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N° 30 - TOMO 367 - 20 DE JULIO DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

29ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES HUGO BATALLA Presidente

y AMERICO RICALDONI Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Solicitud de sesión

-La formulan varios señores Senadores para considerar los asuntos que en la misma se detallan.
-Se resuelve celebrar sesión.

4) Asuntos entrados

5) Proyectos presentados

-Delito de desacato por desobediencia al mandato judicial.
-Lo presenta el señor Senador Mallo.
-Modificaciones al régimen vigente de Previsión Social.
-Lo presenta el señor Senador Sarthou.
-Comisiones Parlamentarias.
-Lo presentan varios señores Senadores.

6) Rosalío Pereyra. Homenaje póstumo

-Manifestaciones de agradecimiento del señor Senador Pereyra por las atenciones recibidas con motivo del fallecimiento de su hermano.

7) Derecho a la intimidad y a la información

-Aclaración de la Mesa
-Exposición del señor Senador Laguarda.
-Manifestaciones de varios señores Senadores.
-Se resuelve, por moción del señor Senador Laguarda, remitir la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala a la Cámara de Representantes, a los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior y a la Comisión de Constitución y Legislación de este Cuerpo.

8) Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venias para designar al Directorio del Banco de Seguros del Estado y al de las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea; solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar Embajador de la República ante la República del Ecuador y solicitud de venia para destituir a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura

(En sesión secreta)
-El Senado en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para designar a los miembros del Directorio del Banco de Seguros del Estado y de PLUNA; para acreditar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República del Ecuador y para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura.

9) Comisiones del Senado.

-Planteamiento del señor Senador Batlle para que en la semana próxima se suspendan las sesiones de aquellas que están integradas por miembros de las de Asuntos Laborales y Seguridad Social y de Hacienda.
-Manifestaciones de varios señores Senadores.
-Se resuelve dejar sin efecto la convocatoria de dichas Comisiones, sin establecer una norma rígida al respecto.

10) Banco de Seguros del Estado. Comisión Investigadora

-La Mesa informa, a solicitud del señor Senador Gargano, que la decisión adoptadas por el Senado el 19 de octubre de 1994, fue comunicada a la Presidencia de la República el 10 de enero de 1995.

11) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 19 de julio de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores Senadores, mañana jueves 20, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para designar al Directorio del Banco de Seguros del Estado.

(Carp. Nº 215/95 - Rep. Nº 72/95)

2º) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para designar al Directorio de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA).

(Carp. Nº 203/95 - Rep. Nº 62/95)

3º) Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar al señor Duncan Crocci como Embajador de la República ante la República del Ecuador.

(Carp. Nº 210/95 - Rep. Nº 73/95)

4º) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence 3 de agosto de 1995).

(Carp. Nº 174/95 - Rep. Nº 63/95)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Laguarda, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTA: con licencia, el señor Senador Korzeniak.

3) SOLICITUD DE SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Habiendo número, está abierto el acto.

(Es la hora 17 y 17 minutos)

-Dése cuenta de una solicitud de sesión.

(Se da de la siguiente:)

"Varios señores Senadores solicitan se cite al Cuerpo".

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 17 de julio de 1995.

Señor Presidente del Senado

Doctor Hugo Batalla

Los Senadores abajo firmantes solicitamos se cite el Senado a sesión extraordinaria el próximo jueves 20 de julio, a la hora 17, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1º) Designación del Directorio del Banco de Seguros del Estado.

2º) Designación del Directorio de PLUNA.

3º) Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designar al señor Duncan Crocci como embajador de la República en la República del Ecuador.

4º) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura (Carpeta Nº 174/95).

Saludamos a usted muy atentamente.

Luis A. Heber, Wilson Sanabria, Luis Brezzo, Rafael Michelini, Luis B. Pozzolo, Susana Dalmás, Helios Sarthou, Hugo Fernández Faingold, Danilo Astori. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Se va a votar si se desea celebrar sesión.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Está abierta la sesión.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 20 de julio de 1995.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas comunicando las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

De la Intendencia Municipal de San José relacionada con pago, exoneraciones y bonificaciones de tributos.

Del Ministerio de Defensa Nacional relacionada con la certificación por diferencia de cambio.

De la Cámara de Senadores relacionada con el convenio con ANTEL, por un servicio de telefonía móvil celular.

-Ténganse presente.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes solicitando venia para:

Designar como integrantes del Directorio del Banco de Seguros del Estado al Doctor Carlos Alberto Cassina como Presidente, a los señores José Jorge de Boismenu, Jorge De León, Sergio Arbiza y Contador Alvaro Alonso.

-Se incluye en el orden del día a solicitud de varios señores Senadores.

Y designar como miembros del Directorio del Instituto Nacional del Menor al Licenciado Alejandro Bonasso en calidad de Presidente y al Profesor Julio César Saettone y a la Escribana Beatriz Argimón.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La Suprema Corte de Justicia remite Mensaje adjuntando los datos estadísticos correspondientes a los departamentos de Montevideo e interior relacionado a desalojos, acciones de rebaja de alquiler y lanzamientos, durante el primer trimestre del años 1995.

-Téngase presente. Se efectúa el repartido.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite la información que le fuera suministrada por el Banco de Previsión Social ante solicitud formulada por el señor Senador Helios Sarthou, relacionada con la fecha de salida de los importes de las partidas destinadas a pagos de jubilaciones y pensiones en la ciudad de Buenos Aires.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Helios Sarthou.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes Proyectos de Ley:

Por el que se declara el 24 de junio de cada año "Día de Carlos Gardel".

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se eleva a categoría de ciudad la villa Florencio Sánchez, ubicada en la 13a. Sección Judicial del departamento de Colonia.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se deroga el artículo 10 de la Ley Nº 13.663, de 14 de junio de 1968, que establece que la importación de fertilizantes y de materias primas para su procesamiento sólo podrá hacerse previa autorización otorgada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

-A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El señor Senador Luis Eduardo Mallo presenta con Exposición de Motivos un Proyecto de Ley por el que se incorpora al Código Penal una disposición relativa al delito de desacato por desobediencia al mandato judicial.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El señor Senador Helios Sarthou presenta con Exposición de Motivos un Proyecto de Ley relativo a modificaciones al régimen vigente de previsión social.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República la señora Senadora Marina Arismendi solicita se curse al Ministerio de Industria, Energía y Minería los siguientes pedidos de informes:

Relacionado con el convenio de cooperación y asistencia, suscrito entre la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear de dicho Ministerio y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay;

y relativo a la situación de la Dirección Nacional de Metrología.

-Oportunamente fueron tramitados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República el señor Senador Manuel Laguarda solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

A los Ministerios de Turismo y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con la situación de varios terrenos en la zona de Punta del Diablo, departamento de Rocha;

y al Ministerio de Economía y Finanzas con destino al Directorio de ANCAP relacionado con los contratos a realizarse con los distribuidores de dicho organismo.

-Oportunamente fueron tramitados.

Los señores Senadores Luis Eduardo Mallo, Nicolás Storace, Alberto Cid, Danilo Astori, Albérico Segovia, Walter Santoro, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Helios Sarthou, Rafael Michelini, Manuel Laguarda, Marina Arismendi, Carlos Julio Pereyra y Reinaldo Gargano presentan, con Exposición de Motivos, un Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 3º de la Ley Nº 16.698 (Comisiones Parlamentarias Investigadoras).

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información que le fuera solicitada por los señores Senadores Reinaldo Gargano y José Korzeniak sobre la televisación de los partidos de la Copa América.

-A disposición de los señores Senadores.

5) PROYECTOS PRESENTADOS

"Delito de desacato por desobediencia al mandato judicial

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Colegio de Abogados de Melo expresó al suscrito la renuencia de las autoridades públicas en cumplir los mandatos judiciales o en responder a los requerimientos.

Esta situación conforme a la información que pudo obtenerse tiene un carácter de generalidad y además de desmedrar al Poder Judicial, obstaculiza como resultado buscado o meramente casual, la labor y el esclarecimiento de casos penales.

Ese es el imperio que mueve la competencia legislativa que se ejercita en este acto.

Oportunamente se proyectará legislar precisándolo, sobre el secreto bancario que integra el orden legal de los particulares, pero cuando refiere a instituciones de intermediación financiera de carácter público no puede invocarse frente al Parlamento.

Martín Echegoyen dijo certeramente que los documentos de los Entes públicos son connaturalmente eso, documentos públicos, y no secretos o reservados. Categoría que el Constituyente no consagró y por ende no pueden admitirse sin texto expreso.

Queda la norma proyectada a consideración del Cuerpo, cumplidos las normas reglamentarias y por consecuencia sometida a la intemperie de la controversia, receptivo el ánimo del proponente a todas las consideraciones que puedan hacerse, favorables o contrarias.

Luis Eduardo Mallo. Senador.

PROYECTO DE LEY

Art. 41.- Incorpórase al Código Penal la siguiente disposición

Art. 178 bis. (Delito de desacato por desobediencia al mandato judicial). - Se comete desacato menoscabando la autoridad de los magistrados judiciales de alguna de las siguientes maneras:

1º El omitir por cualquier autoridad pública el cumplimiento inmediato o lo más rápidamente posible de las órdenes impartidas por los Jueces.

2º Por no responder en forma veraz y precisa a una requisitoria judicial y dentro del plazo por ésta fijado.

El delito será castigado con la pena prevista en el Art. 173 del Código Penal.

Luis Eduardo Mallo. Senador."

"Modificaciones al régimen vigente de Previsión Social

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. El seguro social y la seguridad social han representado en el plano universal una conquista del pensamiento jurídico, político y social en el Siglo XX incorporada como derecho fundamental en el Capítulo de Derechos, Deberes y Garantías de las Constituciones latinoamericanas en la primera mitad del siglo.

Transformó el riesgo -o su denominación más moderna la contingencia- que colocaba al trabajador y al hombre solo para enfrentar la desventura vital en la economía de mercado, en un hecho social aportando la cobertura solidaria sobre la base de la mutualidad del seguro.

A nivel de nuestro país la previsión del riesgo de vejez, invalidez y sobrevivencia, estimuló el desarrollo social por medio de la inversión de la familia en educación, en salud, en recreación, al saber que el riesgo de la vejez estaba previsto y no era indispensable cubrirlo con el ahorro individual.

El proyecto del Poder Ejecutivo que ocupa actualmente a la Cámara de Senadores cambia los ejes de la previsión social.

El desplazamiento compulsivo de determinadas franjas de contribuciones de seguridad social y otras voluntarias a las sociedades anónimas, administradoras y aseguradoras, implanta un concepto individualista y especulativo de propiedad de los aportes eliminando el fondo común estatal y solidario para la atención del riesgo.

Aparece como una expresión más del apartamiento del Estado del hecho económico en tanto centra en el ahorro individual la competitividad y la propiedad, las bases de enfrentamiento de la contingencia.

Es cierto que se mantiene un área bajo el régimen de reparto. Pero también es cierto que en esa área se aplica un criterio de restricción de derechos y beneficios que deriva de la limitación del gasto público en seguridad social.

