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Nº 14 - TOMO 366 - 20 Y 21 DE ABRIL DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

13ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL SECRETARIO SEÑOR MARIO FARACHIO Y EL PROSECRETARIO SEÑOR GUILLERMO FACELLO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 6) Normas Tributarias. Modificación. proyecto de ley

- En consideración.
- Exposiciones de varios señores Senadores.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

5) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Garat, del 23 al 30 de abril.
- Concedida.

7) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 18 de abril de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores Legisladores, el próximo jueves 20 a la hora 14, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se instrumentan un conjunto de medidas de naturaleza tributaria.

(Carp. Nº 156/95 - Rep. Nº 34/95. Anexo I)

LOS SECRETARIOS».

«Montevideo, 18 de abril de 1995.

Señor Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

Presente

Los Senadores abajo firmantes solicitan a usted se cite el Cuerpo para el próximo jueves 20, a la hora 14, a fin de considerar el proyecto de ley por el que se instrumentan un conjunto de medidas de naturaleza tributaria.

Saludamos a usted atentamente.

Hierro López, Fernández Faingold, Astori, Mallo, Posadas Montero, Batlle, Artola. Senadores».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Artola, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Chiesa, Dalmás, Fernández, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Couriel y Millor.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 14 y 7 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 20 de abril de 1995.

El señor Embajador de la República de Chile ante el Gobierno de Uruguay remite nota relacionada con la creación del Grupo Parlamentario Chileno-Uruguayo.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

El señor Embajador de la República de Cuba ante el Gobierno de Uruguay remite nota solicitando la adhesión del Parlamento uruguayo a los actos conmemorativos que se realizarán en el Uruguay y otros países del Continente al cumplirse el 19 de mayo el Centenario del fallecimiento de José Martí.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

4) NORMAS TRIBUTARIAS. Modificación. proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Cámara de Senadores ha sido convocada a sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores Senadores.

Se pasa a considerar el único asunto que figura en el orden del día: «proyecto de ley por el que se instrumentan un conjunto de medidas de naturaleza tributaria. (Carp. Nº 156/95 - Rep. Nº 34/95 y Anexo I)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 156/95 - Rep. Nº 34/95 y Anexo I

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 52. - El Poder Ejecutivo podrá exigir pagos a cuenta de este impuesto, con independencia del resultado fiscal del ejercicio anterior o de que el ejercicio en curso sea el de inicio de actividades gravadas, pudiendo aplicar a tales efectos otros índices, además de los establecidos en el artículo 31 del Código Tributario y sin las limitaciones del artículo 49 del Título 1.

Quedarán eximidas de dichos pagos a cuenta aquellas empresas que justifiquen, a juicio de la Administración, la inexistencia de utilidades fiscales previstas al fin del ejercicio.

El Poder Ejecutivo podrá establecer pagos a cuenta del impuesto para las empresas comprendidas en el literal E) del artículo 5º, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo».

Art. 2º. - Agréganse al artículo 57 del Título 4 del Texto Ordenado 1991, los siguientes incisos:

«Asimismo pagarán el impuesto a que refieren los incisos anteriores, incrementado en un 30% (treinta por ciento):

1) Los demás contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio cuyas rentas estén comprendidas en el literal A) del artículo 2º del presente Título, con excepción de aquellos que tengan la totalidad de sus rentas no gravadas.

2) Los contribuyentes del Impuesto a las Actividades Agropecuarias cuyo ingreso neto supere el correspondiente a doscientas hectáreas de productividad básica media y los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias.

La reglamentación podrá, atendiendo a la situación del tipo de explotación, elevar el mínimo no imponible hasta el equivalente al ingreso neto correspondiente a quinientas hectáreas de productividad básica media.

Aquellos contribuyentes cuyos Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias o Impuesto a las Actividades Agropecuarias sean superiores a las cantidades abonadas por el impuesto del inciso anterior abonarán, por aquellos conceptos, únicamente el excedente».

Art. 3º. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 6º del Título 11 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 6º. - Forma y percepción del impuesto. El Poder Ejecutivo establecerá por reglamento la época de la percepción del impuesto y las formas de documentación y control del mismo, pudiendo establecer pagos a cuenta en base a las operaciones del contribuyente, sus importaciones u otros índices representativos, sin la limitación, en todos los casos, de lo establecido en el artículo 49 del Título I del Texto Ordenado 1991».

Art. 4º. - En caso que el Poder Ejecutivo fije en cero la tasa del Impuesto Específico Interno que grava la energía eléctrica, el suministro de la misma quedará gravado por el Impuesto al Valor Agregado a la tasa básica.

Esta facultad podrá utilizarse si en dicha oportunidad la tarifa domiciliaria es disminuida de manera tal que, aditado el Impuesto al Valor Agregado, no supere la vigente con el Impuesto Específico Interno incluido.

Art. 5º. - Sustitúyese el inciso primero del numeral 11) del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«11) Vehículos automotores, motos, motonetas, bicimotos y toda otra clase de automotores, excepto aquellos que habitualmente se utilicen en tareas agrícolas: con motor diesel 30% (treinta por ciento); con motor propulsado con otros combustibles 25% (veinticinco por ciento)».

Art. 6º. - Agrégase al artículo 6º del Título 10 del Texto ordenado 1991, el siguiente literal:

«H) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982».

Art. 7º. - Sustitúyese el apartado B) del artículo 8º del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«B) En las importaciones las tasas se aplicarán sobre el valor normal de aduanas más el arancel. Si la importación se efectuara a nombre propio y por cuenta ajena, o por no contribuyentes, la referida suma será incrementada en un 50% (cincuenta por ciento) a los efectos de la liquidación del tributo».

Art. 8º. - Sustitúyese el inciso final del artículo 9º del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Los sujetos pasivos a que refiere el literal B) del artículo 6º no podrán deducir el impuesto incluido en sus adquisiciones de:

A) Vehículos.

B) Mobiliario y gastos de naturaleza personal.

La enajenación de bienes de activo fijo estará gravada cuando el sujeto pasivo haya deducido el impuesto correspondiente en oportunidad de su adquisición».

Art. 9º. - Sustitúyese el artículo 14 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 14. - Tasas. Fíjanse las siguientes tasas:

A) Básica del 23% (veintitrés por ciento).

B) Mínima del 14% (catorce por ciento).

Aféctase al Banco de Previsión Social la recaudación correspondiente a siete puntos de la tasa básica.

Art. 10. - Derógase el literal C) del artículo 16 del Título 10 del Texto Ordenado 1991.

Art. 11. - Sustitúyese el literal E) del numeral 2) del artículo 17 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«E) Las operaciones bancarias efectuadas por los Bancos, Casas Bancarias y por las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con excepción del Banco de Seguros del Estado.

No quedan comprendidos en la presente exoneración los intereses de préstamos que se concedan a las personas físicas que no sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Actividades Agropecuarias o del Impuesto a las Rentas Agropecuarias.

Los intereses de los préstamos otorgados por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay, por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en tanto dichos préstamos sean otorgados a sus socios y no excedan las 350 UR (trescientas cincuenta unidades reajustables), por la Corporación Nacional para el Desarrollo, en los casos que admita la reglamentación, y los concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay destinados a la vivienda, quedan exonerados.

Los créditos y financiaciones otorgados mediante sistemas de tarjetas de crédito, órdenes de compra y similares estarán gravados en todos los casos».

Art. 12. - Derógase el literal D) del numeral 1) del artículo 17 del Título 10 del Texto Ordenado 1991.

Art. 13. - Agrégase al numeral 2) del artículo 17 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, el siguiente literal:

«M) Los juegos de azar existentes a la fecha de promulgación de la presente Ley asentados en billetes, boletos y demás documentos relativos a juegos y apuestas, con excepción del `5 de Oro’ y del `5 de Oro Junior’.

En el caso de estos últimos juegos, el monto imponible estará constituido por el precio de la apuesta».

Art. 14. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta en cinco puntos porcentuales la tasa del impuesto previsto en el artículo 489 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, correspondiente a los juegos denominados ‘5 de Oro’ y ‘5 de Oro Junior’, a efectos de optimizar su recaudación.

Art. 15. - Sustitúyese el literal D) del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«D) Quienes se encuentren comprendidos en el literal E) del artículo 26 del Título 4, en ocasión de la importación, abonarán el tributo como no contribuyentes».

Art. 16. - Sustitúyese el inciso final del artículo 79 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción así como a exigir a los contribuyentes en ocasión de la importación de bienes gravados, pagos a cuenta del impuesto correspondiente a los hechos generadores definidos en los literales A) y B) del artículo 2º de este Título, sin la limitación, en todos los casos, establecida en el artículo 49 del Título 1 del Texto Ordenado 1991».

Art. 17. - Exclúyese el Impuesto al Valor Agregado a los Activos de las Empresas Bancarias de las exoneraciones tributarias que gozan las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Art. 18. - Sustitúyese el artículo 1º del Título 15 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 1º. - Hecho generador y sujeto pasivo. Créase un impuesto que gravará las disponibilidades rentables, la tenencia de activos realizables, los créditos exigibles y eventuales y las inversiones ajenas al giro del Banco de la República Oriental del Uruguay, del Banco Hipotecario del Uruguay, de los Bancos privados, de las Casas Financieras y de las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, quienes serán los contribuyentes del impuesto».

Art. 19. - Sustitúyese el apartado segundo del numeral 2) del artículo 7º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, por el siguiente:

«No estarán comprendidas en las disposiciones de este numeral las asociaciones y las cooperativas de cualquier naturaleza, con excepción de las de ahorro y crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982. El impuesto será de cargo de las empresas sujetos pasivos del mismo, no pudiendo ser trasladado a los usuarios».

Art. 20. - Sustitúyese el artículo 2º del Título 15 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 2º. - Tasas. Las tasas del impuesto serán:

A) De hasta el 0,01% (cero con cero uno por ciento) para los créditos correspondientes a operaciones de prefinanciación de exportaciones.

B) De hasta el 0,75% (cero con setenta y cinco por ciento) para los préstamos no incluidos en el literal anterior, otorgados a plazos no menores de tres años.

C) De hasta el 1,75% (uno con setenta y cinco por ciento) para el resto de los activos gravados.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer las tasas del impuesto dentro de los límites referidos, pudiendo fijar tasas diferenciales para los distintos activos gravados».

Art. 21. - Sustitúyese el artículo 21 del Título 14 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 21. - Oficina recaudadora y contralores. El impuesto se liquidará por declaración jurada y será recaudado por la Dirección General Impositiva en el tiempo y forma que reglamente el Poder Ejecutivo, quien queda facultado para establecer normas sobre retenciones y pagos a cuenta, sin la limitación, en el caso de las retenciones, de lo establecido en el artículo 49 del Título 1 del Texto Ordenado 1991».

Art. 22. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 15 de junio de 1982, por el siguiente:

«ARTICULO 25. - Créase un impuesto que gravará las retribuciones y prestaciones nominales en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados en actividad pública o privada, exista o no relación de dependencia, y a los subsidios otorgados por ley a quienes hubieren ocupado cargos políticos o de particular confianza».

Art. 23. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 325 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley Nº 15.294, de 15 de junio de 1982, para las personas comprendidas en el inciso primero del artículo 25 de dicho Decreto-Ley , en la redacción dada por el artículo anterior, serán las siguientes:

A) 1% (uno por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

B) 3% (tres por ciento) cuando el monto imponible supere los tres Salarios Mínimos Nacionales y hasta el equivalente de seis de dichos salarios mensuales.

C) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

Art. 24. - Las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley Nº 15.294, de 15 de junio de 1982 serán, para las personas que perciben jubilaciones y pensiones servidas por instituciones estatales y no estatales de la seguridad social, las siguientes:

A) 1% (uno por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

B) 2% (dos por ciento) cuando el monto imponible supere los tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales y hasta el equivalente a siete de dichos salarios mensuales.

C) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a siete Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

Art. 25. - Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir hasta en seis puntos porcentuales las tasas de aportes patronales a la seguridad social de la industria manufacturera.

El Poder Ejecutivo aumentará el porcentaje afectado por el inciso final del artículo 14 del Título 10 del Texto Ordenado 1991 a favor del Banco de Previsión Social a efectos que los ingresos de este último no resulten afectados por la aplicación de esta disposición.

Art. 26. - Fíjase el monto de la Asignación Familiar en un 16% (dieciséis por ciento) del Salario Mínimo Nacional por cada beneficiario, siempre que el atributario perciba ingresos que no superen el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

El monto de la Asignación Familiar será el 8% (ocho por ciento) del Salario Mínimo Nacional por cada beneficiario para el caso que el atributario perciba ingresos superiores a seis y hasta diez Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

Art. 27. - Quienes perciban ingresos superiores a diez Salarios Mínimos Nacionales mensuales no generarán derecho al cobro de beneficios por Asignaciones Familiares.

Cuando de un atributario dependan tres o más personas en calidad de beneficiarios el tope establecido en el inciso precedente se incrementará a razón de un Salario Mínimo Nacional por cada uno de ellos que exceda el mínimo de dos beneficiarios.

Art. 28. - Para determinar el nivel de ingresos de los atributarios a que refieren los artículos anteriores se computarán los ingresos salariales de ambos cónyuges o del concubino que resida en el mismo domicilio del atributario.

Art. 29. - Encomiéndase al Poder Ejecutivo a adoptar las acciones adecuadas que permitan reducir, en el menor plazo posible, las erogaciones estatales.

Se tendrá en cuenta, muy especialmente, el Presupuesto Nacional previsto para el próximo quinquenio.

Encomiéndasele, asimismo, que cuando la situación presupuestal lo permita proponga prioritariamente al Poder Legislativo la disminución de las tasas del Impuesto a las Retribuciones Personales.

Antes del 31 de marzo de 1996 el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General acerca de los resultados obtenidos en tales sentidos.

CAPITULO II

Artículo 30. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente:

«ARTICULO 1º. - La designación de personal presupuestado o contratado del Poder Ejecutivo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en los escalafones «A» (Técnico-Profesional), «B» (Técnico), «C» (Administrativo), «D» (Especializado), «E» (Oficios), «F» (Servicios Auxiliares), y «R» (Personal no incluido en los escalafones anteriores), o similares, deberá realizarse cualquiera fuere el origen de los fondos empleados para ello, previo pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y recaer en personas que ya sean funcionarios públicos, con las excepciones prescriptas a continuación:».

Art. 31. - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente:

«ARTICULO 2º. - Las designaciones sólo podrán recaer en funcionarios de los organismos y escalafones mencionados en el inciso primero del artículo 1º así como los nombrados al amparo de las excepciones establecidas en el artículo 4º de la presente Ley».

Art. 32. - Por el plazo de tres años, a contar de la aprobación de la presente Ley, queda suspendida la facultad conferida por el inciso segundo del literal B) del artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Por el mismo período las contrataciones amparadas por el artículo 4º de la referida norma sólo podrán realizarse previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y en carácter de eventuales o zafrales por el plazo máximo que autorice la misma.

Art. 33. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 16 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente:

«ARTICULO 16. - Las necesidades de personal de la Administración Pública serán cubiertas con funcionarios declarados excedentes del Poder Ejecutivo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, sean presupuestados o contratados con carácter permanente de los escalafones civiles. No podrán ser declarados excedentes los funcionarios de los escalafones Docente y del Servicio Exterior, como tampoco quienes revisten en cargos políticos y de particular confianza».

Art. 34. - Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente:

«ARTICULO 18. - A efectos de posibilitar la racionalización administrativa confiérese a todos los organismos referidos en el artículo 1º las facultades previstas en el artículo 15 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. Los organismos podrán ejercerlas hasta el 31 de diciembre de 1998».

Art. 35. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer un régimen en materia de vehículos de transporte en los siguientes términos:

A) Se podrá restringir la utilización de los mismos a las jerarquías equivalentes a Director General de Secretaría de Estado y los atinentes a funciones especiales e indelegables del Estado, según establezca la reglamentación.

B) Los restantes vehículos serán enajenados en la forma que determine la reglamentación.

C) Podrá darse prioridad y facilidades de pago con un descuento de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del valor del vehículo a los funcionarios que opten por uno de los sistemas que se establecen a continuación.

D) Los conductores que renuncien a la función pública serán considerados prioritariamente para la contratación de transporte según las necesidades del organismo.

E) Cuando la función requiere de traslados a cargo del organismo, tales como inspecciones, reparaciones y similares, podrá acordarse el reintegro del costo de combustible más un porcentaje que determinará el Poder Ejecutivo para mantenimiento, cuando el funcionario previamente autorizado se traslada en el suyo.

F) En todos los casos el Ministerio de Economía y Finanzas determinará el cupo mensual utilizable para reintegros referidos en el literal anterior o contratación de transporte.

Art. 36. - Sustitúyese el párrafo final del artículo 319 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 197 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

«El Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, determinará anualmente el porcentaje de libre disponibilidad que le corresponderá a la Dirección de Industria Animal para el pago de horas extras, compensaciones por trabajos extraordinarios, locomoción, alimentación e inversiones».

Art. 37. - La presente Ley regirá a partir de su promulgación. Exceptúanse de esta disposición los artículos 2º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 y 28, los que tendrán vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la referida promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de abril de 1995.

Guillermo Stirling Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

PODER EJECUTIVO
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Montevideo,

Señor Presidente de la

Asamblea General

Doctor Hugo Batalla

Presente

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley en el que se instrumenta un conjunto de medidas de naturaleza tributaria, con la finalidad de lograr objetivos de carácter económico-financieros impostergables para el país.

El conjunto de disposiciones que se someten a la consideración de ese Cuerpo persigue abatir el nivel de inflación de nuestra economía y disminuir el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos.

Asimismo, resulta prioritario dentro de la actual coyuntura recesiva regional, preservar los niveles de producción y empleo, evitando su desmejoramiento por factores externos.

En este sentido, el proyecto tiende a mejorar la competitividad del sector industrial, reduciendo la carga tributaria que pesa sobre el mismo, tanto en lo que se refiere a las industrias que dirigen su actividad hacia la exportación como hacia el mercado interno.

En virtud de ello, se proyecta facultar al Poder Ejecutivo para reducir los aportes patronales de la industria manufacturera y se propone eliminar el IMABA en las operaciones de prefinanciación de exportaciones. Asimismo, se elimina el IMESI que grava la energía eléctrica sustituyéndolo por el IVA, lo que configura una reducción sensible de costos para el sector productivo.

La iniciativa encuadra dentro de la política que ha inspirado las medidas de abatimiento del gasto público ya adoptadas por el Poder Ejecutivo, que intentan, como el proyecto de ley adjunto, lograr los equilibrios macroeconómicos básicos tanto a nivel externo como interno.

Ello supone, en cuanto al equilibrio externo, abatir el déficit de la cuenta corriente y en cuanto al equilibrio interno, obtener que el gasto interno más el déficit de la cuenta comercial se equipare con el Producto Bruto Interno a los niveles de precios deseados.

Tales metas de carácter económico, no están desprovistas de consideraciones de contenido social, destinadas a lograr que los sectores de menores ingresos, en un contexto desfavorable, no sólo no se vean afectados sino que reciban mejoras relativas en sus ingresos netos.

En tal sentido cabe señalar que el aumento propuesto para el IRP no afecta a las familias con ingresos menores a tres Salarios Mínimos Nacionales, siendo el incremento del tributo de un 1% (uno por ciento) para los núcleos con ingresos no superiores a seis Salarios Mínimos Nacionales.

Concomitantemente, se propone duplicar los actuales montos de las Asignaciones Familiares en beneficio de las familias con ingresos inferiores a seis Salarios Mínimos Nacionales.

La readecuación financiera que se proyecta crea instrumentos tendientes a facilitar la recaudación de los tributos e intenta corregir una distribución poco equitativa de la carga tributaria, entre agentes económicos que realizan actividades similares.

Por su parte, las modificaciones de las alícuotas y bases imponibles de algunos tributos permitirán obtener un aumento moderado de la recaudación, descartando la creación de nuevos impuestos, alternativa que se estima incompatible con la necesaria simplificación del sistema tributario nacional.

A las consideraciones generales precedentes, estimamos conviene agregar, para mejor ilustración de ese Cuerpo, un análisis más concreto de los fundamentos de algunas de las disposiciones tributarias proyectadas.

En los artículos 1º y 2º se incluyen disposiciones respecto al IRIC, IRA, IMAGRO e Impuesto a las Sociedades Anónimas, Financieras de Inversión (SAFI).

Respecto al primero de los tributos señalados, el artículo 1º proyecta extender a todo el ejercicio, la facultad con que cuenta actualmente la Administración, de exigir pagos a cuenta con independencia del resultado fiscal del ejercicio anterior, ya que esta facultad está restringida al segundo semestre del ejercicio.

La modificación tiene por finalidad facilitar la aplicación de mecanismos de percepción a los efectos de desestimular la evasión.

El artículo 2 establece además, que los contribuyentes de IRIC, IRA e IMAGRO (con la exclusión en este último caso de los contribuyentes de pequeña dimensión económica) y las SAFI, pagarán como mínimo el equivalente al Impuesto a las Pequeñas Empresas (IMPEQUE) incrementado en un 30%.

Se entiende razonable que si las microempresas aportan con independencia de su renta un monto fijo de escasa cuantía, aquellos contribuyentes de mayor dimensión económica, participen en la distribución de la carga tributaria, como mínimo, con un importe levemente superior.

En los artículos 3º y 4º del proyecto se plantean las disposiciones relativas al IMESI.

Al respecto se establece la sustitución del IMESI que grava la energía eléctrica, por el Impuesto al Valor Agregado. Sabido es que la energía eléctrica constituye un factor importante en la formación del costo de producción. La existencia de un tributo aplicable en una sola fase a nivel del productor de la energía, plantea problemas de acumulación tanto en la producción directa del exportador, como en los insumos fabricados localmente que se destinen a la misma.

Asimismo, se perfecciona la disposición que regula la facultad del Poder Ejecutivo de determinar la fecha de pago del mismo, aclarando que en eventualidad de que se establezcan pagos a cuenta, no regirá la limitación del doble de la alícuota del impuesto establecida en el artículo 49 del Título 1 del Texto Ordenado 1991.

Además de la sustitución del IMESI por IVA en la energía eléctrica, comentada anteriormente, el proyecto establece en sus artículos 5º a 14 modificaciones respecto al IVA, en sus alícuotas, materia imponible y sujetos pasivos. También mejora la redacción relativa a los pagos a cuenta del tributo, en un criterio análogo al del IMESI.

Respecto a los aspectos expuestos, en primer lugar, cabe señalar que el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a modificar las tasas del impuesto, con un máximo de hasta el 23% en el caso de la tasa básica y de hasta el 14% en lo que respecta a la tasa mínima. Esta disposición se vincula a las actuales necesidades en materia fiscal.

En segundo término, debe destacarse la aplicación del IVA a algunas modalidades de juegos de azar, ya que se entiende de justicia requerir de quienes participan en dichos juegos, una contribución para mejorar las condiciones de competitividad del trabajo nacional.

En tercer lugar, la fijación de la tasa básica a los préstamos a quienes no sean contribuyentes del IRA, IRIC o IMAGRO, con exclusión de los préstamos sociales del Banco de la República Oriental del Uruguay, de los destinados a vivienda del Banco Hipotecario del Uruguay, y los otorgados por las Cooperativas de Ahorro y Crédito que no compitan con el sistema de intermediación financiera, tiene por finalidad eliminar la asimetría existente entre las financiaciones que conceden los comerciantes (hoy gravadas a la tasa básica), y las que otorgan, por operaciones idénticas, las entidades emisoras de tarjetas de crédito y similares, gravadas en general a la tasa mínima, o aun exentas en el caso del Banco de la República Oriental del Uruguay, del Banco Hipotecario del Uruguay y de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Las disposiciones modificativas tienden a corregir la situación, preservando la exoneración en los préstamos de carácter social.

En cuarto lugar, el proyecto dispone la eliminación de la deducción del IVA incluido en las adquisiciones de bienes y servicios que realizan los sujetos pasivos comprendidos en el literal B) del artículo 6º del Título 10 (servicios personales).

Es notorio que dicha deducción plantea en la práctica grandes dificultades de control, en tanto es frecuente que los referidos contribuyentes deduzcan un impuesto de compras correspondiente a sus adquisiciones personales.

La medida tiende a igualar la situación de todos estos contribuyentes, con un mecanismo simple de aplicación general sobre un sector que tiene capacidad contributiva suficiente.

La norma admite deducir el impuesto incluido a las prestaciones de servicios que realicen otros sujetos pasivos del IVA por servicios personales con el objeto de no incidir negativamente en la subcontratación de los mismos.

Además de las modificaciones expuestas, el proyecto adecua la base imponible de la liquidación del impuesto en la importación, estableciendo el valor de Aduana más el arancel, conceptos compatibles con acuerdos celebrados en el MERCOSUR. Asimismo, en lo relativo al IVA en la importación, se establece que los contribuyentes comprendidos en el literal E) del artículo 26 del Título 4 (empresas de muy reducida dimensión económica), liquidarán el impuesto como no contribuyentes.

Por último, cabe destacar que en una línea similar al IMESI se precisa la redacción del artículo de pagos a cuenta del impuesto, explicitando la interpretación que a nivel administrativo se ha aplicado respecto a este tema.

Los artículos 15 a 18 modifican disposiciones relativas al IMABA.

Respecto a este tributo, se contempla el abatimiento hasta un nivel insignificante, de la tasa del impuesto que grava los créditos destinados a operaciones de prefinanciación de exportaciones.

Como se afirmara, el establecimiento de una tasa diferencial de muy escasa entidad, beneficiará la competitividad del sector exportador al abatir el costo de su financiación.

Se acude a este mecanismo a los efectos de que el pasivo emergente pueda ser computado por el exportador en su liquidación del Impuesto al Patrimonio, ya que si se hubiera optado por la exoneración del IMABA, la exclusión como pasivo deducible del citado préstamo hubiera, en buena medida, neutralizado la ventaja que se pretende otorgar.

Por otra parte, fueron incluidas como sujetos pasivos del tributo las Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a operar en el sistema de intermediación financiera.

Tal inclusión obedece a la necesidad de dar un tratamiento más equitativo a aquellos agentes económicos que realizan actividades similares en un régimen de competencia.

Respecto al Impuesto al Patrimonio, el proyecto mejora en su artículo 19 la redacción vinculada con los pagos a cuenta y retenciones del tributo en una línea similar a la de los impuestos anteriormente analizados.

Por último, en el artículo 25 se proyecta la modificación del párrafo final del artículo 319 de la Ley Nº 15.809 que regula el destino de la recaudación de los impuestos que se afectan al Fondo de Inspección Sanitaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La norma tiende a flexibilizar la utilización de dichos fondos para solventar gastos, que hoy son de cargo de la industria frigorífica.

Saluda al Sr. Presidente con su más alta consideración.

Julio Ma. Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Alvaro Ramos, Luis A. Mosca, Raúl Iturria, Samuel Lichtensztejn, Lucio Cáceres, Federico Slinger, Ana Lía Piñeyrúa, Alfredo Solari, Carlos Gasparri, Benito Stern, Juan Chiruchi.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Artículo 52. - El Poder Ejecutivo podrá exigir pagos a cuenta de este impuesto, con independencia del resultado fiscal del ejercicio anterior, o de que el ejercicio en curso sea el de inicio de actividades gravadas, pudiendo aplicar a tales efectos otros índices, además de los establecidos en el artículo 31 del Código Tributario y sin las limitaciones del artículo 49 del Título 1º.

Quedarán eximidas de dichos pagos a cuenta aquellas empresas que justifiquen, a juicio de la Administración, la inexistencia de utilidades fiscales previstas al fin del ejercicio.

El Poder Ejecutivo podrá establecer pagos a cuenta del impuesto, para las empresas comprendidas en el literal E) del artículo 5º, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo».

Art. 2º. - Agrégase al artículo 57 del Título 4 del Texto Ordenado 1991, los siguientes incisos:

«Asimismo pagarán el impuesto a que refieren los incisos anteriores, incrementado en un 30% (treinta por ciento):

1) Los demás contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, cuyas rentas estén comprendidas en el literal A) del artículo 2º del presente Título, con excepción de aquellos que tengan la totalidad de sus rentas no gravadas.

2) Los contribuyentes del Impuesto a las Actividades Agropecuarias, cuyo ingreso neto supere el correspondiente a 200 hectáreas de productividad básica media y los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias.

3) Los contribuyentes del Impuesto a las Sociedades Financieras de Inversión.

Aquellos contribuyentes cuyo Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias, Impuesto a las Actividades Agropecuarias o Impuesto a las Sociedades Financieras de Inversión, sea superior a las cantidades abonadas por el impuesto del inciso anterior, abonarán por aquellos conceptos, únicamente el excedente».

Art. 3º. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 6º del Título 11 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Artículo 6º. - Forma y percepción del impuesto. El Poder Ejecutivo establecerá por reglamento la época de la percepción del impuesto y las formas de documentación y control del mismo, pudiendo establecer pagos a cuenta en base a las operaciones del contribuyente, sus importaciones u otros índices representativos, sin la limitación en todos los casos, de lo establecido en el artículo 49 del Título 1º del Texto Ordenado 1991».

Art. 4º. - Cuando el Poder Ejecutivo fije en cero la tasa del Impuesto Específico Interno (IMESI) que grava la energía eléctrica, el suministro de la misma quedará gravado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tasa básica.

Art. 5º. - Agrégase al artículo 6º del Título 10 del Texto Ordenado 1991 el siguiente literal:

«H) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982».

Art. 6º. - Sustitúyese el apartado B) del artículo 8º del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«B) En las importaciones, las tasas se aplicarán sobre el valor normal de Aduanas más el arancel. Si la importación se efectuara a nombre propio y por cuenta ajena, o por no contribuyentes, la referida suma será incrementada en un 50% (cincuenta por ciento) a los efectos de la liquidación del tributo».

Art. 7º. - Sustitúyese el último inciso del artículo 9º del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Los sujetos pasivos comprendidos en el literal B) del artículo 6º, no podrán deducir el impuesto incluido en sus adquisiciones de bienes y servicios gravados. Se exceptúa de esta prohibición, la deducción del impuesto incluido en prestaciones de servicios contratadas a los sujetos pasivos referidos, en tanto dichas prestaciones sean de similar naturaleza a la que aquellos desarrollan. La enajenación de bienes que realicen estará gravada cuando el sujeto pasivo haya deducido el impuesto correspondiente en oportunidad de su adquisición».

Art. 8º. - Sustitúyese el artículo 15 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Artículo 15. - Modificación de tasa. Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar las tasas del impuesto, con un máximo de hasta el 23% (veintitrés por ciento) para la tasa básica y de hasta el 14% (catorce por ciento) para la tasa mínima».

Art. 9º. - Sustitúyese el artículo 16 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Artículo 16. - Tasa mínima. Estará sujeta a esta tasa la circulación de los siguientes bienes y servicios:

A) Pan blanco común y galleta de campaña; pescado, carne y menudencias, frescos, congelados o enfriados; aceites comestibles; arroz; harina de cereales y subproductos de su molienda; pastas y fideos; sal para uso doméstico; azúcar; yerba; café; té; jabón común; grasas comestibles; transporte de leche.

B) Medicamentos y especialidades farmacéuticas, materias primas denominadas sustancias activas para la elaboración de los mismos e implementos a ser incorporados al organismo humano de acuerdo con las técnicas médicas.

C) Los servicios prestados por hoteles, relacionados con hospedajes. El Poder Ejecutivo determinará cuáles son los servicios comprendidos».

Art. 10. - Sustitúyese el literal E) del numeral 2) del artículo 17 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«E) Las operaciones bancarias efectuadas por los Bancos, Casas Bancarias y por las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, con excepción del Banco de Seguros del Estado.

No quedan comprendidos en la presente exoneración los intereses de préstamos que se concedan a las personas físicas que no sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Actividades Agropecuarias o del Impuesto a las Rentas Agropecuarias.

Los intereses de préstamos otorgados por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay, por las Cooperativas de Ahorro y Crédito no comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, y los concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay vinculados a la vivienda, quedan exonerados en todos los casos».

Art. 11. - Derógase el literal D) del numeral 1) del artículo 17 del Título 10 del Texto Ordenado 1991.

Art. 12. - Agrégase al numeral 2 del artículo 17 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, el siguiente literal:

«M) Los juegos de azar asentados en billetes, boletos y demás documentos relativos a juegos y apuestas, con excepción del `5 de Oro’ y `5 de Oro Junior’. De crearse nuevos juegos el Poder Ejecutivo determinará en cada caso su gravabilidad».

Art. 13. - Sustitúyese el literal D) del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«D) Quienes se encuentren comprendidos en el literal E) del artículo 26 del Título 4. En ocasión de la importación, abonarán el tributo como no contribuyentes».

Art. 14. - Sustitúyese el inciso final del artículo 79 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción, así como a exigir a los contribuyentes en ocasión de la importación de bienes gravados, pagos a cuenta del impuesto correspondiente a los hechos generadores definidos en los literales A) y B) del artículo 2º de este Título, sin la limitación, en todos los casos, establecida en el artículo 49 del Título 1 del Texto Ordenado 1991».

Art. 15. - Exclúyese el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias, de las exoneraciones tributarias de que gozan las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982.

Art. 16. - Sustitúyese el artículo 1º del Título 15 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Artículo 1º. - Hecho generador y sujeto pasivo. Créase un impuesto que gravará las disponibilidades rentables, la tenencia de activos realizables, los créditos exigibles y eventuales y las inversiones ajenas al giro, del Banco de la República Oriental del Uruguay, del Banco Hipotecario del Uruguay, de los Bancos privados, de las Casas Financieras y de las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, quienes serán los contribuyentes del impuesto».

Art. 17. - Sustitúyese el apartado segundo del numeral 2) del artículo 7º de la Ley Nº 16.237 de 2 de enero de 1992, por el siguiente:

«No estarán comprendidas en las disposiciones de este numeral las asociaciones y las cooperativas de cualquier naturaleza, con excepción de las de ahorro y crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982. El impuesto será de cargo de las empresas sujetos pasivos del mismo, no pudiendo ser trasladado a los usuarios».

Art. 18. - Sustitúyese el artículo 2º del Título 15 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Artículo 2º. - Tasas. Las Tasas del impuesto serán:

A) De hasta el 0,01% (cero con cero uno por ciento), para los créditos correspondientes a operaciones de prefinanciación de exportaciones.

B) De hasta el 0,75% (cero con setenta y cinco por ciento), para los préstamos no incluidos en el literal anterior, otorgados a plazos no menores de tres años.

C) De hasta el 1,75% (uno con setenta y cinco por ciento), para el resto de los activos gravados.

El Poder Ejecutivo queda autorizado a establecer las tasas del impuesto dentro de los límites referidos, pudiendo fijar tasas diferenciales para los distintos activos gravados».

Art. 19. - Sustitúyese el artículo 21 del Título 14 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Artículo 21. - Oficina recaudadora y contralores. El impuesto se liquidará por declaración jurada y será recaudado por la Dirección General Impositiva en el tiempo y forma que reglamente el Poder Ejecutivo, quien queda facultado para establecer normas sobre retenciones y pagos a cuenta, sin la limitación en todos los casos de lo establecido en el artículo 49 del Título 1º del Texto Ordenado 1991».

Art. 20. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992, las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley Nº 15.294 del 15 de junio de 1982 serán las siguientes:

A) 1% (uno por ciento) hasta un monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

B) 3% (tres por ciento) cuando el monto imponible supere los tres Salarios Mínimos Nacionales y hasta el equivalente de seis de dichos salarios mensuales.

C) 5% (cinco por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

Art. 21. - Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir hasta en seis puntos porcentuales las tasas de aportes patronales a la Seguridad Social de la industria manufacturera.

Art. 22. - Fíjase el monto de la Asignación Familiar en un 16% (dieciséis por ciento) del Salario Mínimo Nacional por cada beneficiario, siempre que el atributario perciba ingresos que no superen el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

El monto de la Asignación Familiar será el 8% (ocho por ciento) del Salario Mínimo Nacional por cada beneficiario para el caso que el atributario perciba ingresos superiores a seis y hasta diez Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

Art. 23. - Quienes perciban ingresos superiores a diez Salarios Mínimos Nacionales mensuales, no generarán derecho al cobro de beneficios por Asignaciones Familiares.

Cuando de un atributario dependan tres o más personas en calidad de beneficiarios el tope establecido en el inciso precedente se incrementará a razón de un Salario Mínimo Nacional por cada uno de ellos que exceda el mínimo de dos beneficiarios.

Art. 24. - Para determinar el nivel de ingresos de los atributarios a que se refieren los artículo anteriores, se computarán los ingresos salariales de ambos cónyuges o del concubino que resida en el mismo domicilio del atributario.

Art. 25. - Sustitúyese el párrafo final del artículo 319 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 en la redacción dada por el artículo 197 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

«El Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, determinará anualmente el porcentaje de libre disponibilidad que le corresponderá a la Dirección de Industria Animal para el pago de horas extras, compensaciones por trabajos extraordinarios, locomoción, alimentación e inversiones».

Art. 26. - La presente Ley regirá a partir de su promulgación, salvo los artículos 2°, 5º, 6º, 9º, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23 y 24, los que tendrán vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la misma.

Didier Opertti, Alvaro Ramos, Luis A. Mosca, Raúl Iturria, Samuel Lichtensztejn, Lucio Cáceres, Federico Slinger, Ana Lía Piñeyrúa, Alfredo Solari, Carlos Gasparri, Benito Stern, Juan Chiruchi.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda aconseja la aprobación del proyecto de ley de Mejoramiento de la Competitividad y Reordenamiento Financiero remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado con modificaciones por la Cámara de Representantes, en atención a los fundamentos que se expresan a continuación.

Como lo indica su título, el citado proyecto de ley persigue como propósitos principales el reordenamiento de las finanzas del Estado y la mejora de la competitividad internacional de aquellos sectores productivos que más han sufrido su deterioro durante los últimos años.

La actual coyuntura regional exige la adopción de urgentes medidas en el plano fiscal.

En Argentina, la crisis de confianza desatada en los últimos meses continúa siendo el mayor desafío que ha debido enfrentar la administración desde que comenzara a aplicarse el Plan de Convertibilidad. La falta de liquidez que se manifestó inicialmente, tendió rápidamente a convertirse en una crisis de solvencia que se fue extendiendo a todo el sistema financiero y ha comenzado ya a afectar a las empresas del sector industrial.

Por otra parte, la fuerte restricción crediticia, los mayores costos tributarios asociados al programa de ajuste aprobado a comienzos de marzo, las tasas de interés de equilibrio en alza y la cadena de pagos tracturada en muchos sectores de la actividad económica implican la reversión de un ciclo, cobrando inusitada fuerza la fase recesiva del mismo.

En tanto la paridad cambiaria se mantenga inamovible, los precios relativos se ajustarán a través de una caída de la demanda interna, lo cual implicará una deflación de precios, como comenzara a evidenciarse en marzo.

En definitiva, asistimos a la desaparición del principal puntal del decrecimiento de la economía uruguaya durante los últimos años. Este factor, más intenso de lo que originalmente se previó, afecta decisivamente a los sectores nacionales que experimentaron hasta el presente un mayor dinamismo y en los que se verificaron los mayores aumentos de precios: construcción, hotelería, gastronomía y servicios en general.

En Brasil, por su parte, ante las dificultades manifiestas para aprobar una reforma tributaria capaz de dar sustento al plan económico, se creyó conveniente evitar un mayor déficit en cuenta corriente del balance de pagos, cuyo crecimiento pudiera afectar la credibilidad del plan en aplicación.

Y a estos súbitos cambios en el contexto regional se debe adicionar la pérdida de competitividad acumulada con el resto del mundo.

En este escenario, perdiendo competitividad en la región, y enfrentado a Argentina con una deflación de precios, Uruguay no está en condiciones de crecer. Y no crecer, implica que caiga la demanda interna -la absorción doméstica- y también conlleva una disminución más que proporcional de la recaudación tributaria. Implica asimismo, en consecuencia, un aumento en el déficit fiscal.

Por esta razón es imprescindible acceder a un nivel de recaudación que nos permita alcanzar los equilibrios macroeconómicos básicos, tanto a nivel interno como externo.

Se pretende, en suma, permitir que en un nuevo contexto el conjunto de políticas (cambiaria, de crédito, fiscal, de ingresos) apunten en una misma dirección y preserven un orden que nos asegure retomar la senda de crecimiento en el menor tiempo posible.

En las actuales circunstancias, ello implica, en cuanto al equilibrio externo, abatir el déficit en cuenta corriente del balance de pagos; y en cuanto al equilibrio interno, obtener que el gasto interno más el déficit comercial se equipare con el producto bruto interno a los niveles de precios esperados.

Asimismo, resulta fundamental dentro de la actual coyuntura regional preservar los niveles de producción y empleo.

En este sentido, el proyecto tiende a mejorar la competitividad del sector industrial. Para ello reduce la carga tributaria que pesa sobre el mismo, tanto en lo que se refiere a las industrias que dirigen su actividad hacia la exportación como las que se orientan fundamentalmente hacia el mercado interno.

En virtud de ello, se proyecta facultar al Poder Ejecutivo para instrumentar una reducción en los aportes patronales de la industria manufacturera y se propone eliminar el IMABA en las operaciones de prefinanciación de exportaciones. Asimismo, se elimina el IMESI que grava la energía eléctrica consumida por el sector productivo, sustituyéndolo por el IVA, lo que configura una reducción sensible de costos a las empresas sin afectar el nivel de tarifas domiciliarias.

El saneamiento financiero del sector público es indispensable para alcanzar un déficit fiscal compatible con una reducción de la inflación.

Los incrementos tributarios requeridos se complementan con las medidas de abatimiento del gasto público ya adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Dichas metas de carácter económico, no están desprovistas de consideraciones de contenido social. Más bien, las normas proyectadas buscan lograr que los sectores de menores ingresos, en un contexto desfavorable, no solo no se vean afectados sino que reciban mejoras relativas en sus ingresos netos.

En tal sentido cabe señalar que el aumento propuesto para el IRP no afecta a las familias con ingresos menores a tres Salarios Mínimos Nacionales, siendo el incremento tributario de un 1% (uno por ciento) para los núcleos con ingresos no superiores a seis Salarios Mínimos Nacionales.

Concomitantemente, se propone duplicar los actuales montos de las Asignaciones Familiares en beneficio de las familias con ingresos inferiores a seis Salarios Mínimos Nacionales. En los hechos, para las familias con ingresos por debajo de dicho límite, el efecto combinado de ambas iniciativas resulta, como se señaló, en un incremento de los ingresos globales.

La readecuación financiera que se proyecta crea instrumentos tendientes a facilitar la recaudación de los tributos e intenta corregir una distribución poco equitativa de la carga tributaria, entre agentes económicos que realizan actividades similares.

Por su parte, las modificaciones de las alícuotas y bases imponibles de algunos tributos permitirán obtener un aumento moderado de la recaudación, descartando la creación de nuevos impuestos, alternativa que se estima incompatible con la necesaria simplificación del sistema tributario nacional.

Por todas las consideraciones expuestas, la Comisión recomienda al Senado la sanción del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 1995.

Hugo Fernández Faingold. Miembro Informante. Senador.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

INFORME EN MINORIA

Al Senado:

Los abajo firmantes, representantes del Frente Amplio en la Comisión de Hacienda del Senado, consideran inconveniente la aprobación del proyecto de ley en consideración, por los fundamentos que se exponen en lo que sigue.

Ante todo, es preciso partir del reconocimiento de que el país debe poner en práctica un conjunto de medidas de emergencia por razones internas y externas.

Los factores de naturaleza interna aluden, por un lado, a la situación muy difícil por la que viene atravesando nuestra producción nacional y por otro, al significativo crecimiento del gasto público que se verificó durante el transcurso de 1994. En particular, cabe recordar que en los sectores fundamentales de la producción uruguaya -esto es, el agropecuario y la industria manufacturera- se ha venido comprobando desde hace aproximadamente tres años, un preocupante proceso de destrucción, con desaparición de productores, cierre de plantas y una pérdida considerable de puestos de trabajo. En lo que refiere al crecimiento del gasto público durante 1994, nuestra opinión es que ese incremento ha estado directamente vinculado al proceso electoral y al clientelismo político-partidario, lo que es decir que ha sido dedicado a fines que el Uruguay debería desterrar de una vez y para siempre.

Las causas de origen externo, desencadenadas a contar de los primeros días del año en curso y con epicentro en la crisis mexicana, tienen que ver con las repercusiones de esta última en la región que integra nuestro país y particularmente con su honda influencia negativa en la República Argentina. Conviene tener en cuenta al respecto que la Argentina es uno de nuestros principales clientes, y que su capacidad de compra de productos y servicios uruguayos se verá notablemente reducida durante el correr de 1995. Esta percepción del problema se fundamenta -especialmente- en el tipo de medidas de ajuste que se pusieron en práctica en el vecino país.

Sin embargo, no podemos compartir las medidas propuestas, ya que descansan sobre una concepción general acerca de la economía uruguaya con la que discrepamos.

Sabemos que hay tres aspectos fundamentales en juego: la suerte de la producción nacional, la situación fiscal y sus relaciones con la inflación, la distribución social de las cargas y los sacrificios que imponen las decisiones en análisis. En términos generales, pensamos que estas últimas se inspiran en una excesiva preocupación por el segundo de los factores expuestos y que ello va en desmedro del primero y el tercero. Naturalmente, todo ello va dicho habida cuenta de las inevitables interrelaciones que vinculan entre sí a los factores señalados. En particular, cabe agregar que las medidas propuestas no ofrecen garantías de éxito en el combate a las causas internas que explican la actual situación nacional, ni tampoco se basan en una adecuada estrategia respecto a los factores de carácter externo.

Comencemos considerando el último punto referido. Existen notorias diferencias entre los ajustes internos que Brasil y Argentina vienen procesando ante las repercusiones de la crisis señalada precedentemente. Mientras en Brasil se ha optado por flexibilizar la política cambiaria y encarecer las importaciones a través de los instrumentos arancelario y tributario, el ajuste argentino descarga el peso del ajuste sobre el consumo interno y la producción nacional.

Aunque con diferencias que no es posible desconocer, las medidas que incluye el proyecto de ley en consideración, se asemejan en conjunto mucho más a la línea argentina que a la brasileña. Consideramos que no es esta la mejor estrategia para el Uruguay en las actuales circunstancias. Teniendo en cuenta las características de la economía nacional, pensamos que el país debería seguir un camino similar al brasileño, ya que de esa manera tendría un margen mucho mayor para aportar a su propio crecimiento y -simultáneamente- podría definir sus propias medidas de emergencia con un mayor sentido de la justicia social.

Con respecto a las causas internas de la actual situación, así como los posibles efectos de las medidas que contiene el proyecto en análisis, cabe señalar en primer lugar que, aunque reconocemos que resulta difícil lograrlo por vía legislativa, esta iniciativa no asegura reducción alguna en aquellos rubros del gasto público que el país necesita urgente e imprescindiblemente comprimir, cuando no eliminar por completo. Nos referimos especialmente a los mismos rubros que con fines electorales y político-partidarios inflaron desproporcionadamente las erogaciones del Estado durante el transcurso de 1994.

En segundo lugar, no consideramos suficientes los estímulos a la producción nacional que incluye el proyecto. No solo por las medidas concretas que integran la iniciativa, sino también por opiniones y elementos de juicio que marcan una actitud hacia el futuro del Poder Ejecutivo en la materia. Sabido es que la administración de la gran mayoría de las herramientas de política económica constituyen responsabilidades y competencia del Poder Ejecutivo. Sabido es también, que este ámbito queda fuera de la consideración de un proyecto como el que viene estudiando el Senado. Pero debe aceptarse que resulta imposible pronunciarse sobre tal proyecto sin tomar en cuenta la postura que asume la conducción económica en el campo de su competencia. Las medidas económicas y sus efectos no admiten separaciones ni fragmentaciones, entre otras cosas porque los resultados que generan constituyen una consecuencia del conjunto de las acciones puestas en práctica.

Es por estas razones que no podemos dejar de considerar el rechazo que el señor Ministro de Economía y Finanzas expuso en la Comisión con referencia a la modificación de la política de encajes del Banco de la República, verdadera llave -en nuestra opinión- para abaratar un crédito cuyo costo se ha tornado inabordable para la producción nacional. Tampoco podemos evitar una referencia al hecho de que el conjunto de las opiniones vertidas por el equipo de gobierno que concurrió a las sesiones de la Comisión, indica una actitud del Poder Ejecutivo en materia de reforma tributaria que no compartimos. Finalmente, no fue posible disponer de elementos sólidos de juicio acerca de cómo se procederá en el campo de la capacitación y la educación, factores fundamentales para una auténtica y duradera mejora de la competitividad de la producción nacional.

Nos resulta importante agregar que en materia de estímulos a la producción, no se incluye -ni tampoco se sugiere- la puesta en funcionamiento de mecanismo alguno para la formulación de compromisos de contrapartida a los estímulos referidos. Aludimos, por ejemplo, a la obligación de introducir en las empresas beneficiarias, transformaciones tecnológicas que incrementen los niveles de productividad y competitividad. La historia uruguaya está llena de intervenciones gubernamentales de naturaleza indiscriminadamente proteccionista, que terminaron encubriendo y financiando ineficiencias y corrupciones de todo tipo.

Finalmente, afirmamos que -aunque mejorado desde este punto de vista en su pasaje por la Cámara de Representantes- el proyecto incluye una flagrante injusticia en la distribución de las cargas que derivarán de la puesta en práctica de las medidas en consideración. Como resulta obvio, el corazón de esa injusticia radica fundamentalmente en las modificaciones que se introducen en los impuestos al valor agregado -tanto en su alícuota básica como en la mínima- y a las retribuciones personales. Dichas modificaciones determinarán que, en relación a las capacidades contributivas de los diferentes sectores de nuestra sociedad, los sacrificios mayores habrán de ser soportados por las familias de menores ingresos.

Esta concepción general que nos lleva a discrepar con el proyecto en consideración, se ha mantenido en el Uruguay durante dos décadas, llevando al país de ajuste en ajuste. Es esta la cuarta oportunidad en la que se proponen medidas de similar orientación global, aunque es preciso reconocer que el proyecto puesto a consideración del Senado -a diferencia de los precedentes- también incluye algunos estímulos a la producción.

Consideramos que la visión que alienta en esta postura es rígidamente estática, como si se basara en una suerte de fotografía de la situación actual que ignora todo lo que ocurrió antes y desestima lo que puede venir después. Es por eso que se atribuye al resultado fiscal una influencia sobredimensionada en la explicación de la inflación. Y es por eso también que se lo transforma en objeto casi excluyente de las acciones a emprender.

Reconocemos que la composición y el resultado de las cuentas públicas deben ser vigilados con mucho celo. Admitimos también que el Uruguay debe derrotar a la inflación porque la inestabilidad desordenada de los precios, no es coherente con el crecimiento, ni tampoco con la justicia en la distribución de sus frutos. Pero, ¿por qué, de una vez por todas, no apostar con más fuerza y audacia a ese crecimiento a partir de una visión dinámica de nuestro proceso económico que nos permitiría comprobar con claridad que la única salida sólida en circunstancias como las que hoy volvemos a vivir es, precisamente, el desarrollo productivo? ¿Por qué no hacerlo si, a la larga, es la única vía segura para incrementar verdaderamente la recaudación? ¿Por qué no sacrificar transitoriamente, por ejemplo, un punto de déficit fiscal y trabajar para que sea el propio crecimiento el que lo elimine? ¿Por qué no comenzar desde ya a articular los estímulos a la producción con compromisos de contrapartida que incluyan también acuerdos con los grandes formadores de precios en la economía uruguaya?

Creemos que es posible y necesario tomar medidas que se apoyan en esta visión alternativa de la economía uruguaya, lo cual -por lo explicado antes- tendría que suponer no solo un contenido diferente en el proyecto que estamos considerando, sino también una postura del Poder Ejecutivo en la materia de su competencia, que resulte coherente con el contenido mencionado y que, en particular, aborde con prioridad las transformaciones que, a nuestro juicio, el país reclama en los terrenos crediticio, tributario y educativo.

Con respecto al contenido de un proyecto de emergencia, concebido a la luz de la señalada visión alternativa, debemos informar que hemos acompañado con nuestro voto varias disposiciones de la iniciativa en consideración, y que hemos también propuesto diversos artículos sustitutivos y aditivos.

Entre las acciones que acompañamos, corresponde destacar:

1) hemos votado afirmativamente el artículo 4º, que establece estímulos a la industria manufacturera por la vía del abaratamiento de las tarifas de energía eléctrica, sin que ello repercuta sobre las de carácter domiciliario;

2) hemos votado afirmativamente el artículo 7º, ya que establece una correcta regularización del régimen actual, contribuyendo así al acotamiento de mecanismos de evasión hoy en vigencia;

3) hemos votado afirmativamente el artículo 8º, en la medida en que corrige evasiones indebidas en el descuento del impuesto al valor agregado comprado por parte de los profesionales, que tienen que contribuir a las necesidades colectivas por la vía fiscal;

4) hemos votado afirmativamente los artículos 12, 13 y 14, debido a que consideramos que los juegos de azar constituyen una actividad que admite una extensión de la base imponible;

5) hemos votado afirmativamente el artículo 15, ya que su contenido contribuye, no solo a establecer justicia tributaria en las operaciones de importación, sino a encarecer fundamentalmente las de bienes de consumo final;

6) hemos votado afirmativamente el artículo 20, por cuanto estimamos correcto que se reduzca el costo de la prefinanciación de las exportaciones. No obstante, consideramos que esta medida habrá de tener un reducido impacto en la producción con destino a los mercados del exterior.

7) hemos votado afirmativamente el artículo 21, que también se inscribe en una línea regularizadora de la administración tributaria y del control de la evasión;

8) hemos votado afirmativamente la extensión del impuesto a las retribuciones personales a los subsidios otorgados por Ley a quienes hubieren ocupado cargos políticos o de particular confianza, que está incluida en el artículo 22. Razones de elemental justicia abonan esta postura;

9) hemos votado afirmativamente el artículo 26, que eleva el monto de la Asignación Familiar para el caso de que el atributario perciba ingresos que no superen el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales, y lo mantiene para el caso en que el atributario perciba ingresos comprendidos entre los seis y los diez Salarios Mínimos Nacionales. También inspiran esta postura, razones de justicia distributiva;

10) hemos votado afirmativamente los artículos 30 a 35, ya que apuntan a la reducción de gastos públicos prescindibles, especialmente los que tienen que ver con la contratación de personal.

Como se señaló antes, y al igual que lo ya actuado en oportunidad de la consideración del proyecto en la Cámara de Representantes, hemos propuesto algunas disposiciones de naturaleza sustitutiva y aditiva. Entre las primeras, cabe destacar:

1) las que sustituyen los artículos 23 y 24, proponiendo diferentes franjas de ingresos y porcentajes de afectación, ya que entendemos que corresponde aliviar el gravamen sobre los sectores de ingresos más bajos y medios, para incrementarlo sobre los sectores de ingresos más altos. Consideramos que, de esta manera, estaríamos iniciando una transición hacia un verdadero impuesto a la renta de las personas físicas en su cédula personal. En particular, nuestra propuesta supone un incremento del impuesto recién a partir de los quince Salarios Mínimos Nacionales, tanto en el caso de los activos como en el de los pasivos;

2) hemos también propuesto sustituciones a los artículos 26 a 28 inclusive, ya que consideramos que el régimen de Asignaciones Familiares debe acercarse al cumplimiento de la función social para el que fue concebido. Por esta razón, en nuestra opinión, el monto de la asignación por cada beneficiario para los atributarios que perciban mensualmente menos de siete Salarios Mínimos Nacionales, debería ser aumentado de 8 a 20 por ciento del Salario Mínimo Nacional. Por otra parte, hemos propuesto mantener en 8 por ciento el monto para el caso en que el atributario perciba ingresos ubicados en la franja comprendida entre siete y quince Salarios Mínimos Nacionales. Por encima de este último nivel, no se pagaría Asignación Familiar. Corresponde dejar la constancia de que las prestaciones en especie que integran en régimen -que incluyen asistencia a la salud y a hijos discapacitados- se mantendrían en vigencia en cualquier caso.

Por último, hemos formulado propuestas expresadas en términos de artículos aditivos, según se informa a continuación:

1) hemos propuesto incluir entre las exoneraciones previstas por el tercer inciso del artículo 11, a los intereses de los préstamos concedidos por asociaciones privadas sin fines de lucro, tanto cuando se otorgan en efectivo, como cuando se verifican a través de la apertura de órdenes de compra;

2) hemos propuesto elevar las alícuotas del Impuesto Específico Interno, incorporando algunos rubros que no se encontraban debidamente tipificados como bienes suntuarios;

3) hemos propuesto una tasa de naturaleza estadística de 12 por ciento sobre las importaciones de bienes de consumo provenientes de fuera de la región del MERCOSUR. Esta iniciativa tendría que ser complementada en el área de competencia del Poder Ejecutivo, con una renegociación de las excepciones arancelarias en el ámbito de la unión aduanera del MERCOSUR, aprovechando la iniciativa brasileña al respecto y también con el objetivo de encarecer la importación de bienes de consumo prescindibles.

Por todo lo expuesto, aconsejamos votar negativamente en general el proyecto de ley en consideración. De resultar afirmativa dicha votación y habilitarse, por lo tanto, la discusión en particular, recomendamos la consideración de los argumentos referidos a las medidas específicas que se acompañan, sustituyen y agregan.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 1995.

Danilo Astori. Miembro Informante. Javier Artola. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante -del informe en mayoría- señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: antes de iniciar la consideración del tema, quiero dejar constancia de que el informe en mayoría que fue distribuido en el día de ayer a los señores Senadores, por razones de urgencia no pudo ser consultado con los distintos miembros de la Comisión, motivo por el cual fue remitido exclusivamente con mi firma. De todas maneras, quiero aclarar que no pudo cumplirse el trámite de formalidad y cortesía de consultarlo en su momento con los integrantes de la Comisión.

El Proyecto que vamos a examinar en el día de hoy es complejo y ha dado lugar a distintos tipos de discusiones, ya sea dentro como fuera de esta Casa. Si reflexionamos sobre algunas características del debate se me ocurre que puede ser conveniente señalar con claridad, en este momento, qué aspectos no implica este Proyecto.

Esta iniciativa no es la última ni la única que considerará el Parlamento en materia económica en este Período. Tampoco representa la suma total de las medidas que seguramente habrá de encarar el Poder Ejecutivo ni un esfuerzo definitivo del Parlamento en materia de reordenamiento financiero y ni siquiera en lo que respecta a la racionalización del sistema tributario del país. Asimismo, podemos decir que no se trata del último ni del único conjunto de medidas destinadas a mejorar la competitividad externa de nuestra economía. Por otra parte, tampoco aborda la solución de problemas estructurales, tarea en la que ciertamente todos estamos comprometidos, tanto en materia de reforma de la Seguridad Social del Estado como de la educación. Repito que el proyecto no comprende ninguno de estos aspectos.

Todos estos temas deberán ser encarados en un futuro cercano por este Parlamento en ocasión del tratamiento de las leyes de Rendición de Cuentas y Presupuesto y ciertamente, con referencia a otros asuntos, por medio de proyectos especiales.

Lo que sí es muy claro es que el grado de éxito con que la sociedad uruguaya encare y resuelva todos los temas que tiene pendientes el país va a depender, en buena medida, de la forma en que logre enfrentar los problemas urgentes que tiene ante sí. La consideración de estos problemas, señor Presidente, no admite la menor demora y deberían haber sido encarados por el gobierno electo, cualquiera hubiera sido el resultado de las elecciones del pasado 27 de noviembre. La solución de estos asuntos requiere medidas con efectos rápidos y que puedan registrarse a corto plazo. Realmente, no puede sorprender que hoy estemos considerando este Proyecto. Este fue el enfoque que asumió la Comisión que funcionó antes del 1º de marzo y contó con la participación de técnicos de todos los partidos políticos.

En esencia este proyecto recoge los acuerdos a los que llegaron los especialistas de los Partidos Nacional, Colorado y Nuevo Espacio, éste último con algunas salvedades. Este acuerdo fue transparente y se realizó de cara al país. Junto con otros temas como los de la Seguridad Social y seguridad ciudadana, constituyó una de las bases del acuerdo político a partir del cual se pone en funcionamiento el gobierno de coalición entre el Partido Colorado y el Partido Nacional.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - El señor Senador Fernández Faingold ha hecho referencia al acuerdo llegado en las comisiones multipartidarias que funcionaron antes de que el doctor Sanguinetti asumiera como Presidente de la República. El señor Senador dice la verdad cuando expresa que allí hubo una Comisión que trató los temas económicos, llegando a ciertos acuerdos. No obstante, a los efectos de que quede debidamente esclarecido, manifestamos que dicho acuerdo estuvo basado en conclusiones de carácter general; naturalmente, se habló de abatir el déficit fiscal, de combatir la inflación; pero, de ninguna manera -porque no era oportuno- se instrumentaron las fuentes a las que se iba a recurrir para el caso de que fuera necesario adoptar algún tipo de medidas como las que en este momento se están discutiendo. Creo que es conveniente realizar esta precisión porque allí hubo un acuerdo en los lineamientos generales; pero sobre las soluciones concretas que abarca este proyecto de ley, debo decir que aunque no asistí a las deliberaciones, me consta que no se mencionaron o, por lo menos, no quedaron en los documentos.

SEÑOR SANTORO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - En primer lugar, pido disculpas al señor Senador Fernández Faingold, quien está realizando el informe en mayoría, pues tenemos conocimiento de la responsabilidad que se asume cuando se cumple el papel de miembro informante. Sin embargo, teniendo en cuenta las manifestaciones del señor Senador Pereyra con respecto al documento de la Comisión Técnica del Area Económica, denominado Principales Lineamientos para una Política Económica Orientada a la Competitividad, decimos que no participamos de las expresiones de dicho Senador en el sentido de que el documento de referencia no contenía, en general, posibilidades para recoger soluciones o medidas como las que se incorporan en este proyecto.

