Retorno a página principal

n.º 301 - TOMO 529 - 10 DE SETIEMBRE DE 2014

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

QUINTO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA

35.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR DANILO ASTORI Presidente

y

EL SEÑOR JUAN CHIRUCHI Segundo Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO, Y EL PROSECRETARIO MIGUEL SEJAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) y 9) Asuntos entrados

4) y 14) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por la señora Senadora Moreira y el señor Senador Martínez.

– Quedan convocados los señores Senadores Muguruza, Fernández y Rodríguez.

5) Inasistencias anteriores

 – Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

6) 199 aniversario del Reglamento de Tierras de 1815

– Manifestaciones del señor Senador Agazzi.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Archivo Artigas, al Ministerio de Educación y Cultura, al Instituto Nacional de Colonización, a las Facultades de Agronomía y Veterinaria, y al INIA.

7) Hechos acaecidos un 11 de setiembre

– Manifestaciones del señor Senador Baráibar.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a las Embajadas de Chile y de los Estados Unidos de América y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

8), 13) y 15) Ley Orgánica de la Universidad de Educación

– Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

10) Proyecto presentado

– Los señores Senadores Agazzi, Antognazza, Baráibar, Conde, Gallo Imperiale, Gallicchio, Lescano, Martínez, Martínez Huelmo, Pintos, Rosadilla, Rubio, Tajam y Topolansky presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas que habilitan a los ciudadanos uruguayos que residen en el exterior, en forma permanente o transitoria, a sufragar.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

11) Régimen de trabajo de las Comisiones durante el receso parlamentario

• Por moción de Senadores de los tres partidos políticos, el Senado resuelve autorizar a todas las Comisiones del Senado a reunirse durante el receso parlamentario.

12) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción del señor Senador Rubio, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta agotar la discusión del Orden del Día.

16) Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Serbia sobre Cooperación en Materia Veterinaria

– Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) y 27) 72.º Aniversario del 6.º Grupo de Artillería de Campaña

– Por moción del señor Senador Rosadilla, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional para participar de la celebración.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Régimen de trabajo

 • Por moción del señor Senador Penadés, el Senado resuelve suprimir, en la discusión particular, la lectura de los artículos de todos los puntos del Orden del Día.

 19) y 28) Capital Nacional del Cooperativismo

– Por moción del señor Senador Conde, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se prevé que el Poder Ejecutivo remita anualmente a la Asamblea General un proyecto de ley por el que se designe la Capital Nacional del Cooperativismo para el año siguiente.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de El Salvador

 – Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Acuerdo Marco de Asociación entre el Mercosur y la República de Surinam

 – Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Señor Gerónimo Cardozo. Designación como Embajador

 – Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Cuba.

• Concedida.

23) Licenciado Hugo Gabriel Libonatti Alonso. Designación como Vicepresidente de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

24) Doctora Lina Silvia Fernández Lembo. Designación como Ministro de Tribunal de Apelaciones

– Solicitud de venia de la Suprema Corte de Justicia.

• Concedida.

25) «Francisco Encarnación Benítez»

 – Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Casa Central del Instituto Nacional de Colonización.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Suspensión del pago de cuotas de salud en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores

– Proyecto de ley por el que se sustituye el literal E) del artículo 28 de la Ley n.º 18211.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

29) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 9 de setiembre de 2014.

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 10 de setiembre, a la hora 9:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se aprueba la Ley Orgánica de la Universidad de Educación.

Carp. n.º 1323/2013 – Rep. n.º 1132/2014

2.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Serbia sobre Cooperación en Materia Veterinaria, suscrito en Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de setiembre de 2011.

Carp. n.º 1266/2013 – Rep. n.º 1156/2014

3.º) por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de El Salvador, suscrito en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, el 18 de marzo de 2013.

Carp. n.º 1441/2014 – Rep. n.º 1157/2014

4.º) por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Asociación entre el Mercosur y la República de Surinam, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 11 de julio de 2013.

Carp. n.º 1506/2014 – Rep. n.º 1158/2014

5.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Cuba, al señor Gerónimo Cardozo.

Carp. n.º 1578/2014 – Rep. n.º 1159/2014

6.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de Vicepresidente de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, al licenciado en economía Hugo Gabriel Libonatti Alonso.

Carp. n.º 1584/2014 – Rep. n.º 1155/2014

7.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones, a la doctora Lina Silvia Fernández Lembo.

Carp. n.º 1567/2014 – Rep. n.º 1154/2014

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

8.º) por el que se sustituye el literal E) del artículo 28 de la Ley n.º 18211, de 5 de diciembre de 2007, relativo a la suspensión del pago de cuotas de salud en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores.

Carp. n.º 1068/2012 – Rep. n.º 1153/2014

9.º) por el que se designa con el nombre de “Francisco Encarnación Benítez” la Casa Central del Instituto Nacional de Colonización.

Carp. n.º 1343/2013 – Rep. n.º 1161/2014

 Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario».

 2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Agazzi, Amorín, Antognazza, Baráibar, Conde, Da Rosa, Gallicchio, Gallinal, Gallo Imperiale, Gandini, Heber, Lacalle Herrera, Lescano, Martínez, Martínez Huelmo, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Pasquet, Penadés, Pintos, Rosadilla, Rubio, Saravia, Tajam, Topolansky y Viera; y a partir de la hora 14, el señor Senador Fernández.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Bordaberry, Couriel, Larrañaga, Lorier, Michelini y Nin Novoa; con aviso, el señor Senador Abreu, Rodríguez y Solari; y a partir de la hora 14, el señor Senador Martínez.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 39 minutos).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor Senador Germán Cardoso, relacionado con las modificaciones del convenio suscrito entre el Ministerio referido y la empresa Jaswik S.A., para la construcción del puente sobre la laguna Garzón.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR CARDOSO.

El Tribunal de Cuentas remite copia de oficios transcribiendo varias resoluciones relacionadas con los siguientes organismos: Administración de Ferrocarriles del Estado; Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland; Administración Nacional de Educación Pública; Administración Nacional de Puertos; Administración Nacional de Telecomunicaciones; Ministerios de Defensa Nacional y de Trabajo y Seguridad Social.

–TÉNGANSE PRESENTES. LOS OFICIOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL PARLAMENTO. LA INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES SENADORES EN LA SECRETARÍA DEL SENADO».

4) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica que, en virtud de la licencia concedida al señor Senador Pedro Bordaberry por los días 9 al 11 de setiembre, y habiendo presentado nota de desistimiento el señor Germán Cardoso por los días 10 y 11 de setiembre, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado por esos días el señor Ruben Rodríguez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- A la sesión ordinaria del día 9 de setiembre faltó con aviso el señor Senador Sergio Abreu; y, sin aviso, el señor Senador Ruben Rodríguez.

6) 199 ANIVERSARIO DEL REGLAMENTO DE TIERRAS DE 1815

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la Media Hora Previa.

Tiene la palabra el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: en el día de hoy se cumple el 199 aniversario del Reglamento de Tierras, sancionado en Purificación por el Jefe José Artigas el 10 de setiembre de 1815.

Se trató de un Reglamento provisorio, pero reflejó las ideas básicas del pensamiento artiguista, referidas a la construcción de una sociedad de paz, de justicia social, de asentamiento de pobladores y de fomento del trabajo y la producción.

La idea del arreglo de los campos ya tenía presencia en esta región –incluso había sido objeto de decisiones de las autoridades españolas–, pero el Reglamento artiguista, que fue redactado en Purificación, en un rancho, en medio de una situación de guerra, escrito de puño y letra por el fraile Monterroso, en un lugar donde solo había una silla y una mesa, lejos de cualquier poblado, muestra cuán claras eran las concepciones sociales y económicas del Protector. Ya había manifestado claramente sus ideas federales para los pueblos libres en las Instrucciones del Año XIII, que lo llevaron a enfrentarse con el centralismo porteño junto con las demás provincias. Ello le valió el odio, la diatriba de los poderosos, la aversión, la persecución y la leyenda negra. Pero la campaña aún no había sido considerada como territorio. Hasta Artigas, la campaña era extramuros, porque la visión del invasor era protegerse de los naturales con una muralla. Sus vínculos venían de ultramar; el resto era peligroso.

Por el contrario, la visión artiguista era la del gobernante que ve integralmente el territorio. Las extensiones, los recursos, los pobladores –como sujetos de derecho– en situación de varios años de guerra, el desorden, el abandono, la presencia de ladrones y corambreros, todo esto era un problema para la construcción de una Provincia Oriental.

La Provincia tenía un gobierno, pero le faltaba un territorio organizado, por lo cual debía asegurar el afincamiento, fomentar la instalación de familias y de la producción, así como también dar seguridad a los hacendados.

El fomento de la campaña era la doctrina de los Próceres de Mayo, no era exclusiva del pensamiento de Artigas, pero él la aplicó con calor en este Reglamento al que nos estamos refiriendo, que era provisorio dada la urgencia que se tenía en aquel momento. Había un Cabildo en Montevideo, ayuntamientos, organización política, pero se estaba enfrentado a Buenos Aires. El rey de España preparaba una invasión con diez mil hombres y había un Portugal amenazante. Todo esto hacía del tema de poblar y fomentar los territorios algo urgente; de ahí la creación del Reglamento Provisorio. Y para valorar su importancia hay que retrotraerse a aquella época. Sus ideas centrales fueron las de velar por la tranquilidad del vecindario y establecer un criterio social general de que los más infelices fueran los más privilegiados, determinando como guía de las políticas sociales –de las que sus seguidores no nos podemos salir–: privilegiar a los negros, a los zambos libres, a los indios, a los criollos pobres, a las viudas con hijos, a los americanos por sobre los extranjeros. Todos ellos serían agraciados con una suerte de estancia si con su trabajo y hombría de bien propendían a la felicidad de la Provincia. Se repartirían, entonces, terrenos de emigrados, de malos europeos y peores americanos, sin perjudicar a quienes tuvieren hijos, pues se les garantizaba que pudieran mantenerse con sus trabajos.

Los agraciados –que no podrían enajenar, vender ni contratar préstamos sobre estos débitos– no recibirían más de una suerte de estancia: una legua y media de frente por dos de fondo. Es así que se repartirían tierras y ganado suelto sin dueño. Asimismo, se daban gratuitamente la inscripción y las marcas, con la obligación de formar ranchos y corrales en dos meses. Por la escasez de ganado, se prohibía toda tropa a Portugal y la matanza del hembraje.

Cada artículo del Reglamento reposa en principios generales: cómo identificar las tierras, cómo distribuirlas, etcétera. En fin, esto se apoya en una mirada estratégica: la de colonizar la Banda Oriental con familias que adquirieran laboriosidad y tuvieran los ingresos como para vivir adecuadamente. A su vez, incluyó a los hacendados orientales, ya que eran un aliado natural para la lucha política con Buenos Aires.

Todo esto está estampado con originalidad, apuntando a un proyecto de sociedad.

Al día siguiente de la firma de este Reglamento, Artigas firmó el Reglamento Aduanero, que mañana cumple 199 años. Y con las ideas centrales del Reglamento de Tierras, el Ayuntamiento de Canelones formuló un proyecto de fomento agrícola que, en realidad, no se llegó a aplicar, pero todo esto tenía el fin de despertar la laboriosidad y fomentar el cultivo de la tierra.

Quiero jerarquizar la conmemoración de este 199 aniversario, por lo que solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Archivo Artigas, al Ministerio de Educación y Cultura, al Instituto Nacional de Colonización, a las Facultades de Agronomía y de Veterinaria, y al INIA.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota).

–12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) HECHOS ACAECIDOS UN 11 DE SETIEMBRE

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: mañana es 11 de setiembre y, como no habrá sesión del Senado, es bueno recordar en esta –la más próxima– hechos lamentables que ocurrieron en esa fecha en distintos años y diferentes países.

El 11 de setiembre de 1973 fue derrocado el Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. Un Gobierno que había sido electo por el pueblo, que había actuado dentro de las normas constitucionales, tuvo que soportar ser derrocado simplemente porque la orientación y el programa que se llevaban adelante no contaban con el visto bueno de los sectores oligárquicos chilenos, de la derecha chilena y de quienes estaban en connivencia con otros intereses internacionales. Ha quedado absolutamente comprobado, a través de la desclasificación de documentos, que hubo una conspiración para derrocar al Presidente, en la que la figura más destacada –que había contado en su momento con la confianza del propio Salvador Allende– fue el General Augusto Pinochet, la cabeza visible y el gobernante durante los años de una dictadura terrible que condenó a miles y miles de chilenos, y también de extranjeros, pues muchos de estos –entre los que se encontraban ciudadanos uruguayos– habían encontrado residencia en Chile producto de situaciones adversas vividas en sus países de origen. Recordemos que el Golpe de Estado del 27 de junio del mismo año había hecho que muchos uruguayos emigraran a Chile porque era una tierra que ofrecía garantías.

Creo que no debemos olvidar nunca este episodio. Felizmente, desde 1989 Chile recobró la democracia y tiene un funcionamiento constitucional. Ha habido una rotación en el poder de partidos de distinto signo, y hoy el gobierno de Michelle Bachelet está cumpliendo un programa progresista, democrático, que es un ejemplo para los uruguayos, para toda América Latina y para el mundo.

Pero también un 11 de setiembre, años después, esta vez en 2001, se produjo el demencial ataque a las Torres Gemelas, ubicadas en Nueva York. Tuve oportunidad de visitar esa ciudad y las Torres cuando todavía existían y de volver luego de producido el terrible atentado. Todos recordamos que dos aviones de línea aérea internacional se estrellaron, intencionalmente, contra sendas Torres y produjeron su derrumbe provocando una tragedia ampliamente conocida, que no porque haya pasado el tiempo debemos olvidar. En aquella oportunidad hubo también otros intentos similares, uno de ellos contra el Pentágono y otro que, al parecer, tenía como objetivo la Casa Blanca pero que fue interceptado en el trayecto.

Realmente son espantosos los actos del terrorismo, un terrorismo que está lejos de haber aprendido la lección de que por ese camino no se resuelve nada. Hace pocos días en Chile se produjo un atentado en el subte de Santiago, que esperemos no se repita, y todos sabemos también lo que está sucediendo en el Cercano Oriente, donde permanentemente nos enteramos del acaecimiento de hechos terribles.

Creo que el recuerdo de esos dos sucesos ocurridos un 11 de setiembre tiene que servirnos para tomar conciencia de que la humanidad debe aspirar a vivir en paz y de que por el camino del terror nada se resuelve.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Embajada de Chile, a la Embajada de los Estados Unidos de América y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota).

–13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Ley Orgánica de la Universidad de Educación. (Carp. n.º 1323/2013 – Rep. n.º 1132/2014)».

a003.jpg

a004.jpg

a005.jpg

a006.jpg

a007.jpg

a008.jpg

a009.jpg

a010.jpg

a011.jpg

a012.jpg

a013.jpg

a014.jpg

a015.jpg

a016.jpg

a017.jpg

a018.jpg

a019.jpg

a020.jpg

a021.jpg

a022.jpg

a023.jpg

a024.jpg

a025.jpg

a026.jpg

a027.jpg

a028.jpg

a029.jpg

a030.jpg

a031.jpg

a032.jpg

(Antecedentes).

 

a033.jpg

a001.jpg

a034.jpg

 

a035.jpg

a036.jpg

 

a037.jpg

a038.jpg

 

a039.jpg

a040.jpg

a041.jpg

a042.jpg

a043.jpg

a044.jpg

a045.jpg

a046.jpg

a047.jpg

a048.jpg

a049.jpg

a050.jpg

a051.jpg

a052.jpg

 

a053.jpg

a002.jpg

 

a054.jpg

a055.jpg

a056.jpg

a057.jpg

a058.jpg

 

«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA n.º 89

En Montevideo, el día trece de agosto del año dos mil catorce, a la hora dieciséis y doce minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten los miembros señora Senadora Constanza Moreira y señores Senadores Oscar López Goldaracena, Rubén Martínez Huelmo, Gustavo Penadés y Enrique Rubio.

Faltan con aviso los señores Senadores José Amorín Batlle y Eber Da Rosa.

Preside el señor Senador Enrique Rubio, Presidente ad hoc.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión María Cecilia Fernández y el señor Bernardo Pollero, Prosecretario de Comisión.

Asuntos tratados

CARPETA n.º 1323/2013. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea la Ley Orgánica de la Universidad de Educación.

La Comisión acuerda remitir el proyecto de ley a consideración del Senado a fin de que en Sala del Plenario se analice y resuelva en torno al asunto.

CARPETA n.º 1560/2014. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por la señora Senadora Lucía Topolansky y los señores Senadores Ernesto Agazzi, Milton Antognazza, Carlos Baráibar, Hebert Clavijo, Roberto Conde, Alberto Couriel, Luis Gallo Imperiale, Daniel Martínez, Rafael Michelini, Eduardo Muguruza, Rodolfo Nin Novoa, Enrique Rubio y Héctor Tajam por el que se crea como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria.

Los señores Senadores integrantes de la Comisión resuelven enviar nota a la Universidad de la República a fin de que, conforme lo establece el artículo 202 de la Constitución de la República, realice los comentarios que estime pertinentes sobre el texto a estudio.

CARPETA n.º 1554/2014. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se establecen normas para la protección y tenencia responsable de animales.

Se resuelve continuar con la consideración del asunto en la próxima sesión. Sin más asuntos para considerar, se levanta la sesión a la hora dieciséis y treinta minutos.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente ad hoc y la señora Secretaria de la Comisión.

Enrique Rubio, Presidente ad hoc; María Cecilia Fernández, Secretaria».

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: en esta última sesión del año, puesto que la legislatura termina el lunes 15 de setiembre, vamos a considerar en el Senado un proyecto de ley al que le damos suma importancia.

El proyecto de ley en cuestión, la Ley Orgánica de la Universidad de Educación, cuenta con media sanción, ya que fue aprobado por la Cámara de Representantes el 1.º de octubre de 2013. Dicha aprobación fue posible dado que en esa rama parlamentaria se pudo conformar, entre los legisladores del Frente Amplio y de un sector del Partido Colorado, la mayoría especial que requiere –según lo establece la Constitución de la República en su artículo 189– la creación de un ente autónomo. Al pasar a la Cámara de Senadores no se pudo lograr el acuerdo entre partidos, y a pesar de que el sector que había votado en la Cámara de Representantes mantuvo su voto, no se cuenta con la mayoría necesaria dado que las proporciones son diferentes. Por tanto, en este momento, si se mantienen las posiciones, estarían faltando dos votos.

Dada la importancia sustancial que le adjudicamos a este proyecto de ley, los legisladores del Frente Amplio que integramos la Comisión de Educación y Cultura conversamos en varias oportunidades con los de los otros partidos a fin de llegar a un acuerdo, y también hubo intercambios a nivel de la Comisión. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos y de algunas alternativas manejadas, hasta hoy no se lo pudo alcanzar. Es por ello que luego de conversaciones con integrantes del Ministerio de Educación y Cultura planteamos la discusión del proyecto de ley en Sala en la búsqueda de un intento más para lograr su aprobación.

Haremos todos los esfuerzos con la esperanza de tener éxito. No lo hacemos pensando en este período de Gobierno, que ya termina, y ni siquiera en el próximo, sino en una perspectiva de mediano plazo y, fundamentalmente, en el país. Formar a nivel universitario las primeras promociones, así como reconvertir a nivel universitario a quienes hoy están estudiando o ejerciendo la profesión, llevará un tiempo.

A lo largo de la legislatura que está transcurriendo, se han discutido abundantemente, tanto en Comisión como en el Plenario, los temas relativos a la educación que, no dudamos, interesan a todos los partidos políticos del Uruguay, tengan o no representación parlamentaria, al mundo académico en general y al de la educación en particular, a todos los sectores organizados de la sociedad, a los trabajadores y a los empresarios, a las autoridades departamentales –pues hacen a la descentralización–, a las familias y a la sociedad en general.

Las cuestiones relacionadas con la educación atraviesan todas las ponencias, escritos y seminarios relativos al desarrollo y futuro del país, y muchos de los temas –casi todos, diría yo– de la realidad nacional. Por tanto, nos pareció válido y oportuno pedir esta discusión en Sala y realizar un esfuerzo más para destrabar este proyecto de ley.

Nadie duda –creo yo– de que el objetivo fundamental de la educación es el estudiante. Maestros y profesores son las herramientas imprescindibles para que el acto educativo se produzca. Nos decía Julio Castro en un informe elaborado para la Unesco en 1966: «Las teorías en torno al desarrollo incurren frecuentemente en subversión de valores. Al hecho técnico le atribuyen un significado teleológico y de ese modo convierten en fin lo que solo tiene categoría de medio. Dentro de la misma confusión subordinan el hombre a las exigencias del progreso económico. La expresión “recursos humanos” –por eso no la hemos usado cuando aludimos a maestros y profesores– tan frecuente en la jerga desarrollista, es algo más que un modo de decir, es la designación que responde al concepto del hombre transformado en medio. Como consecuencia, la formación de este, o sea la educación, se convierte en actividad derivada o condicionada, al servicio de las necesidades del proceso económico». Eso nos decía Julio Castro en 1966.

Hay, además, una serie de condiciones más para que el acto educativo se produzca, que son relevantes, pero que no revisten la importancia del estudiante, de los maestros y de los profesores.

El objetivo primordial de este proyecto de ley es lograr una formación de excelencia para nuestros maestros y profesores, y nos atrevemos a afirmar que esto lo quiere todo el Uruguay. El mundo del siglo XXI es más complejo. Estamos en el siglo del conocimiento. Queremos construir una sociedad del conocimiento. En este siglo el conocimiento avanza a velocidades inimaginables en otras épocas. Y podemos decir que cada cinco minutos corremos el riesgo de quedar analfabetos si no seguimos el ritmo de estos tiempos. La ciencia, la investigación y el conocimiento se han desplegado en dimensiones tales que hoy no serían concebibles aquellos sabios de la Edad Media que poseían todo el saber de su época. Debemos, entonces, recordar aquel pensamiento de Einstein que, más o menos, dice que cuanto más avanzamos en el conocimiento, más grande es nuestra ignorancia.

Al día de hoy, el maestro y el profesor son verdaderos guías, verdaderos tutores del estudiante para que este, a través de una metodología adecuada, una capacidad crítica desarrollada y un pensamiento libre, pueda adquirir y seleccionar, de ese inmenso universo, los conocimientos, habilidades y prácticas necesarias para su vida. Y también nos decía Julio Castro en ese mismo informe a la Unesco: «La educación es parte del desarrollo, cuando este está concebido con sentido humanista, como creación de condiciones para el mejoramiento integral del hombre. No hay contradicción en este caso y sí concurrencia de fines. Es en esta acepción que desarrollo-educación, lejos de ser una dualidad, se transforman en términos de conjunción».

Es verdad que al día de hoy nosotros formamos a nuestros maestros y profesores con una concepción importante y mucho esfuerzo, pero esa formación debe ser ampliada y profundizada. La complejidad del conocimiento lo exige. Por eso aspiramos a que su formación sea universitaria, del más alto nivel posible, porque son ellos el instrumento precioso para formar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y sin ellos y su capacidad, la educación no funciona.

Una universidad –lo sabemos– consta de tres funciones básicas: las cátedras, la investigación y la extensión. Las cátedras, que son verdaderos equipos, le dan una enorme solidez a la educación. Son objeto de consulta por la sociedad en general y el Parlamento en particular. Generan conocimiento y pensamiento, y de ser la formación docente de carácter universitario, los formadores de formadores alcanzarían el más alto nivel. La investigación se vuelve imprescindible en un mundo que avanza, en una sociedad que cambia, en las nuevas condiciones que nos impone la globalización. Los institutos de investigación son verdaderas usinas, donde las cátedras se abastecen y generan propuestas y desafíos nuevos. La extensión es el chequeo con la realidad, de los conocimientos que se van aprendiendo, y ese vínculo imprescindible de cercanía entre cualquier universidad y su entorno.