Sin duda esta orientación representa el cumplimiento de los compromisos contraídos en los organismos de crédito internacional y especialmente en la Carta de Intención del año 1992, política con la cual discrepamos definidamente.

2. El régimen legal vigente tiene imperfecciones que deben ser corregidas pero no son mera consecuencia de textos legales a reformar.

Por ello no compartimos la descalificación total y radical del sistema en sí mismo porque intervienen razones de política económica y de gestión que aportan importantes causas de afectación en el funcionamiento del sistema.

Sin pretender exhaustividad la política económica de apertura del país al exterior ha eliminado importantes fuentes de aportación reconocidas por el propio gobierno especialmente en el campo de la industria. No se han operado restitución de fuentes de trabajo por la vía de la reconversión anunciada oportunamente.

La propia política del gobierno afecta la estabilidad económica del régimen de seguridad social en la exoneración de aportes patronales sin canje por nuevas fuentes de trabajo; en la sanción de decretos que habilitan la sustitución de contratos de trabajo por empresas unipersonales afectando ingresos importantes del Banco de Previsión. Entre otros tiene incidencia también el infundado déficit en la Caja Civil o en la Caja Rural y la desigual asistencia financiera que implican determinados sectores respecto de la asistencia del mismo Banco de Previsión.

3. De todas maneras en los trabajos de las Comisiones integradas de hacienda y Asuntos Laborales y Seguridad Social, se incorporaron por las organizaciones sociales y en especial por el PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas diversas propuestas e iniciativas de modificaciones al régimen vigente que recogen aspiraciones de los trabajadores y jubilados y también correcciones que lleven a la salud económica y el buen funcionamiento del sistema.

Las propias organizaciones comparecientes expresaron que sometían sus iniciativas y las bases pero que entendían que no era su rol la articulación de tipo legislativo de esos planteamientos.

4. El presente Proyecto de Ley persigue como objetivo articular algunas de las iniciativas que surgieron en el seno de los trabajos de la Comisión que reputamos fundadas y que consideramos pueden contribuir al perfeccionamiento del régimen vigente sin perder los caracteres propios que han caracterizado a la seguridad social hasta la fecha en la vida del país.

Asimismo junto a la articulación aludida incorporamos la mayoría de las normas del proyecto que suscrito por los Legisladores Chifflet y Borges fue presentado por el Frente Amplio en la Cámara de Representantes el 28 de mayo de 1992.

El Acto Nº 9 y el Acto Nº 13 que fueron convalidados al reinstitucionalizarse el país por la Ley de 13 de marzo de 1985, si bien restaron beneficios concretos y alteraron aspectos institucionales, mantuvieron la matriz de la seguridad social con la concepción solidaria estatal enfatizando los principios de solidaridad, universalidad y suficiencia de las prestaciones.

Por ello este Proyecto se basa en modificar el régimen vigente en relación a dichos actos pero manteniéndose en el respeto de la concepción aludida que es la que se ha establecido con toda claridad en el artículo 67 de la Constitución que no admite ningún sistema mixto sino exclusivamente el régimen de seguro social.

5. En razón de todo lo expresado los primeros artículos del proyecto ratifican esa concepción solidaria, tuitiva y universal de la seguridad social.

El Capítulo II relativo a prestaciones hace caudal fundamental en la jubilación por incapacidad eliminando la perjudicial jubilación temporal que había innovado el Acto Nº 9. Recoge en materia de prestaciones también la cobertura del riesgo de enfermedad, la prima por edad, la actualización del Salario Mínimo Nacional, el régimen de jubilación parcial. Asimismo modifica el tope de la jubilación inicial.

En el Capítulo III se incorporan normas sobre el reconocimiento de servicios que tienden a garantizar en la tramitación los derechos de los afiliados al reconocimiento pleno de sus años de trabajo.

Se establece especialmente el mantenimiento de la bonificación a la actividad docente en relación a los 25 años como mínimo suficiente en materia de servicios para la configuración de la causal jubilatoria.

En orden a los recursos hacemos énfasis en la derogación de los decretos que habilitan la transformación de los contratos de trabajo en empresas unipersonales como de los Decretos relativos a la prestación en especie.

El Proyecto deroga, al igual que el Proyecto del Gobierno, los privilegios en materia jubilatoria de los Legisladores y cargos políticos de confianza derogando el literal c) del art. 35 del Acto Nº 9 y las normas concordantes de las Leyes Nos. 15.900 y 16.195. Se opta por establecer la suspensión de la relación pública y privada de los que son electos Legisladores mientras cumplen el mandato popular.

También en materia de fondos se prevé la restitución al Banco de Previsión de los aportes retenidos a los funcionarios públicos y no vertidos a la Caja Civil. Asimismo se prevé la restitución al Banco de Previsión de los fondos establecidos legalmente para la construcción de viviendas en usufructo de jubilados y pensionistas.

En los Capítulos V y VI se establecen normas sobre el régimen de gestión y del control de cumplimiento de las contribuciones.

Se establecen condiciones para la designación de Directores del Banco de Previsión, se crean Comisiones representativas tripartitas de afiliados activos, pasivos y empresas contribuyentes para colaborar en la gestión; se encomienda al Banco de Previsión la elaboración de un plan para la incentivación de afiliaciones en el marco del importante porcentaje de personas que se mantienen fuera del sistema.

Se establecen también disposiciones para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, el régimen de sanciones y la corrección del básico jubilatorio para contemplar los riesgos de la evasión.

6. Consideramos que son válidos para este Proyecto los conceptos contenidos en la Exposición de Motivos del aludido Proyecto de los Diputados Chifflet y borges cuando decían:

"No es esta la propuesta de seguridad social que el Frente amplio más desearía. No sólo porque -de acuerdo a las consideraciones formuladas anteriormente- hacen falta, para elaborar una propuesta totalmente satisfactoria, otros estudios con máximo rigor técnico, sino porque un Proyecto bien estructurado sobre seguridad social debe estar ligado a otros temas importantes como, por ejemplo, la reorganización de la tributación (especialmente el cambio de una realidad impositiva que cae en más de un 80% directamente sobre el consumo), o a incentivos para la inversión y a medidas que tiendan a la creación de fuentes de trabajo."

El presente Proyecto se mantiene en el limitado objetivo de aportar una propuesta concreta de modificaciones al régimen vigente.

Helios Sarthou. Senador.

PROYECTO DE LEY

I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Derecho a la seguridad social. Declárase que el derecho a la seguridad social constituye uno de los derechos fundamentales de la persona en el marco de los derechos humanos y sociales del sistema democrático. Por ello tendrá carácter preferente toda inversión de fondos públicos necesaria para asegurar la efectividad de ese derecho dentro del objetivo de redistribución de la riqueza para el logro de la justicia social.

ARTICULO 2. Competencia del Banco de Previsión. El Banco de Previsión Social ejercerá la coordinación y organización de todo el campo de la seguridad social incluida la superintendencia y contralor de todos los organismos del sistema y especialmente de aquellos que reciben asistencia financiera del Estado. Dentro del plazo de un año a contar de la fecha de la presente Ley se incorporarán al Banco de Previsión Social el campo de previsión social comprendido por la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial (Servicio de Retiros y Pensiones Policiales) y Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

ARTICULO 3. Principios. El sistema de prestaciones por incapacidad, vejez y sobrevivencia se organizará como seguro social en base a los siguientes principios:

A) Solidaridad, en virtud del cual todos los habitantes de la República contribuyen al financiamiento del fondo estatal común, según las determinaciones del artículo 23 y concordantes de esta proyecto y se atiende con criterio social la cobertura de la contingencia.

B) Universalidad, en virtud del cual el régimen definitivo abarcará todos los habitantes de la República.

C) Igualdad, por el cual se determina que ante las contingencias cubiertas, todos los sujetos comprendidos gozarán de las mismas coberturas, sin más diferenciación que las que surjan de las particularidades de las actividades abarcadas.

D) Integralidad, por el cual el monto de las prestaciones deberá cubrir en forma adecuada las reales necesidades de los beneficiarios.

E) Imperatividad, que implica la obligatoriedad del sistema con la única excepción del carácter opcional de las leyes vigentes.

F) Protección, que implica el carácter tuitivo de las disposiciones de esta Ley y que en caso de duda la interpretación será favorable al beneficiario administrado.

Estos principios se completarán con los de naturaleza operativa, de celeridad, eficiencia y economía, de las actuaciones administrativas.

II. PRESTACIONES

ARTICULO 4. Las prestaciones reconocidas por la presente Ley con el alcance de sus diversas disposiciones son las siguientes:

A) Jubilación.

B) Pensión.

C) Prestación complementaria de fin de año.

D) Prima por edad.

E) Asistencia en caso de enfermedad.

ARTICULO 5. Jubilación por incapacidad. Se configurará por la incapacidad absoluta y permanente, para todo trabajo, o para el empleo o profesión habitual sobrevenida en situación de actividad, o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la origine. Si dicha incapacidad sobreviene con posterioridad al cese, la configuración de la causal requerirá, además, que el afiliado compute diez años de trabajo como mínimo.

ARTICULO 6. El servicio médico competente del Banco de Previsión Social notificará por la vía pertinente al peticionante de una jubilación por incapacidad el resultado del examen médico practicado. Dentro de los diez días corridos siguientes al día de la notificación el peticionante tendrá derecho a solicitar la instalación de una Junta Médica que resolverá en forma definitiva. La Junta Médica estará integrada por un Médico del Departamento de Salud Laboral del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina, otro por el Ministerio de Salud Pública y el tercero por el Banco de Previsión Social.

En caso de modificación progresiva o regresiva del estado de salud del jubilado por incapacidad, el mismo o el Banco de Previsión en su caso podrán promover nuevos exámenes médicos de conformidad con lo establecido en el presente artículo.

ARTICULO 7. Al concederse una jubilación por incapacidad, el órgano competente determinará si el afiliado deberá someterse a exámenes posteriores, con indicación de su frecuencia. En caso de ausencia a esas revisaciones, será citado por única vez con plazo de diez días hábiles bajo apercibimiento de suspensión, salvo que el peticionante no hubiere podido concurrir por razones de fuerza mayor, que deberá probar inequívocamente y sin perjuicio de que si ulteriormente acredita el mantenimiento de la incapacidad, se reanude el pago de la prestación.

ARTICULO 8. La referencia a viuda o divorciada que se establece en el régimen vigente a los efectos de las prestaciones por sobrevivencia, se extenderán en las mismas condiciones en el caso de las personas de sexo masculino.

ARTICULO 9. Cobertura del riesgo de enfermedad. Los jubilados y pensionistas estarán comprendidos a los solos efectos asistenciales en el régimen de la Ley Nº 14.407 concordantes y modificativas.

Los mismos aportarán el 3% sobre la asignación jubilatoria o pensionaria que perciban.

La diferencia que resulte no financiada con el aporte de los trabajadores se atenderá por medio de transferencia de las partidas presupuestales del Ministerio de Salud Pública de acuerdo al monto que requiere la atención de jubilados y pensionistas sin cobertura del riesgo de enfermedad.

ARTICULO 10. Prima por edad. Restablécese la universalidad de la Prima por Edad para todos los jubilados mayores de 70 años e inclúyense en los beneficios que garantiza y restituye esta Ley.