En segundo lugar -y por eso hemos solicitado la interrupción- adelantamos que en su momento haremos referencia a la relación que existe entre el documento originario -sobre lineamientos de política económica- y lo que este proyecto incorpora en sus partes sustanciales.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una nueva interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Quiero aclarar, señor Presidente, que nunca expresé que los lineamientos generales no habilitaran la posibilidad de que este proyecto se instrumentara; lo que sí he querido dejar en claro es que en ese documento no figuran las medidas que contiene esta norma.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Entrando en materia, señor Presidente, me gustaría que nos preguntáramos cuáles son las situaciones cuya gravedad requiere atención inmediata y la toma de un conjunto de medidas de carácter urgente, destinadas a producir efectos en el corto plazo, de las materias que abarca el proyecto. Yo diría que se trata de dos grupos de problemas que son inseparables en algunas de sus causas y consecuencias.

En primer lugar, creo que debemos referirnos a los efectos de la evolución reciente de la situación económica de nuestros principales socios comerciales en la región -me refiero a Argentina y Brasil- tanto sobre la capacidad de competir de nuestras empresas, como los ingresos fiscales de nuestro país.

En segundo término, señor Presidente, pienso que la nueva proyección que ha debido formularse para las cuentas públicas de 1995, sobre el déficit fiscal, luego de producirse los cambios en esta situación regional constituye también la esencia descriptiva de uno de esos conjuntos de problemas inseparables, en algunas de sus causas y consecuencias.

En suma ¿qué está pasando en Argentina y Brasil que nos pueda afectar en los dos sentidos indicados?

Voy a destacar algunos de los hechos que están sucediendo en la República Argentina y que ya han comenzado a tener efectos sobre la situación de nuestro país. Es de señalar que se ha producido un severo descenso en el ingreso de capitales que ha llevado a una fuerte restricción en el crédito y a un alza continuada en las tasas de interés, que aún no concluye y que todo parece indicar se mantendrá en el futuro inmediato. Además, estas circunstancias se ven agravadas por la fractura de la cadena de pagos en la economía con lo que, en muchos sectores, se ha perdido la confianza en los instrumentos de pago.

Sin embargo, pese a todas las medidas adoptadas, la falta de liquidez que se manifestó inicialmente se fue convirtiendo aceleradamente en una verdadera crisis de solvencia que se fue extendiendo a todo el sistema financiero y que ya comenzó a afectar fuertemente a las empresas del sector industrial.

En el mismo sentido, señor Presidente, a partir de las medidas del mes de febrero, aumentaron bruscamente los costos tributarios de las empresas argentinas.

Estos elementos, entre otros, están determinando la reversión de un ciclo económico en el vecino país, cobrando vigor una fase recesiva importante, que ha comenzado a percibirse con verdadera fuerza en las últimas semanas.

Cabe señalar que estos hechos no suceden en forma gratuita; podemos mencionar dos resultados importantes que surgen de ellos. El primer es que el desempleo abierto en la República Argentina pasó del 3% al 4% de la población económicamente activa -este es un porcentaje histórico- es decir la tasa estructural, como la llaman algunos, a más de un 15% en fechas recientes. Esto ya debe estar planteando problemas serios a nivel social. Como un comentario al margen, debo mencionar que una de las primeras consecuencias del descenso del empleo en la República Argentina ha sido el retorno de ciudadanos uruguayos que trabajaban y estaban radicados en aquel país.

Ese porcentaje histórico de tasas superiores al 15% muy probablemente signifique el retorno, sobre todo a la región del litoral, de un número importante de trabajadores uruguayos que se van a ver desplazados de su fuente de trabajo como consecuencia de la contracción del mercado.

Asimismo, señor Presidente, comienza a contraerse una demanda interna que se venía expandiendo en el vecino país al 15% anual, acumulativo desde abril de 1991. Simultáneamente con el sostenimiento de la paridad cambiaria descenderá el precio de bienes no transables, produciéndose -hecho que ya se ha comenzado a registrar- un efecto «deflacionario». Como la relación entre nuestra economía y la de Argentina alcanza a los bienes no transables, esto ha comenzado a significar un deterioro progresivo de la competitividad en los bienes que exportamos a ese país.

El señor Ministro de Economía y Finanzas ha informado a la Comisión de Hacienda que la exportación de bienes a Argentina tendrá una caída, estimada para este año, del orden del 7%.

Al mismo tiempo, en la medida en que la elasticidad de la demanda de servicios es mayor que la de bienes -según palabras del Ministro, se ubica en el doble- esta demanda también será menor. Ya vimos el primer efecto en este verano en materia de hotelería, gastronomía y servicios en general. También ha repercutido sobre la construcción.

Por otra parte, en Brasil -nuestro otro socio fuerte- la situación resulta menos clara, en virtud de los cambios que registran las estrategias de este país en las últimas semanas.

Aparentemente, la certeza de tener severas dificultades para introducir modificaciones tributarias en la Reforma Constitucional durante 1995 y, eventualmente, en 1996, llevaron a cambiar en pocos días, a comienzos de marzo, la decisión del señor Presidente de mantener vigente la política cambiaria. De esta manera, pocos días después se introdujo un sistema de bandas, que luego se volvió a modificar, con el que Brasil acumuló ya una devaluación superior al 8%. Es decir que ante una expansión del déficit de cuenta corriente, dicho país decide flexibilizar un elemento que hasta ese momento era absolutamente central en su plan de estabilización.

Al mismo tiempo, al buscar la introducción de algunos mecanismos de protección a través de cambios en la política arancelaria, parece claro que el gobierno brasileño comienza a alejarse del objetivo trazado o previsto en junio de 1994 de alcanzar una inflación de un dígito. En este caso, sin embargo, al haber acumulado el Uruguay desde 1994 una buena mejoría en la competitividad de sus producciones -pese a que en el último par de meses, esta ha comenzado a erosionarse- es probable que hasta que quede clara la orientación definitiva de la política brasileña tengamos algún tiempo para ubicarnos mejor, especialmente importante si introducimos una dosis razonable de reordenamiento financiero en nuestra economía.

Sin perjuicio de la pérdida gradual de las mejorías acumuladas en la competitividad de nuestras producciones en el mercado de ese país, en el escenario de un Brasil que crece, sin embargo, se va a producir de todas formas una demanda por bienes uruguayos. Históricamente, esta ha sido menos distorsionante en términos de los precios reales de la economía uruguaya que los «shocks» de demanda agregada provenientes de la Argentina.

Lo complicado de este escenario es que si Brasil abandona el objetivo de la estabilidad, va a crearle serias dificultades al Plan de Convertibilidad Argentina. En los hechos, la Argentina perdería uno de los principales mercados en los que ha venido a refugiarse su producción en los últimos meses, dado el fuerte crecimiento de los precios en dólares.

En suma, señor Presidente, enfrentamos una situación de deflación de precios en Argentina, con lo que se produce, en los hechos, la desaparición de lo que ha sido el principal puntal de crecimiento de la economía uruguaya en los últimos años. Además, una situación aún no del todo definida en el Brasil, nos debe inducir, al menos, a actuar con cautela.

A estos cambios súbitos -es bueno consignarlo- debe agregarse la pérdida de competitividad acumulada con el resto del mundo por parte de la economía uruguaya.

En este escenario, perdiendo competitividad en la región y de cara a una Argentina con deflación de precios, la economía uruguaya no está en condiciones de crecer. Esto implica que no solo no crecerá, sino que se va a contraer la demanda interna, que se producirá una disminución más que proporcional de la recaudación fiscal y, en consecuencia, que se producirá un aumento en el déficit fiscal.

Cuando hablamos de los problemas a corto plazo, al comienzo de la exposición, señalábamos este escenario regional con dificultades como un tema serio. A su vez, decíamos que algunas de sus causas y consecuencias no podían separarse de una nueva proyección del déficit fiscal uruguayo, corrigiendo la que el Gobierno saliente realizó antes que la crisis mexicana se produjese, con los efectos que acabamos de examinar someramente sobre las economías de nuestros principales socios comerciales en la región.

Sobre esta cuestión, señor Presidente, conviene repasar algunos datos. En primer lugar, debemos aclarar que en el programa que ha presentado ante la Comisión el señor Ministro de Economía y Finanzas, Economista Mosca, se distingue entre año civil y año programa. Hago este señalamiento porque las cifras de las nuevas proyecciones no son enteramente comparables con las preparadas por el Gobierno anterior, no solo por haber sido realizadas antes de la crisis mexicana, sino también porque no se corresponden en las fechas. Las proyecciones del Gobierno anterior están realizadas para el año civil 1995 y lo que el señor Ministro denomina como año programa va desde abril de 1995 hasta el 31 de marzo de 1996.

La proyección realizada para el año civil 1995 señalaba un déficit del 3,2 del Producto Bruto Interno, dividido de la siguiente manera: un déficit de 2,6% para el sector público no financiero que surgía de uno de 2,9% del Gobierno central y un superávit de 0,3% de las empresas. A su vez, hay un déficit de 0,6% del sector público financiero, del que 0,5% proviene del sector parafiscal y 0,1% del Banco Hipotecario del Uruguay.

Esta proyección partía de tres supuestos básicos; un crecimiento de los precios del orden del 35% para el año civil del Producto Bruto Interno del 3% y, de la demanda interna de un 3%.

No obstante ello y en virtud de la situación descripta, el nuevo Gobierno procedió a revisar en marzo los supuestos que dieron lugar a la proyección inicial de un déficit del 3,2% del Producto Bruto Interno. En función, fundamentalmente, de la situación regional que acabamos de describir, plantea como nuevos supuestos el de un PBI constante en términos reales, el de una inflación que se sigue manejando en el orden del 35% para el año civil y que espera una reducción al 30% para el año programa, es decir, desde el 1º de abril de 1995 hasta el 31 de marzo de 1996. Al mismo tiempo -este es otro cambio importante- en virtud de lo descrito con relación a la evolución de las economías brasileña y argentina, en lugar de proyectar un crecimiento de la demanda interna de un 3%, prevé una concentración leve del 1% del Producto Bruto Interno.

Simultáneamente se realizaron las estimaciones correspondientes a la recaudación tributaria, solamente en los impuestos más importantes; sobre todo, a partir de estos nuevos supuestos en relación con la evolución de la demanda interna. Esto nos da, señor Presidente, un descenso en la recaudación cercano a los U$S 122:000.000, desglosado de la siguiente manera: U$S 84:300.000 provenientes del IVA; U$S 27:600.000 del IMESI; y U$S 10:000.000 de los impuestos de aduana.

Al ajustar la estimación de los gastos en esta nueva proyección, surgen algunos rubros que no habían sido incluidos en la primera o que se habían subestimado. Me refiero a U$S 20:000.000 de los niveles superiores de inversión comprometidos con recursos externos, a U$S 9:000.000 de mayores salarios, a U$S 9:000.000 de transferencias a AFE -y otros organismos deficitarios- servicio de la deuda de AFE y PLUNA, Plan Agropecuario, etcétera, y U$S 15.200:000.000 a pagos al Banco de la República.

De allí surge una proyección corregida para el año programa con un crecimiento del déficit originalmente previsto para el año civil. Esta proyección pasiva -es decir, si no se modificara para nada la recaudación tributaria- para el sector público no financiero estima un déficit de 3,9% para el Gobierno central y un superávit de 0,3% para las empresas. A su vez, para el sector público financiero prevé un 0,6% de déficit proveniente del Banco Central y un 0,1% del Banco Hipotecario del Uruguay. En consecuencia, el consolidado nos daría un 4,3% de proyección pasiva del déficit para el año programa que va desde el 1º de abril de 1995 al 31 de marzo de 1996, si es que no hay modificaciones en la recaudación tributaria.

Hace algunos instantes señalábamos que en un escenario de pérdida de competitividad con nuestros principales socios comerciales en la región -especialmente de cara a la República Argentina, que tiene deflación de precios- el Uruguay no está en condiciones de crecer. Afirmábamos que esto implica una contracción del gasto interno y una reducción más que proporcional en la recaudación fiscal, lo que lleva a un aumento en el déficit fiscal. Frente a ello, señor Presidente, se considera imprescindible acceder a un nivel de recaudación que le permita al país alcanzar los equilibrios macroeconómicos básicos, tanto a nivel interno como externo. Vale decir, en un nuevo contexto, permitir que el conjunto de las políticas -cambiaria, de crédito, fiscal y de ingresos- apunten en una misma dirección y preserven un orden que nos asegure retomar, lo antes posible, el camino del crecimiento al cual todos aspiramos.

En las actuales circunstancias, ello implica -en cuanto al equilibrio externo- abatir el déficit en cuenta corriente del balance de pagos y, en cuanto al equilibrio interno, conseguir que el gasto interno más el déficit comercial se equiparen con el Producto Bruto Interno en los menores niveles de inflación que sea posible obtener.

Frente a los hechos reseñados, la opción del Gobierno se inscribe totalmente en los términos del trabajo realizado por la Comisión Técnica en el Area Económica. En el documento que recogió estos acuerdos, suscritos por el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Nuevo Espacio, con algunas salvedades, y que se dio a conocer a la opinión pública se señalaba -cito este documento porque fue introducido por el señor Ministro de Economía y Finanzas en las sesiones de la Comisión- lo siguiente: «Cualquier esfuerzo para adoptar medidas de política económica debe considerar que la situación fiscal actual y proyectada ubica al país en una situación incompatible con una estabilización duradera, contexto que en el corto plazo acota las acciones de política para mejorar la competitividad. Esta situación requiere una saneamiento fiscal previo que, en lo inmediato, significará una apreciable reducción del gasto público y un esfuerzo sistemático para modernizar el Estado, reestructurar las dependencias y servicios, traspasando al sector privado en régimen de concesión determinadas obras de infraestructura y servicios públicos, ir adecuando la gestión y ‘status’ jurídico de las empresas estatales. Asimismo, se requerirán correctivos que eviten un deterioro en el nivel de los ingresos públicos. Las modificaciones tributarias en apoyo de la competitividad en forma coherente con los acuerdos comerciales del MERCOSUR y el GATT deben partir de esta restricción macroeconómica. Lo mencionado adquiere particular relevancia para el logro de un presupuesto y un resultado fiscal que permitan en el menor plazo posible la obtención de guarismos inflacionarios compatibles con los niveles internacionales y que todo gasto público adicional tenga su correspondiente financiamiento genuino. El logro de tales propósitos no debe suponer abandonar el manejo prudente que se viene realizando desde el endeudamiento público, sobre todo en lo relativo a la expansión del mismo, a través de la emisión directa de letras y bonos públicos y al análisis cuidadoso de las condiciones de acceso, del destino y la capacidad de repago de la deuda pública».

Luego se establece, señor Presidente: «En relación a la política cambiaria, se considera que la modificación del tipo de cambio nominal no resulta el instrumento más apropiado para mejorar la competitividad de los sectores económicos. Ella está fundamentalmente determinada por la evolución de la productividad asociada a cambios tecnológicos, por las mejoras en la gestión empresarial, por un alineamiento de los costos de producción a los niveles internacionales y por una política tributaria que no penalice el uso de los factores de producción y por el mantenimiento de las reglas de juego macroeconómicas».

En materia de competitividad -que es el otro tema de este proyecto- el mismo documento plantea tres propuestas: «primero, sustituir la carga tributaria y contributiva de las tarifas públicas por tributos en la fuente que puedan ser objeto de devolución en las exportaciones; segundo, reducir tanto como sea posible los aportes patronales a la Seguridad Social, como forma de disminuir los efectos inconvenientes de los gravámenes al factor trabajo en forma consistente, con medidas tributarias sustitutivas que puedan cubrir el costo fiscal resultante. Todo ello en forma concordante con las normas del GATT, graduable en el tiempo y acompasado con la evolución fiscal que se derive de estas modificaciones. Tercero, extender el sistema de devolución de impuestos a las exportaciones más allá del vencimiento previsto para el mes de junio del corriente».

Asimismo, señor Presidente -y a esto me voy a referir después- se dice lo siguiente: «Se realizará la reglamentación a los efectos de analizar el tratamiento de la devolución de impuestos a la exportación directa de servicios», sector este al que nuestra economía le ha asignado la responsabilidad de la creación de puestos de trabajo, que se ve particularmente afectado por la situación de nuestros vecinos, fundamentalmente la de Argentina.

Este documento plantea como orientación básica de la política por la que ha optado el Gobierno en el marco de estos acuerdos, la de procurar acceder a un mejor tipo de cambio real a través de medidas que mejoren los costos de las empresas sin comprometer la tasa de inflación, buscando -por medio de la instrumentación de esos mecanismos- evitar que se vea afectado el salario real.

Las proyecciones que realiza el Gobierno y que dan sustento a sus previsiones plantean, como decíamos, una inflación proyectada para el año civil del 35%; si se mantiene el contexto regional en los términos mencionados, una inflación algo menor para el año programa, en el entorno del 30%; el mantenimiento del actual ritmo devaluatorio y un leve aumento en el Indice Medio de Salarios, algo superior al 1%, en términos reales; y el mantenimiento de las tarifas públicas, en términos reales, en el mismo nivel de 1994. Ello implica, como se mencionó, el mantenimiento del Producto Bruto Interno constante en términos reales y un leve descenso de la demanda interna, en el orden del 1%.

Según lo expresado por el Ministro Mosca en la Comisión, en las variables que conforman el sector externo de la economía, el Gobierno prevé para el año 1995 una caída en el entorno de los U$S 70:000.000 en el saldo de cuenta corriente del balance de pagos, que sería en el año programa -de abril de 1995 a marzo de 1996- de unos U$S 110:000.000, según esa disminución en el déficit. Ello ocasionaría una disminución en el déficit de cuenta corriente del balance de pagos del 3% en 1994 a un 2% del Producto Bruto Interno a lo largo del año programa.

Como se mencionó, a partir de la nueva proyección del Producto Bruto Interno, del orden de los U$S 17.000:000.000 para el año programa, la proyección pasiva del déficit fiscal alcanzaría los U$S 735:000.000 o un 4,3% del Producto Bruto Interno.

En consecuencia y en este contexto, el Gobierno ha encarado un severo abatimiento del gasto público de alrededor de U$S 250:000.000 para el Gobierno Central y las Empresas Públicas en conjunto, lo que implica aproximadamente el 1,5% del Producto, programa que ya se ha iniciado.

Por otra parte, ha descartado buscar la totalidad del financiamiento fuera de los recursos genuinos que implica la imposición, por lo cual no acudirá fuertemente al mercado financiero en las actuales circunstancias, por considerarlo inconveniente -y aun imposible- habida cuenta del uso que se ha realizado de esta fuente durante 1994.

El Gobierno estima un déficit -que entiende manejable- del orden del 1,5% del Producto Bruto Interno, es decir, unos U$S 250:000.000, alineados con todas las variables del programa. Con el actual nivel de la base monetaria y una inflación estimada, para el año programa, del orden del 30%, el financiamiento parcial del déficit por la vía del endeudamiento llegaría a unos U$S 70:000.000 lo que, en los hechos, significa el mantenimiento de la deuda en dólares en términos constantes.

En el presente proyecto, en consecuencia, se plantean las principales propuestas referidas al reordenamiento financiero y a la recuperación de la competitividad. En cuanto a las primeras, el Proyecto contiene normas dirigidas a reducir los aportes patronales de la industria manufacturera a la Seguridad Social; a la eliminación -prácticamente- del IMABA en la prefinanciación de exportaciones y a la sustitución del IMESI por el IVA en las tarifas eléctricas, sin afectar las tarifas domiciliarias. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo ya ha anunciado el mantenimiento de la devolución de impuestos al sector, hoy prevista hasta el mes de junio.

En conjunto, señor Presidente, parte de este proyecto está constituido por una transferencia al sector de, aproximadamente, U$S 126:000.000, lo que determinará una reducción sensible en sus costos. Ello significará -se estima- una mejora de cerca del 10% en la competitividad de este sector. Esto representa un incremento desde el 68,5% en 1994 al 75,8% en 1995. Se entiende por mejora en la competitividad, en este caso, la comparación de precios en dólares entre el Uruguay y el conjunto de países con los cuales comercia.

Asimismo, el proyecto incluye un conjunto de normas orientadas a mejorar la recaudación, a reducir la evasión y el déficit fiscal, disminuyendo egresos y aumentando ingresos. Simplemente a título enunciativo, quiero señalar que en dicho Proyecto los artículos 5º, 8º, 9º, 12, 14, 22, 23 y 24 están destinados a mejorar la recaudación. Mientras tanto, los artículos 2º y 6º, entre otros, amplían la base tributaria. Por su parte, se incluyen normas con la finalidad de reducir la evasión, tales como el artículo 3º referido al IMESI; y normas de equidad en el tratamiento tributario, como ocurre con los artículos 6º, 10, 11, 17, 18, 19 y 22 que dicen relación con el IVA.

Las normas dirigidas a la mejora del perfil financiero, incorporando pagos a cuenta en el IVA, IRIC, IMESI e Impuesto al Patrimonio, están comprendidas en los artículos 1º, 16 y 21. Además figuran normas destinadas a estimular la disminución de egresos como ocurre, fundamentalmente, con los artículos 30 a 35, relativos a la limitación del ingreso a la función pública, la racionalización administrativa y a un nuevo sistema para la utilización del transporte y los vehículos oficiales. También se prevén normas para mejorar la competitividad a la que hacíamos referencia, así como disposiciones vinculadas específicamente a los segmentos de menores ingresos -artículos 26, 27 y 28- que refieren a la modificación del régimen de Asignaciones Familiares. Cabe agregar que en el artículo 29 se tiene en cuenta la disminución de las erogaciones estatales y la temporalidad de las medidas previstas en este proyecto. Evidentemente, tendremos oportunidad de referirnos a estas disposiciones cuando entremos a la discusión particular.

Finalmente, quiero hacer dos comentarios.

Al comienzo de mi intervención, hacía referencia a las cosas que este proyecto no es. Estoy seguro de que en esa enunciación muchos de los señores Senadores aquí presentes habremos encontrado algunos puntos a los cuales queremos dedicar nuestro tiempo. Cuando señalamos que este proyecto no aborda reformas estructurales -a las que se han comprometido todos los sectores políticos- estamos diciendo, al mismo tiempo, que su rápida sanción y un buen funcionamiento de las normas contenidas en él serán las mejores garantías de que el país estará, efectivamente, en condiciones de abordarlas.

Por otra parte, deseo dejar expresa constancia de la preocupación del Poder Ejecutivo -reforzada, de alguna manera, por la Cámara de Representantes- al pretender incluir en el proyecto normas de tipo compensatorio para todos aquellos tributos que significaran gravar las retribuciones personales. Ello se tradujo, en algunos casos, por la vía de fijar franjas que aseguraran impactos más leves en los sectores de menores ingresos y, en otros, por la de establecer mecanismos de tipo compensatorio, como el de las Asignaciones Familiares a que hacíamos referencia. Además, deseo señalar que la inclusión de mecanismos de compensación y de diferenciación indica que el Poder Ejecutivo actuó en forma equilibrada, del mismo modo que lo hizo la Cámara de Representantes. Entre tanto, resulta muy claro que los sectores de menores ingresos hacia los cuales se dirigen esas medidas con gravámenes menores o que, en definitiva, no cambian la tributación actual, corresponden al de los trabajadores y a la clase media a los cuales, en la actualidad, el Estado apoya a través de un sistema de Asignaciones Familiares, que nos gustaría revisar. Sin embargo, en los hechos, significa una transferencia neta del conjunto de la sociedad hacia sectores que se encuentran por encima de la línea de pobreza y que, normalmente, no tienen problemas de necesidades básicas insatisfechas.

No creo que haya sido por distracción que el Poder Ejecutivo adoptó estas medidas, porque es claro que las políticas dirigidas a favorecer por esta vía a los sectores por debajo de la habitualmente llamada línea de pobreza, a los sectores con necesidades básicas insatisfechas, a los que se encuentran al margen de la economía formal o con cierto nivel de exclusión frente a ellas, no están contenidas en este proyecto. Me atrevo a decir que, en definitiva, los más beneficiados por el éxito de las medidas contenidas en él serán también aquellos que fueron seleccionados para ser compensados por las normas previstas, así como los sectores que no están mencionados pero que, en caso de no funcionar dichas disposiciones, resultarán los más damnificados por una inflación creciente.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: como es sabido, la Bancada de Senadores del Frente Amplio no va a acompañar este proyecto de ley en su concepción general. Los argumentos que hemos tenido en cuenta para tomar esta decisión se encuentran contenidos en el informe en minoría que hemos firmado con el señor Senador Artola, con quien hemos presentado al Frente Amplio en la Comisión de Hacienda del Senado que analizó este proyecto de ley.

Deseo señalar que ya habíamos adelantado sintéticamente, en el seno de la Comisión, la naturaleza de los argumentos que hemos tomado en cuanta para, a su vez, determinar nuestra postura negativa respecto al proyecto de ley.

Hoy nos interesaría, también en forma breve y sintética, reiterar esos argumentos, sobre todo a la luz de las sesiones de la Comisión de Hacienda del Senado que, luego del pasaje del proyecto por la Cámara de Representantes, le agregó otros elementos de juicio enriqueciendo la discusión y al mismo tiempo posibilitando un estudio más riguroso de las razones que el país deberá tomar en cuenta para adoptar una postura sobre el conjunto de medidas que se instrumenten.

Quisiera -tal como se hace en el informe- partir del reconocimiento de que el país deberá adoptar medidas de emergencia y que esta discusión sobre las mismas es algo que el Uruguay necesita. Este reconocimiento se apoya tanto en causas de naturaleza interna -que son de dos categorías- como externas. Y en primer lugar tenemos las que se refieren a la difícil situación de la producción uruguaya.

En esta discusión nos estamos refiriendo reiteradamente a la problemática regional, cosa que me parece muy bien ya que en la región se ha planteado una situación muy difícil que, sin embargo, no es nueva para la producción uruguaya, porque desde hace mucho tiempo estamos enfrentando dificultades notorias que se verifican -más allá de las cifras estadísticas que miden su comportamiento- en lo que todos vemos día a día: gran cantidad de plantas industriales cerradas y otras convertidas en casas importadoras, así como productores agropecuarios -especialmente pequeños y medianos- que han desaparecido por miles en los últimos años. Si todo ello se exacerba por una situación regional difícil, tenemos que reconocer que la producción uruguaya necesita atención y que es una de las causas que motivan la adopción de medidas de emergencia.

La otra categoría a la que anteriormente hice alusión tiene que ver con algo que todos los uruguayos aceptamos sin dificultades, o sea, con el hecho de que, especialmente durante 1994, hubo un crecimiento excesivo del gasto público que está vinculado a aquellos destinos y motivos que deberíamos tratar de erradicar o, por lo menos, atenuar en forma sustancial, es decir, los gastos vinculados al proceso electoral y, en general, lo que se suele llamar el «clientelismo político-partidario». Esto desequilibró, en forma significativa, las cuentas públicas, transformándose hoy en uno de los motivos importantes que llevan a este nuevo ajuste que el Uruguay se encuentra discutiendo en estos momentos con consecuencias que habrán de ser muy importantes para nuestra sociedad.

También hay causas externas que sobrevinieron en los últimos meses, particularmente desde los primeros días del año en curso, con un notorio epicentro en la crisis mejicana que diseminó sus efectos sobre la región, con hondas repercusiones, sobre todo en la República Argentina, sin que podamos excluir de ese fenómeno al Brasil.

Creo que el señor Senador Fernández Faingold hizo una descripción muy correcta y compartible de las repercusiones que esta crisis está teniendo en la República Argentina. Por lo tanto, no voy a reiterar los elementos de juicio que él sometió a consideración del Senado, entre otras cosas, porque los comparto y, además, porque no sería bueno desperdiciar tiempo repitiendo cosas que ya han sido expuestas con mucha solvencia.

Lo que quiero poner de manifiesto es que la capacidad de compra de Argentina, en términos de productos y servicios uruguayos, decaerá notoriamente -ya lo está haciendo- en el transcurso de los próximos meses. Siendo dicho país, como es notorio, uno de nuestros principales clientes sería una irresponsabilidad mayúscula el ignorar estos efectos.

En consecuencia, por estas causas internas y externas, consideramos que el Uruguay tiene que adoptar urgentes medidas de política económica, aunque debo agregar que las mismas -como ocurre siempre en la conducción de un país- no se pueden desvincular de otras que no tienen ese carácter, las que tampoco, en muchos casos, son competencia del Parlamento y que, además, no son materia del proyecto que hoy tenemos en consideración. Sin embargo, debe entenderse -y espero que así lo haga el Cuerpo- que cuando se adoptan medidas de este tipo es imprescindible hacer referencia a ellas, porque los resultados que se esperan no son producto exclusivo de las referidas medidas de política económica, sino de todas las acciones que el país ponga en práctica, ya sea hoy en el Parlamento, mañana en el ámbito de la Administración y pasado, quizás, otra vez en el Parlamento. En todo caso, dichas medidas se refieren a acciones de diferente origen en cuanto a su competencia y también poseen distintas referencias en cuanto a sus materias; de todos modos, componen una conducción.

Sin ánimo de desviar el debate, a mi juicio debe entenderse y aceptarse que, al menos, es necesario hacer referencia a esos aspectos, porque una cosa es el efecto que producirán medidas de este tipo -consideradas independientemente de otras- sobre la sociedad uruguaya y otra muy distinta son las medidas que se adopten hoy en el campo de la política económica integradas a otras que también pesarán sobre la misma sociedad y que harán posible que dicha política económica tenga, o no, éxito. En caso de tenerlo, habrá diferentes grados de repercusión sobre la sociedad; si fracasan, también habrá distintos niveles, en cuanto a las consecuencias negativas que originen.

Adelanto este comentario, señor Presidente, porque durante mi exposición tendré que hacer referencia a algunas materias que hoy no están en discusión, pero que deben formar parte de este debate. Digo esto, no para discutirlas hoy, sino para que, en primer lugar, se comprenda cuál es nuestra posición y, segundo, para que el país pueda ir enterándose de los carriles por donde va a transitar este debate, formándose así su propia opinión.

Expresábamos al principio, señor Presidente, que en términos generales no compartimos este proyecto de ley. Cuando se desarrolle la discusión particular se verá que muchas de las medidas habrán de ser votadas afirmativamente por el Frente Amplio, otras merecerán de nuestra parte propuestas de modificación -tal como lo hemos hecho en la Cámara de Representantes y en la Comisión de Hacienda del Senado- y que también presentaremos algunas que no figuran en esta iniciativa. De todas maneras, eso lo veremos después.

En cuanto a nuestra opinión general sobre el proyecto, decimos que es negativa por las siguientes razones. Creemos que aquí hay tres elementos en juego: en primer lugar, el destino o la suerte de la producción nacional; en segundo término, la situación fiscal y sus relaciones con la inflación y, por último, la distribución social de las cargas de este nuevo ajuste que se realiza en el Uruguay.

Recogiendo la experiencia del pasado, que no es poca en materia de ajustes -lamentablemente este es el cuarto ajuste que sufre el país en 20 años y el tercero en 10 años- y, sobre todo, proyectándonos hacia el futuro, es que nosotros creemos que una vez más hay aquí una excesiva preocupación por el tema fiscal y el de la inflación en detrimento de los otros dos elementos en juego que, repito, aluden a la producción y a la distribución social de las cargas y sacrificios que conlleva la adopción de este tipo de medidas.

Quiero enfatizar que este juicio no se apoya en una visión estática del momento que estamos viviendo, como si tomáramos una fotografía, porque al igual que éstas, las visiones rígidamente estáticas suelen olvidar lo que pasó antes y no permiten ver lo que viene en adelante, esto es, lo que se puede proyectar hacia el futuro. Preferimos -en cambio- una visión más dinámica, que nos permita recoger la experiencia del pasado y, al mismo tiempo, bucear en alternativas para el futuro que le posibiliten al país, entre otras cosas, no vivir de ajuste en ajuste.

Es notorio que la situación que vive actualmente Argentina y sus repercusiones sobre el Uruguay constituyen un elemento nuevo, pero nuevo en cuanto al episodio que padece ese país y no en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad que el nuestro sigue manteniendo al practicar una visión económica como la que sigue latiendo en el conjunto de las medidas que hoy se proponen. Insisto: esto no es nuevo en nuestro país; está vigente desde hace años y es una de nuestras preocupaciones. Nos parece que si el Uruguay sigue transitando por este camino en el futuro se seguirán reiterando estas circunstancias, quizás no como consecuencia de la situación de Argentina, sino porque mañana aparecerán otros elementos, externos o internos, que volverán a ponernos al borde de un ajuste. Me permito decir que si lo seguimos haciendo con esta visión y con esta orientación, no haremos otra cosa que asegurar para el futuro un camino similar al que hemos venido recorriendo en el pasado. Considero que la senda de los últimos años le da al país suficiente experiencia en esta materia, tanto sobre lo bueno como sobre lo malo.

Entiendo que en los últimos años en el Uruguay se han reiterado lo que, a nuestro juicio, son errores, pero también considero -y quiero dejarlo planteado- que el país ha tenido logros y ha descubierto nuevas áreas como, por ejemplo, la que tiene que ver con toda la experiencia de integración. Esta ha sido una de las decisiones más cruciales y fundamentales que se tomaron en el país durante el transcurso de los últimos años. Quiere decir, entonces, que cuando mencionamos la experiencia del pasado no es que veamos todo en términos negativos, sino que hay aspectos positivos que resaltar.

Entendemos que no están equilibradas -como, a nuestro juicio, deberían estarlo- esas tres grandes preocupaciones a que hice referencia hace unos minutos y que por esta razón el Uruguay vuelve a realizar un ajuste que no nos da garantías de romper esa especie de círculo vicioso que lo ha llevado a encontrarse, periódica y recurrentemente, de cara con una situación de este tipo.

Señor Presidente: cuando decimos que el conjunto de medidas propuestas no ofrece garantías, estamos aludiendo -en particular- a que no proporciona garantías de un adecuado enfrentamiento de lo que hoy llamábamos las causas internas de esta situación y tampoco configuran una buena estrategia de acuerdo a las externas. Me gustaría comenzar el análisis por estas últimas, beneficiándome -reitero- de lo expuesto por el señor miembro informante en mayoría acerca de la situación de Argentina y Brasil.

El señor Senador Fernández Faingold, en una suerte de diagnóstico breve, nos relataba lo que está ocurriendo -y es grave- en Argentina y en Brasil. De sus palabras derivan con claridad -esto deseamos enfatizarlo en forma especial- estrategias diferentes que los dos países mencionados han adoptado para encarar la actual situación. Por su parte, Brasil ha resuelto flexibilizar su política cambiaria, lo que no significa directamente iniciar un camino devaluacionista sino, reitero, flexibilizarla en términos estrictos -recuerdo, en particular, que el señor Senador Fernández Faingold aludía al ensanchamiento de la banda de flotación de la moneda nacional respecto al dólar; y ¡eso es lo que quiere decir «flexibilizar» la política cambiaria!- y, al mismo tiempo, encarecer por diversas vías las importaciones que realiza, tanto desde afuera, como desde la propia región, elevando algunos aranceles -sobre todo, los que afectan a los productos competitivos con la producción nacional- y resolviendo plantear una renegociación de los que ya están aceptados en el marco de la Unión Aduanera del MERCOSUR.

Simultáneamente, la Argentina pone en práctica medidas de ajuste muy severas sobre la demanda interna y, en particular, sobre un componente esencial de ésta, como es el consumo interno, lo que ha tenido derivaciones absolutamente directas y hondas sobre la producción nacional. Estamos enterados de las cifras que está alcanzando el desempleo y de la profunda recesión productiva que se inicia y se desarrolla en Argentina.

Nosotros quisiéramos decir que en estas circunstancias y a partir del hecho nuevo que está viviendo nuestro país en los últimos años, como es el de estar compartiendo una experiencia de integración económica con ambos países, el Uruguay tiene que evaluar estas dos estrategias y optar por una.

Dicho de otra manera, el Uruguay de hoy, a diferencia del país de los ajustes anteriores, no puede adoptar una estrategia interna en materia económica que prescinda de lo que están haciendo los demás países que también integran esta experiencia del MERCOSUR. Por supuesto, no digo que el Gobierno haya desconocido este aspecto, sino todo lo contrario. El señor Ministro de Economía y Finanzas así lo expuso en la Comisión de Hacienda y lo acaba de reiterar el señor Miembro Informante.

Lo que sí afirmo es que las propuestas que el Gobierno nos ha hecho a través de este proyecto de ley se asemejan mucho más al ajuste argentino que al brasileño, y allí radica la diferencia. A nuestro juicio, en las actuales circunstancias -pero sobre todo sabiendo que no sólo está en juego la situación fiscal y la inflación, sino también la producción y la distribución social de las cargas y los sacrificios de este ajuste- el Uruguay debería acercarse mucho más a la estrategia brasileña que a la argentina. Esto debería ser así, entre otras cosas, porque si un cliente como la Argentina se debilita irremediable e inexorablemente tenemos que apoyarnos en el otro, que ya ha decidido seguir un camino diferente. Desde este punto de vista, nos preguntamos por qué no seguir ese camino, cuando debido a razones históricas -por un lado- y a otras muy recientes -por otro- al hacerlo el Uruguay podría obtener mucho mejor resultado de las medidas de emergencia que hoy necesariamente debe tomar. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con el tipo de medidas que nosotros hubiéramos adoptado de haber tenido la responsabilidad de hacerlo. Asimismo, está muy vinculado con la clase de propuestas que hemos hecho, tanto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes como en la del Senado.

Entonces, desde el punto de vista externo, no nos parece la mejor estrategia procesar un ajuste con estas características que, al igual que el argentino, va a comprimir la demanda interna en el Uruguay y, en particular, el consumo interno, y que a través de ese efecto primario seguramente va a influir en forma significativa en una producción que se vuelca -en una medida nada despreciable- en este pequeño mercado interno, que después de estas medidas, se va a comprimir aun más de lo limitado que es.

En resumen: en cuanto al escenario regional en que se toman estas medidas, tenemos esta primera discrepancia que hemos planteado en la Comisión y que hoy hemos querido comunicar al Senado.

Ahora nos vamos a referir al proyecto en su conjunto, basándonos en lo que hemos dado en llamar las causas internas y, sobre todo, los posibles efectos de estas medidas.

Antes que nada y para que no se interprete que nosotros ignoramos lo que ocurrió en el Parlamento con el proyecto, quiero adelantar que en su pasaje por la Cámara de Representantes sufrió modificaciones que a nuestro juicio lo mejoran, ya que se limaron algunas de las asperezas más notorias de la versión original. Lamentablemente, esas mejoras no han sido suficientes como para que cambie nuestra posición. Y digo «lamentablemente», porque en estos casos en que se toman medidas importantes, sería igualmente trascendente que el Gobierno contara con el apoyo masivo de todos los sectores político-partidarios.

Podemos comenzar con el tema del gasto público y decir que, aunque reconocemos que es muy difícil lograrlo en un proyecto de ley, estas medidas no aseguran ni garantizan la reducción de aquello que el país necesita comprimir en forma urgente y que es, precisamente, en donde hubo excesos en mayor medida, sobre todo durante el año 1994. En este aspecto, queremos hacer otro reconocimiento, ya que en su pasaje por la Cámara de Representantes se anexaron al proyecto seis artículos que consideramos muy importantes y que adelantamos vamos a votar favorablemente. Me refiero a los artículos que aluden al gasto público, sobre todo a ese gran componente que es la contratación de personal. No desconocemos que eso ha mejorado este proyecto de ley y que lanza una señal muy positiva hacia el futuro; sin embargo, no estamos dando pasos -aunque resulte difícil, reitero, por la propia naturaleza de la labor parlamentaria- que garanticen absolutamente que el país va a disminuir los gastos públicos de la naturaleza que acabo de mencionar, que en muchos casos creemos que debería eliminar.

SEÑOR CID. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Muchas gracias, señor Presidente.

Por otro lado, quería referirme a los estímulos que estimamos necesarios para la producción nacional, que en el marco de este proyecto de ley no resultan suficientes.

Voy a agregar al análisis de este tema algo que sabemos que no es propiamente materia de este proyecto de ley, pero que para nosotros resulta absolutamente inseparable de su contenido. Cuando hacemos este juicio no nos estamos refiriendo estricta y exclusivamente al contenido del proyecto de ley, sino a aquello que esta norma no contiene. Para dar una explicación, diré que para nosotros hay algunos temas que resultan de vital importancia para la producción uruguaya, como son el crediticio, el tributario y, naturalmente, el que tiene que ver con la capacitación, sobre todo en lo vinculado con los recursos de la producción interna, donde el país se plantea el tema de la competitividad como algo crucial

¿Por qué planteamos ahora estos problemas? Debo aclarar que no pretendíamos ni pretendemos que el proyecto de ley ofrezca soluciones acabadas en estos campos, por dos razones. Por un lado, porque algunas de estas materias no son de competencia parlamentaria sino del Poder Ejecutivo, y estamos seguros que debe ser así. La inmensa mayoría de la administración de las herramientas de la política económica son y deben ser competencia del Poder Ejecutivo, y eso lo vamos a defender siempre. Hay una segunda razón por la que no pueden estar y es que nadie puede pretender que, a un mes y medio de asumir el nuevo Gobierno, se estén incluyendo en un proyecto de ley de emergencia reformas estructurales muy profundas como las que requieren los sistemas tributario y educativo, la capacitación de los recursos de la producción y, en particular, los recursos humanos.

Debo decir, señor Presidente, que hablamos de estas cosas en la Comisión de Hacienda del Senado. Sobre todo, hablamos cuando había que hacerlo, esto es, en el momento en que estaba presente el señor Ministro de Economía y Finanzas y su equipo de asesores. La verdad es que sus respuestas no nos convencieron de que además de este proyecto y de su contenido, haya en el futuro una actitud que podamos compartir. Dios quiera que nos equivoquemos. Quien habla tomó debida nota de una de las primeras frases pronunciadas por el señor miembro informante en la tarde de hoy, alegrándose de que haya sido incluida en su informe. Palabras más, palabras menos, dijo que este proyecto no es el último que se discutirá en materia económica y, además, que habrán otras medidas que vendrán en el futuro. Ojalá esas medidas se acerquen a lo que, según nuestro entender, el país está reclamando.

Volviendo a los puntos señalados, queremos manifestar que las respuestas que obtuvimos a preguntas muy concretas que planteamos en torno a estos tres temas, no nos resultaron satisfactorias. Por eso decimos que no hay estímulo suficiente a la producción nacional; en la frase «no hay estímulo suficiente» está presente esa visión de futuro de que hablaba antes. A su vez, entendemos que si lo que en este proyecto de ley se incluye no va a ser complementado con otras medidas que se adopten en el futuro, la producción nacional no saldrá fortalecida.

Hoy vinculábamos el tema de la competitividad con el costo de los factores de la producción. Allí debemos tener en cuenta -en una definición muy grosera y superficial- los salarios, las rentas de la tierra, los intereses del dinero y beneficios de las empresas. A su vez, tenemos también servicios públicos por los que se pagan tarifas o impuestos. Pero es sobre el conjunto de esos factores que hay que operar y, señor Presidente, vemos que no sólo en el proyecto de ley sino en la actitud que hasta ahora pudimos observar en el Gobierno, no hay intención demostrable ni perceptible de transformar profundamente la situación que hoy vive la producción respecto al crédito. Este último es una herramienta o una palanca fundamental de cualquier proceso de reactivación productiva. Sobre todo constituye una palanca fundamental en un Uruguay que viene con una producción castigada desde hace mucho tiempo, a la que no se le puede pedir que apele exclusivamente al capital propio para poder reactivarse y desarrollarse.

Por otro lado, todos sabemos que el crédito es uno de los factores menos competitivos en los costos de la producción nacional, por su extraordinario encarecimiento. Sé que se suele hacer la distinción entre crédito en moneda nacional y en moneda extranjera, pero soy consciente también de que el crédito en moneda extranjera es accesible en términos relativamente más baratos que el otro tipo de crédito. Sin embargo, obsérvese que, en general, la producción nacional tiene razones -que vienen desde el pasado- para estar reacia a endeudarse en moneda extranjera. Esta producción sufrió una fractura muy importante cuando otra vez le afirmaron que no iba a haber ruptura de las reglas de juego. La ruptura vino y todavía, en muchos casos, las heridas están abiertas. Además, en la plaza hay una notoria retracción al endeudamiento en moneda extranjera, precisamente, por estas razones.

A su vez, existe un segundo elemento a tener en cuenta: para el acceso al crédito en moneda extranjera, por más que su costo esté más alineado en términos internacionales que el crédito en moneda nacional, juegan otros factores limitativos. Me refiero a la disponibilidad de garantías reales que, desde el principio, deja marginado del acceso a esta herramienta de apoyo a la reactivación productiva a todos aquellos que, por tener una experiencia económico productiva de pequeña o mediana amplitud, no disponen de garantías reales como para poder acceder normalmente a ese crédito en moneda extranjera. Dicho sea de paso, este crédito se verá encarecido ahora por algunas medidas incluidas en este proyecto de ley como, por ejemplo, la aplicación de impuestos a los intereses de los préstamos que otorgan las cooperativas de ahorro y crédito que son, precisamente, las que atienden a pequeños y medianos productores. Entonces, los créditos en moneda extranjera podrán ser más baratos, pero las limitaciones de garantías reales y de exigencias que el sistema de crédito institucional requiere, son exactamente las mismas que en moneda nacional. Ningún país puede discutir en serio la competitividad de su producción si tiene tasas de interés en moneda nacional que están cincuenta puntos por encima de la inflación. No se puede discutir en serio porque, si un país desea ser competitivo -estoy seguro de que todos los que estamos aquí queremos que Uruguay sea más competitivo en materia productiva- no puede tolerar un costo del crédito de ese tipo.

La llave maestra para salir de esa situación es la política de encajes del Banco de la República. Nuestra mayor institución financiera nacional que representa el 60%, por lo menos, del mercado de crédito, tiene una política de encajes que lo obliga a mantener inmovilizada una masa enorme de recursos, inmovilización que se transforma en costos operativos muy altos. Estos últimos, si no deseamos fundir al Banco de la República- y aquí nadie lo quiere fundir- se transforman en tasas de interés muy altas y traen como consecuencia una situación difícil de explicar. Aquí se necesita crédito. No lo hay, y el Banco de la República coloca en el exterior centenares de millones de dólares porque no tiene destino alternativo para los mismos.

Cuando la producción está en una situación difícil, resulta igualmente difícil entender cómo una institución financiera que nació para apoyarla, constituye reservas en el exterior. Entonces, aquí hay un tema que es fundamental para entender por qué no creemos que por esta vía salga fortalecida la producción nacional. Asimismo, resulta importante comprender que todas las respuestas obtenidas y los juicios formulados, aun sin plantear pregunta alguna, por parte del equipo económico, nos hacen pensar que el sistema tributario uruguayo no será encarándolo a través de una reforma que se transformará en lo que para nosotros sería un sentido positivo.

El tema tributario estuvo presente a lo largo de todo el debate. Por supuesto, el proyecto contiene signos en esta materia, porque incrementar el Impuesto al Valor Agregado es una señal de tránsito en cuanto a concepción del sistema tributario hacia el futuro.

Sin embargo, nosotros podríamos suponer que esa es una medida de emergencia como las que tomó el país en ajustes anteriores, como cuando aumentó el Impuesto al Valor Agregado del 20% al 21%, luego del 21% al 22% y ahora del 22% al 23%. Esto siempre pasa en el Uruguay cuando se lleva a cabo un ajuste; éstos tienen siempre la misma orientación. El país va de ajuste en ajuste por esta vía. Podríamos pensar que se trata sólo de una medida de emergencia y que, en el futuro, vendrán otras propuestas, pero sinceramente -y ojalá nos equivoquemos- creo que los elementos de juicio que pudimos recoger en la Comisión no apuntan en el sentido de una transformación diferente del sistema tributario, sino en la continuación de este camino.

Naturalmente, respetamos todas las opiniones -por supuesto que sí- pero no compartimos las que ven al sistema tributario exclusivamente como un mecanismo de recaudación fiscal. Para nosotros la herramienta tributaria también es finalista y tiene que desarrollar efectos sobre la producción. Pensamos que los impuestos más ineptos para cumplir tareas finalistas como las que acabamos de plantear son, precisamente, los del tipo del Impuesto al Valor Agregado. Además, a nuestro juicio, éstos son simultáneamente los impuestos más injustos que quepa concebir en una sociedad, porque gravan con la misma intensidad al que tiene poco y al que tiene mucho. En este caso, no sirve el argumento de decir que el que posee mucho gasta más y, por lo tanto, paga más por Impuesto al Valor Agregado. Aquí no estamos hablando de cargas absolutas, sino relativas, que son las que importan en la vida. Nos referimos a qué porcentaje de los ingresos de un pobre se va por la vía del pago del Impuesto al Valor Agregado y qué porcentaje de los ingresos de un rico se va por la misma vía. No es un impuesto justo, señor Presidente, pero sin duda, de fácil recaudación. Por eso en este tipo de ajustes se suele apelar rápidamente a esos tributos.

Conversando con el señor Ministro de Economía y Finanzas y su equipo de asesores, nos quedó la sensación de que no hay -por lo menos hasta ahora- intención de cambiar este estado de cosas, sino que se concebirá a la reforma tributaria como una racionalización de lo que ya está, sin cambiar sus bases fundamentales. A nuestro juicio, ellas deberían cambiar en un sentido muy concreto sin eliminar los impuestos indirectos, lo que sería algo demencial.

En el Uruguay, y en cualquier otro país del mundo, es necesario un adecuado equilibrio entre el fin fiscal y el fin productivo de todo sistema tributario. Cualquier país avanzado del mundo tiene impuestos directos -y esto se puede comprobar en cualquier anuario estadístico de los que publican los organismos internacionales- que pesan entre un 30% y un 35% en la recaudación tributaria y no hay excepciones. En nuestro país ellos no alcanzan a un 11% o 12% del total. La producción siente esta pesada carga que, además, es inepta para estimular el desarrollo productivo, distinguir situaciones y seleccionar prioridades, al mismo tiempo que es profundamente injusta por los motivos ya expuestos.

Finalmente, señor Presidente, si hablamos de competitividad, es notorio que el país ya debería estarse ocupando, no de la reforma estructural en el campo de la educación que todos los uruguayos queremos -pero sabemos que no puede figurar en este proyecto de ley y que nos va a llevar tiempo elaborarla porque es uno de los cambios más profundos que necesita el Uruguay- pero sí al menos de tomar un conjunto de medidas urgentes que promuevan un enriquecimiento de nuestros recursos humanos en cuanto al conocimiento de nuevos procedimientos productivos y de trabajo, empezando por los ciento treinta mil uruguayos que hoy no tienen ocupación alguna -es decir que están en una situación de desempleo irreversible, sin la más mínima posibilidad de trabajar- gran parte de los cuales son jóvenes. Me refiero al desempleo de uruguayos y uruguayas que no han llegado todavía a los 25 años de edad. La tasa media de desempleo abierto para ellos triplica el promedio nacional -que es un 10%- alcanzando un valor no inferior al 30%; a esto debo agregar que para las mujeres de cualquier edad se reproduce la misma situación.

Pienso que es necesaria la capacitación de estos recursos antes de hacer la reforma educativa integral, dinamizando institutos que el país ya posee -que podrían ser impulsados- e imprimiéndoles una actividad mucho más intensa, más fuerte, para que los efectos sobre la competitividad lleguen, sobre todo y prioritariamente, a los ciento treinta mil uruguayos. Sin embargo, tampoco nos fue posible comprobar este elemento de juicio. Al respecto formulamos preguntas en las sesiones de la Comisión de Hacienda del Senado.

Quería dejar para el final de estas consideraciones algo que es evidente para todos. Hay una distribución injusta de las cargas de este ajuste y el corazón de ella radica en dos medidas. La primera de ellas es el incremento al Impuesto al Valor Agregado -sobre todo en dos puntos en su tasa mínima- que es el que se paga cuando se consumen bienes, no de primera sino de primerísima necesidad, como por ejemplo el pan. La segunda medida es la relativa a los cambios efectuados en el Impuesto a las Retribuciones Personales, parcialmente contrarrestado por las modificaciones del régimen de Asignaciones Familiares pero que, en todo caso, afectan a una proporción importante de esta población.

Señor Presidente: es evidente que la gente de más dinero en el Uruguay -para decirlo con palabras sencillas- está contribuyendo muy poco para salir de esta situación con este proyecto de ley. Digamos las cosas en términos bien claros y simples. Por otra parte, las personas con mayores dificultades para vivir están aportando gran proporción de los recursos que se requieren para estas necesidades colectivas. Esa es la verdad y basta leer el proyecto de ley para comprobarlo.

Estas son las razones que nos llevan a no acompañar en general el proyecto de ley y el conjunto de ellas nos hace ver -sin descuidar la capacidad de reconocer matices diferenciales, que nunca se debe perder- que estamos reiterando una experiencia que ya tuvimos y cuyos resultados conocemos. Eso es lo que más debe pesar en nuestro ánimo. Me refería a no dejar de reconocer matices diferenciales porque es evidente que de los cuatro ajustes, éste es el proyecto que más estímulo a la producción contiene y no tenemos ningún reparo en reconocerlo. Los otros no tenían ni siquiera esto y, en algunos casos, contenían medidas inversas. Por ejemplo, aquí se están rebajando los aportes patronales, mientras que en el ajuste de 1990 se aumentaron. Naturalmente que esa es una diferencia.

Cuando digo que se reiteran algunas propuestas sobre las que ya tuvimos experiencia -y no buena- me estoy refiriendo a la visión general sobre la que se apoya el proyecto que, como dijimos al principio, a nuestro juicio, es demasiado estática, demasiado fotográfica de la realidad, como olvidando la experiencia ya transcurrida y, sobre todo, subestimando lo que pueda acontecer en el futuro, por supuesto que sin quererlo. Estas son solamente opiniones.

En realidad, señor Presidente, en economía -ya tuvimos oportunidad de decir algo al respecto- las cosas no son como en la química, en la física, en las matemáticas o en la aritmética; la economía es una actividad que se realiza en sociedad y es estudiada por una ciencia social. Quien pretende prever o calcular por anticipado con una maquinita qué va a suceder a partir de la toma de alguna medida, corre el enorme riesgo de equivocarse. No podemos pensar que las cifras, en su dureza y en su frialdad, funcionan igual que en la mente de quienes la crean. La economía es construida por los hombres y mujeres de una sociedad; ellos son los actores sociales, que además de su condición humana, y particularmente como parte de ella, tienen expectativas, esperanzas, desilusiones, psicología, etcétera. Algunos con mucho poder hacen jugar estos sentimientos en beneficio propio, porque tienen ese don para hacerlo. En cambio, otros, que en la vida sólo tienen sus manos para trabajar, por lo general se ven obligados a responder a los caminos que les son abiertos o cerrados. Pero nada de esto puede ser fruto de un análisis exacto, como si estuviéramos en un laboratorio de química o física, aislando nuestro experimento de la influencia externa.

Reitero que la economía es otra cosa; es una actividad social y eminentemente colectiva. Debemos reconocer, en primer lugar, que nadie puede tener la verdad revelada al respecto; y, en segundo término, que lo que más cuenta en estos casos es la experiencia.

El Uruguay tiene experiencia en esta clase de procesos, tiene evidencia que podría estar haciendo jugar en este momento. Por eso nosotros creemos en una visión más dinámica que nos permita empezar a cortar este círculo vicioso en que nos encontramos desde hace tantos años y de ese modo asegurarnos -me refiero a todos los uruguayos, no solamente a los parlamentarios- a que dentro de cinco años o menos no estemos proponiendo otro ajuste; una visión que nos permita confiar en que nuestra producción, por más que hoy esté recibiendo la influencia inevitablemente negativa de la Argentina, pueda tener otras vías de escape en la región y fuera de ella. Cuando digo en la región me estoy refiriendo al Brasil, por lo que expliqué anteriormente, y cuando menciono lo de afuera de ella aludo a aquellos buenos aspectos que se le abren al país en el caso de que apoyemos su producción nacional. Para citar solamente un ejemplo del sector agropecuario, señor Presidente, debo decir -y lo haré en forma muy breve porque veo que se me está terminando el tiempo- que por el esfuerzo hecho durante mucho tiempo por los uruguayos, nuestro país erradicó la fiebre aftosa, por ahora con vacunación, pero todos esperamos y deseamos que muy pronto sea sin ella. Esto nos permitirá acceder con productos de alta calidad a mercados que nos estuvieron vedados durante algún tiempo. Menciono solamente este ejemplo para que no nos resignemos y digamos que como la Argentina está atravesando esta situación, a nosotros nos va a ocurrir lo mismo.

Traje a colación este hecho, señor Presidente, para que pongamos más audacia e imaginación al servicio -sé que la palabra que voy a pronunciar tiene connotaciones negativas en sí misma- de un ajuste diferente, alternativo, inspirado en otro tipo de visión sobre la economía y sobre la sociedad uruguaya. Entonces, ¿por qué no apostar con más fuerza a esa producción sabiendo que aquí nadie esta subestimando -personalmente no lo estoy haciendo, y me interesa destacarlo con la mayor elocuencia posible- la situación de las cuentas públicas y su influencia sobre la inflación? Creo que a esta altura nadie puede negar ese hecho. Seguramente, sí tendremos matices, por aquello que dije que la economía no es un laboratorio de análisis químico o físico; y por tener dichos matices nosotros graduaríamos más la importancia que adjudicamos a este tema con relación a los demás. ¿Por qué no tenemos claro que, a la larga, la única salida sólida de situaciones de esta naturaleza es la productiva, que es aquella a la que, en nuestra opinión, no estamos apostando suficientemente con este proyecto?

Por estas razones, señor Presidente, no vamos a votar en general este proyecto de ley, sin perjuicio de que acompañaremos varias de sus medidas específicas, algo así como el 40% en términos de artículos. Quiero aclarar que nos gustaría proponer algunas modificaciones, como, por ejemplo, a las franjas que se han tomado en cuenta para el Impuesto a las Retribuciones Personales, tanto de activos como de pasivos -que por lo dicho anteriormente, nos parecen muy injustas- dando una señal de que el país, más temprano que tarde, debe tener un impuesto a la renta de las personas físicas, para terminar de una vez por todas de ser el curioso caso de un país que sólo cobra impuestos a la renta a sus asalariados y a sus pasivos, mientras no se le ocurre cobrárselo a los demás.

(Suena el timbre indicador del tiempo)

-Quisiera que el Uruguay dejara de integrar esa categoría, en la que no sé si habrá otros países en el mundo; en realidad no sé si existen otros países que cobran impuestos a la renta a quienes viven de un salario o de una pasividad. Por ello es que también quisiéramos que el Uruguay apelara a obtener recursos fiscales de las importaciones de bienes de consumo, tanto de fuera de la región como renegociando los aranceles de dichas importaciones, aprovechando la experiencia iniciada por Brasil en el seno del MERCOSUR. Si el país norteño lo está haciendo con tanta fuerza, el nuestro podría seguir la misma actitud, lo que constituiría un elemento de juicio adicional acerca de la conveniencia de incorporarnos a esa estrategia brasileña del presente.

Por otra parte, pienso que el Uruguay también debería prepararse para convencerse de que tiene que transformar profundamente la conducta crediticia del Banco de la República y el sistema tributario en su conjunto, pero no por razones administrativas, sino de composición. Además, obviamente, tendrá que trabajar para mejorar urgente y estructuralmente la capacitación de sus recursos, especialmente los humanos.

Es cuanto quiero manifestar, al tiempo de agradecer la tolerancia del señor Presidente por los minutos en que me excedí.

SEÑOR PRESIDENTE. - No tiene nada que agradecer, señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Hemos escuchado con mucha atención la exposición del señor Senador Astori con respecto a su opinión sobre el proyecto de ley de ajuste fiscal propuesto por el Gobierno del doctor Sanguinetti y, en ese sentido, deseamos hacer dos o tres puntualizaciones que, de ninguna manera podemos dejar de lado.

Tanto en su informe verbal como escrito, el señor Senador Astori y el Frente Amplio señalaron -y leo textualmente- lo siguiente: «En lo que refiere al crecimiento del gasto público durante 1994, nuestra opinión es que ese incremento ha estado directamente vinculado al proceso electoral y al clientelismo político-partidario, lo que es decir que ha sido dedicado a fines que el Uruguay debería desterrar de una vez y para siempre». Reiteró estas expresiones en su exposición y nosotros no aceptamos tal afirmación; es más, la rechazamos como tal.

El déficit correspondiente a 1994 fue de 2,9% del Producto Bruto Interno; en 1989 representó un 7,7%; en 1984 ascendió al 10,13%; y en 1971 se situó en el 5,66%. Al respecto, también se establece que todo esto ha sido en función del clientelismo político-partidario. Nos preguntamos cómo se puede hacer semejante acusación al gobierno. Creemos que este es el déficit más bajo que en años electorales ha registrado la historia del Uruguay.

Pero, además, señor Presidente, en el semanario «Búsqueda» del día de hoy aparece una afirmación que el señor Senador Astori -que rechazamos aún más por su gravedad y por eso nos gustaría que nos aclare qué quiso decir- realizara en el programa «Plaza Independencia» de Radio Nacional. Concretamente expresó: «El ajuste fiscal obliga a pagar a gente modesta no sólo el carnaval electoral de 1994 sino seguramente también delitos contra el país, y esto es gravísimo, gravísimo». Seguramente esto no debe ser tan grave cuando en definitiva, en la tarde de hoy, el señor Senador Astori no ha hablado sobre cuáles son los delitos que se han cometido «contra el país». Repito que hemos escuchado con mucha atención su exposición para observar si se repetía la afirmación tan tajante que a raíz de un reportaje radial se publica hoy en el semanario «Búsqueda» y que refiere a que se habrían cometido «delitos contra el país». Supongo que se estará refiriendo a aquellas maniobras sobre la venta de carteras al Banco Central que tanto le costó al país y que, indudablemente, lo podríamos enmarcar como un delito de esa naturaleza, así como las consecuencias que tuvieron esas actitudes. De todos modos, queríamos saber; es más, queremos saber -todo el mundo lo desea- a qué se refiere el señor Senador Astori cuando habla de esta forma.

