productivo debe ser coherente y debe ser la misma cualquiera sea el lugar en que podamos estar. Y es importante que diga esto porque un señor Senador expresó: "Personalmente lo he votado" -este proyecto de suspensión de ejecuciones- "a efectos de enmendar, en parte, las consecuencias trágicas que ha tenido la aplicación de una política económica". Pienso si en este momento no estamos hablando de una consecuencia trágica de una política económica en el país.

Además, dijo que, para enmendar errores, si tenía que prorrogarlo, lo iba a hacer las veces que tuviera que prorrogarlo. Eso lo dijo nuestro actual Presidente, el doctor Jorge Batlle, siendo Senador de la República, en el momento de votar la suspensión de ejecuciones.

Entonces, cuando se nos dice que lo nuestro es inviable y que prácticamente nos hemos transformado en enemigos de la patria por votar una suspensión de ejecuciones, recordemos lo que decimos y cómo actuamos. Veamos que no es tan difícil ni tan peligroso, porque no se tambaleó el sistema financiero uruguayo por una suspensión de ejecuciones de seis meses ni por las sucesivas leyes de refinanciación que el agro recibió para poder salir adelante. Sin esas leyes de refinanciación el milagro uruguayo de los años 1990 a 1998 no hubiera existido. Gracias a eso es que el Uruguay llegó a los niveles de exportación y de producción que se lograron en esos ocho años de vida en el país. Seguramente, algunas consecuencias se debieron a los productores, pero la mayoría a la política macroeconómica que ha llevado a este descreimiento, a esta soledad y a esta angustia del sector agropecuario de todos los rubros. Antiguamente era común que si la carne no valía, la lana nos defendía; que si no andaba bien el trigo, nos salvaba el girasol, y si no andaba bien algún otro cultivo hortícola, nos podía salvar, inclusive, la producción de miel. Hoy está todo caído, a mínimos valores, y es por eso que luchamos por el sector agropecuario, sector fundamental para la riqueza del país. Eso lo dicen los números; y si vamos a los números del país, los que hoy nos presenta el Fondo Monetario Internacional, de déficit con respecto al producto bruto, decimos que en el año 2000, en la Rendición de Cuentas -si los señores legisladores se toman el trabajo de revisar la bibliografía-, esos números ya existían. No tan grandes, pero existían. O sea que no es el momento de echarnos culpas, sino de reconocer que si recapacitamos, si pensamos en el sector primario, si pensamos en los productores y en lo que nos cuesta cada familia que se viene del campo para estar alrededor de la ciudad, mendigando al Intendente de turno que le dé asilo o una ayudita para tener una casita en los bordes de la ciudad, si pensáramos en eso muy otras serían nuestras decisiones como legisladores.

Señor Presidente: hasta aquí llegan mis palabras. He hecho un esfuerzo que me ha pedido mi conciencia y he mantenido la coherencia con mis discursos preelectorales. Por eso, en el día de hoy, cualquiera sea el resultado de la votación, estaré con la conciencia tranquila.

(¡Muy bien! - Manifestaciones de la barra.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La barra no puede hacer manifestaciones.

Tiene la palabra el señor Diputado Ortiz.

SEÑOR ORTIZ.- Señor Presidente: cuando el mes pasado elaboramos y presentamos el proyecto de suspensión de ejecuciones conjuntamente con ocho compañeros del Partido Nacional, fue para llegar a un acuerdo a fin de solucionar el endeudamiento de aquellos productores apremiados, que estaban a punto de ser ejecutados o de caer en mora.

Ese proyecto fue presentado con el fin de llegar a un acuerdo político con el Poder Ejecutivo y de poder reenganchar a los productores endeudados y a punto de ser ejecutados y a los que no estaban al día con la banca privada ni con la pública, así como a aquellos que se habían acogido a la refinanciación el año pasado, al bono cupón cero, o a la suspensión tácita de ejecuciones -para lo cual se había llegado a un acuerdo político en el Senado y con el Poder Ejecutivo, después de que el señor Senador Pereyra presentara un proyecto-, suspensión que sería hasta este fin de mes o hasta mediados de julio, después de la feria judicial menor. En ese momento, al no haberse llegado a una solución para los productores que estuvieran por ser ejecutados o en situación de apremio, y tal como lo pedían todas las agremiaciones rurales y todos los productores, pensamos en hacer un acuerdo con el Poder Ejecutivo para refinanciar a quienes hoy estuvieran por ser rematados, en vías de ejecución o en mora. Hablando claro, me refiero a los productores que estuvieran en las categorías 3, 4 y 5, catalogados por el Banco Central, tanto en la banca privada como en la pública. Sabemos que la banca pública tuvo un acuerdo mejor y sustancial, que en aquel momento fue muy bueno, pero que ahora no lo es porque los precios pecuarios y de la agricultura no han mejorado, sino que han ido en detrimento.

En todas las reuniones que hemos tenido con el Poder Ejecutivo -habiendo sido designados por el Partido Nacional-, conjuntamente con Diputados y Senadores del Partido Colorado, conversamos y negociamos con el señor Ministro de Economía y Finanzas. Fue una negociación que planteamos la semana pasada en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca -a la cual pertenecemos-; una negociación que fue infructuosa, pero lo hicimos para pedir un plazo de cuarenta y ocho horas más para votar el proyecto que nosotros mismos habíamos presentado a la Comisión. Tuvo el fin de llegar a un acuerdo para solucionar el problema de endeudamiento de parte del sector agropecuario. Creemos que ese acuerdo ha llegado a un buen fin. No el mejor, no el más adecuado, no el que beneficia a los buenos pagadores, sino que beneficia precisamente a aquellos que contemplaba el proyecto de suspensión de ejecuciones que habíamos presentado: a quienes estaban en situación de apremio. Estas bases de un acuerdo entre la banca privada y parte de los deudores agropecuarios que presentó el señor Diputado Chiesa Bordahandy, las habíamos aceptado en parte ante el señor Ministro de Economía y Finanzas y las planteamos en la Comisión, donde inclusive habíamos pedido un plazo que la Comisión no aceptó. No voy a decir que fue un asunto de ética parlamentaria, pero sí de ética entre compañeros de la Cámara y de Comisión no haber concedido ese plazo, cuando todos sabían que lo que buscábamos era un buen fin, no una chicana política para no votar el proyecto y no llegar a suspender las ejecuciones judiciales.

Hoy todos sabemos que aunque no estén los votos para ninguno de estos proyectos ni para el proyecto sustitutivo, por lo menos por noventa días está la suspensión de las ejecuciones judiciales de los deudores de hasta US$ 300.000, y también de una cifra un poco mayor. Creo que eso lo explicó bien claro el señor Diputado Chiesa Bordahandy, al manifestar cómo se pueden acoger todos a ese beneficio.

Hemos leído, no una vez ni dos ni tres, sino cincuenta veces el acuerdo que llegó del Poder Ejecutivo, firmado por el señor Ministro Bensión, como una regla tácita de juego, de aprobarse, que recién hoy fue aceptado por la banca privada, con un comunicado que hemos tenido desde el día jueves de la semana pasada. Fue precisamente hasta ese día que el martes anterior pedimos plazo a los compañeros de la Comisión, para no llegar a los lamentables hechos del miércoles pasado, cuando se intentó votar el proyecto y que no figurara, como correspondía, como primer punto del orden del día de esta sesión.

Fue lamentable también que se jugara con los productores rurales, que todos sabemos por lo que están pasando. Aquí no vamos en desmedro de nadie. Nadie va a comprender mejor ni peor de lo que yo comprendo a los productores rurales. Nadie va a entender ni mejor ni peor que yo la situación, así como los insultos que hemos recibido de algunos de ellos. Los comprendemos porque están en situación de apremio, pero nosotros estábamos buscando una solución cuando estos hechos sucedieron. No entendemos la presión que hubo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el día en que se trataron los proyectos de suspensión de ejecuciones, tanto el que presentamos nosotros como el alternativo del señor Diputado Falero, que después fue votado por la mayoría. Todos sabemos que fue votado para que el tema pudiera ser discutido en la Cámara, lo que aceptamos, valoramos y apoyamos, porque creemos que la discusión tiene que darse en todos los ámbitos y que los productores tienen que participar de ella. Eso era lo que queríamos todos, solo que el plazo que pedíamos era para traer una solución al plenario, pasando antes por la Comisión. Muchos dijeron que sí a esa solución y hoy nos dicen que no, y estamos hablando de muy pocos días de diferencia. Algunos Diputados nos dijeron que la propuesta les parecía buena, porque nos daba por lo menos noventa días para buscar una solución de fondo a quienes estaban al día; y con relación a aquellos deudores de más de US$ 300.000 en ningún momento hubo ambiente político en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la que pertenezco, para llegar a un acuerdo de este tipo.

Todas las veces que el proyecto de suspensión de ejecuciones judiciales entró en la Comisión -esto consta en la versión taquigráfica- siempre pregunté -inclusive la semana pasada, cuando votamos- si ese día vendría al plenario nuestro proyecto o el del señor Diputado Falero; nadie desmintió que todos estábamos de acuerdo con el hecho de buscar una solución para las deudas de los productores rurales en vías de ejecución no mayores a US$ 300.000. Algunos hablaban de las deudas no mayores a US$ 200.000, como en el caso del cupón cero, que se asimilara con la banca privada, con los mismos beneficios.

Ahora estamos dando una solución muchísimo mejor a los productores endeudados, un interés diferente del que tienen los productores que hoy están al día, a quienes no estamos trayendo ninguna solución pese a ser muy buenos pagadores y estar al día con la banca privada. Me refiero a aquellos que están en las categorías 1 y 2 del Banco Central, a los que han pagado siempre, a quienes se han sacrificado vendiendo su campo y su ganado para estar al día y no correr el riesgo de estar en vías de ejecución o de apremio, como se dice comúnmente. A esos productores no les buscamos ninguna solución, porque no existe respuesta posible que contemple a todos los productores rurales. Si alguien la tiene, que me lo diga, que lo felicitaré, pero creo que en este país nadie tiene la varita mágica.

Nosotros no solo queremos buscar soluciones al endeudamiento, sino a la rentabilidad agropecuaria, que en definitiva es lo que ayudará a pagar cualquier refinanciación que se vote, sea la suspensión de ejecuciones judiciales hasta el 31 de diciembre o esta otra que también suspende todas las ejecuciones judiciales por noventa días para aquellos productores que tengan deudas que no superen los US$ 300.000, aunque también pueden ser mayores, como se ha aclarado bastante en Sala y en la prensa.

