Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay
 

Comisión Especial de
Población y Desarrollo

Carpeta Nº 1768 de 2017
  Versión Taquigráfica N° 1360 de 2017

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO SOCIAL

Beneficios

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 23 de noviembre de 2017


(Sin corregir)


 

PRESIDE:   Señor Representante Álvaro Dastugue.
 
MIEMBROS: Señora Representante Macarena Gelman y señores Representantes Pablo D. Abdala, Gonzalo Civila, Martín Lema Perreta, Jorge Meroni, Pablo Pérez González y Nicolás Viera.
 
INVITADAS: Señoras Directora del Programa Nacional de Discapacidad, licenciada en educación Begoña Grau, Directora General de Secretaría, Graciela Mazzuchi y representante de Políticas Sociales, Lorena Seijo.
 
SECRETARIA: Señora Ma.Cristina Piuma Di Bello.
 
PROSECRETARIA:   Señora Lourdes E. Zícari.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Álvaro Dastugue).  Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión Especial de Población y Desarrollo da la bienvenida a una delegación del Ministerio de Desarrollo Social, integrada por la Directora General de Secretaría, economista Graciela Mazzuchi; la Directora del Programa Nacional de Discapacidad, licenciada en educación Begoña Grau, y la representante de la Dirección Nacional de Políticas Sociales, señora Lorena Seijo.

Motiva su presencia aquí una invitación que realizamos a la señora Ministra de Desarrollo Social a través de una nota que cursamos el 17 de octubre, que señala: “[…] La Comisión Especial de Población y Desarrollo acordó invitar a usted y, por su intermedio, a la señora Directora del Programa Nacional de Discapacidad, licenciada Begoña Grau y a los demás integrantes de ese Programa, con el fin de tomar conocimiento de la situación vinculada a las acciones emprendidas por el Estado para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos, al ratificar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, particularmente, sobre la implementación de la Ley N° 18.651 de 'Protección Integral a las Personas con Discapacidad'.

Motiva lo antes expuesto la solicitud que realizara la señora Representante Macarena Gelman, la cual se adjunta a la presente.

Asimismo, en la reunión de fecha 12 de los corrientes se acordó solicitar su opinión respecto del proyecto de ley 'Actividades de Voluntariado Social. Beneficios' del señor Representante Martín Lema. Para un mayor insumo, se adjunta copia del mismo. […]”.

Por lo tanto, les damos las gracias por estar aquí.

SEÑORA GELMAN (Macarena).  Agradezco la presencia de la delegación.

Nuestra solicitud es muy concreta; está claramente expresada en la convocatoria. Queremos saber cuál es el estado de situación a la fecha de hoy con relación a la implementación de la ley y a las medidas que se hayan adoptado. Cuando se ratifican las convenciones siempre es un desafío implementarlas a nivel interno en toda su magnitud.

Simplemente es eso lo que queremos saber. Si bien quizá de su exposición surjan algunas preguntas, para nosotros lo principal es escuchar lo que tengan para informarnos.

SEÑORA MAZZUCHI (Graciela).  En primer lugar, quiero aclarar que estaba previsto que viniera la ministra Marina Arismendi. Quienes la han visto en los últimos días en actividades públicas, se habrán dado cuenta de que no tenía voz. Hoy, despertó con fiebre. Ese es el motivo por el cual no concurre. Como esta reunión ya estaba agenda, hemos venido aquí con dos compañeras que pueden hacer comentarios concretos sobre los temas por los que nos citó la Comisión.

Además, informo que la subsecretaria Ana Olivera y el Director Nacional de Políticas Sociales, licenciado en trabajo social Matías Rodríguez, en este momento están en esta Casa en el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente; es más: Ana lo está presidiendo. Esa es la razón por la que hoy no están aquí.

Cedo el uso de la palabra a la licenciada en educación Begoña Grau para que explique la primera parte de la convocatoria.

SEÑORA GRAU (Begoña).  Muchas gracias por recibirnos.

Vamos a dar lectura a un informe que hemos traído.

(Se lee:)

“Señores integrantes de la Comisión Especial de Población y Desarrollo: en primer lugar agradecerles la invitación y por permitirnos compartir el trabajo que venimos realizando desde el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. 

En segundo lugar, abogamos que sea una costumbre el invitar a Pronadis a dialogar sobre temas vinculados a la discapacidad al ser este uno de los órganos rectores en la materia. 

En tercer lugar, y ya entrando al motivo de vuestra invitación, es decir el estado de situación vinculado a las acciones emprendidas por el Estado para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos al ratificar la Ley N° 18.418 Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la implementación de la Ley N° 18.651 Protección Integral de Personas con Discapacidad se informa:

1) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

Es menester aclarar, que si bien se recibieron recomendaciones respecto a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las mismas se originan porque nuestro Estado asumió la responsabilidad de informar a los organismos internacionales lo que se viene trabajando y lo que se debe mejorar en la temática de la discapacidad, además, de presentarnos como delegación en Naciones Unidas para defender el informe país mostrando la realidad.

También decir, que una vez recibido el informe país, y tal como lo solicita el mismo, se procedió a informar a la sociedad civil organizada de las recomendaciones recibidas al Estado uruguayo. (Dicha acción refiere a la recomendación 73).

Se procedió a enviar a cada organismo del Estado implicado en la temática de la discapacidad las recomendaciones que corresponden a cada uno de ellos a fin de ponerlos en conocimiento y comprometerlos al cumplimiento de la norma. (Dicha acción surge de la recomendación 71 que refiere al seguimiento y recomendación).

En virtud que al Comité le preocupa que la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad desempeñe al mismo tiempo la función del mecanismo de supervisión independiente y del mecanismo de implementación de la Convención, se procedió bajo la citación del Ministerio de Relaciones Exteriores a participar del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (Simore) y en la cual participaron organismos públicos (Mides, Institución de Derechos Humanos y Defensoría Pública, M. de Educación, INAU, MSP, BPS, entre otros) y organizaciones de la sociedad civil, se decidió de común acuerdo entre todos los participantes, informar a Naciones Unidas que el organismo encargado desde la fecha del seguimiento de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad será la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, quien cumple entre otros, con los Principios de París. (Dicha acción surge de la recomendación 68 y 70 referida al seguimiento y recomendación)”.

Quiero informarles que mañana tendremos la primera reunión en la que se conformará la primera mesa de trabajo para hacer este seguimiento.

Continúo: “Acciones que tiene que ver con discapacidad y son transversales a la normativa vigente: 

En el mes de setiembre se inauguró el primer dispositivo, que consiste en que apartamentos habitados por madres con discapacidad con hijos a cargo los cuales serán apoyados por equipos técnicos de Pronadis, el dispositivo es en base al cumplimiento del artículo 19 de la Convención, que establece el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad.

Decir que se viene trabajando en un proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de la Discapacidad, se está en un período de consulta con CNHD, Alianza de Organizaciones, sociedad civil y otros actores, punto fundamental para que la temática tenga mayor peso e institucionalidad del que actualmente cuenta.

Mencionar, que desde Pronadis se redactó un anteproyecto de ley de adecuación normativa que modifica el instituto de la curatela del Código Civil uruguayo y el procedimiento de declaración de incapacidad del Código General del Proceso. (Surge de la recomendación 5). 