Sobre el denominado «carnaval electoral» -sobre este tema no ha sido el señor Senador Astori el único que ha hablado, porque al respecto tenemos muchas cosas para decir y muchas más para afirmar- coincido en el debate que se suscitó dentro de la Comisión de Hacienda, en el sentido de que quizás no sea éste el momento indicado, ni el Senado el ámbito ideal, para realizar un análisis profundo de cuáles son las causas de ese déficit que, repito, es el más bajo de la historia del Uruguay en un año electoral.

 

Por lo tanto, señor Presidente, dejamos planteadas ahora estas interrogantes para debatirlas en este momento y aclarar a qué se alude cuando se habla de clientelismo político-partidario; qué datos son los que respaldan esta clase de afirmación, y cuando se habla de «carnaval electoral»; qué responsabilidad se le da al Gobierno, que no tenga el Parlamento, en cuanto al incremento del gasto público durante 1994.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - En realidad, también se trata de contestar una pregunta que me formulara el señor Senador Heber.

Comienzo por coincidir en que el año 1994 debe haber sido el año electoral con menor déficit, aunque ello no debe ser un consuelo porque lo que nos debe preocupar -por lo menos, en ese sentido fue que lo expresé- es que dicho déficit supone un crecimiento del gasto absolutamente desmedido respecto al de los años 1993, 1992 y 1991, donde a nivel de las cuentas públicas -sobre todo en 1992 y 1993- se habían logrado resultados bastantes superiores a éste. El tema es el crecimiento que se produce en 1994, no respecto a otros años electorales, sino a otros años de ese mismo Gobierno. Precisamente, a ese tema es que me referí y me vuelvo a referir ahora.

Sobre lo que afirmo con respecto al «carnaval electoral», me remito, señor Presidente, a un tema que fue documentado ahora: el ingreso de funcionarios. En algunos casos, este ingreso llegó a neutralizar, y en algunas situaciones, a superar una cifra que el país gastó para estimular a funcionarios públicos a que abandonaran su función. Quiero decir que el país pagó para reducir el número de sus funcionarios públicos, pero nos encontramos con que por la vía de ingresos y contratos de arrendamiento de obra, que también fueron discutidos en instancias presupuestales, éste termina en algunos casos gastando mucho más que aquello que pretendió ahorrar. Además, estoy seguro, que esto ha estado vinculado al clientelismo político-partidario -tema que podemos discutir con detalle- incluso en esta Casa de la que todos formamos parte.

Asimismo, deseo referirme también al planteo que hiciera en su momento el Subsecretario de Economía y Finanzas, Economista Licandro, quien señaló que había un crecimiento importante del gasto por razones electorales que involucraban a dos precandidatos del Partido Nacional. En este caso, cito a la fuente y este es el Economista Licandro, entonces Subsecretario de Economía y Finanzas.

Con respecto a la corrupción, señor Presidente, creo que todos los uruguayos tenemos que disponernos a debatir sobre este tema con mucha sinceridad, mucho coraje y con mucha valentía, porque no nos puede pasar lo que les ha sucedido a otros países; no queremos -y cuando digo nosotros, me refiero a los uruguayos en su conjunto- que esto nos suceda a nosotros. Es algo que tenemos que discutir. Precisamente, en este Parlamento se comenzó a debatir y ya hay dos Comisiones Investigadoras formadas, como, por ejemplo, sobre la venta del Banco Pan de Azúcar, sobre las actuaciones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Al efecto, podemos mencionar también la instalada en ocasión de considerarse lo relativo al Banco de Seguros.

En consecuencia, señor Presidente, cuando alguien se pregunta si hay relación entre este tema y el gasto público, decimos que por supuesto que la hay; cómo no la va a haber cuando se cometen actos o se realizan negocios en contra del interés nacional y el gasto público. Sin duda, hay una obvia relación, y esto lo tenemos que discutir porque si no la gente modesta termina pagando los negocios que se realizan en contra del interés nacional. Esta es otra de las características de esta clase de ajustes que venimos realizando cada tanto en el país.

Por otro lado, también agrego que actualmente gran parte de las Intendencias Municipales del interior del país están investigando -por suerte lo están haciendo- están separando funcionarios indebidamente incorporados en muchos casos y están abriendo instancias de investigación sobre lo que ocurrió en los últimos tiempos. Por lo tanto, el otro tema tiene que ver con todo esto y también con el gasto público.

A través de esa reflexión que fue comentada por el señor Senador Heber, lo que pretendo es hacer una humilde contribución para que todos asumamos que este debate es necesario, aunque no en el día de hoy -por supuesto- pero sí lo antes posible, en todos los ámbitos en que sea preciso. Además, debemos tener mucha valentía y coraje para decirnos, entre todos, que esto no nos puede pasar.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de dar la palabra al señor Senador Heber para contestar una alusión, la Presidencia desea llamar la atención a los señores Senadores en el sentido de que hay seis oradores inscriptos para hacer uso de la palabra sobre el fondo del tema. Indudablemente que estos debates incidentales se van a producir en el curso de la discusión en forma frecuente, por lo que se solicita moderación en las intervenciones.

Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: gran parte de lo que debemos decir con respecto al carnaval electoral de 1994 será expresado cuando hagamos uso de la palabra, demostrando dónde lo hubo y quién fue responsable de él.

Sobre lo que afirmó el señor Senador Astori acerca de los funcionarios públicos se hacen aseveraciones que no se demuestran. Tengo aquí en mi poder el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de 24 de enero de 1995, quizás el último que pudo haber elaborado dicha Oficina antes de que asumiera el nuevo Gobierno. En él está detallado, señor Presidente, el número de funcionarios que ingresaron durante los últimos cinco años en la Administración Pública, incluyendo los Gobiernos Departamentales, entre ellos la propia Intendencia Municipal de Montevideo, de la que se señala ha reducido su plantel originario de 11.607 funcionarios en 274. Lo que no dicen es que nombraron 2.800. Hay que analizar Intendencia por Intendencia, responsabilidad por responsabilidad. Y es con este informe en nuestro poder que tenemos que hablar, señor Presidente, para hacerlo con conocimiento de causa. No aceptamos la afirmación de que hubo ingresos masivos, como algún otro señor Senador ha señalado en distintos medios de prensa. Se llegó a afirmar que en el último año, desde agosto hasta la fecha, han ingresado más de diez mil funcionarios en la Administración Pública. Ese es un verdadero disparate y una falsedad que desafío se demuestre en este ámbito o en el que se desee. ¿Dónde están los diez mil funcionarios que ingresaron en la Administración desde agosto a febrero? No es cierto y lo podemos afirmar. En realidad, aquí ha habido reducción de funcionarios, y es verdad que existieron desviaciones. Varios Intendentes Municipales nacionalistas y no nacionalistas utilizaron huecos que había en la ley de funcionarios públicos para poder realizar ingresos en forma indirecta. Eso es cierto; analicémoslo con sinceridad. Y el peor de todos ellos -el peor de todos- fue Rodolfo Nin Novoa, Intendente de Cerro Largo y candidato a la Vicepresidencia de la República por el Encuentro Progresista, quien ingresó a la Administración Nacional más de doscientos funcionarios. Hablemos, sí señor Presidente, con sinceridad y transparencias de todo esto.

Sobre el tema de la corrupción, por supuesto que sí, investigar hasta el final y «hasta el hueso». El Partido Nacional votó la creación de todas las Comisiones Investigadoras solicitadas y va a seguir haciéndolo porque cree en la transparencia. Y no es un correligionario blanco aquel que, en definitiva, haya tenido desvíos en la conducta moral al frente de la Administración. Y seremos nosotros los más duros en juzgarlo. Eso habla a favor de un Partido que cuando fue Gobierno o cuando no lo es, vota siempre la formación de todas las Comisiones Investigadoras y no las rechaza, como sucedió en la Junta Departamental al hacerse denuncias de carácter ético y moral.

Así que conviene, señor Presidente, decir las cosas claras. Estamos aquí no para defender a nadie en particular que se haya desviado. Si hay delitos contra el país, habrá que sentarlos en la silla de los acusados e indicarlos claramente con el dedo, sin dejar en la ambigüedad frases sueltas que nada quieren decir y que a todos señalan. Hay que mencionarlos con nombre y apellido. Además de las que refirió el señor Senador Astori, el Partido Nacional también votó, en la Cámara de Representantes, la Comisión Investigadora sobre irregularidades en los Casinos del Estado, así como la del Banco Pan de Azúcar, la relacionada con la administración de la Comisión Técnica de Salto Grande y la vinculada con el tema de los autos fraguados en su introducción al país. Ha votado todas ellas y así seguirá procediendo, haciendo honor a sus tradiciones.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Simplemente deseo hacer una breve acotación, porque comparto el criterio de la Presidencia en el sentido de no continuar por este camino. Cuando discutamos este tema con profundidad y seriedad, voy a proponer que se debata también cómo fue elaborado ese informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Lo estudiaremos en su contenido y metodología.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo aclarar, señor Presidente, que con respecto a delitos contra el país -que, honestamente, entendemos se cometieron- hemos realizado la denuncia pertinente ante un Juzgado en lo Penal, -porque no conseguimos que el Senado aprobara una resolución de pasaje de antecedentes a la Justicia- sin omitir nombres ni apellidos ni hechos ni organismos públicos. Esa denuncia penal se encuentra en estado presumarial y se ha dado vista al Fiscal, al respecto, estamos a la espera de los resultados.

También quiero expresar que en la Junta Departamental de Montevideo se nombró la Comisión Investigadora a la que recién se hizo referencia, y ello fue a pedido del Intendente Municipal de aquel entonces, doctor Tabaré Vázquez. Se nombró, se investigó y, además, se pasaron los antecedentes a la Justicia que, como es notorio, se pronunció hace muy poco.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Simplemente quiero señalar que, en su momento, procederemos a informar al Senado acerca de una respuesta que hemos recibido de parte de UTE en relación a los gastos realizados en 1994 por ese organismo durante la Presidencia del doctor Alberto Volonté.

SEÑOR ARTOLA. - Pido la palabra para ocuparme del tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARTOLA. - Señor Presidente: como integrante de la Comisión de Hacienda del Senado y confirmante del informe en minoría del señor Senador Astori, va de suyo que apruebo «in tótum» su exposición, que refleja correctamente la crítica y la contrapropuesta que hace el Encuentro Progresista.

Creo que hasta ahora el clima político era o tendía a ser de entendimiento entre todos los grupos políticos, a pesar de las legítimas discrepancias. Personalmente, me alistaba en el discurso moderado y en el diálogo productivo, evitando toda violencia y confrontación sistemática. Sin embargo, creo que este proyecto deteriora las relaciones de diálogo, no sólo con el Encuentro Progresista, sino también con los sectores sindicales y los jubilados, y no hace otra cosa que dejar mal parados a aquellos con los que nos esforzamos en dialogar, recurriendo a la capacidad e inteligencia del eventual contendor.

Este mazazo contra los sectores de bajos ingresos y la canasta familiar muestra muy claramente cuál es la mentalidad de esta coalición.

No se engañen blancos ni colorados porque cada vez que sea necesario pedir un sacrificio a la población, se lo hará a los mismos sectores populares, porque esto es parte de su ideología conservadora -y hasta diría capitalista- porque están acostumbrados a mandar a los de abajo y, en lo posible, explotarlos.

El clima que parecía ser un avance político, volverá a ser duro. Pero no vamos a bajar los brazos; nuestra lucha es y será siempre, como dijo Artigas, por que los más infelices sean los más privilegiados.

Es cuanto quería señalar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: adelanto que frente a la iniciativa que estamos considerando adoptaré, exactamente, la misma posición que en oportunidad de votarse en este Cuerpo, en el año 1990, el proyecto de ajuste fiscal remitido por el Poder Ejecutivo que entonces presidía el doctor Luis Alberto Lacalle. A lo largo de mi exposición, podría repetir lo mismo que aquella noche, y resultaría de actualidad. Y para comprobar la veracidad de lo que estoy manifestando, empezaré mi exposición con las palabras que también comencé en esa ocasión.

En primer término, dije: «Votaremos este proyecto de ley en general, porque todos estamos de acuerdo con que el ajuste es necesario. En la discusión particular, dejaremos constancia sobre las propuestas alternativas presentadas, aceptadas o no, y lo haremos también como forma de justificar nuestra actuación en este episodio parlamentario. Esto, a pesar de que no estamos de acuerdo en general con las fuentes impositivas a que ha recurrido el Poder Ejecutivo». Lo que dijimos el 26 de marzo de 1990, en momentos de considerarse esa iniciativa, hoy lo repetimos en esta sesión que está celebrado el Senado. ¿Por qué? Porque entendemos que los cambios de titularidad del Poder Ejecutivo y la rotación de los partidos en el poder, de ninguna manera puede alterar las obligaciones que los Legisladores tenemos.

El proyecto aprobado ese año no fue en favor del doctor Lacalle, ni del Partido Nacional; la iniciativa que hoy vamos a votar no es en favor del Partido Colorado, ni del doctor Sanguinetti. Es, según ha demostrado el señor Ministro de Economía y Finanzas, un informe que los más duros opositores han considerado veraz, certero y ajustado a la realidad. Hasta ahora nadie ha dicho que no sea así.

Insisto, pues, en que, por las mismas razones y consideraciones expuestas en 1990, hoy vamos a votar afirmativamente el proyecto en general. En la discusión particular, como lo hicimos entonces, dejaremos constancia de nuestras salvedades y, en algún caso, propondremos fórmulas alternativas.

Queda, entonces, aclarada nuestra posición, que en los últimos días ha dado motivo a que la prensa se ocupara -creo yo excesivamente- de la actitud de este modesto Legislador, que no tiene nada de extraño ni de subversivo, aunque ésta no sea la palabra adecuada. Se trata, simplemente, de la práctica normal de las obligaciones legislativas que tenemos al considerar un proyecto. Hasta se ha llegado a decir que de la actitud que asumamos dependerá la continuidad o no en el cargo de la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social.

Nada más disparatado y más inexacto, señor Presidente. Debo decir -porque lealtad obliga- que ni el señor Presidente de la República, ni siquiera el Ministro de Economía y Finanzas, con quien hemos conversado, ni los Legisladores del Partido Colorado, nos han hecho ninguna advertencia al respecto. Si así hubiera sido, ya tendrían en sus manos la renuncia de la señora Ministra porque, a lo largo de nuestra vida parlamentaria -en la que seguramente hemos cometido muchos errores- lo que nunca hemos es vender nuestro voto por cargos.

De manera que, en este sentido, para siempre y para todos, debe quedar bien claro que la señora Ministra continuará ejerciendo su cargo mientras el señor Presidente de la República no le pida la renuncia mientras el grupo a que pertenece considere conveniente su permanencia, o cuando el Parlamento, si así lo resuelve, la interpele y la censure. Nadie más tiene injerencia en este asunto.

Como decía, al igual que en 1990, presentaremos algunas sugerencias. En aquel momento tuvimos más tiempo para hacerlas, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con nuestras discrepancias con el proyecto, que es en las fuentes impositivas a que se recurre. Así formulamos un conjunto de propuestas que comprendía la eliminación del Impuesto a las Retribuciones Personales para ser sustituido por otras fórmulas impositivas, entre ellas, algunos tributos que podrían tener no demasiada significación, como el restablecimiento del Impuesto a las haciendas, u otras más importantes o como la sugerencia hoy señalada por el señor Senador Astori, que también nosotros planteamos en aquel momento, en cuanto a que en el Uruguay es necesario implementar la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

Decíamos que en esta oportunidad no hemos tenido el tiempo necesario -por la forma acelerada con que se procesó el proyecto- de haber propuesto las modificaciones, con la intensidad que entonces lo hicimos. Algunas de nuestras sugerencias fueron aceptadas en aquella ocasión: por ejemplo las tasas del Impuesto a las Retribuciones Personales fueron alteradas en beneficio de los menos pudientes, recargándolas en aquellos que recibían remuneraciones más altas.

Hoy, si bien debo reconocer que el señor Ministro visitó el Directorio de nuestro Partido, formuló una exposición, y también conversó con la Bancada de Legisladores nacionalistas para hacer la misma exposición, quedamos librados exclusivamente a la memoria -porque en ese momento lo único que el Economista Mosca tenía eran ideas generales que aún no habían sido trasladadas a un documento que permitiera un análisis exhaustivo- para proponer las sustituciones que entendíamos convenientes, en aras de mejorar el proyecto, como es obligación de todo Legislador cuando va a considerarlo.

¿Por qué tanta extrañeza cuando dijimos que queríamos hacer algunas observaciones o modificaciones? ¿Quién se ha ocupado de mandar a la prensa versiones como las que acabo de mencionar con respecto a la permanencia o no de la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social? ¿Acaso soy el único Legislador que ha hecho objeciones dentro de los que integran el Gobierno de coalición? No; un distinguido Legislador, gran amigo mío y un reconocido técnico, el doctor Luis Eduardo, ha formulado en la Comisión de Hacienda la aseveración de que hay una serie de artículos que violan la Constitución de la República. Pienso que esas sí son observaciones graves y, sin embargo, nadie se escandalizó. En cambio, hay quienes se han escandalizado porque nosotros pretendimos hacer frente a este proyecto lo mismo que ante uno del Gobierno blanco. En la verdad o en el error, tratamos de exponer la solución que considerábamos más acertada, como es nuestro deber.

En la Comisión, algunos Legisladores del Gobierno han dicho que ciertos defectos de este proyecto se van a corregir con nuevas iniciativas que se enviarán próximamente. Entonces, uno se pregunta por qué no nos tomamos dos o tres días más la Cámara de Representantes, mediante la obtención de un consenso previo, modifique los defectos existentes. De todos modos, al parecer se ha acordado aprobarlo como está y existen las mayorías necesarias para hacerlo. No vamos a entorpecer el trámite del proyecto y esperaremos los complementarios que vendrán a corregir las deficiencias de éste.

Debo decir que somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como miembros de un Partido que integra una coalición de Gobierno. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido jamás que una coalición de Gobierno consiste en votar lo que una de las partes sugiere, aconseja u ordena. En los Gobiernos de coalición las responsabilidades son de todos y, por lo tanto, las iniciativas han de contar con el acuerdo de sus integrantes o, por lo menos, con la discusión suficiente para lograr dicho acuerdo.

En la Comisión de la Cámara de Representantes no pudimos hacer nuestras observaciones porque allí no contábamos con ningún representante lográndose las mayorías con otros sectores del Partido Nacional. Nuestro sector no tuvo oportunidad de hacerlo hasta hace cuarenta y ocho horas, cuando asistimos a la Comisión de Hacienda, a pesar de no ser miembros de ella.

Algún medio de prensa ha difundido que nosotros no firmamos el informe. ¿Pero qué informe íbamos a firmar si no integrábamos la Comisión? Asistimos a la Comisión, tal como lo autoriza el Reglamento, con voz y sin voto. Allí, haciendo uso de esa facultad y debido a la generosidad de los miembros de la Comisión -hay distintas posiciones acerca de si quienes no tienen voto pueden presentar propuestas- pudimos realizar observaciones y presentar fórmulas sustitutivas. Las sugerencias fueron rechazadas, pero ese es el juego normal, pues en las votaciones unas veces se gana y otras se pierde. En esta oportunidad estábamos prácticamente convencidos de que íbamos a perder, porque las mayorías ya estaban formadas para llevar adelante el proyecto sin ninguna modificación.

He dicho que vamos a proceder hoy de la misma forma que lo hicimos en el ajuste fiscal que envió el Gobierno presidido por el doctor Lacalle. Por lo tanto, repetimos lo que dijimos en marzo de 1990 en la Cámara de Senadores: «Votaremos este proyecto en general, porque todos estamos de acuerdo con que el ajuste es necesario. En la discusión particular, dejaremos constancia sobre las propuestas alternativas presentadas».

En aquel momento expresé: «Considero que no podemos olvidar, al tomar esta decisión, la promesa que el equipo económico de Gobierno ha hecho formalmente y que consiste en que de aprobarse este ajuste ello derivaría en situaciones de beneficio para el país», previendo o previniendo la posibilidad de no caer en la hiperinflación en que se debatía la República Argentina. Hoy, con otro tipo de referencias, se vinculan las posibles dificultades que va a tener nuestro país debido a otras situaciones imperantes en la Argentina, lo cual no es de extrañar, por cuanto es conocida la correlación de los factores, fundamentalmente económicos, que alcanza en los dos países.

En aquella oportunidad agregamos: «Respetamos la solvencia y la jerarquía intelectual y moral de este equipo técnico que ha venido a decir, que si se vota este ajuste, se compromete a bajar notoriamente el déficit fiscal hasta ubicarlo en un 2,5% del Producto Bruto Interno».

Actualmente, también decimos que respetamos la solvencia técnica y moral de los integrantes del equipo económico de este Gobierno, cuando nos señalaron las necesidades que hoy tiene el Gobierno de la República para bajar el déficit fiscal, pues su propósito es llevarlo al 1,5% del Producto Bruto Interno y bajar la inflación hasta un 30%. No tenemos por qué dudar que ese será el propósito del Gobierno y, naturalmente, que no le vamos a poner obstáculos a tan loables propósitos, que ojalá lleguen a concretarse.

Ya dijimos que no somos técnicos y que no queremos adoptar una posición cómoda, de simple oposición. Asimismo, no tenemos por qué no creer en las afirmaciones que los técnicos del anterior Gobierno y de este, en forma más o menos parecida, han planteado frente a problemas similares a los que vive la República. En todo caso, les trasladamos la responsabilidad a los mismos, pero reiterando lo que dijimos hace cinco años.

En 1990, sobre la necesidad del ajuste, dijimos: «En virtud de la situación, sobre la que nadie tiene dudas» -al respecto, creo que hoy tampoco nadie las tiene- y continuábamos: «hemos oído hablar a partidarios y a contrarios del Gobierno, a partidarios de este ajuste y a contrarios a él, acerca de que un ajuste resulta absolutamente necesario, dada la grave situación en que se encuentran las finanzas públicas».

De manera que estas mismas razones y estas mismas palabras, pronunciadas hace cinco años, tienen plena vigencia frente al proyecto que hoy estamos considerando.

Se ha hablado aquí, y también antes, acerca de que estábamos obligados, según lo interpretan algunos, a votar prácticamente lo que viniera del Poder Ejecutivo, porque así se había acordado en las sesiones celebradas por representantes de todos los partidos políticos en momentos en que el actual Presidente tenía su sede en el Victoria Plaza Hotel. He revisado nuevamente las conclusiones que son de carácter general, y al respecto debo decir que las compartimos, respetamos y procuraremos que se cumplan con el esfuerzo de quienes integran el Gobierno. Sin embargo, de ninguna manera ello nos obliga a aceptar la forma en que se han instrumentado los mecanismos utilizados en este proyecto para superar el déficit fiscal y bajar la inflación. En ningún momento en esas reuniones se debatió acerca de modificar el Impuesto a las Retribuciones Personales, ni de aumentarle el tributo a los pequeños productores rurales, así como tampoco del aumento del IVA. A esto es a lo que me refiero aunque, por supuesto, compartimos las generalidades de aquel informe acordado.

Naturalmente que lo cumpliremos, pero la instrumentación deberá ser establecida por todos los integrantes de la coalición y no sólo por aquellos -de ambos partidos- que, en las últimas elecciones, obtuvieron más votos y más representantes en el Parlamento, ya que absolutamente todos hemos comprometido nuestra responsabilidad en un Gobierno de coalición.

Ya hemos señalado que nuestras observaciones están referidas a las fuentes de financiación a que se ha recurrido, cosa que también hizo el Partido Colorado en 1990, cuando propuso la modificación de las fuentes impositivas. Inclusive, por sugerencia de este Partido, se eliminó un impuesto muy importante que consistía en una contribución extraordinaria equivalente a la Contribución Inmobiliaria. Nosotros, a su vez, mediante una propuesta, conseguimos modificar las tasas de la tabla del Impuesto a las Retribuciones Personales, así como algunas otras mejoras que se introdujeron al proyecto.

En 1990, frente a aquel ajuste fiscal, manifesté: «Tengo que señalar, con la responsabilidad con que acostumbro a hablar, que discrepo con algunas de las fuentes impositivas buscadas y encontradas por el Gobierno» -entonces, Gobierno Nacionalista, agrego- «porque, tal como lo hemos señalado mucho antes de las elecciones, durante la campaña electoral, y lo reiteramos hoy desde esta banca, creemos que no se puede seguir aumentando los impuestos al consumo que ya abarcan un porcentaje enorme de la carga tributaria que soporta el pueblo uruguayo. En ese sentido, pensamos que el aumento del IVA no debió producirse de no encontrarnos ante una verdadera situación de necesidad que obligue a tener con urgencia los recursos para lograrlo».

El actual proyecto de ley también recurre al IVA, como es conocido, aumentando la tasa básica en un punto y la mínima en dos puntos, llevándola del 12% al 14%. No sería sincero si no manifestara que todo el Partido Nacional se opuso, en otras circunstancias, al aumento del IVA, posición que a nadie le pareció escandalosa ni se le enjuició. Entonces, en 1990, señalé: «No puedo ocultar, porque no sería honesto, que en el año 1987, en el momento de la revaluación de pasividades, cuando otras fuerzas políticas que integran este Cuerpo, votaron un aumento del IVA para su financiación, los integrantes del Partido Nacional no lo apoyamos. No lo hicimos por mantenernos consecuentes con la política de no incrementar los impuestos al consumo. De manera que mal puede sorprender que hoy digamos que si se ha recurrido a él se ha hecho con verdadero disgusto, y que las cifras reales manejadas en principio fueron abatidas, precisamente, por esta convicción que tuvimos y hoy mantenemos los demás integrantes del Partido Nacional. En un primer momento» -me estoy refiriendo al año 1990- «se entendió que para la necesidad del Erario y para las necesidades que significaban el enjugamiento de estas dos obligaciones, era menester un aumento de hasta cinco puntos en el IVA. La solución a la que se llegó finalmente fue el aumento de un punto, lo cual, fue el mínimo que pudo hacerse y significará una recaudación inmediata realizada, naturalmente, a nuestro disgusto pero respondiendo a un verdadero estado de necesidad».

Según las manifestaciones del equipo económico de Gobierno y las realizadas en este ámbito, se ha reconocido que estamos, nuevamente, frente a un estado de necesidad pública. Entonces, tenemos que señalar que estamos dispuestos, una vez más, a hacer el sacrificio, en contra de convicciones arraigadas, de acceder a votar un aumento de un punto en la tasa básica del IVA, pero que no estamos dispuestos a aumentar los dos puntos en la tasa mínima, ya que esto significa castigar dos veces a los sectores populares más carenciados de la población, porque se gravan, precisamente, los artículos de primera necesidad.

En lo referente al Impuesto a las Retribuciones Personales no nos pareció un buen arbitrio en el año 1990 y lo mismo opinamos hoy. En aquel entonces, y sobre dicha política impositiva, manifesté: «En el Programa Unico de Gobierno de nuestro Partido, se establece en el Capítulo VIII, lo siguiente: ‘Las rentas deberán ser la base de la tributación que otorgue a todo el sistema el componente de finalismo que permita una justa aplicación de la presión fiscal’. Es asumiendo este concepto que el Movimiento de Rocha en su propuesta entiende que ‘una más equitativa distribución del ajuste fiscal se lograría mediante la incorporación al mismo de las rentas derivadas del capital financiero, dada la estructura actual del sistema que no reconoce la imposición a las rentas personales. Solamente contribuyen al esfuerzo del ajuste, las rentas derivadas del trabajo y de la combinación de capital y trabajo, empresas agropecuarias, industriales y comerciales, no registrándose aportación de las rentas provenientes exclusivamente del capital dividendos, arrendamientos urbanos e intereses de colocación’».

Sobre este último punto hemos insistido varias veces, con la oposición de gobernantes de ambos partidos tradicionales; se ha dicho que ello alejaría a los inversores del Uruguay. A este respecto, no voy a manifestar mi pensamiento, sino que recordaré el de un distinguido técnico, hoy Ministro de este Gobierno, quien lo señaló hace poco en una conferencia. Se trata del Contador Slinger que se expresó partidario de la aplicación de este Impuesto, y frente al argumento de que los capitales inversores se irían, señaló: ¿a dónde se van a ir que no les apliquen este Impuesto que rige en casi todos los países del mundo?

Señor Presidente: si estas consideraciones hicimos en el año 1990, ¿por qué no hacerlas ahora frente a un proyecto de similares características y a los recursos más o menos parecidos a que se acude para enjugar el déficit y zanjar la situación difícil por la que se atraviesa? En las conversaciones que algunos de nuestros técnicos tuvieron con el señor Ministro, se sugirió el Impuesto a las Rentas Personales a que he hecho referencia con igual resultado negativo. Es cierto que en el año 1990, al igual que ahora, se emplea el mismo argumento: lleva tiempo cobrar este Impuesto y las urgencias del Erario Público son reales. A esto debemos señalar que si este Impuesto se aplica en casi todo el mundo con buenos resultados y estamos dispuestos a establecerlo aquí, algún día hay que comenzar. Naturalmente, habrá que votar soluciones de emergencia, como lo es también el proyecto que hoy estamos considerando. Así tiene que ser, porque no pueden gravarse permanentemente ciertas fuentes impositivas como la del Impuesto a las Retribuciones Personales.

Además, el Gobierno -aunque no se exprese en el texto del proyecto de ley -se ha comprometido a que al elaborar las normas presupuestales, como corresponde, se fijará la política definitiva de esta legislatura en materia económica y financiera. Naturalmente que esa es la oportunidad; tenemos entonces la esperanza de que la aplicación de estos impuestos sea por un plazo lo más breve posible.

También hicimos nuevas propuestas, ya que no es cuestión solamente de decir que no nos parecían justas las fuentes impositivas a que se recurría.

(Suena el timbre indicador del tiempo)

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Santoro.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Frente a este problema del Impuesto a las Retribuciones Personales, asumiendo el compromiso del Gobierno, que tiene una aplicación temporal, antes de ayer, en el seno de la Comisión, propusimos una escala diferente que beneficiaba a quienes perciben los sueldos más bajos, recargando a los más altos. Realmente la carga se volvía pesada para estos últimos, hecho que nos parece de justicia. En ese sentido, podemos decir que hemos hecho una contribución de consecuencias favorables: nos encontramos con que en el Estado, fundamentalmente, hay contratos de obra, es decir, servicios personales que contrata el Estado integrado generalmente por técnicos o semitécnicos que cobran entre U$S 2.000 y U$S 5.000 por concepto de sueldos y no estarían gravados. Ante esto, dijimos que era injusto, por discriminatorio, el aporte del modesto funcionario que gana aproximadamente $ 3.000 en cualquier dependencia, mientras que otro -por ir algunas horas o aun todo el día a la oficina- perciba miles de dólares, sin aportar el Impuesto a las Retribuciones Personales. Conseguimos una solución satisfactoria por el valioso apoyo que prestó a esta sugerencia el señor Senador Jorge Batlle. En un primer momento el Ministro vaciló y dijo que eso ya estaba gravado, pero luego se demostró que no era así y en horas de la tarde se aclaró el problema de ese Impuesto, de acuerdo con la letra del texto. Además según disposiciones anteriores ya estaría vigente, pero se ha establecido el mal hábito de que no se cobre, pero, afortunadamente, ahora se va a establecer la buena costumbre. Lástima que la mala costumbre de olvidarse se haya dirigido a estos sectores de grandes remuneraciones y no a los que perciben pequeños sueldos.

Como dijimos que no queríamos desfinanciar este proyecto se propuso al señor Ministro de Economía y Finanzas, en las conversaciones que tuvimos a último momento, la posibilidad de aplicar una tasa estadística a las importaciones a precios CIF del 3%. Ante esto, se nos dijo que eso ya existe pero no se cobra. Sabemos que existe, señor Presidente, porque cerca nuestro se encuentra quien trajo al Senado esa sugerencia; me refiero al señor Senador Posadas Montero en momentos que fue interpelado, como Ministro, por el llamado atraso cambiario. Pensamos que deberíamos aplicarlo obteniendo allí una fuente de financiación importante.

Es sabido que no tenemos fuerza política para que las soluciones que podamos aportar se aprueben; no podemos imponerlas. De todas formas el estado de necesidad existe y nadie lo discute, por lo que vamos a facilitar la aprobación de este proyecto aunque honradamente debemos decir que mantenemos las reservas y procuraremos corregir algunas cuando se considere en discusión particular.

Otro aspecto sobre el que tenemos una verdadera oposición, es el del aumento de la contribución de los pequeños productores rurales. Debo reconocer que en este caso se mejoró el proyecto en la Cámara de Representantes, pues el mínimo no imponible que traía el proyecto del Poder Ejecutivo era para quienes explotaban hasta 200 hectáreas. Se autorizó a dicho Poder a llevar la exoneración hasta 500 hectáreas y si bien no quedó establecido en el proyecto en forma imperativa, se fijó como una facultad del Poder Ejecutivo. Esperamos que esto se aplique porque es de estricta justicia, teniendo en cuenta -como ya se ha señalado- la situación que viven los pequeños productores rurales, por la emigración que se produce hacia la ciudad y el desamparo que padecen. Queremos señalar que nos solidarizamos con la modificación efectuada y desearíamos que constara no como una facultad del Poder Ejecutivo, sino como un mandato de la ley.

En este y en otros aspectos debemos reconocer que el proyecto se mejoró en la Cámara de Representantes haciéndolo más potable.

También observando este punto y tratando de beneficiar a los productores rurales, procedimos de igual manera bajo el gobierno nacionalista del doctor Lacalle. En el proyecto de ajuste de 1990 dijimos: «En lo que refiere a aportaciones rurales, también se introdujo otra modificación. Se entendió que debía haber un trato preferencial también para los menos pendientes». Insistimos, señor Presidente que, vista la situación por la que ha atravesado el agro y la emigración que se está produciendo de los pequeños productores hacia la ciudad, además del desamparo en que viven, creemos que la modificación que se introdujo en la Cámara de Representantes extendiéndola a 500 hectáreas, ha sido muy acertada, pero debió hacerse preceptiva.

Creemos haber demostrado que la posición que hoy asumimos frente a un proyecto del actual Poder Ejecutivo, de titularidad del Partido Colorado, es la misma que asumimos cuando el poder estaba en manos de un ciudadano del Partido Nacional. A nadie entonces puede extrañar que procedamos de igual manera hoy que hace cinco años ante un proyecto de similares características.

Tal como lo hemos dicho anteriormente, no debemos olvidar que nos encontramos ante un Gobierno de coalición; pero tampoco los titulares del Poder Ejecutivo deben hacerlo en el momento de instrumentar sus soluciones, y los coaligados que los sostienen deben tener participación no sólo en la aprobación sino, también, en la gestación de los proyectos de ley que se envíen al Parlamento.

En 1990 dijimos: «Y frente a esa situación, que hemos denominado de verdadero estado de necesidad, que no admite respuestas dilatadas, compartimos la preocupación y la actitud adoptada por el Poder Ejecutivo, no obstante, comprender no nos inhibe de intentar mejorar el proyecto según nuestro punto de vista». Eso es lo que estamos haciendo en la noche de hoy, cinco años después de aquel otro ajuste.

Más adelante, expresamos: «Todo proyecto de ley, provenga de quien provenga, obliga al Legislador a un estudio minucioso y a efectuar su aporte, en el acierto o en el error, con el propósito -también en el acierto o en el error- de mejorarlo. Es un derecho, y, a la vez, un deber del Legislador contribuir con su esfuerzo, con la información y con el asesoramiento que pueda recoger, al perfeccionamiento de todos los proyectos que llegan a este Parlamento. Eso está en la ética elemental que deben practicar los Legisladores, quienes deben sentir esa preocupación por mejorar y perfeccionar los proyectos de ley».

Agregábamos: «En ese sentido, frente a la realidad que vive el Gobierno y sin abdicar de nuestras ideas, hemos presentado ante el Poder Ejecutivo distintas modificaciones que atenúan aquellos efectos más duros o rígidos del proyecto que tenemos a consideración. En este momento, vamos a proceder de igual forma con respecto a las modificaciones que propusimos en la Comisión de Hacienda».

Entonces, nos complace reiterar estos conceptos que expresamos hace cinco años frente al proyecto nacionalista al decidir hoy sobre una iniciativa que proviene de un Poder Ejecutivo presidido por un ciudadano del Partido Colorado.

En política se acostumbra hablar de Legisladores opositores y oficialistas. Recogiendo el pensamiento de un gran Legislador a cuyo lado abrí los ojos a la vida política, expreso hoy que lo ideal sería que los Legisladores no se dividieran de antemano en opositores y oficialistas porque todos han sido elegidos, cualquiera sea el partido a que pertenezcan, para responder a los intereses populares y a las necesidades del país de acuerdo con su leal saber y entender. Antes que a sus ventajas personales, que a su condición de integrante de un grupo y aun de un partido político, el Legislador se debe al país y tiene que actuar según sus necesidades, aunque pueda no coincidir con las otras situaciones que he mencionado.

En un país con un panorama político como el nuestro no hay ningún partido que por sí solo pueda asegurar la mayoría parlamentaria. Esto es bien sabido porque se repitió durante años y se insistió durante la última campaña electoral. Entonces, la gobernabilidad está impuesta por la ética de la responsabilidad que tenemos los Legisladores frente al país.

Por lo tanto, creo en el funcionamiento de las coaliciones, sin las cuales en el Uruguay de hoy no hay gobierno posible. Pese a las dificultades, miramos con fe el futuro y por eso decimos que hay que instrumentar el marco necesario en la Constitución de la República para su funcionamiento. En ese sentido, somos partidarios de agilitar el trámite de la reforma constitucional para que esta se realice lo antes posible, es decir, lo más lejos de las elecciones, oportunidad en que los intereses electorales pesan, consciente o inconscientemente, en el ánimo de quienes deben aprobar el proyecto. Puede ser que se considere que el tema de la reforma está «traído de los pelos» o fuera de lugar, pero no es así, porque estamos en un Gobierno de coalición que no tiene el marco necesario para que ella funcione exitosamente. Ese marco debe darse a través de la reforma constitucional.

Traemos a consideración este tema al igual que lo hicimos en 1990. En aquel entonces, también refiriéndonos a la necesidad de la reforma constitucional, hablamos en el sentido de «darle más libertad al elector y buscar que se le brinde la posibilidad de un fuerte respaldo parlamentario a los próximos gobernantes que tenga la República».

Para finalizar, señor Presidente, quiero formular algunas reflexiones, al comenzar esta Legislatura. El día de hoy es una oportunidad importante para dejar sentadas algunas reflexiones. Hasta ahora, el Senado ha estado considerando aspectos casi de rutina; este es el primer proyecto de ley de cierta significación que tenemos que considerar. Entonces, parece conveniente que al entrar de lleno a la inauguración efectiva de nuestras tareas legislativas formulemos unas reflexiones que nos acucian.

Señor Presidente: es muy importante el equilibrio fiscal que aquí se busca, pero ha de ser el primer paso para reafirmar lo que tantas veces hemos dicho y lo que reiteramos hoy, es decir, la necesidad de estimular la actividad productora en todos los campos de la economía si queremos hacer crecer al Uruguay y no simplemente exhibir guarismos favorables.

Por otra parte, necesitamos eficiencia en el Gobierno porque de ello depende el prestigio de la democracia. Gobernabilidad y reforma constitucional son los instrumentos, pero quizás no alcance con esto: la reforma debe alcanzar a las acciones y las conductas de los hombres. Aclaro que no estoy acusando ni ofendiendo a nadie en particular ni exhibiendo jactancia en lo que estoy diciendo.

Es necesario alejar definitivamente el fantasma del temor a los costos políticos cuando votamos leyes o tomamos actitudes en el Parlamento Nacional. Se ha hablado tanto de ello que hoy prácticamente no hay periodista que no se acerque a un político cuando debe votar algo que preguntarle si pensó en el precio político que puede costarle. Por lo menos a mí me sucede así desde el momento que adopté la posición de colaboración con el Gobierno del doctor Lacalle y desde que mi Partido ha resuelto lo mismo con respecto al actual Poder Ejecutivo del Partido Colorado. Debo decir que si tuviera que volver a adoptar la actitud que tomé en 1990 de colaborar con el Gobierno del doctor Lacalle, lo haría nuevamente y si tuviera que volver a trabajar con los compañeros del Partido Nacional para fortalecer una coalición que asegure la gobernabilidad al país, también lo volvería a hacer. No sé por qué se insiste con esto del precio político y sobre lo que tanto se habla con verdadero desenfado, visto el significado verdadero que tiene esa expresión. No se trata de otra cosa que los votos que se pierden o se ganan cuando se vota o no una ley. Entonces, esto, si lo aceptamos, colocaría a los Legisladores en la situación de pensar en su destino personal y no en el del país. Si esto se generalizara como práctica, sería una verdadera inmoralidad y una estafa a los intereses populares. Por lo tanto, debemos desterrar el fantasma del terror a los costos políticos cuando debemos adoptar las decisiones a que nos vemos obligados por nuestra condición de Legisladores.

De esta manera, señor Presidente, se fortalece la democracia. Como se ha dicho aquí, a raíz de una incidencia de la que no he tomado parte, es necesario combatir la corrupción. Hemos visto con satisfacción que varios partidos han presentado proyectos sobre lo que se denomina «Ley Cristal». Al respecto, nosotros mismos hemos pedido que se extraiga del archivo el que presentamos, con el entonces señor Senador Singlet, en la Legislatura pasada. Felizmente, existe preocupación sobre este tema, ya que se han creado, como aquí se ha dicho, Comisiones Investigadoras en la Cámara de Representantes. Sin embargo, falta un instrumento que el Senado aprobó pero que el Poder Ejecutivo anterior vetó: una ley que ampare las actividades de ese tipo de Comisiones. Creo que haría bien el Senado si se abocara nuevamente al estudio de una disposición de este tipo. Es cierto que la Ley fue rechazada dentro de esta Legislatura pero no lo fue por el Parlamento, sino que fue vetada por el Poder Ejecutivo. No soy constitucionalista, pero creo que es perfectamente posible plantear el tema.

La corrupción, señor Presidente -reitero que no estoy haciendo referencia concreta a ningún partido político o persona alguna- no es sólo el aprovechamiento indebido del poder, sino también el temor al ya tratado tema del costo político; asimismo lo es el culto a la demogogia. También es pernicioso para la democracia, porque enmohece a los partidos y atenta contra las instituciones, la práctica del revanchismo político buscando, antes de tiempo, obsesivamente, el triunfo electoral. En este aspecto, creo, como lo decía hace unos instantes, que este es un momento propicio para pensar no sólo en cambiar las instituciones, sino también en mejorar nuestras acciones. El poder, señor Presidente, suele alimentar en grado excesivo el amor propio o la vanidad de los hombres llevándolos por el camino de la soberbia que está emparentada con la infabilidad, y ésta está próxima al culto de la personalidad y ésta a su vez, con el autoritarismo. No pretendo convertirme en censor o moralista de ocasión, solamente soy un modesto ciudadano premiado, quizás, excesivamente con el inseparable honor de haber sido por muchos años representante del pueblo en la más alta institución de la democracia, que es el Parlamento Nacional. Dicen que Marco Aurelio, el Emperador romano a quien en algunos manuales se le llama el Emperador filósofo, decía: «La mayor sabiduría consiste en vivir todos los días como si fuera el último de nuestras vidas». No sé si Marco Aurelio dijo o no esta frase, pero quiero expresar que contiene un sentido de verdad profunda y un gran sentido ético.

Por si este pudiera ser uno de mis últimos pasajes por el Senado, he querido expresar estas reflexiones, no por comunes, menos importantes. Sin la jactancia de los que se creen dueños de la verdad, respetando a todos mis pares del Senado y sus posiciones sobre este proyecto de ley, voy a votarlo y a discrepar en lo que crea conveniente, sin temores, con un renovado afán por servir a mi país, que es el primer deber que tiene que cumplir todo hombre público.

Nada más.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: el proyecto de ley a consideración del Senado -denominado por el Gobierno de coalición de los Partidos Políticos Colorado y Nacional como de mejoramiento de la competitividad y de reordenamiento financiero, y popularmente llamado, a nuestro juicio, con mucho más acierto, como Ley de Ajuste Fiscal- ha sido fundamentado por los integrantes del equipo económico en una reproyección del déficit fiscal y parafiscal, que de una estimación del 3,2% del Producto para 1995 realizada por el Gobierno anterior se incrementaría para el año programa -como lo llama el señor Ministro de Economía y Finanzas- al 4.3% del Producto Bruto Interno.

Según manifestó el señor Ministro en la Comisión de Hacienda, las previsiones hechas por el Gobierno saliente en cuanto al monto del déficit -que representa el 3,2% del Producto- se encuadraban en una serie de supuestos, que eran los siguientes: un crecimiento de precios del 35%, en términos reales. Aclaro que estoy citando textualmente al señor Ministro de Economía y Finanzas. Esta previsión, que suponemos fue realizada a principios de este año, ha cambiado radicalmente, según nos dice el Gobierno. La crisis del modelo aplicado en Argentina por los señores Menem y Cavallo, va a incidir decisivamente en el Uruguay, porque las políticas de ajuste del gobierno argentino van a traer como consecuencia que nuestras exportaciones a ese país caigan y que la demanda de bienes y servicios uruguayos disminuya en forma notable. Como consecuencia de ello, todos los supuestos de crecimiento de la economía uruguaya desaparecerían.

Asimismo expresó textualmente el señor Ministro: «Creemos que la cautela indicaría que nuestro país no está en condiciones de crecer. El no crecer implica que necesariamente deba caer la demanda interna, lo que va a originar una caída más que proporcional en la recaudación tributaria y, a la vez, ello trae aparejado un aumento en el déficit de las finanzas públicas». Según el Ministro Mosca, si no se llevara a cabo ninguna acción para evitar su deterioro, el mismo alcanzaría una magnitud de U$S 735:000.000, equivalentes a 4,3% del Producto que es estimado para el año programa en U$S 17:000.000. Para remediar la situación, nos dice el Ministro, que el Poder Ejecutivo tiene un plan de abatimiento de gastos para el Gobierno Central y las empresas públicas -cuyos detalles no conocemos ni fueron explicados en la Comisión- de U$S 250:000.000, es decir, un punto y medio del Producto. Agrega el Ministro que esto implica que sin medidas tributarias deberíamos pensar en hacer frente a un déficit del orden de los U$S 480:000.000, lo que equivale a un 2.8% del Producto Bruto Interno. En este aspecto, vamos a hacer una anotación inicial. Esta cifra del déficit estimado contrayendo el Gasto Público en esa magnitud de U$S 250:000.000 prácticamente es igual a la del año 1994 que, según los datos publicados -por ejemplo el jueves 23 de marzo en el «Observador Económico»- alcanzó esa dimensión, o sea, 2.8% del Producto de ese año. En consecuencia, el Poder Ejecutivo integrado ahora, como lo estaba en la Administración pasada, por los Partidos Colorado y Nacional, entiende que ese déficit es gravísimo y propone abatirlo recurriendo a fuentes impositivas de financiación del orden de los U$S 230:000.000. Las fuentes impositivas de financiación -con las que se va a conseguir los U$S 230:000.000- son las siguientes. En primer lugar, los Impuestos a las Retribuciones Personales; en segundo término, el incremento de la tasa básica del IVA, del 22% al 23% y de la tasa mínima del mismo impuesto, del 12 al 14%; en tercer lugar, la aplicación del IVA a las apuestas al «5 de Oro», es decir, al apostador y no a la Banca de Quinielas que lo explota; en cuarto término, la aplicación del IVA y del IMABA a las Cooperativas de Ahorro y Crédito y a los créditos al consumo y en quinto lugar, otras modificaciones impositivas a tributos existentes, como el IMESI a los automotores, etcétera.

Lo descripto en la médula del proyecto de ley, y la primera reflexión que nos merece, es que la opinión del actual Gobierno integrado también por el Partido Nacional que gobernó hasta el 1º de marzo, es que la herencia de un déficit del 2.8% del Producto, dejado por el Gobierno del doctor Lacalle Herrera, es inmanejable sin una fuerte subida de impuestos, que después veremos que signos tienen.

Quiere decir que aquí hay una primera constatación: todos los discursos sobre el orden en que se dejaban las cuentas públicas, en cuanto al saneamiento fiscal que se había realizado y en lo que tiene que ver con que el país estaba encaminado hacia una saludable senda de crecimiento y felicidad, no eran ciertos. Esto fue antes de las crisis mexicana y argentina.

Sin decirlo explícitamente, este Poder Ejecutivo, reitero, integrado por connotados miembros del anterior, nos está informando que aunque los gastos del Gobierno Central y de las Empresas Públicas se reduzcan en U$S 250:000.000 -lo que no es poco- la situación heredada es inmanejable y es preciso descargar sobre la población un mazazo de U$S 230:000.000 de incremento de impuestos, fundamentalmente indirectos y que se aplican, sobre todo, a los que tienen un ingreso fijo, es decir un sueldo, un salario, un jornal, una jubilación, una pensión, al que tome un crédito para comprar ropa, zapatos, alimentos o al consumidor final del Impuesto al Valor Agregado, que son sustancialmente los sectores de menores ingresos que, como no son industriales o comerciantes, no descuentan IVA.

Es evidente que la factura la pagan los que menos tienen, como viene ocurriendo en materia impositiva desde casi cuarenta años.

Como se ha dicho, resulta increíble que en este Proyecto de ajuste fiscal, los que más tienen -es decir, las grandes rentas- están liberados de contribuir a poner orden -como lo señala el Poder Ejecutivo- en las finanzas públicas. Reitero: la riqueza, el capital especulativo, no pagará nada. En el proyecto de ley, no existe una disposición, un artículo o un inciso que, aunque fuere lateralmente, grave a los ricos, a las grandes fortunas, al interés que reditúan los depósitos bancarios.

Por supuesto que no voy a ingresar en el diagnóstico que se ha hecho acerca de que la situación de la región, la crisis en la Argentina, los cambios operados en Brasil -producto de la aplicación en la Argentina del propio modelo o del efecto de la crisis mexicana- son las causas determinantes de lo que nos afecta o nos puede suceder. No obstante ello, quiero realizar dos reflexiones sobre el tema.

Sabido es que en el Uruguay, hasta el 1º de noviembre de 1994 -todo el país es testigo- desde filas del Partido Nacional y Partido Colorado se escuchaban elogios y reconocimiento al coraje de Salinas de Gortari, al de Menem y Cavallo, por sus políticas realistas, la posición que demostraban de achicar el Estado, de vender la totalidad de su patrimonio, de realizar una apertura total de su economía al mundo, sus políticas de estabilidad -fundadas en anclas cambiarias- o en modalidades tan sugestivas tales como sancionar por Ley la paridad del peso argentino con el dólar. Es indudable que esto tiene mucho que ver con la mejor doctrina económica que todos conocemos, con la extraordinaria política de bajar totalmente los aranceles para que la ineficiencia heredada en la industria sustituidora de importaciones se eliminara y el consumidor quedara libre de acceder a buenos productos extranjeros y a precios más convenientes en un mercado liberado.

Quiero aclarar que este es un discurso -lo reitero casi textualmente- que escuchamos en esta Sala en oportunidad de discutirse la Ley de Privatizaciones.

En la actualidad, el señor Salinas de Gortari está huido de su país, la economía mexicana ha estallado y casi todo el patrimonio de su Estado se ha vendido, llegándose a comprometer hasta las rentas del petróleo. La deuda externa de ese país supera en este momento los U$S 160.000:000. Todo se vendió para pagar esa deuda que, actualmente, se ha duplicado con respecto a la que existía hace diez años. Mientras tanto, en la Argentina -tan cerca de nuestro país que casi es innecesario decirlo- se ha vendido todo, y ¡de qué forma! En este momento están en venta las centrales nucleares e hidroeléctricas, que es lo único que queda del patrimonio estatal.

El estallido del modelo neoliberal ya ha generado más de tres millones de desocupados y ha colocado a casi la mitad de la población argentina por debajo del nivel de pobreza. Cuando uno menciona esta cifra, personalmente se me eriza la piel, ya que la Argentina debe ser el país más rico del mundo en proporción a su población y de acuerdo con las riquezas que tiene su territorio. Reitero: el 40% de la población argentina vive por debajo del nivel de pobreza. Esto lo ha logrado la dictadura de ese país y la aplicación de políticas que hoy repercuten en el Uruguay. El estallido de la economía argentina es sólo una cuestión de tiempo. Creo que todos tenemos la convicción de que luego del 15 de mayo -fecha de la elección presidencial- algo va a ocurrir en la Argentina ya que, en este momento, decenas de instituciones financieras han quebrado. El Gobierno ha tenido que dar un seguro para los depósitos a plazo fijo, a efectos de que la gente no se lleve el dinero de los bancos. Sin embargo, pese a todo, la corrida es imparable y el déficit fiscal resulta incontrolable, mientras que el déficit comercial alcanza los U$S 6.000:000.000. Se trata de una muerte largamente anunciada que, obviamente, los vecinos más próximos deberíamos haber previsto. Creo que hace tiempo en el Uruguay, muchos pronosticaron que esto iba a ocurrir inexorablemente. En este momento, esa situación está repercutiendo en nuestra economía. Digo que debía haberse previsto, especialmente por quienes gobernaron el Uruguay, que son las mismas fuerzas políticas que lo dirigen actualmente.

Deseo recordar que en este ámbito, a efectos de sancionar la Ley de Privatizaciones, se citaba a Salinas de Gortari y se señalaba: «hay que vender los bienes para remediar los males». Asimismo, en esa oportunidad se elogiaba al señor Carvallo como un excelente conductor de la economía argentina. Cabe recordar que el señor carvallo había sido funcionario de la dictadura militar argentina, ocupando lugares muy destacados en el sistema financiero de ese país. Actualmente, es Ministro de Economía de la Administración del doctor Menem. Sin embargo, ahora no escuchamos ningún análisis, valoración o crítica hacia aquellos que recomendaban, en función de la aplicación de ese modelo, mantener, «relaciones carnales» con los Estados Unidos.

Se nos dice por parte del señor Ministro de Economía y Finanzas que hay que actuar con cautela sobre lo que nos va a ocurrir si la muerta largamente anunciada del modelo argentino, si el fin del modelo neoconservador de ese país -impuesto desde los centros del mundo- acaece inexorablemente. De modo que uno de los fundamentos de este ajuste fiscal propuesto, es de carácter preventivo. Al respecto, se alude reiteradamente a la crisis que existe en la Argentina. El señor Miembro Informante de la mayoría y el señor Ministro de Economía y Finanzas, manifestaron que esa crisis tuvo sucesivas etapas de confianza en el sistema -que se perdió- y ahora de solvencia, que es la de la quiebra total. Es decir: cuando se derrumba el sistema financiero, cierran los bancos, hay que ir al salvataje o se pide auxilio a los Estados Unidos para tapar los agujeros que no es posible cubrir con recursos propios, a fin de mantener hasta el 15 de mayo el plan de convertibilidad. Se nos dice que habrá recesión, achicamiento de la demanda y eso va a afectar la producción uruguaya, descenderá la actividad de nuestro país, no habrá crecimiento del producto, no se producirán ni circularán más bienes. Debido a ello, habrá caída en la recaudación. A fin de solventarla, se aumentará el Impuesto a los Sueldos y el IVA; se cobrará IVA e IMABA a las Cooperativas de Ahorro y Crédito; afectamos a los créditos para el consumo, es decir, a los consumidores que utilizan las tarjetas de Credisol, Oca Card, a los usuarios de Créditos Personales, a los afiliados a ANDA. Como se podrá observar, señor Presidente, se trata de una maravilla de imaginación en materia de política tributaria.

La otra reflexión que quiero realizar refiere a que si bien hay una fuente cautelar de las medidas de ajuste -que es la de los efectos esperados de la crisis argentina en la economía uruguaya- una segunda razón esgrimida -reitero- para aumentar los impuestos, es el crecimiento del gasto realizado en 1994 por el Gobierno del doctor Lacalle Herrera, lo que llevó el déficit al 2.8% del PBI que es imprescindible bajar al 1.5%, a efectos de manejarlo.

Aquí se ha debatido sobre cuál fue el gasto mayor. Al respecto, creo que es necesario hacer un análisis. Obviamente, el gasto ha sido mayor. Eso es evidente, no sólo porque lo haya dicho quien constituye una muy buena fuente de información, o sea, el Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno del doctor Lacalle, el Economista Licandro, sino porque nosotros también vivimos en este país y sabemos cómo se incrementaron dichas erogaciones.

A continuación, quisiera aportar algunos elementos. Antes que nada quiero destacar que el aumento no proviene del hecho de que se hayan incrementado los sueldos de los funcionarios del Gobierno Central. Estos, según el Instituto de Estadística y Censos y el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, perdieron 2,5% de su ingreso real, durante 1994. Tampoco se incrementó el gasto en lo que tiene que ver con la educación, la salud o la vivienda. Durante la campaña electoral escuché al contador Lombardo, del Foro Batllista, sostener que por haberse aplicado una Ley relacionada con la función pública, se habían acogido al beneficio especial de retiro alrededor de 11.000 funcionarios, mientras que el monto global de los mismos había aumentado en 40.000. En aquel momento se efectuó un largo debate público entre el Director de la Oficina nacional del Servicio Civil, el contador Lombardo y representantes, prácticamente, de todas las fuerzas políticas. Al respecto, me pregunto si es posible hacer un censo de funcionarios, saber cuántos había, cuántos ingresaron y cuántos egresaron. Podría citar varios Departamentos en los que se incrementó el número de funcionarios y en los que ahora se ha echado a 400 o hasta 1000 empleados, por no haber dinero para pagarles.

A simple título de aclaración -no quiero debatir sobre el tema- quiero decir que de la Intendencia Municipal de Montevideo egresaron alrededor de 3.600 funcionarios e ingresaron 2.000. Es decir, que existe un saldo favorable, de disminución neta, de 1.600 funcionarios. Los que ingresaron, lo hicieron todos por el sistema de concurso o de sorteo, sin que a ninguno se le preguntara qué opinaba políticamente. Unicamente debieron demostrar, reitero, su competencia o salir favorecidos en sorteos públicos -con convocatorias realizadas por la prensa- que presenciaban y fiscalizaban ellos mismos. Debo destacar que en estos sorteos y concursos se estimuló la presentación de gente joven, es decir, la de aquellos que no tenían cómo ingresar al mercado de trabajo. Esto permitió que, por ejemplo, en la Dirección de Recolección de Residuos, entrara gente joven, ya que allí el 80% del personal tenía más de 60 años y no podía cumplir con las funciones. Obviamente, hubiera sido de desear que la cifra fuese mayor, pero, sin embargo, no es poca cosa que el 15% de los funcionarios de la Intendencia no revisten más en las planillas.

Esto permitió, entre otras cosas, que los incrementos de sueldos de la Intendencia Municipal de Montevideo sean los mayores en el país, en los últimos cinco años.

Quiero señalar -y esto es algo que saben los colegas que compartieron las Bancas del Senado con nosotros en la pasada Legislatura- que fuimos nosotros los que pedimos el informe relativo a los contratos de arrendamiento de obra y de servicios. Allí pudimos constatar, por ejemplo, que hubo casos en que funcionarios que se habían acogido al beneficio de retiro, estaban contratados en alguna dependencia del Estado. En algunos casos, lo estaban en la misma de la que se habían retirado. Esto no lo encuentro bien. Me parece una barbaridad, especialmente cuando se ganan salarios como los que señalaba el señor Senador Pereyra, dado que así no se achica el gasto y porque, además, dichos contratos «se hacen con el dedo», no se llama a concurso ni se elige a la gente más competente.

Creo que este tema será posible discutirlo más adelante, utilizando los instrumentos legales adecuados a efectos de corregir todo lo señalado. En este proyecto de ley, incorporadas en la Cámara de Representantes, se dan algunas pautas que permitirán un control más eficiente.

En marzo de 1990, el Gobierno del doctor Lacalle envió al Parlamento un Proyecto de ajuste fiscal -tengo aquí su texto- aduciendo que había un déficit del 8% del Producto Bruto Interno. Fue un proyecto durísimo que, fundamentalmente, pagó la gente de ingresos fijos. Recalco la expresión «fundamentalmente», porque hubo algunos impuestos que también afectaron a gente que no tenía ingresos fijos. Si bien se dijo que esas medidas se instrumentaban a término y que varias de ellas iban a desaparecer, algunos impuestos siguen vigentes, como el que afecta a las trasmisiones patrimoniales, si bien no sé cuánto renta. Hay que reconocer que algunos incrementos, como el impuesto a los sueldos, desaparecieron, ya que en el mismo Proyecto se había previsto la fecha de su vencimiento. Esto último no consta en el Proyecto a estudio y en él sólo hay una recomendación genérica que expresa que cuando se modifique la situación, se va a dar cuenta a la Asamblea General, tratando que los referidos impuestos se modifiquen.

Todo el ajuste de 1990, 1991, 1992 y 1993, se gastó, tal como dice un conocido economista de derecha, en una publicación que se ocupa permanentemente del tema de achicar el gasto del Estado, de privatizar y de hacer imperar las leyes del mercado en forma total y, señor Presidente, «Al final de la peripecia se vuelve a empezar».