En efecto, cuando veníamos a esta sesión sabíamos en qué consistía este acuerdo porque fue publicado en la prensa de hoy; capaz que aún no estaba firmado por el Ministro; él lo dijo en conferencia de prensa anoche. Faltaba su firma y hoy su firma está en este acuerdo de partes; está dirigida a todo el Parlamento. Se trata de un acuerdo que está refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En otra oportunidad dije que entendía, pero no comprendía por qué se desconfiaba de la palabra de los legisladores y del señor Ministro de Economía y Finanzas -lo entenderé, pero no lo comprendo-, porque se trata de un representante de un Poder Ejecutivo cuyo titular fue votado por la mayoría de los uruguayos para que eligiera a sus Ministros, más allá de que compartamos o no la política económica que llevan a cabo el Ministro Bensión y el Presidente de la República. Creo que si en algún momento quisiéramos decir quiénes comparten la política económica, pasará lo mismo que con el proyecto aprobado en Cámara, ya que algunos dirán que no y otros que sí, pero con salvedades. Sucederá lo mismo que en el caso de la aprobación del proyecto llamado "Falero", del Nuevo Espacio Independiente, que fue una alternativa para tratarse en la Cámara, con lo cual estamos todos de acuerdo.

La alternativa que había cuando presentamos nuestro proyecto fue la que hoy presentó el señor Diputado Chiesa Bordahandy y que todos conocíamos.

Queremos hablar sin ninguna demagogia política, sin hacer alusiones personales a ningún compañero ni a ningún productor rural, que es al que menos queremos agredir y al que más comprendemos. En cambio, no comprendemos la posición de muchos legisladores, ni en la Comisión ni en la sesión anterior del plenario; tampoco entendimos la propuesta de un señor legislador de votar en forma nominal para que al otro día, como dijo, se publicara en la prensa quiénes votaban y quiénes se abstenían de votar la suspensión de las ejecuciones judiciales, cuando todos sabíamos qué íbamos a votar. Esas cosas no son necesarias; todos los que tenemos coherencia política y en nuestra vida, también tenemos coherencia en todos los actos que llevamos adelante y más en esta Casa. Acá la coherencia debe existir en lo que pensamos, más allá de nuestras ideologías, respetando las decisiones de nuestros Partidos y de nuestros sectores, pues, como ocurre en nuestro caso, nuestro Partido y nuestro sector respetan nuestras decisiones, que es lo más importante que puede existir en un sistema político. En ese sentido, hoy agradezco al Herrerismo y a mi Partido por haber respetado todas las posiciones de mis compañeros y por habernos esperado, por cuanto pedíamos un plazo para contemplar el reclamo de los productores agropecuarios y llegar a una solución que creíamos podía llegar a ser la mejor.

Hoy no existe una solución mejor que esta; la suspensión de ejecuciones judiciales hasta el 31 de diciembre no es una solución mejor que esta. Yo mismo refrendé el proyecto que suspende las ejecuciones cuando fui invitado por otros compañeros para presentarlo, porque hasta ese momento era la mejor solución -y lo sigue siendo hasta ahora-, pero hoy tenemos la respuesta a ese proyecto de ley. Advertimos que la solución a la que hemos arribado no conforma a algunos sectores de mi Partido ni a otros Partidos; lo lamentamos. Si alguien me dijera que hay algo mejor, estaríamos dispuestos a votarlo; si alguien dijera que este proyecto no será ley, estaremos dispuestos a hacer ley lo que nos comunica el señor Ministro de Economía y Finanzas, si es que mañana no se llegara a cumplir la palabra de los bancos privados -han firmado en este sentido- en cuanto a llamar a los productores por noventa días y suspender automáticamente todas las ejecuciones judiciales. A esto también se compromete la banca pública; si hubiera algún productor que no se hubiera acogido al bono cupón cero, ahora tendría la posibilidad de hacerlo. Lo mismo ocurriría con el productor que hubiera reperfilado su deuda y no estuviera al día en sus cuotas y con aquel que, habiéndose acogido al bono cupón cero en la franja entre US$ 200.000 y US$ 300.000, no hubiera podido hacer el pago de abril de este año para cumplir con todas las obligaciones demandadas por ese bono.

También negociamos el caso de aquellos productores cuya obligación se vencía los primeros días de octubre, es decir, el primer pago de intereses, el 9,25% de la deuda que habían contraído antes de enero de este año.

No creo que toda negociación con el Poder Ejecutivo sea cerrada ni única; la prueba está -me remito a las palabras de legisladores que hicieron uso de la palabra con anterioridad- en que ha habido muchas negociaciones de refinanciación y de endeudamiento agropecuario. Seguiremos negociando el endeudamiento agropecuario. Con los siete compañeros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca nos comprometimos a buscar una solución global al endeudamiento agropecuario, con reactivación del sector; somos conscientes de que no lo podremos lograr en un mes, en dos ni al 30 de diciembre. Podremos buscar una solución global, pero no la encontraremos antes del 30 de diciembre.

Creemos que esta solución es la mejor para aquellos productores que hoy tienen el cuchillo en el cuello o para aquellos que lo tendrán porque les llegó un telegrama donde se les dice que su plazo está vencido, aunque todavía no recibieron el cedulón judicial.

Digo claramente, como lo hice en mi fundamento de voto de la semana pasada, que no estoy procediendo por disciplina partidaria, porque ni mi Partido ni mi sector me pidieron que acatara una resolución del Herrerismo ni del Partido Nacional; estoy obrando conforme a mi conciencia, de la misma forma que lo hice cuando presenté el proyecto de suspensión de ejecuciones judiciales junto con otros compañeros, para buscar, como hemos dicho hasta el hartazgo, una solución a aquellos productores que estaban en situación de apremio.

La solución está; sabemos que no es la mejor y que se puede perfeccionar, pero ello no se logrará si hoy votamos el proyecto de suspensión de ejecuciones judiciales, porque no estaríamos votando dicha suspensión, sino haciendo retroceder un paso al país. Tenemos la convicción de ello, lo creemos con firmeza, y no lo hacemos, como se ha dicho acá, por una exigencia del Fondo Monetario Internacional; todos sabemos que no es así. Quienes hemos estado en esta negociación buscamos lo mejor para los productores agropecuarios, para mis amigos, para la gente de campo, junto a la cual me he criado y vivido, no solo en la vida política sino también en la privada, porque mi negocio se basa en trabajar con los productores agropecuarios.

Así como se ha dicho mucho en Sala y hay productores que no han dicho nada, yo digo: no tengo deudas agropecuarias; no estoy comprendido ni me beneficio con ninguna solución que se adopte para las deudas agropecuarias, ya sea a nivel de la banca pública o privada.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: tengo la impresión de que a esta altura de la noche todos los integrantes de la Cámara ya tienen fijada una posición en cuanto a cómo expresarán su voluntad con relación, ya no al proyecto específico enviado para su discusión, sino al tema de fondo. Me refiero a cuál es la reacción y la voluntad política frente a la situación peculiar que están pasando los productores agropecuarios.

Creo que la Cámara se ha equivocado al hacer un debate a dos tiempos, por la vía reglamentaria de la fundamentación de voto nominal, sin encarar de lleno, como lo hacemos ahora, la discusión de fondo. Yo era de los que consideraban que este debate debía darse la semana anterior, pero no acompañé la lógica del pedido de votación nominal, más allá de la legitimidad que se tiene para hacer tal planteo reglamentario.

¿Por qué estamos hablando de la necesidad de una suspensión de remates judiciales para los productores agropecuarios? Creo que es porque hay una realidad que rompe los ojos: estamos pasando por la peor crisis económica que ha tenido el país en toda su historia. Ese es un dato central del diagnóstico. Si no existiera esa crisis, se cumpliría con los contratos y funcionarían normalmente los mecanismos judiciales para que ellos se hicieran efectivos. Por lo tanto, el argumento de la seguridad jurídica no puede ser válido cuando estamos viviendo situaciones excepcionalísimas.

Pensamos que existen peculiaridades sobre la producción agropecuaria que el Estado debería proteger. Y no es lo único, pues a nivel de los sectores industrial y turístico hay situaciones análogas; también están siendo impactados por esta crisis, que es verdad que responde a factores externos, pero que también ha sido agravada por la incompetencia técnica y por la incompetencia e impericia política del señor Ministro de Economía y Finanzas.

Señor Presidente: somos conscientes de que la suspensión de ejecuciones no resuelve la situación de fondo del problema productivo. Pero también es cierto que si hubiese una ley que estableciera aunque más no fuera un plazo breve para la suspensión de estos juicios y remates, estaríamos dando una buena señal, estaríamos dando tranquilidad a los productores rurales y tiempo al Gobierno, que tiene la responsabilidad de gobernar, de buscar las soluciones a través del diálogo, lo que lamentablemente no hace.

A su vez, señor Presidente, pensamos que esto se inscribe en el marco más general de dónde está la reactivación productiva del país.

Es cierto que con la suspensión de los remates podrá haber justos que paguen por pecadores, pero nosotros decimos que la crisis es tan grande, tan profunda y ha generado tanta angustia en la población, que es necesario darse un tiempo y dar un buen mensaje a través de la suspensión a efectos de realizar el estudio que corresponda de todas las carpetas. Pero nada de eso se ha hecho; se ha preferido una vía oblicua: la del acuerdo, la de la garantía del Ministro a través de un documento. Hace un rato discutíamos sobre la interpretación de la ley y ahora yo me pregunto desde la oposición: ¿cómo discutiremos sobre la interpretación de un convenio de palabra, teniendo en cuenta, además, que el interlocutor no es único, sino que son varios, y cuando además esto está diseminado en varios juicios o en varias instancias judiciales? Entonces, señor Presidente, para aquellos que, como nosotros, gustan de las garantías de la ley y de las garantías del contrato, decimos que hoy más que nunca sería imprescindible una expresión de voluntad de esta Cámara que diera tranquilidad a un sector que el país tiene que proteger.

Se podrá decir que esto es demagogia; en fin, no temo a los calificativos porque en cierta forma hacen al debate político. Y digo sí que somos los legisladores de la ciudad, los representantes de los centros urbanos, quienes después de dos ajustes tremendos y de la decisión de diferir el pago de los aguinaldos, tenemos que decir a empleados públicos, obreros y estudiantes que para ellos no hay una suspensión y que no existe este espacio que se da para que se produzca el remate; a quienes se van al "clearing", a quienes no pueden pagar la factura de la luz, del agua, del Banco Hipotecario, tenemos que decirles que para ellos no hay ninguna facilidad. Decimos esto convencidos porque pensamos que el país en algún momento tiene que decidir en qué sectores productivos podrá arrancar la economía.

