Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay
 

Comisión Especial de
equidad y género

S/C
  Versión Taquigráfica N° 1815 de 2018

AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS

SITUACIÓN DE LOS NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL INAU

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 6 de setiembre de 2018


(Sin corregir)


 

PRESIDE:   Señora Representante Stella Viel (Vicepresidente).
 
MIEMBROS: Señoras y señores Representantes Marcelo Bistolfi, Alejandro Brause, Margarita Libschitz, Valeria Moreira, Luis Puig y Gloria Rodríguez.
 
INVITADAS: Señora Coordinadora de ONU Mujeres, Magdalena Furtado y señora Coordinadora de las Naciones Unidas en el Uruguay, Mireia Villar Forner. Doctora Paula Galimberti.
 
SECRETARIO: Señor Francisco J. Ortiz.
 
PROSECRETARIO:   Señor José Pedro Fasanello.  

 

SEÑORA PRESIDENTA (Stella Viel).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión tiene el agrado de recibir a la coordinadora de ONU Mujeres, señora Magdalena Furtado, y a la coordinadora de las Naciones Unidas en el Uruguay, señora Mireia Villar‑Forner.

SEÑORA VILLAR‑FORNER (Mireia).‑ Nosotros tenemos un equipo con trece agencias especializadas, que tratan de poner en práctica una retahíla de mandatos que tiene la ONU. Hoy me acompaña la señora Magdalena Furtado, que encabeza ONU Mujeres, la agencia que se responsabiliza por la igualdad de las mujeres y su empoderamiento en el mundo.

Deseo introducir el concepto de Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Se trata de una agenda marco universal de la que es parte Uruguay. Quiero explicarles qué hay de nuevo en esta Agenda, cuáles son algunas de las ambiciones que tiene y cómo se aterriza en el país. Luego, Magdalena se referirá específicamente al componente de género de la Agenda, captado en un objetivo de desarrollo y que permea a lo largo y ancho del desarrollo sostenible del que hablamos.

Este 25 de setiembre se cumplirán tres años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Por lo que ha ido aconteciendo en el mundo, en estos tres años tenemos la perspectiva de saber que esa Agenda fue un acto esencialmente político, bastante valiente, y que se nos antoja irrepetible al menos en el contexto actual. Por político e irrepetible, creo que la Agenda debe ser protegida mediante su implementación, haciéndola realidad.

La Agenda que se aprobó en 2015 fue y es un consenso global que, a pesar de venir de un trabajo de muchos años en el campo del desarrollo, instaló un planteo para cambiar el paradigma de aquel año. Cuando uno entiende que esa Agenda es una crítica bastante profunda de un sistema de desarrollo en el que estamos instalados colectivamente ‑no solo en Uruguay‑, una crítica a los sistemas económicos, creo que se hace más cuestionable y sorprendente que 193 países la aprobaran.

Es un llamado de atención al modo en que producimos, al modo en que consumimos, al modo en que nos relacionamos, y cuestiona que el interés de todos no es el que estamos protegiendo. Hablo no solo del interés de los que estamos aquí, sino de la dificultad de proteger el interés de las generaciones futuras.

Además, plantea un uso sostenible de los recursos, y que el despilfarro y el endeudamiento son subproductos casi naturales del progreso, a pesar de que el progreso es vivir considerando las capacidades planetarias y del capital natural en el que existimos.

La Agenda nos interpela a redefinir el progreso; crea un nuevo estándar de desarrollo, cualifica para qué queremos ser competitivos. Cuando hablamos de tener economías competitivas, para qué queremos ser competitivos es una pregunta de fondo. ¿Es solo para reducir costos o para lograr un desarrollo y un crecimiento económico que, además de generar inclusión, proteja y regenere el capital natural? A partir de estas interrogantes, la Agenda nos ubica en un lugar distinto como sociedad, no solo poniendo en valor y teniendo en el interés común a las generaciones futuras, sino poniendo en valor bienes intangibles, es decir, cosas como el aire que respiramos, que siempre han estado, pero antes no tenían precio. Y no estoy hablando de mercantilizar el recurso natural, sino de poner en valor ‑que es distinto‑ cosas nuevas.

Se trata de una Agenda muy ambiciosa, que aspira a completar lo que no logramos hacer en los quince años anteriores, cuando estuvieron en aplicación los objetivos de desarrollo del milenio, que eran más acotados temáticamente, con un enfoque casi sectorial. Se hizo un trabajo inaudito, pero quedaron agendas pendientes. Esta, en particular, recoge ese testimonio y se plantea no solo reducir a la mitad la pobreza en el mundo, sino eliminarla. Ese nivel de ambición queda reflejado en los diecisiete objetivos. Cuando uno ve las metas que hay detrás de la Agenda, advierte una gran profundidad y sofisticación en cuanto a lo que se pretende lograr.

La agenda también es ambiciosa porque se plantea encaminar ‑ojalá, completar‑ procesos de transformación estructural en los países, en sus economías. Creo que esa es la novedad. No estamos tratando de alcanzar metas que se midan como los índices que hay detrás de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), sino que se plantea una conversión y un reacomodo de la política pública para generar procesos de transformación social, económica y medioambiental. Esa es la parte más complicada, porque nos lleva a una mirada multidimensional con la que todos nos llenamos la boca cuando hacemos política pública, pero que es bastante complicada de instalar, porque supone redefinir un problema.

Hay problemas de toda la vida, pero no siempre los hemos visto como tales; ahora son sujetos de la política pública, y los abarcamos desde espacios distintos. Entonces, afrontar y poner en marcha sistemas económicos bajos en carbono o ciudades resilientes, o transitar hacia economías verdes o más circulares es otro calibre de reto que nos planteamos como sociedad. Por lo tanto, con esa ambición mucho mayor no bastarán incrementos graduales como los que hemos venido haciendo, sino que hay que dar saltos de gigante. Eso supone ampliar las alianzas para tener recursos financieros y también tecnológicos, humanos y de innovación a disposición de la Agenda. Eso supuso sacar esta conversación de los pasillos de las Naciones Unidas y de los ministerios de planificación, para empezar a hablar con el mundo exterior, particularmente, con el sector privado.

Hay una conversación que es nueva, tentativa, que va abriéndose su camino, pero que supone un proceso de cocreación ‑que en los diferentes países tomó distintas velocidades‑, para redirigir el recurso financiero global hacia la generación de sostenibilidad. Se habla mucho de bonos de inversión de impacto, de qué vamos a hacer con el capital de los fondos de pensión, etcétera. El hecho es que en el mundo hay recursos; no hay falta de capital financiero. Sucede que ese capital ahora está invertido en iniciativas que no necesariamente generan este tipo de transformación del que hablamos.

Entonces, parte de la conversación es cómo hacemos para reconducir, para crear incentivos, carteras y planes de inversión. La idea es que los ciudadanos puedan decir a sus gestores de fondos de inversión o de pensiones dónde quieren invertir su dinero. Esa es una parte de la conversación.

La otra parte tiene que ver con el sector privado y sus emprendimientos. Después de Davos hubo una comisión de negocios y de desarrollo sostenible con personas eminentes del mundo. Estuvieron un año para plantear cuál era el caso de negocio y por qué debería ser de interés del emprendimiento y del sector privado trabajar y alinear sus estrategias de negocios con los ODS. Se hizo un informe a nivel global y de América Latina y se identificaron sesenta hotspots, es decir, sesenta oportunidades de negocios en cuatro sectores: la energía, la comida y la agricultura, las ciudades y la salud, y el bienestar. Son sectores que en este país tienen una presencia enorme. Obviamente, la parte forestal está representada. Ellos calcularon que el premio al final de ese proceso de alineamiento a nivel global es de US$ 12.000.000.000.000 en oportunidades de negocios y US$ 1.200.000.000.000 en oportunidades de negocios en la región.

¿Cómo se hace ese proceso de alineamiento? Eso es lo que está en construcción. El informe ‑puedo hacérselos llegar‑ es bastante específico en el tipo de oportunidades y de cambios que las empresas pueden empezar a digerir y a transitar para ampliar sus mercados, su base de inversores, de manera de buscar su propósito más allá del beneficio a sus accionistas.

Por otro lado, se habla de que necesitamos 600.000.000 de puestos de trabajo en el mundo y de que implementar estrategias de negocios privados alineadas con los ODS puede llegar a promover 24.000.000 de puestos de trabajo en la región. O sea que no es un imperativo estrictamente de negocios, sino algo moral. Quizás esta sea la parte más novedosa y en la que todos estamos aprendiendo a hablar unos con otros; no siempre son conversaciones fáciles, porque el sector privado es bien variado.

En las Naciones Unidas acuñamos la expresión "aterrizar la agenda". De hecho, se trata de una agenda planetaria y no solo para los países en desarrollo. Por primera vez, es una agenda que, al crear un nuevo estándar de desarrollo, aplica a todos. En este nuevo estándar todos somos países en desarrollo. En Estados Unidos de América hay 40.000.000 de pobres; ¡a ver, entonces, si no hay agenda de reducción de pobreza en los países de ingresos altos! Eso cambia un poco la lógica y la gobernanza de la Agenda. Todos los países del mundo están hoy apropiándose de ella. En Uruguay se hizo, por decreto, una asignación de responsabilidades institucionales al INE, la AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional) y la OPP, para liderar ese apropiamiento.

Uruguay, si no es el único, es uno de los muy pocos países que hizo informe al Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, al que los países miembro presentan un subconjunto de los diecisiete ODS. Presentaron un informe voluntario nacional en 2017; este año hicieron un segundo informe voluntario y está el compromiso de presentar un tercero. Es un trabajo enorme, que va a dar al país una línea de base de todos los ODS al final del ciclo de gobierno. Son informes perfectibles, pero dan una primera lectura acerca de dónde está ubicado el país en relación con las metas e indicadores detrás de cada ODS. Eso nos da información rica, datos que no tenemos sobre agendas que están sin abordar, en las que tal vez los estándares globales se quedan cortos para un país como Uruguay, que ya ha hecho sus tránsitos y necesita plantearse metas a otro nivel.

