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Nº 3 - TOMO 366 - 2 DE MARZO DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

2ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR SEÑOR MARIO FARACHIO Y EL PROSECRETARIO SEÑOR DARDO ORTIZ ALONSO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Señor Presidente del Senado, doctor Hugo Batalla

- Manifestaciones relativas a su nueva investidura

4 y 7) Asuntos entrados

5 y 8) Proyectos presentados

- Normas de organización y actividad de los partidos políticos.
- Se intervienen empresas comerciales o industriales infractoras de las obligaciones pecuniarias con el Estado.
- Modo de ajuste del salario mínimo nacional.
- Política aeronáutica nacional y creación de Comisión asesora en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Modificación del importe de las cuotas de amortización e intereses que cobra el Banco Hipotecario del Uruguay y establecimiento de un fondo de subsidio.
- Las empresas públicas y los directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados se integran con un representante de los funcionarios, normas para su elección, condiciones para la contratación de personal, coordinación entre dichos organismos y los correspondientes estados financieros.
- La tortura, el homicidio político y el ocultamiento de paradero y desaparición forzada serán considerados crímenes contra la humanidad.
- Prohibición de introducción al país de desechos químicos, biológicos o radiactivos.
- Se declara de interés público el riego, el drenaje y la regulación de las aguas.
- Se transforma a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas en una persona jurídica de Derecho Público no estatal, que se denominará Empresa Nacional de Energía.
- Se transforma el Banco de Seguros del Estado en una persona jurídica de Derecho Público no estatal, que se denominará Banco Nacional de Seguros.
- El Poder Legislativo no podrá introducir modificaciones a los proyectos de ley de Presupuesto Nacional, de Rendición de Cuentas y de Balance de Ejecución Presupuestal así como cualquier otro que signifique gastos para el Tesoro Nacional cuando impliquen crear o aumentar el déficit del Estado.
- El Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados podrán otorgar concesiones para la ejecución de servicios públicos a su cargo.
- Se reconocen como personas jurídicas a las fundaciones sin propósito de lucro.
- Se sustituye el texto del literal A, del artículo 66 del Reglamento del Senado (Proyecto de resolución).
- Se suprime el monopolio en beneficio de ANCAP de alcoholes y bebidas alcohólicas.
- Los presentan varios señores Senadores.

6) Integración del Cuerpo

- Los señores Senadores Juan Antonio Chiruchi, Raúl Iturria y Alvaro Ramos Trigo comunican que han sido designados Ministros por lo que solicitan se convoque a los suplentes respectivos.
- Los señores Senadores Jorge Gandini y Nicolás Storace, suplentes convocados, prestan el juramento de estilo y se les declara investidos de la calidad de Senadores.

9) Operación de Paz de las Naciones Unidas en Angola. Autorización para salir del país a un contingente militar. Proyecto de Ley

- Se resuelve, por moción del señor Senador Santoro, declararlo urgente y considerarlo de inmediato.
- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores Senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 22 de febrero de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo jueves 2 de marzo, a la hora 16, a fin de considerar asuntos relacionados con la integración del Cuerpo.

LOS SECRETARIOS».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Belvisi, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, de Posadas Montero, Ricaldoni, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTA: con aviso el señor Senador Pozzolo.

3) SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO, DOCTOR HUGO BATALLA

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 5 minutos)

-Con el permiso del Senado, el Presidente quisiera decir unas breves palabras.

En lo personal, significa un inmenso honor y una gran responsabilidad el cargo con el que he sido investido. Desde ya adelanto que trataré de ser digno de esa confianza.

Seguramente, en el curso de los años quien habla cometerá errores, pero les aseguro que siempre serán producto de sus limitaciones y no de ningún pequeño deseo de perjudicar o favorecer a alguien. Asimismo, aspiro a mantener un diálogo fluido con los señores Senadores que representan a los distintos sectores políticos, porque ello es imprescindible en todo Cuerpo plural y democrático.

Por otra parte, la Presidencia estima prioritario realizar reuniones de coordinación periódicas entre los distintos sectores, a los efectos de darle al trabajo parlamentario la debida fluidez y eficacia. En consecuencia, si no hubiera inconveniente por parte de alguno de los señores Senadores, la Mesa convoca a todos los Coordinadores a fin de reunirnos el próximo lunes a las 16 horas, a fin de intercambiar opiniones para fijar el régimen de trabajo y la forma de encarar nuestra labor parlamentaria.

Por último, estimo que es absolutamente imprescindible que los señores Senadores sepan que las puertas de la Presidencia del Senado siempre estarán abiertas, que estamos dispuestos a dialogar, responder todas las consultas y atender todos aquellos asuntos en los que pueda ser útil nuestra opinión o decisión.

Reitero que me siento profundamente honrado con el cargo con el que he sido investido y aspiro a que al final de estos cinco años nos podamos seguir mirando con el mismo respeto y afecto con que lo hacemos actualmente.

Muchas gracias.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 2 de marzo de 1995.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo, reiterando el enviado a la Asamblea General con fecha 28 de diciembre de 1994, por el que se aprueba el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de un contingente militar a los efectos de prestar apoyo a la Operación de Paz que la Organización de las Naciones Unidas desarrolla en Angola.

-Repártase.

La Presidencia de la Asamblea General remite Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por el que se autoriza al Comando General del Ejército a efectuar la transformación de 5 cargos de sub-oficial mayor y 10 cargos de sargento 1º en 20 cargos de sargento;

por el que se autoriza al Comando General del Ejército a efectuar la transformación de 5 cargos de soldado de 1ra. en un cargo de sargento, un cargo de cabo de 1ra. y dos cargos de cabo de 2da.

-Téngase presente.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

Del Banco Central del Uruguay; relacionado con el Estado de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 1990;

Del Banco Central del Uruguay; relacionado con el Estado de Situación en moneda nacional y en moneda extranjera y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 1990;

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; relacionado con el Estado de Ejecución Presupuestal al 30 de junio de 1994;

De la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios; relacionado con el Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Estado de Ejecución Presupuestal correspondientes al Ejercicio 1993;

Del Banco Hipotecario del Uruguay; relacionado con el Estado de Situación Patrimonial y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 1993;

De la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; relacionado con el Estado de Situación y el Estado de Rendimiento Económico al 31 de diciembre de 1993;

-Téngase presente.

La Presidencia de la Asamblea General remite un Mensaje de la Suprema Corte de Justicia comunicando los datos estadísticos correspondientes al departamento de Montevideo y los del Interior de la República relacionado con desalojos, acciones de rebaja de alquiler y lanzamientos durante el cuarto trimestre del año 1994.

-Téngase presente y repártase.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes solicitando venia para destituir de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura; un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

Los señores Senadores Walter Belvisi, Luis Brezzo, Hugo Fernández Faingold, Luis B. Pozzolo, Luis Hierro López, Américo Ricaldoni y Orlando Virgili presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que establecen normas de organización y actividad de los partidos políticos.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Las señoras Senadoras Marina Arismendi y Susana Dalmás y los señores Senadores Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico Segovia y José Korzeniak presentan, con exposición de motivos, los siguientes proyectos de ley:

por el que se intervienen las empresas comerciales o industriales infractoras de las obligaciones pecuniarias con el Estado;

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se establece el modo de ajuste del salario mínimo nacional;

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

por el que se establece que corresponde al Poder Ejecutivo la definición de la política aeronáutica nacional y se crea en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas una comisión asesora a tales fines.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se modifican el importe de las cuotas de amortización e intereses que cobra el Banco Hipotecario del Uruguay y se establece un fondo de subsidio financiado con el producido del impuesto a los activos bancarios;

-A la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial integrada con 2 miembros de la Comisión de Hacienda.

por el que se disponen prioridades para la eficiencia de las Empresas Públicas, se integran los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados con un representante de los respectivos funcionarios, se fijan normas para su elección, se establecen condiciones para la contratación de personal, para la coordinación entre dichos organismos y sobre los correspondientes estados financieros;

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se establece que la tortura, homicidio político y ocultamiento de paradero y desaparición forzada serán considerados crímenes contra la humanidad y se regirán por lo dispuesto en esta ley;

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se prohíbe la introducción al país de desechos químicos, biológicos o radiactivos;

-A la Comisión de Medio Ambiente.

por el que se declara de interés público el riego, el drenaje y la regulación de las aguas;

-A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El señor Senador Jorge Batlle, comunica que se declara constituido en Sector Parlamentario con la denominación «Batllismo Lista 15».

La señora Senadora Marina Arismendi comunica que se declara constituida en Sector Parlamentario con la denominación «Democracia Avanzada».

El señor Senador Helios Sarthou comunica que se declara constituido en Sector Parlamentario con la denominación «Movimiento de Participación Popular».

La señora Senadora Susana Dalmás y los señores Senadores Alberto Cid, Albérico Segovia y Danilo Astori comunican que se declaran constituidos en Sector Parlamentario con la denominación «Asamblea Uruguay».

El señor Senador Carlos Julio Pereyra comunica que se declara constituido en Sector Parlamentario con la denominación «Movimiento Nacional de Rocha».

Los señores Senadores Ignacio Posadas, Luis Alberto Heber, Carlos Garat y Juan Chiruchi comunican que se declaran constituidos en Sector Parlamentario con la denominación «Herrerismo».

-De conformidad con lo establecido en el artículo 145 del Reglamento del Senado téngase presente».

5) PROYECTOS PRESENTADOS

«EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 13 de octubre de 1993 la Cámara de Representantes, al cabo de una laboriosa elaboración, votó un Proyecto de Ley de Partidos Políticos, clara necesidad del sistema y perentorio reclamo popular.

Ese proyecto mereció en el Senado algunas observaciones y termina de vencer la legislatura sin que fuera concretado en ley.

La importancia del asunto, y su cada vez más acentuada necesidad para la salud y mayor fortaleza del sistema institucional uruguayo, lleva a los suscritos Senadores a su replanteo, en el afán de recrear su estado parlamentario, con una aclaración que aunque obvia nos permitimos subrayar: la de quedar abiertos a una nueva discusión, que haga posible, en el menor tiempo posible, un mayor concenso respecto al mismo y al enriquecimiento de que pueda ser objeto.

Montevideo, 15 de febrero de 1995.

Luis Bernardo Pozzolo, Américo Ricaldoni, Hugo Fernández Faingold, Luis Hierro López, Walter Belvisi, Orlando Virgili, Luis Brezzo. Senadores.

PROYECTO DE LEY DE PARTIDOS POLITICOS

SECCION I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. - Los partidos políticos son la expresión del derecho de asociación de los ciudadanos para el cumplimiento de fines políticos y de gobierno dentro de la forma democrática republicana organizada por la Constitución de la República.

A ellos corresponde el derecho de vigilar los registros cívicos y de controlar los actos de elección, plebiscito y referéndum. Tiene, asimismo, el derecho exclusivo de proclamar candidatos para todos los cargos públicos cuya integración sea encomendada al Cuerpo Electoral, de acuerdo a la Constitución y a la ley.

Art. 2º. - La organización y la actividad de los partidos políticos serán reguladas por la Constitución de la República, las leyes, su reglamentación, las normas que dicte la Corte Electoral dentro del ámbito de sus competencias, sus Cartas Orgánicas y sus Programas de Principios.

Art. 3º. - Los partidos políticos deben tener una organización democrática representativa; no serán nunca patrimonio de persona, familia o grupo y la forma de elegir sus autoridades nacionales y departamentales será por medio del voto secreto y conforme a las normas constitucionales y legales y de sus Cartas Orgánicas, en tanto éstas no entren en colisión con aquéllas.

Art. 4º. - Toda actividad política deberá tener como finalidades el bien común y la reafirmación del sentimiento de nacionalidad, de la moral pública, del sistema democrático y de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. A tal fin las Cartas Orgánicas de los partidos políticos adoptarán disposiciones de disciplina partidaria que protejan su unidad de acción, su prestigio y los postulados de sus Programas de Principios, mediante procedimiento de responsabilidad para sus integrantes.

SECCION II

DE LA FUNDACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 5º. - Toda organización política que pretenda registrarse y obtener Lema deberá comparecer hasta ciento ochenta días antes de las elecciones nacionales inmediatas ante la Corte Electoral y cumplir los siguientes requisitos:

A) Presentar acta original o copia autenticada del acto de fundación con los nombres y apellidos de los concurrentes y la indicación de las series y números de sus inscripciones en el Registro Cívico Nacional.

En ese acto se precisará la denominación del partido que se pretende constituir, la que deberá individualizarlo con claridad, teniendo presente lo establecido en el artículo 10 de la presente ley. No podrán establecerse en la denominación de los partidos y sus fracciones expresiones propias del acervo común de todos los uruguayos.

B) Presentar el Programa de Principios que el partido se propone desarrollar y su Carta Orgánica, acompañados de las firmas de sus adherentes en número no inferior al 1,5% (uno con cinco por mil) del total de votos válidos de la anterior elección de autoridades nacionales. Se indicará necesariamente la serie y número de la inscripción cívica de los firmantes. Cuando de la verificación de las firmas resultare comprobado un número inferior al mínimo requerido se dará a los gestionantes, por una sola vez, un plazo ampliatorio de treinta días para completar la exigencia.

C) Indicar las autoridades provisorias que actuarán hasta que se elijan las definitivas, de acuerdo con lo que disponga al respecto la Carta Orgánica y, si las tuviera, los nombres de las autoridades departamentales.

D) Constituir domicilio indicando su sede central y el domicilio del partido en cada uno de los restantes departamentos, cuando lo hubiere.

E) Designar dos delegados provisionales, indicando sus domicilios a los efectos de las notificaciones y diligencias a que hubiere lugar.

Art. 6º. - Presentada la solicitud de registro de un partido político, si la Corte Electoral considerare que la misma se ajusta a lo dispuesto en la presente ley, dará noticia de dicha solicitud mediante aviso que se publicará durante tres días consecutivos en el Diario Oficial, a fin de que los interesados en oponerse puedan hacerlo dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación. Igual información, al mismo efecto, se dará por oficio a los partidos registrados y en dos diarios de circulación nacional.

Si mediaren observaciones o la solicitud de registro no se ajustare, a juicio de la Corte Electoral, a las previsiones legales, ésta dará vista a los interesados. Estos dispondrán de un plazo de treinta días para practicar las correcciones o complementaciones que les fueren exigidas.

Art. 7º. - Si la solicitud no mereciere observaciones o si las formuladas hubieren sido desestimadas o subsanadas la Corte Electoral reconocerá al partido cuyo registro se solicita, lo que notificará a los interesados.

Esta resolución y el nombre de quienes integren las autoridades provisorias se publicará en forma conjunta, durante tres días, en el Diario Oficial y se comunicará a las autoridades nacionales de los partidos ya registrados. Se dará también noticia a los medios de difusión pública de alcance nacional, con los procedimientos previstos en el artículo anterior.

Art. 8º. - El reconocimiento y registro conferirá al partido político la personería electoral y su reconocimiento como persona jurídica capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, de conformidad con lo que establece el Código Civil y las leyes que lo complementan y modifican.

Art. 9º. - Los partidos políticos que tengan Lema registrado al 31 de julio de 1993 quedan exentos de los requisitos indicados en esta Sección.

En todos los casos están obligados a comparecer ante la Corte Electoral para tramitar las modificaciones que introduzcan a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios, en lo que tenga que ver con la observancia de la presente ley así como registrar sus Programas de Gobierno.

Al aprobar sus Cartas Orgánicas, acorde con la presente ley, la Corte Electoral otorgará la personalidad jurídica a quienes no la tuvieran.

No se registrarán las hojas de votación que presenten aquellos Lemas que no dieran cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

SECCION III

DEL NOMBRE O LEMA DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 10. - La denominación de un partido político en todos los actos y procedimientos electorales constituye el Lema partidario y su uso está garantizado en exclusividad.

Todo grupo o sector que pretenda utilizar en el futuro la denominación de un partido o palabras o distintivos que lo individualicen deberá contar con la autorización del órgano que administra el Lema partidario.

Art. 11. - La Corte Electoral no reconocerá derecho al uso de un nombre que individualice a otro partido legalmente constituido con anterioridad. Tampoco podrá utilizar en su denominación vocables que por razones gramaticales, históricas o políticas induzcan a confusión con los que individualizan a un partido ya constituido.

Art. 12. - El uso indebido del Lema perteneciente a un partido político, de las siglas correspondientes o de sus símbolos o distintivos habituales en la propaganda verbal o escrita, escudos, carteles, sellos, membretes o toda otra forma de publicidad, será castigado con pena de uno a seis meses de prisión e inhabilitación de uno a dos años para ocupar cualquier cargo público.

Art. 13. - La denuncia contra la o las personas a quienes se impute la comisión del delito previsto en el artículo anterior podría ser presentada ante la Corte Electoral únicamente por la autoridad nacional del partido político que se considere perjudicado, con aportación de las pruebas.

La Corte Electoral remitirá a la Justicia Penal la denuncia presentada, acompañada de los antecedentes que puedan corresponder y de un informe que contendrá su opinión sobre los hechos denunciados.

Art. 14. - Cuando un partido decidiera cambiar de denominación deberá requerir aprobación de la Corte Electoral. Si ésta considerare que lo solicitado se ajusta a lo establecido en la presente ley dispondrá la publicación de edictos por tres días en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional y dará noticias por oficio del requerimiento a los demás partidos políticos registrados.

La Corte Electoral aprobará la modificación, sin más trámite, si transcurridos treinta días de la última publicación no mediaren observaciones. Si éstas se dedujeren sustanciará la cuestión dando traslado a los gestionantes por el término común de quince días.

SECCION IV

DE LA ADMINISTRACION DEL LEMA PARTIDARIO

Artículo 15. - La administración del uso del Lema corresponderá al órgano ejecutivo nacional del partido, electo en la forma que determina el régimen jurídico vigente y las disposiciones de su Carta Orgánica.

Art. 16. - La autoridad a que refiere el artículo anterior podrá autorizar el uso del Lema y Sub Lema, a los efectos del ejercicio del sufragio, de la participación en los actos electorales y demás actividades políticas, de conformidad con la legislación electoral vigente y lo que dispongan las respectivas Cartas Orgánicas.

Esa autorización deberá ser otorgada sin más trámite cuando:

A) Una agrupación solicite registrar hoja de votación dentro del Lema partidario, con el apoyo del tercio de legisladores electos por dicho Lema, expresado en documento público o en sesión de la Asamblea General.

B) Las agrupaciones o candidatos presenten las firmas de quienes se declaren adherentes en cantidad no inferior al 5% (cinco por ciento) de los votos obtenidos por el Lema en la anterior elección nacional, en la circunscripción electoral de que se trate.

La autoridad partidaria deberá hacer conocer a la Corte Electoral las autorizaciones a que refiere este artículo con no menos de noventa días de anticipación al acto electoral.

SECCION V

DE LA ORGANIZACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 17. - Las Cartas Orgánicas de los Partidos Políticos deberán contemplar lo establecido por el literal a) del numeral 11) del artículo 77 de la Constitución de la República.

Deberán, además, atender las siguientes exigencias:

A) Estructuración del gobierno y administración del partido en base a órganos deliberantes, ejecutivos y disciplinarios.

B) La máxima autoridad del partido corresponderá al órgano deliberante nacional (convención, congreso, asamblea), emanado directamente de la soberanía partidaria, el que deberá reunirse por lo menos una vez al año y en toda ocasión que lo requiera, como mínimo el 10% (diez por ciento) de sus integrantes. También podrá ser convocado por el órgano ejecutivo nacional además de lo que dispongan las respectivas Cartas Orgánicas de los partidos.

C) El órgano deliberante nacional tendrá a su cargo la adopción del programa de acción que se propone desarrollar el partido.

D) Establecer las condiciones y requisitos para la nominación de las autoridades partidarias, que no podrán ser limitativas del derecho de todo afiliado a ser nominado de acuerdo a la ley y a su Carta Orgánica.

E) La existencia de órganos departamentales para la proclamación de candidatos por los respectivos departamentos, sin perjuicio de otras atribuciones que se establecerán.

F) Participación y control por parte de los afiliados en el gobierno y administración del partido.

G) Proclamación de los candidatos a cargos públicos electivos por los órganos deliberantes del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley.

H) Publicidad y fiscalización de su patrimonio y contabilidad.

I) Realización de actividades de cultura cívica.

J) Normas de disciplina con determinación de las faltas, su debido proceso y las sanciones correspondientes.

Deberá considerarse agravante la comisión de faltas por quienes integren órganos partidarios u ocupen cargos públicos o hayan sido electos por la ciudadanía en representación del partido.

SECCION VI

DE LA AFILIACION A LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 18. - Los partidos políticos promoverán de modo permanente la afiliación.

En sus Cartas Orgánicas establecerán facilidades para realizarla.

La afiliación no implicará la realización de aportes pecuniarios en forma obligatoria. En consecuencia, no existirán diferencias en los derechos u obligaciones que para los afiliados establezcan las respectivas Cartas Orgánicas las que, a su vez, procurarán que las propuestas de candidaturas a cargos de conducción interna de cada partido tengan la más amplia participación de los afiliados.

No obstante, las Cartas Orgánicas podrán establecer la obligación de realizar aportes pecuniarios a los afiliados que ocupen cargos electivos o de particular confianza.

Art. 19. - Las Cartas Orgánicas de los partidos políticos podrán exigir, para ser nominado a ocupar cualquier cargo electivo nacional o departamental, la condición de afiliado de los candidatos, la que será preceptiva para los cargos de elección interna.

SECCION VII

DEL PATRIMONIO Y RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 20. - El patrimonio de cada partido se integrará con lo bienes y recursos que autorice su Carta Orgánica y que no prohíba la ley.

Art. 21. - Declárase de interés nacional para el afianzamiento del sistema democrático republicano y la eficacia y transparencia de la gestión de los partidos políticos que el Estado contribuya a solventar los gastos que les demande su participación en elecciones para cargos públicos, así como para su funcionamiento permanente.

La ley, que en cada caso concrete esta declaratoria, deberá dictarse antes de los noventa días de cada acto comicial.

Art. 22. - Los partidos no podrán aceptar directa ni indirectamente:

A) Contribuciones o donaciones pecuniarias anónimas superiores a 100 UR (cien unidades reajustables). Los donantes podrán imponer la condición que sus nombres no se divulguen, pero los partidos deberán conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la donación, durante cinco años por lo menos.

B) Contribuciones o donaciones de organizaciones delictivas o asociaciones ilícitas.

C) Contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios públicos o adjudicatarias de obras públicas.

D) Contribuciones o donaciones de asocaciones profesionales o laborales de cualquier tipo.

E) Contribuciones o donaciones de gobiernos, entidades o personas extranjeras; en esta última situación se exceptúa el caso del extranjero habilitado para el ejercicio del voto de acuerdo al artículo 78 de la Constitución.

Art. 23. - Los partidos que contravinieren las prohibiciones establecidas en los literales del artículo anterior serán sancionados con multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución ilícitamente aceptada y sufrirán, además, la pérdida de lo que les pudiere corresponder por su participación en comicios nacionales.

La Corte Electoral no autorizará su participación en elecciones nacionales, en tanto no sean pagadas las multas previstas precedentemente.

La contravención a la prohibición contenida en el literal B) del artículo anterior traerá aparejada la disolución del partido infractor.

En el caso de transgresión a la prohibición prevista en el literal C) del artículo anterior la Corte Electoral la comunicará al órgano estatal que haya concedido el servicio o adjudicado la obra, el cual, atendiendo al interés del Estado, deberá:

A) Si se tratare de obra, determinar que en el futuro la empresa o ésta y sus directivos responsables no serán tenidos en cuenta para nuevas adjudicaciones hasta por el término de diez años. La misma exclusión por dicho término regirá para la empresa transgresora y sus directivos con relación al resto de la Administración Pública.

B) Si se tratare de concesión de servicio declararla precaria o extinguida dentro del plazo que se establecerá, sin perjuicio de la sanción prevista en el literal anterior.

Art. 24. - Las sanciones a que refiere el artículo anterior serán aplicadas por la Corte Electoral, la cual procederá de oficio o por denuncia fundada. Las multas se verterán a Rentas Generales, pero con destino específico a financiar el funcionamiento de la Corte Electoral.

Art. 25. - Recibida la denuncia o resuelta de oficio la iniciación de los procedimientos, la Corte Electoral dispondrá las diligencias indagatorias y probatorias que estime pertinentes.

Necesariamente una vez concluidas éstas, dará vista a los interesados, los que podrán solicitar diligencias ampliatorias y serán oídos previamente a dictarse resolución.

Si al cabo de la averiguación se entendiere que existe mérito para ello, los antecedentes se remitirán de oficio a la Justicia Penal.

Art. 26. - Los fondos de los partidos políticos deberán depositarse en bancos estatales a nombre del partido y a la orden de las autoridades que se determinen en la Carta Orgánica.

Art. 27. - Los bienes adquiridos con fondos partidarios o a título gratuito deberán inventariarse y, en su caso, escriturarse a nombre del partido, y estarán exonerados de todo tributo nacional siempre que se encontraren afectados en forma exclusiva a las actividades específicas del partido.

La adquisición, gravamen o enajenación de todo inmueble de los partidos políticos estarán exentos de todo tributo nacional.

SECCION VIII

DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS PARTIDARIOS

Artículo 28. - Sin perjuicio de los libros y documentos que determine la Carta Orgánica, el partido deberá llevar en forma regular los siguientes libros autenticados por la Corte Electoral:

A) Actas de los órganos mencionados en el literal B) del artículo 17 de la presente ley.

B) De asistencia a las Asambleas.

C) De registro de afiliados.

D) De inventario.

E) De caja y diario, bajo contralor y firma de profesional idóneo.

F) De contribuciones y donaciones.

Art. 29. - Los partidos políticos deberán presentar a la Corte Electoral, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración de cada actividad comicial, nacional o partidaria, cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con dichos actos.

La Corte Electoral podrá requerir el dictamen del Tribunal de Cuentas.

Art. 30. - La Corte Electoral podrá disponer en cualquier momento, requiriendo para esa tarea el auxilio del Tribunal de Cuentas, inspecciones sobre todo lo dispuesto en las Secciones VII y VIII de la presente ley.

Para el cumplimiento de estas funciones podrá, asimismo, solicitar a los partidos políticos información sobre sus cuentas bancarias. En caso de negativa, podrá solicitar a la Justicia competente, mediante resolución fundada, el levantamiento del secreto bancario.

SECCION IX

DE LAS AUTORIDADES PARTIDARIAS

Artículo 31. - La elección de los miembros de las Convenciones, Asambleas o Congresos de los partidos políticos se efectuará, obligatoriamente, en forma simultánea a las elecciones nacionales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior cada partido podrá también realizar la elección de los Miembros de sus Convenciones, Asambleas o Congresos, con anterioridad a la elección nacional, en los términos que establezca su Carta Orgánica.

Los partidos también podrán adoptar sistemas de renovaciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero.

En cualquier caso los partidos políticos procurarán que sus propuestas electorales y la formulación de sus Programas tengan en su proceso la más amplia participación posible de sus afiliados.

Art. 32. - Las hojas de votación serán encabezadas por la inscripción «Elección interna» y el Lema correspondiente y contendrá la lista de candidatos para integrar los órganos deliberantes nacionales y departamentales, ordenada de acuerdo al sistema preferencial de suplentes.

Art. 33. - Los partidos políticos inscribirán sus listas de candidatos ante la Corte Electoral o la Junta Electoral que correspondiere al mismo tiempo de inscribir sus listas de candidatos para los cargos nacionales y departamentales, toda vez que ambas elecciones fueran simultáneas.

No obstante lo que antecede todos los afiliados a un partido político tendrán derecho a inscribir listas si presentan para cada una de ellas un mínimo del 5% (cinco por ciento) de firmas de afiliados.

La inscripción se hará ante las autoridades de su partido y éste procederá de la forma indicada en el inciso primero del presente artículo.

La Corte Electoral organizará y reglamentará lo que antecede, disponiendo incluso la forma de identificación de las hojas partidarias.

Art. 34. - Los órganos deliberantes nacionales y departamentales serán integrados mediante el sistema de representación proporcional entre las diferentes listas de candidatos debidamente registradas ante la Corte Electoral.

La cantidad de miembros de los mismos, que se determinará siempre sobre la base del total de votos válidos obtenidos por el partido en la circunscripción electoral respectiva, sus funciones, así como la implementación del funcionamiento de los referidos órganos serán establecidos en la Carta Orgánica de cada partido.

La Corte Electoral adjudicará los cargos y proclamará las autoridades electas conforme a lo dispuesto por la Carta Orgánica de cada partido, dentro de los treinta días posteriores a la finalización del escrutinio definitivo. Intervendrá, asimismo, en todas las apelaciones y reclamos que se produzcan sobre actos y procedimientos electorales.

Art. 35. - Los partidos políticos determinarán en sus Cartas Orgánicas la forma de elegir los integrantes de los órganos ejecutivos partidarios tanto nacionales como departamentales y de los órganos disciplinarios. En ambos casos la constitución de los mismos deberá realizarse dentro de los noventa días de instalado el órgano deliberante respectivo y su elección será controlada por la Corte Electoral.

SECCION X

DE LA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 36. - Prohíbese incluir en las hojas de votación la imagen o el nombre del general José Artigas o hacer cualquier referencia directa o indirecta al mismo.

