Retorno a página principal

N° 18 - TOMO 366 - 10 DE MAYO DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

17ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO, LIC. JORGE MOREIRA PARSONS Y LA PROSECRETARIA SEÑORA QUENA CARAMBULA

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Heber por el día de hoy.
- Concedida.

5) Proyecto presentado

- Créditos con garantía del trabajo para la pequeña y mediana industria
- Lo presentan los señores Senadores Millor e Irurtia.

6) Funcionarios contratados por la Corte Electoral

- Manifestaciones del señor Senador Garat.
- Por moción del propio señor Senador, se resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Corte Electoral.

7) Situación de las Cajas Militar y Policial como consecuencia del Proyecto de Reforma de la Previsión Social

- Manifestaciones del señor Senador Gandini.
- Por moción del propio señor Senador, se resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Defensa Nacional, a los señores Comandantes en Jefe, al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y a las Asociaciones de Retirados Militares.

8) Libertad y solidaridad democrática con la República de Cuba. Proyecto aprobado por un Subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica

- Manifestaciones del señor Senador Ricaldoni.

9) Comisión Administrativa del Poder Legislativo

- Proyecto de Ley por el que se determina su carácter de Comisión interna, su integración y se deroga la Ley N° 9.427.
- Moción presentada por varios señores Senadores para que se solicite a la Comisión de Constitución y Legislación que se pronuncie en un término no mayor a 30 días y en caso de que no lo haga se incluya este tema en el orden del día de la primera sesión ordinaria inmediatamente posterior al día 10 de junio.
- Se vota negativamente.

10) Escribano Enrique Alzugaray. Proyecto de ley por el que se designa con su nombre al Liceo de Cerro Chato

- Por moción del señor Senador Pereyra, se resuelve extraer del archivo esta Carpeta.

11 y 13) Transporte en el área metropolitana. Proyecto de resolución de la Comisión de Transporte y Obras Públicas

- Por moción del señor Senador Irurtia se declara urgente la consideración de este tema.
- Aprobado, se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Empalme Olmos

- Proyecto de ley por el que se declara feriado nacional para ese lugar el día 21 de mayo con motivo del centenario de su fundación.
- Por moción del señor Senador Santoro, se resuelve alterar el orden del día y tratar este asunto de inmediato.
- En consideración. Aprobado.

14) Coronel (R) Nelson Costanzo. Su deceso

- Manifestaciones del señor Senador Pozzolo.
- Intervención de varios señores Senadores.
- El Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del Coronel Costanzo, participar por la prensa y enviar nota de condolencia a los familiares acompañando la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala.

15) Banco Central del Uruguay. Su Carta Orgánica

- Exposición del señor Senador Couriel.
- Intervención del señor Presidente y de varios señores Senadores.

16) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

"Montevideo, 9 de mayo de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 10, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Exposición del señor Senador Alberto Couriel sobre la Carta Orgánica del Banco Central.

(Carp. N° 166/95)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley;

2°) Por el que se establece la figura jurídica de las fundaciones y los principios que la van a regir.

(Carp. N° 105/95 - Rep. N° 40/95 y Anexo I)

3°) Por el que se declara feriado para el pueblo de Empalme Olmos, departamento de Canelones, el día 21 de mayo de 1995.

(Carp. N° 155/95 - Rep. N° 42/95)

4°) Proyectos de Resolución de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence 15 de junio de 1995). (Carp. N° 126/95 - Rep. N° 38/95).

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence 21 de junio de 1995). (Carp. N° 127/95 - Rep. N° 39/95).

una funcionaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (plazo constitucional vence 25 de junio de 1995). (Carp. N° 129/95 - Rep. N° 37/95).

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTA: con licencia, el señor Senador Heber.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 4 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 10 de mayo de 1995.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite vía Fax un comunicado de prensa por el que informa de la posición del Gobierno del Uruguay sobre el proyecto de ley titulado "Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba" aprobado por el Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América.

-Téngase presente, repártase y pase a la Comisión de Asuntos Internacionales.

Los señores Senadores Pablo Millor y Dante Irurtia presentan con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se establecen normas para gestionar créditos con garantía del trabajo para la pequeña y mediana empresa.

-A la Comisión de Industria y Energía."

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Luis Alberto Heber solicita licencia por el día de hoy."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 10 de mayo de 1995.

Dr. Hugo Batalla

Presidente

Cámara de Senadores

Tengo el gusto de dirigirme a usted con el fin de solicitar licencia por el día de hoy; debido a motivos personales.

Sin otro particular, lo saludo con el aprecio de siempre.

Luis A. Heber. Senador."

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) PROYECTO PRESENTADO

CREDITOS CON GARANTIA DEL TRABAJO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Presentamos este proyecto de ley en la seguridad de satisfacer una necesidad de quienes están dispuestos a realizar nuevos emprendimientos. Los proyectos que se intenten desarrollar mediante el trabajo del empresario y el de su propia familia, en la pequeña o mediana empresa, podrán ser valorados como garantía por el Banco de la República Oriental del Uruguay.

Es conocida la problemática que enfrentan los empresarios pequeños y medianos, para implementar y desarrollar cualquier empresa nueva.

En el presente proyecto de ley se le reconoce al trabajo, no solamente su naturaleza de dignificante expresión humana, sino que también se le ubica como elemento a tomar en cuenta para avalar las posibilidades de desarrollo social y económico de las personas.

"Mientras que en la época actual el trabajo es objeto de una protección y consideración especiales, en la antigüedad fue reputado en cambio una ocupación vil e indigna del ciudadano."

La síntesis precedente, expresada por el Maestro Francisco De Ferrari (Lecciones de Derecho del Trabajo, Tomo I, Pág. 57), marca la secular y penosa evolución que el hombre, con una natural tendencia dignificante, fue logrando con respecto a su más noble actividad, o sea el trabajo.

No ha habido ninguna teoría o doctrina económica o social, que no haya tomado en consideración, de una manera u otra, la capacidad de producción del hombre, o sea su trabajo, en la más amplia acepción (intelectual, físico y artístico).

La Constitución de la República en sus artículos del 53 al 57, que mantienen la redacción ingresada a ella en la reforma de 1934, conforman la base jurídica esencial referida al trabajo.

El presente proyecto de ley pretende estar en consonancia con la evolución reseñada y con los textos legales indicados, apuntando además el fomento de la estructura familiar como elemento fundamental de la sociedad (Art. 40 de la Constitución).

Por otra parte el proyecto que se presenta, reconoce como soporte imprescindible la concepción de que el BROU fue creado como institución de fomento de la producción, y que como tal debe funcionar, sumiendo un rol decisivo en los propósitos de superación de las personas carentes de recursos económicos, pero titulares de una adecuada y honrada capacidad de trabajo físico, intelectual o artístico.

Desde luego que del texto que se propone corresponde inferir, que se le está dando al trabajo un lugar preferente en la escala de valores a tomar en cuenta para otorgar créditos.

Se evidencia además la fe en el hombre, estructurándose un sistema de orientación técnica para dotar al trabajo de la necesaria eficacia, y se trazan una serie de controles no con criterio represivo, sino de rectificación de procedimientos y prácticas para así colaborar con el mejor destino del respectivo programa.

Se prevé un mecanismo para premiar a los más destacados de quienes utilicen estos préstamos, tratando de esa forma de incentivar el rendimiento de todos los mutuarios.

Resulta de justicia que, en casos excepcionales de incumplimiento causados por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o absolutamente imprevisibles, y habiéndose dado una correcta conducta del beneficiado respecto al programa proyectado, el Banco se haga cargo de lo adecuado.

No obstante inferirse claramente del articulado que integra el proyecto, que el mismo está destinado a cubrir las diferentes áreas de la actividad humana, es pertinente consignar expresamente que su aplicación comprende programas de producción en materias diversas.

Generalmente quien buscando un nicho para sus productos, en el mercado nacional o internacional invierte todo su capital propio, debe asimismo recurrir al financiamiento por un tercero.

El ofrecimiento de garantías solventes y buenas para el Banco que financie la empresa, es generalmente difícil de conseguir pues en esta temprana etapa empresarial, no existen activos de valores necesarios para ser aceptados como garantía suficiente a criterio de los Bancos.

El proyecto de ley se basa en dos aspectos importantes, el primero en que exista una estructura dentro del BROU que estudie y exija una serie de requisitos a quienes pretendan financiamiento para sus proyectos, incluso con promociones anuales que beneficien en forma especial a los mejores emprendimientos.

El segundo aspecto, es facilitarle al Banco la recuperación de su crédito, aun antes que todos los demás acreedores quirografarios y privilegiados.

Entendemos que proponemos una base realista para que la asistencia crediticia pueda llegar a los jóvenes empresarios y a la pequeña y mediana empresa, en tiempo y en forma.

Se procura financiar a quien tenga un proyecto viable que le otorgue capacidad real de repago a mediano plazo, avalando la operación con el estudio, aceptación y asesoramientos necesarios para el buen fin del emprendimiento.

Además, se quiere que principalmente estos emprendimientos de pequeños y medianos productores se dirijan al sector de exportaciones, que necesita la diversificación de la oferta nacional, con agregados de productos exportables dentro de las normas internacionales y requerimientos de los compradores.

Así no sólo se intentará el aumento de la producción y los puestos de trabajo internos, sino también el de la corriente exportadora no tradicional.

Por otra parte, el perfil de la nueva Banca de nuestro país, debe sin duda incrementar la asistencia a quienes financia. De esta forma obtiene un doble beneficio: vende un servicio de asistencia al deudor, y vigila la recuperación de su crédito.

En fin, es un deber dejar expresado que, entre las fuentes inspiradoras del texto legal propuesto, se tuvo presente en orden preferente la valoración artiguista que del hombre y de su trabajo está contenida en el siempre vigente Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para fomento de la campaña y seguridad de los hacendados. En su Art. 6° recomienda que para fomentar la población de la campaña se tengan en cuenta' los brazos útiles', 'los sujetos dignos de esta gracia, con prevención de que los más infelices serán los más privilegiados', y agrega que podrán ser agraciados todos aquellos que con 'su trabajo y hombría de bien propendan a su felicidad y la de la provincia.'

Dante Irurtia, Pablo Millor. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - SOLICITUD DE CREDITO CON GARANTIA DEL TRABAJO. Podrán gestionar Créditos con Garantía del Trabajo ante el Banco de la República Oriental del Uruguay las empresas o los titulares de las mismas, que carezcan de bienes aptos para ser tomados como garantía de la operación, u otra garantía suficiente a criterio del Banco.

Art. 2°. - DESTINO DEL CREDITO. Los créditos referidos en el artículo anterior, deberán destinarse a actividades laborales que se constituirán en la principal fuente de ingresos del mutuario.

Art. 3°. - PREFERENCIA EN EL FINANCIAMIENTO. Tendrán preferencia en el financiamiento, de indistinta manera:

a) Las personas menores de 35 años que tengan familia constituida integrada al proyecto de empresa.

b) Las empresas de solicitantes cuando proyecten exportar no menos del 40% de su producción.

Art. 4°. - COMPROBACION DEL PROYECTO. El proyecto de empresa, así como las aptitudes laborales del gestionante, deberán ser comprobadas ante la Institución bancaria de crédito.

Art. 5°. - VIABILIDAD DEL PROYECTO. El Banco deberá estudiar y evaluar la viabilidad del proyecto y sus posibilidades, a cuyos efectos podrá recibir asesoramiento de la Dirección Nacional para la Pequeña y Mediana Empresa (DINAPYME), y de organismos públicos o privados, de reconocida solvencia en la materia que vaya a desarrollar el proyecto de empresa.

Art. 6°. - VIGILANCIA DEL PROYECTO. El Banco o un tercero que convenga con el empresario asistido, se encargará de vigilar y seguir el desarrollo de proyecto de empresa y lo asesorarán en aspectos relativos a su administración y gestión.

Además, el mutuario deberá informar de la marcha del proyecto trimestralmente, o cuando ocurra algún hecho que pueda interferir en el repago de la deuda de la empresa.

Art. 7°. - FONDO DE GARANTIA. El Banco, mediante un adicional agregado a la tasa de interés que se fije para la operación, creará un Fondo de Garantía Recíproca.

Art. 8°. - CONCURSO DE PROYECTOS. El Banco instrumentará anualmente un concurso, a fin de seleccionar los proyectos que a su juicio, sean merecedores de facilidades en su desarrollo, los que serán exonerados del aporte al Fondo de Garantía Recíproca.

Art. 9°. - CONDICIONES DE CREDITO. Los créditos que se otorguen con la garantía del trabajo, tendrán una bonificación al servicio de la deuda, con respecto a los que se concedan en el marco común de la actividad bancaria, y tanto los ingresos por colocaciones como las amortizaciones relativas a los mismos, deberán estructurarse en relación directa con el rendimiento de la actividad para la cual se conceden, de manera tal que hagan factible su cumplimiento, y cancelación en los términos acordados.

Art. 10. - PREFERENCIA DE COBRO DEL BANCO. Los bienes del deudor quedarán sujetos a una preferencia para el cobro del Banco, ante cualquier otro tipo de acreedor posterior, por los créditos de las operaciones previstas en esta ley.

Art. 11. - INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR. Se considerará también incumplimiento del deudor, su resistencia al asesoramiento, o a brindar datos sobre la marcha del proyecto, por lo cual el Banco podrá dar por caducados los plazos y hacer exigible el saldo adeudado por la empresa.

Art. 12. - INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El deudor que habiendo cumplido con el programa de desarrollo, se vea imposibilitado de satisfacer el crédito por razones de caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias supervinientes imprevistas, será declarado por el acreedor o por la justicia en su caso, cumplidor con su trabajo e insolvente con respecto al proyecto, cancelándose totalmente los derechos del Banco sobre su futuro patrimonio.

Dante Irurtia, Pablo Millor. Senadores."

6) FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA CORTE ELECTORAL

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa para la cual están anotados los señores Senadores Garat y Gandini.

Tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: en el día de hoy me voy a ocupar de un tema que viene siendo analizado y que crea una situación de dificultad y de injusticia a una serie de servidores, funcionarios públicos, que se vienen desempeñando en la Corte Electoral.

La Corte Electoral, con partidas especiales que en su momento otorgó el Parlamento y con una partida global que en el momento de las elecciones solicitó, pudo disponer de una cantidad de funcionarios que figuran en calidad de contratados. No obstante, las partidas de gastos con que contaba la Corte Electoral solamente le permiten mantener a estos funcionarios prestando sus servicios hasta el mes en curso.

Estos trabajadores han desarrollado una excelente labor durante todas las instancias electorales -no sólo la última sino también la concurrencia a plebiscitos y otras circunstancias que ha vivido el país- defendiendo y cumpliendo con todos los compromisos democráticos y constitucionales que debe llevar adelante la Corte Electoral. Además, cabe señalar que estas personas están desempeñando su función desde hace tres años y en el ínterin, no sólo no ha habido mayor abundancia de personal, sino que se han ido retirando funcionarios, de forma tal que éstos que están en calidad de contratados cubren las necesidades de los que se fueron y que estaban en carácter permanente dentro de la Corte Electoral.

Desde nuestro punto de vista este tema pasa por un problema de los rubros que se disponen para el pago y contratación de estos funcionarios. No obstante, pensamos que no se puede llegar hasta la fecha límite, a partir de la cual no habría más recursos para continuar con esas contrataciones, sin solucionar este problema.

Digo todo esto no sólo por hacer un acto de justicia y de reconocimiento a la tarea cumplida, así como a los méritos esbozados -han desempeñado su trabajo en forma eficiente y no ha habido ninguna queja- sino porque además la Corte Electoral por su gestión y funcionamiento en épocas electorales ha sido felicitada por todos los sectores políticos del país. Por lo tanto, esto requiere una decisión política en el sentido de reconocer la tarea que estos funcionarios vienen desarrollando.

Por otro lado, teniendo en cuenta que durante este año va a haber una instancia presupuestal que tendrá que reconocer toda una serie de circunstancias que se vienen sucediendo en distintas órbitas del Estado, pienso que las autoridades van a tener que encontrar una solución momentánea hasta que el Parlamento comience a definir en forma concreta este problema. Es por ello que presento esta solicitud para que se tenga en cuenta la situación especial de estos funcionarios de la Corte Electoral. Repito una vez más que si tenemos en cuenta a todos los funcionarios permanentes que se han ido retirando, existen recursos suficientes para pagar un sistema de contratación que permanezca hasta que una ley presupuestal permita la regularización definitiva de estas personas.

En consecuencia, señor Presidente, planteo este acto de justicia y solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las autoridades que tienen que ver con la materia, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corte Electoral a efectos de que tomen las medidas del caso para evitar esta situación.

Reitero una vez más que no se trata sólo de un problema de injusticia para con estos funcionarios que han cumplido fielmente con su tarea, sino que también se crearía una situación difícil para la Corte Electoral que no podría llevar adelante su trabajo por la falta de empleados.

En consecuencia, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Corte Electoral, a fin de ver la forma de solucionar el problema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) SITUACION DE LAS CAJAS MILITAR Y POLICIAL COMO CONSECUENCIA DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA PREVISION SOCIAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GANDINI. - Me quiero referir a un tema que cada vez está más vigente en la agenda pública, que genera cierto nerviosismo e intervenciones de todo tipo y que es bueno que sobre él adelantemos algunas opiniones. Estoy aludiendo, en términos generales, a la reforma de la previsión social -que en breve este Cuerpo abordará- y, en particular, a lo que tiene que ver con la Caja Militar y la Policial; más precisamente hablaremos sobre la primera.

