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N° 2998 - 5 DE DICIEMBRE DE 2001

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

76ª SESIÓN

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE GUSTAVO PENADÉS Presidente

ACTUAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y
DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 5, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Fondo de Solidaridad. (Se crea como persona jurídica de derecho público no estatal para financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional). (Carp. 1714/001). (Informado). Rep. 788 y Anexo I

2º.- Impuesto creado por el artículo 642 de la Ley Nº 16.170 y aportes patronales al Banco de Previsión Social. (Se establece un régimen gradual de pago para aquellos contribuyentes catalogados como microempresas). (Carp. 1761/001). (Informado). Rep. 818 y Anexo I

3º.- Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio. (Se establecen nuevas deducciones para fijar la renta neta a efectos de su tributación). (Carp. 1760/001). (Informado). Rep. 817 y Anexo I

4º.- Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación). (Carp. 1620/001). (Informado). Rep. 753 y Anexo I

5º.- Guías de posesión de armas expedidas por el Servicio de Material y Armamento. (Se exonera del pago de su renovación al Personal Superior de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior). (Carp. 1198/001). (Informado). Rep. 575 y Anexo I

6º.- Bernardo Prudencio Berro. (Designación al Liceo Nº 48 del departamento de Montevideo). (Carp. 1645/001). (Informado). Rep. 768 y Anexo I

7º.- Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con la República de Panamá. (Aprobación). (Carp. 721/000). (Informado). Rep. 393 y Anexo I

8º.- Acuerdo de Seguridad Social con la República de Colombia. (Aprobación). (Carp. 722/000). (Informado). Rep. 394 y Anexo I

9º.- Acuerdo con la República de Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. (Aprobación). (Carp. 724/000). (Informado). Rep. 396 y Anexo I

10.- Servicios prestados por trabajadores de la actividad privada. (Se les reconoce como efectivamente trabajados para aquellos que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985). (Carp. 1342/001). (Informado). Rep. 651 y Anexo I

 

HORACIO D. CATALURDA      MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Disminución de la actividad económica en el departamento de Colonia.

— Exposición del señor Representante Gil Solares

8.- Fallecimiento del músico George Harrison.

— Exposición del señor Representante Abdala

9.- Situación del sector granjero, en particular en el departamento de Canelones.

— Exposición del señor Representante Gallo Imperiale

10.- Realización de actividades solidarias en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

— Exposición del señor Representante Carminatti

11.- Irregularidades en el funcionamiento del Hospital de Las Piedras.

— Exposición de la señora Representante Garrido

12.- Situación de ciudadanos uruguayos residentes en la ciudad de Chui, República Federativa del Brasil.

— Exposición del señor Representante Silva Rotta

CUESTIONES DE ORDEN

21.- Comunicación inmediata de proyectos aprobados

13 y 18.- Integración de la Cámara

23.- Levantamiento de la sesión

13 y 18.- Licencias

19.- Reiteración de pedidos de informes

VARIAS

14.- Confección del orden del día de las sesiones de la Cámara.

— Planteamiento del señor Representante Chifflet

15.- Comunicaciones de la Presidencia del Cuerpo

16 y 22.- Llamado a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas.

— Concertación de fecha

ORDEN DEL DÍA

17.- Fondo de Solidaridad. (Se crea como persona jurídica de derecho público no estatal para financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional).

Antecedentes: Repartido Nº 788, de noviembre de 2001, y Anexo I, de diciembre de 2001. Carpeta Nº 1714 de 2001. Comisión de Hacienda.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

20.- Impuesto creado por el artículo 642 de la Ley Nº 16.170 y aportes patronales al Banco de Previsión Social. (Se establece un régimen gradual de pago para aquellos contribuyentes catalogados como microempresas).

Antecedentes: Repartido Nº 818, de noviembre de 2001, y Anexo I, de diciembre de 2001. Carpeta Nº 1761 de 2001. Comisión de Hacienda.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

21.- Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio. (Se establecen nuevas deducciones para fijar la renta neta a efectos de su tributación).

Antecedentes: Repartido Nº 817, de noviembre de 2001, y Anexo I, de diciembre de 2001. Carpeta Nº 1760 de 2001. Comisión de Hacienda.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Margot Acosta, Guzmán Acosta y Lara, Guillermo Álvarez, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Ángeles Balparda, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti (1), Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Juan De León, Ruben Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Heber Duque, Oscar Echevarría, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Gabriela Garrido, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Raymundo Guynot de Boismenú, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Julio Lara, Félix Laviña, Ramón Legnani, Henry López, Guido Machado, Oscar Magurno, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Martha Montaner, Basilio Morales, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Edgardo Ortuño, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, María Alejandra Rivero Saralegui, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Juan C. Siázaro, Jorge Silva Rotta, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Julio Varona y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Ernesto Agazzi, Juan Justo Amaro Cedrés, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, José Bayardi, Edgar Bellomo, Brum Canet, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, José Carlos Mahía, Ricardo Molinelli, Yeanneth Puñales Brun, Ambrosio Rodríguez, Julio Luis Sanguinetti y Gustavo Silveira.

Faltan con aviso: Mario Amestoy, Daniel García Pintos y Glenda Rondán.

Observaciones:

(1) A la hora 16:45 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Raymundo Guynot de Boismenú.

2.- Asuntos entrados.

"Pliego Nº 112

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Hacienda se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueban las Enmiendas a los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo y a sus Reglas de Financiación Anexas, adoptadas por medio de resoluciones de su Asamblea General en sesiones realizadas por la misma entre los años 1979 y 1991. C/926/001

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social se expide sobre las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley por el que se regula la extracción, conservación y trasplantes de órganos y tejidos. C/1084/996

- Se repartieron con fecha 4 de diciembre

La Comisión de Hacienda aconseja el archivo del proyecto de ley por el que se dispone la suspensión, por el término de doce meses, del cobro de las cuotas de préstamos otorgados por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay. C/1639/001

- Si no se observa, así se procederá

COMUNICACIONES GENERALES

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole remite fax sobre el proyecto de ley por el que se reconocen los derechos jubilatorios a las personas detenidas por disposición de la Justicia Militar, por delitos políticos o militares conexos con los mismos; a los que se hubieren visto compelidos a abandonar el país y a dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, en las circunstancias que se determinan. C/1342/001

- A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio del Interior contesta los siguientes asuntos:

- A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, sobre la presunta celebración de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para atender económicamente la situación de las instituciones de asistencia médica colectiva. C/1815/001

El señor Representante Oscar Echevarría solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con un presunto convenio celebrado entre el referido Ente y la Intendencia Municipal de Cerro Largo. C/1816/001

- Se cursaron con fecha 4 de diciembre

El señor Representante Roque Arregui solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Primaria, acerca de un llamado a licitación pública para el dictado de cursos de informática a fin de capacitar a funcionarios de dicho Consejo. C/1817/001

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, referente a un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo con destino a las intendencias municipales del interior del país. C/1820/001

- Se cursan con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Federación Rusa" la Escuela Nº 361 de Tiempo Completo, ubicada en el barrio Ituzaingó de la ciudad de Montevideo. C/1818/001

- A la Comisión de Educación y Cultura

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y se establecen condiciones para los deudores de préstamos para vivienda. C/1819/001

- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente".

3.- Proyectos presentados

A) "FEDERACIÓN RUSA. (Designación a la Escuela Nº 361 de la ciudad de Montevideo).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre "Federación Rusa" a la Escuela de Educación Primaria Nº 361 de Tiempo Completo, ubicada en el barrio Ituzaingó, calle General Flores 4848, departamento de Montevideo.

Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

RUBEN H. DÍAZ, Representante por Montevideo, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, FÉLIX LAVIÑA, Representante por Montevideo, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, Representante por Florida, ENRIQUE PINTADO, Representante por Montevideo, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como consecuencia de una larga trayectoria en la que la República Oriental del Uruguay y la Federación Rusa han mantenido relaciones culturales y comerciales, hemos creído oportuno proponer a la consideración de esta Cámara un proyecto de ley que apunta a designar con el nombre de Federación Rusa a uno de nuestros centros de enseñanza dependiente del Consejo de Educación Primaria, con el nombre de un Estado que representa una de las mejores tradiciones en el terreno de la cultura universal.

La relaciones entre Rusia y la República Oriental del Uruguay fueron establecidas en 1857 por intercambio de notas entre el Presidente del Uruguay Gabriel A. Pereyra y el Emperador de Rusia Alejandro II.

En 1866 se inaugura en Montevideo el Consulado Honorario de Rusia y en 1868, en la ciudad rusa de Taganrog, el Consulado Honorario del Uruguay. En 1896 los países acordaron sobre el intercambio de Ministros concurrentes, residentes en Río de Janeiro y Berlín. En 1916, Uruguay tenía Consulados Honorarios en Helsingforss, Kiev, Odessa, Rostov-na-Donu, Taganrog.

En 1917, Uruguay, junto con otros países latinoamericanos, detuvo sus contactos con la República Soviética. Las relaciones entre la URSS y Uruguay fueron establecidas en 1926 y suspendidas en 1935 por iniciativa de la parte uruguaya y luego reanudadas en 1943. En 1964 las misiones diplomáticas fueron transformadas en embajadas.

Las relaciones bilaterales recibieron un nuevo impulso en la segunda mitad de los años 1980. En 1987 el Ministro de Relaciones Exteriores de la URSS E. Shevarnadze visitó Uruguay. En 1988 se realizó la visita oficial del Presidente de la República Julio María Sanguinetti a la URSS. En julio de 2001 el Canciller uruguayo doctor Didier Opertti estuvo en Rusia en una visita oficial.

En los últimos años se nota una creciente cooperación en el ámbito político. En 1997 se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación, en 1999, el Protocolo de consultas entre Ministerios de Relaciones Exteriores. Se realizan consultas en el marco de la ONU, otras organizaciones internacionales, apoyo recíproco de candidaturas. Uruguay apoyó la integración de la Federación de Rusia al FMI, BM, participación en la OEA Y ALADI en calidad de observador, contribuye al establecimiento de contactos entre MERCOSUR y Rusia.

Se desarrolla la cooperación interparlamentaria. En 1997 estuvo en Uruguay la delegación de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia encabezada por el Vicepresidente de la Cámara de Diputados A. N. Chilingarov. En 1998 la delegación parlamentaria del Uruguay estuvo en Rusia para participar en la sesión de la Unión Interparlamentaria. En esta ocasión el Presidente de la Cámara de Representantes Jaime Trobo tuvo un encuentro con el Presidente de la Duma Estatal G. Seleznyov. El 6 de junio de 2001 en el Parlamento uruguayo se inauguró el Grupo de Amistad Uruguay-Rusia. En junio de 2001 visitó Moscú la delegación de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR integrada también por los representantes del Parlamento uruguayo.

Uruguay es uno de los tradicionales socios comerciales de la Federación de Rusia en América Latina. En el 2000 el intercambio comercial fue equivalente a US$ 25.000.000. En los primeros nueve meses del 2001 se notó un crecimiento del 50% del volumen de comercio bilateral (US$ 25.000.000) en comparación con el mismo período del año anterior. Los principales rubros de exportaciones rusas al mercado uruguayo son fertilizantes y otros productos químicos. Uruguay exporta a Rusia cítricos y cueros.

En 1991 en Uruguay fue fundada la Cámara de Comercio Uruguayo-Rusa. Se realiza intercambio de delegaciones empresariales: en octubre de 2001 una delegación de empresarios de Paysandú encabezada por el Intendente J. Lamas visitó Rusia por invitación del Gobernador de la Provincia de Moscú. Se estudia la posibilidad de participación de las empresas rusas en el proyecto de repotenciación de la represa "Salto Grande", en la exploración de la plataforma marina del Uruguay.

La cooperación científico-técnica es una de las esferas más perspectivas en las relaciones bilaterales. En el 2000 entró en vigencia el Convenio de Cooperación Cultural y Científico-Técnica. En el 2001, en el curso de la visita oficial del Canciller doctor Didier Opertti a Rusia, se firmó el Convenio de Cooperación entre la Academia de Ciencias Agrícolas de Rusia y el Instituto de Investigación Agropecuaria y también los Convenios entre el Instituto de Innovaciones Estratégicas de Rusia y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay con el objetivo de la creación del Centro Ruso-Sudamericano de Innovaciones Tecnológicas destinado a fomentar la transferencia de tecnologías de punta de Rusia a los países del MERCOSUR.

En consecuencia de lo que antecede se desprende la justicia y el mérito del proyecto de ley propuesto.

Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

RUBEN H. DÍAZ, Representante por Montevideo, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, FÉLIX LAVIÑA, Representante por Montevideo, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, Representante por Florida, ENRIQUE PINTADO, Representante por Montevideo, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto".

B) "PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA. (Modificación de la Ley Nº 13.728).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Topes de afectación de ingresos).- Modifícase el artículo 35 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, el que quedará con el siguiente texto:

"Artículo 35.- Ninguna persona podrá ver afectados sus ingresos por servicios de amortización e intereses de préstamos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y/o del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, correspondientes a la adquisición o adjudicación de viviendas de tipo económico (artículos 18 y 22 de esta ley) o Núcleos Básicos Evolutivos (NBE) (artículo 26 de esta ley, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992), en más del 30% (treinta por ciento) de los ingresos líquidos totales del núcleo familiar.

Para núcleos familiares de hasta tres integrantes, y a solicitud de los interesados, dicho porcentaje se ajustará a los máximos siguientes:

Para ingresos hasta 30 unidades reajustables el 5% (cinco por ciento)
Para ingresos de más de 30 a 40 UR el 10% (diez por ciento)
Para ingresos de más de 40 a 50 UR el 15% (quince por ciento)
Para ingresos de más de 50 a 60 UR el 20% (veinte por ciento)
Para ingresos de más de 60 a 80 UR el 25% (veinticinco por ciento)
Para ingresos de más de 80 UR el 30% (treinta por ciento)

Para núcleos familiares de más de tres y hasta seis integrantes, se adoptará como porcentaje máximo de afectación el nivel inmediato inferior al que corresponda al ingreso respectivo en la categorización anterior. Para núcleos familiares de siete o más integrantes, se bajará dos niveles en dicha categorización. En cualquier caso, el porcentaje de afectación no podrá ser inferior al 5% (cinco por ciento).

En el caso que las viviendas adquiridas con el crédito otorgado no sean del tipo económico, en la imposibilidad de pagar las cuotas correspondientes, el deudor tendrá derecho a acogerse a soluciones que podrán basarse en el cambio de vivienda, situación en la cual se acreditará todo lo amortizado por la vivienda anterior y se mantendrá el plazo y la tasa de interés del contrato original, o en extensiones de plazo, por las cuales se disminuirá el monto de la cuota, manteniéndose la tasa de interés del contrato original".

Artículo 2º. (Definición de ingresos).- Agrégase a la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, el siguiente texto:

"Artículo 35 bis.- Entiéndese por ingresos líquidos a los efectos de esta ley, al promedio de los ingresos nominales devengados por los miembros del núcleo familiar durante los seis meses consecutivos inmediatamente anteriores a la presentación de la declaración jurada de ingresos ante el Banco Hipotecario del Uruguay o el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, excluidos los aportes jubilatorios personales, el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP), las Asignaciones Familiares y el Hogar Constituido".

Artículo 3º. (Situaciones especiales).- Agrégase a la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, el siguiente texto:

"Artículo 35 ter.- Toda vez que cualquier miembro del núcleo familiar pase a situación de desempleo, seguro de desempleo, de enfermedad, de accidentes de trabajo, o licencia por maternidad, se concederá a dicho núcleo familiar un plazo de gracia por el tiempo que dure la referida situación, durante el cual podrá suspender el pago de las cuotas correspondientes, prorrogándose el plazo de amortización por igual lapso".

Artículo 4º. (Cooperativas).- Para las cooperativas de vivienda, las disposiciones de los artículos 1º, 2º y 3º de la presente ley se aplicarán a cada uno de los socios, o, en la cuota-parte que corresponda a la cooperativa, según tenga calidad de deudor cada uno de los referidos socios o la cooperativa.

Artículo 5º. (Financiación).- Agrégase a la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, el siguiente texto:

"Artículo 35 quater.- La diferencia entre las cuotas que correspondiera abonar por viviendas de tipo económico y/o Núcleos Básicos Evolutivos adecuadas a cada núcleo familiar de acuerdo a lo dispuesto por esta ley, una vez extendido el período de amortización hasta un máximo de treinta y cinco años, y las que resultaren de aplicar los topes de afectación mencionados en el artículo 35, será cubierta mensualmente con cargo a la Cuenta Subsidios a que se hace referencia en el artículo 86 de esta ley.

En caso de transferencia a cualquier título del inmueble a terceros y por acto entre vivos, el beneficiario deberá reintegrar a la mencionada cuenta los montos percibidos por concepto de subsidio".

Artículo 6º. (Cuenta Subsidios. Recursos).- Viértanse a la Cuenta Subsidios a que hace referencia el artículo 86 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 los siguientes recursos:

A) Los montos resultantes de la aplicación del artículo 619 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, con respecto a las partidas aprobadas para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en dicha ley.

B) El equivalente a las partidas que mensualmente devenga el Banco Hipotecario del Uruguay al Banco Central del Uruguay por concepto de pago de intereses y amortización del Convenio de Refinanciación firmado el 2 de julio de 1998 entre ambas instituciones, cuya deuda se declara cancelada por el artículo 6º de esta ley. Estos fondos serán vertidos por el BHU en caso de ser necesario para el financiamiento de las medidas de subsidio que se disponen por la presente ley.

C) Los recursos que a tal efecto prevean los Presupuestos Nacionales en los Planes Quinquenales de Vivienda y sus ajustes anuales, así como todo otro que la ley disponga.

Artículo 7º. (Cancelación de adeudos).- Declárase cancelada con fecha 1º de enero de 2002, la deuda por cualquier concepto que mantiene el Banco Hipotecario del Uruguay con el Banco Central del Uruguay, para cuyo pago se firmó Convenio de Refinanciación con fecha 2 de julio de 1998.

Artículo 8º. (Beneficiarios).- Las disposiciones de los artículos 1º a 4º de la presente ley sólo resultarán aplicables a los promitentes compradores o deudores de préstamos para vivienda otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o por el Banco Hipotecario del Uruguay, sean personas físicas o cooperativas, que a la fecha de promulgación de ésta se encuentren comprendidos en la categoría de vivienda económica definida por el artículo 22 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y/o Núcleos Básicos Evolutivos definidos por el artículo 26 de la misma ley, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992. Las Categorías Administrativas "I", "II-A" y "II" establecidas por las reglamentaciones del BHU, se considerarán viviendas económicas.

Artículo 9º. (Declaraciones juradas. Régimen).- A los efectos de solicitar el ajuste del monto de las cuotas a los topes referidos en el artículo 1º de esta ley, el deudor, cualquiera fuere su calidad, deberá presentar anualmente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o al Banco Hipotecario del Uruguay en su caso, una declaración jurada de ingresos del núcleo familiar conviviente (inciso final del artículo 7º de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968) devengados durante los seis meses previos al momento de la presentación de la misma.

La declaración jurada deberá ser presentada antes del 1º de setiembre de cada año, dentro del período que establezca la reglamentación.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o el BHU, en su caso, podrán solicitar, en cualquier momento, una nueva declaración jurada a fin de comprobar las variaciones de los ingresos declarados. En caso que se verificasen dichas variaciones se ajustará la cuota a las mismas.

En la situación de variación de ingresos superior al 20% (veinte por ciento) de su declaración jurada inmediata anterior, el deudor deberá declarar los mismos en los plazos que establezca la reglamentación.

En caso de declaraciones juradas que contengan falseamiento u ocultación de datos o de omisión de la declaración jurada a que se refiere el inciso anterior, se perderá, en forma definitiva, el derecho al subsidio.

A efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los organismos que otorgaron el subsidio, sin perjuicio de otras actividades que correspondan en el ámbito de sus atribuciones, podrán comprobar la veracidad de las declaraciones juradas presentadas quedando facultados a efectuar en el inmueble las inspecciones y requerir a los interesados o a terceros las probanzas que entendieren pertinentes.

Artículo 10. (Revisión o adjudicación de categorías de vivienda).- A los efectos de la aplicación del artículo 1º de la presente ley se hará, a solicitud de los interesados, una revisión o adjudicación de categoría de las viviendas, de acuerdo a sus características constructivas y a las reglamentaciones establecidas.

Artículo 11. (Deudas refinanciadas o con convenios de pago).- Los interesados, sean personas físicas o cooperativas, podrán solicitar que las deudas por préstamos para viviendas refinanciadas, con convenios de pago o a refinanciarse o convenirse con anterioridad al 1º de enero de 2002 se ajusten a las disposiciones contenidas en la presente ley, teniendo para ello un plazo de ciento veinte días a partir de su vigencia.

Artículo 12. (Deudores morosos a la vigencia de esta ley).- Quienes mantengan cuotas impagas por préstamos para viviendas, sean personas físicas o cooperativas, si se encuentran en las condiciones previstas por el artículo 7º de esta ley, podrán solicitar, en un plazo de ciento veinte días a partir de la vigencia de la misma, acogerse a sus disposiciones.

En ese caso se dejarán sin efecto los adeudos que se hubiesen generado por intereses de mora y se considerará el plazo de no pago como un período de gracia, en las mismas condiciones previstas en el artículo 35 ter de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por esta ley. Para la prolongación del período de amortización por dicha circunstancia, no se tendrá en cuenta el máximo de treinta y cinco años.

Artículo 13. (Registro de deudores).- El Banco Hipotecario del Uruguay y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente abrirán sendos registros por ciento veinte días, a partir de la vigencia de la presente ley, para que se inscriban los deudores de ambas instituciones que deseen ser considerados para regularizar sus adeudos en los términos del artículo anterior.

Artículo 14. (Información al deudor).- Modifícase el artículo 42 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 42.- Todo préstamo de vivienda efectuado al amparo de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, será documentado, debiendo contener preceptivamente:

A) El monto del préstamo expresado en unidades reajustables.

B) Detalle de las señas o cualquier otro tipo de adelanto, si corresponde.

C) El valor de las cuotas de amortización e intereses.

D) Todas las especificaciones requeridas por la Ley Nº 17.250, de 17 de agosto de 2000.

El Banco Hipotecario del Uruguay estará obligado a partir de la vigencia de la presente ley a expedir, en caso de ser solicitado por el deudor, la constancia de todos los pagos efectuados por concepto de amortización e intereses. Los pagos por mora que se efectúen a partir de los ciento veinte días de la vigencia de la presente ley, también deberán ser discriminados en dicha constancia. Deberá asimismo, expresar los saldos adeudados para el pago total a la fecha de solicitud de la información, con los conceptos y tasas de interés que correspondan. Esta información deberá ser entregada al solicitante en forma escrita exclusivamente y en un plazo no mayor de treinta días de solicitada".

El Banco Hipotecario del Uruguay deberá extender recibo a todos sus deudores y promitentes compradores frente a cada pago que realicen a cualquier título, detallando los conceptos, montos pendientes de pago y plazos de los mismos.

El BHU y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente destinarán sendas oficinas de información, asesoramiento y asistencia permanente a los deudores, promitentes compradores y Comisiones Administradoras. En especial, ambos informarán a cada uno de ellos, dentro del plazo de treinta días a partir de la vigencia de esta ley, sobre todas las disposiciones contenidas en ella que sean de interés de los mismos a fin de que puedan acogerse a sus beneficios.

Artículo 15. (Precio de venta y deuda).- El precio de venta de las unidades de vivienda, será único e indivisible, debiendo ser establecido en el contrato inicial.

A los efectos de determinar el monto de lo adeudado el Banco Hipotecario del Uruguay tomará en cuenta los importes pagados única y exclusivamente desde la fecha del primer contrato suscrito que dio origen al gravamen o al precio de la vivienda. Por lo tanto no serán consideradas las fechas de los casos en que se haya novado por sustitución del deudor, de cesiones de derechos realizadas por promitentes compradores, refinanciaciones, extensiones de plazo, reestructuras de deudas, etcétera.

Artículo 16. (Modificaciones de Reglamentos de Copropiedad).- El Banco Hipotecario del Uruguay a partir de la vigencia de la presente ley no podrá introducir unilateralmente modificaciones de ningún tenor a los Reglamentos de Copropiedad.

Artículo 17. (Interés de mora).- Establécese que la tasa máxima pasible de ser impuesta por el Banco Hipotecario del Uruguay por concepto de interés de mora, será la establecida por el inciso final del artículo 7º de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979.

Artículo 18. (Retasación).- Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 17.062, de 24 de diciembre de 1998, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 11.- Todos los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay por préstamos para adquisición de viviendas construidas por los sistemas 'Proyecto, Precio y Terreno' y 'Acción Directa' correspondientes a unidades de las categorías denominadas por las reglamentaciones del Banco 'I', 'II-A', 'II' y 'III', o sus equivalentes en cuanto a características constructivas, sean personas físicas o jurídicas, podrán solicitar la retasación del inmueble objeto del préstamo, la que deberá realizarse en forma obligatoria por los servicios del BHU, en un plazo máximo de noventa días.

La retasación se efectuará de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Para obtener el costo de construcción al que hace referencia el artículo 23 citado en el inciso anterior, se multiplicarán los metros cuadrados habitables correspondientes, por el costo del metro cuadrado de construcción del respectivo tipo de vivienda, a la fecha del contrato original, establecido por los índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El total obtenido se convertirá a unidades reajustables a dicha fecha, y para su determinación no se tendrá en cuenta si posteriormente al contrato original existieron novaciones por cualquier motivo, cesiones de derechos realizadas por promitentes compradores, refinanciaciones, extensiones de plazo o reestructuras de deudas.

Para los períodos en que el INE no haya fijado el costo del metro cuadrado de construcción por tipo de vivienda, se tomará el valor de costo general fijado por el mismo Instituto.

En los casos en que el INE no haya establecido el valor de costo del metro cuadrado de construcción, se tomará el valor de costo más antiguo fijado por dicho organismo, dividiéndose entre el valor de la unidad reajustable a esa fecha, y el cociente obtenido se multiplicará por el valor de la unidad reajustable a la fecha del contrato original, procediéndose luego como se indica en el inciso anterior.

Vencido el plazo sin que el BHU haya fijado el valor de tasación, el deudor podrá designar un perito a cargo de dicho organismo para efectuarlo.

De no aceptar el deudor el valor fijado, podrá designar un perito a su costo para efectuar la tasación.

En caso de resolución expresa y fundada emitida por el BHU, rechazando la tasación propuesta por el deudor y en defecto de acuerdo de partes, se podrá someter el caso al arbitraje de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay o de la Asociación de Ingenieros del Uruguay, procediéndose de acuerdo a las previsiones de los artículos 503 a 507 del Código General del Proceso.

Los gastos que se originen serán de cargo del deudor si la nueva tasación fuera igual o mayor que la original y de cargo del BHU en caso contrario.

Confirmada la nueva tasación, si esta fuera menor que el valor que se dio al inmueble en el contrato original, se tomará como saldo inicial de la deuda la proporción que el préstamo original haya tenido con el valor de tasación a la fecha del contrato aplicada a la nueva tasación, y el BHU procederá a la reliquidación de las cantidades pagadas por la vivienda, con el siguiente procedimiento: con el plazo y el interés pactados contractualmente y el nuevo valor inicial de la deuda se recalculará el proceso de amortización desde el inicio del mismo, lo que determinará las cantidades que debieron haberse pagado en esas condiciones, por cuotas de amortización e intereses, las cuales se sumarán. Descontadas de la suma las cantidades efectivamente pagadas por ambos conceptos por el o los deudores que se hayan sucedido durante todo el período, el total será el nuevo saldo de la deuda a pagar. El deudor podrá optar por hacerlo en un plazo menor manteniendo el monto de las cuotas que pagaba o reducir dicho monto manteniendo el plazo pactado. Si resulta un saldo a favor del deudor, el organismo procederá a hacérselo efectivo".

Artículo 19. (Cancelación anticipada).- Si el deudor desea proceder a la cancelación anticipada del saldo así establecido, será beneficiado con un 10% (diez por ciento) de descuento sobre el saldo deudor y obtendrá carta de pago total, quedando habilitado a realizar la cancelación de la hipoteca o la escritura definitiva del bien, estando el Banco Hipotecario del Uruguay obligado a realizar cualesquiera de las tramitaciones precedentemente indicadas que el deudor solicite.

Artículo 20. (Suspensión de pagos por vicios constructivos).- Los deudores de préstamos para vivienda otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o por el Banco Hipotecario del Uruguay, para la adquisición de viviendas construidas por los sistemas "Proyecto, Precio y Terreno" y "Acción Directa", sean personas físicas o cooperativas, podrán solicitar a un profesional arquitecto o ingeniero civil la realización de un peritaje técnico para constatar la existencia de vicios constructivos. Dicho peritaje será de cargo del organismo correspondiente si se comprobara efectivamente la existencia de vicios constructivos, abonando el arancel vigente al efecto, el que en caso contrario será de cargo del deudor.

Estos vicios serán calificados por el perito en tres categorías básicas:

A) Vicios que afecten la seguridad del bien.

B) Vicios que afecten la habitabilidad del bien, según el artículo 18 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

C) Vicios de construcción que no afecten la seguridad ni la habitabilidad del bien.

A partir de los treinta días de la fecha de presentación del informe técnico en el organismo correspondiente, sin que éste hubiere notificado al deudor su discrepancia, y en caso que el mismo señalara la existencia de vicios constructivos, el deudor estará en condiciones de suspender total o parcialmente el pago de sus cuotas de acuerdo a los siguientes parámetros: 100% (cien por ciento) de la cuota para los vicios tipo "A", 50% (cincuenta por ciento) para los vicios tipo "B" y hasta un 25% (veinticinco por ciento) para los tipo "C".

Esta suspensión de pago no comprenderá los adeudos correspondientes a gastos comunes y consumos.

Los defectos derivados del mal uso o falta de mantenimiento de la unidad o de la obsolescencia normal de los elementos constructivos, no generarán derecho a descuento en el pago de las cuotas.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, o el BHU en su caso, no podrán exigir el pago de la totalidad de la cuota hasta tanto no se corrijan los vicios constructivos y se obtenga el certificado de habitabilidad correspondiente, expedido por la Intendencia Municipal, en el caso de vicios tipo "A", o el informe del perito en el caso de los de tipo "B" y "C". Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a los profesionales y/o empresas actuantes.

Los montos impagos por concepto de cuotas no canceladas totalmente, en el período que medie entre la denuncia del vicio documentada por el peritaje y su reparación, se considerarán como una indemnización al deudor por los perjuicios causados, y no serán exigibles en ningún momento. Reparado el vicio en las condiciones antes señaladas, el deudor deberá reanudar el pago total de las cuotas correspondientes. En caso de que a la fecha de finalización del contrato el organismo no haya efectuado las reparaciones, se considerará cancelado el préstamo y el deudor estará habilitado para exigir la cancelación de la hipoteca o la escrituración del inmueble en su caso.