Art. 37. - Prohíbese en todo tiempo la fijación o pintura de carteles, afiches, leyendas o similares de carácter político partidario, con o sin fines electorales, en los centros de educación, sean éstos oficiales o privados y en cualquier bien mueble o inmueble del dominio del Estado.

En el caso del dominio privado deberá contarse con el permiso expreso del propietario.

Art. 38. - El Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, en su órbita, reglamentarán la propaganda oral y escrita, exhibida dentro de los noventa días anteriores al acto electoral, mediante carteles, figuras y toda otra forma ilustrativa que podrá desarrollarse en lugares públicos. Toda propaganda política que no contradiga las disposiciones dictadas por la autoridad competente será enteramente libre y deberá respetarse castigándose a quienes atenten contra ella. Cesará totalmente cuarenta y ocho horas antes del día de los comicios.

Art. 39. - El Poder Ejecutivo asegurará en forma equitativa y gratuita espacios en los medios de radiodifusión y de televisión para uso exclusivo de los Partidos Políticos que inscriban su Lema para los comicios. Estos espacios se distribuirán desde los cuarenta y cinco días anteriores a la fecha de su realización y hasta cuarenta y ocho horas antes y teniendo como objetivo la difusión de los programas de gobierno.

Art. 40. - Prohíbese toda forma de difusión pública, a través de cualquier medio, de encuestas de opinión, muestreos de opinión pública, análisis de encuesta, relacionados con el acto electoral durante los siete días previos al mismo y hasta la hora de finalización de la recepción de sufragios.

Art. 41. - Será castigado con pena de uno a seis meses de prisión o multa equivalente el que contraviniere lo dispuesto en los artículos 37, 38 (en lo concerniente a la prohibición de realizar propaganda política en las cuarenta y ocho horas anteriores al acto electoral) y 40.

SECCION XI

DE LA DISCIPLINA DE LOS MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 42. - Las Cartas Orgánicas de los partidos políticos deberán contener normas que regulen la materia disciplinaria.

Los legisladores nacionales o departamentales deberán acatar las resoluciones partidarias de mandato político dispuestas por el órgano partidario que determinen las respectivas Cartas Orgánicas.

El Legislador nacional o departamental que se considere afectado en su conciencia por el mandato político podrá solicitar la libertad de acción ante el órgano que correspondiere.

SECCION XII

DE LA DISOLUCION DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 43. - Los partidos políticos se disolverán:

A) Cuando así lo decida el partido, de acuerdo con las previsiones de su Carta Orgánica.

B) Cuando no concurran a la elección inmediata a su constitución o no obtengan en ella representación parlamentaria, y si en un plazo de ciento ochenta días no hubieren ratificado ante la Corte Electoral su voluntad de seguir constituidos como partido político.

C) Cuando se configure la situación prevista en el artículo 23 de la presente ley.

Art. 44. - La cancelación de la personalidad jurídica reconocida a un partido político, por su parte, no privará a éste de legitimación para continuar actuando ante la justicia electoral, a los efectos del ejercicio de su defensa.

SECCION XIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 45. - Las resoluciones de la Corte Electoral, dictadas en cumplimiento de la presente ley, serán pasibles del recurso de reposición, el que deberá ser interpuesto dentro del término de diez días perentorios que se contarán a partir del siguiente a su publicación. Esta sólo podrá hacerse efectiva luego de la correspondiente notificación.

La Corte Electoral fallará el recurso dentro de los diez días de su interposición. Podrá decretar y realizar diligencias para mejor proveer, debiendo dictar en todos los casos el fallo dentro de los diez días. Sobre ese fallo no habrá ulterior recurso.

Art. 46. - Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer, con cargo a Rentas Generales, de la cantidad necesaria para solventar los gastos que demande a la Corte Electoral la aplicación de la presente ley.

Art. 47. - Señálase como objetivo prioritario de la presente ley la unidad ideológica, orgánica y de acción de los Partidos Políticos.

Bajo este principio, y sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 151 de la Constitución, los partidos deberán propender a la presentación de fórmulas unificadas a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República y a las Intendencias Municipales.

Art. 48. - La acumulación de votos por Sub Lema para candidatos al Senado o a Representantes sólo podrá realizarse entre hojas de votación que se adhieren a la misma fórmula presidencial.

Art. 49. - El Programa de Gobierno de cada partido, a que hacen referencia el inciso segundo del artículo 9º y el literal C) del artículo 17 de la presente ley deberá presentarse ante la Corte Electoral por lo menos noventa días antes de la celebración del acto electoral.

Dentro del mismo plazo los partidos políticos inscribirán ante las respectivas Juntas Electorales sus propuestas de gobierno para cada departamento de la República.

Art. 50. - La presentación de las listas de candidatos a todos los cargos electivos se realizará dentro del mismo plazo a que refiere el artículo anterior.

Art. 51. - En el acto de presentación de sus listas de candidatos los Partidos Políticos deberán acompañar una declaratoria suscrita por cada uno de aquéllos. En ella señalarán su adhesión expresa al Programa de Gobierno del Partido, su compromiso a apoyarlo en caso de ser electos y su conformidad con las normas disciplinarias contenidas en la presente ley y las que establezcan las respectivas Cartas Orgánicas.

Esta declaratoria deberá considerarse de modo expreso en todo procedimiento que pudiere realizarse en base a lo dispuesto en el literal J) del artículo 17 y en la Sección XI de la presente ley.

La Corte Electoral reglamentará las formalidades de este acto.

SECCION XIV

DISPOSICIONES ESPECIALES

Art. 52. - Los Partidos Políticos, al reformular sus Cartas Orgánicas para ajustarlas a las exigencias de la presente ley, dispondrán mecanismos efectivos para que la mujer pueda acceder a la integración de sus cuadros dirigentes y propuestas electorales, en forma acorde con su gravitación en el desarrollo cultural, económico y social del país.

De igual modo, para cumplir con el precepto de renovación y evolución que la presente ley considera parte importante de la salud del sistema democrático, harán lo más amplia posible la participación de los jóvenes.

Art. 53. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, previa opinión de la Corte Electoral, en el plazo de noventa días a contar de su promulgación.

SECCION XV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 54. - En los comicios nacionales a realizarse en noviembre de 1994 regirá, para las elecciones internas de los Partidos Políticos, el mismo procedimiento que se empleó respecto a su celebración simultánea con las elecciones nacionales del 25 de noviembre de 1984.

La Corte Electoral dispondrá:

A) Que se realice la más amplia difusión de las hojas de votación inscriptas para componer los órganos partidarios.

B) La forma efectiva, técnica y presupuestal, de cumplir el mecanismo del voto directo para la elección de autoridades partidarias en las instancias siguientes.

Art. 55. - La disposición contenida en el artículo 36 de la presente ley entrará en vigencia a partir del mes de febrero de 1995.

Montevideo, 15 de febrero de 1995.

Luis Bernardo Pozzolo, Américo Ricaldoni, hugo Fernández Faingold, Luis Hierro López, Walter Belvisi, Orlando Virgili y Luis Brezzo. Senadores».

«EXPOSICION DE MOTIVOS

Un alto número de empresas, especialmente en los dos últimos años y particularmente en el sector industrial han cerrado sus puertas y cesado como fuente de trabajo, quedando endeudados en dólares en forma importante con el Banco de la República Oriental del Uruguay, frecuentemente también con el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y con sus trabajadores (indemnización por despido, salarios, licencias, etc.).

Debe tenerse en cuenta que la comunidad le ha brindado a los propietarios de dichas empresas fondos o dilatorias de pago que se otorgan con sacrificio del interés general. El cierre de las fuentes de trabajo mantiene ociosos maquinaria y bienes que fueron financiados casi siempre por los préstamos que la sociedad en su conjunto otorgó.

Ante esta situación de verdadero estado de necesidad de la mano de obra cesante que ha visto extinguirse la percepción de las prestaciones del Seguro de Paro y en la defensa de los fondos del propio seguro, el presente proyecto de ley busca habilitar el uso de las máquinas y bienes muebles, a fin que se pueda continuar el giro sin afectar la propiedad que continúa en el patrimonio de los dueños de la empresa.

El proyecto respeta a través del depósito de los excedentes emergentes de la gestión de la intervención, la propiedad de la empresa o de la masa de acreedores en caso de quiebra.

Se acuerda un rol al Banco de la República Oriental del Uruguay de suministrador de fondos como préstamo al trabajo -antes se prestó al capital en la misma empresa- y con las más amplias facultades de determinar la forma de reembolso, las garantías para el mismo a través de la auditoría permanente de la gestión por parte del mismo Banco.

La participación judicial asegura el respeto de los derechos en juego y la imparcialidad técnica tanto en la determinación de la procedencia de la intervención como en las decisiones sobre la marcha de la gestión interventora.

La consagración del derecho al trabajo como uno de los derechos fundamentales de la persona en el artículo 53 de la Sección II de Derechos, Deberes y Garantías de la Constitución de la República obliga sin duda ante la pérdida de puestos de trabajo a asumir la protección dispuesta por la norma constitucional.

No existe colisión con la normativa constitucional referente a la propiedad porque si bien se limita el derecho al uso de los bienes, es en base al interés general aludido en el artículo 7º de la Constitución de la República.

Cabe precisar que en muchos casos los adeudos con el Estado son de tal magnitud que prácticamente los titulares no son en realidad propietarios verdaderos de sus empresas si se atiende al endeudamiento existente.

De todos modos el artículo 32 de la Constitución de la República ampara el derecho de propiedad, el artículo 53 del mismo rango consagra no sólo el derecho al trabajo y la protección de la ley al mismo sino al derecho-deber de trabajar.

No es vanal que en la enumeración sin duda jerarquizante de derechos individuales de la persona del artículo 7º, el derecho al trabajo aparezca con prioridad respecto del derecho de propiedad.

Todo esto es más claro, cuando la aplicación de la ley en función del interés general del artículo 7º de la Constitución de la República tiene como base la infracción patronal de deberes con el Estado y con su personal.

Finalmente, sin perjuicio para los acreedores que pueden actuar sobre el importe de la expropiación, el proyecto prevé excepcionalmente en caso de remate, la declaración de utilidad pública para habilitar la expropiación de las máquinas y bienes a fin de permitir la continuidad de los contratos de trabajo, objetivo esencial del proyecto.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Las empresas comerciales o industriales infractoras en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias con el Estado o con su personal, que cesen o paralicen su giro habitual por más de treinta días, serán intervenidas por el Poder Judicial a los solos efectos de la continuidad del trabajo de su personal, a solicitud de la parte trabajadora representada por el sindicato respectivo o en defecto de éste por más de la mitad de los trabajadores de la empresa.

El Juzgado competente determinará si se aplica o no la presente ley en aquellos casos en que, sin mediar cierre total por sus características la disminución de la actividad implique real paralización de la producción o giro habitual.

Art. 2. - En caso que la empresa se encontrare en quiebra o liquidación, el interventor coordinará con el síndico de la quiebra la entrega de los excedentes generados por la intervención, una vez deducidos todos los gastos de administración, salarios, pagos al Banco de la República Oriental del Uruguay, contribuciones y demás gastos ocasionados por la gestión de la intervención.

Art. 3º. - El interventor tendrá todas las facultades de administración para reanudar el proceso productivo. Solamente tendrá facultades de disposición sobre las mercaderías o bienes resultado del proceso de producción durante el período de intervención. El excedente de la gestión de la intervención una vez cubiertos todos los gastos e inversiones necesarias deberá ser depositado en cuenta a la orden del Juzgado y bajo el rubro de los autos en el Banco Hipotecario del Uruguay en Obligaciones Hipotecarias Reajustables sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior para el caso de quiebra o liquidación.

La intervención utilizará el personal que permanece vinculado a la empresa -aún en el seguro de paro- y en caso de necesidad de incorporación de nuevo personal deberá tomarlo de los que hayan sido despedidos con anterioridad al comienzo de la intervención.

Art. 4º. - El Banco de la República Oriental del Uruguay pondrá a disposición del Juzgado competente los importes necesarios para el cumplimiento del giro tomando en consideración la propuesta de la intervención y estableciendo el procedimiento de reembolsos de los aportes realizados.

El Banco de la República Oriental del Uruguay estará facultado para realizar la auditoría permanente de la gestión así como para formular ante el Juez las observaciones que considere pertinentes sobre la marcha de la gestión interventora proponiendo al Juzgado las rectificaciones -inclusive de la persona del interventor- que deberían ser efectuadas.

Art. 5º. - Las materias primas, máquinas y demás bienes muebles necesarios para el cumplimiento del giro comprendido en la intervención se declaran afectadas a la misma y por lo tanto será imposible proceder al desapoderamiento de las mismas sin perjuicio que se mantengan sobre ellas las medidas de seguridad dispuestas por la Justicia.

En caso que por ejecuciones judiciales se proceda al remate de los bienes comprendidos en el activo utilizado por la intervención, se declara de utilidad pública la expropiación de las mismas a favor del Banco de la República Oriental del Uruguay quedando el monto de la expropiación afectado en las mismas condiciones en que estaban los bienes objeto de la expropiación.

Art. 6º. - Los titulares de la empresa podrán solicitar al Juzgado el cese de la intervención siempre que diere seguridades a criterio del Juez sobre la continuidad del giro y del mantenimiento de los contratos de trabajo del personal comprendido en la gestión de la intervención.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores».

«EXPOSICION DE MOTIVOS

No existen criterios definidos para cumplir con el ajuste del salario mínimo nacional dispuesto por el Convenio N°131 de la OIT, ratificado por nuestro país.

La forma arbitraria que se ha seguido para fijar el salario mínimo (debido a la carencia de parámetros al respecto) determina el notorio atraso actual de su poder adquisitivo y su previsible deterior futuro.

El presente proyecto pretende resolver la reiteración constante de esa pérdida de valor.

Sobre el tema corresponde destacar:

1º) Que no se contempla lo que dispone la Constitución de la República (artículo 54) que establece que «la ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio como obrero, empleando una justa remuneración».

2º) Desde diciembre de 1990 hasta abril de 1991 el salario mínimo nacional ha ido perdiendo poder adquisitivo en forma continua. Para poder resolver las referidas carencias se establecen períodos de ajuste máximo de cuatro meses.

El proyecto determina, además, que el índice será el correspondiente al Indice Medio de Salarios y nunca podrá ser inferior al Indice de Precios al Consumo.

También deberían establecerse mecanismos que contemplaran la importante pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo nacional, esto es, índice o porcentajes de recuperación, así como el mecanismo de consulta previa a las organizaciones de empleadores y trabajadores, recogigéndose -en ese sentido- los criterios establecidos en los Convenios de OIT Nos. 26, 95, 98 y 131, todos ellos debidamente ratificados por nuestro país.

3º) En definitiva, con el presente proyecto se busca alcanzar los objetivos buscados por el Art. 54 de la Constitución de la República en lo referente a la «justa remuneración».

Por último corresponde señalar que si bien la mayoría de los trabajadores están por encima del actual salario mínimo nacional, no debe olvidarse el importante efecto que tiene el mismo sobre los aportes a la Seguridad Social, prestaciones por maternidad, enfermedad, desempleo, asignaciones familiares, topes mínimos y máximos para jubilaciones y pensiones, etc.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores.

SALARIO MINIMO NACIONAL

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - El salario mínimo nacional será ajustado por períodos no superiores a 4 meses de acuerdo a la elevación que resulte del índice medio de salarios en cada período debiendo alcanzar como mínimo el aumento que en ese lapso registre el índice de precios al consumo. Ambos índices serán los determinados por la dirección general de estadística y censos.

Art. 2º. - El salario mínimo ajustado de conformidad con el Art. 1º tendrá vigencia a partir del primer día del mes siguiente al cuatrimestre o período considerado.

Art. 3º. - El primer ajuste del salario mínimo comprenderá el período del 1º de mayo al 31 de agosto y regirá a partir del 1º de setiembre.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia y José Korzeniak. Senadores».

«EXPOSICION DE MOTIVOS

El Ente Autónomo denominado Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, «PLUNA», creado por la ley Nº 11.740, del 12 de noviembre de 1951, necesita hoy transformaciones profundas y urgentes. En efecto, a cuatro décadas de su fundación, la empresa aérea nacional exhibe, simultáneamente, notorias deficiencias en su estructura y su organización, así como graves carencias en materia de equipos y líneas de actividad que le impiden aprovechar cabalmente su innegable potencialidad productiva. Naturalmente, se trata de una realidad interrelacionada: durante mucho tiempo se descuidó la inversión, al tiempo que se cometían evidentes errores de gestión, asociados a la acumulación de problemas de funcionamiento.

A vía de ejemplo, cabe recordar que cuando se instauró el gobierno de facto en 1973, PLUNA contaba con cuatro aeronaves del tipo Vickers Viscount. La intervención militar adquirió en 1978 dos Boeing 727, pagando por ellos una suma superior a los 7 millones de dólares. Simultáneamente, arrendó una tercera nave de esa misma categoría, mientras progresivamente se dejaban caer en desuso los cuatro Vickers, que habían prestado eficaces servicios.

Pocos años después, los dos Boeing 727 comprados en más de 7 millones de dólares, fueron vendidos en 4 millones. Este negocio le generó a la empresa una deuda que recién terminó de ser cancelada en 1989. A ello habría que agregar que se dejó sin efecto al arrendamiento del tercer Boeing 727, por el que se pagó una renta casi sin utilizarlo.

Enseguida, la intervención militar resolvió adquirir tres flamantes Boeing 737 en una suma total de 48 millones de dólares, financiados en base a endeudamiento con el exterior. Este ha sido el lastre principal que la dictadura le dejó a PLUNA, y la empresa lo ha venido soportando hasta el presente. Por otra parte, conviene recordar que en 1981 se había arrendado a Aerolíneas Argentinas un Boeing 707 a los efectos de iniciar la línea Montevideo-Madrid. la tasa de productividad de dicho equipo había sido ampliamente superada, lo que no impidió que PLUNA pagara una renta que hasta 1988 -año en que terminó adquiriéndolo- representó tres veces el valor del avión.

A pesar de todos los errores señalados, PLUNA logró sobrevivir, y las primeras medidas que se tomaron cuando el país inició el camino de la recuperación institucional, ratificaron la potencialidad de la empresa para superar estas dificultades y desarrollar una actividad rentable.

Aun cuando la privatización del Ente fue el objetivo fundamental de su dirección durante el período precedente de gobierno, se pusieron en práctica diversas acciones de saneamiento financiero que tuvieron rápidos efectos positivos. Así, sin introducir modificaciones sustanciales, ni en la estructura, ni en la organización, ni en la gestión del organismo, se logró invertir el signo de los resultados generados por sus actividades. Luego de dos balances gravemente deficitarios en 1983 y 1984, el de 1985 exhibió un insignificante desequilibrio negativo, de aproximadamente 350 mil dólares, y el de 1986 demostró un superávit de alrededor de 2 millones de dólares, al tiempo que PLUNA se ponía al día en materia de compromisos asumidos como parte de su endeudamiento.

Sin embargo, la privatización de PLUNA no se pudo materializar, y -lamentablemente- ello trajo consigo una fase de desmantelamiento. La pérdida de cautela y de equilibrio en el terreno financiero, condujo a un indiscriminado e injustificado incremento de los gastos de la institución, que redujo en muy poco tiempo las disponibilidades de caja, de más de 7 millones de dólares, a menos de 1. Como factor agravante de estos hechos, corresponde destacar que el incremento de gastos aludido, no se reflejó absolutamente en una ampliación del equipo de la empresa, ni tampoco representó aporte alguno al mejoramiento de su administración y su gestión. no obstante, tampoco la acumulación de estos obstáculos logró terminar con la condición rentable de la institución.

En síntesis, PLUNA ha permanecido hasta ahora fuertemente acotada por sus limitaciones en materia de bienes de inversión, y la carencia de recursos para ampliar y modernizar dicha dotación. De esta manera, ha permanecido desaprovechado su gran capital, que es la condición de línea-bandera.

Dicha característica ubica a la empresa aérea nacional en una posición indiscutiblemente favorable para beneficiarse de las llamadas «libertades del aire», concepto originado en la Conferencia del Transporte Aéreo Internacional, celebrada en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de América, en agosto de 1994. 1)

Entre dichas libertades, la más importante es la quinta, que establece el privilegio de embarcar pasajeros, correo y carga en el país concedente del derecho, con destino a cualquier otro Estado contratante, y el de desembarcar pasajeros, correo y carga en el Estado concedente del privilegio provenientes de cualquier otro país.

Por lo general, el llamado tráfico de quinta libertad se concede con carácter complementario y subsidiario de las capacidades autorizadas a los servicios de largo alcance en las escalas comerciales intermedias, permitiendo así a las líneas de aeronavegación comercial, la venta de plazas que no resultan ocupadas por el transporte que se realiza en el marco de la aplicación de la tercera y la cuarta libertades del aire. En este sentido, conviene tener en cuenta que la tercera libertad refiere al privilegio conferido por un Estado a otro, para que las aeronaves de la bandera de este último desembarquen en el Estado concedente, pasajeros, correo y carga tomados en el territorio del Estado al cual pertenece la aeronave. Por otra parte, la cuarta libertad del aire consiste en el derecho de tomar pasajeros, correo y carga en el Estado concedente del privilegio con destino al territorio del Estado de bandera de la aeronave. 2)

Según se puede apreciar, la posibilidad de aprovechar en la práctica los derechos conferidos por la quinta libertad, resulta de decisiva importancia para obtener resultados económicos rentables en el ámbito aerocomercial, especialmente si se trata de una línea aérea como PLUNA, no sólo pequeña en sí misma, sino también con escasa incidencia en el contexto del tráfico internacional.

Esa posibilidad siempre se materializa en el marco de convenios bilaterales celebrados entre Estados, en los que no basta que uno de ellos designe una determinada empresa aérea beneficiaria. También se requiere que el otro acepte expresamente a dicha empresa, hecho que puede tropezar con dificultades si emergen dudas acerca de su verdadera nacionalidad, o bien sobre quienes ejercen el control de su gestión.

Esta es la razón fundamental por la que las compañías aéreas de propiedad estatal -único caso en el que las dudas referidas se disipan totalmente- son las que se encuentran en la mejor posición posible para beneficiarse con los derechos contenidos en las «libertades del aire», especialmente la quinta. En síntesis, cuando se designa a una compañía estatal en un convenio bilateral de tráfico aéreo, es altamente improbable que la otra parte no acepte la propuesta.

Si a estas consideraciones de carácter general, se agrega el hecho de que Uruguay no posee limitaciones ni dificultades significativas en sus relaciones diplomáticas con el resto del mundo, la actitud de respeto que se ha sabido ganar la empresa en el exterior, y su condición de firma pequeña y sin capacidad ni fuerza para inquietar a las grandes compañías, se podrá percibir que PLUNA se encuentra en una excelente posición para aprovechar cabalmente los beneficios derivados de las «libertades del aire».

La ley Nº 16.211, de 1º de noviembre de 1991, no contiene una buena solución a los problemas de PLUNA y, por lo tanto, tampoco propone un camino adecuado para que la empresa genere resultados favorables a la luz del interés nacional.

Su artículo sexto establece el ingreso del organismo a una nueva entidad de la que aquél formaría parte, y para que ello resultara posible en la práctica, dicha participación tendría seguramente que ser minoritaria, con todas las consecuencias negativas que ello tendría para el país. Así, en el mejor de los casos, esa nueva entidad dominada por alguna gran compañía extranjera, se limitaría a aprovechar en su propio beneficio los resultados a los que habilita la bandera nacional.

Pero más allá de este pronóstico con la alta probabilidad ¿por qué ceñirse a una sola posibilidad de vinculación con el exterior, si PLUNA tiene suficiente potencialidad como para intentar un camino mucho más flexible, más diversificado y más rico en cuanto a sus posibilidades de desarrollo?

Resulta obvio, que la realización de acuerdos con compañías del exterior es imprescindible para que PLUNA pueda mejorar su disponibilidad de equipo de aeronavegación, que es -a su vez- la condición indispensable para acceder a volúmenes de producción más altos que los actuales, y consecuentemente, a resultados económicos positivos de consideración. Pues entonces, también desde esta perspectiva surge clara la superioridad de una línea de trabajo que habilite ampliamente a PLUNA a realizar acuerdos, no con una, sino con varias compañías del exterior, tantas como resulte posible y conveniente. Las bases de dichos acuerdos tendrían un rasgo común fundamental: PLUNA negociaría los derechos que le confiere su bandera, a cambio de equipo, y ello se aplicaría -en cada caso- a la explotación comercial de la actividad concreta que ha sido objeto del convenio, el cual también debería incluir los criterios de participación de los contratantes en los resultados de la experiencia.

Por partir de la convicción -avalada por una rica experiencia internacional- de que esta orientación es mucho más conveniente para el Uruguay, el presente proyecto de ley la ha adoptado como punto fundamental de sustentación de su propuesta.

Manteniendo su carácter original de Ente Autónomo, el proyecto procura encuadrar las actividades de PLUNA en el contexto de una política aeronáutica nacional, revisa sus cometidos y facultades, e introduce algunos cambios importantes
en materia de dirección y administración.

Es indiscutible la necesidad de definir una política aeronáutica nacional, de modo que el Uruguay cuente con la posibilidad de que su actividad comercial en este ámbito, guarde coherencia con los principios y criterios generales sobre los cuales descanse dicha política.

Como corresponde, esta última constituye una responsabilidad del Poder Ejecutivo, actuando a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, para asegurar una adecuada conexión de este nivel de decisión con el conocimiento y la experiencia especializados en actividades de esta naturaleza, se dispone la creación -en la órbita del referido Ministerio- de una Comisión Asesora en la que participarían representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de PLUNA.

En lo que refiere a los cometidos y las facultades de PLUNA, corresponde destacar especialmente dos aspectos. En primer lugar, la orientación fundamental del proyecto acerca de las futuras actividades del Ente se verifica en la amplia y flexible posibilidad de realizar acuerdos de operación conjunta (del tipo joint-venture) con firmas comerciales nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

En segundo lugar, se asigna a la empresa aérea nacional, la exclusividad en la prestación de servicios de asistencia en tierra a todas las aeronaves del transporte aerocomercial que operen en los aeropuertos internacionales del país. La alta rentabilidad de los mismos, aseguraría así a PLUNA un volumen de ingresos de importancia fundamental para consolidar tanto su situación económica como su solvencia financiera.

Desde el punto de vista de la dirección y la administración del Ente, cabe destacar ante todo, que el proyecto que aquí se presenta opta por un directorio de tres miembros -más adecuados a las características de la empresa- cuyos integrantes deberán poseer especiales y reconocidos conocimientos en materia aeronáutica, así como experiencia en empresas de carácter aerocomercial. En este sentido, se ha tratado de conjugar la necesidad de agilidad en la toma de decisiones, con el imprescindible apoyo de especialización que exige una tarea tan compleja y al mismo tiempo específica, como la de conducir la gestión de una empresa comercial de aviación.

Simultáneamente, se proponen diversas medidas tendientes a mejorar sustancialmente el ingreso, la actuación y la participación del personal de dicha gestión. Así, dichas medidas refieren al contenido del Estatuto del Funcionario, la reestructura funcional de la empresa, los planes de capacitación de los funcionarios y la designación de una Comisión Representativa de estos últimos.

Finalmente, este capítulo también incluye una disposición cuya importancia deriva directamente de la experiencia sufrida por PLUNA hasta el presente, en lo que se vincula con las operaciones que ha realizado por razones de interés público o social, y cuyo costo neto -de hecho- ha debido absorber. En la medida que ello ha conspirado contra los resultados globales generados por sus actividades, el proyecto propone para el futuro, que cuando se encomienden al Ente este tipo de tareas, la Tesorería General de la Nación se haga cargo de las diferencias existentes entre sus costos totales y los ingresos que eventualmente puedan originar.

1) Véase Alvaro Bauzá Araújo, Las libertades del aire, Conferencia dictada en la Universidad de Panamá, el 20 de abril de 1970.

2) Ibídem.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la definición de la política aeronáutica nacional, así como la supervisión de su puesta en práctica. El Ente Autónomo denominado Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA), constituirá el instrumento fundamental de dicha política en el ámbito aerocomercial.

Art. 2. - Créase en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una Comisión Asesora presidida por un delegado de dicho Ministerio, e integrada además por dos representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y dos representantes de PLUNA.

Esta Comisión deberá ser consultada previa y preceptivamente por el Poder Ejecutivo, a los efectos de la celebración de acuerdos y convenios en materia de derechos de tráfico aéreo y política aeronáutica. La Comisión Asesora prestará especial atención a la reciprocidad de los derechos de tráficos que se concedan, renueven o renegocien.

COMETIDOS Y FACULTADES DE PLUNA

Artículo 3º. - Son cometidos de PLUNA:

a) la explotación de líneas de transporte de pasajeros, correo y carga, que fueran aprobadas por el Poder Ejecutivo. Se prestará preferente atención al ámbito regional, teniendo especialmente en cuenta las repercusiones de la entrada en vigencia del Tratado de Asunción, de 26 de marzo de 1991, en el campo de las comunicaciones aéreas;

b) la prestación, en carácter de exclusividad, de los servicios de asistencia en tierra (servicios a terceros) a todas las aeronaves de transporte comercial nacionales o internacionales, públicas o privadas, que operen en los aeropuertos internacionales localizados en el territorio nacional, o los que -a dichos efectos- tengan el carácter de estación alternativa;

c) la realización de todas las actividades conexas al transporte aéreo comercial, y particularmente las que se vinculan con el turismo y las comunicaciones aeronáuticas, consideradas genéricamente;

d) la organización de los procesos de formación técnica y de adiestramiento de su personal.

