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n.º 311 - TOMO 531 - 29 DE DICIEMBRE DE 2014

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

QUINTO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA

45.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR DANILO ASTORI Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO, Y EL PROSECRETARIO MIGUEL SEJAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

4) y 14) Asuntos entrados

5) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

6) y 15) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

 – El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Larrañaga, Solari y Gallo Imperiale.

– Quedan convocados los señores Senadores Bartesaghi, Umansky y Obispo.

7) Primer punto del Orden del Día. Pase a Comisión

• Por moción del señor Senador Agazzi, el Senado resuelve su pase a Comisión.

8) y 10) Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio de Educación y Cultura

– Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se ajustan las retribuciones de determinados funcionarios.

• Sancionado. Pasa al Poder Ejecutivo.

9) «A 150 años de la caída de Paysandú, reflexiones sobre nuestra patria»

– El señor Senador Lacalle Herrera solicita autorización para realizar, en el mes de febrero, antes del día 15, una exposición de más de 30 minutos sobre el tema.

•Concedida.

11) Pedido de informes. Reiteración

• A solicitud del señor Senador Lacalle Herrera, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con el expediente sobre el caso Berríos.

12) Doctor Gonzalo Medina Denis. Designación como miembro integrante del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

13) Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras

– Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

•Por moción del señor Senador Baráibar, el Senado resuelve que el proyecto de ley pase a la Comisión de Asuntos Internacionales.

16) Efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (Minustah)

– Proyecto de ley por el que se prorroga el plazo de permanencia.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 26 de diciembre de 2014

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo lunes 29 de diciembre, a la hora 11:00, a los efectos de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se aprueba la Ley Orgánica Policial.

Carp. n.º 1627/2014 – Rep. n.º 1188/2014

2.º) Discusión única de un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por la que se ajustan las retribuciones de funcionarios del Poder Judicial y determinados funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura.

Carp. n.º 1622/2014 – Rep. n.º 1189/2014

3.º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República y el artículo 28 de la Ley n.º 17243, de 29 de junio de 2000, a los efectos de designar en calidad de miembro integrante del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, al doctor Gonzalo Medina Denis.

Carp. n.º 1623/2014 – Rep. n.º 1183/20144.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras, suscrito en Washington D.C. el 13 de mayo de 2014.

Carp. n.º 1610/2014 – Rep. n.º 1190/2014

4.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras, suscrito en Washington D.C. el 13 de mayo de 2014.

5.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se prorroga la permanencia de efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (Minustah).

Carp. n.º 1628/2014 – Rep. n.º 1187/2014

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Agazzi, Amorín, Baráibar, Bartesaghi, Bordaberry, Brenta, Clavijo, Couriel, Echeverría, Fernández, Gallicchio, Gallinal, Gallo Imperiale, Heber, Lacalle Herrera, Lescano, Lorier, Martínez, Moreira (Carlos), Muguruza, Pasquet, Penadés, Saravia, Tajam, Topolansky, Umansky y Viera; a partir de la hora 13 y 5, el señor Senador Obispo, supliendo al señor Senador Gallo Imperiale.

FALTAN: con licencia, la señora Senadora Moreira y los señores Senadores Antognazza, Larrañaga, Michelini, Nin Novoa, Rosadilla, Rubio y Solari; a partir de la hora 13 y 5 el señor Senador Gallo Imperiale; y con aviso, los señores Senadores Chiruchi y Da Rosa.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 11 y 6 minutos).

–El Senado ha sido convocado a fin de levantar el receso, dar cuenta de los asuntos entrados y considerar los asuntos que figuran en el Orden del Día.

Se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 11 y 6 minutos).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Árabe Saharaui Democrática, suscrito en Montevideo el 1.º de julio de 2014.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Código del Proceso Penal;

• por el que se concede una pensión graciable a la señora María Esther Camargo Gaitter;

• por el que se concede una pensión graciable al señor José Barizo Valiente;

• por el que se concede una pensión graciable a la señora Ema Häberli Parrella;

• por el que se concede una pensión graciable al señor Julio Heber Acuña;

• por el que se designa con el nombre de José D’Elía la ruta conocida como beipás de Pando, que une la ruta nacional n.º 101, “Capitán Juan Antonio Artigas”, a la ruta nacional n.º 8, “Brigadier General Juan Antonio Lavalleja”;

• por el que se designa con el nombre de “Maestro Rubén Lena” el actual puente de la ruta nacional n.º 8, “Brigadier General Juan Antonio Lavalleja”, en el departamento de Treinta y Tres.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se establece la Ley Orgánica Policial.

Asimismo, remite aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se ajustan las retribuciones de funcionarios del Poder Judicial y de determinados funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

Además, comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil para el Intercambio de Información Tributaria, y su Protocolo, firmados en la ciudad de Brasilia el 23 de octubre de 2012;

• por el que se aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, aprobado por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011;

• por el que se aprueba la regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo a la Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras, suscrito en Washington D.C. el 13 de mayo de 2014.

–HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

El Tribunal de Cuentas remite copia de oficios transcribiendo varias resoluciones relacionadas con los siguientes organismos: Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland; Administración Nacional de Educación Pública; Administración Nacional de Telecomunicaciones; Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas; Banco de la República Oriental del Uruguay; Facultades de Agronomía y de Psicología; Municipio de San Carlos; Ministerios de Desarrollo Social y de Transporte y Obras Públicas, y Pluna Ente Autónomo.

–TÉNGANSE PRESENTES. LOS OFICIOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL PARLAMENTO. LA INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES SENADORES EN LA SECRETARÍA DEL SENADO.

La Junta Departamental de Paysandú remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Gustavo Rezzano, referidas al tema “Auxiliares de Enfermería con multiempleo”.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias del Cuerpo.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- A la sesión extraordinaria y especial del 22 de diciembre faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Chiruchi, Da Rosa, Gallinal, Heber y Penadés, y sin aviso el señor Senador Malaquina.

A la sesión extraordinaria del 22 de diciembre faltaron con aviso los señores Senadores Chiruchi, Da Rosa, Gallinal, Heber y Penadés, y sin aviso el señor Senador Malaquina.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Diciembre de 2014

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda el día 29 de diciembre un día de licencia por motivos personales y se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Jorge Larrañaga. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Se comunica que los señores Javier De Haedo y Jorge Gandini han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Bartesaghi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Montevideo, 29 de diciembre de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Contador Danilo Astori

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, el día 29 del mes de diciembre de 2014.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Alfredo Solari. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Fernando Scrigna ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Isaac Umansky, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

7) PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. PASE A COMISIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde ingresar al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley muy importante, que ingresó a la Cámara de Representantes en noviembre de 2012 y fue aprobado recientemente. Solicitamos que esta iniciativa sea enviada a la Comisión respectiva, que aún no la ha considerado, ya que el punto fue puesto directamente en el Orden del Día de la sesión de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Agazzi ha planteado una cuestión de orden que, desde luego, admite discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se procederá de conformidad.

8) FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: «Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se ajustan las retribuciones de funcionarios del Poder Judicial y de determinados funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura. (Carp. n.º 1622/2014 – Rep. n.º 1189/2014)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión.

Tratándose de una discusión única, porque el proyecto de ley regresa de la Cámara de Representantes con modificaciones, cada señor Senador que quiera hacer uso de la palabra dispondrá de veinte minutos, improrrogables.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: siendo «tercera Cámara», no corresponde que haya miembro informante, pero como todos recordarán, se trata de un proyecto de ley que hemos discutido hace poco.

La situación que nos ocupa fue motivada, originalmente, por una decisión tomada al aprobar la Ley de Presupuesto de este período de Gobierno, mediante una disposición que ajustaba los sueldos de los señores Secretarios de Estado al de un legislador. Esto ya tenía antecedentes. Ocurre que existía una diferencia de salarios que, en el caso de los señores Secretarios de Estado, había sufrido una relativa pérdida de poder adquisitivo con el pasar del tiempo.

En la exposición de motivos de este proyecto de ley queda claro que los sueldos de los señores Ministros se fueron ajustando con los de los funcionarios de la Administración Central, que desde el 2005 habían tenido un aumento nominal del 64 %, mientras los sueldos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en el mismo período habían aumentado un 89 %. Eso fue lo que se discutió al considerarse la Ley de Presupuesto, que incluyó un artículo que apuntaba a esa corrección, sin que nadie imaginara, en aquel momento, las consecuencias que iba a tener después.

Como consecuencia de sentencias de la Suprema Corte de Justicia, de correcciones de distintas leyes, de una ley que interpretó lo que decía el famoso artículo 64 del Presupuesto y de una derogación mediante una ley posterior, se produjo la situación que hoy enfrentamos, que ya hemos definido y discutido. Pero, al intentar corregir esto, el Poder Ejecutivo se encuentra con que la Contaduría General de la Nación, para poder habilitar créditos que den respuesta al problema, necesita un respaldo legal.

En realidad, los niveles salariales de los funcionarios del Poder Judicial nada tienen que ver con la ley original, que lo que hacía era equiparar los sueldos de los Ministros de Estado a los de los legisladores. Sin embargo, existe un conjunto de leyes, que forman una verdadera maraña, que se relacionan con este tema. El Poder Judicial ha hecho una recopilación de las normas sobre retribuciones personales y estructura escalafonaria del Poder Judicial, en la que incluye 127 disposiciones, entre artículos de diferentes leyes, reglamentaciones y resoluciones. Se trata de un asunto muy complejo, en el que el Poder Judicial tuvo que poner gente a trabajar. Esta síntesis estuvo a cargo de la Directora de la División Planeamiento y Presupuesto, contadora Luz Marina Gonnet, y resulta bastante complejo entender todo lo que tiene que ver con las retribuciones y la estructura escalafonaria del Poder Judicial.

Lo que debemos decir es que durante el trámite de este tema hubo un asunto delicado y es que el Poder Ejecutivo, como colegislador, envió una iniciativa para mejorar los sueldos de los señores Ministros; el Poder Legislativo, también colegislador, aprobó la norma; posteriormente, el Poder Judicial –tercer Poder del Estado– adoptó resoluciones y dictó sentencias en relación con demandas de inconstitucionalidad. De esta forma, los tres Poderes del Estado, cada cual con su autonomía y sus funciones, quedan como Poderes colegisladores, cuando no es eso lo que establece la Constitución de la República.

Señor Presidente: parte de esta confusión, que tiene un aspecto económico fundamental, se debe a la remuneración de los señores Magistrados y, en particular, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. La ley dice claramente cuáles son las dotaciones que reciben, y el monto del salario de los señores Magistrados depende de cómo se considere la naturaleza de las compensaciones establecidas: por vivienda, por perfeccionamiento académico. Según el informe que nos hace llegar el Poder Ejecutivo, el monto que están percibiendo los miembros de la Suprema Corte de Justicia es de $ 176.709, mientras los legisladores percibimos $ 172.698, como lo informa la Contaduría del Poder Legislativo. En virtud de cómo se interprete el vocablo «dotación» –es decir, si esas compensaciones son o no de naturaleza salarial–, se deriva después la aplicación de todo el resto de la normativa, que origina un aumento salarial en el Poder Judicial que no estaba en discusión en este período ni en este momento.

En realidad, esta situación de demandas y de declaraciones de inconstitucionalidad no fue prevista, y pretender que el 2014 sea un año de reivindicaciones salariales, aprovechando decisiones derivadas de distintas interpretaciones de las leyes, nos parece que no corresponde. Esto ya lo hemos discutido, y reiteramos que, a nuestro juicio, no hubo un error original por parte del Poder Legislativo, sino que fue un conflicto que se originó después.

SEÑOR PASQUET.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Veo que el señor Senador Agazzi se apresta a concluir, pero antes quiero hacerle una pregunta referida a lo que actualmente es el artículo 9.º del proyecto de ley, que excluye al Poder Judicial del régimen general de ejecución de sentencias contra el Estado establecido por el artículo 400 del Código General del Proceso. De acuerdo con el segundo inciso de este artículo 9.º: «A partir de la promulgación de la presente ley, toda ejecución de sentencia de condena, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente que obligue al Poder Judicial al pago de una cantidad líquida y exigible devenida firme –aquí dice «firma», pero evidentemente es «firme»– será abonada con cargo al presupuesto del Inciso».

