Retorno a página principal

n.º 17 - TOMO 535 - 3 DE JUNIO DE 2015

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

16.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y LA SEÑORA DANIELA PAYSSÉ Tercera Vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) y 15) Proyectos presentados

– La señora Senadora Alonso y el señor Senador Enciso presentan un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de «Josefa Oribe» la Escuela n.º 183 del departamento de Montevideo.

• Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

– El señor Senador Bordaberry presenta un proyecto de ley por el que se establecen normas que regulan la promoción de la mitigación de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

• Pasa a la Comisión de Hacienda.

5) Pedidos de informes

– El señor Senador Enciso solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con vehículos y choferes de la Red de Atención de Primer Nivel (RAP) del departamento de Florida.

• Oportunamente fue tramitado.

6) Inasistencias anteriores

• Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias.

7) y 11) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Coutinho, Mujica y Martínez, y las señoras Senadoras Payssé y Alonso.

– Quedan convocados los señores Senadores Cersósimo, Berterreche, Peña y Pardiñas, así como la señora Eva Gomori quien deberá prestar la promesa de estilo.

– Se toma la promesa de estilo al señor Sebastián Da Silva y se lo declara investido de su cargo de Senador.

8) Obra del ingeniero Eladio Dieste. Declaración de patrimonio de la humanidad

– Manifestaciones del señor Senador Carámbula.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comisión de Patrimonio y al Congreso de Intendentes.

9) Postergación del numeral primero del Orden del Día

• El Senado resuelve volver a postergar la definición de la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo porque todavía no han llegado propuestas.

10), 12), 14) y 16) Impuesto Anual de Enseñanza Primaria

– Continúa la discusión del proyecto de ley por el que se le establecen ajustes.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

13) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción del señor Senador Agazzi, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión.

17) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 2 de junio de 2015

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 3 de junio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del Día

1.º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la República).

2.º) Continuar con la discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se establecen ajustes al Impuesto Anual de Enseñanza Primaria.

Carp. n.º 223/2015 – Rep. n.º 67/2015

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3.º) por el que se sustituye el artículo único de la Ley n.º 19237, de 15 de julio de 2014, por la que se elevó a la categoría de ciudad, conservando su denominación actual, a Villa Quebracho, situada en la 4.ª Sección Judicial del departamento de Paysandú.

Carp. n.º 188/2015 – Rep. n.º 65/2015

4.º) Informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con las solicitudes remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de:

– designar como Ministros del Supremo Tribunal Militar por la Armada Nacional, al señor Capitán de Navío (CG) en situación de retiro don Alfredo G. Gericke y por el Ejército Nacional al señor Coronel en situación de retiro don Walter A. Mesa.

Carp. n.º 77/2015 – Rep. n.º 68/2015

– conferir el ascenso correspondiente al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1.º de febrero de 2015, a varios señores Capitanes de Fragata.

Carp. n.º 82/2015 – Rep. n.º 69/2015

– conferir el ascenso correspondiente al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1.º de febrero de 2015, a varios señores Tenientes Coroneles.

Carp. n.º 191/2015 – Rep. n.º 70/2015

– conferir el ascenso correspondiente al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2015, a varios señores Tenientes Coroneles.

Carp. n.º 192/2015 – Rep. n.º 71/2015

– conferir el ascenso correspondiente al grado de Coronel Médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1.º de febrero de 2015, al señor Teniente Coronel Médico don Alfredo H. Quintas.

Carp. n.º 216/2015 – Rep. n.º 72/2015

– designar como Ministro del Supremo Tribunal Militar por la Fuerza Aérea Uruguaya, al señor Brigadier General (Av.) en situación de retiro Walter Ghiorsi Linkus.

Carp. n.º 217/2015 – Rep. n.º 73/2015

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Agazzi, Amorín, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Berterreche, Bianchi, Bordaberry, Botana, Carámbula, Castaingdebat, Cersósimo, Da Silva, De León, Delgado, Ferreira, Heber, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Pardiñas, Peña, Pintado, Saravia, Topolansky y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Alonso, Coutinho, Enciso, García, Lacalle Pou, Martínez, Montaner, Mujica, Otheguy y Passada.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:33).

– Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Cámara de Representantes remite una exposición escrita presentada por la señora Representante Nacional Gloria Rodríguez, relacionada con la situación de las Colonias “Doctor Bernardo Etchepare” y “Doctor Santín Carlos Rossi”.

–OPORTUNAMENTE SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DE SALUD PÚBLICA Y DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por varios señores Ediles, relacionadas con la renuncia presentada por una señora Edila.

–TÉNGASE PRESENTE».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Los señores Senadores Verónica Alonso y Carlos Enciso presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de “Josefa Oribe” la Escuela n.º 183 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

a001.jpg

a002.jpg

a003.jpg

a004.jpg

a005.jpg

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Carlos Enciso, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con vehículos y choferes de la Red de Atención de Primer Nivel (RAP) del departamento de Florida.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 2 de junio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse al Ministerio de Salud Pública, con destino a ASSE el siguiente pedido de informes:

1. En relación con los vehículos afectados al traslado de personas que se encuentran a disposición de la RAP Florida se indique a qué oficina o dependencia pública pertenecen y, en caso de que se trate de vehículos de propiedad privada, se sirva indicar:

1.1. Bajo qué modalidad prestan servicios para RAP Florida.

1.2. La forma en que se realizó la selección de dicho vehículo o vehículos (licitación, contratación directa, etc.), remitiendo copia auténtica de la documentación que respalde la forma en que se realizó la adjudicación del servicio.

2. Por otra parte, en relación con la selección del personal que ocupa cargos de choferes de ambulancia se sirva indicar:

2.1. Si se ha efectuado concurso o sorteo para la provisión de cargos de choferes de ambulancia en los últimos tres años en el departamento de Florida, indicando para qué localidades se ha realizado. En caso afirmativo, se indique cuántas personas concursaron o se presentaron a sorteo, cuántos quedaron seleccionados y la lista de prelación resultante.

2.2. Si se realizó recientemente un concurso para choferes de ambulancia para la localidad de Fray Marcos. En caso afirmativo, se indique la integración del Tribunal de Concurso, cuántos postulantes se presentaron, cuántos fueron seleccionados para desempeñarse como chofer, cómo se realizó la selección y cómo se compone la lista de prelación resultante.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Carlos Enciso. Senador».

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 2 de junio no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 2 de junio faltó con aviso el señor Senador Carlos Moreira.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- En virtud de la licencia concedida al señor Senador García por el día de la fecha, y habiendo quedado convocado el señor Sebastián Da Silva, se lo invita a pasar al hemiciclo a efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor Sebastián Da Silva).

– Se invita al Senado y a la barra a ponerse de pie.

Señor Sebastián Da Silva: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR DA SILVA.- Sí, prometo.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR DA SILVA.- Sí, prometo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda usted investido del cargo de Senador.

Felicitaciones.

(Aplausos en la sala y en la barra).

–Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 2 de junio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, inciso D, de setiembre de 2004.

Los días en que haré uso de ella serán: 4 y 5 de junio de 2015, y el motivo es para asistir a la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, que se realizará en La Habana, Cuba, los días 5 y 6 de junio de 2015.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Daniela Payssé. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 17. Afirmativa.

Se comunica que el señor Miguel Vassallo ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Eva Gomori, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 2 de junio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos particulares, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por el día 3 de junio de 2015.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con la más alta estima.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor José Amy ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Gustavo Cersósimo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 2 de junio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares. Se agradece convocar al suplente respectivo durante el día 3 de junio de 2015.

Saludo a usted atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Andrés Berterreche, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 3 de junio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted licencia, por motivos personales, por el día 3 de junio del corriente.

Sin otro particular, saludo con la más alta estima.

Atentamente.

Verónica Alonso. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Daniel Peña, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) OBRA DEL INGENIERO ELADIO DIESTE. DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señor Presidente: más que nunca, sentimos que la cultura es el verdadero puntal de un desarrollo sostenible de la humanidad.

En estos días se ha puesto en marcha, a nivel nacional, la declaración de patrimonio de la humanidad de la obra del ingeniero Eladio Dieste. Un bien declarado patrimonio de la humanidad es un legado de la comunidad internacional, y su presencia en un determinado país le exige a este un incremento de imaginación, preocupación y gastos a efectos de contemplar su protección y defensa.

Cuando se estudia el valor del patrimonio mundial, se tiene en consideración que sea de carácter universal y excepcional. Y el hecho de que la obra del ingeniero Eladio Dieste pueda ser considerada patrimonio de la humanidad nos da la verdadera dimensión de lo que está sucediendo en nuestro Uruguay.

En el año 2017, se cumplen 100 años del nacimiento del ingeniero Eladio Dieste. Nació en Artigas, cursó sus estudios en la Facultad de Ingeniería y su obra ha sido reconocida en el mundo por su valor estético e innovador y por su estilo de construcción.

Su obra está en todo el Uruguay. El arquitecto Ciro Caraballo, experto designado por la Unesco para guiar a nuestro país en este proceso de tres años hacia el 2017, cuando la obra de Dieste sería declarada patrimonio de la humanidad, ha dicho que nosotros, los uruguayos, tenemos en cada pueblo y departamento obras comparables a Picassos. ¡Vaya si tiene valor destacar la obra de Dieste!, la que, además, está en todo el país: desde Artigas, su territorio natal, pasando por Salto, donde hay obras formidables, y Paysandú, hasta Montevideo; pero en particular en nuestro departamento de Canelones, donde se encuentra una de sus obras más emblemáticas. Me refiero a la Capilla del Cristo Obrero, ubicada en Atlántida, que hoy es considerada una de las obras de arquitectura religiosa más importantes del siglo XX. En la actualidad, la obra de Dieste está expuesta nada más y nada menos que en el Museo Metropolitano de Nueva York, como una de las obras icónicas de la arquitectura del siglo XX, y a nuestro país llegan reconocidos expertos del mundo a valorarla como tal.

Nos interesa subrayar que la obra de Eladio Dieste es profundamente uruguaya. Tiene un carácter universal de religiosidad, ética y estética, pero además es absolutamente innovadora y original: se basa en el humilde ladrillo de campo, el que se elabora en los pueblos y en las periferias, con las manos de nuestra gente. Este ladrillo es la esencia de la obra de Dieste, quien en su momento señalaba que suele no saberse que ese material puede tener una resistencia superior a los mejores hormigones y morteros, con los que no pueden hacerse piezas de liviandad equivalente. Estos ladrillos pueden hacerse fácilmente con tierra cocida y permiten construir estructuras de una ligereza imposible de lograr con el hormigón armado.

El ingeniero Dieste pidió que no se tomara su obra como modelo, sino que frente a cada nuevo problema se lo pensara como tal. También tuvo una interrelación muy significativa con los arquitectos y los técnicos, pero fundamentalmente con los capataces y peones de su obra. Respecto a ello, manifestó en una entrevista: «Por ejemplo, el día que llegué a la obra y habían terminado la pared del fondo, en Atlántida, los obreros se habían dado cuenta de que aquello había quedado bien. Se habían dado cuenta, ellos veían que había quedado bien. Habían sacado los andamios, y me rodeaba como una expectación. Había una expectación simpática, una comunión simpática en lo que se había hecho. Y, realmente, yo sentía en el aire esa sensación de comunión. Esa fue una ocasión de satisfacción».

En esta media hora previa, queríamos recordar –naturalmente es muy difícil hacerlo en pocos minutos– algunas de las expresiones de Dieste, como cuando, por ejemplo, haciendo referencia a las iglesias, señalaba: «[...] aquellos casos en que el alma queda en suspenso transportada por el viento de la belleza de las grandes construcciones del pasado o del presente. Esas obras nos conmueven, nos atraen no solo por sus dimensiones, su audacia o su finura constructiva […]».

Su obra une la belleza con la estética y la ética, el pensamiento humanista y el religioso.

Queremos en esta ocasión elevar nuestro saludo a la Comisión de Patrimonio, que está trabajando en este tema, al Ministerio de Educación y Cultura y, especialmente, al Congreso de Intendentes, puesto que nos parece que si bien la obra vale por sí misma, se valora mucho más cuando la comunidad se apropia de ella. Para ello, el Congreso de Intendentes y los intendentes en cada uno de los departamentos tienen una formidable oportunidad de apropiarse de la obra, de difundirla y de pensarla como factor de desarrollo local.

En consecuencia, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comisión de Patrimonio y al Congreso de Intendentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Carámbula.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

9) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería ingresar al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término, relativo a la elección de los miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Sin embargo, como todavía no hay propuestas al respecto, volvemos a postergar su tratamiento.

10) IMPUESTO ANUAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se establecen ajustes al Impuesto Anual de Enseñanza Primaria. (Carp. n.º 223/2015 – Rep. n.º 67/2015 )».

(Antecedentes).

(Ver 15.ª sesión ordinaria).

– Continúa la discusión general del proyecto de ley.

El miembro informante es el señor Senador Berterreche, pero al momento de levantarse la sesión de ayer estaba en uso de la palabra el señor Senador Michelini, a quien le restaban tres minutos para culminar su exposición.

Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada, no sin antes aclarar que la solicitud de prórroga corresponde hacerla cuando el tiempo de que dispone el señor Senador se ha terminado. En este caso, todavía faltan tres minutos para que eso suceda.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: mi exposición se vio interrumpida porque comenzó en la sesión de ayer y continúa en la de hoy, y más allá de que tenemos dos o tres aspectos a considerar, antes que nada queremos responder –aunque ya lo hizo el señor Senador Otheguy– a la preocupación manifestada por el señor Senador Heber, quien con la pasión que lo caracteriza –que para mí es una virtud y no un defecto– nos interpeló en el sentido de si no estábamos preocupados por la gente del campo, por sus trabajadores, por las escuelas y por los niños que allí concurren.

Creo que él sabe la respuesta. Tan preocupados estamos por la gente que menos tiene –el trabajador rural es uno de ellos–, que nosotros, que somos completamente urbanos, fuimos de los votantes de la ley de ocho horas para el trabajador rural y quienes acompañamos la iniciativa de que el uso de las ceibalitas comenzara en el interior del país. Aunque no comenzaron a utilizarse en una escuela rural, el trabajo con ellas empezó en áreas más que suburbanas.

Pero el hecho de que nosotros estemos preocupados por los que tienen menos no quiere decir que aceptemos la propuesta del Partido Nacional en el sentido de evitar que un impuesto llegue a zonas tan afectadas, puesto que plantea el problema de que genera antecedentes. El primer antecedente es: «Yo aporto. Entonces, lo que aporto tiene que volver a mí». No hay un presupuesto general donde se plasmen todas las inquietudes, las necesidades y las prioridades e, incluso, que en esas prioridades se determine el destino.

Digámoslo de otra manera, señor Presidente: si fuéramos por ese camino, habríamos mantenido todos los proventos del Estado. Por el contrario, aplicamos una política sistemática de eliminar los proventos que tenían los trabajadores en las diferentes reparticiones del Estado, porque como cobraban tal tique, impuesto o tasa, se quedaban con una parte y volcaban el resto a Rentas Generales. Mediante una atención sistemática y sin erosionar las entradas del conjunto de los trabajadores, fuimos sumando esas partidas al salario y separando la recaudación de sus ingresos. ¿Por qué? Porque tienen que destinarse a Rentas Generales y allí, dependiendo del Presupuesto nacional –en el que todos estamos incluidos–, hay que determinar su destino.

El señor Senador Otheguy y quien habla dábamos ejemplos en este sentido y decíamos que si tomamos a cada área como una chacra, mañana Maldonado puede pedir que los impuestos que surgen del turismo sean para ese departamento. Incluso, esto puede ocurrir en Carrasco, donde sería posible pedir que el impuesto de Primaria se destinara a las escuelas públicas de ese barrio. ¿Por qué tiene que ir al barrio Borro? Y así podría ocurrir en forma sistemática. No estamos de acuerdo con eso. Si el señor Presidente nos autoriza, solicitamos que en la versión taquigráfica se ponga la frase «No estamos de acuerdo» en letras mayúsculas y con varios signos de exclamación. Reitero, ¡¡¡NO ESTAMOS DE ACUERDO!!!, y no es por capricho; tenemos fundamentos para no querer llevar adelante ese proceso de fragmentación de las recaudaciones.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- El señor Senador Heber está solicitándome una interrupción, pero le pido que me deje completar el pensamiento; luego él podrá ir por donde su corazón, sus sentimientos y su razón lo lleven, pero ahora quiero insistir en esto.

Por ejemplo, imaginemos lo contrario, imaginemos que seguimos ese razonamiento y que decidiéramos afectarlo directamente. Y con eso ya estaría, señor Presidente, ¡que se arreglen con eso! ¿Así se arreglan los problemas de las escuelas del interior profundo del país? Creo que no; me parece que el asunto va por el camino contrario. Tenemos que discutir sobre el tema. Si el señor Senador Heber pide –estoy planteando esto con todo respeto– que en el momento de considerar el Presupuesto nacional se realice un examen específico y particular del estado de las instalaciones de las escuelas rurales, podrán concurrir los representantes de los organismos correspondientes del Estado a referirse al tema y, luego, si se cree que hay que aportar más, se lo hará desde Rentas Generales y no del producido –con suerte o no– de este impuesto, que mañana podrá pasar por diferentes circunstancias. ¿Y si no se recauda, si no se paga, o si hay vericuetos jurídicos y termina no recaudándose? Entonces, ¿vamos a hacer que las escuelas rurales dependan de ello? ¿Se va a cobrar con retroactividad? El señor Senador Otheguy decía ayer que prácticamente el total de las escuelas rurales ya tienen agua potable y electricidad, y las que todavía no tienen esos servicios los obtendrán este año. ¡Lean la versión taquigráfica y verán lo que dijo el señor Senador Otheguy!

Ahora sí le concedo la interrupción al señor Senador Heber.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Muchas gracias, señor Presidente.

Para nosotros lo importante en las discusiones parlamentarias es que, de alguna manera, se conteste lo que se argumenta y no otra cosa.

Dijimos que el cuestionamiento de este impuesto con destino no es nuevo en la organización tributaria; no es lo mejor, pero no es nuevo. Recién el señor Senador Castaingdebat hacía referencia al impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Este impuesto, el ICIR, ¿no tenía destino? Sí, lo tenía: hacer rutas, y la preocupación de los intendentes era que su producido pudiera volver a Rentas Generales y no se le asignara el destino para el que había sido establecido.

Quiere decir que lo que estamos planteando no es nada nuevo en la Administración. Entonces, ¿plantear esto es un disparate porque lo hace la oposición, pero cuando lo hace el Gobierno está bien? ¡No! Lo que nosotros estamos señalando es que no confiamos en la ANEP para que administre esta plata, porque no es un tema de recaudación –ya que se obtiene poco–, sino que es un asunto de justicia, aunque luego vamos a discutir sobre la justicia o no del impuesto.

Se afirma que el producido se destina a la ANEP, pero cabe preguntarse qué garantía tenemos de que esta plata vaya a las escuelas rurales de contexto crítico y más pobres del país. ¡Ninguna! ¿Por qué decimos que no hay garantía? Porque el propio Gobierno nos ha dicho que desconfía de la ANEP, y voy a dar dos ejemplos. Cuando desde los años 2004 y 2005 el Poder Ejecutivo implementó las ceibalitas, no lo hizo a través de la ANEP sino del LATU. ¿Por qué? Porque si hubiera dejado que la ANEP hiciera la licitación, ¡hasta ahora no se habrían comprado las ceibalitas! De esa forma, le hizo un baipás a la ANEP porque es reconocido –y acá todos lo sabemos a partir de las instancias presupuestales– que este organismo es ineficaz para hacer inversiones. Las ceibalitas son un caso; el otro es el de las inversiones. ¿O no se llevan las inversiones de la educación a la Corporación Nacional para el Desarrollo? ¿No es este organismo el que hace las inversiones en las escuelas? ¿Y por qué las hace? Porque hay una clara incapacidad de la ANEP para ejecutar. Precisamente, lo que está haciendo el Partido Nacional con la firma del señor Senador Botana es decir esto: si van a aprobar el impuesto de Primaria, lo queremos con un destino claro. Entonces, se dice: «¡Ah, es un disparate!». ¡No; no es un disparate! Ya se había hecho antes con el ICIR. Y se nos señala: «¡Ah, porque ustedes desconfían de la ANEP!». Nosotros no estamos cuestionando todas las políticas de inversiones de los organismos a lo largo de los últimos diez años; lo que decimos es que no confiamos porque el propio Gobierno nos dice que él tampoco confía, porque la forma de invertir en educación es salteando a la educación. Tanto el plan de las ceibalitas como todos los de compra de computadoras no los hace la ANEP porque no está capacitada para ello; es ineficaz. Y cuando se construyen escuelas o se hacen arreglos en ellas, no los realiza la ANEP; en realidad, los hace en muy pocos liceos, porque de ello se ocupa la Corporación Nacional para el Desarrollo ya que –reitero– la ANEP es ineficaz en ese sentido. ¡Eso es lo que nos dice el Gobierno! No lo señalamos nosotros. ¡Es lo que hace el Gobierno!

Por lo tanto, es muy claro que lo que estamos diciendo es que el impuesto de Primaria es emblemático en el país. Hace mucho tiempo que se aplica. Ahora se lo quiere reinstalar. Muy bien. Se dice que es por un tema de justicia, bueno, luego, cuando haga uso de la palabra, podremos discutir sobre el tema de la justicia. Pero lo que hoy plantea el Partido Nacional –y ello es determinante para definir nuestro voto– es saber si el Gobierno está dispuesto a ponerle un destino concreto y eficaz a este impuesto, para que de alguna manera esos dineros vuelvan a donde se originaron; de lo contrario, se pagan dos veces, porque no solamente no se va a utilizar lo recaudado sino que, además, los productores van a tener que seguir ayudando a la escuela de la zona, como lo han hecho toda la vida.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto le concedo la interrupción, y le pido, amablemente, al resto del Cuerpo que me permita finalizar mi intervención.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Muchas gracias, señor Presidente.

Sin ánimo de hacer de intermediario o de mediador, creo que quizás las discusiones del día de ayer y de hoy puedan servir para solucionar algunos problemas que tiene la ley y para acercar las posiciones de los señores Senadores Heber y Michelini.

Ayer señalamos que al no quedar establecido que este impuesto es un adicional de la contribución inmobiliaria, estaríamos consagrando una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 297 de la Constitución de la República se refiere a: «Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos departamentales respectivos».

Entonces, podríamos acercar las dos posiciones si se le diera un destino departamental y, a su vez, dentro de este, el de reparar escuelas. De esa manera también evitaríamos una inconstitucionalidad –lo cual sería bueno– y nos aseguraríamos de que el destino fuera la educación, como quiere el Gobierno; nos aseguraríamos de que el destino fueran las escuelas rurales, como quiere el Partido Nacional; y, por último, nos aseguraríamos de que la norma no fuera inconstitucional, como quiere el Partido Colorado. De esa forma nos iríamos todos contentos para casa.

Ese es el aporte que quería hacer.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- En el momento en que estaba pidiendo al Cuerpo que me permitiera terminar mi intervención y que no hubiera más interrupciones, el señor Senador Castaingdebat me solicitó una interrupción que con mucho gusto le concedo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Castaingdebat.

SEÑOR CASTAINGDEBAT.- Señor Presidente: no pretendo hacer una argumentación, sino compartir una vivencia positiva.

Tres o cuatro Senadores que estamos hoy aquí provenimos de un ámbito donde durante diez años tratamos de buscar soluciones para nuestra gente, para nuestros departamentos, pero nunca llegamos a votarlas. A veces pasamos meses discutiendo, tratando de lograr un consenso, y este fue uno de los casos en los que al Congreso de Intendentes no le tocaba discutir sobre la legalidad ni la pertinencia de la ley, sino tratar de que tuviera el mejor destino e impacto en la población. Estoy seguro de que mis colegas van a compartir que lo que se logró –no con el ICIR porque luego fue sustituido por el impuesto al patrimonio– marcó un antes y un después en varios Gobiernos departamentales, con el resultado de poder dirigir una parte –así estaba establecido por ley– de la recaudación. Tan así es que el primer año todos los Gobiernos departamentales logramos una renovación de la maquinaria, que si no fuera por el producto dirigido de ese impuesto, no se hubiera logrado. A su vez, el segundo año pudimos hacer frente a algo que no está previsto en ningún presupuesto, como las catástrofes o acontecimientos climáticos. Y en ese momento, en un acuerdo sobre lo que le tocaba al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los Gobiernos departamentales logramos solucionar un problema que no hubiéramos tenido forma económica, material ni humana de resolver. Es más, una de las grandes preocupaciones que tiene actualmente el Congreso de Intendentes es que a partir del año que viene este impuesto dejará de ser dirigido y su producido pasará a Rentas Generales. Los Gobiernos departamentales saben que los Ministros de Economía y Finanzas no tienen color político y muchas veces no tienen corazón porque los números tienen que dar, y también saben que el dinero con que se cuenta para determinadas cosas no lo van a poder tener.