Nos preguntamos: ¿este proyecto soluciona todos los problemas que tenemos en la educación, sobre todo en la secundaria no técnica? La respuesta es no, pues hay fenómenos mucho más complejos que inciden en la misma, desde las nuevas realidades sociales, la globalización y el empeño irrenunciable por la universalización de la educación, hasta la formación permanente a lo largo de la vida. No; no soluciona todo, pero sí crea un cimiento sólido que asegura futuro. Así como un ingeniero que diseña un puente innovador quiere que su obra se realice, perdure, se disfrute y sea de utilidad para sus conciudadanos, no dudamos en afirmar que para un maestro o un profesor su obra maestra –valga la redundancia– es el estudiante, su excelencia, sus éxitos. Ayudémosle, entonces, para que así sea.

A su vez, el estudiante, cuando convive a lo largo de un año lectivo con un maestro, con un profesor, formado y motivado, no lo olvida más; pasa a ser parte de su aventura personal. Todos tenemos en nuestro haber alguna anécdota de algún profesor o maestro que nos marcó durante toda nuestra vida. El Uruguay siempre se ha preciado –y con justicia– de que aquí todos los maestros son titulados en la educación pública, un viejo logro de nuestra enseñanza primaria pública. Ahora queremos que sean, además, titulados universitarios, ¡y vaya si con esto ganarán los estudiantes!

No sucede lo mismo a nivel del profesorado. Por falta de profesores hemos tenido que recurrir a técnicos profesionales para ejercer la función docente. Es verdad que algunos lo han hecho muy bien, pero no basta con el conocimiento de la disciplina a enseñar. Se precisa conocimiento pedagógico, comunicacional y todo un universo que haga que la disciplina del profesor se despliegue con la mayor efectividad posible. Se podría decir que el 100 % de los docentes del primer nivel sí tienen titulación. Creemos, entonces, que es una meta noble y fundamental que el Uruguay se merece tener: maestros y profesores titulados y de nivel universitario, desplegados en todo el territorio nacional y con la mayor excelencia. Esta meta dará sus frutos en el tiempo, si la logramos, y con ella, además, estaremos dignificando la carrera docente. Sabemos que la dignificación también pasa por el salario, y en este quinquenio hemos hecho un esfuerzo apuntando a su mejora, pero no alcanza. Tenemos claro que allí tenemos una deuda, y por eso la importancia que damos a este proyecto de ley.

Hagamos ahora una pequeña ayuda memoria de cómo se fueron sucediendo los hechos con relación a la educación.

En primer término, es bueno saber que la formación docente –que es de lo que estamos hablando–, en la mayoría de los países de Latinoamérica, es de carácter universitario; nos referimos a la educación de carácter público.

En México, la Universidad Pedagógica Nacional se creó en 1978; en Cuba, la Universidad de Ciencias Pedagógicas para la Educación Técnica y Profesional data de los años sesenta; en Venezuela, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador es de carácter público y nacional, y está conformada por instituciones provinciales y rurales; Colombia tiene la Universidad Pedagógica Nacional, con carreras de grado y posgrado; Honduras cuenta, desde 1989, con la Universidad Pedagógica Nacional «Francisco Morazán»; El Salvador aprobó el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 sobre el que está basada su Universidad Pedagógica; Argentina cuenta con la Universidad Pedagógica, que tiene su influencia fundamental en la Provincia de Buenos Aires, y podríamos seguir con un largo enunciado.

Desde el siglo XIX hasta nuestros días la formación docente, en sus tres ramas históricas –magisterio, profesorado y enseñanza técnica–, ha evolucionado, y a esto hay que sumarle la enseñanza de educación física y la educación social.

Si hacemos un poco de historia, diremos que el Gobierno de Joaquín Suárez, el 14 de julio de 1849, decreta la instalación de la Universidad de la República, comprendiendo a la enseñanza primaria, la secundaria y la científica y profesional.

En el año 1877, bajo el influjo de José Pedro Varela, se crea la Dirección General de Instrucción Pública a través del Decreto Ley de Educación Común, teniendo entre sus cometidos el de expedir el título de maestro. También se crea el Internato Normal de Señoritas y el Internato Normal de Varones, dirigidos por María Stagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez, respectivamente. Comprendían tres años de formación y se exigía contar con 15 años; estos eran los requerimientos mínimos de esa época.

En 1918 se crea el Consejo Nacional de Educación Primaria y Normal y se empiezan a establecer Institutos Normales en diversos puntos del país.

En 1962 se funda el Instituto Magisterial Superior con el objetivo de brindar estudios de posgrado para maestros.

Esta institucionalidad del magisterio y la sabia decisión de que quienes ejercían la profesión deberían ser titulados, aseguraron la solidez de la enseñanza primaria en nuestro país.

La educación secundaria se desarrolló con los aportes de Francisco Antonio Berra y del doctor Alfredo Vásquez Acevedo, que desde el Ateneo y la Universidad de la República, procuraron su estructuración.

En 1935 la dictadura de Terra creó el ente autónomo «Educación Secundaria», quitándole a la Universidad esta función. En ese proceso se creó la sección «Agregaturas». Los aspirantes se especializaban dos años y después realizaban una práctica al lado de docentes destacados.

En 1949 se aprobó la Ley n.º 1285, sustituyendo esta sección «Agregaturas» y creando el Instituto de Profesores Artigas, dirigido en ese entonces por Antonio Grompone, con un sistema basado en asignaturas pedagógicas relacionadas con su materia y la práctica docente. La enseñanza técnica se encontraba por esos años en la Dirección General de la Enseñanza Industrial. En 1919 se crean los cursos normales para la formación de maestros industriales. Fue sustituida por la Universidad del Trabajo del Uruguay –UTU–, fundada en 1942, a la que el Decreto Ley n.º 10335, de 1943, otorgaría autonomía.

En 1962 se creó, bajo su órbita, el Instituto Normal de Enseñanza Técnica –INET– con cursos de cuatro años de duración, para formar maestros técnicos en distintas ramas.

En cuanto a la educación física, se desarrolla a principios del siglo XX, en las Plazas de Deportes de la Comisión Nacional de Educación Física y en los liceos departamentales. En 1939 se crea, por decreto, el Curso para la Preparación de Profesores de Educación Física, como dependencia de la Comisión Nacional de Educación Física. En 1950 se transforma en el Instituto Superior. En 2004 comienza a funcionar el nuevo plan de licenciaturas en Educación Física, y en 2006 se concreta el traslado a la Udelar.

Este proyecto de ley prevé su permanencia en esa dependencia, mientras que la titulación de profesor de Educación Física será otorgada por la nueva institución a crearse.

La carrera profesional de Educador Social tiene su origen en «La Escuela de Funcionarios» del actual Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, antecesora del Centro de Formación y Estudios. Concebida en la década de 1950, tuvo actividad entre 1973 y 1976; fue clausurada por la dictadura y reabierta en 1987. En 1997 se reestructura como Centro de Formación y Estudios, orientado a todo el sistema aplicado a la infancia, y adquiere carácter terciario. En la actualidad depende del Consejo de Formación en Educación y se estima bueno que sea una licenciatura en la nueva Universidad de Educación, si es aprobado este proyecto de ley.

En 1970 el Poder Ejecutivo interviene los tres entes autónomos. En 1972, la Ley n.º 14101 los suprime y crea el Consejo Nacional de Educación, el Conae. En 1975 la dictadura interviene el Conae y crea la Comisión Supervisora de la Enseñanza, integrada por Generales, quienes en 1977 crean el Instituto Nacional de Docencia, con los Institutos Normales, IPA e Instituto Magisterial Superior.

Con el advenimiento de la democracia en 1985, la Ley de Emergencia –la n.º 15739– crea un nuevo ente autónomo, la Administración Nacional de Educación Pública –ANEP–, que incluía al Consejo de Educación Primaria, al Consejo de Educación Secundaria y al Consejo de Educación Técnico-Profesional. La formación docente pasa a depender orgánicamente del Consejo Directivo Central.

Desde la década de los noventa, los cursos de formación docente de magisterio, profesorado e INET reducen sus años de duración. Los Centros Regionales de Profesores y los Institutos Normales llevan la formación docente a tres años, en tanto en el IPA y en los Institutos de Formación Docente permanece con una duración de cuatro años. En 2001 el INET pasa la duración de sus cursos a un año.

En 2005 se agrupa la diversidad de propuestas en la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente y se reabre el Instituto Normal de Enseñanza Técnica en varias orientaciones; pensando en elevar las exigencias a un plano universitario, se crean departamentos académicos y se establece el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores –IPES– para la formación de posgrado.

A su vez, se crea el Consejo Desconcentrado y el Consejo de Formación en Educación –CFE–, para la formación y perfeccionamiento docente, y en el año 2013 se eligen los representantes de estudiantes y profesores.

En los anales de la historia del país, están registrados largos debates en torno a la necesidad de transformar la formación docente, elevándola a un plano universitario, como hoy ocurre en muchos de los países de Latinoamérica. Como hemos visto a través de esta breve síntesis, la formación docente y magisterial ha tenido su evolución a lo largo de nuestra historia.

Además, para quienes tenemos una visión latinoamericanista, es bueno recordar las palabras pronunciadas por Pedro Figari el 26 de junio de 1925, en el Instituto Popular de Conferencias del diario La Prensa. En un discurso que no tiene desperdicios, decía que hay un alto interés continental en deliberar acerca de los siguientes puntos: fijar en lo sustancial el mejor criterio americano de educación integral en atención a su estructura, a sus necesidades y a sus aspiraciones. Y nosotros afirmamos que el intercambio latinoamericano y su integración requieren de este salto en la formación docente en Uruguay. Se desarrollaría la posibilidad de sinergias en los posgrados, lo cual fortalece la investigación calificada. Los egresados de formación docente califican mal en las postulaciones a maestrías y doctorados en la región por no poseer título terciario.

De transformar nuestro sistema de formación docente en uno de carácter universitario, el intercambio, las reválidas y la movilidad se harían de una manera muy productiva para la realidad nacional. Cuando la Comisión Interpartidaria elaboró el proyecto de la actual Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica, y fundamentalmente luego de su aprobación, se empezó a trabajar para arribar a acuerdos políticos y sociales que conformaran la Universidad de Educación, la tercera Universidad pública.

En el sistema educativo y de acuerdo con el mandato de la Ley General de Educación, se creó la Comisión de implantación del Instituto Universitario de Educación, que presentó su informe el 8 de febrero de 2010, material que vale la pena leer cuando se está intentando crear este proyecto. La Comisión estuvo conformada por representantes de la Udelar, de la ANEP y el INAU, y del Ministerio de Educación y Cultura. Posteriormente la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública –que tiene la misma conformación institucional de la Comisión de Implantación– realizó una serie de aportes sustanciales que están recogidos en el proyecto de ley a consideración.

Podríamos decir, resumiendo, que en el Uruguay se viene desarrollando un profundo proceso de transformación del sistema educativo público. La nueva Ley General de Educación –que promueve una serie de cambios institucionales, la creación de nuevos institutos, el aumento pronunciado en la matrícula en los niveles medio, técnico y universitario, así como el aumento sostenido del presupuesto público destinado a la educación– nos pone en la encrucijada de tomar decisiones en clave de acuerdo político y social.

La construcción de un sistema nacional de educación terciaria pública requiere condiciones que fortalezcan la complementación y sinergia entre las diferentes instituciones que la integran. La interacción entre la Udelar, la UTU, la UTEC y el hoy Consejo de Formación en Educación, ha comenzado a dar sus frutos con incipientes pero significativos acuerdos de trayectorias comunes y navegabilidad de los estudiantes entre los sistemas, así como la complementación en materia académica y en territorio. Esa articulación sería fortalecida con sistemas de organización y de gobiernos similares para asegurar el vínculo horizontal entre instituciones y que no deriven en relaciones asimétricas de los distintos actores; la UTEC y la Udelar son cogobernadas y autónomas.

Si es un desafío nacional universalizar el ciclo básico y la educación media a través de centros educativos enclavados en las comunidades, no menor desafío supone que las propuestas pedagógicas atiendan a esa diversidad de culturas y lenguajes, y a esa forma de sentir y ver el mundo que tienen los adolescentes y los jóvenes en el Uruguay de hoy. Por eso aspiramos a investigar las problemáticas que afectan el desempeño estudiantil y también queremos que la extensión sea desarrollada por los más de 20.000 estudiantes de formación docente.

Estamos proponiendo una Universidad de Educación con un modelo de gestión descentralizado, regional y participativo, que tenga en cuenta la historia de los institutos y sus especificidades, que articule su diversidad y sea capaz de desarrollar nuevas carreras. Es por eso que pensamos que los estudiantes, docentes y egresados deben ser protagonistas de la vida educativa, y que esta debe estar coordinada con la Udelar, la UTEC y la UTU, compartiendo recursos locales, planes y programas también con el Plan Ceibal.

La participación en la gestión administrativa y académica de los ámbitos de decisión de la vida universitaria incluye tanto a los actores del sistema, estudiantes y docentes, como a los egresados, quienes, a diferencia de los docentes de la institución, aportan una mirada desde la práctica profesional, de las necesidades y de las nuevas problemáticas y desafíos encontrados en ella, que permiten que la institución universitaria cogobernada pueda vivir en sincronía con la sociedad y los avances del conocimiento. La conducción de una institución universitaria que incluya, además de los docentes y egresados, a los estudiantes, tiene valor tanto en relación con la formación de futuros profesionales comprometidos con la sociedad en un ámbito de valoración y responsabilidad reconocido institucionalmente, como con la garantía de una permanente exigencia de paridad y superación institucional.

Se encuentra a estudio de la Comisión de Educación y Cultura del Senado el proyecto de creación del Instituto de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria –Inaeet–, que tiene el cometido de ser un espacio de control de la calidad de todo el sistema educativo terciario, tanto público como privado. La supervisión y acción de los espacios de gobierno electos por la ciudadanía –Poder Ejecutivo, Poder Legislativo– sobre las instituciones universitarias autónomas y cogobernadas se efectúa en las instancias de definición presupuestal y rendición de cuentas. El Inaeet es claramente una herramienta fundamental para ello. La diferencia entre los tiempos políticos y los de la educación superior, con sus responsabilidades de enseñanza de alto nivel, investigación y vínculo con la sociedad, requiere del fortalecimiento de instancias de articulación y coordinación, de responsabilidad a nivel del Gobierno nacional.

Se trata –en el caso de la propuesta– de una universidad especializada, porque su razón de ser es la educación y todo lo que a ella concierne, así como la posibilidad de desarrollar en ella líneas de investigación sobre los principales desafíos de la enseñanza con un fuerte impulso extensionista.

El nuevo sistema terciario público que venimos conformando tendrá, entonces, una Universidad de la República descentralizada en el territorio nacional, una Universidad Tecnológica que empieza a desplegarse en el interior del país y, si es aprobado el proyecto, una Universidad de Educación en todo el territorio nacional.

Como masa crítica, como punto de partida para esta nueva universidad, existen hoy más de veinte mil estudiantes –según el Anuario del Ministerio de Educación y Cultura–, más de dos mil quinientos docentes y treinta y tres centros diseminados en todo el país. Si bien la matrícula se mantiene estable, hay que considerar una caída en los egresos, que la fundación de una universidad podrá jerarquizar en relación con la tarea docente.

Este tema es vastísimo, pero nosotros queremos hacer referencia al artículo 203 de la Constitución, que refiere al carácter autónomo de la Universidad de la República –como deben ser las universidades en nuestro país; la Universidad Tecnológica también es autónoma–, señalando este fuerte antecedente para la propuesta que tenemos en consideración. Se podría conversar horas acerca de cuál es la definición más apropiada de «autonomía». Sin pertenecer al mundo de la educación ni al académico, en lo personal entendemos que la autonomía es, en esencia, libertad de cátedra y libertad de investigación.

¿Por qué los modelos de universidad en varias partes del mundo y las dos que hay hoy en Uruguay son cogobernadas? Porque entendemos que la participación activa de los actores que conforman el ámbito universitario es altamente positiva para el desarrollo de estas instituciones. Nos llama la atención que este punto o esta discusión que creíamos saldada en Uruguay, se reabra sin mediar ningún elemento que indique que el camino por el que viene transitando el país no es bueno.

Por supuesto que este es un tema infinito, y la materia educativa estará siempre en debate. Como en otros rubros, no se puede decir: «Hice todo. Llegué». Todos los esfuerzos, cada uno de ellos, es un paso más en el sentido de avanzar.

Tal como establece la Ley General de Educación, n.º 18437, el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública tiene como objetivo central promover la generalización de la enseñanza terciaria de calidad y conectada, a lo largo de toda la vida activa, con el trabajo, el ejercicio de la ciudadanía, el acceso a la cultura, la mejora en la calidad de vida colectiva y la realización personal de carácter integral, así como contribuir a formar capacidades acordes con el desarrollo productivo del país, entre otros.

Solo para dar marco al proyecto en discusión, hagamos una pequeña ayuda memoria. Recordemos que el 83 % de los niños y niñas que asisten hoy a la educación primaria lo hacen en centros educativos públicos. Más del 85 % de los estudiantes de Educación Media Básica y Superior lo hacen en institutos públicos. Y el 83 % de la matrícula universitaria de grado corresponde a la Universidad de la República. Con el tiempo vamos a tener que agregar a esa cifra la matrícula relacionada a la UTEC y, ojalá, a la formación docente.

Queremos también recordar que, tomando los últimos siete años, la cantidad de estudiantes de nivel terciario creció más de un 22 % y, asimismo, que el 54 % de los estudiantes que asisten hoy a la Udelar son primera generación universitaria en su familia. Esta es una de las cosas más importantes que han aparecido en la educación pública: primera generación universitaria en su familia. La educación universitaria va perdiendo el carácter elitista que tuvo en otras épocas.

En todo este universo, el Ministerio de Educación y Cultura viene promoviendo, desde su rol articulador, la construcción de plataformas regionales de educación terciaria, buscando la sinergia de esfuerzos entre actores diversos, de modo de configurar, en clave de enseñanza terciaria, campus regionales capaces de potenciar el desarrollo local y regional.

El proyecto de ley propuesto y aprobado por la Cámara de Representantes tiene 46 artículos, que se organizan en siete capítulos.

El Capítulo I, Disposiciones Generales, incluye los artículos 1.º a 6.º. Tiene una importancia enorme, porque crea el nuevo ente autónomo de la enseñanza. En realidad, sin esta creación, todo lo demás que dice la ley no tiene mayor sentido. También habla de su competencia y fines, de los cometidos, las titulaciones que se otorgarán y la movilidad académica de los estudiantes.

El Capítulo II, Organización, va del artículo 7.º al 28. Queremos resaltar que en el artículo 7.º se establece que la Universidad de Educación cumplirá sus cometidos en todo el territorio nacional mediante órganos con competencia desconcentrada de base territorial y funcional. Allí se describen los órganos que la compondrán. En el artículo 8.º se establece que el Consejo Directivo Central estará integrado por el Rector, dos estudiantes, dos docentes y dos egresados, es decir, con una conformación de cogobierno. El artículo 9.º es acerca de las remuneraciones, incompatibilidades y prohibiciones. Y los artículos 10 al 16 tienen que ver con las atribuciones del Consejo Directivo Nacional, la designación del Rector, la Asamblea Nacional, las Coordinaciones Nacionales de Formación y sus atribuciones, y las Comisiones Asesoras de Formación.

El artículo 17 se refiere a los Regionales. Es interesante constatar hoy cómo el país, por la vía de los hechos, se ha regionalizado, no solo a nivel de la educación, sino también a nivel de la salud y de muchas propuestas llevadas adelante desde el Congreso de Intendentes. Del artículo 18 al 21 se desarrolla toda la organización de los Regionales.

Los artículos 22 al 24 se refieren a los Centros Universitarios de Formación en Educación, a los Consejos Asesores y Consultivos y a la gestión administrativa. En los artículos 25 al 28 se dispone lo relativo al Secretario General, las suplencias para los cargos electivos, las vacancias temporales o definitivas y la calidad de los miembros.

El Capítulo III, que va del artículo 29 al 30, refiere a los funcionarios.

El Capítulo IV tiene solo dos artículos: el 31, referido al acceso a la información, y el 32, sobre las prácticas educativas.

El Capítulo V tiene que ver con el patrimonio de la Universidad de Educación, sus bienes, los ingresos, las transacciones para adquisición, enajenación y afectación de bienes inmuebles, y los legados y donaciones.

El Capítulo VI, que va del artículo 37 al 44, regula cómo será la primera integración del Consejo Directivo Nacional, porque es necesario crear un mecanismo de transición entre la dispersión de organismos que existe hoy y la nueva Universidad de Educación, como se hizo con la Universidad Tecnológica. Se establece cómo se harán las primeras convocatorias, la validación de títulos anteriores a la creación de la Universidad de Educación y las transferencias de recursos. También se refiere a ordenanzas y reglamentos, recursos humanos y materiales y convenios preexistentes.

Finalmente, el Capítulo VII ajusta las derogaciones necesarias y otras observancias para que la ley no entre en contradicción con normas anteriores.

De todo este desarrollo de artículos, el más importante, a mi juicio, es el que refiere a la creación del ente autónomo Universidad de Educación, cuya aprobación requiere una mayoría especial que aspiramos conseguir.

Por las razones expuestas, y otras que puedan surgir de la discusión y las propuestas que se hagan en Sala para viabilizar el proyecto, se recomienda al Senado de la República su aprobación y confiamos en que así se hará.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: me toca a mí, en nombre de los Senadores del Partido Nacional, informar este proyecto de ley que viene a consideración del Senado.

En ese marco, quiero iniciar mi intervención afirmando categóricamente, para que no quede la más mínima duda al respecto, que el Partido Nacional está de acuerdo con la creación de una Universidad de Educación y con otorgar carácter universitario a la formación docente. Y estar de acuerdo con esto no es una novedad para el Partido Nacional, porque viene insistiendo en ese sentido desde hace décadas. Buscando en los anales parlamentarios proyectos de ley que, justamente, confirmen la preocupación de jerarquizar debidamente las carreras de formación docente, tanto en el ámbito de la educación primaria como en el de la educación secundaria, encontramos que, desde el año 1998, se presentaron en todas las legislaturas y todos los años iniciativas de Diputados y Senadores del Partido Nacional que proponían la creación, en algunos casos, de institutos terciarios y, en otros, el reconocimiento universitario de título habilitante para quienes egresaran de los institutos de formación docente. Creímos en esto desde siempre, y en todo momento estuvimos dispuestos a acompañar esta solución. No fue por nosotros que este tema no se haya tratado en otras oportunidades.

Recuerdo como si fuera hoy que en el año 2005 –tiempo atrás representantes de mi partido político habían presentado un proyecto similar en la Cámara de Representantes– la Comisión de Educación y Cultura de aquel entonces, que yo también integraba, comenzó a estudiar la posibilidad de conceder título habilitante de carácter universitario a la formación docente en el Uruguay. A esos efectos, entre otros, recibimos al entonces Rector de la Universidad de la República y al que era Presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, quienes nos informaron que ese proyecto de ley no tenía razón de ser porque ya existía una comisión interinstitucional que estaba trabajando y que a la brevedad se iban a poner de acuerdo para que se reconociera el carácter universitario a la formación docente. Pasaron los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, pero ese proyecto de ley nunca ingresó al Parlamento. En varias oportunidades insistimos en otorgar a la Universidad de la República la posibilidad de la formación docente. Tengo muy presente una conversación que hace muchos años tuve con el entonces Decano de la Facultad de Ciencias –hoy Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich– quien manifestaba con sorpresa, y hasta con desagrado, que le era casi imposible lograr una debida coordinación entre el Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias y la correspondiente formación de profesores de Matemática debido a que recelos que se hunden en lo más hondo de la historia –que la señora Senadora Topolansky hacía bien en recordar en su intervención– han impedido, desde hace mucho tiempo, que se reconozca, con carácter de título terciario –como sería de justicia–, la formación docente en nuestro país.