Se nos dice que estamos en una política maniquea, de blanco y negro, pensando en el año 2004. Nosotros decimos que estamos pensando en el hoy, que cada día que pasa sin que arranque la economía los uruguayos son más pobres y peor se pueden defender. Y nosotros decimos que sí, que seremos todos responsables, pero hay responsabilidades bien distintas: están los que fueron designados por la ciudadanía para gobernar el país con todos los instrumentos, y están los que fueron puestos en este Parlamento para ejercer la oposición. Y nosotros decimos que si alguna responsabilidad nos cabe ha sido, tal vez, la de no levantar la voz más alto para oponernos a esta política equivocada, autista, incompetente, que nos ha llevado a la destrucción del aparato productivo nacional. Y estamos bien conformes con no tener nada que ver con esta Administración, con no tener nada que ver con este Gobierno y con haber insistido en que existen alternativas; hemos repetido hasta el cansancio la necesidad de un diálogo, no solamente con este Partido, sino con los sectores productivos, que son los que harán que este país pueda producir. Hemos sido duros con esta Administración y con este Ministro, y lamentamos que se siga insistiendo con esta orientación económica y con este Ministro que tantas desgracias le ha significado al país.

Cuando en esta Cámara existe preocupación por el clima político de las actividades espontáneas, de los mecanismos de protesta que no están organizados ni dirigidos y que agregan elementos de perturbación que condenamos, nosotros nos preguntamos dónde está la respuesta ante la magnífica manifestación pública y pacífica del 16 de abril de este año. Tal vez, señor Presidente, sea no escuchar a la gente lo que traerá aún más infelicidad a la República.

(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Léase el artículo 158 del Reglamento de la Cámara de Representantes.

(Se lee:)

"A los concurrentes a la barra les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación y el Presidente hará salir de ella a quienes faltaren a esta disposición. Podrán ser desalojados por disposición del Presidente en caso de desorden, pudiendo suspenderse la sesión durante el desalojo".

——La Mesa solicita a quienes están en la barra que no vuelvan a hacer manifestaciones a efectos de que la sesión se pueda desarrollar en forma tranquila y con su presencia.

Tiene la palabra el señor Diputado Arrarte Fernández.

SEÑOR ARRARTE FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: nuestro sector ha expuesto claramente su posición a través de las palabras de nuestro compañero, el señor Diputado Cardozo Ferreira. De todas maneras, queremos tener un espacio de participación para agregar algún dato adicional sobre la realidad que vive el sector agropecuario, ya que nosotros provenimos de ese ámbito.

En 1990, el sector agropecuario debía US$ 400:000.000 y hoy debe US$ 1.500:000.000. Quiere decir que en los últimos diez o doce años el agro ha cuadruplicado su pasivo con el sistema bancario. Esto, indudablemente, está indicando que hay algo que está mal. Si al mismo tiempo, para ver lo que representan estos datos para las empresas agropecuarias, los trasladamos y los relacionamos con la generación de riqueza, con todo el potencial que tiene el sector agropecuario actualmente, veremos que los intereses representan la cuarta parte del producto bruto agropecuario. Es decir que para poder pagar todos los años los intereses de la deuda del sector agropecuario, los productores deberán retener la cuarta parte de lo que producen y destinarlo a los bancos. Pero si al mismo tiempo asumiéramos una refinanciación a siete años y si sumáramos las amortizaciones junto con los intereses, anualmente los productores agropecuarios tendrían que trasladar la mitad de lo que producen a los bancos. Reitero: si hoy se hiciese un acuerdo con toda la banca que negocia con el sector agropecuario y si se tuvieran que pagar todos los intereses más las amortizaciones, los productores tendrían que dejar la mitad de lo que producen en los bancos. Está claro que una refinanciación a siete años es imposible de pagar. Y este costo, que ya lo ha pagado el sector agropecuario, refleja la realidad social que vive el sector.

Si tomamos los datos del censo del año 1963, veremos que en el campo vivían casi 600.000 personas; más precisamente, 585.000 personas. Hoy viven 170.000 personas. Quiere decir que desde el sector agropecuario se han trasladado a la ciudad alrededor de 400.000 personas. No debemos olvidar que estos números duplican prácticamente los datos oficiales de desempleo uruguayo. Ese es el reflejo de cómo un país no tiene una política agropecuaria de estímulo a la producción y de radicación en el medio rural. Creo que ese es el tema que hoy tendríamos que analizar.

Queda demostrado que los productores no van a poder pagar esta refinanciación a siete años. Inclusive, los productores que están al día, quienes tienen categoría 1 y 2 en el Banco Central, quedan excluidos de la refinanciación con la banca privada.

Simplemente, queríamos participar con estas cifras para enriquecer un futuro debate en la Cámara de Representantes; creo que esto queda en el debe. Considero que las situaciones que estamos viviendo ameritan que en esta próxima Rendición de Cuentas -o en el proyecto de ley que venga- el país no se pueda dar el lujo de que no haya medidas de reactivación para el sector agropecuario. De lo contrario, dentro de tres meses, estos productores que deben cerca de US$ 150:000.000 a la banca privada van a ser ejecutados. En ese caso, se cometería una gran injusticia porque a partir de allí, la tierra perdería sustancialmente su valor. Inclusive, los bancos no podrían cobrar lo que les deben los productores. Y aquí debe quedar reflejado también un dato que es un poco abstracto: el sector agropecuario siempre ha pagado sus deudas y las garantías inmobiliarias siempre han acompañado los pasivos agropecuarios.

Esto es cuanto tenía para decir.

30.-    Licencias.
  
        Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Alberto Scavarelli, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 18 de junio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Ángel Fachinetti".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En consecuencia queda convocado el correspondiente suplente y se le invita a ingresar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

ALBERTO SCAVARELLI
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 18 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Gustavo Osta".

"Montevideo, 18 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted, que por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Dr. Hugo Granucci".

"Montevideo, 18 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

El abajo firmante Dr. Raúl Germán Rodríguez, habiendo sido convocado para asumir en calidad de suplente una banca en la Cámara de Representantes, le comunica a usted que por razones personales y por esta única vez no he de acceder a ella.

Sin otro particular, saluda muy atentamente,

Dr. Raúl Germán Rodríguez".

"Montevideo, 18 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted, que por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Luis Spósito Martino".

"Montevideo, 18 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted, que por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Juan Ángel Vázquez".

"Montevideo, 18 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted, que por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Palmira Zuluaga".

"Montevideo, 18 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted, que por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Ruben Zambella".

"Montevideo, 18 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted, que por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Alfredo Menini".

"Montevideo, 18 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Dr. Eduardo A. Scasso".

"Montevideo, 18 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Augusto Montesdeoca".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Alberto Scavarelli.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 18 de junio de 2002.

II) Que los suplentes siguientes, señores Miguel Dicancro y Carlos Testoni integran la Cámara hasta el día 28 de junio de 2002 y por el día de la fecha, respectivamente, y los suplentes siguientes, señores Gustavo Osta, Hugo Granucci, Raúl Germán Rodríguez, Luis Spósito, Juan Ángel Vázquez, señora Palmira Zuluaga, señores Ruben Zambella, Alfredo Menini, Eduardo Scasso, y Augusto Montesdeoca Suárez, no aceptan por esta vez la convocatoria de que han sido objeto.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 18 de junio de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Alberto Scavarelli.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes siguientes señores Gustavo Osta, Hugo Granucci, Raúl Germán Rodríguez, Luis Spósito, Juan Ángel Vázquez, señora Palmira Zuluaga, señores Ruben Zambella, Alfredo Menini, Eduardo Scasso y Augusto Montesdeoca Suárez.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 18 de junio de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000, del Lema Partido Colorado, señor Ángel Fachinetti.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

31.-    Productores agropecuarios, deudores, codeudores, garantes en general o avalistas. (Convocatoria a una audiencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 357 del Código General del Proceso en los juicios ejecutivos generados por deudas).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: en realidad hay un motivo por el cual se ha vuelto imperativo discutir el tema de las ejecuciones judiciales. Tanto en las exposiciones de las delegaciones de productores que hemos recibido en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, como en las visitas que hemos hecho a lugares donde hay productores, e inclusive en cualquiera de los caminos de la patria por los que uno ande, se encuentra con el problema de que hay gente a la que le ha llegado el cedulón, otros tienen miedo de que les llegue o están asustados porque el 30 de junio vence el plazo.

Creo que para fundamentar por qué hay que suspender los remates judiciales no se precisa dar ningún número. Es un problema que todos los Representantes conocemos; no se precisa justificación de ningún tipo. Nosotros tratamos este tema la semana pasada en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca junto con los colegas, con los compañeros de trabajo. Pero no podemos esconder las diferencias políticas que tenemos en la consideración de los distintos temas. Tenemos diferencias, cada uno fundamenta lo que piensa y se vota. Y si la votación sale o no, es un asunto de correlación de fuerzas.

Por lo tanto, considero que no hay que escudarse en llevarnos bien entre nosotros para no resolver los temas que son imperativos para la gente y para el país. Eso fue lo que sucedió la semana pasada. Los temas en los que tenemos diferencias siempre son ríspidos y cada uno, si está convencido de lo que piensa, lo fundamenta. Así se llegó a la presentación por parte del Partido Nacional de este proyecto de ley, y a la presentación por parte del Nuevo Espacio Independiente de su iniciativa, que introduce en el juicio ejecutorio una audiencia conciliadora.

Creo que en el fondo, como lo vemos nosotros, la discrepancia no es entre estos dos proyectos de ley. La discrepancia es: o se trata en el Parlamento el tema del endeudamiento agropecuario y, en consecuencia, se necesita resolver algo con respecto a los remates judiciales, o no se considera en el Parlamento y entonces la cosa va marchando por la vía de los hechos y la va laudando la vida; o sea, los bancos se quedan con los activos. Esa es la contradicción de fondo que nosotros vemos que se está dando en este momento en el país.

