Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay
 

Comisión Especial con Fines Legislativos
de Transparencia, Lucha Contra el Lavado
de Activos y Crimen Organizado

Carpeta Nº 2312 de 2017
  Versión Taquigráfica N° 1234 de 2017

LAVADO DE ACTIVOS

Actualización de la normativa vigente

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 5 de octubre de 2017


(Sin corregir)


 

PRESIDE:   Señora Representante Graciela Bianchi (Vicepresidente).
 
MIEMBROS: Señores Representantes Alfredo Asti, Germán Cardoso, Roberto Chiazzaro y Jorge Gandini.
 
INVITADOS: Por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, contadores Selio Zak y Félix Abadie.
 
SECRETARIO: Señor Eduardo Pérez Vázquez.
 
PROSECRETARIO:   Señor Héctor Amegeiras.  

 

SEÑOR SECRETARIO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de la Cámara de Representantes, corresponde elegir un vicepresidente.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  Propongo como presidenta a la señora diputada Graciela Bianchi Poli.

SEÑOR SECRETARIO.  Se va a tomar la votación.

SEÑOR ASTI (Alfredo): Voto por la señora Representante Graciela Bianchi.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela): Por el señor Representante Asti.

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto): Por la señora Representante Bianchi.

SEÑOR GANDINI (Jorge): Por la señora Representante Bianchi.

SEÑOR SECRETARIO: Han votado cuatro señores Representantes, tres lo han hecho por la señora Representante Bianchi y una lo ha hecho por el señor Representante Asti. En consecuencia, queda elegida vicepresidente de la Comisión la señora Representante Graciela Bianchi, y se le invita a ocupar la presidencia.

(Ocupa la Presidencia la señora representante Bianchi Poli)

SEÑORA PRESIDENTA (Bianchi Poli).  Habiendo número, está abierta la reunión.

(Ingresa a Sala una delegación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay)

La Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado tiene el gusto de recibir al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, representado por su presidente, el contador Selio Zak y por el contador Félix Abadi. Tiene la palabra para realizar la exposición introductoria su Presidente, el contador Selio Zak.

SEÑOR ZAK (Selio).  Queremos agradecer a la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado por recibir al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

Como hemos mencionado en audiencias anteriores, deseamos explicitar que nuestra institución brega firmemente por el combate al lavado de activos dentro de las normas constitucionales.

Ya hemos manifestado en otras audiencias que, como Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, estamos en desacuerdo con ser sujetos obligados en el proyecto de SENACLAFT, ya que disponemos de pronunciamientos que nos dan los recaudos que los colegas deben de tomar en cuenta frente a las anomalías que puedan presentarse.

Se ha avanzado con la aprobación del proyecto en la comisión del Senado, en cuanto a la confección de informes de revisión limitada de estados contables, en las condiciones que establezca la reglamentación, y con la confección de informes de auditorías de estados contables, pero al leer la versión taquigráfica de este respetuoso Cuerpo, nos encontramos en la obligación de aclarar lo planteado de intentar rever lo referente al informe de compilación.

Como parte del largo proceso de discusión de este proyecto, tanto en la Senaclaft, como en la mencionada comisión de la Cámara de Senadores, la compilación de estados contables quedó, junto con otras actividades, específicamente descartada como actividad, cuyo desarrollo por parte de los contadores públicos disparara la obligación de reportar operaciones sospechosas e inusuales.

Me voy a referir al trabajo del informe de compilación. La compilación de estados contables es un trabajo profesional, en el cual se intenta presentar en informes de estados contables todo lo referente a la registración contable, con lo cual no da veracidad en cuanto a las operaciones. Incluye afirmaciones de la dirección

Este trabajo profesional tiene como objetivo asegurar que dicha información es presentada en forma de estados contables, cumpliendo con las normas aplicables en materia de exposición. No brinda seguridad en cuanto a la información en sí misma. Eso es lo concreto en cuanto al informe de compilación. Los procedimientos empleados no están diseñados y no permiten al contador expresar ninguna certeza sobre la información financiera.

También debemos mencionar que hay actividades que, por la importancia que tienen para el país, entendemos que no debe exigírseles, en ese caso, el informe de compilación, sino el informe de revisión limitada o el informe de auditoría.

En lo que se refiere al informe de revisión limitada, también tiene un grado de mayor profundización de las normas contables que el informe de compilación, pero tampoco se llega a conclusiones. Se revisan los procedimientos de contabilidad y las normas para ver si están bien aplicadas. Si hay errores importantes, el contador tiene herramientas para visualizar la eventualidad de reportar.

En la revisión limitada, el carácter carece de la profundidad necesaria para poder identificar la existencia de complejas operaciones que pudieran significar delitos precedentes de lavado de activos.

Tanto el informe de compilación, como el de revisión limitada -en esto queremos poner especial énfasis-, se refieren a hechos históricos en cuanto a las operaciones y no hay flujos financieros, por lo que no se refieren a la figura de delito precedente de lavado de activos.

También queremos mencionar que el ejercicio de la profesión se basa en la confianza entre el cliente y el profesional, por lo que resulta imposible ejercer la profesión sin estas garantías. Es necesaria la plena aplicación del secreto profesional.

Según expuso anteriormente este Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, esta inclusión dañará el necesario entorno de confianza que debe regir la relación con profesionales, cuyo rol resulta fundamental en materia de cuestiones económicas.

Queremos poner especial énfasis en que no defendemos a los profesionales que se alejan de sus cometidos. Para estos profesionales ya existen normas que regulan dicho incumplimiento.

El lunes pasado se realizó la asamblea en el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y los colegas quedaron realmente muy preocupados respecto a que estas normas ponen en peligro el ejercicio de la profesión, ya que en la realidad la tarea de los contadores es muy distinta a como se pretende plantear en la ley. Hay miles de contadores muy preocupados por este tema, que no es económico. Se crea una brecha entre contadores dependientes e independientes, ya que la revisión limitada la puede hacer un dependiente.

Reiteramos, entonces, que consideramos que no debemos ser sujetos obligados, pero en el caso de que la revisión limitada quedara, entendemos que los umbrales tendrían que ser fijados por ley.

Solicitaríamos que se dé la palabra al contador Félix Abadi, catedrático de Técnica Tributaria y actual presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.

SEÑOR ABADI (Félix).  Me sumo al agradecimiento de que nos hayan recibido en esta comisión para plantear nuestros puntos de vista sobre el proyecto a consideración.

Creo que el contador Selio Zak hizo una excelente síntesis, tanto de lo que vino siendo el proceso, como su contenido y los puntos que merecen objeción y preocupación al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

El proceso deliberativo, con intervención del Colegio comienza, inclusive, antes que la etapa legislativa. Tuvimos un fluido relacionamiento con la Senaclaft -como lo tuvo con tantos otros colegios-, que debemos calificar de sumamente transparente, abierto, honesto y que aportó mucho al proceso. Aún así, evidentemente, tenemos algunos puntos fundamentales de discrepancia y objeción. Creo que el contador Zak hizo una brillante síntesis de los puntos.

Voy a recoger solamente algunos aspectos puntuales que me parece interesante reforzar e, inclusive, tratar de proyectar el comentario un poco más allá de lo que es exclusivamente la figura o la actuación de los contadores públicos. ¿Por qué digo esto? Aquí lo que está en juego es la inclusión efectivamente de los contadores públicos como sujetos obligados a reportar. Vale la pena recordar que eso ya había sido propuesto oportunamente en su momento en conjunto con los abogados y escribanos, y los tres profesionales habían quedado excluidos; tiempo después, los escribanos fueron incorporados por una ley específica. Los argumentos que se llevaron a cabo en oportunidad de la aprobación de la Ley N° 17.835, en una muy profunda e interesante discusión parlamentaria que ya hemos mencionado, es bueno traerlos a colación para esta instancia, porque siguen siendo los mismos. La normativa positiva uruguaya, empezando fundamentalmente por la constitucional, que fue la invocada en aquel momento, sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado, y somos conscientes de eso, es el entorno internacional, pero no necesariamente ha sido acompañado con cambios a nivel de nuestra Carta Magna, que rige nuestra actividad parlamentaria en general y el destino del país. Que en el mundo se hayan dado acontecimientos y que se estén flexibilizando los derechos individuales, no cambia nuestra Constitución. Nosotros lo planteamos desde la óptica de contadores públicos, pero también como ciudadanos.

Quiero profundizar un poco, aterrizando el tema en los contadores, para ver a qué me estoy refiriendo exactamente. A la hora de incluir agentes económicos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales, vinculadas a delitos precedentes de lavado de activos, hasta ahora el foco estaba puesto en agentes económicos que de alguna forma participaban, intermediaban, en operaciones comerciales concretas, en flujos financieros concretos, sea que estuvieran haciéndose o que fuera inminente su realización. Desde esa óptica se decía: ese agente económico que queda en el medio, involucrándose en la implementación de determinada operación, tiene que ser una barrera, y puede serlo, para neutralizar la acción del lavado de activos. Está muy bien encarado así. Si yo no pude desalentar desde el inicio a ese presunto delincuente de incurrir en actividades que constituyen delitos precedentes del lavado de activos, todavía tengo una segunda chance: complicarle, neutralizarle, obstaculizarle el propio lavado del activo. Es algo así como decir, si no pude convencerte de que no te involucres en el narcotráfico, te voy a obstaculizar a la hora que tu quieras hacer el uso o la aplicación de esos fondos, con la esperanza de que esto actúe como un factor disuasivo en el futuro para otros agentes o personas que pudieran verse tentadas de ese tipo de actividad. Ese es el objetivo y lo que está en juego en este tema.