Antes de las pasadas elecciones, luego de ellas -durante el período de transición y en las reuniones que realizaron los partidos políticos en el marco del Hotel Victoria Plaza- y aun después de instalado este Parlamento, reiteradas veces hemos dicho que la reforma debe ser de carácter universal y abordar los grandes problemas que el sistema como tal tiene. También hemos dicho -lo han mencionado el anterior Gobierno y el actual- que el déficit que genera la seguridad social o la asistencia que la Administración Central debe hacer por esta razón es abultado. Se lo ha comparado con el Producto Bruto Interno, con las exportaciones, con el IVA y, en todos esos casos, ese monto incluye -siempre lo hizo- la referencia a todas las Cajas que generan algún tipo de asistencia. Por lo tanto, todos hemos admitido la necesidad de abordar algunos mecanismos de reforma que contengan transformaciones que nos permitan superar esta situación.

En lo que tiene que ver con la Caja Militar, días pasados mantuvimos algunas reuniones con jerarcas de la Institución. Hemos tenido conocimiento directo de su situación y contamos con cifras oficiales. Sabemos que hoy es complicada, así como lo fue antes del año 1986. Una ley estableció que una parte del déficit de aquel momento iba a ser atendido por Rentas Generales -así se hace desde esa época- y desde ese entonces en adelante se establecieron reglas distintas para que la Caja tuviera una situación interna saneada. Venía funcionando adecuadamente hasta que en el año 1992 se interpreta que el artículo 67 de la Constitución de la República abarca también a los retirados y pensionistas militares. Debido a esto, en el año 1993, la Caja Militar debe hacer frente al pago de retroactividades y, luego, ajustar las pasividades de esa manera.

Se produce, por lo tanto, en la Caja Militar -y algo similar en la Policial- un desajuste que genera un déficit genuino que alcanza, en el año 1992 sólo a U$S 2:000.000; en el año 1993 aumenta a U$S 43:000.000 -debido al pago de las retroactividades- y, en 1994 desciende, aunque todavía no contamos con las cifras oficiales. Sin embargo, podemos decir que al día de hoy alcanza aproximadamente los U$S 3:000.000 mensuales. Esto, además del déficit, significa un problema porque el sistema militar estimula al retiro. Sabemos que el mismo no tiene jubilaciones sino retiros y pensiones que son atendidos por un servicio especial. Tenemos conocimiento de que existen distintas situaciones internas, pero también sabemos que este servicio atiende 41.000 retirados y pensionistas, 6.000 de los cuales son oficiales y el resto personal subalterno. Además, el 95% de los oficiales se retira al finalizar su carrera, es decir que utiliza el mecanismo de retiro obligatorio a los 55 años, mientras que el 95% del personal subalterno se retira, en el sistema anterior, un día después que cumple los 15 años de servicio -todavía quedan 8.000 funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional dentro del mismo- y en el nuevo sistema luego de los 20 años. Esto hace que permanezcan poco tiempo en actividad, aportando a la Caja una cantidad pequeña de su vida útil y un tiempo demasiado extenso en el Servicio de Retiros Militares durante el cual éste debe hacerse cargo de sus obligaciones. Por lo tanto, esto genera una ecuación difícil de sostener, una relación activo-pasivo que en su proyección futura tendrá más inconvenientes que los actuales. Esto nos preocupa no sólo a nosotros sino también a las autoridades de dicha Caja que han demostrado eficiencia y responsabilidad en la administración de los fondos que se le han encomendado. Incluso, se nos ha manifestado interés por estudiar estos elementos.

Estamos pensando que también hay que abordar este tema y que no deben existir sectores intocados que permanezcan al margen si es que pueden mejorar su eficiencia interna. El resto de la sociedad no tiene por qué atender con transferencia de sus recursos situaciones que pueden mejorarse.

La reforma en la que estamos pensando debe hacerse en su momento y a través de una ley aparte. En este sentido, nos parece que debe continuarse la tradición que ha seguido la República desde 1911, abordando este tema en forma especial, con una legislación específica, ya que es complejo en sí mismo, pero aun más en materia policial y militar. Reitero que debe hacerse en el momento adecuado, es decir, inmediatamente después de la sanción de esta ley.

Lo debemos hacer por medio del diálogo. Hemos encontrado -cuando nos ha tocado tratar el tema- buena disposición y espíritu constructivo y abierto. Por lo tanto, creemos que hay buen ambiente para lograr el mecanismo que, a nuestro entender, se debería instalar en breve: una mesa similar a la que está trabajando ahora. Quizás, debería estar integrada con el mismo equipo técnico que, una vez que termine el trabajo que está realizando y remita al Parlamento el proyecto de ley sobre Previsión Social -que es el centro del problema- analizaría los servicios de retiros de las Fuerzas Armadas. Sin duda, el objetivo será equilibrar los ingresos y egresos de esa Caja, sin afectar derechos adquiridos y reglas de oro de esa institución, lo que no hay por qué hacer, porque la misma institución nos ayudará a encontrar los mecanismos para que, sin lesionar intereses, este objetivo se pueda lograr. Estamos pensando en el futuro -tomaremos la misma actitud con respecto a la reforma que analizaremos dentro de poco tiempo- dejando de lado el pasado y el presente, es decir que quienes son jubilados y pensionistas mantendrán su causal con las mismas reglas. Insisto que debemos pensar mirando hacia adelante.

Consideramos que en esta materia deberíamos escuchar la opinión de los jerarcas de esos servicios y, fundamentalmente, a los activos dado que los retirados deben estar muy tranquilos porque hacia ellos no va esta reforma; estamos apuntando hacia unas Fuerzas Armadas con un sistema de retiros seguro y equilibrado.

Además, queremos señalar que el Ministro de Defensa Nacional, el doctor Irurtia, ha sido un eficiente conductor en esta materia, por lo que confiamos en su capacidad para generar los ámbitos apropiados para que esta problemática sea abordada contemplando las opiniones de todos los sectores.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Defensa Nacional, a los tres señores Comandantes en Jefe, al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, a las Comisiones del Parlamento que tienen que ver con este tema y a las asociaciones de retirados militares.

SEÑOR PRESIDENTE. - El pase de la versión taquigráfica a las Comisiones pertinentes del Senado, se hace de oficio. Por lo tanto, se va a votar el resto de la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

8) LIBERTAD Y SOLIDARIDAD DEMOCRATICA CON LA REPUBLICA DE CUBA. Proyecto aprobado por un Subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: solicito que por Secretaría se distribuya de inmediato un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores relativo a la aprobación por parte de un Subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica de un proyecto de ley sobre libertad y solidaridad democrática con Cuba, cuyo contenido comparto.

Una vez distribuido y en un momento en que no altere la discusión de los puntos importantes del orden del día, haré -y esto es un adelanto- una moción de apoyo a esa declaración del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Señor Senador: el Senado tomó conocimiento, a través de los asuntos entrados, del tema a que se refiere y dispuso que se tuviera presente y se distribuyera para luego ser enviado a la Comisión de Asuntos Internacionales. De manera que en esta misma sesión cada uno de los señores Senadores tendrá sobre su mesa el texto de la declaración del Poder Ejecutivo.

9) COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: hicimos llegar a la Mesa, para facilitar su lectura, una moción de orden que consiste esencialmente en lo siguiente.

Habiéndose distribuido, como se hizo en el día de hoy, el proyecto de ley referido a la composición y facultades de la Comisión Administradora del Poder Legislativo, pedimos que el Senado solicite a la Comisión de Constitución y Legislación -que es donde se encuentra esta normativa- que se pronuncie en un término no mayor de un mes y que en el caso de que esto no ocurra el Senado incluya este tema en el orden del día de la sesión siguiente a ese mes -es decir, al 10 de junio- para ser tratado. Naturalmente, si la Comisión se pronunciara antes de esa fecha, se incorporará en el orden del día de la sesión inmediata.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése lectura a la moción de orden.

(Se lee:)

"1°. - Se solicite a la Comisión de Constitución y Legislación que dentro del término de un mes contado a partir de la fecha, se pronuncie acerca del proyecto de ley referido a la composición, naturaleza y atribuciones de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo que se distribuyó en el día de hoy. (Repartido N° 41).

2°. - Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese producido el aludido pronunciamiento de la Comisión, se incluirá el tema en el orden del día del Senado en la sesión ordinaria siguiente al 10 de junio próximo."

-En consideración.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: nos llama la atención el tipo de moción que se ha formulado, en la que se establece un tiempo determinado para que una Comisión permanente del Senado proceda a expedirse sobre determinado asunto.

No creemos que exista disposición reglamentaria que autorice esta clase de mociones, en razón de que la administración de trabajo de los integrantes de una Comisión la hacen sus miembros, más allá de que el Senado pueda proceder a formular alguna observación, cuando lo considere pertinente. No me parece razonable mocionar en el sentido de que una Comisión se expida en determinado tiempo y que si no lo hace, como sanción, se le indique que ese tema pasará a consideración del Senado.

Si bien no hemos leído el Reglamento en este momento -observamos que la Mesa está buscando la norma correspondiente- en razón de nuestra memoria parlamentaria, nos llama la atención la presentación de este tipo de mociones que no ha sido frecuente en este Cuerpo. Si existe una reglamentación que habilite a ese tipo de moción, evidentemente la acataríamos; pero reitero que me llama la atención que se regule el tiempo de trabajo de una Comisión. Una cosa es pedir a sus integrantes urgencia y rapidez en el tratamiento de un tema y otra establecerle un tiempo.

Si admitimos este procedimiento, todo el trabajo de las Comisiones se va a ver sometido a una regulación diferente a la que hasta ahora las ha regido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Voy a dar lectura al artículo 153 del Reglamento, que es la única disposición reglamentaria que existe sobre este tema.

Dice: "El Presidente, por sí, o en virtud de acuerdo del Senado, podrá solicitar de las Comisiones el pronto diligenciamiento de un asunto que por su gravedad o urgencia así lo justifique".

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- El señor Presidente ha sido muy esclarecedor con la lectura del Reglamento y el señor Senador Santoro, en buena medida, se ha adelantado a lo que pensábamos argumentar. Entonces, refrendando lo que ha dicho el señor Senador Santoro me permito realizar algunos comentarios en voz alta.

El ha dicho que de haber existido una disposición en el Reglamento que habilitase este tipo de mociones, obviamente la acataríamos, argumento que comparto. Sin embargo, considero que en forma paralela deberíamos hacer un homenaje a todos los integrantes que anteriormente ha tenido el Senado de la República, por haberlo usado con muchísima ponderación. Hasta tal punto esto ha sido así, que no recuerdo ningún antecedente. Al hacer uso de este tipo de requerimiento o emplazamiento, se está desvirtuando por completo el trabajo de las Comisiones y del propio Senado de la República.

Aclaro que no integro la Comisión de Constitución y Legislación, pero me consta que a los pocos meses de iniciada la tarea parlamentaria se encuentra abarrotada de asuntos. Como integrante de varias Comisiones del Senado me resistiría a que se me emplazase a que en determinado tiempo me tuviera que expedir, relegando otros asuntos que a mi leal saber y entender o en el orden de prelación pueden ser tanto o más importantes. A mi juicio, sentaríamos un precedente tremendo.

Entiendo, tal como lo señalaron el señor Presidente y el señor Senador Santoro y lo dice el propio Reglamento, que se le solicite a los integrantes de una Comisión cierto diligenciamiento que inclusive los podría llevar a que tuvieran que sesionar en días extraordinarios, para lo que no es necesario ningún tipo de norma; pero no estoy de acuerdo con que se siente el precedente de emplazar a una Comisión de Senado de la República a expedirse en determinada fecha, sancionándola en caso de que no lo haga, tratándola de omisa, que no cumplió con los deberes, resolviendo el Cuerpo, sin contar con su informe, respecto de un proyecto de ley o de este tipo de resoluciones.

Reitero que no voy a acompañar esta moción. Mi posición no va en demérito de la importancia del asunto; simplemente, digo que a veces es necesario optar entre la trascendencia del tema y el precedente que se crea, que en este caso sería espantoso.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Señor Senador: el Reglamento establece que en las cuestiones de orden no se puede hablar más de una vez ni por más de 5 minutos. No obstante, voy a concederle el uso de la palabra partiendo de la base, en una interpretación amplia, de que el señor Senador ha sido quien ha fundado la moción.

Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Agradezco a la Presidencia su tolerancia.

En la Legislatura pasada, en la que integré este Cuerpo, se dictaron tres resoluciones fijando plazo a las Comisiones. Es más; tuve a la vista esos textos y, en lugar de hablar de plazos, utilicé la expresión "se solicita a la Comisión". De manera que atribuir el sentido de emplazamiento a esta moción es un error.

En segundo lugar, es una moción de orden absolutamente diaria en el Senado la solicitud de incluir en el orden del día de determinada sesión un tema, que es lo que se establece en el segundo párrafo, por lo que no hay ninguna sanción.

Por consiguiente, me allano, para evitar la discusión, a lo que señalan los señores Senadores Santoro y Millor sustituyendo la frase "Se solicite que se expida en 30 días" por la reglamentaria "Se solicite el pronto diligenciamiento", dejando tal cual está la segunda parte, ya que es una moción de orden típica: "Se incluya en el orden del día de la primera sesión después del 10 de junio este tema", ya que es una moción de orden típica, que no va a ser objetada por razones reglamentarias.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: lo lamento, pero ni siquiera con el texto rectificado por el propio señor Senador Korzeniak voy a acompañar esta moción.

Naturalmente, la primera redacción de la misma iba, por una parte, en contra del texto del Reglamento que nos rige y, en segundo lugar, en contra de la realidad de los temas que debemos abordar, tanto en el Plenario del Senado como en las Comisiones. Normalmente -desde ayer lo estamos escuchando y siempre es ilustrativo- las prácticas del Senado delegan en las Comisiones la determinación de cuál de los asuntos merece una atención prioritaria.

La Comisión de Constitución y Legislación -de la que tanto el señor Senador Korzeniak como quien habla tenemos el honor de integrar- ha venido, desde que se inició la Legislatura, determinando cuáles son los temas que requieren su consideración prioritaria.

Considero, señor Presidente -y en esto no creo ir tampoco contra ninguna tradición de este Cuerpo- que el tema que propone el señor Senador Korzeniak -pido perdón por mencionarlo, pero no creo que sea una alusión evitable- debe entenderse conectado con un alegato que le hemos escuchado en el día de ayer sobre la presunta incompatibilidad del Decreto-Ley que creó la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Digo -en este tema tampoco es inútil el recuerdo de las prácticas del Senado- que el cumplimiento de la constitucionalidad de esta ley es bastante reciente, incluso por parte del señor Senador Korzeniak. Y no digo esto con el ánimo de poner una nota irónica, que no creo que sea del caso. Pero desde que la Ley ha estado vigente hasta que este tema fue planteado en este Cuerpo por el Frente Amplio -concretamente, por parte del señor Senador Korzeniak- a nadie se le había ocurrido que en el Parlamento hubiéramos incurrido, desde 1934 hasta la fecha, en ilegalidades al designar un órgano extraparlamentario con competencias parlamentarias -porque en definitiva se trata, en buena medida, de eso- lo que, en una lectura piedeletrista, que tanto el señor Senador Korzeniak como quien habla y todos hacemos, hemos ido aprendiendo, o sea que se está cada vez menos calificado como procedimiento desde el punto de vista administrativo.

A mi juicio no es bueno que se considere que este tema es importante para el Senado, porque francamente no lo es.

En el día de ayer el Senado nombró sus dos integrantes en la Comisión Administrativa; falta el pronunciamiento de la Cámara de Representantes para que queden designados sus cinco miembros. Si alguien quiere cambiar la Ley, todos -lo decía ayer el señor Senador Pereyra y es cierto- estamos dispuestos a escuchar argumentos, replantear el asunto y analizar en qué medida debe seguir vigente o si, lisa y llanamente, hay que derogarla o modificarla.

No voy a contribuir, sin darme cuenta, con una votación de este tipo, a crear la impresión de que en el Senado, por mayoría y por un acuerdo político poco digno, se está salteando la Constitución de la República, porque no es así. Desde su creación hasta ahora, la Comisión Administrativa ha funcionado bien, regular y mal; cada uno tiene su opinión al respecto. En este sentido, asumo mi cuota parte de responsabilidad. Pero esto es algo muy distinto a cuestionar, por vía directa o indirecta, nada más ni nada menos que la constitucionalidad de esta Ley, de una forma realmente obsesiva, dando a entender a quienes no forman parte del Senado -los de afuera de esta Casa- los que leen superficialmente lo que ocurre y se dice en este Cuerpo que en este caso el Partido Colorado y el Partido Nacional han hecho un acuerdo político al margen de la Constitución de la República que requiere que urgentemente se sepa la verdad, es decir que este Decreto-Ley no tiene sustento de rango jurídico de especie alguna.

Por estas razones no quiero contribuir con mi voto a lo que, quizás involuntariamente, apunta esta moción.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - El señor Presidente, el primer Secretario del Cuerpo y muchos señores Senadores conocen que el Senado ha resuelto, no tres veces -como dice el señor Senador Korzeniak- sino en infinidad de oportunidades, solicitar a cualquier Comisión que informe un tema en un plazo de, por ejemplo, diez días, y en el caso de que no estuviera pronto un informe escrito, el tema se incorpora a la orden del día sin pronunciamiento de la Comisión. Esto se ha hecho decenas de veces, incluso tratándose de temas nimios pero que se consideraba importante que el Cuerpo los analizara.

Hay infinidad de antecedentes en la Legislatura pasada. Por eso no salgo de mi asombro cuando escucho decir que esto es inédito y que viola las normas tradicionales del Cuerpo.