Lo que quiero preguntar es si se ha estimado el monto que puede llegar a tener este rubro, es decir, a cuánto puede llegar anualmente esta obligación de pagar sentencias de condena, laudos arbitrales y transacciones a que refiere la disposición. ¿Se tiene idea del impacto financiero que esto va a tener sobre el Poder Judicial? Porque cuando se votaron los rubros para ese Poder en el Presupuesto Quinquenal y, luego, en las sucesivas Rendiciones de Cuentas, no se previó la obligación que ahora se pone en cabeza del Poder Judicial de pagar estas sumas. En su momento esto no estuvo presupuestado; esa obligación se crea ahora; pero el próximo Presupuesto Quinquenal entrará a regir recién a partir del 1.º de enero de 2016, como es tradicional. Entonces, uno se pregunta cómo se va a hacer frente a esto. ¿Qué estimaciones se han hecho? ¿Qué cálculos se han hecho? ¿Cómo se piensa que esto va a impactar en el funcionamiento normal del Poder Judicial? Lo que temo y me preocupa es que simplemente se pongan a cargo del Poder Judicial obligaciones que este no puede cumplir, y que entonces se vea en la disyuntiva de cumplir con las sentencias que él mismo dicta, desatendiendo las obligaciones normales para las cuales se le asignaron fondos en el Presupuesto, o hacer lo contrario, es decir, cumplir con sus obligaciones normales y corrientes, e incumplir las sentencias que dicta, lo que traería como consecuencia la insatisfacción de los acreedores que tienen derecho a cobrar, además del desprestigio de un Poder del Estado que dicta sentencias que después no cumple, aunque no lo haga porque no puede, ya que no tiene los medios materiales para hacerlo.

Me gustaría saber si cuando el Poder Ejecutivo envió este proyecto de ley hizo los estudios del caso para saber de qué manera el Poder Judicial va a poder cumplir con estas obligaciones que se ponen a su cargo y qué recursos puede arbitrar para tal fin. En definitiva, quiero saber de qué manera va a impactar esto en el funcionamiento normal del Poder Judicial.

Le agradezco al señor Senador Agazzi la interrupción que me concedió y también agradeceré su respuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: ¿cuántos minutos me quedan para finalizar mi intervención?

SEÑOR PRESIDENTE.- Diez minutos, señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Iba a hacer referencia al artículo que menciona el señor Senador Pasquet, así que voy a seguir con la lógica de mi presentación y luego hablaré sobre el artículo, porque es un asunto importante.

Decía que no hubo errores originales, sino que el conflicto se produce después, como consecuencia de interpretaciones que, lógicamente, aceptamos. Consideramos que la demanda de la cúpula judicial no es razonable porque tiene salarios coherentes con la responsabilidad que tiene, además de otras consideraciones que no son solo salariales. Los señores integrantes de la Suprema Corte de Justicia se jubilan por dos Cajas: por la de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y por la Civil. En realidad, los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, que ellos no pueden hacer por estar inhibidos, los realiza Rentas Generales. Son los únicos funcionarios que tienen esta condición; todos los demás jubilados de la mencionada Caja deben hacer los aportes correspondientes.

Creemos que, en todo caso, las movilizaciones, las inquietudes y las expresiones serían más comprensibles si fueran de los escalafones de funcionarios que ganan menos, es decir, los administrativos, los especializados, los auxiliares y los semitécnicos, pero no tanto de los cargos de confianza, los magistrados, los profesionales y aquellos que están equiparados. Hemos estudiado los salarios de todo el sistema judicial y creemos que este proyecto de ley da respuesta a lo planteado públicamente. Es un desvío muy importante, no previsto en la Ley de Presupuesto. Así como puede no estar previsto para el Poder Judicial hacerse cargo de las remuneraciones que los señores integrantes de la Suprema Corte de Justicia entienden que corresponden y afecta su presupuesto, tampoco esto está previsto por el Presupuesto Nacional y lo afecta en los guarismos mencionados. Entendemos que estos reclamos son el resultado numérico de diferencias de interpretación que se dieron, pero no están incorporados en la Ley de Presupuesto.

Queremos decir que lo que votó la Cámara de Representantes, a diferencia de lo que hizo la Cámara de Senadores, fue eliminar el artículo 4.º, por el que se regulaban las vinculaciones salariales al interior del Poder Judicial; incluso, se procedió a modificar otras vinculaciones de algunas categorías entre los funcionarios del Ministerio Público y Fiscal y el sistema judicial. De todas maneras, esto último ya lo habíamos votado nosotros. Por lo tanto, respetamos la decisión de la Cámara de Representantes de eliminar el artículo 4.º. Simplemente, queda por analizar lo planteado por el señor Senador Pasquet, esto es, lo que antes era el artículo 10 y ahora pasó a ser artículo 9.º, que es una reforma del artículo 400 del Código General del Proceso.

En realidad, de acuerdo con lo que establece el artículo 220 de la Constitución de la República, el Poder Judicial proyecta su presupuesto y tiene iniciativa en determinar lo que aspira para sus necesidades y lo eleva al Poder Ejecutivo. Este centraliza todas las propuestas parciales –aclaremos que esto ocurre no solo con el Poder Judicial sino también con otros organismos del Estado– porque debe darle coherencia, unidad de Estado y globalidad a todo el presupuesto. Ahora bien, ese presupuesto, la ley económica que fija los gastos del Estado para un período y la previsión de los recursos para cubrirlos, incluye al presupuesto proyectado por el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo envía al Parlamento su propio Mensaje y el presupuesto proyectado por el Poder Judicial. Quiere decir que en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tenemos las dos visiones y los dos fundamentos. Creemos que debe procederse de esta manera porque, si no, no sería aceptable la autonomía presupuestaria de nadie en el Estado. ¡Eso sí sería inconstitucional, porque sería como establecer una autonomía presupuestaria por encima de lo que consagra la Constitución!

Consideramos que lo que debe hacer el Poder Judicial es prever un rubro en la Ley de Presupuesto que le permita hacer frente a posibles juicios que se le presenten, como lo tiene el Poder Legislativo. Esto es lo que establece este artículo. Sabido es que una competencia excluyente del legislador es modificar el Código General del Proceso y que este monto hoy lo paga el Presupuesto Nacional, que tampoco tiene ninguna previsión para pagarlo, por lo que deberá desafectarlo de otros rubros.

Como decíamos, creemos que en el futuro el Poder Judicial deberá prever un rubro para hacer frente a estas cosas, como las que se regulan a través de este proyecto de ley y se asigna una partida de $ 705:000.000.

Pensamos que la discusión global del tema tuvo lugar recientemente, por lo que no es nuestra intención repetirla ni profundizarla. Vamos a apoyar el proyecto de ley con las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes porque entendemos que esto es una respuesta adecuada y posible en la circunstancia actual. Por otra parte, nos parece que elevar los sueldos de los señores miembros de la Suprema Corte de Justicia a $ 220.000 sería un exceso y quienes tienen esperanza de engancharse con este monto –que para nosotros carece de fundamento– han alimentado una esperanza que no es factible, no es viable, no es buena y tampoco es conveniente para el país.

En consecuencia, adelantamos que votaremos afirmativamente este proyecto de ley remitido por la Cámara de Representantes en la formulación que nos fue distribuida.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: vamos a votar en contra de este proyecto de ley, que entendemos que constituye una nueva torpeza constitucional y jurídica de la bancada oficialista y del Poder Ejecutivo. Esta es una torpeza aún más grande que las torpezas anteriores que han cometido y de las que hemos advertido, una y otra vez, al Frente Amplio, acerca de sus violaciones constantes a la Constitución de la República.

Es la tercera vez que les vamos a advertir que esto es inconstitucional; ya lo establecieron dos sentencias anteriores y hoy vuelven a aprobar otra ley inconstitucional. ¡No les importa la Constitución de la República y no les importan las advertencias que les hacemos!

Hagamos un brevísimo repaso de lo que ha sido este tema.

El Poder Ejecutivo, preocupado porque aparentemente los Ministros de Estado no percibían lo mismo que los legisladores, decidió equiparar los salarios, aunque no aclaró a qué Ministros se refería. La preocupación del Poder Ejecutivo, se nos dice ahora, era que los Ministros de Estado no ganaban lo mismo que los legisladores, pero no se preocupaba porque, según parece, ni los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, ni los Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni de la Corte Electoral, entre otros, ganaban menos que los legisladores. Esto no lo aclaró en su momento y nosotros, luego de revisar la versión taquigráfica –y pido a la bancada oficialista que también lo haga–, nos opusimos a la norma y advertimos que no era correcta. Así fue como votamos en contra de ella. Lógicamente, esa equiparación que consagró la ley con un texto muy claro –recuérdese que el Título Preliminar del Código Civil, «De Las Leyes», dice que cuando el texto es claro no se lo puede interpretar recurriendo a la historia fidedigna de su sanción o al espíritu de leyes análogas– se refería a todos los Ministros, por ende, los alcanzó a todos. Ahora bien, al alcanzar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, comprendió también a los del Tribunal de Apelaciones –porque hay una norma que los engancha en sus aumentos–, a los Jueces Letrados de Primera Instancia, a los Jueces de Paz, a los Actuarios y a los funcionarios judiciales. Es decir que en una ley se estableció la equiparación de los salarios de los Ministros y el aumento de toda la cadena hacia abajo. Obviamente que cuando no se les abonó lo que correspondía, los funcionarios recurrieron a la Justicia y cuando esta estaba para dictar sentencia, el Poder Ejecutivo, sabiendo el error que había cometido, incurrió en otra inconstitucionalidad. ¿Cuál fue la nueva inconstitucionalidad? Como sabía que se iba a fallar en su contra, nos trajo una ley interpretativa –entre gallos y medianoche– estableciendo que aquella ley era clara en su sentido literal: solamente alcanzaba a los Ministros de Estado. En ese momento volvimos a decir al oficialismo que esa nueva disposición era inconstitucional, porque si hay un juicio sobre una norma que es clara, la interpretación de esa norma corresponde al Poder Judicial y no al Legislativo, ya que estaría resolviendo un juicio en el que tiene competencia otro Poder del Estado. Pero no prestaron atención y, una vez más, advertimos que esa iniciativa era inconstitucional porque el Poder Legislativo no puede, mediante una ley, resolver un pleito entre particulares. El tema es tan sencillo como eso y, ciertamente, no hace falta ser abogado o leer a Montesquieu para entender la separación de Poderes. No obstante, siguieron adelante y volvimos a advertir sobre una inconstitucionalidad, una más de las muchas que han ocurrido en estos cinco años. ¿Y qué pasó? Se decretó también la inconstitucionalidad de esa ley. Entonces, lo que está sucediendo hoy es que los funcionarios judiciales y registrales, los Jueces y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen derecho a percibir un salario reajustado, para cuyo pago el Poder Ejecutivo se niega a habilitar los recursos correspondientes. Entonces, ¿cómo se pretende solucionar ahora ese problema? Con otra inconstitucionalidad –una más–: tratando de hacer aparecer como una dádiva un aumento del 8 % cuando, en realidad, corresponde un incremento del 21,6 %, de acuerdo con la ley. Es así que el Poder Ejecutivo elabora este proyecto con enojo, con ofuscación. Precisamente, la única explicación que puede tener este artículo 9.º es el ofuscamiento del Poder Ejecutivo por su propio error; error que cometió no una, sino dos veces y que, ahora por tercera vez, lo ofusca. Las advertencias que hicimos, desde la oposición, acerca de la inconstitucionalidad lo ofuscan y, entonces, saca una sanción en el sentido de que las sentencias contra el Poder Judicial no están incluidas en el artículo 400 del Código General del Proceso. Este artículo 9.º solo refleja venganza y estrechez mental.

Pero además de atentar contra los derechos adquiridos por los propios funcionarios, se viola el artículo 86 de la Constitución. Hay una cantidad de artículos en esta iniciativa –el 3.º, el 4.º, el 5.º y el 6.º– que violan el artículo 86, que dice claramente: «La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV». Queda claro que este proyecto de ley es inconstitucional por la forma y no solo por el fondo puesto que no es una ley de presupuesto, pero autoriza gastos y fija y modifica dotaciones.

¿Cómo seguir con esto? Uno se plantea no solamente señalar que la ley es inconstitucional, sino también señalar cuál es el camino adecuado a seguir en este caso. Y el camino adecuado no es desconocer los derechos de los funcionarios registrales y del Poder Judicial, sino buscar una negociación para pagar lo que se adeuda. No se trata de quitar, por ley –votada entre gallos y medianoche, a fin de año y de apuro–, a esos funcionarios lo que les corresponde por ley. Lo que el Poder Ejecutivo tendría que hacer es habilitar los créditos para que en la próxima Ley de Presupuesto se cumpla con la sentencia. Hay que cumplir con la obligación, porque esta ley va a ser declarada inconstitucional por la forma y por el fondo, ya que en realidad se están rebajando los salarios de los funcionarios judiciales y de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista se justifican por esto que están haciendo, afirmando lo que leí hoy en la prensa. Concretamente, se afirma que si bien es legalmente correcto lo que piden los funcionarios judiciales y la Suprema Corte de Justicia, no es ético, tal como afirmó el señor Presidente de la República. Según él, se está hablando de funcionarios a quienes se retribuye muy bien y eso justifica ir contra lo legalmente correcto. Estas declaraciones del Presidente de la República son suficientes para que los funcionarios ganen el juicio, porque admite que lo que reclaman es legalmente correcto, pero no ético, a su juicio. Por eso manda este proyecto de ley, y creo que eso basta como confesión pública. El Presidente de la República está diciendo que legalmente el reclamo es correcto, pero como él entiende que no es ético, no paga y envía este proyecto de ley.