Se está trabajando con Facultad de Derecho para la revisión del mismo ya que quedan involucrados varios institutos. Este punto es muy importante, consideramos que el ejemplo de mayor vulnerabilidad a los derechos de las personas con discapacidad por eso nos tomamos unos minutos para explicar de qué se trata: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad especifican que el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley es operativo 'en todas partes'. En otras palabras, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos no hay ninguna circunstancia que permita privar a una persona del derecho al reconocimiento como tal ante la ley, o que permita limitar ese derecho. Esto se ve reforzado por el artículo 4, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que no es posible suspender ese derecho ni siquiera en situaciones excepcionales. El Comité reafirma que el hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia […] no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni ninguno de los derechos establecidos en el artículo 12 de la Convención. Todas las prácticas cuyo propósito o efecto sea violar el artículo 12 deben ser abolidas, a fin de que las personas con discapacidad recobren la plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. 

Nuestro país, actualmente maneja en la temática de la curatela una concepción desde el modelo médico, asociado a un instrumento de sustitución de voluntad de la persona declarada incapaz […], el cual es contrario al modelo social reinante en gran parte de los países que se dirige a un sistema de apoyos, siendo la regla principal la capacidad y la excepción la incapacidad, estableciendo que cuando sea necesario aplicar esta última deberá ser lo menos perjudicial para el goce de derechos humanos fundamentales. 

El Código Civil Uruguayo, con la redacción actual del instituto de la curatela, viola derechos fundamentales de las personas con discapacidad mental e intelectual, al decir, entre otros, al derecho al voto, al trabajo, a contraer matrimonio, a comprar y vender, lo cual constituye barreras que son insuperables a lo largo de la vida. El Comité de Naciones Unidas sobre aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad examinó el informe inicial del Uruguay (en sus sesiones 269a. y 270a.), celebradas los días 15 y 16 de agosto de 2016 respectivamente, y aprobó, en su 288a sesión celebrada el 29 de agosto de 2016, las observaciones finales entre otras dice: 

'Dentro de las preocupaciones del Comité se observa que se mantengan en la legislación las políticas y los programas públicos, disposiciones sobre los derechos de las personas con discapacidad y terminología peyorativa que no están armonizadas con el modelo de discapacidad basado en los derechos humanos establecido en la Convención'. 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte un plan para la revisión, derogación, reforma y/o adopción de legislación y políticas, incluyendo la constitución política del Estado parte, con el objeto de reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos humanos en armonía con la Convención. 

Al Comité le preocupa que distintas leyes del Estado parte, en particular los artículos 37 y 80 de la Constitución de la República del Uruguay, al igual que el Código Civil, la Ley Nº 17.535, sobre personas sujetas a curaduría general, están en contradicción con la Convención, y discriminan y restringen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 

En consonancia con el artículo 12 de la Convención y su observación general N° 1 […], el Comité recomienda al Estado parte que derogue toda disposición legal que limite, parcial o totalmente, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y adopte medidas concretas para establecer un modelo de sistema de apoyo al proceso de toma de decisiones que respete la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad que reemplace las formas de sustitución en la toma de decisiones. 

Le preocupan al Comité las restricciones que se imponen a personas con discapacidad respecto al derecho a ser propietarias y heredar bienes” utilizar servicios financieros “y demás. […]

Como podrán ver al estudiar el articulado, se parte de la base de una capacidad total de la personas con discapacidad, esta podrá ser limitada en función de la dependencia y los apoyos que pueda necesitar, y que de manera excepcional podrá declararse con una capacidad restringida. 

Siguiendo con el tema central:

Es necesario comprometerse desde este espacio, es decir del Parlamento nacional, en apoyar con la implementación de la Convención, nosotros somos un nexo, podemos proponer normas y modificaciones, pero son ustedes quienes deben aprobarlas y para ello se precisa comprender la temática. 

Nuestro Estado tiene normas que son discriminatorias, contrarias a las normas internacionales; a modo de ejemplo los artículos 37 y 80 de la Constitución de la República, las normas del Código Civil respecto al instituto de la curatela, el Código General del Proceso respecto a las normas de declaración de incapacidad, o el Reglamento interno de la Cámara de Representes, que no habilita por que una diputada con discapacidad auditiva puede actuar lo que es una barrera que contradice la Convención, las leyes electorales que no cumplen con los parámetros de accesibilidad, el Código Penal sobre el tema de imputabilidad y un sinfín de normas que requieren en forma inmediata su estudio y modificación. 

Por más trabajo y esfuerzo que se realice desde Pronadis, se requiere que desde aquí se brinde la celeridad y responsabilidad para la aprobación de las modificaciones. 

Aplicación de la Ley Nº 18.651.

Un segundo tema que es parte de vuestra citación, y que sin dudas es de los temas más consultados por el colectivo de personas con discapacidad, y por el cual Pronadis es más que consciente de ello, es el referido a la aplicación de la Ley N.° 18.651, por ello es necesario reafirmar algunos puntos.

I) La norma transversaliza a todos los ministerios del Estado, gobiernos departamentales y paraestatales, por ende estamos en constante diálogo para que conozca el alcance de la ley y se cumpla con la misma. 

II) Desde Pronadis (en cuanto a lo que le compete, art. 37 de la ley que marca las obligaciones) se aplica aun sin estar reglamentada en su totalidad  . 

III) Que conviene precisar que se han reglamentado algunos capítulos de la ley […] (asistentes personales.  ingreso a la función pública por personas con discapacidad.  lo referido a perros guía y de asistencia.  el uso de bastón verde y blanco, importación de ayudas técnicas) y se aprobó el protocolo de educación. 

IV) Que desde Pronadis insistimos que de acuerdo al art. 332 de la Constitución, las normas no dejan de aplicarse por falta de reglamentación y por ende deben aplicarse. 

V) Que estamos trabajando con MSP y BPS para reglamentar lo que corresponde a la calificación y certificación de la discapacidad, que conviene precisar que desde el año 89 (vigencia de la Ley N° 16.095), no se ha podido aplicar la certificación. 

VI) Que se está trabajando con el MSP en la reglamentación de hogares de internación total y parcial para personas con discapacidad.

VII) Que se vienen desarrollando acciones de suma importancia, como fue hace unos días, la firma del convenio con ANEP para capacitar a los docentes en temas de discapacidad. 

VIII) Que se envió al P. Ejecutivo la reglamentación respeto a la aplicación del Tratado de Marrakech, para uso de obras literarias por personas con discapacidad. 

IX) Que hemos mantenido reuniones con la Ursec para solicitar que se aplique la Ley Nº 16.378, de lengua de señas. 

X) Que se encuentra en etapa de redacción la reglamentación correspondiente a escuelas de perro guía y de asistencia. 

XI) Que desde Pronadis, mediante el CENATT (Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas) comenzó el curso de auxiliares en ortoprótesis y de calzado, dichos cursos no existen en nuestro país, y el mismo habilitará a contar con técnicos especialistas a nivel país. 

XII) También se comenzó la capacitación en recursos humanos para la rehabilitación visual, lo que brindará al país cuarenta” recursos nuevos, pudiendo cubrir todo el territorio nacional en cuanto a la rehabilitación visual. 

“XIII) Se firmó el primer convenio con Inefop para capacitar en distintas áreas a personas con discapacidad en 5 departamentos del país (Paysandú, Salto, Rivera, Colonia y Montevideo) que además incluye que se proceda finalizados los cursos a la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

XIV) Que se firmará próximamente con ASSE un convenio para que 5 centros de salud cuenten con intérpretes de lengua de señas y con la accesibilidad universal en cumplimiento de las normas vigentes.