Recién se hablaba de las escuelas. Creo que este no es el ámbito para discutir el tema y que podremos tener otro momento para ello, pero gran parte de las soluciones que se han logrado con las escuelas se han conseguido a través de los Gobiernos departamentales. Entonces, en el interior las cosas que funcionan muchas veces no tienen color político.

Simplemente quería contar esta experiencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: creo que se están olvidando de la génesis; las cosas tienen génesis. En una oportunidad el entonces Presidente Mujica planteó que había que hacer esfuerzos para sacar la producción del país y arreglar los caminos del interior, y para ello presentó una norma que incluía el destino que el Poder Ejecutivo proponía. No nos gusta que se marquen destinos, pero había que arreglar los caminos para que pudiera salir la producción. Y por ello se pidió un esfuerzo adicional a determinado sector del país. La génesis de esto es absolutamente distinta. En la campaña electoral, uno de los candidatos a la presidencia, el doctor Tabaré Vázquez, planteó que el impuesto de Primaria debía ser pagado por todos. Ahora está cumpliendo enviando esta norma con ese propósito. Pero no dijo que todos lo tenían que pagar para arreglar las escuelas del interior profundo; lo que expresó fue que lo tenían que pagar todos porque había que destinar lo recaudado a la educación. Si vamos al principio de igualdad, los habitantes del barrio Carrasco podrían decir que lo producido por el impuesto de Primaria debe volcarse a las escuelas de esa zona, como también lo pueden decir los que viven en el departamento de Salto. De esa manera seguiríamos cortando el país, y con eso no estamos de acuerdo. Esto no es un capricho, sino que tenemos nuestros fundamentos; capaz que estamos equivocados, pero –reitero– no estamos de acuerdo. No es que no votamos porque se trata de una iniciativa del Partido Nacional, sino que no estamos de acuerdo con el fundamento.

Entiendo el planteo del señor Senador Botana porque dentro de unos días va a dirigir nuevamente su departamento. Si yo fuera Intendente, pensaría lo mismo: cuantos más recursos vengan para mi lado y más me alivien, mucho mejor. Si en la moción el señor Senador Botana hubiera planteado que fuera todo para su departamento, lo habría entendido. Capaz que en su situación yo haría lo mismo; para realizar la mejor gestión posible necesito la mayor cantidad de recursos. Muchas veces tengo que atender escuelas que atraviesan dificultades, porque por ejemplo tienen que sobrellevar un temporal o lo que sea; entonces, recurro al Gobierno nacional o, si dispongo de recursos o de algunos pesos para ayudar, obviamente lo voy a hacer. Soy el Intendente y la gente me pide respuestas; pide que se le proporcionen las chapas, etcétera. Yo lo entiendo, pero desde un ámbito general no podemos ir por el camino que nos está proponiendo el señor Senador.

Quisiera plantear algunas acotaciones finales desde la perspectiva de que se dicen cosas y nos enamoramos de nuestros términos pero luego no nos podemos entender, y esa es mi preocupación. Pasaron los cinco años del gobierno del doctor Vázquez, pasaron los cinco años del Presidente Mujica y, aparentemente, vamos por el camino por el cual cada uno se enamora de sus palabras y no nos entendemos. Aquí se afirmó que esta era la ley más desprolija de todas, y eso figura en la versión taquigráfica. No sé si se referían a la más desprolija de la historia del país –porque tanto el señor Senador Heber como quien habla sabemos que en algunos presupuestos antes de la dictadura se presentaron propuestas en papel de estraza; capaz que eso es más prolijo que esto– o a la más desprolija después de recuperada la democracia. Hay varias leyes de esa época que son la desprolijidad en esencia, pero no voy a tocar algunas de ellas que son muy caras y desagradables para mí. Sí puedo citar, por ejemplo, el caso de aquel presupuesto en que se siguió trabajando porque el reloj se paró. ¿Esa ley no es desprolija? Igual, al final, no salió. O, como en el gobierno del doctor Batlle –en el cual el señor Senador Bordaberry era Ministro–, que se envió un presupuesto con más de novecientos artículos –como ocurre con todos los presupuestos, no estoy cuestionando la cantidad– y no se pudo discutir tal como se ha hecho en los gobiernos de izquierda, donde la discusión termina tres o cuatro días antes de que finalice el plazo. En ese caso la discusión finalizó diez minutos antes del vencimiento del plazo y hubo tres votaciones: una de cuatrocientos artículos, otra de quinientos artículos y una última de un solo artículo propuesto por la ex-Senadora Julia Pou, que estaba vinculado con el tema de la universidad o de la educación. Y se hizo así porque si no, no se lograban las mayorías. Ese sí tenía que tener un tratamiento específico. Parece que eso es más prolijo que esto. Pero, además, en esas afirmaciones que ponen a la izquierda y al Frente Amplio como la desprolijidad, se nos dice, por momentos, que debemos ejercer las mayorías. Y cuando ejercemos las mayorías, nos dicen: «A ustedes no los cambia nada; vienen con la mano de yeso». En este caso se nos planteó separar los proyectos y lo hicimos –no fue a propuesta nuestra sino de la oposición–, porque venía el IRPF, con respecto al aguinaldo y al salario vacacional, junto con el impuesto de Primaria. Los separamos. Es cierto que el Gobierno mandó un proyecto complementario y que en el trabajo en comisión, con algunos artículos, fuimos para atrás y para adelante. Parece que eso es desprolijo. Pero cuando venimos a sala y queremos corregir, se nos dice que, si bien eso va en la buena dirección, también es desprolijo. Entonces, ¿tenemos que votarlo así y que sea corregido en la Cámara de Representantes? Si cometemos el error de mandarlo nuevamente a comisión y después vuelve con una coma cambiada, podrán plantearse los dos argumentos: que poner la coma es más desprolijo, o que por suerte quedó más prolija la ley.

Creo que cada uno de los Senadores y Senadoras sabe el esfuerzo que hace. Entonces, me parece que insistir una y otra vez en el tema de la desprolijidad no nos hace bien, porque no nos vamos a entender; y cuando no nos entendemos no contribuimos al mejor desarrollo del país.

El señor Presidente me podrá decir que me estoy alejando de la temática en cuestión, lo cual es cierto, pero quiero recordar que en el día de ayer estuvimos trabajando sobre el proyecto de ley referido a la creación de la Secretaría de Deporte –el cual consideraremos aquí el martes próximo– y existieron aportes de los Senadores Bordaberry y Mieres y, por supuesto, de nuestros compañeros de bancada, como por ejemplo la Senadora Payssé. La iniciativa del Poder Ejecutivo la cambiamos, modificamos algunos aspectos y estuvimos todos contestes en que ya no tiene que haber un Ministerio de Turismo y Deporte, pues la parte de deporte hay que separarla. Algunos quieren crear un Ministerio aparte, pero nosotros pretendemos dar un paso más corto. Ante esto, la oposición dice que si no se crea un Ministerio no vota el proyecto. Creo que no nos estamos entendiendo. Comprendo que cuando estamos en desacuerdo, cada uno vota y argumenta sus razones. Ahora bien, queremos dar un paso para que el Ministerio de Turismo no se ocupe más del deporte –en definitiva, el deporte ahí es la materia relegada–, pero sin crear un Ministerio aparte –aunque muchos lo queremos, como también crear otros ministerios de otro orden, pero eso es muy complejo– y esos son los símbolos y las señales que se envían al conjunto…

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador que se refiera al tema en consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Tiene toda la razón el señor Presidente y debo reconocer que fue demasiado benévolo conmigo, pero mi preocupación tiene que ver con que no nos entendemos.

Bajo la benevolencia del señor Presidente, voy a terminar mi reflexión. Nosotros hemos insistido en que la génesis de esto es que el impuesto lo deben pagar todos. Algunas razones que se dieron para que este impuesto no abarque a los inmuebles rurales representan, en realidad, argumentos para eliminarlo. Entonces, quizás habría que revisar esto con mayor profundidad. Justamente, con el Senador Berterreche tenemos el compromiso, de aquí al año que viene, de revisar el tema de las exoneraciones para ser lo más justos posibles.

Se nos dice que no hay que sacar el impuesto; que no deben pagarlo los dueños de inmuebles rurales, pero sí los trabajadores que son propietarios. En realidad, podríamos decir que habría que sacarlo para todos, y si nos ponemos de acuerdo con los argumentos y después las finanzas públicas lo permiten, quizás un día se pueda hacer. De todas formas, quien tiene una propiedad paga 30 o 40 veces más de lo que se pagará por una hectárea, que estará entre U$S 1,30 y US$ 1,50, según la cotización del dólar.

Estamos convencidos de que damos un paso en la justicia, como también de que los impuestos ciegos no son buenos. Quizás llegue el día en que la sociedad uruguaya decida sacarlos y, con la misma justicia con la que todos los pagan hoy, no los pagará nadie, y buscaremos otra forma de recaudación. Mientras tanto, que los que más tengan contribuyan, en la medida de sus posibilidades, frente a los que hoy menos tienen y están contribuyendo desde hace muchos años. A nadie se le ha pasado por la cabeza que dejen de hacerlo esas personas que dependen solo de sus talentos y sus brazos, y que tienen como único sustento su trabajo.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: quizás en el día de ayer, cuando hablamos y destacamos la desprolijidad del proyecto de ley, no quedó claro el planteo, y por eso lo vamos a reiterar. En realidad, estábamos defendiendo al gobierno anterior del Frente Amplio, al que muchas veces se acusó de ser muy desprolijo, porque el primer proyecto de ley que se manda en esta legislatura es el más desprolijo que ha llegado al Parlamento en los últimos cinco o seis años.

Creemos que la desprolijidad surge de los propios hechos y de los distintos proyectos de ley que se nos entregaron. Dentro del proyecto de ajustes al IRPF en lo que tiene que ver con el aguinaldo, se incluyó el restablecimiento del impuesto de Primaria; ante ello, la oposición pidió en la Comisión de Hacienda que se separara y así se hizo. Luego se señala que hay un error muy grave en las exoneraciones y el Poder Ejecutivo envía un proyecto complementario que deja vigente el mismo problema, agregando otros. Se insiste al respecto y, ante ello, aparece un tercer proyecto que pretende solucionar los errores anteriores; pero cuando lo estamos discutiendo acá en el día de ayer, a último momento aparece una nueva versión que ni siquiera fue tratada en la comisión.

Sinceramente, no recuerdo que en el período pasado nos haya pasado algo similar; en realidad, todos estamos tratando de trabajar mejor. Pensamos que el Poder Ejecutivo envió de apuro esta iniciativa porque quería mandar algo en el mes de marzo, y no pudo estudiarla debidamente, confundiendo conceptos básicos de la materia tributaria –como el elemento temporal del hecho generador con el sujeto pasivo del impuesto, que son cosas básicas– y cayendo en flagrantes inconstitucionalidades. Y sí, seguiremos señalando cuando sucedan estas desprolijidades.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: el señor Senador Michelini nos aludió en relación con un proyecto de ley que se considerará en sala la semana que viene, atribuyendo explicaciones a nuestro voto negativo que no me gustaría que quedaran registradas de esa manera en la versión taquigráfica, pues son equivocadas. Lo que estará en discusión cuando se considere el referido proyecto de ley no es si se tratará de un Ministerio o de una secretaría, sino el control que este Parlamento podrá tener o no sobre la materia del deporte. Este tema será discutido en su momento, pero no quería dejar pasar estos comentarios sin aclarar cuál es el real cuestionamiento que tenemos al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Mieres puede continuar en el uso de la palabra, ya que es el siguiente orador anotado.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: tengo la impresión de que se ha modificado erróneamente el eje del debate sobre esta temática. Acá no estamos discutiendo sobre los recursos para la educación. En todo caso, ese intercambio deberíamos darlo durante el tratamiento del Presupuesto, pues seguramente haya muchos asuntos para discutir desde todo punto de vista en materia educativa. En realidad, creo que se trata del principal problema que el Uruguay tiene en la actualidad, que sinceramente pienso que no se está contemplando con la debida atención. Sin embargo, tampoco me parece acertado llevar el debate sobre la instalación o no de un impuesto, a la discusión sobre las escuelas rurales. Es más, tampoco sería correcto discutir en términos de que los que estemos en contra de votar este proyecto de ley, ponemos en riesgo el financiamiento del impuesto de Primaria, porque no es así. El impuesto que establece el aporte a Primaria está financiado por los recursos que se votaron en su momento y que tienen que ver, como aquí se ha dicho, con aportes que provienen de la recaudación del Imeba y del IRAE que el Gobierno obtiene.

Por lo tanto, lo que se está discutiendo aquí es la fuente con la que se financia o no el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria, y me parece que llevar el debate a si lo recaudado va a tener tal o cual destino es saltearse el paso principal, que es si ese gravamen tiene sentido o no.

La verdad es que reconozco en el planteamiento del partido de Gobierno un valor que es la coherencia con lo que se sostuvo en campaña electoral, que no es poca cosa. Hay una promesa de campaña, creo que equivocada pero, reitero, fue una promesa de campaña y, lógicamente, el partido de Gobierno viene y dice: «Nosotros no vamos a quedar en falso, después de haberle dicho a toda la gente que íbamos a reinstalar el impuesto de Primaria para los inmuebles rurales». Ese es un valor que reconocemos y, por eso mismo, nosotros vamos a votar en contra, ya que el año pasado, a lo largo y ancho del territorio nacional y en todos los eventos y ámbitos donde tuvimos que presentar nuestra propuesta para pedir el voto a la gente, dijimos que no íbamos a apoyar este impuesto. Creo que la palabra es muy valiosa y que debe cumplirse luego con lo que uno le dice a la gente antes de que vote.

Por lo tanto, señor Presidente, adelanto que no vamos a acompañar esta propuesta, independientemente del destino que se pueda dar a los fondos. No estamos de acuerdo con la idea misma del impuesto, básicamente por tres razones –dos de ellas más de fondo y una de carácter coyuntural–, y me parece que el partido de Gobierno debería considerarlas y reflexionar al respecto.

La razón de fondo es que, en definitiva, este impuesto vuelve a una lógica que, incluso, el propio partido de Gobierno –como decía ayer el señor Senador Amorín– había levantado como bandera cuando fundamentó la reforma tributaria impulsada hace ya unos años. Me refiero a que el objetivo de esa reforma era centrar los gravámenes en las rentas y no en los factores productivos. Se sostuvo que los impuestos sobre esos factores productivos no eran positivos para el buen desarrollo de la actividad económica del país y que lo razonable era gravar rentas y no factores productivos. Particularmente en el caso de la tierra esta es, obviamente, el factor productivo para el sector rural.

Entonces, volver a gravar un componente, un objeto de tributo en el factor productivo que suponen los inmuebles rurales es una contradicción con la propia concepción que el Frente Amplio ha impulsado en materia de la nueva estructura tributaria.

Además, hay otro elemento de fondo, que tiene que ver justamente con eso, es decir, con el hecho de que el predio o la tierra es el factor productivo del sector agropecuario. No es lo mismo en el caso de los inmuebles urbanos. Es que la propiedad urbana, en general, no es parte del factor productivo de los individuos, sino que, básicamente, es su vivienda; en cambio, para el sector rural sí lo es.

Estas dos razones son las que explican que haya una diferencia que amerita no tomar en consideración la propuesta de reinstalar este impuesto.

La tercera razón es la oportunidad y, la verdad, me parece que aun habiendo hecho una promesa electoral, las circunstancias han tenido una evolución significativamente importante en relación con la situación económica del país y, en particular, con el sector productivo.

Escuchamos ayer al señor Senador Agazzi señalar en la media hora previa los dramas, los problemas y la gravedad de la situación de sequía que vive el país y el impacto que esto va a tener –que ya está teniendo– sobre el sector agropecuario. Estamos leyendo las noticias sobre la caída de las exportaciones, sustancialmente proveniente de una reducción de las ventas al exterior de productos del sector agropecuario. A su vez, han bajado sustancialmente los precios internacionales de los productos que Uruguay genera con relación a su oferta en el exterior. Ya sabemos que buena parte de los productores está planificando una reducción de las superficies de siembra para el año próximo. Todos estos son datos adversos que ameritan tomar en consideración la situación y evaluar seriamente si es la mejor señal de un Gobierno que es consciente de que hay una situación difícil y que habla de que hay que tener cuidado, cautela, y una política acorde a las nuevas circunstancias.

Entonces, ¿cómo se entiende esto? Empecé diciendo que es coherente que el Gobierno presente un proyecto de este tipo porque lo prometió en campaña electoral, pero lo que no es coherente es que no admita que la oportunidad no es la mejor y que no tenga la capacidad de rebobinar y de decir: «Señores, esperemos». El período de gobierno tiene cinco años, ¿por qué generar el gravamen ya? En lo personal, lo votaría en contra hoy y, seguramente, también más adelante porque tengo diferencias de fondo, ¿pero las razones de oportunidad no son relevantes para el Gobierno? ¿Esa es la señal que el Gobierno da a un sector que, por cierto, ganó mucha plata –todo el mundo lo dice– pero que también generó enorme cantidad de divisas para el país, así como crecimiento y, ciertamente, recaudación tributaria?

En consecuencia, hoy, en estas circunstancias, la señal del Gobierno es: «Les reinstalo un impuesto». Estamos hablando de un impuesto que tendrá mayor o menor entidad pero, en definitiva, es una señal contradictoria con la situación que se está viviendo a nivel de la economía nacional, de la estructura productiva y creo, señor Presidente, que este es el tema a tratar. Discutir sobre la escuela rural, sobre si esa plata va a ir a tal o cual lado no es el eje del debate, y sí lo es si este impuesto tiene sentido o no. En lo personal, creo que no lo tiene, que va en contra de ciertos criterios fundamentales de lógica tributaria y pienso, además, que es profundamente inoportuno.

Por todas esas razones, no vamos a acompañar la propuesta.

Para finalizar, debo decir que comparto la advertencia que hacía el señor Senador Bordaberry con respecto al hecho de que, si van a votarlo, sería conveniente que se agregara, que se estableciera en el artículo 1.º –ya estaba en el proyecto de ley original que vino y luego fue eliminado en los sustitutivos presentados en el plenario de la Cámara de Representantes– que este impuesto, en todo caso, es un adicional de la contribución inmobiliaria rural, para así evitarnos una situación de inconstitucionalidad.

Reitero: creo que el Gobierno equivoca el camino. No digo con esto que no deba ser coherente, pero hay tiempos y tiempos, y este no es el adecuado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: me parece que este debate es muy importante.

El señor Senador Mieres preguntaba cuál es el eje de esta discusión. Luego de que finalice y analicemos lo que cada Senador manifestó, nos daremos cuenta de que cada uno pone un eje diferente.

En lo personal, no hago mucho hincapié en las promesas hechas en la campaña electoral, porque son cosas de campaña. Para mí este impuesto es razonable, justo y conveniente por sus contenidos y no porque se haya prometido en la campaña electoral. Pienso que si fue parte de las promesas hechas en campaña electoral, es porque se trata de un impuesto positivo para el país. Hablo bien de la campaña a raíz de razonar sobre el impuesto.

En primer lugar, se está restableciendo un impuesto que ya existió en su momento y que fue votado por todos los partidos políticos. Por ende, si hubiéramos estado en este Parlamento en 1986, muchas de las cosas que se dicen ahora también las hubiéramos dicho y quizá el impuesto hubiera salido distinto, pero reitero que fue votado hace veintinueve años, que está vigente y que se ha recaudado desde entonces. Creo, pues, que la historia reciente de este impuesto tiene algo que ver con esta discusión que estamos teniendo. No se puede decir que este impuesto no es válido, cuando se aprobó hace veintinueve años, rige, se pagó, se cobró y se utilizó desde entonces. En fin, esto, desde el punto de vista de la racionalidad de las leyes, tiene su importancia. No quiero decir con esto que las leyes no deban reanalizarse en sus aspectos jurídicos más profundos, sino que esto tiene su importancia.

La contribución inmobiliaria rural ya existe. Me impresionan algunos razonamientos hechos en sala. No voy a hacer mención a señores Senadores porque creo que aquí no importa la discusión personal entre nosotros, sino la discusión de las ideas. Aquí se ha planteado el tema de que los impuestos a la tierra son negativos. Bueno, está bien, entonces cambiemos la Constitución, pues su artículo 297 hace referencia a los impuestos sobre la propiedad inmueble y sobre la propiedad inmueble rural. Está establecido en la Constitución que hay impuestos, y es siguiendo lo que allí se establece que se han fijado los impuestos en este país. Si alguien piensa que los impuestos sobre la propiedad inmueble son negativos, entonces cambiemos la Constitución. De hecho, existen y nunca se impugnó. Además, lo que se cobra por contribución inmobiliaria urbana, suburbana y rural –que se recauda de distintas maneras porque se han fijado de acuerdo con lo que establecen los artículos 297 y 298 de la Constitución– ha sido aceptado pacíficamente por todos. Así que destruyo el argumento de que los impuestos sobre la tierra son negativos; es una de las fuentes de financiamiento de las Intendencias. En el día de ayer el señor Senador Delgado recordaba el monto que se recauda actualmente por contribución inmobiliaria rural.

Estoy de acuerdo con lo que planteó el señor Senador Amorín en el día de ayer. No me gusta ninguno de los impuestos afectados. Entiendo que se fijan como soluciones de emergencia en momentos en que no se puede reestructurar el sistema tributario y hay problemas concretos a los que hay que buscar una solución. Este impuesto no me gusta; lo digo claramente. Preferiría que todo lo que precisa el sistema educativo fuera proporcionado por Rentas Generales y no por un impuesto que se fija a la propiedad de la tierra. Algún día esto se va a cambiar, pero transformar sobre la marcha un sistema tributario siempre es complejo porque hay que cambiar la rueda con la bicicleta andando. Entiendo que para los responsables de estas áreas es complicado hacer cualquier cambio de esa naturaleza en este momento y acepto que pueda seguir existiendo, pero me declaro un combatiente de este tipo de impuestos y de muchos otros que hay en el Estado uruguayo, que surgen a raíz de problemas coyunturales. Estoy totalmente de acuerdo con la filosofía de la reforma tributaria, que trató de eliminar una cantidad muy grande de impuestos chicos, llevando todo a una recaudación del Estado y a una asignación de recursos según los programas centrales del Gobierno. En este momento, para ser coherentes con eso, se debería eliminar el impuesto a la propiedad urbana,
suburbana y rural, pero sabido es que ahora eso no se puede hacer. Entonces, al final, pagan todos o no paga nadie.

Se decía que debe figurar el carácter de adicional. Señores Senadores: un impuesto es adicional no porque lo diga; es adicional si es adicional. Este impuesto fue siempre adicional. En realidad, ¿qué es un impuesto adicional? No es aquel que tiene la etiqueta que dice «adicional» sino el que tiene la lógica de la adicionalidad, y esta está establecida. En su libro Contribución Inmobiliaria en el Uruguay, el doctor Giampietro Borrás indica qué son los adicionales tributarios y dice que «la accesoriedad de los adicionales no significa que el hecho generador matriz deba ser adoptado integralmente con todos los elementos que lo componen, sino que para que nos encontremos en presencia del adicional pueden adoptarse sin desnaturalizarse, comprendiendo aspectos o elementos diversos a los del hecho generador el tributo matriz al que accede, peculiaridades que solo constituyen variantes parciales del hecho generador de referencia que no alteran su estructura orgánica en cuanto se mantienen los elementos esenciales del mismo». La accesoriedad surge configurada en la medida en que la alícuota del impuesto de Enseñanza Primaria no supere la alícuota del tributo departamental, como establece el artículo 297.

Entonces, me parece que no podemos decir que es adicional porque le pongamos el nombre «adicional». Va a ser adicional si es adicional, si no tiene un hecho generador nuevo, si es el propio hecho generador que había antes y no lo distorsiona. Me parece que es muy fácil fundamentar que este impuesto es adicional, aunque no lo diga.

También quiero decir que este impuesto tiene una individualidad propia. ¿Qué ha pasado hasta ahora con este impuesto? Por suerte, antes de que se diera toda esta discusión, solicité un informe sobre este impuesto –desde su origen– al Ministerio correspondiente –no lo pedí por esto, sino porque estaba preocupado por los impuestos afectados–, para saber cuánto recaudó y quién aportó. Me llamó la atención, porque el impuesto se creó en 1986 y empezó a recaudar en 1993, y de los veintinueve años que hace que se aprobó la Ley n.º 15809, hubo siete años que no recaudó nada. Hubo muchos problemas porque, como recordarán los señores Senadores, inicialmente aquella ley decía que la recaudación era municipal. Sería bastante complicado que los municipios de todo el país recaudaran para luego verter el dinero a la ANEP. Hubo muchos problemas de interpretación –hay pocas leyes que hayan tenido tantas leyes modificativas posteriores; en total he contado ocho leyes y algunos decretos, todos relativos a esto–, pero no por las resistencias a pagarlo, sino por lo complejo del asunto y por las competencias departamentales y nacionales en designarlo y cobrarlo.