En realidad, a lo que nos enfrentamos aquí, hoy, es a una disyuntiva que plantea Luis Recasens Siches en el Tratado de Filosofía del Derecho, mencionando a Spinoza. Estamos haciendo referencia a cuál es el objeto y fin de la ley. Uno diría que el objeto de la ley es la Justicia, pero no siempre se trata de eso, ya que el objeto de la ley también es la certeza jurídica. En ese sentido, Recasens Siches plantea la diferencia entre un mandato arbitrario y un mandato jurídico. Según él, esa diferencia radica en que el mandato arbitrario responde a un «porque sí», a un «porque no me gusta», a un «porque no lo considero ético». En cambio, el mandato jurídico es de cumplimiento inexorable y responde a una norma prestablecida, que es lo que necesitamos todos los seres humanos para vivir en sociedad; estamos hablando de reglas claras a las cuales nos vamos atener siempre.

Esta diferencia entre el mandato jurídico y el mandato arbitrario surge de un caso famoso ocurrido en la Prusia de Federico II: el caso de Arnold, el molinero de Postdam. Johan Arnold era propietario de un molino que funcionaba aguas abajo y uno de sus vecinos, solamente por enemistad, desvió el curso del agua para dejarlo sin el agua necesaria para hacer funcionar el molino. Arnold se presentó ante el Juez de Primera Instancia, pero en la ley no estaba previsto el abuso de derecho ni la prohibición de desviar arroyos o cursos de agua. El Juez, entonces, dijo que no era justa la situación, pero que la ley no amparaba al molinero. Arnold recurrió a los tribunales, pero estos confirmaron que en aquel momento en Prusia no existía el abuso de derecho. Por último, Arnold se presentó ante Federico II quien, ante el reclamo, ordenó restablecer el curso del arroyo, enviando a la cárcel a los jueces que habían dictado la sentencia que perjudicaba al molinero. Uno se pregunta –al igual que Recasens Siches– si el mandato del monarca absoluto, Federico II, fue correcto o no; sin dudas, podía ser justo, pero también era arbitrario. Lo que Federico II debía haber hecho era derogar la ley, establecer el abuso de derecho y, a partir de ese momento, pero no resolver sin una ley que lo respaldara, «porque sí» o porque entendía que era lo justo. Recasens dice que los seres humanos necesitamos certezas mínimas para vivir en sociedad; necesitamos tener mandatos jurídicos y no arbitrarios de quienes ejercen el poder. Si el Poder Ejecutivo entiende que no se debe aplicar la equiparación a los Ministros y a los funcionarios judiciales, lo que debe hacer es derogar la ley correspondiente, pero cumpliendo aquello a lo cual estos funcionarios ya tienen derechos, que no les pueden ser quitados. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no se anima a reconocer su error; no quiere hacerlo. El Poder Ejecutivo pretende –nuevamente, con inconstitucionalidades– pasar por encima del derecho adquirido de muchos ciudadanos, expropiándoles por medio de una ley y sin compensación lo que les pertenece. Es con profundo pesar que uno ve esto porque, además, se inventa lo de la dotación y se dice que los jueces tienen dotación por vivienda y una partida por perfeccionamiento académico, que debe incluirse. ¡Vamos! ¿Qué tienen los Ministros de Estado? ¿Acaso no se han aprobado $ 3:000.000, $ 4:000.000, $ 8:000.000 para contratar a quienes ellos quieran como adscriptos? ¡Vamos! ¿Qué tenemos nosotros, los legisladores, como dotación? ¿O acaso no tenemos una partida para prensa, para secretaría y para celular que lleva nuestra dotación a una suma muy superior? Esto es lo que nos van a venir a decir, es lo que va a surgir en los juicios. Si quieren poner todos los ingresos como dotaciones, vamos a tener que incluir todo. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia van a estar percibiendo, por concepto de dotación, mucho menos de lo que percibimos los legisladores y los Ministros de Estado. Esa mirada con un solo ojo, esa mirada miope de ver los ingresos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y no mirar los ingresos de los Ministros de Estado o de los legisladores, me parece que es equivocada.

En estos últimos cinco años ha aumentado mucho el Presupuesto de diversas reparticiones del Estado, salvo tres: el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas, que son –creo yo– los garantes en última instancia de la aplicación de la Constitución de la República y que dan las certezas y la seguridad jurídica que toda sociedad necesita.

Por todos estos motivos, señor Presidente, vamos a votar negativamente esta iniciativa, a la que lamentablemente tendremos que hacer referencia muy pronto cuando sea declarada inconstitucional y nos vengan a pedir la aprobación para los gastos a fin de atender las demandas que se están efectuando.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¡Apoyado!

9) «A 150 AÑOS DE LA CAÍDA DE PAYSANDÚ, REFLEXIONES SOBRE NUESTRA PATRIA»

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini): «Montevideo, 29 de diciembre de 2014

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

De mi consideración:

De acuerdo con el artículo 171 del Reglamento del Senado, solicito se me autorice a efectuar una exposición de más de 30 minutos sobre el tema “A 150 años de la caída de Paysandú, reflexiones sobre nuestra patria”.

Sugiero que la sesión se realice en el mes de febrero, antes del día 15.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud del señor Senador Lacalle Herrera.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Por razones que el Senado ya conoce, no participaré en la votación y dejo constancia de que me retiro de Sala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se toma nota y constará en la versión taquigráfica.

Se va a votar la propuesta de la Cámara de Representantes que contiene modificaciones respecto a lo que ya había aprobado previamente el Senado. Cabe aclarar que la votación es única.

(Se vota).

–15 en 27. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) PEDIDO DE INFORMES. REITERACIÓN

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Deseo reiterar un pedido de informes que he realizado a Presidencia el 25 de marzo de este año, puesto que van quedando pocas sesiones del Senado y, además, son las últimas en las que voy a participar.

Este es un pedido de informes que tiene un carácter más que nada histórico. Refiere a una solicitud para que se me envíe una fotocopia autenticada del expediente sobre el caso Berríos, radicado en el Ministerio de Defensa Nacional. Aclaro a los señores Senadores que se trata de material que estoy juntando a los efectos de una tarea que estoy empeñado en realizar –en realidad, estoy preparando un libro– acerca de nuestra gestión de Gobierno.

Me he enterado extraoficialmente que al expediente le faltan algunas fojas. Esto no deja de ser grave y ameritará lo que el Ministro de Defensa Nacional quiera determinar. Pido que se me envíe, aunque sea, fotocopia de lo que hay; luego se verá si las fojas que faltan son importantes o no. Yo solo necesito los datos de hecho. Sé cómo se actuó y las responsabilidades que cayeron a cada uno de los que actuaron. Como decía, es simplemente a los efectos históricos, no es para ninguna cuestión política concreta.

Reitero el pedido: que se me envíe el expediente tal cual está. El trámite administrativo acerca del faltante, si es que lo hay, será un tema interno del Ministerio–a mí no me va ni me viene y no pretendo que salgan a buscarlo porque, seguramente, no lo van a encontrar –; la idea era reiterar el pedido con esa precaución: lo que hay, que venga porque lo necesito a los efectos de ver fechas y decisiones que me parecen importantes.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si la propuesta refiere al trámite que supone que el Senado haga suyo el pedido, estamos en condiciones de votarlo. Si trasciende ese límite, no es posible votarlo.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Concretamente, solicito que el Senado haga suya la solicitud. Agregué todo lo demás para que no tengamos un ida y vuelta inútil. Lo que deseo es que se me envíe lo que está certificado; lo demás no es de mi incumbencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta de que el Senado haga suya la solicitud presentada por el señor Senador Lacalle Herrera.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

12) DOCTOR GONZALO MEDINA DENIS. DESIGNACIÓN COMO MIEMBRO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: «Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República y el artículo 28 de la Ley n.º 17243, de 29 de junio de 2000, a los efectos de designar en calidad de miembro integrante del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, al doctor Gonzalo Medina Denis. (Carp. n.º 1623/2014Rep. n.º 1183/2014)».

(Antecedentes).

 

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SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: se trata de una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, con fecha 15 de diciembre, a los efectos de designar al doctor Gonzalo Medina Denis en calidad de miembro integrante del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado.

Hemos leído el currículum de este profesional universitario. Allí surge que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República, que cuenta con una serie de estudios en informática e idiomas y que ha participado en una cantidad importante de seminarios en el exterior del país. Lo más importante es que en los últimos años se ha desempeñado como asesor del Director que ha renunciado, Mauricio Cusano y ha sido síndico en los Servicios Logísticos Ferroviarios S. A. desde el año 2013 al 2014. Por todo ello, entendemos que reúne las condiciones como para desempeñar a cabalidad ese cargo.

Por consiguiente, recomendamos al Senado votar afirmativamente la venia solicitada por el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, en calidad de miembro integrante, al doctor Gonzalo Medina Denis».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 28. Afirmativa.

Ha quedado concedida la venia solicitada para designar al doctor Gonzalo Medina Denis como miembro integrante del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado.

13) ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVO A LA ASISTENCIA MUTUA ENTRE SUS ADMINISTRACIONES ADUANERAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras, suscrito en Washington D. C. el 13 de mayo de 2014. (Carp. n.º 1610/2014 – Rep. n.º 1190/2014)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: este tema ha sido incluido en el Orden del Día de la sesión de hoy debido a que, por próximos compromisos de la Dirección Nacional de Aduanas, esta había solicitado su tratamiento a la brevedad posible.

Si leemos el texto del Acuerdo, vemos que apunta a mejorar los procedimientos administrativos y funcionales de las Aduanas. En este caso en particular se establece un convenio entre las Aduanas de Uruguay y de Estados Unidos.

De acuerdo con la Asesoría de Relaciones Institucionales y Técnica de la Dirección Nacional de Aduanas, este Acuerdo recoge las previsiones que son de estilo en esta clase de instrumentos, algunos suscritos anteriormente por nuestro país, tanto en el ámbito bilateral como en el regional, como el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua vigente entre las Administraciones de Aduana de los Estados Partes del Mercosur –incorporado a nuestro ordenamiento jurídico nacional por el Decreto n.º 532/2008, de 3 de noviembre de 2008–; o, en el ámbito multilateral, como el Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones de Aduana de América Latina, España y Portugal, ratificado por el Decreto Ley n.º 15623, de 14 de setiembre de 1984.

Quiero aclarar que estoy leyendo el informe que he presentado en forma escrita y tengo entendido que obra en poder de todos los señores Senadores.

El texto se encuentra alineado con las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas –OMA–, en especial con las disposiciones del Convenio Internacional de Asistencia Mutua en Materia Aduanera propiciado por esa Organización, a los efectos de que los intercambios de información entre las Aduanas resulten válidos en el ámbito jurídico y sobre la base de la confianza y la reciprocidad.

Tal como lo señala el documento «La Aduana en el Siglo XXI» de la Organización Mundial de Aduanas, el comercio mundial ha ido evolucionando, incrementándose en volumen y en complejidad, han aparecido nuevos modelos y exigencias comerciales y al mismo tiempo han aumentado las amenazas contra la seguridad y el crimen transnacional organizado. Todo eso ha llevado a que los gobiernos enfrenten nuevos retos: fomentar el desarrollo socioeconómico de los países, contribuyendo a crear condiciones favorables para ese crecimiento y, al mismo tiempo, a controlar las fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Quiero señalar a los señores Senadores que el documento que acabo de mencionar –«La Aduana en el Siglo XXI»– obra en mi poder. Debido a su extensión no está incluido en la exposición de motivos, pero está a disposición de los señores Senadores que deseen conocerlo en profundidad.

En este contexto mundial, las Aduanas adquieren un papel preponderante por su posición estratégica en las fronteras y su rol en el comercio exterior, asegurando el cumplimiento de las políticas y de las normas legales, ejerciendo el control sobre las operaciones de comercio exterior y los intervinientes en las mismas, combatiendo ilícitos y a la vez facilitando el comercio legítimo.

El intercambio de información entre las Aduanas favorece el control eficaz del comercio, la aplicación de la legislación aduanera, la recaudación exacta de los tributos que inciden en el comercio exterior y la protección de la economía y la sociedad.