Art. 4º. - PLUNA contará con los poderes jurídicos necesarios para el cumplimiento de los cometidos señalados en el artículo precedente. En particular, y con la autorización del Poder Ejecutivo;

a) podrá adquirir la propiedad, posesión o uso de las aeronaves y equipos necesarios para asegurar dicho cumplimiento;

b) podrá realizar acuerdos de operación conjunta (joint-venture) con otras firmas comerciales nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

Art. 5º. - Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 11.740, de 12 de noviembre de 1951, por el siguiente:

«ARTICULO 5º. - PLUNA será dirigida y administrada por un directorio de tres miembros, que deberán poseer especiales y reconocidos conocimientos en materia aeronáutica, así como experiencia en empresas de carácter aerocomercial. Dichos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo en la forma prevista por el artículo 187 de la Constitución de la República».

Art. 6º. - Sustitúyese el artículo 8º de la Ley Nº 11.740, de 12 de noviembre de 1951, por el siguiente:

«ARTICULO 8º. - Para la adquisición de bienes inmuebles y de equipo de aeronavegación, así como para su enajenación o gravamen se requerirán los votos conformes de los tres directores».

Art. 7º. - Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 11.740, de 12 de noviembre de 1951, por el siguiente:

«ARTICULO 9º. - Corresponde al directorio la designación, destitución, traslado y suspensión del personal del organismo conforme a lo que establezca el Estatuto del Funcionario».

Art. 8º. - A los efectos del cumplimiento de los fines establecidos por el artículo 65 de la Constitución de la República, los funcionarios de PLUNA designarán, por voto secreto y en elecciones controladas por la Corte Electoral, una Comisión Representativa del personal del Ente, en la forma que establezca la reglamentación.

Dicha Comisión estará integrada por delegados de cada una de las gerencias de la institución, los cuales deberán tener una antigüedad mínima de cinco años en el Ente.

Art. 9. - Cuando por razones de interés público o social el Poder Ejecutivo disponga la realización por parte de PLUNA de operaciones aéreas regulares o excepcionales que arrojen resultados deficitarios, la Tesorería General de la Nación se hará cargo de las diferencias entre los costos totales de dichas operaciones y los ingresos que generen.

Art. 10. - El Estatuto del Funcionario (Artículo 63 de la Constitución de la República) de PLUNA, contendrá un nuevo régimen de ascensos que estimule la capacidad y la experiencia de los funcionarios, así como un régimen de ingreso del personal por concurso.

Art. 11. - PLUNA será objeto de una reestructura funcional, con adecuada definición de las líneas de jerarquía y responsabilidad, y pondrá en práctica un plan de capacitación del personal y profesionalización de gerentes que constituya la base fundamental para la asignación de funciones así como un programa de modernización de instalaciones y automatización del sistema contable y los procedimientos administrativos.

DEROGACIONES

Artículo 12. - Deróganse los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 11.740, de 12 de noviembre de 1951, el artículo 6º de la Ley Nº 16.211, de 1º de noviembre de 1991, y el artículo 32 de esta última ley, en lo que refiere a PLUNA.

DISPOSICION TRANSITORIA

Art. 13. - En un plazo de ciento veinte días a contar de la promulgación de la presente ley, el directorio de PLUNA elevará al Poder Ejecutivo un proyecto del Estatuto del Funcionario al que alude el artículo 10. En el mismo plazo, el directorio del Ente elaborará y aprobará la reestructura, el plan y el programa a los que refiere el artículo 11.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores».

«EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley se encuadra en el desarrollo de los derechos humanos llamados de segunda generación, dentro de los cuales se inscribe el derecho a disponer de una vivienda digna.

El objeto del proyecto es solucionar la situación de los deudores del BHU, limitando las cuotas que por intereses y amortizaciones deben pagar a dicha institución, en cuanto puedan considerarse excesivas.

Dada la heterogeneidad de situaciones particulares que ofrece el conjunto de quienes han contraído deudas para construir viviendas propias, no parece prudente establecer una limitación legal de sus obligaciones con carácter indiscriminado sino adecuar el apoyo social que reciben, por medio del BHU, en función de tres criterios; categoría de la vivienda, nivel de ingresos familiares y magnitud de las cargas de familia.

Por tales motivos, quedan totalmente excluidos de los beneficios legales los propietarios de viviendas de la categoría IV; y los de la categoría III pueden beneficiarse, pero limitadamente.

Dentro de las categorías I, II y III, el proyecto de ley establece un máximo absoluto de aporte, equivalente al 26% del ingreso familiar total. No parece socialmente conveniente, en efecto, que ninguna familia de nivel económico medio y bajo destine más de esa proporción de ingreso al gasto en vivienda.

En función del ingreso real de la familia, medido en unidades reajustables, y en función del número de integrantes del núcleo familiar, el pago al BHU puede verse reducido por debajo del 26% indicado, hasta un mínimo del 10%, según las escalas establecidas en el artículo 1º del proyecto de ley.

El financiamiento de los beneficios que establece el proyecto de ley en favor de los deudores del BHU se logrará, principalmente, por medio de la extensión del plazo de repago de la deuda, el cual se propone extender hasta 45 años. Para los contados casos que no puedan solucionarse por tal procedimiento, cuando aun pagando el préstamo hipotecario y sus intereses en 45 años el importe de los servicios supere las escalas establecidas por este proyecto de ley, con el objeto de evitar perjuicios económicos al BHU, éste descontará del impuesto a la actividad bancaria el importe equivalente.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Las cuotas que cobrará el BHU por concepto de amortización e intereses respecto de viviendas de las categorías I y II, a solicitud de los interesados se ajustarán a los máximos siguientes:

A. En relación con los ingresos nominales totales de la familia del deudor;

Mayores a 90 

Entre 80 y 90

Entre 70 y 80 

Entre 60 y 70

Entre 50 y 60

Entre 40 y 50

Entre 30 y 40

Entre 20 y 30

Menores a 20

Unidades Reajustables

Unidades Reajustables

Unidades Reajustables

Unidades Reajustables

Unidades Reajustables

Unidades Reajustables

Unidades Reajustables

Unidades Reajustables

Unidades Reajustables

26%

24%

22%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

B. En función del número de integrantes de la familia del deudor, los porcentajes de la escala A se multiplicarán por los siguientes coeficientes:

a) Familia unipersonal

b) Dos integrantes

c) Tres integrantes

d) Cuatro integrantes

1.4

1.2

1.1

1.0

e) Por cada integrante de la familia que supere el número de cuatro, en la escala A se pasará al nivel inmediato inferior, hasta un mínimo del 10% de los ingresos nominales totales de la familia.

Los deudores propietarios de viviendas de la categoría III, podrán acogerse a los beneficios establecidos en este artículo; a tales efectos los niveles porcentuales de la escala A se multiplicarán por 1.2, hasta un máximo del 26%.

En caso que el deudor sea una cooperativa de vivienda, la reglamentación establecerá las condiciones para que dicha sociedad se acoja a los beneficios establecidos por esta disposición.

Art. 2º. - Los máximos de afectación de ingresos familiares nominales totales indicados en el artículo anterior, tendrán carácter obligatorio para el BHU, que sólo podrá superarlos ante la manifestación de voluntad del deudor, expresada por escrito, de habilitar la afectación de un porcentaje mayor.

Art. 3º. - Desde la vigencia de esta ley el BHU no podrá modificar unilateralmente la tasa de interés compensatorio establecido en los contratos de préstamos hipotecarios o compromisos de compraventa de unidades habitacionales.

Art. 4º. - Las reducciones de los servicios de amortización e intereses se financiarán por medio de subsidios y/o por la extensión del plazo de pago hasta un máximo de cuarenta y cinco años; en este caso, la extensión del plazo se documentará mediante acta que se inscribirá en el Registro de Hipotecas, sin cargo alguno, dándole nueva fecha de inscripción para el cómputo del plazo de caducidad.

Art. 5º. - El BHU reglamentará las condiciones que deberán reunir las solicitudes de refinanciación formuladas de acuerdo con lo previsto por el artículo 2º de esta ley.

Los deudores que se acojan a la refinanciación deberán comunicar periódicamente al BHU, en los plazos y condiciones que establezca la reglamentación, todo cambio del monto de los ingresos nominales totales de su familia, así como del número de integrantes de ésta.

El art. 3º de la ley Nº 13.728 será también aplicable en todo lo relativo al número de integrantes de la familia del deudor.

Art. 6º. - Establécese un Fondo de Subsidios con el objeto de financiar las limitaciones de los servicios establecidos por el artículo 1º de esta ley.

Aféctase a dicho fondo el producido del Impuesto a los Activos Bancarios (IMABA), establecido por el art. 2 del Título 15 del Texto Ordenado 1987 modificado por el art. 634 de la Ley Nº 16.170 que devengue el BHU, hasta por el importe equivalente al que este banco deje de percibir por razón de la limitación de los servicios de amortización e intereses motivado por la presente ley.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores».

«EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto procura mejorar el funcionamiento eficiente de los diversos servicios estatales a través de una serie de medidas y soluciones que se consideran idóneas. El estilo gramatical del artículo 1º -premeditadamente explicativo- hace innecesaria una exposición de motivos extensa, salvo lo referente a los artículos 6º a 18 donde se reglamenta el artículo 65 de la Constitución de la República.

En el artículo 1º están claramente expuestos los objetivos y propósitos del proyecto adjunto. Las claves conceptuales en las que descansan las normas propuestas son: mejoras en la dirección, en la gestión y en la normativa, relativas a las empresas públicas.

En materia de dirección, el proyecto establece una reglamentación de las condiciones necesarias para ejercer tan importante tarea. Se destacan como normas particularmente significativas las condiciones necesarias para desempeñarlas, que incluyen la presentación -además del currículum del propuesto- de un plan que debe elaborar y que conocerá la Cámara así como la representación de los funcionarios en los Directorios, todo, con el objetivo de aumentar la mejor y efectiva producción de las empresas (artículo 3º, 4º y 5º).

Los artículos 6º a 18 tienden no sólo a poner en práctica una disposición constitucional, sino sobre todo a abrir áreas de participación que aparecen hoy como elementos indispensables en la consolidación y desarrollo de nuestra convivencia democrática. Quienes estamos convencidos que sólo las vías pacíficas y de diálogo son las que aseguran la mejor manera de resolver la relación entre los empleados y los empleadores, pensamos que estas Comisiones representativas no sólo aseguran el mejor y más eficaz funcionamiento de un servicio, sino que pueden contribuir en forma importante en el mejor relacionamiento laboral.

Resulta un deber elemental dejar constancia que esta iniciativa se inspira y tiene como referencia el proyecto de ley presentado por el entonces Representante Nacional doctor Américo Plá Rodríguez el 7 de diciembre de 1965, el remitido por el Poder Ejecutivo el 24 de abril de 1985 firmado por el doctor Julio María Sanguinetti y el licenciado Hugo Fernández Faingold que, como se expresa en el mismo mensaje que lo acompaña, estuvo inspirado también en el del doctor Plá Rodríguez, el presentado por el Representante Nacional profesor Yamandú Fau el 22 de mayo de 1990, el presentado por el Frente Amplio y el Nuevo Espacio junto al Senador Alberto Zumarán en el Senado de la República el 27 de julio de 1991 y por último el presentado por treinta y tres Legisladores de los cuatro lemas con representación parlamentaria con fecha 14 de agosto de 1991.

Por el artículo 6º se crean las Comisiones representativas previstas en la Constitución en todos los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. En cuanto a las facultades de las mismas nos ha parecido prudente transcribir las competencias que la propia Constitución establece, que son claras y cubren, en líneas generales, las temáticas de colaboración y asesoramiento más importantes.

En cuanto a su integración, si bien las comisiones son representativas del personal, el verdadero cometido con que fueron pensadas podrá cumplirse si en una mesa de trabajo se pone a las autoridades y a los funcionarios, asegurándoles a éstos una amplia representación.

El carácter representativo hace que el modo de selección sea lo más democrático y amplio posible, alejándolo de toda posibilidad de politización partidaria. Basta con ser funcionario con un año de antigüedad para ser electo y tres para ser elegible mediante voto secreto y de representación proporcional. A su vez la antigüedad mínima de tres años en la institución garantiza la conducta laboral, la adhesión al Ente y el necesario conocimiento de sus necesidades.

Nos ha parecido conveniente que los representantes tengan mandatos por dos años y que no puedan ser reelectos hasta que no transcurra otro período igual. Por un lado aseguramos en la votación una mayor participación y por otro evitamos la consolidación de grupos que pueden terminar desvirtuando el fin participativo.

El estudio de temas más específicos referidos a áreas del Ente puede hacer conveniente la existencia de un grupo especial, por lo que se ha previsto la constitución de Subcomisiones.

La posibilidad de prevenir desencuentros o incluso conflictos está expresamente prevista como una de las facultades de la Comisión.

Parece obvia la necesidad de que los directores faciliten el trabajo de los representantes en la Comisión y le aporten a ésta toda aquella información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus cometidos.

La necesidad de tener informados a todos los funcionarios del trabajo de la Comisión se brinda, entre otras formas, por la autorización de carteleras a esos efectos.

Respecto a la gestión se prevén mejoras importantes en la calidad del personal (artículos 20 y 21, así como el rechazo de viciosas prácticas electoralistas en materia de ingresos y ascensos (artículo 19).

El proyecto prevé un sistema perfeccionado de controles de la actuación de las empresas públicas, a través de normas que perfeccionan los controles técnicos (artículo 27), a la vez que los aceleran para evitar demoras innecesarias en su actuación (artículo 22).

La creación de una Defensoría de Usuarios y Consumidores, será de gran utilidad para el país. No se trata de una traspolación extralógica de la figura de ombudsman -ya generalizada en Europa- sino de una adaptación a los caracteres de nuestro país de un instituto que estará a cargo de una persona que necesariamente gozaría de un enorme respaldo nacional; a ese objetivo va destinado el novedoso sistema para la designación de su Director.

No es un órgano con función jurisdiccional, sino que representará el sentido común calificado de la población, y estará dotado de poderes de opinión y difusión tales como para poder ejercer un control efectivo y rápido, que no colide con las potestades de ninguno de los órganos constitucionales de contralor de legalidad de la actividad pública.

El proyecto incluye, además, la posibilidad de coordinar la actividad de grupos de empresas -ya ensayada con buen éxito en varios países- así como la descentralización territorial que permitirá eliminar múltiples demoras derivadas de la nociva concentración de tareas en los Directorios, en temas que implican -tan solo- decisiones operativas (artículos 24 y 25).

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores.

EMPRESAS PUBLICAS

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º (Principios generales sobre eficiencia de las empresas públicas). - Declárase como necesidad prioritaria la búsqueda del mejoramiento significativo de la eficiencia de los servicios estatales (públicos, sociales, industriales y comerciales).

A los efectos de la presente ley, se entiende por eficiencia no solamente el logro de la prestación de bienes o servicios de calidad adecuada con los mejores resultados económico-financieros, sino la racional combinación y, a veces, el sacrificio de esa meta, para contemplar las necesidades de la población y, en particular, de aquella de menores recursos.

Para los propósitos enunciados en los incisos anteriores, esta ley establece en especial los siguientes instrumentos que se regulan en los artículos siguientes:

A) Perfeccionamiento de la dirección de los organismos públicos.

B) Mejoramiento del régimen de ascensos del personal, así como el de sus ingresos, evitando con firmeza las designaciones innecesarias y los favoritismos políticos.

C) Modificación de normas que traben o retarden la racional rapidez con que deben decidir los organismos, asuntos impostergables para la mejor eficacia en el cumplimiento de sus cometidos.

D) Descentralización principalmente territorial de facultades, de manera que los funcionarios departamentales o locales de los organismos públicos, puedan adoptar decisiones que, razonablemente, no requieren esperar la resolución de los órganos centrales.

E) Previsión de coordinaciones de grupos de organismos públicos, con el objeto de reducir costos, mejorar la producción y evitar superposición de tareas y de reparticiones burocráticas.

F) Creación de la Defensoría de Usuarios y Consumidores, como institución que -sin generar gastos ni creaciones de empleos- represente con autoridad y legitimidad, el control popular de la real corrección y eficiencia de los servicios estatales.

G) Regulación del modo como las empresas públicas deben publicar los estados que reflejen claramente su vida financiera, tal como lo ordena el artículo 91 de la Constitución de la República.

Art. 2º (Mandato y condiciones de los directores). - Los miembros de los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados durarán cinco años en sus cargos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 197, 198 y concordantes de la Constitución de la República. El período comenzará de tal modo que no coincida con la duración de los mandatos políticos.

A los efectos de decidir las reelecciones para la fecha referida en el inciso anterior y las eventuales reelecciones futuras, se considerarán, especialmente los aportes hechos en favor del mejoramiento de la eficiencia del respectivo organismo.

Art. 3º (Condiciones funcionales y técnicas de los directores). - A partir de la fecha indicada en el artículo anterior, en los Directorios de cada Ente Autónomo y Servicio Descentralizado habrá un representante del respectivo personal.

Los demás miembros -cuatro o dos según sea el caso- serán designados por el procedimiento establecido en el inciso primero del artículo 187 de la Constitución de la República. A tales efectos, esta ley interpreta y reglamenta el concepto de condiciones funcionales y técnicas que deben tener las propuestas en el siguiente sentido:

A) Se tratará de personas con reconocida experiencia y versación en dirección y administración de instituciones o empresas de modo que tengan la aptitud funcional y técnica necesaria para el desempeño de la función para la que se le propone.

B) Las solicitudes de acuerdo del Poder Ejecutivo, deberán remitirse al Senado acompañadas de un plan elaborado por cada uno de los propuestos para el organismo pertinente, en el cual indicará con precisión las metas para el período, los respectivos instrumentos para lograrlas, y una previsión de resultados económicos y financieros.

Art. 4º (Representantes de los trabajadores). - El representante de los trabajadores del respectivo organismo, deberá pertenecer a sus cuadros funcionales y será electo por el personal por voto secreto, con sistema mayoritario simple y sin modalidad alguna de acumulación de sufragios en lemas o sublemas. Junto con el titular, se elegirán dos suplentes.

La elección se hará en los locales del respectivo organismo, e integrarán el padrón de electores sus funcionarios, de cualquier clase, categoría o escalafón.

La Corte Electoral, a propuesta del respectivo Ente o servicio, reglamentará este artículo y el siguiente sin perjuicio de ejercer, además, las competencias de contralor que constitucionalmente le corresponden.

Art. 5º (Responsabilidades del representante de los trabajadores). - El representante del personal tendrá, a todos los efectos, el mismo estatuto jurídico de los otros Directores. Sin perjuicio de ello, responderá además especialmente ante sus representados, por el correcto desempeño de su función y, particularmente, por sus aportes para el mejoramiento de la actividad y de la eficiencia del respectivo organismo.

En cualquier momento el 20% (veinte por ciento) del personal podrá solicitar la revocación del mandato de su representante, en cuyo caso, dentro del mes siguiente a dicha solicitud, se decidirá por el voto de la mayoría absoluta del total de los funcionarios, si el objetado debe alejarse de su cargo. El mecanismo establecido en este inciso no podrá ejercitarse en el último año del mandato de los Directores.

Art. 6º. - Créanse en todos los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que integran el dominio industrial, comercial y financiero del Estado, de conformidad con el artículo 65 de la Constitución de la República, Comisiones representativas del personal que tendrán como cometido colaborar con el Directorio respectivo para el cumplimiento de las reglas del Estatuto, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios, reglamentación del trabajo y aplicación de las medidas disciplinarias.

Art. 7º. - En las materias referidas en el artículo anterior, el Directorio respectivo solicitará previamente la opinión de la Comisión, la que dispondrá de ocho días, como mínimo para emitirla. Sólo en casos excepcionales, y por razones graves y fundadas el Directorio podrá establecer un plazo menor.

Art. 8º. - Cada Comisión representativa se compondrá de diez (10) miembros: un (1) representante del Directorio y nueve (9) representantes del personal. El delegado del Directorio será preferentemente un miembro de éste; en caso de que ello no fuere posible, dicha representación será ejercida por un funcionario de la institución de nivel gerencial, designado por el Directorio.

Los nueve (9) delegados del personal serán elegidos en forma que representen los tres (3) sectores del mismo; personal técnico y semitécnico; personal administrativo y personal obrero y de servicio. Estos se elegirán en forma proporcional a la cantidad de funcionarios en cada una de las categorías, con por lo menos un integrante de cada una de ellas.

Art. 9º. - La elección de los representantes del personal se efectuará sobre la base del voto secreto y la representación proporcional, debiendo participar en la elección para que la misma sea válida y eficaz, un mínimo del (70%) setenta por ciento, del personal del Ente.

Conjuntamente con la elección de cada titular se elegirá doble número de suplentes, los que accederán al cargo en caso de vacancias temporales o definitivas. A los efectos de la elección se establecerán tres (3) padrones diferentes, para el personal técnico y semitécnico, administrativo y obrero y de servicio, que incluirán a todos los funcionarios con un (1) año de antigüedad en el Ente.

La Corte Electoral supervisará todo el acto electoral.

Art. 10. - Para ser electo representante de los funcionarios se requerirá:

A) Ser mayor de edad.

B) Tener una antigüedad mínima de tres (3) años en la Institución.

Art. 11. - Cada representante del personal durará dos (2) años en sus funciones y permanecerá en el cargo hasta que asuma quien haya sido electo para reemplazarlo.

Los representantes de los funcionarios no podrán ser reelectos hasta que haya transcurrido un período de la misma duración entre su cese y su nueva elección.

Art. 12. - La Comisión fijará su régimen de trabajo y podrá ser convocada a solicitud del representante del Directorio o por tres (3) representantes del personal.

Art. 13. - La Comisión podrá formar Subcomisiones para cada uno de los sectores del personal. Estas subcomisiones estarán formadas por el representante del Directorio y los representantes de los funcionarios del respectivo sector.

Art. 14. - La Comisión deberá adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir las desinteligencias entre las autoridades de los organismos y sus empleados y obreros.

A esos efectos, proporcionará la intervención de mediadores o la formación de Comisiones de conciliación.

Art. 15. - La Comisión por mayoría, podrá hacer sugerencias a los Directores sobre aquellos asuntos de interés para el organismo o para el personal.

Art. 16. - Los directores deberán facilitar el mejor cumplimiento de sus funciones a los representantes del personal, a la vez que establecerán medidas que aseguren una eficaz comunicación entre las autoridades del Ente y quienes representan a los funcionarios.

Art. 17. - Los Directorios autorizarán la colocación de carteleras para la debida información de las cuestiones referidas a la actividad de la Comisión representativa.

Art. 18. - Cada Directorio dictará las normas complementarias para el mejor funcionamiento de las respectivas Comisiones representativas. Las Comisiones dictarán, a su vez, sus propios reglamentos internos.

Art. 19 (Ascensos). - En la Administración Pública (Central y descentralizada) se establecerá un sistema de ascensos que, efectivamente, reconozca los méritos derivados de los talentos y las virtudes, lo cual constituye un principio básico de la carrera administrativa (artículos 8º y 60 de la Constitución de la República). Los puntajes por antigüedad, en ningún caso superarán el 50% (cincuenta por ciento) del total del puntaje por méritos.

La evaluación de méritos y la realización de concursos para ascensos, se harán en todo caso con intervención de tribunales de integración cuatripartita igualitaria, con representación del órgano jerarca, de los trabajadores, de la Universidad y de la Defensoría de los Usuarios y Consumidores.

El Poder Ejecutivo, oyendo a un tribunal con dicha composición, reglamentará este artículo para la Administración Central. Los organismos con potestad estatutaria, con similar asesoramiento, lo harán respecto de sus funcionarios.

Art. 20 (Ingresos y fuentes de trabajo). - Queda prohibida toda designación o contratación de personas para la Administración Central o descentralizada.

Los Directores de Entes Autónomos o Servicios Descentralizados que votasen cualquier ingreso que, de modo directo o indirecto, contrariase lo establecido en el inciso anterior, quedan impedidos «ipso jure» para ser reelectos en su cargo por ningún procedimiento luego de la fecha referida. La violación de dicho inciso en la Administración Central, generará las responsabilidades políticas correspondientes.

Se exceptúan únicamente de la prohibición establecida en este artículo:

A) Las designaciones que deban realizarse en el Ministerio de Salud Pública.

B) Las que, por ser absolutamente imprescindibles, sean así consideradas por la Dirección de la Oficina Nacional del Servicio Civil previa opinión favorable de la Defensoría de Usuarios y Consumidores a solicitud fundada del órgano interesado. El término máximo para que cada una de estas autoridades se pronuncie es de diez días. De no mediar pronunciamiento, el silencio deberá interpretarse como opinión negativa y por tanto obstativa.

En los casos de las precedentes excepciones, el ingreso sólo podrá decidirse luego de un concurso. Si el cargo de ingreso no requiriese ningún conocimiento especial, manual o intelectual, podrá recurrirse al sorteo.

En ambos casos -concurso o sorteo- el llamado dará igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y será controlado por un tribunal de las características indicadas en el artículo 19.

Cualquier designación o contratación que se realice al margen de estos dos únicos procedimientos (concurso o sorteo) origina para quien la votó, responsabilidad penal, que se castigará con prisión de dos a seis meses, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y políticas que pudiesen corresponder.

Art. 21 (Fuentes de trabajo). - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto formará una Comisión Sectorial (inciso cuarto del artículo 230 de la Constitución de la República) con el cometido específico de procurar acuerdos para la creación de fuentes de trabajo que permitan cumplir la prohibición de nombramientos (artículo 20) y, eventualmente, promover otras supresiones de vacantes.

La Defensoría de Usuarios y Consumidores podrá asistir a las reuniones de esta Comisión Sectorial o hacerse representar en ella.

Art. 22 (Agilitación de informes). - La intervención preventiva del Tribunal de Cuentas -o de los contadores o funcionarios que hagan sus veces- en materia de gastos y pagos y en todo lo relativo a la gestión financiera de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (literales B) y E) del artículo 211 de la Constitución de la República), deberá producirse en cada caso en un término no mayor de cuatro días contados desde aquel en que se solicitó dicha intervención. Si vencido ese cuarto día no hubiese pronunciamiento, el solicitante deberá interpretar que recibió opinión aprobatoria para el gasto, pago o gestión.

Art. 23 (Régimen de contrataciones). - Ningún procedimiento para contrataciones que realicen los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, podrán tener una duración mayor de sesenta días contados desde la decisión de contratar hasta el momento de la contratación. Quedan exclusivamente exceptuados:

A) Los casos en que la superación de ese término sobreviene como consecuencia de recursos interpuestos por los interesados, cuando la prudencia aconseja -a juicio del organismo público respectivo- resolver previamente las reclamaciones.

B) Las licitaciones que incluyan llamados específicos a empresas no nacionales, que se regirán por las reglas actualmente vigentes.

El plazo indicado en el inciso primero de este artículo se dividirá en tres partes iguales:

A) Trámites de llamado.

B) Trámites de instrucción.

C) Trámites de decisión.

Dentro del término de treinta días contados desde la promulgación de esta ley, el Poder Ejecutivo, a iniciativa del Tribunal de Cuentas, remitirá al Poder Legislativo las modificaciones a la Ley de Contabilidad y Administración Financiera que permitan el cumplimiento efectivo y ágil de los objetivos expresados en el artículo 1º y particularmente en el artículo 22 y en el presente.

Art. 24 (Desconcentración territorial). - En los servicios estatales (centralizados o descentralizados) se procurará que los funcionarios jefes, encargados o similares de ciudades o localidades del interior del país, puedan adoptar decisiones operativas, sin necesidad de remisión del asunto a decisión del órgano jerarca.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo o los Ministerios en su caso, procederá a asignar tareas o a dictar las resoluciones delegatorias pertinentes (numerales 24 del artículo 168 y 9º del artículo 181 de la Constitución de la República). Los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, asignarán tareas para el cumplimiento razonable del objetivo indicado en este artículo, desconcentrando tareas territorialmente en todo lo que sea compatible con el primer párrafo del artículo 185 de la Constitución de la República.

Art. 25 (Coordinación sistemática de grupos de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados). - Créase una Comisión presidida por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o integrada por un representante de cada Ente Autónomo y Servicio Descentralizado, con el objeto de elaborar un acuerdo que sistematice la formación de grupos de dichos organismos que, por la naturaleza de sus actividades, permita la utilización de servicios comunes o la complementación de actividades, procurando mejorar el rendimiento y producción y el abaratamiento de costos.

Los acuerdos que se formalicen, se aplicarán en la medida en que no violen los principios de autonomía que resultan de la Constitución de la República y las leyes que rigen a cada uno de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Art. 26 (Defensoría de Usuarios y Consumidores). - Encomiéndase a la Suprema Corte de Justicia (numeral 8 del artículo 239 de la Constitución de la República) la organización de una Defensoría de Usuarios y Consumidores, a cargo de un Director quien, además de las atribuciones ya señaladas en esta ley, podrá publicitar profusamente la opinión que le merecen las actuaciones y gestión de los organismos industriales y comerciales, su parecer sobre los efectos que ellas producen sobre consumidores y usuarios, así como las correcciones que a su leal saber y entender, deben ser realizadas por las empresas públicas.