En realidad, de todo lo que recaudó –por lo menos hasta diciembre de 2013, según los datos que me han dado–, el 90 % lo pagaron los padrones urbanos, suburbanos y los predios del Banco Hipotecario –donde también hubo un lío en la mitad porque el Banco Hipotecario antes no pagaba y después de una acción jurídica empezó a pagar por los predios que eran de su propiedad–; las transferencias del Gobierno aportaron el 9 % y los padrones rurales aportaron el 1 %. Esto fue guiado por las disposiciones legislativas vigentes; no fue ninguna trampa, no existe ninguna deuda sin pagar. Como dije, fue lo que establecían las disposiciones vigentes. En realidad, no importa que sea poco o mucho en relación con las inversiones o los gastos de funcionamiento de la ANEP. En eso no voy a ingresar porque lo que estamos discutiendo es el impuesto.

También se dijo –me parece que hay que precisarlo aquí– que el sector rural lo ha aportado indirectamente a través del IRAE y el Imeba. Eso no es así. Cuando se excluyó del pago al sector rural hubo una movilización muy fuerte de las autoridades del Codicén de la época, diciendo: «¡Pero si se lo sacan al sector rural, nos van a quitar los recursos a nosotros!». Entonces, fue por presión del Codicén que en el debate parlamentario se agregó que se iba a asignar una transferencia deducida del IRAE y del Imeba, pero por esos impuestos se siguió pagando lo mismo que si esto no hubiera existido y no se hubiera decidido eso. En realidad, lo que pasó fue que Rentas Generales hizo transferencias. Quien tuvo sacrificio fiscal fue Rentas Generales. Lo habrá sacado del IRAE y del Imeba o del IVA o de cualquier otro impuesto, pero decir que se saca de tal impuesto una transferencia que hace Rentas Generales es un eufemismo para calmar problemas, que no tiene un contenido real. Esto no fue pagado por el sector de los propietarios de la tierra con uso rural.

Creo que el destino es positivo. Otro tema que está sobre el tapete y genera discusión es quién va a pagar, quién no lo va a hacer y quiénes están exonerados. Personalmente considero que hay que mejorar ese punto. No me conforma que los exonerados sean los propietarios que no excedan de 300 hectáreas índice Coneat 100. Entiendo que no es simple resolverlo en forma rápida porque es algo en lo que hay que ponerse a trabajar, pero creo que los exonerados deben ser los agricultores familiares que están definidos legalmente y por un decreto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al respecto. Eso se aplica para todas las políticas públicas; también hay que hacerlo en este caso. Entiendo que pueda ser complejo instrumentarlo en este momento, pero el compromiso del Gobierno es tenerlo en cuenta. Ahora se pone un baremo simple de medir, pero francamente creo que no es el mejor.

Ahora bien, aun con el tope de las 300 hectáreas índice Coneat 100, quienes van a pagar este impuesto son 7.000 u 8.000 propietarios de tierras; no son más del 15 % del total de propietarios de tierras del Uruguay. Actualmente, los propietarios de menos de 100 hectáreas son 25.000 –son el 55 % de los propietarios de tierras en el Uruguay–; a esto hay que agregar los que tienen 200 y 300 hectáreas. Hoy no hay datos que permitan saber cuántos son los propietarios de fracciones que tienen menos de 300 hectáreas, índice Coneat 100. Esto se obtiene de multiplicar la superficie por los índices Coneat y eso varía con todo el mapa de suelos del país. Eso lo entiendo. Pero, en realidad, quienes van a pagar esto es una minoría de los productores, que son los que tienen más tierras; pueden pagarlo y es de justicia que lo hagan. Esa es la filosofía tributaria que todos defendemos, de una manera u otra, porque siempre lo decimos.

Por otra parte, se dijo que no va a pagar este impuesto el mayor propietario del país. Está bien. El Instituto Nacional de Colonización es el mayor propietario y es cierto que no lo va a pagar. Pero si hay grandes propietarios que se inscriben dentro de lo que establece la ley relativa a inversiones –que conduce a que las inversiones de gran porte deban tener un contrato con el Estado y eso genera exoneraciones tributarias para los grandes inversores–, no podemos eliminar esa norma. Me parece que su aplicación tal como se ha hecho, con los decretos reglamentarios que han ido evolucionando, fue positiva para el país. Entonces, si hay algún gran propietario que, acogido en esa ley de inversiones, no va a pagar el impuesto, será ese caso puntual, pero no los 7000 u 8000 grandes propietarios que sí pueden y deben pagar así como lo hace el resto de los propietarios uruguayos.

Quiero terminar haciendo una consideración política muy breve. Esta ley fue, en su momento, una iniciativa del Gobierno y la votaron todos los partidos. Nunca es un buen momento para poner impuestos, ni cuando las cosas van bien –porque se afecta la tasa de ganancia– ni cuando van mal. No quiero entrar en la discusión de la carga tributaria global, que en general no es alta. Insisto: tengo el concepto de que la carga tributaria en relación al PBI del Uruguay no es alta.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Si me permite, me quiero referir a dos puntos.

En primer lugar, el señor Senador Agazzi funda la defensa de esta nueva redacción –la cuarta que se propone para este artículo– en el hecho de que hace no sé cuántos años todos los partidos lo votaron y, por ende, hoy no podemos objetarlo. Creo que eso no está bien. No me siento obligado por lo que el Parlamento votó hace quince, veinte o cincuenta años. Me parece que legítimamente podemos decir que no estamos de acuerdo con eso. Quiere decir que lo que en su momento haya votado mi partido o el del señor Senador Agazzi, a mí no me obliga.

En segundo término, podríamos utilizar ese mismo argumento y recordar cuando se votó la modificación del impuesto de Primaria para el agro y se llevó el origen de la extracción al IRA y al Imeba –que fue posterior en el tiempo–; resulta que estoy de acuerdo con eso que sí votó mi partido mucho más cercano en el tiempo. Entonces, con el mismo argumento que cita el señor Senador Agazzi –«Como hace no sé cuánto tiempo su partido votó esto, ahora tiene que votarlo igual»–, yo le diría: «Pero, mire, más cerca en el tiempo mi partido votó otra cosa que es la que hoy estoy defendiendo». O sea, no me parece que sea un argumento de fondo para defender la norma.

Ya nos hemos enfrentado con el ingeniero Agazzi por temas referidos a la inconstitucionalidad de las leyes. Recuerdo una discusión al respecto, relativa al Instituto Nacional de Colonización, sobre una cuestión que afectaba la seguridad jurídica. Tanto en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca como en el plenario advertimos que era inconstitucional, y después la Suprema Corte de Justicia efectivamente la declaró así.

Hoy estamos haciendo una advertencia en positivo, porque si el tercer proyecto de ley sustitutivo que nos enviaron establece que este impuesto es un adicional al impuesto de contribución inmobiliaria y el Senador Agazzi entiende que no es necesario incluirlo porque va de suyo que estamos dentro del mismo hecho generador tributario, ¡lo que abunda no daña! Si es un adicional, ¿por qué no lo decimos? ¿Por qué no lo ponemos en la norma? No cambia nada, ¿no? ¿Por qué lo sacamos? Además, si hoy se elimina y eso plantea dudas, deberemos recurrir a las normas de interpretación establecidas en el Título Preliminar «De las leyes», donde se establece la forma de hacerlo cuando hay dudas. ¿Qué se debe hacer? Recurrir a la historia fidedigna de la sanción de la ley. Y cuando eso se haga, nos vamos a encontrar con que el Frente Amplio lo había propuesto como un adicional en el proyecto de ley sustitutivo y que después lo sacó. Entonces, el acto de eliminarlo ahora va a ser la prueba más flagrante de que esto no es un adicional. Por tanto, les vuelvo a dar el consejo para evitar una inconstitucionalidad: pongan que se trata de un adicional al impuesto de contribución inmobiliaria y cumplan con el artículo 297 de la Constitución.

Gracias, señor Senador; gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Agradecemos al señor Senador por darnos ese consejo. Vamos a tratar de no seguir todos sus consejos y de continuar con los nuestros, pues nos va bastante bien.

Es correcto: todos los partidos pueden cambiar de posición frente a los distintos temas. La eliminación de la obligación del agro de pagar este impuesto fue en la década del noventa, cuando había problemas gravísimos en la economía nacional y en la regional, y quien más sufrió esto fueron los trabajadores de la industria y del agro. Fue por un motivo coyuntural que se dio en ese momento. Entiendo que todos los partidos pueden cambiar de posición. Conocí muy bien las políticas sociales del Partido Colorado: de niño iba descalzo con una tarjeta de pobre a comprar leche al expendio municipal. Allí nos daban la leche para todo el mes y el día que nos proporcionaban dos litros nos agujereaban la tarjeta con un pincho para que no pidiéramos de nuevo. Conaprole le daba un millón de litros de leche a la Intendencia Municipal porque así había sido establecido en la ley que creó dicho organismo, pero después las políticas sociales del Partido Colorado cambiaron mucho y tuvimos que reinstalarlas nosotros.

(Interrupción del señor Senador Bordaberry que no se oye).

SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, no interrumpa señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Tengo claro que los partidos pueden cambiar de posición y, además, es legítimo que lo hagan; cualquiera de nuestros partidos puede cambiar de posición en el futuro. Estoy discutiendo la racionalidad de este impuesto ahora.

La consideración política que hago es la siguiente: ¿por qué ahora no se vota? Uno podría decir que la educación tiene un mayor presupuesto que antes, pero eso no se ha dicho, ¡y tiene muchísimo más presupuesto! ¿Igual se precisa de esto? En realidad vamos a aumentar el presupuesto de la educación porque creo que todo el mundo está de acuerdo con que hay que aumentarlo y mejorar su ejecución. Necesitamos estos recursos para seguir cambiando la educación, que ha avanzado en muchas áreas.

Ahora bien, oí decir que el destino es positivo, pero que no se vota porque es un impuesto afectado; oí decir que el destino es positivo, pero que es injusto; oí decir que sería mejor asignarlo a las escuelas rurales y que cada uno tenga sus impuestos; oí decir que no se puede aumentar la carga tributaria; oí decir que no se vota porque la oportunidad no es adecuada; oí decir que es inconstitucional, que sería mejor aumentar el IRAE o el Imeba; oí decir que no se vota porque fue una promesa de campaña del Frente Amplio y, entonces, que lo vote el Frente; y oí decir que no se vota porque se afecta un factor productivo. Creo que, en el fondo, los que antes lo votaron ahora no lo votan porque hacen oposición al Gobierno, lo cual es legítimo en un sistema democrático. Pero, además, no quieren aumentar la tributación a ese tercio de los propietarios de tierras más grandes del país, poseedores de 14 millones de hectáreas. Digamos la verdad: ningún pequeño productor lo va a pagar. Creo que este impuesto está exigiéndonos una definición y por eso lo vamos a votar.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: las casualidades hacen que hoy estemos debatiendo nuevamente con el señor Senador Agazzi, como lo hicimos, durante veinte años, sobre aspectos relacionados con el agro y es increíble que siempre estemos pensando diferente.

Pregunto al señor Senador Agazzi: ¿un tambero con 120 hectáreas en Ombúes de Lavalle es un productor grande o pequeño? ¿Cómo lo calificaría? ¿Cómo lo calificaría al momento de poner un impuesto cuando desde el mes de enero no llueve, lo que afecta notoriamente al sector agropecuario? ¿Cómo calificaría el señor Senador Agazzi, que fue Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el poner un impuesto en este momento, cuando estamos por entrar en el invierno y venimos con una de las peores sequías de los últimos cinco años? ¿Cómo calificaría el señor Senador Agazzi la oportunidad de incrementar la carga tributaria del sector agropecuario cuando él, más que nadie, y el resto del equipo económico de Gobierno saben cómo va a ser afectado el interior de la República con la merma de ingreso que va a tener todo el sector por la baja de precios de la soja?

Cuando estamos frente a la discusión del impuesto, la oportunidad incide y es importante porque para una familia uruguaya que posee un establecimiento en Tacuarembó de 1.200 hectáreas, no es lo mismo que se le aplique el impuesto o no. No soy muy amigo de las calificaciones sobre lo que es un productor –productores agropecuarios son todos– pero quiero saber, repito, cómo calificaría el aumento tributario en este momento, cuando está por comenzar el invierno, con todo lo que ha sucedido. Hay dos ex-Ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca que, gracias a Dios, están sentados en este Senado y saben lo que pasa en el sector. Entonces, la oportunidad para mí es importante.

Le agradezco que me haya concedido la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: ya había terminado pero le voy a contestar al señor Senador Da Silva de una forma muy simple: un tambero de 120 hectáreas de Ombúes de Lavalle no va a pagar, por las razones que el propio señor Senador señaló.

SEÑOR DA SILVA.- Depende del índice Coneat.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- El señor Senador Agazzi dice que cuando tenía dos años por culpa del Partido Colorado tenía que recurrir a que le dieran leche y no sé cuántas cosas más. Eso fue lo que dijo hace un momento.

Cuando el señor Senador Agazzi tenía dos años se aprobó el primer Estatuto del Trabajador Rural que limitó la jornada y estableció el descanso obligatorio. Lo invito –porque sé que siempre busca los antecedentes y estudia los temas– a que analice, lea y vea qué partido fue el que propuso y aprobó ese Estatuto que estableció la limitación de la jornada, la vivienda digna, etcétera.

Me parece que echar la culpa de sus peripecias personales a un partido es una agresión que no se debe hacer. Yo no le voy a echar la culpa del 4 % de niños que hoy pasan hambre en el Uruguay de la abundancia y del crecimiento. Tampoco le voy a reclamar que en los últimos seis años hubo momentos en que creció la mortalidad infantil en el Uruguay –a pesar de que estábamos en un momento de crecimiento–, porque son los avatares –buenos y malos– que le tocan a los partidos. Disculpe, señor Presidente, que me ponga bíblico, pero al que mucho se le da, mucho se le debe exigir. Creo que a estos Gobiernos de los últimos diez años mucho se les ha dado y mucho más les tendríamos que exigir.

Muchas gracias.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: primero, no tenía dos años porque un niño de esa edad no puede ir solo al expendio a comprar la leche y el pescado; era bastante más grande. Lo que dije y quiero dejarlo explícitamente afirmado es que, gracias a las políticas sociales que tenía el Partido Colorado en aquellos años, se respetaban los derechos de la gente que tenía dificultades económicas y se les ayudaba a salir adelante. Por eso pude ir a la escuela y al liceo, por eso pude estudiar.

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Muchas gracias!

SEÑOR AGAZZI.- Políticas sociales que el Partido Colorado después no siguió porque no ha votado en este Parlamento algunas leyes fundamentales sobre los derechos de los pobres y los trabajadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero aclarar que no hay alusión de alusión. Por tanto, el señor Bordaberry no podía haber aludido en su intervención al señor Senador Agazzi.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: esta discusión se ha definido por el tema del retorno a la tributación del impuesto a Primaria al sector agropecuario, que en otros tiempos fue aprobado, afectó a dicho sector y que en determinado momento fue eliminado. Creo que el centro del tema no es solamente el impuesto a Primaria, sino que tiene que ver, fundamentalmente, con un debate que es de fondo en el Senado. No estamos definiendo algo sobre cualquier sector sino que estamos hablando del principal sector de la economía del país. Me parece, señor Presidente, que luego de escuchar con atención a los señores Senadores sería bueno que ahora ellos me escucharan, es bueno que cuando un burro habla el otro pare la oreja.

(Campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, señor Senadores, hagan silencio para poder escuchar la intervención del señor Senador.

Puede continuar el señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Gracias, señor Presidente; gracias, señores Senadores.

Creo que es bueno que nos escuchemos, aunque después votemos diferente.

La discusión que hoy se trae al Senado es muy importante porque estamos hablando del principal sector que genera divisas para el país: el sector agropecuario. Las últimas cifras del sector agropecuario andan muy cerca del 76 % o 77 % de las divisas que ingresan al país, y alrededor del 70 % de la mano de obra industrial es agroindustrial. Por lo tanto, es un sector central del país y hay que discutir sobre la estructura tributaria, aunque coincido con el señor miembro informante en que el monto es muy bajo en lo que es la estructura tributaria del productor. Coincido también en que el sector tenga que pagar el impuesto de Primaria.

Me parece que la discusión de fondo es: ¿en qué situación está el país? Se ha hablado también de cuándo se sacó o se puso el impuesto de Primaria. Este impuesto se puso y se sacó en la década de los noventa, ante una coyuntura económica regional y nacional compleja para el sector agropecuario nacional, y los Gobiernos de la época entendieron que si bien era muy baja la recaudación, afectaba en aquel momento parte de la renta del productor, renta que ya era negativa, generada por la caída internacional de los precios y la crisis, pero fundamentalmente por el encarecimiento de los costos fijos de la empresa agropecuaria basados en el atraso cambiario que había en la época. Y esa era la forma de aliviar, justamente, el costo fijo de la empresa.

La coyuntura de los últimos años no se conoce desde la década de los veinte, en lo que tiene que ver con el crecimiento económico del país. Nunca el país había generado tantas divisas, impulsado por los precios internacionales de los productos que exporta el Uruguay, es decir, de las materias primas y su manufactura, lo que está muy vinculado a lo que sucedió en los mercados regionales en estos últimos años. Y no se puede hablar solo de lo que pasó en este último año, en que Brasil cayó frente a otros países como comprador importante, porque en el promedio de los últimos tiempos en el Mercosur, en alta y media tecnología y sobre todo en sectores de manufacturas, aunque también en productos primarios a escala de producción, los principales compradores fueron Brasil y Argentina. Por lo tanto, discutir sobre los temas tributarios con relación a los sectores productivos nacionales es muy importante, más allá de que podamos coincidir en que es mínimo lo que el sector pagaría por el impuesto de Primaria y de que podamos coincidir en cuanto a que lo debe pagar. No quiere decir que el sector no lo esté pagando. En realidad, mirando el costo fijo de las empresas agropecuarias que en aquel tiempo –en la década de los noventa, cuando se eliminó el impuesto– era muy alto, vemos que hoy es tan alto o más que entonces, porque existe atraso cambiario y un combustible que ni siquiera es comparable con el mínimo de la región.

Además, desde el último año y medio hasta hoy cambió la renta agropecuaria. Actualmente, un productor agropecuario mixto –estoy hablando de un predio ganadero de cualquier región del norte, de mil y pico de hectáreas– que tenga ganadería con arroz, tiene una renta anual del 2 %. Por lo tanto, existe afectación en los costos fijos de la empresa, y eso es muy importante por un tema de atraso cambiario y por los problemas del sector agropecuario que históricamente ha tenido este país. En este Gobierno y en los anteriores, desde Vegh Villegas hasta hoy, los problemas se deben a los modelos económicos. No tiene nada que ver si se paga o no el impuesto de Primaria, el problema del sector agropecuario en el Uruguay históricamente ha sido, justamente, el modelo económico que se ha aplicado en el país desde los últimos treinta años para acá, incluso en este mismo Gobierno; no hay ninguna diferencia con los modelos anteriores.

Entonces, creo que es una importante discusión de fondo porque hace a los costos fijos de las empresas que producen la mayor cantidad de divisas para el país. En este Ejercicio se habla claramente de US$ 1.300 millones menos de ingresos de divisas al país por la caída de los precios internacionales y por los negocios que no van a hacer determinados productores agrícolas, porque no es rentable plantar soja en determinadas tierras que den menos de 2.500 kilos por hectárea dado que plantar una hectárea de soja insume el equivalente a 2.000 kilos.

Por lo tanto, es obvio que es importante discutir este tema. Cuando se hizo la reforma tributaria, yo compartí el impuesto a la renta. Fui dirigente gremial durante 15 años y, como tal, reclamé durante toda mi vida –en los Gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado– la implantación del impuesto a la renta agropecuaria, que implica pagar si se gana y no pagar si no hay rentabilidad.

Este impuesto es fijo y no va a tributar sobre la renta agropecuaria, por lo tanto, es contradictorio con la filosofía que el primer Gobierno del Frente Amplio sostuvo al discutirse y votarse la reforma tributaria que creó el impuesto a la renta de las empresas y el IRPF. En esa oportunidad también dimos esa discusión y creo que hasta el día de hoy no se ha corregido el problema. Acá sigue pagando más la renta personal que la renta empresarial y se benefician grandes corporaciones trasnacionales en desmedro de los empresarios nacionales. También es así porque es un modelo neoliberal, y esos modelos terminan siendo funcionales al sistema internacional. La izquierda lo ha hecho en este proceso.

Pero estamos en una coyuntura diferente. Ya se terminó el viento a favor en el escenario internacional y en el escenario regional. Se terminaron los últimos seis o siete años que fueron fenomenales, que trajeron un crecimiento que desde la década de los veinte no se conocía en el Uruguay. Hoy tenemos un contexto regional de devaluación en Brasil y Argentina y también en otros países de la región. Hay mercados como el de Venezuela que se han caído a pedazos por sus problemas económicos internos, y mercados como el de Rusia, que era trascendente para nuestras carnes, han tenido devaluaciones y problemas muy importantes. China está cinchando, pero no es lo mismo que crezca al 11 % que al 6,5 % y la economía norteamericana está en crecimiento permanente, con anuncios de suba de tasa de la Reserva norteamericana, lo cual va a succionar capitales de la región. Por lo tanto, el circulante de capital y los especuladores financieros van a volver a los papeles serios en el mundo, como son los de la Reserva norteamericana, y dejarán de especular sobre los granos. Y lo que estamos viviendo es la estabilidad del precio real de los granos; es lo que valen. La soja no puede valer más de trescientos y pocos dólares y esa es una realidad.

Creo que en ese contexto tenemos que discutir si es momento para afectar–como señal económica– la renta agropecuaria al sector que produce las mayores divisas del país, encareciendo, aunque sea mínimamente –porque este es un impuesto que los encarece– los costos fijos de la empresa. Si hay que pagarlo, entiendo que lo deben pagar todos: las trasnacionales, las multinacionales, Montes del Plata y todos los ricos del país. Y también lo van a pagar los productores chicos –no es cierto que no lo vayan a pagar– porque hay productores lecheros de 120 o 130 hectáreas que rondan el eje del índice Coneat 200. Y lo van a pagar productores de basalto superficial, que lo único que pueden poner encima es piedra y oveja; eso afecta a la renta neta. No es lo mismo, porque hoy a un productor de mil y pico de hectáreas en basalto superficial la renta no le alcanza al 1,5 %. Entonces, ¿cuánto va a pagar al año? ¿US$ 300, US$ 500, US$ 1.000? Capaz que son los pesitos que pueden mejorar la comida o los ingresos del personal.

Por lo tanto, creo que la coyuntura que vivimos cambió. Yo sé que los productores me van a decir que ellos no protestaban, que estaban ganando mucha plata. Sí, es cierto: los dirigentes gremiales de otro tiempo éramos diferentes, parece que hoy se amansaron mucho. Antes cortábamos la ruta por lo mínimo; por un atraso cambiario de estos hacía años que ya habríamos cortado las rutas. Son otros tiempos; está bien. Y a veces no hay que hacer olas para que el Gobierno no te mire y diga: «Estos están haciendo mucha plata. Vamos a meterles más impuestos». Ahora empezaron a endurecer un poquito el lomo porque ya vieron que con el atraso cambiario y el costo país la situación se complica.

Pienso que por ahí pasa el tema. Me parece loable darle un destino. ¿Por qué planteamos nosotros darle un destino de manera que llegue a la escuela rural? Yo he sido productor chico toda mi vida. Estuve diez años de Presidente de la comisión en la escuela rural a la que fueron mis hijos, así que si habré «mangueado» capones a los vecinos para poder mantener la escuela. Nunca llega nada de la ANEP, nunca le pagan lo que corresponde al auxiliar de servicio. Estoy de acuerdo con que ha mejorado notoriamente el tema de la luz y muchísimo la electrificación, que ha llegado a las escuelas, pero siguen cerrándose escuelas y emigrando alumnos del agro y las maestras rurales siguen con dificultades para llegar a ellas. Algunas veces las lleva un vecino, otras llegan a caballo, atravesando bañados para poder dar clase, y a veces los edificios siguen estando en mal estado. Aclaro que planteamos esto porque, claramente, no confiamos en la ANEP y las cifras así lo muestran: la caída de la calidad de la educación en el Uruguay, así como el nivel edilicio, ha representado un 45 %.

Recuerdo que un paisano decía: «Para educar, pondremos de pizarra el horizonte». No importa. Pondremos el horizonte de pizarra para educar. Capaz que en una carpa se educa mejor, pero tiene que haber calidad en la educación y nosotros buscamos ese destino.

Coincido con lo expresado por el señor Senador Bordaberry en el sentido de que el proyecto de ley es muy desprolijo y tiene visos de inconstitucionalidad, razón por la cual creo que debió haberse discutido mejor en el ámbito de la Comisión.