Esta introducción está dada por la particularidad de los tiempos que estamos viviendo porque a nadie escapa que estamos a 41 días de las elecciones nacionales; a nadie escapa que este proyecto de ley tiene varios años en el Parlamento; a nadie escapa que en ningún momento se tuvo la urgencia que hoy se tiene –insisto, a 41 días de las elecciones nacionales– en traer este proyecto de ley al Senado de la República. Vamos a no hacernos los distraídos, o por lo menos a reconocer honestamente que la intencionalidad de traerlo en este momento, sabiendo que no existen las mayorías para aprobarlo, tiene connotaciones de carácter político-electoral. Y está muy bien que así sea, pero vamos a decirlo con absoluta claridad. ¿Para qué? Para que, jugando a los distraídos, tampoco intentemos mostrar que en esto hay buenos y malos, gente que está a favor y gente que no quiere el reconocimiento universitario de la carrera de formación docente. ¡Ahí están los de siempre! No es así; no admitimos que esa sea la interpretación que se dé a la votación posterior de este proyecto de ley. Consideramos de una tremenda deshonestidad intelectual que alguien, en algún lugar, lo manifieste de esa manera.

En el Senado de la República todos tenemos la intención –tanto quienes van a votar a favor como quienes se pronuncien en contra de este proyecto de ley– de que haya una Universidad de Educación o cualquier otra institución que jerarquice la carrera docente, la potencie y le otorgue herramientas como para que cada día salgan de esa institución más y mejores docentes.

¿Para qué digo esto como introducción? Insisto: para que quede meridianamente claro que detrás de la opción de no acompañar el artículo 1.º –que necesita mayoría especial– no está la decisión de no querer una Universidad de Educación, sino la imposibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto a cómo deber ser gobernada. Ahí radica la única diferencia que tenemos. Quiero manifestar claramente, para que a todo el mundo le quede bien claro, que la única herramienta que tenemos al día de hoy para poder intervenir e incidir en la necesidad de trabajar mucho más sobre la creación de la Universidad de Educación, es votar en contra. Si se quiere pasar esta iniciativa a Comisión para seguir trabajando y lograr acuerdos, seremos los primeros en votarlo. Si mañana mismo se quiere trabajar sobre alternativas con relación a la forma en la cual esta institución va a ser gobernada, estamos dispuestos a hacerlo. Si lo que se quiere es clavar una pica en Flandes, diciendo quiénes están a favor y quiénes en contra de la forma de administrar esta Universidad, entonces el debate que daremos tendrá un altísimo componente político electoral.

Como queremos jerarquizar la creación de una Universidad de Educación y separarla de los tiempos electorales, creemos tremendamente inconveniente que este tema se trate a cuarenta días de las elecciones nacionales y poco tiempo antes de que finalice un período de Gobierno, porque tuvieron sesenta meses para trabajar en esto.

Hoy se recordaban intentos de acuerdos políticos en materia educativa que se han llevado adelante, y ese es un tema que al Partido Nacional no le es extraño. En este quinquenio insistentemente el señor Senador Larrañaga hizo campaña y hasta se logró establecer un grupo que trabajara sobre estos asuntos, pero lamentablemente luego, a la hora de su aplicación, no se logró el consenso debido.

Francamente, creo que acá no empieza ni termina nada; lo digo porque legítimamente hay gente que dice que esto se aprueba o se acaba el mundo. No es así. Anunciamos que si se quiere trabajar sobre este proyecto de ley, lo haremos, pero también anunciamos que a partir del 15 de febrero del año próximo, es decir, dentro de menos de seis meses, para nosotros será prioridad –cualquiera sea el resultado de las elecciones; estamos comprometiendo nuestra palabra en este tema– trabajar sobre la necesidad de la jerarquización de la formación docente en nuestro país. Lo digo también para despejar cualquier duda con relación a las visiones catastróficas que se puedan hacer en el sentido de que es esto o nada.

No quisimos llegar a esta instancia ni de esta forma. Ha sido una constante que lamentablemente hemos tenido que ver durante todo este período de Gobierno. Cuando el señor Presidente de la República una y otra vez informa que fue vencido en su posición de jerarquizar la UTU, en lugar de crear la UTEC –y se debió crear la UTEC para tratar de lograr una herramienta imprescindible y necesaria en nuestro país con el fin de jerarquizar la educación tecnológica–, no lo dice con relación a los partidos políticos de la oposición. También debemos recordar que en el momento de votarse la creación de la UTEC, el Partido Nacional lo hizo a favor.

En los inicios de este período de Gobierno, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley –destaco que fue el Poder Ejecutivo el que lo remitió– para la creación de la Apacet –es decir: la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria–, no fuimos nosotros quienes no estuvimos de acuerdo; por el contrario, estábamos absolutamente contestes con él. Pasaron los años 2010, 2011, 2012 y 2013 y recién hace pocos meses llegó un proyecto de ley que parecería tiene el consenso suficiente para la creación de lo que se conocería como el Instituto Nacional de Evaluación y que nosotros vamos a votar favorablemente. Sin embargo, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque pasaron cinco años y la Universidad de la República todavía no ha podido emitir opinión –que en este caso es preceptiva porque así lo establece la Constitución de la República– sobre la creación de una institución de estas características. Hay algunos señores Senadores que han intentado –lo estamos intentando– ver de qué manera podemos, a cuarenta días de las elecciones y ya finalizando el período de Gobierno, encontrar caminos alternativos que nos permitan la creación de una institución, en el Sistema Nacional de Educación Pública, que consideramos imprescindible.

Toda esta introducción tiene como objeto demostrar que aquí no hay buenos ni malos o gente que quiera una cosa y gente que quiera otra. Por eso me parecía importante ilustrar sobre esta realidad, ya que luego vendrán los discursos electorales, las proclamas y las explicaciones en ciento cuarenta caracteres, generalmente denostando la posición de algunos. Entendí que al menos en algún lado tenía que quedar constancia de la verdad histórica y de la preocupación de todos los partidos políticos –me permito hablar en nombre del Partido Nacional, al que represento en el Senado– en relación con todo este tema.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADÉS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: no necesito comenzar mi exposición diciendo que hago mías las palabras del señor Senador Penadés porque él está hablando en nombre de toda la bancada del Partido Nacional. Simplemente quería hacer un par de anotaciones complementarias que ponen claramente de manifiesto la realidad a la que estamos enfrentados y la verdad de sus afirmaciones.

Creo que todos estamos de acuerdo con que nuestra educación, en todas sus modalidades, necesita cambios profundos; todos estamos pensando, trabajando y apuntando en esa dirección. También es verdad que este proyecto de ley ya tiene un tiempo en el Parlamento y que si no había llegado a Sala es porque no se habían conseguido las mayorías necesarias. Debemos recordar que para la creación de un ente autónomo, la Constitución de la República exige mayorías que ningún partido tiene hoy por sí solo en este Parlamento. Además de este argumento, que es absolutamente ilevantable –nadie tiene las mayorías necesarias–, hay otro que nos parece de enorme gravitación.

Nosotros somos los primeros que debemos respetar la Constitución de la República y su artículo 229 dispone muy claramente que el Poder Legislativo –amén de las Juntas Departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados– no podrá aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades ni aprobar aumentos en las partidas de jornales y contrataciones en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias. Todos estamos de acuerdo con que esos doce meses se calculan a partir del último domingo de octubre del año de las elecciones, es decir, de octubre de 2014 hacia atrás. En consecuencia, estamos comprendidos en ese año y mal podríamos crear un ente autónomo de estas características. No solamente mal podríamos hacerlo, sino que sería engañarnos a nosotros mismos y burlar la Constitución de la República pretender –como se ha hecho en otros casos, que felizmente quedaron por el camino– crear la institución ente autónomo –porque en una lectura superficial se podría interpretar que no estaría comprendida en la prohibición del artículo 229–, pero no los cargos. Eso es lo que se pretende hacer, pero más allá de que de todos modos estaríamos violando la Carta Magna –cosa que me imagino ninguno de nosotros quiere hacer–, ¿para qué querríamos crear un organismo que no puede funcionar? ¿Qué sentido tiene crear toda una institución sin rector, autoridades, funcionarios ni empleados –no tendría absolutamente nada– y que, en consecuencia, estaría totalmente imposibilitada de funcionar? ¿Qué sentido tiene hacerlo contra viento y marea, violentando la Constitución de la República, cuando faltan cincuenta días para la celebración de las elecciones nacionales? Prefiero el compromiso que asume el señor Senador Penadés en el sentido de buscar los acuerdos y los consensos correspondientes, de manera tal que cuando no se aplique el artículo 229 de la Constitución o, mejor dicho, cuando haya pasado el año electoral, podamos ponernos de acuerdo y crear una institución que tiene que nacer a la luz del día y no entre luces y sombras. Esto tiene que nacer con la fuerza que le da el acuerdo educativo a que hacía referencia el señor Senador Penadés, que lamentablemente se frustró, pero al que tendremos que llegar sin importar quién gane las próximas elecciones puesto que, de lo contrario, estos temas vinculados a la educación se nos seguirán yendo de las manos.

Queríamos hacer este aporte, respaldando lo que venía señalando nuestro compañero de bancada, el señor Senador Penadés.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: la señora Senadora Topolansky, con su informe inicial, y el señor Senador Gallinal, con su intervención, me van a permitir no tener que extenderme demasiado en mi informe, ya que pretendía historiar los antecedentes de este tema, cosa que ya hizo la señora Senadora y, luego, referirme a las formalidades constitucionales y legales que hacen que la aprobación de este proyecto de ley sea inconveniente en este período, por ser inconstitucional, asunto al que ya hizo referencia mi compañero de bancada.

Por otro lado, quiero que quede meridianamente claro que no estamos en desacuerdo con la autonomía. Es más, estamos absolutamente de acuerdo con la autonomía, y eso debe quedar claro. El Partido Nacional defiende la autonomía con la misma interpretación que hizo la señora miembro informante en el sentido de que estas instituciones educativas deben tener la más absoluta libertad de cátedra y de investigación. Ahora bien, autonomía como sinónimo de independencia o de autismo en relación con lo que sucede en el resto del país es un concepto que no compartimos y creemos que en esta Sala no acompaña nadie.

Con absoluta honestidad intelectual debemos reconocer que el señor Presidente de la República logra, sí, imponer su visión –que no es ni era compartida por todas las fuerzas políticas que acompañaron su candidatura; esto lo digo porque es una constatación de la realidad– con relación al quiebre de un monopolio que hasta hace poco tiempo era indiscutido: el de la universidad pública monopólica en manos de la Udelar. La creación de la UTEC y los intentos –porque más temprano que tarde se logrará– por contar con una Universidad de Educación es un logro del señor Presidente de la República que debemos reconocer y que llevó adelante a través de una militancia, muchas veces en solitario, insistiendo sobre este tema. Con el absoluto afán de ser transparentes en nuestra intervención es que queremos que este reconocimiento quede claramente establecido.

La autonomía, señor Presidente, es algo que no se discute; pero autonomía con una aplicación y un concepto moderno. Eso es algo que sí debemos debatir porque nosotros no nos atamos –ni creemos que sea bueno hacerlo– a marcos legales que vienen de los años 1908 y 1958. El mundo ha cambiado –no ahondaré en el tema–, y ha cambiado tanto que es necesario que seamos lo suficientemente audaces como para lograr una universidad del porte y la trascendencia que pretendemos darle a esta, con conceptos que tengan modernidad y, en lugar de mirar hacia atrás, se enfoquen en el futuro en cuanto a su misión y su función.

¿Estamos de acuerdo con el cogobierno? Sí, estamos de acuerdo con el cogobierno; entendemos que debe existir cogobierno en esas instituciones. También entendemos que debe existir un cogobierno moderno que permita que esa institución funcione y lo haga en los tiempos, en las formas y cumpliendo los objetivos que hoy se imponen a las administraciones.

¿Creemos que debe haber representación del Poder Ejecutivo en la dirección de esta Universidad? Lo creemos. Honestamente, creemos que el Poder Ejecutivo, por ser quien dirige y establece las líneas generales que el país lleva adelante en materia educativa, debe tener representación en la conducción de una universidad de este tipo. Ni más ni menos: debe tener esa representación. Y ello no se puede interpretar como un atentado contra la autonomía y el cogobierno, sino como la imperiosa necesidad de que quien tiene la misión de llevar adelante la conducción del país en materia de educación pueda, también, tener una voz que lo represente en los institutos que forman a los docentes en el Uruguay.

Es así, señor Presidente, que la única herramienta que hoy poseemos para poder establecer la visión que el Partido Nacional pretende que se tenga de este tema es votar en contra de este proyecto de ley. Repito que si se quiere pasar este proyecto de ley a Comisión para seguir trabajando en él, reafirmamos el compromiso que asumimos de que, terminado el proceso electoral –cualquiera sea el resultado–, esta sea una prioridad; repito que si hasta ahora no ha estado en la agenda de aprobación de prioridades en materia político-educativa del Uruguay, por lo menos no es por única responsabilidad de los legisladores del Partido Nacional.

En el marco de lo que entendemos es el eje central de discusión relacionado con los asuntos relativos al cogobierno, debemos decir las cosas como son: en la Universidad de la República, desde hace muchísimos años se lleva adelante un proceso de discusión que lamentablemente no ha avanzado con respecto a este tema. Quienes hemos integrado las Comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto del Senado de la República en este quinquenio y en el anterior hemos preguntado, una y otra vez, en las diferentes instancias en que se recibió la visita del Rector y sus asesores en representación de la Universidad, cuáles eran los avances en materia de reformas en esos temas. Y la respuesta fue, una y otra vez, la misma: no hay avances.

Entonces, lo paradójico es que mientras tenemos una institución –con un cogobierno que, a nuestro juicio, debe revisarse internamente, y ni que hablar externamente– que no presenta avances de tipo alguno, pretendemos que otras que están por crearse tengan la misma forma de cogobierno que aquella, la madre de todas ellas, está debatiendo y pensando cambiar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señor Senador, pero ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el término de que usted dispone.

Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Puede proseguir el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Muchas gracias, señor Presidente.

Es conocido, desde hace mucho tiempo, el debate que se lleva adelante en el seno de la Universidad y son conocidos los documentos y posiciones de Decanos y de importantes actores de la vida universitaria, que tienen una visión crítica sobre este tema. Es recordado el Documento de los Cuatro Decanos, y así sucesivamente otra cantidad de elementos que han puesto este tema en debate, lo que me parece muy bien tratándose una institución que forma y educa, que tiene una función tan importante en la vida de un país, como es la Universidad Mayor de la República. Es entendible, fermental y positivo que se lleven adelante ese tipo de debates, pero no que terminen siendo discusiones bizantinas, sino que tengan conclusiones prácticas que mejoren, en definitiva, la materia educativa en lo que se refiere a la administración que debe llevarse adelante.

Hace pocos días se conoció la carta de renuncia a su cargo que el ingeniero Juan José Cabezas, asistente del Decano de la Facultad de Ingeniería, le enviara a este el 18 de octubre de 2013. Con gusto pongo la carta a disposición de los señores Senadores para que se vea el tono utilizado y que no parezca que extrajimos determinados conceptos que, por supuesto, compartimos. Concretamente, dice lo siguiente: «Quisiera aclarar que mi apoyo a esta clase de cargos remunerados dedicados a la gestión académica no significa subestimación alguna al cogobierno universitario. Mis problemas no están con el cogobierno sino con las formas de dirección y administración basadas en órganos colegiados, como, por ejemplo, el Consejo de nuestra Facultad». Y agrega: «Simplemente, no creo que el colegiado sea un formato adecuado para la gestión universitaria.

No tengo dudas de que el Claustro debe ser –básicamente– como es. No es un órgano de gestión; es un órgano de política académica. […].

Durante estos ocho años como asistente he podido verificar lo engorrosa e impredecible que es la gestión académica cuando se basa en una estructura de órganos colegiados […] apoyada por una suerte de secretarios académicos con limitadas atribuciones […].

La dirección y administración basada en órganos colegiados produce un perverso espejismo: parece ser la forma más democrática y participativa de gestionar un servicio universitario y, en la realidad, es la forma más efectiva de paralizarlo». Esto no lo dice el señor Senador Penadés, sino el ingeniero Juan José Cabezas que, además, por cierto, no es militante del Partido Nacional.

Más adelante dice: «Lo que suele hacer es ejecutar partes de diferentes proyectos mezcladas de manera aleatoria y caótica. El resultado final no parece ser ni muy democrático ni participativo. Y por lo general, no favorece a los más débiles. […].

Por otra parte, las estructuras de direcciones colegiadas no son fáciles de evaluar. ¿Cómo evaluamos, luego de cuatro años, lo actuado por el Consejo de la Facultad?

No podemos. Simplemente no podemos. No tiene sentido, es un órgano impersonal. No hay responsables. Tampoco podemos evaluar al Decano exceptuando su función como representante del Consejo, o si cometió faltas a las normas o delitos. En definitiva, el Decano ejecuta lo resuelto por el Consejo. […].

¿Es tan difícil cambiar el modelo de gestión universitaria basada en colegiados?

Creo que la mayor dificultad está en separar el concepto de dirección y administración colegiada del de cogobierno universitario.

El día que lo logremos, podremos desplegar toda la fuerza que la idea del cogobierno posee. Los órdenes, sus agrupaciones, las organizaciones gremiales, podrán concentrarse en la política universitaria, en los temas centrales del (co) gobierno universitario, evitando agotar el limitado tiempo disponible en procesar expedientes que, en su inmensa mayoría, son pura gestión administrativa».

El recientemente electo Rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, en un trabajo destinado a ADUR dice lo siguiente: «[…] Nuestra Universidad tiene una estructura académica y administrativa federada, basada en las profesiones, consolidada por las leyes de 1908 y 1958. Esta organización merece un cuestionamiento general. Las pocas modificaciones estructurales introducidas más recientemente –creación de áreas, por ejemplo– no han mejorado –y hasta han agravado parcialmente– la situación». Esto tampoco lo dice quien habla, sino el actual Rector electo de la Universidad de la República. […].

El pregonado carácter conservador de las instituciones académicas –que influyó favorablemente para que no todo se perdiera en el invierno de la dictadura– jugó más fuerte que las necesidades de cambio. El crecimiento de unos pocos miles de estudiantes a los 70.000 actuales, las formas modificadas que ha tomado la participación democrática en relación con los tiempos en que se hicieron las leyes que nos rigen, la creación de nuevas facultades cuyos delegados no pueden votar, la notoria falta de coordinación con el resto del sistema educativo público, las modificaciones que han tenido las concepciones y necesidades en materia de extensión y gestión, al igual que la necesidad de movilidad estudiantil entre diversas carreras y la creciente interrelación de investigaciones radicadas en diferentes servicios, son razones suficientes para cuestionarse fuertemente el sistema académico, organizativo e incluso de gobierno de la institución universitaria».

Repito, para que luego de leer estas intervenciones tampoco queden dudas –lo aclaro para que una vez más quede ciertamente fundada nuestra posición–: estamos a favor de la autonomía, estamos a favor del cogobierno, pero nos animamos a decir, nos animamos a plantear, nos animamos a desafiar a que si verdaderamente se quiere construir una institución universitaria acorde a los tiempos, como no me cabe la menor duda es la intención de los señores Senadores presentes, debemos tener el tiempo suficiente para pensar en alternativas, y a 41 días de las elecciones nacionales eso es absolutamente impensable.

Creemos que es imprescindible ayudar a mejorar la formación de los docentes de nuestro país. No me cabe la menor duda de que este es un objetivo que todos tenemos por delante, pero tampoco me cabe la menor duda de que no lo vamos a hacer a través de este proyecto de ley. Además, que nadie crea o alimente la imaginación en cuanto a que si este proyecto de ley es aprobado en la mañana o en la tarde de hoy, mañana empezará a funcionar y cambiarán las cosas por arte de birlibirloque. Que no se piense que mañana será otro mundo; nada que ver, absolutamente nada que ver. Es mucho más importante, señor Presidente, pensar en esto con serenidad y con empuje para que un proyecto de ley de esta magnitud logre los consensos políticos necesarios para ser aprobado rápidamente.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADÉS.- Con mucho gusto se la concederé luego de que termine este pensamiento.

El señor Senador Gallinal informaba claramente sobre la inconstitucionalidad de un proyecto de ley de este tipo, que prevé una creación. Además, a nadie se le escapa eso; hay que decirlo: todos lo tenemos meridianamente claro. La creación de esta universidad necesita, primero, la reglamentación y, luego, las partidas presupuestales correspondientes, y todos los aquí presentes sabemos que esta instancia se puede dar en el tratamiento del Presupuesto, que comenzará a ser analizado en julio del año próximo y que estará vigente a partir del 1.º de enero de 2016. Entonces, ¿cuál es la urgencia, si sabemos que no va a haber recursos, si sabemos que en este período no puede haber ni siquiera transferencias, porque estamos en un proceso electoral que impide cualquier movimiento de este tipo, tal cual lo informara el señor Senador Gallinal? ¡¿Cuál es el objeto?! ¡¿Cuál es la razón para la aprobación de un proyecto de ley entre gallos y medianoche, a 41 días de las elecciones?! ¡Blandir, desplegar banderas con las que quizás en algunos conceptos podemos estar de acuerdo, como los de autonomía y cogobierno! Vaya que sí, pero pensados en un escenario del siglo XXI y no en los discursos que se pronunciaron en la década de los cincuenta, cuando se aprobó la Ley Orgánica de la Universidad de la República; pensados como elementos que pueden dotar a los estudiantes de las mejores herramientas para poder llevar adelante su formación docente y para tener un título universitario habilitante.

Ahora bien, si con este proyecto de ley lo que se buscaba era el reconocimiento universitario de las carreras que hoy, tanto el Instituto de Magisterio como los institutos de formación docente llevan adelante, lo votamos mañana. Si lo que se busca es la creación de una universidad que investigue y forme, como la que queremos, tengamos claro que con suerte va a empezar a funcionar a mediados de 2016. Esto también hay que decirlo con toda claridad, para que nadie crea que a partir de mañana habrá un cambio o se cubrirán todas las necesidades existentes en este tema.

Señor Presidente: ahora sí le concedo con mucho gusto una interrupción al señor Senador Rubio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Estuve escuchando atentamente las expresiones del señor Senador Penadés, pero debo decir que hay que apelar a la memoria. Cuando se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, durante un año electoral, a nadie en este Parlamento se le ocurrió plantear una argumentación como la que hemos escuchado. La iniciativa fue promulgada y publicada el 27 de enero de 2009, y en aquella oportunidad se previó que después de terminado el ciclo electoral se crearían los cargos. Ese fue el acuerdo político.

Entonces, en este caso el problema no es constitucional, sino de acuerdos políticos. Si hay acuerdo y voluntad política de crear un ente autónomo que sea una institución de reconocimiento universitario a la formación docente, expresémoslo, manifestemos dicha voluntad. Ahora bien, si el problema es que no se está de acuerdo con el cogobierno, situemos el problema donde realmente está. Lo cierto es que en la Comisión de Educación y Cultura, que integramos en conjunto con los otros partidos, nunca se planteó esa cuestión.

Recordemos que este proceso se inició el 30 de mayo de 2012 con el envío, por parte del Poder Ejecutivo, del proyecto de ley para la creación del Instituto Universitario de Educación, que el 1.º de octubre de 2013 –después de un año y medio de trabajo– fue aprobado por la Cámara de Representantes, con mayoría especial –con los votos del Frente Amplio y de la mayor parte del Partido Colorado–, y dos días después ingresó a la Cámara de Senadores, donde se encuentra desde entonces. La discusión que tuvimos en la Comisión de Educación y Cultura fue sobre la constitución del órgano de dirección de la citada institución.