De esta forma el foco se vino poniendo en una operación y adquisición de un inmueble, en un flujo financiero en un banco, y demás actividades que representan una operación o la inminencia de una operación concreta.

Con la inclusión de los contadores públicos que propone este proyecto se establece una serie de actividades desarrolladas por estos que precipitarían o generarían la obligación de reportar. Eso está recogido en el literal J) del artículo 13 del actual proyecto. Si repasamos esa nómina de actividades, nos vamos a encontrar rápidamente con que, si bien hay una diferencia en el acápite respecto a los abogados -al cual quiero hacer mención posteriormente-, el listado resulta coincidente conceptualmente con el listado previsto en el literal correspondiente a los abogados y también con el correspondiente a los escribanos, salvo los numerales IX) y X) del literal J) que agregan actividades muy específicas al desarrollo profesional. El numeral IX) se refiere a la confección de informes de revisión limitada de estados contables en las condiciones que establezca la reglamentación y a la confección de informes de auditorías de estados contables.

¿Qué es lo que le preocupa al contador de este tema? Queremos dejar un mensaje importante aquí. Esto le debería preocupar en general al sistema legislativo y al país en su conjunto. Estas dos actividades que se mencionan difieren sustancialmente del resto de las mencionadas para el propio contador y para el resto de los agentes económicos, incluyendo al sector financiero. Aquí no hay una inminencia de una operación comercial, de un flujo financiero; acá hay una actividad que tiene que ver con el acceso a la información, que supuestamente se lo hace en base a principios de secreto profesional con cobertura constitucional, a la cual accede un profesional en el desarrollo de un servicio. Esto es sustancialmente diferente a lo que tenemos. No es que hay una compra de un inmueble -que también está incluida al igual que otros agentes-, sino que yo profesional, en el marco de un servicio de revisión, de auditoría, estoy accediendo a una información para emitir una opinión determinada sobre esos estados financieros. Ese acceso de información que tengo es en virtud de mi rol y de mi actuación profesional. ¿Qué significa esto? Que a la hora de identificar e incluir actividades susceptibles de generar obligaciones de reportar, ya no solo estamos poniendo el foco en que la actividad suponga la inminencia de una operación comercial o financiera, sino en otra cosa, que es el acceso a la información útil, como se ha manifestado en más de una oportunidad. Este es un camino peligroso y preocupante desde un punto de vista que excede la labor del contador. ¿Por qué? Porque no tiene límites. Yo me pregunto: la información que saben los amigos de esta persona, ¿no es útil? Vaya que lo es. La información que sabe la esposa de esta persona que ha cometido algún delito precedente, ¿no lo es? Vaya que lo es. La que sabe su vínculo social, sus empleados, sus socios, también lo es. ¿Cuál es el límite de esto? ¿A dónde vamos a llegar con este nuevo criterio de estos modestos numerales que estamos incluyendo dentro de una ley muy grande? Que es preocupante para la actividad profesional, sin duda. Que es preocupante para los clientes que contratan la actividad profesional, sin duda. Pero lo que yo quiero comentar aquí es que debemos considerarlo como un paso muy relevante.

Atrás de esto -poniéndonos más técnicos- hay una verdadera posibilidad de autoincriminación de la persona. Si yo como profesional le pido acceder a la información, a la documentación, en un marco que puede ser obligado al agente económico, a la empresa, cómo no va a existir esa posibilidad. Porque una revisión limitada y una auditoría puede estar impuesta por algún organismo público, pero puede ser voluntaria. Entonces, esa empresa me permite acceder a determinada información quizá con el único objetivo de controlar genuinamente y con buena intención cuáles son las irregularidades que pudiera haber. Si nosotros consideramos que en paralelo se está incluyendo como delito precedente la defraudación tributaria, lo que puede estar sucediendo es que con cierta intención, sin intención o inclusive con una intención no necesariamente coincidente con quien me está pidiendo ese servicio, estemos en una operación sospechosa en un área resbaladiza si las hay. Por lo tanto, esa intención muy loable de controlar, de regularizar eventualmente cualquier apartamiento que pudo haber habido, se convierte en una verdadera autoincriminación, porque el contador tiene que hacerlo saber, para que esa información se maneje de la forma que mejor parezca y, por supuesto, va involucrar automáticamente a la DGI; esto solo para decir una de las hipótesis que tengo.

Voy a ser más claro con un ejemplo. Imaginemos un caso donde se solicita una auditoría por el accionista, porque quiere controlar el rol y el comportamiento del directorio de esa empresa, y supongamos que este directorio, a espaldas del accionista -sucede- ha cometido determinados ilícitos, sea porque quiere mostrar mejor performance, porque tiene retribuciones asociadas a mejores resultados, y ha incurrido en actividades directamente defraudatorias. Cuando el accionista me contrata como auditor no me está pidiendo que yo vaya a denunciar a la empresa a la DGI, sino que le suministre alguna información a efectos de adoptar medidas, hasta apartar el directorio. Pero no está pensando en que yo vaya a la DGI a denunciar este problema. No quiere denunciar a su empresa. Probablemente, quiera regularizarla y tiene el derecho de hacerlo. Él no quiere autoincriminarse. Con esta medida vamos a obstaculizar ese tipo de operaciones. La relación auditor-revisor, con su propia empresa, lejos de ser una actitud colaborativa se va a convertir en una relación confrontativa. Las actitudes confrontativas son actividades en las cuales hay desconfianza entre las partes, no hay apertura de información y documentación. Es decir, se va a sentir inspeccionado como si fuera la DGI.

En cuanto a la segunda vía de contratación de este servicio que mencioné, una es voluntaria, y acabo de dar un ejemplo. Pero vayamos al caso de que sea un organismo público el que impone esta obligación de auditoría o revisión limitada, sea la DGI o cualquier otro organismo público de contralor. Me pregunto: ¿no está habiendo aquí una suerte de delegación de las obligaciones que tienen base constitucional del Estado en ese rol de fiscalización y de contralor? Si a mí me obligan a hacer una actividad en el ámbito privado y a denunciarla, de alguna forma estoy cumpliendo el rol del inspector. Digo esto, más allá de la violación del principio del secreto profesional, de la autoincriminación. Como contador, mis conocimientos en materia constitucional obviamente son limitados, pero hemos tenido conversaciones y asesoramientos en esta materia. Estamos poniendo en tela de juicio el cabal y total cumplimiento de estos preceptos constitucionales. Creo que el paso que vamos a dar en esta materia es delicado. Insisto en que esta primera instancia afectaría directamente a la actividad profesional. Me proyecto más allá de la actividad profesional y me preocupa particularmente que el criterio que se pase a adoptar para la incorporación de actividades sea el acceso a información útil porque sabemos dónde empieza eso, pero no dónde termina. Hay muchas informaciones útiles. En un extremo, si pusiéramos un chip a cada persona para que nos diera la información que hace diariamente, ¡vaya si sería útil! Lo que pasa es que tenemos un freno: los derechos individuales y la Constitución. Repito que el hecho de que desde el ámbito internacional hayan ido por ese lado, sin una activa presencia ni participación y no pudiendo Uruguay cambiar las cosas, no significa que se haya cambiado la Constitución en nuestro país. Acá estamos hablando del mantenimiento y de la conservación de los principios constitucionales.

En la misma línea de los principios constitucionales, creemos que es altamente probable que esta medida no cumpla con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que se están reclamando por la doctrina y por la propia jurisprudencia para limitar los derechos individuales por interés general, tal como lo prevé la Constitución. Al respecto me permito traer a colación una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia, vinculada con la ley de medios. Me refiero a la sentencia Nº 79, del 5 de abril del año 2016. Como es de público conocimiento, la Suprema Corte de Justicia falló en cuanto a varios artículos de esa ley respecto a su inconstitucionalidad, precisamente, por violar y no tomar en consideración aspectos de razonabilidad y proporcionalidad a la hora de limitar los derechos individuales. De alguna forma, en este caso, se están limitando derechos individuales. Sí lo puede hacer la ley, pero tiene que cumplir con esos criterios. Me pregunto si en este caso eso se está cumpliendo.

El otro tema vinculado con todo esto, que en definitiva precipita nuestra comparecencia en esta Comisión, es que se vuelva a traer a colación algo que estaba muy discutido a nivel de la Senaclaft -inclusive, el tema también fue muy discutido a nivel de una Comisión en la Cámara de Senadores-: la compilación de los estados contables. El contador Zak expuso magníficamente la diferencia de enfoques de los distintos servicios. Si tenemos discrepancias y objeciones en un servicio que mal o bien tiene algún tipo de trascendencia exterior, como lo es una auditoría o una revisión limitada en su objetivo de dar credibilidad a un informe frente a terceros, muchísimas más objeciones tenemos con un informe en el que el contador asume un rol absolutamente colateral en la verdadera actividad de la empresa. La Guía Nº 4410, que trae a colación el pronunciamiento 18, establece que si el contador se da cuenta y usa esa expresión -por lo menos en su versión traducida- de operaciones ilícitas, tiene que actuar de determinada forma. Esto corrobora que el informe de compilación está lejísimos de calificar como un elemento idóneo. ¿Por qué? Porque una cosa es darse cuenta y, otra, salir a buscar irregularidades. Si en todo caso lo que queremos es buscar irregularidades o pedirle al contador la búsqueda de irregularidades, estos dos informes anteriores que acabamos de mencionar -la revisión limitada y la auditoría- parecen ser muchísimo más idóneos para eso, teniendo en cuenta todos los comentarios que hicimos anteriormente; son más idóneos al fin.

