Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay
 

Comisión Especial con fines legislativos
de transparencia, lucha contra el lavado
de activos y crimen organizado

S/C
  Versión Taquigráfica N° 1906 de 2018

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 19.574 Y SEGUIMIENTO DE PRESUNTAS
OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS

Se recibe a las autoridades de la SENACLAFT

CONTROLES REALIZADOS Y A REALIZAR A EFECTOS DE DETECTAR EL INGRESO
DE DINERO PROVENIENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Se recibe al Director Nacional de Aduanas y asesores

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 18 de octubre de 2018


(Sin corregir)


 

PRESIDEN:   Señor Representante Alfredo Asti, Presidente y señora Representante Bettiana Díaz, Vicepresidente.
 
MIEMBROS: Señoras Representantes Carmen Anastasía, Susana Andrade y Graciela Bianchi y señor Representante Omar Lafluf.
 
DELEGADO
DE SECTOR:

 

Señor Representante Ope Pasquet.
 
ASISTE:   Señor Representante Walter Verri.
 
INVITADOS: Por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), el Secretario Nacional contador Daniel Espinosa, acompañado por el contador Danubio Cruz y la doctora Lorena Falabella.

Por la Dirección Nacional de Aduanas, el Director Nacional, contador Enrique Canon; doctor Ricardo Pérez Blanco, asesor jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas; señores Robert Dorado (gerente del sector de operativa aduanera), Jorge Marenales (sector de fiscalización), Leonardo Trentini (encargado de la oficina de comunicación institucional) y Andrés Méndez (administrador de la Aduana de Chuy); señoras María José Silva (comunicación institucional) y Flavia San Román (análisis de riesgo); y doctora Roxana Brizuela (asesora jurídica de la DNA).
 
SECRETARIO: Señor Eduardo Pérez Vázquez.
 
PROSECRETARIO:   Señor Héctor Amegeiras.

 

SEÑOR PRESIDENTE (Alfredo Asti).‑ Habiendo número, está abierta la reunión

Les pedimos disculpas por el retraso, pero la sesión de ayer terminó muy tarde y hoy los periodistas comenzaron a llamar muy temprano.

Para nosotros es un gusto recibir al contador Daniel Espinosa, a la doctora Lorena Falabella y al contador Danubio Cruz.

Le agradecemos al secretario nacional y a su equipo por acudir cada vez que solicitamos su presencia. Como esta Comisión tiene fines legislativos sobre el lavado de activos, debemos mantener un contacto permanente con quienes, desde el Poder Ejecutivo, están encargados de la luchar contra ello.

Más allá de las preguntas que puedan surgir sobre los temas que nos vinculan, sobre todo, referidos a la reglamentación de la ley integral, a solicitud de la señora diputada Bianchi no sé si acompañada por el señor diputado Lafluf; no tengo aquí la nota se les convocó debido a las distintas versiones que están circulando en los medios de prensa sobre el seguimiento que está haciendo la Secretaría de dinero proveniente de Argentina de carácter posiblemente ilícito.

Siempre queremos tener novedades de cómo va la reglamentación de la ley integral, de la cual participamos, como integrantes de esta Comisión y, en particular sobre este tema, vista la trascendencia que han tenido en las dos orillas esos movimientos de fondos provenientes de la República Argentina.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ A nosotros nos interesan especialmente dos cosas. La primera es qué pasó con el artículo 9º. En una sesión pasada, nosotros nos enteramos a través del contador Gil Iribarne que había sido desglosado; lógicamente, eso trascendió a la prensa. Digo con total honestidad que yo me enteré en ese momento.

Sé que hay cosas que pueden decir y cosas que no. Pero la situación se ha complicado demasiado. He mantenido una ronda de conversaciones oficiales, en las oficinas respectivas de las autoridades, entra las que está usted; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, doctora Martínez; el Fiscal General Jorge Díaz. Si existen situaciones que pueden estar interfiriendo para llegar al fondo del asunto, para trabajar con seriedad, me parece correcto conversar aquí, porque la Comisión tiene fines legislativos.

Acá la situación estaba planteada judicialmente desde 2013; y desde 2016 también, con nombres notorios.

Reitero: sé que hay cosas que ustedes no pueden decir.

Como esto tiene fines legislativos, le planteé al Fiscal General, doctor Díaz después tuvimos una conversación como corresponde, él pidió que fuera reservada y así ha sido‑, si no estaremos en un punto en el que el diseño institucional tiene fallas. No me refiero a las personas; tenemos total y absoluta confianza técnica en ellas, que tienen autonomía. Esto es algo que repito hasta el cansancio, pero conviene decirlo porque es lo que pienso. Yo me pregunto si no deberíamos cambiar el diseño institucional para el combate de estos delitos trasnacionales que ya sabemos a qué niveles han llegado.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ Siempre es un gusto estar acá. Comparto la idea de que tenemos que juntarnos todas las veces que sean necesarias para discutir estos temas. Acá nos sentimos escuchados y vemos que hay real interés. Por lo tanto, siempre contarán con la Secretaría.

Vamos a empezar por la reglamentación.

Teníamos pendientes el decreto y también la adecuación de la Ley Nº 19.574 al nuevo Código de Procedimiento Penal. Algunos de ustedes participaron de ello. El comité operativo funcionó en junio y se resolvió crear una comisión de trabajo con Fiscalía, Poder Judicial y la Senaclaft, representada por la contadora Falabella y la escribana Couso.

Esa comisión identificó 21 artículos en los que habría que hacer adecuaciones vinculadas al procedimiento penal. La propuesta ya está pronta y, entre hoy y mañana, se va a citar al comité para el día 30 o 31, para presentarle el resultado del trabajo. O sea que la adecuación estaría terminada. Surgieron algunos temas interesantes, de problemas prácticos, por ejemplo en la UIAF, bloqueaba los fondos y el juez tenía tres días para responder. Pero como ahora no va directamente al juez, sino que tiene que ir al fiscal, se necesitaba más tiempo. Se le dio un mayor plazo para poder contemplar el procedimiento.

Cuando vinimos la vez anterior ya habíamos comenzado un proceso de discusión con todos los sujetos obligados. Desde marzo a la fecha nos hemos reunido con todos los colegios, asociaciones, cámaras de zonas francas, rematadores, todas las cámaras inmobiliarias, escribanos, contadores, abogados. Hemos llevado adelante una profunda discusión. A partir de un borrador original hecho por la Secretaría, discutimos y recibimos devoluciones de los distintos sectores.

La idea es que el decreto tenga una parte general ustedes ya la habrán visto‑, de definiciones y después, capítulos. Los diferentes capítulos que tenemos son: casinos; inmobiliarias; sector abogados, escribanos y contadores; rematadores; comerciantes de antigüedades y obras de arte; sector zonas francas; proveedores de servicios como es un área de mucho riesgo queremos reglamentarla mejor‑ ; sector organizaciones sin fines de lucro. Se hace la división porque la norma fría no puede aplicarse de la misma manera en cada uno de los sectores.

No queríamos que la aplicación de la normativa antilavado complicara la operativa razonable de un rematador. El control tiene que ser adecuado a las posibilidades de la profesión. Por eso es que hicimos ese esfuerzo. No digo que los sectores vayan a estar cien por ciento de acuerdo con lo que va a salir, pero creo que hicimos el máximo esfuerzo posible para llegar a acuerdos. Creo que hay un alto consenso en cuanto a que es una aplicación razonable de la ley. Es una puesta en práctica aplicada a cada sector.

Ese proyecto se terminó y se consultó a Secretaría de Presidencia. Originalmente incluía la reglamentación del artículo 9º, con las ideas que explicamos cuando vinimos anteriormente.

Hubo alguna duda en cuanto a aspectos jurídicos debido a una posible inconstitucionalidad del artículo 9º. Por temor a que se enlenteciera la aprobación de este otro proyecto porque se quería hacer un estudio especial del artículo 9º‑, propusimos desglosarlo. Entonces, elevamos dos proyectos: uno al día siguiente del otro. No hubo enlentecimiento. No lo difundimos porque era una cuestión de procedimientos y de plazos. Nosotros tenemos urgencia en la reglamentación debido a la evaluación que nos va a hacer Gafilat el año que viene porque el artículo 9º tarde o temprano se solucionaría. Por eso fue que se desglosó pero, de hecho, ahora Jurídica terminó de hacer el análisis y le dio el visto bueno a los dos proyectos. O sea que se van a aprobar los dos casi al mismo tiempo.

Las bases de la reglamentación son las que les había adelantado, es decir, usa la lista de DGI para determinar cuáles son los países que hay que tener en cuenta, se define la necesidad de que haya un órgano de control, un formulario y una lista de los funcionarios o personas que ocupen determinados cargos, de manera que quede claro quiénes son los que tienen que cumplir la obligación. También prevé cómo se va a solucionar la situación transitoria de los que están ocupando ahora el cargo. Habrá un plazo de treinta días para que se completen las declaraciones y qué va a pasar en el futuro al momento de asunción de cargos nuevos, que sería la situación normal. Este requerimiento del artículo 9° sería previo a asumir cualquier cargo de confianza o de los que están listados.

En su momento, manejamos la posibilidad de que el órgano de control fuera la Jutep, pero eso está por definirse. Por eso no está cerrado el proyecto, pero se va a aprobar. No hay ninguna observación jurídica pendiente. De manera que esperamos que se haga en el plazo razonable que lleve la tramitación; nosotros ya estaríamos elevando el final a Presidencia, a Secretaría y luego irá al sector acuerdos. O sea que no habrá retraso en ninguno de los dos proyectos.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Disculpen la ignorancia, pero en esto no interviene el comité operativo, ¿verdad? Es decir, la reglamentación sale de la Secretaría de Presidencia.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ Si.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Creo que eso es consistente con que este artículo no fue tratado en el comité operativo, porque no formaba parte del proyecto de ley integral. Fue introducido en el Senado. Por lo tanto, no fue parte de nuestra discusión. Que se separen, en ese sentido, en dos decretos, parece absolutamente compatible con esa situación.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ El que hayamos ido a legislar a Presidencia e integremos el comité operativo, más allá de las disposiciones legales, es una decisión política, al menos de mi sector; yo fui el primer día: el señor diputado Lafluf no estaba integrado a la Comisión, lo tomó sobre la decisión de que es una política de estado y ya lo hemos hablado más de una vez.

Quiero que quede constancia de mi opinión. Que haya sido incorporado en el Senado, para mí no es una causa justificada para que se considere que tiene una naturaleza diferente porque, en definitiva, nosotros elaboramos en el comité operativo, pero es ley porque intervino el Parlamento. En consecuencia, si el Senado y la Cámara lo aprobó también es una ley y, para mí, esa distinción no corresponde.

Por otro lado, quiero decir que hay dos cosas que confirmamos, o sea que quienes pidieron el desglose del artículo 9° fueron ustedes, o sea, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, y si bien tiene que salir de Presidencia y todo lo demás, en principio la Jutep sería el órgano de control.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ Eso es lo que resta confirmar.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Bien. Con respecto a eso quiero aclarar dos cosas.

Una, con respecto a que sea el organismo de control, porque la Jutep tiene una limitación enorme. Por eso digo que hay un problema de diseño institucional, y es que no puede investigar, y ya tuvimos un caso. No voy a decir el nombre, porque después se enoja el presidente de la Comisión, pero acá, claramente, lo dijo el contador Gil Iribarne. Llegamos a preguntar, pero ante la respuesta: "No", nosotros no podemos investigar si existen o no cuentas o empresas en paraísos fiscales. ¡Gran limitación!

Por otra parte, quiero preguntar qué pasa con las situaciones anteriores. Yo conozco la irretroactividad de las leyes; todo eso está clarísimo, está todo bárbaro. Pero en el Uruguay estaba vigente la ley anterior de lavado muy defectuosa, pero vigente y, además, la ley de ética pública, que yo considero que, no a ustedes específicamente, pero sí a la Jutep le corresponde controlar. ¿Qué va a pasar con situaciones anteriores? Porque en la otra comparecencia creo que de ustedes habíamos hablado de tener un artículo; creo que hablamos de período de transición o una consideración especial a situaciones puntuales que, a partir del l de enero de este año no están amparados en estos, pero sí podrían estar la ley de ética pública, que reitero, no les compete a ustedes. Pero Presidencia está reglamentando la ley.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ Lo que contempla el proyecto sobre la disposición transitoria de los que están ocupando cargos al momento dice que "quienes al momento de la entrada en vigencia del presente decreto se encuentren en la situación señalada en el artículo 1°" o sea que tengan vinculación con alguna sociedad de esos territorios "deberá declararlo ante el órgano que hubiera realizado su designación o al que pertenezcan según el caso, presentando el formulario", al que alude. Y continúa:

"El órgano que hubiera recibido el formulario de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes deberá remitirlo a la autoridad de control", a efectos de ejercer el control. "En caso de que se verifique la existencia de personas que se encuentren incumpliendo la prohibición que se reglamenta, deberá intimarse la presentación de sus renuncias, en el plazo de días corridos, a contar de la notificación de la intimación. De lo contrario, el organismo deberá iniciar el procedimiento disciplinario que corresponda, según el caso, a efectos de que cese en el cargo"

Eso sería lo que prevé el proyecto para los que estén ocupando un cargo actualmente. Eso son noventa días.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Insisto, creo que la solución encontrada de separar las reglamentaciones es correcta, porque no hace estrictamente a las necesidades que originó la modificación de la ley. Obviamente, este tema está relacionado, pero no forma parte del cuerpo de la ley. Incluso, así fue tratado en el comité operativo.

En cuanto al tema en cuestión, que obviamente nos interesa porque nos comprenden las generales de la ley, en el sentido de que somos de los sujetos obligados, o impedidos de tener ese tipo de relación, el proyecto de decreto estipulaba que se presente ante el organismo en el cual se trabaja y que el este exija la renuncia en determinado plazo y la posibilidad de iniciar acciones disciplinarias, previstas en otros decretos reglamentarios de la actividad de funcionarios públicos.

No me queda claro si, dada la entrada en vigencia de la ley y posiblemente del decreto reglamentario, la persona que tuvo vinculaciones con empresas de este tipo pueda presentar la documentación de cese de esa relación. Porque también está la otra hipótesis de que pudo tenerla, porque no estaba prohibido para funcionarios públicos antes de la vigencia de la ley. Por lo tanto, puede corregir esa situación, dejando de relacionarse con esas empresas que están radicadas en paraísos fiscales. ¿Eso también lo contempla el decreto?

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ No; lo que contempla el decreto para esos casos de desvinculación de las sociedades es que no declare vinculación.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Es decir, no prevé que se demuestre que se desvinculó a posteriori de la entrada en vigencia de la ley.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ No. Eventualmente, el organismo que lo designa podría pedirle, pero el decreto no contempla un seguimiento en ese aspecto.

Más allá de las facultades que tenga el órgano de control para hacer las cosas directamente, también podría haber una especie de instructivo se me ocurre para los organismos, a fin de determinar qué nivel de verificación se requiere que declaren las personas incluidas en el artículo 9°, si bien entiendo el tema de la Jutep, pero es algo general la falta de competencias para investigar.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ El problema es que, después, empiezan las inconstitucionalidades de tirios y troyanos, que es lo que uno trata de evitar siempre.

A mí me preocupan dos cosas: primero y fundamental, el diseño institucional, porque no sé hasta dónde la Jutep puede intimar a una persona. Acá el contador Gil Iribarne fue claro. Preguntamos y la respuesta fue: "No. No puedo investigar".