De modo que si acá llegamos a un acuerdo político, podremos acompañar la creación del instituto de que se trata y, luego del ciclo electoral, votar la reasignación de los recursos que ya están en manos de las instituciones que se ocupan de la formación docente. Así habremos dado un extraordinario paso hacia adelante que, además, constituirá una señal política muy importante, no solo para los más de veinte mil estudiantes que hay en formación docente en el Uruguay, sino también para el país mismo al hacer el reconocimiento de la dignidad y de la jerarquía que debe tener el docente de cualquiera de los niveles del sistema educativo, dándole rango universitario, tal como sucede en la mayor parte del mundo. Creo que esta es la cuestión central.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: francamente, me parece que hablar de plasmar el reconocimiento de la dignidad de los docentes mediante un proyecto de ley es hacer una aseveración un poco temeraria, porque parecería que quienes vamos a votar en contra la iniciativa estaríamos también en contra de ese objetivo. Creo que ahí es donde empezamos con las consignas político electorales que, justamente, hemos tratado de evitar en toda la intervención que hemos llevado adelante.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADÉS.- Enseguida se la concedo, señor Senador.

Venía diciendo que si se quiere entrar en ese camino, digo que lo que se está haciendo acá es, simplemente, llevar adelante una consigna de carácter político electoral por la cual, a 41 días de la elección, pretende aprobarse un proyecto de ley cuando, en realidad, lo que se está diciendo es: «Lo aprobamos ahora, pero no lo podemos implementar».

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADÉS.- Con gusto también se la concederé en un momento.

Como dije, en realidad aquí se está afirmando: «Lo aprobamos ahora, pero tenemos que esperar para poder implementarlo. Vamos a trasladar los recursos que hoy tienen algunas de estas instituciones para que pueda empezar a funcionar». ¡Por favor! ¡Sabemos que eso no es así! ¡Quienes conocemos cómo funcionan estas cosas sabemos que no es así! ¡Tenemos muy claro que no es así! Tanto no lo es que cuando se creó la UTEC tuvimos que esperar la instancia de la Rendición de Cuentas a fin de otorgarle los fondos correspondientes para su funcionamiento. Como sucede normalmente, la Rendición de Cuentas empezó a ser aplicada el 1.º de enero subsiguiente a su aprobación por parte del Parlamento y su posterior promulgación por el Poder Ejecutivo.

En definitiva, si se habla de querer jerarquizar la labor, ¡bastante tarde se acuerdan de promover este proyecto de ley! ¡Hace diez años que están en el Gobierno! Francamente, creo que no es ese el argumento central.

¡Por supuesto que todos queremos la dignidad de la profesión! Evidentemente, el señor Senador preopinante no escuchó parte de mi intervención, porque ya dijimos que venimos arrastrando muchos de estos proyectos de ley desde hace más de veinte años y que en varias oportunidades no se contó con el apoyo de quienes hoy son Senadores del oficialismo. ¡Digamos las cosas como son!

En este momento se quiere aprobar esta iniciativa como señal política. Ante eso decimos: esperemos a que pasen las elecciones y no demos ninguna señal; trabajemos todo el verano y en febrero, antes de que termine la legislatura, aprobemos un proyecto de ley de creación de la Universidad de Educación. Nos comprometemos a votar todos los recursos que sean necesarios con motivo del análisis y posterior aprobación del Presupuesto Nacional a partir de mediados del año 2015. Pero reitero: ¡digamos las cosas con absoluta claridad! ¡Lo que se está buscando es dar una señal de carácter político! Ahora bien, entendemos que dada la jerarquía, la importancia y la trascendencia que tiene un proyecto de ley de esta magnitud, sería altamente inconveniente votarlo de la forma en la que se está pretendiendo hacerlo. ¡Eso es así! ¡De lo contrario, no se puede entender!

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¡Muy bien!

SEÑOR GANDINI.- ¡Muy bien!

SEÑOR PENADÉS.- Además, ¡no nos hagamos los distraídos! ¡Desde el mismo momento en que este proyecto de ley fue enviado a la Cámara de Representantes se sabía que no iba a ser aprobado en 2012 ni en 2013! Es cierto, sí, que tuvimos instancias de negociación –vamos a reconocerle a la señora Senadora Topolansky los esfuerzos que llevó adelante– y estuvimos muy cerca de lograr algunos acuerdos con relación al tema.

Ahora bien, el problema no es el cogobierno. ¡No confundamos a la gente! ¡Estamos a favor del cogobierno! El problema no es la autonomía. ¡Estamos a favor de la autonomía! El problema radica en la forma en que esto es implementado, emulando un sistema que, de acuerdo con la intervención del actual Rector de la Universidad de la República –que acabo de leer–, es caduco. ¡Él lo reconoce así! Y para nadie es novedad que en el ámbito de la Universidad este debate ha venido dándose y, a la vez, postergándose desde hace décadas.

¡Quiero que esta universidad funcione de la mejor manera posible, que tenga los más altos rendimientos y que cuente con los recursos necesarios para formar los mejores docentes! ¡Pero eso no se logra con señales políticas como la de aprobar una cosa y esperar hasta el año que viene para otorgar recursos! ¡Seamos un poco serios en el tema! Eso se hace con la clara voluntad de crear una universidad que reúna los consensos políticos necesarios, reconociendo que en la unanimidad de su aprobación parlamentaria –como ocurrió en el caso de la UTEC– radica el peso y la importancia que dicha universidad tendrá.

Ahora bien, si lo que queremos es el debate, el escarceo político electoral de estos días y todo ese «chimichurri» de cosas que se dicen, que no se dicen, que se inventan o en las que se miente, bueno, ¡vamos arriba! ¡Procedamos así! Pero creo que eso es bastardear la intención de aprobar un proyecto de ley de la jerarquía de este, que busca crear una Universidad de Educación como la que todos pretendemos tener en el Uruguay.

¡Terminemos con todas esas visiones de carácter fundacional que algunos tienen y veamos las cosas como son! ¡Busquemos, y con muchísima intención, porque voluntad política sobra! Ahora bien, a 41 días de la elección, votar algo para después pensar cómo armarlo no me parece que sea un buen camino.

Ahora sí, señor Presidente, con mucho gusto voy a conceder las interrupciones que me fueron solicitadas, por su orden, es decir, primero al señor Senador Gallinal y luego a la señora Senadora Topolansky.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda al señor Senador que le restan diez minutos de su tiempo.

SEÑOR PENADÉS.- Muy bien, señor Presidente. De todas maneras prácticamente he terminado mi intervención.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: me sorprende que el señor Senador Rubio nos diga que por primera vez planteamos como argumento lo que dispone el artículo 229 de la Constitución de la República, esto es, que no se puede crear cargos. En lo personal, vengo planteando este tema hace más de un año. Creo que si el señor Senador hace un poco de memoria, lo va a reconocer. Inclusive, recuerdo que próximo al 26 de octubre del año pasado, cuando empezaba a regir el período en el que se prohíbe hacer determinadas cosas, los señores Senadores del Frente Amplio apuraron la aprobación de un proyecto de ley –reconozco que no recuerdo cuál era– porque decían que de otro modo caería dentro del año electoral. En ese momento este Senador dijo que estaban haciendo una interpretación tan abarcadora de todo lo que queda prohibido, que ese argumento les iba a jugar en contra, porque un día iban a venir a Sala con la intención de aprobar algo que no iba a poder ser aprobado. No me equivoqué. Terminamos viviendo esta situación.

Esto no es solamente inconstitucional, y no se trata de una disposición caprichosa de la Constitución –aunque de repente podríamos llegar a esa conclusión, e igual deberíamos respetarla, aunque siempre podríamos reformar nuestra Carta Magna–, por dos razones. Una de ellas –que aunque no viene al caso, es importante– es que el constituyente entendió necesario prohibir al Gobierno, durante el año electoral, crear cargos y llenarlos, para alimentarse desde el punto de vista electoral. Por lo tanto, estableció esa prohibición, de manera que no puede crearse un ente autónomo. Le informo al señor Senador Rubio que no pude plantear ese argumento en la Comisión de Educación y Cultura porque no integro esa Asesora. Sin embargo, quiero decir lo siguiente.

En la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que presido, tenemos para aprobar diez pensiones graciables de personas que están en situación económica crítica; en algunos casos se trata de viudas de artistas y, en otros, de exjugadores de fútbol. Quien habla dijo que la concesión de tales venias no estaba comprendida dentro de la prohibición, porque en ese caso no se está haciendo política electoral, sino contemplando una situación humanitaria solidaria. Entonces, sin tener nada que ver con esas venias, porque las envió el Presidente de la República, manifesté que estaba dispuesto a votarlas. Consultamos a la División Estudios Legislativos del Parlamento, que nos envió dos opiniones de legislaturas anteriores y terminó concluyendo que no podían ser votadas. Aun así, dije: «Si quieren nuestro voto, nuestro voto está». Pero el Frente Amplio dijo: «No. Caen dentro de la prohibición». ¡Hablamos de una pensión graciable! Entonces, ¿cuánto más puede caer dentro de la prohibición la creación de los cientos de cargos que deben ser creados para instaurar una universidad?

El que acabamos de manifestar es un argumento secundario. El principal –y por eso dije que no se trataba de algo caprichoso– se relaciona con la siguiente interrogante: ¿vamos a crear una universidad en serio o vamos a jugar para la tribuna? Si jugamos para la tribuna, votemos ahora. Pero si vamos a respetar las normas y a crear una universidad en serio –que funcione como debe ser–, si vamos a darle recursos presupuestales en ocasión del Presupuesto Nacional, teniendo en cuenta la opinión del próximo Gobierno –que puede ser del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado o de otro partido; no tengo por qué ser terminante en esa cuestión–, entonces esperemos hasta saber cuál será ese nuevo Gobierno para conversar y dialogar con él. Digo esto porque hemos fracasado tanto en materia de educación que no podemos ser tan irresponsables de apresurar otro fracaso.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¡Muy bien! ¡Muy bien!

SEÑOR GALLINAL.- No podemos ser tan irresponsables –como dijimos hace un rato– como para, en lugar de aprobar una ley sobre la Universidad de Educación a la luz del día, hacerlo entre luces y sombras, discutiendo si hay una motivación electoral o no. Pensamos que nadie quiere recorrer ese camino.

Muchas gracias, señor Presidente, y gracias también al señor Senador Penadés.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir ahora la señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: quiero recordar que el artículo 41 del proyecto de ley en consideración, referido a transferencias de recursos, comienza diciendo lo siguiente: «La Administración

Nacional de Educación Pública transferirá a la Universidad de Educación los recursos humanos, bienes y créditos presupuestales destinados al Consejo de Formación en Educación, así como aquellos afectados a los institutos y centros de formación docente que se encuentran hasta la fecha bajo su órbita». De manera que está prevista la transferencia de recursos materiales y humanos –docentes– a la nueva institución, porque siempre tiene que haber un período de transición. Es decir, ya sea que esta universidad se cree hoy, el año que viene o el siguiente, siempre habrá un período de transición, porque no puede pasarse así nomás, en seco, de una forma a la otra. Por esa razón existen estas disposiciones transitorias que están contenidas en muchas leyes.

También el artículo 43 hace referencia a los recursos humanos y materiales para garantizar la continuidad del ejercicio educativo. Por eso se produce la transferencia. Eso no se dio en el caso de la Universidad Tecnológica porque no absorbió recursos de otros lados; además, en ese momento se vio que el período de transición precisaba ciertos apoyos.

En definitiva, si en el día de hoy aprobamos este proyecto de ley contando con esas transferencias, y si trabajamos en todo lo que está propuesto como etapa de transición durante este tiempo, el año que viene podremos comenzar con un proyecto nuevo, con una nueva universidad que tendrá otra dotación presupuestal en ocasión del Presupuesto Nacional. Entonces ganamos tiempo, porque acá hay una cuestión de tiempo: cuanto antes empiece el proceso de formación, antes veremos los resultados.

Aclaro que esta no es una postura –como se ha dicho– ni una consigna de carácter político por encontrarnos a 41 días de las elecciones; en absoluto tiene que ver con eso. Hace bastante tiempo que este proyecto de ley está en discusión en el Parlamento y, por otra parte, se trata de una iniciativa mandatada por la Ley General de Educación. Entonces, no es nada traído de los pelos, ni mucho menos. Simplemente, quisimos negociar. No lo logramos –quizás seamos torpes, lo decimos públicamente–, aunque hicimos todos los esfuerzos que estaban a nuestro alcance. Pensamos –tal como lo fundamentamos en nuestra argumentación– que era bueno para el país generar esta discusión pública.

(Suena timbre indicador del tiempo).

–Nos alegra saber que con relación a la autonomía no hay discrepancias. En cuanto al cogobierno, las formas propuestas en este caso y en el de las otras dos universidades presentan algunos matices.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa debe informar al señor Senador Penadés que se ha agotado el término de que disponía.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: voy a ser muy breve.

Por los motivos que hemos indicado, no vamos a votar este proyecto de ley que solamente busca una aprobación en los papeles. En la realidad, con transferencias o sin ellas, con recursos presupuestales o sin ellos, esta universidad podrá comenzar a funcionar recién a mediados o a fines del año que viene y, con su propio presupuesto, solamente a partir del 1.º de enero de 2016. Por lo tanto, creemos que hay tiempo más que suficiente como para buscar los consensos políticos y crear una Universidad de Educación que sea como –sin lugar a dudas– todos queremos.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley muy importante, presentado en el marco de las reformas que todos nosotros entendemos que deben hacerse a nivel de la educación. Hay que reconocer que en algunas de esas reformas se ha avanzado, pero la enorme mayoría de ellas aún están pendientes.

Creo que fue en el verano del año 2012 que el Presidente de la República, en un gesto absolutamente positivo, llamó a los referentes de los distintos partidos para hablar de los temas de la educación y ver si se podía avanzar en algunas reformas que todos considerábamos importantes. En verdad, la idea fue muy buena, aunque nos quedamos un poco cortos –por no decir cortísimos– en lo que hace a esas reformas, lo cual fue responsabilidad de todos, no de alguien en particular. Reitero que la actitud de nuestro primer mandatario fue muy positiva.

En esa oportunidad el señor Presidente planteó algunos temas que eran centrales. Por ejemplo, el doble voto para el Presidente del Codicén porque, si no, el Gobierno no obtendría las mayorías establecidas en la Ley General de Educación –del período del doctor Vázquez– para realizar algunas transformaciones importantes que no se pudieron hacer por no contar con los votos necesarios.

En esta integración había tres personas designadas por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, de las cuales dos habían sido elegidas por los docentes. Repito que el Presidente nos dijo que no podría hacer transformaciones importantes si no tenía la mayoría y nos pidió el doble voto para el Presidente del Codicén porque de otra manera no podía funcionar, y nosotros se lo dimos, como correspondía.

También nos habló de otro asunto muy importante: que él entendía que había que darle autonomía a la UTU. No tenía idea de crear la Universidad Tecnológica –o como más adelante se la llamó: Universidad Tecnológica de la Educación–, pero de todas maneras hubo consenso en cuanto a empezar a trabajar en su creación.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Disculpe, se llama Universidad Tecnológica.

SEÑOR AMORÍN.- Agradezco a la señora Senadora Topolansky por la corrección.

Comenzamos con la tarea de la creación de la Universidad Tecnológica, a la que de alguna manera le llamamos del interior, porque intentábamos que funcionara allí. Así fue que trabajamos en eso, aunque no llegamos fácilmente a un acuerdo. Es más, seguramente esta Universidad no iba a salir con la mayoría de los votos, pero en la Comisión de Educación y Cultura –que presidía nuestra amiga, la señora Senadora Moreira– alcanzamos acuerdos, en los cuales todos cedimos un poco y la Universidad salió con el esfuerzo de todos. ¡Todos la votamos y todos la estamos empujando! Y me parece que es un paso muy importante.

En ese paso tan importante, quiero reconocer especialmente la actitud de la Universidad de la República –la Udelar–, que tenía el monopolio de la educación universitaria pública, a lo que se aferró durante mucho tiempo. Sin embargo, cambió de actitud y dijo: «Bien, que haya otra universidad pública», lo que nos pareció enormemente positivo. Quiere decir que todos trabajamos y buscamos acuerdos para poder hacer lo que entendíamos era necesario para la educación del Uruguay.

Ahora viene este otro proyecto de ley y lo que quiero decir es que estoy prácticamente en todo de acuerdo con lo expuesto tanto por la señora Senadora Topolansky como por el señor Senador Penadés, porque hay un acuerdo en el sistema político en el sentido de crear una Universidad de Educación, no desde siempre, pero sí desde hace mucho tiempo. Es más, yo voté la extensión del título universitario para los docentes. Era Representante y levanté mi mano para otorgarle el título universitario a los docentes, pero, ¡no fue posible! ¿Por qué? Porque en aquella época la Universidad de la República tenía una actitud distinta. En ese entonces, como lo ha hecho casi siempre, el Frente Amplio siguió la línea de la Universidad de la República y votó en contra de concederle título universitario a los docentes. Fue así; lo recordamos todos los que estamos acá. Insisto, voté a favor de otorgar título universitario a los docentes y el Frente Amplio votó en contra, porque la Universidad de la República estaba en contra. Eso cambió y es una señal muy positiva. La Universidad de la República está dispuesta ahora a que haya otra universidad y nosotros estamos dispuestos a trabajar en eso.

Estoy de acuerdo y creo que para tener una educación de calidad debemos tener docentes de calidad. Estoy totalmente convencido de que para tener una educación de calidad tenemos que respetar a los docentes. Repito, estoy absolutamente convencido y dispuesto a trabajar para eso.

Para ello se necesitan varias cosas. En primer lugar, ¿formación universitaria? ¡Por supuesto que sí! En segundo término, ¿título universitario? ¡Por supuesto que sí! En tercer lugar, ¿salarios como el del universitario medio? ¡Evidentemente que sí! Cuando una persona llega a decidir qué va a hacer en su vida, también toma en cuenta estas cosas y es necesario y racional que un docente que tenga título universitario perciba el salario de un universitario medio.

¿Se puede realizar esto de un día para otro? Es obvio que no. Esto necesita grandes acuerdos, requiere de acuerdos políticos importantes para que todos digamos, en cinco, en seis o en diez años, que esto será posible. Ese es el camino que tiene que seguir Uruguay; no tengo la menor duda.

Ahora bien, concretamente este proyecto de ley contiene un tema que a nosotros no nos gusta y ya lo hemos dicho claramente: el cogobierno tal cual se implementa. No nos parece que esté bien. ¿Cómo lo implementa este proyecto de ley? El Consejo Directivo Nacional que gobernará esta Universidad tendrá siete integrantes: el Rector –elegido por estudiantes, docentes y egresados–, dos representantes de los docentes, dos representantes de los estudiantes y dos representantes de los egresados. A nosotros nos parece que nos falta una pata esencial, fundamental, que son los representantes de la sociedad. Creo que la sociedad tiene el derecho y la obligación de decir qué tipo de docentes quiere y cómo tiene que ser la formación docente, pero estos elementos no están.

¿Este es un cogobierno distinto al de la Universidad de la República? ¡Sí! Alguien me habló –no de mi partido político ni del Partido Nacional, ni del Partido Independiente– de que esto es cogobierno al cuadrado, la exacerbación del cogobierno.

Cuando dije cuál era mi posición; cuando mencioné que estaba dispuesto a votar esta ley y que no estaba en contra del cogobierno, pero que este debía estar integrado por representantes del Poder Ejecutivo con venia del Senado –es decir, representantes de la sociedad–, recibí una visita muy agradable de un señor que siempre ha sido un caballero: el Ministro de Educación y Cultura, el doctor Ricardo Ehrlich. En diciembre del año pasado el señor Ehrlich tuvo el gesto de venir a mi despacho –normalmente los Ministros nos llaman–, en una demostración de interés por trabajar y por ver si podíamos acordar una fórmula. Le dije –como lo digo acá– que estoy dispuesto a trabajar para que haya una Universidad de Educación que tenga el consenso de todos los partidos políticos, porque creo que es necesario.

El señor Ministro me hizo saber su posición con respecto al proyecto de ley –que naturalmente no voy a comentar porque fue una conversación privada y en estos casos es lo que corresponde– y que se tomaría una pequeña licencia, por lo que después intentaríamos llegar a un acuerdo.

Pues bien, esa negociación no existió, no llegamos a ningún acuerdo. El proyecto de ley que hoy se presenta es el mismo que vino al Senado. No se cambió ni un punto ni una coma; absolutamente nada. Entonces, nosotros que queremos trabajar en favor de esto decimos: hagamos todos un esfuerzo, porque desde diciembre hasta ahora no pasó nada y se trae esta iniciativa a Sala sin absolutamente ninguna modificación, en la última sesión ordinaria de esta legislatura. Luego de cinco años, en la última sesión ordinaria, se trae este proyecto de ley, sin acuerdo previo.

¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no trabajamos este año en este tema? ¿No había posibilidad de hacer una modificación en la estructura de funcionamiento, en cómo se va a gobernar esta Universidad, si este tema es tan importante? ¿No había una oportunidad de decir: «Busquemos algo. Pongámonos todos de acuerdo para que esto salga»? O era necesario decir: «Como viene se vota. Si te gusta bien y si no también». Ahora, la expresión «también» es que no sale la ley.

Nosotros estamos votando una Universidad para que trabaje muchísimo tiempo, porque cuando estas cosas se votan, después son difíciles de modificar. Yo lo creo; es una opinión personal, y voy a decir por qué. En el año 1958 se votó la Ley Orgánica de la Universidad de la República y desde hace muchísimo tiempo –reitero: muchísimo tiempo– vengo escuchando voces de distintos sectores, desde adentro de la Universidad, desde afuera de la Universidad, de todos los partidos políticos, que dicen que la Universidad tal como está no funciona y que hay que hacerle modificaciones legales. Casi todos los actores políticos lo dijeron. Con la sinceridad y la espontaneidad que tiene nuestro Presidente de la República –naturalmente, yo no voté al Presidente Mujica, pero también es mi Presidente; no lo voté en la elección pasada– habló del fracaso de la Universidad de la República y de la necesidad de introducir algunas reformas. Hace cincuenta y seis años que se aprobó la ley de 1958. En los discursos de muchos actores políticos de todos los partidos políticos –eso sí– se habla de la necesidad de modificarla, pero no se pudo.

Atiendan bien: ¿cuántas reformas de la Constitución –la ley más importante, la ley magna, la que tiene que plebiscitarse después– hubo desde 1958 hasta ahora? ¿Cuatro, cinco, seis? La Constitución se pudo reformar; la Ley de 1958, no. Esa es intocable, aunque digamos que funciona mal. Lo que yo quiero es empezar bien; lo que yo quiero es empezar con una ley que cree la Universidad de Educación que funcione bien; lo que yo quiero es que el Uruguay vuelva a tener los docentes mejor formados, que sientan el orgullo de tener un título universitario, que tengan un salario razonable. Para eso es necesario lograr un acuerdo entre todos. Reitero: es absolutamente necesario lograr un acuerdo entre todos. Sin embargo, no trabajamos bien el acuerdo. Este año no trabajamos bien el acuerdo. En la Comisión propuse una modificación y dije qué era lo que pretendía, no hablé de algo en el aire. Dije que quería que el gobierno de la Universidad fuera de tal forma, así, así y así. En las dos sesiones siguientes conversamos en el aire, ni siquiera sé si quedó en la versión taquigráfica y nada se modificó. El señor Senador Da Rosa también expuso su posición, pero no hubo ninguna modificación.