ARTICULO 11. Actualización del Salario Mínimo Nacional. El Salario Mínimo Nacional, instituido en diciembre de 1969, deberá ser actualizado de conformidad con el Indice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas.

ARTICULO 12. Las Pensiones a la Vejez y las correspondientes a los Discapacitados no previstos en el artículo anterior gozarán del aumento extraordinario establecido en el artículo anterior para los Pensionistas en general.

ARTICULO 13. Sustitúyese la denominación de cuenta personal prevista en el artículo 7º de la Ley Nº 16.190 y concordantes por la historia laboral. Derógase el Decreto 98/94 del 3 de marzo de 1994.

ARTICULO 14. Configurada la causal de jubilación común, el afiliado podrá hacer efectivo su derecho en la pasividad por el 50% (cincuenta por ciento) de su valor siempre que redujera en igual proporción el tiempo de sus servicios.

Para configurar este derecho se requiere:

A) Que el empleador ocupe nuevo personal de hasta cuarenta años de edad, por lo menos por el lapso equivalente a la disminución horaria operada.

B) Que la situación sea planteada ante el órgano de gestión aprobada por éste, con los requisitos que la reglamentación determine.

No tendrán derecho a esta prestación los patrones, trabajadores no dependientes y cónyuges colaboradores.

Los trabajadores que hayan cumplido 30 años de servicio como mínimo y más de 55 años de edad el hombre y de 50 la mujer, tendrán derecho a percibir la jubilación común en caso de haber cesado en la actividad en forma forzosa por cierre o clausura de empresas en que trabajaban, con un mínimo de 10 años de servicio en las mismas, todo lo cual deberá ser debidamente probado.

ARTICULO 15. Modificación del máximo de jubilación inicial. El monto máximo de la jubilación inicial establecido por el artículo 72 del Acto Institucional Nº 9 queda establecido en diez Salarios Mínimos Nacionales.

Quienes hubieran realizado contribuciones durante los diez años anteriores a su cese sobre un promedio salarial mensual superior al tope mencionado tendrán derecho a la aplicación de dicho promedio como monto mínimo de su jubilación inicial.

ARTICULO 16. Retribución extraordinaria de fin de año. Restablécese la retribución extraordinaria de fin de año para los jubilados y pensionistas la que se fija en dos Salarios Mínimos Nacionales que se pagarán dentro de los diez días anteriores al 25 de diciembre de cada año.

III. RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS

ARTICULO 17. El reconocimiento de los servicios será objeto de una resolución expresa emitida por funcionarios con cargo jerárquico, en donde se deberá consignar los períodos que se refiere, los medios probatorios verificados y la conclusión final.

Previamente a ella, si la prueba agregada fuese en todo o en parte contraria a los derechos del peticionario, sus resultancias serán puestas de manifiesto por el término de treinta días. El acto administrativo que la resuelva indicará con precisión el o los puntos que no resulten acreditados, todo en forma debidamente fundada.

ARTICULO 18. El manifiesto será notificado personalmente, a cuyos efectos el peticionario será citado por telegrama colacionado para que concurra dentro de los diez días siguientes a notificarse.

Si no compareciera en el término, dentro de los diez días hábiles siguientes podrá ser notificado del mismo por telegrama colacionado o carta certificada, con transcripción total o parcial del acto, pero en todos los casos en forma suficiente como para que tenga cabal conocimiento del mismo.

ARTICULO 19. El término del manifiesto se computará por días corridos desde el siguiente a la notificación personal, o a la recepción del telegrama colacionado o de la carta certificada. En su curso el peticionario podrá aportar toda la prueba que considere pertinente, según las normas procesales del Derecho común.

Se incluye entre sus facultades el solicitar nueva comparecencia de los testigos, repreguntar, peticionar careos y toda otra diligencia similar. Podrá estar asistido de Abogado, por el secretario general de la asociación profesional a que pertenezca o por uno de los representantes respectivos a que se refiere el artículo 27 de esta Ley, en cuyo caso la mera comparecencia de los asesores en ese carácter, le habilitará de futuro par ejercer la representación del afiliado hasta que no medie revocatoria expresa por parte de aquel.

ARTICULO 20. Diligenciadas las pruebas ofrecidas dentro del término manifiesto, o vencido el mismo sin la comparecencia del interesado, se emitirá el informe al que remite el artículo 20, continuando el trámite hasta la resolución del directorio.

ARTICULO 21. Bonificación a la actividad docente. La bonificación para las actividades docentes en institutos de enseñanza pública o privados habilitados consistirá en la admisión de 25 años como mínimo suficiente en materia de servicios para la configuración de la causal jubilatoria.

ARTICULO 22- Reconocimiento en caso de exilio o privación de libertad. Los trabajadores de la actividad privada que hubieran sido despedidos por las causales del Art. 1º de la Ley 15.783, de motivos políticos, ideológicos o gremiales, dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a computar como años de servicio a los efectos de la jubilación o la reforma de cédula en su caso los años en que hubieran estado privados de libertad o en el exilio en el período y por las causas referidas debiendo acreditar fehacientemente las circunstancias a que se refiere el presente artículo.

IV. RECURSOS

ARTICULO 23. Fondos. Los fondos con los que el Banco de Previsión social atenderá las prestaciones a su cargo, estarán constituidos por:

A) Las contribuciones obreras y patronales.

B) El importe de los impuestos actualmente afectados al Banco de Previsión Social. Aquellos que según las normas actuales rijan a determinada fecha, caducarán en el momento en que dichas disposiciones lo indiquen.

C) El porcentaje de la recaudación de impuestos directos sobre el patrimonio, la renta, y las herencias, que se proyectarán según lo dispuesto por el artículo 34 de esta Ley.

A esos efectos deberá modificarse la estructura tributaria aludida precedentemente de modo que la presente afectación se realice por sobre los actuales producidos de los indicados impuestos.

Sin perjuicio de ello el Estado deberá proporcionar la asistencia financiera en los términos del artículo 67 de la Constitución de la República.

ARTICULO 24. Derogación de la causal anticipada en el caso de cargos políticos. Deróganse los numerales 1 a 4 del literal C del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9 del 23 de octubre de 1979, el artículo 5º y concordantes de la Ley Nº 15.900 y el artículo único de la Ley Nº 16.195 del 16 de julio de 1991 así como todas las normas concordantes y modificativas de los textos que se derogan por este inciso.

Los empleados de los organismos estatales o paraestatales o de la actividad privada que resulten electos como Legisladores tendrán derecho a cesar en su cargo electivo a reintegrarse a los cargos que desempeñaban con anterioridad a su elección quedando suspendida en todos sus efectos la relación laboral pública o privada durante la gestión del cargo referido.

ARTICULO 25. Reserva. De los ingresos genuinos del Banco de Previsión Social el Directorio del organismo, destinará un 1% con destino a sus reservas y capitalización.

ARTICULO 26. Deróganse los Decretos del Poder Ejecutivo 219 del 17 de mayo, 411 del 7 de setiembre, ambos de 1994 y los Decretos 105 del 24 de febrero y 39 del 24 de enero, ambos de 1995.

Las partidas en especie estarán gravadas por los importes fictos que establecerá el Poder ejecutivo y serán computables a todos los efectos jubilatorios.

Deróganse los Decretos 43/95 del 25 de enero de 1995 y 106/95 del 24 de febrero, ambos de 1995.

ARTICULO 27. El Tesoro Nacional a través de Rentas Generales transferirá al Banco de Previsión Social los siguientes recursos:

a) La totalidad de los aportes retenidos a los funcionarios públicos no vertidos oportunamente;

b) Los fondos correspondientes a las aportaciones establecidas por las Leyes Nº 15.294 del 23 de junio de 1982, Ley Nº 15.900 del 21.10.87 Art. 7º afectadas a la construcción de viviendas para usufructo de jubilados y pensionistas generados desde la vigencia de la Ley Nº 15.900 y no aplicados a la finalidad de vivienda establecida. La transferencia deberá realizarse de la totalidad de los fondos generados quedando sin efecto la expresión "cuota-parte" del Art. 7º de la Ley Nº 15.900. Modifícase el Art. 7º de la Ley Nº 15.900 del 21.10.87 elevándose el tope establecido en dicha Ley de dos a cuatro Salarios Mínimos Nacionales.

c) Las transferencias de fondos a que alude el presente artículo deberán efectuarse en un plazo hasta el 31 de diciembre de 1995.

ARTICULO 28. Las prestaciones no contributivas correspondientes a las pensiones de vejez e invalidez se financiarán con recursos provenientes de Rentas Generales.

ARTICULO 29. Hasta tanto se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 27, se suspende la vigencia de los artículos 25 de la Ley Nº 15.294 del 23 de junio de 1982 y el Art. 7º de la Ley 15.900 del 21 de octubre de 1987.

a) Las normas referidas en el inciso precedente entrarán en vigencia nuevamente a partir del 1º de enero de 1996 siempre que se hubiera dado cumplimiento a la transferencia establecida en los incisos b) y c) del artículo 27.

ARTICULO 30. Establécese que toda exoneración de contribuciones especiales de seguridad social de carácter patronal requerirá la previsión de un monto equivalente en el presupuesto del Banco de Previsión Social.

V. REGIMEN DE GESTION

ARTICULO 31. A los efectos de las garantías de gestión del directorio del Banco de Previsión Social se determina:

A) La solicitud del Poder Ejecutivo al Senado para la obtención de las venias referidas en el Art. 187 de la Constitución de la República, deberá contener referencias fundadas a la especial actitud y experiencia de los propuestos para el desempeño del cargo, así como el plan de cada uno de ellos para el período que contenga metas e instrumentos para lograrlas.

B) Los Directores del Banco de Previsión social electos por los afiliados activados, pasivos y empresas contribuyentes, tendrán el mismo estatuto jurídico que los Directores indicados en el inciso anterior; además, serán especialmente responsables ante sus representados por el correcto desempeño de sus funciones y, particularmente, por sus propuestas para el mejoramiento de la actividad y eficiencia del organismo.

ARTICULO 32. Créanse en el Banco de Previsión Social comisiones representativas tripartitas de los afiliados activos, pasivos y de las empresas contribuyentes en el ámbito departamental que tendrán como cometido colaborar con el Directorio para el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.

Dichas comisiones tendrán capacidad de iniciativa sobre reformas en el funcionamiento y gestión del Banco de Previsión Social.

Serán electas con el mismo procedimiento y oportunidad en su jurisdicción en que lo sean los representantes de los afiliados pasivos, activos y empresas contribuyentes en el Directorio.

ARTICULO 33. El Banco de Previsión elaborará en un término de 120 días a contar de la fecha de vigencia de la presente Ley un plan de incentivación de afiliaciones al Banco de Previsión social. Dicho plan deberá incluir especialmente a los artesanos y vendedores ambulantes estableciendo un régimen de contribuciones inferiores al de la actividad comercial y manufacturera común, reconociendo el carácter específico de aquellas actividades.

ARTICULO 34. Dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de la presente Ley el directorio del Banco de Previsión social deberá elevar al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un anteproyecto de modificaciones legislativas generales al sistema de seguridad social en el cual se cumplan íntegramente los principios desarrollados en los artículos 1º y 3º.