En una interpretación amplia, yo podría decir que no puedo hacer otra cosa. Si no puedo investigar, ¿tengo facultades para intimar? ¿Quién me da las facultades para intimar? ¿Un decreto, no una ley? Aclaro que estoy haciendo de abogado del diablo, porque esta gente es muy experta en estas cosas; ustedes lo saben mejor que yo.

Por otra parte, me sigue preocupando lo relativo a la ética pública. Claramente, hay aspectos muy puntuales, como los establecidos en el artículo 9º, pero la ley de ética pública estaba vigente, más allá de la de lavado. Entonces, ¿quién ejerce el control? ¿El jerarca que designó? Tengamos en cuenta que se trata de personas públicas de derecho privado o de sociedades anónimas.

Con un Estado con esta composición jurídica, esto me preocupa. Lo digo porque el Tribunal de Cuentas, no, la Auditoría General de la Nación, no y los parlamentarios, tampoco. Por eso hablo del diseño institucional. Obviamente, llega un momento en que se dice: "Son versiones de prensa". Y, sí, porque, ¿dónde seguimos? Hay un gran agujero negro; honestamente lo digo. Me preocupa que ese agujero negro se cierre en una parte muy pequeña y, además, a través de un decreto, que puede ser discutible que tenga respaldo en la ley o no. Aclaro que recién en este momento estoy pensando en esto. Como siempre sostengo, dejemos que los juristas, no los abogados comunes y corrientes, estudien determinados temas. Yo, si fuera abogada de la parte que puede ser intimada, tendría elementos para defenderlo. Está clarísimo que yo no la defendería; digo esto porque en la cancha juegan dos equipos.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ Con respecto a lo que manifestó la doctora Bianchi, debo decir que el decreto reconoce que tiene que haber un órgano de control general, es decir que no se puede dejar en manos de cada organismo el control. Después, habrá que analizar si el órgano de control que se designa es idóneo, tiene las competencias necesarias, etcétera.

En cuanto a la reglamentación, estamos hablando del alcance del trabajo del comité operativo. Nosotros lo habíamos visualizado como parte de la modificación legal para adecuar el proceso penal y del proceso de consulta que hizo la Secretaría con todos los sectores. Por eso, venimos, explicamos y dimos el proyecto. Ahora, la idea es que lo apruebe Presidencia; estamos hablando de plazos cortos, en la medida en que ya estaría casi cerrado el proyecto discutido.

Hasta aquí nuestra exposición con respecto a la parte reglamentaria.

Ahora, me voy a referir a la ruta del dinero "K", en la medida de las posibilidades que tenemos.

En efecto, la Secretaría trabaja en este tema desde mayo de 2013. Después de la denuncia que hicieron la señora diputada Ocaña y el señor Gutiérrez en mayo de 2013, se creó un grupo de trabajo.

En estos cinco años, han trabajo en este tema diversos funcionarios. Yo no he participado, pero sí lo hicieron Carlos Díaz, Madelón Couso, Jorge Belloso, María Laura Lucchi. El contador Danubio Cruz se integró en 2018, así que no estuvo en la otra etapa; tampoco estaba en la Secretaría.

El grupo de trabajo está integrado por el Instituto Técnico Forense, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Trabajó en diversas etapas e hizo muchos análisis respecto a todos los requerimientos de información que hizo el juzgado al exterior y acá. Realizó no menos de cuatro informes generales, que fueron muy importantes. Además, mantuvo muchísimas reuniones de coordinación con los distintos fiscales y jueces. Hay que tener en cuenta que acá hubo, por lo menos, tres jueces: Adriana de los Santos hasta 2016; Mainard, en 2016 y 2017, y Dolores Sánchez de 2017 a la fecha. También hubo tres fiscales: Gómez, María de los Ángeles Camiño y, ahora, Pacheco. O sea que hubo que hacer mucha tarea de coordinación y puesta al día con los nuevos fiscales o jueces.

Además de los informes generales que hizo el grupo de trabajo, la Secretaría presentó tres escritos adicionales, aportando información a la causa.

La última reunión del grupo se realizó en agosto. Allí se recibió la nueva información surgida de los cuadernos y se definió la forma de trabajar para seguir buscando elementos, además de la información que ya teníamos. Es claro que ya había información vinculada a algún inmueble. Ahora, con los datos de los cuadernos, se está pidiendo el embargo, el decomiso; es decir que se pueden tomar acciones que en su momento no se pudieron adoptar. Con la nueva lista de arrepentidos y de funcionarios involucrados se está haciendo una búsqueda de bienes en Uruguay, tanto en el sector financiero como en el no financiero, para ver qué acciones toman la fiscalía y la Justicia para continuar con la investigación.

Queremos dejar claro que el grupo ha funcionado. Ha habido muchísimas reuniones y mucha elaboración.

La Secretaría trabaja como auxiliar del juzgado, al igual que todos los organismos que integramos el grupo multidisciplinario. Les puedo asegurar que los jueces y los fiscales tuvieron toda la información que requirieron, inclusive más, porque el grupo también hizo sugerencias.

Teniendo en cuenta ese aspecto, yo no estaría en condiciones de dar explicaciones o informar hacia dónde va la causa o cómo va a terminar. Eso no nos corresponde. Lo que sí puedo asegurar es que tanto la Secretaría como el resto de los organismo públicos convocados han participado activamente y ha habido mucho trabajo con respecto a esta causa. Ahora bien: en cuanto a los resultados que se han visto o que se verán es mejor que se expresen el fiscal o el juez a cargo del caso.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ En todas actuaciones a partir del año 2013, ¿la Secretaría recibió de Argentina pedidos de colaboración? Aclaro que no me refiero a denuncias de actores políticos. En el trabajo realizado en conjunto con los otros organismos, que son auxiliares de la Justicia, ¿ustedes tuvieron conocimiento de pedidos formales de cooperación de la Justicia, ya sea de la fiscalía, de los juzgados o de entidades similares a la Secretaría que operen en Argentina?

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ En algunos períodos, hubo algunos problemas de cooperación con Argentina.

También hubo dificultades porque al principio se hablaba únicamente de delito fiscal y, en consecuencia, Uruguay no tenía posibilidades de avanzar en el tema.

En definitiva, tanto en materia de inteligencia financiera como de Secretaría y judicial, se ha recibido información y se ha pedido. Es decir que ha habido colaboración con las autoridades argentinas.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ En estas cosas hay que ser muy preciso. Así que voy a hacer una consulta a los solos efectos de tener claro el tema.

Según tengo entendido, este grupo multidisciplinario se instaló en 2013 cuando se abrió la causa. Me consta que trabajó y colaboró porque conozco el expediente. También sé, porque se desprende de la causa, que hubo cambio de fiscales y de jueces; lo tengo clarísimo.

Ahora bien; entre 2013 y 2016 el expediente tuvo nueve cuerpos. Cada cuerpo tiene doscientos folios. O sea que hubo mucha información e investigación. Yo siempre digo que la doctora de los Santos y la fiscal Camiño con quienes hablamos personalmente estaban muy comprometidas con la causa; inclusive, realizaron inspecciones oculares y demás.

La consulta es: este grupo multidisciplinario, ¿paró en algún momento? Lo digo para manejar la información; no estoy adjudicando ningún tipo de intenciones. Creo que en determinado momento el contador Espinosa dijo en una declaración a la prensa que el grupo se había vuelto a reunir. Entonces, para ser precisos quisiera saber si se puede si eso fue así, o solo se trató de una expresión producto de que cuando uno declara en la prensa no es lo suficientemente claro; además, después la prensa se encarga de distorsionar.

Hay otro tema que me preocupa.

En el 2016, en la denuncia la tengo aquí; no poseo la prueba porque no la fotocopié, pero está en el juzgado había nombres muy importantes de argentinos y de uruguayos, que surgieron de la operación "Discovery", que ustedes conocen. Allí había nombres importantes, por ejemplo, de propietarios de una red de cambios. Cuando yo subí la denuncia a mi cuenta de Twitter porque estaba cansada de que no se moviera la causa no sucedió hasta que apareció Centeno; digámoslo claramente: ahí sí le explotó a todo el mundo en la cara, pero la causa estaba‑, obviamente, taché todos los nombres. Pero si uno la lee ustedes la conocen‑, puede ver que hay personas que tienen caminos. No digo que los hayan usado; era una denuncia. Esta prueba viene del Departamento de Estado; es una prueba oficial de investigaciones de los Estados Unidos, validada por el gobierno argentino y, supongo, también por el Poder Judicial uruguayo ya que está incorporada en el expediente.

Entonces, quisiera saber qué pasó, por qué no se actuó desde el 2016. Si se actuó y no me lo pueden decir, perfecto: se actuó y no pueden decir en qué. El problema es que pasaron muchos años y aquí hay nombres clave. Voy a decir uno: el primero que aparece en la primera planilla Excel de la operación Discovery es Clarens. ¡El primero! Parece que hubiera sido a propósito. En aquel momento, en Argentina no se tenía idea de la importancia que tuvo con los vínculos acá, ni de los uruguayos que están vinculados, en especial, el dueño de una cadena de cambios.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ Tal vez la expresión "reactivación del grupo" haya sido un error mío en la declaración. Yo les aseguro es que el grupo siguió trabajando. De hecho, tengo las fechas de algunos informes grandes, que resumen mucha información y opinión. Por ejemplo, hay un informe de julio de 2016, otro de marzo de 2017 y otro de 2 de febrero de 2018. O sea que el grupo siguió trabajando. Lo que sucede es que muchas veces el grupo multidisciplinario trabaja a demanda; no siempre está participando con el fiscal y el juez. Cuando hay información para analizar, información técnica o se requieren opiniones, el juez nos convoca y participamos. Cuando se decide tomar declaraciones a una serie de personas que puede ser sospechosas o estar vinculadas, eso lo hacen directamente el fiscal y el juez, y el grupo no participa. Lo que quiero asegurar es que esa percepción fue equivocada, porque se realizaron informes importantes durante todo el período.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Yo leí los informes que están agregados en la causa, pero como se dejó entrever que el grupo se habría reinstalado, quería que la situación quedara aclarada. Convenía que quedara negro sobre blanco y que quedara claro que el grupo siguió trabajando.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Quiero hacer una pregunta para que quede constancia en la versión taquigráfica.

Por las fechas que estamos manejando, ¿estas denuncias se están tramitando a través del viejo Código del Proceso y con los plazos que este establecía? En realidad, con ese Código estábamos acostumbrados a que pasara alguna década entre la realización de la denuncia y la resolución.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ No siempre.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ No, pero todavía no se ha resuelto la situación de algunos bancos vaciados en 2002.

(Interrupción de la señorea representante Bianchi Poli)

——Por lo tanto, tenemos antecedentes en ese sentido.

(Interrupción de la señora representante Bianchi Poli)

——Seguramente, tiene mucho más que la que tenía en épocas anteriores.

Si los señores integrantes de la delegación no quieren abordar algún otro tema relacionado con esta Comisión, solo nos resta decir que esperaremos el punteo relativo a las modificaciones que son necesarias para adecuar la situación al nuevo Código del Proceso Penal. Asimismo, estaremos a la espera de que la Presidencia de la Republica dé publicidad a los decretos reglamentarios sobre lavado de activos y la prohibición, prevista en el artículo 9º, para algunos funcionarios públicos.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ Solo queremos agradecer la convocatoria y reiterar que cada vez que lo consideren necesario concurriremos a la Comisión para discutir y compartir la actividad de la Secretaría.

SEÑORA ANDRADE (Susana).‑ Quisiera saber si se ha avanzado en la investigación no quiero detalles, o no más que los que puedan dar vinculada a las supuestas iglesias evangélicas millonarias.

Además, me gustaría saber si el marco de la nueva ley habilitaría a hacer algún pedido de informes.

Lo que nos puedan comentar sobre el tema será bienvenido.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ El decreto reglamentario establece algunas pautas para el sector de las organizaciones sin fines de lucro, en el que están incluidas las iglesias.

Este decreto, entre otras cosas, determina qué organizaciones serán sujetos obligados y qué tienen que cumplir.

SEÑORA ANDRADE (Susana).‑ En la nueva ley se establece como delito precedente el fraude fiscal; esa es una innovación.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ La idea es que las organizaciones sin fines de lucro que tengan un patrimonio mayor a un determinado volumen queremos dejar afuera a los pequeños merenderos y a las pequeñas organizaciones‑, ya sea asociaciones civiles, partidos políticos o iglesias, estén obligadas. Entonces, estas organizaciones van a tener que empezar a cumplir determinadas obligaciones de debida diligencia, y a partir de ahí, la Secretaría Nacional de Antilavado comenzará a exigirles que presenten informes sobre lo que estén haciendo y, eventualmente, se las podrá fiscalizar.

Lo que tenemos que hacer es esperar a que se inscriban en el registro que se habilitará para lo que tendrán un plazo y, posteriormente, comenzaremos a pedirles información sobre lo que han estado haciendo. Por lo tanto, van a tener que contar con un oficial de cumplimiento, como así también políticas y procedimientos de control de lavado. Además, van a tener que explicar el origen de los fondos que manejen y, eventualmente, si hubiera un caso dudoso, se empezaría a analizar un posible delito fiscal.

En realidad, primero se deberá culminar el período de inscripción, que será de noventa días, y después de eso la Secretaria comenzará a actuar con los sujetos obligados.

Me acota el contador Cruz que no solo vamos a analizar la situación de las organizaciones inscriptas, aunque lo que se busca es que el registro sea íntegro y cuente con inscripciones. De todos modos, también se realizarán fiscalizaciones en los obligados que no se hayan inscripto.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Ustedes mencionaron que se reunieron con todos los sujetos obligados, pero dentro de ellos también están los partidos políticos. Por tanto, quisiera saber si se han reunido con los partidos políticos.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ No, porque ese es el sector más disperso; no es lo mismo fiscalizar a las iglesias que a los partidos políticos o las instituciones deportivas.

Lo que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Educación y Cultura, que es la autoridad de control, y está lanzando un censo de actualización. Eso es algo básico para tener un panorama más o menos claro de las organizaciones que están en funcionamiento y de las que pueden ser objeto de fiscalización por nuestra parte.

Asimismo, nos acercamos a la Secretaría Nacional del Deporte, ya que entendemos que hay cierto riesgo con las entidades deportivas. Y, en ese sentido, decidimos hacer un acuerdo de cooperación para controlar ese sector.

Por otra parte, la situación con las iglesias y los partidos políticos es más complicada porque no conocemos esos sectores. Por tanto, tenemos que empezar a conocerlos y resolver cómo se puede reglamentar.

En realidad, con respecto a los partidos políticos vamos a tener que revisar el diseño institucional, ya que muchas entidades tenemos competencia sobre este sector. Por lo tanto, vamos a tener que coordinar, ya que de lo contrario el trabajo no será efectivo.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ El Parlamento está analizando un proyecto de ley sobre partidos políticos.

SEÑOR ESPINOSA (Daniel).‑ Exactamente.

Por tanto, si bien queremos cumplir con nuestra obligación, no pretendemos meternos en medio de la competencia de otros organismos.

En realidad, creo que nos falta avanzar mucho, y eso puede ser objeto de discusión de esta Comisión en algún momento.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La Comisión agradece la visita de las autoridades de la Senaclaft.

(Se retira de sala la delegación de la Senaclaft)

(Ingresa a sala el director de la Administración Nacional de Aduanas, contador Enrique Canon, acompañado de asesores)

——La Comisión tiene mucho gusto en recibir al director de la Administración Nacional de Aduanas, contador Enrique Canon, quien vino acompañado por las señoras María José Silva, Flavia San Román y Roxana Brizuela, el doctor Ricardo Pérez Blanco, y los señores Roberto Dorado, Leonardo Trentini, Jorge Marenales y Andrés Méndez.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Agradecemos al director de Aduanas, Enrique Canon, y a todo su equipo por asistir a esta convocatoria realizada por la Comisión Especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y crimen organizado.