El director de la Defensoría de Usuarios y Consumidores actuará con la más amplia autonomía funcional y tendrá la misma remuneración, incompatibilidades, duración en el cargo, inelegibilidades y prohibiciones que los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

El director de la Defensoría de Usuarios y Consumidores, será elegido por tres quintos del total de componentes de la Asamblea General, de una terna que, de común acuerdo, propondrán los siguientes organismos constitucionales. Suprema Corte de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral.

La persona electa deberá tener condiciones de tal excelencia personal y técnica como para merecer un altísimo respaldo nacional.

El Poder Ejecutivo acordará con el director de la Defensoría de Usuarios y Consumidores, el respectivo apoyo locativo, material y humano. A tal efecto se tendrán particularmente en cuenta los recursos humanos ya existentes en las Defensorías de Oficio.

Art. 27 (Estados financieros). - Interprétase que la expresión «estados que reflejen su vida financiera» utilizada en el artículo 191 de la Constitución de la República implica que de dichos estados resulten explicados, de modo veraz y entendible, los servicios prestados y bienes producidos, los ingresos y egresos y las razones que determinan los precios y tarifas que se cobran.

Sobre tales bases, el Tribunal de Cuentas regulará el punto en una ordenanza de contabilidad (literal F del artículo 211 de la Constitución de la República).

Al analizar la visación de los estados financieros, el Tribunal de Cuentas formulará una apreciación sobre el grado de eficiencia habido en el ejercicio, en función de criterios técnicos, que fijará también en una ordenanza de contabilidad, que atenderá las particularidades de cada empresa o grupos de empresas públicas (Art. 25).

Art. 28 (Exclusión de servicios docentes). - Quedan fuera de las previsiones de la presente ley los organismos de enseñanza que se rigen por sus normas especiales.

Disposiciones transitorias

Art. 29. - Cada Ente Autónomo o Servicio Descentralizado, dentro de los treinta días de entrada en vigencia de la presente ley, deberá clasificar al personal en los tres sectores a que refiere el artículo 8º.

Art. 30. - Dentro del mismo término de treinta días, la Corte Electoral deberá dictar la reglamentación del proceso electoral, debiendo proceder a los diversos actos electorales dentro de los sesenta días subsiguientes.

Art. 31. - A partir de los ciento veinte días de la entrada en vigencia de la presente ley, el Tribunal de Cuentas observará cualquier decisión que tome el Directorio de un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado, que requiera, según los términos de esta ley, la consulta previa a la Comisión representativa y en cuyo proceso previo no conste haberse llenado este requisito.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores».

«EXPOSICION DE MOTIVOS

I

La noción de crímenes contra la humanidad surge a la vida jurídica como respuesta de la comunidad internacional a las atrocidades cometidas por la Alemania Nazi y se materializa positivamente en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg. El mismo establece una serie de principios de Derecho Internacional posteriormente confirmados por las Naciones Unidas en su resolución 95 del 11.12.46 y que en lo medular consagra un nuevo «delito de gentes». La barbarie de la Segunda Guerra Mundial cede su lugar a una nueva situación histórica de violación sistemática de derechos humanos en un contexto diferente, como la ocurrida en América Latina al amparo de la «doctrina de la seguridad nacional». No se trató de excesos en un conflicto bélico internacional, sino de una represión coordinada por las dictaduras de la región y que respondió a una concepción general de «aniquilamiento» de la oposición. También aquí la dignidad humana fue desconocida por una estrategia del terror. La tortura, la desaparición forzada de personas y el homicidio político constituyen atentados crueles y premeditados contra la condición humana y son perfectamente asimilables al «crimen contra la humanidad», valiéndonos de criterios jurídicos cimentados en la evolución del Derecho Internacional, desde 1946 a la fecha. (1)

La respuesta de la comunidad internacional a esta nueva realidad histórica ha sido claramente definida en múltiples Convenios, Declaraciones y Resoluciones de Organismos Internacionales, pero también en una actitud política generalizada de condena, que no hace más que reafirmar el consenso en el repudio de todos aquellos actos inhumanos que se cometan en forma sistemática desde el gobierno de un Estado, afectando a los individuos bajo su jurisdicción.

Estos aberrantes hechos lesionan valores humanos con contenido universal cuya preservación y desarrollo interesa a toda la humanidad; por lo tanto, el castigo de estos delitos trasciende el interés de cada Estado en particular, aunque dependa de que cada país manifieste indeleblemente su voluntad política de proceder en consecuencia al grado de civilización alcanzado y arbitre las medidas legislativas necesarias para el juzgamiento de los responsables.

Si bien algunos autores entienden que se dan las condiciones para hacer extensible a estas prácticas, el régimen jurídico que el Derecho Internacional prescribe para los delitos contra la humanidad, sin necesidad de Convención específica ni de ley interna que lo consagre, ya que se trataría de un mandato imperativo de una norma de Derecho Internacional General, entendemos que plasmar en el presente proyecto los delitos de tortura, desaparición forzada y homicidio político como crímenes contra la humanidad, constituye un meritorio avance en el proceso concientizador de nuestra sociedad sobre la importancia del respeto a los derechos humanos y el consecuente castigo para quien ose violarlos de manera cruenta y sistemática. (2) Se crearía un marco jurídico en base a la nefasta experiencia pasada para que en el futuro tales hechos no sólo no se repitan, sino para que aquellos que se aventuren en los mismos sepan desde ya la actitud que adoptará nuestro sistema.

II

Estamos en el terreno de los delitos de lesa humanidad, constitutivos de una especie dentro del género de los delitos contra los derechos humanos (el encarcelamiento político, las desapariciones, los tratamientos crueles, degradantes o inhumanos, las ejecuciones extrajudiciales, etc.) caracterizados por constituir un típico fenómeno delictivo dictatorial. En el Uruguay, como en distintos países latinoamericanos, acontecieron cuando las fuerzas armadas sustituyeron coactivamente los gobiernos representativos legítimos y pasaron a ejercer un autoritarismo totalitario que determinó la eliminación del principio de separación de los poderes, el avasallamiento de los derechos humanos y el terror penal.

Sus características anómalas de práctica sistemática y oficializada de los gobiernos de facto, así como la impunidad de los sujetos agentes en estos trágicos períodos, no debe significar una razón para no legislarlos, antes bien, importan un imperativo ineludible, no sólo por importar un juicio axiológico definitivo de naturaleza ético-social, sino por sus efectos futuros: el ser inamnistiables, el ser imprescriptibles y el no ser considerados delitos políticos a los efectos de la extradición y del derecho de asilo.

Es del caso afirmar que si con anterioridad a la dictadura padecida se hubieran legislado estos delitos no estaríamos viviendo la crisis política actual entre tendencias amnistiantes y opositoras. (3)

III

Entendemos que la sistematización y la intervención del Estado en atentados graves contra la condición humana, constituyen elementos que permiten equiparar, a la luz de los criterios internacionalmente válidos para doctrina y jurisprudencia, estas situaciones al crimen de lesa humanidad. Deben configurar hechos de gravedad manifiesta llevados a cabo sistemáticamente, con intervención directa o indirecta del Estado. (4)

Por tal razón, en el artículo 1º del proyecto se otorga relevancia a tales extremos para calificar determinados actos como crímenes contra la humanidad y hacerlos abarcables, por tanto, por el régimen jurídico que regula los mismos.

La noción clásica definida en el Estatuto de Nüremberg ha evolucionado paulatinamente y uno de los índices más elocuentes en tal sentido, sin dudas, lo constituye el marco normativo internacional delineado para regular sus efectos jurídicos.

La «Convención sobre el Estatuto del Refugiado» del 28 de julio de 1951 y la «Declaración sobre Asilo Territorial» del 14 de diciembre de 1967 señalan que los autores de delitos contra la humanidad carecen del status de refugiado y del derecho de asilo, estando obligados los Estados a conceder la extradición.

La «Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad» del 26 de noviembre de 1968 dispone no exista limitación en el tiempo para el enjuiciamiento y castigo de los responsables de estos delitos, atento a la gravedad de los hechos que los tipifican.

Los «Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad» adoptados por la resolución 3.074 de 1973 de la Organización de las Naciones Unidas, establecen que los Estados se abstendrán de tomar medidas legislativas o de otra índole que pudieran ser perjudiciales para el castigo de los culpables de crímenes de lesa humanidad, por lo que estaría vedada cualquier medida de indulto, amnistía o gracia.

La opinión actual de la Comunidad Internacional en materia de la llamada «obediencia debida» es contundente en su afirmación, y está contenida en el «Convenio contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes» sancionada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y ratificada por nuestro país por la ley Nº 15.798 del 15 de diciembre de 1985 y en la «Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura» aprobada por la OEA el 7 de diciembre de 1985, al disponer que no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación del delito. Cuando los hechos significan una vejación injustificable y criminal de la dignidad humana, la gravedad de los mismos no admite justificación alguna. En resumen, los elementos analizados: improcedencia del asilo y del refugio, posibilidad de extradición, imprescriptibilidad, no eximente de la obediencia debida, inadmisibilidad de amnistía, gracia e indulto, constituyen notas esenciales del régimen jurídico del delito y contra la humanidad en su actual estado de desarrollo y como tales han sido incorporadas al presente proyecto (Arts. 3º a 6º).

IV

Creemos adecuado para caracterizar los distintos tipos delictivos, recurrir a las definiciones más recientes adoptadas por la Comunidad Internacional. Así, por ejemplo, en el caso de delito de tortura y a los efectos de determinar el elemento material, se tienen en cuenta fundamentalmente, las previsiones de la «Convención Contra la Tortura y Otros Tratos, o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes» y la «Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura» que ya fueron mencionadas. Asimismo, se consideró la ley Nº 23.097 de la República Argentina, sancionada el 20 de octubre de 1984, modificativa del artículo 144 del Código Penal de dicho país, que proporciona el concepto de tortura y establece agravantes por el resultado. (5)

En lo que se refiere a la desaparición forzada, las dificultades son mayores, ya que no existe una definición única universalmente aceptada, si bien todos los proyectos coinciden en las notas esenciales de la figura. Se intenta una elaboración propia y original, aunque en algunos aspectos estuvo presente el «Proyecto de Convención sobre Desaparecimiento Forzado» presentado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) a las Naciones Unidas en 1982. Participamos de la idea que la desaparición forzada posee caracteres específicos que la hacen independiente de cualquier delito similar. La triste historia recientemente vivida en nuestro país y en los vecinos nos obliga a considerar el accionar criminal que va desde la detención hasta la desaparición definitiva. De allí que se castiguen como delitos formalmente independientes la detención ilegítima, el ocultamiento de paradero y la desaparición definitiva.

El delito de desaparición se tipificará cuando se oculte el paradero de una persona privada de libertad siempre que se determine el riesgo de su desaparición o su desaparición definitiva, por lo que estaríamos en presencia de un delito de peligro. Asimismo, se proporciona un criterio objetivo para considerar desaparecida a una persona: el agotamiento de la vía legal sin resultados positivos para el conocimiento de su paradero (recurso de amparo y de habeas corpus). La desaparición, aunque sea transitoria, constituye una forma de terror que atenta no sólo contra los derechos del desaparecido sino contra los derechos de sus allegados. Crea terror por la incertidumbre y la previsión fundada de una desaparición definitiva.

Con relación a esta última hipótesis, la experiencia demuestra que la más de las veces la desaparición enmascara el homicidio, y es en relación a esta situación que el proyecto la encara como un problema de prueba, el cual, resuelto, puede dar lugar al concurso de delitos de ocultamiento de paradero con otras formas delictivas más graves (tortura con resultado de muerte, homicidio político, o encubrimiento de estos delitos).

En lo que atañe al homicidio político no merece mayores comentarios. Se trata de infligir la muerte por móviles que respondan a una insana discriminación poítica, sindical, étnica o religiosa, habiéndose expresado por el «Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente» (Caracas, 1980) que estos actos importan «un crimen particularmente horrendo cuya erradicación constituye una elevada prioridad internacional».

En el artículo 14 del proyecto se pretende castigar y prevenir las asociaciones criminales integradas por funcionarios de las fuerzas armadas o policiales, o de otros organismos gubernamentales, así como aquellas agrupaciones paramilitares o políticas que actúan con el favorecimiento o la coparticipación de tales fuerzas u organismos.

Se asemejan por el hecho asociativo a las asociaciones para delinquir, a la asociación subversiva y a la asociación usurpadora de funciones públicas.

El proyecto, con referencia a las formas omisivas, se ha inspirado en la ley argentina Nº 23.097 del 29 de octubre de 1984 que introduce en el Código Penal, como artículo 144 cuarto, diferentes modos de omisión punible imputables a aquellos funcionarios que en conocimiento de hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad observan una actitud de absoluta pasividad no dando un solo paso para evitarlos, para indagarlos o denunciarlos. (6)

En definitiva, el proyecto elaborado tiende a realizar y a establecer positivamente un principio fundamental de largo afianzamiento en la conciencia universal como lo es el de imponer el necesario castigo a quienes desde el gobierno de un Estado o con su complicidad desconozcan y violen sistemáticamente los derechos humanos fundamentales de los individuos a su cargo. Evidencia el grado repulsión que ha alcanzado en nuestra sociedad la represión inhumana de la dictadura militar y reafirma, por sobre todo, la confianza en que la fortaleza del sistema democrático y el respeto y realización de los derechos humanos implica, necesariamente, el castigo ejemplar para quien los viole.

NOTAS:

(1) Oscar López Goldaracena. «Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad» AAJ Montevideo, 1986 pp 35 y ss.

(2) Ibidem, pp 33/34. pp 50/51.

(3) Rodolfo Schurmann Pacheco, Conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados «Los Delitos de Lesa Humanidad, Tutela Internacional y Desprotección Nacional».

(4) Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos; Subcomisión de Discriminaciones y Protección de las Minorías 37º Per. de Ses. «La Administración de la Justicia y los derechos humanos de los detenidos. Cuestión de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención o prisión». Informe de Louis Joinet; Rel. Espec. 22.6.84, pág. 12. Eugene Aroneanu «Le Crime Contre l'Humanité», Dalloz, París, 1961, pp 52-56.

(5) Víctor Félix Reinaldi «El Delito de Tortura», Depalma, Buenos Aires, 1986.

(6) Carlos A. Tozzini «Doctrina Penal» Año VII, pp 767 y ss.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD. (Normas)

PROYECTO DE LEY

I - NORMAS GENERALES

Artículo 1º. - Los delitos de que trata el presente capítulo (tortura, homicidio político y ocultamiento de paradero y desaparición forzada) serán considerados crímenes contra la humanidad y se regirán por lo dispuesto en estas normas generales, siempre que ellos constituyan un cuadro sistemático, que cuenta con la tolerancia de organismos gubernamentales.

Art. 2º. - Se consideran sujetos activos de los delitos de lesa humanidad:

a) Los funcionarios públicos que actuando en ese carácter los ejecuten directamente o los ordenen, instiguen o induzcan su comisión, así como también aquellos que pudiendo impedirlo no lo hagan.

b) Los particulares que por orden, instigación o inducción de los funcionarios, los ejecuten, sin perjuicio de las normas sobre comunicabilidad en materia de coparticipación.

Art. 3º. - No corresponderá conceder asilo diplomático ni territorial a quien hubiere participado como autor o coautor en un delito de lesa humanidad, aún cuando reuniera las demás condiciones para ser considerado asilado.

Art. 4º. - Cuando se recibiese de otro Estado una solicitud o requerimiento de extradición fundado en alguno de estos delitos y no existiera tratado o convención vigente que obligue a la República, deberá concederse la extradición solicitada. Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones exigidas por el derecho interno para hacer lugar a la extradición.

A los efectos de la extradición, los delitos de lesa humanidad no se considerarán delitos políticos.

Art. 5º. - No podrá invocarse la orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de los delitos de lesa humanidad. Por consiguiente, el haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de responsabilidad penal.

Art. 6º. - Los delitos de lesa humanidad no podrán declararse extinguidos por indulto, amnistía o gracia, ni se aplicará a su respecto término de prescripción de tipo alguno.

II - TORTURA

Art. 7º. - El que impusiese cualquier forma de tortura a una persona privada de cualquier forma de libertad será castigado con dos a ocho años de penitenciaría.

Por tortura se entenderá:

a) Todo acto por el cual se inflija sufrimiento físico o mental con fines indagatorios, de castigo o de intimidación, tanto respecto a indagado como a terceros.

b) El sometimiento a penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

c) La aplicación de tratos tendientes a anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o padecimiento psíquico.

Art. 8º. - Si a consecuencia del delito de tortura sobreviniera una lesión personal, la pena será de dos años y seis meses a ocho años de penitenciaría; si sobreviniera una lesión grave la pena será de tres a diez años de penitenciaría; si sobreviviera una lesión gravísima la pena será de cinco a quince años de penitenciaría; y si sobreviviera la muerte la pena será de seis a veinticinco años de penitenciaría.

III - HOMICIDIO POLITICO

Art. 9º. - El que deliberadamente dé muerte a alguna persona a causa de sus actividades u opiniones políticas o sindicales reales o presuntas, o en razón de su pertenencia a un grupo étnico o religioso, será castigado con quince a treinta años de penitenciaría.

IV - DETENCION ILEGITIMA - OCULTAMIENTO DE PARADERO Y DESAPARICION FORZADA

Art. 10. - El que detenga ilegítimamente a una persona será castigado con veinte meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 11. - El que oculte el paradero de una persona detenida, arrestada o condenada será castigado con veinticuatro meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Art. 12. - El que oculte el paradero de una persona privada de libertad determinando el riesgo de su desaparición o su desaparición efectiva, será castigado con tres a veinticinco años de penitenciaría.

Se considerará configurada la desaparición efectiva de una persona cuando, agotados los medios legales, no se hubiera logrado conocer su paradero. Por medios legales se entenderá la interposición del habeas corpus y el recurso de amparo sin resultados positivos.

Art. 13. - Atenúan los delitos de ocultamiento de paradero y desaparición forzada las siguientes circunstancias:

a) Que la víctima sea puesta en libertad indemne.

b) Que se informe o actúe para posibilitar o facilitar la aparición con vida del desaparecido.

V - ASOCIACION PARA COMETER DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Art. 14. - Los que se asociaren para cometer delitos de lesa humanidad serán castigados por el simple hecho de la asociación, con la pena de dos a doce años de penitenciaría.

VI - FORMAS OMISIVAS

Art. 15. - El funcionario público que omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, teniendo competencia para ello, será castigado con la pena prevista para el delito de que se trate, reducida de un tercio a la mitad.

Art. 16. - El funcionario público que en razón de sus funciones tomase conocimiento de la comisión de hechos a los que se refiere el artículo anterior y no formulara la correspondiente denuncia en un plazo no mayor de setenta y dos horas será castigado con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

Si el funcionario público fuese médico se le impondrá, además, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por doble tiempo de pena.

Art. 17. - El Juez que tomando conocimiento, en razón de su función, de los hechos referidos en los artículos anteriores, no iniciara la indagatoria judicial o no denunciara el hecho competente dentro de las sesenta y dos horas, será castigado con la misma pena prevista en el artículo 15.

VII - CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Art. 18. - Agravan los delitos de lesa humanidad, cuando no constituyan elementos constitutivos de los mismos, las circunstancias siguientes:

a) Cuando el delito se cometa respecto a niños, mujeres embarazadas o grupos familiares.

b) La intervención en el hecho delictivo directa o indirectamente de tres o más personas.

c) La participación de funcionarios públicos o particulares que actúan amparados por el poder público de otros Estados en la comisión del delito.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores".

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto tiene por finalidad otorgar rango legal al Decreto del Poder Ejecutivo 252/89 de 30 de mayo de 1989, por el que se prohíbe la introducción en cualquier forma o régimen, en las zonas sometidas a la jurisdicción nacional de todo tipo de desechos peligrosos; rango legal que posibilita tipificar la conducta delictiva de quien contravenga sus disposiciones.

El fundamento por el que se dictara el Decreto 252/89, en cuanto al notorio peligro que para la salud humana y el medio ambiente derivaría de la introducción de desechos peligrosos, ha cobrado hoy mayor trascendencia atento a la manifiesta voluntad de los países desarrollados de volcar sus desechos -especialmente los radioactivos- en los países del tercer mundo, violentando la integridad y soberanía de cada Estado.

Es preciso, entonces, contar, con un instrumento de rango legal que reiterando lo dispuesto por el Decreto aludido, permita la clara delimitación de la acción que se tipifica como delictiva y determina la sanción a aplicar.

Con este sentido encuadramos la acción dentro de las figuras delictivas contra la seguridad y contra la salud pública, adecuando la sanción a aplicar a la de los delitos de incendio, estrago, envenenamiento o adulteración de aguas destinadas a la alimentación pública.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores.

A) "DESECHOS DE CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS, BIOLOGICAS O RADIACTIVAS. (Se prohíbe la introducción al país de aquellos que constituyan un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Prohíbese la introducción en cualquier forma o bajo cualquier régimen en las zonas sometidas a la jurisdicción nacional, de todo tipo de desechos peligrosos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º.

Art. 2º. - A los efectos del presente decreto, se entiende por zonas sometidas a la jurisdicción nacional, toda zona terrestre, marítima -incluida la plataforma continental- o del espacio aéreo en que la República ejerce, conforme al derecho internacional y la legislación interna pertinente, competencias administrativas, normativas o facultades relativas a la protección de la salud humana o del medio ambiente.

Art. 3º. - Por desechos peligrosos se entiende aquellos desechos cualquiera sea su origen, que por sus características físicas, químicas, biológicas o radiactivas, constituyan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente.

Sin perjuicio de otras categorías que puedan preverse en la legislación nacional, se incluyen, entre los desechos definidos en el párrafo anterior, además, de los radiactivos, los comprendidos en las categorías enumeradas en el Anexo I del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos transfronterizos de los desechos Peligrosos y su Eliminación, adoptado en Basilea (Suiza) el 22 de marzo de 1989, a menos que no tengan ninguna de las Características descriptas en el Anexo III del mismo Convenio.

Art. 4º. - El Poder Ejecutivo sólo podrá autorizar, en casos determinados la introducción o tránsito de desechos destinados a operaciones de recuperación, reciclado, o reutilización de recursos dentro de las condiciones adecuadas que aseguren la protección de la salud humana o del medio ambiente.

Tratándose de desechos radiactivos, la autorización podrá ser otorgada previa aprobación por el Poder Legislativo por 2/3 de componentes de cada Cámara.

Art. 5º. - Cuando existan motivos fundados para suponer que un buque que navega por las aguas jurisdiccionales de la República intentaría realizar vertimentos de desechos peligrosos en dichas aguas, las autoridades competentes tomarán las medidas preventivas que estime adecuadas y la iniciación de los procedimientos legales pertinentes.

Art. 6º. - Cuando existan motivos fundados para presumir que a través de un medio de transporte se pretende introducir ilícitamente desechos peligrosos, la autoridad competente dispondrá las medidas preventivas adecuadas que podrán incluir la prohibición de descargar, la verificación de urgencia a bordo del medio de transporte de que se trata, la determinación de pericias y las demás acciones administrativas y técnicas conducentes a la eficaz protección de la salud humana y del medio ambiente.

Art. 7º. - En caso de comprobarse la presencia de desechos peligrosos a través de las verificaciones que realizaren las autoridades competentes en ocasión del cumplimiento de sus funciones, éstas además, darán cuenta inmediatamente y en forma circunstanciada, al Poder Ejecutivo del desecho que se pretende introducir al país, o que se hubiere introducido, así como de las personas físicas o jurídicas responsables de ello y de los agentes intervinientes.

Art. 8º. - Recibida la información circunstanciada a que se refiere el artículo 7º el Poder Ejecutivo podrá adoptar las medidas complementarias de carácter administrativo y técnico conducentes a la protección de la vida humana y del medio ambiente, incluyendo, según los casos, el reembarco de los desechos, el tratamiento o la eliminación en forma ambientalmente racional de los mismos, la aplicación de las sanciones que corresponda y, sin perjuicio de éstas, la remisión de los antecedentes a la justicia competente, cuando correspondiere. Los gastos que origine cualquiera de las operaciones señaladas en el párrafo anterior serán de cargo de la o las personas físicas o jurídicas responsables individual o solidariamente.

Art. 9º. - El que introdujere sin autorización, en cualquier forma o bajo cualquier régimen en zonas sometidas a la jurisdicción nacional, desechos peligrosos para la salud humana o el medio ambiente, será castigado con doce meses de prisión a dieciséis años de penitenciaría.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores".

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El tema de una legislación en materia de riego, ha sido largamente considerado por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado en la presente legislatura.

Durante dos años, se mantuvieron en el seno de la Comisión varias reuniones de análisis con el Sr. Ministro del ramo, en procura de lograr la correspondiente iniciativa del Poder Ejecutivo, en una materia que consideramos de gran importancia para el desarrollo de las políticas destinadas a la promoción del crecimiento del agro.

Al no materializarse la referida iniciativa del Poder Ejecutivo, entendemos oportuna la presentación del presente proyecto de ley, que ya fuera considerado y aprobado por la Cámara de Representantes en la legislatura pasada. El proyecto que estamos presentando, servirá de base para que todos los sectores puedan aportar al mismo aquello que consideren oportuno, haciendo más rápida su consideración.

Dada la importancia del tema y su trascendencia para el futuro del país, creemos imprescindible su discusión y aprobación por el Parlamento antes de finalizado el actual Período Legislativo.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores.

PROYECTO DE LEY

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. - (Declaración de interés público). Declárase de interés público el riego, el drenaje y la regulación de aguas en beneficio del desarrollo agropecuario.

Todo productor rural tiene el derecho y el deber de utilizar, asociado o individualmente, los recursos hídricos a su disposición, desenvolviendo en óptimas condiciones económicas su explotación, sin degradar el medio ambiente.

Art. 2º. - (Normas técnicas de uso y régimen aplicable). El Poder Ejecutivo establecerá normas técnicas sobre el uso del agua, sea ésta del dominio público o privado, a las que se deberán ajustar los usuarios. En todo lo no previsto expresamente se aplicarán las disposiciones del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978 (Código de Aguas).

TITULO II

DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PARA RIEGO Y DRENAJE

Artículo 3º. - (Uso de aguas privadas). El uso, permanente o no, de aguas privadas pertenecientes a un mismo propietario, no requiere autorización, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Poder Ejecutivo por el decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, y por el artículo 2º de la presente ley.

Art. 4º. - (Uso no permanente). El uso no permanente de agua para riesgo -que pertenezcan a más de un propietario o integren el dominio público o fiscal, en su caso- podrá conferirse directamente por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en las siguientes condiciones:

A) Por autorización, cuando las aguas a usar sean privadas y pertenezcan a más de un propietario.

B) Por permiso, cuando suponga el uso de aguas del domino público o fiscal, en su caso, en los términos del artículo 167 decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978.

La existencia de autorización o permiso para uso no permanente, no obstará a que los usuarios o cualquier tercero, puedan gestionar y obtener un aprovechamiento permanente para riego de esas aguas, y con su aplicación efectiva, caducarán los referidos permisos y autorizaciones, siempre que se hubiere cumplido con lo dispuesto en el artículo 9º de la presente ley.

Art. 5º. - (Uso permanente). El aprovechamiento permanente de las aguas que pertenezcan a más de un propietario o integren el dominio público o fiscal, en su caso, y que tenga como destino el riego de una explotación agropecuaria permanente o de un área de desarrollo agropecuario, requiere un Plan de Cultivo y Riego.

Se considerarán permanentes las explotaciones agropecuarias en que se proyecte utilizar el agua para riego, por un período contínuo no menor de cinco años.

Se considerarán áreas de desarrollo agropecuario las superficies beneficiadas por obras hidráulicas.

Art. 6º. - (Solicitudes de aprovechamiento). Las solicitudes de aprovechamiento permanente de agua deberán acompañarse de los correspondientes proyectos de riego, drenaje o regulación de aguas realizados por las instituciones públicas o a iniciativa privada. Los mismos deberán adecuarse a la aptitud de uso de las tierras afectadas y, en el caso de proyectos de riego, a la necesidad de agua de los cultivos y a la disponibilidad del recurso de agua.

Dichos proyectos deberán incluir la información que exija la reglamentación del Poder Ejecutivo, suscrita por un ingeniero agrónomo y los técnicos que corresponda.

Art. 7º. - (Otorgamiento). El aprovechamiento permanente de las aguas para riego, destinado a explotaciones comprendidas en el artículo 5º de la presente ley, será otorgado por el Poder Ejecutivo, por autorización, cuando sean privadas y pertenezcan a más de un propietario o, mediante concesión de uso, cuando implique aguas del dominio público o fiscal, en su caso (Sección III, Capítulo I, Título VI del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978).

El otorgamiento de aprovechamiento permanente supone el derecho de disponer de dichas aguas a los efectos del artículo 103 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, en la redacción dada por el artículo 1º del decreto-ley Nº 15.576, de 15 de junio de 1984.

Art. 8º. - (Legitimación). Están legitimados para solicitar y ser titulares de una concesión o autorización de aprovechamiento de aguas para riego:

A) Los propietarios de los predios en que se desarrollen una o más explotaciones permanentes.

B) Los titulares de un derecho a uso y goce respecto de los predios en que se desarrollen una o más explotaciones permanentes, debiendo tener un plazo pendiente mayor a cinco años en el momento de solicitar la concesión o autorización.