Mientras tanto seguirán rigiendo las disposiciones vigentes con las modificaciones que para el régimen de invalidez, vejez y sobrevivencia aquí se determinan.

VI. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES

ARTICULO 35. Los contribuyentes del Banco de Previsión social deberán abonar separadamente las aportaciones patronales y las que les corresponda pagar como agentes de retención. La no versión de los aportes retenidos a los trabajadores dependientes, será sancionada según las disposiciones del código tributario y sus modificaciones y demás, con un recargo por mora, adicional al general, equivalente al triple del mismo. Los importes no vertidos están excluidos de todo régimen de facilidades de pago.

ARTICULO 36. Trimestralmente los contribuyentes deberán adjuntar a los formularios de pago, una declaración jurada que contenga la nómina de personal, el total de las retribuciones devengadas, y los aportes correspondientes, así como precisar las retribuciones que a su juicio no estén gravadas y la fecha de versión efectiva de los aportes.

ARTICULO 37. Una copia de la citada declaración deberá ser exhibida en el lugar de trabajo, de forma que asegure su conocimiento por todos los trabajadores dependientes. Estos por sí o por los delegados sindicales, podrán poner en conocimiento del Banco de Previsión Social, las omisiones o irregularidades que consideren del caso.

ARTICULO 38. Las condiciones de lo dispuesto por los dos artículos anteriores, se establecerán por el Banco de Previsión Social, dentro de los noventa días de vigencia de esta Ley.

ARTICULO 39. En caso de incumplimiento en el pago de las contribuciones al Banco de Previsión social, por más de tres meses, el Banco deberá disponer el cobro domiciliario de los aportes, sin perjuicio de las sanciones aplicables conforme al régimen legal, a cuyos efectos contratará a jubilados o pensionistas, mediante sorteo entre los aspirantes que se inscriban en el registro que el Banco de Previsión abrirá a tales efectos.

ARTICULO 40. Del producido de los recargos adicionales establecidos en el artículo 35, el Banco de Previsión Social podrá efectuar los montos correspondientes a los efectos de destinarlos al pago de las tareas domiciliarias de cobranzas que aquí se disponen.

El Banco de Previsión Social determinará, según las circunstancias del caso, el período por el cual continuará con el sistema especial de cobro.

ARTICULO 41. En todos los casos en los que en el período de tres años que determinan el básico jubilatorio, el promedio de las retribuciones superen un 25% el promedio salarial del afiliado de los 5 años anteriores a dicho trienio, el interesado deberá acreditar en forma fehaciente la evolución salaria del afiliado en el quinquenio referido tanto, en cuanto a la veracidad de la percepción de las retribuciones de ese período como de las causas justificativas de esos mayores ingresos.

ARTICULO 42. Se establece como sistema de documentación del pago de las contribuciones sobre los salarios de los trabajadores dependientes la aplicación de timbres sobre los recibos de pago de las remuneraciones. El Banco de Previsión Social organizará el régimen y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema. Carecerá de efecto cancelatorio todo recibo de remuneraciones que no contenga los timbres correspondientes a las aportaciones establecidas por el régimen legal.

ARTICULO 43. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Helios Sarthou. Senador".

"Comisiones Parlamentarias

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Proyecto de Ley que se acompaña tiene por finalidad poner en vigencia las normas vetadas por el Poder Ejecutivo al texto aprobado por el Senado el 13 de diciembre de 1994.

Los vetos interpuestos, basados en razones de juridicidad y conveniencia, afectaron principalmente al Capítulo V -De los poderes jurídicos de las Comisiones del artículo 120 de la Constitución- eliminando poderes jurídicos esenciales para el cumplimiento del mandato constitucional.

Se ha quitado la posibilidad a las Comisiones Investigadoras de requerir la presentación de informes, exhibición de documentos, expedientes administrativos, practicar inspeccionar y citar testigos.

Asimismo, no se puede investigar asuntos "secretos", de los Ministerios de Defensa Nacional, Economía y Finanzas, Interior y Relaciones Exteriores, como tampoco se puede investigar la actividad de personas de derecho público no estatales ni la actividad de los Gobiernos Departamentales.

Consideramos violatorio del artículo 120 de la Constitución estas limitaciones impuestas por el Poder Ejecutivo.

No vamos a reiterar aquí los fundamentos de una Ley reglamentaria del citado precepto constitucional; tampoco nos vamos a referir a sus antecedentes y evolución legislativa, todo lo cual ha sido exhaustivamente estudiado en las Comisiones de Constitución y Legislación de ambas Cámaras y objeto de enriquecedoras discusiones en Sala (ver Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Tomo 298 -especialmente el Informe por el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez, pág. 260 267- y diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, tomo 675).

En primer lugar, queremos hacer hincapié en su ámbito de competencia. Evidentemente, el derecho de investigación no puede ejercitarse respecto de cuestiones ajenas a la competencia de las Cámaras. Pero es competencia de las Cámaras la protección de todos los derechos individuales, sin excepción, y también es de su competencia el contralor de la función administrativa del Poder Ejecutivo, también, sin excepción.

En los Estados democráticos modernos el Parlamento cumple dos funciones principales: legislar y contralor del Gobierno. El Poder ejecutivo gobierna y el Poder Legislativo controla a los gobernantes.

El funcionamiento del Poder Legislativo como órgano de control administrativo está regulado en nuestra Constitución en los artículos 118 a 121. Las normas no especifican los medios para ejercer la función de contralor, por lo tanto serán todos los considerados necesarios para el cumplimiento de tal fin y no corresponde al controlado determinar cuáles sí y cuáles no.

Por otra parte, aparentemente el Poder Ejecutivo ha olvidado que concluidos los procedimientos establecidos en los artículos 118 a 120, la Cámara únicamente puede hacer una declaración, que carece por completo de efectos jurídicos concretos. Solamente tiene un efecto político. Por lo tanto, no se puede afectar directamente el funcionamiento de los órganos investigados. No se interviene en el funcionamiento de los órganos investigados. No se interviene en el funcionamiento de los servicios que se investigan, se los controla.

En ningún caso se menoscaban las potestades del Poder Ejecutivo o de los demás órganos del Estado ni se viola el principio de separación de poderes. Muy por el contrario, se actúa de acuerdo a lo que disponen los artículos 85 num. 19, 147 y 148. Cualquier Cámara puede juzgar la gestión de los Ministros de Estado y la Asamblea General censurar sus actos de administración y de Gobierno.

Y para llegar a tal extremo debe conocer, por todos los medios a su alcance, la verdad de los hechos que va a juzgar.

El Profesor Horacio Cassinelli Muñoz enseña en su libro Derecho Público, Vol. II, pág 15, analizando el Art. 120: "La comisión puede tener, pues, una finalidad de fiscalización, de controlar como funciona la administración, o una finalidad de recabar datos a los efectos de mejorar la legislación. Esas comisiones se trasladan al lugar que consideren conveniente para recoger los datos, pueden interrogar personas, citar testigos a declarar, hacer inspecciones periciales, o cualquier otro medio de recoger los elementos de juicio adecuados para, después, hacer funcionar la responsabilidad de los que resulten responsables del mal funcionamiento de una dependencia administrativa o para tomarlos en cuenta en la redacción de Proyectos de Ley nuevos".

Otros aspectos:

-De ningún texto surge que el Poder Ejecutivo pueda excluir parcelas de su gestión administrativa al contralor legislativo. La Ley no puede consagrar soluciones distintas a las que resultan de la Constitución.

-Las facultades procesales del Poder Judicial las ejercen también la Administración cuando hace investigaciones o sumarios. Además, está implícita en el artículo 66 de la Constitución. Las Comisiones nunca ejercen poderes sancionatorios, estos se ejercen en las vías respectivas.

-Problema de hecho: la Ley, tal como fue promulgada, niega a las Investigadoras los poderes que ejercieron, sin Ley reglamentaria y en base a la teoría de los poderes implícitos desde 1919.

Luis Eduardo Mallo, Nicolás Storace, Alberto Cid, Danilo Astori, Albérico Segovia, Walter Santoro, Susana Dalmás, Alberto Couriel, Rafael Michelini, Helios Sarthou, Carlos Julio Pereyra, Reinaldo Gargano, Marina Arismendi, Manuel Laguarda. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 16.698 de 25 de abril de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Las Comisiones Permanentes y las Comisiones Especiales tienen la integración y las atribuciones determinadas por el reglamento interno del Cuerpo designante. Las primeras cumplen sus funciones durante toda la Legislatura en que son designadas. Las segundas cesan al dar cumplimiento al cometido específico que determina su designación".

Art. 2º.- Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 16.698 de 25 de abril de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Tanto las Comisiones de Investigación como las que suministren datos con fines legislativos tendrán los poderes jurídicos que determina la presente Ley.

Estos poderes no pueden ser de naturaleza legislativa ni jurisdiccional. Tampoco pueden corresponder a atribuciones de otros Poderes u órganos creados por la Constitución.

La resolución que dispone la designación de la Comisión puede limitar los poderes jurídicos otorgados por la presente Ley".

Art. 3º.- Agrégase al artículo 15 de la Ley Nº 16.698 de 25 de abril de 1995, el siguiente inciso:

"El cuerpo designante deberá pronunciarse dentro de los veinte días de recibida la comunicación del Poder Ejecutivo. Si ratifica su decisión, por mayoría absoluta de sus integrantes, se procederá a la investigación dispuesta".

Art. 4º.- Modifícase el artículo 26 de la Ley Nº 16.698 de 25 de abril de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Las personas de derecho privado no pueden ser objeto de investigación en los términos indicados en el artículo 6º de la presente Ley.

Cada una de las Cámaras podrá, en cambio, designar Comisiones con fines legislativos (artículo 120 de la constitución), en los términos del artículo 7º de la presente Ley, para analizar situaciones o actividades de carácter privado que, por su relevancia, afecten el interés general.

Su designación no deberá necesariamente ser precedida del nombramiento de una comisión Preinvestigadora.

El acto de su designación determinará su competencia y cuáles de los poderes regulados en la presente Ley les serán conferidos".

Art. 5º.- Modifícase el artículo 32 de la Ley Nº 16.698 de 25 de abril de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Toda Comisión encargada de una investigación podrá solicitar los asesoramientos que estime pertinentes, así como la contratación de peritos intérpretes.

Cualquier gasto que se origine por este motivo deberá ser previamente autorizado por el Presidente del Cuerpo designante. Si la práctica de una pericia debiera realizarse en una repartición u oficina pública o de una persona de derecho público no estatal, o local u oficina particular, se aplicarán, en lo pertinente, los artículos 50 y 51 de la presente Ley".

Art. 6º.- Modíficase el artículo 33 de la Ley Nº 16.698 de 25 de abril de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"El asesor, perito o intérprete que afirmare lo falso, negare lo verdadero u ocultare maliciosamente en todo o en parte la verdad, será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión. En tal caso, se procederá con arreglo al artículo 47 de la presente Ley, en lo pertinente".

Art. 7º.- Incorpóranse a la Ley Nº 16.698 de 25 de abril de 1995, las siguientes disposiciones:

ARTICULO 41.- La investigación respecto de la actividad no funcional del Presidente, Vicepresidente de la República y Ministros e Estado puede tener por objeto todos los hechos que pueden dar mérito a un juicio político.