Lo que yo digo es que así como el Gobierno –concretamente, la señora Senadora Moreira, que presidía la Comisión– tuvo flexibilidad para encontrar acuerdos con el objetivo de que el proyecto de ley sobre la Universidad Tecnológica del Interior saliera adelante, en este caso no hubo ninguna flexibilidad. Esto venía así de la Cámara de Representantes y se terminó la negociación. Y nosotros no estamos de acuerdo con este cogobierno porque entendemos que no le va a hacer bien. Pensamos que es necesario que la sociedad esté en el tema y dé su visión. Con total franqueza digo que no creo que la formación de los docentes sea un tema que involucre únicamente a los docentes. Este es un tema mucho más importante, es un tema de la sociedad, pero aquí no está representada.

Desde acá formulo mi compromiso, que es el de siempre, porque siempre creí que los docentes tenían que tener título universitario y porque lo voté en la Cámara de Representantes, y no fue aprobado porque el Frente Amplio no lo votó. Lo que creía antes lo creo ahora: los docentes tienen que tener formación universitaria y título universitario. Mi compromiso es con mis compañeros del Senado para que trabajemos mañana, pasado, el día antes de las elecciones, y después en la legislatura que viene con los que estén –o los que estemos– para que estas cosas salgan adelante. Son cosas que el país necesita y son importantes. Tenemos que hacerlo acordando entre todos los partidos políticos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, mi intención es manifestar cuál es el propósito político: que haya algún orden de avance en este tema que viene estancado desde hace mucho tiempo. No se puede negar que la señora Senadora Topolansky ha hecho múltiples esfuerzos en la búsqueda de acuerdos en torno a esta cuestión que hace un año que está en la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

Tampoco se puede negar que nosotros integramos un régimen de partidos y que en la Cámara de Representantes durante un año y medio se estuvo trabajando sobre la base del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, sobre la base del proyecto que presentó Vamos Uruguay, además de otros, y finalmente se encontró un acuerdo que permitió que se obtuvieran las mayorías especiales que se requieren para crear un ente autónomo. En esa oportunidad, auténticamente pensamos que, en principio, desde el punto de vista político, el tema estaba saldado, es decir que había una mayoría parlamentaria que permitía crear un ente autónomo, de nivel terciario, de carácter universitario para la formación docente y que de esa manera el país daba un paso muy significativo hacia adelante.

Es muy diferente el esfuerzo que se ha hecho durante estos años por coordinar institutos de formación docente, algunos de muy larga historia y otros no tanto, pero muy diversos entre sí. Cuando hay un sistema educativo que como tal debe constituir –y reitero la expresión– exactamente un sistema, es decir que hay que tener un enfoque sistémico de la formación docente y de lo que es el trabajo educativo, uno de los mayores problemas que tenemos en el Uruguay es el tránsito entre los diversos niveles educativos y la necesidad, por ejemplo, de evolucionar hacia lo que ahora se denomina currícula única desde los tres o cuatro años hasta los catorce, que no tiene nada que ver con «primarizar» el ciclo básico o hacer de la educación primaria algo similar al ciclo básico de la enseñanza media. Si esto está planteado, si se hace este esfuerzo y si se logró un acuerdo –para lo cual la bancada de Gobierno y la bancada de la oposición tuvieron que hacer concesiones–, nosotros pensamos que se plantea una gran oportunidad para avanzar hacia la jerarquización de la formación docente en el Uruguay y constituir una institucionalidad totalmente diferente a la existente. Uno de los dramas ha estado en que los institutos de formación docente, fundamentalmente en enseñanza media, nacen y se desarrollan desvinculados de la investigación. Esta es la vieja historia de las discrepancias entre Vaz Ferreira y Grompone, que no voy a traer a colación, pero que tienen que ver con la matriz de la integración del IPA y la polémica que hubo con la Facultad de Humanidades en aquella época.

Y esto ha afectado mucho el relacionamiento entre la investigación y la formación docente. Es otro ejemplo de los problemas de institucionalidad que terminan impactando en los resultados. Hoy, tener una institución de carácter universitario para la formación docente, hace posible unificar las formaciones dispersas y darles una estructura orgánica y un enfoque sistémico. Al mismo tiempo, permite que se desarrollen no solo las funciones de formación, sino también las de investigación y las de extensión –que habitualmente tienen las instituciones universitarias–, todo lo cual posibilita tener mucha más fuerza a la hora de encarar los estudios de posgrado en los diversos niveles. Da lugar, asimismo, a que los egresados de esta institución tengan un reconocimiento no solo por parte de las otras instituciones de carácter universitario que existen en Uruguay, sino también de la sociedad.

Necesitamos formar más y mejores docentes, pero también es preciso un perfeccionamiento permanente y estímulos para la titulación, y esta ha sido una batalla que se ha librado durante décadas en la enseñanza media, aunque no así en la enseñanza primaria. Cabe destacar que desde los años sesenta hubo confrontaciones y, yo diría, tensiones sociales muy fuertes en torno a esta cuestión. Era relativamente fácil y poco costoso mantener un nivel educativo medio con muy pocos estudiantes y, por tanto, proveer al sistema de los docentes necesarios, apelando a profesionales y a otras personas que tenían cierta idoneidad, por lo menos en los aspectos técnicos, aunque a veces no la tenían desde el punto de vista pedagógico.

Todo esto ocurría cuando el sistema era pequeño, pero cuando se da una enorme expansión y prácticamente la matrícula de la enseñanza media es similar a la de la enseñanza primaria porque se universaliza el sistema, se ingresa en un problema que afecta a toda la sociedad. Esto es así porque, por un lado, el sistema se democratiza pero, por otro, en las últimas décadas no ha habido respuestas desde el punto de vista presupuestario ni de la calificación de los recursos humanos, sumado esto a la falta de reconocimiento social en cuanto a la importancia de esta tarea. De esta forma, entramos en un área de problemas muy profundos.

Aquí necesitamos dar un salto en calidad. Reitero que durante un año y medio se ha hecho un esfuerzo en la Cámara de Representantes y, en consecuencia, fue posible obtener la mayoría necesaria para aprobar este proyecto de ley. Hay distintas disposiciones que desde el punto de vista jurídico permiten concretar la creación de la institución en esta oportunidad, además de crear los cargos y los recursos luego de pasado el ciclo electoral. Las disposiciones existen; en algún caso hemos seguido un camino y, en otros, otro camino. Pero la verdad es que hemos llegado a una situación de estancamiento, y por eso, como bancada, adoptamos la decisión de traer este tema a la discusión del Plenario para ver si lográbamos algún orden de compromisos y de avances. Creo que esta es la cuestión de fondo.

Considero que no se puede decir –como lo ha hecho algún Senador preopinante– que no se han realizado los esfuerzos. No es así. Simplemente, ha existido una diferencia o una distancia muy importante. ¿Diferencia o distancia en cuanto a qué? En cuanto a cómo se gobierna esta nueva institucionalidad. Es cierto que nosotros recibimos la propuesta de dar al poder político la mayoría en la integración del órgano de conducción de esta institución, a través de la iniciativa del Presidente de la República y de la venia del Senado. Y eso no nos pareció conveniente ni adecuado. No compartimos ese criterio por diversas razones, que no voy a exponer en esta oportunidad porque son conocidas. Además, en algún momento la señora Senadora Moreira va a hacer uso de la palabra y seguramente apelará a esta cuestión, que podrá desarrollar con mucha mayor solvencia que yo.

En realidad, hay experiencias en distintas partes del mundo sobre autonomía y cogobierno, cuando las autoridades se constituyen a partir de los órdenes que forman parte de esta institucionalidad a nivel terciario. Hay una historia y hay casos en los que ha habido problemas, pero también los hay que han sido muy exitosos. Es una historia de larga tradición en el mundo universitario, por lo menos en el área occidental de este planeta. No se trata de una invención reciente y atípica. También hay otros sistemas de gobierno y de institucionalidad.

Ahora bien, si teníamos este punto de partida y no se abría ningún camino intermedio, ello nos obligaba a replantear el tema desde el punto de vista político en otro ámbito. Eso es lo que estamos haciendo en esta oportunidad. Y si ahora conseguimos algún compromiso o alguna otra cosa que nos permita avanzar, por lo menos no quedamos en el mismo punto.

En realidad, nos parecía que era un triste final para un tema que llevó tantos años –comenzó a principios del 2012–, de trabajo y de esfuerzo en el Parlamento; que quedara encajonado en la Comisión de Educación y Cultura, perdido en esa Comisión, significaba un triste final.

¿Y qué pasó con este asunto? Nada. Entonces, si el tema muere, podrá parecer que la apatía, la falta de esfuerzo o de trabajo de la Comisión de Educación y Cultura lo dejó pasar. Y si el tema muere, lo hace de la peor manera, porque un tema puede no contar con las mayorías parlamentarias –eso puede ocurrir–, pero ser debatido y discutido. Y si bien ese resultado no es bueno –sobre todo cuando uno está convencido de que hay que aprobar una transformación, en este caso, en el orden cultural–, mucho peor es que un proyecto simplemente vegete, que no se considere. Y en la Comisión de Educación y Cultura no fue considerado ni se dieron respecto de él nuevos pasos, porque hasta el momento no hemos podido salvar esa enorme distancia que hay entre una institución cogobernada a partir de la designación de sus autoridades por sus integrantes, y otra gobernada por la designación realizada a partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo y de la venia del Senado. Esta es la realidad, lo reitero. No logramos explicarnos por qué razón hay tanta resistencia a buscar algún camino de salida a esta situación cuando, además, este proyecto de ley –al igual que el de la UTEC– prevé un período de transición prolongado de cuatro años. No es que las autoridades van a ser designadas mañana, cuando se cree la institución –o cuando termine de crearse después del ciclo electoral–, o cuando se establezcan los cargos y se traspasen los recursos que hoy están en otras instituciones. En realidad, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 –que refiere a la primera integración del Consejo Directivo Nacional–, este Consejo se nombra a partir de una propuesta del Poder Ejecutivo y de la venia del Senado, que es el que crea la institución. Luego, en el tercer año, se comunica a la Corte Electoral y, en esa oportunidad, ya funcionando y teniendo docentes y estudiantes, se hacen las elecciones para un organismo que es, a su vez, del cual deriva el órgano ejecutivo de la institución. O sea que fue pensado para que el proceso sea largo, pero necesario cuando es una institución nueva. Esto supone un orden de realismo y de flexibilidad que me parece muy importante.

Reitero: esto también es parte –reconozcámoslo– de una larga historia de lucha por la profesionalización y el perfeccionamiento del trabajo docente, y por tener docentes muy calificados y no solo mejor remunerados que en la actualidad. Creo que ha habido un gran avance en ese sentido, pero también es cierto que la economía se ha desarrollado de una manera espectacular en la última década, lo que ha generado mejoras salariales muy importantes en otras áreas de la vida económica, pero las que se han producido a nivel del salario docente los coloca en una situación de inferioridad de condiciones o de no reconocimiento social, produciéndose una puja del sector privado, pero no educativo sino de la economía, por captar los docentes formados en institutos de formación docente para tener recursos calificados en sus actividades. Entonces, tanto los docentes en actividad como los recién recibidos migran hacia otros sectores. De hecho, las encuestas realizadas por las actuales autoridades de la educación muestran que cerca de un tercio de los docentes no tienen como actividad principal la docencia. Entonces, hay un problema de profesionalización que se constituye en el tema de fondo.

A mi juicio –y el de mucha gente que ha estado trabajando en esto y coordinando el esfuerzo que se ha hecho en estos años de los institutos de formación docente–, no hay manera de poder avanzar en profundidad si no es con una institucionalidad única, coordinada con el resto del sistema de nivel terciario; reitero: no hay manera de poder lograr avances sustanciales si no es por este camino. Entonces, la importancia que tiene esta cuestión para la sociedad uruguaya, para los más de veinte mil docentes que están en sistemas de formación y para quienes han egresado y están ejerciendo la actividad, es tan relevante que no puede terminar en un bloqueo en el Senado –no lo tuvo en la Cámara de Representantes– en virtud de una tesis, creo que un poco extrema, de que en realidad el poder político es el que tiene que tener el mando de este tipo de instituciones.

Voy a terminar, señor Presidente, porque no quiero extender sin razón esta sesión. Sabemos que instituciones de calidad universitaria que realizan actividades de investigación, de formación, tanto de grado como de posgrado, y actividades de extensión, que por tanto necesitan tener visiones y trabajo de largo plazo, no pueden estar, de alguna manera, dependiendo cada quinquenio de las variaciones y los virajes que se produzcan en la sociedad en cuanto a la constitución de las autoridades políticas. Esto no quiere decir que me oponga a que tengan un vínculo con el sistema de designación y los resultados electorales, con los cambios programáticos o de enfoque que se producen a partir de decisiones que toma la ciudadanía; ese no es el punto. El punto es encontrar un equilibrio que permita la continuidad del trabajo en el mediano y en el largo plazo, con políticas de fondo vinculadas, a su vez, con las transformaciones sociales, económicas y políticas que va teniendo la sociedad.

Es cuanto quería expresar.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA MOREIRA (Constanza).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA (Constanza).- Señor Presidente: comienzo señalando que el tratamiento del proyecto de ley que hoy estamos considerando no empezó hace veinte días, ni hace tres meses ni hace un año, sino que data de un lustro. Creo que cuando aprobamos la Ley de Educación ya se había incorporado el tema de la formación universitaria para todos los docentes. En esa misma ley estaba el famoso IUDE, Instituto Universitario de Educación. La propia ley prevé una Comisión de implantación del IUDE, que trabajó durante muchísimos años. Asimismo, se creó una Comisión Interpartidaria de Educación, que trabajó durante todo este período de Gobierno –la razón por la cual estamos presentando ahora este proyecto es porque esta es la última sesión ordinaria de este quinquenio–, y lo hizo con tanto éxito que el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes. Entonces, ¡vaya si hubo acuerdo! El proyecto de ley llega al Senado porque hubo un acuerdo que se plasmó en la Cámara de Representantes.

En estos días me he tomado el trabajo de revisar todos los programas partidarios, y pude constatar que todos tienen incorporada la formación universitaria de los docentes; no hay partido político que no la tenga como un componente central. En consecuencia, diría que si para el período que viene el gran objetivo, la gran prioridad en materia de educación es la educación media –como lo es–, la segunda prioridad –que va de la mano de la primera– es la formación docente.

¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley? Primero, debemos tener claro que no solo precisamos mejores docentes sino más docentes; no alcanza con la cantidad de docentes que tenemos, ni en primaria ni en secundaria. Si queremos aumentar la cantidad de Escuelas de Tiempo Completo –que está en todos los programas político-partidarios–, vamos a necesitar más maestras, y menciono el término «maestras», en género femenino, porque en su mayoría son mujeres. Ahora bien, necesitamos implementar el Bachillerato Artístico y el Bachillerato Tecnológico. Entonces, si lográramos abatir la enorme deserción que actualmente hay en secundaria, que es cercana al 60 %; si ese porcentaje pudiera bajar al 30 % –como queremos, es decir, que la mayoría de los alumnos terminara y fuera la minoría la que no–, tendríamos el sistema repleto de alumnos: los cuartos, quintos y sextos grados de la educación media estarían atestados de alumnos.

Y ¿cómo haríamos? Necesitamos más docentes; también necesitamos docentes mejor formados, porque la calidad de la educación se mide por la calidad de los docentes y no por la calidad de los estudiantes. Y, por supuesto, la inteligencia de un país se mide por la inteligencia de sus sectores más humildes y no por la de sus sectores socioeconómicamente privilegiados. Hoy, la educación y el sistema educativo tienen que compensar déficits sociales muy diversos, y uno de los primeros déficits que tienen que compensar los pobres educadores es el que viene de las familias, especialmente de aquellas de contextos socioeconómicos más desfavorables. El gran problema que tiene la educación y que afecta a todos los logros educativos, es la brecha entre los estudiantes más rezagados económicamente y los que vienen de familias con mejor nivel socioeconómico. Lo que complica el resultado de la educación es la enorme deserción que hay desde la mitad de la pirámide social hacia abajo.

La otra cosa que sabemos a ciencia cierta es que el Uruguay se caracteriza por tener una de las brechas intergeneracionales más agudas del mundo, pues la diferencia entre los niños y los ancianos es enorme desde el punto de vista de la calidad de vida. Y es esa brecha intergeneracional la que impacta sobre la educación, porque allí todos son jóvenes: son jóvenes los estudiantes, pero también lo son –y si miramos hacia la Barra, nos daremos cuenta– los docentes.

Además, hoy los docentes tienen que saber cosas que no tenían por qué conocer hace cuarenta años. Por ejemplo, tienen que saber mucho sobre convivencia porque, como habrán visto, hay violencia en los centros educativos y cada tanto alguna madre denuncia maltrato; a su vez los docentes y maestras denuncian el maltrato y la violencia que sufren por parte de los padres y las familias de los alumnos. Pero los docentes también tienen que conocer algo sobre las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación.

La docencia tiene que ser atractiva por lo que se gana, pero además por la estima pública ante la sociedad, por el afecto que esa sociedad manifiesta por sus docentes. Cada vez que se critica a la corporación docente, el afecto público por los docentes baja, y eso genera impactos negativos sobre la predisposición de los jóvenes a estudiar la carrera docente. Es una de las profesiones de mayor estrés relativo. Una parte importante de los docentes no se siente feliz con lo que gana, con lo que hace ni con el estrés emanado de su profesión.

Señor Presidente: permítame poner sobre la mesa algo de la teoría de género. La valorización social de la profesión docente se vincula con la enorme proporción de mujeres que revisten en esa carrera. Son profesiones feminizadas y todo lo malo que recae en las mujeres en esta sociedad, lo sufren también las docentes.

Creo que la ley va a permitir valorizar la profesión docente y, por supuesto, vamos a tener que hacer una campaña pública para defender esta profesión y para animar a los jóvenes a que estudien.

La ley va a mejorar el interés por la docencia y, sobre todo, va a dar herramientas de desarrollo profesional que permitan la titulación obligatoria en el mediano plazo, porque hay una gran cantidad de docentes que no están titulados en este país; si bien el número ha ido disminuyendo en el correr del tiempo –en el año 1997 eran casi la mitad; no sé cuántos son ahora­, pero ha ido disminuyendo–, no llegamos al cien por ciento de los docentes titulados ni mucho menos.

Estas son las precondiciones para mejorar la calidad de la educación. Y para que todo ello suceda necesitamos crear una institución autónoma, para lo cual se precisan dos tercios de votos. La culpa no la tiene una ley vieja, sino la Constitución de la República, por sus artículos 202 y 203. El constituyente entendió que la enseñanza debían impartirla dos grandes entes autónomos: la ANEP y la Universidad de la República. Entonces, por Constitución, la educación es impartida por entes autónomos; no se trata de una elección arbitraria, ni de estos legisladores ni de los de antes. En consecuencia, cuando se dice que se está en contra del artículo 1.º del proyecto de ley, que solo dice que la Universidad de Educación es una persona jurídica pública que funcionará como ente autónomo, también se está en contra de la Constitución de la República. Es como imaginar que podemos crear una universidad sin someterla a la normativa básica que emana de la Constitución de la República, que así lo entendió. La culpa no la tiene el «Cordobazo» ni lo que sucedió en 1958, sino la Constitución de la República.

Ahora bien, cualquiera puede pensar que la formación docente no existe en el Uruguay, pero ¡vaya si existe! De hecho, para crear una Universidad de Educación tuvimos que llegar al punto en que la formación docente fuera de tal magnitud y de tal densidad que se pudiera crear un centro de estudio de esa naturaleza. Y hoy estamos en condiciones de crear una Universidad de Educación; quizás no lo estábamos hace veinte años, pero actualmente sí. No hablo de hacer universitarios los títulos, que es algo que planteó algún señor Senador, sino de tener una Universidad. Reitero que hoy estamos en condiciones de hacerlo, y si esta ley no se vota, habremos desperdiciado la oportunidad histórica de que todos los esfuerzos que se realizaron durante años se consoliden en una institución, que tiene que tener la estatura debida y no otra.

Hay formación pública en los institutos de formación docente; hay formación pública en todo el territorio nacional; hay distintas instituciones que se encargan de esa formación y la idea es juntarlas y articularlas. La Universidad de la República imparte formación docente y también la Universidad de Montevideo. Por consiguiente, hay formación docente en el sector privado.

La cantidad de docentes que se matriculan por año ha aumentado; no es que el número haya disminuido ni que estemos frente a una catástrofe. En el año 2000, los alumnos en formación docente alcanzaban un total de 13.000; alrededor de 8.000 en profesorado y 5.000 en magisterio. En el año 2012 esos 13.000 alumnos se transformaron en 22.000, pasando de 8.000 a 14.000 la matrícula de profesorado y de 5.000 a 6.700 la de magisterio. Entonces, ha aumentado la matrícula en formación docente. ¿Qué pasa? Como bien expresó el señor Senador Rubio, en el año 2012 la consultora Cifra realizó un estudio que explica qué pasa con los docentes: dice que eligen la docencia por vocación, pero que, al igual que en la educación terciaria y en la secundaria, hay una gran deserción y un gran rezago de los estudiantes de formación docente. El estudio también expresa que los docentes de hoy tienen un déficit de capital cultural de origen –así se perciben a sí mismos, aunque esto es muy difícil de comprobar empíricamente–, y que provienen de estratos socioeconómicos y sociales más bajos que los de otras instituciones terciarias. Además, son un poco más pobres que otros estudiantes universitarios. Hay una alta proporción de estudiantes del interior en la formación docente y, en general, quienes comienzan a estudiar no lo hacen inmediatamente al egresar de bachillerato, sino después de los veinte años, y casi todos trabajan porque no tienen un respaldo familiar.

¿Para qué sirve una Universidad de Educación para los docentes que tenemos?

En primer lugar, si se otorgara un título universitario aumentaría la valorización de la carrera y se inscribiría otra gente.

En segundo término, al estar en la Universidad, tendrían más flexibilidad. Por ejemplo, en la Facultad en la que doy clases, el 63 % de los estudiantes universitarios trabajan y por ello las impartimos después de las 20 horas. Entonces, con esta Universidad habría una mayor flexibilidad.

Además, deberíamos tener un sistema de becas para que los estudiantes de formación docente se dedicaran solo a estudiar, y no a trabajar, a estudiar y a resolver las cosas como pueden.

Y, sin duda, si continuamos mejorando los salarios y las perspectivas de la carrera, se mejoraría el egreso docente.

En el día de hoy estamos resolviendo uno de los temas que ayudarán a mejorar la calidad de la educación docente; y no hablo del salario, del patrón de carrera, ni de las becas, sino de que logramos que la educación docente tenga un título universitario.

El Frente Amplio ha hecho enormes esfuerzos para impulsar una reforma educativa –empezando por la aprobación de la Ley de Educación, de la cual emana esta Universidad de Educación–, y para seguir mejorando el presupuesto.

Pero quisiera decir algo con respecto a la Universidad de la República porque no puedo dejar sin responder la cantidad de cosas que se han dicho sobre ella. No se modificó la Ley Orgánica, pero la Universidad ha avanzado a pasos de gigante, con o sin modificación. Y esto lo dice una docente que hace treinta años que enseña en la Universidad de la República. No tiene nada que ver la forma en que enseñábamos hace treinta o veinte años, con lo que hacemos ahora. Eso ha mejorado a escala sideral.

La Universidad se ha descentralizado en todo el país –me parece que es algo que reconoce todo el mundo–, ha creado Centros Universitarios Regionales, se ha flexibilizado, ha permitido un tránsito horizontal entre carreras, ha creado un montón de carreras y ha aumentado la matrícula, porque cuando empezamos se inscribían 70.000 estudiantes y hoy lo hacen 100.000. Además, en este tiempo se creó la Universidad Tecnológica, que tuvo cogobierno, lo que, sin embargo, no impidió que se aprobara. Sobre el tema se ha debatido bastante en la Cámara de Diputados. Quiere decir que el problema no puede ser el cogobierno, porque si no fue un obstáculo para apoyar la Universidad Tecnológica, ¿por qué habría de serlo ahora para apoyar la Universidad de Educación?