XV) Se inauguró el Primer Taller de Calzado ortopédico del país que funciona en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas”.

También se inauguraron los proyectos de vida independiente, apartamentos donde viven personas con discapacidad con un sistema de apoyo, entre otras cosas. 

“Lo mencionado son algunas de las acciones que se vienen realizando y que se encuentran en consonancia con la implementación de la Ley N° 18.651 del 19 de febrero de 2010”.

Para finalizar, agradecemos la invitación, y quedamos a las órdenes para las consultas que se quieran realizar.

SEÑORA GELMAN (Macarena).  En una sesión de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración  ocasión en la solicitamos asesoramiento sobre un proyecto de curatela voluntaria  tuvimos la oportunidad de que ustedes nos informaran sobre parte de la tarea que estaban realizando. Se nos dijo que estaban enviando adecuación normativa para que fuera tratada en Cámara, lo que refuerza la importancia de esta instancia a los efectos de comprender cabalmente la temática, y hacer una aproximación que nos permita estar en una mejor situación para discutir y trabajar en dichas adecuaciones.

Por otra parte, quisiera hacer algunas consultas sobre las recomendaciones relativas a los mecanismos accesibles de denuncia de actos discriminatorios que figuran en el informe. En tal sentido, quisiera saber cómo está funcionando hoy en día, si todas las denuncias se canalizan a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, o si el Ministerio también las recibe; si es así, quisiera saber cómo se canalizan esas denuncias.

SEÑORA GRAU (Begoña).  Algunas de las denuncias son muy específicas y pueden resolverse desde el Programa Nacional de Discapacidad, por lo que nosotros les damos curso.

Por otro lado, teniendo en cuenta que estamos trabajando en el seguimiento de la Convención, cuando las denuncias tienen que ver con los temas que esta trabaja  que son casi todos , recomendamos que sean dirigidas a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que es la que debe dirimir en los casos de discriminación. En realidad, nos parece que ese es el lugar adecuado para dirimir esas denuncias.

SEÑOR ABDALA (Pablo).  En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las autoridades que comparecen ante la Comisión en la mañana de hoy en representación del Ministerio de Desarrollo Social y el Programa Nacional de Discapacidad.

Como recordaba muy bien la diputada Gelman, hace pocos días tuvimos el gusto de recibir a la licenciada Grau y a los demás integrantes del Programa. En esa oportunidad nos notificaron de los aspectos relacionados con las modificaciones jurídicas que se estarían promoviendo en lo que tiene que ver con la regulación de la capacidad jurídica.

En tal sentido, quisiera preguntar qué tiempos maneja la Administración o el Ministerio para formalizar las propuestas, ya que las vamos a tener que analizar con mucho detenimiento.

De lo que acaba de narrar la licenciada Grau se desprende que estamos hablando de una modificación del modelo que el país se ha dado históricamente, y que está contemplado en el Código Civil, en cuanto al instituto de la curatela y a los mecanismos o formas de representación de las personas que son declaradas incapaces desde el punto de vista jurídico.

Acepto  además, es fácilmente constatable  que las normas internacionales que el país ha ratificado establecen una orientación que puede entenderse como diferente o no totalmente coincidente con las disposiciones de derecho positivo que tenemos en el Uruguay. También es verdad que las normas internacionales, por definición, establecen orientaciones generales  no tengo presentes los detalles de esta convención  que después se internalizan en los países en función de sus realidades y de sus normas vigentes para cada circunstancia.

Más allá de que los instrumentos internacionales ratificados por el Uruguay y aprobados por el Parlamento tienen valor y fuerza de ley en la medida en que establecen orientaciones o disposiciones generales que deben ser observadas por el Estado, por sí mismos, no modifican implícita o tácitamente las normas concretas, las normas especiales, en este caso, las normas del Código Civil o las que regulan la curatela.

Nosotros queremos saber cuál es el alcance del cambio desde el punto de vista cualitativo, porque una modificación de esta naturaleza puede ser meramente terminológica. Lo que hoy llamamos curatela puede ser sustituido por otra cosa que se llame sistemas de apoyo o asistencia o de salvaguarda, por decir algo; ese podría ser un escenario. Otro escenario podría ser avanzar en el camino de que las personas con discapacidad no sean declaradas como tales  como en algún momento se dijo  y que se les reconozca plena capacidad jurídica. Ese podría ser un objetivo deseable desde el punto de vista de la promoción de los derechos pero, en definitiva, en algún punto, podría generar ciertos perjuicios al interesado o al beneficiario. La curatela, por definición, no es un instrumento que se establezca para mortificar a las personas con discapacidad, todo lo contrario; se ha establecido  por eso hemos vivido pacíficamente con él  para proteger sus derechos.

Naturalmente, se supone que las discapacidades admiten formas y grados diferentes, pero hay un determinado punto en el que las personas con discapacidad  de acuerdo al tipo  pueden no tener el suficiente discernimiento o la capacidad para advertir lo que más les conviene o para distinguir a la hora de adoptar sus decisiones en materia de negocios jurídicos o en cuestiones familiares.

Entonces, si vamos a eliminar o superar mecanismos como los que hoy están previstos y sustituirlos por una simple asistencia o un simple asesoramiento, me preocuparía que generáramos una circunstancia según la cual las personas con discapacidad, en lugar de ser promovidas en sus derechos, terminen en una situación de indefensión o de desprotección. Yo, como legislador, no estaría dispuesto a aceptar eso ni a legislar en esa materia. Me parece que todavía estamos en el plano de las afirmaciones abstractas. Me interesaría mucho ver cómo se aterriza y se expresa en fórmulas jurídicas o modificaciones legales concretas que, como decía muy bien la licenciada Begoña Grau, no son solo del Código Civil.

Cuando fueron a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se habló, inclusive, de una reforma constitucional. Hay una disposición bastante arcaica  lo reconozco  que tiene que ver con la situación de los inmigrantes y de su aceptación a la hora de incorporarse a la sociedad nacional. En la medida en que hubiese un corte transversal, estas modificaciones implicarían cambios en el derecho penal, en el Código de Comercio, etcétera. Realmente, se trata de una reforma muy ambiciosa. No digo que no esté debidamente justificada, pero me va a interesar mucho saber por dónde va y hasta dónde llega.

Con relación a este punto, la pregunta concreta es qué tiempos maneja el Gobierno, porque la convención ya fue ratificada hace algún tiempo y sé que están trabajando al respecto. No sé si hay una propuesta articulada, si esto se va a expresar en uno o en más de un proyecto de ley; no sé en qué momento estarían viniendo al Parlamento. No olvidemos que estamos promediando la Legislatura. Por supuesto que hay tiempo para avanzar en soluciones legislativas pero, siendo realistas, tenemos a 2018 en su plenitud para trabajar y el año siguiente es electoral. Se puede legislar, pero es más corto, porque por las elecciones nacionales el receso parlamentario se adelanta de acuerdo a la Constitución.