Por otra parte, como expresé en el día de ayer, este tema lleva ocho años de análisis y discusión en el seno del Cuerpo. La Comisión Administrativa del Poder Legislativo no es un tema menor ni baladí. No quiero reiterar ni suscitar una polémica acerca de su gestión, pero todos saben que en la Legislatura pasada, una interpretación dada por el anterior Presidente del Cuerpo determinó que ni siquiera pasara a consideración el Senado el presupuesto de ese órgano, como prescribe la Ley de 1934. Es menester que esta polémica termine con la sanción de una disposición legal que permita que todos los lemas con presencia parlamentaria puedan participar de la gestión de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Esto no significa quitarle la preeminencia y el poder de decisión a los lemas que acuerden llevar adelante determinadas políticas. Evidentemente, lo pueden hacer en el seno de la Comisión pero con una composición que represente a todos los lemas y de esa forma se dará la posibilidad de ejercer la tarea de coadyuvar a la gestión de la Comisión. Asimismo, se podrá controlar si existen opiniones discordantes en la gestión.

Por otra parte, me parece que el tema no es muy complejo sino políticamente asumible con mucha rapidez. Precisamente, en el día de ayer se planteó que en un mes se estaría en condiciones de poder concluirlo; lo que solicitamos es que se transforme en una consideración o resolución expresa del Cuerpo.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: deseo adelantar mi voto negativo. Más allá de que el Reglamento, la Presidencia o el Cuerpo en algunos casos puedan determinar o exhortar a la urgencia a la Comisión o aun cuando se permita incluir sin informe un proyecto en el orden del día, estimo que esto debería hacerse solamente en situaciones excepcionales. No creo que este sea el caso y teniendo en cuenta el cambio de redacción, la moción en sí es un emplazamiento porque incluye el proyecto de ley en el orden del día aun sin el informe de la Comisión.

Por lo expuesto, adelanto mi voto negativo.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Hemos tenido oportunidad de expresar a las diferentes bancadas -en ocasión de las reuniones de coordinación- la voluntad de la nuestra en cuanto a revisar las normas de organización y funcionamiento de la Comisión Administrativa no sólo en virtud de buenas o malas gestiones, o buenas o malas opiniones sobre gestiones anteriores, sino fundamentalmente en función de las necesidades de buena administración que tiene el Poder Legislativo. Estas necesidades pasan por la racionalización de sus servicios y por el reconocimiento de que por más que existan dos Cámaras se trata de un solo Poder del Estado, lo que no debe conducir a la duplicación o triplicación de tareas.

En suma, a nuestro juicio, la reforma de la Ley es materia que tiene que ver no sólo con la composición de la Comisión sino también con su organización y funcionamiento. En ese sentido, el Cuerpo tuvo oportunidad de escuchar una interesante exposición del señor Senador Mallo que a muchos nos ha dejado preocupados y con dudas en algunos casos pero con claros propósitos en otros. De todas formas, sí hemos transmitido a las demás bancadas en la reunión de coordinadores la disposición de la nuestra de encarar con seriedad la consideración de la Ley a los efectos de su reforma no sólo en lo que hace a su composición sino, insisto, en lo que tiene que ver con su organización y funcionamiento. Por lo tanto, la iniciativa de considerar este tema que atañe solamente a algunos de esos asuntos nos parece importante e interesante; es más, hemos iniciado discusiones en el seno de nuestra bancada acerca de la posición que asumiremos sobre este y otros temas que tienen que ver con la organización y funcionamiento de la Comisión Administrativa. Asimismo, compartimos el espíritu de solicitar a la Comisión de Constitución y Legislación el pronto diligenciamiento de este tema -más que de este proyecto- porque adelantamos que frente a este proyecto tenemos alternativas, opciones, sustituciones y en algunos casos posiciones diferentes. Entonces, así como compartimos un párrafo solicitando el pronto diligenciamiento, no necesariamente estamos dispuestos a decir que el mismo significa que el tema debe evacuarse en un mes.

Por otra parte, quisiera señalar que también en reunión de coordinadores nuestra bancada ha manifestado su convicción de que el presupuesto de la Comisión debe pasar por el Senado así como también su intención de que el funcionamiento de aquélla registre las mayores garantías en términos de transparencia, cristalinidad y máxima información inclusive antes de que el proyecto sea modificado. A esos efectos, se sugirió la modalidad que había sido adoptada en el período 1985-1990 en cuanto a la actuación de observadores.

Por lo anterior, señor Presidente, comparto el criterio de solicitar el pronto dilingeciamiento del tema pero no estoy de acuerdo con el establecimiento de un plazo perentorio de 30 días para finalizar con esta consideración.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Deseo hacer dos consideraciones. En primer lugar, entiendo que las cuestiones de orden son las que se encuentran en el artículo 68 del Reglamento y este tipo de moción no se halla entre ellas. Digo esto con todo respeto hacia la Mesa y el señor Senador Korzeniak, ya que a mi juicio no se trata de una moción de orden.

Por otro lado, como Presidente de la Comisión de Constitución y Legislación me parece conveniente informar al Cuerpo que existen no menos de seis o siete proyectos que -por lo menos a criterio de quien habla- son de mucho más envergadura, trascendencia y utilidad potencial para el país que éste. Por lo tanto, en lo que me es personal no acompañaría la moción o la idea de postergarlos para tratar el tema de la Comisión Administrativa. No digo que sea baladí pero ciertamente hay muchos otros asuntos que son de mayor interés y utilidad para el país.

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más oradores inscriptos, corresponde votar la moción de orden.

-Léase.

(Se lee:)

"1°. - Se solicita a la Comisión de Constitución y Legislación el pronto diligenciamiento para que se pronuncie acerca del Proyecto de Ley referido a la composición, naturaleza y atribuciones de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo que se distribuyó en el día de hoy. (Repartido N° 41).

2°. - Transcurrido dicho plazo y si no se hubiera producido el aludido pronunciamiento de la Comisión, se incluirá el tema en el orden del día del Senado de la sesión ordinaria siguiente al 10 de junio próximo".

SEÑOR POZZOLO. - Solicito que se vote por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor Senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero.

(Se vota:)

-14 en 28. Negativa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: aquí se trata de lo que comúnmente el Senado ha resuelto bajo otra denominación o expresión, o sea de que con o sin informe en determinada fecha se trate cierto asunto. En definitiva, es lo que el señor Senador Korzeniak dijo con otras palabras. En consecuencia con lo que dijimos ayer respecto a que estábamos dispuestos a estudiar el proyecto de ley cuando viniera a Sala, he votado esta primera parte de la moción.

Teniendo en cuenta que este proyecto de ley pretende cambiar una interpretación jurídica y una práctica mantenida durante muchos años, me parece conveniente que venga con el informe de Comisión. Por lo tanto, he votado la primera parte de esta moción, sinceramente convencido de que debe ser presentado en el Senado con relativa urgencia, pero reitero con el informe de Comisión. En ese sentido, advierto que no voy a votar la segunda parte de dicha moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia se permitirá fundar su voto negativo, en el entendido de que como tal le corresponde el seguimiento de todos los asuntos que estén a estudio de una Comisión, tal como lo ha hecho hasta el momento, práctica que continuará ejerciendo de la misma manera.

Es por todos conocida mi posición con respecto al tema de la Comisión Administrativa, ya que fui el primero en plantear en el Cuerpo la necesidad de modificar su integración y funciones. Además, he expresado públicamente mi compromiso personal -la Ley dispone que el Presidente de la Asamblea General también lo sea de la Comisión Administrativa- en el sentido de que el Presupuesto de la Comisión Administrativa sea considerado, resuelto y aprobado por el Senado. Asimismo, manifesté mi opinión y mi posición respecto a que hasta tanto no se resuelva su integración, debe estar representada por observadores de todos los lemas que participan del Senado. Al mismo tiempo, hemos expresado públicamente la necesidad de modificar sustancialmente su funcionamiento y facultades en el ámbito de una realidad totalmente distinta de la que en su momento justificó su creación. Pese a ello, entiendo que no sería correcto que a pocos días de haber asumido la Comisión, un trabajo que, como todos sabemos, constituye un fárrago de obligaciones, estuviéramos imponiendo determinadas prioridades. Esto no obsta para que, en mi condición de Presidente, esté urgiendo la solución de este problema que considero debe ser resuelto por el Senado en el menor plazo posible.

Léase nuevamente la segunda parte de la moción.

(Se lee:)

"Si no se hubiese producido el pronunciamiento de la Comisión de Constitución y Legislación, se incluirá el tema en el orden del día del Senado en la sesión ordinaria siguiente al 10 de junio próximo".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 26. Negativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: voy a fundar mi voto afirmativo basándome en las siguientes puntualizaciones.

En primer lugar, debo recordar que este tema hace dos años y medio que está a estudio del Senado, y en ese lapso he escuchado en forma reiterada la disposición de tratarlo. Pero, en realidad, cada vez que se hacen esfuerzos para que se considere, siempre aparece un voto que impide su tratamiento, ya sea en Comisión o en el Senado, lo que ha ocurrido en el día de hoy.

Por otra parte, se ha invocado la inexistencia de antecedentes en resoluciones similares del Senado. Sin ningún afán polémico, debo recordar que esto no es cierto, ya que existen numerosos antecedentes iguales en este caso.

Por último, me permito llamar la atención en el sentido de que hace mucho tiempo que el Senado -no recuerdo ninguna oportunidad- no aprueba la inclusión de un tema en el orden del día dentro de un mes. Reitero que no lo recuerdo. A veces, se solicita que un asunto sea incluido en el orden del día de la sesión siguiente o de la semana próxima, pero señalo nuevamente que nunca he visto una votación contraria en ese sentido y con un mes de plazo.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: voté por la negativa siguiendo una línea de coherencia con mi posición anterior. Pero quiero señalar que participé de la votación para no frustrar las apetencias de los proponentes, ya que se trata de una propuesta imposible. Digo esto, porque en el supuesto caso de que hubiera sido aprobada -podría haberse dado así- los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación deberían haber averiguado el asunto a tratar, y al resultar negativo su primer artículo, sencillamente no existiría. Por lo tanto, me pregunto qué es lo que se trataría el 10 de junio si no hubiera pronunciamiento. Si tanto cuidamos la forma, considero que se trata de una votación imposible. Reitero que participé de la misma para no frustrar el interés de los proponentes.

10) ESCRIBANO ENRIQUE ALZUGARAY. Proyecto de Ley por el que se designa con su nombre al Liceo de Cerro Chato.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: se encuentra en archivo, por una disposición reglamentaria, un proyecto de ley presentado por el ex Senador Wilson Elso Goñi, en el sentido de designar con el nombre de Escribano Enrique Alzugaray al Liceo de Cerro Chato, teniendo en cuenta su intervención en la creación de dicho centro de enseñanza. En este momento, se están celebrando los cincuenta años de su fundación, razón por la que se me solicita -por parte de los vecinos de la zona- la posibilidad de incorporar a esos festejos la aprobación de este Proyecto de Ley.

En consecuencia, formulo moción en el sentido de que dicho Proyecto de Ley se extraiga del archivo y se realice el repartido correspondiente, a fin de poder tratarlo en una próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) TRANSPORTE EN EL AREA METROPOLITANA. Proyecto de Resolución de la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR IRURTIA. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR IRURTIA. - Señor Presidente: me voy a referir a un Proyecto de Resolución redactado en la Comisión de Transporte y Obras Públicas, por el que se pretende estudiar a fondo y con determinada urgencia la problemática del transporte en el área metropolitana, y con la posible participación de las Intendencias Municipales de Montevideo, San José y Canelones, a las que se vincula dicha situación.

Por lo tanto, solicito que dicho Proyecto de Resolución, que está en la Mesa, sea considerado como urgente y se trate en la sesión de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa solicita al señor Senador que haga llegar la moción por escrito, ya que, como se resolvió en la sesión de ayer, debemos cumplir la formalidad que exige el Reglamento.

12) EMPALME OLMOS

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que se altere el orden del día para tratar el tema relativo a la declaración de feriado para el pueblo de Empalme Olmos, 7a. Sección Judicial del Departamento de Canelones, el día 21 de mayo de 1995, en razón de que dicha localidad cumple cien años de su fundación.

Cabe aclarar que este proyecto de ley no va a motivar discusión alguna.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se declara feriado para el pueblo de Empalme Olmos, departamento de Canelones, el día 21 de mayo de 1995. Carp. N° 155/95 -Rep. N° 42/95".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 155/95
Rep. N° 42/95

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - Declárase feriado para el pueblo de Empalme Olmos, 7a. Sección Judicial del departamento de Canelones, el día 21 de mayo de 1995 con motivo de los actos celebratorios del centenario de la fundación de dicho pueblo.

Art. 2°. - Otórgase goce de licencia paga durante el día referido en el artículo 1° a los trabajadores de las actividades pública y privada nacidos o radicados en Empalme Olmos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de abril de 1995.

Guillermo Stirling Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

El Proyecto de Ley -con media sanción de la Cámara de Representantes- por el que se declara feriado para el pueblo Empalme Olmos, el 21 de mayo próximo, con motivo de cumplirse el centenario de su fundación, se enmarca en la tradición, que todas las colectividades tienen, de conmemorar determinadas fechas que conforman su propia historia.

El grupo local, es un agregado de familias y personas solas, que viven habitualmente en un mismo lugar o región, con nombres diversos, y a veces distintas características secundarias. Ha existido siempre, y en todas partes, y constituye el punto de partida para la formación de instituciones sociales (conforme Isaac Ganon: "Concepto y estructura del Gobierno Municipal". Página 14 y siguientes). Así surgen los vecindarios, que adoptan nombres propios, en este caso, el derivado de conjuntar el apellido de quien donó el predio para la ubicación de la estación del ferrocarril de la línea de Maldonado, Don Victoriano Olmos, y la referencia física al empalme de las líneas del ferrocarril a Minas y Maldonado.

En 1895, la empresa británica que construía el ferrocarril "Uruguayo al Este", inauguró la línea de Empalme Olmos a La Sierra, que posteriormente llegó a Maldonado en 1910, dando origen a la estación ferroviaria homónima y que por Decreto-Ley N° 10.395, de 13 de febrero de 1943, pasó a denominarse "Ingeniero Víctor B. Sudriers" (Barrios Pintos, Aníbal, "Canelones su Proyección en la Historia" Tomo II, páginas 487 y siguientes).

En la referencia a la actividad del tráfico ferroviario y los talleres correspondientes allí instalados, fundamentalmente a partir de 1920, cuando se crea la Administración de Ferrocarriles y Tranvías del Estado, Empalme Olmos creció como núcleo poblaciones, siendo elevado a la categoría de pueblo el 5 de noviembre de 1952.

Actualmente es centro de una importante actividad, como consecuencia del desarrollo industrial y granjero de la zona.

Es reconocido que cada vecindario es una unidad cultural, con sus rasgos propios y característicos donde el repaso de su historia hace que se tomen fechas de la misma para conmemorar y en cierto sentido, vitalizar el futuro.

Celebrar el centenario de la fundación, como en este caso, es un hecho merecedor de la declaración de feriado para la localidad.

El otorgamiento de licencia paga, que el proyecto incluye, puede merecer observaciones pero existe al respecto una especie de costumbre por celebraciones similares que se han realizado en el país, mediante la habilitación de la Ley.

Sala de la Comisión, el 4 de mayo de 1995.

Walter Santoro (Miembro Informante), Luis Eduardo Mallo, José Luis Brezzo, José Korzeniak, Helios Sarthou. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Adelanto que voy a votar negativamente el artículo 2° de este Proyecto de Ley, porque tiene algunas características diferentes a otros que hemos venido considerando en el Senado en los últimos años. En este caso, por suerte, no se ha recurrido al calendario para colocar el día de la celebración próximo a algún feriado y, de esa forma, "estirar" un poco el regocijo que legalmente se supone habrán de tener los habitantes o residentes de un determinado lugar. En ese sentido, hay que alabar la sobriedad de este Proyecto de Ley porque se concreta el día 21 de mayo del corriente.

Adelanto que sin perjuicio de votar en general esta iniciativa, no voy a apoyar su artículo 2°, donde se está interfiriendo en otros aspectos que me parece -como ha ocurrido otras veces- no le hacen bien al Parlamento. El otorgamiento forzado de licencia paga el 21 de mayo tanto en la actividad privada como pública a nacidos o radicados en Empalme Olmos, más allá de las dificultades que puede tener la determinación de estos extremos, creo que es ir demasiado lejos, incluso, en lo que tiene que ver -no tengo inconveniente en decirlo- con las relaciones obrero-patronales, tanto en la actividad pública como privada.

Declaro que votaré complacido el artículo 1° que, si de mí depende, sería el artículo único porque, como acabo de señalar, no coincido en modo alguno con el artículo 2°.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - He votado afirmativamente para habilitar la discusión del tema y también, de alguna forma, para acompañar, aunque sea parcialmente, a los demás integrantes de la Comisión. Sin perjuicio de ello adelanto que voy a votar negativamente el artículo 2° por consideraciones similares a las que mencionaba el señor Senador Ricaldoni. Me parece un absurdo desde el punto de vista práctico y, si tomamos en cuenta consideraciones jurídicas, equivaldría a hacer una imposición, sin contar con la iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

Léase el artículo 1°.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Mociono para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 1°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1°. - Declárase feriado para el pueblo de Empalme Olmos, 7a. Sección Judicial del departamento de Canelones, el día 21 de mayo de 1995 con motivo de los actos celebratorios del centenario de la fundación de dicho pueblo".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2°. - Otórgase goce de licencia paga durante el día referido en el artículo 1° a los trabajadores de las actividades pública y privada nacidos o radicados en Empalme Olmos".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-19 en 25. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - He votado el artículo 2° porque se trata de un domingo. En definitiva, parecería que sus efectos no estarían de acuerdo con su propia redacción. Más allá de su inaplicabilidad, creo que debemos ser muy cuidadosos a la hora de generar Proyectos de Ley que no están cuantificados, ya que no se sabe a cuántos funcionarios de la actividad pública y privada afecta, porque aquí se habla de nacidos y radicados en Empalme Olmos.