Para nosotros es fundamental ‑más allá de hacer informes‑ generar una reflexión y hacer una autocrítica y autoevaluación para ver en qué medida las políticas públicas van a lograr esas transformaciones estructurales. Hay que hacerse preguntas difíciles y complicadas. Hay que poner las luces largas y no las cortas cuando hacemos políticas y presupuestos. Si no abordamos las exclusiones duras que el país tiene, la situación de los pobres anquilosados, que no han podido salir luego de varios ciclos de bonanza; si no abordamos la cultura del privilegio ‑la otra cara de la moneda‑, que en esta región sigue bastante persistente ‑tal vez relativamente menos en Uruguay‑; si no pensamos las políticas de protección social solo como herramientas para salir de la pobreza, sino para no recaer en ella, estamos complicados.

En Uruguay, al día de hoy hay un 40% de familias que, habiendo salido de la pobreza, están en una clase media vulnerable, no consolidada. Entonces, se requiere hacer a estas familias sujeto de las políticas públicas con instrumentos distintos. Necesitamos un acompañamiento y una política de protección social que mida todo el ciclo de la vida, que empiece desde la primera infancia, con la salud y la educación, y luego se vincule con las oportunidades de ingreso al trabajo, con el sistema de pensiones, que aquí está bastante bien instalado. Me refiero a una mirada del ciclo de vida en la que se identifiquen esos momentos en los que uno va a necesitar apoyos particulares, como al enfrentar la maternidad, procesos de desempleo, etcétera. Si no afrontamos de cara la legitimidad y el desempeño de las instituciones públicas, la aún baja recaudación y la alta evasión fiscal que hay en la región ‑hay que tratar ambos temas‑, y si no nos sinceramos sobre los sectores productivos a los que hemos apostado, no se podrá cumplir las metas. Sé que este tema es de recurrente conversación en Uruguay, pero hay impactos en el corto y en el largo plazo, y estas elecciones deberían haber tenido puestas las luces largas.

Los procesos de inserción internacional de nuestra economía van a sentir esas presiones, porque en otras partes del mundo el cómo producimos ya es un requisito. Si queremos acceder a capitales internacionales, lo tendremos que hacer habiendo ajustado esos modos de producción. Si no logramos darle la vuelta a los problemas de productividad que la región tiene ‑y, sin duda, también Uruguay‑ y hablamos de energías limpias y descarbonizadas, todo ese planteo que se hizo en 2015 habrá sido en vano.

Estas son algunas de las preguntas duras y difíciles que están detrás de la Agenda. Las métricas de los ODS son útiles para darnos una foto y generar cuestionamientos, pero después tenemos que crear espacios en el gobierno ‑que no se generan en los ministerios ni en los gabinetes temáticos‑ para afrontar estos temas desde las distintas perspectivas; si no, va a ser complicado.

Los parlamentos tienen un rol fundamental, porque esta no es una agenda de gobierno, sino de país, y hay que construirla enfatizando bastante en el sector privado, porque la conversación con la sociedad civil ha sido más natural históricamente. Y lo mismo sucede con la academia, con los que llevan el liderazgo tecnológico, etcétera. Es importante hacer una construcción y tener estrategias para aterrizar la Agenda en el país. Es una estrategia que, si bien se impulsa desde el gobierno, tiene que estar fortalecida, acompañada y monitoreada desde otros ámbitos.

Quería lanzar la idea clave de que hay una agenda que nos compromete a todos, que es un estándar absolutamente distinto y tiene que generar conversaciones de otro tipo en los países, y para ello el rol que el Parlamento tiene, de compromiso, de hacer las preguntas y monitorear progreso, es fundamental.

Invito a Magdalena Furtado a especificar las oportunidades que la Agenda nos da en los temas de género.

SEÑORA FURTADO (Magdalena).‑ En el sistema de Naciones Unidas me toca coordinar la agencia ONU Mujeres de Uruguay. Es una de las que fue creada más recientemente, en 2010, y quien ejerció la primera presidencia a nivel global fue Michelle Bachelet, que luego ocupó la presidencia de Chile.

Me voy a centrar solo en el tema de igualdad de género, que es el foco del mandato de mi agencia y el cometido de esta Comisión; por ende, saltearé lo relativo al camino hacia estos objetivos de desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 nos hace repreguntarnos algunas cuestiones sobre el desarrollo; incluye un objetivo específico, que es el número 5, que aborda los temas de igualdad de género, aunque en los otros objetivos la mirada de género está transversalizada. Eso quiere decir que esta agenda replantea que para todos los temas la mujer tiene que estar en el centro del desarrollo. El empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género debe estar en el centro del desarrollo, que es lo que se ha hecho en los países nórdicos: han planteado un desarrollo en el que han puesto el rol de la potenciación de las mujeres en el centro de la agenda.

Respecto a los ODS y la igualdad de género, para poder ver las metas que se plantean en este objetivo 5, también hay que considerar cuál es la realidad que queremos cambiar.

Les voy a presentar solo un indicador, que es el que hace el Foro Económico Mundial, que se llama Brechas de género de 2017 y toma en cuenta cuatro áreas temáticas: salud, política, educación y economía. ¿Por qué elegí este indicador? Porque no mide niveles para comparar los países, pues sabemos que hay una heterogeneidad enorme, sino la distancia del valor de las mujeres y varones en cada una de esas áreas temáticas. Cada una de esas áreas está compuesta por un montón de indicadores. Hay una batería de indicadores que tratan de reflejar ese resultado. Lo importante es que Uruguay, que es un país que resalta por tener una renta alta y un alto desarrollo humano, cuando miramos esa distancia entre varones y mujeres, cae en los lugares del ranking. Todavía hay un déficit que transformar.

Respecto a este indicador, en la página web hay una especie de calculadora que calcula cuántos años tomaría a nivel mundial que esas distancias se terminaran de cerrar. Los promedios a veces son insignificantes cuando vemos que hay una distancia enorme entre varones y mujeres. Esa calculadora muestra que a nivel global llevaría 217 años cerrar las brechas. Precisamente, los ODS tratan de acelerar ese cerramiento de brechas.

¿Por qué queremos cambiar esa realidad? Por supuesto que desde Naciones Unidas siempre estamos parados en un enfoque de derechos humanos, de justicia social y de toda la argumentación que está detrás de la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas. Además, lo que podemos ver en este indicador es que cuando medimos a los países por cómo utilizan los talentos de las personas, por el potencial de recursos humanos que tiene una población con respecto a las brechas de género, advertimos que a los que tienen mayor uso positivo de sus talentos humanos y menos brecha de género es a los que les va mejor en ambas áreas: los países nórdicos. Han podido combinar ambas cosas.

La igualdad de género en los ODS está transversalizada. En la gráfica que está en pantalla vemos que en cada uno de esos objetivos figuran en azul oscuro las metas que tienen que ver con género. Por ejemplo, en pobreza vemos que hay siete metas de las cuales tres tienen esa mirada de género. Por supuesto que el que está pintado todo de azul es el ODS 5, cuyas metas tienen que ver con la igualdad de género. Insisto: la mirada de género está permeada en todos los temas de la Agenda.

Voy a poner solo el ejemplo del ODS 1. El análisis de cómo uno se pone los lentes de género en cada uno de esos objetivos lo voy a ejemplificar con el fin de la pobreza. En la gráfica que proyectamos pueden ver la proporción de personas que vive en pobreza extrema. En el ciclo de vida es más o menos similar la línea roja de las mujeres que la azul de los hombres. Pero si se fijan bien verán que en un momento del ciclo de vida hay una distancia mayor entre el porcentaje de personas pobres varones que de mujeres, y es entre los veinte y cuarenta años. En ese punto la línea roja se separa y está por encima. Entonces, a partir de esta mirada de género, uno tiene que interpelar por qué en la edad crítica de la vida productiva de las personas, entre los veinte y los cuarenta años, las mujeres son más pobres que los varones. A eso nos referimos: a tratar de cuestionarnos y poner esa mirada de género. Por supuesto que hay una batería de explicaciones que tienen que ver con la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres. La idea es analizar cada uno de los objetivos a partir de qué pasa con los varones y con las mujeres.

Estas son las metas que están en el ODS 5. La primera tiene que ver con poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas.

En lo que compete al Poder Legislativo, sabemos que aún existe mucha legislación discriminatoria, no tanto en Uruguay, pero sí en muchos países. Hace poco, este Parlamento eliminó palabras de la legislación que eran discriminatorias hacia las mujeres.

La segunda meta tiene que ver con eliminar las formas de violencia. Sabemos que la violencia hacia las mujeres es un problema muy grave en esta región.

La tercera meta tiene que ver con eliminar las prácticas nocivas. Aquí hay un montón de temas que competen más, tal vez, a África, como la mutilación genital femenina, que en Uruguay no ocurre. De todos modos, hay cosas que ocurren en Uruguay, como el matrimonio infantil, puesto que es uno de los países que todavía no ha cambiado su legislación para evitarlos.

La meta cuatro tiene que ver con los cuidados, el trabajo doméstico o no remunerado y la corresponsabilidad.

La meta cinco tiene que ver con la participación plena y efectiva de las mujeres.

La meta seis tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de las mujeres.

Voy a detallar indicadores que les pueden quedar como insumos para ver cómo está la región y, sobre todo, cómo Uruguay se ubica en este contexto regional respecto a tres temas: participación política, violencia y empoderamiento económico. Son los tres ejes más importantes que tenemos que trabajar en Uruguay conjuntamente.