C) Cualquier sujeto de derecho con destino a un área de desarrollo agropecuario.

Art. 9º. - (Procedimiento para el otorgamiento de aprovechamiento permanente). Presentada una solicitud de aprovechamiento permanente de aguas se seguirá el procedimiento de los artículos 168 a 180 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, tanto para la autorización como para las concesiones, con los siguientes agregados:

A) Se publicará un resumen, indicando el área beneficiaria y demás aspectos de interés, por tres días seguidos en un diario de mayor circulación de la capital, en el Diario Oficial y en un diario de la localidad.

Los permisarios, autorizados o concesionarios, existentes o en trámite, deberán ser notificados personalmente en el domicilio constituido ante la Administración.

B) Dentro de los treinta días a contar de la notificación o de la última publicación, los legitimados (artículo 8º de la presente ley) respecto de los predios de una misma cuenca o de un área de desarrollo agropecuario, determinados en ambos casos por el Poder Ejecutivo, podrán solicitar la constitución de una sociedad de regantes. La misma se constituirá con los proponentes y todos los legitimados que así lo soliciten. El capital autorizado de la sociedad será aprobado por el Poder Ejecutivo. Los proponentes primarios podrán desistir de la solicitud o aceptar la constitución de la sociedad.

C) En todo caso, quedarán vigentes las concesiones o autorizaciones de aprovechamientos permanentes actuales -para explotaciones comprendidas en el artículo 5º de esta ley- de los predios cuyos legitimados no deseen incorporarse a la solicitud de aprovechamiento, pero se determinará el caudal que en situación previa al plan de aprovechamiento se hubiese utilizado efectivamente y de ser menor al previsto originariamente en la concesión, el caudal deberá ajustarse a dicha realidad.

Art. 10. - (Plazo). Los aprovechamientos permanentes no podrán otorgarse por un plazo mayor de diez años. Podrán ser renovados a su vencimiento, pero deberá seguirse todo el procedimiento como si se otorgare uno nuevo.

Cuando implique obras de alto costo, el Poder Ejecutivo por resolución fundada podrá otorgar un plazo no mayor de veinticinco años.

Art. 11. - (Caducidad). Los aprovechamientos permanentes de aguas con destino al riego caducarán sin derecho a indemnización, en los siguientes casos:

1) En los establecidos por el artículo 173 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978.

2) Si se aparta del Plan de Cultivo y Riego a que hace referencia el artículo 5º de la presente ley, sin el consentimiento del Poder Ejecutivo.

Art. 12. - (Cesión de derechos). Se podrán ceder los aprovechamientos permanentes con destino a riego, en los casos previstos en los literales A) y B) del artículo 8º de la presente ley. En dichos casos habrá cesión legal de los derechos emergentes del aprovechamiento permanente de agua para explotaciones comprendidas por el artículo 5º de la presente ley, conjuntamente con la trasmisión del derecho de propiedad o de uso y goce del área de la explotación permanente, considerada en el otorgamiento como área beneficiada.

En caso de trasmisión parcial la cesión legal será proporcional.

Art. 13. - (Mejoras). En los casos que, con la legitimación a que se refiere el literal B) del artículo 8º de la presente ley, el arrendatario o aparcero solicite concesión o autorización que implique obras, éstas se considerarán mejoras de cultivo y se aplicará el Capítulo VI del decreto-ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975, con las siguientes modificaciones:

A) La autoridad a intervenir, con la función dispuesta por los artículos 29 y 33 de dicho decreto-ley, será el Poder Ejecutivo.

B) La indemnización por mejoras se calculará por el menor de los siguientes cálculos: la mayor rentabilidad agregada a la explotación o a los gastos efectuados, prorrateados por la duración del aprovechamiento, en ambos casos, por el plazo que reste al aprovechamiento.

Art. 14. - (Explotación forzosa). Cuando el Poder Ejecutivo autorice un aprovechamiento de aguas cuya obra hidráulica haya sido declarada de interés nacional, de conformidad al artículo 33 de la presente ley, los inmuebles que se encuentren en el área de desarrollo agropecuario de tales obras, quedan sujetos a la imposición de una servidumbre de explotación forzosa, de acuerdo a lo previsto en este artículo.

Cualquier persona podrá solicitar al Poder Ejecutivo la imposición de la servidumbre referida, por los plazos mínimos previstos en los artículos 11 y 12 del decreto-ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975, y con el límite del término de la concesión o autorización de aprovechamiento de aguas.

Si los solicitantes de un mismo predio fueren más de una persona física o jurídica, para poder realizar la solicitud a que hace referencia este inciso, deberán asumir las obligaciones para con el titular del inmueble sirviente en forma solidaria.

El Poder Ejecutivo fijará y reajustará anualmente el precio de la servidumbre, tomando en consideración los valores de los arrendamientos de explotaciones similares, luego de verificado el procedimiento previsto en el artículo siguiente y siempre que no se haga uso del derecho de preferencia, debiendo cumplirse con los siguientes extremos:

A) Que el Poder Ejecutivo verifique que el predio solicitado se encuentre en el área de desarrollo agropecuario cuya obra hidráulica haya sido declarada de interés nacional; que en éste no se realice un aprovechamiento total de la capacidad disponible de las aguas; que exista capacidad excedente de dicho aprovechamiento en condiciones razonables para utilizar en dicho predio y que el plan de riego y cultivo presentado mejore la productividad del mismo.

B) Que el Poder Ejecutivo o el organismo que éste designe, certifique la capacidad técnica y financiera del interesado para llevar adelante la explotación que solicite.

C) Que el solicitante presente garantías suficientes (artículos 2112 y siguientes del Código Civil) o deposite en Obligaciones Hipotecarias Reajustables la cantidad equivalente al precio correspondiente a dos semestres (artículo 38 del decreto-ley Nº
14.219, de 4 de julio de 1974).

D) Que el precio a fijarse supere en un 50% (cincuenta por ciento) la rentabilidad media que obtiene el titular de la explotación que se está realizando y de acuerdo a ella.

E) El precio se abonará por prestaciones periódicas en semestres adelantados.

Cuando se desplace un arrendatario, aparcero o cualquier titular de un derecho de uso y goce, el precio se le abonará al mismo, mientras dure su derecho. Sin perjuicio de ello, el propietario del predio podrá exigir que la cuota parte que represente las obligaciones que hubiesen contraído con él los desplazados, se le abone directamente.

En todo lo no previsto en esta disposición se aplicarán las normas sobre arrendamientos rurales contenidas en el decreto-ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975.

Art. 15. - (Procedimiento). A los efectos regulados por el artículo anterior el Poder Ejecutivo seguirá el siguiente procedimiento:

A) De la solicitud presentada se notificará personalmente, de ser posible, al propietario, arrendatario, aparcero u otro titular de un derecho de uso y goce del inmueble solicitado y se colocará un cedulón en lugar visible del mismo.

B) De no ser posible la notificación personal, se publicará en los términos previstos en el literal A) del artículo 9º de la presente ley. Dentro de los treinta días a contar de la notificación o de la última publicación, en los términos del literal B) del artículo 8º de la presente ley, el arrendatario, aparcero u otro titular de un derecho de uso y goce o en su defecto el propietario podrán solicitar preferencia, la que se otorgará previa presentación de un plan de aprovechamiento y aprobación posterior por el Poder Ejecutivo, el que indicará los plazos de presentación del mismo y de su puesta en práctica.

El vencimiento de cualquiera de los plazos hará caducar el derecho de preferencia.

Art. 16. - (Derecho al agua). En los casos de obras hidráulicas en un área de desarrollo agropecuario, los legitimados respecto de la misma tendrán derecho a regar. Nadie podrá ser obligado a otra prestación que al precio que homologue el Poder Ejecutivo. El plan de aprovechamiento establecerá el precio inicial del agua que comprenderá gastos de amortización, conservación, administración y utilidad razonable. También se indicará el orden de prioridad de los predios del área de desarrollo agropecuario a efectos del derecho de riego.

Los actuales concesionarios con plazo vigente quedarán hasta el vencimiento del mismo, exceptuados de la aplicación del presente artículo.

Art. 17. - Ante toda cuestión que no pueda resolverse por las disposiciones de este Título, se acudirá a las contenidas en los Capítulos I (Disposiciones Generales) y VI (De las Sociedades Colectivas) del Título III del Libro II del Código de Comercio.

TITULO III

SOCIEDADES DE REGANTES

CAPITULO I

De la organización y constitución

Artículo 18. - (Definición y objeto). Las Sociedades de Regantes son personas jurídicas que se constituyen con el objeto de lograr el íntegro, justo, eficaz y coordinado aprovechamiento del agua para riego, su drenaje y regulación, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.

Art. 19. - (Organización). Los titulares de permisos, concesiones, autorizaciones o derechos en general que otorguen el uso de aguas provenientes de álveos, cauces naturales o de obras artificiales con destino al riego, así como los que aprovechen en común obras de drenaje o de regulación de aguas, podrán organizarse en sociedades (salvo en los casos en que su constitución sea obligatoria, artículo 21 de la presente ley), de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley o por los decretos-leyes Nos. 14.827, de 20 de setiembre de 1978 y 15.645, de 17 de octubre de 1984.

Art. 20. - (Constitución). Las Sociedades se constituirán por escritura pública o documento privado suscrito por los titulares de los permisos, concesiones, autorizaciones o derechos, con indicación de los nombres, apellidos, domicilios y títulos de los regantes y las disposiciones estatutarias que regularán su organización y financiamiento.

Los Estatutos deberán contener:

1) Nombre, domicilio y objeto de la Sociedad.

2) Individualización de los álveos o cauces naturales y las obras artificiales de riego o drenaje y regulación de aguas, sometidas a la Sociedad.

3) El procedimiento y mayoría para su modificación.

4) El reglamento de riego para la Sociedad.

5) La forma en que se adjudicarán los votos a cada socio.

6) Derechos y obligaciones de los usuarios.

7) Capital social, forma y proporción de su integración.

8) Los casos en que deba disolverse la Sociedad y los procedimientos de liquidación de la misma.

Una vez aprobados los Estatutos por el Poder Ejecutivo, en la forma que determine la reglamentación, se inscribirán con el documento de constitución en el registro previsto en los artículos 8º a 12 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978 y, a partir de ese momento, se reputará habilitada para actuar como persona jurídica.

Art. 21. - (Constitución obligatoria). La constitución de una Sociedad de Regantes podrá, a juicio del Poder Ejecutivo, ser obligatoria:

A) Para los usuarios de una obra hidráulica administrada por el Estado, a efectos de que el mismo traspase la administración a la Sociedad.

B) Cuando la construcción de una obra de riego, drenaje o regulación de aguas sea ejecutada por el Estado o declarada de interés público.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición y establecerá el estatuto social. Los obligados podrán recesar unilateralmente, dentro de los sesenta días de notificados, renunciando a los derechos de uso de agua que tuvieran a cualquier título.

Art. 22. - (Incorporación de nuevos titulares). Si por el otorgamiento de un permiso, concesión, autorización o derecho se constituye un nuevo derecho de agua, su titular quedará incorporado a la Sociedad respectiva.

CAPITULO II

Derechos y obligaciones

Artículo 23. - (Obligaciones de los usuarios). Son obligaciones de los usuarios:

1) Participar de la Sociedad a través de sus respectivos órganos.

2) Solventar el presupuesto de la Sociedad a prorrata de sus respectivos derechos y pagar la contribución de amortización y la tarifa de conservación, administración y explotación de las obras cuando corresponda. La liquidación de la cuota del presupuesto de gastos a inversiones de cada regante, debidamente aprobada por el Directorio, constituirá título ejecutivo.

3) Integrar el capital en la forma que indiquen los estatutos.

4) Las demás que impongan las leyes, decretos y los estatutos y ordenanzas de la Sociedad.

Art. 24. - (Derechos de los usuarios). El derecho de cada usuario integrante de la Sociedad será el que surja de su respectivo título.

Los Estatutos podrán conferir al Directorio la posibilidad de privar del uso de agua para riego, durante el tiempo que los regantes se encuentren en mora en el pago de sus cuotas de contribución, gastos y demás obligaciones pecuniarias con la Sociedad, sin perjuicio de las demás acciones en su contra.

CAPITULO III

Organos de la Sociedad

Artículo 25. - (Organos). Los órganos de la Sociedad serán los siguientes:

A) La Asamblea General;

B) El Directorio.

Art. 26. - (Asamblea General). La Asamblea General es el órgano supremo de la sociedad.

Los estatutos establecerán la forma y condiciones de las convocatorias, constitución, quórum, número de votos que corresponda a cada socio, representación, escrutinios y demás requisitos para funcionamiento de las Asambleas.

Art. 27. - (Cometidos de la Asamblea). La Asamblea General ordinaria se reunirá para:

1) Programar la política de la Sociedad.

2) Realizar la elección del Directorio.

3) Considerar la memoria, balance y estado de resultados presentados por el Directorio.

4) Aprobar el presupuesto de gastos e inversiones.

5) Sancionar el reglamento interno y las ordenanzas de la Sociedad.

6) Cualquier otro cometido que determinen los Estatutos.

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá para tratar asuntos que figuren en forma clara y concreta en el orden del día de la convocatoria.

Art. 28. - (Recursos ante la Asamblea General). Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la Sociedad serán recurribles por los socios -en forma escrita y dentro del plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de su celebración- ante el Poder Ejecutivo, que tendrá un plazo de treinta días para expedirse, siendo su decisión inapelable.

Art. 29. - (Integración del Directorio). El Directorio se compondrá de un mínimo de tres miembros y los Estatutos fijarán el número, condiciones de elegibilidad, atribuciones, forma de elección y la duración de sus mandatos.

Los directores en ejercicio continuarán en funciones hasta que los nuevos directores electos tomen posesión efectiva de sus cargos.

Art. 30. - (Cometidos del Directorio). El Directorio es el órgano de dirección y administración de la Sociedad con las más amplias facultades para el adecuado cumplimiento del objeto social. No obstante no podrá enajenar o gravar total o parcialmente bienes inmuebles sin expresa autorización de la Asamblea General.

Art. 31. - (Recursos ante el Directorio). Las resoluciones que dicte el Directorio de la Sociedad serán recurribles por los socios, por escrito, ante la Asamblea General dentro del plazo de diez días hábiles perentorios, contados a partir del siguiente al de su notificación.

El Directorio deberá convocar a la Asamblea General para considerar el recurso dentro de las veinticuatro horas de interpuesto y si no lo hiciere podrá el interesado convocarla. La Asamblea deberá celebrarse antes de los cinco días y resolver sobre el recurso. Si no lo hiciere se tendrá por denegado.

TITULO IV

DE LAS OBRAS HIDRAULICAS

CAPITULO I

De la aprobación

Artículo 32. - (Aprobación de obras). La construcción de obras hidráulicas con destino a riego, drenaje y regulación de aguas requerirá la aprobación previa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sin perjuicio de los cometidos que por la presente ley se le asignan al Poder Ejecutivo.

CAPITULO II

De la declaración de interés nacional

Artículo 33. - (Obras de interés nacional). Las obras destinadas al riego, drenaje y regulación de aguas podrán ser declaradas de interés nacional por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la reglamentación que se dicte a esos efectos.

Art. 34. - (Contribución y tarifas). El Poder Ejecutivo, por las obras que ejecute, aporte o financie, podrá cobrar a los propietarios de las áreas beneficiadas una contribución por mejoras hasta el monto del beneficio que el drenaje o regulación de las aguas produjeran y, a los usuarios del riego, una tarifa correspondiente a los gastos de explotación, conservación, administración y amortización. La resolución que las establezca constituirá título ejecutivo.

No se podrán enajenar las propiedades beneficiadas por obras ejecutadas por el Estado sin acreditar estar al día en el pago de las deudas por contribución.

Los gobiernos departamentales que en ejercicio de las competencias y cometidos que les otorga el artículo 36 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935, ejecuten total o parcialmente obras de regadío, gozarán de las mismas potestades otorgadas en este artículo al Poder Ejecutivo. y sus resoluciones determinando adeudos por contribuciones por mejoras y consumos sujetos a tarifas, constituirán título ejecutivo.

Art. 35. - (Cálculo de amortización). La amortización a que refiere el artículo anterior incluirá el costo total de las obras y servicios que se hubieren realizado y las sumas abonadas por las expropiaciones o indemnizaciones necesarias para su ejecución, previa deducción del aporte que el Estado hiciere en concepto de subvención y del monto de la contribución por mejora.

Art. 36. - (Explotación de las obras por el Estado). Si las obras hidráulicas ejecutadas por los particulares con aporte del Estado no fueran construidas en el plazo fijado o no se cumplieran las condiciones establecidas en el documento en que se implementó dicha participación, por causas imputables a la entidad ejecutora, el Estado las podrá explotar como si fueran de su propiedad hasta que se cumplan las condiciones.

CAPITULO III

De la Responsabilidad

Art. 37. - (Abandono de la construcción). - Si una obra hidráulica fuera abandonada durante o después de su construcción, el titular estará obligado a efectuar los trabajos necesarios para evitar que interfiera en el normal escurrimiento de las aguas.

CAPITULO IV

De los beneficios, exoneraciones y expropiaciones

Art. 38. - (Beneficios). Las obras hidráulicas a que refiere la presente ley gozarán de los siguientes beneficios:

A) Sus valores no se computarán para la determinación de tributos nacionales.

B) El Poder Ejecutivo podrá exonerar del pago de todo recargo, provento, depósito previo, consignación o tributo en ocasión de realizar las importaciones necesarias para la construcción, así como del Impuesto al Valor Agregado por las compras en plaza de los bienes que se indiquen específicamente. Los bienes que se importen o se adquieran al amparo de este literal no podrán ser enajenados durante un plazo de cinco años sin autorización del Poder Ejecutivo.

C) Las exoneraciones previstas en el decreto-ley Nº 14.872, de 26 de marzo de 1979.

Art. 39. - (Exoneración de tributos). Las áreas ocupadas por las obras comprendidas en el artículo anterior estarán exoneradas de todo tributo nacional sobre la propiedad del inmueble rural.

El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones necesarias para documentar la exclusión de las áreas de referencia.

Art. 40. - (Valorización por la obra hidráulica). La valorización por la obra hidráulica con destino a riego, drenaje y regulación de aguas, del área que ésta ocupe y beneficie, no será tenida en cuenta para la fijación de los valores reales ni para la Contribución Inmobiliaria por el plazo de diez años.

Art. 41.-  (Areas de influencia o beneficiadas). - La determinación de las áreas de influencia o beneficiadas por una obra hidráulica, ejecutada por el Estado exclusivamente, por el Estado con aporte de los particulares o por los particulares con el aporte del Estado, se hará por resolución del Poder Ejecutivo en base a los siguientes criterios:

1) Localización: lo más próximo posible a la presa.

2) Forma compacta y en lo posible equidimensional para posibilitar una conducción del agua, económica y eficiente, mediante la mínima longitud de canales principales.

3) Suficiente superficie para implementar la explotación mediante rotaciones racionales técnicamente adaptadas a la aptitud productiva de las diferentes clases de tierras existentes.

4) Dimensionamiento de acuerdo a la capacidad de captación de agua de la obra y los requerimientos de los cultivos a regar.

Art. 42.- (Expropiaciones). - Se declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de obras de riego, drenaje y regulación de aguas, cuando éstas estén a cargo del Estado.

Art. 43.- (Régimen de expropiaciones). - A los efectos de los artículos 231 y 232 de la Constitución de la República, decláranse planes y programas de desarrollo económico los proyectos de obras de riego, drenaje y regulación de aguas que estén a cargo del Estado.

TITULO V

CAPITULO I

Enmiendas al Código de Aguas

Art. 44. - Agrégase a continuación del artículo 85 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, el siguiente párrafo:

"Se observará el procedimiento que establece el artículo 114, literal L)".

Art. 45. - Sustitúyese el artículo 88 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, por el siguiente:

"ARTICULO 88. - El dueño del predio sirviente estará obligado a permitir la entrada de técnicos y obreros, con las máquinas y vehículos necesarios para la limpieza y reparación del acueducto, a condición de que el interesado le dé previamente aviso de ello. Está obligado, asimismo, con la misma condición, a permitir la entrada de inspectores y cuidadores con la frecuencia que las partes acuerden o la que, en su caso, determine el Juez por la vía del procedimiento que establece el artículo 114, literal L)".

Art. 46. - Modifícase el título del parágrafo 2º de la Sección II del Capítulo II del Título IV del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, que quedará redactado de la siguiente forma:

"De la servidumbre de apoyo de presa, de embalse de agua o inundación y de parada o partidor".

Art. 47. - Modifícase el párrafo final del artículo 103 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, modificado a su vez por el decreto-ley Nº 15.576, de 1º de junio de 1984, en la forma siguiente:

"El proyecto de obra deberá ser aprobado por el Ministerio competente que a tal fin dispondrá de quince días hábiles, y si dentro de dicho término no lo hiciera, se entenderá que lo aprueba".

Art. 48. - Modifícase el artículo 105 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, en la forma siguiente:

"ARTICULO 105. - Decretada por el Juez la servidumbre forzada de apoyo de presa o la de embalse de agua, se abonará al dueño del predio sirviente el precio del terreno ocupado y se le indemnizarán los daños y perjuicios que le cause la imposición de la servidumbre.

Lo mismo se hará cuando la servidumbre recaiga sobre más de un predio, como por ejemplo, cuando ambos ribereños deban soportarla".

Art. 49. - Modifícase el artículo 106 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, en la forma siguiente:

"ARTICULO 106. - Son aplicables a la servidumbre de apoyo de presa y a la de embalse o inundación, en lo pertinente, las disposiciones establecidas para la servidumbre de acueducto en los artículos 83, 85, 86, 88, 95, 96 y 99 a 102 de este Código".

Art. 50. - Sustitúyense el título del parágrafo 6º de la Sección II del Capítulo II del Título IV del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978 y el artículo 114 por los siguientes:

"De la competencia, del procedimiento en general y del procedimiento para las servidumbres de estudio

ARTICULO 114. - La competencia, el procedimiento en general y el procedimiento para las servidumbres de estudio estarán sujetos a las siguientes disposiciones:

A) De los juicios que se promuevan por causa o con motivo de la imposición de las servidumbres civiles de que tratan los parágrafos 1º, 2º y 3º de la sección II de este Capítulo, conocerá el Juez de Paz seccional del lugar de ubicación del inmueble sirviente.

De las apelaciones de las resoluciones de dichos Jueces conocerá el Juez Letrado de primera Instancia Departamental que corresponda de acuerdo al turno.

En Montevideo conocerá en primera instancia el Juez de Paz Departamental de la capital de turno y de las apelaciones el Juez Letrado de primera Instancia en lo Civil que corresponda de acuerdo al turno.

Las mismas autoridades serán competentes para conocer en primera y segunda instancia de las servidumbres de estudio.

B) La acción de servidumbre deberá incoarse por escrito en el que se expresarán los extremos en que se funda y las pruebas que se ofrezcan acompañando copia de la demanda y de la documentación que se agregue.

C) Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el petitorio el Juez ordenará que se convoque a las partes a un comparendo verbal con término de veinte días perentorios.

En la citación se hará saber al demandado que en la audiencia se tentará la conciliación y que, de no lograrse, podrá contestar la demanda y ofrecer prueba, o producirla en la misma audiencia y aun antes, si lo prefiriera.

El demandado podrá formular su defensa verbalmente o por escrito.

D) En caso de ofrecerse prueba el Juez citará a las partes a una segunda audiencia con el término de veinte días perentorios, en la que se diligenciará la ofrecida por las partes.

E) Las audiencias se realizarán aunque no comparezca el demandado. Si fuera el actor el que no compareciera se clausurará el procedimiento.

F) En todo momento e inclusive en la última audiencia, podrá el Juez decretar una inspección ocular, pedir dictamen pericial o disponer otra diligencia para mejor proveer. En ningún caso estas medidas podrán prolongarse por más de diez días hábiles, al cabo de los cuales se dará por cumplida.

G) El Juez dictará sentencia dentro de los treinta días contados a partir de la última audiencia o de cumplida la diligencia en el caso del literal anterior.

H) El Juez rechazará cualquier petición de las partes que, a su juicio tienda a entorpecer o dilatar inútilmente el trámite sumario, y de su resolución no habrá recurso alguno.

I) Contra la sentencia de primera instancia (literal G) podrán las partes interponer el recurso de apelación con efecto diferido, y el de nulidad en su caso, ante el Superior que corresponda de acuerdo al turno.

El Juez de apelación dispondrá de un plazo de treinta días para dictar sentencia, que empezará a correr desde la fecha de entrada del expediente.

J) La obligación de dictar sentencia dentro de los términos que señalan los literales G) e I) se regirá por los incisos primero y segundo del artículo 7º de la ley Nº 9.594, de 12 de setiembre de 1936, salvo en lo tocante al plazo, que será de treinta días perentorios. Son así mismo aplicables los artículos 19 y 20 de la misma ley.

K) Los decretos de sustanciación y las diligencias de trámite deberán decretarse dentro de las cuarenta y ocho horas indefectiblemente.

L) El Juez requerido para imponer una servidumbre de estudio de acuerdo con el artículo 140, deberá pronunciarse dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud fundada, en la que se deberá acreditar la resolución administrativa o la legitimación activa y pasiva.

Si el Juez hiciera lugar a la demanda, decidirá por el mismo acto las controversias sobre la indemnización debida y la fianza o garantía que debe prestar el actor.

El Juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones.

M) La sentencia se notificará al demandado quien podrá apelarla ante el Superior dentro de los cinco días siguientes.

El Superior contará con un plazo de veinte días para dictar sentencia. La apelación no tendrá efecto suspensivo y la sentencia de segunda instancia hará cosa juzgada.

Regirán en lo pertinente los literales J) y K)".

TITULO VI

ORGANISMOS INTERVINIENTES

Art. 51. - (Comisión Interministerial). A los efectos del cumplimiento de los cometidos asignados por la presente ley, el Poder Ejecutivo constituirá una Comisión Interministerial, delegándole el complejo de funciones y poderes jurídicos necesarios para el logro de los fines previstos (artículo 160 y numeral 24 del artículo 168 de la Constitución de la República).

Dicha Comisión funcionará con el personal y recursos que le aportarán los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 52. - (Competencia material). Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de las reparticiones correspondientes, será el competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del decreto Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978 y disposiciones concordantes de la presente ley.

A su vez, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca será el competente en la política de aprovechamiento de aguas con fines agropecuarios y, en particular, tendrá a su cargo:

A) Promover el aprovechamiento de los recursos naturales agua y suelo, integrados en sistemas racionales de producción agropecuaria.

B) Promover el aprovechamiento integral de los recursos hídricos, atendiendo los problemas relativos a riego, drenaje y conservación del agua, manejo de aguas pluviales, abrevaderos para ganado y demás relativos al tema.

C) Realizar investigaciones técnico-económicas sobre las posibilidades del aprovechamiento del agua en todo el país.

D) Administrar, operar y conservar los sistemas de riego o drenaje ejecutados exclusivamente por el Estado o en conjunto con particulares hasta su entrada al dominio privado.

Art. 53. (Dirección de Uso y Manejo del Agua). La repartición especializada del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para el cumplimiento de los cometidos a que refiere el artículo anterior y disposiciones concordantes de la presente ley, será la Dirección de Uso y Manejo del Agua.

En la primera instancia presupuestal, posterior a la promulgación de la presente ley, se creará en la órbita del Inciso 07 la Unidad Ejecutora respectiva, dotándola de los medios personales y materiales necesarios para su funcionamiento.

TITULO VII

Artículo 54. - (Reglamentación). El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de su publicación.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak. Senadores".

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado ha sido citado en sesión extraordinaria a efectos de considerar un asunto relacionado con la integración del Cuerpo.

Léanse varias notas que han llegado a la Mesa.

(Se leen:)

"1º de marzo de 1995.

Sr. Presidente de la
Asamblea General
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi consideración:

Por la presente, comunico a Ud. que al haber sido designado Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, opto por seguir percibiendo la retribución de Senador.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Juan Antonio Chiruchi. Senador".

"Montevideo, 1º de marzo de 1995.

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración:

Habiendo sido designado por el Poder Ejecutivo, en el día de la fecha, para ocupar el cargo de Ministro de Defensa Nacional, vengo a comunicar esta situación al Sr. Presidente y al Cuerpo que preside y que yo integro, a los efectos de lo previsto en el artículo 122, inciso 2do. de la Constitución de la República.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Dr. Raúl Iturria".

"Montevideo, 1º de marzo de 1995.

Sr. Presidente
de la Cámara de Senadores
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración:

Habiendo sido designado Ministro de Relaciones Exteriores, solicito se convoque al suplente correspondiente de acuerdo al artículo 122 de la Constitución de la República.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Alvaro Ramos Trigo".

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde proceder a la convocatoria de los suplentes respectivos.

Por el señor Senador Raúl Iturria se convoca al señor Nicolás Storace; por el señor Senador Alvaro Ramos se convoca al señor Jorge Gandini, y por el señor Senador Juan Chiruchi se convoca al señor José Andújar.

Si los señores suplentes se encuentran en antesala, se les invita a pasar al hemiciclo a los efectos de tomarles el juramento de estilo.

(Entran a sala los señores Nicolás Storace y Jorge Gandini)

-Dado que se va a proceder a tomar el juramento constitucional a los señores convocados, la Mesa invita a los señores Senadores y asistentes a la barra a ponerse de pie.