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - El señor Senador Gargano se preguntaba cuánto renta el impuesto a las trasmisiones patrimoniales y al patrimonio, que es una tasa que muchas veces hemos reclamado. Al respecto, me gustaría recordar que cuando se trató la Ley de Ajuste Fiscal pasada, en 1990, el señor Senador Cassina recordaba que en 1985 se había sancionado una Ley que obligaba a hacer un catastro subjetivo, a efectos de que se conozca qué bienes posee cada persona. Todavía hoy dicho catastro no se ha realizado. Tal como decía el señor Senador Cassina, no se ha dotado al país de un instrumento propio de cualquier nación civilizada que le permitiera, entre otras cosas, actuar racionalmente, con justicia en materia tributaria, a partir del conocimiento de cómo está distribuida la riqueza en el sector inmobiliario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Decía, señor Presidente, que al final de la pericia se vuelve a empezar, basándonos en lo que estamos analizando en este momento, en que es necesario realizar otro ajuste y, también, porque el déficit heredado es muy elevado, por lo menos a juicio del actual Gobierno integrado por las fuerzas del Partido Colorado y del Partido Nacional. En este proyecto de ley hay -si ustedes quieren- una valoración crítica severa, aunque no se hace pública porque, reitero, hay un Gobierno de coalición del Partido Colorado y del Partido Nacional. Pero, allí está, como lo decía la canción, y es inocultable.

Señor Presidente: quiero referirme ahora a la nueva carga tributaria. Si existe algún buen indicador acerca de las características de un gobierno, sin duda que la orientación tributaria es un buen espejo para reflejarlas. En este sentido, voy a dar algunas cifras, puesto que no se han dado hasta ahora.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Hago moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor Senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Agradezco al señor Presidente y al Cuerpo que me permitan continuar mi exposición.

Como decía anteriormente, voy a proporcionar algunas cifras discriminadas del ajuste. A través del aumento de la tasa básica del IVA del 22% al 23% se espera obtener U$S 58:000.000. Asimismo, de la tasa mínima del mismo Impuesto -que se eleva del 12% al 14%- se piensa recaudar U$S 16:000.000; de la aplicación del IVA y del IMABA a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, U$S 3:000.000; de la imposición del IVA a los intereses de los préstamos a los consumidores, U$S 8:000.000 y del IVA al «5 de Oro», U$S 18:000.000. En resumen, se estima que se recaudarán U$S 103:000.000, más por concepto de IVA. A mi juicio, es conveniente conocer estos datos y tenerlos asentados en la versión taquigráfica.

En lo que tiene que ver con el Impuesto que se aplicará al «5 de Oro», cuando se legisla sobre este punto, se introduce -y lo voy a decir porque me parece que es muy grave- una disposición por la cual se faculta al Poder Ejecutivo a rebajar hasta en cinco puntos porcentuales la tasa del Impuesto prevista por el artículo 489 de la Ley Nº 16.320. Tengo en mi poder un Repartido de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado -COFE- que me lo hizo llegar, cuyo contenido me parece serio porque se comete una flagrante inconstitucionalidad. En este sentido, el señor Senador Mallo, aunque vota este proyecto de ley, expresa que es inconstitucional en unos cuantos artículos, opinión que es compartida por quien habla y por otros Legisladores que son Abogados y entienden más en esta materia. Esta facultad es para bajar el Impuesto que paga la Banca de Quinielas por los juegos de azar, lo que está legislado por la Ley de Presupuesto y esto es lo que me preocupa. Recuerdo haber discutido con el ex Senador Cigliuti -que se preocupaba mucho por este tema- y otros señores Senadores, ocupando cuatro o cinco horas para definir el monto del impuesto, puesto que por medio de éste el Estado obtiene recursos muy importantes. La tasa del Impuesto es del 18% y facultar al Poder Ejecutivo es delegar una potestad que tiene privativamente el Poder Legislativo, otorgándole la posibilidad presumiblemente de obtener una compensación. Me pregunto, ¿por qué se establece esto? ¿Por qué va a bajar el juego en función del impuesto y se quiere garantizar el margen de ganancia? No entiendo cuál es la razón. En la Comisión no hubo una discusión sobre este punto, pero me parecería bueno que se informara al Senado sobre cuál es la razón por la que se incorpora esta disposición.

Asimismo, digo que es grave, porque de una parte de ese gravamen salen recursos que van a atender a casi dos mil funcionarios de distintas reparticiones del Estado, cuyos ingresos dependen también de ese tributo. Dejo planteada esta inquietud porque, a mi entender, es de importancia.

Al IVA y al IMABA hay que sumarle el Impuesto a las Retribuciones Personales, cuyo aumento según prevén los analistas, rendirá U$S 70:000.000. Sumando los dos Impuestos, hay más de U$S 170:000.000 de incremento que provendrán de una tributación indirecta, como es el IVA que, en definitiva, paga la mayoría -me estoy refiriendo a los asalariados y a las capas medias- y el Impuesto a las Retribuciones Personales, que lo hacen efectivo todos los que tengan un puesto de trabajo formal.

Esta tributación tiene algunos rasgos exultantes. Por ejemplo, se eleva la tasa mínima del 12% al 14% del IVA, que grava fundamentalmente a productos de primera necesidad, como el pan, la galleta, el azúcar, la yerba, la carne, el pescado, el aceite comestible y los medicamentos. No se ha apelado a incrementar la recaudación gravando las grandes rentas, la riqueza producto de la especulación, etcétera. Tampoco se ha apelado a los mecanismos como el de establecer -como aquí se ha mencionado- una tasa estadística que permitiría simultáneamente gravar los productos de consumo sofisticado importados. En este sentido, quiero aportar un dato que ha sido mencionado en distintos debates con respecto a que el 50% de este tipo de productos no proviene de la región. A estos se les podría aplicar dicha tasa estadística, obteniendo un doble objetivo: por un lado, recursos y, por otro, frenar el abultado déficit comercial que, en 1993, fue de U$S 680:000.000 y en 1994 fue de U$S 860:000.000, que el país no puede soportar que siga incrementando.

Según datos que se publican en el día de hoy en el Semanario «Búsqueda» los depósitos en dólares crecieron desde diciembre en U$S 900:000.000 y el total de los depósitos en los bancos es de U$S 6.731:000.000, que ganan intereses y no pagan impuestos. Este Gobierno de coalición no mira allí, sino que apunta a los sueldos y al Impuesto al Valor Agregado.

En otro orden de cosas, señor Presidente, quiero ocuparme de lo que se denomina la mejora de la competitividad. Uno de los temas recurrentes de la fuerza mayoritaria de este Gobierno ha sido el de promover una mejora de la competitividad de nuestro sector exportador. Como se sabe, y lo hemos discutido en la campaña electoral, en la industria se han perdido alrededor de 70.000 puestos de trabajo en los últimos siete años. Hay una situación muy difícil y se continúan cerrando empresas. Conocidos economistas que militan en las filas del Gobierno, señalaban que la principal causa de la falta de competitividad de nuestros productos exportables de origen industrial la constituye el atraso cambiario, que en los cinco años que van desde 1990 a 1995 ha superado largamente el 100%. Se había anunciado en la campaña electoral de parte de dicha fuerza política la necesidad de modificar gradualmente la situación, postura que nosotros compartimos. De otra forma, el efecto acumulado al cabo de otros cinco años, puede ser similar al de la famosa «tablita» que estalló en 1982. Debo reconocer, señor Presidente, que al menos por ahora, a quienes sostenemos esta posición no se nos llama «marcianos», como lo hiciera en aquel tiempo el dictador postrero.

Nuestra postura -y quiero que quede bien clara- es contraria a medidas devaluatorias abruptas, pero tal como lo plantean los propios productores e industriales, es necesario corregir gradual y responsablemente esta situación. Deseo señalar, señor Presidente, que el señor Ministro de Economía y Finanzas -supongo que con los plácemes del doctor Ramón Díaz y sin suponer, puesto que lo he escuchado en comentarios radiales- nos dice, al contrario de lo dicho por sus correligionarios en la campaña electoral, que el tipo de cambio nominal no es la variable más idónea para mejorar el tipo de cambio real.

Otro reclamo del sector industrial está relacionado con la política crediticia del Banco de la República. También se ha solicitado, por parte de los industriales y productores, que los depósitos del Estado y del Banco de Previsión Social en el Banco de la República puedan volver a ser utilizados para el crédito, y que no permanezcan esterilizados por disposición del Poder Ejecutivo. De esta forma, las tasas de interés del Banco podrían bajar y se colocaría en condiciones de ser fuente de apoyo para la producción nacional. El señor Ministro de Economía y Finanzas, coincidiendo una vez más con el anterior Gobierno y con el doctor Ramón Díaz, en contrario a esta medida, y así lo expresó con mucha claridad en la Comisión de Hacienda del Senado cuando se discutió este proyecto de ley.

Ambas realidades, señor Presidente -el tipo de cambio y el crédito- constituyen elementos básicos de una estrategia productiva y exportadora, etcétera. Cabe destacar que, en esta materia, el Gobierno no modifica absolutamente nada. En concreto, tenemos dólares baratos y barreras arancelarias prácticamente inexistentes, a fin de importar «a troche y noche». Según el sociólogo mexicano Jorge Castañeda, se trata de una política cambiaria populista, que es la gloria de las clases altas hasta que estalla, destruyendo el aparato productivo del país, como ha ocurrido en México o como puede suceder dentro de poco tiempo en Argentina. Sin embargo, probablemente ello no pase en Brasil porque, aunque a veces se afirme la doctrina neoliberal en los discursos dirigidos hacia el exterior, en la práctica se instrumenta una política de defensa de la producción con barreras arancelarias acomodando el tipo de cambio para que la economía mantenga su funcionamiento y se defiendan las fuentes de trabajo nacionales. A mi juicio, si no se adoptan medidas de este tipo, es posible que también en el Uruguay ello ocurra a no muy largo plazo.

En lo que tiene que ver con las medidas implementadas en este proyecto de ley para mejorar la competitividad, debemos decir que ellas consisten en prorrogar la devolución de impuestos. En esta materia, el Poder Ejecutivo va a tener todas las facultades para hacerlo. Al respecto, quiero decir que si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene facultades para conducir la política económica, también lo es que necesariamente debe compartir con el Poder Legislativo aquellas que refieren a la materia impositiva. Inclusive, el Parlamento existe históricamente para controlar el gasto del Estado y los impuestos. Por lo tanto, una parte muy importante de la política económica es resorte del Poder Legislativo. Digo esto «por si las moscas», dado que no creo que la responsabilidad de la política económica en su totalidad sea materia solamente del partido de Gobierno o de la coalición gobernante.

Por otro lado, es importante señalar -y creo que debe tomarse buena nota- que se transfieren al sector industrial U$S 64:000.000, que no van a ingresar a la Dirección General Impositiva. Asimismo, por medio del cambio del IMESI por el IVA en la tarifa eléctrica, se hace una transferencia a ese sector -según lo estima hoy un periódico- de U$S 24:000.000 que, según la redacción inicial del proyecto de ley, iba a ser pagada por todos los consumidores hogareños. Sin embargo, en virtud de un inciso que se le agregó durante la discusión en la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo solamente podrá efectuar dicho cambio si garantiza que la tarifa domiciliaria no verá incrementado su precio. Evidentemente, se trata de una tarea de mangos, porque realmente desconozco cómo lo va a hacer ni cómo vamos a enterarnos. Indudablemente, va a ser una proeza percibir si el Gobierno hace bien las cuentas. De todas formas, lo más importante es que esto cuesta U$S 24:000.000, tal como informa la prensa del día de hoy y, en tal sentido, no he escuchado desmentidos.

Entonces, dado que UTE es una empresa pública, se trata de una transferencia que hace el conjunto de la sociedad al sector industrial. A su vez, se realiza otra transferencia mediante la autorización -a nuestro juicio, inconstitucional- al Poder Ejecutivo para rebajar los aportes patronales de la industria manufacturera al Banco de Previsión Social, lo que insumirá U$S 48:000.000.

Deseo destacar que vamos a votar afirmativamente -aunque no sin prevenciones- el artículo referido a la tarifa eléctrica, y trataremos de controlar que cuando se ponga en marcha este beneficio para el sector industrial, el costo domiciliario baje en la medida en que está planificado. Si así ocurre, en los hechos -como recién manifesté- el Estado estará subsidiando la tarifa eléctrica para los grandes consumidores, que no sólo son los industriales, sino también los productores de arroz y otros exportadores, que se beneficiarán en virtud de que utilizan mucha energía eléctrica. Eso está bien; se trata de un subsidio, y no hay que tener miedo de utilizar esa palabra. Eso se realiza para que la economía funcione y, personalmente, estimo que es bueno que ello se haga.

Por otra parte, no vamos a dar nuestro apoyo a la rebaja, hasta en un 6%, de los aportes patronales a la Seguridad Social para la industria manufacturera. Más allá de que es inconstitucional extender facultades de esta naturaleza al Poder Ejecutivo, el procedimiento es nocivo para el sistema de la Seguridad Social por las razones que voy a exponer. En primer lugar, porque la propuesta no debe verse aislada sino inscripta en un contexto de lo que vendrá en los próximos meses como proyecto destinado a modificar las bases de dicho sistema. De acuerdo con lo que hemos leído del documento que al respecto se ha elaborado, el objetivo central es bajar el gasto de Seguridad Social y privatizarla.

En segundo término, la rebaja de los aportes de la industria manufacturera va a reducir los ingresos genuinos del Banco de Previsión Social en U$S 48:000.000, lo que obligará a una compensación con mayor asistencia financiera, tal como se dice en este proyecto de ley. Dichos ingresos genuinos se encuentran ya reducidos por varios factores. ¿Cuáles son esos factores que han llevado a una reducción de los ingresos genuinos de la Institución? Uno de ellos es el alto porcentaje de evasión que, en general, llega al 32% y que, por sectores, se divide de la siguiente forma: un 35% en el área de industria y comercio y un 77% en el área rural y del servicio doméstico. En el área civil hay un dato que no creo porque, a mi juicio, no está bien estudiado el tema. He tomado conocimiento de que hace aproximadamente un año, cuando se integraron los directores sociales, se enteraron de que la Intendencia Municipal de Maldonado tenía un convenio con el Banco de Previsión Social por el cual pagaba $ 300 mensuales por todas las obras que llevaba a cabo. Evidentemente, esto es una locura y así nada podrá funcionar. ¿Qué Banco de Previsión Social va a funcionar con un 35% de evasión en industria y comercio, un 77% en el sector rural y doméstico, y con este tipo de convenios que los directores sociales descubrieron y que, afortunadamente, en este caso concreto, se eliminaron? No debemos olvidar las deudas de las Intendencias, tanto las no pagas como las que se van acumulando.

Otra fuente de financiamiento genuino se ha visto afectado por los Decretos de enero de 1995. Estas normas liberaron de aportar al Banco de Previsión Social hasta un 20% del total de las retribuciones que percibían los trabajadores por gastos en ropa, alimentación, etcétera. Asimismo, otro de esos decretos permitía a los trabajadores constituirse en empresas unipersonales. Este mecanismo libera al empleador del aporte patronal y también exonera a los profesionales si, simultáneamente, aportan a la caja de Profesionales Universitarios. La estimación de esta rebaja de ingresos está situada en alrededor de U$S 80:000.000.

Deseo señalar, señor Presidente, que aquellos que sostienen que la rebaja de aportes mejora la competitividad, tienen argumentos que parecen ser fuertes pero que, a mi juicio, no tienen esa condición.

Lo primero que hay que señalar es esto que se realiza sin contrapartidas claras; simplemente se rebaja y se está a lo que suceda. Una contrapartida, por ejemplo, podría ser asegurar la generación de empleo. Se ha dicho que hay que rebajar los aportes porque la gente joven no tiene trabajo y que, con esa reducción, se podría ambientar la generación de empleo. Sin embargo, he escuchado a algunos economistas sostener de las fuentes de trabajo aunque, naturalmente, sí incrementará las ganancias de los industriales, reduciendo sus costos.

Por otro lado, se habla de que los aportes patronales comparados con los de la región son muy importantes. Personalmente, quiero decir que, por ejemplo, en el sistema estatal argentino que subsiste, esos aportes están situados en un 16%; en Brasil, ese porcentaje oscila entre un 21% y 23%; en Uruguay se ubica en un 14.5%, mientras que en Paraguay es de un 14%. Sin embargo, el aporte obrero uruguayo es el más alto de la región, ya que en nuestro país los trabajadores pagan un 13% de aportes, mientras que en Argentina pagan un 10%, en Brasil, entre un 8% y un 10% y, en Paraguay, un 9%. No obstante, obsérvese que en este ajuste se faculta al Poder Ejecutivo a rebajar el aporte patronal, mientras que se aumenta el impuesto a los sueldos. Es decir que no sólo no se rebaja el aporte obrero, sin que se incrementa el impuesto a los sueldos.

En síntesis, mientras se pone a jubilados y pensionistas en la mira pública como factor de desequilibrio económico, se incentiva la política de desfinanciamiento del Banco de Previsión Social, quitándole recursos, lo que obliga a incrementar la asistencia financiera. Luego se va a afirmar -ya lo veremos- que dicha asistencia es insostenible, por lo que se debe privatizar. Esto es lo que se dirá dentro de muy poco tiempo; inclusive, ya se está diciendo.

Si este proyecto de ley se sanciona y el Poder Ejecutivo utiliza la facultad que se le otorga, estos U$S 48:000.000 se sumarán en el correr del año a los U$S 80:000.000 de los Decretos de mes de enero; en definitiva, estaremos frente a U$S 128:000.000 de recursos genuinos retaceados.

Naturalmente, pienso que es preciso implementar políticas que contribuyan gradualmente a bajar los aportes de obreros, empleados y patronos. En mi opinión, esto se debe hacer incentivando el empleo formal, corrigiendo la evasión y luchando denodadamente para que ella no se dé, fundamentalmente, en los sectores productivos -comercial e industrial- porque esto no sólo perjudica al Banco de Previsión Social y a la Seguridad Social, sino también a los comerciantes e industriales honestos que hacen sus aportes en forma correcta. La mejor solución para este problema es el desarrollo económico, el empleo formal y el control efectivo.

Como balance final, pienso que se está realizando un ajuste fiscal que pagarán, sobre todo, los sectores de ingresos fijos. Es preventivo. El señor Ministro de Economía y Finanzas ya ha anunciado que este ajuste tendrá esta dimensión siempre que no estalle el Plan de Convertibilidad. Si ello ocurriese -y quiero decirlo muy claramente- el señor Ministro ha dicho que «habrá que recurrir al botiquín de primeros auxilios». Personalmente, no me parece esta sea una respuesta adecuada, por decirlo en forma suave. Con todo, que nos está anunciando que es probable que haya un ajuste aún más profundo, quizás este mismo año.

Queremos subrayar que no hay cambios en la política crediticia y no los habrá en materia cambiaria. Por otra parte, el señor Ministro de Economía y Finanzas ha dicho en Comisión que no tiene ninguna previsión hecha para una mayor inversión en educación. Textualmente, ante una pregunta que se le formuló, manifestó: «Nosotros, señor Presidente, estamos procurando restablecer una senda de equilibrio en los niveles imprescindibles de las cuentas del Estado. En consecuencia, no estamos suponiendo un incremento de gastos en ningún sector». En mi opinión, debió agregar: «Estamos proponiendo una reducción de gastos por U$S 250:000.000». Lo que quien habla no sabe, es cómo lo va a realizar.

El Gobierno de coalición ha emitido un compromiso -que otra fuerza política que no forma parte del Gobierno comparte con salvedades- en el que se anuncian políticas salariales restrictivas y en el que no existen delineadas medidas de impulso sostenido al crecimiento productivo.

En los hechos, la política de la Administración Lacalle no se ha modificado en lo central, y las medidas que hoy se articulan de subsidios a la industria manufacturera, se hacen a partir de una transferencia de ingresos de los sectores populares hacia ella.

Sospechamos que no habrá éxito en esta propuesta; más bien, creemos que es errada y que tendrá consecuencias recesivas aún más graves de las que se prevén. Si se pinta una realidad de crecimiento productivo cero, de aumento del desempleo, y se propone como remedio constreñir aún más la demanda interna aumentando el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Retribuciones Personales, seguramente el resultado será menos demanda, más recesión, menos recaudación y, quizá, mayor déficit, aunque se reduzca brutalmente el gasto del Estado y se afecte con ello a los sectores más débiles de la sociedad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Voy a comenzar refiriéndome a los comentarios que se han hecho aquí -y también fuera de este ámbito- en materia de gasto público y de déficit fiscal del año 1994. Dado que me tocó bogar por estos temas en los últimos años, se comprenderá que quiera aludir a esa cuestión.

Deseo señalar que exactamente las mismas personas que hoy se rasgan las vestiduras por este gasto y este déficit son las que votaron, en primer lugar, en contra de todas las reformas estructurales que se propusieron y que están, precisamente, en la raíz del gasto y de los déficits. Además, votaron afirmativamente todas las posibilidades de aumento del gasto que les pasaron por delante, sin financiación, contra repetidos pedidos del Poder Ejecutivo. Lo hicieron tanto en el Presupuesto como en las sucesivas Rendiciones de Cuentas. El otro día en Comisión, el señor Senador Batlle recordaba la Rendición de Cuentas enviada en 1993, que debe haber sido una de las más breves en la historia del Uruguay, y de las más avaras en materia de gastos. Decía el señor Senador Batlle que el Poder Ejecutivo la remitió con 50 artículos, y el Parlamento terminó aprobándola con 500. Ello puede no haber sido tan así, pero la cantidad de normas no se alejaba mucho de esa cifra.

Vale más todavía recordar que esa Rendición de Cuentas generó un déficit de caja que, si mi memoria no falla, estaba en el entorno de los U$S 190:000.000; creo que la cifra exacta era U$S 187:000.000.

Recuerdo perfectamente las reacciones tan airadas que se producían cuando el Ministerio de Economía y Finanzas -por instrucciones de quien habla- publicaba periódicamente en los diarios la marcha de ese déficit en aumento, es decir, de los gastos sin financiación que se votaban en el Parlamento. Se trata de las mismas personas a las que hoy, reitero, vemos rasgarse las vestiduras por el gasto público de 1994 y el déficit fiscal.

Sin embargo, tampoco se limitaron simplemente al Presupuesto y a las Rendiciones de Cuentas: haciendo caso omiso de la Constitución, que es tan mezquina en estas cosas, votaron gastos sin financiación, fuera de aquellas. Y ya que estamos hablando de 1994, muchos de los aquí presentes recordarán aumentos salariales que fueron dados por Ley en violación de la Constitución. Incluso, hacia fines de ese año, se concedieron subsidios a empresas fundidas y hubo nuevos reajustes a las pasividades militares. Esto último significó un gasto de varias decenas de millones de dólares.

Aquí se ha hablado mucho de los funcionarios, de las supuestas contrataciones y demás, temas a los que aludiré más adelante. Entonces, debemos recordar -tal como muy bien lo hizo en Comisión el señor Senador Batlle- la presupuestación de un plumazo de varios cientos de funcionarios públicos en el Parlamento, hacia fines del año 1994.

Señor Presidente: es verdad que, objetivamente, no tenemos por qué presumir que estamos ante otro ejemplo de doble discurso político. Bien podría ser que estos señores senadores hayan sufrido un proceso de conversión y, efectivamente, ahora dejen atrás esas prácticas y apoyen todo lo que sea disciplina fiscal y contención del gasto; no tendríamos por qué hacer una presunción en contra. Será muy fácil averiguarlo; saber si esto se trata otra vez de un doble discurso o si es una conversión genuina. Si efectivamente están en contra del déficit y tampoco apoyan el aumento de impuestos, bien se puede concluir que estarán en contra del aumento de los gastos. No cabe otra posibilidad, si realmente estamos ante un caso de conversión auténtica.

¿Cuáles van a ser esos gastos que de ahora en más ellos van a controlar y a cuyo aumento se van a oponer? Obviamente, no son los gastos corrientes; no es ahorrando papel que la Administración Central va a bajar sustancialmente el gasto público. Se van a tener que oponer a los incrementos salariales, que es uno de los rubros más importantes. Además, tendrán que buscar soluciones para la Seguridad Social que impliquen un abatimiento del gasto en esa materia -tema sobre el cual volveré a hablar- y deberán oponerse al aumento de los egresos en la inversión. Es más; hoy que han manifestado todas esas preocupaciones sobre el gasto del año 1994, tendrían que haber dicho -están a tiempo todavía- que se comprometen públicamente acá, en el Senado, a que no van a votar más aumentos de gastos en el próximo Presupuesto -que tendremos que analizar dentro de unos pocos meses- si no están financiados. Si eso hicieran, quizá podríamos creer que efectivamente estamos ante un caso de conversión y no de doble discurso. Hasta tienen una oportunidad inmediata, no hay por qué esperar al Presupuesto. En el período pasado, enviamos un proyecto de ley al Parlamento que impedía expresamente votar gastos sin financiación. Quienes hoy han hablado del déficit y demás, por supuesto que ni lo miraron. Ahora lo volvimos a presentar, lo pueden votar ya y así demostrar que efectivamente no hay acá doble discurso, sino una auténtica conversión a la disciplina fiscal. Sin embargo sospecho, señor Presidente, que hay acá una clara intención política de «buscarle la lengua al Partido Nacional» a ver si consiguen ponerlo en contra del Partido Colorado -el señor Senador Gargano sonríe y me adelanto a decir que no es sin motivo- y algo similar he visto de parte de algunos integrantes de la prensa. En estas últimas semanas he sufrido una verdadera persecución de la prensa. Incluso algunos me han dicho: «No entendemos; a ustedes los atacaron por la política económica en la campaña electoral, perdieron las elecciones y acá tienen la oportunidad de tomarse la revancha, de vengarse. Pero resulta que usted, a quien le dieron palo durante toda la campaña electoral, está callado, no hace declaraciones. No entiendo». Les he contestado: «Sí, efectivamente, no entienden». Empiezan por no entender lo que es el Partido Nacional, probablemente porque no conocen suficientemente la historia del Uruguay.

Personalmente, fui muy duro durante la campaña electoral. Consideré -y considero- que el doctor Sanguinetti no era la mejor opción para el país, pero eso ya lo resolvió la ciudadanía. Hoy en día, mi obligación radica en no maniatar y entorpecer a un Poder Ejecutivo que está comenzando su gestión. No hay ninguna incoherencia entre una cosa y la otra.

Para aproximarse al tema, señor Presidente, me voy a permitir leer una intervención que hice en una de las tantas interpelaciones que el Frente Amplio me efectuó en el período pasado, cuando fui Ministro de Economía y Finanzas, siempre reclamando mayores gastos. La que seleccioné -podría ser cualquiera de las otras- data de mayo de 1993, fue en la Cámara de Representantes y había sido planteada por el entonces Representante Nacional Couriel.

A cierta altura del largo debate dije algo que quisiera recordar aquí. Fue en contestación a una de las tantas intervenciones del señor Representante Nacional Couriel. Expresé textualmente: «Por un cúmulo de factores -por coyunturas especiales, por la política de Gobierno, etcétera- conseguimos estar en una situación económica envidiable. Pero esta situación no la tiene asegurada el Uruguay, y éste, de por sí, sin efectuar algunas reformas de fondo, no podrá mantenerla si algún día cambia el viento en algunas de las variables externas sustanciales. Por otra parte, en el mediano y largo plazo, el Uruguay difícilmente podrá soportar los niveles de gasto público que hoy tiene la economía. Si existiera preocupación de parte de quienes ya se consideran herederos del Gobierno» -y esto, señor Presidente, respondía a una alusión directa del señor Representante Nacional Couriel que, en aquel momento, consideraba que el Frente Amplio tenía ganadas las elecciones- «en el próximo período, más que dirigirla hacia el Poder Ejecutivo y su política cambiaria deberían enfocarla sobe estos temas de fondo, recordando que habrían perdido la oportunidad, como pocas veces se da en la historia de un país, de apoyar a un partido de Gobierno -en esto incluyo a otras fracciones; no se trata sólo del Herrerismo- que estuvo dispuesto, en el acierto o en el error, a pagar platos rotos de mucho tiempo atrás, para llegar a soluciones más duraderas que las de un período de cinco años. Los pretendidos herederos desaprovecharon la buena voluntad manifiesta del causante».

Más adelante, señor Presidente, en aquella oportunidad dije: «Creo que la interpelación que es necesaria, independientemente de estos ejercicios más de tipo político, es una interpelación profunda al Uruguay por los uruguayos. Y vuelvo a algo que dije antes: independientemente de méritos o deméritos, los uruguayos tenemos hoy una situación económica increíblemente buena dado el contexto. Si elementos básicos de ese contexto cambian en el futuro -lo que bien puede suceder independientemente del gobierno de turno- es probable que esa situación se desmejore y pueda llegar a empeorar radicalmente, porque en el sustrato de nuestro país, más allá de los ministros de turno, todavía hay factores fundamentales que no han cambiado. No existe una percepción de la realidad actual, ni de hacia dónde se perfila la realidad económica del mundo, que no es como nosotros queramos, que dependerá o no del Fondo Monetario Internacional, de las grandes potencias y de todas las otras fábulas tantas veces repetidas, pero que es de una determinada manera y a ella debemos ajustarnos. A mi juicio, si el Uruguay no se interpela a sí mismo con valentía, con coraje y con realismo en los temas de fondo, seguirá teniendo este tipo de diálogo de sordos, sobre manifestaciones y no sobre raíces. Es a lo otro a lo que tenemos que ir -nos guste o no, nos parezca justo o injusto-: a determinadas reformas de fondo, de estructuras estatales y culturales. Si no las encaramos todos, si persistimos en buscar la raíz de los problemas y sus soluciones allí donde no están, el día en que cambie el viento -Dios quiera que no sea así, pero todos los indicadores demuestran que si eso ocurre va a ser un problema de los herederos, tema que tanto preocupa al señor Diputado interpelante- esto que hoy se quiere pintar tan negro y que tanto se critica, va a ser recordado, desgraciadamente, como algo deseado y añorado». Reitero, señor Presidente, que esta intervención data de mayo de 1993.

Dado los temas que se han tratado hoy, recordemos también, cuando se habla de los funcionarios públicos y de supuestas contrataciones no probadas, que en el período pasado fue el Poder Ejecutivo -creo que por primera vez en la historia del Uruguay- quien mandó al Parlamento un proyecto de ley para restringir -cuando no prohibir- el ingreso de funcionarios públicos, parte de cuya materia tiene -y bien lo hace- la iniciativa que tenemos en consideración hoy.

Recordemos también que ese proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo en el período anterior fue, en primer lugar, flexibilizado por el Parlamento -quien habla integraba en ese momento, junto al señor Presidente de este Cuerpo, la Comisión de Constitución y Legislación- en materia de ingresos. Después, en sucesivas leyes de Rendición de Cuentas dicho proyecto de ley fue reformado, aquí, permitiendo excepciones para el ingreso de funcionarios públicos. Pienso que a la hora de rasgarse las vestiduras, debemos recordar los hechos tal cual sucedieron.

También tenemos que acordarnos, señor Presidente, que el Gobierno anterior, el del doctor Lacalle, fue el primero en la historia del Uruguay que debió administrar la economía del país con el gasto incrementado que significó la reforma de la Constitución por el reajuste de las pasividades. Este gasto llegó en 1994 a U$S 2.500:000.000; bastante más de lo que el país exporta.

Y recordemos que el déficit del año 1994 -del cual acá se habló- fue, como bien dijo el señor Senador Gargano, de 2.8% ó 2.9% del Producto Bruto Interno, lo que significa alrededor de U$S 450:000.000. No es casualidad que el déficit del sistema de seguridad social sea de aproximadamente U$S 440:000.000. Entonces, hablemos honestamente de los problemas donde están y después comprometámonos a solucionarlos.

Además, recordemos que en el período pasado hubo una rebaja sustancial en la tributación a los combustibles, retrasos -por tanto, mejoras desde el punto de vista financiero- y rebajas considerables en la tributación a los sectores agropecuario e industrial y al país entero, a través del abatimiento de los impuestos sobre las importaciones, rebajas de otras tarifas, etcétera.

En tren de recordar, acordémonos de que durante ese período cayó la inflación y aumentó la inversión, el Producto Bruto Interno, las pasividades en términos reales, el ingreso real de los hogares, los recursos para la educación, para la vivienda y para la salud.

En definitiva, señor Presidente, como sostuvimos desde el Gobierno y en la campaña electoral, si no atacamos los problemas de fondo, cada tanto nos volveremos a encontrar para tener que tomar medidas coyunturales poco agradables para todos.

Es por eso que el Herrerismo reitera nuevamente su llamado a que sin más demoras nos aboquemos todas a las reformas de fondo que todos conocemos y que son impostergables para el país. Eso sí requiere el envío de algunos Proyectos de Ley por parte del Poder Ejecutivo, pero también que el Parlamento -sin necesidad de excitación alguna por parte de dicho Poder- se aboque al estudio de iniciativas de fondo, muchas de las cuales ya están en el Senado, como los cinco o seis proyectos de trascendencia que presentamos al comienzo de este período.

Con relación al proyecto de ley que hoy tenemos a consideración, señor Presidente, debemos decir que oportunamente hicimos llegar al señor Ministro de Economía y Finanzas nuestro punto de vista sobre diversos aspectos, así como acerca de la necesidad -a nuestro modo de ver- de su acotamiento temporal en función de esas reformas estructurales a que hacíamos referencia. Por distintos motivos, el Poder Ejecutivo consideró que no podía acceder a la mayoría de las observaciones o sugerencias que le hicimos. Concretamente lo que hoy tenemos a estudio es lo que dicho Poder manifiesta necesitar para la conducción de la política económica.

Cuando fuimos Gobierno sostuvimos reiteradas veces que la responsabilidad en la conducción de la política económica corresponde al Poder Ejecutivo y que no es honesto primero maniatarlo y después exigirle responsabilidad por no actuar.

Hoy no estamos en el Gobierno, pero somos el mismo Partido Nacional, animado de los mismos principios y convicciones. Y coherentes con esa posición, vamos a dar al Poder Ejecutivo -aunque no nos guste- esos instrumentos que reclama como necesarios para conducir la política económica.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Voy a hacer un comentario en forma breve porque me he sentido incluido entre quienes se rasgan las vestiduras. Quiero aclarar, ante las manifestaciones del señor Senador Posadas Montero, que cuando declaramos preocupación por el tipo de gastos que se incrementaron en el año 1994, no nos estábamos refiriendo al tipo de gastos públicos que hemos acompañado siempre con nuestro voto y respecto al cual, naturalmente, podemos tener y seguir teniendo diferencias con el señor Senador. A nosotros nos alarman otras cosas como, por ejemplo, comprobar que en ese año las remuneraciones personales en el Gobierno Central se incrementaron -respecto al año anterior- aproximadamente U$S 140:000.000, siendo que en ese año el salario real promedio de los trabajadores de la Administración Central cayó en un 2.5%. Como el cálculo que demuestra que las remuneraciones personales pasan de U$S 649:000.000 a U$S 781:000.000 lo tenemos en dólares, sabemos que aquí está incidiendo el problema del atraso cambiario y de la inflación en dólares. Pero todos recordamos que dicha inflación en 1994 no llegó al 20%, y ese es estrictamente el porcentaje de aumento de las retribuciones personales en la Administración Central durante ese año. Esto, evidentemente, se explica por el ingreso de funcionarios; no cabe otra justificación.

También nos preocupa el aumento del 15% en dólares que tuvieron los gastos no personales en la esfera de la Administración Central, que son, justamente, los que nunca hemos acompañado ni acompañaremos con nuestro voto. Cuando hablamos de gasto público es necesario hacer una discriminación según su composición y sus categorías.

Me sentí obligado a hacer resta aclaración, señor Presidente, porque el Cuerpo debe creer que cuando aludimos a este tema no le estamos «buscando la boca» a una fuerza política para tirarla en contra de la otra; simplemente estamos haciendo el diagnóstico que honesta y sinceramente entendemos debe hacer el país, sobre todo, para encontrar las mejores medidas que puedan atacar esa situación.

Declaro aquí, con total honestidad, que no estamos intentando provocar ningún enfrentamiento interno entre los sectores que promueven este proyecto de ley. Lo digo con franqueza, de corazón, porque es así. Pero también con franqueza y de corazón estamos diciendo algo respecto a lo cual estamos honestamente convencidos. Creemos que en 1994 ocurrieron estos hechos que tenemos que conocer, no sólo para tomar medidas de este tipo, sino también para no incurrir nuevamente en esos gastos, de modo de no tener que recurrir en el futuro a medidas similares.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En forma muy breve, quiero decir que el señor Senador Astori ha sido muy perceptivo en incluirse dentro de los que se rasgan las vestiduras. Efectivamente es así.

Con relación al supuesto aumento salarial del año 1994 que no se compadece con lo que acaba de manifestar el señor Senador Gargano, creo que no ha sido así y deberá probarse dónde están las supuestas contrataciones por ese volumen. En definitiva, lo que ha habido ha sido básicamente un mantenimiento del salario real que, obviamente, en dólares implica un aumento.

En cuanto a los llamados gastos no personales, todos sabemos -y el señor Senador Astori en primer lugar- que hace mucho tiempo incluyen gastos personales, amén de otras cosas como transferencias a la seguridad social y asistencia a empresas estatales fundidas que el señor Senador, entre otros, se ha negado a que salgan del Estado y pasen a manos privadas.

Por último, señalo que eludió el compromiso de no votar de aquí en más, cuando estudiemos el Presupuesto, aumentos de gastos sin financiación, para tener disciplina fiscal; una lástima.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Voy a salvar un error que ha cometido el señor Senador Posadas Montero, porque el señor Senador Astori no corrigió la cifra que cité, sino que simplemente la ratificó en forma expresa. De acuerdo al cuadro elaborado por el Instituto de Economía, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística, el salario real de los funcionarios del Gobierno Central cayó en 1994 un 2.5%. Eso fue lo que expresé y lo que figura en este libro que tengo en mi poder.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - ¿Eso es parte del festival electoral?

SEÑOR GARGANO. - No lo sé. De todos modos, lo que habría que explicar, señor Presidente, es por qué, habiendo caído el salario real, suben los gastos correspondientes a remuneraciones personales en un 20%. Eso es lo que aun no se ha explicado.

(Interrupción del señor Senador Posadas Montero)

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Mi intención era realizar una exposición dividida en dos partes; en la primera me iba a referir a cierta desprolijidad importante que tiene este proyecto de ley desde el punto de vista formal, lo que en Derecho -aunque muchos no lo crean- ha tenido serias consecuencias en más de una oportunidad y, en la segunda, pensaba apuntar a la cuestión sustancial, filosófica, de contenido, por la cual creemos que es dañino para el país. No es que sea una iniciativa no buena, sino que es dañina. Sin embargo, algunas reflexiones formuladas hace momentos por el señor Senador Posadas Montero me obligan a iniciar mis palabras con dos o tres aclaraciones.

En primer lugar, voy a razonar con toda honestidad, y digo esto a raíz de una exhortación que nos llevó a hablar honestamente. Voy a hablar con honestidad, me podré equivocar o apasionar, pero igualmente voy a hacerlo con honestidad.

En segundo término, no acepto tener doble discurso; en absoluto. ¡No lo acepto! Es más; voy a afirmar -sin referirme a una o a varias personas determinadas- que el Partido Nacional en estos últimos meses ha tenido doble discurso, al igual que el Partido Colorado. El señor Senador Posadas Montero es parte muy importante del Partido Nacional; fue Ministro de Economía y Finanzas y en los últimos meses previos a la elección pintó un panorama muy alentador sobre la situación del país y, hace unos instantes, reiteró esa afirmación. Desde mi punto de vista, no actuó deshonestamente sino que hizo una picardía porque, si bien se refería a la sonrisa del señor senador Gargano, en realidad, me pareció que estaba dirigiendo algunas pequeñas flechas al Partido Colorado cuando enumeró la lista de éxitos.

Por otro lado, en este momento hay miembros del Partido Nacional que sostienen que el país está en estado de necesidad. Hay, entonces, un doble discurso. Por su lado, el Partido Colorado, en el período previo a las elecciones en algunas oportunidades negó y en otras quitó valor a una enumeración que hoy realizó el señor Senador Posadas Montero sobre los éxitos de su Partido en la conducción económica. Sin embargo, ahora el mismo Partido Colorado permanece en silencio frente a esto. Repito que no se trata de deshonestidad, sino de un doble discurso que tiene un fundamento político porque estamos frente a una coalición política básicamente conservadora. Pero hay personas, dentro de las colectividades que he mencionado, que no son conservadoras y la vida dirá si podrán lograr que esos partidos actúen de otra forma. Sin embargo, en virtud de esos hechos políticos, existe ese doble discurso.

Debo aclarar también otros aspectos. Aquí varios señores Senadores han sostenido -también en la Comisión, de manera informal- que el Parlamento, más de una vez tuvo conductas como la de designar de un plumazo a una cantidad de funcionarios públicos, y se referían, concretamente, al personal del Parque de Vacaciones de UTE. Efectivamente, se dictó una ley que declaró que tenían la calidad de funcionarios públicos. Quizás esta afirmación para espectadores poco avezados en materia jurídica tenga algún efecto, pero aquí no se hizo ninguna designación de funcionarios públicos; la ley simplemente estableció la naturaleza jurídica de una relación que ya existía desde hace muchos años. Incluso, esto fue argumentado en los mismos términos por juristas muy calificados. Es mas; en alguna oportunidad, un Juez lo sostuvo ante un empleado de dicho Parque. Este funcionario se presentó ante un Juzgado porque querían aplicarle determinada norma y él sostuvo que era funcionario público porque sus haberes se los pagaba UTE, ganaba un sueldo de UTE y recibía los mismos aumentos que los demás empleados de esa repartición. En consecuencia, la circunstancia de que no hubiera una resolución expresa de ese Directorio -que se había negado a dictarla- no significaba que no tuviera la calidad de funcionario público. Incluso, el Juez dictaminó que esa persona debía aportar como funcionario público ante el Banco de Previsión Social y no como un empleado privado de industria y comercio. Esto es real y lo que hizo el Parlamento fue declarar una situación jurídica ya existente; no creó ni designó.

Por lo tanto, una afirmación de esta naturaleza dicha en el aire puede caer como un «espejito de colores» con alguna fuerza para personas no avezadas en materia jurídica. Esto fue así y no hubo ningún nombramiento.

A continuación voy a contestar las referencias que se han hecho a la actuación de la Comisión de Constitución y Legislación. Quien habla la integró en una oportunidad en que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que restringía el ingreso de funcionarios públicos. Concretamente, debo manifestar que no es verdad -si existen dudas, se puede recurrir a la versión taquigráfica- que en el ámbito parlamentario se haya flexibilizado lo que proponía el Poder Ejecutivo; no es verdad. A tal punto no lo es, que lo que en esa oportunidad exigió la Comisión -como lo hacemos siempre- fue que, aun en el caso de las excepciones en que se permiten designaciones -esto habitualmente ocurre en el área de la docencia y la salud pública- en todos los casos se incluyera una norma que estableciera que todo ingreso de cualquier naturaleza siempre se debe hacer por concurso o sorteo, cuando no se requieran conocimientos especiales, de tal manera -esto lo redactamos con el entonces Presidente del Senado- que todos los ciudadanos tengan un derecho igualitario a acceder y participar en ellos. Esto fue lo que no aceptó el Poder Ejecutivo o, en todo caso, sus voceros ante la Comisión. Esto siempre ha sido así y siempre nos hemos enfrentado a ese problema.

Por nuestra parte, en términos muy gráficos hemos dicho que lo que no nos gusta es el clientelismo en materia de funcionarios. Lo que no nos agrada es que los gobernantes designen a alguien porque recibieron su voto o eventualmente lo puedan recibir; esto no es correcto. Incluso puede haber razones afectivas o de sentimientos humanos comprensibles, pero de todos modos no las aceptamos y no deseamos que así ocurra porque existe un principio que siempre sostendremos: el que ingresa a la función pública lo hace porque resultó favorecido en un sorteo igualitario o ganó un concurso en el que todos tuvieron oportunidad de participar. Esto es lo que la Comisión estableció y no una flexibilización de lo que planteaba el Poder Ejecutivo. Todavía más; la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de quien habla, integró en las prohibiciones también a los Gobiernos Departamentales lo que ahora se excluye. No lo critico porque la Suprema Corte de Justicia realizó una declaración de inconstitucionalidad y considero que no es incorrecto que una ley reconozca una resolución de ese órgano. Sin embargo, no se puede llamar a eso flexibilizar, porque lo que se hacía era incluir también a los Gobiernos Departamentales.

Deseo agregar que fue mi voto el que decidió el resultado, ya que había empate. Existían dudas sobre constitucionalidad y, personalmente -aclaro que si hubiera estado convencido con respecto a la inconstitucionalidad tampoco lo habría planteado- en la duda, me incliné por incluir dentro de las prohibiciones a los Gobiernos Departamentales.

De una manera tajante reitero que no es verdad que el Parlamento haya flexibilizado esa ley. Ocurre que por distintas circunstancias los proyectos de ley que arriba al Parlamento -como sucede también ahora- siempre son objeto de una posición negativa, básicamente de los partidos tradicionales -aclaro que no me refiero a todos sus miembros- en el momento de incluir una cláusula absolutamente justa e indiscutiblemente correcta en el sentido de que el ingreso a la Administración Pública se haga por sorteo o por concurso para que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad. A esta negativa se le denomina -no es una ofensa sino una tradición- clientelismo público, algo que considero no se debe practicar.

Esos gastos a los que nos referíamos cuando hablábamos del año 1994 son los que nos preocupan, y no los productivos. Por el contrario, quienes nos ponemos la etiqueta de izquierda -en mi caso con mucho orgullo y honestidad- no queremos que las cuentas fiscales se equilibren, como elemento importante, por medio de la reducción de gastos, sino por aumento de la producción. Naturalmente, no queremos gastos suntuarios ni de corruptelas y mucho menos -es obvio- gastos de corrupción. Pero no estamos ahora en ese terreno. En definitiva, no nos preocupan demasiado los gastos, y no es un instrumento útil para combatir el déficit fiscal.

Hechas estas aclaraciones, voy a ingresar ahora en el desarrollo de este tema.

En primer lugar, deseo expresar que este proyecto de ley tiene características formales que pueden tener graves consecuencias y puede ser tildado, si no lo trato con mucha benevolencia, de desprolijo. Es más; en la expresión de un distinguido Legislador -no de nuestra fuerza política sino de un partido tradicional- sería mucho más grave: «mamarrachesco». En lo que tiene que ver con el aspecto formal, ¿por qué estos artículos se refieren a modificaciones o sustituciones del Texto Ordenado del año 1991? Puede ocurrir que en la lógica común -quizá la mejor de todas- eso no aparezca como incorrecto. Sin embargo, en la que utilizamos los abogados -no siempre entendida- la lógica deóntica, que se refiere a las normas y a sus valores, es un disparate elaborar una ley modificando un Texto Ordenado del año 1991. Una ley puede modificar a otra. Obsérvense las situaciones que pueden darse y que efectivamente ocurren con el texto de esta iniciativa. Existen disposiciones posteriores al año 1991 que cambian por este proyecto; sin embargo, lo que éste intenta hacer es modificar el Texto Ordenado de 1991. A este respecto, voy a dar un ejemplo, que no es el único. A este respecto, voy a dar un ejemplo, que no es el único. El artículo 9º del proyecto de ley remitido por la Cámara de Representantes, que aumenta las tasas básica y mínima del Impuesto al Valor Agregado, expresa en su parte final: «Aféctase al Banco de Previsión Social la recaudación correspondiente a siete puntos de la tasa básica». En el acápite de este artículo se dice: «Sustitúyese el artículo 14 del Título 10 del Texto ordenado de 1991». Entonces, la Secretaría, cuando preparó el Repartido de las normas citadas, debajo del artículo 9º cita, efectivamente, el artículo 14 del Título 10 del Texto Ordenado de 1991 que establece que se afectaba al Banco de Previsión Social el 5%. Como ahora se afectaría a siete puntos, este parece un cambio importante. Un lector poco avezado podría creer que se efectúa un aumento de cinco a siete puntos para el Banco de Previsión Social. Sin embargo, esta norma se dicta cuando dicha tasa ya alcanzó ese nivel. Quiero pensar que se trata de un error.

No obstante, a este respecto quisiera contar una anécdota pintoresca, sin pretender polemizar. En la noche de ayer participé de una conversación en mi barrio, junto a un grupo de personas, en su mayoría pasivos, y un dirigente político que no pertenece a mi partido. Esta persona les expresaba: «¿Y ustedes, los jubilados, están preocupados? Miren esto, antes era un 5% y ahora es un 7% para el Banco de Previsión Social».

Me apresuro a aclarar que la Secretaría no tiene ninguna culpa, ya que incluyó como norma citada la que figuraba en el artículo. Lo que ocurre es que el artículo 14 del Título 10 del Texto Ordenado de 1991 fue modificado y quien redactó el artículo 9º del proyecto de ley no tenía conocimiento de eso o -si presumimos una picardía de su parte- lo mantuvo para que pareciera que se concedía un aumento.

De lo expuesto surge que la técnica de formulación de la ley es un desastre. Estimo que se debió redactar lo que se quería establecer y luego, al elaborarse el Texto Ordenado, incluir las normas correspondientes. Reitero que la labor de la Secretaría fue impecable y el Repartido es muy útil, porque contiene el texto del proyecto de ley que estamos analizando, el del Poder Ejecutivo, el Comparativo y las Disposiciones Citadas. El problema radica incorrectamente en el proyecto de ley.

Continuando con este aspecto formal que tiene consecuencias jurídicas importantes, existen varias delegaciones en el texto que no están ajustadas a Derecho y, por lo tanto, son antijurídicas. Como muy bien expresó en la Comisión el señor senador Mallo, es notorio -y no voy a desarrollarlo- que en todo sistema de Constitución rígida, la delegación está permitida dentro de un Poder. En el caso del Uruguay, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, puede delegar atribuciones en los Ministros y éstos, a su vez, en los Directores de Secciones; pero no de Poder a Poder, porque no se puede. Sin embargo, en este proyecto de ley se efectúan varias delegaciones. Algunas se han hecho con buena intención, pero no se deben hacer. La ley puede exonerar o fijar una tasa, pero no es bueno que haga delegaciones.

Voy a referirme a otro punto en el que la formulación del proyecto de ley tiene defectos fuertes y, por lo tanto, consecuencias políticas muy importantes. Algunas de las normas a que aludo no vienen incluidas en el proyecto de ley original del Poder Ejecutivo, sino que se incorporaron en la Cámara de Representantes, quizás como forma de mejorar la iniciativa. Aunque en algunos párrafos el proyecto puede haber logrado su cometido, en otros se lo dotó de lo que algunos autores denominan normas argumentales, que es una pequeña o gran picardía jurídica que suele utilizarse.

Este nombre de «normas argumentales» lo usa, incidentalmente, pero muy bien, quien es para mí el mejor constitucionalista moderno de Italia: Paolo Biscaretti di Ruffia.

¿Qué son las normas argumentales? Son aquellas que no tienen carácter dispositivo y que se incluyen para poder defender una ley ante la opinión pública.

Nos hemos encontrado con varias de estas normas. Por ejemplo, el artículo 35 del proyecto -al menos a mí me cuesta no votar algo que parece que se ajustara a lo que hemos reclamado tanto, fundamentalmente, porque pude comprobar en la Comisión que aquí no estamos en condiciones de modificar absolutamente nada, ni siquiera una coma, porque a pesar de que los promotores de esta iniciativa aceptaron que había cosas muy mal hechas, entendían que no debían ser alteradas en esta oportunidad, dado que el proyecto tendría que volver a la Cámara de Representantes- dice lo siguiente: «Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer un régimen en materia de vehículos de transporte», etcétera, que parece ser muy restrictivo. Pregunto, entonces, ¿qué le impide hoy al Poder Ejecutivo restringir el uso abusivo de vehículos oficiales? ¿Qué le impide decir que de Director General para abajo, nadie los puede usar? ¿Qué le impide venderlos y no comprar otros? No hay absolutamente ningún impedimento para ello.

Esta es, pues, una típica norma argumental, tanto que ya he oído comentar que en el proyecto se limita -como nosotros queríamos- el uso de vehículos de transporte. No se limita nada; simplemente, se da al Poder Ejecutivo -y por eso no hablo de delegación- una facultad que ya tiene y que, por otra parte, se utiliza abusivamente. No me voy a poner a hacer una especie de ejercicio beatífico de control de los automóviles oficiales, porque me parece que eso es un poco exagerado; pero nunca he entendido por que los jerarcas, aunque tengan automóviles y ganen sueldos decorosos, deben hacer uso de automóviles oficiales. Un contador nos hizo un cálculo sobre el gasto que esto representa en dos años -lo hizo por ese período, porque en muchos organismos las flotas suelen renovarse cada dos años- y la cifra se ubicaba en U$S 14:000.000. Me parece muy bien que haya automóviles oficiales elegantes para visitas importantes y que los jerarcas -ocupados con los temas propios de su función- tengan un chofer; pero, si poseen su propio automóvil, tengamos austeridad republicana y hagamos que lo usen. Entonces, no hace falta esta norma argumental, como diría Paolo Buscaretti di Ruffia, para demostrar que estamos reduciendo gastos. Aquí no se reduce absolutamente nada y, repito, la facultad que se quiere dar al Poder Ejecutivo, ya la tiene. Basta con una disposición interna o con una orden verbal para que los jerarcas utilicen sus propios automóviles. Por lo tanto, insisto, en que no es necesario incluir esto en una ley.

Hay otras normas argumentales, por ejemplo, las relativas a funcionarios públicos; pero, ¿qué es lo que nunca se ha querido establecer? Que cualquier ingreso tiene que hacerse por sorteo o por concurso. Esto es lo que hay que decir si de verdad se quiere combatir el clientelismo por la vía del empleo público. Se me podrá decir que esta es una manera de expresar una gran sensibilidad personal por parte de quien hace el nombramiento; pero no olvidemos que se cubre con dineros del Estado y no propios. No se es generoso cuando se paga con dinero del Estado; hay que serlo con el propio. Precisamente, es eso lo que hay que establecer.

La norma está y, por ende, hay restricciones en materia de funcionarios. Sin embargo, ya las había desde el año pasado y se nombraron muchos, también dentro del Parlamento. Siempre digo que doy un abrazo solidario a quien consiguió un empleo, aunque haya tenido la desgracia de tener que pedirlo a un político. Lo felicito; pero al político que se lo da, no, porque su generosidad no proviene de su bolsillo. Esto hay que decirlo de una vez por todas, porque todos estamos de acuerdo.

Estas son las características de tipo formal, de presentación, incluidas en las normas llamadas argumentales.

Podemos citar, además, el artículo 29, que ha sido esgrimido -¡y de qué manera!- para decir que se trata de medidas provisorias o provisionales.

Después de que fue difundida la encuesta que muestra que la gente está en contra del ajuste fiscal, leí un titular de «El País» que decía que en el primer semestre del año que viene dejaban de aplicarse estas medidas. Supongo que los señores Senadores sabrán de dónde surge esto: del último párrafo de este artículo, que establece: «Antes del 31 de marzo de 1996 el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General acerca de los resultados obtenidos en tales sentidos», es decir, de lo que señalan los párrafos anteriores.

Insisto, pues, en que se trata de un artículo absolutamente argumental, al margen de que su redacción podría provocar un colapso a algún miembro de la Real Academia.

En el tercer inciso, se utiliza la expresión «encomiéndasele», en lugar de «se le encomienda». Esto se parece a cuando una persona redacta un telegrama, que hace todo lo posible por utilizar pocas palabras, para que le cobren menos, cosa que aquí no tiene mucho sentido.

Al final, se maneja la fecha del 31 de marzo de 1996. Como señalé, leí en algunos diarios y semanarios, en artículos muy favorables al proyecto, que la medida es provisoria y que en esa fecha ya no regirían estos impuestos.

Pasemos ahora al contenido, a la filosofía del proyecto, no en el sentido de los últimos dogmas y de los grandes principios que rigen la vida, el ser y el espíritu; hablemos, simplemente, de la filosofía de un proyecto de ley, esto es, cuál es el conjunto de ideas que lo inspira. A mi juicio, son las mismas que inspiraron el otro ajuste fiscal, para decirlo en términos más sencillos -lamentablemente no está en Sala el señor Senador Posadas Montero, a quien se que no le gusta que diga esto, aunque siempre lo hago- son las ideas, con una muy leve corrección, a las que con una gran tolerancia muchos les dicen neoliberales y que yo llamo típicas neconservadoras. Se parte de la base de que el Estado es un fenómeno básicamente económico, mucho más económico que social y político. Esta era una idea que se manejó durante mucho tiempo y que en una interpretación muy mecánica se llamó el «economicismo» de Marx.

Además de ser el Estado un fenómeno básicamente económico, no tiene una existencia fundada en una comunidad. Esto es algo que se ve a diario. El ajuste fiscal es sólo un instrumento más. Personalmente, no me preocupa mucho si el déficit se ubica en el 2,8%, 2,9% o en el 4,1% -no es un tema demasiado importante- pero sí lo es que la gente no tenga un déficit de esa naturaleza en su casa, que llegue el día 20 y no tenga dinero para comer. Si las cuentas del Estado están mal, a lo sumo se podrá decir que instrumentalmente deben mejorar para que la gente viva mejor. Si esto se solucionara y también el tema de la tasa de inflación, lo aceptamos; si se le da un carácter instrumental, de síntoma, pero no de enfermedad -para decirlo en términos casi biológicos- lo aceptamos. Sin embargo, esto no ocurre; se dice: arreglamos el déficit fiscal, controlamos la inflación y nos vamos todos felices a nuestras casas. Se pretende hacer esto aunque la gente, que es lo único tocable y real en la vida de un Estado, viva mal. La gente está aburrida de este discurso.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Muchas gracias, señor Presidente.

Es cierto que el dirigente político no debe hacer «seguidismo» de lo que piensa la gente, pero es bueno no olvidarse de lo que opina. En la izquierda cometimos este error muchas veces en las décadas del 50 y del 60; no votaban a nuestros partidos y, entonces, decíamos: el pueblo está desinformado, no sabe. En estos días, se han hecho algunas encuestas de las que surge que todo el mundo está en contra de este ajuste fiscal y se dice lo mismo: la gente no sabe, está desinformada. Pero esto ocurre porque no se la informa y se quiere sacar una ley en cuatro días. Pero la gente sabe, tiene la experiencia de que un ajuste fiscal implica sacar plata del bolsillo a quienes se lo puede hacer más fácilmente, que son los que tienen ingresos fijos y poca fuerza para incidir en las decisiones políticas. Esto se instruye, se huele, y ha ocurrido también en los plebiscitos. No hay que quejarse de ello; son decisiones que se toman. En este caso, es simplemente una encuesta y no una decisión. Sin embargo, a veces escucho que ciertos dirigentes políticos dicen: íbamos a hacer todo bien y no nos salió porque un plebiscito nos derogó cinco artículos de la Ley de Empresas Públicas. Para decir una frase muy linda, que no es mía, sino que pertenece al distinguido señor Senador Fernández Faingold, sin ningún rubor epistemológico digo que es una falta de respeto a una decisión popular, tomada democráticamente. Es como si negáramos la legitimidad de la Presidencia de la República ocupada por el doctor Sanguinetti o la Vicepresidencia por el doctor Batalla, porque no nos gusta la Ley de Lemas. Pero esas son las reglas de juego y ellas se aplicaron, por lo tanto, reconocemos esa legitimidad. Entonces, cuando hay una decisión popular se respeta y no hay que decir que la gente actuó de determinada manera y estuvo mal. Por suerte, aprendí a no decir más esto hace muchos años y es una aspiración honesta que todos lo aprendamos.

¿Qué es lo que contiene, entonces, filosóficamente este proyecto? Básicamente, la filosofía neoconservadora, con algún pequeño correctivo. Repito que no le llamo neoliberal, porque esta palabra tiene componentes mucho más complejos. El liberalismo, cuya expresión más acabada y primigenia se dio en la Revolución Francesa -por lo menos, en forma sistematizada- tenía una cantidad de componentes muy serios. Entre ellos, estaba la idea de que el Estado es producto de un contrato social, lo que supone que en todo lo que en él se elabora debe tener participación la sociedad. Otro de sus componentes es la noción de que la igualdad es un principio que está a la misma altura que el de la libertad; inclusive, pecaba de la ingenuidad de creer que todos nacen iguales.

Otra idea típica del sistema liberal es la de la separación de Poderes. Mientras el liberalismo tuvo el modelo del Estado liberal clásico -juez y gendarme- al que los llamados neoliberales quieren volver ahora, el liberalismo sostuvo que el Estado es una comunidad políticamente organizada. Pasado el tiempo, en el siglo XX, se creó otro modelo de Estado y se generalizó el Estado de democracia social, con derechos sociales y cierto intervencionismo en la economía; frente a esto, los liberales se retiran y sostienen que el Estado es el aparato público -sin comprender a la comunidad- del que hay que desconfiar. Creo que volver a esto es ser conservador, y por eso hablo de neoconservadores, porque al llamarlos neoliberales puede haber confusión. Aquí todos sabemos a qué nos referimos con esa palabra, pro igualmente puede inducir a error. Por ejemplo, como todos sabemos, en Estados Unidos, los Legisladores liberales son los partidarios de la social-democracia y no del liberalismo clásico.

Por estas razones digo que estamos ante una coalición conservadora y ante un proyecto conservador, que se basa en el manejo casi exclusivo de instrumentos monetarios y que no atiende al sector real de la economía. Es cierto que rebaja algunos aportes de la industria para que, según dice el proyecto, ésta pueda mejorar, pero no se establece un gravamen a las importaciones de productos que entran al país con una enorme ventaja sobre nuestras industrias y las obligan a cerrar.

Un compañero nuestro hacía referencia, en la Cámara de Representantes, a las papas griegas, los duraznos chilenos y las naranjas polacas. ¿Cómo es posible que un país no entienda que esto no puede seguir así y continúe cumpliendo el rito neoconservador del mercado absolutamente abierto? Es cierto que este mercado existe y hay que estudiarlo, pero no puede convertirse en el nuevo evangelio, apoyado en el trípode: combatimos la inflación, ajustamos las cuentas fiscales y reducimos los gastos.