Respecto de la participación política, justamente ayer hicimos una presentación en la que presentamos este diagnóstico completo y participaron los principales referentes de los partidos políticos.

En la gráfica que están viendo está representada la proporción de los lugares ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. Uruguay tiene un 20% y está a mitad de tabla en la región, pero si lo comparamos a nivel mundial, está al final: en lugar noventa y siete, entre Bangladesh y Guinea Ecuatorial. Es un indicador que ha mejorado en el país gracias a la aplicación de la ley de cuotas, pero aún el porcentaje es muy inferior respecto de su propia historia ‑ya que fue el primero de la región en consagrar los derechos políticos de las mujeres‑ y también en cuanto a cómo avanzaron otros países de la región y fuera de ella en ese sentido.

Si miramos en el Poder Ejecutivo, acá está el promedio de los últimos tres períodos presidenciales. Uruguay, en esta Administración tiene el porcentaje más elevado de mujeres en el gabinete ministerial. Esa es una buena noticia y ojalá que siga siendo así la tendencia. Muchas de las fórmulas que han ascendido en diferentes países han tendido a nombrar un gabinete paritario.

En cuanto al Poder Judicial, en la gráfica pueden ver la proporción de mujeres ministras en la Suprema Corte de Justicia.

También pueden ver la evolución creciente pero lenta de alcaldesas y concejalas en América Latina para el período 2006‑ 2016.

Los datos fueron tomados del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe, que se nutre de los datos oficiales que reporta cada uno de los países y son recopilados por la Cepal.

Como conclusión de este tema, los países no han avanzado de manera natural. Se ha podido avanzar gracias a la existencia y la implementación de leyes de cuotas, que son vistas como acciones temporales y transitorias, porque como no ocurrió naturalmente, tratan de acelerar la incorporación de mujeres en el campo de la política y en la toma de decisiones en general. Hay muchos países en que la cuota se aplica a las empresas. En Europa, se vio que los directorios no estaban integrados por mujeres y se incorporaron también las cuotas en el sector privado. En Chile también se hizo, bajo la presidencia de Bachelet, para mejorar la participación de las mujeres en los cargos de decisión.

Además, siete países de la región ya han avanzado hacia leyes de paridad y son muy pocos los que actualmente no tienen vigente ninguna legislación aceleradora como de cuotas o de paridad para apresurar este proceso de cambio.

Esto era en cuanto a la participación política, como para tener un panorama general de cómo está parado Uruguay en la región. Como ustedes bien saben, para las elecciones del año que viene se extendió la aplicación de la ley de cuota, pero no se han mejorado las deficiencias que fueron encontradas en su implementación anterior. Se visibilizó qué cosas no habían funcionado bien y se hizo una extensión sin mejorar esa legislación.

Con respecto a la violencia hacia mujeres y niñas ‑en este caso, también tomamos los datos oficiales del Observatorio de Igualdad de Género del año 2016‑ esta gráfica muestra solo la muerte de mujeres ocasionada por la pareja o la expareja, o sea, lo que llamamos femicidio íntimo. Uruguay, ese año, tuvo dieciséis casos ‑las barras muestran los números absolutos‑, pero lo que me interesa destacar de esta gráfica es el puntito de color naranja que se ve arriba de la columna azul, que corresponde a la medición en términos de tasa y en este caso Uruguay tiene el valor más alto. Nuestro país tiene solo 3.400.000 habitantes, por lo cual, si miramos en términos de tasa, es decir, cuántas mujeres son asesinadas respecto de su propia población, vemos que en Uruguay la situación es realmente alarmante.

Con respecto a las legislaciones, como ustedes saben perfectamente, Uruguay avanzó hacia una legislación integral en este tema. Hoy, dos tercios de los países de América Latina siguen teniendo un tipo de legislación de primera generación, que solo mira la violencia doméstica, y de una manera muy fragmentada. A partir de diciembre del año pasado, Uruguay entró en el tercio de los países de la región que han sancionado leyes de segunda generación, o sea, que tratan de ver las diferentes formas de violencia ‑no solamente en el ámbito doméstico‑ y, sobre todo, de dar una respuesta integral y no fragmentada. Ustedes también están al tanto de los problemas en relación con la agenda de implementación de esa ley.

Voy a mencionar un estudio que se hizo el año pasado por parte de Inmujeres y PNUD, que mostró cuáles son los nudos críticos de la región en materia de violencia e implementación de las leyes. Es importante porque Uruguay no escapa a estos nudos críticos que fueron reconocidos para todos los países de la región.

En primer lugar, para poder aplicar la ley sobre violencia, si bien no es solo responsabilidad del Inmujeres como rector de las políticas públicas, es muy importante robustecer su liderazgo político. En Uruguay tiene rango de instituto y no está a nivel ministerial en la toma de decisiones.

El otro nudo crítico tiene que ver con los recursos presupuestarios. Eso se habla en todos los países de la región. Una vez que están hechas las leyes, ¿cuáles son las brechas que existen para implementar las políticas y los planes?

En tercer lugar, tenemos la debilidad de la continuidad de las políticas y los planes nacionales, y a veces existen respuestas fragmentadas. En Uruguay, justamente, la ley trata de superar esos problemas de fragmentación con los diferentes juzgados y la peregrinación que deben hacer, en la práctica, las mujeres que sufren violencia.

En cuarto término, está la debilidad de los sistemas de información y de medición de violencia. Sabemos que Uruguay ha avanzado muchísimo desde la época de la División de Género en el Ministerio del Interior hasta ahora en el registro de las denuncias de violencia y, por eso, se pasó de cinco mil casos en 2005 a cuarenta mil el año pasado. Pero sabemos que hay otros países que tienen mucho camino para recorrer con respecto a mejorar las cifras, porque hay una subestimación y si no visibilizamos y cuantificamos correctamente esta problemática, los recursos para atenderla y todo lo demás vienen mucho más lentamente.

Por último y creo que lo más importante es la persistencia de patrones culturales. Las leyes son condición necesaria, pero no suficiente para que se den los cambios.

Quiero compartir cómo vemos el empoderamiento económico de las mujeres. Por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo con que haya políticas sociales, pero en esta nueva agenda debemos tratar de repensar el rol de la mujer desde el ámbito productivo, de su autonomía económica, con muchas más herramientas con respecto a cómo estaba mirado en la otra agenda de desarrollo.

El mensaje clave es que se han hecho avances significativos respecto del empoderamiento económico de las mujeres, porque se han incorporado masivamente al mercado laboral. La participación de las mujeres aumentó de 44% a 56% en las últimas dos décadas; o sea que hubo un crecimiento enorme. Además, cayó el porcentaje de mujeres sin ingresos propios y, hoy en día, en América Latina, solo es del 20%. Entonces, hubo progresos, pero aún son incompletos, desiguales y amenazados, y les voy a contar por qué.

Son incompletos porque, por ejemplo, como muestra la gráfica que estamos mirando‑ en cuanto a la participación de varones y mujeres en el mercado laboral correspondiente al año 2014 tenemos una brecha entre el 84,7% y el 56,4%. O sea que hay un potencial de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y una brecha muy grande por cerrar. Además, tenemos que pensar ‑sobre todo en países con una transición demográfica avanzada‑ que si no hay una incorporación de esas mujeres que aún no están en el mercado de trabajo formal, la sostenibilidad del pago de pasividades puede ser un problema.

También en las tasas de desempleo hay una brecha. Pueden ver que las tasas de desempleo en las mujeres son por lo menos un tercio superiores a las de los varones.

Hay brechas salariales. En la siguiente gráfica se puede ver el promedio de los salarios de mujeres con respecto al de los varones en América Latina. La brecha que tiene Uruguay, de un 23%, medida por el Instituto Nacional de Estadística, es muy similar a la de toda la región de Latinoamérica.

Por supuesto, para mí este es el núcleo duro de todos los problemas. El día tiene veinticuatro horas y, en la medida en que las mujeres sigan haciendo el doble de trabajo, que es no remunerado además de invisible ‑es trabajo de cuidado, reproductivo, de limpieza o dentro del hogar‑, hasta que no haya una corresponsabilidad o mejore la división sexual del trabajo, no va a haber posibilidades de que la mujer se incorpore en igualdad de condiciones y plenamente, como los varones.

En cuanto a la evolución de la pobreza, si bien vemos que bajó de 43,9% a un 28% en América Latina y El Caribe ‑está representada por las columnas amarillas‑, lo que preocupa realmente es lo que muestra la línea azul, que corresponde al índice de feminidad de la pobreza. El descenso de la pobreza de las mujeres es más lento que el descenso de la pobreza de los varones; por eso, aumenta el índice de feminidad de la pobreza. Creo que esto es una alerta de lo que está ocurriendo.

El segundo mensaje es el de la desigualdad y tiene que ver con que hay muchas inequidades en la región por estatus socioeconómico, por ubicación geográfica ‑en Uruguay lo vemos entre Montevideo e interior‑ y por raza y etnia.

El tercer mensaje tiene que ver con que los avances están amenazados, porque sabemos que en la región hay un estancamiento e incluso en algunos países se está hablando de recesión después de varios años de bonanza. El cambio tecnológico y la automatización afectan mucho los servicios, y sabemos que las mujeres están insertas principalmente en el sector servicios, y también hay un avance del conservadurismo en la región. En muchos países se intenta contraponer los avances que ha tenido el rol de la mujer en la sociedad con otros mensajes mucho más conservadores que impiden que se dé el consenso que, por ejemplo, han tenido los países nórdicos en cuál es el lugar y el rol de la mujer en la sociedad.