ARTICULO 42.- La designación de comisiones de Investigación de la actividad de los Gobiernos Departamentales sólo procede para asesorar al Cuerpo designante a los efectos de que:

A) El Senado falle un juicio político contra un Intendente o un Edil (artículo 296 de la Constitución).

B) La Cámara de Representantes resuelva los recursos de apelación interpuestos en los casos de los artículos 300 y 303 de la Constitución.

También proceden las investigaciones de la actividad de los Gobiernos Departamentales cuando fueren realizadas por Comisiones para suministrar datos con fines legislativos.

ARTICULO 43.- La actividad de las personas de derecho público no estatales pueden ser objeto de investigación, tanto por comisiones para suministrar datos con fines legislativos como por Comisiones Investigadoras. En este último caso, la investigación sólo procederá a los efectos de:

A) Analizar actividades o situaciones que, por su relevancia, afecten el interés general.

B) Verificar si el Poder ejecutivo ejerce, respecto de la persona de que se trate, su obligación de hacer cumplir las leyes (numeral 4º del artículo 168 de la Constitución).

ARTICULO 44.- Toda Comisión encargada de una investigación podrá requerir la presentación de informes y la exhibición de documentos relacionados directamente con la investigación a los organismos estatales, públicos no estatales sin excepciones, empresas privadas y, en general, personas jurídicas de derecho privado. Cuando la solicitud se dirigiere a otro Poder del Estado, la comunicación correspondiente se firmará por el Presidente del Cuerpo designante de la Comisión y con autorización de un Secretario (artículo 110 de la Constitución).

En caso de que las personas de derecho privado se negaren a cumplir el requerimiento de la Comisión, ésta podrá solicitar la intervención del Juez Letrado de lo Civil de turno el día de la designación de la Comisión, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55.

ARTICULO 45.- Cuando la solicitud determinare la remisión de documentos, actuaciones administrativas o expedientes en trámite, y ello obstare a su instrucción o a la resolución del asunto a que refieran, la Administración podrá remitir copias o fotocopias autenticadas de los mismos.

ARTICULO 46.- Ningún organismo u órgano estatal o público podrá aducir el carácter secreto de su actividad o del asunto a que refiera la solicitud, para negarse a presentar el informe o exhibir el documento requerido.

Tratándose de organismos u órganos estatales será de aplicación lo dispuesto por el artículo 31 de la presente Ley.

ARTICULO 47.- El jerarca de un organismo u órgano estatal, así como el funcionario público relacionado con la investigación, que se negare a presentar informes o a exhibir documentos necesarios para la investigación, incurrirán en el delito previsto por el artículo 162 del Código Penal. En tal caso, la Comisión dará cuenta al Cuerpo designante a los efectos de que éste resuelva, en su caso, el pase de los antecedentes a la Justicia Penal, sin perjuicio de proseguir la investigación.

ARTICULO 48.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, también se dará cuenta al Cuerpo designante:

A) Si la negativa proviene del Poder Ejecutivo, a los efectos de los artículos 119, 121, 147 y 148 de la Constitución.

B) Si la negativa proviene de un Ente Autónomo o de un Servicio Descentralizado, a los efectos de que se determine si corresponde dar cuenta al Poder Ejecutivo a los fines de los artículos 197 y 198 de la Constitución.

C) Si la negativa proviene del Tribunal de Cuentas, a fin de que se determine si corresponde dar cuenta a la Asamblea General, a los efectos del artículo 209 de la Constitución.

D) Si la negativa proviene de la Corte Electoral, a fin de que se determine si corresponde dar cuenta a la Asamblea General, a los efectos del artículo 2º de la Ley Nº 9.645, de 15 de enero de 1937, y el artículo 14 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924.

En todos estos casos, además, si el Cuerpo designante no fuere la Cámara de Representantes, podrá darse cuenta a ésta a efectos de que determine si corresponde promover un juicio político. De la misma manera se procederá si la negativa proviene de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

A los mismos efectos (artículo 296 de la Constitución) podrá darse cuenta a la respectiva Junta Departamental si la negativa procede de un Gobierno Departamental.

ARTICULO 49.- Los particulares, los representantes de empresas y de personas jurídicas de derecho privado que se negaren a presentar los informes y a exhibir los documentos que les fueran requeridos, incurrirán en el delito previsto en el artículo 173 del código Penal, siempre que se tratare de informes y documentos declarados necesarios, por el Juez competente, para el objeto de la investigación. En tal caso, será aplicable lo dispuesto por el artículo 47 de la presente Ley.

ARTICULO 50.- Cuando se considere necesario para el objeto de la investigación, la Comisión podrá solicitar al Juez la práctica de allanamientos en edificios o lugares públicos destinados a la Administración nacional, municipal, entes descentralizados o personas de derecho público. En este caso, serán de aplicación las disposiciones del Código del Proceso Penal, en especial los artículos 203 y 204.

El Juez, de oficio o a solicitud de la Comisión, podrá adoptar con carácter urgente todas las medidas tendientes a impedir que pudieran alterarse o perecer cosas o circunstancias aptas para la eficacia de la investigación.

ARTICULO 51.- Lo dispuesto en el artículo anterior no impide practicar inspección ocular en cualquier repartición u oficina pública, cuando mediare el consentimiento del jerarca respectivo.

A falta de consentimiento del jerarca, se procederá conforme al artículo anterior.

ARTICULO 52.- Serán de aplicación a las personas de derecho público no estatales y a sus jerarcas, en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 51 de la presente Ley.

ARTICULO 53.- Toda Comisión encargada de una investigación podrá solicitar, mediante oficio, la presentación de particulares y de funcionarios públicos en calidad de testigos.

En este último caso, no será necesario dar aviso ni recabar la autorización del jerarca respectivo.

ARTICULO 54.- el testigo que se negare a comparecer podrá ser conducido ante la Comisión por la fuerza pública.

Si aun así el testigo se negare a declarar, será castigado con pena de tres a nueve meses de prisión. El testigo que afirmare lo falso, negare lo verdadero u ocultare en todo o en parte la verdad, será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

En ambos casos se procederá con arreglo al párrafo final del artículo 47 de la presente Ley, en lo pertinente.

ARTICULO 55.- Para acceder a cualquier documento o información amparado par el secreto bancario (-art. 25 del Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982), las Comisiones Investigadoras deberán requerir, mediante solicitud fundada, autorización expresa del Juez Letrado competente (artículo 8º de la presente Ley), quien examinará que aquéllos estén directamente relacionados con el objeto de la investigación.

El Juez deberá expedirse en u plazo máximo de cinco días. La resolución, expresa o ficta, será recurrible ante el Tribunal de apelaciones que corresponda, el que dispondrá del mismo plazo para decidir.

El transcurso del plazo sin pronunciamiento supondrá confirmación de la resolución de primera instancia.

ARTICULO 56.- También pueden solicitar a la autoridad competente a tal fin, y hasta tanto presten declaración, que se impida el abandono del país a las personas que deban declarar ante la Comisión. En este caso, deberá tomárseles declaración en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Art. 8º.- Las disposiciones que la presente Ley incorpora a la Ley incorpora a la Ley Nº 16.698 de 25 de abril de 1995, figurarán como Capítulo VII de la misma, bajo el título "De las disposiciones agregadas con posterioridad a su entrada en vigencia".

Luis Eduardo Mallo, Nicolás Storace, Alberto Cid, Danilo Astori, Albérico Segovia, Walter Santoro, Susana Dalmás, Alberto Couriel, Rafael Michelini, Helios Sarthou, Carlos Julio Pereyra, Reinaldo Gargano, Marina Arismendi, Manuel Laguarda. Senadores".

6) ROSALIO PEREYRA. Homenaje póstumo.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: en nombre propio y de los demás familiares de mi hermano, Rosalío Pereyra, deseo agradecer a este alto Cuerpo el homenaje que se tributara con motivo de su fallecimiento. Además, quiero expresar en lo personal a los compañeros del Cuerpo, que me hicieron llegar su mensaje de solidaridad y de afecto, mi emocionada gratitud.

Muchas gracias a todos.

7) DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA INFORMACION

SEÑOR LAGUARDA.- Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAGUARDA.- En la última sesión se aprobó la solicitud que hiciéramos con respecto a realizar una exposición de veinte minutos sobre el tema "Derecho a la intimidad y derecho a la información". Por lo tanto, haríamos uso de la palabra en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- Si el señor Senador me permite, creo que primero deberíamos votar la urgencia de la cuestión y luego concederle el uso de la palabra.

La Secretaría me aclara, con razón, que como se trata de una sesión extraordinaria habría que pasar a votar.

Léase la nota enviada por el señor Senador laguarda.

(Se lee:)

"Solicitud del señor Senador Laguarda para realizar una exposición de veinte minutos sobre "Derecho a la intimidad y derecho a la información", en la próxima sesión".

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra, para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- En su oportunidad, el Cuerpo había votado que en la próxima sesión -no distinguiendo entre ordinaria y extraordinaria- se iba a autorizar al señor Senador Laguarda a realizar una exposición de veinte minutos sobre el tema del derecho a la privacidad y a la información. Entendimos, y así se lo comunicamos al señor Presidente del Cuerpo, que dicha exposición debía incluirse en el orden del día de la sesión de la fecha. Ese texto no se modificó, pero el señor Presidente accedió a nuestra solicitud.

Quiero aclarar que el señor Senador Laguarda está ejerciendo una suplencia, por lo que ésta es la última sesión en la que actuará, y tenía sumo interés en realizar esa exposición.

De tal modo, teniendo en cuenta que la realización de la exposición ya ha sido votada y que existe acuerdo en el Cuerpo, propongo que se vote y se proceda, como ocurre normalmente, a efectuar la disertación proyectada que, seguramente, no insumirá al Senado más de quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- Se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra el señor Senador Laguarda.

SEÑOR LAGUARDA.- Señor Presidente: agradezco al Senado, en primer lugar, la atención que me dispensa al realizar esta intervención, que debo fundamentar en la necesidad de reflexionar, en este ámbito, acerca de un tema que es propio de los tiempos de avances tecnológicos que vivimos, que está vinculado a la afirmación de las libertades y de las garantías democráticas y a su consolidación.

Se trata de un asunto acerca del cual existe vacío legislativo, que esta legislatura deberá tratar de abordar y que se ha puesto de manifiesto en función de los recientes hechos acaecidos en Canelones. Tiene que ver con el derecho de la información por parte de los sujetos de Derecho Público o privado y el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Surge, en este sentido, una pregunta: ¿cuál es el límite entre, por un lado, el interés de agencias estatales -que necesitan información para el logro de sus fines- o de organismos privados, que recolectan datos en torno al cumplimiento de préstamos y de créditos o a las condiciones laborales de los sujetos vinculados al mercado de trabajo y, por otro, el derecho a la privacidad de los ciudadanos involucrados? Existe el peligro de la recolección de datos sin que el ciudadano tenga control acerca de las informaciones que lo mencionan. Entonces, si nos circunscribimos al ámbito estatal y enfocamos este problema, surgen ante nosotros dos metáforas que permiten ilustrar el riesgo de la fantasía omnipresente y totalitaria del Estado que todo conoce y controla y para el cual el ciudadano es un simple número: el panóptico de Benthan, aquella construcción que Foucault recuerda en sus libros como una suerte de torre central desde la cual podía observarse el conjunto de los seres, y el Leviatán de Hobbes, el monstruo dotado de conocimientos y poder superior para el cual los ciudadanos eran un simple objeto. Esta pesadilla hoy en día podría ser ilustrada con toda la parafernalia informática: el Estado gobernado por computadoras donde los ciudadanos serían un número central.