En América Latina, nuestra Universidad de la República solo tiene un equivalente en la Universidad de Buenos Aires con respecto a dos grandes características: no cobrar matrícula, ni tener examen de ingreso. Eso hace a la Universidad muy accesible. La clave de esa accesibilidad es que la mitad de los estudiantes que hoy están en la Universidad de la República –unos 50.000– provienen de familias que nunca llegaron a ese nivel de estudios. Es decir que se ha producido una especie de movilidad social ascendente muy importante. Con su cogobierno, la Universidad funciona, se ha podido reformar a sí misma y aumentar la matrícula, además de lograr un montón de cosas más.

El señor Senador Penadés leía una carta de un asistente académico de la Facultad de Ingeniería en la que, de alguna manera, se decía que los colegiados son malos administrando, pero la idea de los colegiados es para gobernar y no para administrar. Es una opinión.

Dirigí una institución de la Universidad de la República durante unos cuantos años y el gran problema, señor Presidente, era que no había plata y que la mitad de los docentes ganaban menos de $ 6.000. Ese era el problema; no se trataba de que no pudiéramos tomar decisiones, sino de que éramos una institución pobrísima.

Por otro lado, me parece muy bien que se traigan todas las autocríticas que la Universidad de la República se hace. Si hay algo que caracteriza a la Universidad de la República es hacer autocrítica, emanarla y producirla a través de documentos y cartas. Es fantástico que una institución se pueda autocriticar porque esa es la base para transformarse.

En estos diez años hemos ido extendiendo el tiempo educativo a lo largo de la vida, apostando tanto a la educación en primera infancia, como en la tercera edad, para que estudien toda la vida. Además, se multiplicó la oferta docente y se aumentó la matrícula en casi todos los órdenes, a pesar del problema que tenemos y sobre el cual hemos hablado durante cinco años, que es que no hemos mejorado sustancialmente la tasa de egreso de la Educación Media Superior.

Por tanto, señor Presidente, esto no comenzó hace 20 días, ni estamos tratando de resolver a los ponchazos el tema en plena campaña electoral; empezó hace mucho tiempo. Tuvimos mayoría en la Cámara de Representantes lo que nos permitió traer el proyecto de ley al Senado. ¿Por qué no la tenemos hoy? ¿Qué pasó con la mayoría de Diputados? Todos están de acuerdo con la necesidad de la formación docente, todos están de acuerdo con el fin, pero no con el instrumento; sin embargo, yo no veo otro instrumento sobre la mesa. Es como estar de acuerdo con aumentar la participación de las mujeres en política y no estarlo con la cuota. Como dije, no veo otro instrumento sobre la mesa; que me den uno probadamente eficaz.

Este proyecto de ley tiene sustancia, acumulación empírica y académica, y sobre él ha razonado mucha gente durante mucho tiempo. Por tanto, no es el resultado peregrino de una mente monologando consigo misma, sino el resultado del esfuerzo de muchísima gente.

Me pregunto, cómo se puede estar de acuerdo con el fin, pero luego cuando llega el momento de la verdad se dice: «No, esto no».

El señor Senador Amorín dijo: «No trabajamos el acuerdo», y me honró con diversos reconocimientos sobre cómo habíamos trabajado el acuerdo de la Universidad Tecnológica. ¿Los acuerdos se trabajan? Sí, claro. Hay 46 artículos en este proyecto de ley, pero toda la discusión se centra en el artículo 1.º o en quienes integran los órganos de la educación. No hubo una sola discusión sobre el resto de los artículos; pero trabajar un acuerdo implica trabajar todo su articulado.

Algunos hablan sobre el cogobierno y la autonomía; ¡pero están en la Constitución! Entonces, si no nos gusta el cogobierno y la autonomía de las instituciones de la Enseñanza Pública, habrá que reformar la Constitución. ¿Será que la Constitución es vieja o más bien que es sabia?

Es cierto que la Universidad de la República tiene una ley vieja, pero eso no impide que la mayor parte de la inteligencia nacional, lo que se llama investigación e innovación en este país, salga de la Universidad de la República con sus viejas leyes.

En cuanto al tema de la creación de cargos, creo que no es de recibo. Se dice que se crean cargos, lo que no se debería hacer en año electoral; pero como bien se señaló hace un momento, lo que se crean son funciones y no cargos. Además, lo hemos hecho otras veces. Por otra parte, para crear una Universidad necesitamos un período de transición para trabajar en el armado de esa nueva institución, a fin de votar los cargos en el próximo presupuesto. Un año es poco para crear una nueva Universidad, o sea que hacemos muy bien votándola ahora.

Como dijo el señor Senador Rubio, el proyecto de ley vino del Poder Ejecutivo en el año 2012 y lo votamos ahora porque los tiempos se acaban. Sobre la campaña electoral quiero decir que el nuevo Gobierno va a asumir en marzo y recién estamos en el mes de setiembre. Me gustaría decir que el Uruguay no se detiene, pero voy a ser sospechosa de hacer campaña política. Los dos Gobiernos del Frente Amplio han mostrado que acá se vota hasta el último día de diciembre del año electivo. Es cierto que eso antes no sucedía porque se iniciaba una legislatura con mucha productividad y luego se iba derrumbando, por lo que al final del período no se votaba nada. Eso se dio en un contexto en que las coaliciones entre los partidos eran muy fuertes al principio, pero luego se iban disolviendo. Sin embargo, desde que hubo mayoría parlamentaria propia –haría propaganda a favor de la mayoría parlamentaria, pero no corresponde hacerlo en este momento– no ha sucedido más y la productividad parlamentaria se ha sostenido a lo largo del tiempo. Si hoy queremos votar este proyecto de ley faltando 50 días para las elecciones, no importa, porque se han votado proyectos de ley muy importantes en el último año. Este Parlamento no se detiene.

Por suerte no escuché aquí cosas que leí en las versiones de la Cámara de Diputados en contra de las corporaciones docentes y demás, pero sí he escuchado que no puede haber cogobierno sin representación ciudadana. Yo me pregunto: ¿cuál es la representación ciudadana? Los docentes, los egresados y los estudiantes son bastantes y son ciudadanos. ¿Quién quedará afuera? ¿La familia, los padres? No, la representación ciudadana son los partidos políticos. ¡Pero si los partidos políticos están representados en todos lados! Si bien tienen el monopolio de la representación política de la sociedad, no tienen el monopolio de la representación ciudadana. Una democracia es una gran cantidad de otras cosas.

Si la Universidad de Educación va a estar articulada con el Sistema Nacional de Educación Pública, ¿cómo no va a estar en el marco de todos los controles que tiene el sistema democrático? Sería absurdo pensar que no va a estar en ese marco. ¡Cómo la política no va a estar representada! En este período de Gobierno, el Presidente Mujica –aunque creo que el partido de Gobierno en su conjunto– decidió incorporar a los partidos con representación parlamentaria en todos los entes y organismos del Estado, sin contrapartida, como no se hacía en el Uruguay desde hace medio siglo atrás. Me pregunto si eso no es un gesto suficiente como para entender que nadie pretende sacar la representación política, sino que, por el contrario, se la quiere ampliar y potenciar, aunque es claro que debe estar donde tiene que estar. No tiene que estar metida dentro de la dirección de la institución, porque de esta se deben encargar quienes saben de educación y quienes sufren o se benefician de ella, es decir, los docentes, los estudiantes y los egresados.

Creo que aunque alguna razón le asista a la oposición para poner reparos –porque voy a pensar que alguna razón le asiste–, lo cierto es que ninguno tiene peso suficiente como para contraponerse a los enormes beneficios que derivarán de votar esta iniciativa. En caso de no aprobarla volveremos a entrar en el limbo de la formación docente y quedarán suspendidas, quién sabe por cuánto tiempo, las posibilidades de dar a los docentes una formación universitaria digna, de calidad.

(Ocupa la Presidencia el señor Juan Chiruchi).

–Y sí, la verdad es que hoy todos somos responsables de lo que pase y después nadie va a leer la letra chica sobre lo que establece el artículo 1.º, el tema del cogobierno, etcétera. Lo que se va a leer es quiénes están a favor y quiénes en contra de que exista formación universitaria para los docentes y una Universidad de Educación. Esa va a ser la lectura que se hará y nadie va a distinguir los matices. Por consiguiente, hay un grupo de legisladores que se la juega por este proyecto de ley y otro que se niega a votar la única iniciativa que existe, que es esta; las otras están en el papel.

Creo que evidenciar eso no hace feliz a nadie. Así que lo que quiero es que se vote. No me interesa hacer campaña electoral con la ley ni evidenciar las diferencias que tenemos; quiero –lo reitero– que se vote y vuelvo a instar a todos los legisladores para que den ese gran paso que el Uruguay hoy tanto necesita.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos en la Barra).

(Campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Chiruchi).- La Presidencia comunica a quienes están en la Barra que no pueden hacer manifestaciones de ningún tipo y que, si se insiste en ello, va a tener que ordenar su desalojo.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Chiruchi).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: la señora Senadora preopinante plantea todo con un maniqueísmo absolutamente intolerable e inaceptable: «La verdad está de mi lado, todo lo demás es error; todo lo demás es equivocación; todo lo demás es negro; todo lo demás es oscuro», y no es así. El debate respecto del cogobierno, sobre el que hace una fuerte defensa, no responde solamente a la opinión de un «asistencillo» de la Facultad de Ingeniería. El nuevo Rector de la Universidad de la República acaba de manejar conceptos similares, tremendamente críticos, sobre la administración de la Universidad.

Si se interpreta correctamente lo que la señora Senadora preopinante acaba de decir sobre la formación docente, parecería ser que mientras en el Uruguay no haya formación docente universitaria, la gente que hoy está haciendo cursos de formación no es la idónea ni recibe la educación adecuada. Además, por lo que logré entender, cuando esta educación pase a tener rango universitario tentará a gente mucho más capaz. No comparto ese razonamiento ni tampoco el de que este es el único proyecto.

Me parece bárbaro que se hagan picardías y que en las intervenciones empecemos a hablar para la tribuna. Está bien, es confirmatorio de lo que es el tratamiento de este proyecto de ley: hablar para la tribuna, nada más. Se trata de satisfacer el minuto de aplauso, lo que es muy legítimo. Desde el principio sabíamos que así iba a suceder; entonces, no nos sorprende.

Lo que sí me parece sorprendente –y lo quiero destacar– es que esto se aprobó en la Cámara de Representantes cuando en el Uruguay todos sabían que en el Senado no estaban los votos suficientes en tanto el Partido Nacional no la iba a votar. Entonces, quien tiene un mínimo conocimiento de las relaciones y correlaciones de fuerzas entre la Cámara de Representantes y el Senado sabrá que la obtención de dos tercios en la otra Cámara no garantiza que eso también suceda en esta. Y salvo que se actúe con mala intención o con el objetivo de desinformar, acá nadie puede sostener que se cambió de posición. Quienes acá estamos en contra de este proyecto de ley, también lo estuvimos en la Cámara de Representantes. Entonces, ya se sabía que en la Cámara de Senadores no tenía mayoría. Y es muy difícil llevar adelante una negociación cuando se parte de este razonamiento: «Muchachos: este es el proyecto de ley. Modificaciones, cero; no queremos que nada se cambie, porque nosotros lo que queremos es esto. No les gusta, embrómense». ¿Así se lleva adelante una negociación? Creo que no es el modo de actuar en el Parlamento. Si realmente queríamos que esto saliera, la negociación que se tendría que haber llevado adelante no debería pasar por dejar subyacente el concepto de que hay algunos que estamos en contra de la autonomía y del cogobierno. Estamos a favor de la autonomía, estamos a favor del cogobierno y estamos a favor de la Universidad de Educación, pero no de esta; se sabe desde hace tiempo, pero nada se hizo para avanzar. Todos hicimos el intento de sentarnos a conversar, a negociar y a buscar soluciones.

Entonces, el carácter fundacional que se pretende dar a la sanción de este proyecto de ley es absolutamente equivocado porque, entre otra razones, todos sabemos que una cosa es lo que aquí aprobemos o no, y otra distinta lo que se pueda, cuándo y dónde se pueda implementar. Hay tiempo para debatir. Es una nueva Universidad de Educación a la que se debe dotar de los recursos y de toda la infraestructura que sean necesarios. Quiere decir que habrá tiempo de sobra. Se necesitan días y una intencionalidad política positiva que hoy no existe. Hoy hay intencionalidad política electoral. Si hubiera intencionalidad política positiva bastaría con que el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el señor Senador Amorín, convocara a una sesión para esta tarde a los efectos de que nos pusiéramos a trabajar.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Pero no es así –y con esto termino, señor Presidente–: «Se vota lo que quiero o no se vota nada». Bueno, aquí está la respuesta a eso. Los demás argumentos son todos absolutamente levantables y dirigidos con un carácter estrictamente electoral.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Chiruchi).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Como representante del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado digo que voy a votar afirmativamente este proyecto de ley en general y también en particular, con la excepción del Capítulo II correspondiente a la organización del ente que se crea. Y voy a votar negativamente esa parte del articulado por no compartir las soluciones que consagra.

Procediendo de esta manera actuaré en armonía con la forma en que lo hicieron los Diputados de nuestro sector en la Cámara de Representantes. Naturalmente, no puede llamar la atención a nadie que actuemos de esta manera, no solamente porque ya lo hicieron nuestros Diputados, sino porque también –y esto es un dato insoslayable– en el año 2012, antes de que el Poder Ejecutivo remitiera este proyecto de ley que ahora está a consideración, el señor Senador Bordaberry, candidato del Partido Colorado a la Presidencia de la República, presentó una iniciativa en el Parlamento por la cual se creaba una Universidad de Educación. Así que raro sería lo otro: que con ese antecedente no votáramos esta iniciativa.

Y antes todavía, en el año 2005, el entonces Senador Sanguinetti –en otro contexto ciertamente– había impulsado un proyecto de similar carácter, promoviendo la asignación de rango universitario a los servicios de formación docente. De manera que estamos en línea con lo que hemos venido sosteniendo en los últimos lustros y a nadie puede sorprender nuestra decisión en este sentido.

No obstante lo dicho, me interesa formular algunas precisiones. En primer lugar, voy a referirme a las de naturaleza constitucional, que son de previo y especial pronunciamiento.

Si tuviésemos dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley a consideración, no lo votaríamos. Con todo respeto por la opinión de quienes se han manifestado en sentido contrario, a nuestro juicio no se vulnera la prohibición establecida por el artículo 229 de la Constitución de la República porque no estamos creando cargos. Eso lo hará la próxima Ley de Presupuesto y si no se consiguen las mayorías requeridas en el nuevo Parlamento, pues no se hará y esta entidad que procuramos crear habrá sufrido un traspié. Con esta iniciativa no se crean cargos sino que se establece la organización y el modo en que estará constituida esta Universidad de Educación y es en ese sentido que no vemos impedimento constitucional. Otra interpretación en el sentido de que se crean cargos, repito, sería inconstitucional y violatoria del artículo 229 de la Constitución. La única interpretación posible es que aquí no se están creando cargos sino estableciendo una organización y disponiendo la transferencia de ciertos créditos. Es decir que el Estado no va a poder gastar ni un peso más de los que ya gasta hoy –que son muchos, por cierto– en virtud de la sanción de esta iniciativa. Podrá transferir asignaciones presupuestales ya existentes pero no crear otras porque eso –lo sabemos todos– es de resorte de la Ley de Presupuesto que deberá sancionarse en el próximo período.

Entonces, esta creación universitaria será por etapas. Primero deberá crearse el ente autónomo y, posteriormente –el año próximo–, se votará el presupuesto y los fondos correspondientes para poder desarrollarse y asegurar la plenitud de su funcionamiento. Pero, hoy por hoy, lo que tenemos que hacer –repito– es crear el ente autónomo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque esto se ha venido discutiendo y considerando desde hace tiempo; hoy tenemos la oportunidad de votarlo y si no están los dos tercios de votos necesarios, pues no hay creación del ente autónomo.

La dificultad que tenemos en el sentido de que en algunos puntos estamos de acuerdo y en otros no, la vamos a tener también en el período siguiente aunque cambie –y seguramente lo hará– la composición del Parlamento. Tenemos que buscar la forma de ponernos de acuerdo porque, de lo contrario, las cosas no van a salir en esta ocasión y tampoco el año que viene. ¡Más vale que nos vayamos entrenando todos en el difícil arte de ponernos de acuerdo porque, de no hacerlo, en el período que viene, a mi juicio –y arriesgo el pronóstico–, sin mayoría parlamentaria de ningún partido, no se va a poder gobernar! Entonces, más vale que nos pongamos de acuerdo desde ya en algunas cosas y me parece que la creación de este ente autónomo es un punto en el cual podemos hacerlo.

Esto no implica que no tengamos discrepancias en otros terrenos; las tenemos y lo digo desde ya. El Capítulo II, que versa sobre el modo de organizarse esta Universidad, no lo voy a votar porque me parece que estamos creando una organización pesada, de corte asambleario, estamental y medieval, que va a hacer muy difícil su funcionamiento. Francamente creo que es sintomático que el artículo 24 –que tiene que ver con la gestión administrativa del ente que se crea– diga: «La gestión de la Universidad de Educación se orientará por los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas y calidad». De eficiencia, señor Presidente, no se habla, y de celeridad tampoco. Estos valores, estos elementos, no se han tenido en cuenta para constituir esta Universidad y me parece que hay que pensar en la eficiencia y en una organización administrativa que sea capaz de producirla, porque eso no se genera espontáneamente. La preocupación por la eficiencia no ha estado en las consideraciones del legislador y considero que ese es un déficit que se ve desde el primer momento.

Me parece que este Capítulo II, relativo a la organización, será un tema que habrá que revisar en el futuro próximo y aplico aquello de que quien avisa no traiciona. En el próximo período legislativo nos consideraremos, no ya habilitados, sino obligados a promover la revisión de estas disposiciones para dar a esta universidad –cuya creación apoyamos– una organización más eficiente, más compatible con los requerimientos de los tiempos y más sensible a esas críticas que se han venido formulando –y que recordaba el señor Senador Penadés hace unos instantes– respecto al modo en que hoy funciona la universidad que tenemos.

Oportunamente habrá que hacer eso pero, hoy por hoy, tenemos la ocasión de concurrir con nuestro voto a la creación del ente autónomo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 189 de la Constitución, que establece que la creación de entes autónomos requiere de dos tercios de votos. En función de esto, vamos a votar este proyecto de ley porque nos parece que hoy es lo que podemos hacer para avanzar en el camino que todos reconocemos que es el que hay que recorrer.

Casi estaría de más decir –pero, por las dudas, lo digo– que respeto profunda y sinceramente las razones que han expuesto otros señores Senadores para no acompañar este proyecto de ley. No acepto ningún tipo de planteo maniqueo en el sentido de que los buenos están de un lado y los malos del otro o que esto es así y no hay otra lectura posible. No, hay distintas razones y diferentes perspectivas para ver las cosas; respeto a quienes piensan de otra manera pero, en lo personal y por las razones que estoy exponiendo, creo que lo que hay que hacer ahora es votar esto anunciando, desde ya, que en el período próximo, cuando tengamos que votar su presupuesto y los fondos necesarios, vamos a promover también la reorganización de esta Universidad según criterios que a todos los sectores políticos que concurramos a ese acuerdo nos parezcan más propensos a un funcionamiento eficiente y rápido, tal como debe tener una universidad en estos tiempos.

Sobre esa materia de la organización necesaria, me interesa hacer una puntualización. No creo que pueda decirse, así como quien comunica algo que es cosa juzgada, que la organización colegiada sea, de por sí, ineficiente o esté condenada a serlo. No es así. Uno de los gobiernos más eficaces y eficientes del mundo, el régimen de gobierno de gabinete característico de los sistemas parlamentarios, funciona en régimen colegiado. ¿Alguien puede dudar de la eficiencia de ese colegiado que es el gabinete británico para gobernar una de las primeras potencias del mundo? ¡De ninguna manera! Al contrario, la experiencia demuestra la eficiencia de ese colegiado. Ahora, hay que distinguir bien lo que es político de lo que es administrativo. Si vamos a hacer pasar la decisión de la designación del portero y la licencia del conserje por organismos pluripersonales en régimen asambleario, naturalmente estaremos condenando al ente a la ineficiencia. Eso sería materia de crítica y motivaría que algunos dijeran: «Si querés ir a un lugar que funcione bien, andá a la universidad privada». Eso no es lo que quiero, sino que pretendo que funcione bien y mejor que la universidad privada. Para eso hay que darle una buena organización, que me parece que no está en esta iniciativa. Pero el tema no es el colegiado, señor Presidente; dejemos aparte, por hoy, esa vieja discusión.

(Ocupa la Presidencia el señor Danilo Astori).

–Que aquí puede haber cuestiones electorales como las que señalaba el señor Senador Penadés, el «chimichurri electoral» como él decía, ¡claro que sí! Pero a diferencia de lo que piensan otros señores Senadores, no me parece que eso esté mal; me parece que es legítimo que a 41 días de las elecciones cada partido y sector político quiera dejar bien claramente establecido ante la opinión pública lo que piensa, siempre respetándonos todos en cuanto a la posición de cada uno. Es bueno que la opinión pública sepa que determinados procedimientos son compartidos, así como que ciertos instrumentos se juzgan adecuados y otros no. Es el juego de la democracia. ¿O porque faltan 41 días para las elecciones vamos a entrar en una cuestión de que todos los gatos son pardos, que todos pensamos lo mismo, que no hay diferencias, que son todos jingles, que todas las caras están sonrientes y que todo es igual, que nada es mejor? No creo eso; soy partidario de otra manera de ver las cosas, que implica confrontación de posiciones, de opciones, de propuestas. Creo que eso es lo sano y lo democrático y por eso adelanto que cuando la semana que viene en la Comisión Permanente promueva el llamado a Sala del Ministro Kreimerman para que explique los negocios entre Ancap y Trafigura en función de lo publicado el jueves pasado en el semanario Búsqueda, aceptaré de buen grado que me digan que lo hago con ánimo electoral porque quiero que antes de las elecciones esos negocios queden tan claros como sea posible ante la opinión pública. Me parece que esto es parte del funcionamiento normal y natural de la democracia.

Así que, por estas razones, señor Presidente, reitero, vamos a votar afirmativamente el proyecto de ley en general y en particular, con la única excepción del Capítulo II, cuyo desglose desde ya solicitamos.

Muchas gracias.

9) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR PROSECRETARIO (Miguel Sejas).- «El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido por el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República, a fin de conferir el ascenso al grado de Capitán de Navío, con fecha 1.º de febrero de 2014, por el Sistema de Selección, en aplicación de los artículos 130 y 131 del Decreto Ley n.º 14157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas), de 21 de febrero de 1974, al señor Capitán de Fragata Javier Melliado.

–A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL».

10) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR PROSECRETARIO (Miguel Sejas).- «Los señores Senadores Ernesto Agazzi, Milton Antognazza, Carlos Baráibar, Roberto Conde, Luis J. Gallo Imperiale, Antonio Gallicchio, Héctor Lescano, Ruben Martínez Huelmo, Daniel Martínez, Alicia Pintos, Luis Rosadilla, Enrique Rubio, Héctor Tajam y Lucía Topolansky presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas que habilitan a los ciudadanos uruguayos que residen en el exterior, en forma permanente o transitoria, a sufragar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Constitución de la República.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

«Exposición de motivos

La cuestión del ejercicio del voto por los compatriotas uruguayos que se encuentran viviendo en el exterior ha sido discutida durante los últimos años por nuestra sociedad. En el año 2009 los ciudadanos no validaron un proyecto de voto por correspondencia desde el exterior por parte de nuestros conciudadanos que allí residen.

En aquel debate se abordaron dos aspectos principales; el derecho a votar desde el exterior, y las garantías del sufragio.

Es evidente que la discusión del derecho a votar tiene rango constitucional y su dilucidación implica interpretar correctamente la Constitución de la República.