Pienso que el tema de fondo y conceptual es el modelo económico, que además es contradictorio con el planteo de la reforma tributaria. El sector está tributando a Primaria a través del Imeba. Recordemos que en su momento esto se eliminó por la rentabilidad del sector pero, en definitiva, cuando se hizo la nueva reforma tributaria, se implantó la transferencia de recursos que le correspondían de Rentas Generales. Se podrá discutir si el sector tiene más o menos presión, pero ello dependerá de la rentabilidad. De ahí, pues, que el impuesto a la renta de las empresas sea una herramienta valiosa para la inversión agropecuaria, porque se tiene bastante para deducir.

Reitero que el tema de fondo es el modelo económico y las señales que se dan a un sector que genera el 75 % de la mano de obra. Después, se podrá decir que pagan ocho mil productores que son los que tienen la mayor cantidad de tierras. ¡Sí, claro! Esos ocho mil, nueve mil o diez mil productores –como dijimos, también van a pagar los chicos– son los que generan el mayor producto bruto de exportación del país. Es ese sector de productores el que genera la escala productiva más alta para las cadenas agroindustriales y el que tiene miles y miles de puestos de trabajo de alta calidad. Es ahí donde está la clave de las cadenas. ¡Por algo los países centrales subsidian y no van a dejar de hacerlo! Hemos gritado una vida entera contra los subsidios de Estados Unidos. Ahora bien, si la cadena agropecuaria de ese país genera cincuenta millones de puestos de trabajo, por lógica van a subsidiar la base productiva. Lo mismo sucede con Brasil respecto del subsidio encubierto con créditos a veinte años para producción. Recordemos que la idea manejada por Lula da Silva a comienzos de su mandato con su Ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, era llegar a ser, precisamente, el primer productor de carne del mundo –sobre todo de pollo–, a partir del concepto básico de que un pollo es un huevo lleno de maíz; por lo tanto, se debe tener el maíz, sin importar el pollo. En definitiva, eso es lo que genera la cadena. De ahí, el subsidio otorgado a los productores de maíz a través del crédito. Creo que esta es la discusión de fondo, lógicamente ideológica.

Soy antineoliberal y, como dirigente gremial y político, he peleado toda mi vida contra eso. Es más, sigo sosteniendo que los Gobiernos de antes y de hoy son neoliberales. Si bien esto forma parte de una discusión de fondo que nos daremos en otro momento, está muy vinculado con esta discusión sobre un impuesto al sector más importante del país. Quizá ocurra que terminemos votando este proyecto de ley porque creemos que es justo que el sector pague el impuesto de Primaria. Si lo que se recauda por este concepto son US$ 17 millones, ¿por qué no se aumentan las escalas del impuesto a la renta, dependiendo de las empresas? Esta es una discusión importante. ¿Por qué las escalas de los grandes productores no pueden ser más altas? ¿En qué quedó aquello de que pague más el que tiene más y menos el que tiene menos? Reitero: es una discusión importante.

Con respecto al Imaba, ¿qué hacemos con ese impuesto? ¿Por qué no se aumenta para determinados sectores y lo recaudado se destina directamente a la educación, más allá de que vaya o no a las escuelas rurales? En definitiva, creemos que la educación en este país va a tener que cambiar y tendrán que mejorar las escuelas rurales porque, de lo contrario, perderemos en el intercambio. Los países asiáticos tienen el 60 % de los jóvenes en la universidad. ¡Por favor! Aclaro que estoy de acuerdo y dispuesto a votar todo lo que tenga relación con la educación, incluso, a aumentar los impuestos, pero siempre y cuando ella sea eficiente; no lo que hemos tenido hasta ahora.

Insisto: esta es la discusión de fondo que nos debemos dar. En definitiva, el impuesto propiamente dicho representa chirolas y no creo que, a la hora de plantear a los productores aumentar y direccionar un tanto por ciento del Imaba a la educación, se nieguen a aportarlo. No van a estar en contra de eso porque, además, ellos saben –y lo saben todos– que toda la vida hemos bancado a las escuelas rurales mangueando a todos los vecinos y poniendo de nuestros bolsillos. ¿Cuál es el problema? Si, en realidad, Primaria da un mínimo de lo que dan todos los vecinos de las zonas rurales para las escuelas de campaña. Creo que el tema pasa por ahí y es sobre ello que tendremos que discutir. Ahora bien, cuando se habla de «direccionar», es por la desconfianza generada.

El señor Senador Botana –que conoce el interior porque se ha criado allí y es de familia de campaña– sabe muy bien cómo funciona este sistema. Aquí no se trata de querer manejar la plata direccionada, sino que no le tenemos confianza a los que manejan la educación de este país, porque ha sido un desastre y así lo muestran las cifras.

Muchas gracias.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Señor Presidente: adelanto que vamos a votar este proyecto de ley que restablece el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria a los inmuebles rurales. Consideramos que el restablecimiento de este impuesto se tendría que haber hecho antes porque, además, es muy difícil discutir y hacer acuerdos con relación a las oportunidades. No obstante, pensamos que es un impuesto que se tendría que haber restablecido antes.

Por razones que se han señalado aquí, en el pleno, algunos inmuebles rurales quedarán exonerados del pago del impuesto, pero queda claro que la mayoría de los predios vinculados a la agricultura familiar quedarán exonerados. Esta es una síntesis de las políticas y del compromiso que ha asumido el Frente Amplio con relación a este sector. Basta con revisar el registro de productores familiares, para ver que la mayor parte de sus predios quedarán exonerados del pago del impuesto y que alrededor de nueve mil establecimientos agropecuarios del país –los más grandes– lo van a pagar. Eso también tiene que ver con una decisión política adoptada en su momento y podemos llegar a deducir que una de las razones que llevan a algunos señores Senadores a no apoyar este proyecto de ley es, precisamente, ese hecho. Creemos que es por eso que algunos legisladores no lo van a votar.

La última década muestra un sector, fundamentalmente en los grandes productores vinculados con el sector agroexportador, en donde el cambio ha sido sustancial. Se registran grandes ganancias, crecimiento del sector agroexportador, un avance importante de la agricultura e intensificación de la ganadería haciendo, en algunos casos, uso indiscriminado de algunos recursos naturales. Actualmente, en el país estamos hablando de la preocupación que tenemos –entre otras cosas– por el manejo integral de las cuencas, por todo lo relacionado con el agua y el cuidado de los recursos. A su vez, el país aplicó políticas que han servido para la mejora del sector. Concretamente, me refiero al estímulo de las inversiones, a la trazabilidad y a la exigencia en los planes de uso del suelo, lo cual representa un agregado de valor, fundamentalmente, para el sector agroexportador. Es decir que todo este gran crecimiento no solo tiene que ver con la coyuntura internacional y el precio de las materias primas, de las commodities, sino con las políticas que, para ese sector que ha crecido tanto en el Uruguay, se han desarrollado en el país.

Un elemento central de este proyecto de ley en el que me quiero focalizar es el artículo 2.º, en el que se señala claramente quiénes quedan exonerados del pago de este impuesto. Eso tiene que ver con una política vinculada a la promoción y al desarrollo de la agricultura familiar. Es decir que este proyecto de ley es una síntesis del compromiso que asumimos y que seguiremos teniendo con relación a este sector.

Para cualquier país –y no me refiero concretamente a Uruguay– la producción familiar es clave, es estratégica, es soberanía, es soberanía alimentaria. En nuestro país se producen los alimentos que consumimos y parece algo normal, pero no ocurre lo mismo en todos los países y eso tiene que ver, en un alto porcentaje, con la agricultura familiar.

En el último Censo General Agropecuario de 2011 –que es el último dato oficial que tenemos– se observa que existían 44.700 explotaciones agropecuarias. Como decía el señor Senador Agazzi, a cuatro años de ese censo agropecuario no tenemos información complementaria que nos pueda dar algunos datos más importantes, pero podemos decir que 37.000 de esas 44.700 explotaciones se encontraban en régimen de propiedad y en combinación con otros regímenes de tenencia.

Con este proyecto de ley, aproximadamente 30.000 productores familiares van a quedar exonerados de este impuesto, y este grupo social tan importante en el Uruguay tiene una importancia relativa dentro de los distintos sectores productivos del país. Estos productores son significativamente mayoritarios en rubros fundamentales para la actividad productiva de nuestro país, como la ganadería, la lechería, la horticultura, la producción de cerdos, el cultivo de vid y de frutales de hojas caducas. En ninguno de estos rubros representan menos del 70 %, y en algunos casos, como la horticultura, se alcanza a casi el 90 %. En la ganadería –un sector que tradicionalmente se asocia a grandes establecimientos– el 80 % son explotaciones familiares.

En cuanto al uso de la superficie productiva, puedo decir que casi el 80 % de los productores agropecuarios ocupan solo el 24 % del suelo productivo del país. Los establecimientos más grandes, los que superan las 1.400 hectáreas, representan solo el 8 % de las explotaciones y concentran más del 50 % de la superficie productiva del Uruguay.

Por último, este grupo social contribuye a la generación de puestos de trabajo como ningún otro en el sector agropecuario. Para dar un dato, según información del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los productores agropecuarios ocupan cerca de 30 trabajadores cada 1.000 hectáreas, contra los 4.4 trabajadores cada 1.000 hectáreas que ocupan las grandes extensiones en nuestro país.

Por todo lo expuesto, entendemos que este sector debe quedar exonerado y así sucederá, porque la gran mayoría de los productores familiares no van a pagar este impuesto. Como dijimos, tienen un papel muy importante desde el punto de vista social, en lo que respecta a la seguridad y en la soberanía alimentaria del país, y también desde el punto de vista de la descentralización productiva, porque estos agricultores se encuentran diseminados en todo el territorio nacional.

Obviamente, este proyecto de ley es parte de las políticas que se vienen desarrollando en lo que tiene que ver con este sector. No creemos que el impuesto genere un cambio estructural para los agricultores familiares, pero, repito, es parte de lo que se está haciendo en relación con el sector.

Para dar un ejemplo de otras acciones que se han venido desarrollando en el Uruguay, vamos a dar algún dato –que también está relacionado con la producción familiar– vinculado con la colonización y con los procesos de inclusión de pequeños agricultores y asalariados rurales en las actividades productivas. Recordemos que nuevas colonias son nuevos colonos incorporándose a las cadenas productivas. En estos diez años de gobierno del Frente Amplio se incorporaron 100.000 hectáreas, que han pasado, fundamentalmente, a pequeños productores y a trabajadores rurales del país. Estos datos muestran que por hectárea incorporada y por año, en este período se dan las mayores cifras en la historia del Instituto Nacional de Colonización, lo que está vinculado a todo este tema, porque tiene que ver con el apoyo que desde el Gobierno damos a la producción familiar.

Sin lugar a dudas, se hace cada vez más necesario desarrollar nuevas formas de organización socioeconómica y de relacionamiento entre los actores de un mundo cada vez más asimétrico y polarizado. Tenemos que ir hacia la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, más equitativo y más cuidadoso del medioambiente. En ese marco, la agricultura familiar es una forma de producción socialmente equitativa y más preocupada ecológicamente por el medioambiente. Por lo tanto, pueden y deben jugar un rol muy importante en el desarrollo sustentable del país, y eso también tiene que ver con las políticas. Por eso, esto es parte de lo que nosotros entendemos necesario, y por esa razón apoyamos este proyecto de ley que beneficia fundamentalmente a los productores familiares.

En años recientes ha habido un lento proceso de cambio para dar un horizonte más favorable a la agricultura familiar, no solo en Uruguay, sino también en la región, con la creación de la REAF, la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, que ha buscado fortalecer las políticas públicas para este sector, promoviendo el comercio y facilitando la comercialización de los productos oriundos de la agricultura familiar. Pero no solo con esto vamos a poder seguir desarrollando y apoyando a este sector, sino que debemos ayudarlo para que se consolide en el marco de un fuerte desarrollo tecnológico y pueda convivir con las multinacionales que hoy se encuentran en el país desarrollando actividades en el sector agropecuario, con el avance del monocultivo. Por lo tanto, se hace cada vez más necesaria la aplicación de estas políticas diferenciales para la agricultura familiar, y por esa razón es fundamental el Estado, las políticas públicas y que se articulen programas y proyectos como los que se vienen desarrollando –podríamos nombrar decenas de ellos– en estos años.

Por supuesto que todo esto no es contra el sector agroexportador o el de los grandes productores y empresas. El país necesita que el proceso de crecimiento del sector agroexportador se consolide y que siga agregándose valor a los productos, pero, además, este sector deberá ser parte de una plataforma clave para seguir diversificando la matriz productiva. Es decir que hemos avanzado muchísimo, desde el punto de vista tecnológico, en el crecimiento del sector agropecuario, pero también tenemos que aprovechar para utilizarlo como plataforma para construir una matriz productiva más compleja, más diversificada, a partir de la incorporación de tecnología y de innovación, para lograr nuevas industrias tradicionales y de segunda generación.

Esto es solo un avance. No queremos nuevos impuestos –como se ha dicho aquí–, pero sí seguiremos trabajando sobre los ya existentes. Por ejemplo, el Gobierno deberá analizar en el futuro –sin lugar a dudas, porque también es un compromiso que tenemos–, entre otros, el aumento del IRAE para algunos sectores del agronegocio que han tenido enormes rentas en estos años. Creo que por lo expresado en algunas intervenciones en la sesión del día de ayer y en la de hoy, en caso de que avancemos en este tema del IRAE aumentando la tasa, muchos quedarán satisfechos.

Por último, el contenido de este proyecto de ley se enmarca en el programa del Gobierno y en los compromisos del Gobierno, así como en la visión que ha tenido y tiene con relación a las acciones sobre algunos sectores. Esto no lo resuelve el mercado –la agricultura familiar es un ejemplo de eso–, sino que deben establecerse políticas diferenciales por parte del Estado: en lo tributario, mediante la capacitación, utilizando mecanismos de financiamiento, desarrollando tecnologías apropiadas y promoviendo mercados locales y regionales. Entre otros aspectos, deberemos apoyar la educación. Está claro el objetivo de este impuesto y está muy claro hacia dónde va: es un impuesto que lo va a gestionar ANEP, Primaria. Pero sí necesitamos continuar apostando a la educación para seguir avanzando en formación, en investigación, en desarrollo tecnológico, para seguir apoyando al campo y a su desarrollo.

En este caso, estamos restableciendo un impuesto y no creando uno nuevo. Este fue un compromiso y, por lo tanto, acompañaremos con nuestro voto afirmativo este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Las distintas intervenciones que hice fueron, básicamente, para discutir el tema del destino del impuesto, aspecto sobre el que voy a volver porque hubo afirmaciones en esta sala en el sentido de que el destino no interesa tanto. A mí me parece que es fundamental el destino.

(Ocupa la presidencia la señora Daniela Payssé).

–El argumento que quiero razonar en el día de hoy es el de la justicia, que ha sido ratificado por el señor Senador Agazzi cuando dijo que no solamente es una promesa preelectoral, sino que, además, es justo.

También quiero referirme a algunas reflexiones que he escuchado sobre la necesidad de ser coherentes con el principio de igualdad. Me quiero detener en este punto, porque me parece que el destino del impuesto es el centro de la discusión; esa es la razón de esta imposición. Se dice que el impuesto se pone porque la enseñanza necesita recursos, y lo están pagando todos los sectores del país menos el sector agropecuario. Eso es verdad. Por eso, en principio, nosotros no estamos en contra de la implementación de un impuesto de Primaria; lo que queremos analizar es si este impuesto de Primaria es justo o no.

Me parece que no es de recibo el argumento de mezclar a todas las personas que por sus bienes inmuebles pagan. ¿Por qué? Porque el productor rural vive en una casa y, sea esta grande o chica, también paga la contribución inmobiliaria y el impuesto de Primaria. Si lo que estamos analizando es si los emprendimientos productivos –esto es, la industria, el comercio, el área de servicios– pagan el impuesto de Primaria y si es necesario que también lo pague el sector agropecuario, acá no hay dos opiniones: sí, lo tiene que pagar. Ahora bien, miremos a cada sector en su particularidad. Eso es la justicia, porque no se puede tratar de igual manera a situaciones desiguales. Este es el principio a través del cual estamos mirando nosotros este impuesto.

Uno puede decir que el sector agropecuario tiene que pagar el impuesto de Primaria y que no es válido argumentar que se paga a través del Imeba, porque esto no lo hizo crecer. Acabamos de escuchar la exposición del señor Senador Saravia en la que planteaba un camino diferente a este impuesto de Primaria: proponía por qué no aumentar el IRAE y el Imeba. ¿Por qué sostenemos esto? ¿Cuál es la razón?

Acá se han tratado de generar etiquetas que son las que molestan en la discusión política; se trata de etiquetar al otro y no se escuchan los razonamientos que el otro está realizando. Yo me pregunto: ¿el sector agropecuario tiene que pagar el impuesto de Primaria? Sí, señor; eso está claro. No estamos en contra de que el sector agropecuario pague el impuesto de Primaria, ni estamos a favor de que los grandes productores no lo paguen. Eso es mentira; no es nuestro razonamiento. Lo que nosotros nos preguntamos es si es justo que se pague de esta forma el impuesto de Primaria, que es otra discusión.

El 80 % de la actividad productiva del sector agropecuario –lo decía muy bien en su exposición el señor Senador Bordaberry– depende de la tierra, del padrón, pero el sector industrial no depende del padrón en su explotación, y los sectores de servicios menos. Este sector agropecuario, que ha visto crecer el valor de la hectárea desde 2004 y 2005 –lo que ha sido visto como si fuera un mal–, ha podido resolver, en primera instancia, el endeudamiento endémico que venía arrastrando. O, ¿acaso no nos acordamos de las movilizaciones alrededor de este palacio pidiendo la refinanciación y la condonación de la deuda del sector agropecuario por ilegítima, por el atraso cambiario y por otra serie de razones? ¿Y qué resolvió el tema? ¿Fueron las medidas que desde el Gobierno se establecieron para resolver el endeudamiento? No. Lo que resolvió el endeudamiento agropecuario fue el valor de la hectárea. Antes tenían que vender todo el campo para pagar la deuda en el banco, pero el aumento del valor de la hectárea arregló esta situación. En realidad, el Banco de la República realizó esfuerzos de distinta índole para tratar de resolver la situación, pero ninguno de ellos sirvió, ya que no daba la ecuación. ¿Cuándo dio la ecuación? Cuando subió el valor de la hectárea. Entonces, lo que antes significaba vender todo el predio por no tener la posibilidad de seguir explotándolo por el nivel de endeudamiento, teniendo que venirse a la ciudad, pasó a implicar la venta de un potrero o de un pedazo del campo. Quiere decir que lo primero que pasó en el sector agropecuario fue producto del aumento del precio de la hectárea.

Algunas personas –que a mi juicio no tienen todos los elementos de información– dicen: «Ah bueno, pero se multiplicó por diez el valor de la hectárea». Es cierto que a lo largo de estos diez años ha venido subiendo, pero ahora se estancó y se podría decir que en el sector agropecuario hoy es notorio que no hay negocios de ventas; casi se ha parado la venta por un tema de rentabilidad: nadie invierte en lo que no es rentable. Si a este sector agropecuario, que es esencialmente exportador y que compite con productores de otros países que nada pagan, sino que, por el contrario, están subsidiados –apelo al nacionalismo que debemos tener como visión pragmática de este punto–, le seguimos poniendo peso sobre sus espaldas, ¿cómo vamos a ganar esa carrera?

La pregunta no es solamente por este impuesto de Primaria, sino por la concepción que se ha escuchado acá de que es justo. ¿Es justo pedir al productor agropecuario que compita con productores de otras partes del mundo que tienen muletas y ayudas económicas, cuando a los nuestros les ponemos más impuestos? Es más, no solo tiene que competir, sino que además se le pide que gane la carrera. No, no es justo. Seguimos viendo al país como una especie de cúpula en donde no existe el mundo; parecería que toda la carne que producimos acá nos la comemos, que todo el arroz que producimos nos lo comemos, cuando solamente comemos el 7 % del arroz, porque el 93 % lo exportamos.

Como decía hace unos instantes el señor Senador Saravia, dependemos de nuestra competencia, y no pongamos excusas filosóficas ni involucremos a la filosofía donde no existe; aquí hay pragmatismo. Nosotros tenemos que competir con otros productores en el mundo. ¿Qué hacemos nosotros para ayudar a esa competencia, para generar mayor inversión y, por lo tanto, mayor renta? No hacemos nada y, además, le ponemos impuestos. ¿Pero estamos ayudando al sector agropecuario para que sea competitivo? No; lo estamos cargando en esa competencia para que pierda. Y después se escucharán las voces de que en el sector agropecuario no hay suficientes inversiones como para poder ser competitivo en la región.

Entonces, retomando el tema, ¿estamos de acuerdo con que el sector agropecuario aporte a Primaria? Sí, señor. ¿Es conveniente ponerlo en función de los impuestos a la tierra? No, señor. El señor Senador Delgado decía –yo también lo expresé hace un rato y no se nos contestó– que el sector agropecuario depende en un 80 % de la explotación de la tierra; el 80 % de su ecuación económica depende de cómo se trabaja la tierra y es el BPS quien la grava. Seguramente, alguien se preguntará por qué es el BPS, cuando este, en definitiva, crea una cuenta personal para los trabajadores y para el propio funcionario. Esa discusión también la tuve dentro del Partido Nacional. El primer impuesto que se implementó –que después tuvo modificaciones– fue presentado por el entonces legislador Jorge Silveira Zavala, del Partido Nacional. Personalmente, estuve en descuerdo con él, porque me parecía que el BPS está más vinculado con la jubilación y no con un castigo a la tierra, que grava la competencia, porque son impuestos fijos. Dentro de los impuestos fijos tenemos al BPS y también la contribución inmobiliaria rural –estoy de acuerdo con que se grave el padrón, no hay otro sistema para ayudar a la caminería y a las intendencias–, pero además está el impuesto al patrimonio, y ahora el impuesto de Primaria.

La concepción es, entonces, hacer que el productor pague a pesar de que le vaya mal. Eso es un error conceptual. Creo que el Estado tiene que cobrarle a la gente que gana plata y cobrarle más al que gana más. Nadie está en contra de eso, pero sí de que el Estado sea un enemigo y no un socio. Cuando el contribuyente dice: «Hubo una seca», el Estado dice: «No me importa. A mí pagame lo mismo». Cuando el contribuyente dice: «Pero tengo que vender el poco ganado que pude salvar gracias a que le di ración para evitar que se muriera en el campo», el Estado contesta: «No me importa; a mí me pagas igual. Me pagas el BPS, me pagas la contribución inmobiliaria rural, me pagas el impuesto al patrimonio y ahora el impuesto de Primaria» ¡Son cuatro impuestos a la tierra!

Se le pone cuatro impuestos al sector que mueve, que genera divisas y que nos sacó de la crisis de los años 2001 y 2002. Recuerdo que se decía –y creo que se decía bien– que el Uruguay salió de la crisis montado en la vaca. Eso es verdad: salimos de la crisis montados en la carne, ya que se produjo una proyección y un mercado que realmente generó un atractivo para la inversión. Después, los impuestos en Argentina, las detracciones en el vecino país, generaron un éxodo de productores argentinos al Uruguay. A tal punto fue así que en forma graciosa se dijo –creo que fue el doctor Batlle quien lo dijo en su momento– que le teníamos que agradecer a Hernandarias por las vacas que nos trajo y a los Kirchner por los impuestos que establecieron en Argentina, que generaron un éxodo de productores, en su mayoría argentinos, y un gran crecimiento en la agricultura. En Uruguay había lugares donde no se plantaba nada. Hoy, quienes hacemos ruta debemos tener cuidado, porque debemos ir esquivando cosechadoras y mosquitos, tanto acá, en Treinta y Tres o en Cerro Largo, como en lugares donde hay piedras. Sí, señor, ha habido un crecimiento.

En los distintos subsectores de la agropecuaria existe una disputa por la tierra. Se disputa la lechería, la forestación, la ganadería, la actividad agrícola y la soja. Y el Estado, ante esa disputa dice: «Tiene que pagar». Y tiene que pagar de esta forma: a través de otro impuesto a la tierra.

Reitero que estamos de acuerdo con un impuesto de Primaria, pero no estamos de acuerdo con que haya un sector desfavorecido por el crecimiento del valor de la hectárea, porque si mañana decrece ese valor, el impuesto no se va a bajar. Eso no es verdad. Creo que el Estado debe ser un socio del emprendimiento agropecuario y no un enemigo. A mi juicio –como lo han dicho también varios colegas, entre ellos los señores Senadores Delgado, Saravia y Botana–, tenemos que ir rumbo a ser socios de la renta.