He apoyado este artículo, reitero, porque creo que no tiene aspectos de aplicabilidad. Creo que en el futuro, deberemos ser muy cuidadosos en este tema porque, como he dicho tantas veces, los recursos públicos son escasos, hay que cuidarlos y este Senado de la República tiene que actuar conforme a ello.

SEÑOR VIRGILI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIRGILI. - Señor Presidente: creo que esta iniciativa es de justicia, porque Empalme Olmos es una de las localidades más importantes del departamento de Canelones. Allí vive gente de trabajo, laboriosa, y allí está instalada una de las industrias más importantes del Uruguay. Es una localidad que muy pocas veces tiene desocupados, ya que casi toda la gente trabaja en esa gran industria. Quienes vivimos en Canelones y en sus alrededores hemos tenido oportunidad de apreciar esta peculiar situación.

Por otro lado, es muy común que en este tipo de celebraciones la gente del lugar tenga libre ese día.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - He votado negativamente el artículo 2° por las razones que adelanté al intervenir en la discusión general.

Quiero agregar que dicho artículo es absolutamente inconstitucional porque en el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución de la República se establecen determinadas expresiones que señalan, por ejemplo, lo relativo a las recompensas pecuniarias, que requieren iniciativa del Poder Ejecutivo. En este caso, nos encontramos frente a una situación de este tipo porque se dice algo que para mí es equivocado, en el sentido de que en la práctica no tiene incidencia esta licencia paga porque cae un domingo; en lo personal, creo que es exactamente lo contrario, porque normalmente el domingo es el día de descanso semanal y no es pago. Por lo tanto, el día de descanso semanal se convierte en día de licencia paga y lo va a tener que abonar el Poder Ejecutivo -en el caso de un funcionario de la Administración Central, un Gobierno Departamental, una empresa del Estado- o un empleador privado. En consecuencia, el día de descanso semanal pasa a ser, para estos pocos definidos habitantes del país nacidos o radicados en Empalme Olmos, un día de licencia paga.

Además, como si esto fuera poco, en lo que tiene que ver con los funcionarios públicos involucrados -no sé cuántos son- tampoco se indica, como dispone el artículo 86 de la Constitución, con qué recursos se va a financiar el gasto correspondiente.

Por estas razones que se suman a las anteriores, no he votado el artículo 2°.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por consiguiente, queda aprobado el Proyecto de Ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del Proyecto de Ley aprobado por ser igual al considerado)

13) TRANSPORTE EN EL AREA METROPOLITANA. Proyecto de Resolución de la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar la moción de urgencia presentada oportunamente por el señor Senador Irurtia.

Léase.

(Se lee:)

"Formulo moción para que se trate como grave y urgente el Proyecto de Resolución de la Comisión de Transporte y Obras Públicas referido a la racionalización del transporte en el área metropolitana".

-Se trata de un Proyecto de Resolución que tiene la firma de los señores Senadores Irurtia, Andújar, Arismendi, Chiesa, Segovia y Virgili.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara urgente y se trata de inmediato este tema.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el proyecto de resolución cuya urgencia se acaba de votar.

(Antecedentes:)

"PROYECTO DE RESOLUCION

Visto: 1) Que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encuentra abocado al estudio de la racionalización del transporte a nivel nacional, según lo expresara el señor Ministro y su equipo de asesores. 2) Que representantes de la Empresa de Transporte RAINCOOP trajeron inquietudes y planteos. 3) Que se han detectado problemas en el transporte de pasajeros en zonas de gran crecimiento poblacional. La Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado de la República reunida el día 10 de mayo de 1995, por unanimidad de sus miembros, propone al Cuerpo que resuelva transmitir al Poder Ejecutivo, con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo siguiente: 1) la necesaria y urgente solución metropolitana de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José; 2) que estima de interés dar participación a las Intendencias Municipales de los mencionados departamentos en el pormenorizado estudio del tema, dado que se acumulan situaciones interdepartamentales, departamentales y zonales, por el uso de corredores de interconexión y la complementación de cobertura a zonas de poca densidad poblacional; 3) la atención que las empresas que cubren los servicios usando como contrapartida al traslado de pasajeros de zonas urbanas, suburbanas y rurales; 4) el primordial interés social de equilibrados servicios que contemplen el interés general y la problemática de los nuevos asentamientos.

Sala de la Comisión, 10 de mayo de 1995.

Dante Irurtia, José Andújar, Marina Arismendi, Sergio Chiesa, Albérico Segovia, Orlando Virgili. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el Proyecto de Resolución.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Voy a votar en contra de este Proyecto de Resolución, siendo coherente con la posición que adopté cuando estaba del otro lado del mostrador, en oportunidad de integrar el Poder Ejecutivo. Confieso que nunca fui partícipe de este tipo de manifestación por parte del Parlamento, por entender que no corresponde a su forma de pronunciarse. Este tipo de cosas, de alguna manera, pueden servir para descargar nuestra conciencia colectiva, pero siempre terminan dando pie a los interesados en los distintos temas para presionar al Poder Ejecutivo.

Independientemente de los méritos o deméritos de esta minuta de comunicación, reitero que voy a ser coherente con lo que fue mi posición cuando estaba del otro lado del mostrador, por lo que no voy a acompañarla con mi voto.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: muy brevemente quisiera trasladar al Senado la preocupación de la Comisión de Transporte y Obras Públicas con respecto a este tema.

Debemos destacar la sensibilidad manifestada por el Ministerio en lo que tiene que ver con su participación en este asunto y con las respuestas brindadas a todos los integrantes de la Comisión. Asimismo, tenemos que mencionar los intereses de los vecinos de la zona, que son exponentes de las realidades que se viven en Parque del Plata y en la parte norte de este balneario, a quienes se refieren en especial algunos de los temas planteados. Por su parte, el señor Ministro también se mostró preocupado por esta situación.

Más allá de que obviamente tenemos valoraciones distintas desde el punto de vista política acerca de cómo se generó esta situación y de cuáles son las diversas implicancias que puedan tener unos y otros actores, creemos que lo importante es que todos los integrantes de la Comisión encontramos caminos comunes para expresar nuestra inquietud y estuvimos de acuerdo en estudiar los problemas concernientes al área metropolitana.

Debemos señalar que en la Legislatura pasada hubo planteos en este aspecto. También se recogió la opinión de los señores Intendentes con respecto a las necesidades de los vecinos de las distintas zonas.

Todos coincidimos en que era prioritario encontrar soluciones para aquellos lugares que actualmente no acceden a los corredores de mayor afluencia de público y, por lo tanto, de más ganancia para las empresas.

Por último, más allá de abordajes y de valoraciones diversas, sería deseable que contáramos con una visión común de salida y perspectiva en un tema que nos preocupa a todos.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: en principio, podemos compartir la opinión de que este tipo de comunicaciones tiene algún inconveniente desde el punto de vista de la organización constitucional existente en nuestro país. Sin embargo, teniendo en cuenta que la solicitud está firmada por todos los integrantes de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, adelantamos que vamos a votar afirmativamente este Proyecto de Resolución.

Sin perjuicio de ello, señalamos que este planteamiento debe ser evaluado sobre la base de dos elementos. La Comisión está preocupada por la situación generada por los servicios de transporte colectivo de pasajeros en determinadas zonas de lo que se ha denominado -aclaramos que no compartimos totalmente este nombre- área metropolitana. No estamos de acuerdo con esta expresión, porque ese concepto siempre ha llevado a que Montevideo siga creciendo en desmedro de los departamentos de Canelones y San José.

Concretamente, la Comisión está preocupada -y creemos que se ajusta a la realidad que se está viviendo- con respecto al tema actual del transporte. Se desea que las empresas de ómnibus que cumplen sus servicios en áreas con mucho pasaje también atienden a zonas rurales y suburbanas que no tienen gran densidad de población pero que reclaman la presencia del transporte colectivo.

Entendemos que este tema relativo al transporte de lo que se denomina área metropolitana, en algún momento, debe posibilitar la búsqueda de una solución legal. Lo que sucede es que está vigente un Decreto-Ley del año 1943 que, según recordamos, clasifica las vías de tránsito, las carreteras nacionales y los caminos departamentales. Sobre esa base se regula el transporte. Todo esto ha sido superado por la realidad demográfica del sur del país, fundamentalmente, y de los departamentos de San José, Canelones y Montevideo. Esta situación hace necesario que se modifique la legislación vigente.

Por lo expuesto, estimamos necesario -y este es el motivo por el cual solicitamos hacer uso de la palabra- que la Comisión de Transporte y Obras Públicas considere la posibilidad de estructurar un Proyecto de Ley que regule el tema relativo al transporte. El problema no se va a solucionar con medidas puntuales; requiere urgentemente una legislación apropiada que reconozca la nueva realidad poblacional de la zona.

SEÑOR VIRGILI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIRGILI. - Señor Presidente: quiero señalar que la Comisión, en cierto modo, ha querido interpretar las necesidades de la zonas. Es evidente que estas áreas han ido creciendo en una proporción diferente a otras. Se ha registrado un gran avance de gente que se ha trasladado a la Costa de Oro. Es claro que los servicios que se prestan no siempre son los que las personas quisieran. Entonces, junto con el señor Ministro, hemos estado haciendo un estudio pormenorizado a efectos de analizar las necesidades de locomoción de la zona. Hemos querido que ese estudio se haga lo más rápido posible para que, en caso de ser necesario, se proceda a una licitación en forma correcta, a fin de dar respuesta a estos requerimientos.

Por lo tanto, todos hemos participado con sana intención en la búsqueda de soluciones a un problema que ha sido polémico y que ha creado expectativas.

Reitero que el deseo de los integrantes de la Comisión es agilitar el estudio de este tema, haciéndolo de manera pormenorizada, a efectos de dar una respuesta lo más rápido posible.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: creo que el Proyecto de Resolución engloba, precisamente, un planteamiento que realizó el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas en cuanto a su manifiesto interés en abocarse a la racionalización del transporte carretero -en el sentido de movimiento de mayores pesos- y de pasajeros en todo el país.

La Comisión ha querido interpretar una situación que, reitero, plantea el propio Ministerio en cuanto a que debe abocarse, a corto plazo, a la resolución de toda la problemática del transporte.

A tales efectos, escuchamos con mucha atención los planteamientos realizados tanto por RAINCOOP como por ANETRA, que manifestaron posturas un tanto opuestas. Asimismo, tomamos conocimiento de toda la problemática de las empresas que son fuente de trabajo en la zona metropolitana.

Al respecto, señor Presidente -y sin hacer alusión personal al señor Senador Santoro- debo decir que en este Proyecto de Resolución, justamente, está contemplado el significado que tiene en este momento por aglomeración poblacional, la zona metropolitana, que va a merecer una altísima consideración por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por cuanto allí se concentra gran parte de la problemática nacional del transporte a la que debe darse solución.

Además, entiendo que esta iniciativa tiene una gran virtud -por ello se logró unanimidad en la Comisión- ya que contempla no solamente lo expresado por las empresas transportistas, sino también un criterio general que quedó establecido en dos expresiones que hemos manejado con mucho cuidado, que son: "contrapartida" y "servicio social" que debe contener toda solución del problema.

En resumen -y por ello llevamos a cabo la propuesta- quiero decir que compartimos el Proyecto de Resolución, que trasladado al Cuerpo le otorga un empuje y un aporte mayor a la propia propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al sentir de dicha Cartera, con respecto a la solución de esta problemática.

Por mi parte, no voy a ampliar ni a desarrollar todo lo que el señor Ministro y sus Asesores aportaran en la Comisión, pero sí quiero decir que aquí se le hace un aporte adicional, complementario, a la problemática planteada, al tiempo que ha sido muy respetuoso con la propuesta de las empresas transportistas que actúan en el medio.

Por estas razones, ha sido muy grato para los integrantes de la Comisión haber logrado una redacción como la propuesta. Asimismo, no creo que el señor Senador Posadas Montero -y no quiero hacer alusión personal, por lo que manifestó en cuanto a los cambios de posición según el lado en que uno se encuentra- tenga que mantener un criterio que ya sustentara en sus anteriores acciones de Gobierno.

En el día de hoy, cuando terminamos la redacción del Proyecto, manifestamos que la Comisión había actuado en forma ecuánime, humana en el apoyo no solamente a los requerimientos poblacionales, sino a lo solicitado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Por todos estos motivos, daremos nuestro voto afirmativo al Proyecto.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Voy a acompañar este texto, aun a conciencia de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no lo necesita para abocarse al estudio del tema y en pleno conocimiento de que ha anunciado que realizará dicho análisis en forma célere y profunda.

Es evidente, señor Presidente, que se han generado situaciones -una, en particular- que requieren, de alguna forma, una rápida respuesta de los poderes políticos.

En consecuencia, entiendo que el Parlamento, que ha recibido estas demandas, hace bien en transmitir su preocupación al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Por otro lado, quiero decir que acompaño este texto, sobre todo -ya lo he expresado, justamente, en esos términos- porque lo considero eminentemente equilibrado. Al respecto, pienso que es la primera manifestación que en ese sentido se hace pública sobre el tema.

Quien habla es vecino, por lo menos por su doble radicación, de una de las zonas relacionadas con este tema -usuario, además, durante años, del servicio de transporte colectivo- y entiende que aun los sitios poco poblados necesitan de la conexión para que los muchachos vayan al liceo y para que la gente concurran a trabajar, ya que muchos de los que allí viven no realizan sus tareas en ese lugar, sino que luego de la temporada lo hacen en Montevideo. Por lo tanto, este servicio es necesario y el país precisa que se preste en condiciones adecuadas.

Al mismo tiempo, tal como se establece en el inciso tercero, la tarea de abrir el transporte en zonas en desarrollo con asentamiento progresivo de gente, requiere esfuerzos prolongados de parte de quienes los emprenden, que durante mucho tiempo, con frecuencia, prestan esos servicios a "tablas" o a pérdida.

Por estas razones, considero que se trata del primer texto equilibrado que surge en relación con el tema de conocimiento público, en la medida en que intenta conciliar los intereses de la necesidad del servicio con los de la salud financiera y operativa de las empresas que los prestan.

Por lo tanto, daré mi voto afirmativo a esta iniciativa.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Antes que nada quiero decir que voy a acompañar esta Resolución.

Sin embargo, debo aclarar que me preocupa la expresión que se emplea al principio, cuando se dice: "racionalización del servicio de transporte". Digo esto porque allí y en algunas manifestaciones que se han realizado aquí en el Senado, habría una situación de injerencia de las autoridades en la conducción y organización del transporte. A mi juicio, si pretendemos brindar un transporte sano, eficiente y barato a toda la gente que vive en zonas que van acrecentando su densidad de población, deberemos procurar -y en ese entendido es que votaré este Proyecto- que se cambien los parámetros de la organización del transporte. En mi opinión, si algo habrá de hacerse en este país, será liberalizar la prestación del transporte. Aquí existen distintas empresas que actúan con clientes cautivos y la mayoría de las veces no se pregunta a los usuarios si están conformes con dicha prestación, con su costo, en fin, con la forma en que se brinda el servicio. En el Uruguay existen antecedentes de empresas muy importantes que fueron creando una situación de monopolio y que en un momento dado dejaron al país sin transporte.

Por lo que tengo entendido -puede ser que esté equivocado- lo que aquí se cita y la preocupación que todos hemos esbozado, parte de una empresa que solicita cumplir un servicio en la zona de Canelones -creo que se trata de RAINCOOP- a riesgo propio, con inversión propia, con la atención y captación de clientes que quiere hacer, a la que se permite por parte de las autoridades desempeñar sus tareas durante cierto tiempo, para ver sus resultados. Se pensó que esta empresa no podría cumplir, por lo cual la autorización fue suspendida a los efectos de que estos servicios fueran prestados por otras que venían desempeñándolo.

A mi juicio, el tema del transporte no se soluciona así, sino que encontraremos una salida cuando haya empresarios que quieran prestar un servicio pensando en el costo, la eficiencia, la comodidad y la atención de los habitantes de determinadas zonas y del país en general.

Entendemos que el Ministerio -que es a dónde enviaremos esta comunicación- piensa planificar un sistema de transporte nacional sin monopolios ni establecimiento de reglas rígidas, para que aquellos que deseen prestar servicios en el transporte puedan hacerlo a riesgo propio; de otra manera, las soluciones que podamos encontrar no serán buenas para la gente, porque monopolio significa clientes cautivos, mal servicio, encarecimiento del mismo y falta de competencia, características de las que adolece el transporte nacional.

En definitiva, considero que es saludable para el transporte y para la gente que quiere un servicio eficiente esta corrección que tímidamente se quiso hacer al autorizar a una nueva empresa a operar.

Para que nadie crea que estoy de acuerdo con el sistema de transporte vigente -creo que nadie lo está- debo decir que voy a acompañar esta Resolución, esperando que se introduzcan nuevas ideas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si bien la Presidencia no quiere interrumpir la consideración de este tema, debe decir que está convocada la Asamblea General para la hora 18 y 30, por lo que correspondería que el Senado decidiera si se levanta la sesión o se pasa a cuarto intermedio. Aunque es muy difícil realizar predicciones en política, todo hace suponer que la Asamblea General será breve, ya que solamente se ingresarán los asuntos entrados.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Pido excusas al señor Senador Couriel, porque he hecho llegar a la Mesa una moción de orden que seguramente retrasará su planteo. Me había anotado para hacer un breve homenaje al Coronel Nelson Constanzo, quien falleció en el día de hoy. Por lo tanto, voy a solicitar que el Senado pase a cuarto intermedio y que al reanudarse la sesión se me permita decir unas palabras de homenaje a un gran ciudadano y compañero del Partido Colorado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería terminar con la consideración del tema para el cual está inscripto para hacer uso de la palabra únicamente el señor Senador Ricaldoni. Posteriormente, el Senado decidiría cuál es el camino a seguir. Desde el punto de vista reglamentario, debemos ser muy cuidadosos. Por lo tanto, en su momento el Cuerpo tomará una decisión.