Por lo tanto, mal podemos apostar a un instrumento que, prácticamente, lo que hace es dejar más en el ámbito ético que jurídico la identificación casual de algún problema que, de alguna forma, tiene que ser considerado por el contador. Lejos está el pronunciamiento de mencionar la obligación de que haga un reporte externo de este tema, sino que debe trasmitir a la gerencia o, eventualmente, abandonar el servicio si ve que su planteamiento no tiene acogida. Insisto que esto es casi un corolario de una actividad ética elemental de los ciudadanos, en particular de un profesional. Por más tangencial que sea la tarea que se me pide, si a la mitad de ese proceso, en forma casual -porque yo no instrumenté procedimientos para detectarlo-, detecto una operación ilegal, obviamente que desde un punto de vista ético voy a tener que poner un parate y tomar un curso de acción que no continúe con ese servicio. Me parece que en el caso de la compilación de los estados contables, es evidente que jamás podría ingresar en esta órbita.

Lo demás no es motivo específico de nuestra comparecencia. Sin embargo, queremos hacer un breve comentario sobre la inclusión de la defraudación tributaria como delito precedente. A título personal, he tenido bastante intervención en el tema desde el punto de vista académico. En una conferencia interamericana de contabilidad del año 2010, cuando todavía esto se planteaba como una posibilidad, tuve el honor de ser designado relator por Uruguay en un trabajo que hablaba de este tema. Como saben, algunos años más tarde, concretamente en 2012, GAFI lo incluye como una sugerencia. En realidad, GAFI no habla de defraudación tributaria, sino de delito fiscal, pero en el proyecto se lo asocia con la defraudación tributaria. Planteé algunas objeciones a esa figura con mucha base en doctrina penal.

Ocurre que a nivel de los convenios de cooperación internacional, la materia tributaria está sistemáticamente excluida, y eso no es casual. Quienes han estudiado la doctrina penalista que ha profundizado en este tema, suelen citar dos argumentos fundamentales a la hora de esa exclusión. Uno de ellos es que la historia muestra que lamentablemente el instrumento fiscal -dado el segundo elemento que voy a comentar-, en muchos casos ha sido utilizado como una excusa para persecuciones políticas. ¿Por qué es tan tristemente atractivo desde ese punto de vista? Por el segundo aspecto: la enorme incertidumbre que tiene la materia tributaria.

Cuando nos estamos refiriendo a la falta administrativa, sugiero considerar la incertidumbre que tenemos a nivel local en cuanto a lo que es la defraudación tributaria y recorrer la cantidad muy grande de sentencias a nivel del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La defraudación en nuestro país está doblemente perseguida: desde el punto de vista penal y desde el de la infracción. En cualquiera de los ámbitos -me refiero a sentencias a nivel de juzgados penales y a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo- es muy grande la cantidad de sentencias en las que se ha ido en contra del criterio y la pretensión del fisco de imputar defraudación tributaria. Eso solo está diciendo que en el país, y sin salir a fronteras, tenemos un nivel de incertidumbre enorme. Si a esto le agrego el ingrediente del exterior -todo sabemos que los actos susceptibles de calificar como delito precedente no necesariamente tienen que estar cometidos en Uruguay, sino también en el exterior-, imaginemos la incertidumbre importada de saber cuál es el delito penal en Dinamarca, en Japón o en Suecia. Nosotros, por suerte, tenemos inversores que llegan al país, que tienen negocios en muchas partes del mundo. ¿Cómo hago yo para cerciorarme que estas personas no cometieron, en Islandia, un acto susceptible de ser considerado defraudación tributaria? Me dicen: "Debida diligencia". ¿Y qué es la debida diligencia en ese caso? ¿Hasta dónde me puedo quedar tranquilo de que mañana no quede involucrado, primero con una multa, al haber presuntamente incumplido mi obligación de reportar y, después, comprometido penalmente? Es muy probable que si detrás de este inversor había un problema defraudatorio en el exterior -del cual no es necesario que ni siquiera esté abierto un proceso; alcanza con que estén cometidos los actos susceptibles de ser calificados como tales- y yo no produje el informe, me vaya a ver en una engorrosa tarea, primero frente a la UIAF, para demostrar que hice la debida diligencia necesaria y, aun así, no pude detectar este tema. Les regalo esa discusión. Además, me voy a tener que sentar frente al juzgado penal y explicarle que el hecho de que yo no haya hecho ese reporte, terminó en una eventual falta administrativa y no más que eso; no es que yo fui coautor o cómplice de ese delito.

En esto quiero aclarar que los contadores no estamos solos. Este delito precedente se le va a aplicar a todos los agentes actuales más los que se están incorporando al proyecto. Los contadores tenemos particular preocupación en este punto porque, obviamente, somos profesionales que trabajamos en el ámbito tributario. El límite entre la licitud e ilicitud no es claro. La más fuerte demostración de eso son las sentencias revocando las pretensiones de los fiscos en Uruguay y en el exterior en materia de tributación.

Por lo tanto, la idea importada de incluir a la defraudación tributaria como delito precedente, nos va a traer dolores de cabeza, como a muchos países. En Argentina, en las moratorias, tienen que tomar la previsión de excluir la causal de lavado de activos por el delito de defraudación tributaria. Claro, en el mismo momento en que un contribuyente acepta una reliquidación o en que se presente a decir: "Yo no declaré o subdeclaré", de alguna forma está admitiendo un delito de defraudación que sería automáticamente precedente de lavado de activos.

En el material que trajimos, está desarrollado cómo Argentina ha regulado particularmente el caso de los contadores, desde larga data, en lo que tiene que ver con su inclusión como agentes obligados a reportar y las actividades incluidas. En una primera instancia, Argentina, hace muchos años, había incluido tres actividades, todas con umbrales: la auditoría, la sindicatura societaria y el asesoramiento y liquidaciones impositivas. Esta última figura, estuvo incluida en el proyecto original y luego fue sanamente quitada. En Argentina, muy rápidamente, esto fue eliminado, invocando el compromiso que había en materia de intimidad y de secreto profesional y las distorsiones prácticas que generaría en el sistema. Es importante señalar que los contadores, más allá de que frente al fisco podamos generar una imagen de obstáculo o de palo en la rueda, somos verdaderos operadores facilitadores del sistema. Los contadores y asesores tributarios son los que difunden las complejísimas normas, tratan de interpretarlas y de hacerle la vida más fácil al empresario e, inclusive, a las personas físicas que tiene que lidiar con ellos.

El fisco cuenta con ese apoyo, porque es impensable que un sistema tributario funcione solamente a impulso de la inspección y la coactividad. Necesariamente requiere del cumplimiento voluntario. Ese es un rol que los contadores queremos destacar; el fisco lo tiene claro y lo valora. Medidas que atenten a la sana relación entre el contribuyente y el contador pueden devenir en un búmeran también para el propio fisco, en la medida que se pierda esa posibilidad de un contribuyente, por ejemplo, para una regularización voluntaria, si es que ha cometido algún problema. Porque va a temer que la información que le está reportando al profesional de turno, pudiera terminar en manos de la Impositiva.

Es cierto que el proyecto incorporó excepciones que valoramos mucho, tanto en lo que refiere a brindar un parecer legal sobre determinada cuestión como a la hora de reconocer, inclusive a nivel de contadores -lo que valoramos- la intervención que nosotros, en la profesión, tenemos en los procesos de defensa, tanto en la órbita administrativa como jurisdiccional.

También es aplicable para los contadores el acotamiento que el proyecto realiza en el delito de asistencia en materia de lavado de activos; les ha generado mucha preocupación a los abogados, pero nosotros también lo tenemos.

El último comentario que quiero hacer, a propósito de los abogados, es el diferente acápite que tiene uno y otro numeral. La norma referida a los abogados, a la hora de hablar de los sujetos obligados y de las actividades, en el literal C) del artículo 13 establece: "Los abogados únicamente" -los incorpora como sujetos obligados- "cuando actúen a nombre y por cuenta de sus clientes en las operaciones que a continuación se detallan: […]". En el literal J) referido a los contadores tiene otra redacción y es coincidente con la que tienen los escribanos. En él se establece: "Los contadores públicos y otras personas físicas o jurídicas" -esto es entendible porque podría ejercerse este tipo de actividades por parte de idóneos, cosa que no debe ocurrir, y no ocurre a nivel de abogados y mucho menos actuando en los casos en los que la ley preceptúa la obligatoriedad del título- "que actúen en calidad de independientes y que participen en la realización de las siguientes operaciones o actividades para sus clientes y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que les presten:[…]".

A ambos se nos aplica el inciso siguiente al literal J), al que yo hice referencia anteriormente, que exceptúa los casos en que la actuación está enfocada a verificar el estatus legal o en el marco del ejercicio del derecho a defensa.