Si el organismo acreedor discrepara con el informe técnico presentado por el deudor, y habiéndolo notificado de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero, podrá convocar, en un plazo máximo de treinta días a partir de la notificación, un Tribunal Arbitral que dirimirá el conflicto, el que deberá expedirse en un plazo máximo de sesenta días y que estará integrado por el perito designado por el deudor, otro por el organismo acreedor y un tercero nombrado de común acuerdo. El costo de estas actuaciones será de cargo de la parte que no tuviera la razón. Hasta tanto este Tribunal no emita su dictamen el deudor deberá continuar pagando la totalidad de las cuotas.

Artículo 21. (Habilitación municipal y final de obras).- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Banco Hipotecario del Uruguay no entregarán para su ocupación viviendas que carezcan de las correspondientes finales de obras otorgadas por la respectiva Intendencia Municipal y el Banco de Previsión Social (BPS), respectivamente. Para el Banco Hipotecario del Uruguay se considerarán en esta situación las viviendas que se construyan por los sistemas "Proyecto, Precio y Terreno" y "Acción Directa".

Podrán exceptuarse de esta obligación, para la mejor conservación de las viviendas, los casos en que existan problemas dominiales o catastrales. En estos casos las viviendas podrán ser entregadas siempre que se haya obtenido un Certificado de Habilitación Física de las construcciones, expedido por la Intendencia Municipal correspondiente, así como la constancia del BPS de que no existen adeudos por aportes. En tal caso, el ocupante será responsable de no efectuar en las viviendas modificaciones que no estén incluidas en el Permiso de Construcción.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el BHU coordinarán con las Intendencias Municipales el procedimiento para otorgar las habilitaciones finales, a efectos de no retrasar la entrega de las unidades.

Artículo 22. (Mejora y control de la calidad).- Los organismos públicos productores de vivienda, Banco Hipotecario del Uruguay y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se ajustarán al Sistema de Calidad bajo la norma ISO 9000:97 y sus actualizaciones acordadas por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, cuyo financiamiento se prevé en la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, para el seguimiento y evaluación de todos sus programas. A estos efectos se creará una Comisión Honoraria Asesora de carácter técnico dependiente de dicho Ministerio. En esta Comisión deberán estar representados todos los organismos implicados en la gestión de la vivienda, la Universidad de la República y las organizaciones de usuarios, éstas por medio de un delegado común.

Artículo 23. (Nulidad de colgamentos).- A partir de la vigencia de esta ley, declárase la nulidad de todos los saldos de reajustes diferidos establecidos unilateralmente por resoluciones administrativas del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay sin previa ley habilitante, generando los llamados "colgamentos", no ajustándose a lo previsto en los contratos otorgados a los deudores, ni a lo fijado, en los artículos 35, 38 y 39 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Los reajustes futuros que se apliquen según lo dispuesto por los mencionados artículos, no podrán sobrepasar los límites establecidos en el artículo 1º de esta ley.

Artículo 24. (Gastos comunes).- Serán de cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o, en su caso, del Banco Hipotecario del Uruguay, los gastos comunes impagos que se hayan generado o se generaren en conjuntos habitacionales de propiedad horizontal correspondientes a unidades de propiedad de dichos organismos que no hayan sido adjudicadas, o que hayan sido otorgadas en comodato o a cualquier título gratuito expresa o tácitamente.

Artículo 25. (Plazo de inicio de ejecución de obras).- Sólo se procederá al inicio de la ejecución de las obras de los diferentes Programas Arquitectónicos de los sistemas "Proyecto, Precio y Terreno", "Acción Directa" o similares, luego de que se hayan firmado los compromisos de compraventa del 80% (ochenta por ciento) de las unidades de vivienda de cada Programa.

Artículo 26. (Comodatos).- El Banco Hipotecario del Uruguay no podrá otorgar inmuebles en régimen de comodato a ningún título. Los comodatos ya otorgados a instituciones sin fines de lucro y a personas físicas o jurídicas, caducarán a los treinta días de la vigencia de la presente ley.

Artículo 27. (Valor del metro cuadrado de construcción).- El Banco Hipotecario del Uruguay no contratará la construcción de inmuebles cuyos costos superen los valores por metro cuadrado informados por el Instituto Nacional de Estadística para las distintas tipologías de viviendas del Banco o las correspondientes a las de interés social (económica y media) establecidas en el artículo 26 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y según los criterios establecidos en los artículos 23 y 24 de la misma ley.

El BHU publicará en cada sucursal la lista de las unidades de vivienda en disponibilidad, detallando el precio contado de cada una, el cual no superará los costos establecidos en el inciso precedente, y las diferentes financiaciones posibles en relación a plazos y valores de las cuotas.

Artículo 28. (Escrituración de inmuebles).- El Banco Hipotecario del Uruguay en el término de ciento veinte días a partir de la vigencia de esta ley, procederá a la escrituración de los inmuebles a aquellos deudores que hayan cancelado sus deudas.

Artículo 29. (Distancia).- La distancia máxima entre la ubicación del bien en garantía de las operaciones y el lugar de generación de los ingresos del deudor, no será superior a los 50 kilómetros.

Artículo 30. (Disposición transitoria).- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, la primera declaración jurada que se formule deberá presentarse dentro de los noventa días de la vigencia de la misma.

Artículo 31. (Derogaciones).- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en la presente ley.

Artículo 32. (Vigencia).- Las disposiciones de la presente ley regirán a partir del 1º de enero de 2002.

Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, NORA CASTRO, Representante por Montevideo, SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro, RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones, GUILLERMO ÁLVAREZ, Representante por Montevideo, RAÚL SENDIC, Representante por Montevideo, JUAN DOMÍNGUEZ, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José, ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto de ley tiene por finalidad adecuar a la actual realidad la excelente ley madre en materia de vivienda Nº 13.728, con que cuenta el país desde el año 1968. Busca atenuar algunos de los problemas que hoy padecen la gran mayoría de los deudores de préstamos para vivienda, ya sea del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) o del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Está fundamentalmente orientado a amparar a los núcleos familiares que se han visto más perjudicados por el impacto causado a sus ingresos por la crisis económica en que está sumergido el país hace varias décadas.

Existe un vastísimo sector de nuestra población que por haber perdido su empleo, haber visto rebajados sus ingresos o haberse modificado la integración de su núcleo familiar, no han podido hacer frente al pago de sus cuotas de préstamo para vivienda, a pesar de que se trata en muchos casos de montos inferiores a $ 1.600. (Es el caso de la mayor cartera de morosos del Banco Hipotecario del Uruguay, que en esta categoría llega a unas 12.000 familias).

Estamos abarcando las viviendas de tipo económico y los Núcleos Básicos Evolutivos, cuyos adjudicatarios tienen serios problemas para afrontar el pago de sus cuotas sin comprometer gravemente su calidad de vida.

Esta iniciativa aspira a impedir que miles de personas puedan perder su vivienda y lo pagado por ella desde el inicio del contrato. Asimismo, se dirige a evitar que quienes por sus magros ingresos no pueden hacer frente al pago de un alquiler ni inscribirse para otra solución habitacional pasen a habitar en asentamientos irregulares, casas de inquilinato o en la calle, lo que va siempre acompañado de un proceso de exclusión y marginación.

Hasta el momento, estas situaciones se han ido atendiendo en base a soluciones particulares y parciales, lo que no evita que los afectados por esta incertidumbre estén sumidos en una profunda angustia, lo que agrega un componente más de injusticia al sistema.

La idea rectora de esta propuesta es que los montos de las cuotas que pagan los núcleos familiares se adecuen a sus reales niveles de ingresos, fijando topes de pago de acuerdo a un sistema de franjas y a la composición de cada núcleo.

Se retoma así la idea que llevó al legislador de 1973 a votar con una filosofía parecida la Ley Nº 14.105, que lamentablemente nunca fue aplicada al sobrevenir la dictadura, que la verdadera justicia consiste en tratar de manera diferente situaciones que son diferentes.

Por ello se plantea el subsidio del monto de las cuotas atendiendo a esas dos variables fundamentales: el ingreso líquido del núcleo familiar y la composición del mismo.

Asimismo prevé situaciones especiales de suspensión transitoria del pago de la cuota en casos de enfermedad, maternidad, seguro de desempleo, accidentes de trabajo o desempleo.

Es evidente que las medidas legislativas y/o administrativas que se han tomado hasta el momento no han resultado más que parches en esta compleja situación puesto que no han dado solución ni a los deudores ni tampoco al Banco Hipotecario del Uruguay, cuya situación financiera sabemos que es bastante delicada, debido no sólo a la morosidad sino también a décadas de mala gestión de sus sucesivos Directorios, que lo han desprestigiado ante la opinión pública por diversas irregularidades, cercanas en muchos casos a distintos niveles de corrupción llevados a extremos de falta de ética realmente perjudicial para la imagen de esta institución.

Tampoco escapa a estas prácticas el sistema de adjudicación de viviendas dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como los casos resultantes de convenios de Intendencias Municipales con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o el Banco Hipotecario del Uruguay, en que también han cumplido un triste papel numerosas empresas constructoras que luego de estafar a la gente desaparecen de plaza dejando funestas consecuencias en quienes desesperados por alcanzar el techo propio caen en manos inescrupulosas que aprovechan esta situación, como es el caso de las famosas "cooperativas truchas".

Dentro de esta compleja situación el tema de la morosidad expresa sólo una parte del conjunto de contradicciones, problemas y desfasajes que presenta la operativa del Banco Hipotecario del Uruguay así como los otros sistemas de acceso a la vivienda. Temas tan diversos como vicios constructivos de toda índole, demoras interminables en los trámites, falta de información transparente de parte de las autoridades, problemas con las Comisiones Administradoras, con las ONG que se ocupan del programa post-obra del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, los grandes temas de los gastos comunes y los colgamentos, son sólo algunos de los que deudores y ahorristas, organizados o no, plantean todos los días a los legisladores, parte de los cuales hemos tratado de abordar en este proyecto sin perjuicio de que la compleja situación del Banco Hipotecario del Uruguay así como de todo el sistema de vivienda, somos conscientes de que con una ley no se podrá solucionar, pero sería un primer paso hacia esa finalidad.

En este sentido se contempla la posibilidad de retasar las viviendas con la consiguiente refinanciación de las deudas, así como la transparencia en la información a los deudores de parte del Banco Hipotecario del Uruguay y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En cuanto a los vicios constructivos, se clasifican según su gravedad pudiéndose suspender el pago de las cuotas hasta que la autoridad competente se haga cargo de dar alguna solución a los efectos de proporcionar a la gente una vivienda digna como lo ordena el artículo 45 de la Constitución. También se prevén normas de control de calidad de acuerdo a lo previsto en el último Plan Quinquenal de Vivienda aprobado por la Ley Nº 17.296, así como contralores de habilitación municipal y final de obras.

También se anulan los "colgamentos" establecidos unilateralmente por el Banco Hipotecario del Uruguay, así como se establecen de cargo del Banco Hipotecario del Uruguay o Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente los gastos comunes impagos de complejos habitacionales de propiedad horizontal correspondientes a unidades que no hayan sido adjudicadas o hayan sido dadas en comodato.

A los efectos de evitar que los subsidios, retasaciones y demás medidas planteadas profundicen aún más la crítica situación financiera del Banco Hipotecario del Uruguay, admitida por el actual Directorio con cifras suministradas en este último año tanto en nuestra Comisión de Vivienda como en la Comisión de Hacienda de esta Cámara, el proyecto prevé la financiación de las erogaciones correspondientes a través de la Cuenta Subsidios a que hace referencia el artículo 86 de la Ley Nº 13.728, previendo la capitalización de dicha Cuenta con:

A) Los montos de las partidas aprobadas para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la Ley de Presupuesto y que figuran como no ejecutables.

B) El equivalente de las partidas que mensualmente devenga el Banco Hipotecario del Uruguay al Banco Central del Uruguay por concepto de pago de intereses y amortización de la deuda contraída en época de la dictadura.

C) Todo otro recurso que prevean los Planes Quinquenales de Vivienda y sus ajustes anuales.

Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, NORA CASTRO, Representante por Montevideo, SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro, RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones, GUILLERMO ÁLVAREZ, Representante por Montevideo, RAÚL SENDIC, Representante por Montevideo, JUAN DOMÍNGUEZ, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José, ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo".

4.- Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 10)

¾ ¾ La Cámara no tiene número para sesionar. Una vez que se termine de dar lectura a las exposiciones escritas y se dé cuenta de las inasistencias anteriores se deberá levantar la sesión, por lo que la Mesa exhorta a los señores legisladores a ingresar a Sala.

Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Roque Arregui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

Los señores Representantes Roque Arregui y Ricardo Castromán Rodríguez solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, relacionada con el cálculo de los montos jubilatorios para los trabajadores de la construcción. C/27/000

La señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

La señora Representante Beatriz Argimón solicita se curse una exposición escrita al Poder Ejecutivo y a la Comisión para la Paz, referente a la labor desarrollada por la citada Comisión. C/27/000"

——Se votarán oportunamente.

5.- Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a las sesiones realizadas el 4 de diciembre de 2001:

Extraordinaria:

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Raquel Barreiro, Artigas A. Barrios, Ruben Carminatti, Ricardo Castromán Rodríguez, Daniel Díaz Maynard, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Martha Montaner, Francisco Ortiz, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Raúl Sendic y Daisy Tourné.

Ordinaria:

Con aviso: Luis Alberto Lacalle Pou.

Inasistencias a las Comisiones:

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 4 de diciembre

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Ernesto Agazzi, Eduardo Chiesa Bordahandy y Gustavo Guarino.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Juan Justo Amaro Cedrés, Sebastián Da Silva y Tabaré Hackenbruch Legnani.

TURISMO

Con aviso: Yeanneth Puñales Brun".

6.- Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintiséis en veintisiete: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la reglamentación del funcionamiento de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, del Fondo de Desarrollo Apícola y del Registro Nacional de Propietarios de Colmenas.

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La Ley Nº 17.115, de 21 de junio de 1999, dictó normas referidas al desarrollo apícola, mediante las cuales se crea la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, el Fondo de Desarrollo Apícola y el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas. A los efectos de hacer operativa la ley, solicitamos se proceda a la reglamentación de la misma. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

2) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Dirección Nacional de Hidrografía, acerca de la construcción de un murallón en un parque del departamento de Soriano.

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Dirección Nacional de Hidrografía. Habiendo recibido del señor Edil Pedro Caputto, de la Junta Departamental de Soriano, el planteo que adjunto, relativo a la necesidad de construir un murallón en el parque Guernica, solicito el estudio del proyecto, a los efectos de que sea contemplada la posibilidad de llevar a cabo dicha obra. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

3) Exposición de los señores Representantes Roque Arregui y Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, relacionada con el cálculo de los montos jubilatorios para los trabajadores de la construcción.

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social (BPS). A los trabajadores jubilados de la construcción que aportaron al BPS según lo establecido en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, que determina la unificación de aportes de la industria de la construcción, se les viene pagando menor monto jubilatorio desde 1975 hasta la fecha. El cálculo de tales pasividades se realizó sobre el salario líquido, lo que ha significado la violación de la norma legal. En forma sistemática, los jubilados vienen sufriendo por esta causa una importante disminución de los montos que perciben. En función de lo expuesto, solicitamos se proceda a corregir a la brevedad esta situación que los perjudica. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro, y ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

4) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, referente a la necesidad de realizar obras viales en la localidad de Aceguá, en el referido departamento.

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Intendencia Municipal de Cerro Largo. En visita que realizamos a la fronteriza villa de Aceguá, del departamento de Cerro Largo, algunos vecinos nos hicieron entrega de la nota con firmas que se adjunta, referida al pésimo estado en que se encuentran las calles de la villa. En nuestra recorrida, pudimos constatar la situación mencionada y comprobar que muchas de sus calles se encuentran prácticamente intransitables. Por lo expresado, nos permitimos solicitar a esa Intendencia municipal que se tomen los recaudos necesarios, a fin de brindar solución al problema expresado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

5) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la ejecución de obras de canalización en la cañada San Luis, afluente del arroyo Conventos, en el departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A la brevedad, la Intendencia Municipal de Cerro Largo comenzará la ejecución de importantes obras en la zona norte de la ciudad de Melo, del departamento de Cerro Largo. Dentro de los trabajos proyectados, se cuentan los de la cañada San Luis, que atraviesa la zona norte de la ciudad y desemboca en el arroyo Sauce de Conventos. Estas obras consisten en el entubado del tramo final de la cañada, y no de toda su extensión. En el tramo inicial, de aproximadamente 400 metros, no está previsto realizar obra alguna. En períodos de lluvias intensas, como los que se ha dado en el presente año, muchos vecinos que viven en las proximidades de la cañada se han visto afectados por inundaciones, debiendo muchos de ellos abandonar sus hogares. Ante esta situación, y dado que la cañada no será entubada en toda su extensión, el Plenario Interbarrial de Melo (PIM) ha realizado diferentes gestiones ante la Intendencia Municipal y ante diversas autoridades, a fin de sensibilizar a los gobernantes con referencia a la problemática que viven hoy día los vecinos que poseen viviendas en las proximidades del curso de agua. Es intención del Plenario Interbarrial de Melo y de las Comisiones de los barrios Leone y Cencelli lograr que se realice una canalización adecuada, con ensanche y revestimiento a cielo abierto, del tramo cuyo entubado no está previsto, a fin de que se produzca una rápida y eficaz evacuación de las aguas pluviales. Con esa finalidad, gracias a las gestiones que han llevado a cabo, ya cuentan con el aporte de la maquinaria y de la mano de obra necesarias para realizar el trabajo no previsto. Autoridades municipales del departamento les han expresado su disposición para brindar la maquinaria que se requiera para la obra, pero que el aporte de materiales debe correr por cuenta de los vecinos, extremo que a los mismos resulta impracticable, dado su elevado costo. También el Ministerio de Defensa Nacional les ha manifestado su disposición de aportar mano de obra. Por lo expuesto, nos permitimos sugerir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que, de ser viable, se realice un convenio con el Plenario Interbarrial de Melo, para que los vecinos reciban el aporte de los materiales necesarios, a fin de que la obra se extienda a toda la cañada y, así, mejorar la calidad de vida de los barrios Leone y Cencelli. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

6) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Educación y Cultura, relacionada con la posibilidad de adquirir un inmueble en la capital de la República, destinado a la instalación de un hogar estudiantil para jóvenes de la ciudad de Río Branco.

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura. En visita que realizáramos a la fronteriza ciudad de Río Branco, del departamento de Cerro Largo, nos reunimos con integrantes del Rotary Club de la ciudad. Entre otros temas, planteados nos expresaron su real preocupación por la problemática que genera en las familias de estudiantes, de medianos y bajos recursos, el comienzo de sus estudios de nivel terciario en la capital del país. Nos manifestaron que tienen como un viejo anhelo poder contar en Montevideo con un hogar estudiantil para jóvenes de su ciudad, ya que muchos de ellos ven truncadas sus posibilidades de proseguir una carrera por carecer de un sitio de residencia acorde con sus escasas posibilidades económicas. En el presente año, sumando los de todas las orientaciones, egresarán del liceo de Río Branco 116 alumnos. También egresarán 20 estudiantes del centro educativo local perteneciente al Consejo de Educación Técnico-Profesional. Muchos de estos egresados de la educación media, sin embargo, no podrán continuar sus estudios en Montevideo, como es su aspiración. Por lo expuesto, nos permitimos solicitar a las autoridades de ese Ministerio que se estudie la posibilidad de viabilidad de celebrar algún tipo de convenio o se implemente algún mecanismo que permita obtener una casa habitación que pueda albergar en la capital del país a los jóvenes que, de lo contrario, verán coartada su posibilidad de continuar su formación en razón de su situación económica. Adjuntamos una nota del Rotary Club de Río Branco, con el relevamiento de los estudiantes que este año egresarán de la Enseñanza Secundaria y de la Universidad del Trabajo en dicha localidad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

7) Exposición de la señora Representante Beatriz Argimón al Poder Ejecutivo y a la Comisión para la Paz, referente a la labor desarrollada por la citada Comisión.

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparada en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Poder Ejecutivo y a la Comisión para la Paz. El 9 de agosto de 2000, el señor Presidente de la República, en el entendido de que era necesario consolidar la pacificación nacional en el tema de determinar la situación de los detenidos desaparecidos durante el régimen de facto, así como también la de los niños desaparecidos en similares circunstancias, resolvió constituir la denominada Comisión para la Paz. Esta Comisión, conformada por prestigiosas personalidades, tiene, dentro de sus facultades, reunir documentos y testimonios, así como debe mantener estricta reserva sobre sus actuaciones y la absoluta confidencialidad de las fuentes de la información obtenida. El señor Presidente de esta Cámara y los legisladores y las legisladoras de este Cuerpo conocen que en más de una oportunidad nos gusta solicitar licencia al mismo, para poder expresar, sin las formalidades que los discursos en este recinto muchas veces requieren, lo que realmente sentimos respecto a algún episodio cuya valoración deseamos hacer pública. Por eso nos decidimos expresar en este nuestro ámbito de trabajo que, desde el mismo inicio de la instalación de la Comisión para la Paz, ciframos en su trabajo muchísimas esperanzas. A la luz de los últimos anuncios realizados, primero a la familias de los detenidos desaparecidos y luego a nuestra sociedad uruguaya toda, creo que se hace indispensable expresar, desde este ámbito plural donde se vive y se siente la democracia en el día a día, cuánto celebramos estos anuncios, cuánto bien nos hace a todos los uruguayos y uruguayas estos aportes que contribuyen a sellar la paz entre nosotros. Cuando tuvimos acceso a la información pública, no pudimos dejar de pensar en las familias de estos compatriotas que, a través del trabajo silencioso y abnegado de los miembros de esa Comisión pudieron, por fin y en forma oficial, conocer detalles sobre el destino de sus seres queridos. Nos consta que aún queda camino por recorrer, que hay más expedientes, más recopilación de datos, más interrogantes sobre el destino de hombres y mujeres cuyas familias esperan conocer -y nosotros también, por qué no decirlo-, así como el paradero de niños y niñas desaparecidos. Nosotros pertenecemos a una generación cuya adolescencia se vio, precisamente, marcada por la existencia de un régimen de facto; muchos de los que estamos aquí, con independencia de identificaciones político-partidarias, nos conocimos siendo muy jóvenes peleando por el restablecimiento de los valores democráticos. De esos tiempos quedaron heridas abiertas, y el trabajo de la Comisión para la Paz ha dado pasos muy importantes en el sentido de avanzar en esa necesidad que sentimos de sellar la paz. En las últimas horas, conversando de estos anuncios con los señores Senadores Francisco Gallinal y Carlos Julio Pereyra, y el señor Representante Raúl Argenzio, decidimos que era importante señalar la significación histórica de estos hechos en el Parlamento. Por eso, pido que se envíen estas palabras a los integrantes de la Comisión para la Paz, palabras que son de reconocimiento por el trabajo realizado hasta ahora; palabras que son de renovada esperanza por la labor que sigue y que, además, son de compromiso en esta tarea: sepan ellos que pueden contar conmigo. Saludo al señor Presidente muy atentamente. BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo".

MEDIA HORA PREVIA

7.- Disminución de la actividad económica en el departamento de Colonia.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Gil Solares.

SEÑOR GIL SOLARES.- Señor Presidente: el departamento de Colonia puede estar por parir una crisis. Prácticamente todas las ciudades del departamento tienen afectados sus emprendimientos: Rosario, Nueva Helvecia, Colonia Valdense, La Paz, Colonia, Carmelo, Nueva Palmira, Ombúes de Lavalle, Tarariras, Juan Lacaze. Todas, lamentablemente, tienen la mayor parte de sus emprendimientos en franca baja.

El turismo, que significa un gran ingreso para el departamento, fundamentalmente durante la época veraniega, ya en la temporada próxima pasada tuvo un traspié. Con los problemas que tiene la economía argentina en este momento, sospechamos que esta temporada turística no será muy feliz ni beneficiosa.

Los trabajos agropecuarios y rurales están en baja y los tamberos tienen muchos problemas. Hoy en día, en un tambo pequeño solamente trabaja el patrón. Los servicios en las ciudades están francamente disminuidos: todo lo viejo y deteriorado se deja para arreglar más adelante, por lo que los herreros, los carpinteros y todos los oficios en general están, lamentablemente, en baja. La desocupación, la depresión social y la pobreza aumentan; la construcción es escasa.

Nosotros nos hacemos eco de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, que exhorta a crear las condiciones para aprovechar oportunidades y la imprescindible generación de nuevas alternativas.

Por supuesto que no es solo el cooperativismo el que tiene que intervenir en estas circunstancias. Sabemos que la iniciativa privada es fundamental y que el Gobierno y el Parlamento también deben prever normas para el desarrollo.

Dejamos planteados estos temas con la esperanza de que en nuestro país exista una reactivación de las ideas y de la economía, porque de lo contrario la desocupación, la depresión social y la pobreza van a completar en nuestro país un panorama absolutamente triste.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Comisión Departamental de Trabajo de Colonia, creada por la Ley Nº 10.459; a la prensa del departamento; a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Transporte y Obras Públicas, de Industria, Energía y Minería, y de Turismo; a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Colonia, y también, de ser posible, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y ocho en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

8.- Fallecimiento del músico George Harrison.

Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: quiero aprovechar la media hora previa para algo que tiene que ver, estrictamente, con lo humanístico. En realidad, la media hora previa tiene ese sentido: hacer planteos que tengan que ver con las diferentes inquietudes que pesan a los distintos legisladores, que en alguna medida reflejan parte de nuestras percepciones.

La muerte de George Harrison para mucha gente puede ser un tema extemporáneo, distante, lejano, aunque para mí, no. Para el señor Diputado Heber Füllgraff tampoco, y para muchos otros legisladores que estoy viendo en Sala, tampoco. Me parece que no debe ser un tema que esté distante de nosotros, máxime en tiempos en que la humanidad vive tensa en materia de conflictos. Es una persona que hizo de su vida un canto a la paz. Da la impresión de que es un ejemplo lindo a seguir, a continuar, más aún si lo hizo con el arte que tenía el señor George Harrison, que nosotros disfrutamos ayer, disfrutamos hoy y seguiremos disfrutando en el futuro.

Me parece que es un tema como para que un Parlamento libre, que se precia de tal, se tome un segundo de su tiempo y, por lo menos, reflexione.

La idea que tenía -voy a pedir la venia al señor Presidente- es solicitar al Correo del país que emita un sello, precisamente, con la fisonomía, el rostro, el perfil -lo que se entienda pertinente- de George Harrison. Es una linda cosa y este es un país libre, humanista, que tiene este tipo de percepciones y, perfectamente, ese sello se podría incluir en la campaña filatélica del año que viene. Por las consultas que he estado haciendo, tengo la impresión de que con buena disposición por parte de todos sería una idea considerada interesante.

Entonces, solicito que se remita la versión taquigráfica de esta solicitud expresamente a los tres jerarcas del Correo -Presidente, Vicepresidente y Director-, al señor Ministro de Educación y Cultura y al señor Subsecretario de dicha Cartera para que nos ayuden a viabilizar esta propuesta que tendría que concretarse cuanto antes. Tampoco se trata de que el sello irrumpa en escena en un momento muy distante del episodio que hemos vivido, porque no tendría sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

9.- Situación del sector granjero, en particular en el departamento de Canelones.

Tiene la palabra el señor Diputado Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: en esta oportunidad me voy a referir a la situación del sector granjero en general y, en particular, a la existente en mi departamento, Canelones.

En primer lugar, un nuevo mazazo climático se produjo el 25 de octubre pasado: un temporal con granizo afectó -según datos manejados por la Confederación Granjera del Uruguay- aproximadamente 1.600 hectáreas de cultivos frutícolas y hortícolas, perjudicando a más de doscientos cincuenta productores y acarreando daños por más de US$ 3:000.000. Sabemos que la JUNAGRA ya ha hecho el relevamiento al respecto.

Lamentablemente, estos temas sobre los malos momentos por los que está pasando un sector productivo están siendo la regla y no la excepción. Aquí, en este ámbito, se repiten los discursos y los pedidos, convirtiéndose muy pocas veces en efectivo apoyo; es más: cuando este llega, siempre es en una medida bastante inferior a la real necesidad del productor. Como ejemplo de ello, a raíz de una granizada ocurrida el 6 de diciembre de 1997, se dispuso por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para los afectados, principalmente de la zona de San Bautista, US$ 50.000 para 37 productores. Más allá de la destacable iniciativa, fue notoria la insuficiencia de la suma.

El último avatar climático padecido por la granja de Canelones data de marzo del año pasado, quedando en evidencia lo frecuente que resulta para los granjeros este tipo de daños. Pero no vamos a dejar de insistir en estos temas aunque tengamos que reiterar los pedidos en las intervenciones que podemos hacer los legisladores, principalmente los del interior. Por el contrario, la reincidencia en el discurso de los Representantes Nacionales debe hacer a la pertinencia de estos reclamos.

Insistimos, como en otras oportunidades, sobre la necesidad de definir como catástrofes estos fenómenos climáticos por parte del Comité de Crisis, tanto nacional como departamental, habilitando la utilización del Fondo creado por la ley presupuestal del año 1995 y los Decretos Nos. 103 y 371 de 1995. Se maneja como respuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la concesión de un crédito subsidiado por el Banco de la República, pero nuestros granjeros ya no tienen margen para contraer mayores deudas, pues ya están sobreendeudados. La granja no posee una póliza integral de seguro ajustada a sus necesidades y posibilidades, como sí la tiene el sector vitivinicultor.

Se han manejado proyectos y ha existido intención de que el Banco de Seguros del Estado cree un seguro especial para este sector. Sin embargo, hasta la fecha nada se ha concretado, aunque sabemos que se está gestando un proyecto en ese sentido.

Recientemente -según me consta por copias que me han hecho llegar a mi despacho-, han solicitado apoyo tanto a la Intendencia Municipal como a la Junta Departamental de Canelones, al Banco de Previsión Social y al Ministerio de Economía y Finanzas. Estos pedidos todavía no han tenido respuesta.

Concretamente, el sector granjero tiene una propuesta muy factible y justa. Se trata de que se vuelque al sector el producto del arancel del 55% de los duraznos importados, principalmente de Grecia, que genera más de US$ 2:000.000 por año. Esta suma, que actualmente va a Rentas Generales, bien podría subsidiar un seguro integral para la granja, solucionando esa repetida y angustiosa situación que padecen los granjeros.

En segundo lugar, y también haciendo referencia al sector granjero -a mi juicio, vapuleado sector-, quiero remarcar un hecho. Este sector convive impotentemente no solo con la absurda e inverosímil importación de productos desde las más remotas latitudes, sino también con el auge del contrabando de frutas y hortalizas que se traen con impunidad desde los países fronterizos.

Recientemente, me han contestado en forma oficial que se confirmó la incautación en Montevideo de 22.500 kilos de tomates -aquí nomás, a pocos metros, en la calle Rondeau- procedentes de Brasil y sin ninguna inspección fitosanitaria, a pesar de que fue una semana normal en cuanto al contralor. Insisto: todo esto es producto de una respuesta oficial. Sucede que el famoso "removido" es un documento que expide el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y es una guía oficial expedida para el transporte de productos agrícolas en una franja de la frontera predeterminada, merced a la derogación del Decreto Nº 212/85, del mes de mayo de 1985. Por el Decreto Nº 368, del mes de octubre de 1995, se autorizó su expedición a la autoridad competente sin determinarse, desde ese momento, cuál es. También derogó el requisito de declaración jurada previa a su expedición, extremo que permitía tener un inventario completo de dicha franja de la zona fronteriza. Si esa es la línea de la mentada desregulación que propone el Gobierno, vemos lo nefasta que puede llegar a ser.