Se va a votar si se pasa a cuarto intermedio hasta que finalice la sesión de la Asamblea General.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 18 y 34 minutos.)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 50 minutos)

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: voy a acompañar el texto de este Proyecto de Resolución, aunque quiero decir con toda franqueza que lo hago con dudas o con vacilaciones.

Comparto la sustancia de lo que señaló previamente el señor Senador Posadas Montero y tengo la necesidad de aclarar el sentido de este voto. En principio, el mismo es afirmativo porque el tema -como también se ha señalado en Sala anteriormente- tiene una importancia política que yo creo grande: la circunstancia de que este Proyecto de Resolución haya contado con el apoyo unánime de los integrantes de la Comisión. Además, creo que es importante señalar que, tal como algún señor Senador lo destacó en su momento, se ha tratado de buscar un punto de vista cuidadosamente elaborado, con la intención de que la Comisión no apareciera como tomando partido por alguna de las opiniones encontardas, contrapuestas que todos hemos advertido existen en torno al problema que motiva este Proyecto de Resolución.

Creo, sin embargo, señor Presidente, que no es aconsejable que se ingrese en resoluciones de este tipo -a pesar de ello, aclaro nuevamente que en este caso la voy a acompañar con mi voto- porque significa entrar en cuestiones que son propias de otros órganos institucionales. Naturalmente, el Poder Ejecutivo, así como también las Intendencias o los Gobiernos Departamentales, tienen competencias clarísimas en materia de transporte interdepartamental.

Por otro lado, quiero decir que este esfuerzo que ha realizado la Comisión -que quien habla también celebra- no impide subrayar algunas dificultades que el propio texto crea. Por consiguiente, en principio quiero señalar que por lo menos en lo que a mí respecta, bajo concepto alguno estoy votando esta resolución suponiendo que, expresa o tácitamente, haya una crítica a la gestión del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas. En mi opinión, él ha actuado con la diligencia que corresponde y también con una responsabilidad que no puede estar en tela de juicio. Además, por lo que conozco de su intervención en la Comisión, pienso que ha demostrado la profundidad con que está encarando -y lo seguirá haciendo- un tema que, a mi juicio -lo vuelvo a señalar- es propio del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos Departamentales y no del Parlamento.

En consecuencia, repito que voto esta resolución en el entendido de que en modo alguno pretende ingresar, ni siquiera en forma indirecta, en lo que puede significar una crítica al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas. Señalo además que lo hago a pesar de que veo ciertas dificultades para compatibilizar dos aspiraciones que comparto, pero que no logro ver cómo pueden funcionar adecuadamente al mismo tiempo.

Me refiero, por un lado, a la necesaria y urgente solución -tal como lo expresa el numeral 1)- de la problemática del transporte de pasajeros en el área metropolitana de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José, tarea que está destinada, por el propio Proyecto de Resolución, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por otro lado, en el numeral 2) también se dice, con razón, que se estima de interés dar participación a las Intendencias Municipales de los mencionados departamentos. Verdaderamente, no veo cómo será posible que el mencionado Ministerio, si es que se guía por esta Resolución, busque una necesaria y urgente solución a la problemática del transporte de pasajeros en las áreas aquí mencionadas y, al mismo tiempo, logre dar participación a esas Intendencias Municipales. En mi opinión, se trata de algo demasiado complejo.

En definitiva, termino dando la razón una vez más al señor Senador Santoro, en el sentido de que la cuestión de fondo radica en examinar nuevamente la legislación aplicable a la materia. No advierto cómo ello podrá hacerse en forma eficaz si al mismo tiempo se están pidiendo poco menos que medidas de urgencia para esta temática.

Reitero: creo que el tema pasa por las cuestiones de fondo que acaba de mencionar el señor Senador Santoro -temas efectivamente legislativos- y no por este tipo de resoluciones.

Por todo lo que acabo de señalar, como ya dije, voto con algunas dudas porque a mi juicio puede prestarse a distintas interpretaciones. Creo haber escuchado con atención a mis colegas preopinantes en cuanto a los alcances de esta Resolución. Es por este motivo que me sentí obligado a señalar que voto este Proyecto, repito, en el entendido de que en modo alguno se está cuestionando la actuación en la materia del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el Proyecto de Resolución.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

En consecuencia, queda aprobado el Proyecto de Resolución, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del Proyecto de Resolución aprobado por ser igual al presentado)

14) CORONEL (R) NELSON COSTANZO. Su deceso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ha llegado a la Mesa una moción de orden presentada por el señor Senador Pozzolo solicitando hacer uso de la palabra para referirse al fallecimiento del Coronel (R) Nelson Costanzo.

Desde el punto de vista estrictamente reglamentario sería la media hora final el momento adecuado para la formulación de homenajes de este carácter. Sin embargo, la Mesa, en atención a anteriores procedimientos del Senado, si no existiera objeción por parte de los miembros del Cuerpo, haría lugar a la solicitud del señor Senador Pozzolo.

Tiene la palabra el señor Senador Pozzolo.

SEÑOR POZZOLO. - Agradezco a la Presidencia y pido excusas nuevamente al señor Senador Couriel por dilatar de alguna manera la exposición a que tiene derecho, de acuerdo con lo que indica el orden del día de la sesión.

Señor Presidente: en el día de hoy hemos sido ingratamente sorprendidos por la noticia del fallecimiento del Coronel (R) Nelson Costanzo. Debo referirme a él como un militar pundonoroso, profundamente democrático, como un correligionario y un gobernante destacado y también, dada mi dilatada actuación en ambas ramas parlamentarias, como un querido compañero y amigo.

Costanzo nació en el departamento de Salto en setiembre de 1915. Ingresó en la Escuela Militar en 1932 siendo muy joven. Después desempeñó los cargos de Segundo Jefe del Batallón Florida, Jefe del Cuerpo de Cadetes de la Escuela Militar, Subdirector de la Escuela Militar, Jefe de Operaciones del Ejército y Jefe de la Tercera División Personal del Ministerio de Defensa Nacional.

Cuando se retiró, en febrero de 1959, joven y vital todavía, con grandes inquietudes hacia el quehacer nacional y social, integró la Comisión Directiva del Ateneo de Montevideo, el Comité Ejecutivo Nacional de la Escuela Pública y la Alianza por la Educación Laica. Posteriormente adhirió como militante a las filas del Partido Colorado, dedicándose a la política activa dentro de la Unión Colorada y Batllista, que entonces propiciaba como figura señera de este sector al General Oscar Gestido, quien fue electo Presidente de la República en 1966. En esa misma elección Costanzo es electo Representante Nacional, y en el primer Período de aquella Legislatura ocupa la Presidencia de la Cámara de Representantes. Tuvo, en ese cargo y como Diputado durante el resto del Período, una destacada actuación. En 1971 se incorpora, dentro de la vieja Lista 15, al sector Unidad y Reforma, y es electo Senador, cargo que ocupó hasta los desgraciados hechos ocurridos el 27 de junio de 1973. El también fue víctima de aquella situación propiciada por quienes llevaron, no con tanta dignidad como él, el uniforme de las Fuerzas Armadas.

Durante el período del régimen de facto, recuerdo -porque tuvimos una actividad no muy pública pero sí suficientemente activa en la vieja casona del Partido Colorado- muchísimos encuentros con Costanzo, quien luchó, al igual que nosotros, dentro de sus posibilidades, por la reimplantación del sistema que durante años había honrado -y ahora lo hace nuevamente- la gran tradición del país. Lo vimos siempre dispuesto a la pelea -en el buen sentido de la palabra- por el resurgimiento de esos valores fundamentales del país.

Todas aquellas gestiones que después culminaron en las elecciones internas de 1982 y en la salida institucional del año 1984 contaron a Costanzo -modesta, pero siempre eficazmente- como sostén y aliado.

Luego, se implanta el sistema democrático y el actual Presidente de la República, el Doctor Sanguinetti, es electo Primer Mandatario en ese momento y le pide que acompañe su gestión, ofreciéndole la Presidencia del Banco de Seguros del Estado. El Coronel (R) Costanzo fue un digno, honorable y transparente Presidente de esa institución. En el ejercicio de este último cargo público hizo honor a lo que fue -como militar, hombre, ciudadano y político- el eje de toda su vida: honradez, vocación, trabajo y transparencia.

En el día de hoy, en que al llegar aquí al Senado hemos sido informados de que cuando estaba próximo a cumplir 80 años falleció y se está realizando su velatorio, me sentí en el deber moral y fraternal de pedir la palabra -aunque no haya sido mediante un método reglamentario muy ortodoxo, tal como acaba de indicar el señor Presidente- para volcar estas frases mal hilvanadas, pero subrayadas por la emoción y el cariño, en homenaje a un ciudadano que, sin ninguna duda, no merece permanecer en el silencio cuando transita hacia la inmortalidad.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: quiero sumar mis palabras a las del señor Senador Pozzolo y hacer presente al Partido Colorado nuestra solidaridad ante la pérdida que ha sufrido en la persona de ese ilustre ciudadano que fue don Nelson D. Costanzo.

Tengo recuerdos, ya históricos, de las opiniones políticas del Representante y Senador Costanzo, así como también de su actuación como Director del Banco de Seguros del Estado. Reconozco las diferencias políticas que tuvimos, pero debo destacar la conducta ejemplar que siempre tuvo, su intachable honradez y la vocación que puso durante toda su vida en servir a la República.

De modo que hacemos llegar a sus familiares nuestras condolencias y expresamos nuestra solidaridad a los colegas del Partido Colorado.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: queremos expresar nuestro dolor por el fallecimiento del Coronel (R) Nelson D. Costanzo. Tuvimos oportunidad de conocerlo y de trabajar junto a él, tanto en la Cámara de Representantes -donde ejerció la Presidencia- como en el Senado. Tal como hace unos instantes se recordaba, su período de actuación en ese ámbito culminó en una situación de violencia; me refiero, de hecho, al episodio del 27 de junio de 1973.

Al conocer al Coronel (R) Costanzo, tuvimos oportunidad de relacionarnos con un ciudadano cumplidor estricto de deberes esenciales y servidor de valores superiores, cuya personalidad se define como hombre probo, recto y dispuesto siempre al cumplimiento más efectivo de los trabajos que tuviera a su cargo. En ese sentido, lo vimos actuar, tanto como Legislador o como Presidente de la Cámara de Representantes.

En las actuales circunstancias, también queremos hacer referencia a sus convicciones políticas, que siempre fueron sinceras y bien sentidas, porque era un integrante del Partido Colorado que se sentía consustanciado totalmente con su colectividad. Asimismo, recordamos de manera esencial su vinculación con el General Gestido, a quien acompañó en la campaña electoral. Posteriormente, durante su gestión, fue un ciudadano muy vinculado a la conducción que éste le imprimió al país.

También tuvo la posibilidad -nominado por el Partido Colorado- de ejercer la Presidencia del Banco de Seguros del Estado en el período correspondiente al año 1985, donde realizó una gestión realmente excelente.

Por todas estas consideraciones, deseamos presentar nuestras condolencias -al hacerlo, también traemos la solidaridad de los integrantes del sector del partido Nacional- al Partido Colorado y a los familiares del Coronel (R) Nelson D. Costanzo.

Al recordar a personas como el Coronel (R) Costanzo, realmente, estamos realizando una labor en el sentido de señalar, de manera fundamental, valores muy caros a todos los uruguayos, en cuanto el extinto también tuvo la definida particularidad de ser un ciudadano recto, en el que la disciplina militar había dejado una impronta muy clara, que se observaba en forma directa en cada una de sus actuaciones. Además, era un ciudadano convencido de la democracia y pleno servidor de un sentido de libertad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"El Senado resuelve ante el fallecimiento del ex Senador Coronel (R) Nelson D. Costanzo:

1) Ponerse de pie en homenaje al extinto, guardando un minuto de silencio.

2) Participar por la prensa.

3) Enviar nota de pésame a sus familiares con la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala.

Firma: Senador Luis Bernardo Pozzolo".

-Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita a los señores Legisladores, funcionarios y asistentes a Sala a ponerse de pie y a guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del Coronel (R) Nelson D. Costanzo.

(Así se hace)

15) BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. Su Carta Orgánica.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Exposición del señor Senador Alberto Couriel sobre la Carta Orgánica del Banco Central. (Carp. N° 166/95)".

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: entendemos necesario que el Senado analice, discuta y contemple el tema de la Carta Orgánica del Banco Central que, en esencia, es una Ley que como proyecto tuvo iniciativa del Poder Ejecutivo e inició su trámite parlamentario en el Senado, donde se le hicieron modificaciones. Posteriormente, se le introdujeron nuevos cambios en la Cámara de Representantes, razón por la cual la iniciativa debió volver al Senado. En ese ámbito se aprobaron las modificaciones planteadas en la Cámara Baja y el proyecto pasó al Poder Ejecutivo, que dentro de los diez días correspondientes -tal como establece la Constitución de la República- le efectuó observaciones u objeciones, lo que normalmente se conoce como veto. Luego, transcurrieron sesenta días y el Parlamento no se manifestó.

Entonces, queremos conversar, analizar y presentar nuestras ideas sobre lo que la Presidencia de la Asamblea General envía al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación.

En realidad, los sesenta días vencieron en esta Legislatura -el 18 de febrero- y el 20 de marzo salió del Parlamento como Proyecto de Ley, el que fue luego promulgado y publicado. En el mes de abril me sorprendió ver en la publicación la forma en que quedaron concretados algunos artículos en la Ley definitiva.

Creo, señor Presidente, que este tema tiene dos aspectos centrales. Hay un problema de forma que hace a la discusión jurídica del tema, respecto del cual puede haber dos bibliotecas y puede ser discutible. A su vez, hay otro de sustancia, de fondo, que hace a aspectos políticos y que puede tener consecuencias económicas en el país, como vamos a intentar demostrar a la luz de lo que consideramos la culminación del Proyecto de Ley.

Antes de entrar a cada uno de los problemas, quisiera dejar una constancia. Entiendo que la Presidencia de la Asamblea General y sus Asesores hicieron la propuesta correspondiente en función, fundamentalmente, de los elementos jurídicos. Personalmente, no los comparto pero allí se actuó con toda la honestidad, el buen sentido y la mejor voluntad, en el entendido de que eso era lo que correspondía. De manera que, desde ese punto de vista, respeto totalmente a la Presidencia y sus Asesores por la resolución. Repito que no la comparto, pero sí la respeto. Asimismo, estoy partiendo de la base de que el fondo del asunto no ha sido suficientemente analizado; lo que se estudió fueron los aspectos jurídicos, respecto de los cuales admito que puede haber posiciones diversas o que, por lo menos, es un tema sin ninguna duda polémico. Tampoco es la primera vez que este planteo -desde el punto de vista jurídico- se realiza en el Senado. En algún momento, uno de los propulsores de no aceptar el llamado veto legislativo fue el Doctor Gonzalo Aguirre, a quien voy a hacer referencia posteriormente.

El problema de forma puede tener varios aspectos. Por un lado, ¿cómo se computan los sesenta días? Como ese plazo culminó después del 15 de febrero, no se sabe si el trámite del Proyecto de Ley quedó finalizado, si hay que empezarlo de nuevo o si son válidas las observaciones u objeciones del Poder Ejecutivo.

Además, señor Presidente, se incluyeron en el texto final de la Ley diversos artículos que venían en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pero que no fueron aprobados por el Parlamento. Me estoy refiriendo al caso de las incompatibilidades para ser Director del Banco Central, así como al de inelegibilidad para ese cargo. Si mal no recuerdo, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el señor Representante Mallo decía que eran artículos superfluos, por lo que fueron eliminados del Proyecto de Ley. Sin embargo, luego son reinsertados a propuesta del Poder Ejecutivo.

También se plantea un problema con respecto a si el Banco Central debe tener cinco Directores. El Poder Ejecutivo, cuando formula sus observaciones -conocidas popularmente como vetos- pide que se vuelva al régimen de tres Directores sin explicitarlo en un proyecto concreto, por lo que hubo que crear una disposición especial. En esencia, señor Presidente, si estos fueran los únicos temas, no los consideraría de envergadura o tan relevantes, porque si por el veto del Poder Ejecutivo se hubiera eliminado el artículo que establecía que iba a haber cinco Directores, en los hechos, de todas maneras hubieran quedado tres Directores. Sin embargo, estoy pidiendo esta exposición porque hay un tema que si bien parece de forma, estimo que sobre todo es de fondo; me refiero al que tiene que ver con el inciso segundo del artículo 3° del Proyecto de Ley, en el que se fijan las finalidades principales del Banco. Este inciso -en la propuesta del Poder Ejecutivo- decía lo siguiente: "En el ejercicio de estas finalidades, el Banco procurará la coordinación con la dirección de la política económica que compete al Poder Ejecutivo. Si el Banco considera que la decisión en cuestión afecta sustancialmente las finalidades que le son atribuidas por este artículo, podrá mantener su criterio haciéndoselo así saber al Poder Ejecutivo a los efectos de la pertinencia que pudiera corresponder conforme al procedimiento establecido por el artículo 197 de la Constitución". Es decir que con este artículo se le quería dar un cierto grado de autonomía al Banco Central, por lo que si éste sentía que no compartía la posición del Poder Ejecutivo, podía mantener la suya, quedando a expensas de que este último resolviera, por ejemplo, la remoción o modificación de los Directores.