Hay un estudio de ONU Mujeres que muestra tres escenarios de empoderamiento. Todas las mujeres, no importa en qué lugar del mercado laboral estén, precisan una mirada desde las políticas públicas. Por un lado, están las mujeres en los llamados pisos pegajosos, que tienen una participación laboral muy baja. ¿Por qué decimos que son pisos pegajosos? Porque son por lo general las mujeres más pobres, más vulnerables, que tienen más hijos y que no tienen acceso a servicios de cuidados ni a una contención familiar, por lo cual su participación en el mercado de trabajo es prácticamente una hazaña. Hay que buscar la manera de apostar a ese tipo de mujeres para poder dar una real autonomía económica. Además, al tener dependencia sufren más violencia y otros problemas.

En el otro extremo están las mujeres en lo que llamamos techo de cristal, que tienen una participación laboral alta, prácticamente igual a la de los varones y tienen muchísima formación y educación, a veces incluso más que los varones. No obstante, algo ha pasado en las economías y no han podido acceder a puestos de mayor jerarquía o de toma de decisión, o no están en las conversaciones de toma de decisiones.

En el medio nos queda una categoría a la que llamamos escaleras rotas, que tienen una participación laboral intermedia. Se refiere a la clase media que mencionó Mireia Villar‑ Forner. Esas mujeres, tal vez ante un hecho de su historia de vida como una separación, el fallecimiento de un familiar que las ayuda con el cuidado de sus hijos o un despido, pueden andar algunos escalones para arriba o pueden caer escalones para abajo, por la fragilidad que hace que no se consolide su situación.

Voy a entregar a la Comisión el estudio completo, porque hice un resumen para demostrar que todas las mujeres precisan la mirada desde las políticas públicas.

Por último, voy a contar en qué áreas estamos trabajando en ONU Mujeres con el gobierno de Uruguay, la sociedad civil, los partidos políticos y las empresas, que fue el nuevo reto que comenzó este año. En cuanto a la violencia, hemos apoyado y acompañado todo el proceso de redacción de la ley de violencia, tratando de basarnos en los estándares internacionales, y ahora estamos mirando con atención cómo desde los servicios y desde el Estado uruguayo se implementa la ley. También empezamos a interactuar con el Poder Judicial, particularmente con el CEJU y la Fiscalía, organizando instancias con expertos internacionales, para poder analizar los problemas de implementación que ha habido en otros países y cómo se puede avanzar, porque la ley está aprobada.

También hay un programa que refiere a ciudades seguras, en el que estamos trabajando junto con la Intendencia de Montevideo. El problema del acoso callejero es muy banalizado y se mira desde un lugar que no se asocia con que es un tipo de violencia, porque se trata de abuso sexual en el espacio público, que todas las mujeres y niñas sufrimos a lo largo de nuestra vida. Esta problemática es mayor para las adolescentes y preadolescentes. Este programa se lleva a cabo junto con treinta y tres ciudades a nivel mundial y la Intendencia de Montevideo ingresó este año. Estamos trabajando en diferentes áreas, desde la mirada de género en la planificación urbana, hasta hacer un diagnóstico de la ciudad. Además, se está realizando una campaña de incidencia que va a salir en noviembre.

Asimismo, tenemos programas que tienen que ver con deporte y género, sobre todo con el fútbol, que es el deporte por excelencia en Uruguay. Estamos trabajando con OFI y con ONFI, para tratar de que en todos esos espacios que son muy masculinizados se pueda trabajar desde el lugar de la prevención, porque debemos empezar a crear relaciones igualitarias. La violencia empieza con la desigualdad, como bien dice la campaña de la Intendencia.

Por último, tenemos un proyecto en el que abordamos la intersección entre violencia y discapacidad. En Naciones Unidas hay un proyecto más general de discapacidad que tiene tres ejes, que son salud, información y violencia, que es el área que nos compete a nosotros.

En cuanto a la participación política, puedo decir que realizamos estudios y encuestas de opinión pública. De hecho, ayer tuvimos una reunión en nuestras oficinas con representantes del Frente Amplio, Partido Independiente, Partido Colorado y Partido Nacional para validar la encuesta que va a salir a luz sobre las preferencias de la población uruguaya respecto a la participación de mujeres en la política. También vamos a tener una línea de trabajo, que se ha venido haciendo desde Naciones Unidas, para fortalecer a esas mujeres políticas, y por último una campaña de incidencia y comunicación, porque este año es preelectoral y ojalá que Uruguay pueda dar un paso más en cuanto al lugar que van a ocupar las mujeres en los cargos de representación.

Por otra parte, tenemos un proyecto con la Unión Europea, que tiene que ver con el empoderamiento económico, al que llamamos Ganar‑ Ganar y es con el que por primera vez desde ONU Mujeres trabajamos con las empresas del sector privado. En Uruguay seis de cada diez mujeres trabaja en el sector privado. Entonces, el hecho de no acercarnos a las empresas sería ser ciegos ante esa realidad. Las empresas tienen mucho camino para recorrer dentro de su organización para poder tener prácticas con igualdad.

También trabajamos con la corresponsabilidad y políticas públicas de cuidado. En noviembre se va a realizar un diálogo político de cuidados junto con el gobierno de Uruguay.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Estamos todos muy agradecidos por la información.

Estuvimos en un encuentro en Punta del Este en el que participaron nuestras invitadas junto con las alcaldesas y hubo un lanzamiento de parte de la agenda. Es bienvenida la apertura de ojos y oídos, y destaco que el involucramiento haya sido mayor esta vez, sobre todo en cuanto a los privados. Tenemos mucho para hacer y es un gran compromiso para las mujeres y los hombres de mi país, sobre todo para nosotros como legisladores.

SEÑORA VILLAR‑FORNER (Mireia).‑ Reitero la oferta del sistema de Naciones Unidas en Uruguay para dialogar desde esta Comisión y quizás también desde otros espacios de este ámbito para fortalecer el rol que debería estar jugando el Parlamento en acompañar el aterrizaje de agenda y conocer los esfuerzos que se están haciendo desde el Ejecutivo y desde la sociedad civil y el sector privado.

SEÑOR PUIG (Luis).‑ Muchas gracias por el desarrollo de los planteamientos.

Quiero trasmitir una experiencia que esta Comisión recibió de parte de la comunidad de Rocha. Se trata de un trabajo que desde nuestro punto de vista dignifica la educación pública. En un liceo de Rocha se planteó un estudio sobre las condiciones de vida y de trabajo de la mujer, y para sorpresa nuestra con alumnos de quinto y sexto año de una escuela pública se propuso analizar cuáles eran los trabajos que realizaban las mujeres del barrio de la escuela. La conclusión fue trasmitida por alumnas de once o doce años y decía que habían visto que cuando las mujeres accedían a un trabajo fuera del hogar, se desempeñaban fundamentalmente en las mismas áreas que en su hogar, como por ejemplo, en cuidados y limpieza. Es decir que se reproduce en la sociedad ese rol subordinado de la mujer.

Creo que a veces nos falta incorporar la experiencia concreta en lo social para que estos elementos, que muchas veces se vuelcan en seminarios y que son muy importantes e informativos, se desarrollen en un medio en el que pueda servir a la población. A todos los integrantes de la Comisión nos llamó la atención cómo esos alumnos de la enseñanza pública se involucraron en una temática social que a veces es difícil de explicar, pero se dio naturalmente cuando hubo incentivo de parte de los docentes para analizar la situación y comunicarse con sus vecinas. Recuerdo que también se analizó algo que a veces se nombra sin el debido análisis que tiene que ver con la deserción estudiantil. Esas niñas de once y doce años que hicieron el estudio analizaron por qué un número importante de adolescentes abandonaba los ciclos educativos como consecuencia de un embarazo y lo que significa la presión social y el bullying en su centro educativo.

¿Qué quiero señalar con esto? A mí me parece muy importante que los jóvenes desde temprana edad se vayan involucrando con el análisis de que las cosas que pasan no son producto de algo natural, que no se trata de que siempre haya sido así y que tiene que ver con comportamientos de desarrollo económico. El patriarcado es anterior al capitalismo, pero este último lo ha reforzado sumamente.

Me parece importante esta experiencia, porque seguramente las docentes que orientaron ese trabajo tuvieron acceso a información como la que se nos brindó hoy, pero a veces no se logran atravesar algunas barreras que a nosotros nos parecen fundamentales para la formación y para generar herramientas en la sociedad que hagan ver que no es natural que haya una diferencia salarial entre hombres y mujeres o que la precarización del trabajo sea mayor en el caso de las mujeres. En el desarrollo de empresas de servicio y demás, vemos esta situación y también ocurre aquí con las empresas que cumplen funciones en el Parlamento y en varias entidades públicas, que tienen en su mayoría mujeres trabajadoras con una precarización muy grande.

Por ejemplo, en el Parlamento costó que se regularizaran algunas situaciones de clara explotación laboral. Yo me pregunto: si esa situación se dio en el Parlamento uruguayo, con empresas que contratan con el Estado, ¿qué pasa a pocas cuadras de acá, donde todo está más invisible?

Quería señalar esto, porque me parece que la sociedad debe involucrarse más en el análisis de estos temas, para que la división sexual del trabajo y la subordinación de la mujer no se vean como algo natural. Evidentemente, hay un largo trabajo para hacer, y en ese proceso debemos considerar algunas experiencias importantes.

Otra de las experiencias que conocimos fue el trabajo de un liceo de la zona de Colón, que trabajó sobre violencia en el noviazgo. Los alumnos salieron a conversar con los vecinos y con las vecinas para conocer sus experiencias. Ese trabajo acercó a esos adolescentes a experiencias que habían vivido sus madres o sus abuelas. Nos parece que ese trabajo en lo social es el que nos puede dar algunas herramientas para enfrentar una situación que, si no hacemos algo, aparece como natural.

También fue interesante la discusión que se dio en este Parlamento sobre la ley de cuotas. Se llegó a sostener que no debía existir ley de cuotas ni discriminación positiva, porque las mujeres se tenían que ganar un lugar por su capacidad, como si fuera algo natural que los hombres fueran más capaces. Ese aspecto se discutió mucho.