Otra pregunta tiene que ver con los aspectos de fondo. Todo lo que he dicho hasta ahora tiene que ver con los aspectos de la representación y de la capacidad jurídica; después, efectivamente, está el cumplimiento de la Ley Nº 18.651. No se trata de responsabilizar exclusivamente a un gobierno, a una administración o a una repartición, pero estamos muy lejos del cumplimiento cabal de lo que establece la norma, de su propio objeto en cuanto a los derechos sociales. No hablo de los derechos jurídicos o de la representación jurídica, sino de los derechos económicos y sociales al bienestar y a la promoción personal en materia de atención médica, de educación y de rehabilitación, como dice el artículo 1º de la norma.

Recién decía la licenciada Begoña Grau que hay aspectos de la ley que todavía no han sido debidamente reglamentados. Yo pediría alguna precisión desde el punto de vista de su cumplimiento. Sabemos que el programa de asistentes personales avanzó, primero, en el Banco de Previsión Social, y ahora, estamos en el contexto del Sistema Nacional de Cuidados. La incorporación de personas con discapacidad a la Administración está muy lejos de cumplirse cabalmente y ahí tenemos responsabilidades todos los Gobiernos desde el origen de la solución hasta ahora. Sin embargo, hay otros aspectos previstos por la ley que todavía están esperando su oportunidad y su concreción. Más allá de las reformas jurídicas o legales, me interesaría saber cuáles son las prioridades que el Pronadis maneja en este momento a los efectos de dar algún paso más en el camino del cumplimiento de la ley de protección integral de las personas con discapacidad.

Esta semana se conoció un dato bastante preocupante  en función de que se conmemoró, como todos sabemos, el “Día de la Niñez”  con relación con los niños con discapacidad que reveló la Unicef. Según ese informe, en Uruguay, el 61% de los niños con discapacidad tienen necesidades básicas insatisfechas. Quiere decir que estarían en una situación de pobreza o, por lo menos, desde el punto de vista de una visión multidimensional, que no tendrían sus necesidades básicas cubiertas. Dice el informe que los niños con discapacidad viven en una situación de mayor vulnerabilidad que el resto de los niños uruguayos.

Ya que las autoridades que nos visitan son las competentes en esta materia  por trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social y por desarrollar labores en el Pronadis , quiero saber si ese dato era conocido. Además, deseo conocer qué políticas o medidas desde el ministerio y desde el Poder Ejecutivo se están adoptando a los efectos de conjurar esta situación o, por lo menos, para intentar introducir mayor justicia social o equilibrio. Parecería que desde el punto de vista de los resultados, los niños con discapacidad tienen una doble condena. Es decir, no solo la de ser niños y tener la vulnerabilidad intrínseca en función de que pertenecen a ese sector de la sociedad, sino que además, por ser discapacitados. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).  Además de conocer las prioridades, tenemos entendido que se habría presentado un plan de acción para 2017. Como ya está culminando el año, nos gustaría conocer el estado de situación y si hay una evaluación previa sobre el cumplimiento de las metas propuestas. A su vez, queremos saber si están en condiciones de darnos a conocer algunos aspectos respecto al plan de acción para 2018. 

SEÑORA GRAU (Begoña).  Con respecto a la adecuación normativa, vamos a repetir lo que dijimos la otra vez. Va a ser un proceso largo, no va a ser sencillo, y eso lo tenemos que dejar claro. Se ha hecho un estudio de todas las leyes de este país para verificar que no están en contra de la Convención, y lo dejamos el otro día, cuando el señor diputado estuvo presente.

Hemos trasladado este tema a la Facultad de Derecho, dado que es necesario introducir reformas en los Códigos, porque se incluyen aspectos de derecho penal, civil, comercial. Hicimos esta primera aproximación, pero necesitamos que la Facultad de Derecho dé su última versión acerca de cómo debe ser esta adecuación normativa para que no quede nada afuera, y por eso estamos trabajando con la academia, que nos puede dar el aval para implementar las reformas. Esperamos que en seis meses, desde comienzos del próximo año, este trabajo quede hecho y podamos presentar un proyecto de adecuación normativa. Esto no se puede cambiar de un día para otro. Durante años, los derechos de las personas con discapacidad no han sido contemplados.

Con referencia a la mal llamada incapacidad y la curatela, nosotros pensamos que las personas con incapacidad tienen derecho a que se les reconozca su capacidad jurídica. Entendemos también que la curatela, en algunos casos de incapacidad, se debe llevar adelante, pero siempre intentamos plantear que se aplique como excepción y no como norma. En este momento, hay muchas personas con discapacidad a las que se declara incapaces, cuando son perfectamente capaces y podrían tomar sus decisiones, como bien decía el señor diputado, con apoyos y salvaguardas. Pero ahora se incapacita a las personas con discapacidad por medio de una norma, y debería tratarse de una excepción, no de una norma

En ese sentido vamos a trabajar. No vamos a tapar el sol con un dedo; entendemos que hay personas con discapacidad que no pueden tomar sus propias decisiones, ni siquiera con alguien que los acompañe, y por eso, la excepción de que en algún momento alguna persona va a tener que ser declarada incapaz, tiene que estar contemplada en la ley. Pero partimos de la base de que esa sea la excepción y no la norma, como sucede en este momento.

Como ustedes saben, la Ley Nº 18.651 es amplia y tiene muchos artículos que involucran a muchos ministerios. En el ministerio estamos trabajando, como hemos dicho, en lo que tiene que ver con la salud y la rehabilitación. Asimismo, nos parece importante empezar a trabajar la reglamentación de hogares para personas con discapacidad, porque no existe ninguna y eso es algo básico. Hemos estado trabajando con otros actores en temas que son importantes para nuestro ministerio, como por ejemplo en lo relativo al transporte con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tenemos que ver cómo hacer para que las personas con discapacidad puedan trasladarse, no solamente en las ciudades, sino también que si quieren ir a Maldonado puedan subirse a un ómnibus adaptado con su silla. Se está trabajando en esto. También estamos trabajando con el Ministerio de Turismo en lo que tiene que ver con turismo accesible. Se va a presentar en quince días una consultoría bien interesante acerca de cómo se está trabajando para que las personas con discapacidad puedan acceder al derecho al turismo. Asimismo, la semana que viene se lanzará una plataforma de intérpretes virtuales de señas y cualquier persona va a poder ir a una oficina pública  empezaremos por el Mides y por Antel  y contar con un intérprete virtual, pudiendo hacer cualquier trámite sin necesidad de estar acompañado. Eso es un avance. Si los contamos, vemos que son pocos, y nos falta mucho por hacer. Todos estos cambios son difíciles; podemos tener muchas ganas de hacerlos pero hay que convencer a mucha gente, y también hay que contemplar el presupuesto. En eso estamos trabajando.

La niñez nos preocupa, y es verdad que los niños discapacitados sufren una doble vulneración, porque están vulnerados por ser niños y además por ser niños con discapacidad. Se hicieron varias cosas. Una de ellas fue el protocolo de inclusión educativa, que nos permite que todos los niños y niñas de este país puedan estar incluidos en una escuela, y eso para nosotros es básico. Se está trabajando en el programa Uruguay Crece Contigo. Se trabajó específicamente y se hizo un protocolo para la detección y acompañamiento de los niños que sean detectados con discapacidad, o de las madres con discapacidad. Yo les informo, aunque debería hacerlo otro organismo, que en todas las escuelas se hace un test a los niños de entre tres y cinco años para detectar problemas de aprendizaje y así poder comenzar a actuar en el momento, aunque, obviamente, tenemos claro que eso no revierte una discapacidad. Lo mismo sucede con el programa de salud visual. Se está haciendo una pesquisa en las escuelas de todos los niños de entre cinco y seis años para detectar problemas visuales. Todos sabemos que si no detectamos y corregimos los problemas visuales en los niños, pueden convertirse en niños con discapacidad, y más si vienen de hogares con algunas carencias.