Este artículo estaba ligado a una posición del Poder Ejecutivo en cuanto a dar cierto grado de autonomía al Banco Central. Por ejemplo, quería que los Directores duraran 8 años en sus funciones para que no tuvieran que cambiarse con cada Legislatura o al inicio de funciones de cada Poder Ejecutivo, y que las renovaciones fueran parciales. Por lo tanto, tenía un vínculo con la posición del Poder Ejecutivo que, repito, quería dar más autonomía al Banco Central en la formulación y aplicación de la política económica.

Este tema fue tratado, en primer lugar, en el ámbito del Senado. Allí se discutió y, luego de plantearse diversas posiciones, se resolvió eliminar este inciso. Además, se suprimió la renovación parcial y el término de 8 años que proponía el Poder Ejecutivo. Quiere decir que el Parlamento introdujo una modificación sustantiva a la iniciativa del Poder Ejecutivo, que quería dar determinados rasgos de autonomía a la política del Banco Central.

Cuando este Proyecto de Ley llegó a la Cámara de Representantes volvimos a considerar el tema y, a propuesta del que habla -que compartió la redacción con el señor Representante Atchugarry- la Comisión de Hacienda, primero, y el Plenario, después, aprobaron un inciso segundo del artículo 3° que establece lo siguiente: "En el ejercicio de estas finalidades el Banco coordinará con la dirección de la política económica, que compete al Poder Ejecutivo, el uso de los distintos instrumentos para atender objetivos anti-inflacionarios, de crecimiento económico y de resolución de los problemas de balance de pagos, que el Poder Ejecutivo determine". Se resolvió incluir esta disposición en el entendido de que toda la política monetaria tiene vínculos con la estabilización, con el balance de pagos y con el tema del crecimiento. Posteriormente, voy a demostrarlo de distintas formas por medio de la legislación comparada.

Quiere decir, señor Presidente, que el Poder Ejecutivo plantea cierto grado de autonomía del Banco Central, una duración de 8 años del mandato de sus Directores y la renovación parcial de estos cada dos años. Sin embargo, el Senado elimina la renovación parcial, reduce la duración de las funciones a 5 años y quita el inciso por el cual se le quiera dar autonomía al Banco Central.

Cuando en la Cámara de Representantes se retoma el tema, desaparecen los 8 años y la renovación parcial pero, al mismo tiempo, se establece expresamente que el asunto compete al Poder Ejecutivo, y no solo para atender fines de estabilización, ya que la política monetaria no se relaciona únicamente con esta, sino también con el crecimiento y el problema del balance de pagos.

Por lo tanto, al interponer las observaciones el Poder Ejecutivo y transcurrir los sesenta días, supusimos que el inciso que aprobó el Parlamento quedaba sin efecto porque, vencido el plazo, no se había levantado el veto. Repito que, a nuestro entender, quedaba sin efecto el inciso y no la resolución por la cual en vez de desaparecer el primero, se lo sustituye. Seguidamente, se vuelve a incluir la propuesta del Poder Ejecutivo -sin los 8 años y sin la renovación parcial- que no tuvo andamiento en la Cámara de Senadores, donde fue presentada en dos oportunidades, ni en la Cámara de Representantes. Quiere decir que todo el Parlamento rechazó ese grado de autonomía; sin embargo, el texto que se envía al Poder Ejecutivo lleva, a pedido de este, el artículo correspondiente, que es el que no logró la aprobación de ninguna de las Cámaras.

Frente a esto uno comienza a sentir, señor Presidente, que de pronto los dos quintos más uno tienen más derecho de legislar que los tres quintos menos uno en el ámbito parlamentario. Digo esto porque en este caso los tres quintos no lograron levantar el veto; sin embargo, los dos quintos lograron imponer un artículo que viene del Poder Ejecutivo y que no fue aprobado en el ámbito parlamentario.

Seguidamente vienen las consideraciones de carácter jurídico. Si leemos el artículo 138 observamos que el mismo establece: "Cuando un Proyecto de Ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes.

Transcurridos sesenta días de la primera convocatoria sin mediar pronunciamiento de la Asamblea General, se considerarán aceptadas las observaciones del Poder Ejecutivo". ¿Qué quiere decir esto último? Ello significa que queda sin efecto el artículo o el inciso correspondiente, pero no que será sustituido por una propuesta que ni la Cámara de Senadores ni la de Representantes apoyaron y que, de alguna manera, afecta a todo el Proyecto de Ley, y sin ninguna duda también a las características más generales del Proyecto de Carta Orgánica del Banco Central.

Este no es un problema nuevo, señor Presidente. Simplemente, voy a dar lectura a algunas expresiones vertidas por el Doctor Gonzalo Aguirre en momentos de considerarse por la Asamblea General las observaciones que interpusiera el Poder Ejecutivo a diversas disposiciones del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas del año 1986. Procedo de esta forma para demostrar que esto no es algo novedoso y ya ha sido tratado aquí. Concretamente, el Doctor Aguirre expresa: "En nuestra opinión, se ha usado inconstitucionalmente el instituto del veto en el pasado y dentro de esta Legislatura, al proponer el Ejecutivo por vía de observaciones textos modificativos a los proyectos que tenía a su consideración. A nuestro juicio -y en la opinión de muchos otros Legisladores y autorizados constitucionalistas y parlamentarios del pasado- el Poder Ejecutivo no tiene esa facultad. Cuando veta un Proyecto de Ley puede rechazarlo tal como le ha sido elevado para promulgarlo; lo puede rechazar en todo o en parte, pero por vía de vetos no puede proponer a la Asamblea General que introduzca modificaciones en el texto del proyecto que esta había sancionado.

Además, el Poder Ejecutivo ha propuesto, por vía de observaciones, textos suprimidos por el Parlamento. Me explico: en ocasión de tener que promulgar la Ley de aportes rurales, el Poder Ejecutivo le interpuso vetos parciales, y entre ellos, propuso a la Asamblea General que volviera a incluir en la Ley un texto que estaba en su proyecto original, pero que el Senado y la Cámara de Representantes habían rechazado por una votación abrumadoramente mayoritaria". Luego agrega el Doctor. Aguirre: "Por consiguiente, el Poder Ejecutivo en aquella oportunidad hizo un uso abusivo del veto, al margen de la Constitución, lo que fue rechazado por la Asamblea General".

Evidentemente, no soy especialista en materia jurídica, y por ello voy a dejar pendientes los elementos jurídicos porque, seguramente, los señores Senadores Korzeniak y Sarthou me van a ayudar a entender las distintas posiciones sobre este tema, enfocado desde ese punto de vista.

Deseo ir ahora al problema de fondo que radica en saber qué es lo que sucede cuando hay discrepancias entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo; aclaro que no tengo duda alguna de que existen posiciones distintas sobre cómo debe actuar el primero. De alguna manera, el Poder Ejecutivo se acercaba a una tesis de autonomía del Banco Central al estilo del BundesBank alemán, que sí tiene autonomía y que no depende del Poder Ejecutivo. En cambio, la Reserva Federal de los Estados Unidos no tiene esa autonomía; es más, si observamos lo ocurrido en los últimos años, veremos que la Reserva Federal ha estado influyendo en las tasas de interés, no siempre necesariamente con fines de estabilización, sino también con fines de crecimiento. Incluso, cuando en los años anteriores esta descendió, lo que se buscaba con ello era la reactivación de la economía norteamericana.

Creo que de todos modos no es este el momento adecuado para discutir el tema de si es o no conveniente, es saber qué es lo que corresponde que quede como inciso segundo -si es que debe quedar algo- del artículo 3° de esta Ley. A continuación, y para que los señores Senadores lo puedan entender mejor, voy a poner un ejemplo. Supongamos que en estos momentos el Banco Central establece que su función principal es lograr la estabilidad económica, y no otra. De alguna manera, en las conversaciones mantenidas con los técnicos del Banco Central establece que su función principal es lograr la estabilidad económica, y no otra. De alguna manera, en las conversaciones mantenidas con los técnicos del Banco Central en la Comisión de Hacienda, sentí que para ellos la función fundamental era esa, y si ello afectaba el crecimiento, la balanza de pagos o cualquier otro tema, era problema de otros. El Banco Central está para lograr la estabilidad. Entonces, si el objetivo básico es ese, podemos suponer que esta institución decide dejar el tipo de cambio fijo; no lo mueve porque tiene reservas para poder hacerlo. A su vez, el Ministro de Economía y Finanzas sostiene que esto es algo espléndido y le parece muy bien. Posteriormente, cambia el Ministro de Economía y Finanzas y quien lo sustituye señala que no acepta el tipo de cambio fijo sino que, a su entender, este debe ser modificado para atender la competitividad, tanto de las exportaciones como de la producción para el mercado interno. En una palabra, si tenemos un tipo de cambio muy atrasado, las exportaciones no van a tener rentabilidad y se van a ver afectadas; lo mismo va a suceder con la producción para el mercado interno, ya que no va a poder competir con la cantidad de productos que vienen desde el exterior porque el dólar está barato. Frente a esto, el eventual Ministro de Economía y Finanzas podría decir, por ejemplo, que desea hacer modificaciones, y el Banco Central le contesta que no está de acuerdo. Debe tenerse presente que la disposición correspondiente establece que si el Banco considerar o que la decisión en cuestión afecta sustancialmente las finalidades que le son atribuidas por este artículo podrá mantener su criterio.

Si así ocurriera, podríamos vernos en la situación de que viene un Ministro de Economía y Finanzas con intención de cambiar la política cambiaria y se encuentra con que el Banco Central no se lo permite. He puesto este ejemplo de la política cambiaria porque no es un tema menor; es más, si repasamos la historia de los últimos cuarenta años de la política económica en el Uruguay, advertiremos que la política cambiaria seguramente debe cumplir el papel más relevante de todos los instrumentos de política económica.

Cuando en el año 1955 caen los precios internacionales de los productos de exportación, hay problemas de balanza de pagos y también en materia cambiaria, iniciándose así el proceso inflacionario del Uruguay. Todos estos factores actúan en conjunto, están ligados. Recuerdo esto porque en esa época era estudiante de Ciencias Económicas y el Ministro de Hacienda de ese entonces, el Escribano Ledo Arroyo Torres, solicitó al Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas que elaborara un proyecto, que terminó siendo el Decreto del 3 de agosto de 1956, por el que se modificaba la política cambiaria. También recuerdo la disertación de quienes elaboraron ese decreto, los Profesores Luis Aquiles Faroppa, Israel Bonsewer y Enrique Valentín Iglesias.

Este fue el tema central que se discutió permanentemente en la década del 50, inclusive parecería que se olvidaron de otros instrumentos que se usan en política económica. Este era el tema; y diría que culmina cuando asume el Gobierno blanco y el Ministro Azzini pasa de $ 4,11 a $ 11 por dólar, y eso seguramente el señor Senador Mallo debe recordarlo mejor que yo, ya que fue protagonista de la época.

Insisto en que hay modas en materia de política cambiaria. Por ejemplo, en el año 1967 el Fondo Monetario Internacional entendía que lo positivo era hacer maxidevaluaciones, y recuerdo que las inauguró durante el Gobierno de Onganía. En el mes de marzo de ese año fueron invitados el Doctor Daniel Rodríguez Larreta y el Contador Enrique Iglesias a asistir a la exposición que se iba a realizar sobre la nueva política cambiaria. Esta consistía en aplicar maxidevaluaciones para hacer un "colchón" y durante largo tiempo no tener que modificar la política cambiaria.

Recuerdo que en el Uruguay de 1967, en el Gobierno de Gestido, esto se discutió durante meses y la situación terminó cuando se dictaron las Medidas Prontas de Seguridad, se fueron tres Ministros y el nuevo titular de la Cartera de Economía y Finanzas, César Charlone, lleva el tipo de cambio de $ 100 a $ 200 porque en ese momento era la moda, y lo digo a propósito porque hay muchas modas en economía. Se procedió a hacer una maxidevaluación porque se entendió que no tenía efectos inflacionarios.

En ese año tuve la suerte de escribir un libro con el actual Ministro de Educación y Cultura en el que demostrábamos que el tipo de cambio era un factor relevante para la inflación. En el mes de marzo de 1968 firmé dos artículos en un semanario que publicaba el Partido Socialista de la época que, si mal no recuerdo, se llamaba "Respuesta". Allí decía que la devaluación era inevitable. Hubo una gran conmoción -por supuesto que no fue por mi artículo- porque todo el mundo estaba esperando un proceso devaluatorio; inclusive, los jubilados cobraban sus haberes e iban al Banco de la República a comprar dólares. Todo esto culminó en aquella devaluación que llevó el tipo cambiario de $ 200 a $ 250 en abril de 1968, muy conocida por la conmoción pública que originó que un matutino la anunciara por la prensa un día domingo, con 24 horas de anticipación, y el lunes se concretara. Reitero que este tema era vital, central.

Cuando en 1974 asume Végh Villegas, con gran pragmatismo lleva el tipo de cambio real a una cifra relativamente alta provocando un "boom" de exportaciones. En 1978 se cambia la estrategia, culminando con el fenómeno conocido como "la tablita". Eso es política cambiaria. A mi juicio, en la etapa actual -esta es mi concepción y creo que no debemos discutirlo en esta sesión- tal vez estemos viviendo un nuevo período de "la tablita" en el Uruguay.

Desde ese punto de vista, señor Presidente, la preocupación -y voy a poner un ejemplo, aunque creo que otros también pueden ser válidos- es la siguiente. Supónganse que el Banco Central, en función de esta disposición, decide mantener el objetivo de estabilidad y no modificar el tipo de cambio y, por otro lado, un nuevo Ministro de Economía y Finanzas dice: quiero atender las exportaciones y la producción para el mercado externo, y para eso es relevante modificar el tipo de cambio. Estará de acuerdo el Senado o no; no importa. Las discrepancias surgirán entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, señor Presidente? Que el Banco Central puede decir que el Poder Ejecutivo y el Parlamento promulgaron una Ley que establece que en el ejercicio de estas finalidades el Banco procurará la coordinación de una política económica que compete al Poder Ejecutivo. Sin embargo; si el Banco considera que la decisión en cuestión afecta sustancialmente las finalidades que le son atribuidas por este artículo podrá mantener su criterio haciéndoselo saber al Poder Ejecutivo a los efectos de la pertinencia que pudiera corresponder conforme al procedimiento establecido en el artículo 197 de la Constitución de la República. Entonces, ¿qué puede hacer el Poder Ejecutivo de acuerdo con esta norma? Cuando considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directores Generales, podrá hacer las observaciones que crea pertinente, así como proceder a la suspensión de los actos observados. Y en caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o las remociones que considere del caso, comunicándolas a ambas Cámaras. Entonces, tendríamos un Banco Central que, estimulado por lo expresado en el inciso segundo del artículo 3°, podría decir que mantiene su posición. Imaginen una discusión de esta naturaleza en el Uruguay entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo por el tipo de cambio, donde se hace luz sobre esta discusión antes de aplicar las medidas, que no tienen nada que ver con el artículo 197. Seguramente los bancos tendrán graves dificultades para resolver este problema y habrá una fuga de capitales enorme, que nadie va a poder parar, por culpa de una mala resolución de este Proyecto de Ley que, a mi juicio, no debió haber incluido este inciso segundo en el artículo 3° que le da estas atribuciones...

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL. - Decía, señor Presidente, que si surge una discusión sobre este tema -en este país es muy fácil que se transforme en una discusión pública- y el inciso le da fuerza y estímulo al Banco Central, lo que va a ocurrir, sin duda, es que se verán afectadas las reservas internacionales de esa Institución.

Por lo tanto, el planteamiento que realicé seguramente se podría aplicar a otros instrumentos de política, pero me pareció que la política cambiaria era un buen ejemplo por la relevancia y consecuencias que puede tener. Tengo la sensación de que el Poder Ejecutivo hace observaciones y solicita que se vuelva a incluir este artículo con el propósito de dar estímulo e imagen suficiente al Banco Central, a los efectos de que logre una mayor autonomía. Esto no es lo que votó el Senado ni la Cámara de Representantes. Por lo tanto, no creo que la disposición que da el Poder Ejecutivo mayor poder de decisión sobre aspectos que hacen a la estabilidad, balance de pagos y crecimiento, afecte la autonomía del Banco Central, salvo que se entienda que la autonomía que la Constitución y la Ley le dan a esta institución es la que le correspondería a un Bundesbank alemán, pero eso no está en discusión aquí.

Por lo tanto, señor Presidente, me gustaría que el Senado analizara esta situación en forma detenida y, si es posible, la revea a través de una Ley interpretativa. Quizás este tema de discusión podría analizarse en la Comisión de Constitución y Legislación. Creo que cuando el Poder Ejecutivo hace observaciones u objeciones elimina el artículo correspondiente, pero no lo puede sustituir.

El Banco Central figura en la Constitución de la República como un Ente Autónomo y, a mi juicio, debería ser considerado de otra manera, ya que no tiene las mismas características que ANCAP, UTE, ANTEL y otros. A este respecto, el artículo 197 otorga a los Entes Autónomos la facilidad de mantenerse en sus posiciones. De ninguna manera las consecuencias económicas y políticas serán las mismas si se trata de un organismo de la entidad del Banco Central, que debe implementar las políticas económicas en coordinación -y a mi juicio, con predominancia- con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el tema no es este, sino si ese inciso debe quedar o no en la Ley que se implementó.

De manera que, a modo de reflexión para aquellos que están trabajando en la reforma de la Constitución, creo que también habría que rever la característica de Ente Autónomo que actualmente tiene el Banco Central.

SEÑOR PRESIDENTE. - En la medida en que fue esta Presidencia la que adoptó las decisiones que dieron lugar al texto que fuera remitido al Poder Ejecutivo, si los señores Senadores me lo permiten deseo hacer algunas manifestaciones.

No niego que el tema es polémico y, en lo que refiere a la Presidencia, se actuó con el asesoramiento permanente de una personalidad de conocimiento absolutamente indiscutido en la materia, como lo es el Doctor Juan Pablo Cajarville, Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Asesor Letrado -durante muchos años- del Banco Central.