Antes de recibirlos, a solicitud de los miembros convocantes, la Comisión acordó que ellos abran la sesión planteando las interrogantes y que luego, obviamente, el equipo de la Dirección de Aduanas, encabezado por su director, las contesten.

Quiero aclarar que tengo un compromiso en el Congreso de Intendentes y sobre la hora 13 deberé retirarme. De todos modos, si la sesión se extiende más allá de esa hora, los demás integrantes podrán continuar.

La sesión fue convocada a solicitud de algunos señores legisladores, particularmente de la señora diputada Bianchi, a efectos de recibir información fehaciente de los controles ya realizados, que se encuentran realizando y proyectan realizar con el fin de detectar el ingreso de dinero proveniente de la República Argentina.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ El señor diputado Ope Pasquet y quien habla hicimos la misma citación, pero a comisiones distintas. Entonces, por economía procesal como decimos los abogados‑, para aprovechar el tiempo, entendimos que era mejor trabajar juntos en esta Comisión.

Voy a hacer una aclaración que quiero que conste en la versión taquigráfica.

La citación que yo hice fue al contador Danilo Astori y al director nacional de Aduanas. Como siempre digo, tengo un enorme respeto por el contador Astori, pero entiendo que en este caso equivocó el camino. Cuando un parlamentario cita, el ministro o su subsecretario tienen que venir. Cada uno podrá venir con los asesores que quiera. Pero los que convocamos somos nosotros.

Considero que no está bien que se instale en el Uruguay espero que sea una excepción la costumbre de que un ministro de Estado o su subsecretario no concurran a una comisión parlamentaria.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La nota que se le envió al contador Astori comienza diciendo: "Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de invitarlo […] y, por su intermedio, al director nacional de Aduanas".

No es la primera ni la única vez que se convoca a un Ministerio y, por su intermedio, a una de las áreas que tienen determinada autonomía dentro de la Cartera. En un tema específico de control, como puede ser la DGI, la Dirección Nacional de Casinos o como en este caso, la Dirección Nacional de Aduanas, concurre el director designado por el ministro para encarar el tema específico de su área.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Hago mías las expresiones de la señora diputada Bianchi. Yo pedí que se citara al señor ministro de Economía y Finanzas y al señor director de Aduanas a la Comisión de Hacienda. Como ya lo explicó la señora diputada Bianchi, se decidió que la instancia tuviera lugar en el ámbito de esta Comisión, pero quedaban en pie los términos planteados para la convocatoria. No son términos caprichosos.

La Dirección Nacional de Aduanas es una unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, la responsabilidad política por lo que haga o deje de hacer esa Dirección es del ministro de Economía y Finanzas. Por ese motivo pedimos que él estuviera acá.

En algunas ocasiones, cuando se promueven interpelaciones en el plenario de la Cámara, el oficialismo nos dice que debía recorrerse todo el camino y llamar al jerarca en cuestión, cuando no se hizo. En este caso lo estamos haciendo, pero el jerarca no viene. Luego veremos cómo sigue esto.

Vayamos al tema de nuestra convocatoria. Desde el comienzo quiero decir que no es una cuestión técnica, sino política. Quiero saber cuál es la política de la Dirección Nacional de Aduanas con relación a una zona en particular de nuestro territorio. Me refiero a la zona del departamento de Colonia, más precisamente, Carmelo y sus adyacencias; puerto Camacho, por ejemplo.

Desde hace mucho tiempo esa zona está en el tapete como lugar de ingreso al país de elementos llamémosle genéricamente así provenientes de Argentina. En algunos casos serían bolsos llenos de millones y millones de dólares o mercadería. No sé si, eventualmente, podría entrar drogas o alguna otra sustancia.

Desde hace varios años, distintas fuentes están indicando a esa parte de nuestro territorio como una zona en la que se producen situaciones, por lo menos, de dudosa licitud o de apariencia potencialmente ilícita.

Digo que esto sucede desde hace tiempo, porque empieza en el informe de la Comisión Carrió en el año 2001, entre otras muchas cosas, dice que en Carmelo hay un señor Cantón, que conjuntamente con otro de apellido Faraón, lava dinero de distintas maneras. Esto lo dijo primero Carrió en 2001. Eso repercutió en nuestra prensa de distintas maneras. Uno googlea estas cosas y encuentra múltiples referencias.

Cuando estalló en Argentina el escándalo del dinero "K" y la ruta del dinero "K", apareció información que decía que un señor Clarens había entrado al Uruguay más de cien veces, la mayoría de ellas a través de puerto Camacho, en Colonia, y traía bolsos llenos de dinero. Eso estaría corroborado por las anotaciones hechas en los famosos cuadernos de Centeno, donde se indican los lugares en los que se recogía dinero y a quién se lo entregaban. Hay cierta simultaneidad entre las entregas registradas en esos cuadernos y lo que serían las entradas de este señor a nuestro territorio.

A raíz de ello, algunos periodistas argentinos vinieron al Uruguay y se esmeraron en demostrar que esto es según dijo alguno de ellos "un colador vip". Un señor, Majul, que viene en lancha, entra como perico por su casa, desembarca, recorre, vuelve a subir a la lancha y se va. Dice: "Aquí no hay ningún control; nadie nos para; nadie pregunta ni dice nada". En un programa de Lanata se mostraban situaciones similares. O sea, una absoluta falta de control.

Cuando esta información llega a la prensa argentina, repercute en la nuestra. Empiezan a incorporarse elementos. Un jerarca de la Armada dijo: "El radar nuestro hace tiempo que no funciona". También se dice que el funcionario de Aduana controla o actúa a demanda, es decir, que él va al lugar a controlar cuando le piden; de lo contrario, no va.

El señor Cantón, que es el dueño del barrio privado El Faro, en el cual está enclavado puerto Camacho, dice que no se revisan los bolsos de los que llegan porque se confía en la buena fe de las personas que arriban. O sea que en el bolso puede venir el cepillo de dientes, millones de dólares o cocaína. Pero eso no importa, porque se confía en la buena fe de las personas que vienen. En ese contexto, aparecen declaraciones del señor director de Aduanas, diciendo que ninguna aduana del mundo puede controlar todo; que nuestro territorio es de fronteras porosas; que hacemos lo que podemos; que no se controlan los bolsos porque esa no es la política general. En buen romance sería que no se puede hacer más de lo que se está haciendo. Todos los elementos de juicio disponibles indican que lo que se está haciendo es muy poco; efectivamente no hay controles.

A esto se suman declaraciones de funcionarios aduaneros que, en distintos medios, algunos en la prensa dijeron que, efectivamente, no hay controles que operen en puerto Camacho y que no solamente no se abren los bolsos, sino que tampoco se ingresa a los barcos. Para eso necesitarían orden de allanamiento; eso no se hace. En consecuencia, da la impresión de que allí no hay ningún control aduanero. A mí esto me llamó poderosamente la atención y promoví la convocatoria del señor Ministro de Defensa Nacional a la comisión respectiva, para saber si los servicios de inteligencia con los que cuenta el país se han ocupado del tema, si han detectado algo. La respuesta que obtuvimos es la formal que todos conocemos, que puede dar cualquier servicio en cualquier circunstancia, y es que está dentro de los cometidos asignados por las disposiciones legales y se cumple, efectivamente, con los recursos disponibles. El deber ser surge de las normas. Sobre cómo aterriza eso en la realidad nada se dice. Lo concreto es nada. Los servicios de inteligencia no aportaron ningún elemento de juicio. Sí corroboraron que los radares no están operativos y que faltan elementos para hacer efectivos los controles.

Frente a este panorama quisiera saber si el puerto Camacho, específicamente, y los puertos adyacentes como el de Carmelo. son considerados por la Dirección Nacional de Aduanas como uno de los tantos puntos de nuestra porosa frontera, o esto tiene o merece un tratamiento particular. Vi que hay un puerto que se llama de Buena Vista. Para mí todo esto es nuevo. No sabía de la existencia de puerto Camacho; me enteré mirando los programas de televisión sobre estas cosas. Quisiera saber si en algún momento se hizo un análisis particular de dónde está enclavado este puerto, del propietario del barrio donde está enclavado, que aparece sindicado como una persona que lavaba dinero en un informe que, en su momento, fue muy comentado en el Río de la Plata.

Si esto fue así, ¿ha sido objeto de análisis por parte de la Dirección Nacional de Aduanas y se llegó a alguna conclusión? ¿Se recibieron informes o advertencias, o avisos de los servicios de inteligencia, del Ministerio de Defensa Nacional o del Ministerio del Interior, solicitando especial atención a esa zona del país? Porque también es importante saber cómo los servicios están cumpliendo sus cometidos. Quiero saber si tenemos un sistema de inteligencia que funcione y le diga a la Aduana, por ejemplo, que tenga cuidado que por allí está viniendo gente o están pasando cosas que deberían ser objeto de control.

Quiero saber también si lo que pasa en esas zonas del país, donde desde hace tanto tiempo se dice que entra cualquier cosa de la Argentina, a donde vienen personajes importantísimos de la Argentina según unos programas de televisión hasta la expresidenta Fernández de Kirchner estuvo en esa zona es objeto de conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente con el ministro, con la autoridad política; si se dice qué es lo que se va a hacer en esta zona. Quiero saber si se dice qué es lo que no se va a hacer, cómo se va hacer. Quiero saber si hay una política deliberada de no interferir con esto, quizás por el turismo o por lo que fuere. Quisiera conocer todo eso.

Estos temas que estoy planteando acá han detonado por decirlo de alguna manera en programas periodísticos de nuestro medio: en el programa Santo y Seña, que ha entrevistado a un montón de gente, algunas de las cuales dan la cara y dicen su nombre, como este señor Horacio García Daglio, funcionario de la Aduana, que dice que cuando fue a controlar puerto Camacho le llegó una orden proveniente de la Dirección Nacional, a través de mandos medios, diciéndole que diera vuelta y que no investigara, que no interfiriera.

Otros testimonios de ese programa no aparecen identificados, pero dicen que el contrabando es un hecho notorio en el litoral e identifican lugares donde desembarcan, desde la Agraciada y otras zonas que están precisamente señaladas. Múltiples testimonios dicen que desde hace muchos años, desde los tiempos de la colonia española es una zona de contrabando permanente, que es un colador y nadie controla.

Todo esto importa porque, por otro lado, uno escucha al Ministerio de Economía y Finanzas, precisamente, poniendo énfasis en que en Uruguay se han dictado normas para hacer un eficaz control del lavado de activos, evitar todas las operaciones de narcolavado, etcétera, y que acá no puede ocurrir absolutamente nada en ese sentido. "Uruguay no es la Argentina", dijo el ministro, enfáticamente. Pero, por otro lado, tenemos todos estos elementos que acabo de señalar que indican que acá los millones de dólares entraban en bolsos. Dicen que los bolsos no se controlan.

¿Cómo es la cosa? Si es así, quisiera que se fundamentara una política de ese tipo.

Por otra parte, también se dice que Cantón, que es el dueño del faro, del puerto, que antes regenteaba un aeropuerto que fue clausurado en el año 2016, que este señor se prodiga en atenciones para con los jerarcas aduaneros, empezando por el señor director; que los recibe en sus instalaciones cuando van a Colonia, que los trata muy bien, que les hace regalos. Todo eso se dice, y a mí me interesa plantearlo acá, porque es donde deben plantearse las cosas. No quiero entrar en rumores, dimes y diretes, sino decirlo directamente al señor director. Quiero saber si recibe atenciones del señor Cantón, si son amigos, si le dispensa un tratamiento especial, porque todo eso forma parte del cuadro que nosotros tenemos que considerar. Yo quiero saber cuál es la política para todo esto.

¿Hay una política especial para puerto Camacho o no la hay? ¿Se adoptan medidas o el criterio es dejar hacer, dejar pasar? Estos son los elementos que quiero plantear hoy aquí, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Quiero recordar, como muchas veces lo he hecho y creo que me corresponde, que esta es una Comisión Especial con fines legislativos.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).‑ Me sumo al planteo pormenorizado que hizo el señor diputado Pasquet.

Quiero plantear un tema que nos corresponde y nos obliga a los legisladores, porque aparte de legislar, representamos. Por lo tanto, todo lo que acaba de decir el señor diputado Pasquet es lo que llega a la gente. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo son las cosas, porque los del interior volvemos a nuestros departamentos y la gente nos dice: "Ustedes tienen que saber". Por eso las preguntas son claras y concretas, porque es lo que nosotros tenemos que trasmitir.

En segundo lugar, me preocupa a nivel de todo el funcionamiento del Estado, que nosotros no podemos decir a la gente: "Eso le corresponde a Migraciones o esto le corresponde a la Aduana". Nos pasa todos los días. Pasó con la rendición de cuentas cuando vino el Poder Judicial y reclamó $300.000.000 para implementar la ley de violencia de género, y vino el fiscal y pidió otro tanto. Cuando le dijimos al fiscal que no podíamos darle a los dos, me acuerdo que me dijo: "Yo defiendo mis pollitos". Entonces, yo contesté: "El problema es que en esta rendición de cuentas nosotros tenemos una avícola, porque vienen todos". Ese es el tema conceptual que quiero trasmitir. Nosotros no podemos decirle a la gente: lo que pasa es que el director de Aduanas nos dijo que eso no les corresponde. ¿Por qué? Porque usted debería hablar con los otros organismos y decir: la cosa es así, aunque nos corresponda esto a nosotros y esto a este otro. Eso es lo que le llega a la gente. Todo lo que decía el señor diputado Pasquet puerto Camacho, Colonia, el Pacha Cantón, lo que venga es un gran entrevero que no le hace bien a la Aduana, por supuesto, pero tampoco al país. Encima, después aparece un funcionario de Aduanas haciendo las denuncias que hizo, y está en todo su derecho de hacerlo, así como también los funcionarios ferroviarios tienen todo el derecho de hacer las declaraciones que hacen, diciendo que el problema no es el funcionamiento del ferrocarril, sino que no se habla con el presidente.

Esas son las cosas que quería trasmitir, aterrizando el asunto a la base de lo que precisamos de ustedes.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Quiero centrar el tema en la convocatoria.

Los diputados preopinantes han hecho especial énfasis en el puerto Camacho; no tengo ni idea dónde queda puerto Camacho, más que lo que acabo de escuchar sobre que está en Colonia. Por tanto, nunca he ido a puerto Camacho; nunca he viajado en un yate que me llevara a puerto Camacho. Lo digo por las dudas.

Lo que sí he comentado muchas veces es que la situación geográfica que nos separa o nos une a la República Argentina tiene sus particularidades. Lo mismo podemos decir de la frontera seca con Brasil.

En cuanto al ingreso de personas, vehículos, etcétera, desde la República Argentina, pueden venir en barcos e ir a ese famoso puerto Camacho, que no sé dónde queda. Seguramente, también pueden cruzar la poca profundidad del Río Uruguay en algunas épocas del año, en alguna lancha y en algún momento hasta caminando. Pero le pregunto al director de Aduana y a su equipo si en los meses pico de recambio de turistas, cuando tenemos tres, cuatro, cinco kilómetros de cola, revisamos todos los bolsos de todos los autos que ingresan al país, y qué podría significar una revisación exhaustiva de todos los bolsos de todos los turistas que ingresan al país.