Tal vez las acciones son pocas y puntuales, pero van a ir revirtiendo esa doble vulneración que sufren los niños con discapacidad. Estamos todos bien alertas en este trabajo, todos los equipos de Uruguay Crece Contigo trabajan junto con el programa de discapacidad para que todos los equipos puedan detectar qué pasa con esos niños. Inclusive, se hizo una consultoría y unos manuales específicos para entregar a las madres de hijos con discapacidad, para que sepan cómo tienen que trabajar con ellos, cuáles son los cuidados específicos, etcétera. En eso hemos ido avanzando.

En cuanto a la pregunta sobre las prioridades para el 2018, debo decir que en el 2017 nos habíamos planteado metas que pudimos cumplir. No las traje detalladas, pero se las puedo hacer llegar. Toda la planificación que está llevando adelante el Programa Nacional de Discapacidad está dentro del plan de acceso a la justicia y protección jurídica de las personas con discapacidad, que fue aprobado en el 2015. Toda nuestra programación está basada en esas líneas estratégicas, que transversalizan absolutamente todo. El otro día, cuando vinimos, dejamos una copia. Con mucho gusto podemos mandarla, y también podemos mandar el último informe que hicimos, porque todas nuestras metas y lo que hemos avanzado figura allí, comparado con las líneas de acción que tienen que ver con el plan de acceso a la justicia, que es lo que queremos trabajar en estos años que nos quedan. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).  De su exposición surge alguna línea de trabajo en relación a una adecuación o fortalecimiento institucional para afrontar una nueva etapa. Me gustaría que diera más detalles acerca de esa adecuación institucional, en qué situación está y los desafíos a futuro.

SEÑORA GRAU (Begoña).  En cuanto a la participación, la consigna es nada sobre nosotros sin nosotros. Como bien dijimos, el seguimiento de la Convención se va a hacer a partir de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque cumple con los Principios de París, en cuanto a que es completamente independiente. Quienes van a formar esta mesa de trabajo para el seguimiento de la Convención son mayoritariamente personas de la sociedad civil: representantes o personas con discapacidad, que es a quienes les corresponde.

Cuando presentamos el informe país en Ginebra, la sociedad civil presentó su informe alternativo y parte de las recomendaciones salieron de ahí. Cuando redactamos el plan de acceso a la justicia, no se aprobó hasta que se hicieron todas las consultas con la sociedad civil. Estamos trabajando fuertemente con la sociedad civil, que no es fácil. Después de varias jornadas departamentales se hizo una jornada nacional en Montevideo, en la que participaron más de ciento cuarenta organizaciones de la sociedad civil para trabajar en la creación de una red importante para que se hiciera el seguimiento. Reitero que es a la sociedad civil a la que le corresponde hacer el seguimiento y los planteamientos sobre en qué cosas debemos avanzar y en cuáles no.

Cuando hacemos algún proyecto sobre adecuación normativa, siempre lo consultamos con la sociedad civil, porque es un aliado importante para nosotros.

En cuanto a lo que preguntaba la diputada Gelman sobre la institucionalidad, estamos trabajando en un proyecto de ley para la creación de un instituto nacional de la discapacidad. Estamos en un proceso de consulta. Hicimos un documento mártir para empezar a trabajar. Primero se le presentó a la Comisión Honoraria, luego a la Alianza de Organizaciones, y a la sociedad civil; ahora estamos recibiendo los aportes para luego hacer una redacción y presentarla. La Convención nos exige nuevas instituciones para actuar frente a la discapacidad. La propuesta que tenemos como Ministerio de Desarrollo Social es que el Programa Nacional de Discapacidad se convierta en un instituto al igual que el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto del Adulto Mayor, el Instituto Nacional de la Juventud.

Además, tenemos dificultades para mantener dos institucionalidades paralelas, como el Programa y la Comisión. La intención es juntarlas y hacer una institucionalidad fuerte, que pueda ser articuladora, a fin de que el tema de la discapacidad sea transversalizado y dirigido a todos los otros ministerios. En eso estamos trabajando.

SEÑOR ABDALA (Pablo).  Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la información estadística.

¿Cuál es la estimación que manejan el Ministerio y el Pronadis en cuanto a la cantidad de compatriotas, de uruguayos que padecen alguna forma de discapacidad? Por supuesto que esto admite grados y hay formas de discapacidad más o menos severas. Pregunto, porque se han manejado estimaciones disímiles. Como estamos hablando con la autoridad competente en la materia, supongo que debe detener una estimación más precisa.

Independientemente de las estimaciones, quisiera saber si el Ministerio, a través del Pronadis u otra repartición lleva algún tipo de registro en materia de beneficiarios con relación a personas con discapacidad, partiendo de la base de que los beneficios que el Estado otorga, reconoce y brinda, no se concentran todas en el Ministerio, como las pensiones por invalidez que otorga el Banco de Previsión Social. Quisiera saber si hay registro de prestaciones que pasan por el Ministerio o que provienen de otros ámbitos del Estado. Es información estadística muy relevante.

SEÑOR GRAU (Begoña).  En cuanto a qué cantidad de compatriotas tienen discapacidad, los únicos datos que tenemos son los del censo y son por auto  percepción; están bien hechos pero partamos de que son por auto  percepción. En Uruguay los datos indican un 16% y los números internacionales dan aproximadamente un 15% de la población mundial. La manera de tener números claros acerca de cuántas personas son, dónde están y qué tienen, sería contar con una certificación única en el país, que no tenemos y se está trabajando para ello. De esa forma podríamos medir a todos con el mismo parámetro y obtener datos comparables. Es un déficit importante.

En cuanto a las prestaciones, el Ministerio tiene el Sistema Integrado de Información del Área Social  Siias , donde están las bases del Banco de Previsión Social y de los Ministerios de Salud Pública y Educación y Cultura. Esto nos permite tener un acercamiento de cuántas personas reciben prestaciones. Podemos tener desagregado  lo que nos ayuda a trabajar a la hora de planificar políticas de discapacidad  en el Siias información de cuántas personas cobran pensión por discapacidad separado por sexo, edad, departamento, localidad. Podemos cruzar otros datos, como cuántos niños concurren a una escuela especial, a qué tipo de escuela

Por supuesto que tenemos bien claras las prestaciones que damos nosotros, a todas las personas que hemos valorado por asistentes personales, por el programa Uruguay sin Barreras, a las que se les otorgan ayudas técnicas. Ahí hay una valoración más profunda con un registro que lleva el Ministerio.

El resto de la información se obtiene por cruzamiento de datos de otras bases del Estado que confluyen en el Siias, que nos ayudan a acercarnos pero no a darnos el número exacto, pero es con lo que estamos trabajando.

SEÑOR ABDALA (Pablo).  ¿Nos pueden hacer llegar un resumen de esa información?