Soy consciente -y en ese sentido agradezco las palabras del señor Senador Couriel en cuanto a que no cuestionaba la actitud de la Presidencia- de que el tema central del asunto obviamente gira en torno al fondo jurídico, ya que refiere a la facultad del Poder Ejecutivo de proponer, en la instancia del veto, textos sustitutivos.

Sobre este punto se han suscitado debates en numerosas oportunidades en el Senado -y creo que también en la Cámara de Representantes y en la Asamblea General- en los que se sostuvieron posiciones opuestas por parte de diversos señores Senadores. Se dio la paradoja de que el Senador Aguirre, que estaba en el Gobierno, sostenía la carencia de facultades del Poder Ejecutivo para plantear textos sustitutivos. En lo que modestamente refiere a mi persona, sostuve muchas veces, en la oposición, la facultad del Poder Ejecutivo para poder plantear textos sustitutivos en la instancia del veto. Si consideraba que esto debía ser admitido en una instancia de armonía del Proyecto, de tal manera que no pudiera referirse, a través del texto sustitutivo, a una materia ajena al proyecto en cuestión. Entendí y entiendo que es una posición sostenida muy tangencialmente -porque no fue examinada en profundidad- por Justino Jiménez de Aréchaga, por el propio Cassinelli Muñoz y por aquellos que, como el Doctor Correa Freitas y el Doctor Risso, han trabajado en profundidad, a través de monografías, el tema de las facultades del Poder Ejecutivo en el veto.

En este sentido, lo que podemos señalar es la regularidad en cuanto refiere al texto enviado que, ciertamente, parte de una interpretación amplia en cuanto a las facultades del Poder Ejecutivo en esta materia. También es verdad que existieron algunas dificultades en cuanto a que el Poder Ejecutivo no planteaba un texto concreto de modificacón; pero en todos los casos se partió de la base de que tenía esas facultades y, sobre ese fundamento, se redactó el texto que fue remitido al Poder Ejecutivo y posteriormente transformado en Ley. En ningún momento se pretendió, por parte de la Presidencia, del Secretario -que también participó- ni del Asesor que actuó en la materia ningún planteo de fondo con respecto a las soluciones acordadas en el texto.

Es decir que sobre ese punto se partió de un esquema absoluta y puramente jurídico y fue sobre esa base que se resolvió. Es posible que se compartan algunas soluciones y otras no, y no hay de parte de la Presidencia una aquiescencia plena a ellas; pero entiendo que el tema fue resuelto de acuerdo con lo que se entendió por nuestra parte -en ese momento actuando como Presidente de la Asamblea General- jurídicamente pertinente.

Respecto a este tema que está sobre la mesa, el señor Senador Couriel solicita que se pase la versión taquigráfica de sus palabras a la Comisión de Constitución y Legislación expresando, además, un concepto que en general puedo compartir, ya que lo he señalado públicamente. Me refiero a que muchas veces el Banco Central explotó su condición de Ente Autónomo cuando, evidentemente, se trata de un organismo de características muy distintas a las de aquellos en todo lo que refiere al engranaje institucional del país.

Pido disculpas a los señores Senadores por esta larga exposición, pero me sentía en la obligación de explicar al Cuerpo los motivos por los cuales la Presidencia adoptó esta resolución.

El siguiente trámite de este asunto tendría lugar en la Comisión de Constitución y Legislación, lo que no requiere votación.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - El objeto de mi intervención es colaborar en el aspecto jurídico formal a que se refiere el señor Senador Couriel.

Reitero, además, que no tengo la menor duda en cuanto a que tanto el señor Presidente del Senado como el Asesor Jurídico, Doctor Juan Pablo Cajarville -quienes me honran con su amistad y de quienes conozco su disposición a actuar de acuerdo con sus convicciones en materia jurídica y sin ninguna desviación- actuaron convencidos de que en el terreno jurídico esa era la posición que debían adoptar.

A efectos de informar a aquellos señores Senadores que no participaron en la discusión de este tema en la Legislatura pasada, cuando se debatió el Proyecto de Ley de Carta Orgánica del Banco Central, debemos centrar el problema en lo siguiente:

Se trató de una Ley vetada, pero en ese momento el Poder Ejecutivo no se limitó a indicar que observaba determinados artículos o incisos sin o que en esa misma oportunidad proyectó nuevos artículos con respecto a los que había aprobado el Parlamento. Entonces, se suscitó una discusión en el campo jurídico, intelectualmente honesta. Digo esto porque no creo que siempre existan dos bibliotecas honestamente sostenibles y en ese sentido practico una lucha -o pretendo practicarla- contra el invento de una segunda biblioteca que se crea, a veces, por razones de conveniencia personal o partidaria. En este caso no es así y no tengo ningún inconveniente en comenzar por aclarar que, efectivamente, se trata de un tema jurídicamente discutible.

Sin embargo, quiero plantear una reserva con respecto al fundamento invocado por el Poder Ejecutivo cuando envía su Mensaje al Parlamento, ya que no sólo veta en el sentido tradicional, expresando que observa determinado artículo, sino que propone disposiciones, que es el tema que estamos discutiendo. Allí el Poder Ejecutivo invoca dos opiniones señalando que no desconoce -este es un concepto que no sé si es textual- que se ha discutido en el Uruguay -como señalaba el señor Senador Couriel- su facultad de proponer nuevas normas o modificaciones al vetar. Por otro lado, el Poder Ejecutivo participa de la tesis, invocando a dos muy prestigiosos juristas, como el Profesor Justino Jiménez de Aréchaga -lamentablemente fallecido hace unos años- y mi amigo, el Profesor Horacio Casinelli Muñoz, que sostiene que esto es factible o posible. Quiero aclarar -advirtiendo que este caso es verdadera y honestamente discutible- que no participo de la tesis que plantea esta solución como correcta. Por este motivo, me parece muy acertada la propuesta del señor Senador Couriel de aclarar este tema por la vía interpretativa.

Decía que las citas no me parecían ajustadas. ¿Por qué? Porque el tema se plantea en el artículo 138 de la Constitución de la República, que se refiere a un proyecto de ley devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones.

Entonces, allí hay dos tipos de discusión. Por un lado, si el Poder Ejecutivo, cuando observa u objeta, debe limitarse a decir que no quiere que tal artículo o inciso quede aprobado o si, además, puede manifestar que desea que el mismo quede de otra manera o con una nueva redacción. Por otro, ante la hipótesis de que proponga un artículo diferente para sustituir aquel que no desea que quede vigente, ¿qué pasa cuando la Asamblea General no se pronuncia en el término de sesenta días? Concretamente, aquí ocurrió ese fenómeno: la Asamblea General no se pronunció dentro de los sesenta días y, entonces, la Presidencia de ese Cuerpo Legislativo debió elaborar el texto y lo hizo teniendo en cuenta las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo.

Quiero hacer un aporte al sostener que la cita del Doctor Justino Jiménez de Aréchaga es incorrecta. Efectivamente, con respecto al primer proyecto, en la página 193 del respectivo tomo de "La Constitución Nacional" sostiene -muy de pasada, porque está hablando de otro tema- que se refiere a la hipótesis de que el Poder Ejecutivo remitiera el proyecto acompañado de enmiendas o fórmulas sustitutivas cuyo alcance no fuera explicado. Precisamente, basado en esta frase el Poder Ejecutivo ha sostenido que el Doctor Jiménez de Aréchaga estaba suponiendo que pueden proponerse enmiendas. En realidad, cuando ese distinguidísimo Profesor -el mejor constitucionalista uruguayo de todos los tiempos, a mi modo de ver- dijo eso estaba analizando una Constitución que no contenía el sistema de aprobación ficta de los vetos, pues su artículo 138 no tenía un inciso que expresara que "Transcurridos sesenta días de la primera convocatoria sin mediar pronunciamiento de la Asamblea General, se considerarán aceptadas las observaciones del Poder Ejecutivo". Entonces, mal puede sostenerse que la opinión del Doctor Jiménez de Aréchaga se corresponde con mantener la hipótesis de que se aceptan enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo, cuando la misma no existía en la Constitución de 1942, que fue la que comentó en su obra magistral. Por lo tanto, es de producción imposible la tesis de que el Doctor Jiménez de Aréchaga sostenga que el silencio de la Asamblea General ante observaciones del Poder Ejecutivo implica aprobar enmiendas, porque recién en la Constitución de 1967 se incorporó el inciso relativo a su aprobación ficta.

Admito, señor Presidente, que nada impide al Poder Ejecutivo cuando objeta un artículo, decir en el Mensaje que no está de acuerdo con determinada disposición y prefiere otra, ya que ese es el fundamento del veto, de la observación. Creo, incluso, que la Asamblea General expresamente lo puede aprobar, y así se daría nuevamente el proceso de coincidencia de voluntades entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sin embargo, discrepo con la tesis de que por el silencio se produzca tal efecto.

Repito que el tema es discutible, pero me parece bastante claro que hay que descartar la afirmación de que el Doctor Jiménez de Aréchaga estuviera de acuerdo con la interpretación de un inciso que no existía cuando él se pronunció.

En lo que tiene que ver con la opinión de Cassinelli Muñoz, debo destacar que, efectivamente, también habla de que el Poder Ejecutivo puede proponer enmiendas. Concretamente, manifiesta que el inciso primero del artículo 138 se refiere a la devolución de un Proyecto de Ley con objeciones u observaciones. Cabe señalar que el tema de las enmiendas la doctrina lo ha ligado a la palabra "objeción" y no al término "observación", y el último inciso, que habla de la aprobación ficta del veto, se refiere exclusivamente a las observaciones y no a las objeciones.

Por consiguiente, señor Presidente, apoyo frontalmente el planteo que formulara el señor Senador Couriel en cuanto a la necesidad de que, previa intervención de la Comisión de Constitución y Legislación -con los asesoramientos del caso- se interprete el tema; quizás habría necesidad de interpretar el alcance del inciso segundo del artículo 138 con carácter general y no sólo para el caso del Banco Central, porque es un tema que se reitera en la discusión del Parlamento.

Por último, deseo dejar una constancia de orden personal que, si bien no sé si vale la pena, siento la necesidad de hacerlo.

La propuesta del señor Senador Couriel implica la convicción de que el Banco Central debe actuar de manera totalmente coordinada con el Poder Ejecutivo, aun en sus materias específicas, que no pueden desligarse de la teoría económica general. Fui funcionario del Banco Central durante mucho tiempo, incluso en los primeros años de la dictadura y no perdí esa condición hasta que -naturalmente- fui destituido, como estaba dentro de las reglas de juego, no por mi importancia sino por mi oposición. En ese período, trabajé en varios proyectos de Carta Orgánica del Banco Central, tanto antes como después del golpe de Estado. En todos los proyectos en que trabajé luego de la ruptura institucional y quiero decirlo claramente, porque fue una de las razones por las que no participé muy intensamente en un tema que me gusta por alguna especialización empírica que pueda haber hecho en tantos años de trabajo- buscaba aumentar, incluso exageradamente, la autonomía del Banco Central. Recuerdo que entre quienes analizábamos esos temas se encontraba el jurista Juan Pablo Cajarville. En ese entonces, había una razón -de orden casi espiritual y política- para intentar, dentro del contexto de una dictadura y haciendo esfuerzos un poco quijotescos, crear una especie de oasis técnico que no fuera dominado por esos mandatos abruptos de un pseudo Poder Ejecutivo avasallante. Esta es la explicación de por qué en aquel momento el Bundesbank me parecía un ejemplo perfecto para resistir -reconozco que era una manera jurídica quijotesca- el sistema político dictatorial de la época. No obstante ello, desde el punto de vista técnico, está muy claro que en democracia la política del Banco Central, aun especializada en su materia monetaria, debe estar de acuerdo con las directivas económicas generales del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, señor Presidente, estimo que efectivamente debe tratarse este tema, ya sea por la vía de dilucidar el alcance del inciso segundo del artículo 138 con carácter general o por la base de buscar una solución para el tema concreto del Banco Central, planteado en ese inciso al que hizo referencia con tanta capacidad de convencimiento y exposición el señor Senador Couriel.

Muchas gracias.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: quiero señalar mi discrepancia con respecto a la interpretación que han hecho los señores Senadores Couriel y Korzeniak sobre las normas constitucionales a las que se ha hecho mención.

De la exposición efectuada por el señor Senador Korzeniak, me place retener su afirmación en cuanto a que este es un tema que ha dividido a los constitucionalistas del país, así como también su reconocimiento de que las discrepancias en esta materia -por quienes tienen justificado mérito como para ser considerados autoridades en el tema constitucional- en modo alguno han estado teñidas por consideraciones de tipo político. En realidad, esa es la verdad más incuestionable que pudiera hacerse en torno a este asunto.

Sí creo, recurriendo a la tan llevada y traída expresión de la existencia de dos bibliotecas -con las cuales, a la hora de definirnos, quienes manejamos el Derecho solemos tener actitudes propias de Poncio Pilatos si hubiera ingresado en las disciplinas jurídicas- que no es algo que pueda sostenerse con verdadero rigor. Sin duda, pienso que la enorme mayoría de la doctrina tiene, en estos temas, posturas distintas a las que se han manejado en esta sesión.

Antes de entrar en tales consideraciones, deseo agregar a las dudas planteadas por el señor Senador Korzeniak -cuya versación en la materia soy el primer en reconocer- que en el ámbito político el tema ha dado lugar a algunas discusiones importantes. En ese sentido, recuerdo una lectura que hizo hace un momento el señor Senador Couriel de las opiniones coincidentes del Doctor Gonzalo Aguirre -que figuran en el Diario de Sesiones de la Asamblea General donde se ventiló este tema- a las que se podrían agregar las del lamentablemente fallecido Representante Sturla y las de Legisladores de gran brillo en el pasado como, por ejemplo, el Doctor Martín Echegoyen, entre otros, mientras que fuera del Parlamento podemos citar las del Doctor Juan Andrés Ramírez. Sin embargo, en modo alguno es esa la opinión mayoritaria de la doctrina. Por supuesto, simplificando las cosas, puedo señalar una suerte de empate -respecto a la fortaleza, brillantez y profundidad con las que se han sostenido las diferentes posiciones- entre las opiniones vertidas en este Parlamento.

Pienso que la tesis que se critica en este momento no puede ser tan dudosa, si tenemos en cuenta que cuando se analizó la denominada maxirreforma de la Constitución en el seno de la Comisión Especial del Senado designada a esos efectos, que sesionó en 1993 y 1994, el Doctor Gonzalo Aguirre introdujo, precisamente, distintas normas tendientes a institucionalizar el punto de vista que, más de una vez, había sostenido efectivamente en la Asamblea General y en el Senado. Considero que si en aquel momento se estaba discutiendo el tema -no interesa cuál fue el texto definitivo, sino la iniciativa y la preocupación del ex Vicepresidente de la República sobre esos temas, manifestada en distintas propuestas- era porque se pensaba que, de mantenerse el texto actual, predominaría -como sigue sucediendo- el punto de vista sostenido por la mayoría de la doctrina constitucionalista uruguaya.

Por otra parte, quiero rendir tributo a un amigo que ahora no está en el Senado, pero que siempre demostró un profundo conocimiento de los temas constitucionales. Concretamente, me refiero al ex Senador Bouza que, a mi juicio, replicó brillantemente las argumentaciones que, en sentido contrario, expusieron el Doctor Gonzalo Aguirre, el ex Representante Sturla y algunos otros Legisladores, fundamentalmente del Partido Nacional.

Cabe indicar que este no es un tema político, sino que tiene carácter jurídico. Reitero, sin duda alguna, que adhiero a la parte de la afirmación que ha hecho el señor Senador Korzeniak -a quien pido disculpas por citarlo, pero no tengo más remedio que hacerlo por la autoridad de sus palabras- en el sentido de que se trata de opiniones en contrario, que son minoritarias dentro de la doctrina. Se podrá decir que las mayorías o minorías de opiniones en doctrina no indican de qué lado está la razón pero entre los especialistas el tema es mucho más claro de lo que se supone, cuando se recuerda que nada menos que el Doctor Justino Jiménez de Aréchaga sostuvo la tesis de que, efectivamente, el Poder Ejecutivo podía proponer a la Asamblea General -junto con las observaciones y objeciones que le mereciera un Proyecto de Ley- textos sustitutivos.

Antes de entrar en este tema, deseo agregar -a efectos de marcar una discrepancia con el señor Senador Couriel- que no se trata, como se suele creer, de que una Ley que diga tales o cuales cosas, cercenando -incluso- lo que se supone deber ser la autonomía de un Ente Autónomo, signifique una vulneración de la Constitución. Digo esto, porque en su artículo 185, se señala: "Los diversos servicios del dominio industrial y comercial del Estado serán administrados por Directorios o Directores Generales y", préstese atención, "tendrán el grado de descentralización que fijen la presente Constitución y las Leyes que se dictaren con la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara". Quiere decir que cuando pensamos en las autonomías de los Entes Autónomos muy simplificadamente no estamos en lo correcto. Hago esta precisión porque no hay una categoría denominada "Entes Autónomos", sino que su autonomía depende del grado de descentralización de que disponga la Ley.

Cabe agregar que cuando el tema se concreta con esta línea de razonamiento -que a mi juicio es la correcta- ya no se trata de una cuestión vinculada con la constitucionalidad o no de una norma legal, sino -y es la opinión respetable de cada uno- del mérito o de la conveniencia de la Ley que se dicte.