Señalo esto porque, cuando esos aspectos se reflejan en el Parlamento, es que tenemos un problema serio.

Cuando en el Parlamento se discutió la ley de empleo juvenil ‑que tendremos que modificar en el corto plazo‑ y se planteó una cuota para los jóvenes trans, se llegó a plantear por qué dar beneficios a esta gente, cuando en la fundamentación del proyecto estaban las condiciones de vida de la población transexual, su expectativa de vida y el proceso que viven desde temprana edad. Digo eso porque no es que el Parlamento uruguayo esté exento de esas taras que existen en la sociedad; a veces, se reproducen inclusive aquí.

SEÑOR BRAUSE (Alejandro).‑ Agradezco su visita y la presentación realizada, que fue bien interesante.

En cierta parte de la exposición se habló de matrimonio infantil. ¿Qué se define como matrimonio infantil?

SEÑORA FURTADO (Magdalena).‑ Desde Naciones Unidas se trata de trabajar sobre orientaciones, sobre lo deseable, sobre estándares internacionales, en las diferentes comisiones o convenciones.

Se ha definido que es recomendable para los países que no se produzca el matrimonio en menores de dieciocho años. O sea que es recomendable elevar la edad del matrimonio a los dieciocho años.

En Uruguay, estaba pautado entre los doce y los catorce años y, luego, con la Ley de Unión Concubinaria, se igualaron las edades ‑porque ahí había una discriminación, una brecha‑ en dieciséis años.

En el año 2016 ingresó un proyecto de ley al respecto, porque Uruguay tiene observaciones de la Cedaw, que es la Convención de Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Dicho proyecto tiene las observaciones de ese comité de expertos, formado por veintitrés técnicos, que hace observaciones a cada uno de los países. Por dos períodos consecutivos, Uruguay ha recepcionado esa observación para cambiar esa legislación, que ya se ha modificado en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Cuando se analizan los datos de esas uniones o matrimonios en Uruguay, a través del censo de población, uno se da cuenta de que, en general, se trata de niñas, preadolescentes o adolescentes menores de dieciocho años que se casan con varones que les llevan una diferencia de edad de, por lo menos, diez años. Entonces, se trata, precisamente, de relaciones de poder o de subordinación por la diferencia de edad que tienen.

Si uno mira los casos de uniones de, por ejemplo, dos adolescentes de quince años, advierte que son la minoría. Lo que preocupa son las diferencias de edad.

Por supuesto que no estamos hablando de que en Uruguay tengamos el problema de casamientos infantiles arreglados, como ocurre en otros países. Lo que sí nos preocupan son las diferencias de edad, porque, además, la legislación de nuestro país tiene contradicciones, porque si se quiere promover la culminación de los estudios, hay que tener presente que las responsabilidades que conlleva un matrimonio no la hacen posible; sabemos que es bueno tener cierta edad para poder asumir esas responsabilidades.

Además, la evidencia internacional muestra que los matrimonios precoces muchas veces tienen hijos a edades precoces y que las mujeres sufren mucha más violencia que en los matrimonios que no son infantiles. Eso es información que se desprende de estudios internacionales que han hecho, sobre todo, la OPS y la OMS, a nivel internacional.

Desde el grupo de género de Naciones Unidas acercamos toda esa evidencia en el momento en que se estuvo hablando de la modificación de esa ley en Uruguay. Con gusto, también les podemos brindar esa asistencia y el procesamiento de los datos del censo de población. También les podemos hacer llegar un folleto que habíamos hecho en conjunto con el INAU, con el Inmujeres y con la Cancillería, que mostraba los argumentos de por qué sería deseable que Uruguay también se acogiera a ese estándar internacional con respecto a la no realización de matrimonios infantiles.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ La Comisión de Equidad y Género agradece vuestra presencia.

(Se retiran de sala la coordinadora de ONU Mujeres, señora Magdalena Furtado, y la coordinadora de las Naciones Unidas en el Uruguay, señora Mireia Villar‑ Forner)

——La Comisión de Género y Equidad da la bienvenida a la doctora Paula Galimberti.

SEÑORA GALIMBERTI (Paula).‑ En primer lugar, quiero agradecerles que me hayan recibido.

Soy una ciudadana común y corriente. No ejerzo la política, si bien tengo una vocación de servicio muy marcada.

Soy abogada y me he dedicado al voluntariado social durante mucho tiempo en los hogares del INAU.

Fui vicepresidenta de la Fundación Canguro.

Entendí que tenía que poner mi profesión al servicio de los niños, así que emprendí un camino de investigación. Creo que lo que más me formó fue el barro en los championes.

Para mí esta es una causa que no tiene color partidario y, por eso, agradezco que me reciban aquí, en la Comisión Especial de Género y Equidad. Voy a hablar de un principio de igualdad que creo que se está vulnerando desde la cuna ‑quizás, desde antes. Si bien mi intención es ser constructiva y reconocer todo lo bueno que se ha hecho, también quiero remarcar todo lo que falta por lograr.

Esta exposición tiene una doble finalidad: por un lado, poner en evidencia algunos problemas y dejar a la Comisión el material que elaboré, que fue producto de una investigación y, por otro ‑no sé si están trabajando en temas de la infancia‑, ponerme a su disposición, porque cada creación legislativa que hago, en base a mi experiencia, la pongo al servicio de la causa, porque para mí es muy importante visibilizar la situación de los menores. Creo que acá no hay una cuestión de partidos, sino de que somos todos uruguayos. Somos casi cuatro millones de habitantes y tenemos los medios para solucionar este problema. A veces no pasa solo por lo económico, sino por un cambio de mentalidad.

Esto empezó de la siguiente forma. Circunstancialmente, fui con otras madres a entregar ropa a un hogar ‑desconocía esa realidad; fue una puerta que abrí y que nunca pude cerrar‑, y me quedé atendiendo por cuatro años a niños de entre cero y siete años, conociendo su realidad cotidiana. Fui todos los fines de semana durante esos cuatro años y, la primera pregunta que me hacían en los hogares era si yo tenía familia, si tenía esposo, si tenía hijos. Les parecía raro que hubiera una persona que se involucrara en eso. Pero así como yo hay muchas personas involucradas. Yo soy casada y tengo tres hijos, que me dan bastante trabajo. Les costaba entender el voluntariado. Desde ese punto de vista me sentí un poco discriminada, porque me preguntaban qué decía mi marido y por qué dejaba a mis hijos. Ahí vi una falla. Cuando la gente se acerca a sumar, a veces cuesta aceptarlo.

También viví otra realidad. El Pereira Rossell me dio la posibilidad de conocer a las madres y ver que no todo es blanco o negro. Hay niños dejados, pero también hay madres que fueron dejadas y que repiten la misma historia; hay muy poca contención.

Mientras redactaba mi proyecto de ley para tratar de congeniar toda mi experiencia, pedí información al INAU para saber si mi intuición estaba acorde con la realidad. El informe que le pedí al INAU constaba de preguntas estadísticas, por el tema de la confidencialidad de los menores. Me presenté como Paula Galimberti y dije que estaba trabajando en investigación en materia de adopción. Solicité información numérica de los últimos cinco años ‑de 2012 a 2016‑, como, por ejemplo, la cantidad de menores institucionalizados bajo la tutela del INAU, discriminados por año, por franjas etarias y por sexo; la cantidad de menores dados en adopción, las solicitudes, el promedio de espera en materia de adopción, el promedio de evaluación, las familias de acogida, cómo se controlaba toda la información, etcétera. Esto fue el 31 de mayo de 2017.

Cabe señalar que en el INAU me recibieron muy bien, pero no tuve respuesta. Dada mi profesión, sabía que podía recurrir al instrumento de acceso a la información pública, que depende de Agesic. Luego de hacer el planteo correspondiente, desde la Agencia se comunicaron con el INAU. El Instituto da su informe a raíz de la intimación que le hace la Unidad de Acceso a la Información Pública. Se realiza un informe que recibo muchos meses después; tiene el logo del INAU y está firmado por la licenciada Beatriz Scarone.

Mi consulta fue en mayo, y el 27 de diciembre de 2017 ‑con trámite mediante en la Agesic ‑, la licenciada Beatriz Scarone me contesta algunos puntos, y me dice que no responde otros porque lo solicitado no fue relevado como insumo de información cuantitativa en el lapso de cinco años. Entonces, se me prendió una alarma, porque, entre las preguntas no contestadas estaba la cantidad de menores institucionalizados en los últimos cinco años, el promedio de institucionalización y su discriminación por franjas etarias; hay algo de control que no está funcionando y que hay que mejorar.

Podemos ver que entre 2012 y 2016 el total de solicitudes de adopción fue 740 y el de aprobaciones, 364; en la información que les traigo también figuran los promedios anuales de inscripciones y de aprobaciones. Lo que no se puede saber con exactitud ‑porque hay una diferencia entre las solicitudes y la condición de que puedan ser adoptantes e inscribirse en el RUA (Registro Único de Adopciones)‑ es si la diferencia es porque no calificaron, porque desistieron, etcétera. No se sabe qué pasó con la diferencia entre los 740 trámites y los 364 que resultaron aprobados.

En pantalla pueden apreciar estos datos graficados: se indica la cantidad de solicitudes que hubo y de aprobaciones. Hasta 2016 vemos que hay una baja, aunque parece aumentar la cantidad de adoptantes que se anotan en el RUA.

Los datos que les muestro a continuación son los que más me preocuparon. En la gráfica de adopciones por edad, lo violeta corresponde a niños de cero a dos años; lo verde, de tres a siete años, y lo rojo, de siete o más años. Ellos manifiestan tener un inconveniente importante para que se incorporen a una familia los niños de siete años en adelante. Si nosotros tomamos ese dato como una información relevante, podemos asumir que en la medida en que no encuentren una familia para reinsertarse, esos niños están condenados a la institucionalización hasta que egresen, o sea, hasta los dieciocho años; es muy difícil que alguien se haga cargo de esa situación.