Se dice que este impuesto es justo; sin embargo, acá no se ha contestado a la afirmación que contundentemente realizó el señor Senador Bordaberry sobre la empresa Montes del Plata. Se ha dicho que quien gane más, pague más, pero no se contestó a la afirmación de que Montes del Plata, que tiene 200.000 hectáreas de su propiedad –o más–, no va a pagar nada; va a pagar cero pesos. El Representante de la DGI, del Ministerio de Economía y Finanzas, afirmó en Comisión, ante la pregunta del señor Senador Bordaberry –creo que se han equivocado y es problemático que haya sido así–: «En lo que refiere al impuesto de Enseñanza Primaria aplicada a este sector –el sector forestal–, no lo va a pagar Montes del Plata porque están exonerados por la Ley Forestal –no es cierto–, así como tampoco lo van a pagar el resto de los forestales». Esto tampoco es cierto. Y continúa diciendo: «Este impuesto no grava a las extensiones forestales». ¿Esos impuestos no los van a pagar los forestales? ¿Los van a pagar después de los doce años? Montes del Plata no los va a pagar después de los doce años porque hay un contrato que dice que si mañana tiene que pagar un nuevo impuesto, el Estado se responsabiliza de devolverle esa plata. Aclaro que no estamos en contra –coincido con las afirmaciones del señor Senador Bordaberry– de Montes del Plata. Me parece bien que Montes del Plata venga e invierta. No estoy en contra de que los argentinos vengan a invertir, pero que no paguen impuestos es otro tema. ¿Quién es el responsable de haber firmado esos entendimientos? ¿Quién firmó semejante barbaridad? ¿En aras de la justicia firmaron ese contrato con Montes del Plata, que tiene 200.000 o 250.000 hectáreas, y no va a pagar el impuesto de Primaria? Montes del Plata va a poner cero pesos para el impuesto de Primaria, y no por la Ley Forestal, sino por el contrato que firmó. Lo pagan los nacionales y los extranjeros que desarrollan otro tipo de actividades, cosa que no me parece mal. Vuelvo a decir que estoy de acuerdo con que el sector agropecuario pueda contribuir con Primaria. También es cierto que entre los argumentos que se dieron para no implantar o para derogar este impuesto estaba el de que era de difícil recaudación, que había una burocracia en la enseñanza que generalmente costaba mucha plata y que se comía gran parte de la recaudación del impuesto de Primaria, y que los controles de que se estuviera al día eran nulos, por lo que había una gran evasión de este impuesto. Entonces me pregunto por qué volvemos a lo mismo. Uno de los argumentos por los cuales se establecía que era conveniente tener el impuesto de Primaria en el Imeba era, justamente, que era necesario evitar la burocracia administrativa, que se llevaba y «mordía» gran parte de lo que tendría que ir directamente a las escuelas. Pero además se decía que no había controles, que había una gran evasión. Entonces, si esos fueron los argumentos, ¿por qué se vuelve con el mismo instrumento?

Se anuncia que en dos años este impuesto pasaría a ser recaudado por la DGI, pero, ¿por qué si lo podemos hacer hoy vamos a postergarlo para dentro de dos años? Me pregunto por qué el proyecto no vuelve a Comisión para que podamos redactar un impuesto de Primaria que no sea un adicional a la contribución, que sea un impuesto a la renta, que ayude a los productores cuando tienen que competir en el mundo y que se instrumente de tal forma que su percepción no nos cueste más y que gran parte de esta recaudación no quede en el camino burocrático del Estado, donde tarde, mal y nunca llega a destino.

De ahí nuestra obsesión con el destino. Hay todo un razonamiento que se ata con el destino, que son las escuelas rurales. Y por eso presentamos un aditivo. En la inminencia de que el Frente Amplio, en forma terca, insista en votar este instrumento, que no es el mejor, y como inevitablemente van a estar los votos para aprobarlo, el Partido Nacional por lo menos quisiera tener la certeza de saber si se va a votar el artículo que refiere al destino. Sin embargo, hasta ahora no se nos ha respondido. En la Comisión de Hacienda no se votó, pero para nosotros es importante saber si en el Gobierno hay voluntad de establecer el destino directo. En discusiones anteriores ya hemos demostrado que este mecanismo no es nuevo, porque está el ICIR, y que la ANEP no es confiable, porque no sabe invertir y eso lo dice el mismo Gobierno. Por eso también dijimos que el LATU se ocupó de las ceibalitas, porque si lo hubiera hecho la ANEP, todavía estarían en licitaciones y recursos. Y por eso se estableció que la Corporación Nacional para el Desarrollo hiciera las inversiones. No lo he consultado con el señor Senador Botana, pero podríamos decir que vaya a la Corporación con el destino de las escuelas rurales, porque es la misma Corporación la que ha tomado el tema de las inversiones en la ANEP. ¿Por qué? Porque esta, reitero, no es eficaz ni es eficiente a la hora de gastar.

No he tenido respuesta oficial sobre este tema, y por eso me gustaría que el miembro informante nos dijera si están dispuestos o no a votar el aditivo, porque para nosotros es un elemento muy importante arriba de la mesa. Queremos saber si están dispuestos a votarlo, con otra redacción, si se quiere, incluyendo la posibilidad de que vaya a la Corporación Nacional para el Desarrollo, o si se va a mantener la misma votación que se dio en la Comisión de Hacienda, que implica que gran parte de los recursos que deberían ir a Primaria queden en el camino, que mucha gente no pague el impuesto –que era la triste realidad de antes– y que después de dos años el tema pase a la DGI y se exija para obtener el famoso Certificado Único, cuyos pros y contras ya discutimos en la Comisión. Los pros tienen que ver con la recaudación, y los contras con el hecho de que a veces puede afectar una producción que está comprometida y necesita crédito, porque la misma explotación no le dio la rentabilidad necesaria. En ese caso el productor, al no haber podido pagar sus impuestos, no tiene los certificados para poder solicitar un crédito que salve su propia empresa. Y el Estado, en vez de ser un socio que ayude al emprendimiento, lo termina de liquidar, lo ata, lo amordaza, lo inhabilita para que pueda salir de la situación de compromiso económico en la que se encuentra.

En definitiva, señora Presidenta, para nosotros el destino de este impuesto es esencial, y el instrumento también lo es. Me parecen atinadas todas las observaciones de carácter constitucional que se han hecho hoy. Y creo que deberíamos remitir este proyecto de ley a la Comisión para que se pueda revisar. Nosotros estamos de acuerdo con el impuesto de Primaria, pero la idea es buscar un punto de encuentro para establecer un impuesto más justo o no tan injusto.

Por otro lado, se me ha dicho que todavía está muy en cuestión si el valor Coneat de 100 está atado a la rentabilidad. Se me ha señalado que se acerca, pero no es un índice exacto sobre el nivel de rentabilidad de explotación que tiene un predio agropecuario. Por ejemplo, hay predios agropecuarios que tienen muy poco Coneat y tienen una mayor rentabilidad; en cambio, hay otros que tienen mucho y no tienen rentabilidad. Aquí se ha dicho muy claramente algo que para mí es claro: hay lugares donde se está trabajando sobre piedra. No es lo mismo tener 100 hectáreas en el sur, en San José, Colonia o Soriano, que tener 1.000 hectáreas en Tacuarembó, en la zona de basalto superficial. Hay más rentabilidad en 100 hectáreas en el sur que en 1.000 hectáreas en el norte. Entonces, si eso es así, ¿por qué no lo tenemos en cuenta? Si estamos hablando de justicia, es injusto que alguien que tiene una explotación donde apenas puede llegar a pagar sus sueldos y a vivir del campo tenga que pagar un impuesto mucho más grande que el que paga aquel que tiene mayor rentabilidad. Y ni que hablar de algo que no se ha manejado, como es el área del turismo. Todos sabemos que en nuestra costa –sobre todo en Maldonado– hay chacras marítimas que sí que han aumentado su valor inmobiliario. Son chacras que tienen cinco o diez hectáreas y cada una de ellas vale US$ 5 millones. Estos precios han salido en la prensa. Pero ocurre que no tienen actividad productiva, sino recreativa, y la R-500 del BPS diferencia claramente ambos casos. Aquel que tiene una chacra para pasear y no para producir no paga nada. Entonces, ¿dónde está la justicia de esto? Los que tienen estas chacras son famosos de Argentina y hombres de mucho dinero de otras partes del mundo, y me parece bien que las tengan, pero no que no aporten. Si es por el valor de mercado, ahí hay un nicho donde no estamos cobrando nada, y estos propietarios pueden aportar a las escuelas y a la enseñanza. Pero no entramos en esa. Y podemos entrar, porque se habla de actividades recreativas y no productivas. En el Banco de Previsión Social hay un elemento objetivo. Son todos temas para discutir.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede interrumpir el señor Senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora Presidenta: voy a agregar alguna opinión en torno al tema que estaba desarrollando el señor Senador Heber, a quien le agradezco que me haya concedido una interrupción.

En primer lugar, se ha insistido en un tema que, a mi juicio, no es correcto, en cuanto a la razón por la que se vincula la tierra con los aportes al Banco de Previsión Social. La tributación al Banco de Previsión Social no es una imposición a la tierra, sino que lo que se grava es la actividad patronal. Lógicamente, una de las formas de medición de esa actividad para calcular el aporte que luego otorgue el beneficio del retiro es su vinculación con la tierra. Esto se debe a que la condición de productor y de producción agropecuaria en el país es muy variada y la rentabilidad que permitiría establecer el ingreso patronal también lo es. Además, siempre hemos tenido dificultades en esta materia –no solo en el sector agropecuario, sino en la sociedad en general– por el hecho de que las declaraciones juradas no reflejan la realidad de la situación, tal vez por el desvío que a veces tiene la actividad humana. Pero no se puede hablar de que la tributación al Banco de Previsión Social es un impuesto a la tierra; eso es equivocado o se quiere inducir a equivocación. Esto se ha dicho en más de una oportunidad en este debate y también en otros.

Lo cierto es que la tierra tiene una imposición, y la más grande es la contribución inmobiliaria rural; nadie discute eso. Por lo tanto, discutamos acerca de si eliminamos la contribución inmobiliaria rural, porque, repito, esa es la imposición más grande que tiene la tierra desde hace mucho tiempo. Incluso, está claro que es la imposición más injusta, porque solo fija algunos parámetros que han sido incorporados, a través de la legislación, relativos a que para determinada extensión –de un productor pequeño– se aplica una exoneración de pago.

Las demás son herramientas que se han ido creando para que el Estado pueda financiar las políticas públicas. Sin embargo, siempre se está hablando de si un impuesto es justo o no, de acuerdo con quien lo pague, pero nadie mira –o nos olvidamos de mirar– que la tributación debe existir, porque de lo contrario el Estado no puede llevar a cabo las políticas públicas. ¿Por qué un Estado debe hacer políticas públicas? Para generar el bienestar de su población. Si no genera imposición sobre algunos elementos de la economía, ¿de dónde obtendrá la financiación necesaria?

Por esa razón, decimos que este debate es de carácter político y no técnico; discutir sobre tributación siempre es hablar de política. Por supuesto, eso tiene que estar asociado a un elemento técnico, pero lo esencial en este tema es la política. Inclusive, esta propuesta en la que pone énfasis el señor Senador Heber es de carácter político. ¡Si será político que en este país el presupuesto para la enseñanza pública se ha incrementado, en los Presupuestos nacionales y en las rendiciones de cuentas, como nunca se hizo en los últimos cuarenta años de historia! ¿Por qué? Porque se trata de un tema político y porque el partido que gobierna quiere que haya más recursos destinados a la enseñanza. Por eso es que en este período no solo se va a cumplir con la reimplantación del impuesto de Primaria, sino que se va a llevar el presupuesto de la educación al 6 % del producto interno bruto, tal cual se planificó.

Por consiguiente, repito, la discusión que aquí se está dando es política y no técnica. Esta iniciativa no busca reimplantar un nuevo impuesto, sino una tributación que en determinadas circunstancias se había eliminado y al cambiar nuevamente esas circunstancias, sobre todo en su valoración política, se vuelve a establecer. Esto se hace para seguir financiando la Enseñanza Primaria, en este caso, tal como era originalmente. Hoy las escuelas rurales de este país están más atendidas que nunca y en mejores condiciones. Ahora las partidas de los comedores permiten satisfacer las necesidades alimenticias de los gurises y las gurisas que allí concurren, y eso se debe a que hay una definición política en ese sentido.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Ha finalizado su tiempo, señor Senador.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señora Presidenta. También agradezco al señor Senador Pardiñas, porque entiendo que esta discusión, al igual que todas las que tenemos, es de naturaleza política, y de política importante. En modo alguno eso significa que la discusión sea menor por ser de carácter político y no técnico.

Lo que quiero que entienda el señor Senador, al igual que muchos otros aquí presentes, es que nuestra discrepancia radica en la forma de imposición del tributo al productor, y no en el hecho de que se le aplique un impuesto a quien puede pagarlo. El tema es cómo se hace y si esta es la mejor forma de cobrarle ese impuesto. Mi partido y yo estamos de acuerdo en que se aporte a Primaria, pero el tema es cómo se hace. El señor Senador Bordaberry destruyó en forma jurídica y constitucional el instrumento propuesto, y ante eso no hubo argumentos que me parecieran válidos. En lo personal, no entiendo tanto el argumento jurídico, pero sí comprendo lo que aquí se ha afirmado y la necesidad de corregir la iniciativa. Pero lo concreto es que nadie está hablando de que las grandes extensiones de tierra del país no aporten a la educación primaria. Entonces, no entiendo por qué se sigue insistiendo en eso cuando ha quedado claro que no es esa la intención.

En cuanto al tema del Banco de Previsión Social, estoy de acuerdo con que es un beneficio para todos los trabajadores. Pero si uno analiza lo que ocurre con una explotación de 1000 hectáreas que tiene uno o dos trabajadores, puede ver que aporta más que aquella de 200 hectáreas que tiene 200 trabajadores. El aporte que hace el patrón, el dueño del predio, al Banco de Previsión Social, por sus 200 trabajadores es nada comparado con aquel que tiene dos peones en medio del basalto. ¿Es justo eso? Me parece que no, ya que si un productor rural emplea a 200 trabajadores, es porque tiene capacidad para pagar el aporte patronal –al igual que se hace en la industria y en el comercio– por esos 200 y no por las hectáreas. Como sabemos, el industrial no paga por las maquinarias, del mismo modo que el comerciante o quien pertenece al área de servicios no paga por el nivel de ventas. Entonces, ¿por qué el aporte al Banco de Previsión Social tiene que estar conectado a la tierra? Pero esa es otra discusión. Lo que estoy diciendo es que a un productor que tiene que competir con los de otras partes del país, se le están aplicando cuatro impuestos. Le ponemos piedras y más piedras y, al mismo tiempo, le decimos «corré y ganá». Es mi primer argumento el que no se rebate, y para mí ese es el verdadero. ¿Estamos para ayudar a la producción o para castigar al productor? ¿Es porque produce que hay que pegarle? ¿O, por el contrario, hay que decirle «dale, seguí produciendo» y preguntarle qué precisa? Por supuesto, si gana, tiene que colaborar. Si tiene renta, tiene que aportar al Estado. Nadie está cuestionando las últimas palabras del señor Senador Pardiñas cuando decía: «Ah, el Estado necesita recursos». ¡Sí, señor! Y decía: «Necesita de la contribución de los sectores que pueden aportar». ¡Sí, señor! Pero no se trata de matar a la producción sino de ayudarla para que produzca más, porque así podrá aportar más. ¡Yo quiero que el productor rural tenga una gran renta, una enorme renta, y que haga un enorme aporte al Estado para cumplir su función social!

Me solicitan una interrupción los señores Senadores Botana y Bordaberry, que con mucho gusto les concedo en ese orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede interrumpir el señor Senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: en el sector agropecuario el aporte al Banco de Previsión Social por hectárea responde a un proyecto de ley que presentó el ex-Senador Silveira Zabala, dentro de aquella concepción de impuesto finalista. Pero lo que él intentó–y consiguió– fue castigar a aquel gran terrateniente que empleaba a poca gente, alentando a aquel que con menores extensiones de tierra daba más trabajo. La filosofía que lo inspiró es de estricta justicia. Ahora, es cierto –como decía el señor Senador Heber– que se transforma en una nueva carga fija sobre la tierra; obviamente, es así. Y es estrictamente así desde el punto de vista de la competitividad del sector, más allá de que personalmente comparta la filosofía que inspiró ese proyecto de ley.

Acá lo que está en discusión es si el niño rural tiene la misma oportunidad educativa que el niño urbano, si el uso que puede darle a la ceibalita el niño que no tiene electricidad es el mismo…

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¡Todos tienen!

SEÑOR BOTANA.- No, señora Senadora, no todos tienen. Muchas zonas rurales del país todavía no tienen electricidad. A pesar de que en esta misma sala he hecho un fuerte reconocimiento a este directorio de UTE que hizo un enorme trabajo en ese sentido, hay que decir que el país todavía no tiene electricidad en todos lados, lo que provoca que a muchos niños se les tranque la ceibalita. Además, el Uruguay no tiene conectividad en enormes manchas de su superficie, inclusive en algunas zonas rurales muy cercanas a Montevideo, y en esos lugares el ancho de banda –por ende, la oportunidad de la información– es bastante diferente al que puede disfrutar un niño de la capital de la República o de una de las principales ciudades del país. Por lo tanto, las oportunidades no son iguales, y es eso lo que está en discusión. No se trata de un dólar más o un dólar menos por hectárea.

Otro de los puntos importantes es que los niños que van a las escuelas por los caminos rurales reciben un pago del Estado para la locomoción escolar, que en ningún departamento llega a cubrir la cuarta parte de su costo. Eso se complementa con las intendencias y con el aporte de los padres. Pero no es justo que el niño que vive en la capital tome el ómnibus con el boleto gratuito y llegue al centro escolar y, sin embargo, el niño del medio rural, que tiene que hacer kilómetros y kilómetros de viaje, llegue por la ayuda de sus padres, que son peones rurales y tienen que hacer un esfuerzo para pagarles la locomoción escolar. Así es que van quedando en el camino, y alcanza con mirar los índices de escolaridad, medidos en años de concurrencia a los centros educativos que tiene nuestra población rural. No estamos hablando de ninguna cosa que los Senadores no conozcan. ¡Este es el centro de la discusión! ¡Sobre esto es de lo que tenemos que hablar! ¡No tenemos que hablar de impuesto sí o impuesto no, de un dólar más o de un dólar menos! ¡Eso no le cambia el mundo a nadie! A los que sí les puede cambiar el mundo es a los niños de las escuelas rurales del Uruguay, y al país también porque más conocimiento vinculado a la producción seguramente redundará en un beneficio mayor para la producción nacional.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede interrumpir el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Muchas gracias.

Aquí se hizo una referencia que no queremos dejar pasar porque, de hacerlo, pareciera que estamos en contra de que se destine dinero a la educación, en especial, a la educación rural. ¡No, no es así! Nosotros queremos que se destine dinero, y que se destine más. Pero no alcanza con destinar dinero, hay que destinarlo bien, porque si nos llenamos la boca con que se aumentaron los presupuestos y no vemos cuáles son los resultados obtenidos, nos estamos haciendo trampas al solitario. Sí es cierto que se han destinado más recursos a la educación, como también es cierto –esto no lo decimos nosotros sino que lo reconocen las propias autoridades de la educación, y lo avalan las pruebas internacionales que se le hacen al Uruguay– que destinando un mayor presupuesto hemos tenido los peores resultados. Por eso la bancada del Partido Nacional propone –creo que acertadamente– dar un destino a los fondos, para que esto no ocurra.

El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce), a través del cual se mide el nivel de aprendizaje de los estudiantes de tercer y sexto grado de Enseñanza Primaria, divulgado en diciembre de 2014 –recién salido del horno– ubicó al Uruguay entre el grupo de países cuyos estudiantes mostraron menor progreso en las pruebas de lengua y matemáticas y un retroceso significativo en el área de ciencias, en comparación con un estudio de hace diez años.

Por su parte, las pruebas PISA para la generación 2013 muestran que Uruguay está 11 puntos más abajo que hace diez años, a pesar del aumento del presupuesto. A Brasil le pasa a la inversa, está 35 puntos mejor que hace diez años. No vamos a compararnos con los países de la OCDE, ¡o sí, vamos a hacerlo! En los países de la OCDE solamente el 8 % está en el nivel de más bajo desempeño; en el Uruguay se llega casi al 30 %. ¡Nuestro país tiene un índice de repetición en primer año de liceo del 30 %! ¡Antes de venir a pedir más recursos tienen que rendir cuentas y decir qué van a hacer con ellos, y no enojarse cuando se les dice el destino que se les debe dar, así sabemos que van adonde tienen que ir! Si no, vamos a seguir con el índice de egresos que tenemos. Por ejemplo, de los jóvenes entre 18 y 20 años egresan de bachillerato un 28,5 %. La señora Merkel, en Alemania, el año pasado festejó que el cien por ciento de los jóvenes culminaba el bachillerato; está bien, no nos comparemos con la señora Merkel y con Alemania. En Chile, es el 72 %; y en Uruguay, el 28,5 %, ¡menos que Paraguay y que Brasil, estamos en el último lugar en el Mercosur! ¡¿Para eso quieren dinero?! ¡¿Para eso se llenan la boca diciendo que están gastando como nunca?! No tendrían que decirlo ni argumentarlo porque si se les da más dinero –y nuevamente me pongo bíblico–, se les tiene que exigir mejores resultados y, sin embargo, los resultados no están.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señora Presidenta.

Volvemos a centrarnos en lo último. No entiendo el argumento del oficialismo para negarse a votar el artículo aditivo. Se dice que este es un impuesto con destino, es decir, un impuesto al sector agropecuario con destino a la Enseñanza Primaria. Nosotros queremos agregarle que, además de que sea para Enseñanza Primaria, se establezca que es para las escuelas rurales. Para nosotros es importante conocer ese argumento –y hago alusión al miembro informante, señor Senador Berterreche, para que, de alguna manera, por la vía de la alusión, pueda contestarnos y decirnos «sí» o «no»– porque entendemos que hay una pobreza endémica en el interior profundo, al que tenemos que asistir en forma directa. Y reitero lo que ya hemos planteado en distintas discusiones: no le tenemos confianza a la ANEP porque el Gobierno no le tiene confianza, porque no tenemos confianza en cómo ha ejecutado el plan de inversiones y queremos que estos US$ 17 millones de recaudación vayan directamente a las escuelas rurales. Sin embargo, no me han respondido por qué no, porque no se me puede argumentar que no se puede atar el destino cuando, en realidad, este es un impuesto con destino. Es un impuesto adicional a la contribución inmobiliaria –aunque no se lo dice como tal– con destino a la Enseñanza Primaria. Nosotros pretendemos, luego de un análisis
–como establece el artículo– de la gente más pobre, más humilde y que más precisa en el país, que además se destine a las escuelas rurales. Para nosotros es determinante saber eso, para decidir cómo votamos el proyecto de ley y solicitamos una respuesta por parte del Gobierno para saber si va a acompañar o no este aditivo. Consideramos esencial conocer esto porque, si no, sería un mal instrumento al que las gremiales agropecuarias no se opusieron –como decía el señor Senador Saravia cuando hizo uso de la palabra– ya que no pusieron el grito en el cielo en la comisión, no dijeron que estaban totalmente en contra. No fue así. Lo que dijeron fue que quieren que haya un retorno al sector, sobre todo a las escuelas del país que más lo precisan, más que nada porque están muy alejadas y muchas veces nadie las ve; reitero: nadie las ve.

Confío en el señor Senador Botana porque sé cómo es, sé que recorre su departamento y fue quien generó esta iniciativa porque conoce muchas de las escuelas rurales del país, que golpean a su puerta como Intendente y a las que tiene que ayudar por un tema de sensibilidad. Si mañana se rompe el techo de una escuela, la Intendencia tiene que arreglarlo porque Enseñanza Primaria llega tarde, mal o nunca para dar solución a los requerimientos de la gente, producto del deterioro, sobre todo edilicio, que hemos visto en muchos lugares del interior profundo de nuestro país.

Menciono esto en virtud de que el señor Senador Botana ha sido electo Intendente a pesar de los anuncios de que nos iban a ocupar ese departamento. Hoy está firme y, durante cinco años más, va a ser una puerta a la que seva a poder golpear y donde la Enseñanza Primaria va a tener la posibilidad de contar con alguien para que ayude a la gente que más lo necesita. Lo que queremos es que esos recursos también ayuden a las intendencias que ayudan.

Por eso el señor Senador Bordaberry propone que el proyecto de ley vuelva a comisión y que el artículo se incluya como un adicional. Estamos de acuerdo con fijar un adicional a la contribución inmobiliaria; además, estamos de acuerdo con que los productores lo paguen, y también con que esto se recaude y se destine a las intendencias para que, en definitiva, sean ellas las que ayuden a las escuelas de contextos más críticos y más alejadas. En función de estas consideraciones, estaríamos dispuestos a acompañar el proyecto de ley, aunque el Gobierno no me responde si está de acuerdo con hacer estas modificaciones de carácter jurídico-tributario que señala el señor Senador Bordaberry y con el destino, que para nosotros es esencial.

Es por eso, señora Presidenta, que nosotros insistimos en este aspecto, porque el destino es gran parte de la predisposición a estudiar, y lo mejor sería que el proyecto volviera a la comisión para un análisis más profundo.