El Acuerdo concluido con los Estados Unidos de América constituye el marco jurídico para ese intercambio de información y asistencia mutua entre sus Aduanas. Su objetivo general es que ambas Administraciones Aduaneras se asistan mutuamente en la prevención, detección e investigación de toda infracción aduanera, entendida esta en sentido amplio como toda contravención o intento de contravención de las leyes aduaneras. Es de hacer notar que el artículo central explica todo el contenido del proyecto de ley.

Las disposiciones del Acuerdo regulan el intercambio de información, tanto por previa solicitud como por iniciativa propia de las Aduanas para asegurar la correcta aplicación de la normativa aduanera, la determinación exacta de los derechos aduaneros y otros impuestos aplicados por las Aduanas. Asimismo, se prevé el intercambio de información sobre nuevos métodos implementados para el combate a los ilícitos aduaneros y los resultados de la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías para el control.

A su vez, se reglamenta la utilización de la información suministrada por parte de la autoridad requirente, para que dicho intercambio se ajuste a las normas de seguridad, confidencialidad y responsabilidad contenidas en nuestra legislación nacional sobre protección de datos.

También se establecen excepciones a la obligación de prestar asistencia cuando el cumplimiento de una solicitud pueda ser perjudicial para la soberanía, la seguridad, el orden público o cualquier otro interés de la Parte requerida.

Es importante señalar que se han preservado las competencias propias de las Aduanas y el marco de legalidad de su actuación ya que se establece expresamente que la asistencia se brindará conforme con las disposiciones y limitaciones del ordenamiento jurídico nacional y dentro de los límites de su competencia y de los recursos de que dispongan.

En definitiva, se entiende que la implementación del Acuerdo será beneficiosa y constituirá una valiosa herramienta para la actuación de la Aduana.

Con respecto al Convenio, quiero decir que consta de un preámbulo y tiene catorce artículos.

En sus Considerandos se señala que las infracciones a las leyes aduaneras perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales de los países y se subraya la importancia de la determinación exacta de los derechos aduaneros y otros impuestos.

Asimismo, se menciona expresamente la recomendación del Consejo de Cooperación Aduanera –actual Organización Mundial de Aduanas– sobre Asistencia Administrativa Mutua entre las Aduanas, de 5 de diciembre de 1953.

El Acuerdo comienza estableciendo en su artículo 1 la definición de algunos términos utilizados a lo largo del articulado a los efectos de garantizar una interpretación uniforme. Entre ellos, se incluyen: «Administración Aduanera», entendiéndose por tal, en la República Oriental del Uruguay, la Dirección Nacional de Aduanas, y en los Estados Unidos de América, el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ambos del Departamento de Seguridad Nacional; «Infracción aduanera», como toda contravención o intento de contravención de las leyes aduaneras.

En el artículo 2 se establece que las Partes, a través de sus Administraciones Aduaneras, se asistirán mutuamente para la prevención, detección e investigación de todas las infracciones aduaneras, y actuarán conforme con las disposiciones y limitaciones de sus ordenamientos jurídicos y dentro de los límites de su competencia y de sus recursos disponibles.

En el artículo 3 se contempla el intercambio de información sobre los métodos y técnicas utilizadas para el control de pasajeros y cargas, la aplicación exitosa de técnicas y medios coercitivos para el combate a las infracciones aduaneras y, por otra parte, la cooperación a los efectos de establecer canales de comunicación para facilitar el intercambio de información, la coordinación eficaz y el estudio de nuevos equipos y procedimientos.

El artículo 4 prevé casos especiales de asistencia relacionados con: información sobre la legalidad de la importación, en el territorio de una Parte, de mercaderías exportadas desde la otra Parte; ejercer la vigilancia de personas, mercaderías, medios de transporte y locales que se sepa o se sospeche que se proponen cometer infracciones aduaneras o han sido utilizados para cometerlas –previa solicitud y sujeto a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno–; el suministro de información de actividades que pudieran dar lugar a infracciones aduaneras en el territorio de la otra Parte; el suministro espontáneo de información en situaciones que pudieran afectar gravemente a la economía, la salud pública, la seguridad pública u otro interés vital de la otra Parte. Asimismo, en este artículo se establece que, de común acuerdo, las Administraciones Aduaneras podrán permitir «entregas controladas» con el fin de investigar y perseguir las infracciones aduaneras, previéndose promover la cooperación con las autoridades nacionales competentes o trasladar el caso a las mismas.

El artículo 5 refiere a la solicitud de archivos y documentos, previéndose la posibilidad de que los funcionarios que designe la Administración que efectuó la solicitud, los examinen en las oficinas de la Administración requerida.

El artículo 6 prevé que los funcionarios de una Administración, a solicitud de la otra, puedan comparecer como testigos en actuaciones judiciales o administrativas en el territorio de la otra Parte, presentando documentos y archivos.

El artículo 7 establece disposiciones relacionadas con la forma y el contenido de las solicitudes, las que se efectuarán por escrito y directamente entre los funcionarios designados por las respectivas Administraciones de Aduana. En caso de urgencia, se admitirán solicitudes y respuestas verbales, pero las mismas deberán ser confirmadas por escrito.

En el artículo 8 se contempla el cumplimiento de las solicitudes, estableciéndose que las Administraciones deberán tomar todas las medidas razonables para cumplir con la solicitud, remitiéndola a la autoridad competente cuando corresponda.

El artículo 9 establece limitaciones al uso de la información, a los efectos de garantizar la protección y confidencialidad de la misma, la que solamente se podrá utilizar a los fines previstos en el Acuerdo, lo que incluye cualquier actuación judicial, salvo autorización expresa de la Administración que suministró la información.

Estas limitaciones no impiden la comunicación de la información cuando la Constitución o legislación interna de la Parte receptora de la información la obligan a comunicarla en relación a una causa penal, debiendo previamente notificar a la Parte proveedora de la información y también en relación con terrorismo u otros asuntos de seguridad nacional.

En el Artículo 10 se establecen excepciones a la asistencia. Cuando la Administración entienda que infringiría su soberanía, seguridad, políticas públicas u otro interés nacional sustantivo o sería incompatible con su ordenamiento jurídico interno en cuanto al uso o la confidencialidad, podrá denegar o suspender la asistencia. Cuando prestar la asistencia pueda interferir con una investigación o actuación judicial, podrá aplazarla.

La Administración requerida deberá notificar sin demora su imposibilidad de cumplir con la solicitud, explicando las razones.

En el artículo 11 se establece quién se hará cargo de los costos que insuma cumplir con la asistencia solicitada.

El Acuerdo se implementará directamente entre las Administraciones Aduaneras, las que procurarán resolver de común acuerdo las cuestiones que surjan en su puesta en práctica. Las controversias que no puedan ser resueltas por las Aduanas se resolverán por la vía diplomática.

En cuanto al ámbito territorial, se establece que el Acuerdo se aplicará en los territorios de ambas Partes.

Finalmente, se establecen las disposiciones que son de estilo en cuanto a la entrada en vigor, duración y rescisión del Acuerdo, manteniéndose en este último caso la confidencialidad de la información obtenida en aplicación del Acuerdo.

Por lo expuesto, y de acuerdo con los fundamentos desarrollados en este informe, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores aconseja la aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BARÁIBAR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: acabamos de recibir este proyecto de ley, que no ha pasado por la Comisión, por lo que recién nos estamos enterando de su contenido; de manera que pido disculpas si hacemos algunas preguntas o planteamos algunas dudas que tenemos.

En primer lugar, en el numeral 6 del artículo 4 se habla de la posibilidad de que la Administración Aduanera autorice la entrada de mercancías ilícitas o sospechosas, con el fin de investigar o perseguir las infracciones aduaneras. En este supuesto, aunque nuestra Aduana o la de Estados Unidos tenga la certeza de que hay mercancías ilícitas, igualmente puede dejarlas entrar. No sé si esto no necesitaría autorización judicial. Me parece que para pasar por encima de la ley, sería necesario.

En segundo lugar, el artículo 6, «Testigos», dice: «La Administración requerida podrá autorizar a sus empleados para comparecer como testigos en diligencias judiciales o administrativas en el territorio de la otra Parte y para presentar archivos, documentos u otros materiales». En realidad, citar testigos no es una potestad de la autoridad administrativa, sino de los Jueces.

En tercer lugar, en el numeral 3 del artículo 8 se establece: «la Administración requerida realizará o permitirá que la Administración requirente realice las inspecciones, verificaciones, indagaciones u otras diligencias de investigación, entre ellas, el interrogatorio de peritos y testigos y de los sospechosos de haber cometido alguna infracción aduanera, cuando se necesiten para cumplir con una solicitud». Esto recuerda el caso del Royal Bank de Canadá, en la zona franca, señor Presidente. Si la Aduana va a autorizar a Administraciones extranjeras a realizar inspecciones, verificaciones, indagaciones u otras diligencias de investigación, como el interrogatorio de peritos y testigos y de sospechosos, sin la participación del Juez, creo que estamos ante una norma que puede ser problemática. Nuestra Administración puede autorizarlo citando el texto de este Tratado, que es una ley.

No sé si estos elementos han sido tenidos en cuenta y si este Acuerdo no debería ir a la Comisión para que se aclaren estos puntos. Nosotros queremos votarlo; nos parece muy buena toda esta cooperación que se está teniendo con Estados Unidos en los últimos tiempos y consideramos que hay que profundizarla, pero creemos que hay que hacerlo con cuidado, porque de lo contrario nos puede volver a pasar lo que ya nos ha ocurrido: que se realizaron acciones que terminaron con empresas fuera del país.

El artículo 10, por lo que veo, plantea la posibilidad de excepciones siempre que el requisito legal dependa de nuestro ordenamiento jurídico. Pero si ese requisito legal está aprobado en este Tratado, que pasaría a ser una ley y derogaría leyes anteriores, quizás no podría aplicarse, porque se citaría el Tratado, que es posterior en el tiempo.

Por último, el hecho de que la Parte requerida deba pagar todos los gastos inherentes al cumplimiento de la solicitud, salvo los de testigos, peritos, etcétera, puede ser también complicado, en la medida en que podemos recibir una gran cantidad de pedidos de la Administración Aduanera de los Estados Unidos y esto va a caer sobre nuestra propia estructura aduanera, que ya tiene mucho trabajo. En ese caso, vamos a tener que absorber ese costo.

Estas son las dudas que se me plantean en una primera y rápida lectura del Tratado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Creo que las observaciones que ha hecho el señor Senador Bordaberry son de recibo, pero la cláusula llave que establece este Tratado es que ninguna norma podrá contradecir la normativa legal vigente en el país. Esto está claramente expuesto en el Tratado.

Es cierto que ha habido poco tiempo, porque la aprobación de este Tratado nos fue solicitada hace pocos días. Tanto es así que, en la duda –que dejo abierta–, estaba citada la Comisión de Asuntos Internacionales para hoy en la tarde, precisamente a fin de abordar este tema si el Senado entendía que era excesivamente apresurado aprobar el proyecto en esta sesión. De todas formas, hicimos algunas consultas, y la propia Dirección Nacional de Aduanas nos ha señalado que cumple con todos los requisitos que habitualmente se manejan en esta materia y que no incluye ninguna norma que pueda generar dudas en cuanto a su aplicación en los procedimientos normales.

Por ese motivo hubo acuerdo con la Presidencia para incluir el punto en el Orden del Día y tratarlo ahora, sin perjuicio de que, si se entiende que es prudente que sea examinado en la Comisión, que está citada para la tarde de hoy, la opción la consideramos posible. Pero, por las consultas que realizamos, creo que hay condiciones para votarlo y eso es lo que estamos proponiendo, señor Presidente.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: estoy tratando de ponerme al día con este texto, que es un Tratado. Cualquier convenio o acuerdo, como dice la Convención de Viena, es un tratado internacional, que tiene que estar, lógicamente, debidamente fundado, del mismo modo que quienes debemos considerarlo tenemos que estar debidamente asesorados. No vemos en el expediente un informe de la Dirección de Tratados de la Cancillería. Vemos, sí, un informe de la Asesoría de Relaciones Institucionales y Técnica de la Dirección Nacional de Aduanas, pero esto no es suficiente, porque aquí lo que estamos analizando es qué obligaciones tienen los Estados –o, en este caso, los Gobiernos que celebran este Tratado– de ir incorporando normas que son de estilo en el avance que se va teniendo, pero que no son entre Administraciones Aduaneras. La Administración Aduanera es la que cumple y ejecuta las disposiciones de un Tratado, pero es el Poder Ejecutivo el que establece y estudia su alcance.