Señor Nicolás Storace:

¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR STORACE. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR STORACE. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - En función de lo expresado, queda usted investido del cargo de senador de la República.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

-Señor Jorge Gandini:

¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR GANDINI. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR GANDINI. -Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - En función de lo expresado, queda usted investido del cargo de senador de la República.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

7) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otros asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Los señores Senadores Posadas, Heber y Garat presentan, con exposición de motivos, los siguientes proyectos de ley:

por el que se transforma la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas en una persona jurídica de derecho público no estatal, que se denominará Empresa Nacional de Energía;

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se establece que el Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados podrán otorgar concesiones para la ejecución de los servicios públicos a su cargo, de conformidad con las disposiciones del proyecto de ley;

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se modifica la naturaleza jurídica del Banco de Seguros del Estado;

-A la Comisión de Constitución y Legislación integrada con dos representantes de la de Hacienda.

el relacionado con la aprobación de normas presupuestales deficitarias;

-A la Comisión de Presupuesto.

por el que se establece la figura jurídica de las fundaciones y los principios que las van a regir;

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se sustituye el literal A del artículo 66 del Reglamento del Senado, relacionado con las mociones de orden;

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

el relacionado con la desmonopolización en materia de alcoholes, seguros, servicios portuarios, telecomunicaciones y casinos.

-A la Comisión de Constitución y Legislación".

8) PROYECTOS PRESENTADOS

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto adjunto implica la transformación de UTE en una persona jurídica de derecho público no estatal, que se denominará Empresa Nacional de Electricidad.

El objetivo perseguido con la iniciativa, es el de permitir un marco de actualización más ágil para el hoy Ente Autónomo, y buscar la asociación con capitales privados, y facilitar la participación popular en el mismo.

El proyecto de ley busca alcanzar lo anterior modificando el nombre de la institución que pasará a denominarse Empresa Nacional de Electricidad y que se regirá por las normas de derecho privado salvo los casos expresamente establecidos en la ley.

En la administración de la empresa, se prevé un período transitorio durante el cual la misma será administrada por un director general designado y cesado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros.

Se prevé también la integración de capital por inversionistas privados, así como que cuando esto suceda, se sustituirá el director general por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en el Directorio serán designados y cesados por el Poder Ejecutivo y necesariamente serán la mayoría del Directorio.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos.

La Asamblea General de Accionistas, que comenzará a sesionar una vez que se produzca la integración de capitales privados, estará integrada por todos los accionistas públicos y privados, y considerará el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo que establece la ley Nº 16.060 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes.

La Asamblea tendrá las mismas facultades que la ley Nº 16.060 le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente ley establezca soluciones diversas. Ejemplo de estas últimas es que integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

La Empresa, tendrá por cometido la realización de todos los actos y contratos necesarios, vinculados o conexos a su actividad. A estos efectos podrá adquirir carteras de otras empresas, o asociarse con alguna de ellas para su administración, y en general realizar todo acto o actividad que tienda al mejor desarrollo de su gestión.

Los poderes jurídicos del director general o el Directorio en su caso se explicitan en el artículo 7º, debiendo destacarse el dictado del reglamento general y del estatuto de sus funcionarios, la designación de sus funcionarios y su destitución, la emisión y colocación de acciones, las que se cotizarán en la Bolsa de Valores, etc.

En cuanto al régimen patrimonial y financiero, se prevé que el patrimonio de la persona jurídica de derecho público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente, por la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que actualmente tiene UTE.

El capital inicial será el que surja de valuación de su patrimonio y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

Podrá aumentarse el capital hasta el doble del aporte estatal pero en ningún caso podrá superar al mismo. Con esto se asegura la conducción de la empresa a cargo de los representantes estatales que serán mayoría en el Directorio y en la Asamblea.

Las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizará la efectiva integración serán determinadas por el director general o Directorio en su caso, y se prevé que excepcionalmente se podrá enajenar acciones a los funcionarios y si resultare conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

El contralor de la empresa se efectuará en varios niveles:

a. el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria y Energía, controlará la labor del director general o de los representantes del Estado en el Directorio, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al director.

b. en un segundo nivel se reconocen los mecanismos de contralor que la Ley Nº 16.060 confiere a las asambleas de las sociedades anónimas.

Se establece que la Empresa tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las externas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

En el Capítulo V, se establecen disposiciones que refieren a los funcionarios actuales de UTE, estableciendo que:

a. quienes revisten como funcionarios del Ente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en forma automática pasarán a actuar como dependientes de la persona jurídica de derecho público no estatal que se crea, en el régimen de derecho privado.

b. sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente ley, tendrán derecho a una compensación especial que se establece en el artículo 15.

c. los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de derecho privado que se crea.

d. los funcionarios actuales de UTE, que contaren con una antigüedad de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente ley, y que sean despedidos por el director general o Directorio en su caso, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, tendrán derecho a una compensación especial equivalente a una indemnización por despido común, que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al derecho privado. No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

En líneas generales, mediante la confluencia de normas de derecho público y de derecho privado, se da a UTE un marco jurídico ágil y apto para el mejor desarrollo de su actividad, asegurando asimismo el contralor del Estado sobre su gestión.

Posadas, Heber, Garat. Senadores.

PROYECTO DE LEY

UTE

CAPITULO I

De la Naturaleza y la Organización

Artículo 1º. - Transfórmase la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) en una persona jurídica de derecho público no estatal, que se denominará Empresa Nacional de Energía.

La Empresa se domiciliará en Montevideo, podrá establecer agencias, sucursales, representaciones y similares en el interior o exterior del país, y se regirá por las normas de derecho privado salvo los casos expresamente establecidos en la presente ley.

Art. 2º. - Los órganos de la Empresa son el director general o el Directorio, y la Asamblea General de Accionistas.

Art. 3º. - La Empresa será administrada por un director general designado y cesado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, recayendo la designación en una persona de reconocida solvencia en materia de administración de empresas.

Cuando se proceda a la integración de capital por inversionistas privados, se sustituirá el director general por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en el Directorio serán designados y cesados en la forma prevista en el inciso anterior.

La sustitución del director general por un Directorio, así como el aumento del número de miembros del mismo deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo, luego de producida la primera integración de capital privado.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de su elección, sobre la base de que cada accionista tendrá derecho a tantos votos como de acciones sea titular.

El presidente del Directorio será designado por el Poder Ejecutivo de entre los miembros representantes del Estado.

Art. 4º. - Los directores tendrán las incompatibilidades establecidas por el artículo 200 de la Constitución.

Art. 5º. - La Asamblea General de Accionistas, una vez que se produzca la integración de capitales privados, sesionará por lo menos una vez al año.

Integrada por todos los accionistas públicos y privados, considerará el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes. Asimismo, fijará la remuneración de los integrantes del Directorio.

Tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060 le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente ley establezca soluciones diversas.

Integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

CAPITULO II

De la competencia

Artículo 6º. - La Empresa tendrá los mismos cometidos y poderes jurídicos con que actualmente cuenta la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Art. 7º. - El director general o el Directorio en su caso tendrá los siguientes poderes jurídicos:

A) Dictar el reglamento general de la Empresa.

B) Dictar el estatuto de sus funcionarios. En todo lo que la presente ley no prevea, regirán las reglas del derecho privado.

C) Designar a sus funcionarios y destituirlos con arreglo a las disposiciones del derecho laboral. En uno y otro caso, y luego de instalado el Directorio, se requerirá la mayoría absoluta de votos del Cuerpo.

La reglamentación procurará que el ingreso de sus funcionarios se realice por el sistema de concurso.

D) Emitir y colocar acciones, las que se cotizarán en la Bolsa de Valores. La reglamentación podrá autorizar su oferta en mercados extranjeros.

Asimismo efectuará las colocaciones y las inversiones que constituirán la reserva de la empresa, sin perjuicio de las facultades que en esta materia corresponden a los órganos públicos de contralor.

E) En general, celebrar todos los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna, celebrar los contratos y realizar las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración, con arreglo a los cometidos y dentro del giro que preceptivamente le asigna esta ley.

F) Delegar sus atribuciones por mayoría absoluta de votos del total de componentes y por resolución fundada en funcionarios de jerarquía dentro de la Empresa. No son delegables las atribuciones previstas en los literales A, B, C, D de este artículo.

Tampoco son delegables las atribuciones del director general o del Directorio en cuanto a la decisión de asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras.

CAPITULO III

Del Régimen Financiero

Artículo 8º. - El patrimonio de la persona jurídica de derecho público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente, por la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que actualmente tiene la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas.

Art. 9º. - El capital inicialmente autorizado de la Empresa será el que surja de valuación de su patrimonio conforme los criterios que establezca la reglamentación y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

El capital podrá aumentarse hasta el doble del que surja por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante la venta de acciones que se emitirán y cotizarán en bolsa. A tales efectos se emitirán dos series de acciones, correspondiendo la Serie A al Estado y la B a los privados.

En ningún caso los aportes privados podrán superar a los estatales y necesariamente la mayoría de miembros del Directorio corresponderá a los representantes del Estado.

Cualquier aumento de capital que supere lo dispuesto precedentemente deberá ser autorizado por ley.

Art. 10. - El director general o el Directorio en su caso, fijará las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a sus suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizará la efectiva integración.

Excepcionalmente podrá enajenar acciones a los funcionarios de la Empresa y si resultare conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

CAPITULO IV

Del Contralor Administrativo, Financiero y Jurisdiccional

Artículo 11. - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, controlará la labor del director general, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al director.

Una vez que se integre el capital privado y se constituya la Asamblea de accionistas, el contralor del Directorio será efectuado por este órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 16.060 en lo que a asambleas de sociedades anónimas refiere. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo mantendrá la potestad de sustituir libremente a sus representantes en el Directorio.

Art. 12. - La Empresa tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las externas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

Art. 13. - El Directorio publicará periódicamente sus estados de situación.

CAPITULO V

Disposiciones generales

Artículo 14. - Las personas que revisten como funcionarios de UTE a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en forma automática pasarán a actuar como dependientes de la persona jurídica de derecho público no estatal que se crea, en el régimen de derecho privado.

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente ley, tendrán derecho a la siguiente compensación especial:

a. quienes no configuren causal jubilatoria, recibirán una única compensación mensual, equivalente al 75% de sus remuneraciones de naturaleza salarial por el término de dos años.

b. quienes configuren causal jubilatoria en el año 1994, recibirán un subsidio mensual equivalente al 25% de sus remuneraciones de naturaleza salarial, por el término de dos años, siendo el mismo acumulable con la percepción de la pasividad.

Los subsidios referidos precedentemente, se servirán en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones previstas en el artículo 32 de la Ley Nº 16.127 de 7 de agosto de 1990.

Art. 15. - Los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de derecho privado que se crea.

En cualquier conflicto que se suscite entre los funcionarios de la Empresa y su Directorio, serán competentes los órganos del Poder Judicial con competencia en materia laboral.

Art. 16. - Los funcionarios comprendidos en el inciso 1 del artículo 15 de la presente ley, que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente ley, y que sean despedidos por el director general o Directorio en su caso, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, tendrán derecho a una compensación especial equivalente a una indemnización por despido común, la que se determinará de acuerdo al derecho laboral, y que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al derecho privado.

No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

Art. 17. - Comuníquese, publíquese, etc.

Garat, Posadas, Heber. Senadores."

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El 13 de diciembre de 1993, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley modificando la naturaleza jurídica del Banco de Seguros del Estado que no contó con la aprobación legislativa.

Por tal razón se considera conveniente tomar dicha iniciativa y presentar el presente proyecto por el cual se transforma al Banco de Seguros del Estado en una persona jurídica de derecho público no estatal que se denominará Banco Nacional de Seguros.

El Ente Autónomo que se pretende transformar, fue beneficiario hasta el año 1993 de un monopolio total en varias carteras y parcial en otras.

Desde el inicio de la discusión parlamentaria de la actual Ley Nº 16.426 de 14 de octubre de 1993, Legisladores de distintos sectores así como directores y funcionarios del propio Banco de Seguros del Estado, manifestaron que el Ente no se encontraba en condiciones de actuar en un régimen de libre competencia, y que se debían adoptar diversas medidas, la mayoría legislativas, a los efectos de dotar al Banco de un marco jurídico que le permitiera un funcionamiento ágil y eficaz, de acuerdo a las nuevas exigencias que le planteará el nuevo régimen.

En este sentido se han estudiado diversas opciones, hasta concluir que el camino más idóneo para lograr el objetivo perseguido, consiste en la transformación del Ente Autónomo en una persona jurídica de derecho público no estatal.

El proyecto de ley establece lo anterior modificando el nombre de la Institución que pasará a denominarse Banco Nacional de Seguros y que se regirá por las normas de derecho privado salvo los casos expresamente establecidos en la ley.

En la administración de la empresa, se prevé un período transitorio durante el cual el Banco será administrado por un director general designado y cesado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros.

Se prevé también la integración de capital por inversionistas privados, así como que cuando esto suceda, se sustituirá el director general por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en el Directorio serán designados y cesados por el Poder Ejecutivo y necesariamente serán la mayoría del Directorio.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos.

La Asamblea General de Accionistas, que comenzará a sesionar una vez que se produzca la integración de capitales privados, estará integrada por todos los accionistas públicos y privados, y considerará el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes.

La Asamblea tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989 le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente ley establezca soluciones diversas. Ejemplo de estas últimas es que, integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los Directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

El Banco Nacional de Seguros, tendrá por cometido la realización de todos los actos y contratos necesarios, vinculados o conexos a su actividad como empresa aseguradora. A estos efectos podrá adquirir carteras de otras empresas de seguros, o asociarse con alguna de ellas para su administración, y en general realizar todo acto o actividad que tienda al mejor desarrollo de su gestión.

Los poderes jurídicos del director general o el Directorio en su caso se explicitan en el artículo 7º, debiendo destacarse el dictado del reglamento general del Banco y del estatuto de sus funcionarios, la designación de sus funcionarios y su destitución, la emisión y colocación de acciones, las que se cotizarán en la Bolsa de Valores, etc.

En cuanto al régimen patrimonial y financiero, se prevé que el patrimonio de la persona jurídica de Derecho Público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente, por la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que actualmente tiene el Banco de Seguros del Estado.

El capital inicial será el que surja de valuación de su patrimonio y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

Podrá aumentarse el capital hasta el doble del aporte estatal pero en ningún caso podrá superar el mismo.

Con esto se asegura la conducción de la empresa a cargo de los representantes estatales que serán mayoría en el Directorio y en la Asamblea.

Las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizará la efectiva integración serán determinadas por el director general o Directorio en su caso, y se prevé que excepcionalmente se podrán enajenar acciones a los funcionarios del Banco y si resultare conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

El contralor de la empresa se efectuará en varios niveles.

a) el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, controlará la labor del director general o de los representantes del Estado en el Directorio, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al Director.

b) en un segundo nivel se reconocen los mecanismos de contralor que la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989 confiere a las asambleas de las sociedades anónimas, y

c) en tercer término el contralor público establecido en la Ley Nº 16.426 de 14 de octubre de 1993 para las empresas de seguros, y por supuesto el contralor jurisdiccional cuando corresponda.

Se establece que el Banco, tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las externas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

En el Capítulo V, se establecen disposiciones que refieren a los funcionarios actuales del Banco de Seguros del Estado, estableciendo que:

a) quienes revisten como funcionarios del Ente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en forma automática pasarán a actuar como dependientes de la persona jurídica de Derecho Público no estatal que se crea, en el régimen de derecho privado.

b) sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente ley, tendrán derecho a una compensación especial que se establece en el artículo 15.

c) los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de derecho privado que se crea.

d) los funcionarios actuales del Banco, que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente ley, y que sean despedidos por el director general o Directorios en su caso, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, tendrán derecho a una compensación especial equivalente a una indemnización por despido común, que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al derecho privado. No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

En líneas generales, mediante la confluencia de normas de derecho público y de derecho privado, se da al Banco de Seguros del Estado un marco jurídico ágil y apto para la actividad en régimen de libre competencia que comienza, asegurando asimismo el contralor del Estado sobre su gestión.

Garat, Posadas, Heber. Senadores.

PROYECTO DE LEY

BANCO NACIONAL DE SEGUROS

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA Y LA ORGANIZACION

Artículo 1º. - Transfórmase el Banco de Seguros del Estado en una persona jurídica de derecho público no estatal, que se denominará Banco Nacional de Seguros.

El Banco se domiciliará en Montevideo, podrá establecer agencias, sucursales, representaciones y similares en el interior o exterior del país, y se regirá por las normas de derecho privado salvo los casos expresamente establecidos en la presente ley.

Art. 2º. - Los órganos del Banco Nacional de Seguros son el director general o el Directorio, y la Asamblea General de Accionistas.

Art. 3º. - El Banco Nacional de Seguros será administrado por un Director General designado y cesado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, recayendo la designación en una persona de reconocida solvencia en materia de administración de empresas.

Cuando se proceda a la integración de capital por inversionistas privados, se sustituirá el director general por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en el Directorio serán designados y cesados en la forma prevista en el inciso anterior.

La sustitución del Director General por un Directorio, así como el aumento del número de miembros del mismo deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo, luego de producida la primera integración de capital privado.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento en su elección, sobre la base de que cada accionista tendrá derecho a tantos votos como de acciones sea titular.

El presidente del Directorio será designado por el Poder Ejecutivo de entre los miembros representantes del Estado.

Art. 4º. - Los directores tendrán las incompatibilidades establecidas por el artículo 200 de la Constitución.

Art. 5º. - La Asamblea General de Accionistas, una vez que se produzca la integración de capitales privados, sesionará por lo menos una vez al año.

Integrada por todos los accionistas públicos y privados, considerará el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos y observarlos, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes. Asimismo, fijará la remuneración de los integrantes del Directorio.

Tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989 le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente ley establezca soluciones diversas.

Integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

CAPITULO II

DE LA COMPETENCIA

Art. 6º. - El Banco Nacional de Seguros, tendrá por cometido la realización de todos los actos y contratos necesarios, vinculados o conexos a su actividad como empresa aseguradora.

A los efectos anteriores podrá adquirir carteras de otras empresas de seguros, o asociarse con alguna de ellas para su administración, y en general realizar todo acto o actividad que tienda al mejor desarrollo de su gestión.

Art. 7º. - El Director General o el Directorio en su caso tendrá los siguientes poderes jurídicos:

A) Dictar el reglamento general del Banco.

B) Dictar el estatuto de sus funcionarios. En todo lo que la presente ley no prevea, regirán las reglas del derecho privado.

C) Designar a sus funcionarios y destituirlos con arreglo a las disposiciones del derecho laboral. En uno y otro caso, y luego de instalado el Directorio, se requerirá la mayoría absoluta de votos del cuerpo. La reglamentación procurará que el ingreso de sus funcionarios se realice por el sistema del concurso.

D) Emitir y colocar acciones, las que se cotizarán en la Bolsa de Valores. La reglamentación podrá autorizar su oferta en mercados extranjeros.

Asimismo efectuará las colocaciones y las inversiones que constituirán la reserva de la empresa, sin perjuicio de las facultades que en esta materia corresponden a los organos públicos de contralor.

E) En general, celebrar todos los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna, celebrar los contratos y realizar las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración, con arreglo a los cometidos y dentro del giro que preceptivamente le asigna esta ley.

F) Delegar sus atribuciones por mayoría absoluta de votos del total de componentes y por resolución fundada en funcionarios de jerarquía dentro del Banco. No son delegables las atribuciones previstas en los literales A, B, C y D de este artículo. Tampoco son delegables las atribuciones del director general o del Directorio en cuanto a la decisión de asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras en materia de seguros.

CAPITULO III

DEL REGIMEN FINANCIERO

Art. 8º. - El patrimonio de la persona jurídica de derecho público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente, por la totalidad de bienes, derecho y obligaciones que actualmente tiene el Banco de Seguros del Estado.

Art. 9º. - El capital inicialmente autorizado del Banco será el que surja de valuación de su patrimonio conforme los criterios que establezca la reglamentación y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

El capital podrá aumentarse hasta el doble del que surja por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante la venta de acciones que se emitirán y cotizarán en bolsa. A tales efectos se emitirán dos series de acciones, correspondiendo la Serie A al Estado y la B a los privados.

En ningún caso los aportes privados podrán superar a los estatales y necesariamente la mayoría de miembros del Directorio corresponderá a los representantes del Estado.

Cualquier aumento de capital que supere lo dispuesto precedentemente deberá ser autorizado por ley.

Art. 10. - El director general o el Directorio en su caso, fijará las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizará la efectiva integración.

Excepcionalmente podrá enajenar acciones a los funcionarios del Banco Nacional de Seguros, y si resultare conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

CAPITULO IV

DEL CONTRALOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURISDICCIONAL

Artículo 11. - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, controlará la labor del Director General, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al director.

Una vez que se integre el capital privado y se constituya la Asamblea de accionistas, el contralor del Directorio será efectuado por este órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989 en lo que a asambleas de sociedades anónimas refiere. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo mantendrá la potestad de sustituir libremente a sus representantes en el Directorio.

Art. 12. - Sin perjuicio de lo anterior, el Banco Nacional de Seguros estará sometido a las mismas exigencias y a similar contralor que el que corresponde a las restantes empresas de seguros de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 16.426 de 14 de octubre de 1993.

Art. 13. - El Banco Nacional de Seguros, tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las externas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

Art. 14. - El Banco publicará periódicamente sus estados de situación.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15. - Las personas que revisten como funcionarios del Banco de Seguros del Estado a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en forma automática pasarán a actuar como dependientes de la persona jurídica de derecho público no estatal que se crea, en el régimen de derecho privado.

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente ley, tendrán derecho a la siguiente compensación especial:

a) quienes no configuren causal jubilatoria, recibirán una única compensación mensual, equivalente al 75% de sus remuneraciones de naturaleza salarial por el término de dos años.

b) quienes configuren causal jubilatoria en el año 1994, recibirán un subsidio mensual equivalente al 25% de sus remuneraciones de naturaleza salarial, por el término de dos años, siendo el mismo acumulable con la percepción de la pasividad.

Los subsidios referidos precedentemente, se servirán en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones previstas en el artículo 32 de la Ley Nº 16.127 de 7 de agosto de 1990.

Art. 16. - Los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de derecho privado que se crea.

En cualquier conflicto que se suscite entre los funcionarios del Banco Nacional de Seguros y su Directorio, serán competentes los Organos del Poder Judicial con competencia en materia laboral.

Art. 17. - Los funcionarios comprendidos en el inciso 1º del artículo 15 de la presente ley, que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente ley, y que sean despedidos por el director general o Directorio en su caso, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, tendrán derecho a una compensación especial equivalente a una indemnización por despido común, la que se determinará de acuerdo al derecho laboral, y que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al derecho privado.

No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

Posadas, Heber, Garat. Senadores".

'EXPOSICION DE MOTIVOS

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, en el año 1993 presentó un proyecto de ley relacionado con la aprobación de normas presupuestales deficitarias.

No habiéndose aprobado dicha iniciativa, resulta oportuno su replanteo, indicando los fundamentos de la misma.

El artículo 86 de la Constitución de la República establece:

'La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se harán mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV.

Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo.'

El cuarto inciso del artículo 214 de la Carta dispone a su vez que:

'El Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, que coincidirá con el año civil, presentará al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas.'

A continuación, el artículo 215 preceptúa que:

'El Poder Legislativo se pronunciará exclusivamente sobre montos globales por inciso, programas, objetivos de los mismos, escalafones y número de funcionarios y recursos; no pudiendo efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos.'

El artículo 85 numeral 4º dispone que compete a la Asamblea General: 'establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir modificar o aumentar las existentes'. El numeral 6º a su vez establece que la iniciativa en materia de Deuda Pública Nacional compete al Poder Ejecutivo.

Finalmente el artículo 133 dispone que todo proyecto que determine 'exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada' son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo no pudiendo el Poder Legislativo aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos propuestos por el Poder Ejecutivo para salarios y precios, ni tampoco, disminuir los precios máximos propuestos por éste.

De las normas transcriptas, se concluye que la Constitución atribuye al Poder Ejecutivo preeminencia en lo referente a la conducción de la economía nacional. En tal sentido FRUGONE SCHIAVONE (La Actividad Financiera del Estado. Págs. 39 y ss.) sostiene Ministerio de Economía y Finanzas, es el centro administrativo especializado del cual parten todas las iniciativas, programas y proyectos y desde el cual se controla y se coordina la ejecución de las distintas políticas comprendidas en el área y desde el cual se evalúan los distintos resultados, existiendo un principio de competencia general contenido en el ordinal 1º del artículo 4 del Decreto 574/974 de 12 de julio de 1974 que atribuye a dicho Ministerio 'la conducción superior de la política nacional en materia económica y financiera y del comercio'.

Esta norma, continúa el referido profesor, por supuesto debe ser ajustada con la preceptiva constitucional: tales poderes ('superiores') solamente son del Poder Ejecutivo y nunca de un órgano subordinado. Es al Poder Ejecutivo a quien compete la conducción y orientación superior en todos los actos de la actividad nacional. Es al Poder Ejecutivo a quien compete también la formulación de los Planes y Programas de Desarrollo de carácter nacional, con la determinación de las políticas específicas de cada materia.

El Poder Ejecutivo por disposición constitucional y conforme con los principios que caracterizan al Estado conformador del orden económico y social tiene a su cargo, como órgano activo de la proyección presupuestal, como órgano activo de la proyección presupuestal, la elaboración de la política económica nacional y formulación de Planes y Programas de Desarrollo con la asistencia y asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Arts. 214 y 230 de la Constitución de la República).

Según se ha señalado la doctrina, en la medida que la responsabilidad por la marcha de la economía recae básicamente sobre el Poder Ejecutivo, la Carta le asegura, mediante las disposiciones reseñadas, que el Poder Legislativo no pueda afectar su gestión aprobando exoneraciones tributarias que limiten la recaudación fiscal, autorizando gastos sin proveer los recursos necesarios para cubrirlos, etc.

Como señala el Dr. Justino JIMENEZ DE ARECHAGA (La Constitución Nacional T. III, págs. 46 y ss.) desde la Constitución de 1934 se operó en materia de deuda pública y de presupuesto una severísima restricción a los poderes de iniciativa que corresponden a los miembros de ambas Cámaras, señalando que el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo es el más elevado de los que pueden aprobarse. La Asamblea General perdió la facultad de aumentar los proyectos de presupuestos presentados por el Poder Ejecutivo, careciendo de iniciativa en la materia.

Continúa dicho autor comentando los poderes de la Asamblea en materia de gastos señalando que:

a) La Asamblea General no puede elevar las cifras del proyecto general que presente el Poder Ejecutivo.

b) La iniciativa de todo otro proyecto que signifique gastos por concepto de creación de empleos, aumento de dotaciones etc. pertenece exclusivamente al Poder Ejecutivo, lo que quiere decir que sólo por la ley de presupuestos o por leyes iniciadas por el Poder Ejecutivo, puede aumentarse el número de empleos públicos, elevarse los sueldos, o las pasividades, asignarse pensiones o aumentarse las que hubieren sido votadas con anterioridad.

c) Toda ley que signifique gastos para el tesoro nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos.

d) Si los recursos deben ser percibidos por medio de emisión de deuda, la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo.

JIMENEZ DE ARECHAGA finaliza afirmando que la Constitución de 1942, no alterando los conceptos de la Constitución de 1934, se dirigía a contener toda la política financiera del Estado dentro de marcos rígidos, y, sobre todo, tendiente a impedir que el Parlamento pudiera provocar desequilibrios que alteren los planes propuestos por el Poder Ejecutivo.

En forma coincidente el profesor TORRES HERMIDA (Presupuesto por Programa, pág. 151 y ss.) se pronuncia en el sentido que 'el Poder Ejecutivo remite el presupuesto; en él a cada inciso, programa y objetivo... hay atribuido determinados montos; sobre ellos, exclusivamente podrá pronunciarse el Poder Legislativo, siempre que las modfiicaciones -si las hay- no signifiquen mayores gastos que los propuestos'.

Fuera de la Ley de Presupuesto y conforme con lo que establece el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución, toda otra ley que signifique gastos del tesoro nacional deberá indicar los recursos con los que serán cubiertos.

La correcta interpretación de las normas constitucionales permiten concluir que solamente el Poder Ejecutivo puede proponer normas legales de carácter presupuestal deficitarias.

Fernando AGUIRRE y Esther MUÑOZ DE HAM (Administración Financiera, págs. 12 y ss.) sostiene que, en cuanto al déficit presupuestal, en lo nacional, desde la Constitución de 1967 el Poder Legislativo tiene prohibido aprobar mayores gastos que los propuestos por el Poder Ejecutivo, lo que permite a éste planear el déficit que crea conveniente tener.

Es en el Poder Legislativo en quien reposa la facultad para autorizar los gastos (Art. 86) lo que se ve recogido por lo establecido en la ley Nº 15.903 de 10 de noviembre en sus artículos 462 y siguientes que reiteran disposiciones de larga data en nuestro ordenamiento jurídico que establecen, entre otros conceptos, que no podrán comprometerse gastos de funcionamiento o de inversiones sin la existencia de asignación presupuestal correspondiente.