Y espero respuestas por parte del oficialismo para saber si va a acompañar o no la propuesta, después de toda la discusión que estamos teniendo. Digo esto porque supongo que no estamos haciendo oídos sordos. En la Comisión de Hacienda tuvimos una discusión, ahora tenemos otra aquí, en donde hemos dicho claramente que estamos dispuestos a poner un impuesto de Primaria de otras características y que tenga ese destino.

Para mí es fundamental, a la hora de votar el proyecto de ley, saber si el Gobierno va a acompañar o no este artículo aditivo presentado por el Partido Nacional para clarificar el destino y para que esos US$ 17 millones no queden en la burocracia estatal, tal como ha ocurrido en el pasado.

Muchas gracias.

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- Gracias, señora Presidenta.

En general, todas las inquietudes que se plantearon aquí pensaba contestarlas al final porque me parece que es lo correcto. Es más, personalmente, discrepo con el hecho de que, utilizando instrumentos reglamentarios, haya Senadores que monopolicen el uso de la palabra en las sesiones, reiterando conceptos una y otra vez. Es más, aclaro que no necesito que me digan las cosas cinco veces, con una vez me alcanza para entender.

Lo básico es que el señor Senador Heber –que casi llegó a la provocación para que le contestara– hace preguntas retóricas que él mismo se contesta. Él dice: «no van a llevar adelante la propuesta del señor Senador Botana». Si él ya sabe qué es lo que vamos a hacer, ¿por qué nos pregunta qué vamos a hacer? Eso, para empezar.

En segundo lugar, voy a contestar con una sola razón y después desarrollaré el asunto en mi alocución final. Lo digo, sobre todo, porque queremos muchísimo a la escuela pública rural, porque convivimos durante nuestra acción profesional privada y después desde el Estado, apoyándola siempre –en esto no le doy la derecha a nadie–, reitero, la apoyamos siempre. Y por eso no quiero atarla a los US$ 17 millones, US$ 15 millones o US$ 12 millones que van a poder cobrarse sino todo lo que precise. No importa lo que se cobre; la escuela rural debe tener todo lo que necesite, no necesariamente esto.

Considero que mucho menos tenemos que pasar este asunto a una comisión burocrática donde, allí sí, esos fondos pueden llegar a terminar en cualquier lado. Repito: en cualquier lado. Lo hemos visto en algunas denuncias que han hecho las Juntas Departamentales.

Entonces, porque queremos a la enseñanza pública rural, porque creemos que es importante…

SEÑOR HEBER.- Por eso va a votar en bloque.

SEÑOR BERTERRECHE.- Le pido que no me interrumpa, señor Senador. Hay que aprender a escuchar. La escuela pública le enseña eso. A lo mejor ese es el faltante: hay gente que no fue a la escuela pública.

Lo que sí nos lleva a votar en contra del artículo adicional que propone el señor Senador Botana, es que no podemos atar las necesidades de la escuela rural a un proyecto de ley de este tipo. Si necesita más de US$ 17 millones, ¿no se los vamos a dar? Consideramos que sí, que le vamos a dar todo lo que necesite. No es un problema de encadenarle los fondos, sino de darle todo lo que necesite.

Cuando me toque el turno de hacer uso de la palabra voy a desarrollar un poco más algunas ideas porque creo que es lo que corresponde, tal como aprendí en los bancos varelianos.

11) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 3 de junio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, los días 9, 10 y 11 de junio de 2015.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Daniel Martínez. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Yerú Pardiñas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

12) IMPUESTO ANUAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Continúa la discusión del asunto en consideración.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: creo que estamos llegando a la parte final de una discusión muy extensa para un impuesto pequeño, tanto por la magnitud de la recaudación como por el impacto que tendrá en los productores rurales. Repito, se trata de una discusión muy extensa para un impuesto pequeño, pero –esto recién lo conversábamos con el señor Senador Carámbula–, siempre hay distintas visiones políticas e ideológicas sobre la cuestión tributaria, lo que hace que estos debates se vuelvan interminables. El tema de los privados y el Estado, y de cómo tributan, es parte de nuestras diferencias más marcadas.

En cuanto a este impuesto de Primaria, quiero empezar diciendo que me parece oportuno, a contrapelo de algunas manifestaciones que se hicieron sobre la falta de oportunidad del mismo, porque fue exonerado por las circunstancias que aquejaron al sector en el año 1996, agravadas en 2002 –todos recordamos aquellas manifestaciones de «rentabilidad o muerte», contra el endeudamiento agropecuario– y que hoy desaparecieron. De hecho, el endeudamiento agropecuario prácticamente se enjugó. La superficie creció 3.6 % –según datos proporcionados por el Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, señor Benech–, la productividad 4.2 % y la inversión general del país pasa del 12 % en 2010 a 24 % en 2014. O sea que la crisis de estancamiento que dio origen a la exoneración de este impuesto ya pasó.

¿Por qué hay que aprobar ahora este impuesto? Entre otras cosas, porque este es el año de comienzo del Gobierno, de la realización del presupuesto, y no se puede aplicar este impuesto en el segundo o tercer año, sino al inicio. Me parece entonces que hay una razón de oportunidad política y otra de oportunidad económica.

Cabe indicar que desde 2002 el valor de la tierra se multiplicó por seis.

Como dije, esta es la oportunidad porque estamos en el primer año de gobierno y porque los motivos que contribuyeron a la exoneración del impuesto ya no están. En algunas alocuciones aparecieron también razones mucho más coyunturales sobre la crisis que enfrenta el agro como resultado de la sequía y al respecto se dijo –no recuerdo bien quién lo manifestó–: «Y el Estado observa indiferente el problema de la sequía». No, el Estado no observa indiferente el problema de la sequía ni el tema del costo energético. Vale recordar que también aprobamos tributos para que el Estado se hiciera cargo de varias de las cosas de las que se hace cargo, como el Sistema Nacional de Emergencia, la distribución del forraje, la suplementación proteica, la facilitación de financiamiento del BROU para verdeo de pasturas. No soy experta en estos temas, pero apenas ojeé vi cosas que el Estado hace, que tienen que ver con la capacidad de predicción de circunstancias climáticas adversas. Así que de indiferencia, nada. Para que el Estado no sea indiferente y recurra a sus políticas públicas debe tener una base tributaria sólida que, de ser posible, se establece al inicio del período de Gobierno con el Presupuesto quinquenal.

Señora Presidenta, nadie duda de las bondades del destino del impuesto, porque todos se han manifestado aquí a favor de la educación, de la escuela, de la escuela rural y, sobre todo, de la alimentación escolar, puesto que una de las afectaciones más directas del impuesto es para ello.

Quiero mencionar que en el período pasado tuvimos un acuerdo educativo en el que todos los legisladores se pusieron de acuerdo con escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido. Esto es alimentación, señora Presidenta. No hay escuelas de tiempo extendido ni de tiempo completo sin alimentación escolar y una parte del destino de este impuesto es para la alimentación escolar. Me parece que la finalidad del impuesto está fuera de discusión. Por supuesto que la finalidad del impuesto establecido en la ley de 1986 es para inversiones y gastos.

Quiero corregir algo sobre cómo ejecuta ANEP sus gastos e inversiones porque todos los que dimos la discusión sobre su capacidad para ejecutarlos, advertimos cómo aumentó a lo largo de los años pasados. Ya que durante cinco años debatimos sobre educación, habremos advertido que en el final del período ANEP ejecutaba entre el 90 % y el 95 %. Si hubo problemas en obras e infraestructura –como se menciona acá– todos sabemos que, como resultado de los precios de la construcción, hubo licitaciones que quedaron desiertas. La capacidad de la ejecución de ANEP no está en cuestión, ya que ha sido altísima según los datos obtenidos en el período pasado.

Además, se discute sobre la posibilidad de hacer más específico el impuesto. Entiendo que aquí hay dos argumentaciones: no nos gustan los impuestos afectados pero, si los afectamos, hagámoslo de manera todavía más directa. Creo que ANEP está en condiciones de saber cómo tiene que redistribuir sus gastos e inversiones, en primer lugar porque a nivel constitucional las instituciones de la educación tienen la autonomía para decidir sobre sus rubros. Por otro lado, tengo mis serias dudas de que desde el punto de vista de las desigualdades y de la limitación de los recursos, las escuelas urbanas de los sectores periféricos no requieran más inversiones que las escuelas rurales. No lo sé, a pesar de que me dedico a los temas de educación. Dejemos que sea la ANEP la que decida sobre los gastos e inversiones, que es la institución que sabe y se dedica full time a esto.

Entonces, creo que el impuesto no es solo oportuno porque desaparecieron las causas que provocaron su desaparición, sino que también lo es porque la finalidad apunta a un objetivo socialmente deseado.

Ahora bien, hay aquí una gran discusión sobre la justicia distributiva. Lo primero que debo decir es que si el impuesto de Primaria lo pagan los inmuebles urbanos, independientemente de la renta de quienes los ocupen –porque el impuesto de Primaria lo pagan los inmuebles urbanos y no estamos discutiendo si están desocupados, ocupados ni si sus dueños tienen un buen empleo o no lo tienen–, me parece que este mismo criterio debe aplicarse a la propiedad rural. Entonces, hay un principio de justicia distributiva en el restablecimiento del impuesto, de la misma manera que hubo un principio de discriminación cuando se exoneró. Cuando manejamos razones para decir «vamos a exonerar de tributos a este o a ese», nadie discute si se trata de un principio de discriminación, y lo es. Entonces, para las exoneraciones nos sirven, pero no para los tributos. El principio es el mismo para exonerar que para gravar. Hacemos discriminaciones cuando las necesitamos y cuando no las necesitamos, no las hacemos. Por supuesto que este impuesto no tiene nada de ciego, sino que discrimina no solamente por el número de hectáreas sino también por el índice Coneat. Entonces: de ciego, nada.

Me parece que los principios de equidad distributiva están atendidos, pero podemos discutirlo.

El artículo 8.º de la Constitución –ya que hablamos tanto de constitucionalidad e inconstitucionalidad– señala que todos deben tener los mismos derechos y garantías frente al Estado, y habla de la capacidad contributiva, que se mencionó largamente acá en el día de hoy y de ayer. Contribuir a los gastos públicos de acuerdo con las posibilidades no solamente es un deber jurídico sino también un imperativo moral. Me refiero al aporte que todos los ciudadanos y las empresas realizan, dependiendo de su capacidad contributiva; ese es un principio tributario. Eso implica y va de suyo que hay un tratamiento desigual, según capacidades económicas diferentes.

Dentro de esta línea, sí hay una filosofía –lo recalco para los que no les gusta la filosofía– que es la de gravar menos al consumo y más a la renta y al capital, pero también gravar a la propiedad es parte de una filosofía tributaria. Sobre esto hay una gran discusión, porque muchos afirmarían que la propiedad no es más que acumulación de renta y, entonces, ¿por qué se grava doblemente? En lo personal, creo que se debe gravar a la renta y a la propiedad y, de hecho, ya lo hacemos.

Vamos a hacer referencia, sobre todo, a las argumentaciones que realizó la Asociación Rural del Uruguay en la sesión de la Comisión de Hacienda en la que se aprobó este proyecto de ley. La primera tiene que ver con la discusión sobre los impuestos de afectación directa, versus los que no lo son. El señor Senador Agazzi señaló que no le gustan los impuestos de afectación directa, que prefiere que todo vaya a Rentas Generales y que confía en la capacidad distributiva del Estado para asignar recursos en función de las necesidades. No creo que haya ningún sistema tributario del mundo que no admita varios tipos de tributo como, por ejemplo, al consumo, a la renta, al capital. Es muy difícil que contemos con un sistema unificado de impuestos y no tengamos alguno de los otros. Creo que toda economía convive con sistemas de impuestos.

Para hacer justicia, quiero decir que la reforma tributaria, en realidad, sustituyó algo así como diecinueve impuestos y los transformó en siete. Uruguay ha hecho un esfuerzo enorme de simplificación tributaria.

En cuanto a la eficacia del impuesto, aquí sí hay cuestiones que me preocupan. La ARU dice que el estancamiento agropecuario de Uruguay en parte se debe al impuesto a la tierra. No me dedico a la economía agraria ni mucho menos, pero creo que dicho estancamiento tiene que ver, desde la división internacional de trabajo, hasta la falta de inversión del sector y circunstancias variadas que ha vivido el país, pasando de una crisis a otra, hasta la salida, no sé si definitiva, pero muy feliz, de la última década.

También se afirma que los impuestos crean la desvalorización del activo tierra. Esto es insostenible. El activo tierra se ha valorizado muchísimo a lo largo de estos diez últimos años, a pesar de que podemos sostener que ha habido un incremento de la presión tributaria.

Otra argumentación que se esgrimió fue la baja rentabilidad de la actividad ganadera. Insisto en que no me dedico a estos temas, pero estuve investigando y Juan Pablo Gutiérrez, en un análisis que hace en El Espectador sobre la rentabilidad de la actividad ganadera, dice que la rentabilidad es la relación entre el ingreso neto y el capital. Pero, lo que pasa es que si el capital es la tierra y aumenta el denominador porque se incrementa el precio de la tierra, baja la rentabilidad, además de algunos otros problemas de inversiones, etcétera. La rentabilidad ganadera no tiene nada que ver con la desvalorización del activo tierra como resultado del león fiscal, de una presión tributaria enorme que tendríamos; nada de eso.

También se expresa que los impuestos alteran la valoración de factores. ¡Menos mal! Si tomamos la distribución funcional del ingreso y observamos la riqueza que este país produce vinculada con el trabajo y la que produce vinculada al capital, advertimos que hemos tenido una concentración capitalista grande que se ha ido desconcentrando un poco y eso también es lo que explica la reducción de la desigualdad en el Uruguay durante la última década. Pero, ¡claro que tenemos que gravar al capital! ¿Qué duda cabe que debemos hacerlo?

Por otro lado –y sobre cualquier impuesto o presión tributaria sobre la tierra–, la desigualdad en la tenencia de la tierra fue la gran causa de la desigualdad en América Latina durante un siglo y medio. Los estudios realizados sobre este tema indican que recién a partir de los años cincuenta la desigualdad en América Latina no se explica por la desigual apropiación de la tierra, sino por la desigualdad en el capital humano que, básicamente, es el nivel educativo. ¡Vaya que hay que gravar a ese valor generador de desigualdad en el continente más desigual del mundo, que posiblemente debe tener, con relación a la distribución de la tierra, un índice de Gini también de los más altos del mundo!

Por último, si nosotros advirtiéramos síntomas de estancamiento –como alguien lo señaló aquí– como resultado de la crisis del norte, del estancamiento argentino, brasileño, venezolano, ruso y todos esos datos que están por allí y estamos previendo una desaceleración de la economía, sería un buen momento para mejorar nuestra estructura tributaria. Justamente, razonaría al revés.

Nada más que para dar una nota de color e ir terminando mi exposición, voy a citar una propaganda que aparece en www.infopunta.com para atraer a compradores de tierra al Uruguay, sobre todo argentinos, porque lo que dice de Argentina es terrible, comparándolo con nuestro país. Allí se detallan las razones para comprar tierras en Uruguay. «Por el apoyo crediticio estatal a intereses ventajosos y plazos muy amplios» –estas son facilidades que el Estado da a los productores agropecuarios– «para infraestructuras, mejoramiento de campos, compra de maquinarias y ganados reproductores».

¡Venga a comprar a Uruguay! Dice: «Por otra parte, la presión tributaria ha venido evolucionando favorablemente, habiéndose observado en las últimas legislaturas una tendencia a la desgravación del factor tierra» –no me gusta mucho que se diga esto, espero que esta información sea también para atraer clientes– «y una imposición a la renta real con una marcada permisividad en cuanto a la deducción de inversiones, lo cual convierte a Uruguay en uno de los países más atractivos para la inversión extranjera». A continuación, habla sobre la presión tributaria en Uruguay, comparada con Argentina y Brasil, que es considerablemente más baja. Por supuesto que se acusa a los argentinos de tener una presión tributaria terrible. No creo que www.infopunta.com esté ofreciendo esta información sobre una base científica indiscutible. Me parece que los números que mencioné anteriormente y los que aquí se han manejado son los que debemos tener en cuenta para decir si hay, o no, una presión tributaria enorme sobre el sector. Creo que no la hay, que es mediana y que, en todo caso, el impuesto a Primaria no le va a alterar la ecuación económica a ninguno porque es un impuesto muy pequeño. En parte de la discusión pareció entreverse que la rentabilidad de un predio va a caer porque el hecho de que se tenga que pagar el impuesto de Primaria. Creo que eso no debe estar en la cabeza de nadie.

En lo personal, me parece que el impuesto es oportuno, justo, el sector lo absorberá sin problemas y sus fines son indiscutibles.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora Presidenta: amparado en el artículo 97 del Reglamento del Senado, quisiera pedir autorización al Cuerpo para hacer uso de la palabra –no sé si es de estilo– porque me comprenden las generales de la ley.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor Senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Agradezco al Senado la autorización para hacer uso de la palabra. La pedí, no por ser propietario de tierras sino por estar vinculado al sector en general. También agradezco la posibilidad que hoy tengo de reivindicar a un sector que, aparentemente…

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Disculpe, señor Senador. Solicito a los señores Senadores que ayuden a la Mesa a amparar en el uso de la palabra al Senador que en este momento está realizando su exposición.

SEÑOR DA SILVA.- Agradezco la casualidad de estar en el Senado por algunas horas, para reivindicar el motor de la economía nacional que explica el crecimiento económico del Uruguay en los últimos diez años y la generación de riqueza genuina, es decir, al sector que ha generado la mayor inversión que se recuerde en la historia del Uruguay independiente y que, coincidentemente, me tiene acá después de escuchar algunas opiniones que, a las claras, marcan un desconocimiento total sobre lo que es la realidad del campo uruguayo al 3 de junio de 2015.

Coincido en cuanto a que, quizás, el debate es extenso porque U$S 14 millones, U$S 15 millones o U$S 17 millones no justificarían que fuera tan largo, pero coincido también en que es un debate político. Hoy se plantea aplicar el impuesto de Enseñanza Primaria –que se sacó en algún momento por determinadas circunstancias–, quizás en el peor momento que padece el agro nacional después de diez años de crecimiento. El agro nacional padece la falta de lluvias desde el mes de enero. Es claro y notorio que hay declaraciones de emergencia en varios departamentos. El sector agrícola nacional –que quizás explica la mayor revolución agropecuaria desde la época en que Hernandarias introdujo el ganado vacuno– viene de dos zafras muy malas: una es la zafra de cultivos de invierno del año pasado, en que les fue muy mal a todos los que plantaron trigo y cebada, como saben todos los que tienen algo de conciencia, criterio y conocimiento del sector; la otra es que está terminando la cosecha de cultivos de verano con una seca rotunda y una caída de precios, sobre todo en los valores de la soja que se ha transformado en el principal producto de exportación del Uruguay, de alrededor de 40 %.

¿Cuáles son las perspectivas para el sector agropecuario y para el sector agrícola en particular? Es bueno que se sepa que actualmente los mercados de futuro nos muestran qué puede llegar a suceder con los precios de las materias primas. Nada indica que en los próximos dos años el valor de la soja –que es la referencia de grano para el motor de la economía nacional– vaya a cambiar sustancialmente. ¿Por qué? Porque los stocks mundiales han aumentado de tal forma, que todo indica –salvo que ocurra una catástrofe climática en el norte o en los lugares en que se planta soja– que los precios estarán en el eje de los US$ 300 o US$ 320 por tonelada. Eso implica que el productor agropecuario, sin importar si es extranjero o nacional, chico o grande, arrendatario o propietario, para plantar una hectárea de soja debe poner al menos 1.700 kilos en el campo. A partir de ahí, deberá pagar la renta del caso que, de acuerdo con el campo y al índice de productividad, oscila entre 600 y 1.000 kilos de soja. Si hacemos una suma esencial, lógica y natural, nadie en este país puede llegar a pensar que sea negocio o un arcoíris de rentabilidad plantar soja con un punto de equilibrio a lo sumo de 2500 kilos, cuando todos sabemos cuáles son los promedios de rendimiento nacional.

El mismo sector agropecuario que ha sido socio de este Gobierno en el crecimiento económico –digo «socio» porque justifico todas las bondades de la economía nacional que se dieron en los últimos años gracias a la diferencia de viento que hubo en el sector agropecuario–, fue vilipendiado en toda la campaña nacional, poniéndosele estigmas que decían: «Hay algunos que no quieren pagar». Justamente, eran los socios que permitieron el crecimiento económico, tirar manteca al techo y hacer despilfarro fiscal.

Dentro del producto bruto interno, el sector agropecuario ha crecido de US$ 1.562 millones, en el inicio de la administración frenteamplista, a US$ 4.354 millones. Imagínese el derrame que eso ha generado a lo largo y ancho de los pueblos, localidades y ciudades del interior. Lo hemos observado durante todos estos años y podemos dar cuenta de que ha habido casi pleno empleo, aumento salarial y de inversión, como nunca antes se vio en este país. Creo que ese sector, el estigmatizado, al que en la campaña electoral se le dijo, un día sí y otro también, que se iba a levantar una bandera para que pagara lo que no tiene que pagar, merece otro tipo de tratamiento.

Con referencia a este proyecto de ley, acá se discutió si era cierto o no que en Ombúes de Lavalle un tambero con 120 o 130 hectáreas –un productor familiar o como se le quiera llamar– paga el impuesto de Enseñanza Primaria. Yo lo reafirmo: va a pagarlo. Un tambero con 120 o 130 hectáreas con un índice Coneat alto –de 250, como lo es el de esa zona–, llega y paga. Lo mismo sucede en San José y en Soriano. Quien no pagará será probablemente un arrocero con 900 hectáreas en Cebollatí –con una represa– que, con el mismo índice Coneat que es sumamente bajo, estará exonerado. Pero hablar de estos temas sería entrar en una discusión que va mucho más a fondo y que tiene que ver con la vigencia o no del índice de productividad, teniendo en cuenta que hoy el Uruguay tiene una diversificación productiva que hace que la tierra en sí misma tenga una productividad distinta a la que tenía cuando fue pensado el índice Coneat, es decir, básicamente para una productividad de carne y lana en los años sesenta.

Nosotros rechazamos profundamente los impuestos a los factores productivos y a los activos fijos. Lo diremos una y mil veces. Y si ese factor productivo o ese activo fijo es al aire libre, lo rechazaremos muchas veces más, porque el productor, empresario o cooperativista agropecuario no maneja la variable –para los que creemos, solo la maneja el de arriba– de las lluvias, las heladas o los granizos. Eso determina claramente la diferencia de tratamiento entre quien tiene una farmacia o quien vive de un activo fijo como la tierra, con emprendimientos al aire libre.

Por eso, lamentablemente, en los próximos meses veremos los efectos de la nueva era de tributación del sector agropecuario que se dio básicamente en los últimos dos años, reinstaurándose el impuesto al patrimonio y ahora este impuesto de Enseñanza Primaria, que coincido en que es tangencial. Cuando cierren los ejercicios agropecuarios a fines de junio y veamos nuevamente números en rojo como producto de la caída de precios y de la sequía, en este Senado todos nos daremos cuenta por qué es un error gravar un factor productivo con un impuesto fijo. Esto es algo claro y a esta altura ya no tiene discusión a nivel de política tributaria internacional.

Reitero que el sector agropecuario como tal ha explicado el crecimiento económico del Uruguay y ha dado la comodidad a los dirigentes y gobernantes de turno de poder referirse a términos nunca usados en el país, como el de «espacio fiscal». En cada una de las rendiciones de cuentas se dijo que era tanto lo que el sector agropecuario producía, generaba y derramaba hacia el resto, que hoy podemos estar pensando en un espacio fiscal y en resultados de los espacios fiscales reiterados.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR DA SILVA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: nadie desconoce el esfuerzo del agro, pero hay que decir que el esfuerzo es de todos los uruguayos. El hecho de que el Gobierno dé normas claras, seguridad y certeza jurídica es un elemento sustancial. En otros países de América Latina, donde esto no existe, el agro no se comporta de esta manera. Entonces, no se trata solo del agro, sino que es un trabajo, no del Gobierno, sino de todos. Creo que no se puede decir que solo el agro genera eso.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede continuar el señor Senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Coincido con el Senador preopinante en cuanto a que no es solo el agro, pero al único sector que estigmatiza el Gobierno del Frente Amplio, un día sí y otro también, es al sector agropecuario de este país. Lo han dicho en reiteradas ocasiones en las campañas electorales y me he cansado de escuchar discursos de barricada sobre la justicia o no de lo que pagan o no estancieros y latifundistas, entre otros motes que se han utilizado para referirlos. Entonces, las cosas deben estar bien claras: el sector agropecuario no es el único que ha permitido el crecimiento económico del Uruguay, pero es el más estigmatizado y quizás por eso intento reivindicarlo.

Para terminar, señora Presidenta, quiero decir que vamos a compartir la decisión de la bancada del Partido Nacional, para ver cuál es la voluntad final en cuanto a votar o no este proyecto de ley, pero teniendo claro que la época de las vacas gordas en la que todo era color de rosa para el sector agropecuario ya terminó. Los ciclos económicos tienen su tiempo y por esa razón considero que este es el momento menos oportuno para incrementar carga tributaria al campo nacional.