Muchas veces este tema ha estado arriba de la mesa. Mis representados, como decía el señor diputado Lafluf, también me han dicho por qué, si tenemos una situación como la de Argentina que, obviamente, se repite con Brasil‑, donde hay un tratado de libre tránsito de bienes y personas tenemos que hacer los controles que se hacen en migración y que provocan esas colas. Y mi respuesta fue: los dos países tienen sistemas, en los cuales, por ejemplo, hay cierre de frontera para determinadas personas. Si no preguntamos quiénes son, seguramente durante esa época esos controles son fáciles de evadir. Eso con respecto a la documentación. Seguramente, una revisación más profunda, no solamente de los documentos de la persona, sino de su equipaje también provocaría alguna distorsión en el ingreso de turistas al país.

Por lo tanto, quiero enmarcar las preguntas que realizan, porque se habla de millones de dólares. Los billetes de US$ 100 son los de mayor circulación y pueden ser contenidos en un bolso normal que traen los turistas, y son decenas de miles por cada fin de semana largo o de pico de recambio de turistas.

Reitero: en función de que esta Comisión tiene fines legislativos, ¿cuál es la política que tiene hoy la Dirección Nacional de Aduanas y cuál es el análisis de riesgo acá acompañan al director, precisamente, encargados del área de análisis de riesgo que se ha hecho para tratar estos tema de ingreso de dinero de un monto mayor a US$ 10.000? Porque no hay necesidad de declarar menor cantidad.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Me sumo a la pregunta de qué entienden por política de riesgo, porque hay países en los que entran cincuenta, sesenta millones de turistas y nos controlan mucho; hasta los zapatos nos hacen sacar, viajando con pasaporte diplomático.

Ahora bien: no podemos ubicarnos frente a estos temas sin tomarnos muy en serio la situación en la que estamos.

Esta es una Comisión Especial con fines legislativos. A lo mejor, nos damos cuenta de que no tenemos las normas; de repente, lo que fallan no son las normas. Eso va a salir de lo que hablemos acá. Así que siempre los fines son legislativos.

Nosotros también hicimos un trabajo de seguimiento interinstitucional; inclusive, hicimos una citación conjunta al Ministerio de Defensa Nacional. Y sacamos conclusiones sobre manifestaciones que, además, fueron públicas. El ministro de Defensa Nacional dijo que no podía desmentir lo que dijo el señor Cantón. Todos los que seguimos la situación de corrupción en Argentina nosotros lo hacemos desde hace muchísimo tiempo porque el rebote siempre viene para acá sabemos que Cantón le paga a los funcionarios de Prefectura.

A esta altura de la situación, no puedo creer que se diga que no se conoce dónde está puerto Camacho. Yo tampoco sabía. Es muy sencillo averiguarlo: hay que entrar a la página de la Dirección Nacional de Catastro. Además, uno debe ir a Colonia. Yo fui a Carmelo.

El poder que tiene Cantón en Carmelo da miedo. En general, no me caracterizo por tener miedo, pero eso me dio miedo. El grado de influencia que tiene Cantón en la población, con cargos públicos y sin cargos públicos, da miedo.

El señor diputado Ope Pasquet hizo referencia no lo habíamos hablado antes; tenemos esa responsabilidad institucional a su presencia, señor director Canon, en algunos puntos específicos de los distintos emprendimientos que tiene Cantón. Después voy a preguntar sobre eso porque algunos tienen habilitación de la Dirección Nacional de Aduanas y otros, no.

El material que tengo aquí lo obtuve al día siguiente del procesamiento de Cristina Kirchner y de los cuarenta y pico de integrantes de la asociación ilícita. Es cierto que en el ámbito parlamentario integro equipos de trabajo de investigación con Argentina. El problema es que nuestro país carece de una ley de cooperación penal internacional. Este es un elemento importante en cuanto a los fines legislativos; el otro día lo hablábamos con el fiscal general, con quien también conversamos de este tema. Como él mismo dijo: "Hasta nosotros trabajamos en forma sui géneris".

Ahora: ¿trabajar en forma sui géneris en esta época, en la que existe terrorismo y demás? ¿Trabajar así en momentos en que Uruguay encabeza diarios argentinos de muy buen nivel, serios no cualquier pasquín‑, donde los investigadores señalan que somos la Suiza de América en el lavado?

¿El periodismo me interesa? Sí. Me interesa cuando es técnico, de investigación y serio. La verdad es que está demostrado que investigar al poder sin tener el poder es muy difícil.

Ahora ya no se puede decir más que estos son trascendidos de prensa ni que son declaraciones del sindicato de Aduanas o de García Daglio. Aclaro que lo recibí a él y también a los miembros del sindicato, porque pedí hablar con ellos. Nosotros no actuamos porque sí, ni por recortes de prensa. Sin embargo, reitero, la prensa es fundamental. Si no hubiera sido por la prensa independiente y por legisladoras con mucho valor, no se sabría nada de lo que hoy sabemos.

En los documentos que tengo acá están las declaraciones de Clarens. Yo no sé si ustedes los leyeron. Fíjense que una simple legisladora pudo obtener, al día de siguiente, las declaraciones. Aquí están las declaraciones de Clarens y de todo el resto de la banda; son cuarenta y dos o cuarenta y tres los procesamientos

Entonces, acá no hay discusión.

Además, la ley es muy clara cuando establece la figura del arrepentido. ¡Hay que leer lo que dicen las personas! La verdad es que leer estas 546 páginas es una experiencia bastante lamentable, porque uno vive acá. Cuando las personas llegan, dicen que no van a declarar, pero cuando le manifiestan lo que va a ser la imputación, inmediatamente, amplían la declaración indagatoria. En ese momento, cantan lo digo en broma, porque es duro leer estas cosas; a mí me provoca cierto agobio : cantan la Marsellesa en turco y dicen hasta lo que no se les pregunta; eso es muy útil. Tampoco pueden mentir, porque si lo hacen, el falso testimonio implica que les caiga toda la pena.

Entonces, ya no más de todo lo que se dijo hasta ahora; ya no más negar lo que es Carmelo ahora, nos importa específicamente lo qué está pasando allí y otras zonas. Todos vimos las declaraciones respecto al contrabando. Además, vivimos en Uruguay; somos pocos y nos conocemos. Es más: el jefe de capacitación no los voy a nombrar en este momento fue una persona muy cercana a mi familia hasta hace dos años, momento en que se jubiló. Seguramente, ustedes sabrán cuál es su nombre. O sea que conocemos muchísimo.

En esto el problema es probar. Ahora, empezaron a aparecer las pruebas.

En 2016 hice un pedido de informes a la Dirección Nacional de Aduanas. Me lo contestaron muy bien. Allí pregunto sobre la nómina de funcionarios asignados, en qué horarios cumplen las funciones cada uno de ellos, cuáles son los protocolos de actuación, de control de carga y demás. Debo decir que me contestaron la verdad: no hay funcionarios en todas las aduanas. Sé lo que es la gestión de riesgo; soy especialista desde hace muchos años en lavado de activos. Entonces, la realidad es que no hay personal; es a requerimiento.

Esa información la crucé con la de otro pedido de informes que hice a la Dinacia. La Dinacia nos contestó que en los aeropuertos privados, habilitados o no fíjense lo que pasa en los habilitados‑, se utiliza un formulario y la declaración jurada del piloto. Nos agregaron el formulario, que ni siquiera está digitalizado. ¿Y si no hay aduana? Si no hay aduana, se basan en la declaración jurada porque el funcionario de Dinacia no tiene obligación de controlar y el piloto no tiene por qué decir qué trae en el avión.

Si ustedes leyeron el procesamiento, habrán visto que allí están los dueños de la Argentina. Algunos, quedaron afuera; fueron pocos. O sea: acá están los empresarios. Este ya no es un problema solamente de la enorme corrupción de los funcionarios; acá esta la otra pata. Ellos no están mintiendo; están diciendo la verdad, porque si no lo hacen saben lo que podría pasar.

En consecuencia, volví a hacer un pedido de informes. Esta información la mostré ustedes lo recordarán; el contador Canon estaba presente cuando citamos a la Comisión de Hacienda integrada con la Especial con fines legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado por el tema del Cambio Nelson. En esa reunión mostré esos dos pedidos de informes; nunca antes lo había hecho. Quedó en evidencia está en las versiones taquigráficas, así que no los voy a aburrir con esto que no había controles de Aduanas ni de Dinacia; del cruzamiento de la información eso surge claramente.

Cuando me referí a los empresarios olvidé decir que ellos no tienen un avión: tienen más de un avión de su propiedad. Ellos se mueven en helicópteros, en aviones. Es más: algunos tienen empresas de transporte aéreo.

Cuando se trató el tema del Cambio Nelson, tanto Aduanas como Dinacia prometieron a los legisladores pueden leer la versión taquigráfica que se iban a tomar medidas, por lo menos, de investigación, de cambio de criterios y demás.

Por otra parte, recibí la respuesta al segundo pedido de informes, que hice el 27 de agosto de este año. Supongo que lo leyeron, sobre todo, el señor director. Lo firmó el contador Danilo Astori, y por eso quería que hoy estuviera acá. Tiene que ver con las medidas adoptadas. Lo voy a leer. Dice así: "Se reforzaron las recorridas por parte de los funcionarios aduaneros en los puertos deportivos mediante la utilización de giras móviles en las administraciones de aduana ubicadas en Carmelo y Colonia respectivamente. Se aumentó la frecuencia de controles aduaneros por intermedio de la Sede Regional de Vigilancia de Suroeste en los puertos de las administraciones de aduana de Carmelo y Colonia, asentándose" les doy mi palabra de honor: por momentos me parece que me están tomando el pelo "las mismas en un libro de registro sobre novedades diarias. Se dispuso que los controles supongan no solo la revisación de la embarcación, sino también el equipaje de los viajeros que integran la misma." alguien miente, alguien no está diciendo la verdad "Finalmente, informamos que el aeropuerto Zagarzazú fue inhabilitado" eso ya lo sabíamos "por la Dinacia. Con relación a procedimientos disciplinarios esta Dirección decretó…". Esto último fue uno de los miembros del sindicato que hizo declaraciones a la prensa; como tiene fuero sindical, puede hacerlo.

Esta fue la respuesta. Es decir que nosotros trabajamos tranquilos, con seriedad.

Desde el año 2013 está en el juzgado de Crimen Organizado la causa sobre la ruta del dinero "K". Se investigó mucho. Recién estuvimos reunidos con la Senaclaft; colaboró enormemente

Voy a reiterar lo que dije hace un rato; lo lamento pero, ahora, están presentes otras autoridades.

El expediente que conformó la investigación estuvo encabezado por la doctora Adriana de los Santos y la fiscal Camiño, quien en aquel momento hizo una inspección ocular en Carmelo y detectó la existencia de aeropuertos no declarados y que el Four Seasons estaba vacío. Todo eso está en el expediente.

En 2016 ampliamos la denuncia con la señora diputada Ocaña, ya que trabajamos conjuntamente.

Antes de continuar, recuerdo que la Senaclaft depende de Presidencia de la República. Entonces, ¡no me vengan a hablar del Poder Judicial, de la autonomía y de todo lo demás, porque eso obviamente todos lo sabemos! Si hay alguien que va a defender la autonomía del Poder Judicial y los recursos, soy yo; lo repito permanentemente. La realidad es que la Senaclaft depende directamente de Presidencia.

En la ampliación de la causa de 2016 tengo acá la denuncia está la prueba aportada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al gobierno argentino de lo que se llamó la operación "Discovery". Imagino que sabrán lo que es; tiene que ver con la búsqueda de los capitales argentinos que no pagaban los préstamos llamados "fondos buitre".

Allí apareció una gran cantidad de pruebas. Con la señora diputada Ocaña las trajimos al juzgado de Crimen Organizado. En ese momento, la jueza era Adriana de los Santos. La fiscal era Camiño, a quien se la notaba muy presionada; me hago cargo de lo que digo. A pesar de que sigue siendo fiscal, hay que reconocerlo. Fue la misma que renunció un día antes del asunto de Ancap; lo digo para que todos nos ubiquemos.

En esos documentos ya está denunciado Clarens. En la primera línea de la primera planilla Excel está Clarens. Allí figura toda la operativa del puerto y toda la información que el gobierno de Estados Unidos le proporcionó al gobierno argentino. ¡Y después salen en las redes a decir que el Departamento de Estado me la dio a mí! ¡No fue a mí a quien se la dio!

Entonces, esa información está en el juzgado de Crimen Organizado.

Quiero saber qué análisis de riesgo se hizo con todo lo que sabemos desde 2001, como muy bien dijo el señor diputado Ope Pasquet.

A la diputada Carrió la trataban de loca cuando decía que los Kirchner habían robado más de US$ 10.000.000.000. En este auto de procesamiento todavía faltan cajas, como la del juego, que tiene muchas vinculaciones acá; lo voy adelantando para que después no sea una sorpresa figura que la trataban de loca. Acá, está probado ustedes lo leyeron que hablamos de más de US$ 60.000.000.000. Y hablando con autoridades argentinas, ellos tienen probado ya todavía falta, porque es mucho lo que tienen que investigar y existen algunas dificultades que pasan los US$ 100.000.000.000. Y los que declaran en la causa dicen cómo pasaron el dinero. Pero lo que me preocupa, además, es que ya lo sabíamos desde 2016. Entonces, quiero saber qué análisis de riesgo se aplicó por eso redacté así la citación‑, se aplica y se aplicará.

Seguramente, van a seguir surgiendo algunas cosas pero, como me gusta ir adelantando, voy a realizar otras consultas.

Quisiera saber si Miraflores yo no conocía esa localidad, pero ahora sí, porque ya fui cuatro veces a Carmelo; por supuesto, la prensa no se entera tiene aduana y si puerto Camacho y Buenavista tienen habilitación de Aduanas.

El señor Cantón, en 2012, pidió un depósito fiscal para autos de alta gama, pero se me dijo que como nunca lo usó porque nunca llegó a hacer el depósito de dinero no me pregunten por qué, pues es bastante peligroso averiguar esas cosas, sobre todo cuando somos personas a las que se nos reconoce‑, usted iba a pasar las vacaciones allí.

Se lo pregunto en la cara, y no lo digo en la prensa, ni nada por el estilo.

SEÑOR CANON (Enrique).‑ Me río.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Usted ríase; yo no.

El Decreto Ley Nº 15.659 ustedes lo conocen, al igual que sus asesores faculta al Poder Ejecutivo a autorizar la instalación de tiendas libres de impuestos, y por eso quería que viniera el ministro de Economía y Finanzas, ya que el área comercial depende de ese Ministerio. De todos modos, se tiene que llamar a licitación pública, por lo que quisiera saber si es cierto que eso no se hizo para darle una TLI al señor Cantón. ¿La firmó el subsecretario Ferreri? Lamento que ellos no estén aquí para contestar estas preguntas, pero ustedes vinieron en su representación.

Por otro lado, hay otra cosa que me preocupa; y es lo último que diré por ahora. Me refiero a la sentencia del Tribunal de los Contencioso Administrativo que anula la reestructura hecha por decreto, ya que es un disparate jurídico. Yo respeto a los colegas abogados presentes, pero hacer una reestructura por decreto, estando vigente la ley de negociación colectiva en el ámbito público, en forma inconsulta, y en contra de lo que opina el sindicato, es un disparate, porque se incumple una ley.