Una de las «Biblias» de este nuevo evangelio, que es «The Economist» -que es leído por todos los inversores- ha comenzado a decir en sus editoriales que ello está cambiando. En Europa las izquierdas están ganando nuevamente las elecciones; en los países del Este triunfan los partidos de izquierda -esto casi no aparece en los diarios- «aggiornadas», naturalmente, aceptando la democracia política, como debe ser, y la rotación de los partidos en el poder. Hace poco vino al país Walessa, pero los diarios no dijeron que la izquierda había ganado las elecciones en Polonia y que él es el Presidente de ese país, pero allí rige un sistema parlamentario por el cual es prácticamente un Presidente emblema. Allí ganó las elecciones el antiguo Partido Comunista «aggiornado», dentro de una alianza, manifestando su abandono de principios autoritarios -como el de la dictadura del proletariado- y aceptando la rotación de los partidos en el poder. Sin embargo, aquí no se informa de todo esto, que está ocurriendo en muchos países del Este europeo.

Digo que esta es una coalición neoconservadora, que ha elaborado un proyecto neoconservador, que tiene casi las mismas características que el ajuste fiscal anterior. El señor Senador Pereyra leía hoy algunas frases que prácticamente confirmaban esto y también explicaba por qué en aquel momento, a pesar de haberlo votado afirmativamente, tenía sus reservas, como le sucede actualmente. Creo que, en líneas generales, estamos ante lo mismo, desde un punto de vista filosófico. Sin embargo, en este proyecto no aparece uno de los elementos clásicos de esta teoría neoconservadora o neoliberal -como se la llama en esa desgarrada ciencia que es la economía- que es el de las privatizaciones. Al respecto, hay que recordar que hubo un sacudón muy fuerte hace poco tiempo y, además, todos sabemos que esta misma coalición está por dar a la luz un proyecto sobre seguridad social en el que uno de sus elementos -no voy a exagerar en esto- es el de la participación de empresas privadas en esta área. Este elemento está en todos los borradores -he tenido oportunidad de ver uno o dos de ellos- como idea principal y dará lugar, seguramente, a una compleja discusión. Esta es la otra «pata» de este «banquillo» o «taburete» -para usar una expresión algo más pintoresca- que tiene una «patita» que habla de estos temas y otra que se refiere a las privatizaciones. El señor Senador Gargano hablaba de lo que sucedió en México, en Argentina y en Brasil. El pueblo mexicano -al que adoro, pues me acogió con una generosidad sin límites y siento por él un enorme cariño- tiene la característica -me refiero, sobre todo, a su elite política- de ser el que produce más terminología nueva en el mundo, y la Real Academia la acepta y la incluye luego en su diccionario. Emplean, por ejemplo, desde el verbo «ameritar», que en nuestro país hace tiempo que usamos, hasta la frase «Compatriotas: ¡tranquilícense», el mercado de cambios está errático», expresada un día por López Portillo -persona de una inteligencia estupenda- en la época en que el dólar se desbocó y todo el mundo estaba muy alarmado. Si bien ocurrió por un día, todo el mundo se tranquilizó. Los mexicanos se las han ingeniado y hablan del «efecto tequila», los problemas de «Chiapas», el «modelo México», aunque no dicen que este último fracasó. Me refiero al modelo que, en una de sus partes, ese proyecto consagra y que, reitero, fracasó en México y también en Argentina, aspecto que hay que señalar porque, de lo contrario, corremos riesgos. Esto es un modelo al que se le buscan denominaciones variadas, pero no se dice que el modelo neoliberal -tal como algunos lo denominan, aunque nosotros preferimos llamaron neoconservador- no sirve en muchos países, y tampoco en el nuestro.

Señor Presidente: deseo señalar que he leído en las otras «biblias del evangelio neoconservador» -me refiero a «The Wall Street Journal», donde se han publicado dos editoriales- que no basta solo con lo que plantea la escuela de Chicago, sino que hay que incluir otros ingredientes que, a veces, tienen más importancia que el ajuste fiscal. De esta forma quiero decir que la realidad del país demostró que el ajuste fiscal que hasta el año 1993 había llevado al Uruguay a cifras prácticamente de equilibrio, no evitó la inflación. Se trata de un factor mucho menos importante que una reactivación de la economía y creo que no hay demostración más clara que ésta, es decir, los hechos, en el sentido de que una cosa no determina a la otra. Es así, en la historia, como se mira la verdad o falsedad de la realidad política y social. Y no me refiero a demostraciones -tal como decía anteriormente el señor Senador Astori- que emanan de la lógica de las matemáticas; sólo se debe observar qué ha ocurrido en los hechos.

También se puede apreciar que ni siquiera se usa la expresión -casi de confitería- que señala que «hay que agrandar la torta para después repartirla», con la que se ha tratado de calmar las inquietudes del pueblo. Ahora se va más atrás y se dice que, probablemente, no tengamos ni siquiera crecimiento. Eso se dice aquí y ahora, lo que demuestra que, en ese aspecto -no me refiero a todo, sino precisamente a ese punto- se está dando un paso más atrás con respecto al otro ajuste fiscal.

Señor Presidente: reconozco que mi esfuerzo es vano, razón por la cual he mezclado alguna frase un poco vehemente con palabras que han intentado ser pintorescas o casi de broma. Me consta que por motivos no del todo explicables, la coalición no tenía -o no quería- la chance de que se discutiera este tema por un par de días más, a fin de mejorar en algo el proyecto. Si los votos están, la iniciativa puede volver a la Cámara de Representantes y, entonces, luego de dos o tres días, ser aprobada con las mejoras que algunos miembros de la propia coalición reconocieron que debieron hacerse. No entiendo por qué eso no se hace. No deseo que todo esto esté motivado en peligros de fractura dentro de la coalición. Me parece bien que en el país las aguas se vayan abriendo camino, colocando de un lado a los conservadores y, del otro, a quienes nos denominamos no conservadores o progresistas. No voy a usar el lenguaje de la pesca, en el que se distingue entre bagres y tarariras, que sería más pintoresco. Creo que esto no está mal; que se trata de una autoidentificación importante y que permite que las cosas se sepan tal como son, a fin de que la gente decida en función de lo que ve.

Esto es cuanto deseaba manifestar señalando que, de antemano, me siento frustrado porque sé que cualquier propuesta de mejora que hagamos -por lo menos, de lo que consideramos como mejora, que figuran en el proyecto en minoría que presentaron nuestros compañeros- no será aprobada.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: tengo la gran desventaja de no tener experiencia parlamentaria -aspecto que con esfuerzo creo que iré solucionando con el transcurso del tiempo- pero tengo la suerte de tener la experiencia de quien ingresa al Parlamento a partir de la vida cotidiana, del trabajo del común de la gente, de la mayoría de los uruguayos.

Al comienzo del debate en la Comisión, escuchando a los señores Senadores que actuaron en ella, tuve una percepción equivocada -que, seguramente, parte de esa inexperiencia parlamentaria a que aludí- en el sentido de que este era un proyecto que, como el Coronel de la novela, no tiene quién le escriba ya que, en realidad, el gasto fundamental en defensa de la iniciativa lo hicieron el señor Ministro y sus asesores. El señor Ministro nos impresionó como poco convencido -quizá sea una característica de su personalidad, pero no lo conocemos- y por consiguiente, poco convincente, tanto en su exposición de defensa de la iniciativa lo hicieron el señor Ministro y sus asesores. El señor Ministro nos impresionó como poco convencido -quizá sea una característica de su personalidad, pero no lo conocemos- y por consiguiente, poco conveniente, tanto en su exposición de defensa del proyecto en función de los objetivos que se enunciaban, como por las respuestas que daba a las preguntas que se les planteaban.

Percibimos, también, que se trataba del cumplimiento de acuerdos, tal como expresamente señalaron el señor Ministro y el señor Senador Fernández Faingold, quien expuso en la sesión de hoy el informe en mayoría de la Comisión. Observé, a su vez, el gasto que hicieron en defensa del proyecto los asesores del Ministerio -muy meritorios- quienes seguramente han dedicado mucho tiempo de sus jóvenes años al estudio de estos temas, y por tanto, manejaron correctamente -un poco en el sentido de que señalaba el señor Senador Korzeniak- esa suerte de ciencia económica todopoderosa, en la que aparentemente todas sus cuentas cierran -por lo menos en el papel, aunque debería decir en la pantalla, para ponerme a tono de la revolución científico técnica actual- todo funciona y todo se resuelve, pero que da más la sensación de ciencia ficción que de ciencia económica y que tiene poco que ver con la vida real de la mayoría de los uruguayos.

Por otro lado también asistimos con un poco de sorpresa a un despliegue de pirotecnia argumental que, realmente, confieso que me divierte. Además, me resultaría muy agradable participar de ella para saber de qué manera uno debe ir afilando las uñas en esta materia. Pienso que esto sería disfrutable si no fuera tan triste lo que estamos discutiendo y si los resultados no tuvieran un contenido tan grave que afectará al conjunto de la población uruguaya.

Vimos la participación, la preocupación y la seriedad con que se iban señalando los defectos del proyecto, sus inconstitucionalidades, aquellas cosas que estaban mal enunciadas y las que generaban dudas a quienes luego iban a votarlo -que lo hicieron- pero no observamos ninguna posibilidad de modificación.

Queremos trasmitir aquí, también, la seriedad y preocupación de los afectados, algunos insospechados, que nada tienen que ver con nuestra fuerza política ni con nuestras ideas de izquierda, progresistas u otros calificativos que se nos puedan dar.

Por ejemplo, leí manifestaciones del doctor Ramón Díaz que se contradicen con lo que aquí se ha dicho, ya que expresaba que la gente debía saber que la carga no es el ajuste que ahora se impulsa, sino que ya la soportábamos antes de estas medidas por efecto del déficit generado en el año electoral. Reitero que esto no lo digo yo, sino el doctor Ramón Díaz. Comparto sus expresiones en el sentido de que el Gobierno debe comunicar claramente lo que piensa hacer para que la gente entienda qué medidas se están tomando.

Por otra parte, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio dijo que el Impuesto a las Retribuciones Personales probablemente sea un poco regresivo, determinando una excesiva presión sobre el salario y, por lo tanto, altos niveles de evasión.

De la misma forma se manifestó el Presidente de la Cámara Mercantil, quien con preocupación se refería a la influencia que puede tener el IVA en los bolsillos familiares, pues se puede crear un problema importante que luego tendremos que atender.

Hemos observado que esa preocupación está presente en los distintos sectores -o actores, como se les llama ahora- que tienen incidencia en el país. No obstante, pese a las dificultades, a las cuentas que no cierran y al déficit fiscal -del que se discute en un lenguaje que cada vez se hace más hermético para la gente en su conjunto- se nos ha dicho que no podemos preguntar ni existe necesidad de hacerlo. Inclusive, en el seno de la Comisión oí decir al señor Senador Batlle que no habíamos sido convocados para hacer la historia de cómo llegamos al 4,3% de déficit fiscal y que el Gobierno no tiene ninguna obligación de explicar por qué ascendió. Yo pienso que sí, que hay una obligación; miles de uruguayos van a pagar el déficit y quieren respuestas claras, desean saber el porqué. Entonces, no se trata de hacer historia o no, sino de un hecho de la vida real, de algo que va a comenzar el 1º de mayo y que seguramente sacudirá a los hogares uruguayos.

Hemos oído los objetivos que se enuncian y creemos que son encomiables; no obstante, nos daba la sensación -y aún la seguimos teniendo- de que nadie estaba convencido de que se fueran a cumplir, no me estoy refiriendo a mi sector político que, naturalmente, no está convencido de que esos objetivos encomiables se cumplan con estas medias. Inclusive, en el día de hoy -en Sala, fuera de ella y hasta en la prensa- se nos ha criticado, expresando que el Frente Amplio, el Encuentro Progresista siempre dice que no, que siempre está en contra de todo y no acepta soluciones. En un momento estuve tentada de manifestar que por suerte decimos que no, pero seguramente no se trata de suerte, señor Presidente, sino de coherencia con nuestros dichos y hechos, de la responsabilidad que asumimos al representar a quienes nos trajeron aquí. Por eso decimos que no.

Se nos ha preguntado por qué no presentamos otro ajuste fiscal, distinto, contrapuesto al que se está analizando. Lo que ocurre es que estamos convencidos de que los problemas que debemos abordar en serio para el desarrollo del país, no se resuelven con un ajuste fiscal.

Aquí se ha mencionado -y mis compañeros ya se han referido al tema- de qué manera los modelos económicos que miramos como ideales o proyectos a seguir, lamentablemente estallan frente a nosotros. Pienso que era normal que esto sucediera aunque, naturalmente, es muy lamentable, ya que se trata de miles de argentinos y de mejicanos que recibieron un gran impacto. En ese sentido, son muy rigurosos, funcionan de esa manera y arrojan los resultados que están a la vista.

Entonces, se habla de los factores externos en una relación que, como no se demuestra, resulta confusa para la gente, aparecen como una ecuación que, además, se levanta como un fantasma. Primero se hace referencia al déficit fiscal y luego, mostrando el fantasma de la inflación, se dice que es necesario un ajuste. Mis compañeros han explicado con mayor calidad técnica que quien habla, por qué esto no es como se manifiesta. Podemos llegar a esa conclusión solamente mirando los números y recordando lo que ha ocurrido en estos años. En el período que va desde 1985 a 1989 el déficit fiscal se ubicó en el 4% a 5%; se financió con el endeudamiento y la inflación ascendió al 70%.

El señor Senador Astori hacía referencia a que en veinte años se habían producido cinco ajustes. ¿De qué período estamos hablando? Son los años de la dictadura y luego la sucesión de Gobiernos: colorado, blanco y colorado. Por lo tanto, estamos hablando de una política económica que sí es responsabilidad del Poder Ejecutivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la responsabilidad del Poder Ejecutivo? Puede haber distintas interpretaciones sobre esto, pero es necesario que se le exija que responda por esa política económica ante el conjunto de la población uruguaya. Si por un lado tiene potestades, por otro tiene la obligación de explicar las causas, así como el conjunto de medidas a tomar dentro de esa política.

Al respecto, el señor Senador Fernández Faingold, al brindar su informe, afirmaba sin dudas -y todos estábamos convencidos de ello, más allá de que él lo ratificara- que éste es sólo el comienzo. Por supuesto que lo que nos espera en el futuro está en consonancia con este inicio. Pienso que no es necesario ser muy astuto para percibir la realidad; además, los uruguayos tenemos memoria y vivimos en este país y no en otra parte.

Debo expresar que me alegró cuando el señor Senador Posadas Montero dijo que había que ir a la raíz de estos problemas para poder solucionarlos; lo que ocurre, es que estamos absolutamente convencidos de que estas medidas no llegan a la raíz ni resolverán nuestras dificultades, sino que las agravarán.

También me gustó lo que él expresó en la Comisión con respecto a un artículo -aunque yo pienso que es aplicable a todo proyecto y a la filosofía del mismo- diciendo que se trataba de algo excesivamente draconiano. Y viniendo de quien viene, realmente me da mucho miedo; si para él es así, ¿qué tenemos que pensar nosotros sobre este proyecto?

Los compañeros de mi sector han demostrado cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto y a quién va a golpear.

Se trata de un proyecto con un nombre muy largo, que en este momento no recuerdo -sé que debería hacerlo; ya aprenderé- aunque, en definitiva, la gente le llama el «paquetazo». Lo llama así porque sabe que le cae en la cabeza, que repercute en su vida cotidiana, en su fuente de trabajo, en su bolsillo, en la resolución de sus problemas y en sus perspectivas de futuro.

En los años que mencionamos, cuando se produjeron los sucesivos ajustes, los grandes tenedores de capital del país acumularon riqueza, pues redujeron los salarios y destinaron esas sumas a depósitos en el exterior y a inversiones financieras despegadas de la producción como, por ejemplo, Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería en moneda nacional. La fuga se ubica, aproximadamente, en U$S 4.000:000.000, y la compra de Bonos y Letras en otros U$S 1.000:000.000. Los depósitos fuera del país estuvieron facilitados por la apertura financiera, por el libre movimiento de capitales sobre frontera y por la libre convertibilidad. Pero ese objetivo de cobrar intereses de deuda pública -nominada en moneda extranjera en depósitos dolarizados- exige, naturalmente, una política económica de esta naturaleza. En realidad, todo esto no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría de los trabajadores ni de los empresarios que quieren invertir en la industria nacional. Los defensores del crecimiento de las exportaciones argumentan que ese es el dinamizador, es decir, la forma de hacer crecer al conjunto de la economía. Esto fue practicado en la época de la dictadura, entre 1974 y 1978, por el conocido y reconocido Vegh Villegas, quien utilizó el efecto de tasa de cambio, las medidas de apoyo a la exportación, el reintegro de impuestos, créditos subsidiados y una violenta disminución de los salarios para reforzar la competitividad externa.

Ahora bien, nosotros carecemos del desarrollo tecnológico; no participamos en el mercado mundial con productos industriales sino que exportamos, fundamentalmente, materias primas agropecuarias producidas de manera atrasada y barata, lo que nos da las ventajas comparativas -es probable que alguien se crea que realmente son ventajas- de las que se habla. En tanto el desarrollo tecnológico no es lo que fundamenta el éxito de las exportaciones sino otros elementos, tal como expresábamos. Eso hace que tarde o temprano se agote el crecimiento y, al mismo tiempo, debilite la producción para el mercado interno. Por otro lado, se reduce la posibilidad de continuar haciendo transferencia de la economía al sector exportador y debilita la posibilidad de una industrialización en profundidad en el país. Estamos convencidos de que sólo por medio de esta última se puede tecnificar y hacer competitivas las exportaciones. Naturalmente, eso lo han dicho todos y al respecto el señor Ministro de Industria, Energía y Minería explicaba en la Comisión que esa es la única posibilidad real, efectiva y de raíz que tenemos para generar empleo y aumentar el salario real y por ende la calidad de vida de la gente.

Por otra parte, este tipo de medidas hace cada vez más difícil la participación del país en los mercados mundiales. Cuando participamos como encuentro Progresista en las Comisiones multipartidarias, suponíamos que entre todos íbamos a buscar caminos comunes para el desarrollo del país, para encontrar políticas sociales y para lograr un desarrollo económico que permitiera realmente una elevación de la calidad de vida del país. Tenemos que buscar una política económica que no lleve a la quiebra, a la destrucción del aparato productivo, al endeudamiento o al desempleo. Al respecto, en Comisión expresaron -y no fuimos precisamente nosotros los que lo dijimos- que en este país quiebran las empresas pero no los empresarios. Hay grandes industriales y grandes empresarios, pero no es sobre ellos que recae el empobrecimiento.

Hasta ahora no se ha informado -seguramente se hará en el transcurso del debate- cuál va a ser la política económica que se va a desarrollar en el país. Tal vez no se quiere ir a fondo o aún no se puede adelantar porque no se ha llegado a los acuerdos necesarios como para trazarla con transparencia ante el conjunto de la población. Como han dicho mis compañeros -y no voy a insistir sobre eso- solamente vemos que se toman medidas. Uno se puede divertir en este divertimento retórico, pero ocurre que salí con tristeza de la Comisión y estoy segura de que hoy me va a suceder lo mismo porque estamos hablando de proyectos, de cuentas que cierran en la pantalla de la computadora y que están como en una burbuja. Incluso, de aspectos en los que nosotros estaríamos de acuerdo si se formularan de otra manera; hay una correspondencia que es falsa. Sucede esto no porque haya una intención de mentir sino porque en la vida no se corresponde. Por ejemplo, por un lado estamos gravando a los salarios, haciendo un mayor peso para el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados pero, por otro, estamos destinando a las familias tipo aportes de Asignaciones Familiares. Es decir que estamos haciendo un apoyo que debería tener que ver con medidas más de fondo para la familia uruguaya en su conjunto. Sin embargo, eso en la realidad no se da. Además, los sectores más sumergidos y que padecen en los datos estadísticos. Como se señalaba en la Comisión, en el mecanismo para cobrar la asignación familiar se pretendía proteger y lograr la cobertura educativa en las escuelas públicas, ya que como se debía presentar un certificado se podía retener por más tiempo y de esa forma rescatar a muchos niños de la calle. En estos diez años hemos constatado que este sistema ha desaparecido como instrumento porque normalmente esas familias no tienen relación formal de trabajo por lo que no reciben asignación familiar. Además, insisto en que no se trata de familias tipo porque no tiene uno o dos hijos sino muchos más.

En consecuencia, debo decir que con esta disposición que se establece aquí, no recibirán absolutamente nada los que más necesitan.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA ARISMENDI. - Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - A esta altura, creo que es conveniente dar alguna información sobre el tema de las Asignaciones Familiares. No deseo cambiar el hilo del discurso de la señora Senadora Arismendi sino precisar algunos datos para saber de qué estamos hablando. Según cifras oficiales, a marzo de 1995, en todo el país, se pagaron Asignaciones Familiares a 572.000 niños, por lo que entiendo que es una cantidad importante. Se calcula que el 80% de estos beneficiarios van a recibir el aumento de Asignaciones Familiares. Es cierto lo que decía el señor Senador Michelini en la Comisión, y reitera ahora la señora Senadora Arismendi, respecto a que hay algunos niños que no reciben este tipo de beneficio. Efectivamente, uno de cada cinco niños del Uruguay vive en una familia totalmente marginal cuyos padres no tienen un salario fijo ni una cobertura social completa y no están afiliados, obviamente, al sistema de asignaciones. También es cierto que estas familias tan marginales no están incluidas entre quienes van a recibir cargas impositivas sobre sus ingresos, por estar, precisamente, fuera del sistema formal de trabajo.

Naturalmente, se requiere un examen a fondo del régimen de Asignaciones Familiares y, como anunciaba el señor Senador Fernández Faingold, el Gobierno piensa revisarlo de forma que sea más penetrante en la sociedad.

De todas maneras, las informaciones oficiales nos permiten afirmar que en el segundo tramo de pobreza, es decir, el de las familias que están entre el 10% y el 20% -no estamos incluyendo acá a las familias pobres del último decil, que no reciben ningún beneficio- cobran Asignaciones Familiares. Por lo tanto, si se puede reconocer que un niño de cada cinco no recibe ningún beneficio por este concepto, también se debe reconocer que tres de cada cinco niños pertenecen a familias que van a recibir aumentos directos en sus ingresos a través de estos artículos que estamos votando en el día de hoy.

Creo que es oportuna la información porque nos permite manejarnos con datos técnicos y precisos. Se trata de datos que recabé en Asignaciones Familiares -que pongo a disposición del Cuerpo- y que nos permiten advertir que ciertamente el país tiene un problema, dado que hay una marginalidad que lamentablemente es creciente y que hace que un sector de la población no reciba ningún, o casi ningún, tipo de beneficios. A ese sector, el Estado debe acudir a través de un gasto público selectivo, con políticas específicas que permitan recuperarlo de su condición de marginalidad, pero esa franja no está involucrada en este proyecto de ley, por su propio carácter marginal. Ni siquiera le afectará demasiado el incremento proyectado del IVA porque, seguramente, sus consumos son tan marginales como su condición social. Naturalmente, esto no quiere decir que los estemos olvidando; habrá políticas sociales específicas para ese niño de cada cinco que no recibe ninguna atención, pero hoy estamos votando aumentos reales para tres de cada cinco. En consecuencia, es bueno que las cosas se digan con cifras concretas y con apreciaciones técnicas correctas, para saber de qué estamos hablando.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI. - Agradezco las precisiones que ha realizado el señor Senador Hierro López, pero creo que las mismas no se contraponen con lo que he expresado. Además -entiendo que este es un problema de lenguaje en el que no me voy a centrar- creo que el hecho de que se beneficie a un niño de cada cinco, es algo espantoso. De todas maneras, van a recibir cargas impositivas, porque van a estar tan marginados que no podrán acceder al pan, a los fideos, a los zapatos y a los comedores escolares. Seguramente no van a recibir la carga impositiva del impuesto a las retribuciones personales porque sus padres no tienen un ingreso fijo, una relación de trabajo estable, pero sí en todos los otros elementos, lo que va a ocasionar que se deteriore aun más la calidad de su vida.

En cuanto a las cifras oficiales, digo simplemente al pasar que, como ejemplo, hace un instante me referí al instrumento que era, en una época -para cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza- el documento para Asignaciones Familiares. En ese sentido, las cifras oficiales de este país no dicen qué grado de deserción escolar tenemos. En los casilleros existen los pases a escuela pública, a escuela privada y otras causas que no están especificadas, pero de ninguna manera podemos determinar cuántos estamos arrojando fuera del sistema. Cuando digo que los estamos arrojando fuera, quiero decir que también lo estamos haciendo por medio de estas medidas que se están tomando. Esto también está vinculado con la relación que existe entre las cifras y los datos -que son muy importantes y que debemos tenerlos presente- en cuanto a la necesidad que tenemos de que esas cifras reflejen los datos de la realidad.

SEÑOR MICHELINI. - ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - En primer lugar, mociono para que se prorrogue el tiempo de que dispone la señora Senadora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la prórroga del tiempo de que dispone la señora Senadora Arismendi.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - He planteado algunos cuestionamientos sobre el tema de las Asignaciones Familiares. Ahora la señora Senadora Arismendi insiste en algunos de los planteamientos que hacía y el señor Senador Hierro López hace ciertas referencias y presenta algunas cifras.

Lo primero que quiero decir sinceramente, es que estamos haciendo un Ajuste Fiscal y antes de empezar a recaudar, ya estamos gastando. Además, no se está beneficiando al sector más bajo, de acuerdo con las cifras expuestas por el señor Senador Hierro López. Por otra parte, estudiosos del tema me han expresado que nadie tiene seguridad de que por este mecanismo se llegue a los más necesitados. Por supuesto que el tema es sensible, ya que estamos hablando de montos, de dinero y de sectores de población que realmente están sumergidos.

Vuelvo a repetir; antes de empezar, ya se está gastando, cuando decimos que la situación es delicada porque, de lo contrario, no tendríamos este Ajuste Fiscal. De modo que no tenemos seguridad de que vaya a los sectores más pobres, si bien beneficia a una franja que está sumergida.

Cuando planteo estos cuestionamientos, se podrá decir que el Senador Michelini es insensible, pero hay que señalar que los recursos del Estado son escasos y cuesta recaudarlos. Entonces, mi impresión -quizás se pueda ofender algún señor Senador- es que se ponen estos aspectos por parte de algunos técnicos para que el proyecto resulte más simpático, lamentablemente, no asumiremos la responsabilidad que tenemos. La situación es delicada y debemos cuidar los recursos públicos. Es ineludible que la pobreza ya no sólo es consecuencia, sino causa de la economía. ¡Miren lo de México! Muchas veces dijimos -y ahora está comprobado- que la pobreza genera determinadas incertidumbres económicas que después repercuten en la propia economía. Si tenemos que atacar todo el tema de lo social, veamos los recursos de que disponemos, hagamos estudios, aunque lleven unos meses más y actuemos, con precisión, donde tenemos que hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI. - No quiero abusar del tiempo, pero con el apuro que hemos tenido para considerar este proyecto de ley, creo que el poder intercambiar opiniones sobre el mismo, no le va a demorar demasiado a la coalición de Gobierno su aprobación.

Con mucha preocupación ayer escuchábamos los planteos que se hicieron en torno a cómo va a afectar esto a los productores agropecuarios. Al respecto, hubo distintas polémicas pero, en definitiva, lo que quedó demostrado es que lo que se expresó en cuanto a estos sectores está hablando de una realidad que hemos conocido, por la que hemos transitado a través de los caminos del país y donde nos hemos azorado, ya que apreciamos que producciones que antes eran florecientes -a través de varias generaciones- y que aportaban, construyendo los cimientos de nuestro país, están en franca decadencia. Hace unos días, con respecto al tema del desarrollo de la industria, se preguntaban a sí mismos -a pesar de que no tienen la responsabilidad de hacerlo- dónde se habían equivocado, cuándo tenían que haberse reconvertido, de qué manera se podría lograr una visión de futuro para seguir trabajando y aportando a la vida y al desarrollo del país.

Mis compañeros de Bancada han hablado ya de qué manera afecta esto a las cooperativas y precisamente a los agentes sociales como son las familias y las empresas pequeñas. En estos días hemos leído con mucha atención distintas interpretaciones y teorías respecto a la función que cumplen y a si estrictamente desarrollan las tareas que dicen tener como objetivo. Asimismo, apreciamos cifras que están vinculadas con un memorándum que se entregó en la Cámara de Representantes en 1992 que, a mi juicio, no merecen ningún tipo de comentario. En el caso de las cooperativas, aparecían 95.266 préstamos en moneda nacional, con $ 2.260 de promedio y 11.379 préstamos en moneda extranjera, con U$S 6.452 de promedio. Los bancos privados, sin embargo, tienen 93.233 préstamos en moneda nacional, con $ 13.163 de promedio y 19.887 en moneda extranjera, con U$S 82.857 de promedio. Creo que sus funciones, más allá de los vaivenes que puede tener esto, quedan demostradas.

Por otro lado, nos preocupa seriamente -y lo que voy a señalar tiene que ver con la premura, con la inconsistencia respecto a los fundamentos del proyecto- la respuesta que nos da el Poder Ejecutivo, en la persona del señor Ministro de Economía y Finanzas, en relación a cómo van a incidir estas medidas en las tarjetas de crédito a que hacía referencia el compañero de Bancada, señor Senador Gargano. El Secretario de estado manifestaba que en la Comisión que no es posible determinar el efecto final que estas iniciativas van a tener sobre los usuarios de las tarjetas de crédito o de cualquier otra financiación de esta índole. A nuestro juicio, el conjunto de estas disposiciones van a fomentar la evasión que se dice atacar y castigará a los asalariados, a los jubilados, al mercado interno y todo su entorno, así como a los créditos familiares de una manera directa o indirecta. Incluso, en el seno de la Comisión se manifestó la preocupación con respecto a la norma que dice relación con la sumatoria de los ingresos familiares, también referidos a la Asignación Familiar. En ese sentido, se hacen algunas disquisiciones y consideraciones sobre la pareja, el concubino, como dice el artículo. En definitiva, con este tipo de cosas estamos incidiendo para que, al menos formalmente, exista una desarticulación familiar. Digo esto, porque si demostrar que se vive bajo el mismo techo determina que se contabilice e incida en el mayor o menor monto de la Asignación Familiar a percibir, seguramente la gente va a declarar que no convive en un núcleo familiar.

De modo que no encontramos ningún elemento efectivo que apunte a lo que se dice tratar de resolver. Pensamos -podríamos, en ese sentido, hacer otras consideraciones- que existe otro problema vinculado a la actividad que desarrolla el Parlamento, y es el que refiere al papel que debe jugar esa credibilidad. Por un lado, tenemos las señales que se quieren enviar hacia el exterior, pero, por otro -y es lo que mucho me preocupa- están las que trasmitimos hacia adentro, para nuestra gente. Si se hacen las cuentas contraídas por las políticas económicas de los sucesivos gobiernos, se comprobará el enriquecimiento de unos pocos y la debilidad de los que dicen pertenecer -yo no- a la clase política. Precisamente, ocurre que de tanto repetir esa expresión, da la impresión que se trataría de una clase especial dentro de la vida del país.

¿Cuál es la actitud que se tiene con respecto a la delegación de funciones? En oportunidad del tratamiento de otro tema, hemos expresado que teníamos -y cada vez en mayor grado- la sensación de que estamos ante un Parlamento ratificador de cosas que se resuelven en otros lados, más allá de que somos muy respetuosos -pues lo hemos practicado durante más de 20 años- de los acuerdos, de las coaliciones en torno a proyectos comunes. Es ahí donde mi percepción de que este proyecto no tenía quien lo escribiera, en realidad, era equivocada y producto de mi inexperiencia parlamentaria. Digo esto, porque compruebo de que sí tiene quien lo escriba. En definitiva, este proyecto es del partido de los representantes de los grandes grupos económicos, al que pertenecen -no me llama la atención y lo digo con mucho respeto, ya que no se trata de una constatación peyorativa- los señores Senadores Posadas Montero y Batlle. En realidad, esa situación no me tendría que haber sorprendido.

En función de ello, es que mi compañero de Bancada, señor Senador Korzeniak, habló con tanta precisión y fundamento de las normas argumentales. Quizás como producto de mi inexperiencia, pensé que se trataba de adornos, de declaraciones de buenas intenciones para tratar de, «pour le galerie», hacer creer que, en realidad, se va a transitar por un camino que no es al que apunta el proyecto. Por cierto que éste no soluciona los problemas del país, ni solucionará las verdaderas urgencias de la mayoría de la población, pero sí responde a la de otros.

En mi opinión, señor Presidente, no se trata de un proyecto que le dé más credibilidad al Parlamento, en virtud de la premura, de la desprolijidad y de la falta de la rigurosidad técnica legislativa utilizada para abordarlo. Tampoco favorece, sin duda, a los que necesitaban un proyecto de emergencia, medidas de «shock» contra la pobreza, la miseria, la marginación, la falta de cobertura de salud y de educación. Por lo tanto, la visión de futuro puede ser dramática.

Comprendo la sensación del señor Senador Pereyra cuando dice que no tenemos la fuerza política como para modificar esta iniciativa, del mismo modo que al señor Senador Korzeniak cuando manifiesta sentirse frustrado en cuanto a las modificaciones que se le podrían introducir. En ese sentido, debo manifestar lo contrario porque creo que tenemos fuerza para introducirle cambios. Digo esto porque, entre otras cosas, como uruguayos y como lo hemos demostrado varias veces, la fuerza radica en las grandes mayorías, en las organizaciones sociales, sindicales, de productores, en fin, en todas las que tienen que ver con el trabajo, el desarrollo y los intereses del país. Se trata de los mismos uruguayos que defendimos el patrimonio nacional, a los jubilados. Seguramente, serán miles los que escucharon los discursos políticos durante la campaña electoral, que se sintieron consustanciados con los mismos y que hoy, sin embargo, van a despertar a la realidad de una manera muy ruda.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Se ha dicho que el aumento de la Asignación Familiar es un artilugio incluido en el proyecto para «enduzarlo». Personalmente, me hubiera gustado más que se manejaran las cifras y los criterios técnicos en lugar de formas adjetivales.

Hace un momento informaba que a marzo de 1995, 572.000 beneficiarios de Asignaciones Familiares, correspondientes a 306.000 familias, recibieron sus prestaciones. Se nos informa que, aproximadamente, el 80% de esos núcleos familiares van a recibir un aumento en el momento de las Asignaciones Familiares. Es decir que estamos hablando de una cifra cercana a unas 250.000 personas. Si éstas perciben de uno a tres Salarios Mínimos Nacionales, van a estar recibiendo -a través de esta Ley de Ordenamiento Fiscal- un aumento real del 8%; mientras que si tienen un ingreso de entre tres y seis Salarios Mínimos, se beneficiarán con un incremento real en sus haberes del 2% al 3%. Esto no es ninguna perla para endulzar el proyecto, sino un hecho que se podrá comprobar en los próximos meses cuando el mecanismo empiece a funcionar. Entonces, todos estaremos atentos para demostrar si las medidas adoptadas respondían a una cuestión de «dulzura» o se trataba de una redistribución progresiva de los salarios a través de la Ley de Ordenamiento Fiscal.

Muchas gracias.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Creo que este proyecto de ley no pretende tener la dimensión que se le da y que, en esencia, carece de ella. Pienso que no merece que se cree una expectativa en demasía excesiva, como ha ocurrido. Cualquiera sea el nombre con que se lo bautice -el nombre no hace a la cosa- se trata de un nuevo ajuste a fin de procurar un cierre más o menos aproximado de las cuentas fiscales, ya desequilibradas y con perspectivas de que esto se incremente como consecuencia de acontecimientos externos, tal como el señor Ministro de Economía y Finanzas desea prever plausible y prudentemente.

En consecuencia, no se puede pretender que este proyecto constituya un «shock» contra la pobreza o contra la marginalidad, porque tiene un ámbito más reducido.

Admito por razones dialécticas que pueda decirse que el tema no está bien resuelto, pero lo que no acepto es que se nos diga que aparentemente hemos inventado un problema y que ahora nos entretenemos en buscar una solución. En ese aspecto, me refugiaré en la autoridad del señor Senador Astori que, aunque discrepa con parte de la solución, admite el problema y la realidad del mismo. Pienso que si nos desentendiéramos de este asunto el ajuste igualmente se iba a producir aunque no en una forma ordenada, que podrá ser errada o acertada, según la opinión que a cada uno le indique su propio criterio. A mi juicio, lo peor sería no hacer el ajuste ya que la sociedad, de todos modos, lo haría pero en una forma catastrófica, por vía de la hiperinflación. En este aspecto, es lo que quería establecer.

Por otra parte, me complace que el Partido del señor Ministro de Economía y Finanzas en esta ocasión haya tenido una visión más rápida y certera que la que tuvo en el anterior período de Gobierno -concretamente durante los años 1988 y 1989- cuando sucumbió a la tentación dilatoria posponiendo la solución del problema. En lo personal, me temo que resulte un juego pendular de la misma manera en que anteriormente se actuó con lentitud y se postergó la solución, se proceda ahora en forma apresurada. Al respecto, todos debemos recordar que lo que se hace sin el tiempo o contra él, inexorablemente el tiempo se venga.

En la Comisión expresé que esto me recordaba un poco a las Rendiciones de Cuentas y, en este sentido, acompaño la posición del señor Senador Posadas Montero. En oportunidad de tratar la Rendición de cuentas por él enviada me congratulé de los módicos 50 artículos que presentó -porque el artículo 51 era superfluo e innecesario- luego el Parlamento le agregó varios centenares de disposiciones. Luego pasamos mucho tiempo corrigiendo los errores introducidos en aquella Rendición de Cuentas. Podría decirse que somos algo así como Penélopes parlamentarios, ya que tejemos rápido, inmediatamente deshacemos lo hecho para luego volver a recomenzar a tejer. No deseo incursionar en la etiología de porqué se generó esta situación; podría decirse que no tiene cabida natural en el tema que nos congrega.

Por lo demás, señor Presidente, nos anuncian una discusión entre los señores Senadores Batlle y Astori sobre ese asunto que será un verdadero banquete intelectual. Al respecto, creo que muchas de las disquisiciones que se han realizado -entendemos que con todo derecho y por eso las hemos escuchado con mucha atención- están fuera de lugar, porque la política, el Senado y el Gobierno, no son una academia y no nos corresponde entrar en una contraposición dialéctica o en un juego de tesis a los efectos de demostrar cuál es la que debe prevalecer. El arte del Gobierno es un arte práctica, es el arte de gobernar un pueblo organizado políticamente y, -como ocurre muy frecuentemente- los moldes profesorales que las academias nos dan, no siempre sirven para satisfacer las necesidades y realidades de la sociedad cuya urdimbre suele ser más compleja que las concepciones de los académicos, y más aun que la de los contadores.

(Hilaridad)

-Por otra parte, debemos tener en cuenta que las cuestiones a considerar, de las cuales esta ley es sólo una entrada o un prólogo, están bien relacionadas y establecidas en el documento que todos los lemas -excepto el Encuentro Progresista- suscribieron a iniciativa del señor Senador Pereyra. Es así que todo el conjunto de temas que vamos a estudiar -creo que bien no es el propósito de nadie eludirlos, este no es el momento de tratarlos- están consignados en el documento titulado «Algunas Reflexiones Estratégicas sobre una Política Económica Orientada a la Competitividad» suscrito, tal como se ha dicho, por el Partido Nacional, el Partido Colorado y, con pequeñas salvedades, por el Nuevo Espacio.

Todos comprendemos -y al respecto voy a emplear palabras del Profesor Juan Pivel Devoto- que se ha llegado a la conclusión de que hay que repensar, recrear y tal vez -quizás sea esta la expresión más adecuada- refundar el país. En este sentido, pienso que el MERCOSUR puede ser la piedra fundamental de esa nueva fundación del Uruguay. Por todo esto, le decimos al señor Ministro -cuya claridad de exposición, nivel académico, disposición inagotable de colaboración y paciencia admirable destacamos como excelencias plausibles- que cuente con nosotros si está dispuesto a realizar esa tarea, es decir, la de repensar, recrear y refundar el país.

En documentos preelectorales redactados por distinguidos técnicos y divulgados ampliamente, dijimos que consideramos fundamental el tema relativo al presupuesto. Nuestros criterios para elaborar dicha ley son la implantación de una gestión por objetivos que implicarán la adopción de una disciplina de elaboración presupuestal que partiendo de un punto cero defina objetivos claros y concretos, aplicando los recursos en prioridades predeterminadas, neutralizando el lastre del inmovilismo que deriva de la práctica tradicional que debemos abandonar, de presupuestar por agregación y mirando el pasado. Tal como dije en la Comisión, pienso que no debemos entrar a estudiar el Presupuesto con un lápiz rojo y uno azul, cortando algún gasto con el primero y haciendo pequeños agregados con el otro. Creo que tenemos que barajar, repartir de nuevo con nuevos métodos; lo anterior está agotado.

A mi juicio, señor Presidente, es excesivo afirmar que las disposiciones que se proyectan puedan tener un imperio importante en la globalidad de la economía. El Gobierno nacionalista, dentro de lo que pudo, hizo bastante, pero debe continuarse el mismo esfuerzo de articular nuestra economía, nuestra estructura financiera presupuestal y tributaria, así como la Administración toda. De esa forma, la reforma social y el mejoramiento social vendrán por añadidura. Por lo tanto, hagamos todo eso y, entonces sí, podremos encarar firmemente las soluciones del problema social que, además, va vinculado a lo que apostemos en materia educativa, a la inteligencia, al conocimiento y a la capacitación como capitales básicos para el desarrollo nacional y la superación personal de nuestra gente.

Por lo demás, la descentralización no debe ser sólo política y administrativa; Montevideo no puede mantener encerrada gran parte de los recursos naturales del país, sino que debe movilizarlos hacia el interior acompañando el proceso de descentralización institucional y económica, haciendo que la sangre cultural uruguaya circule por toda la República. Para expresarlo con palabras ajenas, diré que en todo ello debe tenerse especial cautela, porque por mucho de lo que oí esta tarde me hace pensar que no se ha prestado por algunos colegas y tampoco por el equipo económico, la debida atención a la inadecuación de los medios a los fines, a la confusión de los medios con los fines y a la incompatibilidad de los fines entre sí.

Esta enumeración que he hecho de los grandes problemas nacionales es, de por sí, algo retórica y tiene el propósito de dimensionar con pertinencia la limitación de este proyecto de ley, que tiene sólo el objetivo limitado de achicar el desequilibrio fiscal, objetivo que se expresa en una serie de disposiciones no muy prolijas, donde la necesidad de recaudar ha sido su imperio principal.

No niego que algo se legisla para mejorar la competitividad; precisamente, en el artículo 25 que apunta al mejoramiento de la competitividad de la industria manufacturera en conjunción con la sustitución del IMESI por el IVA en las tarifas de UTE. En ese sentido, un señor Legislador dijo que no entendía bien cómo se iba a llegar a esto sin gravar el cobro de las tarifas domiciliarias. Personalmente, le aconsejé que se instruyera con el señor Senador Astori, quien tiene amplia capacidad didáctica y se mostró favorable a esta disposición como según tengo entendido, lo hizo la unanimidad de la Comisión.

También se ha instrumentado la extensión en el tiempo del régimen de devolución de impuestos, la rebaja de las tasas del IMABA a la refinanciación de las exportaciones, aunque, lamentablemente, tal como se señaló en la Comisión, esta norma va a tener poco efecto práctico.

Sin embargo, son medidas insuficientes para asegurar la competitividad a largo plazo; son simplemente, un respiro porque significan una solución demasiado fácil para un problema difícil. Cabe recordar la expresión de Whitehead: «Buscad la simplicidad pero desconfiad de ella». Digo esto porque nada asegura que los beneficiarios de esta transferencia la utilicen en programas de capacitación gerencial y laboral, en innovaciones tecnológicas o en reciclajes de mano de obra. Bastante experiencia ha tenido el país confundiendo industrias al barrer con industrialización. A esos efectos, quiero citar a un hombre de quien no se podrá decir que fue posconservador, neoliberal o de derecha, me refiero a Carlos Quijano cuando proclamó: «De las industrias protegidas, protégenos Señor».

Martín Martínez, en un estudio sobre la Depreciación de la Moneda y el Proteccionismo en los países pequeños, editado por el Centro de Estudiantes de Derecho -imagínense ¡qué tiempos aquellos cuando este Centro editaba las ideas de este ciudadano!- dijo que se exhiben con gran ruido unos cientos o miles de obreros trabajando en industrias protegidas, pero para nada se menciona a los centenares de miles o millones de consumidores extorqueados.

Pasando a otro tema, quiero hacer unas precisiones de orden general sobre algunos aspectos que no oí citar ni recoger por ninguno de los oradores que han hecho uso de la palabra. Parecería un asunto un tanto tabú porque, en esa infracción, ante la pregunta de quién es el autor, podríamos decir que como en la interrogante de «¿quién mató al Comendador? En la obra «Fuenteovejuna», se responde, el culpable es «Fuenteovejuna». ¿Quién es «Fuenteovejuna»? Todos a una. En el error que quiero hacer notar, creo que es como los que mataron al Comendador: «lo fuimos todos a una». Concretamente, me refiero a la falta de adecuación a las normas constitucionales de muchas disposiciones de este proyecto de ley. Me podrán decir, como lo hizo uno de los contadores, que eso es una práctica muy vieja. Más o menos le recordé -sin pretender ofender a nadie porque lo considero un poco estéril o inútil predicar el evangelio de la inteligencia a los fenicios- que la Constitución no se deroga por la costumbre. Pienso que estamos generando una dicotomía peligrosa, es decir, estamos acentuando la dicotomía existente entre constitucionalismo jurídico -el que está en los textos de la Ley y de la Carta- y el constitucionalismo político o real, que es el que se encarna en los actos concretos de la vida misma. Inevitablemente eso lleva al descreimiento y a que las buenas personas piensen «¿¡y ahora quieren aplicar la Constitución cuando ellos la violan todos los días!?» Así sigue sucesivamente desprestigiándose la democracia formal que, aunque es formal, cuando la perdimos vimos el valor real que tiene. En la Cámara de Representantes les dije a muchos colegas: «Ustedes ahora valuarán lo que es la democracia formal, porque lo aprendieron a palos, a golpes, a cárcel y a tortura. Si hubiera existido la democracia formal, ustedes no hubieran vivido eso».

Digo que en esta materia no hay dos bibliotecas. Nadie puede decirlo, como lo hizo Vélez Sarsfield quien al parecer inventó esta expresión. Acá tenemos una sola biblioteca y el deseo de ignorarla y ni siquiera acercarse a ella. Insisto en que hay una sola biblioteca porque ninguna de los catedráticos que integran el Instituto de Finanzas de la Facultad de Derecho considera que todo este conjunto de disposiciones entra en el marco constitucional. En esta Sala el doctor Gonzalo Aguirre, el 22 de marzo de 1988, presentó un proyecto debidamente informado. Hace pocos días le expresé que había sido «un padre que poco se preocupó de su hijo, porque después ni lo cuidó ni lo atendió y, ni siquiera, lo hizo respetar».

La doctrina entera -pero esto no sería lo más importante- y también la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, han declarado la inaplicabilidad en los casos concretos de disposiciones muy similares a ésta.

Pidiendo disculpas por abrumar a los señores Senadores con una cita, voy a leer lo que plantea la Suprema Corte de Justicia en su tesis: «Toda norma que establezca elementos constitutivos de la obligación tributaria, materia imponible, monto imponible y alícuota, debe revestir forma de Ley. La Ley -dijo la Suprema Corte- no puede limitarse a establecer un determinado tributo, es decir, impuestos, tasas o contribuciones especiales sino que debe regular por sí toda la relación tributaria en sus elementos y en su desenvolvimiento, determinado todo ello con la mayor precisión: los casos en que el impuesto es debido, las personas que quedan obligadas a su pago, el monto del impuesto y las formas con que el tributo debe ser establecido y percibido».

No quiero insistir más en esto, simplemente, repito algo que cité en la Comisión al mencionar a Juan Bautista Alberdi, quien expresaba -porque ya en aquellos tiempos se producían estos casos- que preferir el mal de fondo por un bien circunstancial, era algo sumamente grave y que se pagaba muy caro.

Para quienes piensan según el último libro publicado o viven de acuerdo al aire del tiempo, les digo que en los Estados Unidos -que nos parece tan ajeno a veces a estas disquisiciones intelectuales- la Universidad de Harvard publicó un libro en inglés -y en castellano lo editó el Fondo de Cultura Económica- John Rawls titulado «La Teoría de la Justicia» sostiene que en una sociedad bien ordenada el derecho, el «right», lo correcto, el acatamiento de las normas está por encima del «good».

Aunque puede ocurrir que en casos determinados la aplicación de la Ley conlleve un bien menor que el que resultaría de ignorarla. Pero como también señalaba Alberdi el bien mayor que resultaría de ignorar o de violar la Ley en un caso dado, debilitaría el imperio de la misma lo que generaría a largo plazo un mal: el debilitamiento del estado de derecho. Ese mal es más grave que cualquier bien resultante de la manipulación del Derecho.

Ahora deseo formular unas manifestaciones ajenas al tema concreto que nos ocupa. Se trata de un cierto estado de angustia que sentí cuando escuché en la Comisión algunas afirmaciones que más tarde fueron atenuadas -diría muy atenuadas- por el informe en minoría. En concreto, me refiero a las palabras pronunciadas, a los adjetivos casi diría agraviantes hacia quienes formularon este proyecto de ley o hacia quienes vamos a votarlo.

En respuesta a estas expresiones quiero decir que en un tono cordial y casi fraterno que no es menester visión sagaz para presentir en la lejanía las infinitas angustias que el porvenir puede deparar a la República, peores a las que ya conocimos si expresiones rudas, posiblemente en el campo mismo del agravio, se traducen en conductas de grupos políticos. Digo esto porque esa conducta tiende -lo adviertan o no quienes dicen estas palabras- a dividir a los hombres dentro de la República y significan una especie de guerra civil o de dar sentido bélico a los partidos políticos, dándole a sus polémicas el carácter de enemistad organizada. Piensen que la sociedad está cansada de intolerancias estériles.

SEÑOR BATLLE. - Apoyado.

SEÑOR MALLO. - Me quedaría por decir algo que no está bien, que es hablar de uno mismo, porque es tiempo que se sustrae para hablar de cosas de más importancia. Sin embargo, quiero explicar de un modo tajante, firme, sin escondrijos, por qué voy a votar este proyecto de ley, por qué lo hice en la votación en general y por qué lo haré cuando se trate cada artículo en particular, habiéndole hecho imputaciones genéricas de error y alguna crítica bastante dura a algunos artículos entre los cuales hay algunos -como señaló la señora Senadora Arismendi- que me hicieron recordar a una disputa entre un francés y un inglés. En ella el francés dijo que de lo sublime a lo ridículo hay sólo un paso, a lo que el inglés respondió: «El paso de Calais».

(Hilaridad)

-En este caso, creo que en la redacción de algún artículo se ha dado el pase de la fiscalidad a lo ridículo. Se trata de una fiscalidad vacía porque como ocurre con varios artículos de esta Ley no se va a obtener con ellos un centésimo; simplemente se tiene el placer de irritar. En realidad, no sé quién es el autor del artículo, pero seguramente no lo van a condecorar por él. Me refiero al artículo 28, en cuanto introduce la figura del concubino en forma ambigua e inaplicable.

La Constitución no nos trae aquí para ceñir nuestro mandato puramente a una función de intérpretes de un partido y mucho menos a la de mandatarios de un comité, sino que entiende que representamos a la Nación. Desde Herrera a Ferreira Aldunate, el Partido nacional reprobó la actuación de los parlamentarios como sujetos a los mandatos del comité pero es incuestionable que en el orden político existe vinculación a los partidos de donde procedemos y debemos inspirar nuestra conducta en sus directivas ideológicas. En mi caso, se trata del Partido Nacional que es la síntesis y la cifra de mis devociones cívicas. ¿Cuál es la directiva ideológica del Partido Nacional que recoge y consigna la resolución de su Directorio del día 3 de abril, votada por unanimidad? Se trata del respaldo a los Ministros nacionalistas. En Comisión precisé con certeza el sentido de la conducta del Partido Nacional.

Sin duda, podrá discutirse académicamente la supremacía del Poder Ejecutivo o del señor Presidente de la República en determinar rumbos de la política económica, pero fuera de todo ejercicio intelectual o metafísico el proyecto ha sido de factura exclusiva del señor Ministro de Economía y Finanzas, y así desembarcó en el Consejo de Ministros y en el Parlamento. Reitero que la iniciativa llegó con ese exclusivo padrinazgo, ya que los nacionalistas no intervinimos en su elaboración.

Debo decir que encuentro mi espíritu bien dispuesto al voto afirmativo porque está en la tradición y en la historia de mi Partido, el que siempre ha sido consciente del valor de sus consagraciones y ha tratado de cumplir lo que entendió su deber esencial. Lo habrá hecho bien o lo habrá hecho mal. Cada uno tendrá su opinión, según su criterio pero el Partido Nacional jamás ha constituido una muchedumbre desarraigada y fenicia olvidada de su ayer, sólo aglutinada por propósitos proficuos. Siempre tuvo tendida su mano hidalga para ayudar a los que en el Gobierno debieron sufrir y resolver las grandes crisis nacionales. Lo hizo Herrera en 1926 cuando frente a La Cerrillada tomó distancia de la frase infeliz como si fuéramos una democracia tutelada que el ejército de la República, con las armas en la mano, observaba las deliberaciones del Senado de la Nación, y aceptó el dudoso resultado electoral expresando: «Que se lleven todo, menos la tranquilidad de la República».

De la misma forma actuó el Partido Nacional en la anterior Administración del señor Sanguinetti cuando evitó el derrumbe de la estructura bancaria y financiera por la decisión unánime de todos sus dirigentes, aunque hayamos discrepado después en la implementación.

SEÑOR STORACE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR STORACE. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Mallo.

SEÑOR MALLO. - Muchas gracias, señor Presidente.

Igual actitud tomó el señor Ferreira Aldunate cuando con acierto o error defendió y votó la Ley de Caducidad para impedir una inexorable crisis institucional. De la misma forma lo hacemos ahora con la coalición, como lo haríamos sin la coalición porque no llevamos como marca indeleble ni determinante de nuestra conducta aquel grito altanero y presuntuoso que oímos en 1959 cuando se dijo desde el Partido Colorado que el Partido Nacional en el Gobierno «ni un vaso de agua».

En este momento, el señor Presidente de la República, el señor Ministro de Economía y Finanzas y el Partido Colorado en su totalidad piden este proyecto y aquí tienen nuestros votos a cambio -por lo menos en lo que a mí respecta- de nada.

Reclamo sólo el cumplimiento de las leyes y del orden jurídico pero no como una petición sino como el ejercicio de una competencia. A modo de ejemplo, quiero citar algo que dije a un Ministro mientras le comunicaba una situación irregular. Le manifesté: no vengo a pedirle que cumpla la ley; tendría un concepto muy pobre de mí, si siendo Senador, no arbitrara los medios para obligarlo a cumplirla. El cumplimiento de la Ley y la justicia no se pide en este país, es una obligación de los representantes de la Nación asumirla y; de quien tiene potestad, obedecerla e impartirla.

Hannah Arendt dijo que hay tres clases de verdades y que cada una de ellas tiene su contrafigura. La verdad fáctica tiene como contrafigura la mentira; la científica tiene como contrafigura el error y la filosófica tiene como contrapartida la ilusión. Personalmente, tengo la absoluta convicción de que el señor Ministro de Economía y Finanzas no ha ofendido la verdad fáctica ni la científica; tengo mucho temor de que caiga en la contrafigura de la verdad filosófica, esto es, en la ilusión.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MALLO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Agradezco al señor Senador que me haya concedido esta interrupción. El sabe del respeto que quien habla tiene, no sólo de su calidad humana, sino también de su prolijidad y de su talento jurídico.

En su momento hice una afirmación y no escuché comentario alguno a su respecto. Entonces, no sólo por un prurito intelectual, sino por lo mucho que me interesa la opinión del señor Senador Mallo, le pediría que, de ser posible, se pronunciara sobre esa crítica que hice al proyecto de ley por referirse a modificaciones, no de determinadas leyes, sino de un Texto Ordenado al año 1991, lo que podría plantear graves problemas jurídicos, aunque esto pueda sonar un poco formalista a aquellas personas que no están al tanto de este tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Mallo.

SEÑOR MALLO. - Voy a responder al señor Senador con la misma sinceridad que he empleado hasta ahora, sin tener nada recóndito en mi espíritu.

Conozco mis pobres criterios mentales como para pretender ser comentarista de las opiniones del señor Senador Korzeniak. Las escucharé, las estudiaré y, como él sabe, nunca rehuso dar mi opinión, aun cuando a veces decir la verdad es un acto bastante imprudente.

Ojalá que, por la patria, por nuestros conciudadanos, por nuestros hijos y por nosotros mismos, el señor Ministro, no se haya alejado de la verdad filosófica extraviándose en la ilusión.

Agradezco a todos los señores Senadores el haberme escuchado y dejo aquí vuestra atención condigna.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak, para contestar una alusión.

SEÑOR KORZENIAK. - Es verdad, señor Presidente, no la he solicitado para contestar una alusión, porque las palabras pronunciadas por el señor Senador Mallo son una flor inmerecida que recibo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, tiene la palabra el señor Senador para una aclaración.

SEÑOR KORZENIAK. - Voy a dejar planteado un asunto a la Mesa, con el mejor espíritu constructivo.

El Texto Ordenado de 1991, según tengo entendido, es un decreto y no una ley. Admito que puedo tener cierto desconocimiento al respecto, por lo que pido a la Mesa que por vía de Secretaría se me informe sobre ello. Personalmente, sé que existe un decreto del Poder Ejecutivo que establece la aprobación de ese Texto Ordenado. Es más; lo tengo ante mi vista en este momento. Entonces, realmente, es gravísimo que estemos aprobando -aunque sea con nuestro voto en contra- una ley cuyos artículos modifican un decreto del Poder Ejecutivo; es algo insólito desde el punto de vista jurídico.

En definitiva, solicito información para constatar si el Texto Ordenado es una ley, es decir, si fue aprobado por ley, o si sólo tiene valor de decreto. Me consta que sus artículos, uno a uno, pertenecen a leyes, pero no es lo mismo un Texto Ordenado.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Como el señor Senador Korzeniak insiste en hacer referencia a la naturaleza jurídica del Texto Ordenado y a si por ley se lo puede modificar, queremos señalar que, de acuerdo con nuestra experiencia -similar a la del señor Senador Korzeniak, porque él trabajó en el Período pasado como Senador- las leyes de Presupuesto normalmente modifican un Texto Ordenado. A su vez, el proyecto relativo a desmonopolización de alcoholes quedó estancado en la Comisión de Constitución y Legislación en razón de que la Cámara de Representantes modificaba, no el Texto Ordenado de 1991, sino otro de años anteriores. Esto provocó una situación que fue imposible superar a nivel del Senado, por lo que el proyecto quedó estancado.

En definitiva, se trata de una costumbre. Naturalmente, no es algo técnico, porque el Texto Ordenado no es una ley; simplemente, se establece a través de un decreto para facilitar el trabajo de la Dirección General Impositiva. Sin embargo, en varias oportunidades se han realizado modificaciones al Texto Ordenado a través de la Ley; precisamente, las Leyes de Presupuesto o de Rendiciones de Cuentas muchas veces hacen referencia a esa circunstancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Naturalmente, no es la Mesa la que puede dar una interpretación auténtica de lo que ha planteado el señor Senador Korzeniak. Simplemente, obran en su poder los antecedentes, por lo que se dará lectura por Secretaría de la ley que encomienda al Poder Ejecutivo el dictado de los Textos Ordenados en materia impositiva.

SEÑOR SECRETARIO. - (Don Mario Farachio). El artículo 177 de la Ley Nº 16.170, de 18 de diciembre de 1990, dice: «Encomiéndase al Poder Ejecutivo la actualización, en forma permanente, del Texto Ordenado de leyes vigentes relacionado con los tributos de competencia de la Dirección General Impositiva».

El 30 de setiembre de 1991 el Poder Ejecutivo dicta el Decreto 534/991 por el cual se establece lo siguiente: «Visto: el proyecto de Texto Ordenado actualizado formulado por la Dirección General Impositiva, que se acompaña.

Considerando: que corresponde aprobar el referido proyecto.

Atento: a lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990.

El Presidente de la República decreta:

Artículo 1º. - Apruébase el Texto Ordenado referente a los tributos de competencia de la Dirección General Impositiva a que se hace mención en la parte expositiva, el que se considerará formando parte de este decreto.

Artículo 2º. - A efectos de lo dispuesto por el artículo 116 del Decreto 640/973 de 8 de agosto de 1973, las referencias a las normas legales incluidas en dicho Texto Ordenado, se efectuarán indicando el número del título y del artículo asignados en el mismo, seguidos de la mención del ‘Texto Ordenado 1991’ o ‘T.O. 1991’.

Artículo 3º. - Comuníquese, etc.».

SEÑOR PRESIDENTE. - Realmente, era conveniente leer estas normas, sin perjuicio de señalar que parece obvio y fuera de toda discrepancia el hecho de que el Poder Ejecutivo no ha hecho más que cumplir con una norma legal y establecer ordenadamente un texto que, de otra manera, habría resultado de difícil compulsa y consulta por los administrados.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Simplemente, a los efectos de completar el comentario, deseo señalar lo siguiente.

El Texto Ordenado es un decreto desde el punto de vista jurídico; no es aprobado por el Parlamento. Por supuesto, facilita la labor de la Dirección General Impositiva, pero realmente no me arrepiento de haber utilizado una dura expresión para calificar la técnica utilizada en relación con este proyecto de ley.