En ese abultado contrabando de tomates, ese documento llamado "removido" que venía siendo utilizado tenía un sello de un funcionario aduanero desconocido y al dorso un sello de la Subcomisaría de la Jefatura de Policía de Rivera. Esta es, pues, otra propuesta de que tome iniciativa el Poder Ejecutivo, para que, vía decreto, determine y regule con precisión la expedición y uso de este especial certificado guía que, lamentablemente, coadyuva al contrabando.

La semana pasada, estando presente en el Parlamento el Director Nacional de Aduanas, Capitán de Navío retirado Luis Alberto Salvo, expuso sobre lo que calificó como pauperización de los servicios de Aduana del país. Debemos atender sobremanera a estas manifestaciones por venir de quien vienen y por tratarse de un servicio más que nunca medular en nuestra economía.

Tanto la confirmación del voluminoso contrabando incautado como las dificultades actuales de los servicios de Aduana vuelven más que verosímiles aquellas constantes quejas y denuncias de contrabando por parte de las organizaciones de granjeros. Es por ello que, en nuestra calidad de Representantes Nacionales, abogamos incansablemente por el apoyo a este sector, polo de desarrollo de una zona muy importante del país -además, de nuestro departamento- y por el endurecimiento de los controles en el tráfico de frutas y hortalizas en las zonas fronterizas.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Dirección Nacional de Aduanas, a la JUNAGRA, a la Confederación Granjera del Uruguay y a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Canelones.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

10.- Realización de actividades solidarias en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

Tiene la palabra el señor Diputado Carminatti.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: tenía la intención de tratar dos temas breves. Uno se refiere a la Cámara y lo analizaré otro día.

Voy a hacer referencia a una experiencia que tuve y lo haré con humildad y modestia, y no con la intención de ser un ejemplo. El objetivo es trasmitir una idea que puse en práctica este año y que me ha dado un resultado muy positivo, a nivel de lo que se puede llamar solidaridad.

Hace años, siendo dirigente de un club de fútbol, pensé en instalar unos merenderos en Fray Bentos. El año pasado lo pude poner en práctica gracias a que tengo mayores ingresos y a que cuento con el aporte de la comunidad. Como dispongo de la sede de un club deportivo, junto con un grupo de señoras y de amigos instalamos un merendero en el que, en primera instancia, se inscribieron 64 niños de seis a doce años, y al día de hoy hay 140. Estos chicos complementan allí su alimentación al salir de la escuela, sin dejar de considerar el valor material de la alimentación escolar. Esto representa un aporte alimentario más para los chicos, que es muy valioso, teniendo en cuenta sus carencias alimenticias.

También desarrollamos otra actividad en un barrio carenciado. Un grupo religioso -como otros que trabajan intensamente y con mucho afecto hacia la comunidad-, los sábados y los domingos da comida a 90 chicos. Nosotros aportamos lo que podemos, conjuntamente con la Intendencia Municipal y algunas empresas como Montesol, a la que agradecemos toda la cocoa que nos ha proporcionado, así como a los panaderos y a los lecheros que nos venden la leche a precio de costo. Con eso hemos logrado ayudar a sobrellevar este invierno, que puede haber sido crudo para algunos, y vamos a seguir haciéndolo.

En la actualidad, gracias a conversaciones que hemos mantenido con Hebert Reyes, Presidente del INDA, se está aportando leche en polvo y algunos otros alimentos secos, a fin de que se pueda organizar un grupo que alimente durante todo el año próximo a esas personas.

Sería egoísta si no dijera esto, porque una de las mayores satisfacciones que he tenido siendo Diputado, lo cual me ha permitido llegar a lugares adonde antes no podía acceder, es haberme sentado con esos chicos a tomar la merienda o a comer, viviendo con ellos momentos de felicidad.

Mi intención es trasmitir a la gente que está conmigo, no que soy un ejemplo de nada, sino decirles: "Muchachos, ustedes también pueden hacer lo mismo". Hay que levantar la bandera, agarrar el estandarte, salir adelante y decir: "Vamos"; y atrás de ustedes van a ir varios que tienen el mismo sentimiento de solidaridad que tengo yo. En definitiva, se van a dar cuenta de que lo único que han hecho es empujar el carro y que después se subieron a él, porque prácticamente marcha solo.

Es una experiencia interesante y positiva, más aún en las circunstancias que está atravesando el país.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- ¿Desea enviar la versión taquigráfica de sus palabras a algún lado?

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: habría que enviársela a todos los Diputados que no me han escuchado. En realidad, no sé si no habría que suprimir la media hora previa en el Reglamento, porque nadie escucha. Sería bueno que cada uno leyera la versión taquigráfica de mis palabras, si tiene ganas.

Lo que he hecho fue fácil y si todos lo hicieran se llenarían el corazón de alegría al ver cómo esos chicos están comiendo, un poquito gracias a nosotros y otro poquito gracias al INDA, que ojalá siga siempre trabajando de esa forma.

Voy a contar una anécdota. La primera vez que concurrí a visitar ese grupo religioso que me pidió apoyo, me recibieron diciendo: "Dios lo bendiga". Uno siente una sensación muy especial al escuchar esas palabras. Pero lo que me sorprendió más fue que cuando yo les dije que Dios los bendijera a ellos porque eran los que me habían dado la satisfacción de haber llevado adelante esa tarea, ellos me respondieron: "Amén". Esto me hizo sentir muy bien, aunque no sé realmente por qué.

Veo que ahora me están escuchando. Muchas gracias.

11.- Irregularidades en el funcionamiento del Hospital de Las Piedras.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra la señora Diputada Garrido.

SEÑORA GARRIDO.- Señor Presidente: en el correr de aproximadamente un año se han constatado distintas irregularidades en el Hospital de Las Piedras. El hospital, inaugurado en varias ocasiones y con una infraestructura muy importante, donde hay cuarenta camas sin utilizar y un CTI no habilitado, sigue sin brindar el servicio que la ciudad de Las Piedras necesita.

En una ciudad de más de cien mil habitantes, con una problemática de marginación y pobreza que se acrecienta día a día, resulta común que las personas no se traten o no se realicen exámenes necesarios por falta de dinero para el traslado a otros centros hospitalarios.

En este hospital, la actividad más cercana a la cirugía está relacionada con partos y cesáreas, y también aquí se han manifestado varias irregularidades, como la falta de material para realizar los controles obligatorios a la cantidad de parturientas que allí se atienden, que luego de esperar largas horas han tenido que ser derivadas a otros nosocomios. No queda nada claro cuál fue el motivo de estas derivaciones ni el destino final de estas pacientes, ya que en el correr de los últimos meses se han constatado fallecimientos de niños sin que se hayan determinado exactamente las causas.

En un pedido de informes que realizáramos el 10 de octubre pasado al Ministerio de Salud Pública, preguntábamos a las autoridades cuáles fueron los motivos por los que el lunes 8 de octubre de 2001 una parturienta proveniente del Hospital de Las Piedras debió ser internada en grave estado en el CTI del Círculo Católico. Asimismo, les preguntamos cuál fue el diagnóstico que recibieron del estado de esta paciente, de las causas de su llegada a ese CTI y de la muerte de su bebé.

Este caso no se da por primera vez, por lo cual queremos hacer llegar nuestra profunda preocupación a las autoridades, así como nuestra aspiración de conocer su opinión y cómo valora esta gravísima situación.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

12.- Situación de ciudadanos uruguayos residentes en la ciudad de Chui, República Federativa del Brasil.

Tiene la palabra el señor Diputado Silva Rotta.

SEÑOR SILVA ROTTA.- Señor Presidente: en el día de hoy quisiera expresar ante el plenario de la Cámara lo que ha estado ocurriendo en la zona fronteriza del Chuy.

Ante los hechos ocurridos el 11 de setiembre, los países del MERCOSUR están aplicando sus leyes con respecto a inmigrantes y ciudadanos indocumentados de terceros países. Concretamente, hoy nos vamos a referir a la frontera del Chuy uruguayo con el Chui de Brasil.

Hace algunos días, el delegado de la policía brasileña, en una entrevista a los medios de prensa locales, informó que Brasil va a aplicar una ley que rige desde 1981, sobre ciudadanos extranjeros indocumentados que están viviendo en el Chui. Estos ciudadanos iban a ser notificados para que regularizaran su documentación o, de lo contrario, serían deportados.

Esta situación ocasionó una gran preocupación de toda esta gente, de los Diputados por el departamento, del Consulado uruguayo en Brasil y de las autoridades locales, lo que originó un movimiento en busca de soluciones.

Primero se formó una comisión local, apoyada por los Diputados del departamento y por la señora Cónsul en el Chui, que dio tranquilidad a los compatriotas indocumentados y recorrió el camino hasta la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, que recibió a sus miembros. Los integrantes de la mencionada Comisión parlamentaria solicitaron a la Cancillería información sobre la situación de los compatriotas indocumentados. La Cancillería, a través de su Subsecretario, Embajador Guillermo Valles, en la Comisión parlamentaria dio tranquilidad de que no iba a ser expulsado ni deportado ningún compatriota que estuviera indocumentado.

Todo esto originó la presencia de la Comisión parlamentaria en la ciudad del Chuy, cuyos integrantes se reunieron con la Comisión local y con los demás interesados en este asunto; aquí se volvió a dar tranquilidad. También se informó acerca de la creación de una Comisión binacional, y de que mediante un mecanismo de acuerdo o convenio se creará un documento de frontera en determinada franja de ambos países.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales, al Consulado uruguayo en Chui, Brasil, y a los integrantes de la Comisión local.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Ruben Obispo, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Gonzalo Graña.

Del señor Representante Ruben Carminatti, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por los períodos comprendidos entre los días 5 y 7 y 11 y 13 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Raymundo Guynot de Boismenú.

Del señor Representante Daniel Díaz Maynard, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José Luis Veiga.

Del señor Representante Brum Canet, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 5 y 8 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Patrone.

Del señor Representante Jorge Chápper, por motivos personales inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465 por el día 10 de diciembre de 2001. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

De la señora Representante Raquel Barreiro, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 5 de diciembre de 2001, convocándose a la suplenta siguiente, señora Elena Ponte.

Del señor Representante Jorge Orrico, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 6 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Zás Fernández.

Del señor Representante Juan José Domínguez, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 6 y 10 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Víctor Braccini.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Ernesto Agazzi, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 5 y 30 de diciembre de 2001, a la suplenta siguiente señora Ángeles Balparda.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Ramón Fonticiella, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 7 y 10 de diciembre de 2001, al suplente siguiente señor José Luis Urreta.

Visto la licencia oportunamente solicitada por el señor Representante Julio Luis Sanguinetti por el período comprendido entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas mencionadas, y se oficiará a la Corte Electoral en los casos pertinentes.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Solicito se me conceda licencia por motivos personales los días jueves 6 y viernes 7 del corriente, convocándose al suplente respectivo.

Saluda a usted muy atentamente.

RUBEN OBISPO
Representante por Paysandú".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Paysandú, Ruben Obispo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 7 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 6 y 7 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Ruben Obispo.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Gonzalo Graña.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, del miércoles 5 al viernes 7 y del martes 11 al jueves 13 inclusive del corriente mes, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

RUBEN CARMINATTI
Representante por Río Negro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Río Negro, Ruben Carminatti.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los períodos comprendidos entre los días 5 y 7 y 11 y 13 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los períodos comprendidos entre los días 5 y 7 y 11 y 13 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Río Negro, Ruben Carminatti.

2) Convóquese por Secretaría, por los mencionados lapsos, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Raymundo Guynot de Boismenú.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Solicito licencia por motivos personales al Cuerpo que usted preside desde el día 10 al 12 de diciembre de 2001, y que se convoque al suplente respectivo.

Lo saludo atentamente.

DANIEL DÍAZ MAYNARD
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel Díaz Maynard.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel Díaz Maynard.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor José Luis Veiga.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia desde el día 5 hasta el 8 de diciembre de 2001, por motivos personales.

Sin más saluda atentamente.

BRUM CANET
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Brum Canet, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Daniel Mesa".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 8 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Daniel Mesa.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 5 y 8 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente, señor Daniel Mesa.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Patrone.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por intermedio de la presente solicito por motivos personales licencia por el día lunes 10 de diciembre de 2001.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

JORGE CHÁPPER
Representante por San José".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por intermedio de la presente comunico a usted, que por única vez, no acepto la convocatoria para integrar el Cuerpo de su Presidencia.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Alberto Casas".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por intermedio de la presente comunico a usted, que por única vez, no acepto la convocatoria para integrar el Cuerpo de su Presidencia.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Eduardo Rapetti Haller".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de San José, Jorge Chápper.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre del año 2001.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes, señores Alberto Casas y Eduardo Rapetti.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de San José, Jorge Chápper, por el día 10 de diciembre del año 2001.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes siguientes, señores Alberto Casas y Eduardo Rapetti.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo licencia por motivos personales, por el día de hoy, 5 de diciembre de 2001.

Sin otro particular, saluda atentamente.

RAQUEL BARREIRO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 5 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 5 de diciembre de 2001, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 5 de diciembre de 2001, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Elena Ponte.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito licencia por motivos personales, el día 6 de diciembre del corriente, solicitando se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

JORGE ORRICO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 6 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 6 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Zás Fernández.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Solicito por motivos personales licencia el día 6 de diciembre hasta el día 10 de diciembre, inclusive.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

JUAN DOMÍNGUEZ
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Domínguez.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 10 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 6 y 10 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Domínguez.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Víctor Braccini.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Corte Electoral

Nº 3012/2001

272/35

Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Diputado Gustavo Penadés.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Canelones, señor Ernesto Agazzi, electo por la hoja de votación Nº 609 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio solicitó licencia por el período comprendido entre el 4 y el 30 de diciembre de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional a la tercer candidata señora Ángeles Balparda y suplentes a los señores Nelson Fontes, Yamandú Orsi y Juan Souza.

Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal, y por el término comprendido entre los días 5 y 30 del corriente, de la licencia concedida al Representante Nacional señor Ernesto Agazzi y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso cuarto del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos A. Urruty
Presidente

Antonio Morell
Secretario Letrado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia sin remuneración oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi, por el período comprendido entre los días 4 y 30 de diciembre de 2001.

RESULTANDO: Que el suplente correspondiente siguiente, señor Esteban Pérez, no aceptó por esta vez la convocatoria de que fue objeto.

CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a la señora Angeles Balparda, y señores Nelson Fontes, Yamandú Orsi y Juan Souza, como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 3012/2001 de 5 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Canelones, por el período comprendido entre los días 5 y 30 de diciembre de 2001, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Ángeles Balparda.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Corte Electoral

Nº 3010/2001

272/34

Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Diputado Gustavo Penadés.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Salto señor Ramón Fonticiella, electo por la hoja de votación Nº 303 del Lema Encuentro Progresista - Frente Amplio, sublema Unidad Encuentrista Salteña, ha solicitado licencia entre los días 7 y 10 de diciembre de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al quinto candidato señor José Luis Urreta y suplentes señores Juan Carlos Ribeiro, Hermes Pechi y Neri Mutti. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Ramón Fonticiella y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas por el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945 y por el inciso 3º del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos A. Urruty
Presidente

Antonio Morell
Secretario Letrado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Salto, Ramón Fonticiella, por el período comprendido entre los días 7 y 10 de diciembre de 2001.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Eduardo Muguruza, Felipe Carballo y Felipe Mutti, no aceptaron por esta vez la convocatoria de que fueron objeto.

CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores José Urreta, Juan Carlos Ribeiro, Hermes Pechi y Neri Mutti, como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 3010 de 5 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Salto, por el período comprendido entre los días 7 y 10 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 303 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor José Luis Urreta.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Corte Electoral

Nº 3011/2001

272/36

Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Diputado Gustavo Penadés.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Canelones señor Julio Luis Sanguinetti, electo por la hoja de votación Nº 2005 del lema Partido Colorado, ha solicitado licencia entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al tercer candidato señor Gustavo Espinosa y suplentes señores Nelson Vila, Susana Virgili y Julio Musetti. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Julio Luis Sanguinetti y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas por el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso 3º del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos A. Urruty
Presidente

Antonio Morell
Secretario Letrado".

"Montevideo, diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Gustavo Espinosa".

"Montevideo, diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Nelson Vila".

"Montevideo, diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Susana Virgili".

"Montevideo, diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Julio Musetti".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Luis Sanguinetti, por el período comprendido entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Antonio Delgado y Omar Bentancourt, no aceptaron la convocatoria, y el señor Heber Duque integra la Cámara los días 4 y 20 de diciembre de 2001.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Gustavo Espinosa, Nelson Vila, señora Susana Virgili y señor Julio Musetti como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 3011 de 5 de diciembre de 2001 quienes no aceptan, por esta vez, la convocatoria.

II) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes, es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1º.- Acéptanse las negativas que, por esta vez han presentado, los suplentes correspondientes siguientes señores Gustavo Espinosa, Nelson Vila, señora Susana Virgili y señor Julio Musetti pertenecientes a la Hoja de Votación Nº 2005, del Lema Partido Colorado.

2º.- Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

14.- Confección del orden del día de las sesiones de la Cámara.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para una cuestión previa.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: deseo plantear un tema que a mi juicio es delicado. Desde luego, no me va a llevar demasiado tiempo, pero creo que todos los sectores debemos reflexionar al respecto.

En el día de ayer, a la hora 20 y 30, antes de que finalizara la sesión, por intermedio de la Secretaría solicité que se me facilitase el orden del día de la reunión de hoy. Naturalmente, no estaba pronto, por lo que recién pudimos ver el material en el día de hoy. Entre los temas a considerar hay algunos de particular importancia; voy a citar solo cuatro para tratar de dar cierto énfasis al planteamiento sobre el cual vengo insistiendo desde hace bastante tiempo.

Concretamente, hay un proyecto sobre el Fondo de Solidaridad. Como saben los señores legisladores, se trata de la financiación de becas para estudiantes de la Universidad y de nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional. Este proyecto ha dado lugar a modificaciones, a debates y a reiteradas protestas por parte de algunas personas que se consideran lesionadas. La iniciativa tiene 8 páginas, y el anexo, 15.

Asimismo, hay un proyecto que establece nada menos que un nuevo régimen jubilatorio para la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. Únicamente el proyecto tiene 73 páginas, y el anexo, con el informe, 52 más.

En el orden del día también figura un tercer proyecto sobre los aportes patronales de las microempresas al Banco de Previsión Social, cuyo mensaje tiene 8 páginas, y el informe, 4. Se trata de un asunto particularmente delicado. En un país en el que los problemas del trabajo son preocupación esencial del Parlamento, sin ninguna duda hay que pensar y votar este proyecto a conciencia.

Finalmente, menciono el proyecto relativo a los trabajadores de la actividad privada que estuvieron exiliados o detenidos por razones ideológicas, gremiales, políticas o por mera arbitrariedad, que espera desde 1985 y a propósito del cual tuvimos oportunidad de convocar a Sala a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y al Ministro de Economía y Finanzas de la época, quienes presentaron una iniciativa. Al no ser aprobada, debió reiterarse el Mensaje y su consideración por parte del nuevo Poder Ejecutivo y de la Comisión respectiva del Parlamento.

El total de estos cuatro proyectos es de 157 páginas; se trata de los materiales que los legisladores tenemos sobre nuestras mesas. Por añadidura, ya estamos leyendo este "informecito" de 271 páginas, para el jueves de la semana próxima, cuyas conclusiones y recomendaciones tienen 15 páginas más.

Lo que deseo plantear es que debemos analizar en la Cámara cómo confeccionar el orden del día. En alguna oportunidad propuse que figurasen veinte puntos en lugar de diez, en el entendido de que la mitad quedaría para otra sesión. De esa manera, podríamos ir sabiendo los materiales a que deberemos recurrir.

No pienso hablar sobre alguno de estos proyectos; quizás he escrito y hablado hasta la saciedad sobre el de los trabajadores de la actividad privada, por lo que tal vez haga una breve reseña. Además, ni siquiera traje mis apuntes, y tengo suficientes, por cierto.

Entonces, no solo a nivel de reunión de coordinadores de bancada, sino en la propia Cámara, quizás debamos analizar cómo confeccionar el orden del día. Digo esto porque, dado que el señor Presidente de la Cámara -tal como he expresado en mi bancada, y lo sostengo- está realizando una excelente gestión, sin ninguna duda podrá coronar ese esfuerzo si, por lo menos, solucionamos este problema.

Antes de que existieran los coordinadores y la instancia de la coordinación, la confección del orden del día se debatía en Cámara, lo que llevaba mucho tiempo, exigía votaciones, etcétera. Hemos conseguido abreviar ese trámite; pero si el procedimiento es que los legisladores debamos leer todo esto en una hora, nadie podrá hacerlo.

Yo sé que podemos confiar en los compañeros que integran cada una de las Comisiones, pero no siempre es lo mejor. Voy a poner un ejemplo.

En una oportunidad llegó a la Cámara, con el apoyo de todos los sectores, un proyecto que establecía la instalación de una planta en Tacuarembó. Un legislador muy estudioso que se había interesado en el tema, el compañero Humberto González Perla, develó en el plenario una realidad que conmovió a la zona, lo que llevó a que la Cámara, reconsiderando el tema, no lo votara, porque se trataba de problemas realmente riesgosos desde el punto de vista ambiental.

Yo no hubiera deseado que eso se nos pasara. En ese caso, la Cámara reconsideró el proyecto y funcionó muy bien, pero no podemos venir a Sala sin tener el conocimiento elemental de lo que se va a tratar.

Me he referido a cuatro proyectos, pero hay otros que también son importantes y que quizás algunos legisladores quisieran leer para no tener que hacer preguntas. La otra posibilidad es que a cada miembro informante le estemos haciendo reiteradas preguntas que pueden resultar inclusive molestas y también perturbar la sesión.

Propongo que los sectores analicemos este tema y encontremos un camino. Yo propuse uno, pero puede surgir otro.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa se va a permitir informar al señor Diputado Chifflet y al resto del Cuerpo que comparte la preocupación planteada en todos sus términos, al punto de que al inicio del presente Período hizo una propuesta sobre los días de sesión, partiendo de la base de que era absolutamente imposible para los servicios administrativos de la Cámara trabajar en dos tardes consecutivas para confeccionar el orden del día. Sigue en pie la propuesta de analizar para el Período siguiente -al próximo Presidente le deseamos más suerte que la que tuvimos- la posibilidad de dejar un espacio de veinticuatro horas entre una sesión y otra para que la Cámara pueda ordenar lo que se decide en el seno del Cuerpo y, asimismo, para que los legisladores tengan más tiempo para la lectura.

Además, como el Presidente de la Cámara estará presentando en estos días un proyecto de reforma del Reglamento, podemos trabajar sobre la idea de que haya un conocimiento previo del orden del día. Les confieso que elaborar el orden del día es una tarea bastante difícil, porque hay sesiones en las que hay muy poco para poner en cuanto a la trascendencia de los temas, y otras, como la de hoy, en la cual -compartimos lo que decía el señor Diputado Chifflet- son de una trascendencia tal que ameritarían disponer de mayor tiempo para la lectura de los antecedentes.

Pierda cuidado el señor Diputado que estamos intentando trabajar en eso para corregir la situación, de tal manera que todo esté debidamente informado. Sé que el señor Diputado Chifflet y yo no somos muy amigos de las computadoras, pero en la noche de ayer estaba en línea el orden del día de la sesión de hoy.

(Interrupción del señor Representante Chifflet)

——Retiro lo dicho acerca de que el señor Diputado no es amigo de las computadoras; yo no lo soy.

Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: no solamente tengo computadora sino también profesor de computación, lo que me ha permitido ingresar a la red, pero está en la del Palacio; todavía no está conectada con la de los legisladores.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Señor Diputado: si usted ingresa a la página Web del Parlamento desde su domicilio, podrá acceder al orden del día.

SEÑOR CHIFFLET.- Justamente, hoy me lo explicaron.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Me alegra. El señor Diputado está más avanzado que yo; debo confesarlo.

Por otra parte, no se puede terminar de confeccionar el orden del día hasta la finalización de la sesión anterior, debido a que no se sabe cuántos puntos se han aprobado. Como este año la Cámara se ha caracterizado por trabajar intensamente en la aprobación de asuntos, hemos podido evacuar los diez puntos en casi todas las sesiones, pero pierda cuidado el señor Diputado que vamos a trabajar en la propuesta que acaba de hacer.

15.- Comunicaciones de la Presidencia del Cuerpo.

La Mesa aprovecha para informar a los señores Diputados que en las próximas horas comenzará en sus despachos la instalación de un nuevo equipo de fax que la Cámara ha comprado para cada uno de ellos. El equipo tiene varios adelantos tecnológicos, como por ejemplo el de estar conectado a la computadora, el de poder servir como "scanner" y el de realizar tareas de fotocopiado y de recepción de fax en los equipos informáticos.

A su vez, en los próximos días comenzará un proceso de renovación de los equipos de computación de los servicios administrativos de la Cámara de Representantes, no así de los señores legisladores, que dependen de la Comisión Administrativa en cuanto a su mantenimiento.

Asimismo, la Mesa informa que el próximo viernes 7 se realizará por parte de la Comisión Especial de Género y Equidad un nuevo seminario sobre propuestas para una mejor calidad de vida de la mujer.

El lunes 10, con motivo de un nuevo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, a la hora 15, en la Antesala de la Cámara, la Comisión de Derechos Humanos presentará el lanzamiento de un matasellos conmemorando el 53º  aniversario de dicha Declaración.

El mismo día, a la hora 17 y 30, en el Salón de los Pasos Perdidos, la Cámara de Representantes procederá a la entrega de premios a los caballeros cadetes egresados de la Escuela Militar y de la Escuela Policial.

Asimismo, la Mesa anuncia que de acuerdo con lo dispuesto por la Cámara en el llamado a concurso para la realización de un logo, al que se presentaron más de quinientos trabajos, la Comisión encargada de elegirlo, presidida por el señor Diputado Magurno e integrada por el señor Ministro de Educación y Cultura y un integrante de la Asociación de Agencias de Publicidad, ha procedido a terminar su trabajo. Se ha dispuesto la elección del logo y, en el correr de la tarde, se instalará en las dos bandejas para que los señores Diputados tomen conocimiento.

Por último, la Mesa se congratula por la decisión del Parlamento Latinoamericano de haber elegido a la señora Diputada Tourné como coordinadora general del foro de parlamentarios latinoamericanos contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que tendremos el honor de que se realice en Montevideo en octubre de 2002. La Mesa hace llegar a la señora Diputada las felicitaciones del caso por tan alta distinción.

16.- Llamado a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas.

La Mesa informa que ha concertado con el señor Ministro de Economía y Finanzas que la sesión de interpelación sobre la situación económica y social de Bella Unión se realizará el día lunes 10 de diciembre, a la hora 9 y 30.

17.- Fondo de Solidaridad. (Se crea como persona jurídica de derecho público no estatal para financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional).

Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Fondo de Solidaridad. (Se crea como persona jurídica de derecho público no estatal para financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 788

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, por los siguientes:

"Artículo 1º.- Créase un Fondo de Solidaridad como persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá como cometido financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional (Administración Nacional de Educación Pública).

Artículo 2º.- El Fondo será organizado y administrado por una Comisión Honoraria integrada por siete miembros: el Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá y cuyo voto decidirá en caso de empate; uno por la Universidad de la República; uno por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a propuesta del Consejo de Educación Técnico-Profesional; uno por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios; uno por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones; uno por el Banco de la República Oriental del Uruguay y uno por la Agrupación Universitaria del Uruguay.

Dicha Comisión establecerá:

A) Las directivas generales a las que se ajustarán la Universidad de la República y el Consejo de Educación Técnico-Profesional, para asignar las referidas becas, conforme a lo dispuesto por los artículos 6º y 7º, y los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser beneficiarios de las mencionadas becas.

B) Los mecanismos de contralor de los correspondientes aportes.

C) La forma de acreditar la calidad de sujetos pasivos de la obligación de aportar y la de beneficiarios de las becas.

Asimismo deberá determinar anualmente el porcentaje de lo aportado que le corresponderá administrar a cada ente de la enseñanza.

Artículo 3º.- El Fondo se integrará mediante una contribución especial (artículo 13 del Código Tributario) efectuada por los egresados que posean título profesional, expedido o revalidado por la Universidad de la República o por el nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional, de acuerdo con las siguientes características:

1) Los profesionales egresados de las entidades previstas en el inciso anterior, que desarrollen actividad gravada con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, aportarán mensualmente al Fondo de Solidaridad el 5 o/oo (cinco por mil) de los ingresos mensuales computables para las contribuciones a la seguridad social (excluido el aguinaldo y otras remuneraciones que no sean percibidas mensualmente). Estas contribuciones especiales se percibirán y recaudarán por el Banco de Previsión Social, la Caja Policial, la Caja Militar o la Caja de Jubilaciones Bancarias según sea el caso, en las mismas condiciones establecidas en materia de agentes de retención y de percepción para los aportes personales a la seguridad social, debiendo ser vertidos al Fondo dentro del mes siguiente a su cobro.

Los organismos que actúen como agentes de percepción del tributo deberán entregar, conjuntamente con los fondos recaudados, la nómina de aportes individualizando a los profesionales egresados y el organismo público o privado en el que desarrollan actividad gravada.

2) Los profesionales que ejercen en régimen de ejercicio liberal, comprendidos en la Caja Notarial de Pensiones y Jubilaciones o en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios realizarán un aporte mensual equivalente al 1% (uno por ciento) del sueldo ficto vigente correspondiente a la categoría que revisten.

El aporte previsto precedentemente será pagado solidariamente con el respectivo aporte jubilatorio, correspondiendo a la Caja respectiva la percepción, recaudación y fiscalización del tributo. Los aportes recaudados por las Cajas referidas deberán ser vertidos al Fondo dentro del mes siguiente a su percepción.

3) En ningún caso, la contribución especial dispuesta en el presente artículo podrá superar el tope de cuatro salarios mínimos nacionales por año. A tal efecto, quienes por aplicación de lo dispuesto precedentemente realicen un aporte mayor al tope previsto, podrán solicitar al Fondo la devolución de los excedentes, mediante nota acompañada de la correspondiente documentación probatoria. Comprobado el hecho, el Fondo depositará a la cuenta y orden del solicitante los importes excedentes, disponiendo las comunicaciones a los organismos previsionales correspondientes, a efectos de la adecuada liquidación de la contribución especial.

Anualmente, el Fondo de Solidaridad deberá entregar a quienes se encuentren comprendidos en el inciso primero de este artículo, una constancia que acredite estar al día con la contribución especial. La vigencia de la constancia se extenderá desde el 1º de abril de cada año al 31 de marzo siguiente.

Las entidades públicas o privadas deberán exigir anualmente a los sujetos pasivos de esta contribución especial, la presentación de la constancia referida en el inciso anterior. De no mediar tal presentación, las entidades públicas o privadas quedan inhabilitadas para pagar facturas por servicios prestados, sueldos, salarios o remuneraciones de especie alguna, a los sujetos pasivos titulares del derecho. La inobservancia de lo preceptuado será considerado falta grave en el caso del funcionario público que ordene y/o efectúe el pago. Asimismo, la entidad privada que incumpla con lo previsto en esta norma será solidariamente responsable por lo adeudado.