Esto se manifestó en dos proyectos de ley presentados en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nosotros teníamos la posición política de votar un proyecto de ley que suspenda los remates judiciales; eso no permitía que el tema se discutiese en la Cámara. En realidad, cualquier tipo de suspensión de remates de campo nos servía. Esa fue la razón por la que apoyamos un proyecto de ley para que el tema llegase a la Cámara y pudiese ser discutido. Por distintas razones, apoyamos políticamente la suspensión de ejecuciones hasta el 31 de diciembre de este año. No vamos a dar razones de tipo jurídico, porque ahí radican las salvedades que tenemos con relación al proyecto de ley del Nuevo Espacio Independiente que, en realidad, modifica el Código General del Proceso para estos casos particulares -ese es un tema bastante delicado- y que tiene otro problema: es incierto el tiempo por el cual quedan suspendidos los remates, porque eso depende de cuán recargados estén los juzgados.

Pero a esta altura del debate en la Cámara y de los problemas que tiene el país, esto no es esencial. Para nosotros, que los ojos de forasteros vengan a tasar los campos, es un tema importante para el país.

Todos sabemos que el remate de campos que se viene dando se debe a esta crisis que no tiene antecedentes en la historia agropecuaria del Uruguay. Esa es la causa de la baja rentabilidad. No voy a dar datos porque todos aquí sabemos qué es lo que está pasando con el sector agropecuario. Sí creo que el endeudamiento del sector agropecuario no se puede tratar con criterios financieros, como el endeudamiento de alguien que compra algo y después incumple en el pago de su obligación. Además, la falta de rentabilidad que existe en el sector agropecuario se debe a causas generales de funcionamiento de la economía con respecto a las que, en todo caso, si alguna responsabilidad tienen los productores, es por haber elegido -los que lo hicieron- al actual equipo económico. De ahí salen, en realidad, los precios que como país obtenemos por los productos, los costos de producción y todo lo que determina la competitividad de un país.

Hasta ahora, en los últimos seis meses, lo que ha sucedido es que las ejecuciones han sido tratadas por un acuerdo político que tuvo cierto grado de turbidez. No hablo de intenciones, sino de lo que sucedió; en realidad, había acuerdo para no ejecutar y, sin embargo, hubo ejecuciones; hubo compromisos públicos que no fueron cristalinos. En la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado hubo que llamar al señor Ministro de Economía y Finanzas para discutir; hubo que revisar las actas. Hubo ejecuciones que luego se entendió que no debían haberse realizado, aunque los bancos sí creían que tenían derecho a hacerlas.

En realidad, la sanción de una ley evita todas estas dobles lecturas en el país, los riesgos para los ejecutados y también toda esta situación incierta de los poseedores de activos.

Lo que está sucediendo hoy con los remates de los campos es casuístico; depende de lo que haya entendido un Gerente o las autoridades del banco. Y esto está pasando hoy; es la situación real. Algunos remates se pararon en el local del rematador. En realidad, voy a hacer la lista porque es así: Ministros, dirigentes gremiales, Senadores y Diputados anduvieron -o anduvimos- en los Juzgados o haciendo contactos para parar los remates.

Esta es una situación de mala salud para un país. Nosotros no creemos que esto sea conveniente y, desde luego, no es necesario que ello suceda. Es cierto: la suspensión de remates judiciales no soluciona nada; pero esa no es la solución. La solución es el estudio a fondo de una refinanciación del endeudamiento y, diría, hasta de la competitividad o rentabilidad del sector agropecuario. Esto no es fácil. ¡Por algo estamos en esta situación! Si fuera fácil ya se hubiese solucionado, porque nadie gana con la situación actual, nadie del país. Pero al menos es un paliativo. Consideramos que la suspensión de los remates de los campos es una especie de cláusula de paz para poder tomar el problema del endeudamiento.

Hoy, el señor Diputado Chiesa Bordahandy leía unas bases de acuerdo entre la banca privada y una parte de los deudores agropecuarios. No es el tema que estamos discutiendo hoy, pero tenemos que dar recibo a esa comunicación que se hace a la Cámara. Ahora bien, se trata de bases de acuerdo, y aunque yo no desconfío de nadie -no desconfío del Ministro Bensión, que es el Ministro que tenemos, que es un hombre trabajador y que es bastante austero, según dicen-, sí desconfío de los bancos, porque se quieren quedar con los activos.

Más allá de las formalidades, en realidad, el problema no es solo del endeudamiento de la banca privada, sino del endeudamiento en general, es decir que es algo bastante más global. En realidad, estas bases lo son de una parte del problema. Pero yo tenía la intención de no hablar de esto, porque no es el tema que estamos discutiendo hoy.

No queríamos que este tema llegara a este punto; quizás no hemos tenido la capacidad de conducirlo de otra manera. No sirve de nada que uno u otro proyecto de ley de suspensión de ejecuciones se apruebe por unos pocos votos. Cuando el señor Diputado Cardozo Ferreira mencionaba el artículo 31 de la ley de 1985, pensaba: ¡qué bueno que en aquel momento se entendió la situación general y se aprobó por unanimidad o, por lo menos, con mayorías claras! No tenemos ninguna intención de que esto se apruebe por algún voto más o por algún voto menos. No le sirve al país que en estos temas haya algo así como ganadores y perdedores, y no es en este sentido que lo hemos planteado insistentemente. Si lo planteamos la sesión pasada como asunto de extrema gravedad fue porque, precisamente, es de extrema gravedad para el país y para la economía nacional y no para nosotros; además forma una parte básica de la crisis económica que tiene el país.

No queremos entreverar las cosas. La propuesta que vino no precisa acción legislativa; funciona por medidas administrativas del Poder Ejecutivo. La intención que teníamos era que esto se discutiera acá y que se pudieran implementar medidas legislativas. Es decir, queríamos que el Parlamento participe -como Representantes del pueblo que somos- y que lo haga en forma independiente del Poder Ejecutivo. Hoy mucho se habla de la independencia de los Poderes, pero en este tema hemos estado permanentemente enredándonos con que el Ministro Bensión no quiere que se discuta acá y manda sus propuestas, etcétera. Lo que nosotros queremos es que se discuta acá y que tomemos las resoluciones que aquí son mayoritarias. Además, tenemos confianza. El Parlamento es una instancia que debería ser de articulación política. Si no podemos hacer esto, ¿cómo vamos a hablar de país parlamentario, como se ha estado hablando, inclusive en el día de hoy?

(¡Muy bien!)

——Sabemos que hay gente a la que no le gusta la sanción de una ley de suspensión de remates de los campos. Un diario, que no es de nuestro sector político, hoy de mañana decía que la misión del Fondo Monetario Internacional "que trabajó en Montevideo hasta la semana pasada había considerado 'grave' la posibilidad de que el parlamento aprobase una ley suspendiendo las ejecuciones de los productores endeudados".

Más allá de que le guste a otros, nosotros pensamos que lo precisamos. Además, no hay que mirar las cosas a tan corto plazo, porque si no solucionamos los problemas de política económica que tenemos en el país, si no desarrollamos el aparato productivo, ¿con qué vamos a pagar mañana? A veces hay una contradicción de todos entre el interés a corto plazo y el interés a largo plazo, porque si esto revienta, ¿qué va a pasar con nuestro país?

Entonces, comprometidos con un desarrollo productivo del país, sabiendo que el problema de fondo es la rentabilidad de la economía nacional y del sector agropecuario, teniendo en cuenta que siempre hemos votado estos temas afirmativamente desde el origen y porque soñamos que un día podamos superar todos estos problemas de vivir endeudados, para tener un país que produzca trabajando, es que vamos a votar la suspensión de remates de los campos que ha propuesto el Partido Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado González Álvarez.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: este no es un tema nuevo para nosotros y, por supuesto, es un problema que padecen y sufren, mucho antes de que yo ocupara esta banca, los productores agropecuarios de mi país.

En los primeros meses de nuestra gestión, en mayo del año 2000, presentamos un proyecto de consolidación de deudas y de refinanciaciones. Con eso pretendíamos que el Estado, mediante la emisión de bonos, comprara la deuda con la banca privada para que no hubiera más necesidad de andar mendigando soluciones y se hiciese una refinanciación con una tasa de interés adecuada, a veinte años. Eso no contó más que con nuestro impulso, y aún seguimos creyendo que puede ser una buena solución, pero no hemos encontrado eco en otros compañeros del Parlamento. En ese ínterin, continuaban todos los problemas de nuestra agropecuaria, que todos conocíamos, padecíamos y sentíamos cuando recorríamos el país y nuestro departamento -porque somos Diputados solo de un departamento- y la gente nos los seguía planteando.

En ese momento se entablan conversaciones y surge el tema del cupón cero para la banca pública en el año 2001. Este asunto tampoco salió bien, completo; como siempre, las cosas se hacen a medias y no se logran las soluciones adecuadas y, por lo tanto, tenemos que seguir emparchando. En este caso también faltó el apoyo de la banca privada, que siguió ejecutando y echando productores a la calle.

Quiero hacer una reflexión que a veces hago a algún compañero. Es muy distinto ejecutar a un deudor que desalojar a un inquilino de una vivienda. ¡Vaya si ha habido suspensiones de lanzamiento de inquilinos! Todos los años hay una por los tres meses de invierno. El caso del productor agropecuario es muchísimo más grave, porque no solo lo estamos desalojando de su vivienda, sino que lo estamos echando de su trabajo. Hacemos dos cosas gravísimas cada vez que ejecutamos y echamos del campo a un productor agropecuario: lo sacamos de su vivienda y de su trabajo. Padece el doble que un inquilino que es desalojado de una vivienda.

El problema con la banca privada continuaba porque no se había solucionado. En el Senado está a punto de presentarse un proyecto similar al que algunos Diputados del Partido Nacional hemos recogido en la Cámara. Otra vez, en el último minuto de los últimos días, a los apurones, el señor Ministro Bensión y la banca prometieron que no iba a haber ejecuciones por varios meses y, mediante un acuerdo, se suspenden hasta el 30 de junio. Pero ello no se cumple. Todos los días llegan cedulones y se hacen gestiones llamando a los Presidentes de las gremiales, a los Senadores y al propio Ministro Bensión. Se siguen haciendo ejecuciones. Cada día creemos menos porque no se cumple la palabra dada por instituciones como los bancos.

Tampoco se hace un esfuerzo, porque en diciembre o en enero se dijo que luego del acuerdo para suspenderlas hasta el 30 de junio se haría una reunión con todos los actores -los políticos, el Gobierno y las gremiales- para encontrar una solución al endeudamiento. Creo -no quiero pecar- que no se hizo ni una sola reunión en todos estos meses. Somos Diputados, los que contamos los votos de a uno, los que estamos día a día con la gente que nos plantea estos temas, que nos dice que los problemas no se arreglan, que no se encuentra ninguna solución.