Otra cosa que pregunté ‑me interesaba porque lo había escuchado en algunos discursos del INAU‑ tiene que ver con los procesos de larga duración de evaluación porque, muchas veces, estaban basados en los niños que se devuelven. Entonces, quería saber cuantos niños se devolvían porque, en realidad, hay muchos padres que ya tienen hijos adoptados; hay que trabajar sobre eso. No digo que sean todos, pero muchos van con expectativas que no son reales. Pude constatar que en 2014 se devolvió un niño, que en 2015 se devolvió un grupo de cuatro hermanos y otro de dos, y que en 2016 se devolvió un niño. Es espantoso devolver un niño como si fuese un perro, pero los números no me parecieron un elemento significativo para justificar las demoras en los plazos de evaluación de las adopciones.

Ahora me referiré a todo lo que no me pudieron contestar con respecto al período de 2012 a 2016. Una de las preguntas refería a la cantidad de niños institucionalizados en los últimos cinco años bajo la tutela del INAU, ya fuera a cargo directamente del Instituto o de los hogares por convenio. No me pudieron especificar la discriminación de los niños institucionalizados según la franja etaria y el sexo ‑algo bastante importante‑ ni el promedio de permanencia de los niños en el Instituto. Repito que me interesaban datos de los últimos cinco años.

Tampoco me pudieron especificar nada de las familias de acogida. Como saben, siempre se prioriza que los niños vuelvan a su familia de origen pero, si eso no es posible, se trata de que no lleguen a la institucionalización. Obviamente, Uruguay es uno de los países de la región con mayor índice de institucionalización. Por ello se crearon otros programas, como las Familias de Acogida ‑ahora se denominan Alternativas Familiares‑, la Familia Amiga, la Familia Cuidadora, que tiene a su cargo a varios niños, Aldeas Infantiles, etcétera. Hay un montón de recursos que tratan de reconstruir el entorno óptimo de un niño, que sería crecer en una familia.

En todo lo que tiene que ver con la familia de acogida, que es una persona que tiene una serie de menores a cargo ‑estuve hablando con una que está en Las Piedras y tiene seis niños a cargo‑ hay escasísimos controles de cómo están esos niños, del dinero invertido en ellos, sea poco o mucho. No tienen registro de esa situación

Tampoco se sabe el promedio de edad de los menores entregados a familias de acogida en los últimos cinco años. No hay información de controles posteriores realizados a las familias de acogida. No hay sistematización de la información. Con esto no quiero decir que no se haga, sino que no lo pueden poner en números.

No hay respuesta acerca del tipo de información requerida o frecuencia por parte del INAU a los organismos con menores a cargo, sean o no tercerizados, es decir, con convenio.

No hay datos del promedio de visitas en los últimos cinco años de los padres biológicos o familia extensa a los menores institucionalizados; esto me pareció impresionante. En los hogares a los que yo concurrí había una visita una vez por semana. No todos los niños reciben visita; entonces se separan aquellos que la reciben de los que no, para que no sufran. No hay registro de cada cuánto se visita a esos niños. El inciso que los jueces utilizan para determinar la pérdida de la patria potestad establece que debe tratarse de un abandono ininterrumpido por un año. El no registro de las visitas puede suponer la violación de ese año. También lleva a no ver las visitas como un derecho de los niños. Un niño no puede recibir una visita de un padre cada diez meses o de una madre cada nueve. Si bien el hogar les da alimentos, educación, escolarización, es un derecho de los niños tener contacto con un referente, con un vínculo de apego y no lo están teniendo.

Tampoco me pudieron decir ‑me llamó mucho la atención‑ el promedio de menores que han vuelto a sus familias biológicas o extensas en los últimos cinco años. Es un dato sumamente relevante

La explicación es que lo solicitado no ha sido relevado como insumo de información cuantitativa en el lapso de cinco años.

¿Cómo estamos trabajando ahora? Con carpetas, con expedientes, con lo que tenemos. ¿Cómo deberíamos trabajar? Atrás de una carpeta hay una cara, un nombre, un sufrimiento, un dolor. Si no logramos entender que atrás de un papel ‑no solo aplica para el INAU, sino también para el Poder Judicial y los defensores de menores‑ hay un niño que ya viene con una adversidad marcada, no vamos a avanzar. Tenemos que entender la adopción como un proceso. Eso significa que tenemos la obligación de medir todas las etapas.

¿Por qué? Porque no se puede administrar lo que no se mide; eso es evidente. Además, no podemos implementar acciones de mejora, correctivas, fortalecer el sistema. Si no vemos la adopción como un proceso en el que partimos del niño, hacemos una búsqueda y terminamos en una familia, y medimos esas etapas cuantitativamente, me parece que no vamos a lograr los objetivos que se propuso el gobierno nacional en el plan de la infancia de 2016‑ 2020 ‑lo estuve leyendo‑ y que tiene ideas muy buenas. Si no las medimos, si no las ponemos en la tierra, no vamos a alcanzar los objetivos.

Una familia es una oportunidad. Me estoy refiriendo a un referente de apego que dé estabilidad. No me estoy refiriendo a la familia tradicional, porque ya sabemos que en nuestro derecho está reconocida la homosexualidad, y también pueden adoptar las parejas, las personas solteras. Considero que eso es una familia, y la familia es una oportunidad. Pero si no tenemos en cuenta tres situaciones: el interés superior del menor que está siendo sistemáticamente violado; que hay que desinstitucionalizar al menor lo antes posible ‑ya que por cuatro meses que está institucionalizado, como dice Unicef, pierde un mes de desarrollo‑ y que hay que visibilizar a esos menores que están encerrados, se nos va a complicar. Y se nos va a complicar aún más en la adolescencia. Una italiana decía en un congreso de Unicef que cuando vemos un chico de quince años con un arma nos espantamos. Recién la sociedad hace visible a ese niño cuando agarra un arma ‑es un niño, a pesar de que ya se considera adolescente a partir de los trece años‑, pero seguramente ya dio impresionantes señales, pero no las vimos. No conocemos su realidad. Para trabajar hay que conocer la realidad; hay que hacer autocrítica. Tenemos que pensar que esto es absolutamente reversible. Somos cuatro millones de habitantes. Si no nos ponemos de acuerdo en cosas básicas, estamos mal.

Quiero mostrarles un estudio de Aldeas Infantiles. Me gusta traer información que no sea partidaria, datos de la realidad, porque es la forma de lograr la mayor objetividad en el tema. Es un resumen ejecutivo de Aldeas Infantiles de 2016; no traje datos más recientes porque no los hay.

La cantidad de menores privados del cuidado de sus familias al 2016 eran 5.385. El 74% vive en instituciones y el 26% en alguna alternativa de tipo familiar.

Tenemos 1.678 adolescentes; 87,7% vive en instituciones y 12,3% vive en alternativas de tipo familiar; un 43% posee algún tipo de discapacidad. Ese tema no es menor. Hay niños con grandes problemas; algunos nacen con discapacidad y otros ingresan con alguna discapacidad provocada por una golpiza o maltrato, como he tenido que ver.

En cuanto a la distribución de adolescentes por departamento, el 50% de los institucionalizados está en Montevideo y el resto en el interior.

Respecto al promedio de institucionalización de adolescentes, casi 200 adolescentes están entre los 6 y los 17 años, y el resto tiene hasta 6 años. Entre 2012 y 2016 egresaron 392 adolescentes. Hay un programa de autonomía progresiva que está llevando adelante el INAU, que es una idea excelente, pero es incipiente. Solamente 81 jóvenes tuvieron apoyo especializado o acompañamiento en proceso de egreso de cuidado institucional y solo en Montevideo. Quiere decir que el resto salió a la calle con dieciocho años, sin vínculos afectivos, sin referentes, sin contacto. ¿Qué les queda como futuro a esos chicos de dieciocho años? ¿Prostitución? ¿Delincuencia? ¿Quién va a hacer de guía de esas personas?

En resumen, Aldeas Infantiles dice que los Estados deberían proporcionar servicios de apoyo posegreso en materia de acceso a servicios y beneficios sociales, asesoramiento jurídico, de salud y también apoyo económico. De este modo, los egresados contarían con espacios de orientación y contención, lo que resulta clave en una etapa marcada por incertidumbre y cambios.

Pensemos en un chico de dieciocho años que salga de una institución en la que estuvo encerrado a la libertad absoluta sin ningún tipo de contacto. No sé, ¿qué esperamos de esa persona?

Les voy a mostrar el informe del Pereira Rossell de 2017. Hay una realidad que cada vez es más triste y yo la presencié y fui cómplice de alguna manera, porque pensaba que si era voluntaria y contenía a esos bebés afectivamente iba a atemperar esa espera que tienen entre la Administración y la justicia. Son niños que tienen el alta médica, pero que están etiquetados como pacientes sociales. Quiere decir que están a la espera de una decisión judicial. Una vez que se decide la situación judicial, si se determina que van a una institución también tienen que esperar su lugar, su camita y que los vengan a buscar. Tienen un promedio de estadía en el Pereira Rossell ‑donde nace la mayor cantidad de niños uruguayos‑ de entre dos y tres meses, con alta médica. Allí tienen diferentes figuras de apego, voluntarios, gente que los contiene, que hace muy bien su trabajo, pero no deja de ser un parche a la realidad, y lo digo porque yo fui un parche de la realidad.

El año pasado hubo 179 bebés judicializados con su nacimiento; es decir, pasaron a estar a la espera de una decisión judicial. El 3% de los nacimientos acaecidos en el Pereira Rossell ha sido judicializado y hay una ausencia ‑según el informe de pediatría del hospital‑ de información sistemática correspondiente a otros centros hospitalarios, si bien se reconoce que esta situación es frecuente en otras instituciones y a lo largo y ancho del país.