Las entidades previsionales no podrán dar curso a ninguna solicitud de jubilación o retiro sin exigir la constancia respectiva de estar al día con los aportes".

Artículo 2º. (Contralor).- El contralor administrativo del Fondo de Solidaridad será ejercido por el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura. Dicho contralor se ejercerá tanto por razones de juridicidad como de oportunidad y conveniencia. A tal efecto el Poder Ejecutivo podrá formularle las observaciones que crea pertinente así como proponer la suspensión de los actos observados y los correctivos o remociones que considere del caso. Sin perjuicio de lo dispuesto, la Auditoría Interna de la Nación tendrá las más amplias facultades de fiscalización de la gestión financiera de la entidad.

El Fondo de Solidaridad publicará anualmente la memoria, los estados contables y sus anexos, debiendo requerir previamente la visación del Tribunal de Cuentas.

Artículo 3º. (Exoneraciones).- Las becas servidas por el Fondo de Solidaridad están exoneradas de todo tipo de tributos nacionales.

Artículo 4º. (Régimen de funcionamiento).- El régimen de funcionamiento, en lo no previsto especialmente por la ley, será el de la actividad privada, especialmente en cuanto a sus estados contables, estatuto de su personal y contratos que celebre.

Artículo 5º.(Inembargabilidad).- Los bienes del Fondo de Solidaridad son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 6º del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 6º. (Tope presupuestal).- Fíjase en 470.000 UR (cuatrocientas setenta mil unidades reajustables) el tope presupuestal asignado al funcionamiento del Fondo de Solidaridad. El referido tope podrá ser aumentado por razones debidamente fundadas, a juicio del Poder Ejecutivo, en un 3% (tres por ciento) anual.

Artículo 7º. (Recaudación excedente).- La recaudación excedente al tope fijado en el artículo anterior, obtenida por el Fondo de Solidaridad será asignada en su totalidad a la Universidad de la República, conforme a las normas que rigen los fondos de libre disponibilidad, a los siguientes destinos:

A) 35% (treinta y cinco por ciento) para los proyectos institucionales en el interior del país.

B) 25% (veinticinco por ciento) para mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza; bibliotecas; formación de docentes y publicaciones.

C) 40% (cuarenta por ciento) para la infraestructura edilicia destinada a la enseñanza.

Artículo 8º. (Régimen de facilidades).- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por única vez, un régimen de facilidades de hasta veinticuatro meses y a exonerar de multas y recargos, a los egresados que posean título profesional expedido o revalidado por la Universidad de la República o por el nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional, que adeuden aportes correspondientes a años anteriores a la vigencia de la presente ley.

Artículo 9º. (Derogaciones).- Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, y el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 10. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2002.

Montevideo, 1º de noviembre de 2001.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, JOSÉ AMORÍN BATLLE, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones, ANGELITA AMED, Representante por Colonia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde su transformación en la Ley Nº 16.524 en julio de 1994, el Fondo de Solidaridad ha venido haciendo su camino, posibilitando a muchos estudiantes, mayoritariamente provenientes del interior del país, la continuación de sus estudios universitarios.

Sin embargo, al margen del loable fin para el cual fue creado la financiación del Fondo a través del aporte de los egresados no ha tomado en cuenta la capacidad contributiva de éstos, generando una serie de iniquidades. Esta injusta situación ha dado lugar a permanentes reclamos de profesionales que han visto sensiblemente afectados sus ingresos y que necesariamente debemos tener en cuenta.

Tal situación se ha visto agravada por la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, que en su artículo 542 estableció la creación de un adicional equivalente a dos salarios mínimos nacionales con destino a financiar diversos proyectos de la Universidad de la República. En efecto, la situación que ya era de iniquidad se ha tornado insostenible para muchos egresados que ven reducidos sus ingresos salariales, teniendo que destinar en muchos casos la totalidad de los ingresos correspondientes al aguinaldo para dar cumplimiento a la ley.

Tanto el financiamiento previsto en la Ley Nº 16.524 como el adicional del artículo 542 de la Ley de Presupuesto, parten de una presunción errónea, que supone por el solo hecho de ser profesional, la existencia de una capacidad contributiva que en muchos casos no es tal.

El artículo 1º del presente proyecto de ley propone la sustitución de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994. La única modificación contenida en el artículo 1º en su nueva redacción, refiere exclusivamente a definir la naturaleza jurídica del Fondo de Solidaridad, esto es: "persona jurídica de derecho público no estatal".

La nueva redacción del artículo 2º incorpora con carácter preceptivo que el representante del Ministerio de Educación y Cultura que preside la Comisión Honoraria que organiza y administra el Fondo sea el Subsecretario de esa Cartera. El fundamento de esta modificación es darle una mayor jerarquía al Fondo y una directa relación con la conducción ministerial. De hecho, en el presente período de gobierno esa ha sido la decisión adoptada por el Ministro de Educación y Cultura doctor Antonio Mercader, en cuanto designó al Subsecretario maestro José Carlos Cardoso para presidirlo.

Asimismo se amplía la integración de la Comisión Honoraria a siete miembros incorporando un representante de la Agrupación Universitaria del Uruguay, en tanto entidad más representativa de los profesionales universitarios.

En el literal A) de este artículo donde se establecen algunos de los cometidos que tiene la Comisión Honoraria se agrega: "y los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser beneficiarios de las mencionadas becas".

Las modificaciones introducidas al artículo 3º constituyen la parte sustancial del proyecto de ley, por cuanto establece criterios más equitativos para determinar el monto de los aportes. En primer lugar el proyecto define la naturaleza jurídica del aporte como una contribución especial.

Aun cuando esta definición pueda ser discutible en la medida que resulta difícil visualizar "el beneficio económico particular" a que se refiere el artículo 13 del Código Tributario, creemos que es la que más se ajusta a las características del tributo en tanto hay una relación directa entre el destino específico de los aportes y el contribuyente. La otra solución posible es considerar que el aporte es un impuesto.

La primera innovación respecto a los aportes está establecida en el inciso primero. En efecto, el proyecto elimina la última parte del inciso primero del artículo 3º de la Ley Nº 16.524 donde se establecía que el tributo comprendía a los egresados "una vez cumplidos los diez años de expedición o reválida del mismo". La eliminación de esta excepción se justifica en tanto los aportes dejan de ser fijos y pasan a tener directa relación con los ingresos salariales o fictos sobre la base de los cuales se aporta a la seguridad social. Asimismo, el proyecto tiene el objetivo de ampliar la base del tributo como forma de no afectar los recursos que actualmente percibe el Fondo de Solidaridad.

En el numeral 1) se establece que los profesionales o egresados comprendidos en el inciso primero del citado artículo, que desarrollen actividad gravada con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 (Ley de Reforma Previsional), aportarán mensualmente un 5 o/oo de los ingresos mensuales computables para las contribuciones a la seguridad social (se excluye el aguinaldo y otras remuneraciones que no tengan el carácter de mensual). Los organismos recaudadores de esta contribución especial serán el Banco de Previsión Social, la Caja Policial, la Caja Militar o la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias según sea el caso, debiendo verter lo recaudado al Fondo, dentro del mes siguiente a su cobro.

Vale decir que este numeral 1) incluye varios cambios significativos: en primer lugar, todos los egresados que realicen actividad gravada de acuerdo a la Ley Nº 16.713 quedan alcanzados por el tributo, o sea que se procura -también por esta vía- ensanchar la base de aplicación del tributo. Deja de importar si el egresado realiza o no actividad profesional específica y pasa a presumirse, que aun cuando preste únicamente servicios en relación de dependencia, cualquiera sea el ámbito de su actividad, el hecho de ser egresado lo compromete a realizar un apoyo solidario al Fondo, es decir, a estudiantes de menores recursos que procuran formarse en las distintas disciplinas universitarias o a nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional.

El numeral 2) refiere exclusivamente a los profesionales que ejercen su profesión en régimen de ejercicio liberal y que aportan a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios o a la Caja Notarial de Pensiones. Dichos profesionales deberán aportar el 1% sobre el ficto respecto al cual aportan a cualquiera de las referidas Cajas, correspondiéndoles a éstas la percepción, recaudación y fiscalización del tributo, que deberán verter al Fondo dentro del mes siguiente a su percepción.

En el numeral 3) se establece que la contribución especial dispuesta no podrá superar el tope de cuatro salarios mínimos nacionales, previéndose que cuando se realice un aporte mayor al previsto, podrá solicitarse al Fondo la devolución de los aportes excedentes.

Asimismo se establece que el Fondo deberá entregar a quienes se encuentren comprendidos en el inciso primero del artículo 3º, una constancia que acredite estar al día con la contribución especial, que se extenderá por un período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de marzo de cada año.

La referida constancia deberá ser exigida por las entidades públicas o privadas a los sujetos pasivos de esta contribución especial, en ocasión de pago de facturas por servicios prestados, sueldos, salarios o remuneraciones de cualquier especie. El funcionario público que incumpla con lo preceptuado incurrirá en falta grave.

Por último, se innova previendo que las entidades previsionales no puedan dar curso a ninguna solicitud de jubilación o retiro sin exigir la constancia respectiva de estar al día con el tributo.

El artículo 2º establece el sistema de contralor aplicable tanto en lo que refiere a lo administrativo, a la fiscalización y a la visación por parte del Tribunal de Cuentas de los estados contables y sus anexos.

El artículo 3º dispone que la exoneración a las becas servidas por el Fondo de todo tributo nacional.

El artículo 4º establece que en lo no previsto por la ley el régimen de funcionamiento será el de la actividad privada.

El artículo 5º prevé que los bienes del Fondo son inembargables, gozando sus créditos del privilegio dispuesto en el numeral 6º. Los artículos 2º a 5º del proyecto refieren normas relativas al contralor del Fondo, a la exoneración de las becas de todo tributo, a establecer que en todo lo no previsto por la ley el funcionamiento del Fondo será el de la actividad privada.

Por el artículo 6º se fija en 470.000 unidades reajustables el tope presupuestal asignado al Fondo, previéndose que pueda ser aumentado por razones debidamente fundadas a juicio del Poder Ejecutivo, en un 3% anual.

El artículo 7º fija el destino de la recaudación excedente a la Universidad de la República, de acuerdo a como había sido establecido en el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Por el artículo 8º se faculta al Poder Ejecutivo a establecer, por única vez, un régimen de facilidades de hasta veinticuatro meses y a exonerar de multas y recargos, a los sujetos pasivos del tributo que adeuden aportes correspondientes a años anteriores a la vigencia de la presente ley.

El artículo 9º deroga el artículo 4º de la Ley Nº 16.524, que preveía que los sujetos pasivos que no ejercían en forma liberal la profesión pudieran exceptuarse del pago del tributo. También se deroga el artículo 542 de la Ley de Presupuesto Nacional por cuanto su esencia se recoge en el artículo 7º del presente proyecto.

Por último, por el artículo 10 se prevé que la ley entre en vigencia el 1º de enero de 2001.

Montevideo, 1º de noviembre de 2001.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, JOSÉ AMORÍN BATLLE, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones, ANGELITA AMED, Representante por Colonia".

Anexo I al

Rep. Nº 788

"Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Desde su transformación en la Ley Nº 16.524 en julio de 1994, el Fondo de Solidaridad ha venido haciendo su camino, posibilitando a muchos estudiantes, mayoritariamente provenientes del interior del país, la continuación de sus estudios universitarios.

Sin embargo, al margen del loable fin para el cual fue creado la financiación del Fondo a través del aporte de los egresados no ha tomado en cuenta la capacidad contributiva de éstos, generando una serie de iniquidades. Esta injusta situación ha dado lugar a permanentes reclamos de egresados que han visto sensiblemente afectados sus ingresos.

Tal situación se ha visto agravada por la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, que en su artículo 542 estableció la creación de un adicional equivalente a dos salarios mínimos nacionales con destino a financiar diversos proyectos de la Universidad de la República. En efecto, la situación que ya era de iniquidad se ha tornado insostenible para muchos egresados que ven reducidos sus ingresos salariales, teniendo que destinar en muchos casos la totalidad de los ingresos correspondientes al aguinaldo para dar cumplimiento a la ley.

Tanto el financiamiento previsto en la Ley Nº 16.524 como el adicional del artículo 542 de la ley de presupuesto, parten de una presunción errónea, que supone, por el solo hecho de ser profesional, la existencia de una capacidad contributiva que en muchos casos no es tal.

Vuestra asesora ha analizado el tema a partir de un proyecto de ley presentado por varios señores Diputados que buscaba corregir definitivamente esta situación estableciendo los aportes en forma porcentual, de acuerdo a los ingresos percibidos por los egresados. Sin embargo, buscando una rápida salida a la situación acuciante que viven algunos egresados de la Universidad de la República, se ha acordado la aprobación de un proyecto, que restablece básicamente la equidad afectada. A tales efectos, se ha consensuado una fórmula de acuerdo que refleja la unanimidad de los integrantes de la Comisión, y que contempla en gran parte los planteos realizados en el seno de la Comisión de Hacienda, por la Comisión Honoraria que administra y organiza el Fondo de Solidaridad.

El proyecto puesto a consideración de la Cámara de Representantes es pues el producto de ese acuerdo que esperamos sea ratificado en lo sustancial, para así atenuar, al menos parcialmente, los efectos generados por una situación injusta.

En su artículo 1º el presente proyecto de ley propone la sustitución de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994. En relación al artículo 1º de la ley, la única modificación contenida en su nueva redacción, refiere exclusivamente a definir la naturaleza jurídica del Fondo de Solidaridad, esto es: "persona jurídica de derecho público no estatal".

La nueva redacción del artículo 2º de la ley amplía la integración de la Comisión Honoraria a siete miembros, incorporando un representante de la Agrupación Universitaria del Uruguay, en tanto entidad más representativa de los profesionales universitarios.

En la nueva redacción del literal A) de este artículo 2º se propone suprimir "a las que se ajustarán la Universidad de la República y el Consejo de Educación Técnico-Profesional" y el inciso final del mismo artículo: "Asimismo deberá determinar anualmente el porcentaje de lo aportado que corresponderá administrar a cada Ente de la enseñanza". Estas supresiones del texto original de la ley fueron propuestas por la Comisión Honoraria del Fondo y recogidas por la Comisión.

Al referido literal A) se agregó la expresión: "y los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser beneficiarios de las mencionadas becas".

Las modificaciones introducidas al artículo 3º constituyen la parte sustancial del proyecto de ley, por cuanto establecen nuevos criterios para determinar los aportes.

En primer lugar el proyecto define la naturaleza jurídica del aporte como una "contribución especial".

Aun cuando esta definición pueda ser discutible en la medida que resulta difícil visualizar "el beneficio económico particular" a que se refiere el artículo 13 del Código Tributario, vuestra asesora ha entendido que es la que más se ajusta a las características del tributo, en tanto hay una relación directa entre el destino específico de los aportes y el contribuyente.

La primera innovación respecto a los aportes está establecida en el inciso primero. En efecto, el proyecto establece que esta contribución especial debe ser efectuada por los "egresados de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional" sustituyendo las referencias actuales de la ley a los "egresados en actividad que posean título profesional expedido o revalidado por la Universidad de la República o por ...".

La citada modificación tiene al menos dos efectos: a) por un lado, hace hincapié en la condición de egresados sin tener en cuenta si realizan o no actividad, b) han quedado fuera del alcance del impuesto quienes han obtenido un título en el exterior y lo han revalidado en nuestro país. Tanto la Comisión de Hacienda como la Comisión Honoraria entendió conveniente darle este nuevo alcance a la aplicación del tributo.

La segunda innovación planteada en este artículo establece que la contribución grava a los egresados "cuyos ingresos mensuales sean superiores a cuatro salarios mínimos nacionales". Se prevé asimismo que el Poder Ejecutivo establezca por vía de un decreto reglamentario "los ingresos computables y los requisitos necesarios que deberán cumplir quienes se acojan a esta excepción".

La tercera innovación contenida en este artículo es que la contribución especial debe aportarse a partir del quinto año del egreso (actualmente la ley lo establece a partir del décimo año) y por el término de veinticinco años o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación.

La cuarta innovación tiene que ver con la esencia del problema, o sea, quiénes y por qué importe están alcanzados por el tributo. Sin duda es el punto neurálgico de este tema. Vuestra asesora ha optado por establecer tres niveles de aportes:

1) Los egresados, cuyas carreras, a la fecha de la promulgación de la ley, tengan una duración igual o superior a cinco años aportarán anualmente un importe equivalente a 2/3 (dos tercios) de un salario mínimo nacional.

2) Los egresados, cuyas carreras tengan una duración de cuatro años o menos de cinco años, aportarán anualmente una contribución equivalente a un salario mínimo nacional.

3) Por último, los egresados cuyas carreras tengan una duración menor a cuatro años, aportarán anualmente una contribución equivalente a medio salario mínimo nacional.

Por otra parte, la contribución podrá ser pagada anualmente o en cuotas según lo determine la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo.

Del proyecto de ley presentado por varios señores diputados se recoge la idea de que el Fondo deberá entregar a los egresados comprendidos en el inciso primero del artículo 3º, una constancia que acredite estar al día con la contribución especial o exceptuado de la misma, que se extenderá por un período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de marzo de cada año.

La referida constancia deberá ser exigida por las entidades públicas o privadas a los sujetos pasivos de esta contribución especial, en ocasión del pago de facturas por servicios prestados, sueldos, salarios o remuneraciones de cualquier especie. El funcionario público que incumpla con lo preceptuado incurrirá en falta grave.

Por último, se innova previendo que el Banco de Previsión Social y las demás entidades previsionales no podrán dar curso a ninguna solicitud de jubilación o retiro sin exigir la constancia respectiva de estar al día con el tributo.

El artículo 2º del proyecto establece que el contralor del Fondo será ejercido por el Tribunal de Cuentas de la República con las más amplias facultades de fiscalización de la gestión financiera. Se prevé asimismo que el Fondo publicará anualmente la memoria, los estados contables y sus anexos, previa visación del Tribunal de Cuentas.

Los artículos 3º a 6º del proyecto de ley refieren a normas relativas a los recursos que proceden contra las resoluciones de la Comisión Honoraria, a la exoneración de las becas de todo tributo nacional, a establecer que en todo lo no previsto por la ley que el funcionamiento del Fondo será el de la actividad privada y que los bienes del Fondo son inembargables, gozando sus créditos del privilegio dispuesto en el numeral 6º del artículo 1.732 del Código de Comercio.

El artículo 7º del proyecto establece cambios sustanciales a la contribución adicional creada por el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. En efecto, la modificación propuesta determina que este adicional alcanza exclusivamente a los egresados de la Universidad de la República, cuyas carreras tengan una duración igual o superior a cinco años, y cuyos ingresos sean superiores a seis salarios mínimos nacionales.

El importe del adicional se fija en 2/3 (dos tercios) de un salario mínimo nacional, y deberá ser aportado, a partir del quinto año cumplido desde el egreso y hasta completar veinticinco años de aporte o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación.

El artículo 8º establece por única vez, "un régimen de facilidades de pago de hasta 36 meses y la remisión de las multas y recargos generados, al que podrán acogerse quienes adeuden, al 31 de diciembre de 2001, aportes al Fondo de Solidaridad ya sea por concepto del tributo creado por la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, o por el adicional creado por el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001".

El proyecto determina que "los importes adeudados deberán convertirse a unidades reajustables al momento de la solicitud, debiendo ser pagados en el plazo acordado en el nuevo convenio". Asimismo se dispone que "el atraso en el pago de tres o más cuotas determinará la caída del convenio y hará exigible el total de la deuda".

El proyecto plantea que "los convenios por los adeudos referidos que tengan cuotas pendientes de pago, deberán ser recalculados sobre la base de lo dispuesto en el inciso anterior, imputándose lo abonado a la cancelación de la deuda existente". Además se prevé que "si por efecto de aplicación del régimen de facilidades previsto en este artículo, la deuda así determinada resultara menor que el importe abonado por el deudor, se reputará cancelada, sin generar derecho a crédito alguno a su favor".

Finalmente, se dispone que las solicitudes deben presentarse ante el Fondo de Solidaridad en un plazo de sesenta días corridos contados a partir de la vigencia de la presente ley.

El artículo 9º deroga el artículo 4º de la Ley Nº 16.524 que preveía que los sujetos pasivos que no ejercían en forma liberal la profesión pudieran exceptuarse del pago del tributo.

Por último, por el artículo 10 se prevé que la ley entre en vigencia el 1º de enero de 2002.

Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2001.

IVÁN POSADA, Miembro Informante, JOSÉ AMORÍN BATLLE, CARLOS BARÁIBAR, SILVANA CHARLONE, MIGUEL DICANCRO, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, MARTÍN PONCE DE LEÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, por los siguientes:

"Artículo 1º.- Créase un Fondo de Solidaridad como persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá como cometido financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional (Administración Nacional de Educación Pública).

Artículo 2º.- El Fondo será organizado y administrado por una Comisión Honoraria integrada por siete miembros: uno por el Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá y cuyo voto decidirá en caso de empate; uno por la Universidad de la República; uno por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a propuesta del Consejo de Educación Técnico-Profesional, uno por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios; uno por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones; uno por el Banco de la República Oriental del Uruguay y uno por la Agrupación Universitaria del Uruguay.

Dicha Comisión establecerá:

A) las directivas generales para asignar las referidas becas, conforme a lo dispuesto por los artículos 6º y 7º de la presente ley, y los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser beneficiarios de las mencionadas becas.

B) Los mecanismos de contralor de los correspondientes aportes.

C) La forma de acreditar la calidad de sujetos pasivos de la obligación de aportar y la de beneficiarios de las becas.

Artículo 3º.- El Fondo se integrará mediante una contribución especial (artículo 13 del Código Tributario) efectuada por los egresados de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional, cuyos ingresos mensuales sean superiores a 4 (cuatro) salarios mínimos nacionales. Dicha contribución especial deberá ser pagada a partir de cumplido el quinto año del egreso, hasta completar veinticinco años de aportes al Fondo de Solidaridad o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación, y se ajustará a las siguientes características:

1) Los egresados cuyas carreras, a la fecha de promulgación de la presente ley, tengan una duración igual o superior a cinco años, aportarán anualmente una contribución equivalente a 5/3 (cinco tercios) de un salario mínimo nacional.

2) Los egresados cuyas carreras tengan una duración de cuatro años y menor de cinco años, aportarán anualmente una contribución equivalente a un salario mínimo nacional.

3) Los egresados cuyas carreras tengan una duración menor a cuatro años, aportarán anualmente una contribución equivalente a medio salario mínimo nacional.

La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá los ingresos computables y los requisitos necesarios que deberán cumplir quienes perciban ingresos inferiores a los establecidos en el inciso primero de este artículo, para justificar los mismos, así como la información que deberán suministrar los organismos públicos para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto.

Los profesionales universitarios deberán efectuar su aporte ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios o ante la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones en su caso.

Los egresados no afiliados a las Cajas mencionadas en el inciso anterior, pagarán su contribución en cualquier dependencia del Banco de la República Oriental del Uruguay, quién habilitará una cuenta especial a tales efectos.

La contribución podrá ser pagada anualmente o en cuotas, en las condiciones que establezca la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo.

El Fondo de Solidaridad deberá entregar anualmente a los egresados comprendidos en el inciso primero del presente artículo, una constancia que acredite estar al día con la contribución especial o exceptuado de la misma de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4. La vigencia de la constancia se extenderá desde el 1º de abril de cada año al 31 de marzo del año siguiente.

Las entidades públicas o privadas deberán exigir anualmente a los sujetos pasivos de esta contribución especial, la presentación de la constancia referida en el inciso anterior. De no mediar tal presentación, las entidades mencionadas quedan inhabilitadas para pagar facturas por servicios prestados, sueldos, salarios o remuneraciones de especie alguna, a los sujetos pasivos titulares del derecho. La inobservancia de lo preceptuado será considerado falta grave en el caso del funcionario público que ordene y/o efectúe el pago. Asimismo, la entidad que incumpla con lo previsto será solidariamente responsable por lo adeudado.

El Banco de Previsión Social y las demás entidades previsionales no podrán dar curso a ninguna solicitud de jubilación o retiro sin exigir la presentación de la constancia de estar al día con la contribución".

Artículo 2º. (Contralor).- El contralor del Fondo de Solidaridad será ejercido por el Tribunal de Cuentas con las más amplias facultades de fiscalización de la gestión financiera.

El Fondo de Solidaridad publicará anualmente la memoria, los estados contables y sus anexos, debiendo requerir previamente la visación del Tribunal de Cuentas de la República.

Artículo 3º. (Recursos).- Contra las resoluciones de la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, la Comisión dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto, configurándose la denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de reposición, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Turno a la fecha en que dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de los veinte días siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o, en su defecto, del día siguiente al que se configura la denegatoria ficta.

La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

Artículo 4º. (Exoneraciones).- Las becas servidas por el Fondo de Solidaridad están exoneradas de todo tipo de tributos nacionales.

Artículo 5º. (Régimen de funcionamiento).- El régimen de funcionamiento, en lo no previsto especialmente por la ley, será el de la actividad privada, especialmente en cuanto a sus estados contables, estatuto de su personal y contratos que celebre.

Artículo 6º. (Inembargabilidad).- Los bienes del Fondo de Solidaridad son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 6º del artículo 1.732 del Código de Comercio.

Artículo 7º. (Contribución adicional).- Sustitúyese el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

"ARTICULO 542.- Créase una contribución adicional al Fondo de Solidaridad creado por la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, que gravará a los egresados de la Universidad de la República cuyas carreras tengan una duración igual o superior a cinco años, cuyos ingresos mensuales sean superiores a 6 (seis) salarios mínimos nacionales. Dicha adicional deberá ser pagada a partir de cumplido el quinto año del egreso, hasta completar veinticinco años de aportes o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación.

Los referidos egresados aportarán anualmente una contribución equivalente a 5/3 (cinco tercios) de un salario mínimo nacional, que podrá ser pagada anualmente o en cuotas, de acuerdo a las condiciones establecidas reglamentariamente por el Poder Ejecutivo.

La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá los ingresos computables y los requisitos necesarios que deberán cumplir quienes perciban ingresos inferiores a los establecidos en el inciso primero de este artículo, para justificar los mismos, así como la información que deberán suministrar los organismos públicos para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto.

El producto de la contribución adicional se asignará a la Universidad de la República conforme a las normas que rigen los fondos de libre disponibilidad, con los siguientes destinos:

A) 35% (treinta y cinco por ciento) para los proyectos institucionales en el interior del país.

B) 25% (veinticinco por ciento) para mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza; bibliotecas; formación de docentes y publicaciones.

C) 40% (cuarenta por ciento) para la infraestructura edilicia destinada a la enseñanza.

Artículo 8º. (Régimen de facilidades).- Establécese por única vez, un régimen de facilidades de pago de hasta 36 meses y la remisión de las multas y recargos generados, al que podrán acogerse quienes adeuden, al 31 de diciembre de 2001, aportes al Fondo de Solidaridad ya sea por concepto del tributo creado por la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, o por el adicional creado por el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Los importes adeudados deberán convertirse a unidades reajustables al momento de la solicitud, debiendo ser pagados en el plazo acordado en el nuevo convenio. El atraso en el pago de tres o más cuotas determinará la caída del convenio y hará exigible el total de la deuda.

Los convenios por los adeudos referidos que tengan cuotas pendientes de pago, deberán ser recalculados sobre la base de lo dispuesto en el inciso anterior, imputándose lo abonado a la cancelación de la deuda existente. Si por efecto de aplicación del régimen de facilidades previsto en este artículo, la deuda así determinada resultara menor que el importe abonado por el deudor, se reputará cancelada, sin generar derecho a crédito alguno a su favor.

La solicitud deberá ser presentada ante el Fondo de Solidaridad dentro de los sesenta días corridos siguientes a la vigencia de la presente ley.

Artículo 9º. (Derogación).- Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994.

Artículo 10. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2002.

Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2001.

IVÁN POSADA, Miembro Informante, JOSÉ AMORÍN BATLLE, CARLOS BARÁIBAR, SILVANA CHARLONE, MIGUEL DICANCRO, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, MARTÍN PONCE DE LEÓN".

¾ ¾ Léase el proyecto.

(Se lee)

¾ ¾ En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: es la primera vez que se analiza este tema en la Cámara durante la presente Legislatura, pero en la anterior ya había sido considerado y aprobado por este Cuerpo un proyecto similar.

Hago esta mención para señalar que en su momento el Parlamento, al dictar la Ley Nº 16.524, marcó notoriamente un avance en la medida en que dicha norma significaba posibilitar la extensión de becas fundamentalmente a estudiantes del interior del país que, como consecuencia de la centralización de la cultura, deben estudiar en Montevideo. Ese Fondo de Solidaridad que se creó, sin duda ha venido cumpliendo a satisfacción ese papel y posibilita que año a año miles de estudiantes se trasladen a Montevideo y reciban una compensación que les permita financiar sus estudios en la capital. Sin embargo, también desde su creación en julio de 1994 se asiste a una polémica respecto a la forma de aportación a ese Fondo de Solidaridad.

Esta situación, que ya se venía arrastrando desde el año 1995, cuando se empezó a hacer efectivo el pago, en la medida en que el régimen de financiación del Fondo no tomaba en cuenta la capacidad contributiva de los distintos egresados de la Universidad de la República y también del nivel terciario de UTU, ha venido generando muchas resistencias por cuanto es notorio que algunos egresados de la Universidad de la República y también del nivel terciario de UTU tienen que destinar una parte sustancial de sus ingresos -de acuerdo con lo que establece la ley vigente- para financiar este Fondo.

En particular, a partir del año 1995 se daba la situación de que muchos egresados universitarios tenían que destinar por entero el medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre a efectos de cumplir con la obligación establecida por esta ley.

Esta situación que, repito, había originado el interés de la Cámara de Representantes, concretado en la aprobación de un proyecto de ley entre los años 1998 y 1999 -que tuvo media sanción-, se vio sustancialmente agravada por la aprobación de una disposición, en la ley de Presupuesto, que determina un adicional también equivalente a dos salarios mínimos nacionales, lo que significa duplicar esa situación ya difícil que se daba, fundamentalmente para algunos egresados o egresadas de la Universidad de la República.

En particular, esta situación se daba con carreras que tenían una duración de poco más de cuatro años, cuyos egresados, de acuerdo con la Ley Nº 16.524 y con este adicional creado en la ley de Presupuesto, estaban obligados a contribuir con cuatro salarios mínimos nacionales por año.

Es en mérito a estos temas que algunos Diputados y Diputadas hemos presentado en el seno de la Comisión de Hacienda un proyecto que sirvió de base a este que, en definitiva, ha aprobado la Comisión y que, aunque a nuestro juicio no es la solución ideal -creo que al expresar esto represento el sentir de todos sus integrantes-, claramente significa un paso positivo, un avance para superar por lo menos los aspectos que más dificultades han originado en la aplicación tanto de la Ley Nº 16.524 como del adicional votado en la ley de Presupuesto como contribución a la Universidad de la República.