En ese ínterin es que junto con otros compañeros del Partido Nacional presentamos un proyecto de ejecución de las suspensiones hasta el 31 de diciembre, pero no por el mero hecho de suspenderlas. Si fuera solo por eso, el 31 de diciembre tendríamos que estar pensando en otra suspensión, y eso no le sirve a nadie. Al productor no le sirve que suspendan las ejecuciones por tres o seis meses porque, si es así, no invierte, no hace una pradera, no levanta un alambrado, no hace nada porque no sabe si al otro día lo van a echar. Propusimos la suspensión para encontrar un plan de refinanciación que sirviera para la actual situación del país. Creíamos y creemos que para encontrar un plan de financiación necesitamos, fundamentalmente, a un Ministro de Economía y Finanzas que converse con los políticos, con la banca y con los productores agropecuarios. Ese no es el Ministro de Economía y Finanzas que tenemos hoy. Conversa con los Senadores, de tanto en tanto con los Diputados, y con la banca, pero no con los productores que necesitan que se les escuche para llegar a una situación consensuada. Ese Ministro de Economía y Finanzas no es el que desearía que conversara con todos los sectores. En fin, muchos compañeros del Partido Nacional van a conversar con el señor Ministro de Economía y Finanzas para encontrar un plan, porque esa es la finalidad de la suspensión de las ejecuciones. Nuevamente se repite la historia del cupón cero: el señor Ministro de Economía y Finanzas propone las bases de un plan a medias. Otra vez las cosas a medias.

Se dice que 4.308 productores endeudados con la banca privada que deben menos de US$ 300.000 se van a poder acoger al plan. Hay doscientos treinta productores que deben US$ 230:000.000 que van a quedar afuera. Entre los 4.308 -esa es una de las objeciones fundamentales que hice al señor Ministro de Economía y Finanzas- habrá muchos que no se podrán acoger al plan.

¿Qué sucede con el plan? Tiene algunas ventajas en cuanto al descuento del valor de un bono -comprándolo para pagar-, pero exige que se pague, como mínimo, la mitad de los intereses generados hasta la fecha. Estamos convencidos -porque recorremos el país y hablamos con la gente- que hay muchísimos productores que no van a poder juntar el dinero para acogerse a un plan a siete años. No discuto si el plan es corto o largo o si la tasa del 10% que se dijo que se iba a cobrar -todavía no está escrita en el documento- es alta o baja. Eso lo podríamos debatir más adelante; lo importante es lograr la paz y la tranquilidad del productor y que pueda decir que no lo van a ejecutar, a echar. Esos 4.308 productores tienen que llevar plata para comprar el bono para acogerse a este plan. El que no tenga para vender a precio vil -vender hoy es hacerlo a precio vil, porque el ganado de invernada cuesta US$ 80 o US$ 90 y los campos valen cinco veces menos de lo que deberían valer- no va a poder acogerse al plan.

Entonces, otra vez se hacen las cosas a medias. En la vida siempre hay un 10% que no entra en los planes, que desentona, que levanta la voz, que hace algo que no es lo que todos esperaban. Pero ese 10% representa más de cuatrocientos productores a quienes van a ejecutar dentro de ochenta o noventa días. Eso yo no lo quiero para mi país. Quiero que el productor de hoy siga siéndolo. No es tan fácil sustituir a un productor por otro, como he escuchado decir a muchos colegas economistas. No es lo mismo alguien que nació, se crió en el campo y tiene amor por él, que un escribano, un médico o un contador que compre esas tierras. No es lo mismo; pero se trata de maneras distintas de pensar.

Hemos llegado a esta encrucijada. Cuando planteamos esta situación al señor Ministro de Economía y Finanzas en la última reunión del miércoles pasado -no concurrí a las anteriores porque no fui invitado- nos manifestó que no se podía sortear eso y que la gente tenía que pagar el 50% de los intereses. Creo que el señor Ministro se equivoca con este plan. ¡Ojalá tenga razón y yo sea el equivocado! ¡Ojalá todos los productores puedan entrar en ese plan del señor Ministro! Creo que hay que seguir conversando y abrir la tranquera; el señor Ministro, los políticos, la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural y las demás gremiales nos tenemos que sentar a conversar para encontrar la gran solución. Para eso tenemos que insistir en suspender las ejecuciones.

El señor Ministro habla con la banca. No quiero referirme hoy al tema de la banca; tal vez nos debamos una gran discusión sobre ese asunto. En este plan a medias algún productor podrá ganar, pero quien sí gana es la banca. No hay ninguna duda de que con este plan la banca, nuevamente, resulta beneficiada. No digo que no haya algún productor que también se beneficie, pero no tengo dudas de que toda la banca saldrá beneficiada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo esfuerzos todos los uruguayos para una banca que no es capaz de ceder o de tener una pequeña contemplación en este momento de tremenda crisis que viven nuestros productores? ¿Adónde nos va a llevar la banca actual en este país? Ese es el tema que tendremos que poner en el orden del día para discutir, porque es una banca que nos presta para que le paguemos y luego exige que vendamos, aunque nos estemos fundiendo, para que le volvamos a pagar. De esa manera, un día no van a cobrar ellos ni nadie y la situación realmente será de crac. Ojalá me esté equivocando.

Por ello, esta noche ha llegado un proyecto aprobado por la Comisión, cuya autoría corresponde al señor Diputado Falero, quien es su miembro informante. No me he referido a esa iniciativa porque no la voy a votar. Sé la buena intención que tiene el señor Diputado para habilitar el tratamiento del tema y para llevar a los productores al Juzgado. No me parece que sea viable porque, por más que se dé la audiencia, el tema sigue ahí y el problema más importante es encontrar un plan de refinanciación, lo que no trae el proyecto.

Por lo tanto, en su momento algunos legisladores del Partido Nacional presentamos un proyecto de ley que estará en la Mesa del Cuerpo en la noche de hoy para ser sometido a votación. El proyecto que he firmado para presentar en la Comisión y para que se trate esta noche es el que voy a votar afirmativamente, porque creo que si la Cámara de Representantes suspende las ejecuciones -no es ley, o sea que los organismos internacionales y lo que se dice con respecto a la certeza jurídica todavía no tiene el más mínimo riesgo- sería una señal que daría el Parlamento al país, a la banca y al Ministro de Economía y Finanzas, quien cada día está más insensible a los temas de la agropecuaria.

Votar esto en la Cámara de Representantes no altera ninguna de esas reglas sobre las que tanto se ha hablado. Ingresará al Senado, donde se podrá dar una nueva discusión y podrá ocurrir lo que he dicho de un gran diálogo entre la gente del Gobierno, algunos hombres del Partido Nacional y las gremiales para encontrar una solución. También puede darse que en el Senado no se llegue a votar. Si se llegara a votar en el Senado porque el Gobierno, la banca y el señor Ministro no encuentran soluciones, todavía le queda al señor Presidente de la República alguna otra instancia. O sea que no se muere nadie ni se acaba el mundo si esta noche votamos aquí una suspensión de ejecuciones.

Junto con otros compañeros he redactado un proyecto; me he comprometido con mi gente en Colonia y con los productores a votar lo que he redactado. Si el proyecto se considera esta noche, como deseo que ocurra, voy a votar la suspensión de ejecuciones hasta el 31 de diciembre, esperando que resulte favorable y que en el ínterin logremos mejorar todo lo que se pueda esta primera intención del Gobierno.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Julio Silveira.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Señor Presidente: estamos ante un tema puntual, como es la presentación que se hizo en el Parlamento hace algunos días de un proyecto de ley tendiente a suspender las ejecuciones de productores rurales. Pero para nosotros, el del endeudamiento agropecuario, el de la situación de los productores rurales de nuestro país, no es un tema nuevo ni de ayer. Hemos ido laudando en este tema y lo hemos hecho en función específica, y exclusivamente, en los últimos tiempos, de la situación de la producción agropecuaria.

El año pasado teníamos una situación general muy comprometida y difícil con la banca pública en esta materia y empezamos a trabajar en una solución. Desde hace un año estamos tratando de mantener a los productores en su actividad. En la banca pública no se han producido situaciones que no deseamos y para ello trabajamos el año pasado.

En estos días hemos seguido trabajando en ese tema y planteamos al Gobierno mejoras en función de una realidad que, desde luego, no ha mejorado mayormente. Y ya estamos planteando al Poder Ejecutivo alternativas para que nuestros productores sigan en carrera, para que las medidas de reactivación que se vayan tomando o las posibilidades que nos dé el mercado interno encuentren a nuestra gente, por lo menos, en carrera. Entonces, en la banca pública, las cosas están más o menos tranquilas.

Ahora nos encontramos con los planteos razonables y racionales de los productores en función de la situación de la banca privada. En lo personal, señor Presidente, no decimos nada nuevo si reiteramos esta noche aquí -lo saben connotados dirigentes de las instituciones agropecuarias que con nosotros han conversado o compartido instancias de aparición pública- que no somos partidarios de que las instituciones del Estado incidan en los contratos entre particulares a través de normas que cambien esa relación. Pero en virtud de que entendemos que en estos últimos tiempos han coincidido situaciones que conspiraron contra la forma en que esos contratos fueron realizados en desmedro de una de las partes, una vez más hemos tratado de incidir con nuestra gestión para que esa situación se revierta y para que la parte que en el contrato se ha visto desmerecida con respecto a la otra por circunstancias que le son absolutamente ajenas, se vea contemplada y tenga una nueva oportunidad. Eso es lo que pasa en esta Sala esta noche.

Es evidente que el país está inmerso en negociaciones para la búsqueda de algún tipo de solución, que todos sabemos que viene solo de un lado. No nos ofrece ninguna novedad un Diputado preopinante cuando lee un medio de prensa y hace mención a ese hecho; ni siquiera es novedad para nosotros, porque la propia fuerza política a la que ese Diputado representa sabe muy bien la incidencia que esos organismos tienen en la vida del país. También sabe que su fuerza política, viéndose ganadora de la elección, fue a hablar con ese organismo internacional -me parece que con mucha razón- para ver cómo se iba a plantear en el futuro la relación entre la fuerza política que creía que en ese momento ganaba la elección con ese organismo internacional. ¡Eso no es pecado! Es responsabilidad, es pensar en el país, es mirar al futuro. Lo que nosotros hacemos, aparentemente, sí es pecado. Eso es doble discurso, señor Presidente; esa es una forma de ver las cosas según el cristal con que se mire.