Por lo tanto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló esa reestructura. Pero lo que me preocupa son los fundamentos, que usted conocerá mejor que yo. También me preocupan los US$ 32.000.000 que se gastaron esta es la Comisión de transparencia pero, fundamentalmente, los fundamentos de la sentencia. Por tanto, le pediría señor director, con todo respeto…

Yo no me sonrío; la verdad, y le agradezco que usted tenga muy buen humor, pero es la suerte del país lo que está en juego.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Señora diputada: usted sabe que tiene que dirigirse a la Mesa.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Entonces, señor presidente, dígaselo usted.

Lo que más me preocupó después de escuchar a los funcionarios de la Aduana, con los que hablé personalmente por vinculaciones familiares hablé con el exdirector del Centro de Capacitación, que se jubiló hace dos años, con García Daglio y con el secretario y el presidente del sindicato de la Aduana, a quienes yo cité y me acercaron la denuncia penal fue lo que fundamentó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¡Si será un problema de tarea legislativa el que tienen las comisiones o, por lo menos, de recordar las leyes que están vigentes!

En realidad, los fundamentos del Tribunal me dieron la razón, entre otras cosas, en cuanto a la forma de proveer los cargos superiores, ya que la sentencia hace referencia al mecanismo irregular de la recomendación de funciones.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Suprema Corte dicen cosas muy graves, como que se dedican al régimen de dedicación exclusiva sin contar con la ley específica que lo disponga. Además, lo que más cuestiona el Tribunal es que se reserva para el jerarca, en este caso, de la Administración Nacional de Aduanas, el otorgamiento de este mecanismo irregular de encomendación de funciones. Esto, sea cual sea el gobierno y sea quien sea el director de Aduanas, es como tener las manos libres para hacer cosas buenas, pero también para premiar o manejar la voluntad de los funcionarios, que es una de las cosas que el sindicato de Aduanas que tiene fueros y me parece bárbaro nos informó que se sigue aplicando. Además, el pago de estas funciones especiales ascendería a la suma de $ 100.000 o $ 120.000. Hablamos de una compensación especial por una orden que se da o una función que se cumple.

Yo fui jerarca de la Administración pública y sé cómo funciona todo esto y conozco el Decreto Nº 500.

Asimismo, el sindicato de los funcionarios de Aduana más allá de que García Daglio también lo dice, pero el sindicato tiene una representatividad mayor dijo que cuando no se cumple con las órdenes del jerarca, se amenaza con que se sacarán esas funciones especiales, lo que le da eso es lo que dio el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero resulta que se sigue aplicando una enorme discrecionalidad, por ejemplo, para dar órdenes que acá no se registran. Fue Cantón el que dijo públicamente: "No queremos afectar a los turistas".

Finalmente, quiero decir que no puedo seguir escuchando esto va como profesora de historia que Uruguay siempre tuvo problemas de Aduana. Claro, cuando éramos una colonia española los había, porque regía el monopolio de la corona española. Hasta Artigas era contrabandista, porque no había otra forma de burlar el poder de la corona española, pero ya llevamos muchísimos años de país independiente. Si se gastaron US$ 32.000.000 en esto que no se pudo aplicar, no podemos seguir diciendo que tenemos los problemas de Aduana que tuvimos siempre. Hace muchos años que somos un país muy serio.

Por otra parte, teniendo en cuenta que las preguntas de mis compañeros y las mías fueron bien concretas o lo más concretas posible porque, inevitablemente, hay que hacer una introducción para que nos entiendan queremos que nos las contesten, porque tenemos la enorme esperanza de poder decir que todo esto que puse sobre la mesa, y muchas cosas más, no pasaron.

SEÑORA PRESIDENTE.‑ Antes de cederle la palabra a la señora diputada Díaz y teniendo en cuenta que fui aludido por la señora diputada Bianchi cuando se hizo referencia a los controles aduaneros, quiero dejar una constancia.

Es cierto que en los aeropuertos de los países limítrofes nos hacen sacar los zapatos aunque tengamos pasaporte diplomático, pero si viajamos en auto por Europa hace quince días fui desde Portugal a Austria a nadie se le ocurre pararnos en una aduana. Pero para no irme al primer mundo, quiero decir que a principios de octubre pasé varias veces la frontera argentino‑ brasileña aunque la triple frontera es una región muy problemática y no se me hizo revisación de ninguna especie.

Solo quería dejar esa constancia.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Ahora usted me aludió a mí, señor presidente, por lo que también tengo derecho a dejar una constancia; hay que asumir las consecuencias.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Yo no la aludí.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Sí.

Yo también viajo me los pago yo los viajes; no viajo por el Parlamento…

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Yo también me los pago.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ …y puedo decir que cuando uno entra a la Comunidad Europea, sin importar por cual aeropuerto, se hacen todos los controles que se deben hacer. Que después se muevan dentro de la Comunidad con otra liberalidad, es otra cosa, porque allí tienen un funcionamiento de inteligencia brutal. En realidad, a ellos les preocupa enormemente el terrorismo y cuando, por ejemplo, explotan bombas en Londres, nos enteramos aunque supongo que no nos enteramos de todo de que hubo cincuenta y cuatro atentados anteriores que fueron abortados, porque lo interinstitucional funciona. El problema es que nosotros vemos que acá no funciona, pero vamos a escuchar lo que tiene que decir la Aduana.

Por otro lado, si el ejemplo que se pone es el de la triple frontera, la verdad es que, como dicen los chiquilines, estamos en el horno. Además, desde que está Macri en el gobierno reitero que no soy machista, porque no soy argentina‑, están persiguiendo lo que antes no se perseguía: ahora cayó uno de los valijeros recaudadores, que en Uruguay ya estaba detectado desde 2003. Entonces, que quede claro que la información está.

No queremos seguir dilatando nuestra intervención, pero queremos saber qué pasó.

SEÑORA DÍAZ (Betiana).‑ En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la delegación de la Dirección Nacional de Aduanas y agradecerles su comparecencia.

En realidad, creo que la presencia de un gran equipo habla de la voluntad de esclarecer todas las dudas que los diputados podamos plantear, lo que es muy bien recibido por la Comisión.

Por otra parte, quiero mencionar algunas cosas que me parecen importantes.

Esta es una Comisión con fines legislativos y no con fines de investigación; ese es el marco de actuación que tiene esta asesora.

Asimismo, me parece importante señalar que uno de los legisladores convocantes, el señor diputado Ope Pasquet, el día 29 de agosto remitió una solicitud a la Comisión de Hacienda que actualmente presido para que cursara una invitación a los jerarcas de la Dirección Nacional de Aduanas que es lo único que pueden hacer las comisiones, ya que no tienen potestades coercitivas pero, afortunadamente, logró acordar con la señora diputada Bianchi que el ámbito adecuado para recibir a esta delegación era el de esta Comisión.

De todas maneras, quiero recordar que la Dirección Nacional de Aduanas compareció ante la Comisión de Hacienda por el caso Balcedo a principios de año, y que la información brindada en dicha reunión fue muy esclarecedora y positiva.

Por otra parte después podemos analizar si esto debe corregirse en la versión taquigráfica‑, quiero decir que yo no interrumpo a nadie; por lo tanto, mientras haga uso de la palabra no quiero ser interrumpida.

Como se dijo, se cursó una invitación al señor ministro de Economía y Finanzas para comparecer ante esta Comisión, pero como las comisiones legislativas no tienen potestades coercitivas sobre los miembros del Poder Ejecutivo, entiendo que lo planteado por la señora diputada Bianchi y el señor diputado Pasquet no corresponde. Además, el presidente de la Comisión ya leyó la nota que fue enviada.

Por otro lado, además de las preguntas y de los motivos que se esgrimieron para citar al Director Nacional de Aduanas y al equipo asesor, se realizaron una serie de consideraciones, por lo que quiero dejar una constancia clara en la versión taquigráfica. Nosotros acompañamos la solicitud de información concreta, pero como bancada nos vamos a desentender de una serie de consideraciones por las cuales cada legislador se hará responsable.

En principio, porque existen afirmaciones que se hacen que se vuelcan a modo de información, luego porque se habla de una serie de nombres, hasta se ha involucrado el caso del Cambio Nelson. Se han tirado un montón de elementos de los cuales no estábamos al tanto, y en consecuencia cada uno se hace responsable de lo que plantea.

Me parece muy importante dejar estas cosas en claro porque no queremos quedar ante una autoridad de la Administración pública como manejando algunos niveles de amateurismo que no son propios de la Comisión.

Es verdad que hay información que no son solo trascendidos de prensa; si fuéramos a la prensa, tendríamos que traer a consideración que la señora Graciela Ocaña que fue nombrada por la diputada Bianchi‑, tiene una causa abierta por financiación ilegal de su campaña electoral, sin embargo, no lo trajimos.

En realidad, lo que queremos dejar en claro y es una reacción muy sana de todo el sistema político es que la rápida comparecencia y la reacción cuando sale este tipo de información a la luz sobre alguna irregularidad, rápidamente activa determinados mecanismos que hablan también de que no son situaciones cotidianas. Eso debemos dejarlo en claro.

Por otro lado, queremos dar un marco de confianza en el sentido de que se ha solicitado información muy específica a la delegación. Tenemos una serie de posibilidades de control, gracias a la nueva normativa integral en lavado de activos que no existía en Uruguay. Estamos dando los primeros pasos en ese sentido. Es decir, contamos con algunas herramientas que históricamente Uruguay no tuvo y que también fue parte de algunas consideraciones que se volcaron por parte de los legisladores preopinantes.

Extiendo este marco de confianza y bienvenida a la delegación que se hace presente en la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ A solicitud de algunos legisladores de esta Comisión citamos a la delegación que hoy nos acompaña. Estoy tratando de encauzar esta reunión. Casi todos hemos hecho largas exposiciones para presentar nuestras inquietudes, si no damos oportunidad de una respuesta después nos van a decir que la reunión fue infructuosa porque se llamó y no se tuvo respuestas.

Creo que todos hemos expresado las preguntas, si hay más interrogantes, volvemos a repreguntar luego de que la delegación conteste. Debemos ser efectivos y no dar largas exposiciones respecto a temas que, en muchos casos, no estaban incluidos en la convocatoria. Debemos pedir que nos respondan sobre los temas incluidos en la convocatoria que son los que la Comisión entendió que eran importantes para su trabajo legislativo, en este caso, de lucha contra el lavado de activos.

Solicito a los integrantes que permitan a la delegación dar respuestas y pido a la delegación que sea concreta al contestar.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).‑ En primer lugar, todos sabemos que en la Comisión el que emite una opinión lo hace de manera personal. Acá no estamos involucrando a ninguna bancada. Somos responsables de nuestras bancadas; cada uno emite su opinión. No hay por qué aclarar que no está involucrada ninguna otra bancada política.

En segundo término, estamos encantados de que estén.

En tercer lugar, los convocantes la doctora Bianchi y el señor diputado Pasquet hicieron las preguntas y agregaron los análisis de sus preguntas. Por lo tanto, ahora que contesten. No estamos involucrando a nadie. Somos responsables de nuestras opiniones.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Señora diputada Bianchi, ¿no podemos colaborar permitiendo que a quien usted convocó responda sus preguntas en lugar de seguir interviniendo como miembro de la Comisión?

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Si usted, señor presidente, se limitara a dirigir y a ordenar el debate, sería mejor.

Primero, quiero aclarar que no soy amateur en ninguna de las investigaciones y traigo documentos.

Segundo, una cosa que tiene que quedar en claro, está en la Constitución, es la separación de Poderes. Cuando el Poder Legislativo cita, cita, no invita. Si se pone por cortesía parlamentaria: "Invitamos", es otra cosa, pero la realidad es que cita. El Poder Legislativo cita a los funcionarios públicos. Lo que no tenemos son facultades para citar a personas privadas, pero a públicos sí. Cita, y no voy a desarrollar la parte jurídica. ¿Está claro?

SEÑOR CANON (Enrique).‑ Gracias por habernos invitado o citado. Con gusto vamos a tratar de responder las preguntas formuladas. Es una buena oportunidad de intercambio entre esta Dirección Nacional de Aduanas y el Poder Legislativo. Entiendo que es muy saludable para la democracia.

No voy a responder en nombre del contador Astori, porque no me corresponde.

Comienzo por decir que la Dirección Nacional de Aduanas está en un proceso de modernización desde el año 2005. Hay múltiples iniciativas que vienen a conformar esa modernización. Dicho sea de paso, quiero corregir una información que es incorrecta. La modernización o reestructura no costó US$ 32.000.000, cifra irrisoria para una reestructura, sino que el conjunto de las iniciativas de la modernización merecieron un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo con alguna adición del Banco Mundial por US$ 22.000.000, los que fueron invertidos de la siguiente manera: US$ 12.000.000.000 en infraestructura y 5.000.000.000 en tecnología. Entre otras muchas iniciativas que, por razones de tiempo, no voy a desarrollar uno es el sistema integrado de inteligencia aduanera, o sea, la gestión de riesgo de la Dirección Nacional de Aduanas que compete, fundamentalmente, a mercadería, a pasajeros recién desarrollados, porque nunca antes la Aduana tuvo riesgo en pasajeros y también compete a riesgo en territorio. Es decir, por qué frontera son los riesgos que enfrenta la Dirección Nacional de Aduanas en protección de la sociedad. Los riesgos son múltiples. El lavado de activos no se configura por el ingreso de dinero, sino cuando el dinero se lava en el país; el ingreso del dinero también está dentro de las responsabilidades y no de las competencias de la Dirección Nacional de Aduanas. También podríamos incluir el tráfico de órganos, de armas, de personas, etcétera y, desde luego, el contrabando.

No me voy a extender en cuánta cientificidad tiene la gestión de riesgo de la Aduana, los aburriría, pero hay una gran inversión en inteligencia nacional y está representada aquí por la economista San Román. Me refiero a modelos econométricos, estadísticos que nos indican, en mercadería, antes, durante y después de su ingreso al país, cuáles son los ingresos de riesgo. También el lavado de dinero nos ocupa.

El señor diputado Pasquet, en la citación, afirma: "Da motivo a esta solicitud la información de que habrían ingresado en múltiples oportunidades al Uruguay importantes sumas de dinero, sin que la Dirección Nacional de Aduanas haya detectado ninguno de estos hechos". Hay una incongruencia en los tiempos, "habrían" es condicional; "hayan" es otro tiempo verbal. Voy a tomar la afirmación como que "habrían" ingresado porque no hay ninguna prueba de que estoy haya acontecido así.

Por otra parte, frente a otras preguntas, lo que tengo para decir es que la Dirección Nacional de Aduanas nunca recibió denuncia alguna, nacional o internacional, sobre hechos que pudieran eventualmente significar ingresos de dinero malhabido en las fronteras nacionales, ni del Poder Judicial, ni de organismos internacionales, ni de otros organismos del Estado, ni alguna alarma de algún otro Poder del Estado.

Yo recibo personalmente denuncias diría que casi a diario de distintas fuentes, les doy curso, se hace la investigación correspondiente y las contesto una por una. Tengo en mi secretaría el archivo de todas las denuncias: nada de esto fue denunciado a la Dirección Nacional de Aduanas.

Simplemente voy a consignar hechos, aquí se ha hablado del lavado de dinero, del Four Seasons, del señor Faraón y otros socios del señor Cantón; si uno ingresa en Google inmediatamente lo encuentra. Ahora, el Hotel Four Seasons está constituido en Uruguay desde el 2000 con todas las autorizaciones pertinentes, tanto de los organismos nacionales, del Gobierno nacional de entonces, como de los organismos departamentales y sigue funcionando dentro de esas características. No me ha llegado ninguna denuncia en relación a actividades delictivas. Lo puedo leer en Google, ahora; si voy a orientar la gestión de riesgo de la Dirección Nacional de Aduanas por lo que lea en Google, realmente no me parece serio.