Para que se hagan una idea, los 179 niños judicializados ocuparían 4 ómnibus de 49 asientos. Son los bebés que están a la espera de una decisión. Imagínenselos sentaditos ahí.

Luego de un lento y prolongado proceso para determinar quién tiene derecho a cuidarlos, el 70% son entregados a familiares cercanos a la madre ‑pediatría dice que, en general, no tienen planes de criarlo‑ con quienes tienen escasa relación; el 22% no encuentra una familia de adopción y se va a una institución de amparo y el 8% son dados en adopción.

¿Dónde esperan los recién nacidos mientras el juez resuelve? En hospitales, con alta médica. Hay un promedio de catorce niños en una sala. El Pereira Rossell tiene una sala social para atender a esos bebés; tuvo que liberar la sala de cuidados moderados, porque era para problemas médicos.

¿Cuáles son las consecuencias según pediatría? Pérdida de oportunidades invisibles, situación intrínsecamente violenta, altísimo riesgo de deterioro irreversible en su desarrollo integral, maltrato infantil ‑esa situación es de maltrato infantil cotidiano‑ por falta de vínculos de apego desde su nacimiento.

Las conclusiones a las que arriba pediatría indican que los bebés judicializados deberían ser entregados a una familia que los críe inmediatamente después de nacer para reducir a cero los tiempos de espera que imponen las instituciones.

Les mostré tres versiones: la situación planteada por el INAU, la de Aldeas Infantiles y la de pediatría. Hay gente de diferentes partidos, con distintas opiniones, pero si complementamos los informes, las conclusiones son muy parecidas.

¿Cuáles son las soluciones? Si tenemos un problema lo bueno es que haya una solución.

Hay soluciones legislativas, porque no se le puede pedir al INAU o al Poder Judicial que haga cosas que la ley no establece. Y también hay soluciones administrativas. Hay que disminuir la discrecionalidad, porque lamentablemente se cometen errores, que repercuten en niños que no tienen voz ni voto. Hay estudios que indican que la gente va a votar en las próximas elecciones por dos motivos: la seguridad y el bolsillo; la infancia no está. Sé que es un tema que no genera votos. Eso lo tengo claro.

¿Qué camino tenemos que recorrer? Hacernos cargo de la realidad generando conciencia social.

El primer punto es que tiene que haber una autocrítica del Gobierno y también de la oposición. Eso es inevitable, porque todos, por acción u omisión, somos cómplices. Tiene que haber propuestas legislativas concretas, de aplicación inmediata. La sistematización de la información no puede demorarse. No podemos administrar lo que no medimos. Es tan claro como en una casa: si no sabemos cuánto dinero nos entra, no sabemos en qué podemos gastarlo.

Tiene que haber descentralización territorial. Esto fue algo que me impresionó. Yo estoy haciendo una recorrida a voluntad por los diecinueve departamentos. Soy muy citadina y no conocía el interior, pero me llevé una grata sorpresa. Voy sola o con mi marido, que me lleva el proyector, con el amor que le pongo, para mí esto es mi primera prioridad, porque corrigiéndolo vamos a tener una seguridad mucho mejor. Eso es evidente, rompe los ojos.

Allí hablaba de adopción, daba estos informes y me encontré con gente que se me acercaba para decirme que viviendo, por ejemplo, en Tacuarembó tienen que venir a Montevideo a presentarse como aspirantes para ser adoptantes. Yo dije: "No puede ser. No tenés la información". Realmente, pensaba que estábamos más avanzados en eso, y no es así. Las inscripciones para adoptar y las evaluaciones son en Montevideo, y la verdad es que no todo el mundo tiene tiempo y dinero para eso, además de que la gente se siente orgullosa de ser de un departamento. ¿Por qué no respetar eso? Tenemos funcionarios y se trata solo de recibir una solicitud. Me parece que vale la pena. Creo que estamos viviendo demasiado mirando hacia Montevideo.

Otro punto es la reestructura del INAU, un organismo creado en 1934. En este sentido, me preocupa lo que he escuchado. No tengo la certeza, pero tengo entendido que están trabajando en una reestructura basada en cargos y funciones. Yo no digo que los cargos no sean importantes ni que esa gente no esté en contacto con una problemática social que consume energía y que deberían estar muy bien pagos, como los maestros y los policías. No estoy en contra de eso, pero si queremos hacer un cambio en serio, la reestructura no puede pasar por cargos y funciones. Pasa por otro lado: por asumir la realidad, hacer programas, medirlos y ver qué impacto tienen. Si no hacemos eso, me parece que nos vamos a quedar a medio camino.

Quiero introducir la figura del defensor de los derechos del recién nacido, y tengo redactado un proyecto en ese sentido. En Argentina existe un defensor de los derechos del niño, que no está muy especificado ni se puso en práctica. Esta es la figura del defensor de los derechos del recién nacido, que no dependería del Poder Judicial ni del INAU, sino del Parlamento en cuanto al nombramiento y la remoción. Su función primaria sería estar en los centros hospitalarios para que no se violen los derechos de los recién nacidos. La convención interamericana de derechos del recién nacido establece que los menores de dos años no pueden estar más de cuarenta y cinco días institucionalizados y noventa días en el caso de los mayores de dos años. Evidentemente, Uruguay no lo está cumpliendo.

Faltan recursos. Los centros hospitalarios tienen equipos multidisciplinarios de psicólogos, asistentes sociales; o sea que nombrando una persona que articule y esté detrás del interés superior del menor, se podría dar al juez un buen informe, para que pueda tomar las medidas del caso rápidamente.

Es necesario que los procesos judiciales sean rápidos y garantistas. Esto no implica sacar a los niños de sus familias biológicas y de origen ‑lo aclaro porque me lo han preguntado‑ para dárselos a la gente rica. No es así. Yo he conocido a madres espectaculares en el Pereira Rossell que no tienen la debida contención y apoyo para sacar adelante a sus hijos; no es que no los quieran. Pero he conocido a otras que, independientemente de que se les dé una ayuda económica, no están capacitadas para sostener a ese niño.

Tenemos dos intereses. Si no hay un abuelo ni un tío, si hacemos una búsqueda interesante y verdadera, pero no aparecen, debemos hacer primar el interés de que ese niño se críe en un ambiente óptimo, que es una familia. Está determinado por nuestra especie.

Podemos hacer un trabajo en serio, con un defensor, con equipos en los centros hospitalarios. El defensor hace una recomendación y los técnicos presentan los informes al juez, que en base a eso tiene que expedirse en determinados plazos. Se trabaja en coordinación con el INAU. Habiendo defensores en todo el Uruguay, que se ponen en contacto y ven la problemática, el niño recién nacido se tiene que ir del hospital con una familia. Ahí terminamos la boca de la institucionalización, con un trabajo serio, sin pasar por arriba de las madres que necesitan un apoyo y no lo tienen, porque a veces se las trata como bichos. Eso también me gusta decirlo. También hay otras que tienen nueve niños institucionalizados en el INAU y vuelven a tener bebés. Entonces, yo pienso, si esa mamá no visita, no ve, no se hace cargo de los nueve que ya tiene, ¿qué va a hacer con ese otro bebé? Hay algo que no cierra. Los ideales tienen que ser altos, pero tenemos que ser realistas. Tiene que haber una autocrítica.

Hablo de información y apoyo a las familias de origen y extensas que puedan hacerse cargo de sus hijos. Hay una desinformación tremenda en las madres que van a parir al Pereira Rossell. ¡Tremenda! La diferencia no es solo económica, sino hasta de lenguaje. Para hablar con las madres tenía que esforzarme, porque hay una brecha impresionante. Es más: me hacía amiga, yo les enseñaba algunas cosas y ellas me enseñaban su lenguaje, que es diferente. No sé si ustedes escucharon hablar del programa Ciudad Mujer, desarrollado en Colombia. Se trata de establecer centros para la mujer fuera de la órbita de los centros hospitalarios, que ofrecen contención y ayuda. ¿No se podría establecer en el Pereira Rossell un lugar donde estuvieran todos los programas sociales, para que la mujer que sufre violencia doméstica, que es discriminada, que no sabe a dónde ir, que no tiene plata para un boleto, que no sabe de la canasta del Mides ni de la asignación familiar tenga todo en ese mismo ámbito?

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Le voy a pedir que vaya redondeando, porque la diputada Rodríguez se tiene que retirar y en ese caso quedaremos sin número para sesionar.

SEÑORA GALIMBERTI (Paula).‑ Voy a ir más rápido.

Decía que hay que llevar los planes al Hospital.

Los tiempos de evaluación y formación de familias adoptivas deben ser razonables. No puede ser que el promedio de evaluación de parejas, personas solas y familias sea de entre cuatro y cinco años, y que el promedio ideal sea de dos años, según ha dicho el INAU. ¡No puede ser! Son hijos que necesitan una madre y vínculos de apego.

Es necesaria una gestión eficiente de los recursos, así como también contar con procesos y programas de infancia medidos en todas sus etapas.

Las familias amigas son un gran desafío. ¡Qué importante es usar las familias amigas para los niños que tienen pocas oportunidades de irse de las instituciones y para darles la oportunidad de que los lleguen a adoptar! No importa si entraron por el programa de familias amigas; prioricemos al menor.

Los jueces deben recibir informes. La información debe ser unificada y actualizada permanentemente.

Deben existir políticas de autonomía progresiva de menores.

Hay que determinar cuánto dinero se destina a la infancia, por niño y adolescente, porque tenemos el INAU, el Ministerio, etcétera. Se hizo una observación a Uruguay en el sentido de que es necesario saber cuánto se gasta por niño y adolescente en todos los programas y en todos los ministerios.