De alguna manera esta es una solución de consenso de la Comisión, pero también surge de las diversas reuniones que se mantuvieron con los integrantes de la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad, quienes han dado su consentimiento a las líneas generales de este proyecto, es decir, a los aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la forma de aportación, que, sin duda alguna, es el meollo de todo este problema que se ha generado, con las dificultades que se les han creado a diversos egresados y egresadas a la hora de contribuir al financiamiento de este Fondo.

El proyecto en sí establece algunas innovaciones que es preciso mencionar.

En primer lugar, incorpora como definición que el Fondo de Solidaridad es una persona jurídica de derecho público no estatal. Si bien en los hechos esto se venía desarrollando así, no tenía naturaleza legal y, en consecuencia, había una situación de vacío que el proyecto de ley que estamos considerando viene a llenar.

La modificación establecida en el artículo 2º tiene que ver con la incorporación de un representante de la Agrupación Universitaria del Uruguay en la Comisión Honoraria que administra y organiza el Fondo, aspecto que también regulariza su integración, pues los egresados de las distintas profesiones no tenían un representante reconocido en el seno de dicha Comisión Honoraria. Si bien participaba activamente un representante de la Agrupación Universitaria, obviamente esto era más que nada una actitud permisiva de la propia Comisión Honoraria, que no tenía basamento legal. En consecuencia, el proyecto de ley corrige este aspecto incorporando a un representante de la referida Agrupación, en la medida en que entendemos que es la entidad más representativa que agrupa a los egresados universitarios.

Decía que lo importante está contenido, fundamentalmente, en las innovaciones que se introducen al artículo 3º del proyecto original. La primera innovación refiere a que se establece que la contribución especial debe ser efectuada por los egresados de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional, sustituyendo las referencias que se hacían en la ley vigente a los egresados en actividad que posean título profesional expedido o revalidado por la Universidad de la República.

A nuestro juicio, esta modificación tiene dos efectos bien determinados. Por un lado, se hace hincapié en la condición de egresado, sin tener en cuenta si realizan actividad o no. Este es un cambio sustancial a los efectos de quiénes, en definitiva, están obligados a contribuir al Fondo.

Un segundo aspecto es que han quedado fuera del alcance del impuesto -este también era un reclamo que estaba planteado- quienes han obtenido un título en el exterior y simplemente han hecho una reválida en la Universidad de la República. En este sentido, cabe señalar que, tanto en el seno de la Comisión de Hacienda como por parte de los representantes de la Comisión Honoraria, se entendió conveniente incluir a quienes tienen títulos revalidados en la Universidad de la República.

Otra innovación que se establece al modificar el artículo 3º del texto original -que está planteado en el artículo 1º de esta iniciativa- es que esta contribución grava a los egresados de la Universidad de la República o del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional cuyos ingresos mensuales sean superiores a cuatro salarios mínimos nacionales.

De hecho, aquí se establece un mínimo no imponible de forma tal que quienes perciban ingresos iguales o menores a cuatro salarios mínimos nacionales quedan excluidos de aportar a este Fondo de Solidaridad.

La tercera innovación tiene que ver con un cambio en los años de aportación. Actualmente, la ley vigente establece que debe hacerse después de diez años de expedido el título. Ahora, se indica que esa contribución especial deberá verterse una vez cumplidos los cinco años desde el momento del egreso. Además, recogiendo una idea planteada en el proyecto de ley original -que, si mal no recuerdo, fue presentado por el entonces señor Senador Luis Alberto Lacalle, en el primer período luego de reinstaurada la democracia-, aquí se establece un límite en cuanto a que el aporte sea por el término de veinticinco años.

De acuerdo con la legislación vigente, los aportes se debían realizar a partir del décimo año de obtenido el título y durante el resto de la vida activa del profesional o del egresado universitario; a partir de ahora, se establece un límite de aportes de veinticinco años.

A su vez, se distinguen tres niveles de profesionales, que están obligados a contribuciones diferentes, dependiendo de la duración de la carrera.

En el primer nivel de aportes se incluye a los egresados cuyas carreras, a la fecha de la promulgación de esta ley, tengan una duración igual o superior a cinco años. En este caso, el aporte establecido es de cinco tercios de un salario mínimo nacional. En los hechos, hay una reducción de un tercio con respecto a lo que el decreto reglamentario de la ley estableció como nivel de aportes, es decir, dos salarios mínimos nacionales.

En el segundo nivel están los egresados cuyas carreras tengan una duración de cuatro años y menor de cinco años, que aportarán una contribución equivalente a un salario mínimo nacional.

Por último, el tercer nivel es el integrado por egresados cuyas carreras tengan una duración menor a cuatro años, que aportarán una contribución equivalente a medio salario mínimo nacional.

En todos los casos estamos hablando de aportes anuales.

Estos son los cambios sustanciales en materia de aportes al Fondo de Solidaridad, que, sin duda, tendrán un impacto muy distinto al que tienen con la legislación actual, pues se atemperarán sustancialmente, sobre todo para las carreras de menos de cinco años. Digo esto por todas las consecuencias que ha tenido esta situación para esos egresados universitarios, que ha afectado claramente su nivel de vida en la medida en que les ha impuesto una contribución muy superior a sus posibilidades.

De acuerdo con lo que se establece en el proyecto de ley, también queda abierta la posibilidad de que la contribución al Fondo de Solidaridad pueda ser pagada anualmente o en cuotas. En definitiva, la ley se remitirá a lo que determine la reglamentación que a estos efectos dicte el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, se recoge la idea de que el Fondo deberá entregar una constancia a los egresados -idea contenida en el proyecto a que hicimos referencia- que acredita el estar al día con la contribución y cuya vigencia se extenderá por un período comprendido entre el 1º de abril de un año y el 31 de marzo del siguiente.

Los artículos 3º a 6º del proyecto refieren fundamentalmente a normas relativas a los recursos que proceden contra las resoluciones de la Comisión Honoraria, a la exoneración de las becas de todo tributo nacional y a establecer que, en todo lo no previsto por la ley, el funcionamiento del Fondo deberá ajustarse al régimen de la actividad privada, y hay una referencia expresa a que los bienes del Fondo son inembargables y, en consecuencia, sus créditos gozarán del privilegio dispuesto en el numeral 6º del artículo 1732 del Código de Comercio.

El artículo 7º del proyecto establece cambios sustanciales a la contribución adicional creada por la ley de Presupuesto para los egresados de la Universidad de la República.

El proyecto de ley a consideración del Cuerpo plantea que estarán obligados a realizar la contribución de este adicional los egresados de la Universidad de la República cuyos ingresos sean superiores a seis salarios mínimos nacionales y cuyas carreras tengan una duración de cinco o más años.

La significación de esta modificación es que las carreras con una duración menor a cinco años directamente quedan excluidas del aporte de este adicional que, de acuerdo con lo establecido en la ley de Presupuesto, se destina a la Universidad de la República. El importe del adicional, al igual que en el caso del primer nivel de aportación al Fondo de Solidaridad, será equivalente a cinco tercios de un salario mínimo nacional.

En este caso hay una rebaja de un tercio de un salario mínimo nacional y también rigen los cambios señalados respecto a que se aportará a partir de cumplidos cinco años desde la obtención del título, por un término de veinticinco años o hasta el cese de la actividad laboral.

Sin perjuicio de que posteriormente hagamos otra intervención, importa hacer una mención especial al artículo 8º del proyecto, en el que se establece por única vez un régimen de facilidades de pago de hasta treinta y seis meses y la remisión de las multas y recargos generados. Se podrán acoger a este régimen quienes al 31 de diciembre del presente año adeuden aportes al Fondo de Solidaridad, ya sea por concepto de tributos creados por la Ley Nº 16.524 o por el adicional del artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de Presupuesto, de 21 de febrero de 2001.

A su vez, en el proyecto se establece que los importes adeudados deberán convertirse a unidades reajustables. Es decir que no solo hay una remisión o eliminación de los recargos y de las multas, sino que los importes originales adeudados deben ser convertidos a unidades reajustables al momento de la solicitud de acogerse a este régimen de facilidades establecido en el artículo 8º, debiendo ser pagados en el plazo acordado en el nuevo convenio.

También se dispone que el atraso en el pago de tres o más cuotas determinará la caída del convenio y hará exigible el total de la deuda.

En el inciso final de este artículo se hace referencia a que los convenios por los adeudos referidos que tengan cuotas pendientes de pago deberán ser calculados nuevamente sobre la base de lo dispuesto en el inciso anterior -aunque se debería hablar de incisos anteriores-, imputándose lo abonado a la cancelación de la deuda existente. Claro que si por efecto de la aplicación del régimen de facilidades previsto en este artículo, la deuda resultara menor que el importe abonado por el deudor, se reputará cancelada sin generar derecho a crédito alguno a su cargo.

En líneas generales, esto es lo que establece el proyecto.

Por otra parte, vale la pena mencionar el artículo 9º de la iniciativa, por el que se deroga el artículo 4º de la Ley Nº 16.524, en el que se preveía que los sujetos pasivos que no ejercían en forma liberal la profesión podían exceptuarse del pago del tributo. Teniendo en cuenta que ahora esto tiene un sentido amplio, no hay posibilidad de excepción salvo por la vía a la que hicimos referencia: en la medida en que no estén comprendidos en los artículos respectivos que hacen a la configuración del hecho gravado por esta contribución especial.

Finalmente, en el artículo 10 se prevé que la ley entre en vigencia el 1º de enero de 2002, de forma tal que lo establecido en el proyecto rija para las contribuciones que se generen a partir del año que viene.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: quiero dejar una constancia porque el asunto del Fondo de Solidaridad y de los aportes nos venía preocupando desde el período legislativo anterior.

Como se sabe, provengo del gremio de la salud y, sin que esto implique representar a ningún "lobby", era natural que profesionales de la salud que no responden a las carreras que se visualizan como más importantes desde el punto de vista curricular, aunque sí desde el de la función, nos manifestaran su preocupación porque en muchos casos estaban aportando el aguinaldo al Fondo de Solidaridad. El decimotercer sueldo que ganaban era para aportar a un fondo de becas que creían justo, pero rechazaban la forma de imponer los ingresos sin medir la capacidad contributiva.

Esta situación nos llevó a presentar un proyecto con el respaldo de nuestra bancada, que tendía a concretar una justicia tributaria que aspiramos a que algún día tenga el país. En él, las contribuciones al Fondo de Solidaridad se hacían de acuerdo con el nivel de ingresos anuales. Reconocíamos la justicia del Fondo de Solidaridad, pero además agregábamos el concepto de que como no todos los profesionales tienen la misma suerte, aquellos que hubieran progresado más aportaran más.

Las cosas, lejos de solucionarse, se agravaron en el presente período, lo que motivó una movilización muy importante, con el fin de revertir una injusticia que se arrastraba desde el período de creación del Fondo y que se agravaba por resoluciones que bien señalaba el señor miembro informante.

Así fue que llegamos a este proyecto, que no es ni de cerca aquel que habíamos presentado, que tenía que ver con la justicia tributaria, pero es un avance que no podíamos despreciar. Todos los Partidos y el señor Subsecretario de Educación y Cultura hicimos el esfuerzo para contemplar esta situación. Por eso es que vamos a votar este proyecto de ley: porque lo consideramos un avance, porque intenta solucionar algunos aspectos de injusticia en la aplicación práctica del tributo, porque determina tres categorías de contribución, porque exonera a quienes no perciben suficientes ingresos mensuales -esto es muy relevante para evitar que el aguinaldo termine siendo depositado en un Fondo de Solidaridad, en un país en el que los ingresos de los asalariados no son algo que sobre- y porque obliga a todo el mundo a aportar.

Los avances en cuanto a definirlo como una contribución especial, más la integración de la Agrupación Universitaria y lo que se hablaba acá con relación al carácter de persona pública no estatal, son temas muy importantes, pero lo más relevante de hoy es que estamos en uno de esos momentos raros del Parlamento -por lo menos, en mi opinión personal- en el que la voz de algunos sectores que no son los más beneficiados se hizo escuchar y se está plasmando en una modificación a la que todos, conjuntamente, más allá de nuestras posiciones originales, prestamos atención.

Tengo la esperanza y a la vez el deseo de que el Senado aborde rápidamente este proyecto y podamos concluir el año, no digo con esta situación solucionada, pero por lo menos con estos avances materializados, ya no en un proyecto sino en una ley concreta, de manera que se quite a una parte importante de profesionales de bajos ingresos una angustia que podría terminar en una creciente evasión fiscal.

Por todas estas razones -repito, sin que este sea nuestro proyecto original, pero sí un avance importante-, vamos a votar lo que la Comisión propone por unanimidad al pleno de la Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: no vamos a entrar en detalles acerca del proyecto, porque fue muy buena la exposición del señor Diputado Posada. Sí queremos dejar alguna constancia y relatar las dificultades que tuvo la Comisión de Hacienda para llegar a esta solución que, como se dijo, fue el resultado de un trabajoso acuerdo en el que todos los sectores conseguimos algo y también dejamos algunas cosas en el camino.

¿Cuál era la situación que teníamos planteada? Quedamos en el medio de intereses contrapuestos. Por un lado estaban los intereses del Fondo de Solidaridad. No podíamos tomar decisiones que desfinanciaran el Fondo, porque no podíamos asumir la responsabilidad de disminuir la cantidad de becas que se están otorgando a estudiantes carenciados, básicamente del interior. Tampoco podíamos disminuir los recursos que le fueron asignados a la Universidad de la República, que fueron reclamados y que consideramos de justicia que los reciba. Después haremos alguna precisión sobre este último punto.

Por otra parte, estaba el interés legítimo de una cantidad de egresados universitarios y de UTU que habían sido perjudicados y no tienen capacidad contributiva. Se había generado una situación de profunda injusticia por la que gente que, como se dijo, gana $ 3.000 o $ 4.000, tenía sus salarios retenidos porque las autoridades ministeriales estaban dando cumplimiento a la ley.

En esa situación tuvimos que mediar y no nos gustó hacerlo porque, en realidad, si uno se pone a analizar el tema de fondo -recuerdo la discusión que tuvimos acá cuando se consideró el Presupuesto Nacional-, la Universidad sí necesita más recursos y estos tendrían que haber sido provistos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Como eso no pasó -recuerdo los antecedentes que tuvo el adicional-, se terminó generando a nivel del Senado esta solución de un adicional, es decir que este Fondo se terminó cubriendo con el aporte de los egresados con o sin capacidad contributiva.

A veces digo que, de alguna manera, un reclamo de la Universidad a Rentas Generales se terminó convirtiendo en un problema entre la Universidad y sus egresados. Y en esa situación tuvimos que tomar decisiones.

¿Qué podíamos hacer y cuál era la situación? Todos los egresados, sin ningún tipo de distinción de ingresos, tenían que aportar cuatro salarios mínimos nacionales, con algunas exoneraciones; se podían exonerar quienes adujeran no ejercer su profesión, independientemente de su nivel de ingresos. ¿Qué podíamos hacer? Como Parlamento, sin la iniciativa del Poder Ejecutivo, no podemos establecer exoneraciones de tributos, por más que una situación nos parezca injusta. No podíamos exonerar a gente que tuviera ingresos bajos. Tampoco podíamos recortar recursos a la Universidad o plantear recursos provenientes de otro lado sin generar una fuente de ingresos. O sea que nuestra única alternativa era tratar de reconvertir; de alguna manera, barajar y dar de nuevo, en una verdadera obra de ingeniería.

Podemos decir con certeza que se ha avanzado. No hemos conseguido todo; es un proyecto imperfecto, pero favorece prácticamente a todos los sectores.

No estamos bajando los aportes al Fondo de Solidaridad para becas ni estamos rebajando lo que recibirá la Universidad por el adicional. En la situación anterior, como se dijo, todos los profesionales universitarios, independientemente de la duración de su carrera, aportaban cuatro salarios mínimos nacionales. Hoy se establece una especie de doble sistema entre los años de duración de la carrera y lo que perciben. No hemos establecido exoneraciones, y quiero dejar esto como constancia técnica. Hemos establecido que el hecho generador se configure para el caso del Fondo de Solidaridad por ser egresado de una carrera con una duración de más de cinco años y por ganar más de cuatro salarios mínimos nacionales, y para el caso del adicional, por ser egresado de una carrera con una duración de más de cinco años, por ser egresado desde hace más de cinco años y por percibir más de seis salarios mínimos nacionales. Quiero dejar bien claro que estas no son exoneraciones, si bien en los hechos definen con mucha claridad quiénes están en condiciones de aportar y quiénes no. Esto lo digo por cuestiones técnicas y de constitucionalidad que me interesa que queden bien claras.

Antes, todo el mundo aportaba cuatro salarios mínimos nacionales; hoy van a aportar egresados de carreras de más de cinco años de duración. ¿Cómo van a hacerlo? Si ganan más de seis salarios mínimos nacionales, igualmente verán rebajado su aporte y no llegará a los cuatro salarios mínimos nacionales, sino a tres y un tercio.

Para el caso de los aportes al Fondo de Solidaridad para becas, no ya para el adicional, también se establece un criterio de duración de las carreras. Hoy por hoy, gran parte de los que estaban aportando cuatro salarios mínimos nacionales eran egresados universitarios que por la naturaleza de sus carreras actúan en relación de dependencia. El caso típico que se manejó acá fue el de las licenciadas en enfermería, con niveles salariales muy bajos. Mediante este proyecto de ley pasarían a aportar un salario mínimo nacional.

Digo esto como ejemplo de que en todas las situaciones hay niveles de mejora y se rebajan los aportes. Se respetó absolutamente no desfinanciar el Fondo y sí se eliminaron exoneraciones. La categoría de sujeto pasivo está dada hoy por ser egresado de la Universidad y acá no importa si se ejerce o no profesionalmente; el tema pasa por los años de duración de la carrera y por el nivel de ingresos. Pudimos introducir como límite el nivel de ingresos, y precisamente fue eliminar estas exoneraciones lo que nos permitió tratar el sistema en forma general y rebajar los aportes en las situaciones de absoluta injusticia.

Hoy, todo aquel que esté por debajo de determinados mínimos no va a aportar nada. El que esté por encima va a tener que aportar, esté ejerciendo o no. Básicamente, en todas las categorías el aporte se está reduciendo.

De alguna manera, estamos estableciendo por ley el funcionamiento de una persona pública no estatal, que en los hechos ya se venía dando, pero hemos sido muy cuidadosos con el tema de los controles. Se establece el control del Tribunal de Cuentas en toda la gestión financiera, en la visación de los balances y en toda la operativa, lo que implica niveles importantes de control parlamentario.

Para finalizar -de pronto más adelante intervenimos en la discusión particular-, vuelvo a insistir en que hemos llegado a un buen acuerdo. Naturalmente, hubiéramos querido un proyecto de ley que estableciera aportes en función estricta de los ingresos de los egresados, es decir, una alícuota sobre los ingresos. Nos parece que es la forma más justa de pagar impuestos o de realizar contribuciones, no solamente para el caso concreto, sino como forma general de aporte al sistema tributario.

Sin embargo, en diversas circunstancias se argumentó muy fuertemente, por parte del Fondo y de la Universidad, en el sentido de que hoy por hoy había incertidumbres acerca de las posibilidades de control y de recaudación, y que las formas actuales de recaudar eran claras y nítidas y se sabe exactamente con qué dinero se va a contar. Un cambio de sistema en estas condiciones y en este momento, que hubiera sido la mejor solución, habría llevado a una situación de incertidumbre y de dificultades en la cobranza. Esto hizo pensar a la Comisión -en la que, como decía, todos cedimos algo- que no era el mejor camino a seguir.

Termino diciendo que realmente hemos avanzado en un tema por demás complicado, que en realidad no debería estar planteado porque me parece que los recursos genuinos para la Universidad no deben ser provistos de esta forma. Sin embargo, nos enfrentamos con hechos consumados y, frente a las posibilidades de orden legislativo y a las restricciones constitucionales que tenemos, avanzamos de la mejor manera posible para generar una situación más justa.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: indudablemente, la Comisión de Hacienda, en un breve plazo, hizo suyo un clamor que existía, producto tal vez de lo que fue votado en la ley de Presupuesto. Me refiero a la creación del adicional que debían pagar los egresados de la Universidad.

Anteriormente había casos de injusticia, gente que no se sentía cómoda con lo que establecía la legislación porque creía que estaba mal, pero cuando la ley de Presupuesto agregó dos salarios al aporte, se creó una situación casi insostenible entre muchos cientos o tal vez miles de aportantes. Inmediatamente empezaron a hacer escuchar su voz, y la Comisión de Hacienda, en forma muy rápida -debemos mencionarlo-, actuó en el caso. No olvidemos que esta Comisión elaboró un proyecto que fue presentado para su análisis con fecha 1º de noviembre y hoy, 5 de diciembre, presentamos el proyecto definitivo a consideración del plenario.

Se estaba padeciendo una situación muy grave. Muchísimas personas tenían que pagar un aporte que, por más que es solidario y todo el mundo está de acuerdo con ello porque una parte va para las becas y, también -si es que los fondos no salen de otro lado y no hay más remedio-, porque ningún egresado se niega a ayudar a la Universidad. El problema era el monto a pagar.

Como expresó muy bien la señora Diputada Charlone -hubo un Ministerio que durante mucho tiempo no exigió la constancia de pago, pero en forma rápida distintas oficinas lo empezaron a hacer, cumpliendo con la ley-, eso llevó a que se retuviera el salario a muchos profesionales, situación tremendamente difícil, preocupante y que tocó mucho la sensibilidad de la Comisión. Esa situación nos llevó a un replanteo del actual sistema de becas. No olvidemos que hay unos treinta mil egresados que estaban aportando para este Fondo y que en este último año, de acuerdo con lo que la Comisión Administradora ha expresado, el Fondo dio casi cinco mil becas a estudiantes que están cursando carreras de nivel terciario. Entonces, había que adoptar rápidamente una solución para contemplar esa situación de injusticia que padecía gente que con muy bajos recursos debía aportar. Inclusive, muchos tenían retenidos sus salarios porque no podían ponerse al día con el Fondo y algunos tuvieron que hacer convenios en estos últimos días para poder cobrar su salario.

Entonces, buscamos en forma rápida una solución al problema de tantos trabajadores, sin perjudicar al Fondo, con cuyo funcionamiento y propósito estamos de acuerdo en forma unánime. Además, queremos seguir fortaleciéndolo y mejorándolo.

No voy a entrar en la discusión filosófica de qué es mejor. Tal vez en su momento, con otros proyectos de ley, podamos establecer si es mejor el aporte sobre el ingreso real de cada persona o, como en este caso, una cuota ficta. No digo que no sea lo mejor, pero no olvidemos aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno, y tal vez por pretender algo mejor podíamos hacer tambalear los recursos del Fondo, que no iba a tener la certeza en cuanto a los ingresos que le produce el sistema que estamos implantando. El otro sistema, que puede ser de mayor justicia, presentaba inseguridades, y no podíamos hacer peligrar estas 4.700 becas que se han dado al día de hoy y que esperamos que aumenten en el futuro.

O sea que obviamos la discusión de qué sería lo ideal, para buscar una solución al problema que teníamos de eliminar esta gravosa carga a algunos profesionales cuyos ingresos no les permitían hacer frente al aporte, y mejorar la legislación vigente al día de hoy. Indudablemente, se ha mejorado. Como muy bien explicó el miembro informante, señor Diputado Posada, se han establecido distintas escalas para pagar y un mínimo no imponible, que es algo nuevo. Todo aquel egresado que no perciba ingresos mayores a cuatro salarios mínimos nacionales no va a aportar nada. Las profesiones que tengan menos de cuatro años de carrera, prácticamente no van a aportar, porque medio salario mínimo no es más de $ 50 por mes y con ese monto todos podemos colaborar.

Queremos reafirmar nuestra satisfacción por la forma en la que actuaron la Comisión de Hacienda y la Comisión Honoraria que administra el Fondo, que inmediatamente después de que le informamos que estábamos considerando este proyecto, se puso a trabajar y nos acercó sus propuestas que, en gran parte, fueron recogidas por la Comisión o modificadas en algún aspecto. Este proyecto, que ha sido acompañado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, es fruto de transacciones, de pensar hacia adelante, del intento de mejorar lo que tenemos y de nunca renunciar a lo que creemos que será mejor para el futuro. Era necesario mejorar la situación que existe al día de hoy, que se ha vuelto insostenible.

Por ello -como mencionaba recién el señor Diputado Pintado-, aspiro a que el Senado trate el proyecto en forma urgente, porque tiene que estar vigente antes del 1º de enero, para que en el próximo ejercicio se empiece a aplicar. Si este proyecto es aprobado por el plenario -como deseo-, solicitaremos que se comunique al Senado de inmediato y que se hagan las gestiones necesarias para que ese Cuerpo le dé rápido tratamiento.

Nuestro Partido, el Partido Nacional -que ha trabajado en la Comisión, como correspondía, con el apoyo de todos los legisladores-, va a votar este proyecto, porque cree que en este momento constituye una solución para el problema que enfrentamos. El Fondo se va a sentir mejor, respaldado, y todos aquellos trabajadores que tenían que hacer esfuerzos supremos para afrontar esto -como se dijo en Sala, algunos hasta sacaban préstamos o dedicaban completamente su medio aguinaldo para pagar los aportes- se sentirán aliviados.

Este es un gran avance que se hace desde el Parlamento para demostrar la solidaridad de los legisladores ante los problemas que afectan a la gente. El Partido Nacional va a acompañar este proyecto de ley.

La Comisión de Hacienda, por unanimidad, aconseja al plenario que apruebe el proyecto tal como viene.

SEÑOR FONTICIELLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: no vamos a abundar en conceptos que, con fundamentos, documentación y capacidad profesional, han explicado los señores Diputados que hicieron uso de la palabra con anterioridad.

Queremos dejar un par de constancias.

El proyecto que va a ser aprobado en algunos minutos deposita en esta persona jurídica de derecho público no estatal una responsabilidad absoluta. Obviamente, la modificación del literal A) del artículo 2º no es poca cosa, porque se suprime la posibilidad de que la Universidad de la República y el Consejo de Educación Técnico-Profesional asignen las becas. El texto que se propone sustituir dice claramente que la Comisión del Fondo establecerá "Las directivas generales a las que se ajustarán la Universidad de la República y el Consejo de Educación Técnico-Profesional, para asignar las referidas becas, [...]". En cambio, el texto propuesto indica que esa Comisión establecerá "las directivas generales para asignar las referidas becas, [...]", con lo cual se deja de lado a la Universidad de la República y al Consejo de Educación Técnico-Profesional en lo que hace a esta responsabilidad. Quiere decir que el proyecto de ley no solo da determinada estatura jurídica a este Fondo, sino que quita la responsabilidad a quienes se intuía que podían asumirla. Esto no es poca cosa.

Con gran solvencia, otros señores Diputados han documentado y explicado cuáles son los fundamentos que se esgrimen por los aportantes para introducir estas modificaciones. Yo procuro -con modestia- que queden en la versión taquigráfica -por si el Poder Ejecutivo o el Senado quieren considerarlos- algunos conceptos que tienen que ver con el objetivo que tuvo la Ley Nº 16.524 y que seguramente tiene este proyecto de ley: los muchachos. No nos hemos reunido aquí para discutir sobre el Fondo, sobre algo que es de total justicia, como terminar con la inequidad que había hacia quienes aportan; debemos tener la más absoluta convicción de que todo esto existe porque hay muchachos que estudian y que necesitan que su carrera les sea costeada. Este Fondo -que ahora adquiere una dimensión que antes no tenía y cuya Comisión actuaba según lo dispuesto por el Decreto Nº 460/95- tiene la responsabilidad legal y fundamentalmente de carácter ético de manejar estos recursos que con enorme sacrificio vierten los profesionales.

Quiero que quede constancia de que este año ha sido un suplicio para los estudiantes juntarse con el dinero. Hubo que hacer permanentes contactos, pero no para que se cumpliera con lo establecido por el literal A) del artículo 2º del Decreto Nº 460/95, según el cual: "Las becas se concederán por un período anual que no sobrepasará los 10 meses por año y serán abonadas bimestralmente en la primera quincena de cada mes impar, desde marzo a noviembre". Quiero que quede registrado que este año hubo gente que cuando terminaba setiembre aún no había cobrado un solo peso. Debe saberse que en el interior hay estudiantes universitarios y de grado terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional que no vienen a Montevideo; la Regional Norte de la Universidad de la República tiene en Salto 4.000 estudiantes, muchísimos de los cuales provienen de ciudades del interior y necesitan las becas. Estos estudiantes debieron hacer malabarismos para subsistir hasta setiembre, cuando les llegó la primera partida que, con enorme sacrificio -como ya se ha señalado-, los profesionales habían estado vertiendo y hasta habían tenido que sacar créditos para poder pagar.

Lo que hago es un llamado a las personas -más que eso, a las personalidades- que van a integrar la próxima Comisión Honoraria del Fondo, que seguramente estarán tanto o más preocupadas que nosotros. Eso me consta, porque a algunos despachos han llegado comunicaciones del Fondo y preguntas de cuándo había que inscribirse para las becas; por lo menos a los Diputados del interior se nos ha pedido que lleváramos a nuestros departamentos la información de cómo debía procederse. Esperamos que quienes vayan a integrar la Comisión del Fondo sean conscientes de que cada vez tienen mayor responsabilidad porque, ahora por ley, la Universidad de la República y el Consejo de Educación Técnico-Profesional no tienen ninguna posibilidad de trabajar en la asignación de estas becas; eso será específicamente eliminado.

También hacemos votos para que, cada vez que los estudiantes del interior llamen para informarse acerca de las becas, no los atienda un contestador automático que les pide que dejen un mensaje, porque quizá esos estudiantes tuvieron dificultades para encontrar un teléfono a efectos de preguntar por qué no les llegó la beca, si mandaron todo, etcétera.

Por suerte, existimos quienes -como todos los Diputados del interior y seguramente los de Montevideo- somos mandaderos de nuestra gente y corremos tratando de llevar materiales para que las cosas se subsanen. Con esto no pretendo ser sensiblero ni cosa que se le parezca, pero realmente este año el tema de la adjudicación de las becas, por lo menos en mi zona, fue dramático.

Sé que la gente del Fondo está preocupada, pero hago votos para que la preocupación se transforme en una posibilidad real de que los destinatarios de todo este esfuerzo de los profesionales y de todo este trabajo de los legisladores para mejorar la situación redunde en beneficio de quienes son sus lógicos objetivos: los muchachos.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MIERES (don Pablo).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FONTICIELLA.- Concedo, por su orden, las interrupciones que me solicitan los señores Diputados Ponce de León y Pablo Mieres.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa informa al señor Diputado que le restan siete minutos de su tiempo.

Puede interrumpir el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: creo que le asiste razón al señor Diputado Fonticiella. Cuando la Cámara apruebe este proyecto de ley -como espero que lo haga-, tan estudiado y muy bien informado por el señor Diputado Posada, una de las cosas que efectivamente estará haciendo será respaldar a la Comisión Honoraria que ha venido trabajando en este tema. Al aumentar las potestades a través de este proyecto de ley estamos diciendo -y es bueno explicitarlo- que esta Comisión ha trabajado básicamente bien, que con una integración de múltiples orígenes, con carácter honorario y con escasísimo andamiaje administrativo ha logrado que el dinero que se aporta se convirtiera en esas casi cinco mil becas a las que aludía el señor Diputado González Álvarez en su intervención y que, en última instancia, justifican el Fondo de Solidaridad, como acotaba el señor Diputado Fonticiella.