A renglón seguido, como aquí se hizo mención a versiones de prensa, tendría muchos elementos para volcar sobre eso, pero para no aburrirlos voy a tomar una. Se trata de un caso viejo, que ya fue citado acá. No tengo denuncias concretas; "habría ingresado" no es una denuncia. Además, la Dirección Nacional de Aduanas no es una agencia de inteligencia, es decir, no me habilita a investigar en la vecina orilla quién reside, cuántos miembros del empresariado argentino residen en Uruguay, no está dentro de mis posibilidades, de mis potestades ni de mis cometidos.

¿Debo orientarme por versiones de prensa? Por ejemplo, el viernes 8 de abril de 2016, el diario "El País" de Montevideo señala: "El argentino Leonardo Fariña se acogió a la figura del arrepentido al declarar ante el juez Sebastián Casanello. Según indicó en Twitter, Jonatan Viale, periodista argentino de América, en su declaración 'Fariña está confirmando viajes con bolsos al aeródromo de Melilla para evitar el control de la Aduana'". Sin embargo, la declaración judicial de Fariña, que salió a la luz días después, señala que no existen los aviones con dinero físico a Paraná, Uruguay o ninguna parte del mundo. Y esto lo hizo como arrepentido, en la figura que, según señalaba la señora diputada, no tiene incentivo a la mentira, porque si la mentira es descubierta le cae toda la sanción de la Justicia.

Creo recordar que el fallo del juez Claudio Bonadío, de la República Argentina, tiene 551 folios. Y como señaló muy bien la señora diputada, la Ley Nº 27.304, de 2016, que es la ley del arrepentido de la República Argentina, dice que en caso de que se compruebe que la información no fue cierta o es inexacta, el arrepentido será castigado con pena de prisión de cuatro a diez años y la pérdida del beneficio concedido. O sea, ningún arrepentido tiene incentivo, por lo menos prima facie, para mentir.

Vengo a presentar citas del fallo del juez argentino yo lo leí todo Claudio Bonadío, en la Causa Nº 9.608/2018, caratulado "Fernández Cristina Elizabet y otros s/ Asociación Ilícita". Dice al comienzo: "En trámite por ante esta Secretaría Nº 21, de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 […]". En el capítulo 6 de este documento, fechado el 17 de diciembre de 2018, que consta de 551 folios no me equivoqué‑, nominado como declarante vigésimo, aparece la declaración de Ernesto Clarens en folios Nº 296, realizada ante esta institución judicial en el marco de lo antedicho. El 3 de setiembre de 2008, el declarante dice: "Báez decía que Néstor Kirchner era como Rico Mc Pato, por lo mucho que le gustaba el dinero en efectivo. Nadie, nunca, del círculo de los Kirchner me vino a plantear llevar la plata al exterior. Báez tampoco lo quería. Me dijo especialmente 'al exterior no'". En Folio Nº 287, siguiente del mismo documento, Clarens declara: "Deseo agregar que Muñoz, secretario personal de Kirchner, siempre mencionó que todo este efectivo estaba en archivos metálicos que se encontraban dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde había un olor a tinta muy importante. Muñoz me comentó que el dinero era transportado los días viernes en aviones oficiales que salían de Aeroparque, del sector militar, y aterrizaban en el aeropuerto de Río Gallegos o bien en El Calafate. El destino final del dinero siempre era El Calafate"

Quiero agregar una anécdota que aparece en estos autos. En algún momento, en El Calafate quisieron entrar por la puerta principal y no pudieron, porque los bolsos no entraban. Entonces, tuvieron que hacerlo por la cocina, a la vista y paciencia de los cocineros y demás empleados de la casa de Kirchner. En Folio Nº 297, Clarens señala: "Con relación a mis viajes a Uruguay, insisto que es una mentira inaceptable cuando se difunde acerca del sentido de mis traslados a mi casa de fin de semana en Carmelo, en Uruguay. Y el uso novelesco de lanchas rápidas para el traslado de sumas millonarias a ese lugar, como ya dije, se trata de traslados de esparcimiento hacia mi casa en Carmelo y precisamente por eso es que he mantenido esa costumbre hasta estos días. Esto es un dato de relevancia para confirmar el sentido y objeto de viajes hasta esta ciudad".

SEÑOR PRESIDENTE.‑ En la lectura inicial de las declaraciones de Clarens habló de setiembre de 2008, se debe haber referido a 2018.

SEÑOR CANON (Enrique).‑ Sí.

SEÑORA BIANCHI (Graciela).‑ A fojas 451 supongo que lo tiene y lo va a mencionar más adelante; obviamente que las declaraciones de los imputados arrepentidos se cotejan con otras pruebas, no es solamente la declaración testimonial‑, dice: "Otro elemento que corresponde mencionar es que en el período investigado, Ernesto Clarens viajó en 28 ocasiones a Estados Unidos de Norteamérica y 195 veces a la República Oriental del Uruguay, de conformidad con lo informado por la Dirección Nacional de Migraciones y la Prefectura Nacional Naval". La de Argentina, porque nosotros no tenemos registro. Eso ya fue confirmado por el ministro de Defensa Nacional, que estaba con todos sus equipos técnicos, sus directores de departamento pido al colega que me ayude‑ ; y estaba el comandante en jefe de la Fuerza Aérea.

Sigue diciendo: "Entre otros viajes, el día 6 de agosto de 2011 ingresó a nuestro país procedente de la República Oriental del Uruguay en un vuelo particular realizado en la aeronave matrícula BRV […] junto con los imputados José Francisco López y Germán Nivello […]".

Lo que demostró la Justicia argentina, más allá de lo que declaró Clarens, que puede haber omitido algo, aunque tiene varias comparecencias es muy interesante ver cómo funciona este fenómeno de los arrepentidos porque es hasta dónde van, si hasta dónde van no le alcanza al fiscal, van presos, entonces agregan, que fue lo que le pasó a Pescarmona‑, es que Clarens viajó 195 veces a la República Oriental del Uruguay.

SEÑOR CANON (Enrique).‑ Mantengo mis dichos. La aclaración solo complementa y confirma lo que dice Clarens en lo que yo leí. Tiene una casa en Carmelo y viene al Uruguay cada vez que entiende que tiene que venir. Esto no confirma absolutamente nada. Esto no es prueba de que haya, habría o pudiera haber ingresado ese dinero a través de esos medios.

Volviendo a mi intervención, voy a hablar de la política de riesgo y comparación con otras aduanas de otros países. Por razones de tiempo no puedo mostrar la presentación que tenía, pero hay tres diapositivas. Una tiene la foto de una lancha de aduana que llega a Menorca. Un periódico local señala que, como la lancha de aduana no tiene base en Menorca, España, hace una inspección cada tanto. Dice que el funcionario aduanero no se trepa a la embarcación, sino que la documentación que requiere es llevada allí a través de una linga. El periódico consigna la sorpresa de los dueños de las embarcaciones que allí fondean porque algo como eso que no fue muy exhaustivo‑, que duró tres días, nunca había pasado. Esto fue, creo, en el año 2014. Como ustedes comprenderán, Menorca es uno de los ingresos de distintos riesgos al continente europeo, fundamentalmente droga. Esa es la función de la aduana española. Esto no es una crítica a mi colega de la aduana española, a quien conozco y sé que es una excelente funcionaria. Los medios son los medios, los recursos son finitos, y las necesidades son infinitas.

También traía para citar la Portaría Nº 301 de la Receita Federal traducido al castellano, se trata de una ordenanza‑, de marzo de este año. Estimo que, fruto de la escasez de sus recursos, empieza a restringir las guardias nocturnas de aduana de la Receita Federal en los principales puertos y aeropuertos de Brasil. Ustedes comprenderán lo que quiere decir que queden en una noche en el puerto de Santos dos funcionarios de la Receita Federal. El puerto de Santos es uno de los más importantes de Brasil y del continente. Por él deben ingresar, aproximadamente, unos dos millones de contenedores al año.

También tenía una diapositiva del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Cualquiera que haya viajado al exterior sabe que no solamente en la Unión Europea, sino también en otros aeropuertos, hay un cartel que dice: "Nothing to declare" nada para declarar‑, y por allí se va el pasajero. Eso se hace en varios aeropuertos del mundo. En El Dorado, Bogotá, hay un sistema de semáforos. Si sale rojo, revisan, pero si sale verde, la persona entra en Bogotá y hace lo que quiere.

Sobre las habilitaciones a puertos deportivos, no hay ninguna reglamentación que obligue a Aduanas a habilitarlos. Aduanas recibe la habilitación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, más concretamente de la Dirección Nacional de Hidrografía, que es la que habilita puertos náuticos deportivos, y en función de eso se da por informada y responde a las necesidades de acuerdo a los recursos con los que cuenta. No tengo conocimiento de ninguna firma, ni de la Dirección Nacional de Aduanas ni del Ministerio de Economía y Finanzas, de una TLI al señor Canton. No me consta.

Con respecto al tipo de controles, me voy a apoyar en mis asesores. Yo podría desarrollar este tema, pero ellos están más en territorio. Entonces, voy a hablar del decreto de reestructura. No soy abogado, de manera que no voy a controvertir esto desde el punto de vista jurídico. Sí digo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, frente a un recurso de un funcionario en particular había varios‑, hizo caer el decreto originario de reestructura tiene derecho a hacerlo‑, que efectivamente adolecía de lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el recurrente decían, que era la designación directa por parte del director nacional de Aduanas de las funciones de conducción. Esas funciones, que aparecen en la ley del funcionario público y no son invento de la Dirección Nacional de Aduanas, tienen asignadas las remuneraciones que la señora diputada señaló, porque las funciones de conducción tienen un compromiso de gestión y son parte de la modernización de Aduanas. Si en quince meses el funcionario no cumplió con su compromiso de gestión, firmado de común acuerdo con el director nacional de Aduanas, vuelve a su cargo y la función la pasa a ocupar alguien que tenga mejores posibilidades de cumplir con el compromiso. De otra manera, la función pública queda librada a que, per secula seculorum, un funcionario llegue a determinados cargos y no tenga ninguna responsabilidad más que la que le impone su contrato de trabajo. Esto me pareció, y me parece, que es un paso bien importante en la reforma del Estado. Ese decreto cayó. Se firmó inmediatamente uno nuevo, porque la propia impugnación disculpen el término del Tribunal de lo Contencioso Administrativo decía que en otros organismos del Estado se había aplicado la designación directa pero en forma transitoria. El nuevo decreto contempla exactamente eso. Tanto el primer decreto como este, fueron minuciosamente negociados en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en múltiples reuniones, durante incontables días, a veces hasta dos veces por semana, con la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Finalmente, después de negociar mucho sobre cada cláusula de cualquiera de los dos proyectos este ni siquiera se firmó, porque está en negociación colectiva la negociación originaria finalizó con un desacuerdo filosófico

Después de haber negociado artículo por artículo durante aproximadamente un año y medio y en algunos casos, como dije, hasta dos veces por semana en reuniones en la Dinatra, decir que se hizo de manera inconsulta y no respetando la ley de negociación colectiva es faltar a la verdad.

Efectivamente, estamos siguiendo el camino que nos marcó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, negociando también con el sindicato dentro de la Dinatra el sistema de concursos por los cuales en el futuro cuando se apruebe esta nueva reestructura de la Dirección Nacional de Aduanas los funcionarios de la DNA van a acceder a funciones de conducción, conservando el carozo de la modernización algo que está dicho en la ley del estatuto del funcionario público‑, es decir, que deben tener un compromiso de gestión. Pueden variar los plazos pero, en el caso de no cumplir el compromiso, caerá la función, volverán a sus cargos antiguos y, como dije, vendrá un nuevo funcionario. Eso me parece muy bien para la salud de un organismo público y, además, como una forma de que los funcionarios que tienen funciones de conducción como efectivamente se demostró en la Dirección Nacional de Aduanas las ejerzan de manera integral.

En distintos medios se habló sobre la incompetencia o la ineptitud; no acuso a nadie. Como acá se citaron programas televisivos y versiones de prensa, lo digo. Eso es en relación a algo. Claro, yo no me voy a comparar con la aduana de Estados Unidos. Obviamente, la aduana de Uruguay no tiene recursos, etcétera. Sin embargo, me voy a comparar con el pasado. ¿Cómo fue la aduana en materia de incautaciones y de trabajo en relación a la detención y detección del contrabando en épocas pretéritas del Uruguay? No hay cómo compararse. Apenas si de 2010 en adelante tenemos estadísticas sobre las incautaciones, que es como la materialización de la lucha contra el contrabando.

Modestamente, la cifra que tenemos de 2010 a 2018 no tengo cifras de 2005 o 2006, cuando empezó la modernización de la Dirección comprende a todo el conjunto de los funcionarios de Aduana y por todo concepto: cigarrillos, armas, drogas, lavado de activos, propiedad intelectual, etcétera. Son 40.561 procedimientos por un valor de US$ 166.046.670. Dentro de esas cifras están incluidas las operaciones de un grupo bastante cuestionado inclusive a la interna de la Aduana, porque funciona con todas las garantías legales y constitucionales. Me refiero al Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera, integrado aproximadamente por catorce funcionarios policiales a la orden del director Nacional de Aduanas. Este grupo aporta a la DNA su expertise en inteligencia policial y aprendió en colaboración con funcionarios de Aduana de muchos años la inteligencia aduanera. Me refiero a interpretar los documentos únicos aduaneros, etcétera.

En ese mismo plazo, este grupo es responsable por cincuenta y nueve operaciones contra el gran contrabando. Hubo cuatrocientos treinta procesados con y sin prisión, y muchos más detenidos. Los valores incautados fueron por un monto de US$ 12.530.732,86. No tengo noticia de que haya otra repartición que tenga estas cifras.

Simplemente me parece hasta ofensivo; me violenta responder y tengo una instancia judicial‑, voy a responder con una negativa tajante en relación a que el señor Canon se prodiga en atenciones. No sé cuáles son las atenciones. Veo que la señora diputada Bianchi se volvió a sonreír. ¿Que yo paso las vacaciones en Puerto Camacho? Usted tiene todo el derecho a decirlo y le agradezco la frontalidad. Me da la oportunidad de violentarme y, frente a ello, tener que sonreír porque en mi vida he pasado vacaciones en Puerto Camacho, en El Faro o en el Four Seasons. Estuve alojado en el Four Seasons no tengo por qué desmentirlo‑, así como en hoteles como Alerces, San Eugenio del Cuareim, Gran Hotel Uruguay, Hotel del Sol de Colonia, Virrey Pedro de Melo en Melo, Hotel Español, Hotel Plaza en Fray Bentos, Internacional de Rivera, Los Naranjos de Salto, durante todas mis giras. En cada una de las giras que hago algo que no tiene antecedentes en la Dirección Nacional de Aduanas; tengo pruebas de ello voy dos veces por año para visitar administración por administración. De todos estos hoteles a los que voy no sé quién es el dueño ni si tiene algún pasado delictivo; no es mi función averiguarlo.

(Diálogos)

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Quiero aclarar dos cosas. Lo de la negociación colectiva en una parte del tiempo no se cubrió; no es una falsedad. Si quiere mi opinión, no estoy de acuerdo con la negociación colectiva en el ámbito público porque ata al Estado.

Yo no busco los datos en Google, más allá de que sea muy interesante.