Como acabo de señalar, hay una diferencia en el acápite; en el caso de los abogados dice, en blanco y negro, que son actividades que tienen que estarse actuando, para generar esa obligación, eventualmente, por cuenta y orden del cliente, cosa que no dice para los contadores.

Originalmente la redacción era igual para los contadores, abogados y escribanos. Producto de algunos cambios, quizá de último momento, nosotros entendemos que pudo haberse incurrido en un error de redacción. No existe ninguna razón para la cual, al menos para las actividades en las que tenemos coincidencia, en un caso se diga que actúen en cuenta y orden, y en otra diga lo que dice, aunque en ambos casos se excluye la actividad de asesoramiento. De hecho, las actuaciones de cualquier profesional son, básicamente, de dos formas: por cuenta y orden o en asesoramiento. Si me excluyen la de asesoramiento, necesariamente tiene que quedarme la de cuenta y orden. Me parece que sería mucho más prolijo y claro -más allá de que así lo interpretamos- que se dijera que lo que queda en pie para los contadores es lo mismo; es decir, respecto a las primeras actividades, coincidentes con abogados y escribanos, la actuación por cuenta y orden.

SEÑORA PRESIDENTA.  Voy a hacer uso de la palabra como diputada, no como presidenta de la Comisión en ejercicio.

Bueno, finalmente, hemos llegado al lugar adecuado.

Todos saben que los legisladores que estamos acá hemos trabajado en el Comité Operativo -más, menos, no importa-; por ley formamos parte de esa tarea.

No es necesario reiterar lo que ustedes leyeron porque consta en la versión taquigráfica. Me alegro que queden claras algunas cosas en las que hemos trabajado muy bien, técnicamente, en forma muy respetuosa y apartidaria, en el Comité Operativo, fundamentalmente, en subgrupos. Se hicieron dos reuniones plenarias para presentar la síntesis de los trabajos realizados en subgrupos. En esos momentos se produjo el fallecimiento del licenciado Díaz, con todas las cosas humanas que implicaron, que no vamos a volver a mencionar, y que todos estamos de acuerdo.

Aspirábamos a que ese trabajo, con esas características, con una predominancia de actores institucionales vinculados al sistema financiero público -estaba compuesto por representantes de organismos de control tributario público, del Poder Ejecutivo en general, más allá de que también estaban los jueces de crimen organizado y los fiscales, cuando podían ir, y el fiscal general- viniera a esta Comisión. Me costa que todos hicimos el esfuerzo -no tengo por qué dar nombres; cada uno habla por sí mismo- para que el resultado de este trabajo viniera primero a esta Comisión, pero por cosas de la política y de todos los partidos, fue a la Comisión Especial de los Papeles de Panamá, de Cámara de Senadores. Con ello se complicó un poco la situación.

Como en este momento estoy haciendo uso de la palabra en calidad de diputada del Grupo Todos del Partido Nacional, digo que yo estuve muy molesta durante todo ese proceso.

Como yo me hago cargo de todo lo que digo, voy a decir algo: al menos mi líder no estaba enterado de todo lo que estaba pasando, porque yo estaba esperando que el proyecto en el que habíamos trabajado viniera acá. Entonces, ahí nos hubiéramos sentado con los integrantes de la bancada y con los líderes de cada sector, pero fue para el Senado a una comisión que es de las que habría que pensar dos veces antes de crearla. Esta comisión especial se creó cuando estalló lo de Mossack Fonseca, y yo creo que nunca son buenas las cosas que se hacen al grito de la tribuna.

Yo pedí que se aprobara con la menor discusión posible, a efectos de que viniera rápidamente a esta Comisión. Todos sus integrantes nos hemos dedicado -algunos más y otros menos- a este tema; por algo elegimos estar acá. Además, tenemos al colega Asti que es la persona tiene más experiencia en estos temas y ha trabajado en más de una legislatura.

Tanto a mí como a mi sector, el proyecto que vino de la Cámara de Senadores -con el respeto que me merece-, en general, nos pareció que, como decimos los abogados y los escribanos, es a beneficio de inventario. Cuando luego vimos lo que pasó en el plenario nos dimos cuenta de que nosotros estábamos medio obligados a estar allí tratando de decirles: "no, por ese lado no; ya lo discutimos".

En resumen: luego de todo lo que pasó -que he contado en esta introducción- ahora estamos acá, donde debimos estar desde el primer momento. Además, esta Comisión no tiene espejo en la Cámara de Senadores.

Quiero aprovechar la presencia de ustedes para hacerles algunas preguntas.

Algo dijo el contador Abadi con respecto a otros países, refiriéndose a Argentina. A nosotros nos preocupa cumplir con los organismos internacionales porque vivimos en un mundo que, nos guste o no, es así, y tenemos que ir sorteando las situaciones, pero más nos gusta respetar la Constitución. Nosotros tenemos un sistema por el cual los tratados internacionales tienen el mismo nivel que una ley común. Después que se ratifican no sucede como en otros países, por ejemplo, Argentina, que automáticamente van a nivel constitucional. Para nosotros son una ley.

Con estos avances sin duda sobre la libertad individual y el principio de inocencia -entiendo que con la mejor intención; siempre tuve la mejor opinión de todos los técnicos de los Poderes del Estado que trabajaron en esto-, evidentemente, se está invadiendo el principio de inocencia. Prácticamente, todos somos culpables hasta que demostremos ser inocentes.

El otro tema sobre el que quiero preguntarles es la autoincriminación, que está especialmente prohibida por la Constitución de la República

Otros países, fundamentalmente, los más avanzados en esta materia -si son de América Latina, mejor- ¿hasta dónde han llegado en puntos concretos?

Yo fui un poco responsable de traer el instituto -por decirlo de alguna manera- de la compilación. Si ustedes leyeron la versión taquigráfica queda claro. ¿Por qué lo traje a esta Comisión? Porque para nosotros la labor parlamentaria no se realiza en compartimientos estancos. Los que integramos distintas comisiones transmitimos en unas lo que aprendimos en otras.

Cuando vino el Banco Central a la Comisión de Hacienda -cuando estalló en la opinión pública lo ocurrido en el Cambio Nelson- se dijo algo que luego se repitió cuando vino el directorio del Banco Central a la Comisión Investigadora sobre el financiamiento de las campañas políticas, que me dejó muy preocupada. Le pedí asesoramiento al colega Asti -que yo sepa es el único contador que integra esta Comisión-, obviamente, que tiene una formación en la que confiamos muchísimo.

Ahora estoy escuchando lo de la compilación. ¿Por qué nos preocupó a nosotros? Porque en una de las Comisiones que mencioné, el Banco Central dijo -en la otra lo ratificó, ante intervenciones de todos nosotros, pero especialmente mías, con respecto a los cambios- que no supervisa ni controla, que se está fundamentalmente a denuncia de parte. Se manifestó esa imposibilidad porque están a cargo de todo el sistema financiero, en el sentido más general del término. Inclusive, se les preguntó si lo podrían solucionar con más funcionarios, pero nos dijeron que ni nombrándoles seiscientos funcionarios -creo estar citando textual el economista Bergara- lograrían controlar a los cambios. Más allá de que estoy jubilada me planteo algunas preguntas.

Como Colegio de Contadores, ¿ustedes entienden que se están controlando más a los colectivos profesionales, a los agentes no financieros o más alejados de las actividades financieras, que a los cambios?

Además, cuando se trata el caso del contador Capote -que está en vueltas en la comisión investigadora sobre el financiamiento de las campañas políticas-, se puede apreciar que en las intervenciones se le da un valor muy importante a la compilación.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  Para mí esta es una sesión difícil.

En primer lugar, quiero reiterar una aclaración que solemos hacer cuando la comisión sesiona con invitados, es decir, intentamos no discutir con la delegación invitada y entre nosotros mientras ella está presente. Esto no siempre lo cumplimos, pero es un código no escrito -sé que a la señora diputada no le gusta-, por lo que intentaré no violentarlo y no discutir con la delegación ni entre nosotros mientras ellos estén presentes.

Hace cuarenta años que egresé de la Facultad de Ciencias Económicas como contador público y licenciado en administración; he trabajado durante muchos años en el Colegio de Contadores, compartiendo algunas responsabilidades con el actual presidente. En aquellos tiempos una de las principales preocupaciones del Colegio era el reconocimiento pleno de la profesión para poder dictaminar sobre los informes contables -yo comencé a trabajar luego del regreso a la democracia, pues antes no podía hacerlo; reitero que era la lucha por el reconocimiento de la profesión-, jugando un papel fundamental en la comunicación y opinión sobre los estados contables. En aquel momento no era necesario presentar estados contables con la firma de un contador público, al igual que lo que ocurría con otras profesiones. A principios de los años noventa los contadores hacíamos referencia a la fe pública que tenían y tienen los escribanos, pues nosotros no poseíamos ese reconocimiento.

Siempre recuerdo una llamada telefónica del presidente de aquel entonces cuando me había ido de la directiva del Colegio, quien me manifestó que por todo el trabajo que habíamos hecho en una comisión interna del Colegio, el Poder Ejecutivo había firmado un decreto a través del cual se exigía la presentación de los estados contables con la firma profesional de un contador público.