SEÑORA GRAU (Begoña).  Me comprometo a hacer llegar información respecto a la cantidad de personas que cobran pensión por discapacidad, separado por departamento, por localidad, por sexo y por edad. Eso va a dar un panorama que no es real, pero lo más cercano posible. No todas las personas que tienen una discapacidad cobran pensión, porque la discapacidad se constata a partir de un 33% y la pensión es a partir de un 65%, y en algunos casos por nivel económico no corresponde. Es lo más cercano que podemos tener y nos da un panorama de su distribución en todo el territorio.

SEÑOR ABDALA (Pablo).  La directora mencionó al pasar información en cuanto a los demás programas que maneja directamente Pronadis. Sería muy relevante que pudiéramos contar con esos datos.

SEÑORA GRAU (Begoña).  Podemos entregarle la información acerca de todas las personas que hemos valorado, a las que se le ha entregado ayudas técnicas. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).  Las invitadas mencionaron que estaban trabajando en una certificación única. Nosotros tenemos conocimiento de que es muy difícil hacer un rastreo a nivel de todo el Estado para tener datos más precisos. Entonces, en el entendido de que ello es fundamental en el momento de elaborar políticas focalizadas a esta población, pregunto si la construcción de esa certificación está comprendida dentro de la adecuación que están pensando presentar en los próximos seis meses o si eso corre por un carril separado, con una expectativa a largo plazo.

SEÑORA GRAU (Begoña).  Debo decir que eso corre por un carril separado, porque hay tres instituciones que deberíamos ponernos de acuerdo y habría que hacer una modificación del artículo 38 de la Ley Nº 18.651, lo cual ya está planteado. La ley prevé la actuación del Ministerio de Salud Pública y del Mides  la Comisión Honoraria de la Discapacidad debe certificar la discapacidad  y sabemos que hay otro gran actor, que es el BPS, que también tiene cosas para decir. Por lo tanto, estamos trabajando conjuntamente los tres organismos para buscar una fórmula.

Hay que tener en cuenta que el país ya tiene capacidades en este sentido: hay mucha gente que sabe certificar, que conoce la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, en la que se basa la certificación, y tenemos posibilidades de que otros países nos ayuden en ese proceso. En definitiva, hay que buscar la fórmula para que los tres organismos que estamos involucrados en el tema lleguemos a un acuerdo de cómo vamos a repartirnos la tarea a la hora de certificar.

Yo pienso que la voluntad está. Hay ciertas cosas que pasan por modificaciones de algún artículo, pero estamos encaminados. No queremos apretar el acelerador, sino ir dando pasos firmes para llegar a un final feliz, porque estamos en este proceso desde el año 1989 y por querer correr se nos pueden trancar algunas cosas, pero reitero que estamos en un buen camino.

SEÑOR PRESIDENTE.  Correspondería pasar al segundo punto del orden del día: “Actividades de Voluntariado Social. Beneficios”.

SEÑOR LEMA (Martín).  Agradecemos, como siempre, la presencia de la delegación que está compareciendo en este ámbito.

Sabemos que en estos momentos se están dando algunos pasos importantes en materia del incentivo al voluntariado social. Todos sabemos lo que representa la tarea del voluntario, tanto para las organizaciones que necesitan capitalizarse con personas para el ejercicio de sus fines, como para el propio voluntario que lleva a cabo esa tarea tan altruista y tan noble, lo cual le permite un desarrollo individual muy importante.

En lo personal, he presentado un proyecto de ley que trata sobre los concursos en la Administración pública: es una iniciativa muy simple, de un artículo único, que propone que dentro de la evaluación y de la valoración que se realiza de los diferentes interesados, se considere a quienes desarrollen tareas de voluntariado social, al momento de determinar el puntaje. Como estamos hablando de funcionarios públicos, en lo personal prefiero al que realiza tareas de voluntariado, sin perjuicio de que no sería excluyente el hecho de que no las desarrolle. Por supuesto que no estamos hablando de que solamente se estaría valorando esta tarea; simplemente, entre dos personas con una puntuación prácticamente igual, si el diferencial es la tarea de voluntariado, prefiero que ello se tenga en cuenta.

Está claro el espíritu altruista de quien realiza esta tarea y bajo ningún concepto se aspira que se tome como una premiación. Ahora, tampoco creo que alguien vaya a desarrollar la tarea de voluntariado, simplemente para tener un puntaje extra ante la eventualidad de un concurso en la Administración pública. Por la humilde experiencia que hemos tenido con diferentes voluntarios, nadie toma esta iniciativa con esa intención.

Entonces, aprovechando la gentileza de la comparecencia de nuestras invitadas, sería oportuno conocer su opinión en ese sentido.

SEÑOR SEIJO (Lorena).  Antes que nada quisiera agradecerles la invitación, porque este es un tema muy importante para el Ministerio desde su fundación. Es en ese sentido que toma la iniciativa para promover la Ley Nº 17.885 de 2005, que promueve el voluntariado social, al que refiere el diputado Lema, y que pretende darle forma en esta gestión, a través del Programa Nacional de Voluntariado.

Me gustaría detenerme un poco y contarles acerca de este programa, porque de alguna manera le da sustento a alguna de las percepciones que tenemos sobre esta iniciativa de ley.

Como ustedes sabrán, nuestro país cuenta con una larga tradición voluntaria, particularmente reconocida en la sociedad civil. Según la Encuesta Nacional de Voluntariado del año 2009, casi el 20% de la población uruguaya realiza actividades voluntarias y más de un 43% de la población lo ha hecho a lo largo de su vida. Esto significa que en Uruguay, cerca de medio millón de personas  el 20% de la población mayor de 14 años  realiza actualmente tareas voluntarias, involucrando a diversos actores sociales, políticos, culturales y económicos. A su vez, el 22% manifiesta que no las ha realizado porque no conoce dónde podría llegar a hacerlo, pero sí tiene interés.

Desde su inicio el Ministerio ha convocado a las organizaciones sociales y a la población en general a adherir a asuntos del desarrollo social. En tal sentido, mucho de lo que el Ministerio realizó, particularmente con el plan de emergencia y algunos otros buques insignias, contó con este respaldo solidario de gran parte de la ciudadanía.

Es así que en 2015 constituye el Programa Nacional de Voluntariado, que intenta ser construido en espejo a la Ley Nº 17.885, que define el voluntariado social como “la persona física que por su libre elección ofrece su tiempo, su trabajo y sus competencias, de forma ocasional o periódica, con fines de bien público, individualmente o dentro del marco de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, oficialmente reconocidas o no, o de entidades públicas nacionales o internacionales, sin percibir remuneración alguna a cambio”. Esta ley delimita solamente el ámbito público  dándonos algunas orientaciones respecto a su implementación  pero no así el ámbito privado. Precisamente, entendemos que hace poco se inició el proceso hacia un proyecto de ley que intenta regular el voluntariado social en el ámbito privado, definiéndolo y dándole ciertas características. Creemos que ahí hay mucha tela para cortar, por lo que invitamos a trabajar en ese proyecto de ley, que también surge con una mirada muy fuerte de la sociedad civil, independientemente de las recomendaciones del Estado a partir de la implementación de la Ley Nº 17.885.