Con Fariña se puede hablar, y no me guío por lo que declaró en la prensa porque tuvo distintas etapas. Hay que hacer un trámite muy complicado porque está en el régimen de protegido o protegida y hay que hacer una declaración de confidencialidad. No voy a decir más nada porque estoy obligada por un acuerdo. No me guío por las declaraciones de prensa de Fariña.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Más allá de que usted se retire como lo anunció‑, la sesión de la Comisión continúa, ¿verdad?

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Así es, señor diputado. No me voy a retirar para mantener el quórum. Ya se retiró el señor diputado Omar Lafluf Hebeich a la misma reunión que teníamos en conjunto.

SEÑOR CANON (Enrique).‑ Quiero que haga uso de la palabra el señor Andrés Méndez, administrador de la aduana del Chuy, porque fue el gerente de la gestión operativa aduanera de aquel momento.

SEÑOR MÉNDEZ (Andrés).‑ Quiero hacer un par de consideraciones. Específicamente, voy a detallar cómo selecciona el riesgo la Dirección Nacional de Aduanas. Además, voy a referirme al riesgo vinculado con el contrabando.

Desde la aduana desarrollamos un mapa de riesgo, es decir, una herramienta de gestión que nos permite diseñar las políticas de control, prevención y represión del contrabando en tiempo real. Se trata de un elemento dinámico que nos da indicaciones sobre cómo llevar adelante nuestro accionar, teniendo en cuenta nuestros menguados recursos. En grandes líneas, son motivo de preocupación y de acción el contrabando de comestibles desde Argentina y Brasil, ropa, contrabando de cigarrillos originarios de Paraguay, ropa de origen chino proveniente de importaciones, marihuana, propiedad intelectual, armas, drogas, etcétera.

Como saben, el contrabando es algo dinámico y continuamente cambian los escenarios. Por ejemplo, no podíamos prever la desvalorización en Argentina, que hizo cambiar el escenario. En algún momento, ciertos sectores se vieron perjudicados puntualmente por acciones de países vecinos y acudieron a la aduana para saber cómo se soluciona el fenómeno. Habitualmente, les pedimos que nos ayuden.

Uno de esos fenómenos fue el lavado de activos, que está en la cresta de la ola. Concretamente, para minimizar el riesgo del lavado de activos, desde la aduana se creó un grupo de trabajo conformado por cinco funcionarios con experiencia aduanera que dependen directamente del director de la Sede Regional de Vigilancia, en coordinación con la División de Propiedad Intelectual, Lavado de Activos y Narcotráfico. Tienen jurisdicción nacional y pueden solicitar colaboración e información de forma oficial a todas las instituciones relacionadas adicionalmente y en el día a día.

Se ordenaron recorridas periódicas en todos los puertos deportivos del país. Se instruyó a las sedes regionales de vigilancia a coordinar acciones con los administradores de jurisdicción o por iniciativa propia para que se intensifiquen los controles en los puertos deportivos.

Los administradores fueron instruidos para poner mayor énfasis en el control del tránsito de divisas en sus respectivas jurisdicciones.

En el puerto aeronáutico de Punta del Este se dispuso la recorrida de las marinas diariamente y se coordinó con la Prefectura la comunicación de eventos extraordinarios.

En el puerto de yates de Carmelo, la administración en coordinación con la Prefectura mantiene un control permanente en la zona.

Para el aeropuerto de la laguna del Sauce se reforzaron las guardias y se está en proceso de instalación de un nuevo escáner.

En Riachuelo se reforzaron las recorridas en el puerto por parte de la administración de Colonia con un protocolo similar al del puerto de Camacho.

En Bella Vista, fuimos notificados recientemente por parte de la Dirección Nacional de Hidrografía de su habilitación. Se están coordinando y evaluando las medidas de control y los requerimientos para el responsable del emprendimiento de parte de la aduana de Palmira, junto con la gerencia.

Concretamente, en puerto Camacho se emitió una circular de servicio en la que se dictaron instrucciones explícitas para el control. En ellas se dispone, entre otras cosas, un mínimo de dos recorridas diarias. Además, se continúa concurriendo ante el requerimiento de las autoridades de la Prefectura. La sede afincada en Dolores denominada litoral sudoeste intensifica los controles en el área de influencia de puerto Camacho tanto dentro del predio como en las rutas y caminos que dan acceso a dicho predio.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Para los que no visitamos habitualmente esa zona, ¿dónde está el puerto Camacho?

SEÑOR MÉNDEZ (Andrés).‑ En las inmediaciones de Carmelo, sobre la costa del Río Uruguay. Por la ruta está el Four Seasons y los accesos.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ En cierto momento, usted se refirió al puerto de yates de Carmelo, que es otro distinto.

SEÑOR MÉNDEZ (Andrés).‑ Así es, señor presidente. Está en la jurisdicción de la administración de aduanas de Carmelo.

SEÑOR CANON (Enrique).‑ Quiero hacer dos apuntes más.

Con toda sinceridad, agradezco las preguntas en algún caso podrán violentarme o no porque me dan la posibilidad de explicar todo a los dos señores diputados convocantes. Hay determinadas explicaciones que deberán dar otros en la Justicia, como corresponde. En un Estado de derecho no se puede enlodar así como así el nombre de una persona. De manera que voy a llamar a responsabilidad a aquellos que así lo hicieron para que prueben sus dichos.

Las sedes regionales de vigilancia que mencionó recién el señor Andrés Méndez están referidas en esos informes televisivos y de prensa. En 2013 no soy muy memorioso‑, durante la primera administración que dirigí, pedí expresamente que la aduana de Estados Unidos customs and border protection nos enviara una delegación de asistencia técnica para que viera nuestros puntos débiles en materia de riesgo en territorio. Tenemos el riesgo en mercadería, que cuenta con tres momentos: cargas en arribos, concomitantes cuando la mercadería ingresa al Uruguay y la auditoría a posteriori, después de que la mercadería ingresó a las empresas.

Esta asistencia técnica comprobó los puntos débiles que tiene nuestra frontera, que son muchos más de los que se expresan en las declaraciones de prensa; el señor diputado Ope Pasquet mencionó Riachuelo, tal como yo lo hice a propósito en la conferencia de prensa.

Hay catorce puertos deportivos tal vez más‑, llamados establecimientos náuticos, que están habilitados por la Dirección Nacional de Hidrografía, que es la que tiene competencias en los distintos puntos del país. Por ejemplo, tenemos la marina Santa Lucía y el puerto del Buceo.

Los señores de la aduana de Estados Unidos nos dijeron que nosotros tenemos una primera línea que son los puestos de frontera, una segunda línea que es la vigilancia de cada una de las dieciocho administraciones de la Aduana y que lo que convenía era realizar una tercera línea a través de sedes regionales de vigilancia y que fueran móviles.

Dentro de la modernización de la Aduana, teniendo en cuenta el reglamento orgánico y el decreto de reestructura, se instituyeron cinco sedes regionales de vigilancia, que en buena parte son responsables de las cifras que acabo de mencionar.

Hay una parte de la gestión de riesgo que es difícil explicar, porque es la gestión de riesgo del olfato del aduanero, es la gestión de riesgo en el territorio.

Por ejemplo, si yo les preguntara a los señores Méndez y Dorado, o al jefe de vigilancia, Eduardo Carballo, que tienen experiencia, por dónde pasa el contrabando y qué tipo de mercadería, me lo dicen de acuerdo con sus experiencias.

Esto no se trata de alguna ecuación, algoritmo, estadística o econometría, sino que es experiencia pura. Es cierto que se pueden equivocar porque el contrabando es sumamente dinámico.

El contrabando que se menciona en el ámbito de los grandes contrabandistas y que trasciende a las aduanas, que inclusive es más rentable que la droga, es el de cigarrillos, particularmente en esta zona. ¿Por qué? Porque las fábricas están en Paraguay, y es por todos conocido quién es el dueño de la fábrica. Yo no lo voy a mencionar.

Una vez instituidas, las sedes regionales de vigilancia van en apoyo de una tercera línea de las Administraciones, funcionando las veinticuatro horas del día. Dicho sea de paso, he tenido un conflicto con la Asociación de Funcionarios sobre la nocturnidad de quienes trabajan en dichas sedes. Como no había moneda con qué pagar, esto lo zanjamos por la vía de días de trabajo.

Entonces, el puerto de Riachuelo es uno de los catorce lugares por donde también hay posibilidades de ingreso, además de los amarraderos que existen sobre el Río Uruguay, la playa de la Agraciada, puerto Manzano, etcétera.

Hicimos una modesta simulación sobre cómo la Dirección Nacional de Aduanas podrías cubrir los catorce puertos deportivos e instalaciones náuticas. Eso lo graficamos en abscisas y ordenadas, en el eje cartesiano, y observamos que deberíamos incrementar nuestro presupuesto mediante dos posibilidades. Una de ellas es a través de la rotación de 759 funcionarios que hoy existen, cifra que irá descendiendo por causales jubilatorias hasta llegar a algo más 200 en el año 2025, si no renovamos la plantilla.

Si optamos por esta alternativa, por el solo hecho de pagar los viáticos de funcionarios que deben concurrir a estos catorce puertos cinco funcionarios por puerto para cubrir las veinticuatro horas‑, deberíamos aumentar nuestro presupuesto por fuera de la restricción presupuestal. ¡Es imposible!

Las cifras, al igual que todos los otros elementos, están en la carpeta que entregaré a la Comisión.

La otra alternativa que se prevé es el ingreso de funcionarios públicos, pero existe una restricción al respecto que impide el ingreso al Estado en año electoral. Si la aplicáramos ahora, estaríamos aún más lejos de la restricción presupuestal, pues deberíamos incrementar nuestro presupuesto en $ 59.450.528. ¡Imposible!

Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación de necesidades infinitas en materia de contrabando diverso? Los programas televisivos son morbosamente impactantes; efectivamente, ingresa contrabando en Uruguay. Como dijo la señora diputada, sucede desde la época de la colonia; la aduana nació en nuestro país en 1776, con el Virreinato.

Suponiendo que por un malabarismo contáramos con los recursos para cubrir los catorce puertos deportivos, no se impediría que en el día de mañana, en la playa de la Agraciada, en horas de la noche, ingrese un señor con una bolsita.

Entonces, con los nuevos recursos estamos intentando conseguir cincuenta y dos‑, optaría por que reforzaran las sedes regionales de vigilancia y no estuvieran todo el día en los catorce puertos. ¿Por qué? Porque el criterio de la Dirección Nacional de Aduanas es austero, porque nos vamos a arreglar con los recursos que tenemos. En todo caso, superaremos ineficiencias, cambiaremos procedimientos y desterraremos procedimientos que no agregan valor; no olvidemos que se trata de una organización con una larga tradición y hay cosas que se enquistan.

En definitiva, hacer eso sería dilapidar los recursos públicos del contribuyente, sobre todo cuando hay un clamor por disminuir el déficit fiscal y mejorar la calidad del gasto del Estado. Y yo soy conteste en eso porque soy responsable del manejo de los fondos públicos de terceros.

Quiero hacer esta declaración de principios. Como director Nacional de Aduanas no me corresponde participar en la puja distributiva que se desata cuando se considera un proyecto de ley de presupuesto o de rendición de cuentas. Entiendo perfectamente el concepto de restricción presupuestaria y el de costos alternativos. En criollo sería: "desvestir a un santo para vestir a otro" o "cuando la manta es corta, te tapas los pies o la cabeza".

Es más, estoy de acuerdo con el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas le planteó al Parlamento para la Dirección Nacional de Aduanas. Las necesidades son siempre infinitas y la DNA es austera, y trata de suplir la brecha entre las necesidades infinitas y los recursos finitos con inteligencia, innovación, gerenciamiento y productividad del trabajo, a la vez que eliminamos procedimientos duplicados, innecesarios o que no agregan valor.

Esto es reconocido por otras aduanas del mundo. Crean o no, puedo certificar que la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay, por su modernización, es referente en América, y que es vista con mucho beneplácito en la Organización Mundial de Aduanas.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Quiero retomar una de las consultas que realicé cuando se presentó el tema.

Creo que todos los organismos de contralor deberían aplicar ese análisis de riesgo. Quisiera saber si es más riesgoso controlar los catorce puertos que los miles de vehículos que ingresan a través de los puentes en la época estival.

SEÑOR CANON (Enrique).‑ Cuando tenemos una fila de autos de 14 kilómetros para ingresar en la temporada estival, aplicamos selectividad; si no lo hiciéramos sufriría el turismo de Uruguay.

El administrador gobierna y ejerce la selectividad, que puede ser un auto cada veinte, uno cada cincuenta o uno cada cien. A los ocupantes del vehículo que se detiene se le solicitan los documentos y se revisan el interior del auto y el baúl. La selectividad dependerá del flujo de turistas.

Hay que entender el riesgo que esto implica, riesgo que nosotros tomamos y que compartimos con la Dirección Nacional de Migración; ayudamos a dicha Dirección, instalándole un contenedor para que el flujo de turistas fuera más rápido, porque es interés de la Dirección Nacional de Aduanas tener un turismo que aporte a nuestro Producto Bruto y a nuestro bienestar.

Digo más: esto es costo oportunidad. Si los recursos escasos que tengo no me quejo los oriento exclusivamente hacia el lavado de dinero, ¿qué pasa con el contrabando de cigarrillos?

Inmediatamente tendría al señor Mailhos en mi escritorio, con quien tengo una muy buena relación, planteándome este problema. Y yo lo comprendo.

¿Qué pasa con los dueños de los shopping, que también vienen a mi escritorio a decirme que hay que tener presente el contrabando de vestimenta que viene de Argentina, de la Salada o de la Saladita?

Es decir, los riesgos son inabarcables en su totalidad.

¿Qué pasa con los puestos de trabajo, con el bienestar del ciudadano uruguayo, si la Aduana en la medida de sus posibilidades no protegiera esto o descuidara un riesgo para proteger a otro?

Es una combinatoria tomada de equis, bien complicada de llevar adelante.

Lo tratamos de hacer con la mayor profesionalidad posible, con el sacrificio y la colaboración que debo reconocer de la mayoría de los funcionarios de la Aduana.

He dicho varias veces que hay una minoría de funcionarios de Aduanas que no responden a estas directivas.

Entonces, cuando se dice que ingresa contrabando porque hay funcionarios que tal cosa, yo afirmo que es muy fácil decirlo, pero muy difícil probarlo. Y probar que un funcionario público incurrió en un delito ustedes lo saben porque estudiaron la Constitución es muy difícil.

En estos momentos tenemos problemas con investigaciones que estamos llevando adelante con determinadas fiscalías, porque no quieren aceptar determinadas pruebas. Y como soy absolutamente respetuoso del Estado de derecho, si la fiscal no quiere acusar, no acusa; y si el juez quiere absolver y no procesar, está en todo su derecho. Yo tengo la obligación de aportar todas las pruebas que tengo. Y si no tengo pruebas ni denuncias, lamentablemente, no puedo hacer nada.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Voy a hacer algunos comentarios probablemente, los últimos con respecto a lo que aquí se ha dicho.

En primer lugar, reconozco con satisfacción que las respuestas del contador Canon han sido directas. Le hicimos preguntas directas y contestó directamente; eso es buena cosa. A menudo eso no sucede; llegan jerarcas con una nube de asesores que durante dos horas hablan de generalidades y cuando empiezan a hablar sobre la materia, se terminó el tiempo. Esta vez no fue así y corresponde reconocerlo.

La incongruencia del modo condicional y otros tiempos lo dejamos para otro día; ahora no vamos a discutir sobre gramática.

La composición de lugar que me hago es que para la Dirección Nacional de Aduanas, puertos Camacho, Buena Vista, etcétera, no merecen atención especial o, al menos, no la habían merecido hasta que detonaron todos estos episodios.