Siempre creí y defendí que los informes de los contadores públicos son un elemento esencial para conocer la realidad de la situación de las empresas y que con eso la sociedad también podía conocer las empresas sobre las que informábamos. De allí todos los pronunciamientos que el Colegio fue dando sobre los necesarios alcances que tienen los distintos informes, en particular el informe de compilación -la mayor parte de mi actividad profesional la realicé como contador dependiente, estaba sometido a jerarquías, y firmaba los informes de compilación-, temática sobre la que trabajamos especialmente, en particular en el Pronunciamiento N° 7, que luego fue sustituido por el Pronunciamiento N° 18. Recuerdo que queríamos tener la misma responsabilidad que poseían quienes ejercían su profesión como independientes, es decir, que entendíamos que como profesionales dependientes debíamos tener la misma responsabilidad con relación al trabajo profesional. Obviamente, no teníamos independencia para hacer auditorías, pero sí los informes de compilación que son, nada más ni nada menos, que presentar en forma legible para terceros los saldos contables de los estados contables.

Me voy abstener de brindar alguna opinión sobre los informes de compilación, porque el comunicado del Colegio de Contadores, de 5 de mayo de 2017, con relación al Pronunciamiento N° 18, en particular a la Norma Internacional de Servicios Relacionados No. 4410, es absolutamente claro con los alcances que debe tener quien compila un estado contable.

Creo que en algún momento deberíamos tener un ámbito de discusión sobre el ejercicio profesional de los contadores públicos; pretendimos tenerlo cuando en el Parlamento se consideró el proyecto sobre normas contables adecuadas, y ese fue el motivo por el que me alejé del Colegio de Contadores debido a las diferentes posiciones que manteníamos; es decir, mi condición de representante nacional y la de contador público asociado al Colegio entraban en conflicto.

Reitero que para mí esta es una sesión muy difícil al escuchar una versión del ejercicio profesional que no comparto, pero es la que legítima y democráticamente defiende la directiva del Colegio de Contadores.

Realizadas estas precisiones, ingresamos en un tema sustancial para esta comisión; por algo se creó esta comisión especial para la lucha contra el lavado de activos y crimen organizados, a la que en esta legislatura le agregamos todo lo que tiene que ver con la transparencia, pues vinculamos ambos temas, no necesariamente porque uno tenga que ver con el otro, sino porque hay instrumentos que pueden ser comunes a ambos.

El lavado de activos es un delito que puede tener carácter internacional, que tiene su base de sustentación en el manejo del producto de la actividad delictiva, concretado en hechos económicos como la propiedad, la transferencia de propiedades o flujos financieros. No se puede dudar del papel que juegan los contadores públicos en este tema y, por lo tanto, no pueden faltar en el menú de sujetos obligados, de la misma forma en que figuran los escribanos y abogados.

Uno de los objetivos de la lucha contra el lavado de activos es buscar la manifestación económica que tiene el producto de esos delitos, y los contadores públicos deben jugar un papel fundamental en función de las atribuciones que la sociedad les ha delegado en el contralor de las operaciones económicas, que se traducen en los informes contables.

Voy a discrepar con la señora diputada Bianchi. Creo haber sido yo quien mencionó la compilación y no ella -no nos vamos a pelear-, pero no hay dudas de que sí lo mencioné porque figuraba en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Entonces, por lo dicho anteriormente, el comunicado del Colegio y la Norma Internacional de Servicios Relacionados No. 4410, sigo pensando que cuando los informes de compilación sean presentados ante los organismos públicos, los saldos contables deben ser expresados de acuerdo con las normas contables adecuadas que rigen en nuestro país a partir de la Ley N° 16.060, que son obligatorias. Tal como ha documentado el Banco Central, a través de un neteo se ocultan saldos activos y pasivos, que puede ser para lavar activos; creo que ese es el mejor ejemplo para que los informes de compilación que se presenten ante organismos públicos también deben ser controlados.

Como se ha dicho, el proyecto del Poder Ejecutivo surgió de un amplio nivel de consultas, acuerdos y consensos en el comité operativo, pero hay salvedades respecto al asesoramiento y se excluye de la responsabilidad de los profesionales la defensa de sus clientes. Creo que esa iniciativa presenta los debidos contrapesos para asegurar los derechos individuales constitucionales aquí mencionados.

No sé cuál será mi actitud respecto a la aprobación del proyecto del Senado tal como vino. No hay duda en que si planteáramos modificaciones insistiría con incluir los informes de compilación, al menos cuando sean presentados ante los organismos públicos.

Creo que la función del contador cuando elabora un informe, aunque sea de compilación, es brindar determinada seguridad respecto a que los saldos son bien presentados y representan la situación de la empresa, con las salvedades que la propia reglamentación establece con relación a que no se han realizado estudios en profundidad. Si es necesario, eso se puede profundizar a través de los informes de auditorías y así conocer la situación de la empresa.

Si de eso surgen elementos que brinden dudas al contador, este sabe qué debe hacer, y estaría obligado a realizar un reporte de una operación inusual o sospechosa.

Con relación a la defraudación tributaria, está la recomendación del GAFI, que llegó cuando otros países la tenían incorporada como delito precedente. En realidad, tiene razón el contador Abadi. Creo que en cuanto a defraudación tributaria y, de acuerdo a lo que establece nuestro Código Tributario, limitamos ese delito fiscal de mejor manera, inclusive, con umbrales graduales -hablemos en términos precisos- que sabemos que fueron consultados, que aumentan en un par de años. Esto fue conversado en su momento con representantes de la profesión, en el sentido de que era necesario adaptar un poco esos umbrales a la situación actual con respecto a la gravedad que puede tener verse involucrado en un tema de este tipo.

Obviamente, de esos umbrales se excluye de forma expresa el uso de documentación falsa, cosa que también recientemente aprobamos en la pasada Rendición de Cuentas: la tipificación más grave del delito cuando se usan facturas falsificadas, en función de hechos notorios que han ocurrido recientemente en nuestro país. Creo que es oportuno conocer la opinión del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Obviamente, no la compartimos, pero el resto de los colegas integrantes de esta Comisión desean conocer su opinión para saber dónde queda el justo equilibrio entre el interés general y la imagen de Uruguay como país cumplidor de las normas y de las recomendaciones internacionales. Uruguay tendrá una revisión en el año 2019. Por lo tanto, es importante que este proyecto esté aprobado antes de que finalice este año, de manera que en 2018 pueda aplicarse plenamente y pueda tener el registro de actividades para ser controladas, precisamente, cuando se haga la revisión, a los efectos de seguir siendo un país bien considerado internacionalmente, tanto que a nivel latinoamericano ha tenido la Presidencia de Gafisud ante Gafilat durante más de un período, incluyendo al querido y desparecido licenciado Carlos Díaz, como presidente de ese organismo regional de lucha contra el lavado de activos, colega que también compartía nuestra formación profesional en los temas contables.

Tendría mucho más para decir, pero violaría ese principio que dije que iba a intentar respetar.

SEÑORA PRESIDENTA.  Quiero hacer una aclaración de procedimiento.

Voy a procurar no utilizar el término "código", porque es una palabra que no me gusta, ya que para mi código tienen las mafias; en realidad, nosotros tenemos ética o procedimientos consensuados. Siempre digo esto; no lo digo solamente con respecto a esto. Me molesta esa concepción.

Voy a decir una obviedad, pero quiero que quede claro. Este es un tema sumamente complejo. En consecuencia, invito a los colegas de la Comisión a que, si tenemos invitados calificadísimos, preguntemos, lo cual no significa polemizar. Y, si en algún momento, hubiera que polemizar, lo haremos, porque del debate surge la apertura de posibilidades de entender determinadas cosas. Lo que sí entiendo es que no corresponde -lo podemos compartir o no, pero mientras sea la presidenta voy a tratar de que se cumpla- discutir entre nosotros frente a los invitados. Eso está claro. Más allá de que podemos manifestar distintas opiniones, me parece que contar con personas de la calificación que tenemos hoy, no solamente por integrar el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, sino por la calificación profesional y universitaria que tienen -son docentes universitarios, reconocidos nacional e internacionalmente- hace que tengamos que aprovecharlas -en el buen sentido de la palabra- y hacer las preguntas del caso. 

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).  Quiero agradecer la comparecencia del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Creo que fue una exposición muy clara de su posición.

Voy a ser franco. Soy de la idea de que, dentro de los agentes económicos obligados, deben estar incluidos los contadores públicos. No obstante ello, no puedo dejar de reconocer que han hecho observaciones muy interesantes. Me preocupan mucho los señalamientos que se hacían en cuanto a la posibilidad de violaciones constitucionales. Eso es algo a lo que tenemos que prestar especial atención.

Me pareció muy interesante ese comparativo que señalaban con respecto a los abogados que, aparentemente, implicaría una diferencia de trato.

Lo que quiero decir es que voy a leer atentamente todos los elementos que han tomado en cuenta.

Finalmente, quiero manifestar que coincido con la señora diputada Bianchi Poli en el sentido de que creo que fue un desacierto que este tratamiento no lo hubiéramos hecho nosotros en primera instancia, no por ser mejores, sino porque estuvimos más próximos al tratamiento del tema; nada más que por eso.