El programa intenta incentivar la participación social y en particular el voluntariado como forma de construcción de ciudadanía y generación de mayor integración social, a través del reconocimiento a nivel social de las prácticas de voluntariado, en tanto promueve los valores que contribuyen a la convivencia social, la articulación del interés de las personas de desarrollar prácticas solidarias, con el de los organismos públicos de recibirlas y acompañarlas, apuntando a prácticas de voluntariado inclusivas en lo que refiere al género, a las distintas generaciones, a la etnia, la raza, así como a personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Este es un programa que promueve la participación de mayores de dieciséis años en todo el país, sin excepción, y eso ha traído un desafío importante respecto a que todos somos sujetos y todos tenemos algo para dar. Todos y todas tenemos algo para dar y para contribuir en los asuntos públicos.

El programa surge con ese convencimiento y, desde este lugar, entendemos que, si bien falta mucho para construir un ambiente, un clima para el voluntariado y la solidaridad, y la posibilidad de incorporar innovación a las instituciones públicas, este programa se construye en una idea de complementariedad. Me refiero a complementariedad entre las instituciones públicas y la ciudadanía; complementariedad entre las agendas y los asuntos públicos que llevan adelante estos organismos y la innovación que pueden traer los diferentes sectores de la población y de las organizaciones sociales.

En 2015, cuando se crea este programa, nos tomamos un tiempo como en doble vía. Un primer tiempo, que era salir a recorrer todos los organismos públicos para ver quiénes podían estar en condiciones de abrir las puertas y ventanas del Estado para incorporar ciudadanía, definir en qué áreas sí y en que áreas no podíamos realizar voluntariado y construir el diseño del programa, en conjunto con la sociedad civil.

Parte de los componentes que las organizaciones sociales y, en particular, la mesa nacional de voluntariado, que es ámbito mixto donde participa el Estado y muchas de las organizaciones sociales que históricamente en Uruguay realizan voluntariado, reconocían la importancia de contar con un marco legal regulatorio. El artículo 4º señala la sugerencia de la incorporación de este nuevo inciso; habla de que las actividades de voluntariado social realizadas en instituciones públicas no generarán derechos para el ingreso a la función pública. Esta dimensión ellos la toman como un eje orientador, donde se instala el espíritu solidario y parte aguas respecto a los intereses. Dejan claro que no debe haber ningún otro interés asociado más que la dedicación de tiempo y la solidaridad para la realización de las actividades. Además, despeja otro tipo de interés que pueda llegar a estar asociado a la incorporación de estas prácticas solidarias.

Aparentemente, no se necesitaría generar estímulos para la participación.

Por otro lado, el programa tiene su segunda edición; en 2016 se inscribieron 2.800 personas y en este año llevan inscriptas 4.300 personas para realizar actividades voluntarias en diferentes organismos del Estado. En este momento, son más de treinta y cinco las actividades que se pueden hacer y que se vinculan a la salud, a escuelas públicas, al Consejo de Educación Secundaria en liceos, Defensoría del Vecino con la construcción de mediadores en diferentes situaciones de convivencia y de conflictos, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Plan Juntos, área protegidas, programa de mejoramiento de barrios, la Dinama, el Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto de Niños, Niñas y Adolescentes, con los centros de atención a la primera infancia, clubes de niños, la Intendencia de Montevideo, más de ocho o diez municipios que también generan una agenda más transversal, intendencias del interior, el Inisa, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de los museos, la Dirección Nacional de Cultura, los Centros MEC, el Mides, el Plan Ibirapitá, a través de la entrega de las tablets y espacios de alfabetización para adultos mayores, el Sistema Nacional de Emergencia, a través de la gestión de riesgos, y las diferentes UTU que, a esta altura, son más de veinte en todo el país.

Si bien resta mucho por llevar a cabo esta idea, creemos que el reconocimiento a las personas que realizan actividades voluntarias tiene que ser colectivo, no un reconocimiento de trayectorias individuales. La sociedad se moviliza por asuntos públicos y comunes, por injusticias y por la solidaridad que debemos construir como sociedad. Por lo tanto, entendemos que si bien esta discusión y la instalación de estos temas nos provoca mucha alegría en cuanto a discutir y conversar sobre la pertinencia de la participación social y la obligación del Estado para generar condiciones para esa participación, hoy no parecería ser una necesidad la incorporación de méritos para la participación e incorporación al Estado de personas que realicen voluntariados en organismos públicos.

SEÑOR LEMA (Martín).  Agradezco saber la posición. Hay matices en el enfoque que se está estableciendo respecto a lo que a mí me motivó a presentar este proyecto.

Está claro que un trabajo voluntario no debe dar derecho a ingresar a la función pública. Como en todo concurso, se pide una serie de antecedentes, pero el solo hecho de haberlos cumplido no es determinante para el ingreso a la función pública. Desde la función pública, cuando se establecen las bases de un concurso, se explicita qué tipo de ciudadano, qué tipo de profesional, qué tipo de trabajador quiere tener la función pública, en una valoración general de diferentes ámbitos.

Lo que trata de hacer esto, simplemente, no es para nada una contraprestación al trabajo voluntario; desde la Administración pública, si decimos que es buena la solidaridad, si hacemos un reconocimiento de que los voluntarios deben contagiar esa tarea voluntaria porque nos ayuda a crecer como sociedad, por qué no valorar esa solidaridad cuando definimos qué funcionarios públicos queremos.

Entonces, esa valoración que se da, bajo ningún concepto significa que un trabajo voluntario se realiza para conseguir un empleo público o un ascenso. Por ejemplo, si una profesional que estudia una carrera determinada se presenta a un concurso público en el que se pide un título universitario, el simple hecho de tenerlo no le va a otorgar de forma directa el ejercicio de la función pública. Ahora, si nosotros, en los distintos concursos en la Administración pública definimos qué funcionarios públicos queremos, me parece positivo darle un valor a aquella persona que ha realizado en forma desinteresada y solidaria un aporte a la sociedad, destinando su tiempo y su esfuerzo a ayudar al prójimo; a esa persona la quiero en mi cuadro en cuanto a la Administración pública. A mi juicio, habría que valorar esos gestos personales. De esta manera, considero que lejos de generar una contraprestación, estamos definiendo un modelo de funcionario público. Si somos capaces de reconocer en el voluntario lo que él hace, cómo no vamos a querer que ese tipo de tareas se contagien también en la función pública, si lo que queremos es tener las mejores personas dentro de la función pública, aparte de otros atributos que se puede llegar a entender.

Si en un concurso se miden muchos aspectos desde el punto de vista profesional, darle una valoración humana a aquel que está presentándose en un concurso, creo que es un aporte. Pero, repito, bajo ningún concepto este proyecto intenta que el trabajo voluntario tenga una contraprestación. Lo único que se establece es que se valoran un montón de aspectos profesionales; entonces, por qué no darle una cuota personal en el caso de dos personas, que están con un puntaje muy similar y una dedicó tiempo, restó tiempo a sus afectos para ayudar a otro y otra, quizás no; me parece un atributo interesante y sería bueno que desde el Estado se predique con esa humanización. Por eso, lejos de ser una contraprestación, creo que se estaría ayudando hacia los fines que se estaban trazando ustedes. Por eso tengo un matiz en ese sentido.

Sigo pensando que sería buena cosa valorar ese tipo de trabajo, pero tengo un matiz respecto a lo que ustedes hacían referencia. Pienso que sería un buen aporte para la definición de nuestros llamados a concurso público. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).  He pedido una interrupción porque mi intervención será muy breve. Pido disculpas al diputado Meroni, que se acaba de anotar. Yo simplemente quiero aportar un elemento que me parece que tal vez pueda ayudar al análisis del tema o al abordaje de esta discusión.