Sin duda, aspiramos a que se mejoren los mecanismos administrativos. Inclusive, la Comisión propuso -concordamos con ello- que se incremente el número de becas, cuyo monto actualmente asciende a $ 2.200 mensuales por estudiante.

Tengamos claro que aquí hay un equilibrio. Este proyecto, por un lado, disminuye el aporte fundamentalmente de quienes no tienen capacidad contributiva y, por otro, aumenta los recursos por dos vías. Una de ellas es la disminución, de diez a cinco años, del plazo para comenzar a aportar, lo cual -digámoslo con claridad- nos cuesta votar, porque entendemos que es bueno que durante los primeros años de ejercicio profesional se esté exonerado. Naturalmente, esto se complementa con la exoneración a quien no haya llegado a determinado nivel de ingresos. Entonces, el proyecto de ley compensa una ampliación del Fondo por algunas vías, una reducción por otras y diría que ordena y efectivamente respalda a la Comisión Honoraria en la forma que señalaba el señor Diputado Fonticiella.

Creo que, como aquí se ha dicho, este proyecto de ley no es la solución ideal, pero apaga los incendios y termina con esa verdadera inequidad que se da en la actualidad en el sentido de que algunos que no tienen capacidad contributiva tengan que aportar en forma absolutamente desmedida.

Por la otra punta, elimina exoneraciones que, diría, más de una vez fueron abusivas porque en cierta forma se habilitaba a exonerar a quienes teniendo mucha capacidad contributiva, por determinados requisitos legales quedaban eximidos de un aporte que otros tenían que hacer con mucho sacrificio.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa recuerda al señor Diputado Fonticiella que le quedan tres minutos de su tiempo.

Puede interrumpir el señor Diputado Pablo Mieres.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Señor Presidente: simplemente, voy a mencionar dos o tres aspectos que me parece deberían ser tenidos en cuenta en el análisis que se está realizando.

En primer término, durante el presente año hubo atrasos en el sistema de otorgamiento de becas del Fondo de Solidaridad que, de acuerdo con lo que yo sé, se fueron superando más o menos a mediados de año. En definitiva, un componente importante en el atraso tuvo que ver con un problema de funcionamiento de la Universidad de la República durante el año pasado. Hubo una huelga universitaria de larga duración que modificó los plazos de inscripción y, por lo tanto, los de asignación de las becas. De acuerdo con los datos que manejamos, nos consta que ese proceso de puesta al día ocurrió en el correr del año.

Me parece importante no confundirse con el otro sistema de becas que existe, que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura y que en general funciona con atraso y tiene que ver con los aportes que realizan las Intendencias Municipales. Creo que es importante no confundir un sistema con otro. Reitero que ese sistema históricamente funciona con atraso y llega casi a fin de año. No es el mismo caso que el del Fondo de Solidaridad, que este año sí tuvo atrasos relacionados con las dificultades de funcionamiento de la Universidad de la República durante el año anterior.

También me parece importante marcar que este proyecto de ley no modifica el régimen por el cual se establece quiénes otorgan las becas. De alguna forma, esto es ajeno al proyecto. Por lo tanto, podrá ser discutible si está bien o mal quien juzga en definitiva las becas, pero no es el objeto de discusión de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Fonticiella, a quien le resta un minuto de su tiempo.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: en un minuto quiero precisar que también manejo la información por la que se ha atribuido a la Universidad de la República la responsabilidad del atraso. La Universidad de la República nos ha expresado que los registros de las becas se hicieron como correspondía. Sin embargo, en el nivel técnico-profesional no hubo huelgas que determinaran atrasos y estábamos casi en octubre peleando para que se pagaran las becas a los muchachos.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: brevemente, y a manera de fundamento de voto anticipado, deseo dejar algunas constancias.

Confío en que la Comisión Honoraria que se crea y la propia Universidad, a la luz de la experiencia y de la práctica, podrán aportar en el futuro alguna solución que perfeccione este proyecto que hoy vamos a aprobar.

Sabemos que este es un paso, aunque tenemos la impresión -siempre la tuvimos- de que puede producirse algún fenómeno similar al que históricamente hemos comprobado. Aquí, en 1994, votamos un proyecto de ley que establecía para ese Fondo de Solidaridad el aporte de dos salarios mínimos de quienes tenían determinados años de ejercicio de su profesión. De inmediato comprobamos que algunos profesionales que ejercían desde bastante tiempo atrás no estaban en condiciones de pagar esa suma. Concretamente, recuerdo el caso de un ingeniero agrónomo, funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que en ese momento ganaba $ 3.500. Él salió a la prensa -e indicó que podía probar todos los extremos que sostenía- manifestando que prácticamente este proyecto le significaba quedarse sin aguinaldo. Luego se agravaron las cosas, porque en el proyecto de Presupuesto se elevó el aporte a cuatro salarios mínimos nacionales. Naturalmente, el agua desbordó el vaso y hubo que abordar nuevamente el asunto.

En la Comisión de Derechos Humanos, que preside el colega, señor Diputado Argenzio, hace poco recibimos a un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud Pública, a quienes se les descontaba tanto -porque estaban en deuda con el Fondo de Solidaridad- que prácticamente no cobraban el sueldo y, presumiblemente, no lo harían durante seis meses.

Esto obligó a convocar al señor Ministro de Salud Pública, quien nos indicó que él no era responsable de esa situación ya que el Fondo de Solidaridad y la Universidad le exigían el cumplimiento de la ley -él, obviamente, no estaba dispuesto a burlarla- y, en consecuencia, efectivamente los funcionarios no cobraban sus sueldos por haberse atrasado con el pago al Fondo de Solidaridad.

Sé que lo que podamos concretar hoy será fruto de transacciones. Sé que la realidad siempre es el ideal, lo mejor que queremos menos algo, pero confío en que a través de lo que se establezca en esta deliberación y de la propia práctica de la Comisión Honoraria se pueda perfeccionar todo esto, porque enfrentamos una realidad que es dramática en muchos aspectos.

Voy a señalar algo que tiene algún rasgo de humor, porque surge precisamente de un programa humorístico; pero a través del humor tiene una suerte de realidad dramática, que es la que se vive en nuestro país. Alguien llega y avisa al padre de la familia que uno de sus hijos se ha recibido de médico, y el hombre festeja diciendo: "¡Por fin tendré un hijo taximetrista!". Esta realidad se da de alguna manera. Existen profesionales que aunque tengan cinco años de ejercicio de profesión -y estoy seguro de que todos ellos están agradecidos al esfuerzo de la Universidad y desearían colaborar- no están en condiciones de contribuir. A una enfermera que gana $ 3.000, si tiene que aportar $ 1.000 -doy cifras en números redondos-, sin ninguna duda le estaremos descontando medio aguinaldo.

Estas son las realidades, y considero que la propia Universidad y la Comisión Honoraria que se crea tienen que analizarlas para sugerirnos mejores soluciones, sin perjuicio de compartir el planteamiento que hizo la colega, señora Diputada Charlone, al decir que los recursos para la Universidad deben provenir -y esto es responsabilidad de todos- de otras fuentes.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: seré breve porque creo que, fundamentalmente, los compañeros de Comisión han sido muy explícitos sobre este tema y, además, expresaron conceptos que suscribimos íntegramente.

No obstante, me gustaría resaltar dos o tres aspectos que me parecen dignos de destaque.

Es verdad que todos trabajamos en la Comisión en este tema fácilmente identificable en sus objetivos, pero no tan fácil de instrumentar, como ha demostrado la práctica en normas anteriores. Quiero destacar la actuación del señor Diputado Posada, quien fue el primero en traer este tema a la Comisión y en todo momento estuvo trabajando pujantemente en el proyecto, aportando siempre nuevos enfoques sobre un asunto que estudió en profundidad, como lo acaba de demostrar con el muy buen informe que hizo hace unos momentos.

Compartimos especialmente lo que se ha dicho con relación al propósito que buscamos con este proyecto, que es hacer mucho más eficiente la institucionalización y el mecanismo para contemplar, en este papel solidario de transferencias de recursos de quienes hemos tenido la suerte de recibir un título universitario, a aquellos jóvenes a quienes se ayudará con las becas correspondientes a fin de que también puedan culminar sus carreras, en esa suerte de Uruguay que ninguno de nosotros quiere perder, de ese Uruguay integrado, solidario.

Creemos que este proyecto, fundamentalmente, facilita y genera los mecanismos y la institucionalización necesarios para lograr mejor el propósito que se perseguía. Es notorio que algunos casos, como los que consideramos en la Comisión, generaban situaciones injustas y bastante violentas desde el punto de vista familiar, social y laboral de los involucrados. Recuerdo en especial la situación de varias enfermeras de Salud Pública que no cobraban desde hacía varios meses; esperemos que ahora, sobre todo a través del artículo 8º , que establece el régimen de facilidades, esta situación se solucione rápidamente. En definitiva, buscamos que se instrumente el régimen de facilidades de pago que haga posible salir de la encrucijada en la que se encuentran algunos profesionales que, como es natural, vieron que el monto que debían pagar estaba sobredimensionado para lo que efectivamente ganaban.

De esta manera, también me uno a las expresiones de deseo del señor Diputado González Álvarez en cuanto a que el Senado trate rápidamente el proyecto. Esperamos que las intenciones de la Comisión -ojalá sean compartidas por el Cuerpo- en cuanto a aprobar este proyecto de ley, resulten en una aplicación más fluida y extensiva que hasta ahora.

Votaré no solo en general, sino cada uno de los artículos del proyecto, si bien también aspiro a que determinados puntos tengan una discusión ulterior, especialmente el artículo 7º , que refiere a la contribución adicional, que no fue obra de la Comisión ni de este proyecto; al contrario, se trató de retocar y de readecuar un artículo aprobado en oportunidad de sancionarse la ley de Presupuesto.

En nuestra opinión, este punto merecerá un análisis más profundo con el devenir del tiempo, fundamentalmente porque algunos representantes de la Universidad hicieron una suerte de comparación de este recurso con lo que se cobra en otros países por concepto de matrícula. Simplemente a modo de constancia queremos decir que no estamos en absoluto de acuerdo con esta comparación; no tiene nada que ver esto con la matrícula universitaria o con el cobro de una matrícula estudiantil. Serán temas separados que deberán discutirse en su momento. Entendemos que este es un mecanismo fundamentalmente de transferencias solidarias de recursos de un sector a otro de la sociedad, que no tiene nada que ver con la matrícula, que como es natural se cobra por estudiar y no por egresar, y mucho menos por el hecho de tener un determinado mínimo de ingresos o cierta antigüedad.

Creemos -ya lo expresamos en otros ámbitos- que el cobro de la matrícula universitaria -algún día se discutirá si se va a establecer o no- será un mecanismo mucho más justo para lograr que el que pueda pague y que los fondos que se obtengan por esa matrícula generen recursos para financiar con becas a aquellos estudiantes que demuestren su disposición en el estudio y que no puedan hacerse cargo de las erogaciones que ello demanda.

Con el propósito y la convicción de que este proyecto que aprobamos en Comisión por unanimidad -ojalá sea compartido por los demás integrantes de la Cámara- contribuye no solo a jerarquizar, como muy bien se ha señalado, sino también a perfeccionar los mecanismos que se han manifestado como idóneos para generar mayores oportunidades para los jóvenes de menores recursos, votaré con entusiasmo este proyecto de ley.

SEÑOR MIERES (don José María).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES (don José María).- Señor Presidente: nos habíamos anotado para hacer uso de la palabra y luego nos borramos porque, en general, nos sentíamos representados por todo lo que se expuso en Cámara. Sin embargo, algunas declaraciones nos motivan a intervenir brevemente.

En primer lugar, antes de referirnos al tema que nos ocupa, queremos felicitar a la Comisión de Hacienda por su trabajo y, en especial, al señor Diputado Posada, quien recogió las inquietudes de las personas que recibimos en la Comisión y de sus integrantes, plasmándolas en un proyecto que también contó con la gran colaboración de las autoridades del Fondo de Solidaridad y que soluciona prontamente o por lo menos es un paliativo importante para la problemática que enfrentan personas que desempeñan profesiones que se han mencionado en Sala.

Sin embargo, lo que me motivó a intervenir, fundamentalmente, son las denuncias que hizo el señor Diputado Fonticiella, en el sentido de que los alumnos habrían padecido un vía crucis para cobrar las becas de este Fondo de Solidaridad. En base a eso, me comuniqué con el Gerente del Fondo de Solidaridad y, evidentemente, las cosas no son como se pintan. El motivo que se adujo como causante del retraso inicial fue la huelga universitaria del año pasado, que no permitió a los alumnos dar los exámenes en tiempo y forma. Eso llevó a que los certificados de escolaridad estuvieran incompletos al momento de presentarlos. En el Fondo de Solidaridad les pidieron que se dirigieran a cada Facultad para recoger la constancia de que no se había podido rendir el examen. Obviamente, estas becas se dan en función de la escolaridad de los alumnos.

En segundo lugar, con la colaboración del Tribunal de Cuentas el Fondo de Solidaridad pudo empezar a pagar en el mes de abril. Queremos dejar constancia de que al mes de diciembre todas las becas -4.500- han sido pagadas. Entonces, la imagen de un instrumento tan bueno, como se ha demostrado que es el Fondo de Solidaridad, creemos que se desdibuja con un planteo como el que se ha hecho.

Reitero: me comuniqué con el Fondo de Solidaridad y, según la información que tengo, se empezó a pagar en abril, se contemplaron las situaciones irregulares a las que se dio lugar por el hecho de que los alumnos no habían podido rendir sus exámenes en tiempo y forma, y al mes de diciembre se han pagado 4.500 becas.

SEÑOR FONTICIELLA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: obviamente, se valora la muy buena intención que todos tenemos para que las cosas sean muy claras.

Por supuesto, no dudo de lo que ha dicho el señor Diputado, a pesar de que él sí ha puesto en duda lo que yo he dicho. Quiero aclarar que estas becas, como todos sabemos, están destinadas a estudiantes universitarios y a estudiantes de tercer ciclo del Consejo de Educación Técnico-Profesional, donde no hubo huelgas ni ningún problema de inscripción.

En mi departamento, Salto, donde funciona un tercer ciclo -cuyo nombre no recuerdo en este momento-, un estudiante, vía fax, debió hacer un reclamo porque todavía al 4 de setiembre -tengo aquí una carta de esa fecha- su caso no había sido resuelto. No es este el único caso ni corresponde dar nombres, pero prácticamente todo un grupo del Centro de Estudios de Tecnología de Salto debió realizar enormes esfuerzos -avanzado el mes de setiembre- para obtener la tarjeta que le permitiera retirar de los cajeros el dinero correspondiente a sus becas.

Respeto muchísimo a quienes están haciendo un trabajo importante, pero reclamo el mismo respeto, en el sentido de que quienes damos opiniones e información lo hacemos en virtud de experiencias absolutamente personales, que hemos vivido en carne propia, a través de los muchachos de nuestra ciudad. Si así no fuera, no las habríamos traído a colación. No estamos diciendo que esto se haya hecho por mala voluntad ni por desidia, pero son hechos concretos y hacemos votos para que se cuiden no solo los dineros de quienes aportan, sino también las vidas y las carreras de nuestros muchachos. Estudiantes de lo que en Salto llamamos UTU tenían que venir al LATU a una exposición, debían preparar sus carpetas y no habían cobrado a fines de agosto o principios de setiembre la primera de sus cuotas.

Por lo tanto, lo que hemos dicho es la verdad. Si bien puede haber otro tipo de casos, estas experiencias que comentamos las estamos volcando con respeto, y eso es lo que exigimos, porque estamos absolutamente convencidos y tenemos pruebas de lo que decimos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa interpreta que no sería bueno establecer un debate sobre este tema que, cree, es absolutamente colateral. De todos modos, con mucho gusto, para una aclaración se dará la palabra al señor Diputado José María Mieres, quien la está solicitando. La Mesa no va a permitir que continúe el debate por esta línea, sino que hay que centrarse nuevamente en el tema que nos aboca.

Tiene la palabra el señor Diputado José María Mieres.

SEÑOR MIERES (don José María).- Señor Presidente: no dudo de las pruebas que pueda tener el señor Diputado Fonticiella. Lo que quise explicar -y es muy claro- respondía a que, de acuerdo con las expresiones del señor Diputado, todos los alumnos habrían tenido graves problemas con sus cobros. Me felicito de la sensibilidad del señor Diputado Fonticiella con relación a esos casos puntuales, pero lo que había quedado expresado era algo genérico que desvirtuaba el funcionamiento de un instrumento muy idóneo. Estamos hablando de que en la enorme mayoría de los casos -4.500- se ha cobrado. Por supuesto, parto de la base de que puede haber excepciones y me parece muy razonable que el señor Diputado Fonticiella las plantee, pero en ningún momento dudé de que sus pruebas fueran ciertas.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: quiero felicitar a los miembros de la Comisión de Hacienda por este proyecto de ley y particularmente al señor Diputado Posada, quien tuvo la iniciativa.

En la Comisión de Presupuestos teníamos esta preocupación. A lo largo del tratamiento de la Rendición de Cuentas, recibimos a distintas delegaciones y la que hizo el planteo que consideramos más acertado y justo estaba constituida, precisamente, por un grupo de nurses -profesionales universitarias- afectadas por el Fondo de Solidaridad. Con ingresos mensuales reducidos y un salario fijo, se veían obligadas a contribuir en forma trascendente con este Fondo de Solidaridad.

Por tanto, el gran acierto del proyecto de ley que vamos a votar afirmativamente, es que a la hora de cobrarles el tributo tiene en cuenta la capacidad contributiva de los profesionales universitarios.

Por otra parte, en ocasión del tratamiento de esta iniciativa, por información suministrada por las propias nurses -quienes en numerosos casos nos dejaron recibos de sueldo que demostraban lo que percibían-, llegamos a comprobar un hecho que nos llama poderosamente la atención: los costos elevados y el peso de las cargas no están exclusivamente en el Estado. Entre los descuentos que tenían algunas de estas nurses -que ganaban $ 2.500 por mes- encontramos que el 10% de sus sueldos se lo llevaba el PIT-CNT. Por esta razón, algunas de estas profesionales universitarias gastaban $ 3.000 al año por concepto del pago de cuotas de afiliación al PIT-CNT.

Este hecho y la solución que encontró el señor Diputado Posada de tener en cuenta la capacidad contributiva, de alguna manera nos lleva a interceder frente a aquellos con una mayor influencia ante la organización sindical, para que trasladen una solución similar para este tipo de casos, de manera que al momento de cobrar las cuotas de afiliación también las organizaciones privadas consideren la capacidad contributiva. No es cuestión de que solamente el Fondo de Solidaridad vea reducidos sus ingresos, sino de que todos hagamos un esfuerzo para que aquellos que tienen ingresos menores puedan ver rendir mejor sus sueldos.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: quiero hacer una aclaración referida a una afirmación que, de ser verdad, me alegraría muchísimo. Que se le permita al PIT-CNT descontar la cuota sindical me parecería un avance de primerísima línea, pero seguramente el descuento se hace a algún sindicato o federación afiliada al PIT-CNT.

Por otra parte, también en los descuentos salariales de muchos funcionarios figuran cosas como las que queríamos discutir ayer, por ejemplo ANDA y cooperativas, pero todas esas afiliaciones son voluntarias. En estos casos no hay una imposición, como la hubo hasta ahora, que obliga a aportar al Fondo de Solidaridad el aguinaldo o el decimotercer sueldo a aquel que lo cobrare.

Una cosa es la solidaridad ejercida voluntariamente y otra es la solidaridad que imponemos desde esta Cámara para un fin muy loable, como el de las becas; son de naturaleza distinta. Obviamente, no me voy a meter en la forma en que la gente administra su sueldo, porque hay muchos mecanismos de descuento: hay cajas de auxilio, cooperativas de consumo; en fin, los sueldos de la gente están afectados por muchos descuentos, pero, la mayoría de ellos, como la afiliación sindical, son voluntarios. También pueden existir convenios con algún club deportivo, lo que asimismo afecta los ingresos, pero esto es de naturaleza totalmente distinta; la gente siempre tiene -no sucede así con este proyecto de ley- la opción de decir que la cuota le parece muy elevada, que se desafilia, dejando así de afectar su salario. El problema es que la chance de desafiliarse del Fondo de Solidaridad no la tiene ningún trabajador, porque precisamente esta contribución especial no tiene un carácter voluntario sino obligatorio.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: es correcta la aclaración que realiza el señor Diputado Pintado, porque la afiliación era a la FUS y no al PIT-CNT; pero la FUS está afiliada al PIT-CNT, así que más o menos era lo mismo.

También es cierto que es una afiliación voluntaria, y en este caso concreto, la FUS debería tener en cuenta el principio consagrado hoy por la Cámara de Diputados de tener en consideración la capacidad contributiva de la persona, porque aunque esta puede desafiliarse, es evidente que si está afiliada es porque tiene la voluntad de hacerlo y, por lo tanto, debería haber un mecanismo para que aquellos que tuvieran sueldos bajos pagaran una cuota distinta y no vieran afectados sus ingresos.

SEÑOR PITA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: voy a reiterar una vez más que en la consideración de estos temas hay una constancia de naturaleza política que para nada quita relevancia al trabajo de la Comisión, al de todos sus miembros y al del miembro informante en particular. Me refiero al tema de las contribuciones igualitarias, fijas.

Se reitera, por más que se hace un esfuerzo para superar profundas injusticias, que felizmente se logra el objetivo, el mantenimiento del criterio de hacer contribuir igual a quienes tienen diferente capacidad contributiva, pero una enorme cantidad de actividades profesionales, que son las gravadas por esta contribución, son fácilmente controlables y fácilmente instrumentables en su liquidación. Sinceramente, no tiene sentido que sigamos con el criterio de gravar de la misma forma a quien gana cuatro salarios mínimos nacionales y poquito, que a quien gana 45, 68 ó 95 salarios mínimos nacionales. Y no estoy hablando de pocos profesionales, sino de muchos. Por lo tanto, este no es un tema menor.

Quiero dejar una constancia. Sé que se ha visto y que el consenso que se logró es este, pero, sinceramente, para el futuro deseo dejar establecida, una vez más, una discrepancia. Para mí, cada vez que se analiza una contribución concreta con un fin loable debe tenerse presente el criterio real de la capacidad contributiva. Cuando en una parte importante del universo de los contribuyentes existen mecanismos que hacen fácilmente accesible la determinación de los ingresos y hasta la manera como se liquidan, porque están establecidos en forma institucional, da pena no haber podido aprovechar la oportunidad de establecer un criterio que, inclusive, hubiera logrado recaudar más, pero con mayor justicia.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: nosotros votamos en forma afirmativa este proyecto porque pensamos que representa un avance con respecto a la injusticia que se estaba dando en función de la forma en que se estaba aplicando este tributo, pero queremos dejar sentado que hubiéramos preferido un impuesto porcentual al ingreso de la persona. Consideramos que ello habría sido mucho más justo y que hubiera ameritado un proyecto mucho más simple. Pensamos que no es válido el argumento que se dio en su momento en el sentido de que hubiera sido difícil de cobrar. Cuando hay voluntad de hacer algo, se puede concretar y al final ello redunda en una justicia que hace bien a todos.

Las carreras son muy diferentes y, dentro de ellas, hay situaciones muy distintas; también hay profesionales que están en situación de dependencia, lo cual topea los ingresos, sobre todo en el interior, de una forma bastante significativa.

También pensamos que es un poco perverso el procedimiento por el cual fondos tan importantes como estos, que financian becas y que deberían ser parte de los mecanismos de la Universidad, son financiados por impuestos; de esta manera, cada organismo está pendiente de si se cobra o no un impuesto. Esto es lo mismo que los salarios que dependen de proventos; así, todo el aparato del Estado tiene una maraña de impuestos que generan la dependencia de unos organismos de otros, lo que hace complejo e injusto el sistema. Entendemos que la Universidad de la República y las becas para acceder a los cursos deben ser independientes del cobro de impuestos y del sistema tributario; este tiene que alimentar las rentas del Estado para que sean ellas las que paguen el Presupuesto.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: en la medida en que se ha establecido una serie de constancias, me parece necesario dejar a salvo la posición de nuestro sector político, el Nuevo Espacio Independiente.

Nuestra idea era que lo mejor era establecer un gravamen en forma porcentual. Estamos absolutamente convencidos de ello y creemos que era la solución definitiva para ese tema, pero tenemos que valorar que a veces, por no poder implementar las mejores soluciones, seguimos trancados, como ha sucedido en el pasado, sin lograr un avance significativo. De hecho, el acuerdo que presta la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad a las bases del proyecto que resultó aprobado en definitiva por la Comisión, posibilita -así lo vamos a plantear- que sea rápidamente sancionado en el Senado y se convierta en ley.

La otra solución -que, a mi juicio, compartimos todos los integrantes de la Comisión, porque no sentí ninguna voz disonante en tal sentido- implicaba ir a una discusión con la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad, la cual se iba a repetir en el Senado; indudablemente, esto generaba un futuro incierto.

Por lo tanto, el consenso al cual se arriba en la Comisión va en el sentido de procurar una rápida solución al tema, sin perjuicio de que nadie renuncia a una solución definitiva, en el momento en que se pueda instrumentar. Lo primero que había que hacer en este caso, como gráficamente decíamos, era apagar el incendio, y ese es el sentido del trabajo político que está planteado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR POSADA.- ¡Que se suprima la lectura de todos los artículos!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

La Mesa desea hacer una corrección y una constatación referidas al artículo 1º, que es muy extenso.

La corrección es la siguiente. Uno de sus incisos, que comienza diciendo: "El Fondo de Solidaridad deberá entregar anualmente [...]", hace referencia al numeral 4. En realidad, debería decir "inciso primero", porque en el articulado no existe el numeral 4.

Por otra parte, según la constatación de la Mesa, el inciso siguiente al que acaba de hacer referencia requiere una mayoría especial de sesenta y seis votos para ser aprobado, según lo establecido en el artículo 64 de la Constitución de la República.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la corrección mencionada.

(Se vota)

——Sesenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 2º, que tiene un sustitutivo.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: este asunto contó con una posición distinta en el seno de la Comisión. Tal como lo anunciamos en el seno de la Comisión, para ser fieles a lo que pensamos, reiteramos la presentación de un sustitutivo -en realidad, es un aditivo- que recoge todo lo dispuesto en el artículo 2º original, pero que establece, como ha pasado con otras personas jurídicas de derecho público no estatal, que el contralor administrativo del Fondo de Solidaridad será ejercido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Esta propuesta, plasmada en un texto más extenso -seguramente la Mesa le dará lectura-, corrige las soluciones que se han establecido en las últimas leyes que ha sancionado el Parlamento en materia de creación de personas públicas no estatales. Eso pasó, por ejemplo, con la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias o con el Instituto Nacional de Semillas. En definitiva, este ha sido el criterio que últimamente se ha aplicado.

En vista de algunos problemas que se han registrado en ciertas oportunidades con determinadas personas públicas no estatales, hemos propuesto esta solución que, en todo caso, termina objetivando la responsabilidad política en el Ministerio que tiene relación con el tema. Por eso es que hemos presentado esta propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a proceder de la siguiente forma.

Para mayor claridad, se va a dar lectura al artículo tal cual vino de la Comisión y, posteriormente, al sustitutivo al que acaba de referirse el señor miembro informante. Luego se pasarán a votar por su orden el artículo original y el sustitutivo propuesto.

Léase el artículo 2º como viene de la Comisión.

(Se lee)

——Léase el artículo sustitutivo presentado por los señores Diputados Falero, Díaz Maynard, Pablo Mieres, Posada, Amorín Batlle y Fernández Chaves.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- (Contralor). El contralor administrativo del Fondo de Solidaridad será ejercido por el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura. Dicho contralor se ejercerá tanto por razones de juridicidad como de oportunidad y conveniencia. A tal efecto el Poder Ejecutivo podrá formularle las observaciones que crea pertinentes, así como proponer la suspensión de los actos observados y los correctivos o remociones que considere del caso. Sin perjuicio de lo dispuesto, el Tribunal de Cuentas de la República y la Auditoría Interna de la Nación tendrán las más amplias facultades de fiscalización de la gestión financiera de la entidad.- El Fondo de Solidaridad publicará anualmente la memoria, los estados contables y sus anexos, debiendo requerir previamente la visación del Tribunal de Cuentas".

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: este proyecto sustitutivo fue analizado en la Comisión y esta entendió que no era pertinente su inclusión y que se debía mantener la redacción original. Indudablemente, se establecen cosas similares, pero no olvidemos que en el sustitutivo se introduce el contralor administrativo del Fondo de Solidaridad por parte del Poder Ejecutivo.

El Fondo de Solidaridad es una persona pública no estatal que actúa con total independencia. El Ministerio de Educación y Cultura tiene un delegado, al igual que la Universidad, las distintas Cajas y la Agrupación Universitaria que hemos incorporado ahora. El Poder Ejecutivo no va a tener el contralor administrativo y, por lo tanto, no puede responder por lo que se haga con el Fondo de Solidaridad. El sustitutivo otorga una responsabilidad al Poder Ejecutivo respecto a algo que él no va a controlar y sobre lo que no tiene injerencia, más que la que le brinda su representante en igualdad de condiciones con los de las demás instituciones.

El señor Diputado que presenta este artículo sustitutivo, a fin de salvar su integridad intelectual, vuelve a expresar en el plenario, con todo el derecho del mundo, lo que ya dijo en la Comisión. De todas maneras reitero que esta propuesta ya fue analizada en la Comisión, donde se entendió que la mejor redacción era la del proyecto original.

Por lo tanto, adelantamos que vamos a votar el artículo tal cual viene de Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- En el mismo sentido que acaba de expresar el señor Diputado González Álvarez, entendemos que este Fondo, que está integrado por varios miembros -uno de ellos es representante del Ministerio de Educación y Cultura, pero hay un delegado de la Universidad de la República, uno del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, uno a propuesta del Consejo de Educación Técnico-Profesional, uno por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, uno por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, uno por el Banco de la República Oriental del Uruguay y otro por la Agrupación Universitaria del Uruguay-, solamente tiene vinculación con el Poder Ejecutivo a través de su representante. Por lo tanto, entendemos que no hay un nexo natural y jurídico que le atribuya al Poder Ejecutivo una ascendencia sobre las decisiones -y también las consecuencias políticas que las decisiones puedan tener-, no teniendo muchas veces posibilidades, por su representación minoritaria, de cambiarlas o corregirlas a tiempo.

Esas son las razones por las que no vamos a acompañar el sustitutivo que acaba de presentar el señor Diputado Posada y votaremos el texto tal como viene de la Comisión. No obstante, tal como hemos expresado en la Comisión al señor Diputado Posada, reconocemos que en el Parlamento nos debemos una discusión más profunda del tema de las personas públicas no estatales, porque el país ha tenido experiencias variadas, algunas no muy felices, y estas son las cosas motivo de la preocupación central del señor Diputado Posada.