Muchas gracias.

13) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mociono para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión». (Firma el señor Senador Agazzi).

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) IMPUESTO ANUAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Continúa la discusión del asunto en consideración.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señora Presidenta: a lo largo de estos dos días hemos escuchado con muchísima atención los diferentes argumentos que se han expresado acerca de este proyecto de ley, vinculados a su «constitucionalidad» –entre comillas– a sus desprolijidades, al destino de lo recaudado, a su oportunidad, al relato que hemos escuchado de la situación del campo en nuestro país, desde las escuelas rurales a las condiciones de la que gente que vive allí. Por tanto, hemos escuchado una serie de razonamientos vinculados a estos temas, pero sustantivamente –y por eso vamos a hacer uso de la palabra en esta sesión– también se ha expresado que es una discusión ideológica, política y –yo agrego– de carácter histórica, sentido al que vamos a referirnos.

Creo que los distintos compañeros de nuestra bancada han expresado con claridad las razones por las cuales estamos votando este proyecto de ley y por ello no vamos a abundar en lo mismo, pero sí quiero hablar de las razones ideológicas, yo diría hasta de clase, que pesan cuando estamos discutiendo estos temas.

La señora Senadora Moreira ya lo mencionó, pero voy a referirme textualmente a las expresiones del Presidente de la Asociación Rural del Uruguay y del Presidente de la Federación Rural del Uruguay con argumentos que también hemos escuchado aquí.

El Presidente de la Asociación Rural del Uruguay «recordó, además, que el sector agropecuario pasó de pagar US$ 117 millones de impuestos en 2004 a US$ 328 millones en 2014 y agregó que “quiere decir que los impuestos prácticamente se triplicaron en los últimos diez años. El grueso del aumento de estos impuestos fue entre 2009 y 2014, pero el incremento más significativo se dio en los últimos dos años, precisamente por la reimplantación del impuesto al patrimonio”». He ahí las claves de los temas ideológicos que están en cuestión en esta sesión.

Acá mismo, recién, se dieron cifras de lo que fue el crecimiento, el valor de la tierra y del patrimonio de nuestro campo, afortunadamente, porque eso sin duda es para bien del país entero.

Por otra parte, el Presidente de la Asociación Rural del Uruguay «enfatizó que la reimplantación del impuesto de Primaria “es un gran retroceso en materia de política tributaria y que esto, hacia el futuro, sin duda va a afectar la producción, la productividad y, ni que hablar, la inversión y la competitividad”». Como han dicho la señora Senadora y el señor miembro informante, estamos hablando de un impuesto que va a generar algo más de US$ 10 millones. Según el Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, reitero, esto va a afectar la producción, la productividad y ni que hablar la inversión y la competitividad.

Por otra parte, el Presidente de la Federación Rural pidió «que lo que se recaude en el sector agropecuario (por el impuesto de Primaria) sea destinado a la educación rural», al tiempo que transmitió «la preocupación de quienes vivimos en el campo en el sentido de que, con lo que se haga, no se favorezca el despoblamiento de la campaña».

A nuestro entender, en estas dos expresiones de los Presidentes de la Asociación Rural del Uruguay y de la Federación Rural del Uruguay, como también en los argumentos que hemos escuchado en sala, está la clave de lo que es el concepto ideológico y político de esta discusión. En ese sentido, ahora me voy a referir a dos ejemplos: uno de carácter histórico y otro de reciente acontecimiento.

Cuando se discutió el impuesto a la tierra, el ICIR –que quiso llevar adelante el Presidente de la República de aquel momento, hoy Senador Mujica–, y luego el impuesto al patrimonio, no existían las mismas razones de oportunidad. Por ejemplo, no había sequía y todavía estábamos en pleno crecimiento. Incluso, había un destino claro que, por cierto, compartimos –y aquí se ha mencionado– en el Congreso de Intendentes, en donde había jefes comunales de todas las filiaciones políticas. Y dijimos que este impuesto que viene destinado a mejorar la infraestructura del país, es un gran avance para el Uruguay. También ahí, dicho sea de paso, se ha planteado el tema del destino a tal departamento. Ahí todos los intendentes entendimos que podía considerarse una cesión de la autonomía, pero creíamos que era en pro de un planteo de carácter nacional y, por ende, se destinaba a la infraestructura de carácter nacional. Luego, a nivel de la relación Poder Ejecutivo-Congreso de Intendentes y por consenso se decidirían los destinos. Pero en ese momento, el destino del impuesto a la tierra y del impuesto al patrimonio estaba claro. Sin embargo, aquí mismo, en el Parlamento, se escucharon diferentes razones para decir: «No estamos de acuerdo con el impuesto al patrimonio ni primeramente con el impuesto a la tierra». Entonces, esto claramente nos retrotrae a que aquí hay una concepción ideológica y política de fondo, que va mucho más allá de este impuesto de Primaria, independientemente de que hayamos escuchado –con mucho gusto– decir a varios Senadores que lo apoyan.

Sin duda, este tema viene de lejos; también se planteó en la campaña electoral. Así como nosotros decimos que estamos cumpliendo con nuestro candidato a Presidente, que en su momento dijo que se iba a reinstalar el impuesto de Primaria a la gente del campo, también en la campaña electoral se dijo que se iba a sacar el impuesto al patrimonio. Ahí también está la clave de lo ideológico.

Para no extenderme más, dado que el Cuerpo ha discutido largamente este tema, quiero recordar por qué decimos que esto tiene un contenido histórico indudable. Me voy a remitir a José Batlle y Ordóñez en 1905: la primera reforma fiscal que plantea al país es gravar la tierra. Si leyéramos los textos de Batlle, por cierto veríamos que son mucho más radicales que los que estamos considerando hoy. Se trataba de una concepción filosófica influida por las ideas liberales que se tenían en aquel tiempo acerca de la propiedad de la tierra, pero era una idea avanzada que permitía empezar a poner, como lo decía Batlle, el impuesto a la tierra en función del bien social, más allá de que él discutía las razones del origen de su propiedad y tenía una concepción finalista muy superior a lo que era el impuesto, sobre todo cuando se refería a las grandes extensiones. Batlle perdió. Tengo aquí la obra de Barrán titulada Batlle, los estancieros y el Imperio británico; el último tomo refiere a la derrota del batllismo en 1916. Vale la pena –y no estoy fuera de tema– ver algunos de los textos de aquella época, por ejemplo, cuando habla del «alto» de Viera a las reformas impulsadas. El Presidente de la Asociación Rural de aquella época –que luego fue Ministro de Viera– hablaba de la importancia de volver a sacar aquellos impuestos que Batlle quería impulsar en la celebración que se hizo frente a la plaza –una formidable demostración de aquella época, según los medios de prensa–, donde en primera fila estaban: el Presidente de la Federación Rural, el ex-Presidente de la Asociación Rural y los grandes ganaderos, o cuando estos se reunieron con Viera para demostrarles la felicidad que significaba para ellos la eliminación de los impuestos a la ganadería. Cuando Batlle en 1905 planteó estos temas le dijeron que de ninguna manera era oportuno, que la campaña estaba desolada ya que –naturalmente– venía de una guerra civil. Por tanto, no era el momento para ponerle el impuesto a la tierra.

Esto lo señalo porque nos parece que es necesario encuadrar esta discusión en contextos políticos, ideológicos e históricos.

Finalmente, hemos escuchado algunos temas que realmente nos parece que merecen el análisis con la rigurosidad que corresponde.

Tengo aquí un informe de Enseñanza Primaria que dice que en noviembre del año pasado, con la presencia del experto del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, señor Ignacio Hernaiz, se certificó que el cien por ciento de las escuelas rurales del Uruguay tienen electricidad. Esto no lo digo con orgullo, y aquí tomo las palabras del Presidente Mujica en Montes, el año pasado, cuando también por primera vez Canelones tuvo el cien por ciento de electrificación. Montes es una localidad que está a solo ochenta kilómetros de Montevideo, pero recién en 2014 llegamos a la electrificación total del departamento. En aquél momento el Presidente pidió disculpas y hoy, aquí, nosotros sentimos lo mismo, no por un partido o por todos los partidos, sino por el país entero. Parece mentira que recién en 2014 una población pueda acceder a la energía eléctrica y quede electrificado el cien por ciento de un departamento.

Como decía antes, en noviembre pasado, con la presencia de representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de las autoridades de Enseñanza Primaria, el señor Ignacio Hernaiz certificó que todas las escuelas del país tienen energía eléctrica. Reitero que vuelvo a pedir disculpas por esto.

Tengo las cifras de lo que brinda Primaria a todas las escuelas rurales. En la actualidad tenemos 1.101 escuelas rurales, y tengo aquí las cifras que muestran que se atiende a 24.000 niños. Podemos ver las partidas destinadas a alimentación, limpieza y equipamiento. Sin duda, son insuficientes y nadie puede dejar de reconocer que falta mucho por hacer, pero también se están haciendo muchas cosas. A su vez, hay un concepto descentralizador muy importante: este tema no lo resuelve la ANEP en Montevideo, sino que las partidas que provienen del impuesto de Primaria y de otros recursos que tiene Enseñanza Primaria para las escuelas rurales, son resueltas en articulación con los directores de cada departamento y con los inspectores regionales y departamentales. Por lo tanto, se está atendiendo la situación, y como bien sabemos quienes hemos sido intendentes, es importante acelerar los tiempos de ejecución, aspecto que preocupa a todos los organismos del Estado y no solamente a la ANEP. Quienes hemos tenido responsabilidades en la gestión pública sabemos que la mayor angustia son los tiempos de gestión para poder ejecutar con mayor celeridad. Hace más de dos años, casi tres, el Congreso de Intendentes celebró un acuerdo con la OPP, la CND y las autoridades de Primaria para ejecutar este tipo de obras en forma rápida y eficaz, ya que se entendió que los tiempos apremian.

Quiero culminar diciendo que me alegra que se plantee este tema, aunque me llama la atención la preocupación y la afirmación que se ha hecho. Se ha hablado de la preocupación por la población más empobrecida del interior profundo del país. Creo que es necesario analizar la profunda metamorfosis que se ha producido en el campo uruguayo y en ese sentido quiero mencionar un trabajo que habla de la transformación que se ha dado en los últimos años en temas fundamentales como la industrialización, por la presencia de empresas que invierten a gran escala y con reglas claras –es la primera vez que esto sucede– en cuanto a reglamentación sindical. No solamente hablo del respeto a las ocho horas de trabajo, sino también de la presencia de trabajadores organizados y de que quienes se encuentran en el interior profundo –por quienes nos preocupamos– hoy puedan tener el derecho a estar inscriptos en el Banco de Previsión Social. Esta profunda transformación del campo en nuestro país necesita, naturalmente, nuevas respuestas en educación, regionalización y acceso a los servicios fundamentales. Allí se ha puesto en marcha un motor de suma importancia, que tiene larga historia, como es la presencia del trabajador rural organizado, que reclama sus derechos y que quiere salir de la pobreza, de la que ya se ha hablado. Esto ya está sucediendo y en la gráfica se puede ver el incremento salarial, en términos reales, de los trabajadores rurales del interior profundo.

Entonces, si se pregunta cuál es el destino de estos recursos, sin duda decimos que es la educación. Pero voy a dar algunas cifras, porque también se nos ha cuestionado la forma en que usamos el dinero en esta materia. En la actualidad, en el interior del país hay 20.000 estudiantes, y la matrícula de la UTU y sus centros educativos se ha duplicado. El 55 % del incremento de la matrícula de estudiantes universitarios proviene de hogares de trabajadores del interior del país, quienes hoy están cursando allí sus estudios.

Por todas estas razones, vamos a acompañar este proyecto de ley. Además, sentimos que este es un debate que orienta sobre cómo nos paramos frente a una situación mucho más de fondo, que tiene que ver con el consenso social en torno a los recursos que el Uruguay tiene, genera y dispone. Esa discusión viene, nada más ni nada menos que de principios del siglo XX, con José Batlle y Ordóñez.

15) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Bordaberry presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas que regulan la promoción de la mitigación de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

b001.jpg

b002.jpg

b003.jpg

b004.jpg

b005.jpg

b006.jpg

16) IMPUESTO ANUAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Continúa la discusión del tema en consideración.

SEÑOR SENDIC.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Tiene la palabra el señor Presidente del Senado.

SEÑOR SENDIC.- Señora Presidenta: le he pedido que me sustituya un momento en la Presidencia del Senado…

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción para plantear una cuestión de orden, señor Presidente?

SEÑOR SENDIC.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede interrumpir el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora Presidenta: considero que el proyecto de ley debe ser enviado a la Comisión de Medio Ambiente.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- En todo caso, usted tendrá que pedir la rectificación del trámite y así se hará.

SEÑOR BORDABERRY.- Eso es lo que estoy pidiendo.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- No ahora; oportunamente.

Puede continuar en el uso de la palabra el señor Presidente del Senado.

SEÑOR SENDIC.- Señora Presidenta: queremos hacer algunas reflexiones sobre este tema, que sin duda fue un compromiso de la campaña electoral.

Más allá de lo que significa desde el punto de vista de la recaudación un impuesto de estas características, creo que importa fundamentalmente la señal que damos a la sociedad en cuanto al compromiso con la educación pública. Está claro que el futuro del país requiere un enorme compromiso de todos los sectores de la sociedad con la educación: de los sectores productivos y políticos, de las gremiales, de los docentes y también de las familias. Ese compromiso se debe expresar de múltiples formas y una de ellas es que todos hagamos una contribución para la educación pública, como ya lo hacen quienes viven en las áreas urbanas y suburbanas del país.

El monto del impuesto, en sí, no es relevante desde el punto de vista individual, pero sí permite una recaudación importante. De hecho, de acuerdo con el informe que vino del Poder Ejecutivo, esta transferencia podría duplicarse, porque en el año 1994 alcanzaba los $ 192 millones y se estima que hoy, con el impuesto que se está analizando, alcanzaría los $ 440 millones.

Está claro que este impuesto no va a salvar a la escuela rural porque, en realidad, ya está contemplada en el plan global del Gobierno para la educación, pero significa, sí, una contribución y un compromiso del sector agropecuario con la educación.

Voy a decir por qué me parece relevante como valor de contribución, fundamentalmente social. Está claro que las transformaciones productivas que el país ha ido gestando en los últimos tiempos requieren de gente más calificada en el campo, como también está claro que, quizás en algún momento, cuánto más ignorante era el peón, cuánto menos conocimiento tenía el trabajador rural, más conveniente resultaba para algunos. Es evidente que hoy, con las nuevas condiciones, con el desarrollo del conjunto de la sociedad, con la nueva concepción de los derechos, con la necesaria igualdad y equidad que hemos ido construyendo entre todos los uruguayos, resulta importante que aquel que vive en el medio del campo y desarrolla su actividad allí, alejado de las ciudades, tenga las mismas oportunidades que aquel que vive en las zonas urbanas o suburbanas. Por eso, la escuela rural está contemplada en los planes de la educación. Y no es este impuesto lo que va a salvarla, sino el hecho de que esté contemplada en los planes presupuestales que el Gobierno tiene para el conjunto de la educación.

En el país hay 1.106 o 1.102 escuelas rurales, y el año pasado la ANEP transfirió, solamente para la alimentación de esos niños, $ 120 millones, y gastó casi $ 50 millones en arreglos de infraestructura en esas escuelas. Además de ello, se mejoraron los salarios docentes y se solventaron los costos de transporte y otros elementos, todo lo cual constituye la inversión que el país hace en las escuelas rurales para llevar la formación de Primaria a esos lugares tan alejados. Esto tiene que ver con la formación de las capacidades que necesitamos. Creo que cualquier productor rural serio que lleve adelante un emprendimiento productivo en el sector agropecuario debería estar satisfecho de poder contribuir con esto, de poder hacer un aporte a la educación pública, porque seguramente necesite de la formación de capacidades. Hoy es importante que los hijos de los trabajadores rurales y los propios trabajadores sepan manejar una computadora, un joystick –así lo requieren las nuevas máquinas cosechadoras y agrícolas– o que tengan conocimientos básicos de genética, de biología y de matemáticas. Necesitamos gente formada y tenemos que hacer una gran apuesta, para lo cual se precisa del compromiso del conjunto de la sociedad. Entonces, deberíamos encarar este tema desde ese punto de vista, con la altura suficiente como para poder pensar en el futuro, porque estamos haciendo una gran apuesta a la educación y a la formación. Repito: es un compromiso del conjunto de la sociedad.

Creo que pagar US$ 1 por hectárea para algo tan trascendente y estratégico como es la educación, no es tan relevante para muchos de los sectores agrícolas, que han visto cómo en los últimos diez años, gracias al desarrollo del país, a la inserción que Uruguay alcanzó, a la seriedad de las políticas públicas, a la inserción internacional, a la capacidad que hemos alcanzado colocando productos en el exterior, a la seriedad y a la paz que nuestro país tiene y a sus condiciones para la inversión, el valor de la tierra se multiplicó 680 %. Cuando discutimos por US$ 1,30 por hectárea me parece que no estamos mirando hacia adelante con la suficiente altura y siendo capaces de responder a las nuevas necesidades que el país va a tener en el futuro. Necesitamos más recursos para la escuela rural y más formación en el campo, sumados al respaldo que ha dado el Gobierno a las escuelas rurales, porque hoy todas tienen los recursos correspondientes, están electrificadas, y todos los niños, en cualquier lugar del país, están comprendidos dentro del Plan Ceibal y tienen clases a distancia de inglés y matemáticas. Además de eso, hay más de 10.000 estudiantes desarrollando carreras universitarias en el interior del país y miles de nuevos estudiantes en las escuelas técnicas a lo largo y ancho del país.

El otro día estuvimos en Cerro Largo con el Consejo de Ministros. ¿Saben cuántos estudiantes más de Enseñanza Secundaria hay en ese departamento con relación al año pasado? Hay dos mil estudiantes más y, por supuesto, se necesitan recursos para la educación para responder a esas nuevas necesidades. ¡Por suerte tenemos esos problemas!: 2.000 estudiantes más en Enseñanza Secundaria en un departamento.

Entonces, no podemos mirar esto como un tema entre la oposición y el Gobierno para ver quién tiene razón; mirémoslo estratégicamente y hagamos una apuesta fuerte a los temas que tienen ver con la educación, la formación y la generación de capacidades. En ese sentido, necesitamos del apoyo de todos los sectores que han tenido ganancias superlativas en los últimos años y que son aliados del país –no los consideramos enemigos–, porque son parte del crecimiento y del desarrollo que hemos tenido. Tanto los sectores agroexportadores como la agricultura familiar o los pequeños productores son parte del país y tenemos que pedirle a cada uno que contribuya con esta estrategia –que tenemos que diseñar entre todos–, en la cual la educación y la formación de capacidades juegan un papel muy importante. Por eso, repito, a todos aquellos sectores que han tenido esa gran capacidad de crecimiento y desarrollo gracias al clima de inversión y negocio que construimos entre todos, tenemos que pedirle su contribución dentro de la estrategia que hemos planteado.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, señor Presidente?

SEÑOR SENDIC.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señora Presidenta: escuchando la intervención del señor Presidente del Senado –me parece muy bien que lo haga dejando el asiento de la Presidencia y que intervenga en la discusión– uno se queda con la sensación de que quienes van a votar este impuesto están aumentando los recursos para la educación, y no es así. En realidad, están liberando fondos que actualmente el Gobierno vierte desde Rentas Generales y compensando lo que votamos hace un par de semanas, que son las deducciones del IRPF. Por eso vinieron juntos, en un único proyecto de ley. De parte del Gobierno había una intención de equilibrar financieramente la situación: bajamos el IRPF e incorporamos el aporte de los inmuebles rurales al impuesto de Primaria.

Acá la cuestión no está entre quienes quieren votar un aumento en el gasto en educación y quienes no lo quieren hacer. A tal punto es así que el inciso segundo del artículo 4.º del proyecto de ley prevé la hipótesis contraria, pues dice: «En caso que la recaudación del Impuesto Anual de Enseñanza Primaria correspondiente a los inmuebles rurales no supere en cada ejercicio el importe establecido por la norma referida en el inciso anterior, la diferencia será compensada a la Administración Nacional de Educación Pública con cargo a Rentas Generales». ¿Qué se está diciendo? Que si esto no alcanza a cubrir lo que actualmente el Estado le transfiere a la ANEP, garantiza que se le seguirá transfiriendo por la diferencia, pero acá no hay aumento de gasto en educación ni una apuesta que implique una mejora presupuestal; en todo caso ello se discutirá en el Presupuesto.

Digo esto, simplemente, para que no nos equivoquemos sobre lo que estamos votando. Estamos votando una sustitución de la fuente de la cual surgirá el aporte al impuesto de Primaria. Actualmente lo paga el Gobierno central, ahora se incorpora este impuesto para sustituirlo, lo cual le deja liberado al Gobierno los fondos correspondientes, o sea, los US$ 17 millones o los equis millones que se calcula que se van a recaudar. No sabemos al final cuánto se recaudará.

Es cuanto quería decir.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede continuar el señor Presidente del Senado.

SEÑOR SENDIC.- Por lo menos en dos oportunidades a lo largo de la intervención que realicé dije que, efectivamente, a la escuela rural no la van a salvar estos recursos, sino los que están destinados desde el Presupuesto a la educación, tal como se viene haciendo, porque en realidad es eso lo que hemos decidido desde el Gobierno nacional y no lo vamos a empezar a hacer ahora. A lo largo de estos últimos años las escuelas rurales han tenido respaldo, apoyo y recursos gracias a que han estado contempladas e incorporadas, obviamente, dentro del presupuesto de la educación desde antes de que nosotros estuviéramos considerando la instalación de este impuesto, como lo hacemos en este momento.

Creo que este es un tema relacionado –en el fondo, esto es lo que quiero expresar– con el compromiso, así como con el valor que el conjunto de nuestra sociedad le tiene que dar a la educación. Todos nosotros nos sentimos satisfechos de poder hacer un aporte, a través del impuesto de Primaria, para la educación; no importa si nuestros hijos van a la educación pública o a la privada y tampoco si nos va bien o mal, todos los uruguayos lo hacemos. En el país, el sector agropecuario hace una enorme contribución al PBI, pero también lo hace el sector industrial o el de los servicios. Estamos hablando de que porcentajes importantísimos del PBI del país están relacionados con la industria y con los servicios y cada uno de los patrones y empleados de esos sectores en el Uruguay hace un aporte a la educación primaria a través del Impuesto Anual de Enseñanza Primaria que se paga en las zonas urbanas y suburbanas del país.

Creo que el valor, el honor, la satisfacción y el orgullo que sentimos todos los que vivimos en zonas urbanas y suburbanas de hacer ese aporte, también lo puede sentir cualquiera que hoy vive en alguna zona rural del Uruguay. Me parece que esto expresa el compromiso del conjunto de la sociedad con la educación pública, a la que tenemos que dar una enorme potenciación en los próximos años como una de las grandes palancas para el desarrollo nacional.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Hemos visto que en más de una ocasión se ha dicho, con críticas a los Gobiernos anteriores de nuestro partido, señora Presidenta, que hoy las cosas cambiaron, que hoy se hace esto. El señor Senador Mieres –sé que no se pueden hacer alusiones– ha dicho recién una verdad enorme: que, en realidad, no se están aumentando los ingresos para la educación, sino que los mismos recursos que se tienen hoy son los que se van a tener mañana, sencillamente porque lo que se está haciendo es quitando la transferencia del Imeba y del IRA y poniendo un impuesto a cargo de otro. Es decir que se está beneficiando a Rentas Generales y no a la educación. Esto es lo primero.

Lo segundo es que, decir que ahora hay una revolución en el campo, que ahora se atiende por primera vez la electricidad –por la UTE– o la situación de los trabajadores y estudiantes, es una falacia de las más grandes que he escuchado en mucho tiempo. Estoy tratando de recabar la información…

SEÑOR SENDIC.- ¡Protesto, porque no aludimos a nadie!

SEÑOR BORDABERRY.- Señora Presidenta: ¿me ampara en el uso de la palabra? El señor Sendic, si está en una banca, tiene los mismos derechos que yo; somos iguales.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Pido a los señores Senadores que me permitan seguir dirigiendo.

Está en uso de la palabra el señor Senador Bordaberry y quiero recordar que no hay «alusión de alusión», así que veremos cómo zanjamos esta situación. En principio, le voy a dar la palabra, aunque todavía no entendí cuál fue la alusión a la que el señor Senador se refirió y por la cual pidió la intervención.

SEÑOR BORDABERRY.- Aludí al señor Senador Mieres y me corregí.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Si se me permite, vuelvo a dar la palabra al señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Como dije, mencioné nada más que al señor Senador Mieres y me corregí; no aludí a nadie más. Sí traje a colación menciones que se hicieron antes, cuando se dijo que hoy hay una suerte de cosa refundacional que antes no había en el país. Como antes gobernó mi partido, quiero defenderlo en esa alusión que se le hace.