Creo que la conclusión puede ser una u otra, según el punto de partida y el ángulo desde el que analicemos el tema. Este planteo no hay que verlo desde el punto de vista de las políticas de voluntariado, que desde el Estado se puedan impulsar y desarrollar para estimular el voluntariado social. Yo comparto todo lo que aquí se ha dicho en ese sentido. La propuesta del diputado Lema  yo la comparto  hay que verla desde otro ángulo: desde el de las políticas de recursos humanos, y de las medidas y procedimientos que el Estado utiliza para definir los criterios a la hora del reclutamiento de sus funcionarios. Como un elemento más, entre muchos otros, aparece la posibilidad de tener en cuenta un antecedente, pero nada tiene que ver con las definiciones que desde la legislación se adopten, repito, para establecer el estatuto del voluntariado social  hace pocos días nos dimos una nueva ley de voluntariado , o nada tiene que ver con el estímulo o establecer elementos para promover que más gente se aboque a este tipo de actitudes solidarias.

Tal vez no dirimamos hoy el tema, pero a la hora de analizarlo sería bueno un esfuerzo desde el punto de vista intelectual y advertir que hay que ponerlo en otro plano. Al menos así lo interpreto yo.

SEÑOR MERONI (Jorge).  Agradezco la presencia a la delegación del Mides.

Creemos que el tema no se va a dirimir hoy. Voy a dar mi posición personal, no es la de la bancada de mi fuerza política. No compartimos el proyecto del diputado Lema. Entendemos la voluntad altruista que tiene el diputado, pero muchas veces, la persona que hace voluntariado, lo hace porque tiene tiempo. Capaz que otra que no tiene tiempo, no puede realizarlo. Pero si después le damos una ventaja para ingresar al Estado, creemos que no es correcto.

Reitero: entendemos la posición del señor diputado, pero no la compartimos. Cuando se ingresa al Estado se establecen las condiciones; como en muchos casos se pide experiencia para el cargo, ya estaría cubierto con eso. Pero creemos que no se debe dar una ventaja a quien desarrolló una tarea de voluntariado altruista, sobre un joven o una joven que también sentía el deseo de realizarla, pero no tuvo el tiempo necesario.

SEÑOR LEMA (Martín).  Entiendo que es un tema opinable, que toda posición nace de un interés legítimo y de un espíritu contributivo al debate.

Siguiendo la línea de razonamiento del diputado Meroni, vaya si habrá preocupación por tratar el tema concurso a fondo. Si es injusto para el que no tuvo tiempo de ejercer la tarea de voluntariado, cuán más injusto es cuando los llamados a concurso son para profesionales, teniendo en cuenta la cantidad de personas que hay en nuestro país que no tienen oportunidad de estudiar y formarse.

Si el argumento para que el proyecto no prospere es la falta de tiempo de algunas personas, no se podrían pedir profesionales en los concursos porque, lamentablemente, muchas personas no disponen del tiempo para formarse. Hay muchas personas que tampoco tienen tiempo para obtener otros antecedentes que se solicitan en algunos concursos.

Si la falta de tiempo de algunas personas para ejercer la tarea de voluntariado es el argumento para no apoyar el proyecto, hay que pensar que en los llamados a concursos hay condiciones que mucha gente no puede cumplir por falta de tiempo u oportunidades.

Por lo tanto, si utilizamos ese criterio, el escenario de los concursos sería de muy poca exigencia porque, lamentablemente, gran parte de la población no puede informarse ni cumplir con muchos de los requisitos establecidos en los llamados. En muchos concursos se exigen títulos profesionales que mucha gente no tiene porque, lamentablemente, no tienen acceso a esa educación. Entonces, si ese es el argumento para que el proyecto no prospere, habría muchos otros argumentos que ameritarían una reflexión mucho más general y profunda.

SEÑOR MERONI (Jorge).  Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.  Si los diputados están de acuerdo, escuchamos lo que la delegación tenga aún para decirnos, y luego de que se retiren, continuamos con la discusión.

SEÑOR MERONI (Jorge).  Déjeme contestarle al diputado Lema.

SEÑOR VIERA (Nicolás).  Pido la palabra por una cuestión de orden.

Lo que se está discutiendo en este momento es un debate privativo de la Comisión; no corresponde generar un intercambio de opiniones con la delegación, sobre todo, porque se están tomando insumos de las invitadas. Creo que la respuesta que pretendía el diputado Lema ha sido más que respondida, valga la redundancia.

Propongo que nos hagamos un espacio para el debate, que intercambiemos opiniones  yo también tengo la mía , pero no en este momento.

SEÑOR MERONI (Jorge).  Comparto lo expresado por el diputado Viera. La discusión la vamos a dar después con el diputado Lema; no es lo que él dijo; después vamos a aclarar lo que entendió que dijimos.

SEÑORA SEIJO (Lorena).  Entiendo la preocupación existente respecto a los recursos humanos. Este programa  tal vez no lo dijimos de forma enfática  tiene un beneficio para las personas que lo realizan, que se han sentido motivadas pero, sobre todo, para la interna del Estado.

Para realizar este programa nosotros contamos con treinta y cinco organismos públicos; son funcionarios públicos que se están formando. Pueden ingresar a la página del Mides, a programa de voluntariado, y verán que se realiza una capacitación online, que se otorga para la gestión de este programa. Se trata de funcionarios públicos que al recibir a las decenas de personas que ingresan a trabajar en conjunto tienen que formarse y sensibilizarse sobre la idea de la participación social y del voluntariado.

A nosotros también nos preocupan los recursos humanos públicos de hoy. Al recibir la participación y la ciudadanía, hoy están generando ejercicios de transparencia, de rendición de cuentas. Recordemos que cuando la gente viene y participa quiere saber más, ir por todo, quiere transformar. El eslogan es participar para transformar.

Esta invitación del Estado no es neutra; es una invitación para transformar, para preguntar cómo funcionan las cosas en la interna del Ejecutivo y de todos estos organismos que están aquí presentes.

Hay una preocupación enorme del programa para tratar que este Estado sea cada vez más transparente, moderno, que pueda recibir a la gente y formar parte en la complementariedad de estas acciones. Sin dudas, en un llamado se podrá valorar esa experiencia, como otras, pero entendemos que no tendría que formar parte de un cambio legal. La ley tal como está nos ha servido mucho para construir experiencias como estas, que entendemos están funcionando muy bien. Nos ha servido para construirnos en espejos, pero también nos han dado cierto marco de claridad para construir un reconocimiento y una línea de trabajo clara, que tiene una dimensión del reconocimiento muy grande.

Los invitamos a participar, el 20 de diciembre a las 17 horas en Presidencia, de un reconocimiento que se va a realizar a todos los organismos y a todos los voluntarios que han participado de esta actividad. Va a contar con la presencia de autoridades y también de algunas organizaciones sociales que estarán dando recomendaciones acerca de cómo mejorar el programa en la edición 2018 y 2019. 

SEÑOR PRESIDENTE.  La Comisión les agradece su presencia y la información vertida. Felicitamos la iniciativa de la diputada Gelman de invitarlos para que nos informaran sobre este asunto.

(Se retira de sala una delegación del Ministerio de Desarrollo Social)

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

——Entonces, la próxima reunión de la Comisión será el jueves 7 de diciembre. En esa sesión discutiremos sobre este tema.

No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.