El INAU debería ser un gran organismo de contralor y es necesario el apoyo de las universidades públicas y privadas.

¿Hay consenso político en este tema? ¿La infancia y la adolescencia son presente o futuro? Lo dejo para que lo piensen. La institucionalización agrava la adversidad de los menores y se transforma en instrumento de violencia.

La infancia y la adolescencia requieren de una política de Estado. El interés superior del menor debe estar por encima de los intereses de los adultos. Todo menor tiene el derecho a ser escuchado en relación con toda medida que concierna a su vida. Esto lo dice la convención interamericana, no yo. Todo menor tiene derecho a crecer en un entorno familiar óptimo que potencie su desarrollo. Esto no equivale a la ruptura con sus vínculos biológicos cuando se pueda continuar con ellos.

Voy a dejarles el material que traje para hacer mi exposición. La pregunta es si hay voluntad política, porque están los bebés en las cunas, los niños en los hogares, la niña que no tiene vistas, los papeles y los menores infractores.

Yo abandoné mi trabajo como abogada y ando como molino sin viento, buscando que alguien recoja la causa y me dejen trabajar. No pido nada a cambio. No quiero dinero ni nada. Estoy a entera disposición, como me puse ante el INAU cuando le hice llegar el informe. Realmente, creo en el cambio y estoy para quien me quiera llamar.

Quiero contarles rápidamente dos cuentos. Uno es sobre un niño de un hogar del INAU. Se trata de Daniel, de cinco años, que me pregunta: "Paula, ¿está mal que una mamá le pegue a su hijo?". "Sí, Daniel; no está bien". Me dice: "¿Sabés qué? A mí no me dolía, porque yo miraba una ventana y veía la luz entrar. Como la pared de mi casa estaba pintada, me concentraba en eso". Yo le digo: "Sí, Daniel, pero no está bien". Y él me pregunta: "¿Las paredes de tu casa están pintadas?". "Más o menos". "¿Me podés llevar a pintarlas?". Estaba desesperado por salir de ahí. No conocen sus emociones. Están tristes. Están enojados. El enojo es tristeza. No reconocen. No tienen empatía.

El segundo cuento es sobre una madre del Pereira Rossell. Tenía un embarazo de alto riesgo y el proxeneta la sacó para que se prostituya ‑eso pasa‑ aun estando embarazada. Ella, una muchacha divina, volvió para tener a su hija Sofía. No la fue a ver mucho, porque estaba en la pasta base, y cuando me la encontré le dije: "Fabiana, tu beba te necesita. ¡Vamos!". Y me dijo: "Vos no entendés nada". "¿Qué no entiendo?". "Yo de esto no voy a salir, porque no está la organización para salir y yo misma me doy cuenta de que no puedo. Entonces, lo que yo quiero es que mi hija tenga una familia. Acabo de firmar la adopción".

Me pareció un gesto de amor muy grande, pero ¿saben qué dice la historia del bebé? Madre consumidora de pasta base da en adopción a su hijo. Nada más.

SEÑORA MOREIRA ARROQUI (Valeria).‑ Gracias por la exposición, que denota gran estudio.

Me queda una duda, porque comenzó diciendo que tenía un proyecto de ley. ¿Qué es lo que busca mejorar con ese proyecto? ¿Qué ámbito de la legislación?

SEÑORA GALIMBERTI (Paola).‑ Lo que busco es que la institucionalización sea la excepción, que los niños que nacen en el Pereira Rossell o en cualquier centro hospitalario, en situación de vulnerabilidad, tengan las garantías necesarias para que se respeten sus derechos y se vayan con una familia. Los bebés no pueden ir a una institución.

Mi intención es disminuir los plazos de evaluación de adopción, haciendo protocolos y que todo el mundo sepa cuáles sean las reglas de juego. No quiere decir que todos queden.

Básicamente, estoy enfocada en el tema de la adopción, pero también me interesa fortalecer a las familias. Yo sé que no se hace un trabajo serio en el Pereira Rossell de búsqueda de familia extensa. Yo lo sé.

Esto tiene muchas caras. En primer término, debemos enfocarnos en la familia biológica y extensa, pero si no tiene la capacidad del cuidado, hay que priorizar al menor.

SEÑORA MOREIRA (Valeria).‑ Tengo claro el planteo.

Mi duda es si la invitada tiene un proyecto de ley redactado, porque muchas de las cuestiones planteadas conformarían una legislación nueva, ya que no están recogidas en una ley, sino que son asuntos que tienen su base en la administración.

SEÑORA GALIMBERTI (Paula).‑ Tengo dos proyectos. Uno refiere al defensor de derechos del niño, que cuenta con exposición de motivos, y otro, a la disminución del plazo de evaluación técnica de las parejas que aspiran a ser adoptantes. Son cuestiones que se pueden conversar, porque se trata de ideas para trabajar y lograr consensos. En este momento tengo puesta la camiseta uruguaya y quiero que quede claro. He encontrado buena recepción en algunas personas, por ejemplo, en Pedro Bordaberry y en Verónica Alonso, pero yo no soy ninguna de esas personas, sino que soy de los niños y quiero encarnar eso. Entonces, estoy dispuesta a trabajar y mejorar el proyecto.

Para mí el plazo de evaluación de adoptantes de un recién nacido debería ser nueve meses, como un embarazo, pero quizás podrían ser diez meses; se puede conversar. Yo quiero que me inviten y me dejen participar, porque no cobro nada.

SEÑOR BISTOLFI (Marcelo).‑ Es muy apasionante el tema. Mi hija tiene una fundación y no estoy lejos de esa realidad que nuestra invitada relata. Además, en la Administración anterior estuve muy cerca del INAU y realmente creo que los recursos están, aunque nunca son suficientes.

Para mí lo principal es que la doctora Galimberti presenta soluciones, porque todos vemos los problemas, pero lo importante es tener respuestas, si no, se es parte del problema. Coincido en un cien por ciento con los planteos.

Creo que la parte legislativa puede solucionar algún asunto, pero faltan controles y, además, hay desinformación. No puedo creer que sobre algunos aspectos no haya datos ni relevamientos. Por lo tanto, más allá de lo legislativo, sería bueno que hubiera controles y que se administraran bien los recursos.

Me parece bueno que la doctora esté trabajando en esto, porque todos esos niños no pueden esperar y alguien los tiene que defender y cuidar; hay que marcar un rumbo. Coincido con que no puede ser que no tengamos soluciones, porque los números no son tan grandes. Hay que tener en cuenta que esos niños son el cimiento de una sociedad que se ha venido deteriorando permanentemente y debemos trabajar para recuperar los valores. Salvando las diferencias, lo mismo sucede con las cárceles, porque no se puede recuperar una persona en esas condiciones.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).‑ Agradezco a la doctora Galimberti por su exposición, que fue sumamente interesante y que nos interpela a nosotros, como legisladores.

Estoy totalmente de acuerdo con presentar un proyecto de ley, pero no se trata solamente de eso, sino de ejecutarlo y efectivizarlo. De nada nos sirve tener muchos proyectos si no se cumplen.

Considero que los recursos están, aunque nunca son suficientes. Por la información que se nos han brindado y por la experiencia que tenemos al solicitar pedidos de informes, sabemos que hay muchos datos que no existen, porque en muchos organismos del Estado no se hacen evaluaciones ni estadísticas. No me sorprende eso, porque a veces, cuando realizamos pedidos de informes, no nos responden o nos dicen que no se tienen los datos.

Además, coincido con lo que se ha dicho en cuanto a la falta de controles. En ese sentido, creo que lo que falla es la articulación entre las instituciones, porque no pasa solamente por INAU, sino que hay otros organismos involucrados.

Por otra parte, me parece sumamente interesante el vínculo que hizo la expositora entre los bebés institucionalizados y la seguridad, que muchas veces olvidamos, porque cuando los visibilizamos son chicos crecidos, de doce, trece o quince años. Debemos trabajar desde la panza de las mamás que por diferentes situaciones tienen cuatro, cinco o seis hijos y no se pueden hacer cargo. Es un asunto sumamente interesante.

Nosotros trabajamos mucho en el proyecto de ley de voluntariado. No me quedó claro cuál fue la respuesta de INAU cuando la doctora Galimberti se presentó a ofrecer sus servicios, porque tengo entendido que ese organismo trabaja muchísimo con voluntarios. Considero que cuando se presentan voluntarios con buena formación y con propuestas, deben ser recibidos.

SEÑORA GALIMBERTI (Paula).‑ Por casualidad conocí a Lucía Pierri, que es asesora de Marisa Lindner en INAU, y le hice llegar el informe. Cuando me contestaron que se iban a poner a trabajar en eso, me puse a disposición, como voluntaria, para ejecutar el proyecto y promover acciones, con una visión objetiva, no contaminada y no tan política, sobre algo que me apasiona, pero no me convocaron.

Yo quiero dejar un mensaje positivo. Si en Uruguay hemos sido pioneros en tantos asuntos, estemos o no de acuerdo, como por ejemplo, el voto de la mujer, el divorcio, la legalización de la marihuana, el matrimonio homosexual, ¿por qué no podemos serlo en esta área en América Latina? No lo entiendo. Se trata de ideas y de control; o sea, el proyecto y la ejecución, y para ejecutar hay que conocer bien la realidad. Es muy sencillo.

Estoy a las órdenes para lo que la Comisión necesite, y voy a enviarles los proyectos.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Hace pocos días terminamos con el estudio de la rendición de cuentas. Por correo electrónico vamos a enviar a la doctora Galimberti la parte que corresponde al INAU, para que encuentre respuestas a sus interrogantes. Además, me ofrezco para acercar las otras preguntas a las autoridades correspondientes.

Le agradecemos muchos sus aportes.

No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.

 

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.