Quiero reconocer que el aporte de los invitados fue sumamente técnico y valioso. Tengan la certeza de que vamos a hacer de esto un estudio muy responsable. Sabemos que es un tema delicado, pero también sabemos que a veces hay determinadas subjetividades que tienen que ver con el ejercicio de la profesión, que nos ponen en campos diferentes, lo cual no quiere decir opuestos, pero sí en campos diferentes, en los cuales uno entiende el ejercicio de la profesión, pero los invitados también tienen que entender que estamos enfrentados a un delito realmente de muy alta peligrosidad, que tiene connotaciones que van más allá del narcotráfico. Hay otro tipo de connotaciones, también en el lavado de activos. Entonces, es un tema realmente muy serio que está ocupando a la comunidad internacional en su conjunto y nosotros también tenemos esa visión.

Además quiero decir que si bien sabemos quiénes son y qué reputación tienen los representantes del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay -no nos cabe duda-, comprenderán -yo también estuve en la actividad privada; ahora no ejerzo más- que en toda actividad existen excepciones que violentan los principios generales.

En ese sentido, cuando uno está elaborando un proyecto de ley, debe tener esas previsiones del caso.

Voy a leer la versión taquigráfica y quizás tengamos que invitarlos una vez más para hacer aclaraciones, porque creo que es bueno este intercambio cuando estamos tratando una materia que es tan delicada y tan importante para nosotros.

SEÑOR ZAK (Selio).  Respondiendo a la segunda pregunta de la señora diputada Bianchi Poli, quiero decir que nosotros, como colectivo, vinimos -así lo manifestamos, en su momento, al licenciado Carlos Díaz- porque queríamos participar en dicho análisis.

Haciendo un racconto mínimo y de muy corto tiempo, cuando el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay fue invitado a un evento que organizó GAFI, concurrí en mi calidad de presidente. Fue un evento con matices interesantes y al finalizar, manifesté al licenciado Carlos Díaz que nos interesaría realizar un evento en el Colegio, en el que él estuviera presente para conocer su posición, así como también referentes del Colegio con experiencia académica, profesional y gremial. Al licenciado Carlos Díaz le satisfizo la idea. También le manifesté que, como colectivo, nos interesaba participar en el análisis junto con los demás actores. También estuvo totalmente de acuerdo. Funcionamos en muy buena forma, con gran respeto, con muy buena receptividad de parte de todos quienes integrábamos esta comisión, aún discrepando, dando nuestra posición. ¿Por qué comento todo esto?

Nosotros vinimos acá y participamos en el análisis de un proyecto, no en un caso particular que ha provocado conmoción pública, sobre el cual no nos corresponde dar opinión; la Justicia es la que deberá dilucidar el tema. Sin embargo, frente a la segunda pregunta de la señora diputada Bianchi Poli, queremos decir que entendemos que hay giros cuyas actividades merecen que sea fundamentalmente un dictamen de auditoría, pero, por lo menos, un informe de revisión limitada.

Independientemente de lo que se dio en ese caso, voy a mencionar respecto a la Norma Internacional de Servicios Relacionados Nº 4410, que se basa en el pronunciamiento Nº 18. El objetivo de un trabajo de compilación es que el contador use su habilidad contable y no la auditoría para "reunir, clasificar y resumir información financiera. Esto ordinariamente supone reducir datos detallados a una forma manejable y comprensible sin un requerimiento de someter a prueba las aseveraciones subyacentes a dicha información. Los procedimientos empleados no están diseñados y no capacitan al contador para expresar ninguna certeza" -reitero, "ninguna certeza"- "sobre la información financiera. Sin embargo, los usuarios de la información financiera compilada derivan algún beneficio, como resultado del involucramiento del contador porque el servicio ha sido realizado con competencia profesional y debido cuidado.

Un trabajo de compilación debería ordinariamente incluir la preparación de estados financieros (que pueden o no ser un conjunto completo de estados financieros), pero pueden también incluir el reunir, clasificar y resumir otra información financiera".

Tal cual dije anteriormente, en función de la registración contable, se debe determinar que los estados contables tengan la correcta exposición. Estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiesta el señor diputado Asti. Es exponer, pero en cuanto a los principios generales de un trabajo de compilación, en la Norma Internacional de Servicios Relacionados Nº 4410, se establece que el contador debe "cumplir con el 'Código de Ética para Contadores Profesionales'", emitido por la Federación Internacional de Contadores. Los principios éticos que establecen las responsabilidades profesionales son varias, y se expresa cuáles son.

Para no hacer esto tedioso, en los procedimientos, en el ítem 12., se establece: "Para compilar información financiera, el contador requiere una comprensión general de la naturaleza de las transacciones de negocios de la entidad, la forma de sus registros de cuentas y la base de contabilidad sobre la que va a presentarse la información financiera. El contador ordinariamente obtiene conocimiento de estos asuntos mediante la experiencia con la entidad o investigación con el personal de la entidad".

Adicional a lo mencionado en esta norma, en el ítem 13, se dice que "ordinariamente no se requiere al contador". Reitero: "no se requiere al contador que (a) haga ninguna investigación con la administración para evaluar la confiabilidad e integridad de la información proporcionada". Esto es medular para poder argumentar porqué entendemos que el informe de compilación no debe estar incluido en este proyecto. Y continúa: "(b) evalúe controles internos; (c) verifique ningunos asuntos; o (d) verifique ningunas explicaciones". O sea que ninguna de esta cosas se debe hacer en el informe de compilación.

Posteriormente, en el ítem 14, establece: "Si el contador se da cuenta de que la información suministrada por la administración es incorrecta, incumple o de algún modo no satisfactoria, el contador debería considerar llevar a cabo los procedimientos mencionados arriba y solicitar a la administración que proporcione información adicional. Si la administración se niega a proporcionar información adicional, el contador debería retirarse del trabajo, informando a la entidad de las razones para su retiro".

No quiero proseguir, porque eso dispensaría bastante tiempo.

¿A qué vamos? Si el contador se entera de algo que es fundamental, debe observarlo y proseguir con distintos procedimientos, a los efectos de poder determinar las anomalías, pero eso es muy distinto de indagar. Para el informe de compilación, no está dentro de las funciones que el contador indague. Por lo tanto, no tenemos dudas de que lo que estamos argumentando es lo que corresponde.

Sin querer hacer un raconto de lo que ha sido la actuación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y entrar en algo que pueda ser una catarsis, quiero decir que me resulta placentero lo que ha afirmado el señor diputado Asti en cuanto a que el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay -existe mérito de las autoridades anteriores; ¡por qué negarlo!- ha querido dejar de ser espectador para ser actor del quehacer nacional. Nosotros siempre estuvimos preocupados de que estados contables hasta hace no mucho tiempo no llevaran firma del contador, que es quien realmente tiene la formación universitaria. En los últimos años -sin desmerecer las actuaciones anteriores- se ha bregado fundamentalmente por la educación continuada, y consideramos que debe ser con ética; y ética con educación continuada. Si analizamos la cantidad de cursos, eventos y expositores nacionales e internacionales que hemos traído, supera con creces los años anteriores, en los que también se hicieron muchos eventos. ¿Por qué? Porque entendemos que en un mundo globalizado, con el avance de la tecnología, profesional que no esté actualizado debe alejarse de la profesión y dedicarse a otra cosa.

Independientemente de las discrepancias que podamos tener con el señor diputado Asti, coincidimos en que la educación continuada es algo fundamental; no debe ser una cualidad del profesional, sino un principio. Este Colegio, con sus aciertos y errores -porque somos humanos- lo ha practicado, trayendo profesionales de porte.

En lo que no puedo estar de acuerdo con el señor diputado Asti es en lo que se refiere al informe de compilación en un caso en particular, el cual el Colegio no va a analizar, porque no corresponde; correspondería si se diera entre los ámbitos del Colegio, y el contador Asti los conoce. Aquí venimos a analizar y a dar nuestras explicaciones sobre lo que entendemos que debe ser y no debe ser.

Reitero: consideramos que no debemos ser sujetos obligados. Entendemos que el informe de compilación como actividad, no debe estar, por todos los argumentos sostenidos anteriormente, y el informe de revisión limitada, tampoco deben ser incluidos, y ya lo conversamos con el contador Daniel Espinosa, en una relación muy fluida y constructiva para todos los actores intervinientes. Esa es nuestra posición. No debemos ser sujetos obligados. Si lo fuéramos, entendemos que hay actividades que no deben estar.

El contador Felix Abadi va a responder sobre otros temas, porque tiene la capacidad suficiente. Es conferencista nacional e internacional; no lo digo para hacerle propaganda, pero el Colegio ha querido nutrirse de personas que dominan los temas. Como presidente en este período me ha tocado concurrir a distintos eventos y actividades que van de un lado a otro. Lo que intento es interiorizarme de las distintas reuniones y de las exposiciones que voy a hacer; soy un estudioso. No mucho más que eso.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  No quiero entrar en debate sobre el alcance del informe de compilación, que es uno de los objetos de necesario análisis de esta Comisión, porque estaba en el proyecto del Poder Ejecutivo y no está en el del Senado. Voy a solicitar que se agregue a la versión taquigráfica la norma internacional de contabilidad de servicios relacionados N° 4410, que especifica claramente el alcance de ese informe para que, cuando tengamos que decidir sobre el tema, contemos con todo lo que está escrito; obliga a los contadores públicos cuando ejercen la acción profesional de hacer un informe de compilación.