El señor Senador Bordaberry planteaba algunas dudas sobre este tema y a nosotros nos surgen muchas más, sin perjuicio de tener en cuenta que hoy la Aduana ya no es la vieja Aduana de recaudación, y que una política aduanera no está solamente orientada a la recaudación y al combate a las infracciones aduaneras, la defraudación o las actividades que procuran sustraerle al Estado los recursos que le corresponden por las operaciones de comercio exterior; hoy la Aduana tiene una visión absolutamente amplia y mucho más fuerte, entre otras cosas, porque está incorporada a una política de carácter nacional que hace a la seguridad nacional, al crimen internacional, al crimen organizado y a todo lo que tiene que ver con las nuevas modalidades del delito que utiliza, entre otros instrumentos, la violación o el incumplimiento de las normas aduaneras.

Me parece muy positivo que la Cancillería informe sobre el alcance de los tratados, más allá de que exista –como todos sabemos– una asistencia administrativa mutua en el ámbito de las Aduanas en el Mercosur y un Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal, que incluso sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas. Como legisladores, es importante que vayamos avanzando en estos temas, conociendo en el ámbito de las Comisiones cuál es el contenido de esas normas, la modernidad de su alcance y los límites que se establecen. En este caso, por ejemplo, se establece la posibilidad de que los testigos puedan declarar en cualquiera de los Estados. Es decir que tanto un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay puede declarar en la de Estados Unidos, como, recíprocamente, lo puede hacer acá un estadounidense. La única excepción que se establece es la de orden público y soberanía, tema mirado con un criterio un poco más difuso.

Reitero, señor Presidente, que se trata de un tema que, si bien es importante, tiene que ver con un esquema de desarrollo y de estrategia; los tratados internacionales deben contar con la debida coordinación para evitar posteriores dificultades en su ejecución y, entre otras cosas, para que no existan aspectos no regulados, como por ejemplo el tema de la jurisdicción, es decir, quiénes tienen jurisdicción al momento de presentarse dificultades sobre la interpretación o, incluso, sobre los mecanismos de arbitraje que existen en el ámbito internacional.

Digo esto porque podemos acompañar la filosofía de la cooperación con mayor seguridad jurídica y la mayor profesionalidad posible en estos temas, justamente porque con el escudo de las normas y del Derecho es que vamos a poder manejarnos, nada más ni nada menos que como cogobierno de los Estados Unidos. Y no porque sean malos o buenos, sino porque al ser grandes potencias, si a la hora de imponer la interpretación de los tratados no contamos con normas claras que nos defiendan y establezcan indiscutiblemente cuáles son los límites y los marcos jurídicos en que el país se debe manejar, lo harán a su antojo.

Propongo, entonces, que este proyecto de ley pase a Comisión para que sea estudiado debidamente y reciba el asesoramiento de la Cancillería, y para conocer la opinión de la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el mismo. Incluso, podríamos contar con la visión de la Dirección del Ministerio de Economía y Finanzas, ya que aquí solo está opinando la sección vinculada con la Aduana; si bien su fundamento nos parece correcto, hay aspectos mucho más importantes, que van más allá de los temas aduaneros y que hacen exclusivamente al armado y a la estructura de nuestra política exterior.

Muchas gracias.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Creo que los argumentos dados por los señores Senadores Bordaberry y Abreu son válidos, ya que ha habido poco tiempo para el estudio del tema. Por lo tanto, formulo moción en el sentido de que el proyecto de ley vuelva a la Comisión de Asuntos Internacionales que, incluso, está citada para el día de hoy a las cuatro de la tarde. Cabe destacar que ya se está citando a la Dirección Nacional de Aduanas para que concurra a disipar las dudas que han surgido sobre el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cabe aclarar que el proyecto de ley no va a volver a Comisión porque nunca estuvo en ella, pero sí se va a votar su pase a Comisión.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: propongo que también se cite a la Cancillería y a la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que brinden su opinión sobre el alcance de este Tratado.

SEÑOR PRESIDENTE.- A mi juicio, esa materia compete básicamente a la decisión de la Comisión. El Senado debe votar que el proyecto de ley se remita a la Comisión correspondiente.

El señor Senador Pasquet había solicitado la palabra; si desea hacer uso de la misma, lo puede hacer en este momento.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: por una serie de consideraciones que ahorro al Cuerpo, iba a proponer que el proyecto de ley pasara a la Comisión, propuesta que ya fue realizada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar, entonces, la propuesta del pase a Comisión del proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- La bancada del Frente Amplio solicita un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 26. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Es la hora 12 y 20 minutos).

(Vueltos a Sala)

Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 13 y 4 minutos).

14) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR PROSECRETARIO (Miguel Sejas).- «La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se prorroga el plazo de permanencia de efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales en la misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (Minustah).

–HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY».

15) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Montevideo, 29 de diciembre de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 29 y 30 de diciembre, por motivos personales, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Saludo atentamente.

Luis Gallo Imperiale. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Senador Obispo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

16) EFECTIVOS PERTENECIENTES A LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES EN LA MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPÚBLICA DE HAITÍ (MINUSTAH)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se prorroga la permanencia de efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (Minustah). (Carp. n.º 1628/2014 – Rep. n.º 1187/2014)».

(Antecedentes).

 

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SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: desde el año 2004, en que Uruguay resolvió que un contingente militar se incorporara a la Minustah –Misión de Naciones Unidas en Haití–, producto de una situación verdaderamente controversial existente en aquel momento, en varias ocasiones se han tenido que votar prórrogas. En razón de que la última vence el 30 de diciembre, el Poder Ejecutivo ha remitido este proyecto de ley, cuya exposición de motivos dice que el Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente proyecto de ley a efectos de que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de que se prorrogue el plazo de permanencia de los efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas nacionales en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (Minustah).

La participación en la referida Misión se enmarca en la contribución con Contingentes para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en dicha República, que fuera autorizada por las Leyes n.os 17785, de 22 de junio de 2004; 17860, de 28 de diciembre de 2004; 17926, de 15 de diciembre de 2005; 17992, de 20 de julio de 2006; 18163, de 29 de julio de 2007; 18225, de 22 de diciembre de 2007; 18443, de 24 de diciembre de 2008; 18655, de 9 de abril de 2010; 18727, de 5 de enero de 2011; 18864, de 23 de diciembre de 2011; 19053, de 27 de diciembre de 2012, y 19186, de 30 de diciembre de 2013.

Por la norma legal mencionada en último término, se autorizó la permanencia de los efectivos nacionales en la referida Misión de Mantenimiento de la Paz hasta el 31 de diciembre de 2014, previa reducción del 33 % (treinta y tres por ciento) del personal afectado de la misma.

Atento a la preclusión del plazo, se solicita la extensión del mismo acorde a lo establecido por la Resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas n.º 2180, aprobada en su 7277.ª sesión, celebrada el 14 de octubre de 2014, que dispuso la prórroga del mandato de la Minustah hasta el 15 de octubre de 2015 y la intención de renovarlo posteriormente. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reafirmado su compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de Haití.

Reconoce que la República de Haití, en relación a la situación general de la seguridad, se mantuvo relativamente estable y mejoró en cierta medida desde la aprobación de la resolución 2119, de 2013, lo cual permitió que la Minustah siguiera reduciendo la dotación de efectivos y adaptando su configuración sin menoscabar la seguridad y estabilidad.

Siguen existiendo desplazados. La violación de derechos humanos en relación con mujeres y niños, es terrible.

La exposición de motivos continúa diciendo que, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución del Consejo de Seguridad 2070 –de 2012– respecto a la reducción del personal, en la actual Resolución se decide que la dotación total de la Minustah sea de hasta 2.370 efectivos y un componente de policía de hasta 2.601 efectivos.

La reducción dispuesta se llevará a cabo conforme con coordinaciones y estudios entre el Departamento de Personal de la Organización de Mantenimiento de la Paz –DPKO, por su sigla en inglés– y el Comandante de la Fuerza en la República de Haití.

Uruguay tiene desplegados, a la fecha, 605 efectivos en el contingente militar, habiéndose acordado la reducción hasta llegar a 250 efectivos, que coincidirá con la oportunidad de rotación de las tropas.

Es importante señalar que el Poder Ejecutivo considera como una eventualidad el retiro de la totalidad de las tropas, si las circunstancias así lo ameritan.

Continúa el texto, expresando: «Considerando entonces la situación referida en la Resolución 2180 (2014) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que dispone la prórroga de la Minustah y en atención a que no están dadas actualmente las condiciones para retirar la totalidad de las tropas, se solicita la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña, cuya aprobación se encarece».

El artículo 1.º del proyecto de ley, comienza diciendo: «Prorrógase hasta el 28 de febrero de 2015 la permanencia fuera del país del 100 % (cien por ciento) del Contingente Militar desplegado en la República de Haití, autorizado por las Leyes», que omito mencionar.

El artículo 2.º indica: «A partir del 28 de febrero de 2015 se reducirá la cantidad de efectivos militares desplegados, prorrogándose hasta el 31 de diciembre de 2015 la permanencia fuera del país de doscientos cincuenta (250) integrantes del Contingente Militar desplegado en la República de Haití de acuerdo a las normas referidas en el artículo anterior».

Por último, su artículo 3.º expresa: «Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, el Poder Ejecutivo podrá en cualquier momento, dentro de los plazos de las prórrogas previstas y por decisión fundada, reducir en mayor número los efectivos desplegados e incluso proceder al retiro total de los mismos, comunicándolo a la Asamblea General».

Señor Presidente, quiero agregar que se trata de un tema que he seguido muy de cerca, tanto cuando estuve presente en Haití, así como en todas las ocasiones en que personas vinculadas a las Misiones de Paz han estado en Uruguay, como cuando nos visitó la señora Sandra Honoré, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.

Cuando estuve en Haití –invitado por la Armada del Uruguay, que se ha retirado completamente, ya que no hay personal de esa arma, aunque sí del Ejército y algo de la Policía– mantuve entrevistas con todos los Embajadores de países que integran la Minustah y con Embajadores de otros tres países que, si bien no la integran, tienen un notorio e importante interés en la situación haitiana. Me refiero, concretamente, a Estados Unidos de América, Cuba y Venezuela.

Debemos recordar, también –no es de menor importancia–, que en 2010 hubo un terrible terremoto en Haití, que prácticamente tiró abajo la mayoría de las casas, incluidos importantes edificios del Estado, entre ellos, el Congreso –donde me había reunido con parlamentarios haitianos–, que ahora funciona en una construcción precaria, realizada provisionalmente, porque todavía no ha habido posibilidades de construir un edificio adecuado.

A través del Embajador Raúl Pollak –con quien me he reunido cuando estuvo en nuestro país– he seguido muy de cerca la situación. Se trata del Embajador de Uruguay en República Dominicana y concurrente en Haití. Felizmente, ahora tenemos un Embajador que ha asumido la tarea de la concurrencia en Haití. Sostengo, y se lo he dicho al señor Ministro de Relaciones Exteriores, que mientras Uruguay tenga un contingente de fuerzas en algún país –lo mismo se aplicaría al Congo, país que también tuve oportunidad de visitar– nuestro Estado debería contar con un encargado de negocios para hacer un seguimiento de la situación del país y del papel que cumple el contingente uruguayo en él.

Se sabe que la situación del Presidente Michel Martelly es estable y que él ha actuado procurando alargar su permanencia, dilatando el proceso electoral –que ya se tendría que haber realizado–, en un intento de permanecer en el poder. Esta situación ha generado un enfrentamiento con el Senado, que está casi desintegrado, ya que de acuerdo con la legislación de Haití se va renovando por tercios. Actualmente hay 20 Senadores de los 30 que lo integran, pero el 12 de enero cesan otros 10, por lo cual ese Cuerpo quedaría prácticamente desintegrado.

He seguido de cerca la situación a través del Embajador Pollak, que me ha estado poniendo al día, y tengo la Resolución n.º 2180 –que se menciona en la exposición de motivos remitida por el Poder Ejecutivo–, de 14 de octubre de 2014, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue votada por unanimidad, lo que es bueno señalar. En definitiva, esta Resolución –de la que voy a leer algunos párrafos– enmarca el tratamiento general de todas las fuerzas de paz, en este caso, referida especialmente a Haití.

Allí se expresa: «Observando con gran preocupación que algunas elecciones se llevan posponiendo tres años y que Haití aún no ha modificado la ley electoral y que, en consecuencia, el Consejo Electoral Provisional ha llegado a la conclusión de que no será posible organizar elecciones el 26 de octubre, como había dispuesto el Gobierno.

Reconociendo que la situación general de la seguridad se mantuvo relativamente estable y mejoró en cierta medida desde la aprobación de la resolución 2119 (2013), lo cual permitió que la Minustah siguiera reduciendo la dotación de efectivos y adaptando su configuración sin menoscabar la seguridad y estabilidad de Haití, y reconociendo la importancia de que las decisiones que se adopten con respecto al futuro de la Minustah guarden relación con la seguridad y se basen en las condiciones existentes.