El proyecto de ley adjunto tiende a que el Poder Legislativo, en caso de optar por soluciones más gravosas que las propuestas por el Poder Ejecutivo, o cuando entienda recursos, establezca la forma en que se obtendrán los recursos para solventar dichos gastos o las fuentes sustitutivas de las suprimidas o modificadas, vale decir, no sancionar normas que se traduzcan en un aumento del déficit.

No obstante la claridad de las disposiciones citadas, que impiden que el Poder Legislativo pueda introducir, modificaciones a los proyectos de ley de Presupuesto Nacional, de Rendición de Cuentas y de Balance de Ejecución Presupuestal, así como a cualquier otro proyecto de ley que signifiquen crear o aumentar el déficit del Estado, la reiterada sanción de leyes en contravención de las normas constitucionales antes referidas hace necesario establecer el alcance de las mismas por vía interpretativa, a través del proyecto de ley que se somete a consideración, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de la Constitución de la República.

Posadas, Heber, Garat. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Declárase, en ejercicio de la potestad conferida por el artículo 85, numeral 20 de la Constitución de la República, que el Poder Legislativo no puede introducir modificaciones a los proyectos de ley de Presupuesto Nacional, de Rendición de Cuentas y de Balance de Ejecución Presupuestal, así como a cualquier otro proyecto que signifique gastos para el Tesoro Nacional, cuando las mismas impliquen crear o aumentar el déficit del Estado.

Posadas, Heber, Garat. Senadores."

"EXPOSICION DE MOTIVOS

En el artículo 1º, haciendo referencia exclusiva a los servicios públicos, se reitera la facultad general del titular del mismo (sea el Poder Ejecutivo, Entes Autónomos o Servicios Descentralizados) de otorgar concesiones para su ejecución de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Se establece en forma clara en el artículo 2º cual será el único procedimiento válido para la concesión de estos servicios, que será el régimen de licitación pública previsto en el TOCAF.

Se agrega además, buscando asegurar las mayores garantías en la contratación que, cuando el servicio público cuya ejecución se concede, esté a cargo de un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado, será necesario que el Poder Ejecutivo autorice dicha modalidad de ejecución, así como los pliegos de condiciones.

Se reitera en el artículo 3º la solución de las normas legales derogadas (coincidentes con la Constitución), en cuanto a que el otorgamiento de concesiones se efectuará por un plazo determinado, reservándose la Administración el derecho de controlar que los servicios sean prestados en forma contínua, regular y eficiente, y que el establecimiento de las tarifas estará condicionado a la previa homologación de la autoridad concedente, que tomará en cuenta a tales efectos el costo del servicio de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas y los márgenes de utilidad razonables.

Buscando superar una de las críticas efectuadas a las normas derogadas, se establece en el propio artículo 3º que la concesión podrá incluir la transferencia de derechos de uso, usufructo y personales, así como la constitución de derechos reales o personales respecto a los bienes necesarios para la ejecución del servicio durante el período de la concesión. Pero a continuación se agrega que para la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la autoridad concedente, se estará a lo dispuesto en las leyes especiales que rijan al respecto. Esto implica que no podrá existir duda alguna en cuanto a que el texto propuesto no implica una autorización genérica para enajenar (como se sostuvo en el año 1992), sino que se mantiene sin modificaciones el régimen vigente.

En el artículo 4º se incorpora una referencia al derecho de rescate de la autoridad concedente, distinguiendo los casos en que el mismo se ejerce por incumplimiento del concesionario (ejercicio que no compromete la responsabilidad de la autoridad en principio), de los casos en que mediando cumplimiento del concesionario la autoridad concedente entiende conveniente proceder a dicho rescate. En este último caso (de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 de la Constitución), se prevé que debe establecerse la forma en que se calcularán las indemnizaciones que correspondan.

Los artículos 5º y 6º del proyecto reiteran que la concesión en ningún caso conferirá al concesionario la facultad de expropiar, la que seguirá siendo competencia del Estado o ente descentralizado que corresponda, y que el acto administrativo que otorgue la concesión, así como el contrato respectivo, será publicado en el Diario Oficial y se remitirá copia a la Asamblea General, a los efectos de la mayor transparencia del procedimiento.

En forma parecida a lo previsto en el artículo 2º de la Ley Nº 16.211, se prevé en el artículo 7º del proyecto que el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, podrán autorizar, contratar, o subcontratar con terceros la realización de actividades de su competencia, siempre que no constituyan cometidos esenciales del Estado, o servicios públicos o sociales.

Se agrega en la materia la necesidad de licitación pública para la selección del contratante, equiparando este régimen con el previsto para la concesión de servicios públicos. A su vez, en el artículo 8º se establece la obligación del Estado así como de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, de favorecer la libre concurrencia, adoptando las medidas necesarias para procurar evitar las situaciones de monopolio de hecho.

En definitiva, el proyecto implica un nuevo análisis de temas de singular trascendencia, a la luz de lo ocurrido respecto a los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 16.211.

Garat, Posadas, Heber. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - El Poder Ejecutivo y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados podrán otorgar concesiones para la ejecución de los servicios públicos a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Art. 2º. - En todos los casos el concesionario será seleccionado mediante la modalidad de licitación pública de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.

Cuando el servicio público cuya ejecución se concede esté a cargo de un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado, será necesario que el Poder Ejecutivo autorice dicha modalidad de ejecución, así como los pliegos de condiciones.

Art. 3º. - El otorgamiento de concesiones se efectuará por un plazo determinado, reservándose la Administración el derecho de controlar que los servicios sean prestados en forma contínua, regular y eficiente.

Asimismo el establecimiento de las tarifas estará condicionado a la previa homologación de la autoridad concedente, que tomará en cuenta a tales efectos el costo del servicio de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas y los márgenes de utilidad razonables.

La concesión podrá incluir la transferencia de derechos de uso, usufructo y personales, así como la constitución de derechos reales o personales respecto a los bienes necesarios para la ejecución del servicio durante el período de la concesión.

Para la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la autoridad concedente, se estará a lo dispuesto en las leyes especiales que rijan al respecto.

Art. 4º. - En el contrato de concesión se preverán los casos en que la Administración puede ejercer el derecho de rescate ante el incumplimiento del concesionario, así como el derecho de rescate unilateral, estableciéndose la forma en que se calcularán las indemnizaciones que correspondan en este último caso.

Art. 5º. - La concesión en ningún caso conferirá al concesionario la facultad de expropiar, la que seguirá siendo competencia del Estado o ente descentralizado que corresponda.

Art. 6º. - El acto administrativo que otorgue la concesión, así como el contrato respectivo, será publicado en el Diario Oficial y se remitirá copia a la Asamblea General.

Art. 7º. - El Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, podrán autorizar, contratar, o subcontratar con terceros la realización de actividades de su competencia, siempre que no constituyan cometidos esenciales del Estado, o servicios públicos o sociales.

En todos los casos la autorización o contratación, se realizará dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º y en el inciso 1º del artículo 3º de la presente ley.

Art. 8º. - En todos los casos previstos precedentemente, el Estado así como los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, favorecerán la libre concurrencia, adoptando las medidas necesarias para procurar evitar las situaciones de monopolio de hecho.

Art. 9º. - Publíquese, etc.

Garat, Posadas, Heber. Senadores."

"EXPOSICION DE MOTIVOS

I

El presente proyecto de ley tiene por objetivo superar un vacío existente en nuestro derecho positivo, dando un marco jurídico adecuado a actividades beneficiosas para la comunidad.

Debe señalarse que en el año 1990 se presentó un proyecto similar que aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores no logró su aprobación en la Cámara de Representantes.

Se señaló en aquélla oportunidad -y mantiene su validez en la actualidad- que en la práctica actual la admisión de este tipo de instituciones ha presentado una serie de inconvenientes, frustrándose en muchos casos iniciativas valiosas.

Los problemas mencionados fueron advertidos en su oportunidad por el Poder Ejecutivo, que el 3 de setiembre de 1986, remitió al Parlamento un proyecto de ley que no obtuvo sanción legislativa.

Para la elaboración del texto propuesto, se analizó la experiencia de otros países. Así, fueron estudiadas las legislaciones de Argentina, Brasil, Chile, Francia e Italia; junto con opiniones doctrinarias de dichas fuentes. También se tuvo en cuenta y de manera particular el antecedente constituido por el proyecto del Poder Ejecutivo antes mencionado.

II

En el Capítulo I del proyecto se determina el objeto del mismo, estableciendo el concepto de fundación, que presenta una gran similitud con el utilizado en el referido proyecto del Poder Ejecutivo y en el Decreto Ley Nº 19.836 de 1972, vigente en la República Argentina.

Puede apreciarse que se suprimió la referencia a la irrevocabilidad de los aportes realizados, contemplada por ejemplo en la ley francesa de 23 de julio de 1987 y defendido por buena parte de la doctrina extranjera (Conf. BRICHET, Robert, Fondation, en Civil Annexes, Nº 2, 1989, etc.), ello en razón de optarse por comprender los aportes en el régimen en materia de donaciones o sucesiones, según corresponda (Art. 12 del proyecto).

III

La constitución y el reconocimiento de la personalidad jurídica de las fundaciones se encuentra regulado en el Capítulo II, complementado por los artículos 23 y 24.

Se prevén dos formas de constitución de fundaciones: por acto entre vivos o por disposición testamentaria, estableciéndose los requisitos básicos con los que se debe cumplir para que aquélla sea válida. También se aclara, para evitar cualquier tipo de duda, que en el acto de constitución pueden establecerse alguna de las disposiciones que deberán ser incluidas en los estatutos.

El artículo 3º establece el procedimiento para obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica a cuyos efectos será competente el Ministerio de Educación y Cultura. En este punto se suprimen algunas exigencias, como la prevista en el Art. 9º del proyecto del Poder Ejecutivo, sosteniendo que la misma excede el contralor exclusivamente de legalidad que debe realizar el Estado con relación a instituciones privadas (máxime cuando tienen una finalidad filantrópica).

Otra innovación importante aparece en el Art. 23 que introduce un mecanismo de reconocimiento tácito. De esta forma se pretende evitar que demoras administrativas impidan el funcionamiento de estas instituciones. Se señalará más adelante que esta disposición está íntimamente relacionada con el Art. 12 en lo relativo a la constitución de fundaciones por disposición testamentaria y al interés en que la voluntad del causante sea correctamente cumplida, así como que el período en que los bienes aportados no tengan un titular definido sea el más breve posible.

IV

En el Capítulo III se incluyen disposiciones tendientes a regular el funcionamiento de la fundación.

Puede apreciarse que este Capítulo se inspira en dos ideas básicas: por un lado respetar al máximo la voluntad del fundador, a la que se le da un amplio margen y que sólo se encuentra limitada en aquellos casos en que esté en juego la esencia misma de la fundación. Por otra parte se intenta establecer los mecanismos necesarios que permitan suplir las carencias del acto de constitución o de los propios estatutos, de forma tal que dichas insuficiencias no impidan el funcionamiento que sólo resultarán aplicables en cada caso concreto cuando falte la previsión estatutaria correspondiente (Art. 5º inc. 3º, Art. 6º inc. 2º y 3º, Art. 9º inc. 2º, Art. 11, Art. 15, Art. 16, etc.).

Dentro de los límites que se imponen a la voluntad del fundador cabe señalar el previsto en el ordinal 2 del artículo 8º (en que se limita el porcentaje del patrimonio que puede ser destinado a remuneración de los consejeros, de forma de evitar que con compensaciones desproporcionadas se frustre en los hechos la voluntad del fundador y se desnaturalice la institución); el Art. 10 inc. 2º (que prevé la posibilidad de que en caso de haberse otorgado el derecho de veto a uno o más consejeros, la mayoría pueda obtener un contralor de la legalidad del veto opuesto); el Art. 11 (que si bien admite que el fundador pueda dejar sin efecto las prohibiciones previstas en el mismo, el inciso final exige en tales casos una comunicación previa a la autoridad administrativa con el fin de controlar la legalidad de la resolución y si la misma no implica una desviación con relación al objeto de la institución).

V

En lo referido a los aportes y al patrimonio de la fundación, se incluyen varias diferencias con relación a la legislación argentina y al proyecto del Poder Ejecutivo, procurando que el marco jurídico de las fundaciones coincida en lo posible con la legislación vigente para situaciones afines y que se respete en lo posible la voluntad del fundador evitando normas que regulen excesivamente la liberalidad efectuada.

En este sentido debe señalarse que se evita toda solución que condicione el reconocimiento de la fundación a la efectiva y previa transferencia de los bienes (tratándose de una liberalidad del fundador no se advierte el interés del Estado en que se acredite que los aportes se han hecho efectivos y por otra parte tal exigencia no haría más que trabar la constitución de estas instituciones).

En cuanto al marco jurídico de los aportes, se entiende conveniente que el mismo sea el vigente en materia de donaciones simples y sucesiones (según se trate de constitución por acto entre vivos o por disposición testamentaria), en mérito a que la claridad de las normas correspondientes del Código Civil permitirán tener certeza en las soluciones dado el amplio análisis de que han sido objeto y al mismo tiempo se evita la creación de regímenes excepcionales con todos los inconvenientes prácticos que los mismos aparejan.

Se elimina también el contralor previo sobre el patrimonio inicial (previsto en alguna legislación comparada y en el proyecto del Poder Ejecutivo) con el fin de dar una mayor libertad al fundador, limitar el contralor estatal a cuestiones estrictamente de legalidad y permitir que se haga uso de las facultades previstas en los artículos 13 y 15 del proyecto.

En los casos de constitución por disposición testamentaria y cuando la fundación no haya obtenido el reconocimiento de su personalidad jurídica a la fecha del fallecimiento del causante, se intenta reducir al máximo el período en que los bienes aportados no tendrán propietario los herederos, legatarios y albaceas (Art. 12.2, 12.4 y 12.5) y sin perjuicio de las facultades que se confieren al Ministerio Público (Art. 12.3). Debe tenerse presente que la situación de los herederos, legatarios y albaceas, se encuentra contemplada en el Art. 23 del proyecto, de manera que sólo procederá la aplicación del Art. 12.5 en casos en que haya existido una culpa grave de las personas mencionadas en el mismo.

Se prevé en el Art. 14 que la mayoría de los recursos de la fundación deben destinarse al cumplimiento de su objeto y se elimina la posibilidad de acumular capital a efectos de evitar que funcionen fundaciones que se limiten a incrementar su patrimonio sin cumplir o desnaturalizando el objeto para el cual fueron creadas.

VI

En materia de reforma de estatutos se establece que se estará a lo dispuesto en los mismos, incluso en el caso en que el fundador prohíba toda reforma. En caso de no mediar prohibición y si se hubiera omitido incluir el procedimiento correspondiente en los estatutos, se podrá proceder según lo dispuesto en el Art. 15.

En cuanto a la disolución de la fundación, si bien se reconoce al fundador la facultad de establecer causales de disolución no previstas en el proyecto, las establecidas en el Art. 16.2 literales 'a' a 'd' inclusive, proceden aún cuando exista disposiciónestatutaria en contrario.

VII

El régimen de contralor proyectado no coincide con el que con frecuencia aparece en el derecho positivo uruguayo ni con el que se propuso en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Al respecto cabe señalar que si bien se considera conveniente la existencia de un control por parte del Estado, se entiende imprescindible precisar que el mismo será exclusivamente de legalidad, esto es referido al cumplimiento por parte de las fundaciones de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, sin entrar en ningún caso a efectuar consideraciones de oportunidad o conveniencia, salvo en los casos expresamente previstos (ej. Art. 15 inc. final).

En cuanto a las atribuciones de la autoridad administrativa de contralor las mismas se limitan a las de fiscalización y se prevé que si bien podrá apercibir o intimar a las autoridades de la fundación cuando advierta cualquier apartamiento de lo dispuesto en las normas legales, reglamentarias o estatutarias, toda otra medida que resulte pertinente adoptar -como ser la intervención de la fundación o la cancelación de la personalidad jurídica- deberá ser solicitada ante los tribunales competentes. Si bien puede parecer a primera vista contradictorio que el Ministerio de Educación y Cultura pueda reconocer la personalidad jurídica de la fundación pero no pueda, por ejemplo, cancelar la misma, se entiende que una medida de tal trascendencia para la fundación, debe encontrarse rodeada por las garantías del debido proceso, en lugar del control a posteriori que resultaría de la posibilidad de recurrir el acto administrativo dictado a tales efectos (Art. 317 de la Constitución).

VIII

Las disposiciones que limitan la posibilidad de que la fundación contrate con el fundador, sus herederos o parientes, responde a la intención de evitar que la constitución de fundaciones no responda a las características que a las mismas se asignan en el Art. 1º.

Posadas, Garat, Heber. Senadores.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Artículo 1º. - (Objeto). Las fundaciones son personas jurídicas reconocidas como tales por la autoridad competente que se constituyen mediante el aporte de bienes, derechos o recursos realizado por una o más personas físicas o jurídicas y que persiguen un objeto de bien común, sin propósito de lucro.

CAPITULO II

CONSTITUCION Y RECONOCIMIENTO

Artículo 2º. - (Constitución). Las fundaciones se constituyen por: a) acto entre vivos, documentado en instrumento público otorgado por el o los fundadores o por sus mandatarios con poder especial, o b) por disposición testamentaria.

En ambos casos se deberá establecer expresamente y con claridad los bienes, derechos o recursos que se aportan y el o los fines a que los mismos se destinan.

También podrá incluirse en el acto de constitución todas o algunas de las disposiciones que contendrán los estatutos, así como el nombre de la o las personas que quedan autorizadas para gestionar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Si en el acto de constitución se estableciera que los estatutos deberán contener alguna disposición expresamente vedada por la ley, la misma se tendrá por no puesta y se prescindirá de la misma a efectos de cumplir, en lo posible, con la voluntad del fundador.

Art. 3º. - (Reconocimiento). El o los fundadores o las personas especialmente facultadas en caso de constitución por acto entre vivos; las personas autorizadas en el testamento y en su defecto el o los albaceas, los herederos, los legatarios o el Ministerio Público comparecerán ante el Ministerio de Educación y Cultura, solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación, a cuyos efectos se presentará:

A) El instrumento público referido en el artículo 2º de la presente ley o el testamento correspondiente.

B) Detalle de los bienes, derechos o recursos aportados.

C) Proyecto de los estatutos que contendrá:

a. Nombre y domicilio de la fundación.

b. Determinación del objeto en forma clara y precisa, de acuerdo a lo establecido en el acto de constitución.

c. Capital inicial, integración y recursos futuros.

d. Plazo de duración si estuviere sometido a dicha modalidad.

e. Organización del Consejo de Administración, forma de designación de sus miembros, duración de sus mandatos y régimen de reuniones.

f. Disposiciones para la reforma del estatuto.

g. Fecha de cierre del ejercicio anual.

h. Casos de disolución, formas de liquidación y destino de los bienes.

i. Designación de los miembros del primer Consejo de Administración, en forma definitiva o en calidad de interinos.

CAPITULO III

ORGANOS Y ADMINISTRACION

Artículo 4º. - (Consejo de Administración). El gobierno y administración de las fundaciones estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros, que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la institución.

Art. 5º. - (Integración). Los estatutos preverán la forma de integración del Consejo de Administración que podrá contar
con miembros permanentes y/o a término.

La designación podrá ser efectuada por el propio fundador, en forma total o parcial, o cometido a personas físicas o jurídicas o por cualquier otro procedimiento, según lo establezcan los estatutos.

En caso de quedar vacantes uno o más cargos del Consejo y a falta de disposición estatutaria que permita efectuar las designaciones correspondientes o cuando el cumplimiento de la misma resulte imposible, los restantes miembros efectuarán las designaciones que correspondan requiriéndose a tales efectos una mayoría de votos equivalente a los dos tercios de cargos existentes en el Consejo. Cuando por cualquier razón no se alcanzare la mayoría referida, la designación será efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura y en todos los casos y aún cuando existiere disposición estatutaria en contrario, la designación será por el término de un año.

Art. 6º. - (Funcionamiento del Consejo). El Consejo sesionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo que establezca en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, el quórum para sesionar será el número entero inmediato superior a la mitad aritmética de los componentes y las decisiones serán adoptadas por mayoría de presentes, salvo lo previsto en los artículos 15 y 16 de la presente ley.

En caso de empate el presidente del Consejo tendrá voto doble.

Art. 7º. - (Deberes de los miembros del Consejo). Los integrantes del Consejo de Administración deberán cumplir en forma estricta con el objeto de la fundación y deberán comunicar a las autoridades correspondientes toda irregularidad o apartamiento del fin de la institución que adviertan.

En caso de quedar cargos vacantes en el Consejo, cada miembro tendrá la obligación de comunicar tal situación a la autoridad administrativa competente siempre que por cualquier causa no se realizare la designación correspondiente de acuerdo a lo previsto en el estatuto en el plazo de sesenta días.

Los miembros serán civilmente responsables de todo daño o perjuicio causado por su actuación ilícita o negligente. La responsabilidad de los miembros que perciban algún tipo de remuneración será evaluada con mayor severidad que la de los integrantes honorarios.

Art. 8º. - (Derechos de los miembros). Los integrantes del Consejo tendrán los siguientes derechos:

1) A participar en todas las deliberaciones del Consejo con voz y voto.

2) A percibir la remuneración que hubiera establecido el fundador. En caso de no mediar voluntad del fundador en tal sentido, ninguno de los integrantes podrá percibir compensación alguna o beneficio de cualquier clase de la fundación.

Si se hubiere previsto el pago de alguna compensación, el monto total anual de las mismas no podrá superar el cinco por ciento a valores constantes de los fondos utilizados por la fundación en el período anual anterior para cumplir con su objeto.

3) A solicitar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 16 la intervención de las autoridades públicas y denunciar cualquier apartamiento de lo dispuesto en los estatutos de la fundación o la realización de cualquier acto ilegal.

Art. 9º. - (Cese y remoción de los consejeros). Los consejeros cesarán en sus cargos por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En caso de ser miembros no permanentes cesarán también al vencer el término de su mandato. Los estatutos podrán prever el cese automático en caso de inasistencia injustificada a determinado número de sesiones o cuando se configuren las causales de incompatibilidad expresa y taxativamente establecidas por el fundador.

Salvo previsión estatutaria en contrario, el Consejo de Administración podrá, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, remover de su cargo a un consejero, cuando éste cometa actos violatorios de la ley o del estatuto, cuando sobrevenga alguna causal de incompatibilidad o cuando se desentienda de los asuntos de la fundación pese a las advertencias que le realice el Consejo.

Art. 10. - (Derecho de veto). Los estatutos podrán conferir a uno o más consejeros, sean permanentes o a término, el derecho al veto con relación a las decisiones adoptadas por la mayoría del Consejo.

En caso de hacerse ejercicio del derecho mencionado en el inciso anterior, los consejeros que votaron afirmativamente la resolución vetada, podrán recurrir ante la autoridad administrativa competente cuando el resultado de la oposición resulte contrario a las normas legales o estatutarias vigentes o cuando se aparte del objeto de la fundación.

Art. 11. - (Prohibiciones). Los miembros del Consejo de Administración no podrán realizar por sí ni por interpuesta persona ningún tipo de contrato ni mantener ningún tipo de relación comercial, profesional, laboral o de cualquier tipo que pueda redundar en un beneficio para su persona, con la fundación de la que son consejeros o de la que lo han sido en los últimos cinco años.

Esta prohibición será extensiva al cónyuge del consejero y a sus familiares ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, así como a las personas jurídicas a las que se encuentre vinculado o lo haya estado en los últimos cinco años.

En caso de mediar disposición estatutaria en contrario, la misma será válida, pero en caso de aplicarse la misma, lo actuado deberá ser comunicado a la autoridad administrativa de contralor dentro de los siguientes diez días y todo sin perjuicio de lo previsto en el ordinal 2º del artículo 8º de la presente ley.

CAPITULO III

PATRIMONIO DE LA FUNDACION

Artículo 12. - (Aportes).

12.1. - (Aportes por acto entre vivos). Los aportes realizados por el fundador en el caso de constitución por acto entre vivos, serán considerados como donaciones puras y simples, sujetos a la condición suspensiva de que se obtenga el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación. Obtenido el referido reconocimiento, se considerarán aceptadas todas las donaciones efectuadas, procediéndose a la entrega de los bienes y a la realización de las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan.

Serán aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en el Título I de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil, relativas a donaciones simples, con excepción del artículo 1634.

12.2. - (Aportes realizados por disposición testamentaria). En los casos en que los aportes se realicen por disposición testamentaria se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Si a la fecha de fallecimiento del testador si se trata de testamento abierto, o al efectuarse la apertura del testamento cerrado, la autoridad competente no ha reconocido la personalidad jurídica de la fundación beneficiaria, los bienes aportados quedarán bajo la custodia de la o las personas designadas por el testador a tales efectos, o en ausencia de designación del albacea, o a falta de éste de los herederos o legatarios, hasta tanto se obtenga el referido reconocimiento.

Las personas mencionadas en el inciso anterior cuando tengan la custodia de los bienes aportados a la fundación futura, serán responsables por la conservación de los mismos y por su inmediata entrega, con sus frutos y accesorios, una vez que se obtenga el reconocimiento referido.

12.3. - (Intervención del Ministerio Público). En todos los casos en que se designe heredero o legatario a una fundación no reconocida por la autoridad competente, los restantes herederos y legatarios así como el o los albaceas, tendrán la obligación de comunicar dicha situación al Ministerio Público dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o de la apertura del testamento cerrado.

El Ministerio Público tendrá todas las facultades necesarias para asegurar la conservación de los bienes y lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación y podrá solicitar al tribunal competente todas las medidas que estime necesarias a tales efectos.

12.4. - (Plazo para el reconocimiento). En las hipótesis de aporte de bienes por disposición testamentaria a fundaciones futuras, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas deberá ser obtenido dentro del plazo de un año computado desde el fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o desde la apertura del testamento cerrado.

Si por cualquier causa no se obtuviese el reconocimiento en el plazo señalado, quedará sin efecto la disposición testamentaria y se procederá con los bienes según lo previsto en el artículo 17.

12.5. - (Responsabilidad). Si se diera la situación prevista en el artículo 2º del numeral anterior, las personas que tengan la custodia de los bienes aportados a fundaciones futuras, los albaceas, los herederos y los legatarios, tengan éstos la tenencia de los bienes o no, quedarán comprendidos en lo previsto en los artículos 842 y 1.012 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra el o los responsables de la no obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Art. 13. - (Patrimonio insuficiente). Cuando el Consejo de Administración considere que el patrimonio de la fundación es insuficiente para cumplir con el objeto de la misma, podrá proceder conforme lo dispuesto en el artículo 16, o intentar la capitalización de la fundación mediante la realización de los bienes y la adquisición de títulos de deuda pública, dando cuenta a la autoridad administrativa de contralor.

En caso de optar por la segunda posibilidad, el período de capitalización no podrá superar los dos años computados desde la fecha en que el Consejo de Administración resolvió la realización de los bienes. Si vencido dicho plazo el patrimonio resulta insuficiente, se procederá sin más trámite de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de la presente ley.

Art. 14. - (Acumulación de capital). La mayor parte de los recursos anuales de la fundación deberán destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su objeto, y sólo podrán acumularse fondos, cuando se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la institución y que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capital. Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período superior a los diez años y si se decidiera hacer uso de dicha facultad, el Consejo deberá obtener previamente la autorización de la autoridad administrativa de contralor.

CAPITULO IV

REFORMA DE ESTATUTOS Y DISOLUCION DE LA FUNDACION

Art. 15. - (Reforma de estatutos). Los estatutos podrán ser reformados mediante el procedimiento previsto en los mismos o de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente, y las modificaciones se considerarán válidas una vez que hayan obtenido su reconocimiento de la autoridad administrativa de contralor.

Si no se estableció en los estatutos procedimiento para su reforma y siempre que el fundador no haya prohibido expresamente dicha posibilidad, los mismos podrán ser modificados por el voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración en sesión especialmente realizada con dicho objeto y a la que deberá haber sido citado cada miembro por algún medio fehaciente, con indicación del tema a tratar y con una anticipación mínima de diez días. En los casos de modificación del objeto establecido por el fundador (que sólo se podrá modificar cuando su cumplimiento resulte imposible y siempre que en el acto de constitución el fundador no haya prohibido su alteración) y para la fusión con entidades similares, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo.

En aquellos casos en que el fundador haya prohibido en el acto de constitución toda reforma a los estatutos o al objeto de la institución, y cuando tal modificación resulte imprescindible para el funcionamiento de la fundación, se procederá según lo establecido en el artículo siguiente, salvo la única excepción prevista en el artículo 13 de la presente ley.

Art. 16. - (Disolución de la fundación).

16.1. - (Resolución). La disolución de la fundación será resuelta por el Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en los estatutos o por el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros en caso de ausencia de relación estatutaria.

Si el Consejo no dispusiera la disolución al configurarse alguna de las causales previstas en el numeral siguiente o en los estatutos como causa de disolución automática, la disolución será declarada por el tribunal competente, a instancias del fundador, de algún miembro del Consejo de Administración, del Ministerio Público o de la autoridad administrativa de contralor.