De manera que estamos frente a un conflicto, que no debe alarmarnos, porque el hombre es conflicto y la sociedad se construye por medio de él. Existe un conflicto entre la necesidad de la información de organismos públicos y privados y el derecho a la privacidad de los ciudadanos; la amenaza que se cierne en torno a esta privacidad actualmente se ve realzada por todo el desarrollo tecnológico que permite el procesamiento informático de datos.

Anteriormente alcanzaba con retirarse de la vida social para proteger la propia intimidad; hoy en día no es posible eludir los mecanismos de control y vigilancia continuos. Por el contrario, es factible escuchar las conversaciones a distancia, tomar fotografías en la noche y construir el perfil de una persona recogiendo datos presentes en diferentes registros. Entonces, si reconocemos que los poderes del Estado requieren para funcionar en forma eficaz la recolección de datos no de cualquier dato, hay datos cuya utilización y difusión significan un atentado a la privacidad de los ciudadanos --in perjuicio de revisar luego el Derecho comparado- deseo adelantar que, a mi juicio, las opiniones políticas o religiosas, la afiliación sindical, los hábitos de vida y la identificación sexual, constituyen datos que deberían permanecer en el ámbito íntimo de las personas.

Desde este punto de vista y teniendo en cuenta este criterio, no me parecen compartibles las afirmaciones del Ministro Opertti, quien señaló recientemente, en una Comisión de la Cámara de Representantes, que la recolección de datos donde figuraba la asistencia de personas a domicilios, a locales sindicales o a centros comunales, no significaba intromisión en la vida privada.

También existen riesgos mediante la articulación de datos presentes en diferentes registros informáticos para construir el perfil de una persona. Estos riesgos tienen que ver con la discriminación o con la represión, aspecto que vale tanto para la esfera pública como para la privada. En esta última, podemos mencionar la imposibilidad de acceder al mercado laboral o la discriminación para obtener empleo y la dificultad planteada a la hora de solicitar un préstamo o un crédito. En la esfera pública, cabe citar el hecho de quedar expuesto a la sospecha, la averiguación o, eventualmente, a la detención por figurar en un registro donde no aparecen actividades delictivas sino donde, en todo caso, se ha registrado el ejercicio e derechos democráticos.

A esto último, quisiera agregar la propia acción de disuación y de freno que para el ejercicio de los derechos democráticos supone el saberse espiado y controlado, sobre todo, cuando esto se ejerce contra ciudadanos de determinada filiación política e ideológica.

En lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad, podemos decir que éste puede ser concebido como una manifestación de los derechos de la personalidad, en tanto que el conocimiento y la utilización de aspectos vinculados a ésta deben permanecer en reserva de su titular. En caso de que terceros se vean implicados, ya sean particulares o el propio Estado, se debe permitir al individuo ejercer una suerte de contralor.

Acerca de este derecho subjetivo, la doctrina más reciente coincide en señalar su carácter relativo, en función de los contextos y del avance tecnológico, lo cual refuerza la necesidad de legislar permanentemente en este campo. En este sentido, por ejemplo, el artículo 80 del Código Civil del Brasil señala, en su primer inciso, que "todos deben guardar reserva en cuanto a la intimidad de la vida privada del otro" y, en el segundo que "la extensión de la reserva es definida conforme a la naturaleza del caso y a la condición de las personas". Si trasladáramos esto a las personas portadoras del virus HIV, diríamos que debería permanecer en reserva la condición de portador, salvo que se tratara del acceso a un empleo relacionado con la salud en el que hubiese riesgo de contagio.

Por supuesto que el gran límite o marco de todo lo anterior son los derechos democráticos, es decir, la necesidad de extender y de ampliar las garantías ciudadanas.

Por otra parte, reconocemos que hay tema conexo con éste, que es el de la prensa, de las informaciones que pueden tocar la imagen pública o el honor de las personas; se trata de un asunto excitante sobre el que no podemos ingresar en este momento. Tampoco podemos historiar el proceso complejo y apasionante por el cual se separa la esfera privada de la pública en la vida de las personas, cuyo comienzo podemos ubicar entre el Renacimiento y el Siglo XIX y que ha sido estudiado por autores como Philippe Ariès, Richard Sennett y Habermas.

Si podemos decir que para los socialistas los derechos humanos no surgen de una raíz metafísica -como afirma el jusnaturalismo- sino que surgen de la evolución histórica, humana y social pero, por eso mismo, son el resultado del progreso ético de la humanidad, tienen un valor universal y deben ser e referente último de la acción pública. El "derecho a la intimidad" es un concepto de origen norteamericano, que apareció por primera vez formulado así en un artículo publicado en la Harvard Law Review en 1890, con el título de "The right to privacy", cuyos autores eran Warren y Brandels, aunque ya antes el Juez Colley lo había planteado bajo la fórmula "derecho a ser dejado en paz".

En nuestra Constitución no hay una referencia específica a este derecho, aunque podría inferirse por el juego combinado de los artículos 7, 8, 28 y 72 de la Carta. Este último hace referencia a que la enumeración de derechos presente en la Constitución no agota los otros que proceden de la personalidad o de la forma democrática de Gobierno. También son normas de Derecho Positivo en nuestro país la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de las naciones Unidas, el Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, cuyos artículos 12 y 11 -estos son muy parecidos- respectivamente, sientan el principio de la prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, la familia, la correspondencia, así como la defensa contra los ataques a la honra o a la reputación. Asimismo, podemos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y democráticos de la ONU, de 1996, que en su artículo 17 señala que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Teniendo en cuenta solamente estas normas podrían considerase como contrarias a derecho las prácticas que dieron origen al archivo de Canelones.

De todas maneras, reconocemos la necesidad de legislar en este punto, definiendo el derecho a la privacidad y sus límites en relación con el derecho a la información.

A efectos de fundamentar esa necesidad legislativa, quería pasar revista rápidamente a algunas de las muchas normas del derecho comparado que tratan este punto. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la Fair Reporting Act, de 1970, que protege a los clientes de las sociedades de crédito frente al uso indebido de informaciones. Asimismo, la Privacy Act, de 1974, regula la obtención de datos por parte del Gobierno y en su Exposición de Motivos dice: "El objeto de la presente Ley es proporcionar a los individuos instrumentos de protección frente a la invasión de su vida privada. La Privacy Act reconoce el derecho de todo individuo a conocer las informaciones que se refieren a su persona, así como la facultad de cancelación de las que resulten erróneas o versen sobre materias no autorizadas".

Si aplicáramos lo anterior al fichero de Canelones, surgiría el planteo del Frente Amplio en el sentido de publicar la lista de ciudadanos que estaban allí registrados, dándoles la posibilidad de conocer la información que hay sobre ellos y destruir los datos que fueron obtenidos por medio de procedimientos ilegales.

Por otra parte, existe una Ley Federal Norteamericana, muy reciente, del 25 de octubre de 1994, que limita las interceptaciones en las comunicaciones a la posibilidad de una orden judicial u otros procedimientos autorizados por la Ley.

En el caso de Alemania, podemos decir que la Ley Federal de 1977 protege los datos, tanto en relación con registros privados como públicos y crea la figura de un comisario para la protección de los datos personales.

Con respecto a Francia, cabe destacar que los numerales 1), 2), 3) y 4) del artículo 226 del Código Penal se refieren al punto, bajo el título "atentado a la vida privada". Además, la Ley francesa, de 1978, sobre informática, ficheros y libertades, consagra el principio de la prohibición de decisiones públicas o privadas tomadas en base a un perfil automatizado de datos, reconoce el derecho del "habeas data" y crea una Comisión para controlar esa situación. Asimismo, la Ley francesa, de 1991, regula las interferencias por motivos de seguridad, discriminando entre interferencias administrativas llevadas a cabo por la policía -propias de la inteligencia preventiva- y las judiciales, a cargo de un Juez. En el caso de las primeras, se trata de prevenir un delito y en las segundas, el fin es el de investigar un delito cometido. Si esto lo trasladamos nuevamente al caso de Canelones, observaríamos que allí no había delito a prevenir ni a investigar por lo que, desde este punto de vista, serían interferencias ilegales. Por supuesto reconocemos que es más fácil discriminar la legalidad de un procedimiento reglado, como es la investigación de un delito ya cometido, que reglamentar la prevención de un delito. Por ello, es necesario legislar en este punto.

En lo que tiene que ver con Suiza, podemos decir que el artículo 179 del Código penal, también se refiere a las infracciones a la privacidad.

En cuanto a la Argentina, el código civil penaliza la intromisión en la vida ajena mediante un artículo agregado por una Ley de 1975.

En el caso del Brasil ya hemos citado el artículo 80 del Código Civil, pero agregaríamos que en la Constitución de 1988 se reconoce el "habeas data", o sea, el derecho al acceso y rectificación de los datos por parte del afectado.

Por otro lado, la Convención Internacional de Estrasburgo de 1981, establece límites para los datos que puedan recogerse, da garantías jurídicas ante los ficheros públicos o privados y reconoce el derecho al "habeas data".

En forma muy resumida, mencionaría los posibles mecanismos normativos que deberían preverse para una futura legislación. En primer lugar, los datos deben ser pertinentes al ámbito y a la finalidad para los cuales se han obtenido, teniendo en cuenta en este punto a Marcelo Bauzá Reilly. En segundo término, los datos deben ser obtenidos con el consentimiento del interesado o en función de ciertos fines estatales esenciales, que permitan prescindir del consentimiento explícito. Esto nos obliga a legislar en torno a los Servicios de Inteligencia. En tercer lugar, debe existir derecho a la información, al acceso, a la rectificación y a la cancelación, o sea, el "habeas data". En cuarto término, ciertos datos deberían ser ámbito de la privacidad y no podrían ser recogidos. Al respecto, enumeramos las ideas políticas y religiosas, la definición sexual, la afiliación sindical, los hábitos de vida, etcétera. En quinto lugar , entendemos que debería crearse una Comisión de protección de los datos personales con poderes de fiscalización sobre organismos públicos o privados, integrada por representantes del Parlamento, de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Ejecutivo.

En lo que respecta a la aplicación de la normativa en la esfera pública y privada, entendemos que es necesario legislar en torno a los Servicios de Inteligencia. El Reglamento del 28 de diciembre de 1971 es claramente insuficiente, ya que plantea en los artículos 1º y 2º la prevención y represión de los delitos de lesa nación. En tal sentido, reiteramos lo dicho anteriormente acerca de que en Canelones no había delitos, sino que se trataba del espionaje de ciudadanos que ejercían sus derechos democráticos, lo cual significa el desborde de todo marco jurídico y nos introduce en una dimensión operativa no jurídica, en la que es esencial la adhesión a los valores democráticos por parte de los agentes actuantes. En este punto quiero señalar mi acuerdo con las ideas expresadas por el señor Representante Díaz Maynard sobre la necesidad de legislar en torno a los Servicios de Inteligencia.