SEÑORA PRESIDENTA.  Le solicitamos a la Secretaría que lo agregue.

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).  Tengan en cuenta que soy bastante ignorante en el tema. Mencionando la norma internacional se hizo mucho énfasis en el darse cuenta, que el contador se dé cuenta, y a partir de allí haga las actuaciones sucesivas. Le voy a hacer una pregunta objetiva, sin maldad, solo me quiero desasnar. El no darse cuenta, ¿no es algo absolutamente subjetivo?

SEÑOR ZAK (Selio).  Todo depende del alcance de cada informe. El alcance del informe de compilación tiene que ver con analizar procedimientos contables y la aplicación de normas contables adecuadas, y no más que eso. Como bien dijo el señor diputado Asti, es un tema de exposición de los registros contables y debe ser cumplido así, pero no más que eso. Esta norma que se refiere al pronunciamiento 18 establece que el contador no debe indagar. Para indagar existen otros informes, como el dictamen de auditoría, para el que se deben realizar una serie de procedimientos mínimos indispensables, algunos anteriores al cierre del ejercicio económico de la empresa, a los efectos de constatar anomalías, estar presente en la toma de inventarios, en la realización del arqueo de caja. Sin ser técnico en auditoría, sé que eso es parte de los procedimientos mínimos en un dictamen de auditoría. En un informe de compilación no es así. Simplemente, hay que tratar de ver los procedimientos de normas contables y no más que eso. Algún actor del quehacer nacional, como un banco u otra institución, a una empresa como un quiosco, de mínima dimensión económica -sin querer ser peyorativo-, para abrir una cuenta corriente o un crédito le va a solicitar el informe de compilación. Entonces, debemos entender que para empresas con mayor envergadura económica o que pueden provocar conmoción pública, no puede corresponder el informe de compilación. No sé si estoy contestando la pregunta.

Corresponde para exposición, procedimiento de normas contables y procedimientos aplicativos y no más. Me parecería muy bien que conste en la versión taquigráfica la transcripción de la norma N° 4410, porque no quiero que dé lugar a suspicacias, a que se piense que el presidente del Colegio lee lo que le puede convenir, porque no es mi proceder ni la historia del Colegio. Se podrá argumentar con los elementos de que se dispone. Esto es lo que entiende el Colegio de Contadores, no el presidente, en función de eventos que ha realizado, de análisis de la comisión de investigación contable, así como de otras, y de grupos de trabajo que estudian arduamente distintos temas, porque el Colegio, de espectador pasó a ser actor del quehacer nacional.

SEÑOR ABADI (Félix).  Quisiera dar respuesta a la segunda pregunta de la señora diputada Bianchi que, si no me equivoco, refería a algunos otros antecedentes.

Antes de ello quiero hacer una pequeña precisión sobre los temas que comparto y suscribo de la explicación del contador Zak. Estamos hablando de que como en cualquier profesión hay distintos tipos de alcance de servicios. Puedo contratar un arquitecto para construir una casa o resolver un problema de humedad puntual. Si me resuelve la humedad, mañana no lo voy a poder hacer cargo de que los cimientos estaban mal, porque eso no era parte del servicio. En materia de escribanos, están listadas las actividades que disparan la obligación de reportar y, por ejemplo, dentro de ellas no está un certificado de ingresos, que a un escribano al que se le exhibe un recibo de sueldo. Sería poco razonable pretender que si al escribano le vienen a pedir una certificación de un ingreso con un sueldo, el escribano empiece a investigar si además de todo esto esta persona tiene otras operaciones que pudieran tipificar lavado de activos. Cuidado. Esto no niega en absoluto -comparto con el contador Asti- la responsabilidad para empezar ética que tenemos los contadores, por la cual el Colegio milita, suscribe y combate, entre otras cosas, por la defensa de los intereses profesionales. De otra forma, nos estaríamos cavando nuestra propia fosa. Una cosa son las responsabilidades de tipo ético y otra -sin ingresar al caso particular que tiene estado público- las violaciones al ordenamiento jurídico, incluyendo el penal. Ese es un elemento, y otro elemento es que esto convierta un instrumento que en sí de su definición no es idóneo para determinados objetivos, en idóneo de tal. Si se violan preceptos éticos se dispararán consecuencias a nivel del Código de ética y de la comisión de ética del Colegio de Contadores, que tuve el honor de integrar en el período pasado. Si se violan ordenamientos jurídicos, incluyendo el penal, obviamente, se dispararán las consecuencias que la justicia atribuya, pero eso sigue sin convertir a un instrumento inidóneo para determinado objetivos en idóneo para ellos. Es una aclaración que me parecía interesante traer a colación.

Quiero suscribir que el informe de compilación está enfocado a la exposición fuera de las responsabilidades éticas y mayores que eventualmente pudieran existir.

En cuanto a la respuesta concreta respecto a la existencia de antecedentes, obviamente, se trata de una materia muy dinámica. Esto sufre cambios permanentes porque todo el mundo está en una movida similar a la de Uruguay. Me permito traer a colación lo siguiente.

En primer lugar, el año pasado tuve el honor de ser elegido en un llamado abierto para una investigación del Centro de Estudios Fiscales que se llamaba Defraudación Tributaria como Delito de Lavado de Activos; está colgada en su sitio web y citada en ese trabajo. Hay todo un capítulo que está dirigido a un análisis de antecedentes de países referentes en la materia. Fuera de eso, un poco acudiendo a mi memoria y a algunos antecedentes que traemos a colación, quisiera comentar algunos casos que pueden ser importantes.

Esto de la inclusión de los profesionales sigue estando en un estado bastante embrionario en el exterior. Coincido con el contador Asti en que sí estamos con cierto nivel de rezago en cuanto a la inclusión del delito fiscal como precedente del lavado de activos, que otros países ya lo han incorporado. Esto no quita las objeciones o comentarios que mencioné anteriormente sobre la conveniencia o no de que se dé ese paso, no solo en Uruguay, sino a nivel de las directrices generales.

Me parece interesante comentar algunos antecedentes sobre lo que han hecho otros países. El de Argentina ya fue comentado. Particularmente, en materia de los contadores la resolución, que data de muchos años -citada en el material que les dejamos-, incluye a los contadores solo en el desarrollo de actividades de auditoría y de sindicatura societaria y por arriba de determinados umbrales.

En esa investigación estaba citado el caso de Chile y de Brasil, que están en estado embrionario y no existe tal obligación; mucho menos en Paraguay, que lleva bastante rezago en materia de cumplimiento de normas de transferencia respecto a Uruguay

Voy a traer a colación otros casos interesantes. Para empezar, uno en sentido inverso a nuestra postura: el de España. El de España es sumamente invasivo en este sentido e incluye en forma bastante fuerte a profesionales en la denuncia de operaciones sospechosas. Por ejemplo, en Japón, integrante del G7 y del GAFI directamente, ni los abogados ni los contadores ni ningún profesional están obligados a reportar operaciones sospechosas. Tengo esta información con fecha valor junio de este año; espero que el Parlamento japonés no haya tenido algún cambio reciente.

En Estados Unidos, los profesionales no están obligados a denunciar operaciones sospechosas ni a llevar informes sobre sus clientes. Este país nos tiene acostumbrados a contar con un estándar interno mucho más flexible y dócil que el que se nos exige a nosotros; siempre es bueno recordar esto.

En Corea del Sur no existe que los profesionales tengan que denunciar operaciones sospechosas ni efectuar controles. Corea del Sur integra el GAFI.

El caso de Canadá, que por supuesto integra el GAFI, es muy relevante. Aquí se aprobó una ley que obligaba a los abogados a denunciar operaciones sospechosas de lavado de activos y la Suprema Corte de Justicia de ese país la declaró inconstitucional y fueron para atrás.

En Israel -nación importante a la hora de mirar al mundo porque si hay un país que sufre los efectos del terrorismo es precisamente ese- la legislación antilavado fue modificada recientemente, en el año 2015. Esta legislación dejó afuera a los profesionales de cualquier obligación de pesquisar clientes y denunciar transacciones sospechosas de financiamiento del terrorismo. Insisto: estamos hablando de un país que sufre diariamente embates y ataques del sistema terrorista.

Estos son algunos antecedentes

Prefiero evitar dar otros. Estos mal o bien los tengo relevados. Son cambiantes. En la investigación también tenemos relevado el caso de Alemania. Recuerdo que nosotros no recogemos que ese país excluye a lo que se denomina el autolavado en materia de defraudación tributaria. Esto no es menor. En el proyecto se incluye al autolavado como una hipótesis más de todo el lavado de activo. En la defraudación tributaria, la figura del autolavado es particularmente complicada de ser incluida. ¿Por qué? Porque significa que si una empresa hubiera incurrido en actividades susceptibles de ser calificadas de defraudación tributaria, en el mismo acto estaría incurriendo en un segundo delito paralelo de lavados de activos. Como ustedes bien saben este delito no incluye solo la operación que habitualmente consideramos de lavado, de insertar en el mercado formal el producido de actividades ilícitas, sino la mera tenencia del producido de ese tipo de operaciones. Por lo tanto, en el mismo momento en que yo, mediante maniobras defraudatorias, dejé de pagar, estoy incurriendo casi que en paralelo en dos delitos a la vez. Hay una muy clara violación del principio non bis in idem reconocido genéricamente.