16.2. - (Causales de disolución). Son causales de disolución de las fundaciones:

a) la finalización del plazo establecido por el fundador si es que existe previsión al respecto;

b) cuando por cualquier causa deviniera imposible el cumplimiento del objeto establecido, salvo que el Consejo de Administración no se encuentre impedido de modificar el mismo y así lo hiciera;

c) si resulta manifiestamente insuficiente el patrimonio disponible para cumplir con el fin de la institución, y sin perjuicio de la posibilidad de modificar el objeto de la fundación y de lo previsto en el artículo 13 de esta ley;

d) por la cancelación de la personalidad jurídica decretada por el tribunal competente;

e) las establecidas como tales por el fundador.

16.3. - (Liquidación). Resuelta la disolución de la fundación, los miembros del Consejo de Administración quedarán investidos de la calidad de liquidadores.

En la hipótesis prevista en el inciso segundo del numeral 1º del presente artículo, y en aquellos casos en que los consejeros no acepten o no puedan actuar como liquidadores, el tribunal procederá a la designación de los mismos.

Art. 17. - (Destino de los bienes). El remanente que resulte de la liquidación de la fundación, tendrá el destino establecido por el fundador en los estatutos y en caso de que el mismo resulte imposible o que no exista previsión al respecto, el Ministerio de Educación y Cultura resolverá la situación, destinando los bienes a una persona jurídica de derecho público o privado, sin fines de lucro, que desarrolle en el país una actividad similar o a fin con el objeto de la fundación.

CAPITULO V

REGIMEN DE CONTRALOR

18.1. - (Autoridad administrativa de contralor). El Ministerio de Educación y Cultura ejercerá el contralor y la fiscalización de las fundaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

18.2. - (Contabilidad). Las fundaciones llevarán su contabilidad sobre bases uniformes, de las que resultará cada una de las operaciones realizadas y la justificación de todos los gastos.

La reglamentación establecerá la forma en que la misma será controlada por la autoridad administrativa de contralor.

18.3. - (Memoria anual). El Consejo de Administración, dentro de los sesenta días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, elaborará una memoria anual de la gestión desarrollada en dicho ejercicio, en la que se especificará cada uno de los actos realizados en cumplimiento del objeto de la institución, los recursos utilizados y la situación patrimonial de la fundación.

La memoria anual deberá presentarse ante la autoridad administrativa de contralor y tendrá la difusión que se encuentre prevista en los estatutos.

Art. 19. - (Atribuciones de la autoridad de contralor). Sin perjuicio de otras atribuciones que surjan de la presente ley, la autoridad administrativa de contralor podrá:

1) Solicitar en cualquier momento la información, así como la presentación de la documentación que estime pertinente a efectos de cumplir con los cometidos establecidos en el artículo 18.1. El Consejo de Administración y toda persona dependiente de la fundación tendrá la obligación de colaborar con la autoridad administrativa de contralor.

2) Apercibir e intimar a las autoridades de la fundación cuando constate cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la ley o en los estatutos.

3) Promover ante los tribunales competentes la adopción de todas aquellas medidas que entienda convenientes para evitar o corregir toda infracción a la ley o a los estatutos y en especial cualquier apartamiento del objeto de la institución.

En caso graves, en que peligre el patrimonio de la fundación en razón de una conducta ilícita, cuando se desnaturalice el objeto para que la institución fue creada o cuando se constate que la fundación realiza actividades ilícitas, y sin perjuicio de las denuncias que se formularán contra las responsables de tales hechos, podrá solicitar el desapoderamiento de los bienes, la intervención de la fundación e incluso la cancelación de la personalidad jurídica ante el tribunal competente.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 20. - (Contrato con el fundador o con sus herederos o familiares). Todo negocio entre la fundación y sus fundadores o sus herederos, ascendientes o descendientes, colaterales hasta el segundo grado, salvo las donaciones que de éstos recibiera la fundación, deberá ser comunicada previamente a la autoridad administrativa de contralor que podrá ejercer sus atribuciones cuando dicho negocio sea ilegal o constituya una desnaturalización del objeto de la fundación.

Toda resolución del Consejo de Administración que directa o indirectamente, beneficie al fundador o a sus herederos, estará sometida al régimen previsto en el inciso anterior.

Art. 21. - (Protección del nombre). Queda prohibida la utilización de la expresión "fundación" por toda persona jurídica, empresa o sociedad que no se ajuste a lo establecido en la presente ley.

Exceptuándose de lo estipulado en el inciso precedente a aquellas personas jurídicas constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma.

Art. 21. - (Protección del nombre). Queda prohibida la utilización de la expresión "fundación" por toda persona jurídica, empresa o sociedad que no se ajuste a lo establecido en la presente ley.

Exceptuándose de lo estipulado en el inciso precedente a aquellas personas jurídicas constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma.

Art. 22. - (Fundaciones extranjeras). Las fundaciones constituidas en el extranjero, sólo podrán actuar en la República, cuando cumplan con lo establecido en la presente ley y obtengan el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura.

A partir de la entrada en vigencia de esta ley, las fundaciones extranjeras que actúen en el país, dispondrán de un plazo de un año para regularizar su situación.

Art. 23. - (Plazo para el reconocimiento). El Ministerio de Educación y Cultura deberá pronunciarse sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación dentro de los noventa días computados a partir de la solicitud formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de esta ley.

Si vencido el plazo referido en el inciso anterior, el Ministerio de Educación y Cultura no se hubiera pronunciado, se entenderá aceptada la solicitud y se procederá a la inscripción en el registro correspondiente.

Art. 24. - (Registro de fundaciones). El Ministerio de Educación y Cultura llevará un registro actualizado y público, en que figurará cada una de las fundaciones reconocidas por la autoridad competente, la pérdida de la personalidad jurídica de las mismas y toda otra información que la reglamentación estime conveniente.

Art. 25. - Comuníquese, etc.

Ignacio de Posadas, Luis A. Heber, Carlos Garat. Senadores".

"EXPOSICION DE MOTIVOS

A través de unas pocas modificaciones al Reglamento del Senado, el proyecto procura contribuir a darle una mayor fluidez y efectividad al funcionamiento del cuerpo, preservando a la vez las condiciones necesarias para un desarrollo cabal de los debates y el intercambio de ideas y posiciones.

El Artículo 1º introduce una pequeña modificación al Artículo 66, luego del literal h), del Reglamento; llevando a límites de mayor practicidad los debates sobre algunas cuestiones de orden, y armoniza el texto del literal i) con otra reforma, de mayor envergadura, referida a las intervenciones en las discusiones generales.

Por el Artículo 2º se suprime la mecánica de exposiciones fuera de la hora previa, cuya finalidad puede alcanzarse por la vía de exposiciones escuetas sin necesidad de distraer la atención del Cuerpo en plenario.

El Artículo 68 del Reglamento recibe lo que posiblemente sea el cambio de mayor envergadura del proyecto (Art. 4º), al eliminar la posibilidad de prorrogar el término del orador, que la práctica ha tomado en algo inevitable y mediante la introducción de un mecanismo que dará coherencia y practicidad a los debates por el doble juego de una limitación razonable a la extensión de los discursos y su armonización racional como posiciones de bancada.

El Artículo 5º armoniza la redacción del Artículo 77 del proyecto con lo expuesto anteriormente.

A su vez, el Artículo 6º, por la vía de un breve aditivo final, se pretende acotar a límites razonables y prácticos el juego de alusiones y respuestas.

Coherente con la filosofía del proyecto, el Artículo 7º hace extensivo a las Comisiones el Reglamento del Senado.

Por el Artículo 8º se acota razonablemente la oratoria en materia de homenajes.

Finalmente, el Artículo 9º reduce a la mitad la llamada hora previa, en la convicción de que en tal lapso se alcanzan perfectamente sus objetivos.

Montevideo, 2 de Marzo de 1995.

Ignacio Posadas Montero, Luis A. Heber, Carlos Garat. Senadores.

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º. - Sustitúyase el texto del literal A, Artículo 66 por el siguiente:

"A. Son cuestiones de orden que admiten discusión:

a) la integración del Senado;

b) las licencias;

c) la aplicación u observancia del Reglamento;

d) la suspensión o aplazamiento del debate o el pase a Comisión del asunto que se considere;

e) el pase a sesión secreta o a Comisión General;

f) la de declarar libre la discusión;

g) las referentes al orden del día;

h) la asistencia de los Ministros de Estado;

En la discusión de estas cuestiones de orden no podrán intervenir más de tres senadores por lema, cada uno durante cinco minutos y por una sola vez. En las intervenciones no se realizarán alusiones personales o políticas.

i) la declaración de punto suficientemente discutido que podrá proponer el presidente o cualquier senador cuando hayan hablado por lo menos dos oradores, uno en pro y otro en contra del asunto. No podrá declararse el punto suficientemente discutido mientras haya, dentro de los límites estipulados en el Artículo 68, quien no habiendo hablado sobre el asunto en discusión, pida la palabra para hacerlo.

Resuelto el cierre del debate y tratándose de resoluciones para las que se requiera mayoría especial, si faltare el quórum necesario la votación sobre el tema debatido se aplazará hasta el momento en que se halle en Sala el número suficiente de senadores.

Mientras tanto se proseguirá la discusión del proyecto en los artículos cuya sanción no dependa directamente de la aprobación de los aplazados".

Art. 2º. - Suprímese el numeral 3º del literal D del artículo 66. El numeral 4º pasará a ser numeral 3º.

Art. 3º. - Sustitúyase el texto del artículo 68 por el siguiente:

"B. De la discusión general

Art. 68. - En la discusión general se deliberará sobre la importancia, conveniencia o inconveniencia del asunto, a objeto de resolver si el Senado debe o no ocuparse de él.

Los senadores no podrán, salvo casos de rectificación o aclaración de lo expresado, hablar más de una vez ni por más de treinta minutos durante la discusión general.

El o los miembros informantes, o uno de los firmantes del proyecto en consideración -si hay informe- dispondrán de sesenta minutos y podrán, además usar de la palabra hasta por cinco minutos cada vez que se les requiera alguna aclaración o explicación sobre el asunto. Tendrán, además, un plazo de quince minutos antes de darse el punto por suficientemente discutido.

La expresión miembro informante se interpretará, a todos los efectos de este Reglamento, como referida a quienes informen en mayoría.

Se computará al orador el tiempo de las interrupciones que conceda.

Salvo los casos referidos en el inciso segundo no intervendrá en la discusión más de un senador por sector parlamentario, con límite máximo de cuatro senadores y dos horas de exposición por lema.

Un senador podrá exceder el máximo de treinta minutos conferido por el inciso segundo de este artículo previa anuencia de su bancada, computándose la extensión al límite horario de ésta.

El Cuerpo podrá acordar un tiempo suplementario de treinta minutos a la bancada a que pertenezca un miembro informante si le es solicitado para la exposición de un senador perteneciente a la misma y discrepante con la posición de dicho miembro informante.

Para declarar libre la discusión general de un asunto, se requiere la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de la Cámara".

Art. 4º. - Sustitúyase el texto del artículo 69 por el siguiente:

"Art. 69. - La discusión particular versará sobre cada artículo en que se divida el proyecto, no pudiendo hablar los senadores acerca de cada uno de ellos, más de una vez ni por más de diez minutos, salvo que se declare libre la discusión sobre el artículo en la forma prevista en el artículo anterior.

El o los miembros informantes, o uno de los firmantes en su caso, dispondrán de un término de diez minutos para ocuparse de cada artículo y de cinco minutos para expedirse sobre las modificaciones, sustituciones o adiciones que se propongan a cada uno de ellos".

Art. 5º. - Sustitúyase el texto del artículo 77 por el siguiente:

"Art. 77. - Puesto en discusión un proyecto, el miembro informante y el autor tendrán derecho a hacer uso de la palabra y, posteriormente, los demás miembros de la comisión que la solicitaren y hubieren fundado su discordia en el dictamen.

A continuación podrán hablar los senadores que se inscriban ante la Mesa en el orden respectivo.

Siempre dentro de los límites estipulados en el artículo 68".

Art. 6º. - Sustitúyase el texto del Artículo 91 por el siguiente:

"F. Aclaraciones y alusiones

Artículo 91. - Después que un orador haya terminado su discurso, aquél o aquéllos a quienes hubiere aludido podrán, antes que el orador siguiente inicie el suyo, hacer rectificaciones o aclaraciones, o contestar alusiones, las que no podrán durar más de cinco minutos.

Se entenderá que corresponde la aclaración o rectificación, cuando se hiciera referencias a las opiniones vertidas por el o los aludidos, y la contestación a una alusión únicamente cuando ésta tenga relación directa con la persona del aludido o con sus actitudes políticas o su partido político.

No se admitirán réplicas a las contestaciones".

Art. 7º. - Sustitúyase el texto del artículo 126 por el siguiente:

"A. De las Comisiones Permanentes

Artículo 126. - El Senado tendrá Comisiones Permanentes, encargadas de dictaminar sobre los asuntos sometidos a su consideración.

Las Comisiones Permanentes serán designadas para todo el período legislativo.

Será aplicable a las Comisiones, en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 67 y 71".

Art. 8º. - Añádase al artículo 155 el siguiente inciso:

"Para referirse a los mismos podrán hacer uso de la palabra hasta cuatro senadores y durante un máximo de una hora, por lema".

Art. 9º. - Sustitúyase el texto del Capítulo XIX por el siguiente:

"DE LAS EXPOSICIONES DE LOS SENADORES

A. Media hora previa

Artículo 164. - Para realizar exposiciones ajenas al orden del día los senadores deberán inscribirse en un registro que abrirá la Secretaría, en el cual estamparán su firma respectiva.

El Senado oirá a los exponentes luego de leídos los asuntos entrados y dentro de la primera media hora, improrrogable, de las primeras dos sesiones ordinarias de cada mes, transcurrida la cual, y sin que se requiera votación al respecto, se iniciará la consideración del orden del día.

En el transcurso del expresado término, el número de oradores no podrá exceder de seis, correspondiendo cinco minutos a cada uno de ellos.

No obstante, si los senadores inscriptos no ocuparen toda la media hora previa, con posterioridad a sus exposiciones se concederá la palabra a los oradores que estén anotados a continuación, hasta el vencimiento del referido lapso.

Los senadores que excedan del número prefijado, harán uso de la palabra en sesiones sucesivas y conforme al orden prelativo de inscripción.

Cuando el senador a quien corresponda exponer no estuviese presente en sala, podrá ejercer su derecho en la sesión inmediata siguiente al Cuerpo, sin necesidad de proceder a su reinscripción en la lista correspondiente.

Cuando el senador anotado renuncia a su derecho, podrá formular su exposición el que le siga en el orden inmediato siguiente en el registro respectivo.

En la referida media hora previa no se admitirán interrupciones, aclaraciones, respuestas o rectificaciones a lo expresado por los oradores los que serán llamados al orden en el caso de formular alusiones personales o políticas. Tampoco se podrá fundar el voto ni plantear cuestiones urgentes o de orden.

Si venciese la media hora previa sin que el expositor hubiere podido finalizar su intervención, podrá prorrogarse aquélla, al solo efecto del excedente de tiempo que no pudo ser utilizado.

Sobre las exposiciones formuladas en la media hora previa, no habrá pronunciamiento de la Cámara.

La votación que al respecto se practique no tendrá otro efecto que el dar trámite al asunto expuesto, si ello procede a juicio del Cuerpo.

Si el destino propuesto es el de una o más Comisiones de aquél, el presidente lo decretará por sí.

Al término de la última sesión de cada período mensual, la misma se prorrogará por el término de media hora como máximo, a efectos de oír las exposiciones que formulen los oradores inscriptos que no hubiesen podido hacerlo en sesiones anteriores, por exceder del número fijado, quienes deberán ajustarse a los términos y condiciones previstos en los incisos anteriores".

B. Exposiciones por más de cinco minutos

Artículo 165. - Para realizar exposiciones por un término mayor que el autorizado precedentemente, el senador que lo solicite deberá presentarse por escrito al presidente, indicando el tema a tratar y el término que insumirá su exposición (artículo 66 inciso D, numeral 3º).

El presidente someterá la solicitud a consideración de la Cámara, la que por mayoría absoluta de componentes y sin discusión podrá autoriza la inclusión del tema en el orden del día de la sesión que se indique".

Art. 10. - Agrégase al artículo 50 el siguiente inciso:

"La Cámara podrá disponer que la información verbal antes referida sea sustituida por una comunicación escrita a los senadores".

Posadas, Garat, Heber. Senadores".

"EXPOSICION DE MOTIVOS

En el año 1990 el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Parlamento que implicaba la desmonopolización en materia de alcoholes, seguros, servicios portuarios, telecomunicaciones y casinos.

La iniciativa fue separada según el tema que trataba, y en lo que refiere a seguros y servicios portuarios se sancionaron las leyes correspondientes en materia de desmonopolización, mientras que no fueron aprobados los proyectos correspondientes a las restantes áreas.

El presente proyecto de ley pretende replantear la iniciativa referente a los alcoholes, que fue aprobado por la Cámara de Representantes, no logrando su sanción en el Senado.

El fundamento principal de la iniciativa no es otro que la realidad constitucional que establece como solución de principio la libertad de acción de los particulares, reservando por excepción la actividad estatal y sólo para casos que respondan al interés general.

A lo anterior se suma ahora la realidad, jurídica y económica, de la integración subregional del país en el MERCOSUR.

Es obvio que en la actualidad no se justifica en forma alguna un monopolio en favor de un Ente Autónomo y menos aún en una materia como alcoholes y bebidas alcohólicas, por lo que, como ya fue votado por la Cámara de Representantes en la legislatura anterior, corresponde derogar dicho monopolio, volviendo a la situación normal para la Carta, que encuentra su base, primordialmente, en el artículo 36 de la Constitución (artículo 1º del proyecto).

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse, que parece razonable que ANCAP continúe desarrollando la actividad en cuestión, aunque ahora en libre competencia con los particulares (inciso 2º del artículo 1º).

La conveniencia de desmonopolizar, no implica la supresión de los controles que existen en la materia, sino que por el contrario los mismos deberán ser mantenidos y perfeccionados. Así se prevén requisitos para el etiquetado de las botellas (artículos 3º y 4º), y se prevén multas para las infracciones a las normas de producción (artículo 5º), así como el decomiso de la mercadería (artículo 6º).

En la medida que ANCAP actuara en régimen de libre concurrencia con los particulares, no corresponde que sea dicho Ente el encargado de los controles, por lo que los mismos se transfieren al Ministerio de Economía y Finanzas (artículo 7º), transfiriéndose también los recursos materiales y humanos a tales efectos (artículo 8º).

Por su parte, y en forma coherente con el nuevo régimen, se dejan sin efecto las autorizaciones especiales que ya no se justificarán en un régimen de libertad (artículo 9º).

En síntesis, el presente proyecto apunta a legislar en un aspecto que quedó pendiente en la legislatura anterior, y que presenta indudable trascendencia para el país, en especial encontrándose ya vigente el Tratado de Asunción.

Garat, Posadas, Heber. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Suprímese el monopolio de alcoholes y bebidas alcohólicas, establecido en beneficio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) por la ley Nº 8.764 de 15 de octubre de 1931.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland continuará ejerciendo, en concurrencia con la actividad privada, los cometidos de fabricación, comercialización, importación y exportación de alcoholes y bebidas alcohólicas destiladas.

Art. 2º. - Suprímese el régimen de caracterizaciones de bebidas alcohólicas establecido en el decreto-ley Nº 10.316 de 19 de enero de 1943.

Art. 3º. - Los envases de las bebidas alcohólicas denominadas caña, grappa y whisky, sean de producción nacional o importadas, deberán llevar impresos en su etiqueta principal, la constancia de la naturaleza o tipo de producto, su graduación y la identificación del fabricante o importador, sin perjuicio del mantenimiento de las disposiciones actuales sobre otras constancias obligatorias en etiquetas o envases.

La reglamentación establecerá el plazo para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior.

El producto en infracción podrá ser decomisado y el infractor será sancionado con una multa hasta tres veces el valor ficto establecido para la liquidación del Impuesto Específico Interno (IMESI) por litro o fracción del producto en infracción.

Art. 4º. - La comercialización de bebidas alcohólicas que difieran en más de un grado Gay Lussac (1º G.L.) de la graduación indicada en la etiqueta de los envases, será sancionada con una multa equivalente a cinco veces el valor ficto referido en el artículo anterior por litro o fracción del producto en infracción el que podrá ser decomisado.

Corresponderá igual sanción, cuando el contenido de los envases haya sido manipulado o alterado o en general, cuando no se ajuste en su composición a lo establecido en las normas UNIT para cada tipo de producto, siendo preceptivo el decomiso del mismo.

El Poder Ejecutivo, al reglamentar la presente disposición, publicará las respectivas normas UNIT para alcoholes y bebidas alcohólicas.

Art. 5º. - Cuando se comercialicen alcoholes potables o desnaturalizados con una graduación menor a la establecida por las normas que regulan su producción, así como en los casos de regeneración de alcoholes desnaturalizados, empleo en otros usos no autorizados y de tenencia de los mismos en lugares que se comuniquen con locales en donde se depositen alambiques, se aplicará al infractor las medidas establecidas en el artículo anterior.

La multa se calculará en base al precio de la comercialización del alcohol en el lugar en que se ubique o el de adquisición cuando no se destine a ser comercializado en el estado originario.

Art. 6º. - Los productos de decomiso, hidratados o adulterados que no puedan ser comercializados, serán inutilizados mediante el procedimiento de derrame.

Art. 7º. - Los controles y sanciones establecidos en este capítulo, serán de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Art. 8º. - Transfiéranse al Ministerio de Economía y Finanzas los recursos humanos y materiales de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland afectados a las actividades de control y sancionatorias previstas en la presente ley.

El Poder Ejecutivo coordinará con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland los recursos materiales y humanos a transferir. Estos últimos serán considerados como personal excedente a los efectos de su redistribución, la que se efectuará de acuerdo al procedimiento y en las condiciones legalmente previstas, en lo que fuere pertinente.

Los funcionarios inspectivos de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, que fueren redistribuidos, gozarán de la participación de multas y comisos a que tienen derecho los funcionarios aduaneros.

Art. 9º. - Déjanse sin efecto las autorizaciones especiales para fabricar o importar alambiques establecidas en el decreto-ley Nº 10.316 de 19 de enero de 1943 y decretos reglamentarios, así como las existentes para instalar plantas destiladoras de orujos y borras de producción propia o ajena.

Dichas autorizaciones quedarán sin efecto a los ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente ley.

Los precios de los orujos, borras y flemas, serán determinados por el mercado.

Los controles de producción, traslado y ensilado de orujos y borras, funcionamiento de alambiques, apertura y clausura de sus piletas para retirar flemas, volúmenes producidos, así como el control de venta y uso de alcoholes potables para encabezar vinos, serán efectuados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) en la forma que determine la reglamentación.

Art. 10. - La Dirección General Impositiva controlará la comercialización de alcoholes y bebidas alcohólicas en el ámbito de su competencia.

Art. 11. - La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland establecerá los precios de venta de todos los productos que elabore y comercialice en régimen de competencia.

Posadas, Heber, Garat. Senadores".

9) OPERACION DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS EN ANGOLA. Autorización para salir del país a un contingente militar. Proyecto de ley.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor presidente: queremos solicitar que se declare urgente y, previo repartido, se considere de inmediato el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a los efectos de conceder la autorización constitucional correspondiente para permitir la salida del país a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que van a cumplir una misión de paz en Angola.

Se trata de un cuerpo expedicionario conformado por 51 oficiales y 749 miembros más entre clases y soldados.

Sabido es que estas misiones de paz, organizadas por Naciones Unidas, han permitido probar que nuestras Fuerzas Armadas pueden cumplir debidamente la tarea encomendada.

Es cuanto queríamos informar.

SEÑOR PRESIDENTE. - La moción no tiene discusión. Si se trata de un proyecto de ley no repartido, requiere de dos tercios de componentes del Cuerpo para su aprobación; en cambio, si ha sido repartido, basta con la mayoría absoluta de componentes para que tenga media sanción.

Se va a votar la propuesta formulada por el señor Senador Santoro.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de un contingente militar que prestará apoyo a la Operación de Paz que la Organización de las Naciones Unidas desarrollará en Angola. (Carp. Nº 1687 - Rep. Nº 1).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1687/94
Rep. Nº 1/95

Montevideo, 20 de febrero de 1995.

Ministerio de Defensa Nacional.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio del Interior.

Señor Presidente de la Asamblea General

Licenciado Hugo Fernández Faingold

El Poder Ejecutivo en uso de la facultad conferida por la Constitución de la República, remite a consideración de ese Cuerpo el presente proyecto de ley relativo a obtener la autorización para la salida del país de un contingente militar a los efectos de prestar apoyo a la Operación de Paz que la Organización de las Naciones Unidas desarrollará en Angola.

La aprobación del proyecto que se remite significa continuar con la política exterior de la República de apoyo y fortalecimiento de los organismos internacionales, particularmente aquellos relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y especialmente los vinculados con las operaciones de mantenimiento de la paz.

Por otra parte, las sucesivas Misiones que han actuado en circunstancias similares, han arrojado prestigio para la República reconocidos en las más altas esferas internacionales.

Por los motivos expuestos, se solicita al señor Presidente la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Rodolfo González Risotto, Sergio Abreu, Angel María Gianola.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase la salida del país a partir del 23 de febrero de 1995 del siguiente Personal Militar: 51 (cincuenta y uno) Personal Superior y 749 (setecientos cuarenta y nueve) Personal Subalterno a efectos de integrar la Organización del Contingente Militar que prestará apoyo a la Operación de Paz que la Organización de las Naciones Unidas desarrollará en Angola, por el período que dure dicha Misión.

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese y archívese.

González, Rissotto, Abreu, Gianola".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: advierto en el texto de este proyecto de ley que se autoriza la salida del país a partir del 23 de febrero de 1995. Me parece que no podríamos autorizar eso, salvo que forzáramos los textos y le diéramos efecto retroactivo a esta salida de tropas; sin embargo, en mi opinión, eso no sería correcto.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con la información oficiosa que posee la Mesa, se postergó la salida de las tropas, por lo que éstas partirían recién el próximo lunes.

SEÑOR RICALDONI. - En ese caso, habría que cambiar la fecha, indicando la del lunes que viene. Creo que no podemos autorizar la salida en esa forma, a pesar de que el proyecto haya sido remitido con anterioridad al 23 de febrero.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa opina que podríamos fijar la fecha a partir del día de hoy, ya que posiblemente en esta jornada o en la próxima la Cámara de Representantes aprobará la iniciativa. De ese modo, estaríamos dando a la fecha un realismo que no tenía en el texto original.

SEÑOR RICALDONI. - Me parece correcto. Podríamos establecer, por ejemplo: "Autorízase a partir de la fecha de promulgación de la presente ley".

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Creemos que está superada la observación planteada por el señor Senador Ricaldoni en razón de que existe la particularidad de que el Poder Ejecutivo envía estos proyectos con fechas tentativas, ya que la salida de las fuerzas depende de que se logre contar con el transporte consiguiente. Como es sabido, éste no es manejado por el Estado uruguayo sino por la Organización de las Naciones Unidas. De hecho el avión llega cuando dicha organización dispone de él. Por esa razón, se utiliza este tipo de redacción, aunque a veces genere, naturalmente, situaciones como la que se ha planteado.

Por nuestra parte, no tenemos inconveniente en que se establezca a partir de la fecha; si se quiere, se podría colocar estrictamente la fecha del día de hoy, para que las cosas, en las referencias aritméticas, tengan mayor certeza.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En mi opinión, este es un tema menor, y precisamente este tipo de cuestiones suelen insumir mayor cantidad de tiempo. Si colocamos la fecha de hoy, la Cámara de Representantes va a repetir esta discusión, sosteniendo que se estableció una fecha anterior a la de su aprobación.

En realidad, la Constitución no dice que se autoriza con determinada fecha; simplemente, establece que se autoriza. Entonces, autoricemos y no digamos nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa considera lógico lo que acaba de expresar el señor Senador Posadas Montero. Entonces, el texto del proyecto quedaría exactamente igual al remitido por el Poder Ejecutivo con la única diferencia de la exclusión de la referencia a la fecha.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Hemos dado nuestro voto afirmativo a esta iniciativa. Como es sabido, ella ya había tenido sanción en esta Cámara en la anterior legislatura con el voto del Frente Amplio. Por este motivo es que exclusivamente en este caso votamos afirmativamente. Sin embargo, queremos aclarar que esto no debe considerarse como un precedente en lo que respecta a nuestro sector, porque pensamos discutir y profundizar todos los aspectos relacionados con este tema de fondo sobre el envío de contingentes en calidad de fuerzas de paz.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Autorízase la salida del país del siguiente personal militar: 51 (cincuenta y uno) personal superior y 749 (setecientos cuarenta y nueve) personal subalterno a efectos de integrar la Organización del Contingente Militar que prestará apoyo a la Operación de Paz que la Organización de las Naciones Unidas desarrollará en Angola, por el período que dure dicha misión".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO UNICO. - Autorízase la salida del país del siguiente personal militar: 51 (cincuenta y uno) personal superior y 749 (setecientos cuarenta y nueve) personal subalterno a efectos de integrar la Organización del Continente Militar que prestará apoyo a la Operación de Paz que la Organización de las Naciones Unidas desarrollará en Angola, por el período que dure dicha Misión".

10) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 16 y 30 minutos, presidiendo el doctor Batalla y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Belvisi, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Posadas Montero, Ricaldoni, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Dn. Mario Farachio Secretario - Dn. Dardo Ortiz Alonso Prosecretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.