Por otro lado, en la esfera privada debe estudiarse un marco normativo para los bancos de datos de los "clearing" de informes y para prevenir discriminaciones en la esfera laboral.

Para terminar, señor Presidente, quiero plantear una propuesta que voy a hacer llegar en forma escrita a la Mesa.

En primer lugar, propongo que la Presidencia del Senado, en una próxima sesión de la Asamblea General, incluya como tema de creación, en dicho ámbito, de una Comisión que encare la legislación sobre esta temática.

En segundo término, solicito que la versión taquigráfica de esta exposición se envíe a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional.

Creo que de esta forma habremos contribuido a la afirmación de los valores y de las garantías democráticas y habremos respondido a inquietudes muy serias que existen en la sociedad.

Muchas gracias.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Quisiera saber en qué consistirá la votación. ¿Se trata de aprobar lo propuesto por el señor Senador Laguarda?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- Efectivamente, señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Entonces, solicitaría que la votación se hiciera por partes. Digo esto porque, con respecto a la creación de una Comisión de la Asamblea General, entendemos que el Cuerpo debe manejarse mediante ambas Cámaras y los hechos deben pasar a la Comisión del Senado que tenga que ver con ese tema, que es la Constitución y Legislación. Este procedimiento sería el adecuado, ya que, tal como lo señaló el señor Senador Laguarda, estamos legislando sobre una cantidad de temas puntuales de carácter jurídico.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra para referirme al tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Coincido con lo manifestado por el señor Senador Batlle, pero a ello sumo otras inquietudes.

Antes que nada, debo decir que no recuerdo si reglamentariamente las exposiciones verbales pueden dar lugar a mociones concretas. Además -y esto es más trascendente- de la misma manera que me parece válida la objeción manifestada por el señor Senador Batlle, no creo que las Comisiones de ambas Cámaras -en concreto la del Senado, que es la que nos interesa- estén constituidas para tener iniciativa en materia de proyectos, sino que su función es la de analizarlos y no la de generarlos. Entonces, si existe un deseo en el sentido de dar comienzo a un trámite legislativo sobre determinado tema corresponde, o bien que proceda el Poder Ejecutivo, o bien que haya una propuesta concreta de los señores Legisladores. Reitero que no son las Comisiones las que están encargadas de generar proyectos.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para referirme al tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: sin ánimo de entablar ningún tipo de polémica -sé que hay una urgencia muy clara y notoria con respecto a la votación de las solicitudes de venia, que es el tema que nos ha convocado- y ante la muy documentada exposición del señor Senador laguarda, me veo en la obligación de hacer una breve precisión.

Exhorto a que nos ubiquemos en la realidad, no del Uruguay, sino del mundo y de la historia de las naciones. No sé el origen ni el contenido de los famosos archivos de la Jefatura de Policía de Canelones, que las autoridades públicas han expresado que son archivos caducos y que no contienen información que revista importancia.

De todas maneras, deben quedar en claro -al menos así lo pretende la Cruzada 94- que en el Uruguay, en cualquier nación del mundo, sea cual sea su régimen de gobierno y, más aun si su sistema es democrático, si hay algo secreto son las informaciones de los servicios de inteligencia, de información o el nombre que se le quiera dar. Precisamente, esas informaciones deben ser secretas porque, en principio, ello preserva la seguridad de la nación. Además, si ésta tiene un régimen de gobierno democrático, será más vulnerable y, por tanto, el secreto de esas informaciones tendrá ese carácter no sólo para preservar el derecho de la Nación sino también el sistema que la rige.

Entonces, cuando escucho una exposición elaborada, digna de este Cuerpo, pero en la cual se traslucen conceptos como los de legislar lo que deben hacer los servicios de inteligencia o publicar el contenido de cierta documentación que en su momento pudo haber sido buscada en función de dichos servicios, no tengo más remedio que expresar, de un modo fraternal, que me opongo terminantemente a esos hechos, sea cual sea el partido que gobierne el país y -por una cuestión de sentido común- el sistema que lo rige, sobre todo si es democrático.

El señor Senador preopinante manifestó -advierto que no conozco el contenido de los archivos- que las personas investigadas no estaban cometiendo ningún hecho ilícito. Tal vez -y, por favor, que quede claro que no estoy comparando a los ciudadanos que terminaron perpetrando el atentado contra la AMIA hace un año en la República Argentina con resultados tremendos, en el momento en que lo estaban preparando tampoco estaban cometiendo ningún acto ilícito. Pero, ¿cuál es la frontera de lo lícito ante un grupo que se prepara para realizar un atentado de esa naturaleza? Me refiero al de la AMIA, en la República Argentina, o al que sacudió hace pocos meses a la nación más poderosa del mundo, en Oklahoma. ¿Cuál es la frontera entre lo lícito y lo ilícito? ¿Cuándo comienza la ilicitud y cuándo debe empezar la tarea de quienes tienen que prevenir este tipo de actos?

Evidentemente, son temas muy delicados, pero no por ello se deben debatir públicamente y mucho menos para divulgar la información que se puede haber ido recopilando, en el acierto o en el error. A este respecto, basta pensar en lo sagrado que resulta para este país el secreto del presumario, así como también lo es el secreto bancario y, con más razón, lo que van recopilando los servicios de inteligencia.

(Ocupa la Presidencia el doctor Batalla)

-Debo decir, con toda franqueza, que los servicios existen en todas las naciones y cumplen una tarea que, quizá, puede no ser grata o simpática. Quiero expresar con sinceridad que si esos servicios existen en mi país, no tengo ningún problema en que me investiguen, porque no tengo absolutamente nada ilícito que ocultar. Entiendo que con la tarea que dichos servicios realizan se están previniendo males mayores.

Por lo tanto, pregunto sobre qué vamos a legislar y a discutir. No se trata de legislar a discutir los procedimientos, sino la propia existencia.

Reitero que no concibo una Nación, sea cual sea su régimen de gobierno -sobre todo, si es democrático- que pueda prescindir de ese tipo de servicios. Más allá del contenido, del acierto o del error de los procedimientos, si lo que está en tela de juicio es la existencia de dichos servicios, debemos recordar que existen en todos los países del mundo. A eso quiero agregar que son imprescindibles si el sistema de gobierno que rige un país es democrático.

Repito una vez más que con mis expresiones no quiero generar ningún tipo de polémica, pero me veo en la obligación de hacer estas precisiones.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para referirme al tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Antes que nada, quiero aclarar que he solicitado el uso de la palabra para dar respuesta a dos inquietudes.

En primer lugar, señalo que compartimos que se vote por numerales la propuesta del señor Senador Laguarda. Es más; nos parece plausible que así se haga, pues algunos señores Senadores pueden estar de acuerdo con alguno y en desacuerdo con otro.

En cuanto a lo planteado por el señor Senador Posadas Montero, debo indicar que es norma frecuente, cuando se efectúa una exposición sobre un tema en particular, que su contenido sea pasado a la Comisión que corresponda, aunque naturalmente esto no le implica ningún tipo de obligación. Como muy bien lo ha señalado el señor Senador Posadas Montero, si se quiere legislar hay que tomar iniciativa desde el punto de vista individual de cada Legislador, de la colectividad política a la que se pertenece o del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la intención de la propuesta era, simple y sencillamente, añadir elementos informativos a la Comisión respectiva para que tome este tema como un asunto principal en la vida contemporánea.

Con respecto a las puntualizaciones del señor Senador Millor sobre la exposición del señor Senador Laguarda, quiero significar que es evidente que discrepa con la legislación estadounidense, con la francesa, con la española, con la brasileña y con todas aquellas que tratan de defender la privacidad del individuo frente a los avances totalitarios del Estado.

Naturalmente, son dos opiniones distintas que, a mi juicio, están muy claras. Por supuesto, nosotros compartimos lo que ha expuesto el señor Senador Laguarda en cuanto a la defensa de los derechos individuales del sujeto frente a los avances que rompen su privacidad y violan sus derechos fundamentales, como los descritos en la exposición de referencia.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Puedo garantizarle al señor Senador Gargano que no discrepo con la legislación citada, en tanto ella dirija, pura y exclusivamente, a defender esa privacidad. Por lo tanto, le puedo garantizar que en todos los países que se mencionaron los servicios existen y ¡vaya si son necesarios! Para preservar, justamente, esos derechos de privacidad.

Un país que no tenga servicios que protejan a la sociedad de aquellos que muchas veces pretenden a través de la bomba o de la metralleta llevarse por delante las ideas de los demás, difícilmente tenga la capacidad para defender, entre otras cosas, el derecho a la privacidad. Precisamente, a eso apuntan las leyes norteamericanas y la de otros países democráticos.

Sin embargo, una cosa es de derecho a la privacidad y otra distinta es negarle a la Nación el derecho de defenderse, así como también el de prevenir males mayores, y de eso se trata. Tal vez, sí, nadie quiera lamentar o llorar la pérdida de esos derechos. Seguramente, Estados Unidos debe estar llorando la pérdida de muchas vidas humanas porque, quizás, los servicios fallaron por algún lado y tuvo lugar lo que ocurrió en Oklahoma. Lo mismo podría decir de Argentina, que en dos o tres años ha sufrido dos atentados tremendos y, por lo tanto, tal vez se estén llorando las víctimas porque los servicios tuvieron cierta filtración y no pudieron prevenir esa desgracia. También es posible que tengamos que llorar durante 50 ó 60 años el no haber podido prevenir a tiempo un levantamiento subversivo en este país cuando tenía bienestar económico y una democracia en libertad y con un contenido social que era motivo de orgullo en América Latina y en el mundo entero.

De manera que se trata de aspectos totalmente distintos. Uno es el derecho a la privacidad en mi intimidad y otro, que ese derecho personal me ponga a salvaguarda de cualquier tipo de investigación cuando, eventualmente, puedo estar preparando algún accionar en contra del sistema que me garantiza ese derecho. En ese sentido, podemos citar el ejemplo del gusano mitológico -el orugópoulos- que confundió su cola con la cabeza. Con esto queremos significar donde empieza una cosa y donde termina otra.

¿Cómo se retroalimenta el derecho que quiero proteger, si no tengo herramientas para hacer lo propio con el aparato que me permita disfrutar de esos derechos? Precisamente, para eso existen los servicios. Si se trata de una tarea grata o ingrata, es un aspecto distinto; si se hace bien o mal, es una cuestión a corregir; pero, de ahí a que deba publicarse la información, legislar y poner en tela de juicio lapropia existencia de dichos derechos, es negar la realidad.