En materia de revisión limitada, el proyecto remite a la reglamentación del Poder Ejecutivo la inclusión de esa actividad. Creemos que esa remisión está pensando en reconocer una distinción en base a umbrales que a nivel profesional se hace en cuanto a ese servicio, que vale la pena comentar brevemente.

La Guía de Servicios 2400, que regula la revisión limitada, pero ya explicitado a partir del pronunciamiento Nº 18, se termina haciendo un corte en cuanto a un elemento muy importante: si las empresas están por debajo de determinados umbrales -monto de ingresos, monto de activos, si es una empresa abierta, pública, etcétera-, no se hace exigible la independencia del profesional que actúa en la revisión limitada. En tanto, si se superan esos umbrales, sí existe la obligatoriedad de que el profesional sea independiente; ya no solo que esté fuera de relación de dependencia, sino que no esté involucrado con la compilación de los estados contables. ¿Por qué? Porque precisamente está pensando que un segundo profesional, que tiene distancia con el profesional que actuó directamente, evalúe el grado de apartamiento de las normas contables en el que hubiese podido incurrir el ente al informar.

¿Por qué me parece que es importante tener esto bien en claro? Porque si la reglamentación no recogiera estrictamente estos umbrales de la profesión, a empresas que están por debajo de ciertos umbrales sí se les admitiría la revisión limitada, inclusive realizada por un dependiente, es decir, por un profesional contador público dependiente de la empresa que, como saben, o está incluido en el proyecto que estamos analizando.

Por lo tanto, por un lado sería muy injusta esa discriminación y, por otro, muy fácil de sortear la obligación porque alcanzaría con contratar un profesional dependiente para que procediera a hacer esa tarea de revisión limitada. Digo esto sin perjuicio de esa objeción general que tenemos con la inclusión del colectivo de los profesionales de economía en esta materia.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  Me parecen muy útiles las intervenciones de los dos colegas que nos visitan.

El contador Abadí dijo que si no se cumplen las normas que se establecen sobre los trabajos profesionales, se generan violaciones desde el punto de vista ético. Por supuesto. Pero más allá de eso, son violaciones legales, porque a partir de la Ley Nº 16.060 la aplicación en todos los estados contables de las sociedades comerciales tiene rango legal. Podemos discutir cuándo están definidos. Nosotros pretendíamos que esto se hiciera a través del Instituto de Normas Contables Adecuadas; el Colegio nos respalda en ese sentido. Cuando no se cumple la exposición a través de normas contables adecuadas, no solo se viola la ética, sino las normas legales, independientemente de que sean penales o no. Se viola una norma legal.

El contador Abadí ponía el ejemplo de un arquitecto al que le pedimos un informe sobre una humedad o un proyecto. Yo agregaría que si a un arquitecto le pido que proyecte una ventana y la hace en el piso, no estaría de acuerdo en aceptar ese trabajo profesional.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).  Hace rato que nos quedamos sin quórum, debido a que las comisiones se superponen. Les pedimos disculpas; es consecuencia de que esta es una comisión especial y se superponen otras asesoras. De todas maneras, preferimos actuar sin quórum, lo que significa no votar determinadas cosas, pero aprovechamos el aporte de los profesionales que nos visitan. Los demás colegas leerán la versión taquigráfica.

Quizás los volvamos a invitar porque esta materia es sumamente compleja. Ayer hice una intervención bastante enojada, pero no porque no controlara la situación, sino porque hasta códigos estamos haciendo que antes de que entren en vigencia los estamos modificando varias veces. No quisiera que esto suceda con este proyecto de ley. Coincido con el señor diputado Asti en que esta iniciativa compromete al país internacionalmente, con organismos -nos guste o no- que tienen un poder que nos obliga a caminar permanentemente en la línea delgada entre respetar la Constitución -nunca vamos a ceder en eso- y no ser castigados desde el punto de vista económico.

SEÑOR ABADÍ (Félix).  Nos gustaría volver para seguir analizando el tema.

Con respecto a las obligaciones de los organismos internacionales, somos plenamente conscientes de ello. Cuando llegó una delegación de OCDE al Uruguay, fuimos citados a los efectos de que nos hicieran determinadas preguntas; también estaban el Colegio de Abogados, el Banco Central del Uruguay, la Dirección General Impositiva. Dijimos: "Nosotros, como órgano colectivo, debemos dar nuestra opinión sincera, honesta y capaz porque representamos a un gremio, pero tampoco nos debemos olvidar que estamos imbuidos en la problemática de un país y, de ser calificados de forma no deseable, somos conscientes que ello nos va a traer problemas". No estamos en Saturno; somos conscientes de todo eso.

En aquel momento, los cuatro delegados nos hicieron muchas preguntas al entonces presidente del Colegio y quien habla, que era vicepresidente. Con claridad, honestidad y defendiendo al gremio, el país quedó bien parado. Reitero que somos un actor del quehacer nacional. Queremos que Uruguay tenga la calificación debida. Debemos entender que en un conglomerado de quince mil colegas -la amplia mayoría es socia del Colegio- existe una gran preocupación porque en este momento el ejercicio liberal de la profesión, efectivizado con la responsabilidad necesaria, se ha hecho insalubre. Muchas veces, no dormimos porque no sabemos qué hacemos o no hacemos

Consideramos que esto es muy importante. Lo que hemos venido haciendo, a través de nuestros modestos conocimientos, analizados profundamente, es correcto.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).  Los entiendo. A mí también me tocó esa situación; los escribanos estuvimos solos desde el principio. Sé lo que pasa en quienes están ejerciendo la profesión porque familiares directos míos, hijos y nueras, son abogados y escribanos y están realmente muy angustiados.

El otro día dije -en esto no creo que discutamos con el señor diputado Asti- que propuse a la Suprema Corte de Justicia crear otro juzgado de crimen organizado y me dijo que no era necesario. Le pregunté la opinión al contador Espinosa. Los que somos actores profesionales -o lo fuimos- y conocemos la realidad de los juzgados a los que podemos estar sometidos cualquier profesional, sabemos en qué situación nos podemos encontrar. El contador Espinosa -figura en la versión taquigráfica- manifestó cierta preocupación en ese sentido. Hizo referencia a que si la Suprema Corte de Justicia considera que no se necesita otro juzgado, por lo menos, debería cambiar la mecánica. Además, hizo referencia a que los dos jueces de crimen organizado tienen una sola contadora como asesora. Agrego que sé, por estar investigando la ruta del dinero K, que a los jueces de crimen organizado se le cargan teléfonos con tarjeta. El año pasado -la medida valor que tengo es el año pasado, al 31 de diciembre- eran $ 100 por mes.

Los legisladores debemos tener en cuenta estas cosas cuando tomamos una decisión. Es muy difícil este tema por todo lo que hemos dicho.

Por lo tanto, son valoraciones que hay que hacer porque, incluso, estamos sometiendo a muchos profesionales que no tienen siquiera la capacidad económica para pagar un buen abogado porque, pura y simplemente, no ganan lo suficiente, a menudo mucho menos que un funcionario público del escalafón F y ni qué hablar si estamos hablando de un oficial del Sunca.

Estas son valoraciones que tenemos que hacer cuando actuamos como legisladores. No para legislar mal, sino para legislar con ecuanimidad, porque estamos sometiendo a la población y, en especial, a la gente que ha estudiado -tanto que queremos que se estudie- a condiciones preocupantes.

A mí me tocó hacer un reporte; creo que fui de las primeras, y no se lo deseo a nadie. En Uruguay la confidencialidad es algo bastante complicado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  Simplemente quiero recordar que no discutimos entre nosotros delante de los invitados.

SEÑORA PRESIDENTA.  Yo no estoy discutiendo; estoy dando mi opinión.

SEÑOR ZAK (Selio).  El Colegio ha firmado convenios con la Cámara de Representantes y de Senadores a efectos de que nos llamen para tratar los temas que nos incumben y sobre los que tenemos conocimiento. Lo reiteramos.

Por ejemplo, tenemos convenios firmados -habitualmente nos llaman- con la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ayer hubo un evento, con conferencia de prensa, en el cual concurrió al Colegio de Contadores el ministro Murro y el presidente del Banco de Previsión Social, Heber Galli. Estamos trabajando en la planilla de trabajo unificada, que ha sido algo muy importante en la simplificación de las gestiones de las empresas. Fue iniciativa nuestra y hemos sido los capacitadores. Ya se les ha dado cursos a más de cuatro mil personas. Ayer, que fue el último evento, concurrieron doscientas cincuenta o doscientas sesenta personas. El ministro ha actuado con mucha ejecutividad.

En el tiempo que nos queda disponible -a costa del sacrificio de la familia, trabajo y diversión- desearíamos poder colaborar. El único leit motiv no es estar como presidente o integrante de una comisión en el llano del Colegio de Contadores. De alguna forma nos sentimos, por lo menos en mi caso, en la necesidad de devolver a la comunidad parte de lo que nos ha brindado a través de una educación que ha sido muy ponderable. En poco tiempo ya cumpliré cincuenta años de recibido.

SEÑORA PRESIDENTA.  Les agradecemos la presencia.

Se levanta la reunión.

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.