Reconociendo el papel crucial de la Minustah para garantizar la estabilidad y la seguridad en Haití, encomiando a la Minustah por la asistencia que sigue prestando al Gobierno de Haití para crear un entorno seguro y estable, expresando gratitud al personal de la Minustah y a sus países,…», etcétera.

Es una extensa declaración que consta de varias páginas, donde se relata con detalles la situación que se está viviendo.

Es evidente que Haití está pasando por un período de transición en el que no hay una confrontación social fuerte, si bien ha habido enfrentamientos y muertos civiles; la situación es de una densidad menor a lo que podría ser una confrontación abierta, es decir, una guerra civil. También es cierto que, luego de la crisis –eso lo pude percibir–, han mejorado las condiciones económicas, la situación laboral y la situación del transporte; si bien queda una cantidad muy importante de desplazados, se percibe un mejoramiento. Sin duda, una ciudad como Puerto Príncipe presenta enormes carencias en materia de saneamiento, agua corriente, vivienda y empleo medianamente estable para una multitud de gente que deambula por las calles sin saber dónde está. Eso ha dado lugar a que la violencia social y de género, así como la agresión a los niños sea alarmante en la sociedad. La Minustah no está cumpliendo una actividad bélica, sino adoptando una actitud de reserva moral, a fin de asegurar que la estabilidad, que es muy precaria, no se deteriore más, a la espera de que en algún momento las soluciones políticas permitan lograr el fortalecimiento de la policía, del Poder Judicial, y de los organismos electorales, así como la recomposición del funcionamiento a través de las elecciones del Parlamento y, naturalmente, de la elección de un nuevo Presidente de la República a la mayor brevedad. Esa es la situación que se está cuidando, sabiendo que existen enormes carencias.

Todos los Embajadores con los que hablé, en especial el de Brasil, que es el Presidente del contingente en Haití, reconocen que la presencia allí no es de agresión ni de apoyo al Presidente Martelly, como a veces se ha dicho, sino un apoyo a la precaria institucionalidad, que incluye al Poder Ejecutivo pero también a las condiciones sociales, al Parlamento y a las organizaciones sociales, en la búsqueda de que las mismas puedan funcionar razonablemente en paz.

En los informes que recibí en los últimos días hay algunas noticias importantes, como la renuncia del Primer Ministro, Laurent Lamothe, pedido que se había realizado, y la constitución del Core Group, integrado por Brasil –país con el contingente más numeroso en Haití y que, a su vez, ejerce la Presidencia de las tropas–, Canadá –que tiene intereses bien importantes–, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, un representante especial de la OEA, los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados –esto es muy importante, precisamente porque en el Senado es donde está concentrada la principal oposición al Presidente Martelly y es el órgano que reclama medidas convenientes, pero de difícil ejecución en los plazos planteados–, representantes de la iglesia, de los sindicatos y de la prensa, a fin de conocer su posición respecto de recomendaciones de la Comisión Consultiva. Al respecto, la representante especial del Secretario General de la ONU en Haití, señora Sandra Honoré –quien hace unos meses estuvo en Montevideo–, afirmó que representa un paso adelante hacia la resolución de la crisis política y electoral. Y reiteró: «El Core Groupe insiste en su llamado a todos los actores de todas las tendencias políticas para reunirse en torno al interés superior de la nación, en el marco de la solución adoptada por el Presidente de la República a fin de preservar la estabilidad y generar un clima de confianza»; esta es una cita textual de un discurso pronunciado por la señora Honoré hace poco tiempo.

Este es un tema que he seguido y sigo casi habitualmente y del que tengo todos los informes y las resoluciones adoptadas por el Parlamento uruguayo que confirman la prórroga.

En resumen, lo que plantea el Poder Ejecutivo es prorrogar la permanencia de las tropas y al mismo tiempo reducirlas con miras a ganar tiempo –se podría decir– y que todas las fuerzas políticas y sociales –gobierno y oposición– se reúnan y logren, en un acuerdo básico, un ordenamiento jurídico mínimo que les permita realizar las elecciones para designar al nuevo presidente y reinstalar el Poder Ejecutivo en Haití.

La plataforma es muy sencilla: básicamente, plantea esta situación. En definitiva, me parece bien que la Minustah sea una especie de guardia de seguridad que no actúe, pero que garantice que este proceso vaya por el camino adecuado; y si eventualmente existiera una situación de confrontación social, que se procure actuar en consecuencia en materia de criterios, que no son fijados por la Minustah ni por el Uruguay, sino por el propio Consejo de Seguridad.

Quiero aclarar que la Minustah está integrada por tropas de casi todos los países de Sudamérica: Brasil, que es el más numeroso; Uruguay, con un contingente que se ha ido reduciendo con el tiempo, pero que aún es importante; Argentina; Chile; Paraguay; Perú y Guatemala, entre otros. Además, el equipo de conducción del 2+1 está integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, quienes se reúnen periódicamente y, en el marco de la Unasur, van haciendo un seguimiento de esta situación. Cuando he tenido oportunidad, he hecho algunas consultas a nivel internacional –particularmente a Brasil– y me han dicho que, en general, esta orientación es la que ese país está siguiendo aunque con muchas dudas sobre el resultado final a lograr, pero que en el momento actual parece ser la más sensata, y por eso se recomienda la prórroga de la permanencia de las tropas, aunque no sé si Brasil necesita una resolución parlamentaria cada cierto tiempo.

Señor Presidente: podría hablar mucho más de este tema. Si los señores Senadores me quieren hacer alguna pregunta, estoy a las órdenes. Existe mucha documentación al respecto pero, en definitiva, proponemos aprobar el Mensaje remitido por el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: queremos manifestar que la República de Haití no significa una amenaza para la paz y la seguridad internacional, por lo menos para quien habla y para la fuerza política que representa. Por el contrario, a pesar de haber acontecido allí la primera revolución victoriosa de los esclavos contra el poder colonial, Haití es un pequeño país subdesarrollado y empobrecido, víctima de una intervención externa que fue resuelta por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante un conflicto interno producto de un golpe de Estado que derrocó a su presidente electo. Vale la pena recordar que la última de las tantas e incontables ocupaciones militares que sufrió Haití –organizada por Estados Unidos, con Francia y Canadá a su lado– fue en el año 2004 y logró derrocar al régimen del Presidente del momento, Jean-Bertrand Aristide.

A más de una década de sucedidos estos acontecimientos y de adoptada la resolución de las Naciones Unidas, no se ha logrado –sin duda alguna, según lo informado por el miembro informante y con base en la propia realidad– cumplir cabalmente con el objetivo de la misión, de asegurar la estabilidad interna y devolver a los haitianos su capacidad de autodeterminación. Por ejemplo, tenemos una información de hace unos días que dice que opositores haitianos recorrerán las calles de Puerto Príncipe durante las fiestas navideñas para exigir la renuncia del presidente del país, Michel Martelly, y la convocatoria a elecciones generales anticipadas. Las manifestaciones estaban programadas para ese miércoles y para los días 26, 28 y 31 de diciembre y 1.º de enero de 2015.

Además, como también señalaba el miembro informante, renunció el Primer Ministro, Laurent Lamothe; pero no solo eso, tal vez lo más preocupante de la situación del hermano país sea la renuncia del Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de los Jueces del Consejo Electoral Provisional, que es el órgano clave para la celebración de las elecciones legislativas y municipales, las que desde hace varios años están pendientes de realización.

Esta crisis tiene que ver con la prolongación de la situación de precariedad, hambre y miseria que viven miles de hombres y mujeres, ancianos y niños, hacinados en carpas desde que se produjo el devastador terremoto, el 12 de enero de 2010. Otro hecho significativo es la propagación del cólera, lo que ha provocado el fallecimiento de 9.000 haitianos y ha enfermado a más de 750.000 habitantes en un país con una población de 9:000.000 de personas. A esto debemos agregar el no reconocimiento del derecho de indemnización a las víctimas, todo lo que en su conjunto señala los límites y fracasos de la llamada ayuda humanitaria y de la intervención de la comunidad internacional en Haití.

Recordamos que cuando se decide la participación de las fuerzas uruguayas en Haití –esta es una posición histórica que hemos mantenido–, nuestro partido tenía como Secretaria General a la entonces Senadora Marina Arismendi, quien decidió concurrir a la Cancillería y entregar una carta al Canciller de la época, Didier Opertti, pero decidió hacerlo públicamente y en forma de manifestación, mostrándonos contrarios a la intervención de nuestras tropas y de las Naciones Unidas en aquel conflicto que veíamos muy relacionado con políticas de vieja data de los Estados Unidos en el continente, tomando injerencia en asuntos internos de los otros países.

Volviendo a lo anterior, y tal como se establece en el artículo 19 de la Carta de la OEA, «Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro», pensamos que es necesario solidarizarnos con el pueblo de Haití y acompañamos la demanda internacional –que no voy a relatar, como dijera el señor Senador preopinante y miembro informante, porque sería largo de informar– y las múltiples acciones que se han hecho a lo largo del mundo para que esta intervención termine.

En resumidas cuentas, acompañamos lo que hoy es una sensación mayoritaria en el mundo en cuanto a que se retiren las tropas de la Minustah y que se establezca un calendario acordado para comenzar y concluir dicho retiro.

Es cuanto queríamos expresar con respecto al tema de la prórroga de la presencia de las tropas uruguayas integrantes de la Minustah.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: quizás voy a reiterar algún concepto, porque alguna que otra vez han llegado al Senado estos temas de las Misiones de Paz, pero me permitiré desarrollar algunas reflexiones que vienen a cuento, sobre la política exterior y las Fuerzas Armadas.

Es cierto que Haití fue el primer país de América en independizarse; su líder, Toussaint Louverture, era un hombre de color –afrodescendiente, como se dice ahora– que independizó a su país y le infligió una grave derrota a los ejércitos de Napoleón que pretendieron ahogar esa rebelión y fueron derrotados por estos descendientes de esclavos, por esa gente muy pobre, pero muy valiente, que estaba defendiendo su tierra. Pero, después, Francia le aplicó al pobre Haití unas indemnizaciones de guerra que lo hundieron en la miseria.

Todas esas islas eran proveedoras de azúcar y cabe recordar que el uso de este alimento en la dieta –por lo menos de Occidente– es muy reciente. En los siglos XVII y XVIII, en Inglaterra, se puso de moda utilizar azúcar para endulzar las infusiones y los postres; se vivía una suerte de moda, por lo que todas estas naciones querían tener su provisión de azúcar de caña, y las islas del Caribe eran particularmente aptas para esos cultivos. Por supuesto que se utilizaba mano de obra esclava y así fue que, tanto ingleses como franceses, se hicieron de colonias que los proveían de esta mercadería que pagaban a precio vil.

Dejemos esto de lado, pero no del todo, porque se trata de países que han vivido sometidos a los intereses extraños. Fue una zona preferente para las invasiones norteamericanas, para la presencia de ese imperialismo a fines del siglo XIX y a principios del XX. Es decir que han vivido precariatos más que independencias, y si a la miseria le sumamos la amenaza extranjera, no es de extrañar que el resultado sociopolítico sea deficitario.

He estado en Haití como integrante de una misión del Club de Madrid y no voy a decir que conozco tanto del tema como el señor Senador Baráibar, que ha estado mucho más en contacto, pero una vez que uno se introduce –al nivel que puede– en la población y la gente quiere hablar sobre su país, más o menos se puede formar una impresión no del todo negativa. ¡Cuidado con estos Estados fallidos y sobre todo en esa región! Un Estado fallido, con la precariedad de instituciones como las que tiene Haití, es un fruto codiciado que se puede convertir en un narcoestado. Con las cifras que se manejan y cuatro o cinco cosas más que se hagan, el día de mañana alguien podrá ser el Presidente de ese país y convertirlo en un portaviones de drogas –por decirlo de alguna manera–, muy cerca de las costas de Estados Unidos.

La falencia del Estado haitiano es prácticamente total. Michel Martelly accede a la Presidencia en función de su popularidad como cantante, como director de una banda de música moderna, y como he tenido oportunidad de hablar con él, puedo decir que es un individuo muy educado. Él llega a ese lugar en función de una Constitución que es diabólica, porque los Diputados y los Senadores no se eligen junto con el Presidente; entonces, todo depende de relaciones personales, no existe ni la sombra de partidos políticos y muchos de quienes llegan a los cargos políticos los usan para medrar. A su vez, se trata de un pueblo muy paciente, muy trabajador y muy bueno, tal como nos ha dicho el Personal Superior y Subalterno integrante de la Misión uruguaya, con el que pudimos charlar extraoficialmente de manera muy abierta. Ellos nos hablaban de la bondad de esta gente que, sin duda, merece un mejor destino y nos mencionaban la ausencia de delitos contra la propiedad. Por ejemplo, en todos lados hay puestos donde se prepara alimentación, y la comida más popular –lo digo a modo de anécdota, para que se vea qué distinto es todo– consiste en tallarines fritos, o sea, unos fideos que se meten en una olla que está al fuego –hecho con madera– y salen rebosando aceite. A veces hay algo más, como porotos o arroz, pero no demasiado.