Verdaderamente -y lo digo con el mayor espíritu constructivo- no se pueden modificar artículos de un Texto Ordenado. Se modifican artículos de las leyes respectivas y luego, al año siguiente, para facilitar la tarea de la Dirección General Impositiva, el Poder Ejecutivo incluye esos cambios en el Texto Ordenado y lo aprueba. Pero el valor jurídico de esta ordenación es un decreto. Cada artículo es una ley, esto me parece tan elemental que, si no fuera porque soy abogado y me comprenden las generales de la ley, diría, sinceramente, que esto no fue redactado por un abogado.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Comparto las explicaciones brindadas por el señor Senador Santoro frente a la cuestión planteada por el señor Senador Korzeniak.

Deseo empezar por hacer una reflexión que es casi un razonamiento por el absurdo. El punto de vista del señor Senador Korzeniak podría conducir a la peregrina tesis -y no digo que sea la de él, pero podría ser la de cualquier otro, ajeno a este Cuerpo- de que, dado que el Texto Ordenado es un decreto, las modificaciones de impuestos las tendría que disponer el Poder Ejecutivo también por vía de decreto.

Pero, en realidad, se debe enfocar de otra manera. La Ley que oportunamente ha sido leída por la Secretaría del Senado, encomienda al Poder Ejecutivo una tarea de ordenamiento jurídico de textos legales. Es decir, el Poder Ejecutivo utiliza un determinado criterio -que, según tengo entendido, nadie ha impugnado hasta ahora, y no es la primera vez que estamos frente a un Texto Ordenado, ya que tienen larga vida en la historia del país- para establecer, de acuerdo con la compulsa que haga de la actividad parlamentaria, cuáles son las normas tributarias de rango legal que están vigentes y cuáles no. Entonces, el Texto Ordenado no hace otra cosa que dar publicidad al ordenamiento jurídico legal vigente.

Los Textos Ordenados -que creo que habría que reconocer que son muy útiles, y todos recurrimos a los mismos justamente para evitarnos esta tarea, a veces difícil para los que no somos expertos en materia tributaria- no hace otra cosa que informar acerca de qué es lo que está vigente, qué es lo que no lo está y qué es lo que se va modificando sucesivamente en materia de normas tributarias con rango legal.

Cuando en una ley como la que se está considerando se dice que se modifica el artículo tal o cual del Texto Ordenado de determinado año, no se hace otra cosa que decir -en una forma que podría ser más directa, pero que considero que es la más clara para entender qué es lo que se está haciendo con este proyecto de ley- cuáles son las normas legales recogidas en un Texto Ordenado por vía de decreto que el Parlamento propone modificar. Reitero que no se trata más de que eso; en este proyecto de ley no se está haciendo referencia a la modificación de un decreto sino de una o más leyes. Las normas tributarias contenidas en el Texto Ordenado son leyes; si fueran decretos, las modificaciones deberían realizarse también por vía de decreto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia entiende que se trata de un aspecto jurídico que puede ser opinable, y profundizar en el punto nos llevaría quién sabe a dónde.

Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR CID. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CID. - No quiero que el señor Senador Michelini piense que se trata de una conspiración para no dejarlo hablar, pero en salvaguarda de la integridad de su discurso, quiero plantearle una pregunta sobre algo que él mencionó anteriormente.

En la Comisión de Hacienda y ahora en el Pleno, el señor Senador Michelini señaló un aspecto relativo a las Asignaciones Familiares, en el sentido de que entendía que muchas veces éstas no llegaban a su destinatario. Ese fue uno de los argumentos que dio. Por otra parte, señaló que estábamos gastando a cuenta de algo que todavía no habíamos recaudado.

En una encuesta de hacer dos o tres años del Hospital Pereyra Rossell, en el servicio de emergencia un 60% de los niños presentaban algún grado de desnutrición. Seguramente, en su mayoría son los beneficiarios de esta compensación en el salario de sus padres que, de alguna manera, va a amortiguar el descuento que se les va a hacer por concepto del Impuesto a las Retribuciones Personales. A su vez, de los descuentos que se hacen a los salarios y los porcentajes que se asignan al Impuesto al Valor Agregado como descuentos, U$S 125:000.000 son volcados como estímulo a la industria, es decir que tampoco ingresarán a las arcas del Estado.

Con el máximo respeto y cuidando el aspecto lineal de la alocución del señor Senador Michelini, le quiero decir que me aclare exactamente cuál es el planteo que hace con respecto a que la Asignación Familiar no llegaría a los niños o a los beneficiarios.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: con respecto a la inquietud del señor Senador Cid, en la medida en que me referiré al tema, si al final de mi intervención cree que no he sido claro, le pido que me vuelva a plantear la pregunta.

El Nuevo Espacio, tal como lo hizo en la Cámara de Representantes, en este Cuerpo también va a votar negativamente este proyecto de ley y lo va a hacer -por eso queremos que nuestra intervención sea bien clara, ya que tendrá una óptica distinta de las que se han planteado en la tarde y ya, prácticamente, en la noche de hoy- porque cree que hay que reconocer la situación en que se está viviendo. Es decir, pienso que no sería justo ingresar en la consideración de este proyecto de ley sin examinar la situación por la que estamos atravesando.

El proyecto apunta al déficit, a la estabilidad, y tiene como objetivo tratar que la inflación sea menor que la del año pasado. Eso está bien; como objetivo está muy bien.

Nuestra situación regional es sumamente delicada. Hacemos referencia a ella porque el Uruguay es un país dependiente, al punto de que todo lo que ocurre en el mundo repercute de una forma u otra en nuestro país. Tan es así que lo que actualmente está sucediendo en México tiene consecuencias aquí, de manera indirecta, a pesar de que dicha Nación no es nuestro principal comprador ni un importante proveedor del Uruguay.

¿Por qué la situación regional está complicada? Porque nuestros vecinos y nuestra región están complicados. Hay situaciones realmente delicadas. Lo que está pasando en la Argentina no es algo menor. El Plan de Convertibilidad se está poniendo en tela de juicio todos los días.

Pienso que no debemos colocarnos en un callejón sin salida, del que no se puede volver atrás. Aspiramos a que este proyecto de ley tenga éxito, porque si no -recordamos las palabras del señor Ministro cuando habla del «botiquín de primeros auxilios»- la situación en la Argentina nos va a arrastrar. ¿En qué medida? Eso lo veremos después, señor Presidente.

Para nuestro país no queremos las peores cosas, sino las mejores. Por tanto, aspiramos a que la situación en la Argentina se vaya calmando y que la brasileña se encauce. Sin embargo, esas son expresiones de deseo que en economía no siempre son buenas consejeras. Cuando el señor Ministro concurre a este Parlamento y señala que quiere ser cauto, prudente y que desea poner un colchón de amortiguación en función de la incertidumbre que existe a nivel regional, creo que hace bien.

Imaginemos que el señor Ministro viniera al Parlamento -al Plenario o a la Comisión de Hacienda del Senado- y dijera: «En el año programa vamos a tener un 4,3% de déficit fiscal. Nos parece ‘fabuloso’ y vamos a convivir con él». Sería un irresponsable, una persona que no tiene conciencia del cargo que está ocupando. En consecuencia, me parece que está bien que el señor Ministro de Economía y Finanzas se preocupe de bajar el déficit fiscal. El tema es cómo va a hacerlo; esa es la discusión que se plantea en el mundo. En cualquier parte se analiza cómo se baja el déficit fiscal, cómo se ordenan las cuentas públicas, dónde hay que gastar y cómo hacerlo. Eso es lo que queremos discutir en el día de hoy.

El señor Senador Fernández Faingold definió la situación regional en pocas palabras y, por lo tanto, no voy a abundar en ello. No obstante, creo que debemos poner mucha atención en lo que está ocurriendo en la región. A mi juicio, el tema es mucho más delicado de lo que lo plantea el propio Ministro. Por eso aspiramos a que se tomen medidas diferentes, a que cambien el sentido y la mentalidad con que hasta ahora se ha llevado adelante al país.

El señor Ministro planteó una serie de impuestos. Quiero ser bien claro y señalar que aquí no se trata de no votar impuestos, sino de considerar el contrato social que tenemos con los ciudadanos. Me refiero a que cuando se les pide un impuesto tengamos la evidencia de que hemos ahorrado y rebajado todos los gastos del Estado antes de pedirles un nuevo esfuerzo. ¿Acaso se piensa que la carga impositiva es menor en el Uruguay? No, señor Presidente; es muy pesada. En función de eso, ¿no deberíamos empezar por casa?

Nos parece bien que el señor Ministro nos dé ahora un plan de ahorro importante. Sin embargo, más allá de la discusión de si el ahorro es importante o es menor, podríamos comenzar -porque el país nunca ha ingresado en ello- por bajar los egresos por las retribuciones personales. No hablo de rebajar los salarios, sino de no pagar en toda la gente que ha entrado en el último año electoral. No tienen sentido, ya que no tienen funciones y no se sabía con qué se les iba a pagar.

Se me dirá que estoy entrando en un área en que el déficit fiscal no se explica sólo por esa razón. Por supuesto que no. ¡Cómo se va a explicar un déficit fiscal por una sola razón! Claro que no se explica por eso, sino por una serie de medidas, entre ellas, la tasa de interés que va subiendo a nivel internacional.

¿Qué culpa tiene la Administración anterior que suba la tasa de interés? ¿Qué culpa tiene de que la situación argentina o brasileña se empiece a complicar e implique al Ministro una mayor responsabilidad? Por supuesto que no es culpa suya. Pero todos tenemos la culpa de las cosas que suceden entre casa, que es lo poquito que el país tiene para ordenar. No podemos ponernos a organizar la política norteamericana, la regional o la europea ni la crisis mexicana. Entonces, ¿qué podemos ordenar? La casa, y eso es lo importante.

Señor Presidente: el contrato con el ciudadano del que hablamos es muy caro. Nosotros tenemos muy en cuenta al ciudadano. Hace poco el Nuevo Espacio logró dar el título de Ley de Seguridad Ciudadana -y eso es muy importante porque es un nuevo encare y mentalidad- a la Ley de Seguridad Pública. Nuestra aspiración es que cuando el país desarrolle sus nuevas políticas mire siempre por el vidrio para ver cómo está el ciudadano, que tiene obligaciones, derechos y deberes.

A ese ciudadano es a quien se está pidiendo nuevamente que solvente los gastos del Estado. Entonces pregunto ¿tenemos derecho a pedirle una carga mayor sin antes rascar hasta el último peso ahorrado en la propia función pública? Si el sistema político o el gobierno hubieran hecho todo lo que debían hacer, por supuesto que acompañaríamos las medidas. Si la situación fuera delicada, votaríamos impuestos. No nos gusta hacerlo, como el señor Ministro no le agrada plantearlos, puesto que a nadie le gusta; pero los votaríamos, en la medida en que hay un cambio de mentalidad que hace que vayamos por un camino distinto. Eso es lo que el Nuevo Espacio quiso plantear en su campaña electoral; un cambio de mentalidad en el sentido de que hay que cuidar los recursos porque cuesta mucho conseguirlos. Esos recursos que estamos quitando al ciudadano, que le estamos pidiendo permanentemente, vamos a cuidarlos y a verterlos en las políticas que estamos convencidos le hacen bien al país.

Ha surgido una expresión por parte del Nuevo Espacio -por supuesto que no lo inventé yo, sino que salió en la prensa- que es la del «carnaval electoral». Esta expresión -quizá no sea muy de esta Cámara- pretende transmitir al conjunto de los ciudadanos la creencia de que en las elecciones crece el déficit fiscal y, por lo tanto, se ponen en tela de juicio todas las políticas económicas. Eso es algo que tiene que terminar. Se me podrá decir -tal como manifestó el señor Senador Heber con mucho orgullo, y lo respeto- que ese fue el año en que hubo menor déficit fiscal, o sea, menos «carnaval electoral», pero carnaval al fin. En mi opinión tenemos que terminar con esto porque se nos está yendo el país de las manos. Muchos insisten en preservar las tradiciones; yo pienso que algunas deben cambiar, y esta es una de ellas. En el mundo las cosas han cambiado y ahora el relevo de las Administraciones no deben incluir cargas muy pesadas para la nueva, de manera de hipotecar todo lo que se ha hecho. Por supuesto que debo reconocer -porque nobleza obliga- los esfuerzos realizados antes con respecto al déficit fiscal y a la inflación. El propio señor Ministro Mosca está tratando, no ya de mantener esta inflación, sino de ir un paso más, y al cabo de una década los uruguayos podremos vivir sin inflación.

Siempre me pregunté cómo el país había tolerado vivir en dictadura. Y ahora que estamos en democracia me pregunto cómo soportamos vivir en dictadura. Cuando se termine la inflación nos vamos a preguntar cómo toleramos vivir con inflación, porque la economía del país tendrá un despegue mucho mayor.

Se nos decía, señor Presidente, que todos somos responsables. No pretendo buscar culpables. Cuando hablamos de «carnaval electoral», lo hacemos con la intención de decir «encaminemos al país por otro rumbo». Por supuesto que todos somos responsables, incluido el Parlamento. A la lista que mencionó el señor Senador Posadas Montero, tengo mucho que agregar, entre otras cosas la refinanciación que me costó muchos dolores de cabeza en el partido que militaba cuando voté en contra. Tanto en la Cámara de Representantes como en todo el Parlamento había gente que tenía deudas por U$S 8:000.000 y las cancelaba por U$S 150.000, sin siquiera saber si ese dinero estaba invertido en el país. ¡Ojalá hubiera tenido la oportunidad de contar con esa fortuna! Quiere decir que leyes como la de la refinanciación han salido con mayor urgencia que otras que contemplan por ejemplo, a trabajadores, obreros y funcionarios que nos vienen a golpear la puerta porque han sido despedidos, porque las fábricas han cerrado y con 57 y 58 años no se pueden jubilar ni tienen perspectiva de trabajo. Y esto les sucede a pesar de haber aportado toda su vida a la Seguridad Social.

Creo que lo peor que podemos hacer es decir que tenemos la verdad. Tal como lo manifesté en la campaña electoral, debo reconocer -confieso que ahora es más fácil- que a la oposición, en la que me encuentro, le faltó coraje para votar la reforma de la Seguridad Social, que el país tanto necesita, puesto que cada día que pasa la situación empeora, hipotecando mucho más el futuro, sobre todo el de los jóvenes. En ellos debemos pensar, en los hijos, en el futuro, en el país. Esa es la hipoteca que debemos levantar. Con mucha tranquilidad estoy diciendo que nos faltó coraje y empuje, por lo que ahora debemos actuar rápidamente. Y con esa misma honestidad digo, señor Presidente, que así como reconocemos que todos aquellos números alcanzaron en el gobierno del Partido Nacional mejores condiciones, también expreso que los crecimientos deben ser sostenidos. Entonces, cuando terminamos un año electoral con déficit fiscal, debemos preguntarnos qué fue lo que pasó. Creo que las razones van más allá del ámbito internacional y del de Seguridad Social. Esta última es un dato de la realidad, que se va a seguir haciendo todos los años con la reforma estructural y que va a empezar a moderar ese gasto hacia el futuro. No se debería quitar derechos a quienes los tienen -esa es la gran discusión que tenemos que abordar acá- sino evitar otorgárselos a quienes nunca aportaron y a los «vivos» que mediante este régimen de Seguridad Social se aprovechan para sacarle ventaja a los cautivos, a los funcionarios públicos y de empresas importantes que aportan durante toda su vida y luego sus cobros se dividen entre una cantidad de personas, entre ellas muchas que no tuvieron derechos adquiridos. Se trata de empresarios, de unipersonales que quizás con mayor asesoramiento lograron burlar el aporte y en los últimos años se afilian para cobrar jubilaciones importantes.

Sinceramente digo que si un partido que ha pedido austeridad, que ha sido una de las variables importantes con respecto al manejo macro económico y ha tratado de tener un déficit fiscal bajo -reconozco eso- quizá con obsesión, ha llegado casi a un 3% ¿le puede pedir a la oposición que no lo marque? En ese caso, no entendemos de política. ¿Qué pretenden? ¿Qué se vote un ajuste fiscal para pagar un déficit fiscal en silencio?, porque esa es la razón fundamental. Por supuesto que no, señor Presidente. ¿Además se pide que mantengamos silencio con respecto a los funcionarios públicos que ingresaron? Claro que no. Se nos piden pruebas y las vamos a dar, puesto que están todas las Intendencias del interior. También se nos dice que no tienen responsabilidad y que tienen autonomía; ¡pero es un mismo partido! Estoy seguro de que este déficit -y esto lo dije en Comisión- se hizo a expensas y por encima de la voluntad del propio señor Ministro de la época, el actual Senador Posadas Montero.

Este razonamiento nos lleva a otro que está encadenado porque cabe preguntarse qué le hubiera pasado al país si el señor Senador Posadas Montero no hubiera sido Ministro el año pasado. ¡Pobre país! De ser así, los reclamos clientelísticos habrían sido enormes. Entonces, señor Presidente, aunque se nos insiste con respecto al carnaval electoral, lo vamos a seguir sosteniendo. Si éste no existiera, ¿por qué se incluyeron en este proyecto de ley que hoy estamos considerando una cantidad de artículos sobre empleados públicos? Si no hubiera problemas al respecto, esto no se habría establecido en la iniciativa. Es más; en Comisión se aprobaron algunos artículos propuestos por el Nuevo Espacio que luego, no sabemos por qué razón, no se votaron en la Cámara de Representantes. De todos modos, en la Comisión de la Cámara de Representantes se era consciente de que este es uno de los problemas que debemos resolver. Tanto es así, que de las pocas variables económicas que tenemos, una es la referida al gasto del Estado y uno de sus rubros es la erogación para los funcionarios públicos que como consecuencia de los ingresos que se producen en años electorales, han visto deteriorado su salario. Por esa razón, hoy en día ser funcionario público, lamentablemente para este país, ha perdido aquella dignidad y relevancia que tenían en décadas pasadas.

Aquí se ha dicho, señor Presidente, que el déficit fiscal se combate con crecimiento. Creo que esta es una expresión de deseo pero con eso no solucionamos nada; hay que crear condiciones para que se dé el crecimiento, y una de ellas es que no exista déficit fiscal, que se reduzca la inflación, que haya estabilidad, que vengan empresas inversoras, que se genere trabajo, etcétera.

Por lo tanto, afirmar que el déficit se combate con crecimiento es sólo una expresión de deseo porque éste se va a alcanzar en la medida en que el Uruguay siga con la conducta de mantener determinadas variables económicas en condiciones de atraer inversiones.

He observado con alarma, señor Presidente, que una empresa automotora, después de un año de negociación, no se radicaría en nuestro país, precisamente en este momento de apertura del MERCOSUR y cuando, a pesar de toda la incertidumbre que existe a nivel regional, hay una fuerte inversión en el sector automotriz. ¿Por qué Uruguay no puede atraer, por lo menos, a una de esas inversiones? Creo que deberíamos ser más inteligentes y más capaces porque ahora estamos ofreciendo un mercado más amplio. Sin embargo, estas empresas deciden radicarse en países vecinos. Quizás alguien pueda sostener que ello se debe a los conflictos; pero me consta que en este caso concreto se hicieron consultas con el PIT-CNT y que éste garantizó que si esa inversión se hacía no iba a haber problemas a nivel de conflictos laborales en ese sector.

SEÑOR BATLLE. - ¿Cómo puede garantizar eso?

SEÑOR MICHELINI. - Lo hizo en una actitud que le reconozco al PIT-CNT a pesar de que muchas veces no se enmarca dentro de lo que son sus tradiciones el entender que las inversiones necesitan determinadas reglas y estabilizaciones, no sólo a nivel de los números macroeconómicos sino también de las relaciones laborales.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: creo que las últimas expresiones del señor Senador Michelini deberían eliminarse de la versión taquigráfica, porque no es posible que sea el PIT-CNT el que garantice si va a haber o no conflictos. Si así fuera, los conflictos se suscitarían por decisión del PIT-CNT, y eso es muy grave.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - Creo que no se trata de algo grave; es una actitud patriótica de una cantidad de trabajadores que sienten que el país necesita inversión. Y frente a la posibilidad de que esas inversiones se instalen en nuestro país y proporcionen trabajo, sobre todo en el ramo metalúrgico, estaban dispuestos a hacer enormes esfuerzos para que dentro de las posibilidades humanas se evitaran los conflictos.

Además, cuando en nuestro país se pierden puestos de trabajo y hay inflación e inestabilidad, los trabajadores son los que más sufren y más rápidamente comprenden la situación porque la viven en carne propia. Incluso, si observamos la pérdida de trabajo que a nivel de la industria se ha producido en los últimos años, nos vamos a encontrar con que cuando se conserva y se generan espacios de discusión con la central obrera, se encuentran los caminos necesarios para crear los atractivos requeridos para que la inversión se afinque en nuestro país.

Algunos grupos han planteado el tema de la votación de la reducción de los aportes y, en lo personal, la voy a apoyar porque pienso que es un buen camino. Se están tomando impuestos como aportes; y aquí hay una confusión porque, repito, se están tomando como aportes genuinos impuestos, y de esa forma sigue la confusión. La Seguridad Social tendría que tener como aporte genuino aquellas contribuciones de trabajadores y empresarios que permitieran que en el correr de la vida una persona se pudiera retirar con una jubilación digna y los aportes tuvieran una relación directamente proporcional con la pasividad, sea del sistema que sea. Muchas veces, cuando observamos los números nos encontramos con que lo que aportan trabajadores y empresarios no tiene relación con las jubilaciones, porque más allá de que en la Constitución se haya establecido un régimen de ajustes, comienzan con niveles muy bajos.

Entonces, cuando aquí se dice que vamos a reducir impuestos para incentivar la producción y dar empleo, que es lo que tiene la recaudación en momentos de incertidumbre y dificultades, nosotros estamos dispuestos a votarlo. Se dice que esto va a desfinanciar al Banco de Previsión Social; sin embargo, a esta Institución cada vez que llega fin de mes se le hacen los aportes de caja necesarios para que pueda pagar a todas las jubilaciones. Lo que vamos a hacer es un aporte de caja superior porque en vez de cubrir el déficit que se tiene hoy, estaremos aportando U$S 48:000.000 más. Se dice que el objetivo que se pretende es otro; pero creo que de esta forma volvemos al mundo de los buenos y de los malos, y que se plantean los temas pensando en que van a adoptar determinadas actitudes para, directa o indirectamente, conseguir otro propósito.

La finalidad que se persigue a través de esta norma -que no propusimos nosotros sino otros sectores- es mantener el empleo y estimular la producción. También nos hubiera gustado -por supuesto que esto no se puede hacer ahora porque la situación es delicada- que esto no se destinara sólo a algunos sectores específicos del país y que se fuera expandiendo, sobre todo el tema de los servicios, que es un gran tomador de empleos y, en especial, para la gente joven.

El turismo, por ejemplo, es un área que debe tener incentivos; si bien ya posee algunos, es necesario estudiarlos para ver en qué condiciones se encuentra el país.

Con respecto a la situación de las Asignaciones Familiares, sostengo que el objetivo es dar una cantidad de dinero a las familias con hijos. Es una transferencia que la sociedad hace, sobre todo a los niños y que hasta ahora se hacía en forma indiscriminada. Este proyecto de ley plantea eliminar ese beneficio a los sectores más altos. Se podrá discutir si el monto es correcto o no, pero sí se establece que a partir de un determinado ingreso familiar no se otorgue este beneficio. Creo que esto es correcto, más allá de las cifras, porque lo que estamos tratando es de transferir dinero a los niños.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - Agradezco la deferencia al Cuerpo.

Con respecto a las Asignaciones Familiares, estamos haciendo una transferencia de la sociedad a los niños que no tienen ingresos familiares, es decir a los que pertenecen a los sectores más pobres de nuestra población. Eso es, señor Presidente, lo que yo entiendo. Y ante este proyecto de ley de ajuste fiscal, con la enorme incertidumbre a nivel internacional y en lo que tiene que ver con la actividad futura del país, el Ministro dice que ésta va a caer. Sinceramente, no sé si va a ser así, pero es muy posible, y hace bien el Ministro en plantear ese escenario, porque seguramente la actividad caiga y suceda lo propio con la recaudación. En este marco de incertidumbre en que salimos a pedir un esfuerzo mayor a la población, nosotros ya estamos gastando a cuenta. Y digo esto porque duplicamos la Asignación Familiar de determinado monto hacia abajo, sin que se tenga la seguridad de aquellos entendidos, de que ese dinero tendrá como destino final a los niños más pobres. Ya se decía hoy que al nivel inferior de los que queremos ayudar ya no se llega. Esa es la primera observación. Sin embargo, estamos duplicando el gasto. La segunda, es que nada asegura que cuando se otorga a los padres ese dinero, luego llegue a los niños. Nosotros planteamos el tema en la campaña electoral haciendo referencia a la pobreza; insistimos en ella una y otra vez y lo seguiremos haciendo. Pero para combatirla hay que focalizar muy bien los escasos recursos que las sociedades le dedican. Personalmente, aspiro a que se le destine un presupuesto mayor, pero soy realista, ya que hay poco dinero para atender la problemática social. Entonces, propongo que antes de gastarlo dediquemos unos meses a discutir el tema antes de proceder a este gasto muy rígido y a decir que no se puede invertir una mayor cantidad. Por lo tanto, pienso que vamos a gastar sumas importantísimas sin saber si será destinada a quienes pretendemos. El señor Senador Mallo decía que esto no se plantea como una lucha contra la pobreza. Aclaro que yo no lo pretendí, ya que no elaboré el proyecto de ley ni incluí este artículo. Lo que se expresó, y creo que se pretendió, es que la iniciativa no incluya al extracto más humilde en el esfuerzo importante que le pedía a la sociedad toda. Parece lógico que fuera así. Ahora se dice que se le están haciendo transferencias adicionales, que no era el primer objetivo. Me pregunto: ¿por qué se hacen las transferencias adicionales? Se dirá: porque allí está el sector más pobre, que son los niños. Muy bien; es muy loable, pero estudiemos si realmente logramos llegar adonde queremos, que es a ese sector de niños de más bajos ingresos. A propósito, personas que integran el equipo de Rama me decían que con U$S 30:000.000 se hacen maravillas, como para que hoy se esté repartiendo «al barrer», aunque por los niveles que se manejan se pueda asegurar que los recursos llegarán a la gente de menores ingresos. Se ha criticado tanto -y lo hemos hecho también nosotros, el Nuevo Espacio- el subsidio al boleto, que se hacía «al barrer», que considero conveniente proceder a un estudio del tema. Los subsidios deben estar focalizados, tienen que ser puntuales y es preciso saber qué destino se les da, porque los recursos de la gente son escasos y hay que cuidarlos.

Señor Presidente: quiero que el cambio de mentalidad se instrumente ubicando en primer plano a ese ciudadano al que le estamos pidiendo el esfuerzo.

Con respecto al proyecto de ajuste, debo decir que se han acercado algunas personas angustiadas, que no han votado, precisamente, por el partido político que represento ni por el otro que no está en la coalición. No porque no comprendan que es este un momento difícil y que es preciso atender el déficit fiscal, sino porque nuevamente se les pide un esfuerzo adicional a quienes pagan los impuestos.

El señor Senador Posadas Montero hacía mención a las reformas estructurales. Por supuesto que hay evasión y que es importante, pero no sólo se la combate con medidas administrativas o con leyes, algunas de las cuales vamos a votar. Pero como decía el señor Senador Mallo, muchas resultarán inútiles, porque es necesario realizar reformas estructurales; una de ellas es la de la Seguridad Social. El otro día el señor Senador Batlle planteaba el tema del Impuesto al Valor Agregado para otros sectores que hoy no están considerados, porque hay «bolsones» de la sociedad que están exentos de pagarlo y que pujan para que parte de la economía esté en negro. Muy bien, tenemos que estudiar reformas impositivas, no para que haya un Estado permanentemente represor a la hora de cobrar los impuestos, sino para que el propio ciudadano se sienta tranquilo en el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora bien, ese ciudadano pedirá como contrapartida un Estado que sea eficiente en los servicios y gaste poco. Esto no se hace en uno ni en dos años, sino en más de una década. Por ello, cada vez que tenemos un déficit fiscal que aumenta y que se incrementa el número de funcionarios públicos, nos asustamos, porque tomamos la dirección inversa.

Este es el cambio de mentalidad que estamos proponiendo, señor Presidente. Si se hubiera tomado el camino difícil, complicado, engorroso, de no renovar todos los contratos decirlo públicamente y aunar esfuerzos entre las cuatro fuerzas políticas para reparar errores del pasado y asumir los compromisos que se están exigiendo como reto por parte de algunos señores Senadores, no habríamos tenido ningún problema en votar los impuestos necesarios para darle al país la tranquilidad de que habrá un déficit fiscal manejable, una inflación en descenso y una estabilidad en descenso y ese déficit fiscal manejable deben tener como contrapartida, desde el propio sistema político, la concreción de las reformas estructurales que terminen con el clientelismo político, práctica que lo viene aquejando hace muchos años y una de las razones -aunque quizá no la única ni la más importante- que también terminó con la democracia y que hoy está hipotecando permanentemente nuestro porvenir, nuestro desarrollo y, fundamentalmente, el futuro de la gente joven y de nuestros hijos.

Es cuanto tenía que decir, señor Presidente.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Muy poco podemos agregar a lo ya afirmado por el señor Senador Posadas Montero. Creo que en sus palabras está condensada la opinión del Herrerismo y, por ello, no tendríamos más que decir al respecto. Hemos solicitado la palabra porque sabíamos, señor Presidente, que nuevamente íbamos a recibir la acusación por parte de algunos señores Senadores referente al carnaval electoral, sobre lo cual volvemos a expresar nuestro rechazo.

Tengo en mi poder, señor Presidente, un informe que ha sido cuestionado por el señor Senador Astori, quien ha planteado el desafío de que cuando el tema se discuta, también estudiemos en profundidad -estamos dispuestos a hacerlo- las bases que tuvo en cuenta la Oficina Nacional del Servicio Civil en la elaboración de aquél. Creo que es el elemento más objetivo que podemos tener fuera del prisma político con que miramos todas estas cosas como para poder sostener una discusión en serio sobre el ingreso de los funcionarios públicos. Reitero que este informe del 24 de enero es el único documento objetivo de que disponemos; lo otro es una simple presunción acerca de los ingresos, en función de cifras globales que fueron rebatidas por el señor Senador Posadas Montero. Lamentablemente, aquí no se ha incluido información del Parlamento; está nutrido de datos que provienen de los organismos, y el que entre otros, no informó a la Oficina Nacional del Servicio Civil, es el Poder Legislativo.

Otra omisión está dada por la no actualización de la Administración Nacional de Educación Pública, puesto que únicamente contamos con los números que se desprenden del censo realizado en 1993 -es decir, un año antes- pero no disponemos de información agregada respecto a lo ocurrido en 1994 en materia de ingresos. Sí hay estimaciones; pero creemos que no es serio hablar de otra cosa que no sean datos concretos y oficiales.

Debemos decir, sí, señor Presidente, que se incrementó el número de funcionarios públicos en algunos Ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ingresaron 223 personas; en el Ministerio de Salud Pública, 2.977. Recuerdo al Cuerpo que esta Secretaría de Estado estaba exceptuada de la Ley de Funcionarios Públicos. Frente a la pregunta que formula el señor Senador Michelini en el sentido de por qué introducimos una serie de artículos -que nosotros vamos a votar- en este proyecto de ley, debo responder que es, precisamente, porque caen los efectos de la Ley de Funcionarios Públicos que regía hasta el 1º de marzo de 1995. Por ende, en la actualidad, cualquier persona puede ingresar si no se vota la serie de artículos que, creo que en la pluma del señor Representante Atchugarry, fueron introducidos en la Cámara de Representantes, que adelanto vamos a acompañar, como lo hicimos con la Ley de Funcionarios Públicos. Vuelvo a recordar que esta fue una Ley remitida por el propio Poder Ejecutivo, que no necesitó de ningún Legislador del Gobierno para ser presentada en la Cámara de Representantes ni en el Senado.

Decía que ingresaron casi tres mil funcionarios en el Ministerio de Salud Pública; 163 en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -este es un número que se justifica, puesto que estamos hablando de un Ministerio que hasta ese entonces no existía- y casi dos mil en el Instituto Nacional del Menor.

Quizá llame la atención -al menos a mí me ocurrió- el hecho de que hayan ingresado casi dos mil funcionarios en el transcurso de cinco años en este Organismo. Pero esto se explica, también, por una actitud del Parlamento. En la Ley Presupuestal de 1990 se incluyó una disposición por la que se autorizaba al Instituto Nacional del Menor, previo informe de la Contaduría General de la Nación a transferir el Renglón 034 al Renglón 021, Rubro 0, el crédito que remunera a los funcionarios contratados que cumplían en ese momento tareas de Inspector de Hogar, autorizando la racionalización de la estructura de funciones contratadas resultantes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8º, 9º y 10 del Decreto-Ley Nº 14.985. Este artículo hizo -tengo en mi poder un fax enviado por el Instituto Nacional del Menor- que se incorporaran aproximadamente 2.275 Instructores, Grado 03, que fueron contratados el 25 de noviembre de 1988. Esta fue una regularización que este Parlamento, y creo que varios señores Senadores que hoy se rasgan las vestiduras en cuanto al ingreso de funcionarios públicos, aprobaron.

También se ha hablado de los Gobiernos Departamentales y, en este sentido, queremos decir al señor Senador Michelini que no han influido en el déficit del Gobierno. Quiere decir que no se puede adjudicar el 2.9% de déficit al supuesto carnaval electoral. Sí hubo carnaval; pero no fue éste, y más adelante vamos a hablar del tema.

Paso a informar al Cuerpo cuántos funcionarios menos ha habido. En el Ministerio de Defensa Nacional, 600; en el Ministerio del Interior, 300; en el Ministerio de Economía y Finanzas, 400; en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 700 -estoy hablando de las cifras grandes y dejo de mencionar las pequeñas- en el Ministerio de Educación y Cultura, 300; en el Banco de Previsión Social, 800; en el Banco Central, 180; en el Banco de la República, 235; en ANCAP, 2.000; en UTE, 1.600; en AFE, 3.000; en la Administración Nacional de Puertos; 2.000; en ANTEL, 1.400 y, en OSE, 700.

En honor a la verdad, debemos decir que en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se produjeron ingresos en el mes de febrero; pero no son diez mil personas quienes ingresaron a la Administración Pública, como mencionó el señor Senador Michelini en la mañana de hoy en un reportaje que le realizara el periodista Neber Araújo. Frente a la afirmación hecha por el señor Senador en el sentido de que desde agosto a principios de febrero de este año ingresaron diez mil funcionarios públicos, digo que no es así -quiero creer que fue mal informado- y menos aun que esto costó U$S 40:000.000, repito, como señaló hoy de mañana.

SEÑOR MICHELINI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - La información que poseo no es de agosto; no mencioné ese mes. Se basa en datos proporcionados por el Gobierno actual, por el propio señor Ministro de Economía y Finanzas, quien nos dijo que, según sus estimaciones -que se basaban en la discusión económica que hubo en el Hotel Victoria Plaza y en algunas conversaciones que se mantuvieron- en el último año, incluidos los meses anteriores a asumir la Administración actual, se trataba de diez mil funcionarios públicos. Esto no lo inventé; no tengo por qué inventar ningún tipo de cifras que, por otra parte, ya se van a conocer. Ya el doctor Correa Freitas las está manejando. Sea diez mil el número exacto, o el que surge de los datos que posee el señor Senador Heber -más allá del tema de los Gobiernos Departamentales, que el señor Senador afirma que no dan déficit y que yo digo que lo hacen en la medida en que no paguen al Banco de Previsión Social y que reclamen asistencia al Gobierno Central- en su momento veremos las cifras, porque hoy nadie las conoce. La información que brinda el propio Gobierno es, repito, otra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER. - Decía que el ingreso de funcionarios a las Intendencias Municipales, como producto del carnaval electoral a que hacía referencia el señor Senador Michelini no incidió en el 2,9% de déficit.

En lo que tiene que ver con la Administración Nacional de Educación Pública mencioné el censo del año 1993, y supongo que no se estará cuestionando un censo.

Se podrán cuestionar las cifras de 1994 en cuanto a que no están completas, porque, sobre todo, el Parlamento no las brindó. El censo de 1993 -y consultado el licenciado Sayagués, que realizó el censo de 1988- dio que los funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública eran 42.323, tomando en Educación Secundaria y UTU un cargo cada 20 horas. Este criterio fue variado por la Oficina Nacional del Servicio Civil, contándose las personas y no las horas, como se había hecho en 1988. Esto arrojó en 1993 un total de 44.904 funcionarios en la Administración Nacional de Educación Pública, que, al igual que en Salud Pública, se explica en función del crecimiento que ha tenido la educación y la inversión durante el Gobierno del doctor Lacalle en estas materias. Se inauguraron más de cuarenta liceos, así como policlínicas y hospitales en todo el país. Pienso que todos los Legisladores que han recorrido el país habrán apreciado la contundencia de lo que fue una gestión que, a nuestro juicio -y con mucho orgullo- nos dio la posibilidad de decir que cumplimos con lo anunciado previamente a la elección anterior.

Para terminar este informe con las cifras finales que arroja la Oficina Nacional del Servicio Civil -haciendo la corrección de la Administración Nacional de Educación Pública y sin contar con las cifras del Parlamento, aunque sí del Poder Judicial- puedo decir que aproximadamente hay en la actualidad 258.000 funcionarios trabajando para el Estado, frente a 267.000 que había en 1990-. Es decir que estamos ante una reducción de 9.500 funcionarios, incluyendo las cifras de las Intendencias Municipales, que a continuación voy a detallar. En Artigas hay 300 funcionarios más; en Canelones, 1.200 menos; en Cerro Largo, 120 menos. Aquí debo agregar que hubo 449 egresos -esta es una aseveración que hice y la sostengo- que no fueron tales, pues 200 de ellos fueron redistribuciones dentro de la Administración. Esto fue así hasta que la Administración descubrió esta «manganeta» que algunos Intendentes utilizaban para ingresar funcionarios en el Banco de Previsión Social, que fue uno de los organismos donde ingresaron más empleados provenientes de la redistribución de las Intendencias Municipales. En esto, la medalla de oro la tenía el ex Intendente Rodolfo Nin Novoa -lo puedo comprobar, porque tengo datos- y quizás como premio a esa actitud de clientelismo político, terminó siendo candidato a la Vicepresidencia por el Encuentro Progresista. En Colonia hay 175 funcionarios menos; en Durazno, 300 más; en Flores, 5 más; en Florida, 230 más; en Lavalleja, 200 menos; en Maldonado 169 más; en Paysandú, 86 más; en Río Negro, 168 menos; en Rivera, 108 más; Rocha, 143 más; en Salto, 170 más; en San José, 113 menos; en Soriano, 1667 menos; en Tacuarembó, 158 menos; en Treinta y Tres, 125 más; en Montevideo -aquí tengo cifras discrepantes con las anunciadas por el señor Senador Gargano- 274 menos y en la Junta Departamental de Montevideo hay 74 funcionarios menos.

Frente a este informe, uno se preguntará dónde estuvo el carnaval electoral a que el señor Senador Michelini hizo referencia. Estoy de acuerdo con que hubo carnaval electoral y ese 2.9% no es motivo de orgullo, a pesar de ser un «récord» en los últimos años electorales. Esto no lo ponemos como mérito -si bien lo es- al control, porque de ese 2.9% no fue responsable la Administración en cuanto a su crecimiento en función del aumento del gasto. Hubo gastos que sabíamos -y así lo habíamos anunciado- que iban a crecer, como ser las transferencias a la Seguridad Social. Todo el mundo sabe que fue así; lo conocía y dejó que pasara. Voy a ahorrarle a la Cámara de Senadores decir lo que manifestó el señor Ministro de Economía y Finanzas en cuanto a cuáles son las transferencias que de la Administración Central van a la Seguridad Social. Pienso que ya es hora de atacar este tema con grandeza y coraje, porque 16 puntos del IVA van como asistencia. En esta sesión escuché al señor Senador Korzeniak hablar acerca de si eran 5 ó 7 los puntos del IVA. Reitero que 16 puntos del IVA van como asistencia a la Seguridad Social, más 4 puntos que recauda el Estado y, por obligación, los aporta al Banco de Previsión Social en su carácter de patrón. Es decir que estamos hablando de 20 puntos de IVA, los que fueron anunciados en el seno de la Comisión por los economistas del actual equipo económico.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Gracias, señor Senador.

Quisiera dejar de lado las calificaciones que el señor Senador ha hecho acerca del candidato a la Vicepresidencia por el Encuentro Progresista, pues vamos a tener oportunidad de discutir las cifras, que en estos momentos no poseo. De todos modos, no me parece de buen estilo recurrir a ese tipo de planteos. Digo de dejarlos a un lado para que no pasen como algo no contestado. Realmente, me llama la atención que el señor Senador califique de esa manera una conducta, mientras que las otras que él está planteando no las califica con el mismo tono irónico. Debo decirle al señor Senador que se ha equivocado y tiene mal los datos, porque 7 puntos del IVA obligatoriamente deben verterse al Banco de Previsión Social, pues así lo manda la ley. Cuando discutimos en Comisión este tema, historiamos un poco sobre el mecanismo. Al bajarse los aportes patronales, durante la dictadura se estableció que cinco puntos del IVA tenían como destino el Banco de Previsión Social para compensar la baja de los impuestos patronales. Luego, por sucesivas decisiones legislativas -creo que la última fue adoptada en el período de Gobierno del doctor Lacalle- se llegaron a 7 puntos. Por lo tanto, esos 7 puntos no deben contarse como transferencias, pues son recursos que eran genuinos del Banco y que, luego de ser quitados por medio de una rebaja, fueron compensados. De modo que los otros puntos del IVA, que el señor Senador contabiliza como transferencia, pueden serlo, pero no son 20 ni 16 puntos. Con los otros 4, el Estado tiene la obligación de pagar los aportes patronales, aunque a veces no lo hace, y esa es una de las causas por las cuales el Banco tiene déficit. Digo esto a título de aclaración, porque creo que el señor Senador Heber manejó datos erróneos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER. - Quizás no realicé toda la introducción que el señor Senador Gargano hizo en cuanto a la legalidad de los 7 puntos del IVA que fueron en primer lugar sustituidos en función de rebajas de los aportes. Con respecto a que son 20 los puntos de IVA que tienen como destino la Seguridad Social, debo decir que eso fue afirmado por el Economista Alfie. Si bien en este momento no encuentro las citas correspondientes, puedo afirmar que se señaló que eran 16 puntos más los cuatro que tienen que aportar los patrones. Eso creo que quedó muy claro. No obstante, señor Presidente, pienso que son mucho más que siete los puntos que se tienen que dar como transferencia a la Seguridad Social. Al respecto, el señor Subsecretario expresó en la Comisión que es importante destacar cómo pesa la prestación general de la Seguridad Social. Continuó diciendo que en el año 1989 el peso sobre el Producto Bruto Interno era del 10%; en 1990, del 11%; en 1991 del 12%; en 1992 del 13%; en 1993 del 14.6%; en 1994 del 15% y para este año se proyecta que llegará al 16%. Entiendo que es importante señalar esto aquí, en función de que a veces se buscan responsables del 2.9%. Me estoy refiriendo a la intervención del señor Moreira en la Comisión.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER. - Si me permiten, señores Senadores, voy a recordar las palabras pronunciadas en Comisión por el señor Alfie, quien señalaba que a medida que la inflación va cayendo -tratando de justificar lo que podría haber sido y lo que es el 2.9%- el gasto real de la pasividad va aumentando; entonces, se incrementa el peso en términos porcentuales del producto del gasto en pasividades. Por tanto, aunque no se toque ningún gasto en términos nominales -por decirlo de alguna manera- de todas formas, en términos reales, la cifra va a seguir aumentando a medida que la inflación disminuya.

Les concedo las interrupciones, por su orden, al señor Senador Gargano y al señor Senador Batlle.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Simplemente deseo hacer una aclaración, a fin de que queden las cosas bien perfiladas en la versión taquigráfica. Si no me equivoco, el Economista Alfie se refiere al gasto total en materia de Seguridad Social y no a las transferencias que hace el Estado, es decir que alude al volumen total del gasto en materia de Seguridad Social, que es financiado, en gran medida, por los aportes que hacen los contribuyentes al Banco de Previsión Social. Luego están los puntos que se adjudican por ley como aportes del Tesoro Nacional al Banco; posteriormente los aportes del Estado y, finalmente, las transferencias netas -vamos a llamarlas así- que son el gasto extra que tiene el Estado para contribuir a financiar la Seguridad Social. Pero ese volumen del 12%, 13%, 14%, 15%, es el gasto total que en casi todos los países que tienen Seguridad Social, tales como España, Francia, Inglaterra, Italia -entre otros- es el mismo o mayor.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Quisiera consultar al señor Senador Heber si incluyó en las cifras que mencionó lo que paga el Estado para el caso de las Cajas Policiales y Militares. Si así lo hizo, creo que faltan algunos puntitos más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER. - No, señor Senador; las cifras que estoy manejando se refieren a transferencias al Banco de Previsión Social, o sea que son más altas en función de que contabilicemos lo que dedica o transfiere el Estado a la Seguridad Social en sentido universal.

Sin ánimo de reiterar algunos conceptos, creo que es importante terminar señalando cuál fue y en qué consistió el «carnaval electoral». Lo vuelvo a decir con más detalle y quizás con más acentuación que como lo señaló el señor Senador Posadas Montero. Señor Senador: ¿Hubo o no aumentos salariales por leyes interpretativas en el mes de marzo? ¿Quién votó aquí en el Senado de la República leyes de dudosa constitucionalidad por leyes interpretativas y aumentos salariales que no se dieron en los ajustes de enero, en el Decreto de diciembre? ¿Se dieron o no, señor Presidente, subsidios a empresas mediante leyes que son realmente inconstitucionales? ¿Hubo o no un reajuste a las pasividades militares, que fue vetado y luego levantado el veto por la Asamblea General? ¿Quién votó? Aquellos que entendían que era necesario, señor Presidente ¿buscaron un recurso? El señor Senador Posadas Montero hizo referencia a varias decenas de millones de dólares para los que no se arbitró ningún recurso; luego, se pregunta de dónde salió el déficit fiscal y se acusa al ingreso de funcionarios públicos, no recordando que las pasividades militares costaron alrededor de U$S 50:000.000. ¿Se votó o no, señor Presidente, una Rendición de Cuentas del año 1993, en la que como muy bien recordaba el señor Senador Posadas Montero de apenas 50 artículos surgieron del parlamento 300 ó 400? Asimismo, quiero aclarar, sobre todo a quien tiene estas dudas y las ha planteado legítimamente -me refiero al señor Senador Michelini- que en la Rendición de Cuentas del año 1989, hubo 179 artículos que fueron introducidos en el Parlamento por un solo señor Legislador -estoy hablando del señor Edén Melo Santa Marina, un gran amigo, que lamento que no se encuentre en el Parlamento para contestar estos planteamientos- y crearon el gasto. Reitero que el ex señor Representante, Melo Santa Marina, integrante del Nuevo Espacio presentó 179 artículos del proyecto.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si me permite, señor Senador -y no porque no lamente, como usted, que no esté en sala el ex Representante Melo Santa Marina- por una cuestión de orden, debo conceder el uso de la palabra al señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER. - Voy a ocupar muy poco tiempo más a los señores Senadores.

Simplemente, quiero decir que sí, señor Presidente, hubo «carnaval electoral», del que en gran parte fueron responsables aquellos Legisladores que votaron esas Rendiciones de Cuentas. Nuevamente volvemos a establecer el desafío que ha señalado el señor Senador Posadas Montero en la Sesión de hoy. Esperamos que quienes hoy se preocupan por el gasto sigan teniendo la misma inquietud a la hora de tener que votar Rendiciones de Cuentas y Presupuestos. No queremos luego ver que se levanten manos con sentido demagógico para contemplar reclamos de funcionarios públicos -todos ellos legítimos- pero que a la hora de tener que financiarlos no se ocupan de ello.

Anteriormente el señor Senador Gargano recordaba una de las funciones del Parlamento, diciendo que éste tiene que fijar los impuestos y a él se tiene que recurrir. Por ello, manifestaba que tenía coautoría o corresponsabilidad en la política económica, aspecto con el que discrepamos. Pensamos que el Parlamento tiene que cumplir la función que históricamente le compete, que consiste en controlar al Poder Ejecutivo en sus gastos. Raro es, señor Presidente, que el Parlamento -por lo menos, desde que quien habla forma parte de él, desde 1985 a la fecha- siempre ha aumentado los gastos, nunca ha controlado y, en definitiva, no ha cumplido con su función esencial, que es buscar contener al Poder Ejecutivo en su afán de gastar más y de cobrar más impuestos. Reitero que el Parlamento no sólo no ha cumplido con su cometido, sino que ha hecho lo contrario, o sea, gastó más sin preocuparse de la financiación correcta.

Espero que, de una vez por todas, llegue esa conciencia al Parlamento y a todos los sectores políticos, y a la hora de tener que reclamar beneficios para los funcionarios -todos ellos justos, seguramente- se tenga la valentía de decir quién los paga en la sociedad, de qué forma, y qué juicio técnico serio puede respaldar lo que, en definitiva, están otorgando como aumento de gasto.

Por eso, señor Presidente, volvemos a sugerir que el señor Senador Michelini no busque en otro lado que en su propia responsabilidad, como en la de varios señores Legisladores, que a la hora de tener que haber sido austeros en el año electoral, aumentaron el gasto sin preocuparse en las fuentes genuinas de recaudación.

Coincidimos con el señor Senador en que hubo carnaval electoral y en que, lamentablemente, partió de esta Casa. Esperemos que en los años sucesivos -sean electorales o no se repita la triste historia que protagonizaron muchos de los señores Senadores que en ese entonces actuaron en el Parlamento.

SEÑOR MICHELINI. - ¿Me permite, señor Presidente para contestar una alusión?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Muy brevemente, señor Presidente, quiero expresar que no tengo ningún inconveniente en analizar la historia y reflexionar sobre cuál es la culpa de cada uno.

Pienso que aquí estamos tratando de cambiar nuestra mentalidad, creando perspectivas y proyectándonos hacia el futuro. Así como con toda tranquilidad hablamos del tema de la Seguridad Social y acepté la responsabilidad que me correspondía, me parece que cada uno debe reconocer la propia. Aquí se ha leído en detalle un informe de agosto o setiembre del año pasado, a pesar de que el propio Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil me dijo personalmente que ese documento estaba guardado en la caja fuerte porque había sido mal procesado, faltaban datos e, inclusive, algunos organismos no habían mandado información. Además, allí no están incluidos los funcionarios contratados.

Un señor Senador expresó -no recuerdo exactamente quién en este momento- que la Ley de Funcionarios Públicos había sido perforada en el Parlamento. Pienso que también lo fue en el Poder Ejecutivo, aunque el propio Ministerio de Economía y Finanzas no tuviera responsabilidad directa en ese asunto.

Por otra parte, aparentemente, el déficit fiscal no tendría ninguna relación con las Intendencias, pero luego vemos que las consecuencias de la órbita municipal se trasladan a la nacional con asistencias permanentes y con un Banco de Previsión Social que no recibe las recaudaciones correspondientes.

Insisto, señor Presidente, en que estamos tratando de cambiar una mentalidad, por lo que debemos asumir todos la responsabilidad que nos corresponde. Reitero que aquí hubo carnaval electoral y que se incorporaron funcionarios; lo sabe muy bien el señor Senador Heber, quien tuvo diferencias con compañeros de su partido en plena campaña electoral por un determinado manejo relacionado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Aclaro que no quiero entrar en la polémica, pero tal como nosotros asumimos nuestra responsabilidad con respecto al tema de la Seguridad Social, acéptese que hubo perforaciones el la Ley de Funcionarios Públicos, por actuaciones del propio Partido Nacional. Pienso que a partir de este momento debemos exigirnos como meta corregir nuestros rumbos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: queremos hacer referencia a este tema porque nos interesa realizar algunas precisiones de carácter político.

Consideramos que a esta altura del debate, los elementos puntuales relacionados con el proyecto que estamos analizando ya han sido discutidos en profundidad y con amplitud de información. Más allá de las diferencias que puedan encontrarse en los números que se manejan en las distintas variables, es evidente que el Senado de la República tiene sobre este tema un conocimiento cabal.

Como contamos con varios años de actividad parlamentaria, podemos decir que, a nuestro juicio, se ha evolucionado en forma positiva en lo que hace a la información que, en materia financiera, se le brinda al Parlamento. En aquellas épocas en que los Ministros no eran de Economía y Finanzas sino, simplemente, de Hacienda, la información era escasa y relativa, posiblemente por falta de elementos técnicos adecuados. En la actualidad, la información es total, pues cuando el señor Ministro de Economía y Finanzas concurre al Parlamento, no solamente brinda información, sino que es acompañado por un conjunto de técnicos que, en cada uno de los puntos, aporta los elementos necesarios para un pleno y real conocimiento del tema. En ese sentido, decimos que en las largas jornadas parlamentarias hemos visto desfilar distintas situaciones políticas. Desde aquella reforma monetaria y cambiaria que, en 1959, incorporó la posibilidad de liberar nuestra economía y de generar una transformación para el país que se consideraba muy profunda -realmente lo fue- hemos pasado por diferentes etapas en lo que hace a la conformación de los gobiernos. Debemos recordar que hemos vivido situaciones muy particulares, inclusive algunas circunstancias que nos llevaron al límite de lo admisible en materia política. De esta forma, vimos cómo se quebraban las Instituciones y se sustituía un sistema muy caro y propio de los uruguayos por una situación de hecho que tuvo una vigencia superior a la que preveíamos en ese momento. Teniendo en cuenta todos esos episodios y acopiando a esta discusión la referencia a los tipos de gobierno que el país ha tenido -no lo digo desde el punto de vista constitucional sino político- observamos que unos se denominaron de coincidencia patriótica, otros de conciliación y otros fueron de gobernabilidad. Creemos que en las actuales circunstancias estamos en un tiempo que debe ser marcado. Sin embargo, en el transcurso de esta discusión -en la que con tanta prolijidad se ha transitado por los temas técnicos referidos al proyecto en consideración- no se ha hecho referencia a la conformación o a la naturaleza del actual Gobierno.

Este texto tendrá sus motivaciones, necesidades y urgencias, pero no es otra cosas que un proyecto de ajuste fiscal que trata de superar una difícil realidad, generada por situaciones internas y externas, que reclaman al Gobierno la adopción de medidas a los efectos de que esta grieta del sistema económico -me refiero al déficit fiscal- sea rápidamente subsanada. Por esa razón se deben encarar las soluciones que estamos considerando.

En resumen, este proyecto no tiene otros alcances. Es posible que la urgencia de todo esto sea más que suficiente para admitir la posibilidad de la aprobación de este texto, más allá de las exigencias de orden técnico, los elementos tributarios o las políticas que puedan estar incluidas en él.

Este es el primer proyecto que viene al Parlamento en el único Gobierno de coalición que ha habido en el Uruguay. Queríamos decir esto porque pensamos que es relevante y trascendente. Evidentemente, nos gustaría realizar esta apreciación con otro tipo de proyecto, porque éste debe ser analizado para luego obtener su aprobación. No obstante, debemos indicar que en la actual realidad política del país, se ha instalado una forma de gobierno que es totalmente nueva.

Naturalmente, podríamos recordar distintos mojones de la historia que, en el transcurso del tiempo, han ido jalonando los intentos de lograr algo que en una época constituyó un valor difícil de alcanzar: la coparticipación política.

En ese sentido, podríamos indicar una sucesión de episodios que fueron habilitando la coparticipación política, fundamentalmente, entre los dos grandes partidos fundadores del Uruguay.

Con respecto a ese intento de alcanzar ese valor, es decir, el de la coparticipación en materia política, queremos hacer una breve referencia a una modesta escuela situada a dos o tres quilómetros de la ciudad de Canelones. Estoy hablando de la escuela Nº 1, que se llama «Timoteo Aparicio» porque allí nació este hombre, que fue uno de los primeros ciudadanos -si no el primero- que a pesar de no haber sido instruido, tuvo la visión de comprender la necesidad de un gobierno de coparticipación. Esa escuela lleva su nombre como referencia al valor político y al instinto de un ciudadano que, sin haber tenido la posibilidad de adquirir cultura en las aulas escolares, supo percibir la necesidad y la conveniencia de la coparticipación para el gobierno de país. Y lo logró a través de una intensa lucha a todos los niveles.

A partir de esos episodios y jalones históricos, llegamos a la situación actual. Tenemos interés en valorarla y señalarla y, para ello, decimos que se habla de variables económicas a todos los niveles. Los técnicos las lanzan a borbotones en las discusiones de estos temas, pero nosotros creemos que la principal variable en materia económica es la actividad política, o las políticas en si mismas consideradas. Posteriormente, esas políticas son las que disponen las otras variables, como el déficit fiscal, el tipo de cambio y el manejo de la economía en general. Por eso, repito, el elemento político es el esencial en el manejo de todo el proceso económico.

En un discurso muy importante realizado en la noche de hoy, el señor Senador Astori se refirió a este tema y, posteriormente, en una interrupción, expresó que la economía no es algo aritmético o tan exacto, sino que tiene elementos de carácter social. Personalmente, agrego que tiene elementos esenciales de carácter político.

Entonces, en la adopción de esas políticas, es fundamental que los gobiernos no tengan un bloqueo político porque, cuando no existen los componentes adecuados, se generan graves costos sociales, lo que conspira contra la credibilidad respecto a un dinamismo en materia económica, que es esencial para que la gente crea y se vea comprendida por el gobernante.

En ese sentido, decimos que todo lo que sea disfuncional en el plano político puede acarrear un enorme costo social. Por esa razón, creemos que el bloqueo político debe ser superado. Una de las formas de hacerlo -y entendemos que es la principal- es la realización de un gobierno de coalición. No puede considerarse -como se piensa vulgarmente- que un gobierno de este tipo está basado en un reparto de posiciones y de cargos, sino que debe partir de una profunda solidaridad que permita conformar un plan de gobierno. Una vez constituido este, todos los que lo hayan aceptado y conformado deben aplicarlo sin ningún tipo de reservas y sin tener en cuenta un elemento que ahora se ha incorporado en forma excesiva en la cultura política del Uruguay. Me refiero, concretamente, al costo político.

El gobierno de coalición es el elemento que supera los bloqueos y que habilita a que todos los procesos de carácter económico puedan tener un desarrollo armónico en beneficio de los ciudadanos. En ese aspecto, decimos que la coalición necesita conformarse desde un principio con quienes están coaligados. No debe haber una parte superior a la otra, sino que ambas -cuando se trata de una coalición de dos partes, como ocurre en las actuales circunstancias- han de tener las mismas posibilidades o derechos y las mismas obligaciones. Naturalmente, se debe reconocer para una de las partes -para lo que obtuvo el gobierno a través de la decisión de la ciudadanía- la posibilidad de aparecer con una jerarquía de responsabilidad superior. Es decir que debe estar más cerca de la responsabilidad política, pero la otra parte debe compartirla. Al respecto, decimos que cuando comienza a funcionar un gobierno de coalición, los que la componen deben actuar en forma conjunta.

En este proyecto de ajuste fiscal, en las actuales circunstancias, no se dio la posibilidad de un armado del texto en conjunto entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, porque no fue elaborado en un acuerdo previo. Eso generó ciertas dificultades a las que hoy hacía referencia el señor Senador Pereyra. Sin embargo, creemos que esos elementos que pueden haber dificultado el tratamiento del proyecto de ajuste fiscal van a ser superados en el futuro, en los otros textos que realmente van a ser la expresión de un gobierno de coalición. Estoy haciendo referencia, fundamentalmente, a los proyectos relativos al régimen de pasividades, a la educación, a la seguridad pública y, sobre todo, al Presupuesto Nacional de Gastos, Sueldos y Recursos, que será la llave principal que pondrá a prueba el sistema de coalición establecido en el país. Por lo tanto, decimos que estos elementos son esenciales.

En lo que tiene que ver con el ajuste fiscal, los Ministros del Partido Nacional tuvieron una actuación que no estuvo totalmente de acuerdo con lo esperado, por razones de inexperiencia y de urgencia, y por no tener un real conocimiento del papel que deben cumplir en el actual Consejo de Ministros. Creemos que cuando hay un gobierno de coalición, los Ministros pertenecientes al sector minoritario -porque no fue el que obtuvo el Gobierno- deben superar su condición de Secretarios de Estado y su actuación debe estar acorde con lo que establece la Constitución de la República para los integrantes del Consejo de Ministros. Tal como lo establece nuestro texto constitucional, el Consejo de Ministros estará integrado por los titulares de los respectivos Ministerios o quienes hagan sus veces y tendrá competencia privativa en todos los actos de Gobierno y administración que planteen en su seno el Presidente de la República o los Ministros, en temas de sus respectivas Carteras. La Constitución de 1967 modificó la redacción de esta disposición que ya existía en la Carta Magna de 1934, por la que, repito, los Ministros podían presentar ante el Consejo de Ministros temas que no fueran de la órbita de sus propias Carteras. Ahora estamos regidos por este artículo, pero los Ministros, una vez que el tema es planteado por el Presidente de la República o el Poder Ejecutivo -para usar un lenguaje de tipo constitucional- luego adquieren de inmediato la posibilidad de intervenir en la discusión, de votar, de salvar el voto y de que se integre una mayoría donde puede haber Secretarios de Estado que voten negativamente. Quiere decir que en las presentes circunstancias hay que tomar en cuenta de manera fundamental este papel que deben cumplir los Ministros en el actual Consejo de Ministros y, fundamentalmente, los que allí representan al Partido Nacional.