Quizá se trate de un discurso conmovedor o convocador de determinados sentimientos, pero se aleja completamente de lo que es la realidad, no sólo de esta Nación sino de todas las que han sido y serán fundamentalmente democráticas en la historia de este planeta. Los Estados totalitarios no necesitan esos servicios -que también los tienen- porque el individuo, de por sí, está imposibilitado en su libre desplazamiento. Pero aquella nación abierta como la nuestra ni siquiera tiene reparos para que ingresen personas que pertenecen al movimiento terrorista más asesino de la historia de la humanidad. Para este país no es una tacha moral ser integrante de la ETA y se puede ingresar a él. ¡Cómo, siendo un país de fronteras abiertas, no vamos a necesitar servicios que puedan prevenir males mayores!

Debo señalar que uno nunca conoce el contenido de estas exposiciones -y con esto no deseo entrar en una polémica- que siempre votamos y lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Por lo tanto, no venimos preparados, pero sí tenemos muy arraigados determinados sentimientos y principios que nos vemos en la obligación de manifestar cuando, en su legítimo derecho, el señor Senador que realiza la exposición establece conceptos con los que discrepamos profundamente.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: al igual que el señor Senador Gargano, quiero señalar que comparto el enfoque que realizaba el señor Senador Laguarda, especialmente documentado en el orden del Derecho Comparado, que refleja una visión universal de la conciliación entre el poder de lo colectivo, del Estado, y la defensa de lo individual.

Por supuesto que el señor Senador Laguarda no se refería a que no existieran ciertos servicios, sino a que cualquier actividad del Estado debe ser reglada, y esto sí es muy importante para la democracia. La discrecionalidad, acompañada del secreto, es una actividad incontrolable. La necesidad de que la actividad sea reglada es uno de los rasgos fundamentales de todo funcionamiento de los servicios públicos. Y a eso aludía el señor Senador Laguarda.

Otro elemento de la democracia es la exterioridad de los actos; no se pena el pensamiento, la intencionalidad, si no se traduce en actos. Esa es otra garantía de conciliación entre lo colectivo y lo individual, y es peculiarmente importante porque nadie niega que, si hay actos externos sintomáticos -aunque no sean plenamente delictivos- puedan operarse actividades regladas de control, pero no se habla sistemáticamente de un núcleo determinado de ciudadanos o de ciertas áreas, porque no hay motivaciones que justifiquen ese proceso.

Ese derecho de intimidad tiene una traducción en el plano del Derecho que tiene que ver con la necesidad de la actividad reglada, de que haya aspectos sintomáticos en actos externos y de implicar el respeto de los derechos fundamentales de la persona en cuanto a su libertad de movimiento. La aplicación de esta última determina que el control no pueda ejercitarse en forma secreta.

Deseaba señalar estos aspectos y reiterar que comparto el planteo que hacía el señor Senador laguarda en la interesante exposición que realizó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el Senado me permite, quiero pedir excusas al Plenario y, en especial al señor Senador Laguarda, porque no pude estar presente desde el comienzo de la sesión. Como es de conocimiento de todos, estaba reunido con el director General de UNESCO, Doctor Federico Mayor Zaragoza, en una audiencia que había sido concertada hacía días.

Deseo señalar la posición de la Presidencia en lo que refiere a los puntos contenidos en la moción.

En lo que tiene que ver con la posibilidad de que una exposición, prevista en el artículo 170 del Reglamento, puedan resultar mociones a votar, la Mesa comparte el criterio de que pueden ser puestas a consideración del Senado, en la medida en que dicha disposición se remite al artículo 70 del Reglamento.

En cuanto a los términos de la propuesta, la Mesa -salvo que se cuestione su actitud- no va a poner a votación el inciso primero, porque entiende que viola el principio bicameral establecido en la Constitución de la República. Se encomienda a la Asamblea General que encare, por medio de una comisión, la legislación en esta temática, y desde el punto de vista constitucional la formación de la voluntad legislativa se da por el principio de actuación independiente de ambas Cámaras. Por consiguiente, salvo que la decisión soberana del Senado cuestione esta actitud, reitero que la Presidencia considera que el inciso primero no puede votarse.

Los incisos segundo y tercero serán puestos a votación por su orden; pero obviamente la decisión es del Senado.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: si no tengo mala memoria, el inciso primero solicita a la Presidencia que trasmita a la Asamblea General la eventualidad de que se forme una Comisión con los mencionados objetivos; no lo está mandatando. De todas formas, por este motivo no voy a cuestionar la actitud de la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede hacerlo, señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- No creo que el tema dé para tanto.

De modo que, de acuerdo con el señor Senador Laguarda, retiramos el inciso primero y solicitamos que se voten el segundo y el tercero.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si nos se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo -que pasa a ser el primero de la propuesta- que refiere a que el Senado traslade esta exposición a la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR MILLOR.- Solicito que se agregue a esta exposición todo lo manifestado en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el mencionado inciso con el agregado propuesto por el señor Senador Millor.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar el inciso tercero -que pasa a ser el segundo de la propuesta- que indica que se trasmitan estas palabras a la Cámara de Representantes y a los Ministerios de Defensa Nacional e Interior.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO VENIAS PARA DESIGNAR AL DIRECTORIO DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO Y AL DE LAS PRIMERAS LINEAS URUGUAYAS DE NAVEGACION AEREA; SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA ACREDITAR EMBAJADOR DE LA REPUBLICA ANTE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y SOLICITUD DE VENIA PARA DESTITUIR A UNA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo otros asuntos de orden, corresponde que el Senado pase a sesión secreta para entrar a considerar el orden del día, ya que los cuatro puntos requieren que se proceda de esa forma.

(Así se hace. Es la hora 18 y 2 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 20 y 9 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para designar como miembros del Directorio del Banco de Seguros del Estado al Doctor Carlos Alberto Cassina Ghezzi, como Presidente, a los señores José Jorge de Boismenu, Jorge Hebert de León, Sergio Orlando Arbiza y al Contador Alvaro Alonso Tellechea.

Asimismo, resolvió conceder venia para integrar el Directorio de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA), al Escribano Ricardo César Scaglia Bonello, en calidad de Presidente; al Coronel Angel María Dobrich Gianola, como Vicepresidente, y al doctor Juan F. Orticochea Brito del Pino, como Vocal.

Por otra parte, resolvió conceder venia para acreditar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República del Ecuador al señor Ministro Consejero del Servicio Exterior, don Duncan Crocci de Mula.

Finalmente, resolvió conceder venia para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura.

9) COMISIONES DEL SENADO

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Señor Presidente: en la sesión pasada, los señores Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con hacienda, que estamos analizando el Proyecto de Ley referido al régimen de previsión social, convinimos que habría que plantear al Cuerpo la posibilidad de que la semana próxima se suspendan las reuniones de otras Comisiones de las que también somos miembros, porque se nos hace imposible concurrir al mismo tiempo a dos Comisiones diferentes, en función del horario en que hemos dispuesto trabajar.

Nos parecía prudente plantear esta cuestión a la Presidencia del Cuerpo para decidir si se pueden suspender las sesiones de esas otras Comisiones que corresponden a la semana próxima, para que la mayor parte de los señores Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda podamos dedicarnos exclusivamente al estudio de la iniciativa que se ha presentado relativa a la seguridad social.

SEÑOR PRESIDENTE.- El planteo parece lógico, señor Senador. ¿Cuáles serían las Comisiones cuyas sesiones deberían suspenderse?

SEÑOR BATLLE.- Creo que salvo las Comisiones de Transporte y Obras Públicas y de Medio Ambiente, las demás están todas integradas por Senadores que también son miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa cree que es muy difícil determinar "a priori" cuáles serían las Comisiones de las que deberían suspenderse las sesiones, tal como lo plantea el señor Senador Batlle. Quizá el Senado podría adoptar una decisión general, estableciendo que no se sesionarán aquellas Comisiones cuyos miembros integren también la Comisión de Asuntos laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda.

SEÑOR BATLLE.- Eso es lo que planteamos, señor Presidente.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Señor presidente: a través de esta intervención quiero consultar a los compañeros de la Comisión de Asuntos Internacionales lo siguiente.

El señor Ministro de Relaciones Exteriores solicitó ser recibido por la Comisión respectiva el próximo martes -porque no puede concurrir los días habituales de sesión- para informar acerca de una serie de asuntos importantes. Quisiera saber si los demás miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales están dispuestos a reunirse el próximo martes a las 17 horas o si, en su defecto, prefieren que la Secretaría comunique al señor Ministro que no lo podemos recibir. Quería plantear este tema porque se trata, concretamente, de una solicitud hecha por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

SEÑOR PRESIDENTE.- No es fácil resolver sobre el punto en este momento y en estas condiciones. El tema debe ser objeto de acuerdo por parte del Senado, pero puede ser única y exclusivamente resuelto estableciendo alguna decisión de carácter general que pueda ser modificada por el consenso de los señores Senadores en el caso de que haya algún petitorio expreso como, por ejemplo, el que se ha mencionado en cuanto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.

La Presidencia piensa que la mejor solución es dejar sin efecto la convocatoria de las Comisiones que integran los Senadores que participan en el estudio del tema de la seguridad social. No se va a establecer una norma rígida y absoluta y en algún caso especial, como el pedido de un señor Ministro, los señores Senadores van a poder tomar la decisión contraria.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- No comparto el contenido de la moción del señor Senador Batlle. Creo que el país no se puede parar durante una semana.

Cada una de las Comisiones del Senado tiene múltiples temas para abordar y urgencias que resolver. Muchas veces algunas cuestiones quedan postergadas, incluso, por los propios ritmos de trabajo y las necesidades que cada Senador tiene al participar en las diversas Comisiones. Reitero que no estoy de acuerdo con que se suspenda el trabajo de las mencionadas Comisiones.

En lo que hace a la Comisión de Industria y Energía, en particular, creo que de ninguna manera podemos prescindir de los Senadores que la integran, ya que estamos tratando una serie de temas muy importantes y, además, estamos esperando un Proyecto de Ley anunciado por el propio Ministro del ramo.

Por lo tanto, coincido con que el criterio a seguir debe ser adoptado por el Senado, porque de lo contrario puede suceder que éste se adopte por la vía de los hechos, lo que implicaría que los señores Senadores que participan de la Comisión que discute el Proyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social no concurran a las otras reuniones.

Otra posibilidad es que el Senado tome la resolución que no compartimos o decida que la vida y el trabajo del Senado continúen durante la próxima semana de manera normal, en lo que tiene que ver con el conjunto de las Comisiones en que participamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Batlle en el sentido expresado por la Presidencia.

(Se vota:)

-17 en 22. Afirmativa.

10) BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. Comisión Investigadora.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Solicito que la Mesa dé cuenta de un trámite administrativo: la fecha de remisión al Poder Ejecutivo de las conclusiones a que llegó el Senado sobre lo informado por la Comisión Investigadora de este Cuerpo, que trató lo relativo al Banco de Seguros del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ha dado cuenta de esto en sesión secreta, pero la Mesa cree que no hay razón para no ratificarlo en sesión pública.

La decisión del Senado fue adoptada el 19 de octubre de 1994 y, según el recibo de comunicaciones, la recepción en la oficina pertinente de la Presidencia de la República tuvo lugar el 10 de enero de 1995.

SEÑOR GARGANO. - Gracias, señor Presidente.

11) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 21 minutos presidiendo el doctor Batalla y estando presente los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Irurtia, Laguarda, Millor, Posadas Montero, Sarthou y Segovia.)

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.