Aquí estamos ante una realidad que todos conocen, los que estamos aquí y los que están un poco más allá. En función de ello estamos trabajando, pero no como personeros de organismos internacionales, como lamentablemente dijo un dirigente gremial. Somos gente realista que hoy está en un lugar; ojalá que si alguna vez les toca estar en ese lugar a algunos de esos dirigentes, sea en circunstancias mejores que las nuestras. Nadie sabe mejor que nosotros -lo digo y lo asumo-, nadie conoce mejor que nosotros lo que es la realidad de un pequeño productor rural endeudado. Y entonces, cuando vamos a trabajar por esos productores, no aceptamos ni toleramos que se juzgue peyorativamente nuestro trabajo en función de los intereses de quien nos juzga; lo hacemos con las mejores intenciones, buscando sacar adelante a este país que tiene muchos más sectores que el agropecuario. Lo digo yo que pertenezco a este sector; y mis hijos fueron a una escuela de campaña y a un liceo rural.

Nos encontramos ante una encrucijada y tratamos de salir de ella lo mejor posible. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos un anuncio del Gobierno de que a partir de mañana, y por lo menos por noventa días, en este país no se va a ejecutar a ningún productor rural. Y tenemos la convicción, la decisión y la energía de seguir en el camino de la búsqueda de soluciones y de mejoras para este sector al que tanto queremos.

Entonces, tenemos buenas cosas entre manos; lo otro no es bueno para el país y todos lo sabemos. Utilicemos eufemismos para disfrazar ese conocimiento o digamos las cosas de frente y tal cual son. Estamos en un país en el que no podemos cambiar las condiciones económicas en que nos movemos; ¿o es que acá alguien tiene la capacidad de cambiar la situación y de pedir que a nosotros también nos den 10.000 toneladas de cuota Hilton? Si no nos dan la cuota Hilton es porque somos chicos, porque no tenemos fuerza y tenemos que tratar de arreglarnos, en este mundo hostil, con las fuerzas que tenemos. ¿O pudimos haber mejorado la venta de lana en los años anteriores? ¿O este país no pasó dos años sin vender un kilo de carne? ¡Mire si lo sabremos nosotros, señor Presidente! Mire si lo sabremos los artiguenses, que sabemos, además, que la aftosa nos cortó los brazos en cuanto a la venta de nuestra producción, que había llegado al doble de su registro histórico, porque estábamos vendiendo 400.000 toneladas de carne a US$ 0,80 el kilo: de eso no se acuerda nadie. ¡Mire si sabremos de eso los artiguenses, señor Presidente! ¡Mire si sabremos los artiguenses de solidaridad! ¡Si sabremos los productores de Artigas de solidaridad! Somos los mismos productores que conocimos la solidaridad de nuestro sector cuando la seca de 1988, cuando vendimos nuestras vacas a US$ 26, y nadie salió a una radio a decir que alguno de nosotros se estaba lamentando por eso, como salen hoy a llamarnos personeros de los organismos internacionales.

Quiero decir que estoy seguro de que hemos logrado el principio de un buen acuerdo, que hemos iniciado un buen camino que seguramente tenemos que seguir transitando y lo vamos a hacer. Pero estamos convencidos de ello, ¡honestamente convencidos! Y comprometemos nuestro trabajo para seguir en ese camino: hemos estado consultando a nuestros compañeros productores de Artigas y conversando con ellos, porque también existen, aunque no estén aquí. También se han reunido con nosotros representantes de la Asociación Agropecuaria de Artigas y hemos conversado sobre este asunto. Por lo tanto, cuando hablamos, exigimos para nuestros puntos de vista el respeto que tenemos por el de los otros.

Entonces, queremos invitar a todos a iniciar un período de reflexión en el cual comprendamos que nuestro país no tiene todos los elementos en sus manos y que las soluciones no son las ideales; son las que podemos obtener con las herramientas que tenemos: en eso estamos trabajando, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y nuestros actos y decisiones en este ámbito se van a juzgar en el año 2004; antes, simplemente aceptamos opiniones, no juicios.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: no pensaba hacer uso de la palabra; quería dejar que otras fuerzas políticas tuvieran la posibilidad de expresarse en este Parlamento. Como el otro día algunos legisladores pidieron que se hiciera votación nominal, entendí que hoy iban a hablar, a dar sus fundamentos y que era un buen momento para entablar esta discusión. Por eso, no me había anotado antes para hacer uso de la palabra.

Hoy estamos discutiendo un tema que desde hace mucho tiempo venimos siguiendo en la Cámara y en cualquier rincón del país en el que hemos estado y seguiremos estando. Lo que buscamos es un camino. Sabemos perfectamente que las propuestas que se hicieron por parte del Poder Ejecutivo no son la solución, pero sí un camino y nos parece que es bueno seguir conversando; personalmente voy a seguir haciéndolo. Jamás rehuí ninguna discusión sobre este asunto; he conversado con todos los productores que han querido hablar conmigo, en asambleas, en mi despacho, en los pasillos. Todos sabían lo que yo estaba opinando y que no estaba de acuerdo con la suspensión de ejecuciones. Nunca prometí absolutamente nada, porque entendí que esta solución tenía y tiene el efecto contrario que los productores quieren.

El problema del endeudamiento agropecuario ya es muy viejo; obra en mi poder una ley de 1963 al respecto, en la que se fijaba monto, plazo, etcétera.

He escuchado a algún legislador, a quien mucho respeto, que sabe y dice en la Cámara que con seis meses no se logra una solución, pero en definitiva no tenemos otra cosa. Lo único que se ha presentado en este ámbito es eso; no hay absolutamente nada más. Si hay algún otro proyecto de ley, ¿se va a fijar en el Parlamento el monto, los intereses, el plazo? ¿Esa es la solución?

No quiero defender a los bancos ni al sistema financiero; no estoy para eso, ni tampoco para defender a los organismos internacionales, como se nos ha dicho. Pero son como los médicos: no los quiero en mi casa, pero a veces no tengo más remedio que recurrir a ellos.

Sé perfectamente que atrás de este problema están los productores. Entendemos la posición personal de cada uno; detrás de ellos hay una familia que, en definitiva, está esperando. No sé qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa misma posición. Me parece que eso es parte de la naturaleza humana y no quiero juzgar absolutamente nada de ese comportamiento, como tampoco el de las gremiales agropecuarias, que puedo llegar a entender. Pero aquí estamos con responsabilidades mucho más grandes, manejando recursos escasos en un país realmente dependiente de un montón de situaciones, y cada vez el panorama se nos hace más oscuro y dificultoso.

El problema de la materia prima y del sector agropecuario es el de la rentabilidad, que no es de Uruguay, sino del mundo. Y nosotros, como uruguayos, muchas veces tenemos que competir, no con los países, sino con sus Tesorerías, que se dan el lujo de subsidiar y mantener a muchos productores rurales. Contra eso debemos competir como país chico y con recursos escasos. Todos quienes hemos trabajado en el tema sabemos de esto.

Días pasados consultaba un dato de FUCREA de 1999: se requerían 1.296 hectáreas propias y saneadas para obtener una canasta familiar mensual, y podemos proporcionar un montón de ejemplos más. También puedo analizar ejemplos concretos. Eso es lo que queremos: traer a la Cámara ejemplos concretos sobre la rentabilidad del sector.

El otro día veía un establecimiento agropecuario de 2.500 hectáreas, índice CONEAT 110. Estas hectáreas netas, saneadas, pobladas con 1.800 vacunos y 300 lanares, sin deudas, generan una rentabilidad de US$ 30 por hectárea. Su rentabilidad el año pasado -no estamos hablando del precio de la carne de este año- fue de un 5%. O sea que hay que pensar bien si vamos a dictar una ley en la que vamos a establecer un interés. El único que sirve con esta rentabilidad -no estamos hablando del año 2000- es de un 1% o 2% para poder seguir "tirando" y pagar la deuda. O sea que acá el tema crucial es la rentabilidad del sector, y los precios han venido bajando constantemente.

Quiero reivindicar una cosa que se dice que me parece que debemos reafirmar con los números: el sector agropecuario es un sector pagador a pesar de todo. El sector agropecuario es un sector que ha venido cumpliendo. Si analizamos lo que sucede en la banca privada, veremos que de los US$ 182:000.000, los menores de US$ 300.000 suman US$ 142:000.000 y están al día, US$ 40:000.000 están en mora y esto abarca a 4.308. Si vamos a los de más de US$ 300.000, de los US$ 228:000.000, US$ 28:000.000 están en mora y el resto está cumpliendo. Estos números marcan claramente que el sector agropecuario es un sector que cumple. Y este es el interés de todos y el que tenemos que preservar. Acá hay un sector productor que no está en juego en esta Cámara y lo queremos decir. Las soluciones que vinieron acá son para los deudores de las categorías 3, 4 y 5. Los de las categorías 1 y 2, que son los que vienen cumpliendo, que han tenido que vender parte de sus haciendas, de sus campos, que vienen produciendo, cumpliendo y que los necesitamos nosotros y la banca -todos los necesitamos- hoy no tienen solución. ¿Es justo? ¿Esto es justo? Lo vuelvo a preguntar aunque no están acá: ¿es justo? También son productores rurales y hay familias detrás de ellos. Y a esta gente hoy no le estamos dando solución.

Mantengo la expectativa de seguir conversando porque tampoco la suspensión de ejecuciones es una solución para esta gente porque esto se va a transformar inmediatamente en tasas de interés, que como son pagadores, tendrán que pagar. Entonces, esto es muy claro.

Me parece que simplemente hablar del problema del sector agropecuario y enfocarlo desde una ley de suspensión de ejecuciones por seis meses es achicar la cancha y al que realmente queremos defender le estamos entregando un revólver cargado para que, dentro de seis meses, decida. Esto se lo he dicho a los productores que han hablado conmigo. Podemos discrepar; bienvenido sea. Hemos discrepado, pero esta es la posición que he defendido y defenderé.

Por supuesto que tenemos que estar de acuerdo en este Parlamento en medidas que vayan mucho más allá para el sector productivo. En primer lugar, cabe mencionar esto que dije relacionado con la categoría 2.