Por tal razón, entendemos que está planteado con total pulcritud lo que es el Gobierno de coalición y la competencia de los Ministros, quienes, en consecuencia, van a tener que cumplir una tarea esencial y fundamental en todo el trámite que cada uno de los proyectos de ley reclame, en un permanente diligenciamiento con las autoridades de su partido -porque esto significa acuerdo de Partidos- y con los Legisladores, generando los mecanismos necesarios para que el Gobierno de coalición funcione adecuadamente.

Junto a estos elementos, y haciendo referencia a algo que señalamos en su momento, quiero agregar que desde el comienzo las iniciativas deben venir conformadas por las dos fuerzas. Por tal razón, deben ser analizadas por sus Ministros, por sus Legisladores, sus técnicos y no pueden venir de una sola vertiente, sino de las dos fuerzas que constituyen el Gobierno de coalición. En ese sentido, quiero expresar que este proyecto de ley de ajuste fiscal, que por inexperiencia tuvo esas deficiencias al comienzo de su formulación, posteriormente, cuando fue redactado, se tomó en cuenta el documento que es conocido y al que se ha hecho referencia en varias oportunidades en el Senado en el día de hoy. Me refiero al documento elaborado por la Comisión Técnica del Area Económica, concretamente la Subcomisión de Competitividad Económica, que incluye un titular denominado «Principales Lineamientos para una Política Económica Orientada hacia la Competitividad». En ese aspecto pensamos que esta iniciativa que estamos analizando, en un sinnúmero de circunstancias, cumple estrictamente con lo que allí se acordó por parte de los Partidos Colorado, Nacional y por el Nuevo Espacio, con algunas salvedades.

No vamos a hacer la referencia -porque no creo que estemos en tiempo ni es la oportunidad adecuada, ya que podría resultar fastidioso- de cada uno de los elementos que están en juego, pero, naturalmente, creemos que en este proyecto de ley se recoge una serie de elementos que están comprendidos dentro de ese documento, que indica la base para un Gobierno de coalición en el tema específico de la competitividad. En tal sentido, decimos que la iniciativa que estamos analizando sustituye la carga tributaria y contributiva de las tarifas públicas por tributos en las fuentes que puedan ser objeto de devolución a la exportación, reduce tanto como sea posible los aportes patronales a la Seguridad Social como forma de disminuir los efectos inconvenientes de los gravámenes al factor trabajo de manera consistente con medidas tributarias sustitutivas que cubran el costo fiscal resultante, extiende el régimen de devolución de impuestos, continúa la tendencia de alinear las tarifas públicas de acuerdo con precios internacionales, reduce el nivel de informalización de la economía, disminuye los aportes patronales, etcétera. Es decir que hay una continuidad, una equivalencia y una actitud de seguimiento del documento originario que está comprendido en esta iniciativa que estamos considerando. Este proyecto de ley, obviamente, no tiene otro alcance que el que indicamos -y que el Senado conoce- es decir, el de superar una situación de déficit fiscal. Para ello, se han incorporado algunas medidas ampliamente divulgadas, analizadas y discutidas que tratan, en lo posible, de incentivar la producción, de superar el desempleo, de habilitar, en el caso de las Asignaciones Familiares, la asistencia a niños carenciados.

Estas son las bases en las actuales circunstancias; este proyecto de ley que hoy estamos analizando y que vamos a votar, repito, no tiene otra virtud que esa. Se ha hablado mucho de la transitoriedad y se ha preguntado hasta cuándo va a regir. En ese sentido decimos que la Ley de Rendición de Cuentas para el año 1994 y el Presupuesto, que tiene que ser presentado en el corriente año, serán los elementos fundamentales que determinarán la vigencia de las disposiciones que aquí se incorporan. Por otro lado, lo relativo a la modificación del régimen de la seguridad social -que es el otro elemento fundamental- pondrá a prueba la fuerza, la capacidad y la resistencia del Gobierno de coalición que se ha instalado en el país.

Por último, quiero decir que en el transcurso del debate se han hecho varias referencias a los gastos ocurridos durante algunos tramos de 1994, a tal punto que se han catalogado, por parte de algunos señores Senadores, con una finalidad de carácter electoral, calificándolos con distinta terminología o con diversos adjetivos. Se ha hecho mención a declaraciones inoportunas -y para nosotros infelices- del Economista Licandro que, en su momento, en plena campaña electoral, en la etapa final, hizo alusión a gastos que se habían realizado en UTE, apareciendo el entonces Presidente del Ente -doctor Volonté- como utilizando dinero con fines electorales. A raíz de un pedido de informes que formulamos con el entonces señor Senador Raffo al Ministerio de Industria, Energía y Minería y que también fue circulado a UTE -aún no tenemos en nuestro poder el informe total que tiene varias fojas, porque el señor Ministro del ramo no lo ha enviado- recibimos del señor Presidente de ese organismo, el ingeniero Ruperto Long, la siguiente información. Aquí tenemos el detalle pero, fundamentalmente, queremos indicar que en 1994, en las cifras frías, aparece UTE con un gasto o con una ejecución presupuestal superior a la de 1993.

Es del caso señalar que el actual Presidente de UTE expresa que a la vista de la definición de las funciones presupuestales del proceso de formación del presupuesto y de las distintas competencias en el mismo, parecería redundante explicitar la correspondencia entre los gastos e inversiones de organismo y los intereses de la empresa, en tanto estos responden y se ajustan a la voluntad y decisión, en sus respectivos ámbitos organizativos, de los jerarcas responsables. Asimismo, se hace referencia al incendio de la UTE ocurrido el 13 de agosto de 1993, señalando que el mismo produjo la devastación de los últimos cuatro pisos del Palacio de la Luz, incluido el Centro de Procesamiento de Datos y la afectación, con distintos grados de importancia, del resto del edificio. Los costos emergentes de la recuperación del inmueble y de la reposición de instalaciones y equipos, fueron presupuestalmente imputados al Directorio, tal como puede observarse en el anexo correspondiente de la declaración.

SEÑOR STORACE. - Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR STORACE. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el señor Senador Santoro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Muchas gracias.

En la declaración de referencia, se indica que los presupuestos de la administración, así como las adecuaciones de los mismos, fueron aprobados, según la normativa vigente, por el Tribunal de Cuentas de la República y el Poder Ejecutivo. Además, se señala que todas las operaciones y negociaciones con repercusión presupuestal, fueron individual y expresamente intervenidas por el Tribunal de Cuentas de la República.

Asimismo, se dice -en una referencia que consideramos de suma importancia- que se han podido localizar borradores de lo que solicitaron las distintas gerencias del área de explotación industrial y de distribución comercial, principales áreas con un 95% de la inversión total de la empresa. Estas Gerencias solicitaron una suma sensiblemente superior a la que posteriormente fue aprobada por el Directorio, el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas.

Pienso que con estas referencias superamos algo que en un momento resultó molesto, infeliz, inoportuno, que causó daño y que ha quedado como un elemento al que en algunas instancias se hace referencia. De todos modos, cabe destacar que no existió ninguna desviación a los fines electorales durante la ejecución presupuestal de UTE en 1994.

Con lo manifestado, creemos haber cumplido con la tarea que nos correspondía, es decir, hacer referencia al Gobierno de coalición, a su constitución, su manejo, a la forma como el mismo debe entenderse y aplicarse, en el sentido de que todos estamos comprometidos. Por esa razón, se tienen en cuenta los intereses y los beneficios del país.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - Advierto que comparto plenamente el enfoque del informe en minoría realizado por el señor Senador Astori, el de las intervenciones de nuestros compañeros de Bancada, así como los fundamentos del correspondiente informe en minoría que realizó nuestra Bancada cuando este proyecto de ley se trató en la Cámara de Representantes.

La primera reflexión que queremos hacer, es la siguiente. Luego de escuchar atentamente las palabras del señor Ministro en el ámbito de la Comisión de Hacienda -aclaro que en ese momento no intervinimos porque considerábamos que esa instancia era oportuna para recabar información- así como el desarrollo de la discusión en el Plenario, tenemos la convicción de que existe una diferencia de este proyecto de ajuste fiscal. Se ha dicho por parte de un señor Senador que hay que ordenar la casa, pero yo me pregunto quién pagará esa erogación. Sin duda, este ajuste fiscal va a tener un costo. Precisamente, el punto en el que discrepamos es acerca de quién va a pagar dicho ajuste. Se ha señalado que la corrección del actual déficit fiscal tiene una importancia vital para la economía del país. No cabe duda que los datos así lo indican, si tenemos en cuenta los graves riesgos que implica la crisis argentina respecto a si se va a aplicar la paridad fija y la inconvertibilidad o si se va a abrir la posibilidad de un proceso de inflación. Evidentemente, tanto este caso como el de México -tal como lo señalaba el señor Senador Korzeniak- caracterizados por una óptica y una línea monetarista de apertura privatizadora, de algún modo dieron examen. El hecho de que prácticamente en dos meses desaparecieran U$S 25.000:000.000 de capitales golondrinas, representó una frustración de ese modelo. Por alguna razón, en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, en un intento de auxilio de algo más de U$S 6.000:000.000 que realiza con el Banco Mundial, se reserva el derecho al monitoreo del proceso.

Esto es así porque, de alguna manera, lo que está en crisis es una concepción neoliberal de la economía en estos países subdesarrollados. En ese sentido, no podemos tener coincidencia con el señor Ministro de Economía y Finanzas, porque los grandes parámetros del pensamiento tienen que ver con la orientación de la Carta de Intención y las exigencias del Fondo Monetario Internacional, es decir, la apertura de la economía, la liberalización del salario -que no es tal porque, de alguna manera, es fijado actualmente por el patrono- la desnaturalización de dos instrumentos de autocorrección del capitalismo -como fueron el derecho laboral y la seguridad social- mecanismos de autorregulación para evitar la ruptura social -que los creó el propio capitalismo y que evidentemente, de acuerdo con la orientación del Fondo Monetario Internacional, se están desnaturalizando- por la privatización y la flexibilización laboral. De algún modo, la forma de encarar el ajuste fiscal integra la constelación de una concepción fondomonetarista que podríamos decir que representa una etapa trascendida, inclusive del capitalismo liberal, desregularizado, radical, de la revolución conservadora «Thatcheriana» y de «Reaganiana». En la actualidad ha sido prácticamente sustituido por una forma de economía social de mercado -modelos renano y nipón, según Albert- porque si vio que la mano del mercado libre, justiciera, no es tal, no es como lo sostiene esa concepción del capitalismo neoliberal. Sin duda, esta persistencia del peor capitalismo neoliberal nos ata, ya que tenemos una Carta de Intención que fija todas las pautas. Precisamente, a través de sus numerales 7 y 9 nuestro Gobierno se comprometió a cumplirla en lo que tiene que ver con el enfrentamiento del déficit fiscal. Hace un momento, el señor Senador Michelini señalaba que se había dado un error en la oposición -me refiero a él porque al mencionar la oposición en términos genéricos, podemos estar comprendidos- cuando resistimos el apoyo a la reforma de la seguridad social. Debo aclarar que no se trata de un error sino de que tuvimos una conciencia clara en cuanto a que dicha reforma implicaba una desnaturalización de lo que es la verdadera seguridad social. Cabe aclarar que a nosotros también nos preocupa la juventud, pero en la medida que la seguridad social retenga a la gente en el trabajo por la insuficiencia de sus prestaciones y por extender durante 30 años la prueba de servicio -muy difícil de probar en el Uruguay, ya que va a resultar complicada su reconstrucción- le va a estar cerrando el camino a los jóvenes.

Por eso, no estamos de acuerdo con esa fórmula que responde, sin dudas, a la orientación de la Carta de Intención -o sea, alargar la edad, disminuir los beneficios y exigir treinta años efectivos de trabajo- violando el texto constitucional. La Seguridad Social nunca exigió que el trabajador controle cómo aporta el patrono, ya que es el Estado el que debe ocuparse de dicho aporte, porque esa es la diferencia entre el seguro privado facultativo y el seguro social.

Pese a que no me quiero desviar del punto, debo referirme, porque actuamos conscientemente, al tema de la defensa de la auténtica seguridad social, nacida en 1935, en un país capitalista como los Estados Unidos, que fijó el concepto de un seguro social y no de las cuentas personales, que privatizan el riesgo y no de las cuentas personales, que privatizan el riesgo y no representan, realmente, una cobertura. Sin duda, hay una clase, un sector social, que va a pagar este ajuste fiscal, tal como ha sido encarado. A veces se nos dice que no hay más remedio, que es inevitable que ello suceda. Nosotros decimos que no, que depende de las transformaciones estructurales. Por supuesto, en este pluralismo que caracteriza a este Parlamento y al país, cuando el señor Ministro habla de reformas estructurales, no se refiere a las mismas que nosotros consideramos que deben realizarse, tales como la que tiene que ver con la tenencia de la tierra, con la ruptura de la relación de dependencia que nos ha embarcado en un Tratado de cuatro más uno, que mi fracción ha resuelto denunciar y que supone la prohibición de todo proteccionismo, la apertura total de la economía y la libertad para la fijación de las patentes. Evidentemente, el MERCOSUR y ese Tratado de cuatro más uno han determinado, junto con la apertura al mundo, la crisis de todo nuestro activo industrial. Se dice, entonces, que el peor impuesto es la inflación. Sin embargo, pienso que el peor es la expropiación total que resulta de la desocupación, dado que lo hace respecto de la totalidad del salario. Con la mecánica prevista en este ajuste, en la que el eje principal está constituido por la imposición indirecta al consumo y la directa se realiza únicamente respecto de los trabajadores y jubilados, es evidente que va a haber retracción en la demanda y desocupación. Por lo tanto, reitero que no se puede decir que el peor impuesto es la inflación; el peor impuesto puede estar constituido por la pérdida del trabajo y, en el caso de tenerlo, por la insuficiencia del salario.

La experiencia en América Latina del costo social del ajuste, de esta receta del Fondo Monetario Internacional, es absolutamente negativa. Así lo indican los niveles de vida del 40% de los niños, imposibilitados de llevar una vida normal. Ese es el fruto de la política que se ha encarado. De alguna manera, ello se ha visto en México, donde su pueblo, que ha soportado todas estas cosas, ha acuñado una frase que dice: «Salinas se durmió en Nueva York y se despertó en Guatemala». Es el costo social que se da en el caso de aquel que, habiendo cumplido con todos los preceptos del Fondo Monetario Internacional, igualmente sufre la crisis. Por otra parte, quienes la sufren más, son los sectores sociales más desposeídos.

En ese sentido, tengo interés en citar un texto perteneciente al profesor de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, José Luis Fiori, que dice que «el plan se inscribe dentro del llamado Consenso de Washington, expresión creada por el Economista inglés John Williamson, que reúne las orientaciones defendidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la estabilización de las economías de los países periféricos. Las líneas maestras de esta propuesta son tres: la estabilización macro económica, que tiene como prioridad absoluta la reducción del déficit fiscal primario; la realización de reformas estructurales, como la desregulación de los mercados, el incremento de las privatizaciones y la liberalización financiera y comercial, y el incentivo a las inversiones extranjeras para retomar el desarrollo económico. Fiori dice que este tipo de ajuste, siguiendo esta receta, ha recibido la bendición del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en más de 60 países. Este tipo de ajuste lleva aparejado un alto costo social, producto de la recesión, un aumento en los índices de desocupación y la pauperización de los estratos sociales más bajos». El Economista aludido cita varios ejemplos de planes económicos que han seguido esta doctrina, como es el caso de Argentina, México y Rusia. Esta primera reflexión tiende a señalar que para nosotros, la aplicación del proyecto, tal como ha sido encarado, implica el riesgo de este costo social a que hemos hecho referencia. Ello se traduce en dos de los instrumentos fiscales utilizados. El primero es la utilización de un instrumento indirecto, relativo al IVA, que implica un aumento de las tasas mínimas, una extensión del impuesto, todo lo cual será financiado por el consumo.

Sin duda, siempre se considera que la política tributaria es un instrumento de redistribución de la riqueza. Históricamente se ha dicho que es una distribución realizada en favor de los pobres, en la concepción de un Estado humanista que busca la igualdad como objetivo. Sin embargo, la forma como está planteada en este proyecto es justamente a la inversa. Es una especie de redistribución al revés, en donde quienes van a tener que pagar van a ser los sectores más carenciados, para que esto sea utilizado por los de mayor poder económico. No vemos aquí la neutralidad necesaria de un gobierno frente a los sectores sociales. No hablamos ya de un Estado benefactor, ni siquiera de neutralidad. En la página 29 de la Carpeta 115 de la versión taquigráfica de la Comisión, es posible verificar una constatación que el propio Ministro hace, cuando dice que en el terreno agropecuario se ha producido una disminución del 50% de la unidad básica de contribución. Menciona el tema del valor del predio para determinar el cálculo del Impuesto al Patrimonio, la rebaja del 2% a los semovientes, lo que significó, el año pasado, U$S 18:000.000 de transferencia. Llega a la conclusión de que, si bien tenemos un sector social que -sin duda- tiene capacidad económica muy superior a la de un trabajador o jubilado, a beneficio con una disminución del 50% de los impuestos. No descarto la existencia de un sector integrado por pequeños productores rurales, que tienen dificultades, pero también quiero decir que en este país se ha verificado una concentración de la riqueza en el campo y una concentración de los predios, que demuestra una capacidad económica determinada.

Cuando se plantea este tema, el otro sector favorecido es, justamente, el industrial, dado que el propósito principal es el desarrollo de este sector. Cabe preguntarse hasta dónde esto es así, teniendo en cuenta siempre un criterio neoliberal, dejándolo abandonado a la discrecionalidad y voluntad de este sector para que, libremente, aplique lo antes expuesto al desarrollo de fuentes de trabajo. El sector nunca fue condicionado, ni se aclaró, por parte del Gobierno, la forma en que debían realizarse las inversiones. A nuestro criterio, esto demuestra que en estas modificaciones tributarias existe un elemento objetivo que tiende a favorecer claramente a dos sectores. Por un lado, se constata que ya ha operado en el sector agropecuario una rebaja impositiva, por lo que, aparentemente, no se grava y se pretende compensar al sector industrial por otra vía. Al respecto, pensamos que existen, en nuestro país, sectores de riqueza acumulada e, inclusive, múltiples propiedades desocupadas, grandes propietarios rurales, depósitos bancarios y el impuesto a la renta, es decir aquella imposición indirecta, debió ser directa, atacando fuentes en que la riqueza está acumulada, sin tomar del consumo los préstamos necesarios para anular el efecto del déficit.

Quisiera leer al Senado dos textos transcriptos en el libro de Rilla, «La mala cara del reformismo» que demuestran de alguna manera, que la izquierda y el batllismo creador de aquella época -es decir, ochenta años atrás- pensaban lo mismo. En una sesión del 1º de enero de 1912 de este Parlamento decía el doctor Domingo Arena: «En esta Cámara, en la otra Cámara y en todas partes, se habla todos los días de las exigencias del progreso y, sobre todo, de la necesidad de aliviar a las clases menesterosas; y los mismos que hablamos y pontificamos sobre tan delicada materia, nos encrespamos en cuanto sentimos una leve tendencia a subir los impuestos directos. ¡Pero, señores, nuestra conducta es contradictoria! Si queremos el progreso, si queremos el alivio de los humildes, tenemos que imponernos algún sacrificio. Tenemos que decidirnos, de una vez por todas, a entrar francamente en el aumento de determinados impuestos, en hacer contribuir para las cargas un poco más a los ricos, ya que la maquinaria social -declarémoslo francamente- funciona casi totalmente en su exclusivo provecho. Si no hacemos un esfuerzo en ese sentido, los de abajo, que esperan beneficios largamente prometidos y que raras veces llegan tendrán el perfecto derecho a decir que los entretenemos con palabras y nada más que palabras».

En este mismo sentido, el 6 de julio de 1911, también en sesión del Parlamento, don Emilio Frugoni, en términos similares, decía que «la tendencia moderna en materia tributaria es la de aumentar el impuesto directo para poder en cambio disminuir los impuestos indirectos, los que gravan los consumos del pueblo, que son los impuestos esencialmente antidemocráticos por el hecho de que sobre los primeros puede llegar a establecerse algún día el principio de la progresividad -que es el principio ideal en esta materia- mientras que los gravámenes sobre el consumo son verdaderos impuestos progresivos al revés. La tendencia moderna en materia tributaria es hacer de la propiedad de la tierra la fuente de los mayores recursos para el Estado».

Esta coincidencia en la tributación directa como forma de gravar la riqueza, es lo que hoy, ochenta años después, sentimos que tiene su plena vitalidad: las zonas donde la riqueza está acumulada deberían ser de las que habrían que detraer los elementos necesarios para cubrir este déficit fiscal y también para estimular la producción.

Además, de no optar por la imposición directa, sino por la indirecta y por la financiación mediante el consumo, se incrementó otros dos tipos de impuestos: uno, a los trabajadores públicos y privados en dependencia o aún sin dependencia y, el otro, a los jubilados y pensionistas. Con respecto al primero, debemos decir que es curioso que la única forma de impuesto directo sea, justamente, a los trabajadores. Es decir, que el peón rural tenga que pagar impuesto directo, pero no el empleador o el patrono; que el trabajador de la ciudad tenga que pagar impuestos, pero el dueño de la fábrica no. Esto no tiene explicación. Es más; hay que tener en cuenta que esta opción que se establece para hacer pagar por el consumo, se apoya sobre una situación muy especial del trabajador, en este momento que vive el país. Como ejemplo de ello, un trabajador hoy tiene un salario de contratación, regulado por las empresas suministradoras de mano de obra que, debido a la crisis del empleo y a la abundancia de la desocupación, se está acercando al mínimo nacional. Me refiero a ese trabajador que se tiene que borrar de la mutualista porque no le alcanza el dinero para pagarla; ese trabajador que no tiene poder de negociación porque -y en esto hago especial énfasis- por efecto de la competitividad del exterior, fueron destruidas prácticamente las grandes bases del sindicalismo industrial, textil, metalúrgico, de la carne. Por lo tanto, el trabajador hoy está librado a la negociación directa que es, en definitiva, la imposición de la voluntad del patrono. Es, reitero, sobre este trabajador que se va a aplicar un impuesto. Tenemos que tener en cuenta que este trabajador va a pagar lo que le corresponda por el aumento y la extensión del IVA. Además, va a tener que hacer frente a la nueva imposición que en este proyecto también se incluye respecto a los créditos brindados por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que son las que han absorbido ese mercado no ocupado por los bancos, porque incluye a gente de modestos recursos.

Todo esto tiene que ver con la filosofía que se busca concretar. Antes de seguir con este punto, quiero declarar que tengo muchas dudas sobre la constitucionalidad, no de este crecimiento, sino de la implantación de los impuestos en 1982 porque, ¿cómo se puede admitir que el impuesto directo a la renta personal se detenga solamente en un sector social determinado? ¿El principio de igualdad frente a la Ley, que establece el artículo 8º de la Constitución de la República no determina que si se aplica un impuesto a la renta al trabajador, no tenga que hacerse lo propio con el patrono, el industrial? Es decir, a todos, porque ese es un principio de igualdad frente a las cargas fiscales cuando se toma la misma capacidad contributiva, ya que, evidentemente, la tienen que tener tanto la persona física trabajadora como la persona física industrial y comercial. Creemos que esto habilita un recurso que no se planteó en el año 1982, pero fundado en la asimetría con respecto a lo que es, sin duda, la responsabilidad tributaria en función de la capacidad económica personal.

En cuanto a las compensaciones operadas por la Asignación Familiar, los dato que poseo indican que el 23% está por encima de la última banda y no quedaría comprendido ni compensado respecto del impuesto. Aclaro que estamos hablando de un 23% y no de un 20%.

Quiero destacar algo que es muy importante: no se puede hablar de un aumento de salarios permanente. Es cierto que se me podrá decir que también la aplicación de este impuesto es transitoria. Pero la Asignación Familiar funciona siempre y cuando haya beneficiarios; pero puede haber trabajadores que no tengan beneficiarios, que éstos estudien, y en los sectores más modestos no pasan de los catorce años. Además, este beneficio cesa cuando se llega al máximo de edad. Por esta razón no se puede decir que es un aumento general, porque dependerá de las alternativas que el régimen de las Asignaciones Familiares determine para los atributarios. Tampoco se puede decir que los diez salarios mínimos nacionales, respondiendo a los $ 2.500 correspondiente a cada cónyuge -que se sitúa por debajo del 50% de la canasta familiar- sea una cantidad suficiente como para sustraer la aplicación de la Asignación Familiar. De esta manera, si bien puede compensar a ciertos sectores, hay un 23% que no está comprendido y, todavía, en el plano de los casos individuales, que no se pueden traducir, presuntualmente no estarán alcanzados aquellos que no tengan beneficiarios o que éstos hayan aumentado la edad. Por lo tanto, la presunta corrección es un recurso también limitado.

En lo que tiene que ver con el impuesto a los jubilados y pensionistas, creo que la inconstitucionalidad es mayor, y voy a decir porqué. Evidentemente, no tengo otros estudios de economía más que los que me proporcionó la Facultad de Derecho. Recordando la lectura de Grazziotti puedo decir que, de alguna manera, existe un principio fundamental, por el cual nunca hemos visto un Impuesto a la Renta aplicado a las jubilaciones; sí al trabajo subordinado, pero no aplicado a la prestación de un seguro social. Esto también pudo hacerse valer en el año 1982, pero cualquiera podría impugnarlo hoy, porque no hay capacidad contributiva, que es el eje de la aplicación de la potestad tributaria del Estado.

En una ponencia del doctor Estévez del Instituto Tributario, se establece que la potestad impositiva del Estado no es absoluta y está, evidentemente, limitada entre ellos por determinados principios. ¿Qué significa esto? ¿Hay riqueza en la prestación de pasividad? No, no la hay. ¿Hay renta, hay retribución? No, no la hay. Se trata de la devolución de una cantidad que se entregó realizada en cuotas, pero afectada al cumplimiento de un riesgo. ¿Eso puede ser objeto de imposición tributaria? ¿Hay capacidad contributiva? En este sentido, repito, dudamos mucho de la constitucionalidad de esta norma del ajuste. Hay dos argumentos jurídicos adicionales que hacen muy discutible la juridicidad de la aplicación de este impuesto a las jubilaciones.

Uno de ellos es el Convenio 28 que establece que el Uruguay como estado miembro debe garantizar las jubilaciones no previendo ningún tipo de imposición o traba impositiva. Por otro lado, está el artículo 67 de la Constitución que marca claramente que más afuera de los aportes o contribuciones, un seguro social no puede verse afectado. Evidentemente tiene que cumplirse en su prestación. Entendemos que también hay una fuente de discrepancia en la medida en que se asegura un índice de salarios que debe ser respetado y que por la vía de la detracción que se hace, obviamente no se respeta.

En realidad, no tengo las mismas cifras que se habían manejado en Comisión, donde se manifestó que por el aumento de tasas solamente sería afectado un 4%. La información que poseo, proveniente de miembros de la Organización de Jubilados, es que se trata de un 17.11%, es decir, alrededor de 60.000 jubilados.

En lo que tiene que ver con la reducción de aportes, entendemos que hay otro elemento de transferencia, porque esto lo va a pagar la sociedad, los consumidores, desde que esos puntos de IVA deberán ser financiados por el consumo.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - Muchas gracias, señor Presidente.

A nuestro juicio, esta reducción de aportes supone que una carga que debería soportar un sector individualizado de los empleados, se va a repetir otra vez a través del IVA. Pero no sucede lo mismo con el aporte de los trabajadores. Realmente, esto no se entiende; es otra falta de neutralidad, en la medida en que sí se suprime el aporte de los empleadores pero no, repito, el de los trabajadores. Admitiría las concepciones, a la manera de Beveridge, de una contribución general de acuerdo con la capacidad de ganancia, pero no esta discriminación. Tal vez no podría constituir una solución. Al respecto, recuerdo que ya hubo una experiencia negativa durante la dictadura, en que se rebajaron los aportes y se dejaron librados a la espontaneidad del sector. Dicho sistema debió modificarse en 1982, momento en que se revió la legislación, justamente, a raíz de que no se operó esa esperada posibilidad de funcionamiento de nuevas fuentes de trabajo.

Hasta ahora, hemos venido señalando que el beneficiario fundamental es el sector industrial, que va a percibir más de U$S 120:000.000. En realidad, no nos parece mal la idea de desarrollar las fuentes de trabajo -este es uno de los dramas que tiene el país- pero el problema es que no hay garantías de que ello vaya a suceder. Eso ya fue planteado por el señor Senador Astori. Cabe preguntarse cuál es la experiencia que este país ha tenido sobre el desenvolvimiento del sector industrial. Lógicamente, no descarto que hay industriales que han sido cumplidores.

Por otra parte, debo señalar que había solicitado por escrito al Presidente de la Comisión, una información al Ministerio de Economía y Finanzas que, pese a las diligencias efectuadas por el señor Senador Fernández Faingold, aún no he recibido. Una de mis solicitudes tendía a averiguar cuáles eran las reducciones de gastos que se iban a operar, ya que personalmente me preocupan las reducciones de gastos e inversiones, porque quienes se encuentran más cerca del gasto público son las personas que están mal, que van a los hospitales, que necesitan de los servicios del Estado, etcétera. Por lo expuesto anteriormente, no cuento con esos datos. Asimismo, también desconozco cuál es el endeudamiento del sector industrial con el Banco de la República. Aquí, en este Parlamento, tanto la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes como la de Constitución y Legislación del Senado, durante los dos últimos años han recibido a los trabajadores de empresas que retiraron importantes préstamos en dólares, del Banco de la República, y no los pagaron. Por tal motivo, tienen prendadas sus máquinas e hipotecados sus edificios; sin embargo, como decía el señor Senador Astori, se trata de empresas fundidas pero con propietarios ricos.

Entonces, si esos eran los antecedentes con que contábamos -reitero: no digo que se dé en todos los casos- entendí oportuno solicitar información acerca del endeudamiento que este sector tiene con el Banco de la República, con el Banco de Previsión Social y con la Dirección General Impositiva. No debemos olvidar que hay trabajadores de 55 y 57 años, de esas empresas que cerraron, que no se pueden jubilar y, prácticamente, en los frigoríficos, en las textiles, en la industria metalúrgica y en la pesquera, no hay actividad. Por consiguiente, me pregunto si es correcto ofrecer esta solución para desarrollar fuentes de trabajo en un sector, sin establecer mecanismos de control.

Pensamos que si hay un déficit hay que encararlo, pero no es solamente «calafatear» el «statu-quo», porque éste es injusto, al igual que esta sociedad, y hay gente que espera de este Gobierno transformaciones de fondo para acceder a un trabajo, para no tener un salario sumergido y para poder contar con asistencia médica. Se podrá argumentar que esto será transitorio, pero no debemos olvidar que estamos apostando, con un ingreso de U$S 125:000.000 -que va a pagar el consumo- a la recuperación de esas fuentes de trabajo, sin controles, con riesgos y urgencias.

Por tales motivos, consideramos que no se trata sólo del tema vinculado al déficit fiscal, sino que también hay otro que nos hace dudar de si la mecánica que se ha establecido será una solución. En realidad, lo único cierto es el gravamen que va a tener el consumo con el IVA y que sufrirán los jubilados y trabajadores y toda la población a través del Impuesto a las Retribuciones. Reitero: estos son datos ciertos, mientras que la expectativa es meramente una apuesta dentro de las posibilidades de que el comportamiento del sector genere fuentes de trabajo.

Por otro lado, quisiera destacar que seguí atentamente las deliberaciones que tuvieron lugar en la Comisión y no me pareció bien la premura con que se discutió el tema, porque muchas de las disposiciones que se señalaron, inclusive en la exposición del señor Senador Mallo -con respecto a las cuales compartimos que existen zonas de inconstitucionalidad- deberían haber merecido una discusión más amplia y profunda, máxime teniendo en cuenta que no había ningún plazo constitucional que impidiera un mejor examen.

Finalmente, deseo emitir una opinión sobre un aspecto puramente formal, pero que no carece de importancia, relativo al Texto Ordenado. A mi juicio, allí hay un vicio indudable, no fácil de salvar. Si uno lee el Texto Ordenado, se encuentra con que cada norma dice «Texto Integrado», y la labor jurídica de integrar textos es técnica y puede hacerla el Legislador, pero si de esa integración resulta la conformación de un artículo, hay una labor administrativa que, sin dudas, implica una operación jurídica que no la puede hacer el Poder Ejecutivo unificando o corrigiendo textos legales. En tal sentido, comparto el planeamiento formulado por el señor Senador Korzeniak acerca de la irregularidad derivada del hecho de que el proyecto se refiera a normas que no son legales y que, en realidad, son integraciones realizadas por la autoridad administrativa, que no es el Legislador.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: mi intervención va a tener una real virtud inicial, la de la brevedad, porque no creo que ésta sea la hora de reiterar argumentos ya esgrimidos por los demás señores Senadores y, fundamentalmente, por aquellos que integran la Bancada del Frente Amplio.

Quiero, sí, mencionar brevemente algunos elementos que hacen a este tema, como el escenario regional preocupante, en lo que todos coincidimos y en el que se está actuando para la aprobación de este proyecto, pero al que enfrentamos, sin embargo, con una iniciativa nada innovadora, reiterativa en las soluciones y que no aporta, a nuestro entender, nada nuevo a la historia política del país.

Por otro lado, tampoco diremos nada especial de sus objetivos fiscalistas y de los temores de recesión que existen en la región y en el país, porque pensamos que es tiempo de legislar con una visión más amplia y que todo lo que en este momento se sancione en el Parlamento deberá tener un marcado tinte MERCOSUR.

Señor Presidente: sin duda no puedo manejar la aguda visión del señor Senador Mallo, esgrimiendo fundamentos técnicos e histriónicos, pero en esta breve intervención quiero reafirmar una posición que nos hemos impuesto como postura de trabajo, la que ha de ser permanente en el Senado, porque es una postura de vida.

Hemos venido a votar, sí, pero aprobaremos aquello que se haya discutido democráticamente y que después sea justo acatar. Venimos, inclusive, a modificar, porque es necesario que se hagan los cambios de aquello que realmente creemos está errado. Verdaderamente, nosotros, en nuestra Bancada, en el proceso de discusión, planteamos modificaciones porque creemos que el proyecto tiene muchos errores. Además, queremos también incluir todo aquello que falta. Entendemos, señor Presidente, que en este proyecto faltan muchas cosas y nos preocupa que eso suceda.

Por otra parte, debo decir que hay algo que se consiguió en el proceso negociador del Uruguay; me refiero al tiempo que se logró ganar para la discusión sobre el MERCOSUR. Sin embargo, aquí ha faltado tiempo de diálogo, por lo que la primera pregunta que me hago es cuál es el motivo de tanta urgencia. Me pregunto, además, qué nos lleva a proceder con esa rapidez que impulsa a incluir en todo el procedimiento, una serie de artículos que han sido calificados como inconstitucionales y que, técnicamente -y me refiero una vez más a las palabras del señor Senador Mallo- tienen visos de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la urgencia, repito, de incluir artículos que merecieran la denominación, por parte del señor Senador Posadas Montero, de heroicos? ¿Por qué vamos a legislar, con un articulado que empieza por violar la norma?

Como decía anteriormente, en esta urgencia, el proyecto se olvida de muchas cosas; entre ellas, se ha olvidado fundamentalmente de un medio del que procedo, que es el rural, y para el que no se ha articulado nada nuevo. Para este sector, y especialmente para los productores -y no me estoy refiriendo a los pequeños y medianos, a aquellos que tienen entre una y cincuenta hectáreas, ya que como lo había mencionado el señor Senador Batlle en la exposición que realizó en la Comisión, no se trata de un trabajo de índole agropecuaria, sino a los que poseen entre 50 y 1.500 hectáreas- no hay una solución propuesta, y si existe algo para el medio rural, es malo.

Además, nos hemos olvidado de que se ha cometido un error flagrante en lo que tiene que ver con las Asignaciones Familiares y con aquellos impedidos físicamente. Por uno de los artículos han quedado prácticamente excluidos de otros beneficios que ofrecen las leyes sociales en este país. Esto ha provocado un movimiento de los grupos que trabajan con ciudadanos impedidos.

Se han cometido una cantidad de errores y faltas que, indudablemente, han sido marcados de un modo u otro. Inclusive, no se ha tenido en cuenta el reclamo de las inspecciones veterinarias en lo que hace a una propuesta de país productivo, visión que, a nuestro juicio, es muy profunda en un país de producción agroindustrial.

Reitero que nos hemos olvidado de dar solución a la productividad rural. Asimismo, no hemos tenido en cuenta las tasas de naturaleza estadística para protegernos en la región.

Una vez más, me pregunto el porqué de la urgencia que induce a errores, si se está admitiendo previamente que hay un ámbito de temporalidad en todo este proyecto. Deberíamos, a nuestro entender, poner más atención en los reclamos que han hecho los afiliados al Banco de Previsión Social.

El proyecto debería ser fundamentalmente novedoso, innovador y contemplar una serie de peticiones justas presentadas por distintos gremios. ¿Por qué olvidar la renta personal y agredir a aquellos sueldos bajos y pensiones como únicos pagadores del Impuesto a la Renta en el ámbito nacional? Todo esto me preocupa, señor Presidente, porque este proyecto no está a la altura de las expectativas que merece el país ni de lo que se ha reclamado, en cuanto al cambio en la imagen y funcionamiento de las Cámaras.

Por último, me pregunto si acaso no podremos corregir nada antes de legislar, para evitar hacerlo con errores. Por ello, nuestro voto contrario lleva una vez más la tranquilidad espiritual de haber obrado con total corrección.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: va de suyo que a esta hora no voy a insumir demasiado tiempo en las referencias que debo hacer con respecto a este proyecto de ley.

En principio, siento que vivimos en un tiempo nuevo y que las cosas que se fueron construyendo -formas de organización política, económica y social- a lo largo de la segunda mitad del Siglo XIX y primera mitad del XX, prácticamente han desaparecido en todo el planeta. Decía que vivimos en un tiempo nuevo, con una transformación tan profunda y de tanta magnitud que, inclusive, se da el caso bien evidente de que aun los gobiernos más poderosos, económicamente hablando, ni siquiera están en condiciones de controlar los flujos financieros de las Bolsas de sus propios países; me refiero a Japón, Alemania y Estados Unidos.

Vivimos en un tiempo en que los estados-nación prácticamente están en vías de desaparecer. Se ha vuelto, casi de hecho, a la reconformación del Sacro Imperio Romano Germánico. Los estados-nación fueron la consecuencia de circunstancias que vivió el mundo a partir del Siglo XIX y eso casi ha desaparecido. La propia presencia de la Organización Económica Europea, del Tratado de Roma y su consolidación a través del Tratado de Maastricht luego de cuarenta años consecutivos de esfuerzos determinaron que durante mucho tiempo el señor Jacques Delors, sentado en Bruselas, tuviera más poder político, económico y social que muchos de los Presidente de naciones constituidas desde hacía siglos en Europa. Eso se ha ido extendiendo a todo el planeta, al punto que las naciones más fuertes -o aparentemente más fuertes, porque en los últimos veinte días el dólar está acercándose a la cifra de 82 yenes y se pronostica que puede llegar a 70- han necesitado unirse, como en los casos del NAFTA, de los países del sudeste asiático o del proceso iniciado por Prebisch -en el que, como decía el señor Senador Mallo con su clara ilustración, la contracara era la ilusión- con su esperanza de poder armar -recordando a Bolívar- un gran mercado común en todo el continente. A la postre, ello resultó prácticamente imposible, aunque ahora estamos todos en este tiempo nuevo que es el MERCOSUR.

Quiere decir que aquello con lo que todos coincidimos luego de la discusión sobre la necesidad de que el Estado se aplicara a los fines secundarios de su gestión como Estado, lo que fue el albor de un tiempo nuevo del pensamiento político, filosófico y social, contrario por cierto a las clarísimas expresiones -que deberían ser de lectura obligatoria, aunque al decir esto me alejo de mis concepciones liberales y libertarias- de don Juan Bautista Alberdi, eso fue desapareciendo y dio lugar al surgimiento de un Estado como una necesidad, que aumentó de manera sustantiva como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y del desastre que ella provocó. A raíz de las guerras mundiales -que los historiadores del próximo siglo calificarán como una sola, porque empezaron en 1914 y terminaron en 1945 sin solución de continuidad- hubo una cantidad de presencias, acciones y necesidades del Estado que, hoy por hoy, le han generado a todos los países del orbe, hasta a los más ricos -con la multiplicación de la población arriba de este planeta y la fortuna de que la ciencia le da a los seres humanos una expectativa de vida cada vez más larga y quizá por cierto más provechosa, porque hasta a los que ya tenemos avanzada edad nos quedan ciertas energías- problemas financieros y fiscales de tal magnitud y naturaleza que no hay Estado rico que los pueda soportar con acierto y eficacia si no modifica fundamentalmente la participación que tiene en todas esas actividades la naturaleza de su presencia en la sociedad y si no determina nuevamente sus funciones.

Hace algunos años, los americanos hicieron algunas reformas con respecto a la Seguridad Social, pensando que con eso resolverían sus problemas de futuro, pero ya se les han planteado nuevamente. Lo mismo ocurrió con los alemanes y los japoneses. Las ideologías que con un gradiente diferente están representadas aquí por el Frente Amplio -y que fueron paradigmáticamente bien definidas por mi amigo, el señor Senador Sarthou- en lo económico no se aplican más en ningún lugar del mundo, ni siquiera en donde, sin llegar a discutir si estaban bien o mal, se tuvo la posibilidad de aplicarlas de un extremo al otro de los continentes -tanto del europeo y como del asiático- sin ninguna clase de problemas, sin la intervención del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Todas ellas tuvieron un fracaso estrepitoso y trágico, y no se consiguió justicia ni libertad.

Yo no creo, como el señor Fukuyama, que la historia se ha terminado, pero pienso que sí lo ha hecho parte de ella. Nuevamente estoy pensando igual que Martín C. Martínez y José Serrato. No somos más hijos de nuestros padres, somos hijos de nuestros tiempos, como dicen los árabes. Este es un tiempo sin fronteras. Las naciones y sociedades que tienen que vivir en comunión, si no tienen estabilidad y baja inflación no pueden acceder a procesos de crecimiento, progreso, desarrollo y justicia social adecuada, aunque debemos reconocer, lamentablemente, que ni las naciones más poderosas y más ricas han podido alcanzar la solución completa de los problemas sociales de sectores marginados -visitando otros países uno lo advierte- inclusive dentro de un esquema de riqueza promedio mucho mayor que la nuestra, como el que esos países exhiben.

Este proyecto de ley, que no aspira a reformar ningún aspecto fundamental ni de fondo -como lo estableció con toda claridad el señor Senador Mallo- lo único que intenta es colocar a nuestra sociedad, la uruguaya, en condiciones tales que no padezca más sufrimiento del que soportaría si no corrigiéramos las expectativas inflacionarias que el déficit fiscal pueda ocasionar en esta nación si no tomamos estas medidas.

¿Cómo se corrige un déficit fiscal? Tratando de alcanzar un equilibrio entre ingresos y egresos, con endeudamiento o con rebaja de gastos. ¿Podríamos endeudarnos más, señor Presidente? No. Creo que el manejo que se hizo de la deuda externa en los últimos cinco años fue prudente. Es notorio que quien habla tenía otra manera de pensar con respecto a la solución de ese problema, cuando habló de la posibilidad de recurrir a las reservas de oro para comprar nuestra deuda por la mitad de su valor en el mercado y, entonces, con mucho menos de lo que poseíamos de capital, liquidar todo nuestro problema de endeudamiento con la Banca. Sin embargo, la opción que se tomó, aprovechando además una baja de la tasa de interés en el mercado, benefició al país, y considero que la deuda externa se ha manejado con prudencia. Quizá algunas de las causas por las que hoy tenemos las aprensiones naturales de los efectos que pueden recaer sobre nuestra economía, nacidas en los problemas de México y de Argentina, supongan que ese aspecto del proceso de la administración financiera de esos países en cuanto a la deuda, no se manejó con prudencia. A mi juicio, los problemas más graves e importantes de la República Argentina se refieren al manejo de la deuda, así como del sistema bancario y de las entidades financieras, donde creo que hubo una pérdida de control necesario e imprescindible por parte del señor Ministro de Economía de dicho país. Quiere decir que el país no está en condiciones -y no debe hacerlo- de aumentar su deuda flotante; la tiene que manejar con prudencia, ya que hasta ahora se ha beneficiado con una baja de los intereses internacionales, que no sabemos hasta cuándo va a continuar, porque permanentemente le están reclamando a la Reserva Federal de los Estados Unidos el aumento de la tasa de interés. Entonces, el país no puede corregir su déficit sobre la base del aumento del endeudamiento externo y tampoco puede gravar para cubrir ese déficit del 4,3% del Producto Bruto Interno. Todos reconocemos que la presión fiscal está al borde; ya no puede ser mayor. Además, cuando hay mucha presión fiscal, como dijo el señor Lafer, se revierte la recaudación y se transforma en negativa. Es como aquella vieja historia que se le atribuye al Ministro de Economía de Polonia, quien le preguntó a los inspectores qué hacía la gente. Le contestaron que lloraba. «¿La gente llora? Aumente el impuesto», manifestó. Al mes siguiente, ante la misma respuesta a igual pregunta, volvió a pedir que aumentaran el impuesto. Al tercer mes, cuando preguntó qué hacía la gente, la respuesta fue que se reían. «Entonces, me pasé», les dijo.

Cuando uno se pasa de la presión fiscal, los cálculos de la Dirección General Impositiva indican que se va a recaudar equis dinero y se termina cobrando mucho menos. Nuestro país ya tiene una presión fiscal muy alta y no la puede seguir incrementando.

Por lo tanto, mediante estas medidas que se pretende tomar estamos corriendo un riesgo muy grande. De alguna forma, esto fue señalado en la Comisión por el señor Senador Posadas Montero. Acá todos estamos de acuerdo en que hay un déficit y una situación que subsanar. Ese déficit está estimado en 4,3% sobre el Producto Bruto Interno. ¿Qué dice el Gobierno ante esto? Expresa que va a ahorrar U$S 250:000.000 de gastos. Quisiera preguntarle a alguien que alguna vez haya estado o haya concurrido a menudo al edificio de la calle Colonia y Paraguay si le parece fácil ahorrar U$S 250:000.000 de gastos. Debo aclarar que concurro a ese edificio desde la época de don Ledo Arroyo Torres, y puedo decir que todos los Ministros de Hacienda y de Economía y Finanzas de todos los gobiernos, siempre han tenido la más terrible lucha -como todos los del mundo- para contener el gasto. Si el señor Ministro Mosca logra bajar el gasto, es un héroe. Realmente no sé si la tarea de comprometerse a disminuir en U$S 250:000.000 el gasto estaba dentro de la de Hércules, pero lo va a estar, sobre todo teniendo en cuenta que los Parlamentos del mundo -no los del Partido Colorado cuando estaba en la oposición, ni los del Partido Nacional, que estuvo toda la vida en la oposición, ni los del Frente Amplio, que está en la oposición, sino todos- que nacieron para vigilar que el Rey no gastara, hoy son vigilados por éste.

Los generadores del gasto son los que sufren la presión de la opinión pública, y es mucho más difícil decir que no en el Ambulatorio que decir que sí en el Ministerio de Economía y Finanzas. No cuesta nada decir que no en el Ambulatorio, pero cuando se dice que sí en el Ministerio hay inflación, y es automático; la inflación no espera, se está procesando ya. Cuando hay un déficit fiscal y no existen recursos para pagar, el Ministro de Economía y Finanzas da la orden de imprimir, de endeudarse o de demorar el pago. Cuando un particular imprime billetes, va preso; sin embargo, cuando el Banco Central lo hace, es legal, aunque ese papel cada día tiene menos poder adquisitivo. Buena era aquella medida legal que existía antes, por la cual la paridad la fijaba el Parlamento. Tal es el caso de un ciudadano alemán que imprimía billetes a Pancho Villa y le cobraba en monedas de oro; cuando éste le quiso pagar con esos billetes, el alemán fue fusilado, porque habían aprendido a manejarle la máquina. Quiere decir que el Estado es el único que tiene el derecho legal de estafar a la comunidad cuando no tiene conducta en el Banco Central para imprimir.

En consecuencia, lo que este Gobierno de coalición propone al país, tal como dijo el señor Senador Santoro -me solidarizo con todas y cada una de sus expresiones- es nada menos que la tarea heroica de rebajar U$S 250:000.000 de gastos, de tratar de percibir U$S 230:000.000 y de manejarse con un 1,5% de déficit sobre el Producto Bruto Interno. Por eso es que el señor Senador Mallo dijo que quizás el señor Ministro Mosca esté en el tercer escalón, en la concepción filosófica o en la ilusión. Pretendo creer que va a estar más dentro de la concepción filosófica que de la ilusión porque, como bien se dijo acá, la economía es dinámica. Tan dinámica es que el Gobierno de la República no fue responsable de la baja del precio de la lana, como tampoco lo fue de la suba. Y cuando en el bimestre de 1995 aparece un aumento sensible en las exportaciones tradicionales, no es porque el Gobierno de la República haya hecho méritos para ello. Puedo decir que el demérito anterior no fue tal; lo que ocurre es que el Uruguay es tomador de precios, y éstos en ese momento estaban a la tercera parte de lo que están hoy, por lo que el déficit se hubiera agrandado en el país. Esto quiere decir que estamos en un mundo donde las variables económicas no están más controladas por los Estados, ni siquiera por los más grandes de esta Tierra.

Por lo tanto, pretender a través de una ley de esta naturaleza corregir el déficit, me parece que es correr un riesgo mucho mayor del que estamos tratando de arreglar. Haremos lo posible por corregirlo, pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros.

Quiero decir entonces, señor Presidente, que esta situación nueva que vive el mundo, el MERCOSUR y el Uruguay nos obliga a empezar por esto. Distintos señores Senadores han preguntado -con razón y con derecho- por qué tanta urgencia. Pienso que es muy urgente, porque el país no puede soportar 1, 2, 3 ó 4 meses más sin corregir esta situación. Cuando la sociedad constata estas circunstancias, ella es la que toma los caminos económicos que tienen consecuencias mucho más graves desde el punto de vista inflacionario que las que estamos prediciendo si no tomamos estas medidas. De allí surge la urgencia, la misma que tuvo la Administración del Gobierno anterior cuando a fines del mes de marzo de 1990 se había votado un ajuste fiscal con iguales propósitos.

No es bueno que las naciones esten permanentemente de ajuste fiscal en ajuste fiscal; por supuesto que no es bueno tener cada tanto tiempo una enfermedad de la cual curarse. Pero esto no significa que los países no tomen las medidas necesarias de ajustes fiscales en las oportunidades en que las circunstancias coyunturales así lo exigen. Lo hemos visto recientemente en Europa; aparentemente, hoy Alemania está siendo de nuevo la locomotora del Mercado Común Europeo; pero hace menos de dos años la situación era de recesión. Este panorama general fue advertido en los mercados locales en donde muchas actividades dedicadas, por ejemplo, a la confección de cueros, que tenían mercados importantes en Alemania, perdieron parte de los mismos por la recesión que vivieron esos países a pesar de ser ricos y poderosos. Asimismo, otras naciones que parecían inconmovibles tienen un grado tal de recesión, que el Uruguay está soportando cuentas equivalentes a millones de dólares impagos porque, por ejemplo, la Unión Soviética no le ha pagado a los proveedores la lana. Esto ha traído como consecuencia que barraqueros que han trabajado durante toda una vida en este país y no han dejado de cumplir con sus obligaciones, se hayan visto prácticamente al borde de la quiebra. ¿Por qué esto es así? Porque ya no existe en el mundo forma de aislarse y todos los programas que pretendían hacer de la Muralla China el paradigma de la justicia y del aislamiento frente al mundo, han sido inconducentes e imposibles de llevar a la práctica, y aquí en el Uruguay menos que en ningún otro lugar.

En consecuencia, participo de la idea de que para nosotros el Mercado Común del Sur genera la necesidad de un proyecto de país nuevo y, al mismo tiempo, no comparto el criterio de que el país tiene que volver a encerrarse, levantando aranceles y estableciendo protecciones para productos que se trabajen y produzcan aquí, confrontándolos con otros de importación extranjera. Además, debemos partir de la base que hoy existe en el mundo una organización que surgió de la Ronda Uruguay del Gatt, llamada Organización Mundial del Comercio y otra que es el MERCOSUR que nos impide hacer todo lo que he mencionado, aunque sea temporariamente. Además no nos podemos afiliar ni a la política económica brasilera, ni a la argentina porque debemos tener nuestra propia identidad y nuestra política económica. Esto es así porque de ninguna manera nos sirve la que han adoptado los dos países vecinos que tienen coyunturas y realidades políticas, sociales y económicas totalmente diferentes a las nuestras. Es más; diría que frente a una situación como la que estamos viviendo de mayor necesidad, tenemos que abrirnos para integrarnos al mundo con más fuerza. ¿En qué radica la situación de diferencia con Chile? Hoy todo el mundo en América sostiene que Chile es el único país que, en cierta medida, está a salvo de lo que ha ocurrido. ¿Por qué se hace esta afirmación? Seguramente no es porque lo protege la Cordillera. Está a salvo porque desde Büchi, Foxley, Ominami, hasta el actual Ministro de Economía, han mantenido la línea de integrar a Chile al mundo entero, y precisamente como lo han hecho de esta forma están en condiciones de vender U$S 1.200:000.000, U$S 1.300:000.000 o U$S 1.400:000.000 de fruta y verdura al mundo entero y no están dependiendo únicamente del CAUCE y del PEC, que hoy se denomina MERCOSUR.

Por lo tanto, si nosotros pretendiéramos sustituir estos ingresos aplicando más impuestos a las importaciones suntuarias de terceros países -no lo podemos hacer con aquellos que conforman junto con nosotros el MERCOSUR- lo único que lograríamos sería no recaudar un solo peso más porque los mismos productos serían remitidos desde Argentina y Brasil, que en la actualidad producen prácticamente todos los bienes. Si gravamos, por ejemplo, los autos que vienen de Francia, los traeremos de Brasil sin ningún impuesto y, de la misma forma, si ponemos impuestos a las galletitas que vienen de Dinamarca, las compraremos en Argentina en donde hoy las inversiones del sector alimenticio, en medio de esta crisis, son igualmente enormes. Precisamente, a este sector es hacia donde nuestros países deben apuntar.

En definitiva, quiero decir que la desviación de importaciones por la disminución o por la diferencia arancelaria no le daría -como aquí se ha propuesto- ningún ingreso al Gobierno en procura de obtener estos recursos que necesita.

Por otro lado, estas medidas que de alguna forma continúan lo que había sido la disposición del Gobierno anterior en el sentido de devolver impuestos nacionales para facilitar la competitividad de los exportadores, a lo que se agrega la modificación de la forma de cobranzas de la energía eléctrica y la devolución de parte de los aportes patronales, son a mi entender acertadas. Digo esto, porque estas medidas no están destinadas únicamente a los mercados argentino y brasilero respecto de los cuales aquí se han hecho referencias demasiado exageradas. Nosotros debemos mirar al mundo y no sólo hacia estos dos países; tenemos que hacerlo en momentos en que se produce la caída del valor del dólar frente a las monedas europeas. Al mismo tiempo, esto determina que nuestra competitividad tiene que llegar al sector industrial, productor de bienes y servicios, para que pueda acceder, no sólo en mejores condiciones a Argentina y Brasil, sino también al resto del mundo. Es necesario colocar nuestra carne en Singapur y en Malasia y enviar los ovinos enfriados a Venezuela, país al que llegan congelados de Australia. Es entonces hacia el mundo que debemos mirar y para ello no sólo hay que cumplir con las normas de la organización internacional vigente, sino que, además, debemos abrir nuestra propia economía para ser más competitivos. Todo impuesto arancelario en la Aduana es un aumento del tipo de cambio en contra de la exportación. Esto es algo que está absolutamente probado.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Pozzolo.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Agradezco al Cuerpo y pido excusas por haberme extendido tanto en mi exposición.

Deseo señalar, señor Presidente, que lo que se procura con estas medidas es simplemente contribuir a cerrar una brecha que si se deja abierta, tal como dicen los marineros «nos vamos a ir por ojo». Seguramente, con 4.3% de déficit sobre el producto, la inflación se transforma en algo incontrolable.

Por otro lado deseo agregar que este proyecto de ley tiene ese único propósito y es bueno que gran parte de lo que se recaude se devuelva a la sociedad, apoyando a los sectores que producen. Allí están incorporados tanto los industriales como los primarios porque si a la institución frigorífico, por ejemplo, se le rebajan seis puntos en la contribución del aporte patronal -que es un precio que va al costo del producto final, porque no sale nunca de la ganancia del patrono- ello va a determinar que el hacendado tenga un mercado demandado más fuerte para sostener el precio de su ganado, en momentos en que en Brasil, por efecto de la modificación cambiaria, los precios han comenzado a descender; incluso, pese a que no se ha cerrado la frontera, nadie menciona el hecho de que el ganado se va para Brasil.

En consecuencia, toda mejora en la posibilidad del sector industrial de ser más competitivo en el Uruguay, se traduce en un fortalecimiento del sector primario que es el que le provee al industrial los bienes necesarios para la transformación de esos productos primarios en otros terminales de carácter industrial, ya sea en la industria de la lana o de la curtiembre. Los fabricantes de «tops» -cabe recordar que el Uruguay es el segundo país exportador de «tops» de lana a nivel mundial después de Francia- no colocan sus productos ni en Brasil ni en Argentina, sino en el resto del mundo. Es más; durante este año los fabricantes de «tops» de nuestro país han traído toda la lana de Tierra del Fuego, que fue procesada aquí porque contamos con una industria textil que es la mejor del MERCOSUR. Si ayudamos a esta industria, también estamos colaborando con el productor de lana, con aquel que tiene un pequeño rodeo. De esta forma, actualmente, a pesar de que hay una demanda de carne ovina en pie en el mundo, los productores no desean vender el lanar en esas condiciones porque sienten que están en una instancia y en un momento donde la lana, con un precio más firme, los beneficia y les permite mantener esa unidad productiva, esquilarla y obtener un mejor precio, lo que da como resultado que el fabricante uruguayo pueda competir en mejores condiciones a nivel mundial.

Por otra parte, deseo manifestar que siempre hemos sido partidarios de integrar el MERCOSUR. A ese respecto podemos decir que las disposiciones constitucionales del año 1966 fueron redactadas por quien habla, pero creo que no debemos dejar de mirar al mundo, que es hacia donde tenemos que apuntar. Todas las medidas de este proyecto de ley contribuyen fundamentalmente a que los industriales y los productores en general se beneficien con un mejoramiento del costo.

Considero que en momentos de discutir un proyecto de ley de esta naturaleza, que tiene las características de la coyuntura, no es oportuno estudiar otras alternativas tributarias. Sin embrago, debemos decir que nunca hemos creído en el Impuesto a la Renta. Es más; países que tienen porcentajes muy altos de Impuesto a la Renta, como ser Estados Unidos o Brasil, no son ejemplos de distribución justa del ingreso. En la actualidad, esos mismos países están buscando revertir la incidencia negativa que ese impuesto tiene sobre la clase media. Bien sabido es que quienes son dueños de un capital mayor están en condiciones de eludir al Fisco, al punto tal que en Estados Unidos la organización para perseguir al defraudador se comporta como un Estado policía.

Recientemente, un conjunto de economistas japoneses, al referirse a los problemas de su país -que también son serios e importantes- manifestaban la necesidad de considerar en mayor medida la introducción de impuestos indirectos.

Con respecto al Uruguay, pienso que el mecanismo de los impuestos directos no es provechoso para recaudar fondos. Dicho régimen ya se ha probado sin obtenerse el resultado esperado. Además, en nuestro país, salvo sectores muy pequeños, todos estamos gravados en nuestros ingresos por la vía del Impuesto al Patrimonio, a la Renta de Industria y Comercio, etcétera.

Por otra parte, tampoco creemos que sea procedente establecer un impuesto a los depositantes como forma de recaudar fondos, porque es la mejor forma de desalentarlos. Si anunciamos que vamos a incorporar este impuesto, seguramente nos quedaremos sin depósitos de un día para otro. Si hay algo cobarde en el mundo, es el capital. La gran tragedia que tiene el Ministro de Economía argentino ante esta situación de incerteza bancaria es que quienes más se apresuran a retirar sus depósitos son aquellos que tienen cuentas de U$S 20.000 o U$S 30.000; que son los que prefieren el «Colchón Bank». Quienes manejan grandes capitales, poseen mayores conocimientos financieros y nunca concentran sus recursos, sino que los dividen. Pero, reitero, cuando aquellas personas con menor capital perciben dificultades, actúan como el que se quemó con leche: cuando ve la vaca, llora.

Por lo tanto, entiendo que lo peor que podría hacer una economía como la nuestra es gravar los depósitos. Además, se beneficia de los desórdenes permanentes en que han vivido las economías vecinas, porque recibe un aporte constante de sus capitales. Buena parte de esa industria sin chimeneas, que en la actualidad no estamos en condiciones de ayudar a través de la devolución de impuestos a los sectores productivos a los que hizo referencia el señor Senador Michelini, se ha desarrollado con capitales argentinos. Y ese dinero al que a veces algún Intendente grava con demasiado celo es el que ha beneficiado a nuestro país por ser abierto y estable. Si perdemos nuestra estabilidad, perdemos la independencia; somos muy pequeños y tenemos temperamento de petizo -sin hacer ninguna referencia personal porque, como se sabe, la altura es una situación de comparación y una medida relativa- porque creemos, sin serlo, que somos los más fuertes del mundo. El Uruguay es un país que debe manejar sus finanzas con mucho cuidado. De este hecho somos responsables todos; no sólo los integrantes del Poder Ejecutivo y del Partido de Gobierno. Todos, además de los integrantes de la coalición con quienes compartimos este compromiso y cuyo pensamiento ha expresado claramente el señor Senador Santoro, que apoyo en su totalidad, tenemos corresponsabilidad.