De acuerdo con lo que nos informó el señor Méndez, se tomaron una serie de medidas que indican que los puertos deportivos pueden ser objeto de atención, y lugar de eventual ingreso ilegal de divisas también. Es decir que se adoptaron medidas para controlar esas situaciones, o sea que pudieron haberse tomado. Pero no sucedió antes porque puerto Camacho, etcétera, no merecían especial atención.

No me parece de recibo el razonamiento que plantea que como no se puede detener a los catorce kilómetros de autos en fila que entran en la temporada turística, entonces no se controla nada. Eso es una falacia bien conocida; como no puedo controlar todo, no me pueden exigir que controle nada. No es así.

Estamos todos de acuerdo en que hay que actuar con sensatez, que no se pueden frenar esas caravanas de autos que ingresan al país que son motivo de notas periodísticas‑, pero eso no significa que debamos establecer un criterio según el cual nadie controla en puerto Camacho. Es un puerto deportivo enclavado en un barrio privado, lo que añade cierta privacidad extra. Además, según se supo después, concurren figuras de la escena política y del espectáculo argentino, lo que llama particularmente la atención.

Según dijo el contador Canon, nadie le avisó nada. Ningún servicio de inteligencia le llamó la atención; no tenía ningún dato que justificara poner atención especial sobre ese lugar. Por lo visto, esa unidad de inteligencia aduanera que funciona en la aduana, tampoco informó absolutamente nada. O sea que para la Dirección Nacional de Aduanas, puerto Camacho era un punto cualquiera, como uno de los tantos que tiene nuestra frontera, que no merecen ninguna atención particular. A mí esto me resulta chocante, porque como se ha dicho, hace mucho tiempo que desde Argentina se está diciendo que por allí pasan cosas, que hay lavado de dinero, que hay acuerdo de un señor Cantón con el señor Faraón. Sin embargo, a criterio de la Dirección Nacional de Aduanas, esa información no justificaba ninguna medida de vigilancia especial.

De todo esto yo infiero que al decir: "No podemos controlar todo, los recursos son limitados, las necesidades son infinitas", hay una actitud de modestia ante las dificultades que presenta la realidad. Está bien; tomamos nota. Es una declaración franca que valoramos como tal.

Hay una incongruencia manifiesta entre esas declaraciones y otras que dicen que en Uruguay no pasa lo mismo que en Argentina; que acá está todo perfectamente regulado, controlado y establecido. Se expresa una suficiencia y satisfacción con el estado de cosas que el examen de la realidad no justifica.

Acá se ha venido a reconocer limitaciones, ya que se ha dicho que no se puede controlar todo; que se hace lo que se puede; que no tuvimos ningún dato, ninguna denuncia y no surgió de nosotros una investigación que condujera a tomar medidas extraordinarias en ese lugar. Está bien; es una declaración franca. Pero no se puede continuar haciendo declaraciones jactanciosas, expresando que Uruguay no es Argentina y que acá no pasa nada. Evidentemente, eso no corresponde.

Tomo debida nota, porque yo hice la pregunta directa y el señor director contestó directamente. El señor director dijo que no ha recibido ninguna atención de este señor Cantón.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ El trasiego de efectivo no necesariamente constituye lavado de activos. Cuando se trata de cantidades mayores a los US$ 10.000 puede ser una infracción y está previsto su decomiso.

Las convenciones internacionales que luchan contra el lavado de activos hablan de la utilización de ese efectivo que ingresa al circuito y daña la economía de un país, con la adquisición de bienes.

Nosotros como parte del gobierno‑, decimos que hay una serie de leyes algunas han contado con respaldo de todo el sistema político y otras no como la de la transparencia fiscal, la inclusión financiera, la ley de lavado integral de activos y la inclusión de nuevos delitos precedentes del lavado de activos, que nos colocan en una situación distinta al resto de los países.

Creo que la señora diputada Bianchi quiso hacer referencia al caso Balcedo y no al Cambio Nelson que me gustaría muchísimo poder investigarlo, aunque no hemos tenido oportunidad‑, pero no quise interrumpirla para no distorsionar.

Obviamente, el señor Balcedo ingresó efectivo al país, pero ni un dólar pasó por el sistema bancario. Hizo operaciones porque en ese momento estaba permitida la compra de bienes con efectivo; hoy no pueden hacerse. A partir de la entrada en vigencia de la ley de inclusión financiera no pueden hacerse operaciones la compra de inmuebles está incluida mayores a determinado monto.

El señor Balcedo tenía en cofre fort todo lo que había surgido, se supone que de algún lugar, que de Argentina. Ese es un aspecto que hay que resolver, pero no le vamos a preguntar a las autoridades de la Aduana cómo se deben controlar los cofres fort.

Hacíamos hincapié en que nuestra situación es distinta a la de los demás países, porque a través de sucesivas Legislaturas logramos tener normas que impiden que se realice la última etapa del lavado de activos, es decir, la transformación en bienes. Algunas de esas leyes recién comenzaron a regir en abril de 2018.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Ratifico lo dicho por el colega Ope Pasquet. Ambos estamos trabajando en el tema y más o menos vamos recogiendo la misma información de distintas áreas del Estado.

A nosotros nos preocuparon mucho las declaraciones del Ministerio de Defensa Nacional cuando afirmaron que no tenían radares ni posibilidades.

Coincido con el señor diputado Pasquet en que sus respuestas han sido mucho más directas que las de otras autoridades, y se lo agradecemos.

Nos vamos con la idea de que hay falta de colaboración interinstitucional. No sé si eso podrá resolverse a través de una ley; como esta Comisión tiene fines legislativos tendrá que discutirlo. Desde el año 1994 estamos peleando al menos quien habla por una ley que Uruguay no tiene días pasados lo reclamó el fiscal Díaz de cooperación penal internacional que aseguraría mayor eficacia y eficiencia en el control de delitos trasnacionales. Evidentemente, nosotros estamos fallando en la interinstitucionalidad interna. Repito lamento si aburro que no puedo entender la situación, porque esto estaba en conocimiento de la Secretaría Antilavado, que forma parte de la Presidencia de la República.

Estoy de acuerdo con lo que se dijo respecto al olfato del aduanero. Como sucede con los funcionarios de todas las áreas que tienen expertise, van teniendo olfato. Pero no entiendo cómo el olfato no funcionó con puerto Camacho, la zona del faro, y toda esa zona; es obsceno.

Quiero ser honesta y decir que la semana pasada yo fui a Carmelo; no vi ninguna cosa especial. Está claro que no tienen los recursos.

En esta relación costo beneficio que, obviamente, tenemos que hacer, me preocupa mucho la plata del terrorismo. Los terroristas andan con plata física y, por supuesto, la corrupción argentina. Después que Cristina perdió las elecciones se produjo una estampida para sacar plata física. Tenían plata física en Argentina y tuvieron que sacarla. En consecuencia, hay plata física que debe interesarnos.

Para que quede claro, quiero decir que en cofre fort, Balcedo tenía plata física que había entrado.

Reitero que nos tiene que preocupar la plata física del terrorismo que entra. Entiendo que lo que entra por el sistema financiero no es responsabilidad de ustedes.

Me pregunto si no será necesario destinar más recursos a esas áreas sensibles. Ustedes serán quienes lo deben decidir. Lo digo con todo respeto, pero no comparto que pase de todo, en pos del turismo y de lo que significa para la economía nacional. Cuando yo viajé en el Eurostar, pude ver que los controles para salir de Londres eran muy rigurosos; se realizaban en forma muy correcta y eficiente. Había mucha gente, se armaban colas, pero nadie se quejaba. Los controles son similares ya sea que uno ingrese por vía aérea o ferroviaria. Había escáners por todos lados; no sé cuánto cuesta uno. Pero si tomamos en cuenta las cifras que tenemos aquí, no debe resultar muy caro.

Ya no tenemos la posibilidad de la rendición de cuentas, pero procuraremos darles más recursos.

Quiero reiterar que entiendo muy positivo el hecho de que las respuestas hayan sido directas. Confiamos en todo lo que nos han dicho. Creo interpretar al señor diputado Pasquet y siento que nos vamos con esa sensación que he relatado.

Insisto en que la plata de la corrupción argentina me preocupa muchísimo pero, en definitiva, es plata; muchísimo más me preocupa el terrorismo y la plata que aquí circula.

Quiero aclarar por enésima vez que la ley de lavado de activos la votamos todos los partidos políticos. Yo fui la miembro informante de toda la oposición. No votamos algunos artículos puntuales, porque entendíamos que no estaban bien. Inclusive, vino la Senaclaft a decir que volvieron a reunirse con todos los colectivos, con los agentes no financieros, para ver si resolvían algunos problemas en el decreto. Además, la Cátedra de Derecho Penal nos recomendó que no lleváramos adelante ciertas cosas porque estaban basadas en el Derecho anglosajón y no en el romano, lo que implicaría un montón de problemas.

Estoy de acuerdo esto está relacionado con lo que acaban de decir respecto a la corrupción de algunos funcionarios, que seguramente son minoría; esto puede salir de acá que no vamos a salir de esa situaciones donde no hay pruebas, hasta que no tipifiquemos el enriquecimiento ilícito como delito autónomo y como precedente al lavado de activos, porque con las coimas no se dan recibos, pero el enriquecimiento ilícito se nota. Yo perdí esa batalla en el comité operativo y también acá

Hay un proyecto de ley en el Senado, presentado hace tiempo. La estamos perdiendo porque no tenemos los votos.

Por otro lado, también está claro yo no discuto el pasado; yo discuto el presente y el futuro que si Gafi y la OCDE no nos hubieran impuesto esas condiciones, no sé cuál sería la legislación. No hago futurología.

Gracias, señor presidente y gracias a ustedes por la buena voluntad.

SEÑOR CANON (Enrique).‑ Simplemente quiero hacer tres o cuatro precisiones.

Por razones de economía procesal, no mencioné el puerto de Amberes. El puerto de Amberes le está quitando a los puertos españoles el carácter de ingreso de toda la droga que va a Europa. ¡Y estamos hablando del reino de Bélgica, que tiene muchísimos más recursos que Uruguay! Tiene también un territorio pequeño. De manera que no es solo un problema del Estado uruguayo o de la Aduana uruguaya. Es un problema internacional. Tengo la misma preocupación de la diputada. Es más, me ocupo del tema del terrorismo y del de lavado de dinero en todo lo que se puede

En particular, para mí, la defensa frente al lavado dinero es un sistema. El primer punto es Migración, Prefectura, Aduana, Armada Nacional, Fuerza Área, la inteligencia del Estado, pero después viene como bien señalaba el señor diputado Asti toda la legislación, que bienvenida sea y la apoyo con todo.

La cooperación interinstitucional siempre se puede mejorar si es por vía legislativa. No me corresponde a mí, pero estoy de acuerdo con la diputada.

También contará con todo mi apoyo si se aprueba algo que combata el enriquecimiento ilícito y lo señale como un precedente delito, o como fuere.

Quiero aclarar, reconociendo la buena voluntad y el derecho de opinar de cada uno, que el espíritu que señalaba el señor diputado Pasquet no es el que yo quise trasladar; o me equivoqué o debo haber fallado en todas mis expresiones. El espíritu no es derrotista; no es de prescindencia del Estado, y mucho menos de la Dirección Nacional de Aduanas. Yo no puedo dejar de ser un funcionario público; soy servidor público. Tengo una formación universitaria. Soy uruguayo; tengo enorme agradecimiento al Uruguay. No es el espíritu pensar que como no tengo los recursos que se requerirían no me voy a preocupar, sino al contrario: con los limitados recursos que tiene un país como el Uruguay, nosotros hacemos lo mejor que podemos. Efectivamente, cuando ingresé a la Dirección Nacional de Aduanas había 1.300 funcionarios. Al día de hoy somos 758. Hacemos más y mejores cosas que las que hacíamos entonces.

En consecuencia, estoy convencido de que hacemos más y mejores cosas que anteriores Administraciones, con las cuales sí tengo que competir y disputar, mostrando los logros; mostrando qué se hacía antes en la Aduana y qué se hace hoy. Esto no quiere decir que no haya contrabando, cosas para mejorar, lugares débiles. No, no; todo lo contrario. ¡Bienvenidas sean las críticas, sobre todo si vienen del Poder Legislativo, de las que, como he dicho, soy partícipe cien por ciento! He defendido las libertades públicas, y me tuve que ir al exilio por ello. Soy defensor del Poder Legislativo y de que funcione como un órgano de contralor, de investigación, legislativo; que me llamen las veces que quieran para contestar lo que sea.

Muchas gracias por habernos recibido.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Celebro lo que acaba de decir el señor Director Nacional de Aduanas. Me alegra que esa sea la actitud. Seguramente lo interpreté mal, porque lo que vengo entendiendo desde las declaraciones de finales de agosto hasta las primeras que hizo en la comparecencia de hoy, es una actitud de resignación, de decir: "Se hace lo que se puede; esto es lo que hay".

Ahora bien, si la actitud es esta que acaba de indicar que, repito, celebro, la conclusión es que tenemos que encender una luz roja de alarma, porque están pasando cosas muy graves. Si entraron no sé cuántos millones de dólares y no es que bajan los señores del auto con la familia y el perro para veranear en Atlántida, sino que vienen en yate y desembarcan no sé cuánta plata, y no queremos resignarnos a eso lo cual está muy bien y no tenemos los medios para enfrentarlo, prendamos las luces rojas: asumamos que estamos en una situación muy delicada que reclama nuestro mayor esfuerzo, porque están ocurriendo cosas que no nos gustaría que sucedan.

"No somos omnipotentes, no las sabemos todas, tenemos recursos limitados, pero sabemos que enfrentamos una situación difícil y comprometemos nuestro celo y nuestro empeño para enfrentarla y combatirla". Ese es el discurso que, en mi opinión, estaba faltando. Yo veía el otro: por un lado, estamos impecables y, por otro, hacemos lo que podemos. Me falta la del medio, la de decir: "No estamos impecables, hay carencias, no nos resignamos. Vamos para adelante y haremos más cosas que las que estamos haciendo, y mejor todavía. Y ¡cuidado!, que los vamos a perseguir hasta abajo del catre si están trayendo los millones de dólares que no deben ingresar acá".

Esa es la cosa.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ No quiero introducir nuevos temas políticos, pero necesito dejar una constancia.

Si hay interés en legislar por supuesto que ha sido reclamado desde varios lugares respecto del enriquecimiento ilícito, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar sobre ello. También debemos tener en cuenta, como se dijo en algún lado, que no se actuó por advertencias de la cátedra. La cátedra, en general, está en contra del enriquecimiento ilícito. El doctor me lo asevera. Tengamos en cuenta también lo que se plantea en ese sentido.

Puedo cometer una infidencia, pero en una de las modificaciones que teníamos prevista para el tema de las declaraciones juradas estaba también tratar ese asunto.

Además digo que cuando se hace referencia al proceso legal de crecimiento de las nuevas normativas para dificultar el tema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha sido dispar el apoyo que hemos tenido; no toda la norma en general, sino algunas específicas, como fue la de transparencia internacional, la inclusión financiera y el lavado de activos en particular, con algunos sujetos obligados y algunos delitos precedentes del lavado de activos. Ha sido dispar.

Agradecemos a la delegación de la Dirección Nacional de Aduanas.

Seguramente, todo lo que acá se ha dicho, que queda reflejado en la versión taquigráfica, será motivo de nuevos intercambios en esta u otras comisiones.

Se levanta la reunión.

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.