Pero si esa Ley se dicta por las mayorías establecidas en la Constitución, ese ente autónomo será menos autónomo de lo que quizás se crea, pero está enmarcado, a través del texto legal correspondiente, en lo que permite la propia Carta Magna. Esa es una de las razones por las cuales modernamente se habla -no sólo en el Uruguay- más que de entes autónomos y de servicios descentralizados, de empresa del Estado, que es lo que se adecua a la realidad. Son empresas del Estado que tendrán o no una determinada autonomía, aspecto que es resorte del propio Parlamento.

El otro de los temas al que me quiero referir también tiene que ver con lo que acabo de decir. El señor Senador Couriel, al analizar el artículo 3º de la Ley Nº 16.696, se plantea una serie de problemas que en la práctica podrían suscitarse en el caso de existir divergencias entre un ente autónomo, llamado Banco Central, y un Poder Ejecutivo, ya sea el actual o cualquiera que le suceda. No advierto que la solución tenga algún aspecto agraviante a la Constitución y tampoco creo que lo haya dicho el señor Senador Couriel. La remisión que hace en la última parte del artículo 3º de la Ley que acabo de mencionar al artículo 197 de la Constitución de la República es algo que parece absolutamente lógico y razonable. Digo esto porque en el primer inciso de este artículo se dice que cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directorios o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes -y aquí está lo importante de la cita- así como disponer la suspensión de los actos observados. ¿Qué otra solución puede haber? La única sería que la Ley hubiera establecido que el Banco Central del Uruguay no puede velar por la estabilidad de la moneda nacional o algo por el estilo; pero no creo que esa sea la intención del señor Senador Korzeniak ha sido no sólo las potestades que esta nueva Ley le da al Banco Central, sino también las mayores potestades que tiene en la materia.

SEÑOR COURIEL. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Creo que con muy buena intención el señor Senador Ricaldoni interpretó lo contrario de lo que pienso. Tanto el señor Senador Korzeniak como quien habla no deseamos darle más autonomía al Banco Central; dijimos exactamente lo contrario. Lo que analizábamos era cómo un inciso que está ligado a la permanencia durante ocho años de los Directores del Banco Central, a renovación parcial, que le quiere dar autonomía y que fue eliminado tanto por la Cámara de Representantes como por la de Senadores, aparezca suelto a propuesta del Poder Ejecutivo.

Si el señor Senador Ricaldoni lee la propuesta que redactamos con el señor Representante Atchugarry -que fue aprobada en ambas Cámaras y luego vetada por el poder Ejecutivo- podrá comprobar que lo que buscábamos era limitar esa autonomía del Banco Central, porque si la misma se mantenía -que es lo que pretende el inciso segundo del artículo 3º- podría darse ese tipo de problemas a que hacía referencia cuando ponía como ejemplo la política cambiaria. Hoy puede haber congruencia entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central en una política cambiaria determinada, pero mañana puede suceder lo contrario.

El Poder Ejecutivo pudo haber vetado y eliminado el inciso, pero al incorporar el inciso que propone, está estimulando al Banco Central a mantener una autonomía sobre un tema que considero vital, porque si hay discrepancias y el Banco Central puede mantener su posición, estando a que los Directores sean removidos por el Poder Ejecutivo, seguramente el Uruguay, con esta plaza bancaria, puede tener enormes dificultades. Precisamente, lo que pretendo es salvarlo de esos problemas que pueden aparecer como consecuencia de una discrepancia entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, si el señor Senador Ricaldoni lee la propuesta que hicimos en la Cámara de Representantes verá que tiene un sentido exactamente contrario a lo que interpretó de mis palabras en cuanto a la autonomía que debería tener el Banco Central en esta materia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Es admisible la observación que hace el señor Senador Couriel. De todos modos, creo que la eliminación que propone del segundo inciso del artículo 3º dejaría en una zona gris el marco de soluciones para los enfrentamientos que él prevé entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo. Este inciso, en cambio, al limitar las situaciones -se podrá discrepar o no con la redacción; no he trabajado en este texto, ya que el mismo ha sido elaborado por las Comisiones de Hacienda de ambas ramas parlamentarias- abrirá un abanico de posibilidades que, en mi opinión, se acotarían por la aplicación de otras normas constitucionales, al suprimir este inciso.

En realidad, a mi juicio, este es un tema menor. La preocupación que me parece realmente respetable del señor Senador Couriel sobre las cuestiones constitucionales, me llevan a lo que venía diciendo hace unos instantes en mi exposición.

En primer lugar, simplificando la cuestión, considero que hay dos temas a discutir. Uno es si el Poder Ejecutivo, cuando veta un Proyecto de Ley, puede o no remitir al Parlamento, a la Asamblea General, textos sustitutivos. Sobre este aspecto, señor Presidente, debo decir que la mayoría de la doctrina se declara en favor de esta posibilidad. En este sentido, el Doctor Correa Freitas en un artículo de la Revista de Derecho Público, de la Fundación de Cultura Universitaria, que lleva el número 3-4, lo señala con toda claridad y coloca entre quienes han sostenido esta tesis a los Doctores Justino Jiménez de Aréchaga, Cassinelli Muñoz -como acaba de señalar el señor Senador Korzeniak- y a quien habla, como uno de los Legisladores que en el Parlamento ha apoyado esta posición. No voy a repetir la cita de Justino Jiménez de Aréchaga que hiciera el señor Senador Korzeniak, porque es correcta, pero en modo alguno se le debe dar el alcance restrictivo que él le ha dado.

Me quiero referir a lo que en este trabajo del Doctor Correa Freitas se sostiene respecto de la postura del Doctor Cassinelli Muñoz. Textualmente se señala: "Cassinelli Muñoz, por su parte, afirma que si las observaciones del Poder Ejecutivo se refieren ‘a determinados artículos proponiendo modificaciones o textos sustitutivos, aprobar las observaciones’ quiere decir que el proyecto queda sancionado con las modificaciones que el Poder Ejecutivo considera convenientes". Luego hace referencia a la tesis restrictiva o negativa. En este sentido, me parece que me da la razón en tanto y cuanto menciona a muy prestigiosos parlamentarios que no han tenido una militancia doctrinaria, tales como los Doctores Cassinelli Muñoz, Justino Jiménez de Aréchaga, Cajarville y Risso, a quien me remitiré posteriormente.

Sí debo reconocer que en esta tesis restrictiva o negativa, entre otros en el pasado no muy reciente, figuran los Doctores Espalter, Juan Andrés Ramírez y más recientemente Gonzalo Aguirre Ramírez y el extinto Representante Martín Sturla.

A mi juicio, este tema es muy claro y quisiera referirme a él leyendo en este artículo -abusando un poco más de la paciencia del Senado- lo que opina el Doctor Ruben Correa Freitas -también conocido por nosotros- al respecto. Allí se expresa lo siguiente: "Según el Art. 138 inciso segundo", que es el que se mencionó, "si transcurren sesenta días de la primera convocatoria de la Asamblea General, sin que medie pronunciamiento, ‘se considerarán aceptadas las observaciones del Poder Ejecutivo’."

Este tema está vinculado con lo que señalaba el señor Presidente hace unos instantes y que constituye otra parte de la cuestión, es decir qué ocurre si al cabo de sesenta días no hay mayorías constitucionales para levantar los vetos ni para que el Parlamento haga absolutamente nada. La parálisis que se dio en este caso también ocurrió en otras oportunidades.

Al respecto el Doctor Correa Freitas indica: "Si el Poder Ejecutivo tuviera que remitir las ‘objeciones u observaciones’ del Art. 137 de la Constitución sin texto sustitutivo alguno, el pronunciamiento ficto de la Asamblea General no serviría para nada, porque vencidos los sesenta días, lo único que habría serían ‘huecos’ o ‘vacíos’ en una Ley, dado que según la tesis restrictiva lo único que puede hacer el Poder Ejecutivo es oponerse a un determinado Proyecto de Ley". Asimismo, agrega: "Sinceramente, me parece un absurdo total, contrario a los más mínimos principios de hermenéutica constitucional, que pueda afirmarse por parte del Constituyente que vencidos los sesenta días se tienen por aceptadas las observaciones del Poder Ejecutivo, y que la doctrina a su vez pueda sostener que el Poder Ejecutivo no puede enviar un texto sustitutivo de un Proyecto de Ley vetado. Entonces, ¿qué es lo que la Constitución manda que se tengan por aceptadas?, ¿la simple objeción u observación que dice no estoy de acuerdo con tal artículo de tal Ley?, o en cambio ¿la objeción u observación conjuntamente con el nuevo texto propuesto? Estimo que esta es la solución correcta. Sostener lo contrario, es hacerle perder sentido, finalidad práctica, al instituto del veto y al pronunciamiento tácito de la Asamblea General".

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - He estado escuchando atentamente la exposición que está leyendo el señor Senador Ricaldoni del Doctor Correa Freitas. Debo señalar que la conozco porque este tema fue tratado en el Instituto de Derecho Constitucional -que en ese momento yo dirigía- de cual es miembro el Doctor Correa Freitas.

Me gustaría saber -aclaro que lo digo con mucha amabilidad- por qué de esta exposición el señor Senador Ricaldoni concluye que la mayoría de la doctrina está de acuerdo con la tesis que él está sosteniendo. Lo que se entiende por "mayoría de la doctrina" es un concepto vago, que tiene que ver con la jerarquía o con el número de los profesores que opinan al respecto.

Hace unos instantes intenté demostrar que la tesis del Doctor Justino Jiménez de Aréchaga se refería a un artículo que no es el que estamos estudiando, porque no había aprobación ficta.

Admito que el Poder Ejecutivo pueda hacer propuestas, siempre que la Asamblea General las acepte expresamente. La cuestión radica en lo que sucede cuando transcurren los sesenta días. Lo que ocurre es que el Doctor Justino Jiménez de Aréchaga no brindó su opinión sobre este punto porque no existía el artículo. Entonces, me pregunto -y ese es el motivo de mi interrupción- ¿de dónde surge que la mayoría de la doctrina del Uruguay piensa que la tesis que está sosteniendo el señor Senador Ricaldoni es la correcta? Afirmo que no es así. Es más; la primera parte de la exposición del Doctor Correa Freitas alude al contenido de las observaciones, pero no al efecto del inciso segundo, cuando se refiere al dictamen del Doctor Cassinelli Muñoz. Tengo en mi poder dicho dictamen, el que podría leer si los señores Senadores lo desean.

Insisto en que quisiera saber de dónde surge que la mayoría de la doctrina constitucionalista uruguaya opina que este inciso tiene un alcance diferente al que nosotros le hemos atribuido.

Aclarar esta inquietud era el objeto de mi interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - No sé si es reglamentario, pero quiero plantear una pregunta al señor Senador Korzeniak y luego le concedería la interrupción para que la respondiera.

Concretamente, deseo saber si el señor Senador Korzeniak me está preguntando de dónde concluyo que el Doctor Justino Jiménez de Aréchaga se refirió al tema del vencimiento del plazo sin pronunciamiento de la Asamblea General.

SEÑOR KORZENIAK. - En realidad, quisiera que el señor Senador Ricaldoni me indicara de dónde concluye que la mayoría de la doctrina apoya la tesis que él está sosteniendo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa solicita a los señores Senadores que no dialoguen ni gesticulen, porque ello dificulta la toma de la versión taquigráfica.

Puede continuar el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. Según entiendo, se plantean dos problemas constitucionales. Uno tiene que ver con que si el Poder Ejecutivo puede o no agregar textos sustitutivos cuando veta.

SEÑOR KORZENIAK. - En ese aspecto estamos de acuerdo.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador. En ese sentido formulo moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Según lo que ha expresado el señor Senador Korzeniak, entiendo que se trata del tema vinculado con el hecho de que la Asamblea General no haga absolutamente nada una vez interpuesto el veto por el Poder Ejecutivo. Advierto -continuando con el lenguaje de gestos- que el señor Senador Korzeniak asiente con su cabeza y, como decía el ex Senador Cersósimo, "a eso iba".

En cuanto a este segundo tema, debo aclarar que, por supuesto, sabía que el Doctor Justino Jiménez de Aréchaga mal podía adelantarse a las veleidades de los futuros Constituyentes. Sin embargo, quiero señalar que en la doctrina actual los Doctores Correa Freitas y Risso, sostienen la validez de la actitud de la Mesa. También la sostuvo alguien que en su momento sostuvo la misma postura del señor Senador Couriel en el otro tema constitucional que hoy se discute. En tal sentido, el Doctor Gonzalo Aguirre, con respecto a las hipótesis que se mencionan y que recuerda el Doctor Correa Freitas, sobre los posibles pronunciamientos de la Asamblea General, dice que una es el levantamiento de las observaciones por tres quintos de votos, de acuerdo al inciso primero del artículo 138 de la Constitución de la República. La segunda hipótesis ocurre cuando la Asamblea General, por mayoría absoluta de presentes, ratifica o acepta las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo, tal como establece el artículo 139 de la Carta. Por último, la tercera hipótesis se refiere a cuando transcurren 60 días desde la primera convocatoria y la Asamblea General no se pronuncia.

En este supuesto, a mi juicio con razón, la tesis predominante es que, como no pueden quedar vacíos legales, la única solución posible es que la Presidencia de la Asamblea General se entienda que está autorizada constitucionalmente para comunicar al Poder Ejecutivo una ley observada a efectos de que ésta la promulgue. Estas son, precisamente, las palabras del Doctor Gonzalo Aguirre en una Asamblea General en ocasión reciente.

Además, hay una cuarta hipótesis que plantea el Doctor Correa Freitas, que considero digna de reflexión. Sostiene que si la Asamblea General, dentro de los 60 días, tomara la decisión expresa de mandar promulgar la Ley, no habría que esperar los vencimientos de los plazos. Personalmente, no estoy convencido de ello pero reconozco que habría que examinar el punto.

Quiero agregar, señor Presidente, que recién hacía referencia al punto de vista de un profesor adjunto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, el Doctor Martín Risso Ferrán. En lo que atañe a esta segunda cuestión constitucional dice: "Por último, la Asamblea General puede dejar que venza el plazo previsto en el artículo 138, inciso segundo, con lo que tácitamente aceptará las observaciones del Poder Ejecutivo. Si las observaciones se referían a parte del proyecto, el Poder Ejecutivo promulgará el mismo, suprimiendo las disposiciones a cuya aprobación se opuso o sustituyendo aquellas observadas y con relación a las cuales presentó textos sustitutivos". Estas expresiones están publicadas en la Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Política, con fecha octubre 1993 - enero 1993.

En resumen, señor Presidente, tengo la tranquilidad de que en materia constitucional el Parlamento, el Poder Ejecutivo y últimamente la flamante Presidencia de la Asamblea General han actuado con arreglo a lo que dispone la Constitución vigente. Inclusive, me atrevería a decir que también lo han hecho en consonancia con lo que han sido -más allá de muy importantes y respetables discrepancias dentro del Parlamento y en la doctrina- las prácticas seguidas sin excepciones por el propio Poder Legislativo.

Finalmente, no me parece aconsejable la ley interpretativa. Creo que una ley de este tipo en temas tan sensibles como éstos, desde el punto de vista político, no pasan de ser el resultado de determinada conjunción de voluntades políticas que no pueden escapar a la influencia de la coyuntura de que se trate. Ninguno de quienes intervenimos en este debate podemos -si somos sinceros con nosotros mismos- escapar a dicha coyuntura. Esta ley interpretativa tendría por origen y por destino fundamental la Carta Orgánica del Banco Central. Esta no es una manera prudente de interpretar la Constitución, más allá de que el Parlamento tenga la facultad de interpretar el texto constitucional a través de las leyes.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista jurídico, ¿qué rango legal especial tiene una ley interpretativa si luego otra norma legal que tiene el mismo rango -y para ello no es necesario recordar a Kelsen- establece una disposición contraria a la primera? Una ley interpretativa no es más ley desde el punto de vista jurídico que una posterior que no respete o no cumpla con lo que diga la primera.

Puedo entender las leyes interpretativas -inclusive, he votado algunas- en temas más acotados y de menor importancia. Pero creo que no agregaríamos nada constructivo, beneficioso o positivo a la discrepancia que legítimamente se pueda tener en cuanto a las soluciones concretas de esta ley, con una ley interpretativa que podría ser de carácter general o referida al Banco Central, pero que en los dos casos estaría influida por las preocupaciones del momento presente.

Entonces, sin hacer una cuestión fundamental del tema, invito al Cuerpo a reflexionar sobre qué es lo que realmente aportaría a la discusión un Proyecto de Ley que sería una ley más, con respecto a lo que está bien o mal en la Carta Orgánica vigente del Banco Central.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el tema del último inciso del artículo 3º de la Ley Nº 16.696, debo decir que no soy quien para analizar profundamente un tema que no he tratado exhaustivamente porque, repito, forma parte del trabajo de Comisiones en las que no he participado o son asuntos en los que no he intervenido fuera del Plenario.

Debo reconocer que se trata de un tema opinable. Pero si quienes representan a mi Partido en la Comisión están de acuerdo con este texto legal -conociendo su versación en la materia y su dedicación a la misma- me siento muy tranquilo con la posición que acabo de manifestar.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa llama la atención en el sentido de que restan solamente 15 minutos de sesión, salvo que el Senado decida prorrogar la hora. La Presidencia entiende que, de lo contrario, este tema quedaría para la próxima sesión, figurando como segundo punto del orden del día, teniendo en cuenta que el primero sería, por petición de la señora Senadora Dalmás, el tema de la nominación de la Comisión Permanente.

SEÑOR SARTHOU. - No tengo inconveniente en que el tema quede para la próxima sesión.

16) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR RICALDONI. - Hago moción para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 45 minutos, presidiendo el Doctor Batalla y estando presentes los señores Senadores Andújar, Arismendi, Brezzo, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Garat, Gargano, Hierro López, Korzeniak, Mallo, Michelini, Posadas Montero, Ricaldoni, Sanabria, Sarthou y Segovia).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Dn. Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Sr. Freddy Massimino Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.