A este respecto, me viene a la memoria un diálogo que mantuve, con mucho agrado, con un ciudadano muy importante del Partido Comunista del Uruguay y del mundo y un Legislador de nota, como lo fue el señor Rodney Arismendi. Lo que mejor recuerdo de aquella oportunidad es que no sólo ambos pudimos expresar nuestros puntos de vista sino que además ya se veía cómo el mundo venía procesando los cambios que hoy estamos viviendo.

Pienso que cuando estamos a punto de tomar estas medidas que deben tener carácter urgente, percibimos que este déficit es como un rumbo grande en un navío: si no se tapa rápidamente, éste se hunde con toda la tripulación a bordo. Reitero que esto es lo que tenemos que advertir con toda claridad.

En aquella conversación recordábamos que desde el siglo pasado existían organizaciones anarquistas -cuyos semanarios contaban con millares de ediciones aquí y en la Argentina- comunistas, socialistas y de la Unión Cívica. Por lo tanto, todos somos partidos tradicionales; además, en la actualidad, tenemos iguales responsabilidades de Gobierno. En este compromiso no excluyo al señor Senador Michelini, porque entre el Partido Colorado y el Partido Nacional existe una diferencia de tan sólo 20.000 votos, y entre el nuestro y el Frente Amplio, 40.000. Entonces, ¿quién ganó la elección? Aquí no ganó nadie. O remamos todos parejos como cuando nos llevaban a la bahía de Capurro a tirar del palo o nos vamos al agua. Quiere decir que nadie está exento de responsabilidades. Personalmente, no me pareció incorrecto que el señor Tabaré González terminara con el subsidio del boleto. Entiendo que reconoció una realidad, aunque no me agradó que lo hiciera el 1º de diciembre; creo que se trató de una picardía, como la que podemos hacer todos. Esa situación que el señor Tabaré González admitió, todos lo debemos advertir y sincerarnos, porque dentro de cinco años otro partido puede estar en el Gobierno y tener que hacerse cargo del déficit. ¿Qué van a hacer con él? No podrán expresar que no existe.

SEÑOR ASTORI. - ¿Nos van a dejar déficit, señor Senador?

SEÑOR BATLLE. - No, porque vamos a contar con su voto en esta Legislatura para que las Rendiciones de Cuentas y los Presupuestos no se agranden. Además, no sé si hubo carnavales electorales ni sé quién los practicó, porque los carnavales no se celebran solamente en la fecha que corresponde; en el Uruguay los hemos vivido durante los últimos cinco años y también los anteriores.

SEÑOR KORZENIAK. - Aquí no se le desmiente a nadie, señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - A nadie, señor Senador. Como ya sabe, yo no participo de esos carnavales electorales, al punto que ese Capítulo II de este proyecto de ley está redactado por el puño y letra del señor Diputado Alejandro Atchugarry, representante de la Lista 15.

Al parecer, por lo dicho, se piensa que nosotros no estamos considerando la educación. Particularmente, el señor Senador Astori ha puesto énfasis en eso y ha aportado algunas lecturas sobre el tema, cosa que adelanto también haré yo. En reciente participación que tuvimos con el señor Senador en una audición de televisión, hablando del MERCOSUR, cuando se me preguntó acerca de las tres cosas que el Uruguay debía hacer, dije que la primera era lograr la estabilidad económica y financiera, porque esa era la base sobre la cual debíamos construir todo lo demás; que la segunda era el conocimiento. ¿Por qué? Porque creo que hoy por hoy, el conocimiento es el capital más importante que necesita una sociedad para poder competir en este mundo. Y, por último, mencioné el tema de la información. Si carecemos de conocimiento y de amplitud de información, esta sociedad no va a poder competir en el mundo actual, en donde la guerra de la competencia es tremendamente feroz.

Con respecto a este tema voy a leer -y pido excusas al Cuerpo por ello- las palabras pronunciadas por el señor Ministro Mosca en la Comisión de Hacienda del Senado, que figuran en la página 31 del Repartido Nº 117. Decía el señor Ministro de Economía y Finanzas: «Por último, señor Presidente, creemos profundamente en la necesidad impostergable de llevar a cabo una reforma educativa. Ello se debe a una razón fundamental: va a ser la única manera de que en un proceso de integración el salario de nuestra gente esté salvaguardado porque, en caso contrario, si no hay capacitación e inversión, no obtendremos la protección necesaria par intentar algún día llegar a los niveles de retribución salarial existentes en otras naciones. Nuestra única garantía es, repito, invertir en la capacitación y tecnificación de la gente; es un compromiso que consideramos ineludible».

«El punto era si en esta propuesta se estaban previendo recursos para la reforma educativa y de ser así, cuáles serían sus niveles. Nosotros, señor Presidente, estamos procurando restablecer una senda de equilibrio en los niveles imprescindibles de las cuentas del Estado».

«En consecuencia, no estamos suponiendo un incremento de gastos para ningún sector. Nos hemos planteado objetivos muy ambiciosos en materia de reducción de gastos y de presentación de propuestas en instancias presupuestales, para que esas economías que se generen en otros sectores de la Administración puedan ser parte de los fondos requeridos en este proceso de reforma educativa que, como se ha señalado, va a requerir varios años para su instrumentación».

«Si somos capaces de llevar a cabo modificaciones en aquellas dependencias cuyo mantenimiento no se justifica, si somos capaces -hemos asumido ese compromiso- de no realizar ninguna contratación de funcionarios públicos, lo que implicaría en definitiva una apreciable economía, y si, en última instancia, somos capaces de que este proceso de reforma del Estado se pueda comenzar a plasmar en hechos sobre el bolsillo de la ciudadanía en el menor tiempo posible, como creemos, estos recursos quedarán librados para la educación».

Tengo la impresión de que además de ser un hombre joven, el Ministro Mosca tiene la virtud de la mayor parte de este Gabinete: haber recurrido a una generación de otra edad para que asumiera responsabilidades ministeriales. Esto es algo muy importante, porque se trata de personas que conviven más con la realidad de su tiempo.

Voy a repetir aquí lo expresado por el señor Ministro cuando me vino a ver a la mañana siguiente de que el señor Presidente de la República le ofreciera la Cartera ministerial. En determinado momento me dijo: «Mire, Jorge, yo sé las dificultades que hay; pero no vengo a hacer la plancha». Estamos, pues, ante un Ministro serio y responsable; y si desde el Parlamento lo acompañamos cuidando del gasto público, sabiendo que no podemos sacar más de donde no hay, haciendo políticas de Estado y analizándolas con la participación de todos aquellos que estén dispuestos a contribuir a un estudio profesional de las cosas, estoy absolutamente seguro de que vamos a poner al Uruguay en condiciones de competir bien en este mundo tan difícil que se nos presenta.

Concuerdo con las expresiones del señor Senador Pereyra. Para esto es importantísimo la reforma de la Constitución.

Los Gobiernos de coalición no pueden surgir solamente de la voluntad de los partidos ante coyunturas, sino que deben ser la consecuencia de los cambios institucionales que el tiempo requiere para transferir en el siglo próximo, dentro de esta sociedad, estructuras políticas que se adelanten a las necesidades de ajuste que las comunidades se dan a lo largo del tiempo.

Estamos haciendo una experiencia nueva. Creo que podemos llevar adelante rápidamente el texto redactado el año pasado en el Senado sobre las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Al igual que los señores Senadores Pereyra y Santoro, considero que este es un tema político, en el que los políticos tenemos que reconocer que debemos tomar las decisiones adecuadas para adelantarnos al tiempo que vendrá, sobre todo, porque vivimos en un país pequeño, que aunque en sí mismo sea muy rico, tiene un peso muy relativo en los mercados; y no puede hacer otra cosa que tomar precios que otros han fijado. Por lo tanto, necesitamos de talento e información para vender lo que produce. Alemania paga un 45% más de salario que Portugal y Grecia, el 28% más que Estados Unidos y el 20% más que Japón, y es el país que exporta más. ¿Por qué? Porque exporta conocimiento. No estamos hablando del conocimiento que se recibe en Primaria, Secundaria o a nivel terciario, sino del que hoy debe tener el empresario, el operario, el técnico y el sector ya formado. No podemos esperar a formar para dentro de quince años; dentro de quince años el mundo estará en otro lugar. Se trata de hacerlo ahora; pero no podemos intentarlo ni pensarlo si no tenemos la casa en orden. Para todas las cosas de la vida hay que tener la casa en orden, y en un Estado esto significa equilibrio fiscal, porque baja la inflación y, por ende, el interés, puesto que éste es el precio que se paga por una mercadería llamada moneda que cuando la inflación es alta, nadie la presta a menor precio que la tasa inflacionaria. Así, con la casa en orden, con una debida legislación en esta materia y con una reforma política y de la seguridad social adecuada, vamos a poder, entre todos, pensar en las cosas importantes y fundamentales que en el área de conocimiento e información le van a dar a los ciudadanos talentosos de esta nación, llenos de virtudes y capacidades, y que han sobrevivido pese a tanta dificultades, no sólo la oportunidad de quedarse y de volver, sino de competir con éxito en este mundo tan difícil, riesgoso y abierto.

Es cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay más oradores inscriptos, por lo que corresponde pasar a votar.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Senador Garat solicita licencia, del 23 al 30 de abril».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 20 de abril de 1995.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Por la presente solicito licencia del 23 al 30 de abril, por tener que asistir en Misión Oficial a Santiago de Chile.

De mi mayor consideración.

Carlos M. Garat. Senador».

-Se va a votar la licencia solicitada.

-30 en 31. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

6) NORMAS TRIBUTARIAS. Modificación. proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la consideración del proyecto de ley por el que se instrumentan una serie de medidas de naturaleza tributaria.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Solicito que se suprima la lectura del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 1º. - Sustitúyese el artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘ARTICULO 52. - El Poder Ejecutivo podrá exigir pagos a cuenta de este impuesto, con independencia del resultado fiscal del ejercicio anterior o de que el ejercicio en curso sea el de inicio de actividades gravadas, pudiendo aplicar a tales efectos otros índices, además de los establecidos en el artículo 31 del Código Tributario y sin las limitaciones del artículo 49 del Título 1.

Quedarán eximidas de dichos pagos a cuenta aquellas empresas que justifiquen, a juicio de la Administración, la inexistencia de utilidades fiscales previstas al fin del ejercicio.

El Poder Ejecutivo podrá establecer pagos a cuenta del impuesto para las empresas comprendidas en el literal E) del artículo 5º, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Quiero señalar que hemos votado negativamente este artículo por los mismos argumentos expuestos en Comisión, en el sentido de que percibimos que esta disposición posee repercusiones exclusivamente financieras sobre los sujetos gravados y, en muchos casos, puede generar consecuencias indeseables para ellos.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 2º. - Agréganse al artículo 57 del Título 4 del Texto Ordenado 1991, los siguientes incisos:

‘Asimismo pagarán el impuesto a que refieren los incisos anteriores, incrementado en un 30% (treinta por ciento):

1) Los demás contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio cuyas rentas estén comprendidas en el literal A) del artículo 2º del presente Título, con excepción de aquellos que tengan la totalidad de sus rentas no gravadas.

2) Los contribuyentes del Impuesto a las Actividades Agropecuarias cuyo ingreso neto supere el correspondiente a doscientas hectáreas de productividad básica media y los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias.

La reglamentación podrá, atendiendo a la situación del tipo de explotación, elevar el mínimo no imponible hasta el equivalente al ingreso neto correspondiente a quinientas hectáreas de productividad básica media.

Aquellos contribuyentes cuyos Impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias o Impuesto a las Actividades Agropecuarias sean superiores a las cantidades abonadas por el impuesto del inciso anterior abonarán, por aquellos conceptos, únicamente, el excedente’.»)

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: hice referencia a este artículo en la exposición realizada en la discusión general del proyecto, señalando que había sido mejorado en la Cámara de Representantes cuando, refiriéndose a los contribuyentes del Impuesto a las Actividades Agropecuarias, se aumentó la exoneración que estaba establecida en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que era de un mínimo de doscientas hectáreas. En ese momento, se llevó ese mínimo a quinientas hectáreas, aunque no en forma expresa, sino dejando librada a la reglamentación esa posibilidad, de modo que el Poder Ejecutivo, si lo entendiera conveniente y atendiendo a situaciones de tipo de explotación, pudiera hacerlo.

Voy a hacer la proposición de que se establezca en el inciso segundo, donde dice «doscientas hectáreas», la frase «un mínimo de quinientas hectáreas» y, en consecuencia, para la buena armonía del proyecto, que se elimine el inciso tercero.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Muy brevemente, deseo señalar que este es uno de los casos claros de inconstitucionalidad del proyecto. Además, con una muy buena intención, la calamidad fue duplicada en la Cámara de Representantes, porque se atribuyó por sí la potestad de establecer una exoneración que, por el artículo 133 de la Constitución de la República, requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Si no estuviéramos sojuzgados ya no por el almanaque, sino por el reloj, para cumplir con el propósito de complacer a quienes preconizan la urgencia del proyecto, habría votado, con todo gusto, la propuesta del señor Senador Pereyra. En ese caso, la ley habría establecido el límite de las quinientas hectáreas.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene al palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: comparto los argumentos expresados por el señor Senador Mallo. A pesar de que voy a votarlo, quiero decir que el inciso segundo, más allá de las referencias que ha hecho el señor Senador Mallo, no tiene efectos de recaudación. Ocurre que en el proyecto debía incluirse alguna referencia vinculada al cobro de impuestos al sector agropecuario, porque, de lo contrario, no podía decirse que se estaba pidiendo esfuerzos a todos.

Quiero agregar -aprovecho para hacer una fundamentación de voto del artículo 1º que he votado afirmativamente- que todos aquellos artículos en los que el Poder Ejecutivo pide herramientas contra la evasión va a contar con nuestro apoyo. Sabemos que en la medida en que no se hagan cambios estructurales, muchas de ellas no van a conducir a ninguna parte, pero no queremos que en el futuro se nos diga que la evasión no ha podido cambiarse porque no hemos dado al Poder Ejecutivo los instrumentos y las herramientas necesarios para ello.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con las normas reglamentarias, corresponde votar en primer lugar el artículo tal como fue aprobado en Comisión. En caso de resultar afirmativa esta votación, obviamente la enmienda planteada por el señor Senador Pereyra es incompatible.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: mi intención fue la de establecer en forma expresa en el texto de la disposición esta extensión de la exoneración hasta quinientas hectáreas que se aprobó en la Comisión de la Cámara de Representantes. He dicho que consideraba que esta norma implicaba una mejora, aunque no tuviera carácter obligatorio para el Poder Ejecutivo. De cualquier manera, el inciso tercero establece que la reglamentación podrá, atendiendo la situación del tipo de explotación, elevar el mínimo no imponible hasta el equivalente al ingreso neto correspondiente a quinientas hectáreas. Esta es una mejora del proyecto; mi intención era, repito, mejorarlo aún más, no dejando esta norma librada a la reglamentación, sino incluyendo la disposición a texto expreso en la ley.

De manera que dado que igualmente se introduce una mejora, y al no haber prosperado la modificación que he presentado, solicito que se rectifique la votación, a los efectos de agregar mi voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del artículo 2º.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Quiero dejar constancia de que hemos votado negativamente este artículo porque no compartimos la orientación que, en materia de política tributaria, fundamenta la inclusión del mismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 3º. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 6º del Título 11 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘ARTICULO 6º. - Forma y percepción del impuesto. - El Poder Ejecutivo establecerá por reglamento la época de la percepción del impuesto y las formas de documentación y control del mismo, pudiendo establecer pagos a cuenta en base a las operaciones del contribuyente, sus importaciones u otros índice representativos, sin la limitación, en todos los casos, de lo establecido en le artículo 49 del Título 1 del Texto Ordenado 1991’.»)

-Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Hemos votado negativamente esta disposición por razones análogas a las expuestas en ocasión de discutirse el artículo 1º.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración al artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 4º. - En caso que el Poder Ejecutivo fije en cero la tasa del Impuesto Específico Interno que grava la energía eléctrica, el suministro de la misma quedará gravado por el Impuesto al Valor Agregado a la tasa básica.

Esta facultad podrá utilizarse si en dicha oportunidad la tarifa domiciliaria es disminuida de manera tal que, aditado el Impuesto al Valor Agregado, no supere la vigente con el Impuesto Específico Interno incluido».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 5º. - Sustitúyese el inciso primero del numeral 11) del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

’11) Vehículos automotores, motos, motonetas, bicimotos y toda otra clase de automotores, excepto aquellos que habitualmente se utilicen en tareas agrícolas: con motor Diesel 30% (treinta por ciento); con motor propulsado con otros combustibles 25% (veinticinco por ciento)’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: hubiéramos preferido que el alcance de este artículo -incluso, atendiendo a propuestas alternativas que presentamos en la Cámara de Representantes- fuera mayor, porque entendemos que con el Impuesto Específico Interno, que grava la primera enajenación, se podría haber alcanzado el consumo de otros bienes de naturaleza análoga a los que aquí aparecen gravados. Como es obvio, esta propuesta no reuniría mayoría en el Cuerpo -lo acaba de demostrar esta votación- y ante esta comprobación, vamos a pedir la rectificación de la votación ya que vamos a adherir también a este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la rectificación del artículo 5º.

(Se vota:)

-29 en 31. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: apartándome, quizás algo del Reglamento quiero decir que el artículo 4º, que se votó casi por unanimidad, ha pasado desapercibido, siendo una disposición muy creativa. Por la vía del cambio de un impuesto, se está dando a la producción -no sólo industrial, sino también agropecuaria- un estímulo muy importante. Creo que estas innovaciones creativas son las que el país debe hacer en este momento.

Decía que me apartaba del Reglamento, señor Presidente, porque estamos considerando el artículo 5º. No obstante, creo que no debemos dejar pasar en silencio esa mayoría importante que obtuvo el Senado con respecto al artículo anterior, que está favoreciendo a todas las ramas de la actividad que están produciendo en el país.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - He acompañado con mi voto afirmativo la rectificación del artículo 5º, en el entendido -aspecto que considero que debe quedar claro- de que el mismo se refiere a la primera venta de unidades cero kilómetro.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 6º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 6º. - Agrégase al artículo 6º del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente literal:

‘H) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: no hemos votado afirmativamente esta disposición, en virtud de que entendemos que las Cooperativas de Ahorro y Crédito cubren un segmento del mercado que no está atendido por las instituciones bancarias y, además, porque se vincula especialmente a actividades de pequeña y mediana envergadura que, a nuestro juicio, a partir de esta disposición deberán encarar nuevas dificultades.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 7º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 7º. - Sustitúyese el apartado b) del artículo 8º del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘B) En las importaciones, las tasas se aplicarán sobre el valor nominal de aduanas más el arancel. Si la importación se efectuara a nombre propio y por cuenta ajena, o por no contribuyentes, la referida suma será incrementada en un 50% (cincuenta por ciento) a los efectos de la liquidación del tributo’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 8º. - Sustitúyese el inciso final del artículo 9º del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘Los sujetos pasivos a que refiere el literal B) del artículo 6º no podrán deducir el impuesto incluido en sus adquisiciones de:

A) Vehículos.

B) Mobiliario y gastos de naturaleza personal.

La enajenación de bienes de activo fijo estará gravada cuando el sujeto pasivo haya deducido el impuesto correspondiente en oportunidad de su adquisición’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 9º. - Sustitúyese el artículo 14 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘Artículo 14. Tasas. - Fíjanse las siguientes tasas:

A) Básica del 23% (veintitrés por ciento)

B) Mínima del 14% (catorce por ciento).

Aféctase al Banco de Previsión Social la recaudación correspondiente a siete puntos de la tasa básica’.»)

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - En la exposición que formuláramos en la discusión general, dejamos sentado que a pesar de ser contrarios a los aumentos del IVA, al igual que lo habíamos hecho en el ajuste fiscal del año 1990 y en razón de los fundamentos que tiene este proyecto, muy similares a los de aquél, íbamos a votar -entendiendo ese verdadero estado de necesidad en que se encuentra el país en esta materia- el aumento de la tasa básica pero no el de la tasa mínima, en virtud de que castiga dos veces a los sectores menos pudientes de la sociedad, quienes además de abonar el Impuesto a las Retribuciones Personales, verán encarecidos los artículos básicos de la canasta familiar.

Por ese motivo, solicito que se vote, por un lado, el acápite y el inciso A) y, por otro, el inciso B).

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor Senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la primera parte del artículo 9º que comprende el aumento de la tasa básica al 23%.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la segunda parte del artículo 9º, que incluye la elevación de la tasa mínima al 14% hasta el final del artículo.

(Se vota:)

-20 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Hemos votado negativamente este artículo por los fundamentos detenidamente expuestos en la consideración en general, que aluden directamente al tema de la justicia en la distribución de las cargas de este ajuste.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 10.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 10. - Derógase el literal C) del artículo 16 del Título 10 del Texto Ordenado 1991.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo fundamentar mi voto expresando muy brevemente que comparto en forma íntegra las expresiones del señor Senador Batlle en cuanto a que todos somos responsables de llevar el país a buen puerto. Creo que esa es la razón por la cual estoy votando en contra estos artículos, ya que entiendo que no son un buen instrumento en ese sentido.

Concretamente, en relación a este artículo, quiero señalar que aquí se observa con toda claridad lo que, con mucha benevolencia jurídica, tildé de desprolijidad. Mediante esta norma se deroga el literal C) del artículo 16 del Título 10 del Texto Ordenado. Entonces, dicho artículo quedará comprendido por los literales A), B) y D), a menos que cuando se publique el nuevo Texto Ordenado, el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, subsane este error a los efectos internos de la Dirección General Impositiva.

Mi planteo puede parecer un poco formal, pero en el artículo 9º se sustituyó el artículo 14 del Título 10 del Texto Ordenado del año 1991, que ya había sido modificado tres veces luego de esa fecha. Además, los siete puntos de la tasa básica ya estaban vigentes mediante modificaciones posteriores al Texto Ordenado de 1991.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: a vía de fundamento de voto y compartiendo lo que ha señalado el señor Senador Korzeniak, quiero agregar que a través de esta derogación se incluye en la tasa básica a los préstamos al consumo que deben afrontar las clases más modestas. Esto va a configurar un encarecimiento para los sectores más modestos de la población que acceden al crédito elemental de las tarjetas OCA y CREDISOL, entre otras, imposibilitando en forma brutal la posibilidad de acceso al crédito de esos usuarios, que deberán seguir empleando estos recursos.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 11.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 11. - Sustitúyese el literal E) del numeral 2) del artículo 17 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘E) Las operaciones bancarias efectuadas por los Bancos, Casas Bancarias, y por las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con excepción del Banco de Seguros del Estado.

No quedan comprendidos en la presente exoneración los intereses de préstamos que se concedan a las personas físicas que no sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Actividades Agropecuarias o del Impuesto a las Rentas Agropecuarias.

Los intereses de los préstamos otorgados por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay, por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en tanto dichos préstamos sean otorgados a sus socios y no excedan las 350 UR (trescientas cincuenta unidades reajustables), por la Corporación Nacional para el Desarrollo, en los casos que admita la reglamentación, y los concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay destinados a la vivienda, quedan exonerados.

Los créditos y financiaciones otorgados mediante sistema de tarjetas de crédito, órdenes de compra y similares estarán gravados en todos los casos’.»)

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: deseamos manifestar que este artículo 11 se vincula con las disposiciones 6º y 10, que hemos votado en contra, así como también con las normas 17, 18 y 19, con respecto a las cuales, al igual que a ésta, nos pronunciaremos en forma negativa. En primer lugar, porque creemos que este tema está mal resuelto y, en segundo término, porque en estas circunstancias, el argumento fundamental no es tanto la recaudación -aunque algún dinero se obtiene mediante estas modificaciones- sino que consiste en darle impuestos iguales a las mismas actividades. Según este artículo 11, al elevar este tipo de operaciones financieras de la tasa mínima -que actualmente es del 12% y que, al aprobarse este proyecto pasará a ser del 14%- a la básica, que es del 22% y pasará a ser del 23%, se realizan una serie de exoneraciones y se termina, señor Presidente, por aumentar la diferencia que antes era del 0% al 12% y ahora será del 0% al 23%. Si bien el objetivo es igualar las tasas impositivas, a través de estos artículos logramos que las diferencias a partir de las exoneraciones planteadas sean mayores.

Además, quisiera agregar que esta norma es inconstitucional, ya que viola los artículos 133 y 215 de la Constitución, lo que no ayuda en nada a la propia práctica parlamentaria.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Quiero adherir expresamente a las manifestaciones del señor Senador Michelini, quien anunció que a este respecto iba a presentar una minuta de comunicación; el día que lo haga, contará con mi voto.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: varios Legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda se comprometieron a abocarse rápidamente a reordenar este texto ya que, tal como lo expresó el señor Senador Mallo, estamos de alguna manera apremiados por el tiempo. Pienso que ese compromiso se tendrá que plasmar en un nuevo reordenamiento de estos artículos.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Antes que nada quiero dejar una constancia sobre este punto y es que en la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión que refiere a la votación de este artículo hay un error seguramente involuntario. Allí se incluye una frase de quien habla fundamentando un voto que no debe ir ahí porque no corresponde. Sin duda se trata de un error de compaginación. La frase se encuentra en la mitad de la página 63.

En segundo lugar, solicitamos que este artículo se vote por incisos porque deseamos dar nuestro voto al tercero que, a nuestro juicio, plantea una situación favorable para el crédito social del Banco de la República Oriental del Uruguay, para las Cooperativas de Ahorro y Crédito -hasta los préstamos que refieren al monto de 350 unidades reajustables- para la Corporación Nacional para el Desarrollo -en los casos que admita la reglamentación- y los concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay con destino a vivienda.

En Comisión fundamentamos la necesidad de agregar un texto que también tuviera en cuenta los préstamos otorgados en efectivo o mediante la apertura de órdenes de compra por parte de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. En realidad, se trataría de un texto aditivo al que aquí se está considerando.

Por un lado, señor Presidente, solicitamos que se vote por incisos y, al terminar, que se tome la de ese texto aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quiere decir que sería eventualmente aprobado en el proyecto que será votado.

SEÑOR ASTORI. - Se trata de un texto aditivo y no incompatible con el del tercer inciso del artículo 11.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, votaríamos todo el artículo 11, con excepción del parágrafo tercero que dice: «Los intereses de los préstamos otorgados», etcétera, hasta «quedan exonerados».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11, con excepción del parágrafo tercero.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: hemos votado negativamente estos incisos por razones análogas a las expuestas en oportunidad de considerar el artículo 6º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el parágrafo tercero del artículo 11.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

Léase el aditivo propuesto.

(Se lee:)

«Se exceptúan los intereses de los préstamos otorgados por las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, ya sea en efectivo o mediante órdenes de compra que quedan asimismo exonerados siempre que no superen las 350 unidades reajustables.»

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-9 en 31. Negativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - La fundamentación de voto ya está expuesta; simplemente, ante este resultado solicito que esta situación se tenga en cuenta a los efectos de concebir por la vía del acuerdo político un mecanismo de corrección a una situación que nos parece injusta.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Señor Presidente: en nombre de la Bancada del Partido de Gobierno expusimos en Comisión nuestra posición en el sentido de que estamos orientados a revisar esta legislación posteriormente, para evitar algunas asimetrías que se han producido en el texto. No lo hacemos ahora porque si lo cambiamos apenas una coma, tendrá que volver a la Cámara de Representantes, lo que no nos parece conveniente.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Señor Presidente: comparto plenamente el fundamento del agregado expuesto por el señor Senador Astori y no lo voto por las razones expresadas por el señor Senador Hierro López.

La señora Senadora Arismendi dijo que el Coronel no tenía quién le escribiera. Como creo que el señor Ministro de Economía y Finanzas debe tener varios escribientes, le sugeriría que cambiara de escribiente.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - En Comisión surgió la voluntad de tratar luego todos estos artículos con tranquilidad, más allá de que tuvieran aprobación, y de que la coalición no quería demorar ni cambiar una coma para que este proyecto pudiera ser promulgado rápidamente por el Poder Ejecutivo y no volviera a la Cámara de Representantes.

Por lo tanto, voy a proponer que el aditivo planteado por el señor Senador Astori pase a la Comisión de Hacienda como forma de habilitar la discusión de todos estos temas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como este asunto no requiere votación, así se procederá.

En discusión el artículo 12.

(El texto del artículo cuya lectura se decidió suprimir es el siguiente:

«Artículo 12. - Derógase el literal D) del numeral 1) del artículo 17 del Título 10 del Texto Ordenado 1991.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

En discusión el artículo 13.

(El texto del artículo cuya lectura se decidió suprimir, es el siguiente:

«Artículo 13. - Agrégase al numeral 2) del artículo 17 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, el siguiente literal:

‘M) Los juegos de azar existentes a la fecha de promulgación de la presente Ley asentados en billetes, boletos y demás documentos relativos a juegos y apuestas, con excepción del ‘5 de Oro Junior’.

En el caso de estos últimos juegos, el monto imponible estará constituido por el precio de la apuesta’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

En discusión el artículo 14.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 14. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta en cinco puntos porcentuales la tasa del impuesto previsto en el artículo 489 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, correspondiente a los juegos denominados ‘5 de Oro’ y ‘5 de Oro Junior’, a efectos de optimizar su recaudación.»)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: cuando se realizó la discusión en general, planteamos una pregunta a los integrantes de la Comisión porque este artículo 14 faculta al Poder Ejecutivo a disminuir hasta en cinco puntos porcentuales la tasa del impuesto prevista en el artículo 489 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, correspondiente a los juegos denominados «5 de Oro» y «5 de Oro Junior» a efectos de optimizar su recaudación.

El tema radica en que allí está legislado ese artículo 489, la disposición que grava a los juegos en el 18%. Cuando se analizan los Presupuestos y las Rendiciones de Cuentas lleva mucho tiempo acordar sobre el monto; hoy, lo que hemos votado es una disposición en el artículo 13 que va a permitir aplicar a estos juegos una tasa muy elevada, el 23% de la tasa básica que pagarán los apostadores y no la Banca de Quinielas. Es decir que se va a encarecer el juego.

A nosotros no nos parece mal desde el punto de vista de la política tributaria, y por esa razón hemos votado afirmativamente. Sin embargo, a renglón seguido hay una facultad que tal como lo expresan los Abogados es de carácter inconstitucional, porque no se puede delegar una facultad al Poder Ejecutivo para bajar en cinco puntos porcentuales un impuesto.

En segundo lugar, me gustaría saber cuál es el fundamento.

Se me ocurre pensar que el fundamento puede estar en que la Banca de Quinielas piense que con la aplicación del IVA al «5 de Oro» y al «5 de Oro Junior» pueda caer la recaudación, es decir, que se pueda provocar un descenso en el juego. Entonces, optimiza la rentabilidad por el resto del juego, bajando el monto del impuesto, me parece una barbaridad.

Creo que este sector que desde hace unas cuantas décadas controla el juego en el Uruguay -me refiero al sector privado- tiene altos ingresos y no hay mérito para que facultemos al Poder Ejecutivo a rebajar un 5% del impuesto. Me parece que cuando estamos cargando mucho a la gente en todo el resto del proyecto, no podemos facultar a que se baje un impuesto que va a favorecer a un grupo muy reducido de banqueros de juego. Digo esto con mucha claridad, y aclaro que no tengo nada contra ellos, sino que se trata, simplemente, de una política de justicia tributaria. Por lo tanto, creo que no es conveniente que se vote este artículo.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: en oportunidad de la discusión en la Comisión habíamos planteado una pregunta relacionada con la afectación que esta rebaja podía producir sobre las retribuciones de un número de funcionarios que se estima, aproximadamente, en dos mil. Con este artículo se afectarían las remuneraciones con una disminución en los proventos previstos en los artículos 169 y 337 de la Ley Nº 16.170, en el artículo 176 de la Ley Nº 16.320 y en el artículo 89 de la Ley Nº 16.462.

Deseo que quede constancia en la versión taquigráfica de mi expectativa respecto a que pudiera haber alguna solución a posteriori similar a la que se ha planteado en la otra disposición, a fin de poder contemplar las consecuencias que implican esta facultad de disminución de cinco puntos que afectaría a dos mil funcionarios que reciben proventos de dicha tasa. Por tanto, reitero que dejamos esta constancia para ver si, como se ha planteado en el otro caso, posteriormente se puede encontrar alguna solución a este perjuicio que van a tener los funcionarios comprendidos en las disposiciones que cité.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - En esta suerte de juegos en donde se conforma un pozo y de él salen los resultados, se sabe -porque esta experiencia está claramente establecida en todos los sistemas similares en el mundo entero, que por encima de cierto grado de imposición, el pozo empieza a perder su capacidad de funcionamiento, por lo que el juego decrece.

El régimen que hasta ahora está establecido prevé una imposición del 18%. Si se le agrega un 23%, se llega al 41%. A la vez, se le da un margen al Poder Ejecutivo para rebajar en algunos puntos este porcentaje. Supongamos que el referido Poder advierte, en función de la evolución del juego, que la presión es muy alta y que, por consiguiente, debe reducir algunos puntos. Aunque los rebaje todos -es decir, el 5%- queda igualmente un porcentaje mucho mayor que la contribución anterior. Por lo tanto, no existe el problema planteado por el señor Senador Sarthou referente a la pérdida de ingresos.

Ahora bien, con respecto a este tema, que desde el punto de vista del texto podría tener aspectos inconstitucionales, los juristas vamos a tener que idear alguna solución para resolverle el problema a los Contadores. Esta situación es la consecuencia de que la economía es dinámica y de que no se puede cambiar todos los días las leyes referentes a las tasas a fin de ajustarlas a las variables de las situaciones económicas. Al respecto, en otras disposiciones referentes a otros impuestos, como el IMESI, el margen de la potestad del Poder Ejecutivo para calcularlos es mucho mayor. Lo que sucede es que, con posterioridad, el Parlamento tiene la función de control, que no la pierde.

Creo que debemos buscar alguna mecánica para resolver este problema, porque se está aplicando un sistema de gravámenes sobre algo que es fluido y no estático. Esto es lo que ha llevado a esta práctica, repetida ya en decenas de disposiciones fiscales, de ajustar las variables que se dan frente a casos como éste, o a otros.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - En respuesta a la consulta que había formulado el señor Senador Gargano, deseaba dar la misma explicación que brindó el señor Senador Batlle en la primera parte de su exposición, pero agregando algunos datos.

Actualmente, de cada $ 100 jugados se destinan $ 45 a premios, $ 18 a impuestos, $ 15 a comisiones a vendedores, $ 8 a gastos de administración, $ 13 a utilidad bruta y $ 4,17 a IRIC. Con la incorporación del IVA se sospecha que podrían disminuir las apuestas. Por eso se da la facultad de equilibrar reduciendo el impuesto global.

A su vez, señalo que con este impuesto no tiene por qué disminuir tanto las apuestas, porque parte de él puede ir contra utilidades y la Banca de Quinielas podrá descontar IVA -cosa que ahora no está haciendo- dado que está gravado el servicio o, en este caso, el derecho a participar en el juego.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Quisiera explicar cómo veo esta operación.

En primer lugar, el IVA grava la apuesta, es decir, al apostador y no a la Banca. Se trata de dos impuestos distintos, ya que el del 18% es sobre el volumen total de lo apostado, por lo que lo debe pagar la Banca de Quinielas luego que hace el pozo, con la distribución que ha mencionado el señor Senador, puesto que así está establecido en la Ley. Esto es una cosa distinta.

Ahora bien, se nos puede decir que si se aplica el IVA puede disminuir el volumen de juego. Desde mi punto de vista, me parece sano que al encarecerse la apuesta la gente juegue menos ya que el juego de azar no es saludable como criterio general y el Legislador no debe alentarlo. Entonces, no debemos introducir una disposición pensando que en función de que va a disminuir el juego, el volumen de dinero que capta la Banca a través del 13% de rentabilidad aumente por el hecho de bajar el 18% restante ya que van a aumentar las otras variables. Si cobramos menos impuestos, la distribución va a ser distinta.

En consecuencia, me parece que no es conveniente votar esta disposición que, en alguna medida, tiende a prevenir que pueda disminuir el juego, lo que sería saludable.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Ya he concluido, señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: nos parece bien poner un impuesto como el que se establece en estas tres disposiciones. En el artículo 14 se le da una facultad al Poder Ejecutivo para optimizar la recaudación -más allá de las objeciones jurídicas que también comparto- pero me parece que el señor Ministro no va a usarla porque desea recaudar. Va a poner lo máximo y, si no lo logra la mayor recaudación posible, irá adecuando la situación.

Ahora bien, este artículo 14 puede tener algún efecto secundario no buscado por el señor Ministro ni por el Parlamento. Supongo que se va a intentar recaudar al máximo antes de que el señor Ministro haga uso de la facultad que se le confiere por esta disposición. Sin embargo, a efectos de evitar los efectos secundarios que han sido mencionados en Sala, se le podría trasmitir al señor Ministro la inquietud planteada por el señor Senador Sarthou a los efectos de que se busque alguna alternativa distinta. Quizá en ocasión de la Rendición de Cuentas o del Presupuesto, se pueda lograr un texto o una solución mejor.

De cualquier manera, vamos a votar este artículo porque creemos que esta facultad tiene que existir; sería ilógico generar un impuesto que después no se termine recaudando en la forma óptima que se desea. De todos modos, tenemos unos meses para dialogar con el señor Ministro y encontrar una mejor solución que, estoy seguro, él mismo lo va a proponer.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Antes que nada, quiero declarar que estamos planteando estas inquietudes con mucha sinceridad, porque nos acabamos de enterar en el día de hoy de algunas situaciones, aunque debo reconocer que el señor Senador Sarthou, al menos en parte, ya venía solicitando anteriormente informaciones sobre este artículo. Pero quiero resaltar el hecho de que no esperamos a la noche del Pleno para hacer este planteo ya que, como dije, no estábamos enterados de la situación.

Nos preocupa especialmente lo que ya expuso el señor Senador Sarthou y deseamos que en la historia de la sanción del proyecto, al menos, quede el reconocimiento de esa circunstancia. Nos referimos al hecho de que el impuesto cuya recaudación se faculta al Poder Ejecutivo alimenta un rubro de proventos del que dependen las retribuciones de muchos funcionarios. No quiero repetir lo que ya señaló el señor Senador Sarthou, pero quiero recordar que se refiere a la Dirección de Loterías y Quinielas, a la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Tesorería General de la Nación, a la Contaduría General de la Nación, al Ministerio de Educación y Cultura y, en particular, a la Biblioteca Nacional.

Al tiempo de esperar que se comprenda que esto puede generar una inquietud -sabemos que es una facultad pero, en todo caso, genera una lógica preocupación- solicitaría al Miembro Informante si nos puede dar una respuesta tranquilizadora en este sentido, a los efectos de tomar una decisión.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - No estoy en condiciones de dar una contestación al requerimiento del señor Senador Astori en los términos en que fue planteado, porque sobre este tema también me estoy informando en este momento. Por lo tanto, no tengo otros antecedentes que los que se han dado aquí.

Me parece adecuado dejar plasmada esta inquietud en la historia fidedigna del tratamiento de este proyecto de ley, y no podemos asumir otro compromiso que el de tal vez invitar al señor Ministro a la Comisión de Hacienda para conversar sobre este tema, luego de alguna consulta informal y de haberla manejado conjuntamente con los señores Legisladores.

Reitero que en este momento no estoy en condiciones de adelantar ninguna otra información sobre los requerimientos que ha efectuado el señor Senador Astori.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Más que fundar el voto, quiero aclarar que habíamos votado afirmativamente este artículo en la Comisión, tal como dimos cuenta en nuestro informe en minoría. Me siento en la obligación de aclarar de que no hemos votado esta disposición por las dudas que se han creado que, a nuestro juicio, son legítimas, sólidas y razonables. Por un lado, entiendo que la premura en la aprobación del proyecto -y en particular entiendo al miembro informante- imposibilita asumir compromisos. Al respecto, simplemente solicito que también se comprenda la variación de nuestra posición respecto a la Comisión, por los nuevos elementos de juicio que obran en nuestro poder.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 15.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 15. - Sustitúyese el literal D) del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘D) Quienes se encuentren comprendidos en el literal E) del artículo 26 del Título 4. En ocasión de la importación, abonarán el tributo como no contribuyentes’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

Se va a rectificar la votación en virtud de que parecería que hubo un error en el conteo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 16. - Sustitúyese el inciso final del artículo 79 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción así como a exigir a los contribuyentes en ocasión de la importación de bienes gravados, pagos a cuenta del impuesto correspondiente a los hechos generadores definidos en los literales A) y B) del artículo 2º de este Título, sin la limitación, en todos los casos, establecida en el artículo 49 del Título 1 del Texto Ordenado 1991’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Quiero señalar que los fundamentos de nuestro voto negativo son análogos a los ya expuestos en el caso del artículo 6º.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 17.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 17. - Exclúyese el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias de las exoneraciones tributarias que gozan las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982».)

-Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Los fundamentos de nuestro voto negativo aluden a las mismas razones que hemos tenido en cuenta en oportunidad de tratarse los demás artículos que refieren a la actuación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 18.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 18. - Sustitúyese el artículo 1º del Título 15 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘ARTICULO 1º. - Hecho generador y sujeto pasivo. - Créase un impuesto que gravará las disponibilidades rentables, la tenencia de activos realizables, los créditos exigibles y eventuales y las inversiones ajenas al giro del Banco de la República Oriental del Uruguay, del Banco Hipotecario del Uruguay, de los Bancos privados, de las Casas Financieras y de las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, quienes serán los contribuyentes del impuesto’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Nuestras razones para votar negativamente son análogas a las esgrimidas en el artículo precedente.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 19.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 19. - Sustitúyese el apartado segundo del numeral 2) del artículo 7º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, por el siguiente:

‘No estarán comprendidas en las disposiciones de este numeral las asociaciones y las cooperativas de cualquier naturaleza, con excepción de las de ahorro y crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982. El impuesto será de cargo de las empresas sujetos pasivos del mismo, no pudiendo ser trasladado a los usuarios’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Nuestro voto ha sido negativo por las mismas razones expuestas en los artículos precedentes.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 20.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 20. - Sustitúyese el artículo 2º del Título 15 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘ARTICULO 2º. - Tasas. - Las tasas del impuesto serán:

A) De hasta el 0,01% (cero con cero uno por ciento) para los créditos correspondientes a operaciones de prefinanciación de exportaciones.

B) De hasta el 0,75% (cero con sesenta y cinco por ciento) para los préstamos no incluidos en el literal anterior, otorgados a plazos no menores de tres años.

C) De hasta el 1,75% (uno con setenta y cinco por ciento) para el resto de los activos gravados.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer las tasas del impuesto dentro de los límites referidos, pudiendo fijar tasas diferenciales para los distintos activos gravados’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 21.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 21. - Sustitúyese el artículo 21 del Título 14 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

‘ARTICULO 21. - Oficina recaudadora y contralores. - El impuesto se liquidará por declaración jurada y será recaudado por la Dirección General Impositiva en el tiempo y forma que reglamente el Poder Ejecutivo, quien queda facultado para establecer normas sobre retenciones y pagos a cuenta, sin la limitación, en el caso de las retenciones, de lo establecido en el artículo 49 del Título 1 del Texto Ordenado 1991’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 22.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 22. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 15 de junio de 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 25. - Créase un impuesto que gravará las retribuciones y prestaciones nominales en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados en actividad pública o privada, exista o no relación de dependencia, y a los subsidios otorgados por ley a quienes hubieran ocupado cargos políticos o de particular confianza’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 31. Afirmativa.

En discusión el artículo 23.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

«ARTICULO 23. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 325 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley Nº 15.294, de 15 de junio de 1982, para las personas comprendidas en el inciso primero del artículo 25 de dicho Decreto-Ley, en la redacción dada por el artículo anterior, serán las siguientes:

A) 1% (uno por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

B) 3% (tres por ciento) cuando el monto imponible supere los tres Salarios Mínimos Nacionales y hasta el equivalente de seis de dichos salarios mensuales.

C) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales mensuales.»)

-Hay una fórmula sustitutiva.

Léase.

(Se lee:)

«Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 325 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, las tasas de impuesto creadas por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley Nº 15.294, de 15 de junio de 1982, para las personas comprendidas en el inciso primero del artículo 25 de dicho Decreto-Ley, en su redacción dada por el artículo anterior, serán las siguientes:

A) 1% (uno por ciento) hasta un monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

B) 2% (dos por ciento) cuando el monto imponible supere los tres Salarios Mínimos Nacionales y hasta el equivalente a siete de dichos salarios mensuales.

C) 3% (tres por ciento) cuando el monto imponible supere los siete Salarios Mínimos Nacionales y hasta el equivalente a diez de dichos salarios.

D) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a diez Salarios Mínimos Nacionales mensuales. (Firma:) Senador Carlos Julio Pereyra».

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - En la discusión general de este proyecto, dejamos constancia que en oportunidad de discutirse el ajuste fiscal de marzo de 1990, hicimos conocer nuestra opinión contraria a este impuesto; aunque finalmente logramos atenuar sus efectos y para no desfinanciar el proyecto, terminamos votándolo pues, como hemos visto, vamos a continuar con el mismo temperamento. En este caso, también se procede a una rebaja en las tasas que afectan los salarios bajos y a una elevación de los sueldos altos. De manera que, aunque no compartamos la filosofía del impuesto, no queremos que la Ley resulte desfinanciada.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea indicar lo siguiente.

Creo que el texto tendría una omisión, en cuanto en el inciso A) se establece que sería un 1% hasta un monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos Nacionales, y en el B) 2% cuando el monto imponible supere los cinco Salarios Mínimos Nacionales. ¿Qué ocurre entre tres y cinco Salarios Mínimos Nacionales?

Estimo que la fórmula planteada en el artículo sustitutivo, es obviamente incompatible con el texto venido de Comisión. Por consiguiente, de ser aprobado este último, no se pondría a votación el texto sustitutivo presentado por el señor Senador Pereyra.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 23 con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-20 en 31. Afirmativa.

Por lo tanto, la Presidencia entiende que no cabe proceder a la votación del artículo sustitutivo propuesto.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Como es obvio, no hemos votado este artículo porque en él radica una de nuestras principales discrepancias con el Proyecto. En la Cámara de Representantes habíamos presentado una alternativa de franjas diferentes para su cobro -tal como lo señala el informe en minoría- tomándolo como una primera dirección hacia un verdadero impuesto a la renta de las personas físicas. Evidentemente, en la medida en que las mayoría están apoyando el proyecto imposibilitan la aprobación de una alternativa, nos limitamos a dejar la constancia del caso.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión el artículo 24.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

«ARTICULO 24. - Las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley Nº 25.294, de 15 de junio de 1982, serán, para las personas que perciben jubilaciones y pensiones servidas por instituciones estatales y no estatales de la seguridad social, las siguientes:

A) 1% (uno por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos mensuales.

B) 2% (dos por ciento) cuando el monto imponible supere los tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales y hasta el equivalente a siete de dichos salarios mensuales.

C) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a siete Salarios Mínimos Nacionales mensuales.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Hemos votado negativamente este artículo por razones análogas a las esgrimidas cuando se aprobó la disposición precedente.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión el artículo 25.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

«ARTICULO 25. - Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir hasta en seis puntos porcentuales las tasas de aportes patronales a la seguridad social de la industria manufacturera.

El Poder Ejecutivo aumentará el porcentaje afectado por el inciso final del artículo 14 del Título 10 del Texto Ordenado 1991 a favor del Banco de Previsión Social a efectos que los ingresos de este último no resulten afectados por la aplicación de esta disposición».)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Adelanto que por las razones que ya expusimos en la discusión general, vamos a votar negativamente esta disposición que faculta al Poder Ejecutivo a reducir hasta en seis puntos porcentuales las tasas de aportes patronales a la seguridad social, de la industria manufacturera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 25.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - El señor Senador Gargano ya ha anunciado nuestro voto negativo a esta norma que, por otra parte, ha fundamentado en su exposición. En representación de nuestro sector, Asamblea Uruguay, quiero señalar que nuestro voto negativo no responde al contenido del artículo sino a una decisión predominante en la decisión del Frente Amplio que va en ese sentido y que acatamos con disciplina, pero que no compartimos. Creemos que en este artículo, aunque no como solución ideal, está contenido uno de los principales estímulos de este proyecto para la producción nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se ha solicitado que se rectifique la votación del artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

En discusión el artículo 26.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

«ARTICULO 26. - Fíjase el monto de la Asignación Familiar en un 16% (dieciséis por ciento) del Salario Mínimo Nacional por cada beneficiario, siempre que el atributario perciba ingresos que no superen el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

El monto de la Asignación Familiar será el 8% (ocho por ciento) del Salario Mínimo Nacional por cada beneficiario para el caso que el atributario perciba ingresos superiores a seis y hasta diez Salarios Mínimos Nacionales mensuales».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - No hemos fundado los votos afirmativos que hasta ahora hemos dado, aunque en este caso sí lo quiero hacer. Digo esto porque pese a que acompañamos una medida cuya orientación general compartimos, mantenemos discrepancias respecto a los elementos cuantitativos que fijan sus límites, que establecen sus niveles. A nuestro juicio, esta medida debería tener mayor progresividad, no obstante el hecho de haberla acompañado con nuestro voto, de acuerdo con los detalles que exponemos en el informe en minoría que presentamos al Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 27.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 27. - Quienes perciban ingresos superiores a diez Salarios Mínimos Nacionales mensuales no generarán derecho al cobro de beneficios por Asignaciones Familiares.

Cuando de un atributario dependan tres o más personas en calidad de beneficiarios el tope establecido en el inciso precedente se incrementará a razón de un Salario Mínimo Nacional por cada uno de ellos que exceda el mínimo de dos beneficiarios».)

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Dejo constancia de que en una ley posterior deberá quedar aclarado el planteo que realizara en Comisión el señor Senador Astori; es decir que la supresión refiere exclusivamente a la parte monetaria y no a los otros beneficios que recibe el beneficiario de la Asignación Familiar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 27.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - En este caso nuestro voto ha sido negativo porque entendemos que los niveles que se toman como límite para disponer lo que el artículo establece son muy bajos. Estamos hablando de un ingreso de U$S 800 en adelante, lo que hace que aquí estén comprendidas muchas situaciones en las que no resulta justo quitar, ni siquiera, el beneficio pecuniario de la Asignación Familiar.

Asimismo, reiteramos la constancia a la que aludía el señor Senador Mallo, aceptada en la Comisión de Hacienda del Senado, sólo que ahora quisiéramos que figurara en la versión taquigráfica. Las prestaciones en especie brindadas por el Banco de Previsión Social, tanto en materia de asistencia a la salud como de ayuda a la niñez discapacitada, habrán de mantenerse en todos los casos.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Deseo fundar el voto en el mismo sentido del señor Senador Astori. El término «beneficio» se refiere solamente a la alícuota, al porcentaje, y no comprende ningún otro beneficio en dinero ni en especie. Esto nos parece importante en la medida en que el sistema de Asignaciones Familiares tiene un espectro muy amplio de beneficios. Por lo tanto, si este término se extendiera más allá del porcentaje, afectaría derechos que no se han querido desconocer.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Deseo fundar el voto en el mismo sentido en que ya se ha hecho, recordando que el propio Ministro Mosca hizo referencia a la expresión «al cobro de beneficios» que está incluida en el artículo y que refiere, claramente, a retribuciones pecuniarias y no a los pagos en especie.

SEÑOR PRESIDENTE. - Los fundamentos de voto parecen dejar bien en claro la intención fidedigna de la norma legal.

En consideración el artículo 28.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 28. - Para determinar el nivel de ingresos de los atributarios a que refieren los artículos anteriores se computarán los ingresos salariales de ambos cónyuges o del concubino que resida en el mismo domicilio del atributario».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - En este caso, nuestro voto negativo se funda en las discrepancias que tenemos con el aspecto que consideramos negativo de la modificación del régimen de Asignaciones Familiares.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 29.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 29. - Encomiéndase al Poder Ejecutivo a adoptar las acciones adecuadas que permitan reducir, en el menor plazo posible, las erogaciones estatales.

Se tendrá en cuenta, muy especialmente, el Presupuesto Nacional previsto para el próximo quinquenio.

Encomiéndasele, asimismo, que cuando la situación presupuestal lo permita proponga prioritariamente al Poder Legislativo la disminución de las tasas del Impuesto a las Retribuciones Personales.

Antes del 31 de marzo de 1996 el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General acerca de los resultados obtenidos en tales sentidos».)

-Si no se hace uso se la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - En oportunidad de plantear soluciones tributarias alternativas, mencioné los depósitos bancarios. En virtud de ello, entiendo que no debe establecerse esta mecánica impositiva del ajuste, sino la búsqueda de soluciones alternativas y, entre ellas, mencioné el gravamen de los referidos depósitos bancarios. No lo hice con ligereza, sino con la conciencia de que existe una política planteada, incluso de tratados de doble imposición, que es muy importante para los países subdesarrollados y que hasta patrocinan los Estados Unidos y que tiene como fin impedir la fuga de capitales de los países. Ello obedece, inclusive, a una tradición de ese país, porque ya en la primera reunión de Bretton Woods, en 1945, el representante de los Estados Unidos, Dexter White planteó que en el Estatuto del Fondo Monetario Internacional se estableciera que no podría ser miembro aquel país que admitiera depósitos provenientes de otro sin la autorización del mismo.

Hice esta propuesta pensando en la posibilidad de desarrollar una política de acuerdos internacionales que nos permitan tener soberanía y no quedar sometidos a la posibilidad de esa fuga de capitales.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: no hemos votado este artículo por dos razones. La primera, alude a su contenido esencial, programático, por no decir retórico. La segunda y tal como lo expusimos en la Cámara de Representantes, refiere al hecho de que hubiéramos preferido establecer un plazo de vigencia a esas medidas, a fin de que el país tuviera, fijadas de antemano, nuevas instancias de discusión acerca de su prolongación o no en el tiempo.

En este caso eso no se incluyó en el proyecto de ley; más bien tenemos aquí un artículo 29 que es mucho más declarativo que dispositivo. Es también por esta razón que no lo acompañamos con nuestro voto afirmativo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 30.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Quiero expresar que en la Comisión hubo acuerdo respecto de los artículos siguientes y se votó por unanimidad los artículos 30 a 35 inclusive, que refieren a los funcionarios públicos.

Si hay acuerdo, sugeriría proceder de la misma forma, votando en bloque los artículos 30 a 35, inclusive.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el Cuerpo no tiene inconveniente, se procederá de esa manera, en la medida en que se trate de artículos votados por unanimidad en la Comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la consideración en bloque de los artículos 30 a 35, inclusive.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35.

(Los textos de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

«ARTICULO 30. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente:

‘ARTICULO 1º. - La designación de personal presupuestado o contratado del Poder Ejecutivo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en los Escalafones «A» (Técnico - Profesional), «B» (Técnico), «C» (Administrativo), «D» (Especializado), «E» (Oficios), «F» (Servicios Auxiliares), y «R» (Personal no incluido en los escalafones anteriores), o similares, deberá realizarse cualquiera fuere el origen de los fondos empleados para ello, previo pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y recaer en personas que ya sean funcionarios públicos, con las excepciones prescriptas a continuación’.

ARTICULO 31. - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente:

‘ARTICULO 2º. - Las designaciones sólo podrán recaer en funcionarios de los organismos y escalafones mencionados en el inciso primero del artículo 1º así como los nombrados al amparo de las excepciones establecidas en el artículo 4º de la presente Ley’.

ARTICULO 32. - Por el plazo de tres años, a contar de la aprobación de la presente Ley, queda suspendida la facultad conferida por el inciso segundo del literal B) del artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Por el mismo período las contrataciones amparadas por el artículo 4º de la referida norma sólo podrán realizarse previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y en carácter de eventuales o zafrales por el plazo máximo que autorice la misma.

ARTICULO 33. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 16 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente:

‘ARTICULO 16. - Las necesidades de personal de la Administración Pública serán cubiertas con funcionarios declarados excedentes del Poder Ejecutivo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, sean presupuestados o contratados con carácter permanente de los escalafones civiles. No podrán ser declarados excedentes los funcionarios de los escalafones Docente y del Servicio Exterior, como tampoco quienes revisten en cargos políticos y de particular confianza’.

ARTICULO 34. - Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente:

‘ARTICULO 18. - A efectos de posibilitar la racionalización administrativa confiérese a todos los organismos referidos en el artículo 1º las facultades previstas en el artículo 15 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. Los organismos podrán ejercerlas hasta el 31 de diciembre de 1998’.

ARTICULO 35. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer un régimen en materia de vehículos de transporte en los siguientes términos:

A) Se podrá restringir la utilización de los mismos a las jerarquías equivalentes a Director General de Secretaría de Estado y los atinentes a funciones especiales e indelegables del Estado, según establezca la reglamentación.

B) Los restantes vehículos serán enajenados en la forma que determine la reglamentación.

C) Podrá darse prioridad y facilidades de pago con un descuento de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del valor del vehículo a los funcionarios que opten por uno de los sistemas que se establecen a continuación.

D) Los conductores que renuncien a la función pública serán considerados prioritariamente para la contratación de transporte según las necesidades del organismo.

E) Cuando la función requiere de traslados a cargo del organismo, tales como inspecciones, reparaciones y similares, podrá acordarse el reintegro del costo de combustible más un porcentaje que determinará el Poder Ejecutivo para mantenimiento, cuando el funcionario previamente autorizado se traslada en el suyo.

F) En todos los casos el Ministerio de Economía y Finanzas determinará el cupo mensual utilizable para reintegros referidos en el literal anterior o contratación de transporte».)

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: los artículos referentes a los funcionarios públicos no contienen la norma más importante. Esto lo dije durante mi exposición, en la discusión general. Dicha norma diría que los ingresos, aun los excepcionales, deben ser por concurso o por sorteo. Este argumento siempre se elude, cosas que aquí también se ha hecho, porque el tema no fue planteado.

Asimismo, debo manifestar que falta también una norma mucho más tajante que la existente, en cuanto al compromiso de no hacer nombramientos.

En lo que tiene que ver con el artículo 35, pienso que se trata de una norma argumental, que faculta al Poder Ejecutivo a disponer de un régimen aparentemente restrictivo en materia de vehículos. Esto se puede realizar con prescindencia de esta disposición, aunque cabe destacar que la misma no está de más, ya que ha sido utilizada con fines de difusión de una facultad, como si el Poder Ejecutivo no la tuviera. Reitero que dicho Poder cuenta con ella y no hay razón para pensar que si no se establece que se limitará ese uso, ello no sucederá.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Compartiendo muchas de las preocupaciones y de las dudas que señalaba el señor Senador Korzeniak, deseo añadir mi inquietud acerca del artículo 33, por cuanto en él se expresa que no podrán ser declarados excedentes los funcionarios de los escalafones docentes y del Servicio Exterior. A este respecto, pensamos que allí se tendría que reflejar también una preocupación especial por el personal que trabaja en los servicios de salud, de la misma manera que se hace lo propio para los escalafones docentes.

Debido a que este conjunto de artículos estuvo enmarcado en una discusión, y nosotros no quisimos alargar ni intervenir en la misma, vinculado a lo que se dio en llamar en cierto sentido el clientelismo político, quisiéramos compartir con el Cuerpo una información a los efectos de que quede en la versión taquigráfica. Me refiero a que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el 15 de febrero de 1990 contaba con 1.700 funcionarios, mientras que al final del Ejercicio tenía 1.348.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Simplemente quiero decir que hemos votado favorablemente los artículos 30 a 35, inclusive, porque compartimos totalmente su contenido y porque percibimos que dan una señal importante hacia el futuro que el Uruguay debería profundizar.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Muy brevemente, señor Presidente, deseo expresar que hemos votado estos artículos porque van en una buena dirección. No obstante, señalo que nos hubiera gustado que la Cámara de Representantes aprobara tres artículos más que salieron de su Comisión de Hacienda, que recogían algunas ideas de un proyecto de ley presentado por el Nuevo Espacio en el Senado que, a nuestro entender, también iban en la buena dirección de no tomar empleados públicos y que cuando se los integre, sea con absoluta transparencia y que el ciudadano sepa de qué se trata.

De cualquier manera, vamos a seguir insistiendo en esa iniciativa en la Comisión correspondiente, en forma, diría, tozuda, porque estamos absolutamente convencidos de que uno de los principales gastos del Estado radica en la cantidad de funcionarios públicos que tiene la Administración.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 36.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 36. - Sustitúyese el párrafo final del artículo 319 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el articulo 197 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

‘El Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, determinará anualmente el porcentaje de libre disponibilidad que le corresponderá a la Dirección de Industria Animal para el pago de horas extras, compensaciones por trabajos extraordinarios, locomoción, alimentación e inversiones’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: nuestro voto negativo se fundamenta en el hecho de que si bien son atendibles las razones que llevan a que haya propuesta fundada del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el caso previsto por el artículo, entendemos que la totalidad de los recursos generados por esta vía, debería estar disponible para la retribución de estos servicios, asegurando, diría, de una vez por todas la perversa vinculación que existe hoy entre su origen y quienes se supone están siendo controlados por los servicios aludidos.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 37.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 37. - La presente ley regirá a partir de su promulgación. Exceptúanse de esta disposición los artículos 2º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 y 28, los que tendrán vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la referida promulgación».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Hemos votado negativamente este artículo por razones que tienen que ver con el proyecto de ley en su conjunto y, además, con nuestra postura general referente al mismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al considerado)

7) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 1 y 10 minutos del día 21 de abril, presidiendo el doctor Batalla y estando presentes los señores Senadores Andújar, Arismendi, Artola, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Heber, Hierro López, Korzeniak, Mallo, Michelini, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Dn. Mario Farachio Secretario - Dn. Guillermo Facello Prosecretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.