En segundo término, ¿todo el sector político está dispuesto a bajar el costo del Estado que incide directamente en la producción nacional? ¿Estamos de acuerdo con esto? Pregunto esto porque vi las marchas que se hicieron la otra vez, en las que se pedía rentabilidad para el campo y en la parte de atrás se solicitaba defender las empresas públicas que inciden directamente en la producción del campo. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacerlo?

En el Parlamento hemos votado algunas veces el bono cupón cero del que se hablaba en la Legislatura pasada. Votamos el monto y el plazo y no fue solución para nadie. ¿Por qué? Porque después esto se instrumentó por los cuadros medios y la solución se cortó totalmente. Eso pasa muchas veces: los cuadros medios de los bancos son los que deciden definitivamente el destino de muchos productores nacionales. Esto es así, pero a veces no se dice. Se cambian las tasas de interés y después sabemos que el expediente está abajo y que se va a buscar una solución.

Entonces, si vamos a poner todo, ¡pongámoslo todo arriba de la mesa! Nosotros estamos en condiciones de poner todo arriba de la mesa. Acá se han dado soluciones desde el punto de vista político y parlamentario, que después se reglamentan, pero las soluciones nunca llegan a los productores y no porque el sistema político no esté de acuerdo.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: lo que han dicho los señores Diputados Julio Silveira y Berois Quinteros sobre las bases del acuerdo para empezar a resolver el tema entre la banca privada y parte de los deudores agropecuarios es muy importante.

Este documento que estamos manejando contiene soluciones concretas para gran parte de los productores y una suspensión de ejecuciones por noventa días. Esta es una solución concreta que no debe esperar por una ley que será o no aprobada en la Cámara de Representantes y en la de Senadores. Es una solución concreta que abarca, además, un detalle de plazos, intereses, de quiénes podrán acogerse a la propuesta; da una señal de claridad a la gran mayoría de los deudores del sector agropecuario. Reitero que es una solución concreta; hay noventa días para seguir conversando.

Además, creo de justicia subrayar lo que ha expresado el señor Diputado Berois Quinteros en cuanto a que los deudores de las categorías 1 y 2, que no están contemplados en esto, deben estarlo, por una razón de justicia, en las futuras conversaciones. Digo esto porque si estamos buscando una solución para los deudores más comprometidos -es bueno que lo hagamos y que lo estemos haciendo- quienes han cumplido con los compromisos asumidos, como buenos pagadores, deben tener también una satisfacción de algún tipo. Debe darse una señal por parte del país y del Estado en cuanto a que aquellos que han sacrificado parte de su patrimonio, serán contemplados en alguna solución.

Por lo tanto, creo que esta solución que hoy se ha hecho pública en el Parlamento es un paso adelante en concreto que legisladores del Partido Nacional han podido obtener en conversaciones con el equipo económico. También pienso que se debe seguir conversando y que eso que dijo el señor Diputado Berois Quinteros es tan importante como este acuerdo: contemplar a aquellos que han cumplido con los compromisos pactados.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: creo que tenemos algunas instancias parlamentarias para tratar esto y espero contar con los votos necesarios para hacerlo. En ese momento podremos ir a fondo en lo que tiene que ver con la reducción del aparato estatal, de las viejas estructuras que, en definitiva, siempre han sido un peso muy grande para la producción nacional. Y si no, no estaremos con el doble discurso de "esto sí y aquello no". Nosotros vamos a estar en lo que siempre hemos estado. Me parece que tenemos instancias de aquí en más. Vamos a poner arriba de la mesa...

SEÑOR SELLANES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SELLANES.- Señor Presidente: quiero hacer una pregunta para saber si entendí bien.

Escuché que el señor Diputado Berois Quinteros daba un ejemplo de un establecimiento de 2.500 hectáreas, poblado, que no tenía deuda, cuya rentabilidad era del 5%, que podía pagar una tasa de interés del 1% o del 2%. Pero en la solución concreta a la que se hace referencia ahora se plantea una tasa Libor más 8%; eso es más del 10%. Además, plantea amortizar la deuda en siete años. Entonces, si un establecimiento no tiene deudas, tiene esa rentabilidad y puede pagar esa tasa de interés, me parece que plantear como solución concreta pagar una tasa diez veces mayor y amortizar en siete años, es algo sumamente difícil de cumplir. No sé si entendí bien el razonamiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Berois Quinteros, a quien le restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: estoy hablando del tema crucial de la rentabilidad del sector y no de esta posición. Estoy hablando de la rentabilidad del sector para pagar y de un establecimiento saneado.

No vi otra solución acá en el Parlamento; realmente, no vi otra solución, y si la hay, que se me diga cuál es la tasa de interés de acuerdo con la rentabilidad que tiene este sector. Estoy hablando de que el sector realmente no tiene rentabilidad. Acá tenemos que hablar del tema de fondo; por eso es que muchas veces hemos planteado aquí el tema de la rentabilidad del sector y el peso de las estructuras del Estado, y nadie nos acompaña. Mejor dicho, hay muchos compañeros que nos acompañan y hemos tratado de buscar soluciones para eso, pero con doble discurso no.

A lo que voy es al tema de la rentabilidad en sí y aquí se quiere tapar el sol con la mano. Eso es lo que tenemos que seguir discutiendo en el Parlamento y estaremos dispuestos a hacerlo.

SEÑOR MACHADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Le queda solo un minuto de su tiempo al señor Diputado Berois Quinteros.

Puede interrumpir el señor Diputado Machado.

SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: creo que lo que ha dicho el señor Diputado Berois Quinteros es cierto. El meollo del problema que tenemos arriba de la mesa es, sin lugar a dudas, la rentabilidad del sector agropecuario.

No podemos hablar de todo lo que queríamos en un minuto. Estábamos anotados para hacer uso de la palabra, pero, por un acuerdo de bancadas, tuvimos que borrarnos. De todas maneras, queremos decir una cosa.

A través de una moción de orden, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados planteamos que este documento que hoy tenemos como una salida importante para el endeudamiento del sector agropecuario con la banca privada fuera un insumo con el cual comenzar una discusión constructiva en su seno, para traer luego al plenario soluciones de consenso válidas, con el fin de resolver el problema de fondo del endeudamiento agropecuario.

Lamentablemente, el martes pasado vivimos una frustración en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y se lo expresamos a nuestros compañeros con toda sinceridad. Sin embargo, en nombre de nuestro Partido, queremos decir que nuestra vocación es la de construir una solución y que la de nuestro sector o grupo en particular es seguir esa instancia de diálogo en el seno de la Comisión para que sea esta la que traiga al plenario una solución definitiva.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Berois Quinteros, quien tiene treinta segundos para redondear su pensamiento.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: tendríamos muchas cosas más para decir, pero, en definitiva, nos parece que no estamos atacando el problema de fondo, que es lo que queríamos discutir hoy aquí; veníamos dispuestos a hacerlo aunque, lamentablemente, no pudo ser. Me parece que ahí es donde deberíamos hincar el diente. Acá no hemos visto otra solución; simplemente, se habla de la suspensión de ejecuciones. El tema es el que yo decía, el de la rentabilidad. Si se quiere perdonar -me parece que este no es el sentido de ningún productor; el "perdona tutti" no es lo que los productores quieren-, si se quiere una tasa de interés baja, que se diga; si se quiere más plazo, que se diga. Pero, en definitiva, queremos saber qué es lo que se va a decir después de la suspensión de ejecuciones, porque eso nunca ha estado arriba de la mesa.

Me parece que ese es el tema crucial y de fondo que hoy queríamos debatir, pero, lamentablemente, nos vamos a quedar con las ganas.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- No habiendo más oradores anotados, corresponde votar el pase a la discusión particular.

La Mesa quiere aclarar que hay una moción presentada por la señora Diputada Rivero y los señores Diputados Arrarte Fernández, González Álvarez, Cardozo Ferreira, Gambetta, Sellanes y Agazzi, que va a ser leída por Secretaría a los efectos de que cuando se esté votando se tengan presentes las posibilidades que habrá a partir de esa votación.

Léase.

(Se lee)

"Mocionamos para que se tome como base de la discusión particular el proyecto de ley sobre 'Remates judiciales y extrajudiciales', contenido en el Repartido Nº 943/002 en lugar del contenido en el Anexo I al Repartido Nº 943/002".

——La Mesa quiere dar cuenta de cuál es el criterio con el que va a trabajar en este tema.

Si la Cámara resuelve pasar a la discusión particular, en ese momento se va a poner a votación la moción llegada a la Mesa para ver si se trata en la discusión particular la propuesta que viene de la Comisión, cuyo miembro informante es el señor Diputado Falero, o el proyecto original de acuerdo con lo propuesto por la moción.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: no alcanzo a comprender la forma de proceder. Vamos a votar el pase a la discusión particular del proyecto del señor Diputado Falero y no puedo entender que tratemos otro proyecto.

Los señores Diputados que quieren tratar el otro proyecto en cuestión pueden plantear esas ideas que quieren consagrar, en la discusión particular, a través de mociones sustitutivas que reemplacen el original del señor Diputado Falero. No puedo creer que votemos el pase a la discusión particular del proyecto del señor Diputado Falero y terminemos analizando otro; aunque así lo resolviera la Cámara, sería un procedimiento incorrecto.

Es simplemente un comentario.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Antes de conceder el uso de la palabra al señor Diputado Posada y para que el señor Diputado Vener Carboni esté enterado, léase por Secretaría el artículo 64 del Reglamento de la Cámara.

(Se lee:)

"Artículo 64.- Salvo resolución expresa de la Cámara, se tomará como base en la discusión particular de los proyectos: 1) El de la Comisión dictaminante.- 2) El del autor o el venido de la otra Cámara; 3) El de la Comisión en minoría".

——Léase el primer inciso del artículo 52 del Reglamento de la Cámara para mayor aclaración al señor Diputado Vener Carboni.

(Se lee:)

"Artículo 52.- Los asuntos serán discutidos en general y en particular.- En la discusión general se deliberará sobre la importancia, conveniencia o inconveniencia del asunto, a objeto de resolver si la Cámara debe o no ocuparse de él".

——Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: creo que, de todas maneras, por parte de la Mesa corresponde aclarar una situación que sin duda se puede plantear.

Podemos tener mayoría para pasar a la discusión particular, pero puede suceder que no haya proyecto que en esta discusión tenga mayoría en la Cámara. Me parece que sería importante que eso se aclarara por parte de la Mesa para evitar cualquier tipo de tergiversación en cuanto a la resolución del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Lo que dice el señor Diputado Posada es exacto. En la medida en que no se apruebe en particular ninguna de las propuestas presentadas, no hay aprobación de proyecto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en noventa y seis: EMPATE.