Por tanto, en algún momento en el Parlamento deberemos volver a discutir y a definir qué régimen jurídico de contralor y de vinculación institucional queremos en forma definitiva para las personas públicas no estatales. En ese momento estaremos dispuestos a analizar todos estos extremos y las posibles mejores soluciones.

No obstante, a los efectos de este proyecto de ley, nos parece que el texto que viene aprobado de la Comisión intenta establecer los mayores contralores y las mejores posibilidades, no solo porque los administrados tienen la posibilidad de recurrir ante el propio organismo y de solicitar la nulidad ante el Tribunal de Apelaciones que esté de turno en el momento de dictar la resolución -que es la fórmula más aceptada y generalizada de recurrir en las personas públicas no estatales-, sino porque está la garantía del Tribunal de Cuentas para todo aquello que signifique ordenamiento de gastos y la gestión específica atinente a la competencia del cuerpo mencionado.

Por lo tanto, me parece que hay garantías, y si la preocupación es el nexo político, el nexo institucional o el nexo jurídico de las personas públicas no estatales, esa es una discusión aparte que en algún momento deberemos darnos. Mientras tanto, el Parlamento puede comunicarse con ese cuerpo, si así lo desea, a través del representante que tendrá el propio Ministerio. O sea que a través del Ministerio de Educación y Cultura podrá obtener información y datos y hacer un seguimiento cuando lo estime conveniente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: coincidimos con la última argumentación que han desarrollado los señores Diputados González Álvarez y Ronald Pais. Por eso, hemos respaldado el proyecto tal como viene de la Comisión.

El Poder Ejecutivo solamente tiene una parte de la responsabilidad y puede quedar en minoría; por lo tanto, no es responsable por las decisiones. La otra solución es darle una supervisión administrativa para que pueda ser responsable; pero en ese caso estaríamos ante una situación a la que no desearíamos llegar: que en la resolución sobre una beca o sobre un criterio de becas, según establece el artículo sustitutivo, no solo por razones de juridicidad, sino de oportunidad, el Ministro termine siendo tribunal de alzada. Por lo tanto, se daría la situación inversa: quien quedó en minoría en la Comisión, por vía de un recurso administrativo, estaría cambiando la decisión. En este caso, estaríamos quitando la responsabilidad en la dirección del Fondo a los delegados de la Universidad, de la ANEP, de la Agrupación Universitaria del Uruguay, de las Cajas, etcétera.

Nos parece que el proyecto, tal como viene de la Comisión, trae equilibrio en este sentido. Esto quiere decir lo siguiente: la Comisión funciona, se le da un respaldo y tiene una integración plural. Naturalmente, el Ministro sí tiene responsabilidad política por la manera en que actuó su delegado, pero no sobre lo que pueda haber resuelto la Comisión.

Además, existe la forma: por un lado, el exhaustivo control del Tribunal de Cuentas, que está expresamente referido en el proyecto de ley para que no quede la menor duda; y, por otra parte, existe la capacidad de control que tiene el Parlamento, pero que en ese caso se deberá ejercer. Las actas de la Comisión son públicas, la vía de comunicación -sin duda- es el Ministerio y luego, si se entiende pertinente, se exigirá responsabilidades a cada uno de los delegados de los distintos organismos; por supuesto, la mayoría son del sector público.

Nos parece que a la Comisión le tiene que quedar claro que cuando toma una decisión, asume la responsabilidad en tal sentido y dentro de la estructura administrativa no existe nadie que pueda cambiarlo excepto, naturalmente, por razones de juridicidad. Me refiero al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la vía jurisdiccional, pero no entiende en razones de oportunidad.

Por estos motivos nos parece que el texto que viene de la Comisión tiene la atribución de responsabilidades que corresponden en este caso, por lo que lo acompañamos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: nosotros firmamos el artículo sustitutivo al que se refirió el señor Diputado Posada porque nos parece que hay que ser coherente en la legislación. Si en las últimas épocas, cada vez que se ha creado una persona jurídica de derecho público no estatal se ha establecido este tipo de contralor, tenemos que seguir en el mismo rumbo.

Me permito discrepar con mi estimado compañero de bancada, el señor Diputado Ronald Pais, en el sentido de que, en definitiva, en algún momento trataremos el tema de las personas públicas no estatales y podremos legislar en la materia. Eso es una cuestión de futuro. Ahora, cuando estamos tratando algunas personas de derecho público no estatal, es buena cosa que vayamos adelantando los criterios que se deben sustentar.

Por otra parte, me parece que el argumento que se estaba dando en Sala, en el sentido de que el Ministerio de Educación y Cultura no tiene injerencia más que en su delegado en lo que tiene que ver con las decisiones de la Comisión, es el argumento para que en definitiva sea quien fiscalice esta temática. Si no tuvo injerencia, es buena cosa que la tenga, precisamente para que tenga responsabilidad, porque lo que interesa en este caso es que haya alguien responsable, y que sea un organismo como el Ministerio de Educación y Cultura.

En consecuencia, he firmado el artículo sustitutivo y voy a votar a favor de esta propuesta.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º, tal como viene de Comisión.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: creo que el voto negativo al artículo sustitutivo es un error, a mi juicio importante, porque el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, ejerce exclusivamente un control de legalidad y no puede realizar ningún otro tipo de contralor de carácter administrativo ni contable.

Las normas constitucionales son muy claras. En el literal B) del artículo 211 se establece expresamente, dentro de las competencias del Tribunal de Cuentas, que su intervención es "al solo efecto de certificar su legalidad". Por lo tanto, no puede ejercer un contralor de carácter administrativo. Pero alguien tiene que hacerlo. La responsabilidad política ante un incorrecto manejo del aspecto administrativo de este Fondo no puede quedar difuso. Y lo que estamos haciendo es, justamente, dejarlo difuso. Me parece serio porque, en definitiva, si no adjudicamos a ningún Ministerio la responsabilidad política con respecto a este tema, a mi juicio estamos cometiendo un error de importancia, porque después no podremos llamar a ningún Ministro a responsabilidad por una eventual incorrección administrativa, compartida por quienes no tienen una responsabilidad determinada. Por lo tanto, creemos que se está cometiendo un error grave.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: he votado afirmativamente este artículo 2º sobre el contralor del Fondo, en primer término, porque parto de la perspectiva de que, como bien decía un señor Diputado preopinante, es necesario legislar "in totum" sobre las personas públicas no estatales, no solamente sobre esta.

En segundo lugar, en concordancia con la creación del Fondo, que es una persona pública no estatal a la que se quiere dar una autonomía importante, no parece razonable darle contralor por oportunidad y mérito al Poder Ejecutivo. Con ese criterio, sí sería razonable ponerlo bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y sencillamente obviar esta normativa.

En tercer término, estamos incorporando dos delegados de dos instituciones que tienen una autonomía constitucionalmente garantizada muy importante: la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública. Por lo tanto, debemos ser sumamente cuidadosos en someterlos a un contralor del Poder Ejecutivo.

Me parece que este artículo 2º es mucho más claro -aunque sin duda mejorable- en cuanto al contralor de todas las personas públicas no estatales, que son muchas y variadas y que es necesario controlar con un marco normativo más adecuado.

Por último, solicito la reconsideración del artículo 1º  porque tengo algunas dudas sobre uno de sus incisos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- En discusión el artículo 3º.

(Interrupción del señor Representante Michelini)

——Señor Diputado: si le parece bien, una vez que finalice la votación de todo el articulado vamos a poner a votación la reconsideración del artículo 1º.

(Interrupción del señor Representante Michelini)

——¿Quiere votarlo ahora? Con mucho gusto.

La Mesa aclara que si se aprueba la reconsideración, serán necesarios sesenta y seis votos para aprobar nuevamente este artículo.

SEÑORA CHARLONE.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Quisiera saber qué quórum tenemos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Hay cincuenta y cinco señores legisladores en Sala.

Se va votar si se reconsidera el artículo 1º

(Se vota)

——Nueve en sesenta y cuatro: NEGATIVA.

En discusión el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 7º.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: considero que hay un problema de redacción.

En el primer inciso del artículo que se sustituye por el artículo 7º dice: "[...] Dicha adicional deberá ser pagada a partir de cumplido el quinto año del egreso, hasta completar veinticinco años de aportes o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación". En los otros casos dice "aportes al Fondo de Solidaridad", y esto, que parece un bizantinismo, no lo es, porque aportes hay muchos. Por ejemplo, puede ser el aporte a la Caja Profesional o a la Caja Notarial, el aporte normal, y acá estamos hablando del Fondo de Solidaridad.

Consecuentemente, mi criterio es que, después de la expresión "de aportes" se debería agregar "al Fondo de Solidaridad" y luego seguiría como está: "o hasta [...]".

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: me anoté para dejar otra constancia, pero comenzaré por analizar este planteo que hace el señor Diputado Fernández Chaves.

El problema es que el adicional no va al Fondo de Solidaridad. Lo único que hace el Fondo de Solidaridad con respecto al adicional es percibirlo. En todo caso, si queremos reflejar adónde van estos aportes, debemos decir que es a la Universidad de la República. Se trata de aportes a la Universidad de la República y no al Fondo de Solidaridad. La única tarea del Fondo de Solidaridad es de tipo administrativo, reconocida inclusive en otro artículo de la ley de Presupuesto por el cual, inclusive, se le fijó el cobro de un gasto administrativo por la tarea de cobranza, de recaudación de este tributo.

En todo caso, de hacerse una modificación debería establecerse que son aportes a la Universidad de la República, porque ese es su destino. Creo que igualmente queda claro en el texto del artículo, pero, en todo caso, correspondería referir esa salvedad a la Universidad de la República.

Por otra parte, quisiera dejar una constancia. Nuestra bancada no está en nada de acuerdo con este adicional votado en la ley de Presupuesto. Se votó muy alegremente porque no se midieron las consecuencias de lo que se estaba generando. En definitiva, supuso que, por esta vía, la Universidad de la República recibiera US$ 6:500.000 adicionales, que son los únicos que recibió y que fueron afectados -como lo establece la ley- a proyectos institucionales en el interior del país, a la infraestructura edilicia de la enseñanza, a bibliotecas, es decir, a inversiones realmente redituables en materia de conocimiento.

Los US$ 13:500.000 restantes que por la vía del Presupuesto recibió la Universidad de la República se destinaron a un incremento de sueldos del 15% a partir del 1º de enero de 2001 para todos los funcionarios, docentes y no docentes, de nuestra Casa de Estudios.

Más allá de que, sin duda, los salarios de los docentes y de los funcionarios de la Universidad de la República son bajos -nadie lo duda-, dar un incremento de estas características en una situación como la que vive el país parece, por lo menos, un hecho disociado de la realidad. Me parece que en ese sentido valía la constancia. Estamos de acuerdo en financiar este tipo de proyectos; es más: se podría haber duplicado su financiación con esos restantes US$ 13:500.000. Lamentablemente, pasó lo que pasó.

SEÑOR FALCO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR POSADA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente: voy a hacer una consulta al señor Diputado Posada, porque está haciendo uso de la palabra y es el miembro informante. No me queda claro lo siguiente. Al modificarse el artículo 3º de la Ley Nº 16.524, a través del artículo 1º de este proyecto de ley -que se acaba de aprobar-, se establece que aquellos que son egresados de carreras con una duración igual o superior a cinco años aportarán anualmente una contribución equivalente a cinco tercios de un salario mínimo nacional. Luego, por el adicional, estos mismos sujetos pasivos deben hacer otro aporte.

En conclusión, para quienes no participamos en la elaboración de este proyecto: ¿la contribución total establecida en el proyecto, incluido el aporte adicional, será equivalente a diez tercios de un salario mínimo nacional?

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa advierte que la Cámara está ingresando en un "animus festendi" realmente difícil de controlar. Por lo tanto, ruega centrar el debate en los artículos que restan por aprobar, porque faltan tres cuartos de hora para que finalice la sesión.

Puede continuar el miembro informante, señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Efectivamente, es así. Si analizamos la situación de estos profesionales vemos que hoy están pagando cuatro salarios mínimos nacionales, esto es, doce tercios. A partir de la aprobación de este proyecto de ley por parte del Senado de la República, pasarían a pagar diez tercios.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: quiero referirme a la acotación que hacía el señor Diputado Fernández Chaves.

La modificación propuesta al artículo 542 dice: "[...] deberá ser pagada a partir de cumplido el quinto año de egreso, hasta completar veinticinco años de aportes", y creo que la acotación que hace el señor Diputado es correcta, por lo siguiente. La cantidad de años de aportes al Fondo de Solidaridad no necesariamente es igual a la del adicional. Entonces, sin perjuicio de que en este caso su destino es la Universidad, lo que me parece correcto es que el límite de aportes sea el mismo que para el fondo básico. Por tanto, deberíamos dejar nítido que son veinticinco años de aportes al Fondo de Solidaridad. Lo que estamos estableciendo es un plazo; entonces, decimos que el plazo en que cae el básico es el mismo en que cae el adicional.

Por tanto, la acotación que hacía el señor Diputado Fernández Chaves es correcta, y si los demás compañeros de la Comisión opinan lo mismo, sería pertinente hacer ese agregado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero decir que estamos acompañando este proyecto en la medida en que consideramos que el fondo de becas es una necesidad.

En segundo término, en realidad, el proyecto en general se inscribe en otro marco: en el del debate público sobre el sistema terciario de educación que nuestro país se debe; pero no es este el lugar para ese debate. Además, nos parece que analizar parcialmente tal o cual actitud de la principal Casa de Estudios no es conducente.

En tercer lugar, nos consta que la Comisión de Hacienda trabajó en profundidad en este proyecto; escuchó a muchas de las partes interesadas y cuando se le hicieron algunas observaciones tuvo la voluntad de atenderlas. En ese sentido, por mi parte, encontré una colaboración y una apertura que, cuando uno no trabaja en una Comisión, a veces no se da.

Quería dejar esta constancia por la pregunta que voy a hacer ahora a la Comisión o al distinguido señor miembro informante sobre este artículo 7º, que modifica el artículo 542 de la ley de Presupuesto. La pregunta hace también al motivo por el cual solicité la reconsideración del artículo 1º. Al final de dicho artículo está la novedad de que las entidades públicas y privadas no solo tienen que exigir los recaudos correspondientes, sino que, en caso de pagar salarios, facturas o servicios, serán solidariamente responsables de lo adeudado.

Esto no estaba previsto en la ley vigente, no lo está en el artículo 3º "in fine" de la ley vigente; esta disposición será objeto de reconsideración después, si la Cámara tiene a bien replanteársela, porque creo que estamos innovando fuertemente en materia impositiva. ¡Fíjese, señor Presidente, si hiciésemos esto para todos los tributos! La pregunta específica es si esta contribución adicional también será objeto de este control y, en definitiva, qué tipo de control tiene este fondo adicional. ¿Es el mismo que el de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994?

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: empezando por lo último, está claro que, en la medida en que el ejercicio del cobro de este adicional está encargado al propio Fondo de Solidaridad, este es el que en definitiva tomará los recaudos necesarios para hacerlo efectivo.

Con respecto a lo que se planteaba y que generó el pedido de reconsideración por parte del señor Diputado Michelini, en realidad este planteo, que está recogido inclusive en el proyecto original que presentáramos con la firma de varios legisladores, no hace ni más ni menos que incorporar la referencia a la ley que establece la obligación de los aportes a la Caja de Profesionales Universitarios. Esto es: si todos los profesionales nos fijamos en la constancia que nos da la Caja, veremos que detrás de ella hay una referencia expresa a un artículo de una ley, cuyo número en este momento no recuerdo, que claramente establece que en el caso de que los aportes a la seguridad social no sean vertidos como es conveniente o se le pague a una persona que no tenga la constancia, esa entidad o esa empresa es solidariamente responsable por ellos.

Es decir que el proyecto que nosotros presentáramos y el que en definitiva fue aprobado en la Comisión recogen esa disposición, que ya está vigente para el caso de los aportes a la Caja de Profesionales Universitarios.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Corresponde tratar de buscar una solución a las inquietudes planteadas por el señor Diputado Fernández Chaves. ¿Han sido subsanadas, señor Diputado?

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- No, señor Presidente.

Confieso que la contestación del señor Diputado Posada no me ha convencido, a pesar de su amplio conocimiento en la materia, porque las objeciones formuladas por el señor Diputado Ponce de León son de absoluto recibo.

Si se entendiera que son los aportes a la Universidad exclusivamente y no al Fondo de Solidaridad en general, todos aquellos para quienes comenzó a regir antes el aporte al Fondo de Solidaridad tendrían dos fechas de vencimiento distintas: una para el Fondo y la otra para el adicional. En consecuencia, me parece que sería buena cosa dar una fecha cierta. Nada perdemos agregando la expresión "al Fondo de Solidaridad" después del término "aportes". De esta forma tendríamos una fecha común de cese de la obligación de aportar al Fondo de Solidaridad y al adicional.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: entendiendo bien el alcance de la observación del señor Diputado Fernández Chaves, si los otros miembros de la Comisión no tienen ningún tipo de objeciones hacemos acuerdo y lo votamos como se propone.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º con la modificación propuesta por el señor Diputado Fernández Chaves: después de la palabra "aportes" se agrega "al Fondo de Solidaridad".

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 8º .

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: habíamos hablado entre nosotros acerca de introducir modificaciones a los incisos segundo y tercero de este artículo.

En el segundo inciso, donde dice "Los importes adeudados", debería decir "Los importes originales adeudados".

El tercer inciso establece: "Los convenios por los adeudos referidos que tengan cuotas pendientes de pago, deberán ser recalculados sobre la base de lo dispuesto en el inciso anterior", pero entendemos que debería decir "en los incisos precedentes" o "en los incisos anteriores".

La fundamentación de estas correcciones básicamente hace a la redacción, para dejar las cosas bien claras. Hasta hoy, en algunos casos se han practicado convenios; para cobrar los sueldos, la gente necesariamente debió firmarlos. En estos convenios se han agregado multas, recargos e intereses de financiación. Lo que se está planteando en el tercer inciso es que caigan estos convenios con sus multas y recargos. Por eso estamos agregando esto al inciso primero.

En este caso también se están eliminando los cálculos por intereses de financiación; los importes originales que se debían solamente por concepto de aportes al Fondo o al adicional, sin multas, recargos ni intereses, es lo que se va a actualizar por el valor de la unidad reajustable y lo que podrá ser reconvenido en treinta y seis cuotas.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: quiero hacer una consulta para comprender lo que estoy votando.

El tercer inciso, en su redacción original, establece: "[...] deberán ser recalculados sobre la base de lo dispuesto en el inciso anterior", y ahora se propone "en los incisos anteriores". Pero, en definitiva, el primer inciso de este artículo no establece ninguna fórmula de recálculo, sino el régimen de facilidades de pago y el plazo.

Tal vez la señora Diputada Charlone me pueda iluminar para poder comprender la modificación. Creo que está bien hecha la referencia al inciso que establece la forma de recalcular.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: si planteamos que los convenios se van a recalcular en base a lo establecido en el inciso anterior, estamos hablando solamente de que hay que ajustarlos en unidades reajustables; pero estamos dejando de lado los convenios que fueron firmados, con todas sus multas y recargos.

Esto es, justamente, lo que ha agravado la situación, porque las deudas acumuladas en varios años implican cantidades imposibles de pagar. Por eso agregamos el tema de la remisión de las multas y los recargos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º , con las modificaciones propuestas por la señora Diputada Charlone: el segundo inciso comenzaría diciendo "Los importes originales adeudados", y en el tercer inciso se establecería "[...] lo dispuesto en los incisos anteriores", en lugar de "[...] lo dispuesto en el inciso anterior[...]".

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 9º .

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 10º .

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

El señor Diputado Michelini había solicitado la reconsideración del artículo 1º .

Se va a votar.

(Se vota)

——Diecinueve en cincuenta y tres: NEGATIVA.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: lamento que la Cámara no haya dispuesto la reconsideración de este artículo y agradezco al señor miembro informante por tratar, con su voto, de que fuera nuevamente analizado.

Creo que en el penúltimo literal del artículo 1º , "in fine", hay un elemento que con muy buena intención se ha incorporado, pero que es muy poco claro respecto a quiénes se cobrarán los adeudos devengados solidariamente, porque hay una gran indefinición.

Aspiro a que el Senado lo corrija o, eventualmente, la reglamentación pueda hacerlo en forma estricta, pues me parece que en materia impositiva las leyes deberían ser lo más rigurosas posible.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR POSADA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

¾ ¾ Cincuenta en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, por los siguientes:

"Artículo 1º.- Créase un Fondo de Solidaridad como persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá como cometido financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional (Administración Nacional de Educación Pública).

Artículo 2º.- El Fondo será organizado y administrado por una Comisión Honoraria integrada por siete miembros: uno por el Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá y cuyo voto decidirá en caso de empate; uno por la Universidad de la República; uno por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a propuesta del Consejo de Educación Técnico-Profesional; uno por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios; uno por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones; uno por el Banco de la República Oriental del Uruguay y uno por la Agrupación Universitaria del Uruguay.

Dicha Comisión establecerá:

A) Las directivas generales para asignar las referidas becas, conforme a lo dispuesto por los artículos 6º y 7º de la presente ley, y los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser beneficiarios de las mencionadas becas.

B) Los mecanismos de contralor de los correspondientes aportes.

C) La forma de acreditar la calidad de sujetos pasivos de la obligación de aportar y la de beneficiarios de las becas.

Artículo 3º.- El Fondo se integrará mediante una contribución especial (artículo 13 del Código Tributario) efectuada por los egresados de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional, cuyos ingresos mensuales sean superiores a 4 (cuatro) salarios mínimos nacionales. Dicha contribución especial deberá ser pagada a partir de cumplido el quinto año del egreso, hasta completar veinticinco años de aportes al Fondo de Solidaridad o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación, y se ajustará a las siguientes características:

1) Los egresados cuyas carreras, a la fecha de promulgación de la presente ley, tengan una duración igual o superior a cinco años, aportarán anualmente una contribución equivalente a 5/3 (cinco tercios) de un salario mínimo nacional.

2) Los egresados cuyas carreras tengan una duración de cuatro años y menor de cinco años, aportarán anualmente una contribución equivalente a un salario mínimo nacional.

3) Los egresados cuyas carreras tengan una duración menor a cuatro años, aportarán anualmente una contribución equivalente a medio salario mínimo nacional.

La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá los ingresos computables y los requisitos necesarios que deberán cumplir quienes perciban ingresos inferiores a los establecidos en el inciso primero de este artículo, para justificar los mismos, así como la información que deberán suministrar los organismos públicos para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto.

Los profesionales universitarios deberán efectuar su aporte ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios o ante la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones en su caso.

Los egresados no afiliados a las Cajas mencionadas en el inciso anterior, pagarán su contribución en cualquier dependencia del Banco de la República Oriental del Uruguay, quien habilitará una cuenta especial a tales efectos.

La contribución podrá ser pagada anualmente o en cuotas, en las condiciones que establezca la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo.

El Fondo de Solidaridad deberá entregar anualmente a los egresados comprendidos en el inciso primero del presente artículo, una constancia que acredite estar al día con la contribución especial o exceptuado de la misma de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero. La vigencia de la constancia se extenderá desde el 1º de abril de cada año al 31 de marzo del año siguiente.

Las entidades públicas o privadas deberán exigir anualmente a los sujetos pasivos de esta contribución especial, la presentación de la constancia referida en el inciso anterior. De no mediar tal presentación, las entidades mencionadas quedan inhabilitadas para pagar facturas por servicios prestados, sueldos, salarios o remuneraciones de especie alguna, a los sujetos pasivos titulares del derecho. La inobservancia de lo preceptuado será considerada falta grave en el caso del funcionario público que ordene y/o efectúe el pago. Asimismo, la entidad que incumpla con lo previsto será solidariamente responsable por lo adeudado.

El Banco de Previsión Social y las demás entidades previsionales no podrán dar curso a ninguna solicitud de jubilación o retiro sin exigir la presentación de la constancia de estar al día con la contribución".

Artículo 2º. (Contralor).- El contralor del Fondo de Solidaridad será ejercido por el Tribunal de Cuentas con las más amplias facultades de fiscalización de la gestión financiera.

El Fondo de Solidaridad publicará anualmente la memoria, los estados contables y sus anexos, debiendo requerir previamente la visación del Tribunal de Cuentas.

Artículo 3º. (Recursos).- Contra las resoluciones de la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, la Comisión dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto, configurándose la denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de reposición, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de turno a la fecha en que dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de los veinte días siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o, en su defecto, del día siguiente al que se configura la denegatoria ficta.

La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

Artículo 4º. (Exoneraciones).- Las becas servidas por el Fondo de Solidaridad están exoneradas de todo tipo de tributos nacionales.

Artículo 5º. (Régimen de funcionamiento).- El régimen de funcionamiento, en lo no previsto especialmente por la ley, será el de la actividad privada, especialmente en cuanto a sus estados contables, estatuto de su personal y contratos que celebre.

Artículo 6º. (Inembargabilidad).- Los bienes del Fondo de Solidaridad son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 6º del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 7º. (Contribución adicional).- Sustitúyese el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

"Artículo 542.- Créase una contribución adicional al Fondo de Solidaridad creado por la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, que gravará a los egresados de la Universidad de la República cuyas carreras tengan una duración igual o superior a cinco años, cuyos ingresos mensuales sean superiores a 6 (seis) salarios mínimos nacionales. Dicho adicional deberá ser pagado a partir de cumplido el quinto año del egreso, hasta completar veinticinco años de aportes al Fondo de Solidaridad o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación.

  Los referidos egresados aportarán anualmente una contribución equivalente a 5/3 (cinco tercios) de un salario mínimo nacional, que podrá ser pagada anualmente o en cuotas, de acuerdo a las condiciones establecidas reglamentariamente por el Poder Ejecutivo.

  La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá los ingresos computables y los requisitos necesarios que deberán cumplir quienes perciban ingresos inferiores a los establecidos en el inciso primero de este artículo, para justificar los mismos, así como la información que deberán suministrar los organismos públicos para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto.

  El producto de la contribución adicional se asignará a la Universidad de la República conforme a las normas que rigen los fondos de libre disponibilidad, con los siguientes destinos:

A) 35% (treinta y cinco por ciento) para los proyectos institucionales en el interior del país.

B) 25% (veinticinco por ciento) para mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza, bibliotecas, formación de docentes y publicaciones.

C) 40% (cuarenta por ciento) para la infraestructura edilicia destinada a la enseñanza.

Artículo 8º. (Régimen de facilidades).- Establécese por única vez, un régimen de facilidades de pago de hasta 36 meses y la remisión de las multas y recargos generados, al que podrán acogerse quienes adeuden, al 31 de diciembre de 2001, aportes al Fondo de Solidaridad, ya sea por concepto del tributo creado por la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, o por el adicional creado por el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Los importes originales adeudados deberán convertirse a unidades reajustables al momento de la solicitud, debiendo ser pagados en el plazo acordado en el nuevo convenio. El atraso en el pago de tres o más cuotas determinará la caída del convenio y hará exigible el total de la deuda.

Los convenios por los adeudos referidos que tengan cuotas pendientes de pago, deberán ser recalculados sobre la base de lo dispuesto en los incisos anteriores, imputándose lo abonado a la cancelación de la deuda existente. Si por efecto de aplicación del régimen de facilidades previsto en este artículo, la deuda así determinada resultara menor que el importe abonado por el deudor, se reputará cancelada, sin generar derecho a crédito alguno a su favor.

La solicitud deberá ser presentada ante el Fondo de Solidaridad dentro de los sesenta días corridos siguientes a la vigencia de la presente ley.

Artículo 9º. (Derogación).- Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994.

Artículo 10. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2002".

18.- Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Enrique Pérez Morad, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 10 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José E. Fernández.

Del señor Representante Gustavo Amen, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por los períodos comprendidos entre los días 7 y 10 de diciembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora Rosario Bueno.

Visto la licencia oportunamente solicitada por el señor Representante Julio Luis Sanguinetti por el período comprendido entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001, a la suplenta correspondiente siguiente, señora Margot Acosta.

Visto la licencia por motivos personales, oportunamente concedida al señor Representante Jorge Chápper, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el día 10 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente, señor Tomás Castro.

Del señor Representante Nahum Bergstein, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 10 de diciembre de 2001, convocándose al suplente siguiente, señor Miguel Dicancro".

———En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas mencionadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito se me conceda el uso de licencia por motivos personales, el día 10 de diciembre de 2001 convocándose a mi respectivo suplente.

Sin otro particular saluda a usted atentamente.

ENRIQUE PÉREZ MORAD
Representante por Maldonado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Enrique Pérez Morad.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 10 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Enrique Pérez Morad.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 10 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 567 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio, señor José E. Fernández.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 7 de diciembre hasta el 10 de diciembre, inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

GUSTAVO AMEN VAGHETTI
Representante por Lavalleja"

"Montevideo, diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de acceder a la convocatoria del Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Daoiz Librán".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Lavalleja, Gustavo Amen.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 7 y 10 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Daoiz Librán.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 7 y 10 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Lavalleja, Gustavo Amen.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Daoiz Librán.

3) Convóquese por Secretaría por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señora Rosario Bueno.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Corte Electoral

Nº 3021/2001

272/38

Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Diputado Gustavo Penadés.

Señor Presidente:

Visto que el Representante Nacional por el departamento de Canelones señor Julio Luis Sanguinetti, electo por la hoja de votación Nº 2005 del Partido Colorado, ha solicitado licencia por el período comprendido entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, la Corte Electoral en acuerdo del día de hoy, proclamó Representante Nacional al tercer titular señor Gustavo Espinosa y suplentes a los señores Nelson Vila, Susana Virgili y Julio Musetti.

Atento a que los señores mencionados precedentemente, han declinado por esta vez la convocatoria, la Corporación en sesión del día de hoy, resolvió proclamar Representante Nacional al cuarto titular de la lista señora Margot Acosta y suplentes respectivos a los señores Onofrio Tulumello, Daniel Remuñan y Diego Porcile.

Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Julio Luis Sanguinetti y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos A. Urruty
Presidente

Antonio Morell
Secretario Letrado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Luis Sanguinetti, por el período comprendido entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Antonio Delgado y Omar Bentancourt, no aceptaron la convocatoria, y el señor Heber Duque integra la Cámara por el período comprendido entre los días 4 y 20 de diciembre de 2001.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Gustavo Espinosa, Nelson Vila, señora Susana Virgili y señor Julio Musetti como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 3011/2001, de 5 de diciembre de 2001, quienes no aceptan, por esta vez, la convocatoria.

II) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral, a solicitud de la Cámara, proclamó a la señora Margot Acosta, y señores Onofrio Tulumello, Daniel Remuñán y Diego Porcile como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 3021/2001 de 5 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Canelones, por el período comprendido entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005, del Lema Partido Colorado, señora Margot Acosta.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Corte Electoral

Nº 3020/2001

272/37

Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Don Gustavo Penadés.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de San José señor Jorge Chápper electo por la hoja de votación Nº 22 del Lema Partido Nacional ha solicitado licencia por el día 10 de diciembre de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al quinto titular señor Tomás Castro y suplentes Fga. Rita Quevedo, señor Ángel Sosa y doctor Carlos Olague. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Jorge Chápper, en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos A. Urruty
Presidente

Antonio Morell
Secretario Letrado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de San José, Jorge Chápper por el día 10 de diciembre de 2001.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Casas y Eduardo Rapetti no habían aceptado por esa vez la convocatoria de que fueron objeto.

CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó al señor Tomás Castro, señora Rita Quevedo, señores Ángel Sosa y Carlos Olague, como suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 3020/2001, de 5 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de San José, por el día 10 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22, del Lema Partido Nacional, señor Tomás Castro.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el 10 de diciembre.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

NAHUM BERGSTEIN
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Nahum Bergstein.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 10 diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Nahum Bergstein.

2) Convóquese por Secretaría, para integrar la referida representación por el día 10 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

19.- Reiteración de pedidos de informes.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Berois Quinteros, Orrico, Falero y Gabriel Pais.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara considere la reiteración de los pedidos de informes no contestados que figuran en el repartido adjunto".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión.

El texto de los diez pedidos de informes cuya reiteración se solicita figura en el repartido que obra en poder de los señores Diputados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reiteran los pedidos de informes.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

(Texto de los pedidos de informes que se reiteran:)

"Montevideo, 6 de agosto de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública. Indicar: 1) Si el señor Ministro tuvo oportunidad de reunirse, tal como me lo explicó en forma oral, con el señor Presidente de la República con motivo del Expediente Nº 73/001. 2) En caso afirmativo, si el señor Presidente de la República autorizó al señor Ministro a evacuar las preguntas oportunamente formuladas en sendos pedidos de informes remitidos a esa Secretaría de Estado, por Oficio Nº 3956, de 7 de diciembre de 2000, y su reiteración de 15 de mayo de 2001, acerca del expediente aludido. 3) Si el uso del antihumectante ferrocianuro está autorizado en nuestro país, y en los restantes países integrantes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en comestibles, especialmente en la sal. 4) Si la sal que importa la empresa Conisel S.A. tiene autorización del país de origen para su fluoración; especificando si ese Ministerio tuvo presente este extremo al resolver en el expediente mencionado. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 4 de setiembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Indicar: 1)  Valor unitario de cada Núcleo Básico Evolutivo del barrio Garolini en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja. 2) Valor unitario de cada Núcleo Básico Evolutivo del barrio SIAV en la ciudad de Batlle y Ordóñez, departamento de Lavalleja. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 4 de setiembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Informar: 1) Cuántos Núcleos Básicos Evolutivos hay construidos en el país bajo el Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV). Detallar: ubicación geográfica en cada departamento y número de viviendas en cada lugar. 2) Cantidad de viviendas construidas como Núcleos Básicos Evolutivos bajo el Sistema SIAV para jubilados, y cuál ha sido el monto transferido por el Banco de Previsión Social (BPS) a ese Ministerio para su construcción; detallando si ese monto cubre la totalidad de la obra, entendiendo por totalidad, vivienda, atención y mantenimiento de espacios comunes. 3) Cuántos Núcleos Básicos Evolutivos están conectados a los sistemas de saneamiento, saneamiento alternativo y cuántos funcionan por el sistema de cámaras sépticas. 4) Registro de organizaciones no gubernamentales registradas en ese Ministerio. 5) Cuántas se encuentran en este momento con responsabilidad en la post-obra de los Núcleos Básicos Evolutivos. 6) A qué cantidad de barrios de Núcleos Básicos Evolutivos atienden en post-obra y asesoran cada una de las referidas organizaciones registradas en esa Secretaría de Estado. 7) Indice de morosidad de todos los Núcleos Básicos Evolutivos bajo el Sistema SIAV. 8) Inversión en pesos uruguayos, desde el inicio hasta el 31 de diciembre de 2000, en la construcción de los Núcleos Básicos Evolutivos bajo el Sistema SIAV. 9) Respecto a los denominados vicios de construcción, qué tipo de responsabilidad se les exige a las empresas constructoras una vez finalizada la obra. 10) Si ese Ministerio tiene calculada la vida útil de cada vivienda de Núcleos Básicos Evolutivos. 11) Si existen Núcleos Básicos Evolutivos que no estén bajo el Sistema SIAV, y de existir dónde están ubicados y cuántos son. 12) Número de viviendas construidas bajo el sistema SIAV en el período 1995-2000, por departamento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 7 de setiembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública. Se desea saber cuál fue el resultado de la investigación realizada por ese Ministerio de acuerdo a la contestación enviada con fecha 23 de marzo de 2001, ante pedido de informes solicitado por el diputado Alfredo Rodríguez, referido a los controles técnicos realizados a productos de consumo alimentario que contengan ferrocianuro de sodio. Para el caso de haberse constatado la utilización de tal antihumectante, detallar cuáles son dichos alimentos y las medidas que se tomaron al respecto. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 20 de setiembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social (BPS). Con relación a las viviendas del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV) de la ciudad de Batlle y Ordóñez, en el departamento de Lavalleja, informar: 1) Si el BPS ya realizó los depósitos correspondientes a seis viviendas. De haberlo realizado, a nombre de quién fue hecho el depósito. 2) En caso negativo, cuándo estima que lo efectuará. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 20 de setiembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR). Con referencia al barrio Nº 10651, de pueblo Pirarajá, del departamento de Lavalleja, indicar: 1) Del total de las sesenta y dos viviendas del mencionado barrio, cuántas cuentan con saneamiento alternativo y cuántas con pozos sépticos. 2) A quién le corresponde el mantenimiento del saneamiento alternativo. 3) Asimismo, a quién el mantenimiento de los pozos sépticos. 4) Al no existir servicio barométrico en el pueblo Pirarajá, cómo se subsanan las dificultades de saneamiento del complejo habitacional MEVIR Nº 10651. 5) Cuál es la razón por la que los habitantes del citado complejo pagan tasa de alcantarillado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 16 de julio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Consejo de Educación Técnico-Profesional. Indicar: 1) Cuándo se inició sumario al profesor Garabed Arakelian, Director de la División Asesoría y Desarrollo Empresarial, y cuáles fueron los motivos. 2) Por qué se inició, simultáneamente, un mismo sumario, a dos actores claramente diferenciados en sus responsabilidades. 3) Si ello no perjudica expresamente a uno de los involucrados, cuya situación ya se habría aclarado suficientemente. 4) Por qué una vez que se presentaron las pruebas no se separaron las actuaciones. Asimismo, cómo se explica que luego de una prolongada auditoría haya sido necesario contratar a un asesor (supuestamente de afuera) para dar imparcialidad al fallo. 5) Si la persona a que refiero en el numeral 4) era o es, actualmente, funcionario de la Institución. 6) Si al profesor Garabed Arakelian se le retienen los haberes de los seis meses iniciales. 7) Si se ha cumplido la ley en cuanto establece que el sueldo debe comenzarse a pagar, íntegramente, al término de los primeros seis meses. 8) En caso negativo, por qué razones se siguió un camino distinto. 9) Si el profesor Arakelian obtuvo su cargo por concurso y si dicho cargo es efectivo actualmente, o en qué lapso lo fue. 10) Desde cuándo habría dejado de serlo y por qué razones. 11) Si el mencionado profesor fue notificado en tiempo y forma de dicho cambio. 12) Por último, si se modificó la declaración jurada anual correspondiente al año 2000, presentada por el referido docente, y si ese hecho tiene fundamento jurídico. De ser así, cuáles son, a juicio de la Dirección de UTU, las consecuencias jurídicas de esa modificación. Saludo al señor Presidente muy atentamente. GUILLERMO CHIFFLET, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 20 de agosto de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparada en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Con respecto al edificio construido por el BHU, sito en la calle bulevar Artigas, entre las calles José Enrique Rodó y Chaná, determinar: A) Qué unidades fueron adjudicadas a la señora Susana Feola Méndez y al señor Diego Guillermo Pienica. B) Si las adjudicaciones fueron realizadas por llamado público o por Directorio. C) En el caso de haber sido adjudicadas en calidad de ahorristas, determinar puntaje y antigüedad. D) Fecha de adjudicación y de entrega. E) Precio total de las unidades, monto de la entrega y cuotas mensuales. F) Con qué comodidades cuentan los apartamentos de los que se solicita la información. Saludo al señor Presidente muy atentamente. YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha".

"Montevideo, 20 de agosto de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparada en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Instituto Nacional del Menor (INAME). Indicar: 1) Cuál es el padrón de funcionarios destinados a cumplir tareas en dependencias instaladas en el departamento de Rocha, determinándose nombre del funcionario, cargo, funciones que desempeña, remuneración que percibe y fecha de ingreso a la institución. Se solicita la precisión de los funcionarios que hubieren ingresado por concurso. 2) Partida presupuestal destinada a la dependencia referida; detalle preciso de su forma de distribución (sueldos, partidas para alimentación, convenios y otros). 3) Cuántos Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF) existen en el departamento de Rocha, dónde están ubicados, y qué montos se les destina mensualmente. 4) Si existen convenios con otras instituciones públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales, u otras. En caso afirmativo, determinar con cuáles y en qué condiciones. 5) Si existen hogares sustitutos, determinar en qué condiciones y su funcionamiento. Sin otro particular y quedando a la espera de la información solicitada, saludo al señor Presidente muy atentamente. YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha".

"Montevideo, 11 de setiembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparada en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 1) Precisar cuánto dinero fue asignado a la Intendencia Municipal de Rocha por concepto de partidas, desde el año 1995 al año 2001, inclusive. 2) Determinar qué obras ejecutó la citada Intendencia Municipal, especificando la cantidad de kilómetros que fueron realizados en caminería rural, detallando por año, desde 1995 a 2001. 3) Grado de cumplimiento de cada convenio, por año, desde 1995 hasta 2001, inclusive, adjuntando el plan de caminos cubierto por el convenio. 4) Establecer un comparativo de obras ejecutadas y dinero asignado entre la Intendencia Municipal de Rocha y los demás Municipios. Sin otro particular y quedando a la espera de la información solicitada, saludo al señor Presidente muy atentamente. YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha".

20.- Impuesto creado por el artículo 642 de la Ley Nº 16.170 y aportes patronales al Banco de Previsión Social. (Se establece un régimen gradual de pago para aquellos contribuyentes catalogados como microempresas).

¾ ¾ Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Impuesto creado por el artículo 642 de la Ley Nº 16.170 y aportes patronales al Banco de Previsión Social. (Se establece un régimen gradual de pago para aquellos contribuyentes catalogados como microempresas)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 818

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 31 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley por el que se establece un régimen gradual de pago del impuesto creado por el artículo 642 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1991 y los aportes patronales al Banco de Previsión Social por parte de aquellos contribuyentes categorizados como microempresas.

Lo que se procura con estos artículos es propender por un lado a la creación de microempresas con la consiguiente generación de empleo productivo y por otro incentivar la formalización y legalización de las informales, minimizando la competencia desleal que generan. Se debe considerar que la microempresa en nuestro país, vale decir aquellas que ocupan 1-4 personas, representa el 85,3% de las unidades económicas. En consideración a ello se debe atender incluso como estrategia de promoción y desarrollo que tal proporción de segmento económico transite el circuito formal y legal. De esta manera serán los propios microempresarios, los primeros beneficiados, con acceso a una serie de programas tales como: líneas de crédito adecuadas a sus emprendimientos, cobertura de servicios de salud, posibilidad de ingresar a mercados externos, entre otros.

También el propio Estado se vería beneficiado generando en definitiva mayor cantidad de pequeños contribuyentes, pero tremendamente dinámicos y adaptables, incluso con potencial exportador en muchos casos, a través de formas asociativas.

Y además debemos considerar el impacto social que se genera con la creación de microempresas de jóvenes recién egresados de los centros de enseñanza, ex funcionarios públicos reciclados a la actividad privada, empresas de mujeres, etc.

Naturalmente a esta medida promocional debería acompañársele con programas de información, gestión empresarial, capacitación, asistencia financiera, de manera de generar un componente integrado de generación de estrategias modernas que no sólo se agota en una medida fiscal.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ALBERTO BENSIÓN, SERGIO ABREU, ÁLVARO ALONSO.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Agrégase al Título 4 (IRIC) del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

"Artículo 63.- Aquellos contribuyentes que inicien actividades a partir del 1º de enero de 2001, y cuyos emprendimientos sean categorizados como microempresas, en cuanto a personal ocupado y volumen de ventas netas anuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º del Decreto 54/992, de 7 de febrero de 1992, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto 266/995, de 18 de julio de 1995, reglamentario de la Ley Nº 16.201, de 13 de agosto de 1991, tributarán el impuesto creado por el artículo 642 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, de acuerdo a la siguiente escala:

a) el 25% durante el primer ejercicio económico,

b) el 50% durante el segundo ejercicio económico,

c) el 100% a partir del tercer ejercicio económico.

En el caso que de acuerdo al nivel de ventas alcanzado en alguno de los tres años, la empresa pase a ser contribuyente del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, esta gradualidad cesará automáticamente y no será aplicable a futuros ejercicios económicos".

Artículo 2º.- Igual tratamiento tendrán las empresas indicadas en el artículo anterior, respecto al aporte patronal al Banco de Previsión Social.

Montevideo, 31 de octubre de 2001.

ALBERTO BENSIÓN, SERGIO ABREU, ÁLVARO ALONSO.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Aquellos contribuyentes que hayan iniciado o inicien actividades a partir del 1º de enero de 2001, y cuyos emprendimientos sean categorizados como microempresas, en cuanto a personal ocupado y volumen de ventas netas anuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º del Decreto 54/992, de 7 de febrero de 1992, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto 266/995, de 18 de julio de 1995, reglamentario de la Ley Nº 16.201, de 13 de agosto de 1991, tributarán el Impuesto creado por el artículo 642 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, de acuerdo a la siguiente escala:

a) el 25% durante el primer ejercicio económico,

b) el 50% durante el segundo ejercicio económico,

c) el 100% a partir del tercer ejercicio económico.

En el caso que de acuerdo al nivel de ventas alcanzado en alguno de los tres años, la empresa pase a ser contribuyente del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, esta gradualidad cesará automáticamente y no será aplicable a futuros ejercicios económicos.

Artículo 2º.- Igual tratamiento tendrán las empresas indicadas en el artículo anterior, respecto al aporte patronal al Banco de Previsión Social.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 14 de noviembre de 2001.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 818

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda, por unanimidad, recomienda la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Al igual de lo que sucede en otros países del mundo, las micro, pequeñas y medianas empresas, tienen en el Uruguay una importancia singular.

Suman aproximadamente 197.000 unidades, constituyen el 99,5% de las empresas del país (excluyendo el sector agropecuario), emplean al 66,8% del personal ocupado (unas 720.000 personas) y aportan algo más del 32% del PBI, aunque contribuyen directamente a las exportaciones sólo en un 5%.

Esta importancia ha sido reconocida a nivel legislativo a través de diversas normas, entre las cuales corresponde destacar la Ley Nº 16.201, de 13 de agosto de 1991, que declara de interés nacional la promoción, desarrollo y tecnificación de las pequeñas y medianas empresas; la Ley Nº 16.882, de 24 de octubre de 1997, por las que se crea un Programa de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, con financiamiento de US$ 30.000.000, de cargo del Poder Ejecutivo y encomendándose su ejecución a la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, que regula sobre las Sociedades Anónimas de Garantía Reciproca.

Asimismo, diversos organismos del estado han adoptado medidas para apoyar esta trascendente expresión de la actividad económica nacional. Entre ellas cabe referirse a la ya mencionada Corporación Nacional para el Desarrollo que, desde el año 1989, promueve el desarrollo de este sector. Así, el Programa Global de Crédito para la Pequeña y Mediana Empresa (BID-PYME) fue el resultado de los acuerdos celebrados por el Uruguay con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 29 de diciembre de 1990, apuntando a cumplir los siguientes objetivos:

A)  Articular un sistema de instituciones públicas y privadas que posibiliten la llegada a las pequeñas y medianas empresas de un componente de crédito, que se materialice en préstamos, y un componente de cooperación técnica, que se concreta en la prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica, a partir del fortalecimiento de instituciones financieras y entidades técnicas de asistencia.

B)  Contribuir a la creación de un sistema autosostenido de organizaciones que brinden crédito y capacitación.

Asimismo, el Programa procuró mejorar las condiciones de trabajo, ingresos y productividad "promoviendo la participación de la mujer y de los jóvenes en el proceso de desarrollo, introduciendo, además la consideración de la protección ambiental".

Concretamente, a febrero de 1999 se movilizaron un total de US$ 45.655.066,51 de los que, aproximadamente US$ 30.000.000 correspondieron a recursos BID y el resto a aportes de los beneficiarios, para 3.349 créditos a las pequeñas y medianas empresas.

La Corporación Nacional para el Desarrollo ha realizado también variadas acciones de apoyo a la pequeña empresa, como en materia de cooperación técnica donde se celebraron más de 100 convenios con diversas instituciones, se impartieron más de 200 cursos de los que participaron casi 3.500 personas, se elaboraron más de 1.600 proyectos de inversión, se organizaron seminarios, se asignaron consultorías y se proveyó de hardware a entidades técnicas de apoyo (ETAs).

Muchos otros programas y actividades ejecutados por la Corporación podrían ser detallados con la misma orientación, como el Programa Jóvenes de la Corporación y Credijoven, así como la exitosa tarea cumplida por la Unidad de Reinserción Laboral y Empresarial.

El señor Vicepresidente de la Corporación para el Desarrollo ha establecido gráficamente la importancia que todo ese apoyo a la pequeña y mediana empresa puede tener en la creación de empleo. Con el préstamo promedio que se obtiene para actividades PYMES, aproximadamente US$ 12.000, se crean 1,8 puestos de trabajo, mientras que en las grandes empresas promedialmente se necesitan unos US$ 100.000 para crear un puesto de trabajo.

Otro organismo que, sin duda ha venido trabajando en forma muy importante en todos estos años es la DINAPYME, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Allí se ha brindado información, apoyo a los proyectos de inversión y planes de negocios, apoyo a la mejora de gestión empresarial, asesoramiento financiero y crediticio, apoyo al desarrollo artesanal, apoyo en materia de relaciones interinstitucionales (nacionales o extranjeras) y apoyo a la constitución de formas asociativas, orientadas a la obtención de mejores garantías y, fundamentalmente, para exportar.

Sería injusto no mencionar a otras instituciones o entidades como Anmype, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara de Comercio, Red Propymes, distintas ONG especializadas en esta área, instituciones financieras, clásicas y cooperativas, y, naturalmente, a los distintos Gobiernos Departamentales.

Se ha logrado avanzar en forma significativa, aunque queda mucho por hacer.

El 1º de noviembre de este año, en oportunidad de comparecer ante la Comisión de Hacienda una delegación de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, su Presidente, el señor Pablo Villar destacaba el alto porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas que se forman pero que sucumben en el primer año de vida. Ese porcentaje oscila entre el 80% y el 85%.

También se hizo una referencia a una iniciativa que, en conjunto con la DINAPYME, se había querido impulsar. La misma se refería, dice el señor Villar, al "registro en el BPS y en la DGI de un empresario cuando emprende su gestión. ¿En qué condiciones se efectuará la tributación? El primer año pagará un 25% de los fictos; el segundo, un 50% y el tercero, un 75%. Se prevé que recién al cuarto año, cuando se supone que la empresa empezó a caminar, ese empresario pague el 100% del tributo que le corresponde".

Tenemos entonces este antecedente de la vieja aspiración de los microempresarios para el establecimiento de tributación gradual.

Del mismo modo existen intentos legislativos, como el proyecto de ley presentado por el Senador Pablo Millor, con fecha 12 de abril de 2000, proponiendo sustancialmente lo mismo y con una redacción casi idéntica a la que recoge el proyecto que hoy nos ocupa.

Como expresa la exposición de motivos enviada por el Poder Ejecutivo, lo que se procura es la creación de microempresas, para favorecer la generación de nuevos puestos de trabajo y facilitar la formalización y legalización de las informales, minimizando la competencia desleal que representan para quienes contribuyen en debida forma.

Por su parte, en la exposición de motivos del Senador Pablo Millor, se realizaba una precisión que transcribe textualmente su similar del Poder Ejecutivo: "Naturalmente a esta medida promocional deberá acompañársele con programas de información, gestión empresarial, capacitación, asistencia financiera, de manera de generar un componente integrado de generación de estrategias modernas que no sólo se agota en una medida fiscal".

Consideramos entonces que el proyecto que se somete a consideración del Cuerpo contribuye positivamente a facilitar el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas las que realizan un aporte económico, productivo y social de indudable importancia para el país. Teniendo en cuenta que el proyecto prevé la situación de contribuyentes que inicien actividades a partir del 1º de enero de 2001, sería muy importante proceder a su aprobación en forma inmediata.

Sala de la Comisión, 21 de noviembre de 2001.

RONALD PAIS, Miembro Informante, JOSÉ AMORÍN BATLLE, SILVANA CHARLONE, DANIEL GARCÍA PINTOS, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC,  DANIELA PAYSSÉ, MARTÍN PONCE DE LEÓN, IVÁN POSADA".

¾ ¾ Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: el proyecto a consideración del Cuerpo viene informado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacienda, quienes hemos considerado que sin duda es una de las importantes iniciativas que esta Cámara tiene la posibilidad de tratar sobre fin de año.

Se trata de una vieja aspiración de los micro, pequeños y medianos empresarios para tratar de adecuar la carga tributaria al desarrollo de sus pequeñas empresas.

Es muy importante el aporte que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas a la economía nacional. En nuestro informe señalamos que constituyen el 99,5% de las empresas del país -excluyendo al sector agropecuario-, que emplean casi el 67% del personal ocupado y que aportan algo más del 32% del producto bruto interno del país.

En la Comisión de Hacienda hemos tenido oportunidad de recibir a delegaciones de ANMYPE -asociación que nuclea a las micro, pequeñas y medianas empresas- y no hace mucho tiempo nos manifestaban sus aspiraciones con relación a este proyecto surgido a raíz del planteamiento que las micro, pequeñas y medianas empresas habían realizado ante DINAPYME. Cuando el señor Jorge Nader era su Director, se intentó que esta iniciativa progresara en el Ministerio de Economía y Finanzas de la época, pero lamentablemente no prosperó en aquella oportunidad.

Luego se insistió en un antecedente legislativo que citamos del señor Senador Millor, quien presentó un proyecto idéntico el año pasado. Ahora el Poder Ejecutivo remite esa iniciativa, prácticamente en los mismos términos, y recibe amplia acogida parlamentaria, como no podía ser de otra manera.

Creemos de fundamental importancia este proyecto por varios motivos. El primero de ellos es que está comprobado que un enorme porcentaje de las micro, pequeñas y medianas empresas desaparece durante el primer año de su constitución. Es decir que no llegan a sobrellevar el peso de la carga tributaria que deben soportar. Eso genera no solamente la desaparición de esas unidades productivas, sino que muchas veces es una de las causas que alimenta la informalidad. Entonces, como alguien señalaba gráficamente, si logramos que esto se adapte, al igual que como sucede con un niño de escuela en relación al tamaño de la mochila que debe llevar, seguramente conseguiremos que cuando las empresas alcancen cierto desarrollo -que no está para nada mal calculado, porque la experiencia también nos indica que formar y asentar una empresa en el Uruguay rara vez lleva menos de tres años; este régimen de tributación gradual a esos efectos tiene en cuenta el cuarto año o el tercer ejercicio-, se hagan cargo del 100% de lo que deben aportar.

No solamente se gradúa el aporte a la Dirección General Impositiva del impuesto a la pequeña y mediana empresa, establecido por el artículo 642 de la Ley Nº 16.170 -que para el año 2000 está fijado en $ 850-, sino también los correspondientes al Banco de Previsión Social. De esa manera, durante el primer ejercicio se aportará el 25%, durante el segundo, el 50% y, finalmente, durante el tercero, el 100%.

En el último inciso del artículo 1º se establece una salvedad y es que si la empresa evoluciona más rápido de lo previsto y logra ser contribuyente del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, la gradualidad cesa automáticamente y no será aplicable a futuros ejercicios económicos. Es decir que si se alcanza un nivel de fortalecimiento de la empresa que permita hacer aportes normales, pasa al sistema habitual y no queda sujeta a los beneficios de este régimen de promoción a consideración del Cuerpo.

Entonces, entendemos que con esta iniciativa se ayuda a la constitución y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, es un factor para combatir la informalidad y la competencia desleal que significa esta actividad informal para quien paga los impuestos. Por tanto, de alguna manera estamos defendiendo una fuente de creación de empleo de indudable eficacia porque, como bien señala en un informe reciente el Vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, con los préstamos promedio que obtienen estas micro, pequeñas y medianas empresas, que son del orden de los US$ 12.000, se crea 1,8 puestos de trabajo, mientras que en las grandes empresas la creación de un solo puesto de trabajo conlleva alrededor de US$ 100.000. Por lo tanto, esta es una forma de generar empleo en la medida en que la micro empresa puede tener de 1 a 4 personas ocupadas -es el caso típico del núcleo familiar-, la pequeña empresa, de 5 a 19 -de acuerdo con lo que define la reglamentación-, y la mediana, de 20 a 99 personas ocupadas.

Nos parece que esta también es una forma de ayudar a la generación del autoempleo porque facilita que quien tenga una idea o quiera llevar a cabo un emprendimiento, no se encuentre con que el peso de la tributación, tanto a nivel del Banco de Previsión Social como de la Dirección General Impositiva, haga inviable ese camino que, seguramente, es el que todos deseamos para las iniciativas que se traducen en este tipo de formalización.

Por lo tanto, esperamos que el Cuerpo acompañe este buen proyecto de ley que, como dije antes, consagra una vieja aspiración de los involucrados y, de esa manera, a partir del 1º de enero del próximo año -si avanzamos rápido en las instrumentaciones- tengamos la posibilidad de que ya se aplique a quienes inician actividades a partir de esa fecha, como el mismo texto legal lo establece.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

21.- Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio. (Se establecen nuevas deducciones para fijar la renta neta a efectos de su tributación).

Comunicación inmediata de proyectos aprobados.

——Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio. (Se establecen nuevas deducciones para fijar la renta neta a efectos de su tributación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 817

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 31 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley por el que se establecen nuevas deducciones para establecer la renta neta sobre la que se tributa el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

El Uruguay tiene una estrategia claramente definida en materia industrial en cuanto a la necesidad de generar un perfil basado en la vocación por la calidad.

Esta estrategia no se ve aún reflejada en algunos parámetros descriptivos de la realidad del sector industrial nacional que son considerados a nivel internacional como fieles indicadores de la apuesta de un país a la calidad. En particular, la certificación de las empresas de sus procesos productivos bajo normas de la International Standard Organization ya es en el presente un indicador clásico.

El Poder Ejecutivo tiene el propósito de adoptar medidas de política que sean conducentes a esa orientación estratégica. En ese sentido se considera necesario crear condiciones más favorables para que las empresas procuren obtener la certificación de sus procesos productivos así como el reconocimiento de la compatibilidad de dichos procesos con la preservación del medio ambiente.

A esos efectos se está proponiendo que los gastos incurridos por las empresas que realicen esfuerzos tengan un tratamiento tributario similar al que ya se concede a los proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico, así como en materia de capacitación.

El efecto esperado de esta medida es acelerar el proceso en marcha en esta materia, logrando alcanzar rápidamente una masa crítica de empresas nacionales certificadas que genere un cambio cualitativo en la caracterización del sector industrial uruguayo.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ALBERTO BENSIÓN, SERGIO ABREU.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Los gastos en que incurran las empresas para obtener la certificación bajo las normas de calidad internacionalmente admitidas, podrán computarse por una vez y media su monto real, a los efectos del IRIC, previa aprobación del proyecto en cuestión por parte de la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

A los efectos indicados en el inciso anterior, los gastos a computar comprenderán la contratación de servicios de certificación de calidad con entidades reconocidas por los organismos uruguayos de acreditación, así como los gastos en que se incurra para la obtención de tal certificación y su mantenimiento posterior.

Montevideo, 31 de octubre de 2001.

ALBERTO BENSIÓN, SERGIO ABREU.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Los gastos en que incurran las empresas para obtener la certificación bajo las normas de calidad internacionalmente admitidas, podrán computarse por una vez y media su monto real, a los efectos del IRIC, previa aprobación del proyecto en cuestión por parte de la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

A los efectos indicados en el inciso anterior, los gastos a computar comprenderán la contratación de servicios de certificación de calidad con entidades reconocidas por los organismos uruguayos de acreditación, así como los gastos en que se incurra para la obtención de tal certificación y su mantenimiento posterior.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 14 de noviembre de 2001.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 817

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda, por unanimidad, recomienda la aprobación de este proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores.

Por el mismo se establecen nuevas deducciones para establecer la renta neta sobre la que se tributa el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

Se pretende tomar medidas a los efectos de mejorar las condiciones de competencia en materia industrial; es en ese sentido que es necesario crear condiciones más favorables para que las empresas procuren obtener la certificación de sus procesos productivos así como el reconocimiento de la compatibilidad de dichos procesos con la preservación del medio ambiente.

Se está proponiendo que los gastos incurridos por las empresas que realizan esfuerzos tengan un tratamiento tributario similar al que ya se concede a los proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico, así como en materia de capacitación.

En mérito a lo expuesto, vuestra asesora aconseja la aprobación de este proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 21 de noviembre de 2001.

JOSÉ AMORÍN BATLLE, Miembro Informante, SILVANA CHARLONE, DANIEL GARCÍA PINTOS, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, RONALD PAIS, DANIELA PAYSSÉ, MARTÍN PONCE DE LEÓN, IVÁN POSADA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: este proyecto de ley fue remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado por unanimidad en el Senado y por la Comisión de Hacienda de la Cámara. Por su intermedio se pretende incentivar a las empresas uruguayas a apostar a criterios de calidad. Consta de un artículo, que refiere básicamente a la posibilidad de computar para el cálculo del IRIC una vez y media los gastos realizados para obtener la certificación de normas de calidad. La política al respecto es intentar que con este incentivo las empresas apuesten a mejorar con normas de calidad tanto los procesos productivos como la calidad ambiental.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

El señor Diputado Amorín Batlle mociona para que se comuniquen de inmediato este proyecto y el que figura en segundo término del orden del día, que fue aprobado previamente.

Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

22.- Llamado a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas.

——La Mesa quiere informar al Cuerpo que, debido a que se ha planteado que el próximo lunes, a la hora 10, se inaugura el Memorial a los Desaparecidos y en atención a que algunos legisladores van a concurrir, se ha acordado con el señor Ministro de Economía y Finanzas que la interpelación tendrá lugar el mismo lunes, a la hora 11.

La Mesa también deja constancia e informa a la Cámara que a la hora 17 y 30 del día lunes está prevista una actividad en el Salón de los Pasos Perdidos por la finalización de los cursos de la Escuela Militar y de la Escuela Nacional de Policía.

23.- Levantamiento de la sesión.

Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: en mérito a que este es un proyecto importante, que requiere mayorías especiales de cincuenta votos, y a que hay algunos puntos en los que no existe acuerdo, en particular sobre un artículo, y teniendo en cuenta que faltan quince minutos para llegar a la hora reglamentaria, mociono para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 19 y 46)

 

 

GUSTAVO PENADÉS

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora

Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor

 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.