Al borde de casi todas las calles hay tienditas cuyos propietarios las dejan de noche y se van, y cuando vuelven al día siguiente no les falta nada. Son cosas que realmente hay que tener en cuenta, porque se trata de pueblos que merecen –como dije antes– un mejor destino.

Dejemos de lado esta parte histórico filosófica para encarar lo que hoy se somete a consideración del Senado como Mensaje del Poder Ejecutivo. Como ya lo sabe esta Cámara, estoy en contra de la visión reduccionista de las Misiones de Paz del Uruguay. Es más, creo que deberíamos tener más Misiones de Paz, y lo explicaré brevemente. Por un lado, desde el punto de vista profesional, se trata de la puesta en práctica de toda la preparación que recibe el Personal Superior y Subalterno; y, por otro, desde el punto de vista económico, significa un importante aumento salarial para los funcionarios públicos peor pagos del país, que son los efectivos del Ministerio de Defensa Nacional.

Asimismo, cabe acotar que se trata de una presencia que no hemos aprovechado desde el punto de vista diplomático. Por ejemplo, las Misiones de Brasil han incorporado negociadores comerciales; a ellas van tantos Oficiales, tantos Soldados, etcétera, y un delegado comercial. ¿Por qué? Porque están haciendo una obra a favor del país, pero también consiguen datos a fin de colocar productos. Es una tarea que nosotros aún no hemos completado, ya que también tiene que servirnos para obtener estos fines.

En definitiva, soy partidario de las Misiones de Paz por todos los argumentos que he esgrimido y, además, porque al igual que nuestra presencia en el Tratado Antártico, nos permiten estar en uno de los «clubes» –entre comillas– de países más exclusivos del mundo. En la Antártida estamos codeándonos con las grandes naciones y en las Misiones de Paz, también; si esto es debidamente aprovechado por un Ministerio de Relaciones Exteriores que esté más alerta y lo incluya en su esquema, creo que puede y debe servir para mucho en las relaciones internacionales del Uruguay.

Entonces, yo me opongo a toda esta visión reduccionista de la Misión de las Fuerzas Armadas que se trasunta en el Mensaje. La palabra «reducción» aparece varias veces, como pidiendo disculpas por estar ahí, y yo no veo quién tiene esa cola de paja o quién tiene el concepto de que se está haciendo algo indebido. Creo que es al revés: hay que aumentar todo lo que se pueda, sin desmedro de las unidades de combate y demás servicios que estén en nuestro país. Repito que la rotación ayuda en lo profesional y en lo económico. Y créanme –porque he tenido oportunidad de hablar con el personal subalterno– que estos paisanos nuestros van al Congo, a Camboya, al Sinaí, y vuelven mirando al mundo de una forma distinta y razonando una cantidad de cosas que antes no podían razonar. Además, los que cuidan el ingreso extra terminan su casita y dan un salto hacia adelante –por supuesto, los que no lo cuidan no lo aprovechan–, que es lo que todos deseamos, ya que sus retribuciones son de $ 9.000 o $ 10.000.

Creo que el concepto del Poder Ejecutivo no es correcto. Me extraña y me parece una lástima que el señor Ministro Fernández Huidobro, que sabemos que es un individuo que se empeña en convertirse en un Ministro que sea recordado como preocupado por las Fuerzas Armadas –y, por lo menos yo, he coincidido con él muchas veces–, firme este Mensaje que, repito, va como reculando disimuladamente, como si hubiéramos hecho algo malo. Hay que reafirmar, con orgullo, la presencia de los soldados orientales en el Congo o donde sea. Estamos en las Misiones de Paz desde Cachemira, en 1949. Somos el país que, en proporción a su población, tiene más efectivos sirviendo a las Naciones Unidas. Insisto, si lo calculamos en función de la población, es el país que tiene más gente en estas Misiones, que nos parecen útiles y necesarias. Es por eso que nosotros vamos a votar en contra el artículo 2.º, que dice que los efectivos se van a ir reduciendo. Por supuesto que en este episodio esto no será más que una nota al pie, pero no queremos dejar de lado lo que ha sido nuestro empeño, en el Gobierno y fuera de él, para que las Misiones de Paz sean un capítulo importante de la historia militar de nuestra República.

Gracias señor Presidente.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Para complementar lo que se ha venido sosteniendo, creo que es importante que no solo veamos el tema de Haití en particular, sino que también seamos capaces de analizar el funcionamiento de las Operaciones de Paz, el motivo por el cual se crearon, que no está previsto en la Carta fundadora de las Naciones Unidas. Por sobre todo, hay dos aspectos que son muy importantes: el origen del mandato y el contenido del mandato. Señor Presidente: el origen del mandato surgió durante la Guerra Fría, cuando el funcionamiento del veto estableció una serie de limitaciones muy fuertes dentro del Consejo de Seguridad, para poder tomar decisiones ante conflictos que podían ser solucionados con la participación de las Naciones Unidas. Cuando este tema empieza a evolucionar, el veto comienza a tener menor fuerza dentro del Consejo de Seguridad y las Operaciones de Paz ganan enorme importancia. Frente a lo que el señor Senador Lorier decía, es muy importante definir jurídicamente lo que es una participación consensuada y lo que es una intervención. La intervención puede ser de carácter unilateral o multilateral, en violación del Derecho Internacional, inclusive hasta la puede hacer el propio organismo multilateral, pero la historia de las Operaciones de Paz, de alguna manera, es una definición que está dentro de los manuales. A propósito, quiero citar a Marrack Goulding, un viejo amigo que hasta hace poco fue Secretario de Naciones Unidas y definió las Operaciones de Paz. Mr. Goulding es un inglés muy preparado –aficionado a los pájaros y a su observación, un hobby que puede tener cualquiera de nosotros–, que definió a las Operaciones –sobre todo las de primera generación porque ahora hay de segunda generación– como un procedimiento donde el personal militar y civil internacional es desplegado con consentimiento de las partes, bajo comando y dirección de la Organización, procurando asistir en la resolución de conflictos internacionales o, en su caso, conflictos internos que puedan tener alcance internacional. Es decir que el contenido de ese mandato tiene dos elementos muy importantes que, sobre todo, están en el Capítulo VI, que hasta ahora se ha venido manejando con algunas pequeñas excepciones, dado que el Capítulo VII es más complicado, sobre todo porque autoriza la utilización de la fuerza. Bajo el Capítulo VI han estado funcionando casi en forma permanente todas las Operaciones de Paz, con alguna excepción, ya que cuando hay un derecho de paso o sucede una circunstancia importante se puede utilizar la fuerza. Ese no es el caso de Haití porque, precisamente, se ha mantenido dentro del Capítulo VI. Cuando una de las Fuerzas de Paz es atacada, se defiende usando la fuerza y además se establece un elemento muy importante, que es la proporción. Como sucede en el sistema internacional y en el Derecho Privado, uno de los componentes de la legítima defensa es la proporción de la respuesta, que debe ser adecuada a la agresión. Una cosa es defenderse de un ataque puntual y otra, responder con un bombardeo o con un exabrupto en el enfrentamiento. Lo digo, señor Presidente, porque estas Fuerzas de Paz han tenido y tienen un despliegue muy importante. Sabemos que son decenas y actualmente funcionan 16 en el mundo. Las competencias están en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su artículo 11 les permite actuar, aunque también existe una especie de reserva o de competencia subsidiaria del propio Secretario General, que hasta ahora no ha sido utilizada.

El ejemplo de Haití es muy importante. Como los señores Senadores recordarán, en 1991 se había producido la destitución de Aristide y lo que se quería hacer era ingresar o intervenir en Haití con fuerzas multinacionales para restablecer su autoridad. En ese caso, aplicando el principio de no intervención, nosotros sostuvimos que no íbamos a acompañar aquella solución, como tampoco lo hacía nuestro amigo Celso Amorim –con el que, más allá de las profundas y duras discrepancias, tenemos buena relación–, ex-Canciller y actual Ministro de Defensa de Brasil. Él veía las cosas con un sentido mucho más estratégico, algo que –como decía el señor Senador Lacalle Herrera– va mucho más allá de una decisión puntual respecto a cómo se participa en estos temas. La autorización se negó e incluso estuvimos en contra del sistema interamericano. En ese entonces el connotado Canciller argentino Dante Caputo lideraba este tema en función de las Naciones Unidas y nosotros discrepábamos absolutamente con esa visión unilateral de intervenir en los asuntos de Haití. Sin embargo, coincidíamos con el Canciller Amorim y con el Gobierno de Brasil. Digo esto porque después las cosas cambian. Ahora bien, cuando nosotros decidimos acompañar estas Fuerzas de Paz, lo hacemos porque en esa definición que hoy está incorporada a la filosofía existe el consentimiento de las partes y no hay una imposición o una intervención de carácter unilateral o multilateral. El señor Senador Lacalle Herrera decía, con acierto, que la división de poderes que hoy existe en Haití y el enfrentamiento entre el Senado y la Cámara de Representantes y las mayorías son enfrentamientos que, incluso, se dan con discrepancias de las fuerzas sociales en muchos aspectos, pero más allá de eso, no sustituyen la voluntad del Estado o del Gobierno. Aquí no se está ejerciendo ningún tipo de intervención indebida porque el consentimiento de las partes con absoluta legitimidad permite seguir progresando en este terreno.

Nuestras Fuerzas Armadas estuvieron presentes en Cachemira, también en Israel, pero podría decir que las Operaciones llevadas adelante en Camboya –donde se obtuvo un resultado muy importante– y en Mozambique fueron los elementos más resaltables. Donde se tuvo una fuerte derrota o fracaso fue en Somalia y Liberia porque, obviamente, las circunstancias van más allá de la voluntad de las Naciones Unidas.

Señor Presidente: estamos hablando de cómo tratar de ampliar el contenido del mandato porque, como en el caso de Haití, no se trata solo del despliegue de carácter militar, sino que estamos destinando 7.200 efectivos, entre militares, policías y civiles, para apoyar el restablecimiento del Estado. Esa visión de Estado fallido, que a veces está rondando, no ha sido sustituida por la voluntad de los de afuera, sino que es el Gobierno legítimo el que acepta y pide la participación de las Fuerzas de Paz para tratar de crear un proceso de maduración institucional que, como bien dijo el miembro informante, ha sido agravado por el terrible terremoto que sufrieron al poco tiempo de instalarse las Misiones de Paz.

Actualmente, las Operaciones de Paz no solo se pueden dividir en misiones de observaciones, de mantenimiento de paz, de despliegue preventivo o en operaciones complejas de conflictos internos, sino también en operaciones de asistencia a las autoridades civiles y para la protección de los derechos humanos, sin perder de vista su principio básico: la imparcialidad. Las Operaciones de Paz no toman partido por ninguna de las partes en pugna; simplemente, tratan de cumplir con su mandato en forma adecuada dentro de lo que son las dificultades naturales de cada realidad. En Ruanda, por ejemplo, tuvo lugar lo que se conoció como «Operación Turquesa» donde, en aplicación del Capítulo VII y, como se recordará, ante la indiferencia del mundo –porque no estaban realmente en juego aspectos importantes, estratégicos y recursos–, se mató a un millón de personas a machetazos, a palos y en venganza, la peor expresión del desprecio por la dignidad humana. A veces sucede que nos olvidamos de estos temas porque, más allá de la visión filosófica que se pueda tener, los derechos humanos son, en todos lados, el derecho a la vida y a ser respetado. Quizá se pueda interpretar que las Fuerzas de Paz son el brazo ejecutor de determinada visión imperialista o que existe, además, la voluntad de sojuzgar o hacer depender de determinados Gobiernos; sin embargo, son el instrumento de una política exterior que, si bien no está en la Carta de las Naciones Unidas, nos permite a todos manejarnos con un criterio que descarta el concepto de la intervención. Quiero recordar que cuando Uruguay integró por última vez el Consejo de Seguridad –hace ya cincuenta años–, el Embajador Carlos María Velázquez dijo que la intervención es una palabra maldita. Creo que es muy importante ratificar esto como parte de nuestra filosofía.

Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos? Aquí está planteada una de las discrepancias: la resolución del Consejo de Seguridad de ir reduciendo las Fuerzas, incluso, en Haití, por sus características especiales.

Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el Centro de Operaciones de Paz de Brasil –quizá, en una de sus primeras experiencias–, hecho a lo brasileño; esto es, con manzanas y manzanas de ejército brasileño, con capacitación, formación de oficiales y personal subalterno y, sobre todo, con integración a lo que significan las lealtades que deben tener las Fuerzas involucradas en las Misiones de Paz. Diría que existe como un pacto de lealtad de los funcionarios y la Fuerza hacia el contenido del mandato, en lugar de tenerla hacia lo que pueda ser una intervención indebida respecto de una de las partes involucradas. Este es un aspecto muy importante porque no solo hace a un tema puntual sino a una política exterior, a una visión de lo que es uno de los principios generales del Derecho: la convivencia pacífica o la paz. La paz no se consigue interviniendo y sustituyendo a Gobiernos simplemente por una vocación imperialista, filosófica, ideológica, dogmática y religiosa; todos los que están detrás de la intolerancia terminan en la antesala de la violación sistemática de los derechos humanos.

De ahí, pues, que no podamos ver esto exclusivamente como parte de un esquema haitiano, con sus peculiaridades –como decía el señor Senador Lacalle Herrera–, con su exposición al crimen internacional, al narcotráfico y a todo lo que significa el hecho de que los que realmente tienen fuerza económica dentro de Haití –aclaro que esto no es un tema de intervención– lo único que no quieren son limitaciones a lo que son, a veces, sus desviaciones en una zona tan complicada. Todavía uno no se explica cómo en esa isla –que obtuvo la primera independencia y después fue arrasada por Francia, en un hecho absolutamente tremendo– pueden convivir Santo Domingo, con determinadas orientaciones y posibilidades económicas, y la propia Haití, en una situación de configuración de Estado fallido. Entonces, creo que no podemos sacarle una fotografía a este tema porque aquí tenemos que discutir sobre la filosofía que nos va a inspirar. ¿Por qué estamos en las Operaciones de Paz? ¿Por qué tenemos que participar? ¿Por qué nos podemos retirar, o no, en forma gradual? Esto no se debe hacer sobre la base de sostener que las Operaciones de Paz son elementos de intervención indebida e ilegal en los asuntos internos de otros Estados.

Más allá de lo manifestado, sabemos que Brasil tuvo una experiencia muy particular en Haití y que luego todas estas fuerzas de intervención consensuada o de participación llevaron a la designación de Comandantes en Jefe. Como se recordará, el propio Comandante en Jefe era brasileño y se suicidó ante las dificultades de convivencia. Además, nuestro amigo, el excanciller chileno Valdés –hijo de don Gabriel Valdés, delegado de las Naciones Unidas–, nos daba una clara y profunda exposición sobre cuáles son las complejidades de este tema.

Independientemente de las decisiones –porque la decisión de la reducción está tomada por el Consejo de Seguridad–, no compartimos lo que establece el artículo 3.º, que dice que «el Poder Ejecutivo podrá en cualquier momento, dentro de los plazos de las prórrogas previstas y por decisión fundada, reducir en mayor número los efectivos desplegados e incluso proceder al retiro total de los mismos, comunicándolo a la Asamblea General». Esta es una decisión unilateral, totalmente incompatible con lo que significa la participación de un país en sus compromisos multilaterales en Operaciones de Paz. Se podrá decir que no se participa más pero, en este caso, hasta ahora –esto lo saben todos– todas las negociaciones y decisiones sobre las que se va avanzando en el retiro gradual están, de alguna forma, orientadas y referidas a la voluntad política del Gobierno brasileño. Ahora bien, como este sabe muy bien cuáles son estas dificultades, las va orientando, pero no lo hace precisamente en función de una decisión unilateral. Tan así es, que si somos Unasur o Mercosur, no podemos arrogarnos una decisión y decir «bueno, en este caso nos vamos cuando queremos y lo dejamos así», cuando estamos participando, no solo en Haití, sino en varias Fuerzas de Paz muy importantes, que es además uno de los mecanismos más trascendentes que tienen las Naciones Unidas. Hay que tener presente que se trata de fuerzas internacionales que tienen, además, otro elemento adicional.

Pido disculpas al señor Presidente y a los señores Senadores por hacer hincapié en este tema.

En realidad, hay dos criterios que se han discutido en forma extensa, relativos a si las fuerzas de paz son multilaterales o regionales –este es un elemento que ha comenzado a ejercer presión-, con las ventajas y desventajas que ello implica. Sabemos que los países que tienen vecinos que participan de estas Misiones –como es el caso de las naciones americanas– mantienen viejas discusiones o conflictos que pueden ser de límites o intereses, lo que determina que exista cierto recelo en cuanto a la participación de fuerzas de paz provenientes de la región. Por esa razón es que se administra de forma adecuada este tema y también es por eso que el Comandante de las Fuerzas de Paz en Haití es brasileño; quizás este sea el primer ejemplo que podamos tener.

En el fondo de todo esto, la pregunta es si queremos o no mantener las operaciones de paz como instrumento del Uruguay en materia de política exterior. Si las queremos mantener las podemos ajustar debidamente y en función de los principios del Derecho Internacional que seguimos, pero no sobre determinadas decisiones o posiciones que pueden resultar hasta antojadizas en cierto modo y que pueden implicar un retiro de cierto sentido de la solidaridad y del espíritu de cooperación que existe, precisamente, en la difícil articulación de operaciones de paz, sobre todo en la de Haití, que tiene aspectos muy importantes desde el punto de vista de la formación, consolidación y la estabilidad institucional. Creo que es importante que reflexionemos sobre esto. Ya no se trata solo de Haití, más allá de que vamos a estar en contra de todo lo que signifique intervención.

Por otro lado, todo aquello que implique que el Uruguay consolide su presencia a favor de la paz, de los Derechos Humanos, sin intervenir, con el consenso de otros países y de gobiernos que llaman a aquellas fuerzas que participan con ese objetivo, va a contar con nuestro apoyo. Me parece que en este caso, cuando se decide en forma unilateral el retiro, en el momento en que se quiera, tal vez le estamos poniendo medias suelas a nuestra conciencia humanitaria y universal. Quizás eso se haga, simplemente, para contemplar determinadas situaciones, pero se termina comunicando a quienes tienen la responsabilidad de comandar estas fuerzas que uno de los países participantes –que es el que tiene mayor número de fuerzas en esas misiones en proporción con su número de habitantes– toma la decisión unilateral e intempestiva de retirarse porque ha decidido dejar de participar.

Creo que es importante que estos no constituyan temas puntuales, sino de definición de la política exterior, que no solo son parte de este Gobierno, sino también de la próxima Administración. Precisamente, la próxima Administración va a tener que definir, no solamente el tema puntual, sino también su filosofía. La filosofía de las operaciones de paz que nosotros acompañamos con tanto entusiasmo no puede ser transada con la intervención ni con la participación interesada, y tampoco con la participación mencionada en el Capítulo VII, aun cuando puedan existir determinadas excepciones, puesto que ese ya resulta ser un elemento de confrontación difícil de administrar en el ámbito de los territorios extranjeros, incluso ajenos hasta a la propia vida doméstica de cada país.

Por esa razón, señor Presidente, queremos decir que acompañamos la prórroga, pero no el artículo 3.º, simplemente porque esta iniciativa tiene que ser consensuada nada menos que con Brasil y su Presidenta, así como con la región y, fundamentalmente, con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y su Asamblea General, que es la que tiene competencias establecidas y claramente definidas. Sin dudas, nosotros debemos defender el Derecho, que es el escudo de los débiles.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR TAJAM.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR TAJAM.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero decir que vamos a votar el proyecto, precisamente, por lo que otros no lo van a hacer, es decir, por el artículo 2.º.

Hace mucho tiempo que las fuerzas militares, en particular las de Uruguay, están en Haití. Deberíamos preguntarnos por qué siguen allí, si se sigue afirmando que los principales problemas de aquel país son la malnutrición, el acceso desigual al agua y al saneamiento, etcétera. Estos problemas también son de Derechos Humanos y en una escala muy diferente a lo que es la presencia militar. Esto quiere decir que continúan existiendo problemáticas que no ha podido solucionar la presencia militar. Tampoco han solucionado esos problemas los compromisos que en algún momento se establecieron con respecto a la democratización del país. En lo personal, no veo que haya una democracia afianzada en Haití, así como tampoco he comprobado que se mejoraran los mecanismos de seguridad, tal como se afirmó en otra época.

Por esas razones, creo que debemos preguntarnos por qué continuamos teniendo en aquel país fuerzas militares tan importantes. Sin duda que eso se lo ha preguntado la Organización de las Naciones Unidas, porque ya está comenzando a definir un retiro gradual de las Fuerzas de Paz. Por mi parte, espero que ese retiro gradual sea sustituido por lo que se necesita para cubrir las desigualdades que se mencionan en el informe. Me refiero a que se comience a sustituir la presencia de fuerzas armadas por médicos, técnicos, inversiones o material fundamental para cubrir las necesidades de Haití, ya que el poco desarrollo que existe en ese país no es suficiente para lograr esas metas.

Por eso creo que está bien ir retirando las fuerzas militares, sustituyéndolas con esos otros contingentes. El mantenimiento de las fuerzas armadas en Haití, sin dudas, creó una situación de hecho en virtud de la cual quedamos de rehenes, incluso de elementos tales como el narcotráfico. A mi modo de ver, reitero, se ha creado una situación de hecho que dificulta el retiro de las misiones y también la posibilidad de recurrir a otras soluciones. Por supuesto, debo decir que si en el informe se hubiera incluido la idea de que las fuerzas de paz en Haití se mantuvieran para que los efectivos militares adquirieran experiencia de guerra o para que al volver al país pudieran comprar sus casitas –asunto que corresponde resolver al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y no a las Fuerzas Armadas–, en lo personal, no votaría este proyecto de ley. Estoy votando en función de una situación particular que se da en el pueblo haitiano y también por una situación de hecho que hemos ido generando por la permanencia de militares en lugar de otros contingentes que, a mi juicio, habrían sido más útiles.

De todas maneras, vamos a acompañar el proyecto, en función de que el compromiso que se plasmó en las últimas leyes que hemos votado relativas al mantenimiento de las tropas, es el de ir reduciendo el número de efectivos en Haití. En lo personal, no estaré en la próxima votación, pero aspiro a que se continúe transitando por este camino.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR VIERA.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- La bancada del Partido Colorado ha votado afirmativamente este proyecto de ley entendiendo que se ajusta a lo dispuesto en la Resolución del Consejo de Seguridad n.º 2070, de 2012, respecto a la reducción de personal y a la coordinación que se está haciendo con el Comandante de las Fuerzas Armadas en la República de Haití. En ese sentido, hemos votado afirmativamente la prórroga de la permanencia fuera del país del Contingente Militar, tal como dispone el artículo 1.º, y la reducción de la cantidad de efectivos, tal como establece el artículo 2.º.

Por otra parte, queremos dejar expresa constancia de que entendemos que las Misiones de Paz de las que participa nuestro país en virtud de resoluciones de Naciones Unidas, son muy eficaces, y que la tarea, el esfuerzo y el trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas en esos países –que tiene aspectos positivos que ya han sido expuestos detalladamente por el señor Senador Lacalle Herrera– es muy bueno y ha dejado en alto el prestigio de Uruguay.

Entendemos que el país debe continuar aportando a estas Misiones de Paz, e incluso a nuevas Misiones que estarían estableciéndose por parte de Naciones Unidas. La reducción de la cantidad de efectivos militares que hemos acompañado en este caso –tal como establece el artículo 2.º– tiene que ver con entender que el caso de Haití es un caso particular, en donde hay una decisión tomada por parte de Naciones Unidas. Aclaro que dentro de ese marco –que es en el que intervenimos– acompañamos la decisión de ese organismo y votamos la reducción, en este caso en particular, pero reafirmamos nuestra posición favorable a la participación de Uruguay en otras Misiones de Paz.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 3.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 24. Afirmativa.

Ha quedado así sancionado el proyecto de ley, que será remitido al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto sancionado, por ser igual al considerado).

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Votamos negativamente el artículo 3.º porque se contradice con lo que expresa el propio mensaje del Poder Ejecutivo, que establece que la reducción dispuesta se llevará a cabo conforme con coordinaciones y estudios entre el Departamento de Personal de la Organización de Mantenimiento de la Paz y el Comandante de la Fuerza en la República de Haití. Al ser este el criterio, desde mi punto de vista no podemos establecer que reservamos en forma unilateral la ausencia de la coordinación adecuada para la reducción de la Fuerza.

Muchas gracias, señor Presidente.

17) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 14 y 14 minutos, presidiendo el señor Danilo Astori y estando presentes los señores Senadores Abreu, Agazzi, Baráibar, Bordaberry, Brenta, Clavijo, Echeverría, Fernández Farías, Gallicchio, Lescano, Lorier, Martínez, Muguruza, Obispo, Pasquet, Penadés, Tajam, Topolansky, Umansky y Viera).

DANILO ASTORI Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Patricia Carissimi Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.