Se reabre la discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en noventa y seis: AFIRMATIVA.

Se va a votar la moción a la que se dio lectura.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR FALERO.- Disculpe, señor Presidente, pero como el resultado de la votación fue cuarenta y nueve en noventa y seis, aquí estamos discutiendo el proyecto que viene de la Comisión aprobado por mayoría. Por lo tanto, usted puede poner a consideración el artículo 1º de ese proyecto, pero no otra iniciativa. Reitero: creo que lo que corresponde es poner a consideración el proyecto que viene de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Léase nuevamente el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, esta vez para aclarar el punto al señor Diputado Falero. De todos modos, hay una moción de orden que no tiene discusión.

(Se vuelve a leer)

SEÑOR PAIS (don Ronald).- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Señor Presidente: tengo entendido que lo que se vota en general no es un tema, sino un proyecto. Habitualmente, no se trata ni se vota un tema en general; lo que se hace es votar un proyecto de ley, primero en general y luego en particular. ¿Qué es lo que estamos votando? ¿Un proyecto de ley que modifica el procedimiento o un proyecto de ley que suspende las ejecuciones? ¿Qué es lo que estamos votando en general? Este es el primer punto que tenemos que aclarar antes de la rectificación.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- A los efectos de facilitar el trámite, voy a aclarar que primero vamos a rectificar la votación, según lo solicitado por el señor Diputado Ronald Pais. La votación que se va a rectificar es la de si se pasa a la discusión particular; luego se leerán nuevamente los artículos 52 y 64 del Reglamento para el señor Diputado Pablo Mieres.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: comparto el criterio de la Mesa en cuanto al pase a la discusión particular. El tema es que la moción que está a consideración del Cuerpo y que el señor Presidente quiere poner a consideración una vez que se vote el pase a la discusión particular, no corresponde. Digo esto porque el artículo 64 hace una enumeración taxativa. Dice: "1) El de la Comisión dictaminante" -ese es el proyecto que fue votado en mayoría-; "2) El del autor o el venido de la otra Cámara" -no hay-; "3) El de la Comisión en minoría" -tampoco hay-. O sea que, desde nuestro punto de vista, en todo caso, debe votarse negativamente el proyecto que viene informado de la Comisión y después, sí, a pedido de otros señores Diputados, se puede votar el proyecto que integra la misma carpeta. Pero en ningún caso se puede saltear la discusión del proyecto que viene de Comisión, pues hay que ajustarse a la enumeración taxativa que hace el artículo 64 del Reglamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Aclaro al señor Diputado Posada que leyó muy bien los numerales, pero no el acápite del artículo 64.

De todos modos, primero vamos a ver si hay voluntad de la Cámara de pasar a la discusión particular y después, en todo caso, volvemos a aclarar las dificultades que tenemos con respecto a esta instancia.

Se va a rectificar la votación del pase a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en noventa y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a rectificar nuevamente la votación.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en noventa y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR FALCO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente: me gustaría que la Mesa me aclarara algo. Cualquiera sea el proyecto que se vaya a tratar de los dos que están en cuestión, entiendo -lo planteé a la Mesa de manera indirecta cuando empezó la discusión del tema- que, dado que el artículo 64 empieza diciendo "Salvo resolución expresa de la Cámara, [...]", el Cuerpo tendría que haber definido qué proyecto iba a considerar. Este era el punto número uno.

En segundo término, para la aprobación de cualquiera de los dos proyectos se necesitan cincuenta votos conformes, y paso a explicarme. Ha sido costumbre de esta Cámara, a lo largo de estos años, que cualquier suspensión de remates o de ejecuciones debe contar con cincuenta votos conformes; si no es así, se viola el artículo 199 de la Constitución de la República. Es más: ha sido tomado pacíficamente en los anales de esta Cámara que se requieren los cincuenta votos conformes.

En ambos proyectos de ley se está cuestionando, limitando lo que la Carta Orgánica prevé para los Bancos públicos —en particular para el Banco de la República—, que es la inhibición de la ejecución, que es uno de los fines que tiene el Banco y una de las potestades que tiene el Directorio. Reitero: esto ha sido respetado pacíficamente y sería bueno remitirse a los anales de la Cámara. Siempre se han requerido cincuenta votos conformes; este sería el primer caso en que, violando la Constitución, estuviéramos en desacuerdo en ese punto.

Ruego a la Mesa que certifique lo que estoy diciendo. El artículo 199 de la Constitución es claro. Si aprobáramos una suspensión de ejecuciones con menos de la mitad del total de componentes de la Cámara, estaríamos violando el artículo 199. Si procediéramos así, no me quedaría otro camino que cuestionar a la Mesa, porque -reitero- estaríamos violando el artículo 199, que expresamente exige que para modificar la Carta Orgánica de un banco público -en este caso, del Banco de la República, que está incluido en ambos proyectos de ley-, se requieren cincuenta votos conformes.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa entiende que no se modifica la Carta Orgánica de los Bancos cuando se suspenden ejecuciones.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: no sé si en los anales de este Parlamento se registra que siempre se ha requerido mayoría absoluta para aprobar la suspensión de ejecuciones. La verdad es que no lo recuerdo; tendría que revisarlos. Pero es la primera vez que oigo que hacemos decir a la Constitución de la República que aprobar una suspensión de ejecuciones implica modificar la Carta Orgánica de un Banco del Estado. La interpretación de la Mesa es que esto no viola para nada el artículo 199.

Sin violencia alguna, debo decir que esto es lo más pintoresco que he oído en cuanto a violación de las normas constitucionales desde que estoy aquí.

32.-    Intermedio.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señor Presidente: mociono para que la Cámara pase a intermedio por el término de veinte minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Ochenta y nueve en noventa y seis: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 22 y 41)

——Continúa la sesión.

(Es la hora 23 y 12)

33.-    Licencias.
           Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Félix Laviña, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 y 19 de junio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Silver Estévez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda convocado el suplente correspondiente y se le invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo durante el día de hoy y mañana.

Saluda a usted muy atentamente,

FÉLIX LAVIÑA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Félix Laviña, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez, no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente,

Diego Martínez".

"Montevideo, 18 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Félix Laviña, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez, no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente,

Humberto Bellora".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Félix Laviña.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 19 de junio de 2002.

II) Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Diego Martínez y Humberto Bellora no aceptan, por esta única vez, la convocatoria de que han sido objeto.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 18 y 19 de junio 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Félix Laviña.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los señores Diego Martínez y Humberto Bellora.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Silver Estévez.

Sala de la Comisión, 18 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

34.-    Productores agropecuarios, deudores, codeudores, garantes en general o avalistas. (Convocatoria a una audiencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 357 del Código General del Proceso en los juicios ejecutivos generados por deudas).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Se aprobó el pase a la discusión particular.

Léase nuevamente la moción presentada por la señora Diputada Rivero Saralegui y los señores Diputados Arrarte Fernández, González Álvarez, Cardozo Ferreira, Gambetta, Sellanes y Agazzi.

(Se vuelve a leer)

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en noventa y tres: NEGATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º del proyecto que viene de la Comisión.

SEÑOR FALERO.- ¡Que se suprima la lectura de todos los artículos!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Noventa en noventa y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Quisiera saber si es posible votar en bloque este proyecto de ley.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- En algunos artículos hay que modificar algún vocablo y, además, no va a llevar mucho más tiempo votar los artículos de a uno.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota)

——Tres en noventa y cinco: NEGATIVA.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Tres en noventa y cinco: NEGATIVA.

En discusión el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Tres en noventa y cinco: NEGATIVA.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: me da la sensación de que al haberse votado negativamente el artículo 1º, el resto del articulado queda sin efecto, porque los artículos 1º y 2º hacen referencia al objeto del proyecto. Por lo tanto, sería ocioso continuar con la votación, si la Mesa no dispone lo contrario.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Yo tenía la expectativa de que se votara algún artículo de su proyecto, señor Diputado.

En discusión los artículos 4º al 8º, inclusive.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: lamento que nos quedemos sin proyecto de ley con respecto a la suspensión de las ejecuciones porque, sinceramente, creo que esta iniciativa no generaría ningún tipo de inquietud en el sistema económico-financiero y sí generaría la tranquilidad que da la aprobación de una ley, fundamentalmente en el espíritu de la gente que trabaja en el sector agropecuario. Reitero: generaría la tranquilidad que da una ley, que no es poca cosa en un momento de tantas inseguridades.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: yo también lamento que la iniciativa de los Diputados del Partido Nacional no haya tenido los votos suficientes para ser aprobada en la noche de hoy. Probablemente, si la hubiera acompañado el sector del señor Diputado Falero, habríamos obtenido los votos.

(Interrupciones)

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: simplemente, quería dejar la constancia de que en nuestro Partido acostumbramos a actuar en forma conjunta y no desperdigando nuestros votos en función de las distintas realidades.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 4º al 8º, inclusive.

(Se vota)

——Tres en noventa y cuatro: NEGATIVA.

SEÑOR GUARINO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: hemos votado negativamente porque, como advertimos desde un principio, en la Comisión habíamos votado a favor de enviar este proyecto al plenario a los efectos de generar las condiciones para salvar algunas restricciones reglamentarias y poder traer el tema al debate. Lamentablemente, no tuvimos los votos suficientes para el proyecto que realmente venía a solucionar parte del problema del endeudamiento, porque detenía las ejecuciones hasta el 31 de diciembre.

Creo que todos han abundado aquí, inclusive quienes no han acompañado este proyecto, en que la realidad del campo está mostrando que hoy, con los niveles de rentabilidad que hay, es imposible hacer frente al endeudamiento y que quizás por no haber votado este proyecto tengamos que seguir luchando por las soluciones de fondo al tema del endeudamiento y también tengamos que lamentar que muchos productores de este país y sus familias tengan que irse del campo. Por eso hacemos con tristeza esta fundamentación de voto. Seguramente, las consecuencias serán vistas en muy corto plazo.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Habiendo resultado negativa la votación en particular de los dos articulados que se pusieron a consideración de la Cámara, ha quedado desechado el proyecto.

35.-    Levantamiento de la sesión.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Mociono para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en noventa y seis: AFIRMATIVA.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 23 y 21)

 

 

GUILLERMO ÁLVAREZ

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.