El avance de la electrificación rural no es de ahora. En el año 2005 y después del esfuerzo de muchos Gobiernos de varios partidos, se llegó al 96 % o 97 %, y en algunos departamentos, incluso más.

En cuanto a los derechos del trabajador, si uno se remite a la Ley n.º 10809, del año 1943, verá que su artículo 1.º dice: «Todo trabajador rural tiene derecho a una retribución mínima de su trabajo». A su vez, se limita la edad con la que pueden trabajar, siendo a partir de los 16 años, y se establece la obligación de ir al Consejo del Niño. Reitero que esto es de 1943. También se establece que la paga tiene que ser en dinero, nunca en especie y, además de eso, que hay que suministrar al personal que trabaje en el establecimiento, como también a su familia –esposa, hijos y padres–, cuando vivan en el establecimiento, «vivienda higiénica y alimentación suficiente». Las construcciones, obviamente, son a cargo del propietario.

Asimismo, se establece la obligación de que todo establecimiento rural debe tener determinado número de «empleados padres de familia o con familia a su cargo» y atender la situación de la educación de esos niños porque, en la exposición de motivos de ese proyecto de ley, se dice que hay muchos chicos que crecen lejos de su padre, en los pueblos. Decir que ahora se está solucionando todo este problema me parece que es no considerar el enorme esfuerzo que hizo el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, con don Alberto Gallinal y tantos más. Me parece que un país no se crea en un instante, sino por aluvión y por trabajo.

Entonces, creo que esa cosa refundacional del país que se expresa no es buena y quiero rescatar –en esto sí– los aportes que hizo nuestro partido, durante muchos años, a la mejora de la situación del trabajador en el campo.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PINTADO.- Quiero hacer un par de consideraciones reglamentarias, porque si cada vez que debatimos ideas y hacemos referencias a la historia nos sentimos aludidos, entramos en un círculo vicioso y complejo en el que el debate termina lateralizándose y acabamos discutiendo cosas distintas de lo que tiene que ver con el tema en cuestión. Lo peor de todo es que se termina lesionando a quienes reglamentaria y pacientemente se anotan, esperando su debido momento para hablar. Me parece que en algún momento –no ahora– habrá que intentar resolver esto, porque no somos colectividades políticas iguales. La gente no es tan tonta como para votar cosas iguales y el hecho de que algunos hayamos tenido la fortuna de que el pueblo nos haya respaldado no quiere decir que se desconozca la historia. Es más, nuestro Frente Amplio está integrado por gente que vino de las mejores tradiciones blancas y coloradas, amén de la izquierda tradicional.

No podemos sentir que cada destaque del Gobierno actual implica una negación de la historia, porque de lo contrario, señora Presidenta, tendríamos que sumarnos al discurso que cuestiona a nuestro Gobierno para no alterar el ánimo de nadie y eso no es lo que corresponde.

Voy a conceder con gusto una interrupción al señor Presidente del Senado –no sé si va a hacer uso de ella– para habilitarlo reglamentariamente y que pueda expresar su pensamiento.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede interrumpir el señor Senador Sendic.

SEÑOR SENDIC.- Gracias, señora Presidenta y señor Senador.

Simplemente quería decir que no hice alusión a nadie en particular en la intervención que realicé. No veo que sea positivo para esta Cámara que cada vez que hacemos alguna alusión al pasado, algún legislador se sienta aludido.

Además, quiero decir algo con relación a los términos que se utilizaron. Se habló de «falacia», un término muy fuerte y yo no soy un mentiroso. Los hechos que he relatado están a la vista: el crecimiento del sector agropecuario, el crecimiento de la economía y el crecimiento de las exportaciones. Los indicadores de desarrollo del país están a la vista, no los acabo de inventar. También están a la vista las condiciones que tenía el país a principios de este siglo, que eran muy distintas a las que tiene en el día de hoy.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede continuar el señor Senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Quiero dejar constancia de que vamos a votar este proyecto de ley sobre la base de que nunca hay un momento oportuno para votar impuestos. No lo hay. Tan así es, que la propia Constitución de la República nos impone limitaciones y, por tanto, no podemos votar aumentos de jubilaciones y de salarios en el año electoral. Hay una limitación a la independencia del Poder Legislativo en cuanto a su actuación. El Poder Legislativo tiene iniciativa para fijar impuestos, pero no para quitarlos. ¿Por qué? Porque la imposición es algo que a las sociedades no les gusta.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–También es cierto que representamos intereses de clases diferentes –no pretendo eludir el debate– y, por lo tanto, nuestra visión sobre qué se tiene que gravar para solventar los gastos de la sociedad es diferente. Esto no quiere decir, en mi caso, que esté votando este impuesto porque piense que es la mejor herramienta desde el punto de vista tributario. No lo creo. Se ha hecho un anuncio por parte de nuestra bancada para mejorar este instrumento pero, en principio, necesitamos que ocurra de esta manera. Estamos lejos de la justicia tributaria y coincido con la señora Senadora Moreira en que si bien los ideales son de determinada orientación o prevalencia con respecto a las formas de tributar, ninguna sociedad tiene instrumentos puros de tributación porque no se financiarían.

Hemos mejorado muchísimo en la simplificación, hecho que fue reconocido en el día de ayer por el señor Senador Amorín. Cuando se creó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas se eliminaron más de quince impuestos que tenían finalidades de recaudación para un destino específico, lo que significaba una desprolijidad desde el punto de vista de la tributación y una ineficiencia en la recaudación. Ahora bien: en este momento sentimos la necesidad de contar con este recurso, aunque tenemos la convicción de que este tipo de impuestos no son los que más nos agrada votar. Uno preferiría que el mundo funcionara sin impuestos, pero eso sería una utopía y haría que las sociedades se movieran en función de otras cuestiones, entrando en un darwinismo social que, desde nuestro punto de vista, no es deseable.

Para finalizar, adelanto que con toda convicción y a cuenta de mejoras futuras vamos a votar este impuesto.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha finalizado la lista de oradores.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Berterreche.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor Presidente: debería agradecer la iniciativa del Poder Ejecutivo ya que dedicamos algo más de dos sesiones para discutir en profundidad un montón de cosas y tal vez lo que ocupó menos espacio fue la discusión específica de este proyecto de ley. Se discutieron muchísimas otras cosas y aunque tengo la tentación de ponerme a discutir, por eficiencia y por que me debo al contribuyente me voy a concentrar exclusivamente en los temas específicos del proyecto de ley.

Todo esto comenzó cuando pidió la palabra el señor Senador Amorín, ahora ausente, y el primer planteo fue: «pagan los chicos y el más grande propietario no paga». Quiero empezar con esto para abundar argumentalmente en la justicia de este impuesto. La mayor parte de los Senadores que tienen tierra –aunque no todos– pidieron permiso al Cuerpo para estar en esta discusión. Soy propietario de un inmueble urbano y debería pedir permiso porque también me incumbe esta discusión, ya que soy de los que paga por él –pago los tres cuatrimestres juntos y lo hago con alegría– el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria.

Por otra parte, debo decir que creo profundamente en el sector agropecuario y en que esto lo dignifica. Al contrario de algunos dichos expresados en sala en cuanto a que se lo pone en la palestra, desde mi punto de vista, esto lo deja a la altura del resto de los ciudadanos. Y es bueno que no se mire mal al sector agropecuario cuando tenemos que dar una lucha cultural a favor de la ruralidad en nuestro país. El señor Senador Amorín decía en sala que el propietario más grande no paga, y tiene razón. El propietario más grande no paga porque es el Instituto Nacional de Colonización y me tendría que poner de pie al mencionarlo. Por suerte, en este país el propietario más grande de tierras es el Instituto Nacional de Colonización y está bien que no pague, tal como no lo hacen las tierras fiscales. En el debate, todo esto derivó en que, en realidad, el propietario más grande era alguna empresa forestal y ahí se dio una situación que me hizo acordar a aquellas novelas de Lewis Carroll, donde los personajes entraban por un espejo y la realidad cambiaba. Las exoneraciones al sector forestal fueron reglamentadas en el primer Gobierno de la década de los noventa, cuando había hasta una asesora forestal del Presidente de la República en la Dirección General Forestal. Fue en ese momento que se definió la exoneración absoluta de todos los proyectos forestales, de cualquier tipo. No fue el Frente Amplio, ni siquiera fue en esta casa, fue un decreto que reglamentaba la Ley Forestal. Tuvimos que esperar hasta 2007 para cambiar ese decreto y hoy –esperaba que algún compañero del interior me lo agradeciera– los inmuebles forestados con plantaciones para pulpa tienen que pagar contribución inmobiliaria. Las intendencias empezaron a cobrar, a partir de 2007, a los campos que habían sido forestados y eso no lo hizo el Espíritu Santo, lo firmé yo y sin conflicto. A pesar de ello, ninguna empresa forestal se fue porque entendieron que era bueno para que el resto de la sociedad las viera mejor.

Las empresas forestales que se dedican a la pulpa son las más grandes, las que tienen más propiedad, aunque no sé si son las más grandes, porque siempre hay alguno que se hace el listo y se esconde. Me gustaría saber si son empresas forestales, si es algún productor ganadero con doble nacionalidad el mayor productor de tierra o si es un fondo de pensión, como UAG, que le acaba de comprar todos los campos a El Tejar. No lo sé, esto es muy dinámico. Lo que sí tengo claro es que los grandes propietarios de tierras tienen que cumplir con la ley y la ley hoy no les exonera del impuesto. Los grandes propietarios solamente están exonerados –teniendo en cuenta que esto es un adicional a la contribución inmobiliaria, pero me referiré al respecto en un rato– si tienen montes que son trabajados para madera de calidad, con turnos de más de doce años, y por eso la confusión de los doce años. En realidad, se hace para promover la madera de calidad y los turnos largos. Después nos dijeron que había un contrato entre una empresa y el Gobierno. No fui a la Facultad de Derecho, pero tengo claro que no hay ningún contrato que esté por encima de la ley. Esto no lo aprendí en 18 de Julio y Eduardo Acevedo; lo aprendí en la lucha con los trabajadores, cuando en la década de la flexibilización laboral les querían cambiar los contratos haciéndoles perder sus derechos. Firmaron contratos que implicaban la pérdida de aguinaldo, el no pago de las ocho horas, etcétera, pero no tenían ninguna validez. Peleamos con esos trabajadores para que en la Justicia o en el ministerio se les reconociera que ese contrato no era válido ante esa situación. Son contratos de buenas intenciones. Tengo clarísimo esto porque todo predio que se compra o vende tiene que pasar por el Instituto Nacional de Colonización. Se dice por ahí que no van a pasar pero si eso no sucede, no les damos el certificado y no pueden registrar; eso es así. Nosotros somos defensores de las leyes y no cedemos ni ante multinacionales, ni ante orientales deudores contumaces, ni ante empresas innominadas o sociedades anónimas panameñas que tratan de birlar la dignidad del Estado. El impuesto va a ser justo porque van a tener que pagar todos los que deben hacerlo.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BERTERRECHE.- Antes de concederle la interrupción, quiero aclarar –como lo dije antes– que hay Senadores que hablan muchas veces por la vía de la interrupción y, más allá de que los ampara el Reglamento, me parece injusto. En mi caso, escuché callado.

Tiene la palabra. Perdón, la palabra la da el Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BOTANA.- En mi caso, hablé una vez y pedí una sola interrupción. Esta es mi segunda interrupción y se la agradezco al señor Senador Berterreche.

Las sociedades anónimas siguen siendo titulares de tierras en el Uruguay y les renovamos la habilitación cada pocos meses o años. Además, en este Gobierno se ha resuelto el tema del endeudamiento por la vía de la extranjerización de, por lo menos, el 30 % de la tierra del Uruguay. No es que a partir de los Gobiernos del Frente Amplio los uruguayos sean los dueños de la tierra en este país, por tanto no me pondría a atacar tanto la historia de los demás partidos políticos. Este es un tema que sabemos y aunque indudablemente no hace al centro del debate, es bueno que quede firmemente establecido en la medida en que no son aceptables los términos que plantea el señor Senador.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Berterreche.

SEÑOR CERSÓSIMO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BERTERRECHE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Muchas gracias, señor Senador, por concederme la interrupción.

Aprovecho que tuvo esa confusión para dejar claro un concepto institucional y constitucional. Usted, Presidente Sendic, no es Senador sino Vicepresidente de la República. Solo hay 30 Senadores en nuestro ordenamiento institucional, de manera que actuando como Presidente o desde la sala sigue siendo el Vicepresidente de la República. Hago esta aclaración para ordenar lo reglamentario y la versión taquigráfica.

Con relación a algunos conceptos jurídicos que manejó el señor Senador Berterreche, creo que indudablemente hay que aclararlos porque los contratos no están por sobre la ley pero son ley entre las partes y tienen la misma validez, entre ellos, que una norma legal. En el ámbito laboral –que es en el que se fundamentaba para sostener aquella posición– las normas son de orden público y, por tanto, eso no permite que las partes las deroguen o las cambien; se aplican más allá de lo acordado entre las partes, más allá de lo que es ley entre las partes.

Sin ánimo de interrumpir la exposición, quería hacer estas aclaraciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Berterreche.

SEÑOR BERTERRECHE.- Me estoy nutriendo de lo jurídico al punto de que voy a obtener el título de doctor honoris causa en cinco años, y no solo yo, porque en la Justicia también tuvimos buenos desempeños.

No me quiero desviar de mi exposición. Lo que dice el Senador Cersósimo está perfecto, pero los impuestos también pertenecen al espacio público, no son una cuestión entre privados. Y, en este caso, lo que estamos analizando es un proyecto de ley que restablece un impuesto.

En definitiva, esto implica una justicia tributaria en la medida en que hay un montón de uruguayos, propietarios de inmuebles urbanos y suburbanos, que estamos pagando –y lo hacemos con alegría– y nos parece bárbaro que el sector agropecuario pague. Incluso, lo digo por el propio sector agropecuario porque no le va a afectar en lo más mínimo y todos tenemos que pagar. Después le podemos poner la música que quieran pero, insisto: hay que pagar.

El otro tema que se planteó en contra de esta iniciativa refiere a lo que establece el cuerpo de la ley, así como algunas opiniones variadas sobre el problema de la inconstitucionalidad. Al respecto quiero decir que este proyecto de ley, en realidad, está casi calcado de los artículo 636 y siguientes de la Ley n.º 15809, que es del año 1986. No es cierto que no hubo impugnaciones, sí las hubo. Fueron cuatro y en todas se declaró «no ha lugar» y, todavía, con cobro de costos por parte de la Suprema Corte de Justicia. Es decir que no solamente se dijo que era constitucional sino que, además, se exigió el pago de costos al reclamante. Fue fundamentalmente por eso que se hizo una redacción parecida y es seguro que en aquel entonces no teníamos mayoría parlamentaria.

Entonces, cada uno de nosotros puede tener distintas interpretaciones pero lo cierto es que hubo cuatro –insisto, cuatro– definiciones de la Suprema Corte de Justicia que establecieron que no era inconstitucional. Esto puede gustar o no. Puedo estar de acuerdo con algún Senador de la oposición que plantee alguna mejora, pero debe tenerse en cuenta que una ley no es solo el cuerpo que se vota, es también la exposición de motivos y la discusión parlamentaria. Cuando un Ministro de la Suprema Corte de Justicia analiza la inconstitucionalidad de una ley, lo hace en su conjunto y no tiene en cuenta exclusivamente su cuerpo.

En la sesión anterior inicié mi exposición argumentando la naturaleza adicional de este impuesto y expliqué las razones. No era por voluntad ni porque así se designe, eso no vale. El problema es si se inscribe dentro de lo que incluye el numeral 1.º del artículo 297 de la Constitución o no. Es tan sencillo como eso. No es un problema de voluntad nuestra. Por tanto, me puede gustar más o menos, pero lo cierto es que el impuesto creado en 1986 fue sometido a la Suprema Corte de Justicia, y cuatro veces dijo que no era inconstitucional y determinó cobro de costos.

Me gustaría hablar de muchísimas cosas, pero considero que ya se ha discutido bastante. Como ya dije, creo en la importancia de la enseñanza rural y me parece que hay que hacer todos los esfuerzos en ese sentido. Eso lo podemos discutir en el Presupuesto. Hay cosas de este proyecto que creo que se pueden mejorar y me propongo trabajar para mejorarlo en lo que pensaba que iba a haber más discusión: las características de los que quedan exonerados de pagar. Después de que se vote esta iniciativa voy a trabajar para mejorar esa situación, pero primero hay que aprobarla. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno, y eso es lo que estamos tratando acá. No hay oportunidad para poner un impuesto.

No hay oportunidad para poner un impuesto. Sí tengo que decir que no es una situación dramática. Yo viví distintas situaciones en el ministerio con el señor Senador Agazzi –incluso, hubo una interpelación propuesta por el entonces Diputado Botana– por el tema de la seca. ¡Esa sí fue una seca! De todas maneras, hubo herramientas, mecanismos, como los hay ahora. Hace poquito trajimos al señor Ministro para que nos explicara qué es lo que estaba haciendo. La sensibilidad se explica ahí. La sensibilidad no se explica sacando un dólar y medio por hectárea, sino comprando cientos o miles de toneladas de ración para dar a los productores familiares o previendo los problemas de la carga que hay hoy; no se resuelve pagando a precio de pollo lo que cuereamos en la seca. Se trata de la prevención como forma de no cuerear, y ahí está nuestro trabajo. Está bueno discutir sobre eso y deberíamos hacerlo; tenemos que ver cómo hacemos para prevenir los problemas que van a seguir produciéndose en términos climáticos. Creo que hemos avanzado muchísimo. Están las herramientas que se han adoptado como adicionales a medidas en favor de las grandes mayorías, pero siempre pensando en el productor familiar, que es el que tiene menos espalda.

Señor Presidente: con esto quiero cerrar mi exposición. Hay muchas cosas para seguir discutiendo, pero quiero decir que se va a recaudar más de lo que se paga hoy, por Imeba, a Primaria. ¡Claro que se va a pagar más! Lo que había ahí era una cláusula gatillo por si en una crisis especial no se le pagaba; la intención era darle tranquilidad a Primaria de que iba a seguir recibiendo esos fondos. Pero se va a recaudar más; no se van a poder hacer grandes cosas, pero sí se van a poder hacer más cosas.

En última instancia, hay una vocación de estos Gobiernos que queda demostrada en la disminución de la pobreza, que se dio con mayor énfasis en el interior rural del país. Y eso tiene que ver con el mejoramiento productivo, con los productores, con las políticas del Estado, con las políticas municipales. Por eso tengo absoluta confianza en que lo que se recaude acá va a ir en buena dirección y, como siempre, va a mejorar la calidad de vida de todos nuestros gurises y, en particular, los del interior.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: obviamente, al terminar la discusión usted va a poner a votación el proyecto de ley, los dos sustitutivos que propone la bancada de Gobierno y un aditivo que elaboró el señor Senador Botana y que firmó la bancada del Partido Nacional con respecto al destino de los fondos. Pero, antes de empezar a votar, queremos pedir un cuarto intermedio de quince minutos en nombre de la bancada del Partido Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Son las 14:05).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 14:25).

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: a lo largo del debate hemos discutido sobre algunas inconsistencias que, a nuestro criterio, presenta este impuesto, por lo menos tal como está redactado el proyecto de ley a consideración del Senado. Las inconsistencias tienen que ver con la arquitectura tributaria, con la redacción de la iniciativa, con aspectos jurídicos y con su eficacia.

Tenemos algunas discrepancias sobre el tema de fondo, sobre si esta es la vía correcta de impulsar una norma de este tipo y sobre la forma en que están instrumentadas las exoneraciones que se pretenden votar en este proyecto de ley, del impuesto de Primaria que se restablece para los padrones rurales.

Sin embargo, algunos señores Senadores del Partido Nacional han hablado de la justicia de este fin y han dicho que lo que importa es el objetivo y, de alguna manera, generar el aporte, obviamente más allá de las inconsistencias que hemos ido marcando a lo largo del debate. La idea es que todos paguen para un fin, loable y compartible, como lo es el fortalecimiento de la ANEP y de las escuelas públicas. Aclaro que digo esto más allá de las coyunturas y de una serie de consideraciones a las que nos hemos estado refiriendo a lo largo de esta discusión.

Por lo expuesto, la bancada de Senadores del Partido Nacional ha tomado la decisión de votar a favor de este proyecto de ley que restablece el impuesto de Primaria para los inmuebles rurales, pero dejando constancia de sus discrepancias sobre la forma y sobre el fondo.

Asimismo, adelanto que impulsaremos un artículo aditivo –a propuesta del señor Senador Botana– con el fin de direccionar los recursos que se generen por este impuesto. La idea es que esto sea volcado a las 1200 escuelas rurales de todo el país y, obviamente, a las escuelas de alternancia, tratando de darle un apoyo importante a ese sector tan vulnerable de la educación, que hoy depende en alguna medida de Primaria y en mucha medida de las intendencias y de los vecinos. Para nosotros, ese artículo aditivo es clave, pues a través de él pretenderemos direccionar los recursos con eficiencia para el sector más sensible del agro nacional.

También vamos a instar, en su momento y por las vías correspondientes –no es esta la oportunidad de hacerlo–, a rediscutir el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios –Imeba–, sobre todo en lo que tiene que ver con las compensaciones, por la imposibilidad de tener beneficios que tienen otros sectores del agro por tributar por otro régimen. En este caso, hablaremos de bajar la tasa del Imeba, fundamentalmente a los pequeños y medianos productores familiares y, de alguna forma, compensar a los que menos espalda tienen para diluir los costos, sean estos chicos o grandes.

Más allá de lo que se vote en el día de hoy, en los ámbitos correspondientes daremos una discusión sobre el tributo en general, esto es, sobre si esta es la mejor vía de hacer el aporte a Primaria. Este es un impuesto fijo, un impuesto ciego, y deberemos discutir sobre lo que estaba antes y lo que está ahora. Como dije, en su momento daremos la discusión correspondiente. Tal vez sea a través de un proyecto de ley o en instancias del Presupuesto nacional que tengamos ocasión de rediscutir la posibilidad de establecer algo vinculado a la actividad y no a activos fijos.

Además, cuando a nivel de la bancada de Diputados se dé la discusión de este tema –y obviamente también en oportunidad de considerar el Presupuesto nacional–, intentaremos mejorar la calidad, la justicia, la redacción y la eficiencia. Es importante discutir acerca de la calidad de impuesto que necesitamos para un fin que compartimos. Estamos de acuerdo con que todos paguen, pero tenemos que discutir la vía para hacerlo, la cual debe ser justa, eficiente, legal y contar con el condicionamiento que queremos darle: que esté vinculada a la actividad y no a un activo fijo que, muchas veces, está independientemente calificado de la actividad del momento en que se cobra el impuesto.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: a modo de consulta reglamentaria, quisiera saber a qué título se habló.

SEÑOR MICHELINI.- Una constancia política.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Eso está previsto en el Reglamento? Simplemente quería saberlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 29. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado del proyecto, de los sustitutivos y aditivos y se vote en bloque, excepto los artículos 1.º y 2.º.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: solicito el desglose del artículo 6.º.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: solicitamos el desglose del artículo 4.º.

SEÑOR PRESIDENTE.- La mesa propone analizar artículo por artículo.

Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1.º tal como viene de la Comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 29. Negativa.

En consideración el artículo sustitutivo que ha sido repartido.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.º tal como viene de la Comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 29. Negativa.

En consideración el artículo sustitutivo que ha sido repartido.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 3.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 4.º.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: queremos dejar constancia de que no concordamos con exonerar al Estado de la obligación de transferir a Enseñanza Primaria lo recaudado por concepto de Imeba.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4.º.

(Se vota).

–19 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 5.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 6.º.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BOTANA.- El artículo 6.º lleva la administración de este impuesto a la Dirección General Impositiva que, en la organización institucional y de las finanzas de un país, es lo que corresponde para hacer más eficiente la administración del propio impuesto y el funcionamiento de las instituciones. De cualquier modo, en este caso en particular, el hecho de que sea Primaria la que recaude el impuesto crea esa situación en la que el contribuyente está teniendo bien claro cuál es el sagrado destino de sus aportes, por lo cual no concordamos con el hecho de que la Dirección General Impositiva se encargue de la recaudación del impuesto, más allá de reconocer su especialización en el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 7.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Solicito que se rectifique la votación del artículo 7.º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 7.º.

(Se vota).

–19 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo aditivo presentado por la bancada de Senadores del Partido Nacional.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–14 en 30. Negativa.

SEÑOR MIERES.- Solicito que se rectifique la votación del artículo aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo aditivo.

(Se vota).

–11 en 27. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

c001.jpg

c002.jpg

c003.jpg

17) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Mociono para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 14:40, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Berterreche, Bianchi, Bordaberry, Botana, Carámbula, Cersósimo, Da Silva, De León, Delgado, Ferreira, Heber, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Pardiñas, Payssé, Pintado, Saravia y Topolansky).

RAÚL SENDIC Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.