El Frente Amplio y su bancada parlamentaria que firma este proyecto, interpretan más allá de toda duda, que la circunstancia de vivir en el exterior no elimina el derecho de los ciudadanos uruguayos a votar aún fuera del territorio de la República.

El art. 74 de la Carta otorga la ciudadanía natural a todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República (derecho de suelo) así como a los hijos de padre o madre orientales cualquiera fuere el lugar de su nacimiento (derecho de sangre) por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico.

El avecinamiento y registro son actos constituyentes de la ciudadanía natural que la Carta no quita ni suspende por estar residiendo en el exterior.

Es nítido y determinante el art. 77 de la Carta: “Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación, como tal, es elector en los casos y formas que se designarán”.

Entre esos “casos y formas”, la Constitución no exige que el voto se emita dentro del territorio nacional.

A su vez el art. 80 que refiere a la suspensión de la ciudadanía no establece en ningún párrafo que la misma se suspenda por estar residiendo en el exterior.

Por otra parte la negación del voto implica una violación a los derechos políticos de los uruguayos en el exterior a la luz de la protección que les otorga el derecho internacional y los tratados reconocidos e incorporados por nuestro país. Tal el caso del Pacto de San José de Costa Rica por citar el más nítido e inmediato. Y aun más; es una negación de derechos a la luz de la realidad migratoria del mundo contemporáneo y del trato que se debe a los migrantes al amparo del derecho internacional.

En lo que refiere al segundo punto de discusión, la garantía del sufragio, este proyecto se apega totalmente a las exigencias vigentes y dispuestas por nuestra Corte Electoral en tanto el voto aunque emitido en el exterior, se emite presentándose ante una mesa receptora, con control registral y en cuarto secreto, en idénticas condiciones a las que se imponen dentro del país.

Este proyecto se sustancia en el convencimiento de nuestra obligación superior de defender los derechos políticos –capítulo fundamental de los derechos humanos– de todos nuestros ciudadanos garantizando que efectivamente en materia de sufragio, todos son iguales ante la ley.

Proyecto de ley

Artículo 1.º.- Los ciudadanos uruguayos que residan en el exterior, en forma permanente o transitoria, tendrán el derecho de sufragar cumpliendo así con la obligación establecida en el artículo 77 de la Constitución de República de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 2.º.- Solamente podrá emitirse el voto en el exterior para los cargos de Presidente de la República, Senadores, Representantes Nacionales y de las Juntas Electorales, y en la eventual segunda elección.

Artículo 3.º.- La Corte Electoral llevará un Registro y un Padrón Electoral para Ciudadanos Residentes en el Exterior que comprenderán, respectivamente, el conjunto de hojas electorales de los ciudadanos con inscripción cívica vigente en el Registro Cívico Nacional y su correspondiente nómina precedida de la serie y número de sus credenciales cívicas que comuniquen su propósito de sufragar en las próximas Elecciones Nacionales y en la eventual segunda elección.

Artículo 4.º.- La comunicación a los efectos previstos en el artículo anterior deberá realizarse por correo certificado hasta ciento ochenta días antes del fijado para las Elecciones Nacionales en formularios que confeccionará la Corte Electoral al efecto en los que se consignarán:

A) Los nombres y apellidos del interesado.

B) Los nombres y apellidos de sus padres.

C) El domicilio en el exterior.

D) La serie y número de su Credencial Cívica.

E) Tres impresiones del dígito pulgar derecho; en caso de falta de ese pulgar, la del izquierdo, y en defecto también de este, las de otro dedo que se indicará.

Artículo 5.º.- La Corte Electoral proveerá a los Partidos Políticos que lo solicitaren y al Ministerio de Relaciones Exteriores los formularios referidos en el artículo anterior. Dicho Ministerio los distribuirá entre las Embajadas y Oficinas Consulares del país en el extranjero a efectos de su posterior entrega a los interesados. Éstos también podrán obtenerlos directamente de la página web de la Corte Electoral.

Artículo 6.º.- La Corte Electoral con la asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, establecerá las circunscripciones electorales en el exterior tomando como base las circunscripciones consulares existentes y el número de uruguayos que en ellas habitan.

Artículo 7.º.- La Corte Electoral confeccionará el plan circuital correspondiente a los electores desde el exterior, el que se publicará en carteles en las Embajadas y Oficinas Consulares. También se imprimirán en número suficiente para que puedan distribuirse en las respectivas circunscripciones electorales o en otros medios de difusión. La publicación contendrá la serie y número de circuito, número inicial y número final de las inscripciones habilitadas para votar en él, lugar donde funcionará la Comisión Receptora, día de la elección y horas hábiles para el sufragio.

Artículo 8.º.- La Oficina Nacional Electoral ordenará por serie y número las hojas electorales de los votantes de cada circuito de modo que no puedan separarse, formando cuadernos y dejando constancia de su contenido en las carátulas correspondientes. Asimismo confeccionará los padrones circuitales formando librillos. Estos materiales serán enviados por la Corte Electoral a las Embajadas y Oficinas Consulares.

Artículo 9.º.- Cada circuito electoral en el exterior se distinguirá por un número y en cada una de ellos funcionará una Comisión Receptora de Votos. Estas se instalarán en las Embajadas, Oficinas Consulares del país en el extranjero y otros locales que se designarán al efecto.

Artículo 10.- Las Comisiones Receptoras de Votos en el exterior se integrarán con funcionarios ciudadanos uruguayos de las Embajadas y Oficinas Consulares del país en el exterior y con los electores que se seleccionarán para cada circuito en la forma que establezca la reglamentación que dictará la Corte Electoral.

Artículo 11.- La Corte Electoral enviará a las Embajadas y Oficinas Consulares, además de los cuadernos de hojas electorales y padrones referidos en el artículo 8.º, el material necesario para que se proceda a recibir el voto de los ciudadanos que se hayan registrado de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º, 4.º y 5.º de la presente ley.

Artículo 12.- Al acto del sufragio del voto desde el exterior se aplicarán, en lo pertinente, las normas contenidas en los artículos 75 y siguientes de la Ley n.º 7812, de 16 de enero con las modificaciones impuestas por la Ley n.º 17113, de 9 de junio de 1999.

Artículo 13.- El escrutinio de los votos emitidos en el exterior se realizará de acuerdo a los mismos criterios y de la misma forma en que se escrutan los emitidos en el territorio nacional. Deberán encontrarse en el territorio de la República todas las urnas remitidas por las Embajadas y Consulados, tres días después de la fecha fijada para las elecciones. En caso contrario, los votos contenidos en las mismas se considerarán no emitidos.

Artículo 14.- Recibidas las urnas, la Oficina Nacional Electoral clasificará los sobres por departamento y los enviará a la Junta Electoral que corresponda la que procederá a incorporar su contenido en el escrutinio departamental que realice en la forma que reglamentará la Corte Electoral.

Artículo 15.- La presentación ante las Oficinas Electorales Departamentales a que se refiere el artículo 3.º de la Ley n.º 13382, de 18 de setiembre de 1970 suplantado por el artículo 101 de la Ley n.º 17113, de 9 de junio de 1999, podrá sustituirse, tratándose de ciudadanos radicados en el exterior, por la comunicación prevista en el artículo 4.º de la presente ley, siempre que se formule con anterioridad al 31 de marzo del año en que se realicen las Elecciones Nacionales.

Artículo 16.- La solicitud a que refiere el artículo 5.º de la Ley n.º 13882, de 18 de setiembre de 1970, suplantado por el artículo 9.º de la Ley n.º 17690, de junio de 2003, podrá sustituirse, tratándose de ciudadanos radicados en el exterior, por la comunicación prevista en el artículo 4.º de la presente ley y realizada con la antelación establecida en dicho artículo.

Artículo 17.- La Corte Electoral reglamentará la presente ley.

Ernesto Agazzi, Milton Antognazza, Carlos Baráibar, Roberto Conde, Luis J. Gallo Imperiale, Antonio Gallicchio, Héctor Lescano, Ruben Martínez Huelmo, Daniel Martínez, Alicia Pintos, Luis Rosadilla, Enrique Rubio, Héctor Tajam, Lucía Topolansky. Senadores».

11) RÉGIMEN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DURANTE EL RECESO PARLAMENTARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Los Senadores abajo firmantes mocionamos para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Reglamento del Senado, se autorice a todas las Comisiones del Senado a reunirse durante el receso parlamentario. Montevideo, 10 de setiembre de 2014». (Firman señores Senadores de los tres partidos políticos).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta agotar la discusión del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del primer punto del Orden del Día.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: la verdad es que nosotros abordamos este tema con un cierto sentimiento de frustración, porque es un proyecto sobre el que hemos discutido en muchas oportunidades en el seno de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, así como en reuniones particulares. Recuerdo haber participado de deliberaciones en despachos de algunos Senadores buscando un acuerdo. Cuando hay posiciones diferentes, la única manera de salir adelante es que unos y otros cedan un poco, para finalmente encontrar una fórmula transaccional de entendimiento.

Recuerdo que así se trabajó cuando se analizó el proyecto de ley por el que se creaba la Universidad Tecnológica: logramos los consensos y los acuerdos necesarios para aprobarlo, primero por mayoría en la Cámara de Diputados, y después por unanimidad en el Senado. Esos acuerdos fueron posibles flexibilizando posiciones, tanto desde la oposición como desde el Gobierno, hasta encontrar una fórmula de solución para la integración de los órganos de dirección de la UTEC –tanto a nivel nacional como regional– que permitió alcanzar los dos tercios de votos para aprobar su creación como ente autónomo. A las pruebas me remito, porque hoy la UTEC está en marcha. De manera que hemos puesto voluntad de acuerdo en este tema.

Por alguna razón la Constitución exige una mayoría especial de dos tercios para la creación de un ente autónomo; si no, simplemente diría que basta con la mayoría absoluta. El Frente Amplio la tiene en este Senado; es decir que bastaría con su voluntad para aprobar la creación del ente autónomo. Por algo es que la Constitución exige que haya una mayoría especial de dos tercios que, como dije, es necesario construir negociando.

En conversaciones que tuvimos en varias oportunidades, las coincidencias sobre el conjunto del proyecto fueron totales. Nadie dijo: «No estamos de acuerdo con crear la Universidad de Educación». Nadie dijo: «No creemos necesario que exista la Universidad de Educación». Los problemas vinieron a raíz del Capítulo II, Organización, en el que se establecen sus cometidos y las competencias de sus autoridades, así como los diferentes conceptos sobre el cogobierno. Nadie propuso que se suprimiera el cogobierno; tampoco se propuso, en las modificaciones que propusimos al proyecto, tirar para afuera a los docentes, a los estudiantes y a los egresados. Simplemente, se buscaba una forma de cogobierno que no tiene por qué ser la misma siempre, ya que puede ser una como la creada y organizada desde el famoso movimiento universitario de Córdoba, pero también puede haber otras. En la medida en que se mantenga la representación de los Órdenes –de estudiantes, de egresados y de docentes–, parece claro que no necesariamente tiene que existir solo una fórmula pura, rígida, bíblica, de cogobierno.

En ese marco, recuerdo haber planteado en las negociaciones un proyecto de acuerdo, tratando de generar el mismo clima que permitió crear la Universidad Tecnológica. En aquel momento planteé que en la integración hubiera un representante del Poder Ejecutivo y que se diera participación a los llamados Directores Regionales –que son designados por concurso– en el órgano directivo de la Universidad de Educación. Lamentablemente, no logramos el acuerdo y esas fórmulas no fueron acompañadas. A partir de allí, quedamos en una situación en la que la intención –según lo conversado a nivel de la Comisión– era no buscar el tratamiento urgente del proyecto a nivel del Cuerpo, para no frustrar la posibilidad de una negociación final que permitiera llegar a un acuerdo. En realidad, durante este año 2014 no hemos tenido más conversaciones sobre el tema. Ahora se eleva a consideración de este Cuerpo, pero repito que, lamentablemente, no hemos logrado ese acuerdo.

La señora Senadora Moreira recién decía, con mucha razón, que la legislatura no termina cuando empieza el período electoral, sino que en este caso va a concluir el 15 de febrero del año 2015. Entonces, si para esa fecha tenemos acuerdo en grandes partes del proyecto y diferencias exclusivamente en lo que tiene que ver con la organización y el sistema de instalación de autoridades que van a regir a esa Universidad de Educación, pues sigamos conversando para ver si logramos un entendimiento.

Recién acabamos de votar una moción en el sentido de que todas las Comisiones podrán seguir funcionando y ser convocadas en cualquier momento a pesar del receso parlamentario. De manera que están habilitados los caminos para seguir conversando sobre este tema y, finalmente, lograr el acuerdo. Entonces, devolvamos este tema a Comisión para seguir discutiéndolo. Llegado el momento, si seguimos empantanados en el Capítulo II, se votará y se resolverá, pero no agotemos la posibilidad de encontrar finalmente esa mayoría especial de dos tercios. Repito: por algo la Constitución exige esa mayoría porque, si no, hubiera dicho que se puede crear el ente autónomo con una mayoría absoluta y, entonces, ahora no habría problemas porque ya están los votos.

Me parece que ese es el camino que deberíamos volver a intentar, ya que en 2014 no recuerdo haber vuelto a conversar sobre este tema en la Comisión. Sí recuerdo intensas negociaciones durante el 2013, la visita del Ministro Ehrlich y varias reuniones con él, así como reuniones que mantuvimos varios Senadores que integramos la Comisión para tratar de encontrar el acuerdo. Si estamos empantanados exclusivamente en este tema del Capítulo II, pues insistamos en el trabajo de la Comisión hasta ver si antes del 15 de febrero del próximo año –que es cuando empieza la nueva legislatura– encontramos la solución transaccional y los votos para aprobarlo. Me parece que ese es el camino de racionalidad y de sensatez a seguir en este tema.

Tampoco temo a la cuestión electoral porque, como decía el señor Senador Pasquet, es propio de cada partido tratar de exponer aquellas cosas en las que cree y en las que no cree. Lo que no acepto es que mañana se diga que los que no hemos votado el proyecto es porque estamos en contra de la Universidad de Educación. ¡No, señores! Estamos a favor de la Universidad de Educación y tenemos una coincidencia con el ochenta o el noventa por ciento del proyecto de ley. El problema está en algunos artículos del Capítulo II. Entonces, si ese es el problema y el período constitucional termina el 15 de febrero, pues agotemos las posibilidades para que en la Comisión se logre un acuerdo que zanje esta situación antes de que se inicie la nueva legislatura.

Recuerdo que la Directora del Consejo de Formación Docente dijo en la Comisión en determinado momento que ellos defendían el proyecto de ley como estaba, pero que no pensaban que la presencia o no de algún representante del Poder Ejecutivo fuera un factor que justificara su no aprobación. De manera que me parece que es bueno que reflexionemos sobre el alcance de esas expresiones. Creo que esos son elementos más que suficientes para que, como dijo bien la señora Senadora Moreira, trabajemos hasta el último día del período parlamentario buscando la posibilidad de lograr un acuerdo que finalmente nos permita aprobar este proyecto de ley, porque no votarlo tampoco nos da una sensación de satisfacción.

Insisto en que compartimos y creemos absolutamente en la necesidad de crear la Universidad de Educación y en que hay que jerarquizar la función del educador, porque queremos una educación pública mejor, de más calidad, entre otras cosas para que los sectores más postergados, más pobres de la sociedad, encuentren allí los canales de promoción y de formación, de manera que aquel criterio de movilidad social ascendente, tan característico del Uruguay, pueda seguir manteniéndose y conservándose en el futuro.

En definitiva, creo que si existe el propósito real de agotar los esfuerzos para que este proyecto se apruebe, deberíamos seguir negociando para encontrar una fórmula de solución. Así lo hicimos intensamente durante el año 2013, sin llegar a un punto de acuerdo. Sin embargo, sí se alcanzó en el caso de la Universidad Tecnológica, que hoy está creada porque en su momento fue votada por unanimidad en este Senado. Es decir que la Universidad Tecnológica está empezando a funcionar porque todos compartimos la necesidad y la importancia de su creación.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Señor Presidente: no voy a hablar mucho más de este tema, pero sinceramente comparto el sentimiento de frustración que mencionaba el señor Senador Da Rosa porque, como bien aclaró –algunos entendimos que el señor Senador Penadés había dicho otra cosa–, la formación de esta Universidad está planteada en la propia Ley General de Educación. Por lo tanto, esto tiene bastante más de cinco años de tratamiento; además, todos sabemos que tuvo un largo proceso de debate.

En lo que vamos a votar –o por lo menos así parece– nos estamos olvidando del tema de fondo y nos estamos quedando en la forma. El tema de fondo es que el proceso de transformación de la educación es muy complejo, entre otras cosas porque implica cambios culturales en la forma de hacer cosas. Pero, sin dudas, en cualquier escenario de este proceso de cambio cultural que apunta a tener una educación en función de un proyecto país –del país que necesitamos–, e independientemente del tiempo que eso lleve, necesitamos elevar y dar carácter universitario a la formación docente. Con esto no estamos denostando lo que hay hasta ahora, pero estamos convencidos –así lo reivindica el cuerpo educativo y, como bien remarcaba la señora Senadora Moreira, los programas de todos los partidos políticos– de que hay que dar carácter universitario a la formación docente. Eso es lo que está en la esencia.

Aquí se ha hablado mucho de lo que pasó con la UTEC, pero recuerdo muy bien –salvo que mi memoria esté fallando demasiado– que se había llegado al día de la votación en la Cámara de Diputados sin ninguna certeza de que el proyecto resultara aprobado. Fue en buena medida el hecho de haber puesto sobre la mesa el debate y la propia acción del Congreso de Intendentes y de muchos actores políticos del interior, lo que determinó que se aprobara por una mayoría ajustada en la Cámara de Representantes, y que luego sí, sobre hechos consumados, este Senado lo votara por unanimidad. Esa fue una buena señal sin duda, pero creo que hay que ser objetivos en cuanto a cuál fue el proceso de discusión y de aprobación de la UTEC.

Ahora bien, creo que de nada sirve en esta instancia buscar culpables. Es cierto que el ingeniero Cabezas –a quien respeto mucho, porque es un excelente técnico y tiene mucha experiencia docente– y el doctor Markarian han dicho cosas; hay un debate –que no ha sido laudado– en el conjunto del cuerpo docente y, en particular, de la Universidad de la República, sobre de qué forma mejorar el sistema de funcionamiento y tener más eficiencia. Pero también tengo claro que ese proceso y ese debate lejos están de resolverse. Hay que hacer participar a todos los actores, pero no se va a solucionar en el breve plazo. Por supuesto que estamos abiertos a dar ese debate, y en esa instancia tendrán que participar el sistema político, el sistema universitario, los cuerpos docentes, los estudiantes, en fin, todos los actores. Ahora, mientras laudamos ese tema, ¿vamos a dejar de avanzar hacia el objetivo de tener una formación docente en el marco universitario? Eso es lo que me deja realmente frustrado. Creo que si siguiéramos ese camino, le estaríamos errando y muy feo.

De la misma forma en que, tal vez, algunos pueden decir que esta ha sido una movida electoral, nosotros podríamos decirlo del otro lado, pero creo que eso no contribuye absolutamente a nada. Como en todos los temas, hay que ir al fondo y dejar la forma de lado, y eventualmente, si alguna vez se logra laudar el proceso que se está dando a nivel universitario y también a nivel docente, se harán los cambios que sean necesarios.

De manera que realmente me queda un sentimiento de frustración por el hecho de que no se entienda que lo que importa es avanzar en los temas estratégicos de fondo, y no quedarnos en la forma, como siento que está ocurriendo en este caso.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–17 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: quisiera pedir una explicación a la Mesa acerca de por qué proclama «afirmativa» la votación, cuando la Constitución de la República es muy clara en cuanto a las mayorías que se exigen para aprobar una ley de estas características.

SEÑOR PRESIDENTE.- El proceso de aprobación de un proyecto de ley tiene una discusión en general y una discusión en particular, al punto tal que incluso algunos han opinado –no integro ese grupo de colegas– que la votación en general es para pasar a la votación en particular. No comparto esa interpretación pero, en todo caso, sí creo que se trata de dos componentes de un proceso de aprobación de la ley. En la medida en que la Constitución establezca requisitos que no se cumplan en la votación en particular, quedará obviamente obstruida la aprobación de ese artículo.

Esa es la interpretación que estoy aplicando.

SEÑOR GALLINAL.- Muy bien, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado tiene pendiente la votación sobre la cuestión de orden presentada por la señora Senadora Topolansky en el sentido de suprimir la lectura. Consulto si la moción viene acompañada de algún pedido de desglose, pues el señor Senador Pasquet ya había hecho una propuesta en ese sentido.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Creo que hay que desglosar los artículos que precisan mayoría especial para su aprobación, así como las disposiciones que soliciten los señores Senadores, y luego votar en bloque el resto del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a dar cuenta de los artículos que necesitan mayoría especial: el 1.º requiere dos tercios de votos del total de componentes del Cuerpo; los artículos 8.º, 10 y 37 requieren mayoría absoluta de los componentes de la Cámara.

Entonces, si los señores Senadores están de acuerdo, votamos la supresión de la lectura, para luego votar en bloque el articulado, con excepción de los cuatro artículos mencionados.

Consulto al señor Senador Pasquet si está de acuerdo o desea proponer otro desglose.

SEÑOR PASQUET.- Propongo desglosar todo el Capítulo II.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se trata, pues, de una moción más amplia.

Entonces, vamos a desglosar el artículo 1.º, el Capítulo II en su conjunto, además de las disposiciones que requieren mayoría absoluta en virtud de los artículos 203 y 204 de la Constitución.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Si el señor Presidente me permite, voy a hacer una moción de orden en nombre de la bancada del Partido Nacional.

En atención a las mayorías parlamentarias que se exigen para la creación de determinadas instituciones como un ente autónomo, pregunté con qué criterio el señor Presidente proclamó afirmativo el resultado de la votación en general y creo que la explicación que nos dio es satisfactoria.

En consecuencia, en atención a los argumentos que expusimos los Senadores del Partido Nacional a lo largo de la discusión, y dado que el proyecto en general tiene mayoría, proponemos que la iniciativa vuelva a Comisión para poder trabajar y buscar allí las mayorías necesarias para todos sus artículos. Si no se procediera de esta manera, nos da la impresión de que quedaríamos ante un proyecto vacío de contenido, porque si en la discusión particular no se votara el artículo 1.º, no se creará el ente autónomo y, entonces, ¿en qué se sustentaría la aprobación de los demás artículos? Verdaderamente parece una incongruencia.

A efectos de darnos tiempo para conocer sobre quiénes va a recaer la responsabilidad de conducir el nuevo Gobierno, y para encontrar los puntos de entendimiento necesarios, teniendo en cuenta lo que han expresado tanto el señor Senador Penadés como el señor Senador Da Rosa –que, si no me equivoco, son los dos Senadores de mi partido que integran la Comisión de Educación y Cultura y que han trabajado intensamente sobre el tema durante todo este tiempo–, en nombre del Partido Nacional nos permitimos mocionar que, antes de pasar a esas votaciones que bien han ordenado, se vote la devolución del proyecto a la Comisión de Educación y Cultura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es evidente que la moción que presenta el señor Senador Gallinal es de previo pronunciamiento a las que estábamos considerando. Por lo tanto, como es una moción que admite discusión, queda a consideración del Cuerpo.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- En nombre de nuestra bancada, propongo que el Cuerpo pase a cuarto intermedio por quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se trata de una moción que no admite discusión y, por lo tanto, la vamos a votar.

Se va a votar si el Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Es la hora 13 y 20 minutos).

(Vueltos a Sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 13 y 35 minutos).

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Montevideo, 10 de setiembre de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 10 de setiembre a partir de las 14 hs.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Daniel Martínez. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Se comunica que los señores Daniel Olesker y Jorge Basso han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Fernández, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Montevideo, 10 de setiembre de 2014

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia los días 16 y 17 de setiembre de 2014, por motivos personales.

Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Se comunica que queda convocado el señor Eduardo Muguruza, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

15) LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del tema en discusión.

Ha llegado el momento de pronunciarse sobre la cuestión de orden planteada por el señor Senador Gallinal.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: nuestra bancada ha considerado la moción que se ha presentado y prefiere tomar otro camino. En realidad, si como se ha anunciado se da la circunstancia de que algunos de los artículos fundamentales no cuentan con la mayoría constitucional requerida –cosa que veremos, pero así se ha anunciado–, preferimos que se vote el articulado y que en esas condiciones pase a la Cámara de Representantes. Lo más probable es que no las acepte y este proyecto de ley termine en la Asamblea General, donde tendremos la posibilidad –ojalá así sea– de encontrar la solución que hasta ahora no hemos alcanzado.

Este proyecto de ley estuvo a consideración de la Comisión de la Cámara de Representantes durante quinientos días y se logró un acuerdo, y en el Senado estuvo trescientos –simplemente lo digo a modo ilustrativo– pero no logramos acordar. Por lo tanto, lo que se propone nos parece estéril puesto que no hemos encontrado indicios de posibilidades de acuerdo. No estoy haciendo un pronóstico pero quizá en la Asamblea General se encuentre una solución, lo que sería altamente deseable para la educación uruguaya y para el país.

En consecuencia, vamos a votar negativamente la moción que ha presentado el señor Senador Gallinal en nombre del Partido Nacional.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: la moción está presentada, se va a votar y veremos cuál es el resultado aunque es evidente que este proyecto de ley no va a volver a la Comisión.

Sinceramente, no tengo el ánimo de entrar en una discusión reglamentaria o de interpretación de la Constitución puesto que entiendo que a todos nos inspira un tema superior: el de la educación. Sin embargo, sí quiero dejar muy claramente asentada la posición de nuestro partido. No tenemos intención de cuestionar a la Mesa y voy a explicar por qué. Hasta ahora hemos acompañado sus criterios pero mucho tememos –y me disculparé si el camino que va a tomar el Presidente es distinto al que imagino seguirá– que el proyecto de ley se va a someter a votación, el artículo 1.º no va a obtener las mayorías correspondientes y, en consecuencia, su votación se proclamará negativa, y luego se aprobará el resto del articulado, que no necesita mayoría especial. En definitiva, se va a declarar aprobado el proyecto con modificaciones y se enviará a la Cámara de Representantes.

En nombre del Partido Nacional, en caso de que se adopte este criterio, quiero dejar asentado que de ninguna manera lo compartimos, por una razón muy sencilla: puede sostenerse que la votación en general habilita pasar a la votación en particular, y hay argumentos a favor y en contra de ese criterio. Lo que a nuestro juicio no se puede aceptar es que a pesar de que resulte negativa la votación del artículo 1.º del proyecto de ley –cuyo nomen iuris es «Régimen General»–, que es el que crea la Universidad de Educación como ente autónomo, se continúe con la aprobación de los artículos relativos al ámbito de competencia, fines, cometidos o títulos de grado a otorgar por parte de un organismo que no se creó. Esto es un sinsentido, es algo absolutamente incongruente y no podemos aceptar que se diga que se aprueba un proyecto de ley y que pasa a la Cámara de Representantes cuando se le quita la esencia, porque los demás artículos están vinculados al 1.º y, por lo tanto, habrá un ámbito de competencia, cometidos, fines y un Rector de un ente que no existe. Reitero que esto es absolutamente incongruente e inaceptable.

El señor Presidente o cualquier legislador del oficialismo me podrá decir –y con toda razón–: «Que se vote el criterio de la Mesa», y el criterio saldrá afirmativo porque cuenta con las mayorías parlamentarias.

Como dije al principio, si ese no es el criterio que el señor Presidente piensa aplicar, desde ya me rectifico. Pero si se lo hace, no vamos a pedir el cuestionamiento de la Mesa –porque además ya sabemos cuál será el resultado– y tampoco vamos a generar una polémica. Sin embargo, sí queremos poner de manifiesto que el Partido Nacional no acepta ese criterio porque entiende que no es de un Parlamento serio devolver a la otra Cámara un proyecto de ley que perdió toda su razón de ser. Precisamente, fue por esta razón que nosotros propusimos que la iniciativa volviera a la Comisión. Más aún, hace un momento, conversando con los legisladores del Partido Nacional estuvimos de acuerdo con que si el Frente Amplio aceptaba que la iniciativa volviera a la Comisión de Educación y Cultura nosotros podríamos estar dispuestos a votar en general el proyecto de ley. ¡Hasta ese paso estamos dispuestos a dar! Pero no nos parece razonable, y no quiero utilizar otros calificativos, señor Presidente –además se está por prender la alarma porque la luz roja está al tope–, porque no es mi intención debilitar una discusión que, a mi juicio, fue por lo alto. Creemos que no es admisible la devolución del proyecto de ley a la otra Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se deja la constancia. La Mesa reitera el criterio que ya expuso y agrega que realizó consultas profesionales al respecto.

Recuerdo a los señores Senadores que la votación se realizará de la siguiente manera: se van a desglosar el artículo 1.º; el Capítulo II, a solicitud del señor Senador Pasquet, y también el artículo 37. Hay cuatro artículos que requieren mayorías especiales: el 1.º, los dos tercios; el 8.º, el 10 y el 37, mayoría absoluta de votos.

Se va a votar la supresión de la lectura del articulado.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración todos los artículos, con excepción del artículo 1.º, el Capítulo II y el artículo 37.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Negativa.

Corresponde pasar a considerar el Capítulo II del proyecto de ley.

En consideración el artículo 7.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 8.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 18.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 23.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 26.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 27.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 28.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 37.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

«CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.º. (Ámbito de competencia).- La Universidad de Educación desarrollará actividades en todo el territorio nacional para la formación de profesionales de la educación de nivel universitario a través de las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Se regirá por las definiciones, fines y orientaciones generales de la educación del Título I de la Ley n.º 18437, de 12 de diciembre de 2008, y lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 2.º. (Fines).- La Universidad de Educación tendrá los siguientes fines:

A) La formación universitaria de profesionales de la educación en todos los niveles y modalidades que requiera la educación nacional.

B) Contribuir a la conformación de una educación de calidad con igualdad de oportunidades, propiciando la equidad en todo su ámbito de acción.

C) Jerarquizar la formación de profesionales de la educación como factor clave del mejoramiento de la calidad y la equidad en la educación.

D) Desarrollar la formación en educación con compromiso social y con el quehacer educativo, para actuar en contextos socioculturales diversos, promoviendo el desarrollo integral de los individuos y de la sociedad en su conjunto.

E) Acrecentar, difundir y promover la cultura a través de la investigación y de la extensión y contribuir al estudio de los problemas de interés nacional o regional.

F) Contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática republicana de gobierno.

ARTÍCULO 3.º. (Cometidos).- La Universidad de Educación tendrá los siguientes cometidos:

A) Formar profesionales universitarios de la educación.

B) Impulsar la investigación y la producción de conocimientos en educación y contribuir al estudio de los problemas de interés público.

C) Desarrollar extensión universitaria en contextos sociales e institucionales diversos.

D) Integrar, desde el diseño curricular, la enseñanza con la investigación y la extensión, propendiendo a un desarrollo integral de las funciones universitarias.

E) Impulsar la formación permanente contribuyendo a la actualización de los conocimientos.

F) Relacionarse y cooperar con otras instituciones del Sistema Nacional de Educación Pública, con instituciones terciarias y universitarias, nacionales o extranjeras y con otras instituciones, con el fin de promover programas conjuntos de enseñanza, investigación y extensión en el área de su competencia.

G) Revalidar y reconocer estudios, títulos, créditos o trayectos educativos de otras instituciones terciarias o universitarias, nacionales o extranjeras, relativos a su ámbito de competencia.

H) Promover la convergencia curricular con las instituciones del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública.

I) Promover instancias de autoevaluación y de mejora continua, así como participar de procesos de evaluación externa, acreditación y, en general, de aseguramiento de la calidad educativa, a nivel nacional, regional o internacional, que establezca la ley.

J) Promover la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todos los profesionales universitarios de la educación.

ARTÍCULO 4.º. (Titulaciones).- La Universidad de Educación otorgará títulos universitarios de grado y postgrado en educación.

Las formaciones de grado serán licenciaturas. Otorgarán respectivamente títulos de Maestros, Maestros Técnicos, Educadores Sociales y Profesores, así como otras titulaciones que la educación nacional requiera.

Los títulos de postgrado serán Especialización, Maestría y Doctorado.

La Universidad de Educación podrá ofrecer otras formaciones terciarias no universitarias en el campo de la educación, otorgando los certificados y títulos correspondientes.

ARTÍCULO 5.º. (Movilidad).- La Universidad de Educación facilitará la movilidad académica de los estudiantes, docentes e investigadores a nivel nacional, regional e internacional con instituciones terciarias y universitarias, públicas y privadas reconocidas o autorizadas según la normativa vigente, otorgando reconocimiento a los créditos que correspondan. Asimismo promoverá el intercambio académico internacional mediante la cooperación con otras instituciones de educación superior y organismos de investigación, extensión, difusión y aplicación de conocimientos.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 6.º. (Órganos).- La Universidad de Educación cumplirá sus cometidos en todo el territorio nacional mediante órganos con competencia desconcentrada de base territorial y funcional.

Los órganos de la Universidad de Educación son:

A) Con competencia nacional: el Consejo Directivo Nacional, el Rector y la Asamblea Nacional.

B) Con competencia nacional de base funcional: las Coordinaciones Nacionales de Formación.

C) Con competencia regional: los Consejos Regionales y los Directores Regionales.

ARTÍCULO 7.º. (Integración del Consejo Directivo Nacional - CDN).- El Consejo Directivo Nacional estará integrado por:

A) El Rector.

B) Dos estudiantes, dos docentes y dos egresados de la Universidad de Educación electos por la Asamblea Nacional.

Los miembros del Consejo Directivo Nacional durarán cinco años en sus funciones, salvo los estudiantes que durarán dos años y medio, pudiendo ser todos ellos reelectos solamente por un período subsiguiente. Para una nueva designación, deberán transcurrir cinco años desde la fecha de su cese.

ARTÍCULO 8.º. (Remuneraciones, incompatibilidades y prohibiciones).- Los miembros del Consejo Directivo Nacional serán honorarios salvo el Rector cuya remuneración se regirá por lo establecido en el artículo 34 de la Ley n.º 16736, de 5 de enero de 1996. Tendrán las incompatibilidades establecidas en los artículos 200 y 201 de la Constitución de la República.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Directivo Nacional aprobará las reglamentaciones necesarias que aseguren la participación de todos sus miembros en las sesiones correspondientes.

ARTÍCULO 9.º. (Atribuciones del Consejo Directivo Nacional).- El Consejo Directivo Nacional es el órgano de dirección superior de la Universidad de Educación. Tendrá las siguientes atribuciones:

A) Establecer la planificación estratégica de la Universidad de Educación.

B) Establecer las directivas generales para el desarrollo de la investigación, la extensión y la enseñanza.

C) Aprobar los planes de estudio de las distintas formaciones.

D) Aprobar la creación de las Coordinaciones Nacionales de Formación.

E) Aprobar la creación de las Regionales.

F) Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos, especialmente el o los estatutos de los funcionarios de la Universidad de Educación, de conformidad con los artículos 58 a 61 de la Constitución de la República.

G) Dictar los reglamentos necesarios para facilitar la participación de los representantes de los diferentes órdenes en los órganos previstos en el artículo 6.º de la presente ley.

H) Dictar los reglamentos necesarios para la realización de los procesos de selección y designación de todo el personal, en consonancia con los reglamentos y ordenanzas que apruebe a tales efectos.

I) Aprobar el proyecto de presupuesto y de rendición de cuentas.

J) Designar a todos los funcionarios docentes, técnicos, administrativos, de servicio u otros de su dependencia directa.

K) Aprobar los lineamientos para la evaluación de todos los funcionarios docentes y no docentes de la Universidad.

L) Destituir por ineptitud, omisión o delito a los funcionarios docentes y no docentes de la Universidad.

M) Resolver los recursos de revocación interpuestos contra sus actos, así como los recursos jerárquicos.

N) Delegar, por resolución fundada, las atribuciones que estime conveniente. No son delegables las atribuciones que le comete la Constitución de la República y aquellas para cuyo ejercicio la presente ley requiere mayorías especiales.

Ñ) Representar al ente en las ocasiones previstas por el inciso tercero del artículo 202 de la Constitución de la República.

O) Designar al Secretario General con carácter de cargo de particular confianza.

P) Revalidar títulos y certificados de estudios en el área de su competencia.

ARTÍCULO 10. (Designación del Rector).- El Rector será designado por dos tercios de votos de componentes de la Asamblea Nacional en sesión especialmente convocada a esos efectos. En caso de que ningún candidato obtenga el número de votos suficiente, se convocará a una nueva Asamblea en un lapso no mayor a quince días la que elegirá al Rector por mayoría de sufragios entre los dos más votados en la primera Asamblea.

El Rector durará cinco años en sus funciones pudiendo renovarse su mandato una vez. Para una nueva designación, deberán transcurrir cinco años desde la fecha de su cese.

Para ser Rector se requiere poseer título universitario o de formación en educación válido en el país o formación equivalente y una trayectoria de por lo menos diez años, en instituciones públicas, vinculada a la formación en educación, las ciencias de la educación o trayectoria equivalente.

ARTÍCULO 11. (Atribuciones del Rector).- Las atribuciones del Rector serán las siguientes:

A) Presidir el Consejo Directivo Nacional, dirigir las sesiones, cumplir, hacer cumplir y comunicar sus resoluciones.

B) Representar a la Universidad de Educación y a su Consejo Directivo Nacional.

C) Autorizar los gastos que correspondan dentro de los límites que fijen las ordenanzas y disponer los pagos por erogaciones debidamente autorizadas.

D) Adoptar todas las resoluciones de carácter urgente que sean necesarias, dando cuenta al Consejo Directivo Nacional en la primera sesión ordinaria y estando a lo que este disponga por mayoría de votos de sus componentes.

E) Dictar todas las resoluciones que correspondan de acuerdo con las ordenanzas que dicte el Consejo Directivo Nacional.

F) Ejercer las atribuciones que le delegue el Consejo Directivo Nacional.

G) Refrendar los títulos y certificados de estudio.

ARTÍCULO 12. (Asamblea Nacional).- La Asamblea Nacional estará integrada por cinco miembros de cada orden –estudiantes, docentes y egresados– de cada Regional.

La Asamblea será convocada por el Consejo Directivo Nacional una vez al año en forma ordinaria y en forma extraordinaria cada vez que lo entienda necesario o se lo solicite un tercio de los integrantes de la Asamblea. Mediante reglamento podrán establecerse reuniones por orden.

La Asamblea Nacional deberá ser consultada preceptivamente en caso de aprobación o modificación de planes de estudio.

Los miembros de la Asamblea Nacional durarán cinco años en sus funciones salvo los estudiantes que durarán dos años y medio, pudiendo todos ellos ser reelectos solamente por un período subsiguiente.

Los miembros de la Asamblea Nacional serán electos por voto secreto entre los docentes, estudiantes y egresados de cada una de las Regionales.

La elección estará a cargo de la Corte Electoral, será reglamentada por el Consejo Directivo Nacional en un plazo no mayor de ciento ochenta días, una vez instalado tendrá en cuenta los criterios emanados de los artículos 29 a 43 de la Ley n.º 15739, de 28 de marzo de 1985, e incluirá los criterios para determinar la calidad de electores y elegibles en cada orden.

La Asamblea Nacional designará entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que ejercerán sus funciones hasta la próxima sesión ordinaria.

La Asamblea Nacional deberá expedirse, ante consultas expresas del Consejo Directivo Nacional, en un plazo no mayor a sesenta días, transcurridos los cuales podrá adoptarse resolución sin su asesoramiento.

Cuando el asunto consultado exija un pronunciamiento urgente, el Consejo Directivo Nacional podrá disponer un plazo menor explicitando las consideraciones que fundamenten lo dispuesto.

ARTÍCULO 13. (Coordinaciones Nacionales de Formación).- Las Coordinaciones Nacionales de Formación serán los órganos de planificación y dirección académica de cada formación de grado y postgrado de la Universidad de Educación. Serán definidas por el Consejo Directivo Nacional a partir de lo establecido por el artículo 4.º de esta ley.

En cada Coordinación Nacional habrá un Coordinador que será designado por el Consejo Directivo Nacional a propuesta de la Asamblea Nacional. El Consejo Directivo Nacional a partir de un proceso de selección que tendrá como referencia lo establecido en el artículo 28 de la presente ley, elevará una lista de prelación de hasta tres nombres a consideración de la Asamblea Nacional. Para su resolución la Asamblea Nacional seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo 10 de la presente ley.

Los Coordinadores Nacionales de Formación durarán cinco años en su cargo, pudiendo ser designados por otro período, siguiendo los criterios establecidos en el literal B) del artículo 28 de esta ley.

ARTÍCULO 14. (Atribuciones de las Coordinaciones Nacionales de Formación).- Serán atribuciones de dichos órganos:

A) Implementar las directivas generales del Consejo Directivo Nacional.

B) Aprobar los programas de su respectivo plan de estudio, siguiendo las directivas que dicte el Consejo Directivo Nacional en esa materia y previa consulta a la Comisión Asesora respectiva.

C) Proponer al Consejo Directivo Nacional los lineamientos correspondientes a la evaluación de los docentes de su formación, previa consulta a la Comisión Asesora respectiva.

D) Ejercer las atribuciones que le delegue el Consejo Directivo Nacional.

E) Realizar propuestas al Consejo Directivo Nacional referidas a su formación.

ARTÍCULO 15. (Comisiones Asesoras de Formación).- En cada Coordinación Nacional de Formación de grado y postgrado habrá una Comisión Asesora que se regirá por la reglamentación que dicte el Consejo Directivo Nacional.

Estas Comisiones tendrán una integración amplia ya que estarán representados los docentes, egresados y estudiantes de cada formación.

Las Comisiones tendrán un funcionamiento regular y deberán ser preceptivamente consultadas para la aprobación de planes, programas y criterios de evaluación a los docentes de su respectiva formación.

ARTÍCULO 16. (Regionales).- El Consejo Directivo Nacional definirá las regiones a nivel de todo el país que constituirán ámbitos territoriales de trabajo conjunto en el Sistema Nacional de Educación Terciaria Público. El Consejo Directivo Nacional definirá los Centros que pertenecen a cada región.

Cada Regional contará con un Consejo Regional y un Director Regional.

ARTÍCULO 17. (Consejo Regional).- El Consejo Regional estará integrado por un miembro electo de cada orden en el mismo momento en que son electos los integrantes de la Asamblea Nacional y un Director designado según lo establecido por el artículo 19 de esta ley, quien en caso de empate contará con doble voto.

Los miembros del Consejo Regional durarán cinco años en sus funciones, salvo los estudiantes que durarán dos años y medio, pudiendo todos ellos ser reelectos solamente por un período subsiguiente. Para una nueva designación, deberán transcurrir cinco años desde la fecha de su cese.

ARTÍCULO 18. (Atribuciones del Consejo Regional).- Serán atribuciones del Consejo Regional:

A) Administrar los servicios y dependencias de la región.

B) Planificar las actividades académicas de la región.

C) Coordinar las actividades de la Universidad de Educación con otras instituciones.

D) Ejercer las atribuciones que le delegue el Consejo Directivo Nacional.

E) Dictar todas las resoluciones que correspondan de acuerdo con las ordenanzas que dicte el Consejo Directivo Nacional.

F) Resolver los recursos administrativos que correspondan.

G) Implementar los procesos de evaluación de los docentes de su región, incluidos los Directores de los Centros Universitarios de Formación en Educación, a partir de los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo Nacional.

H) Convocar y reunir con carácter consultivo a los Directores de los Centros Universitarios de Formación en Educación de su región.

I) Recibir, considerar y tomar resolución sobre las solicitudes y propuestas de los Centros Universitarios de Formación en Educación.

J) Designar los representantes de la Universidad de Educación ante las Comisiones Departamentales de Educación en su región.

K) Aprobar proyectos de enseñanza, investigación o extensión que vinculen a más de una formación.

ARTÍCULO 19. (Director Regional).- En cada región habrá un Director Regional el que será seleccionado a través de concurso público de oposición y méritos. Durará cinco años, pudiendo ser renovada su designación por un período subsiguiente. Para una nueva designación, deberán transcurrir cinco años desde la fecha de su cese.

Para ser Director Regional se requiere poseer título universitario o de formación en educación válido en el país o formación equivalente y una trayectoria de por lo menos cinco años, en instituciones educativas de nivel terciario, vinculada a la formación en educación, las ciencias de la educación o trayectoria equivalente.

El Director Regional actuará en consulta permanente con las Coordinaciones de Formación y hasta tanto sea instalado el Consejo Regional tendrá las atribuciones conferidas a este en el artículo 18 de la presente ley.

ARTÍCULO 20. (Atribuciones del Director Regional).- El Director Regional tendrá las siguientes atribuciones:

A) Presidir el Consejo Regional, dirigir las sesiones, cumplir, hacer cumplir y comunicar sus resoluciones.

B) Representar a la Universidad de Educación en la región respectiva.

C) Autorizar los gastos que correspondan dentro de los límites que fijen las ordenanzas y disponer los pagos por erogaciones debidamente autorizadas.

D) Adoptar todas las resoluciones de carácter urgente que sean necesarias, dando cuenta al Consejo Regional en la primera sesión ordinaria y estando a lo que este disponga por mayoría de votos de sus componentes.

E) Ejercer las atribuciones que le delegue el Consejo Regional.

ARTÍCULO 21. (Centros Universitarios de Formación en Educación).- Los Centros Universitarios de Formación en Educación serán unidades administrativas y académicas que cumplan las funciones de enseñanza, investigación y extensión, los mismos serán definidos por el Consejo Directivo Nacional.

Cada Centro tendrá un Director que será seleccionado por medio de concurso siendo aplicables los extremos señalados en el artículo 28 de la presente ley.

ARTÍCULO 22. (Consejos Asesores y Consultivos de los Centros Universitarios de Formación en Educación).- En cada Centro Universitario de Formación en Educación se instalará un Consejo Asesor y Consultivo (CAC). Su integración y organización será definida por el Consejo Directivo Nacional, en un plazo no mayor a los ciento veinte días de promulgada la presente ley.

El CAC tendrá una integración amplia ya que estarán representados los docentes, egresados y estudiantes.

El CAC de cada Centro tendrá como cometido asesorar a la Dirección del Centro sobre los aspectos académicos y de funcionamiento general del Centro y sobre todos los asuntos que la Dirección solicite su pronunciamiento.

ARTÍCULO 23. (Gestión administrativa).- La gestión de la Universidad de Educación se orientará por los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas y calidad. Para ello deberá:

A) Diseñar procesos de trabajo colaborativo.

B) Implementar sistemas ágiles y eficientes de generación, transferencia y difusión de información.

C) Implementar procesos de auditoría, evaluación y autoevaluación.

D) Optimizar el uso de recursos públicos, promoviendo relaciones de cooperación con otras instituciones del Estado.

ARTÍCULO 24. (Del Secretario General).- Habrá un Secretario General que dependerá del Rector y será el responsable de la gestión de la Universidad de Educación correspondiéndole las siguientes tareas:

A) Ejercer las funciones inherentes a la Secretaría del Consejo Directivo Nacional y asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.

B) Coordinar la gestión administrativa del ente e instrumentar su correspondiente evaluación.

ARTÍCULO 25. (Suplencias).- Para los cargos electivos de los órganos de la Universidad de Educación la reglamentación de los respectivos actos electorales dispondrá la elección de los suplentes quienes accederán al cargo en caso de impedimento temporario o definitivo.

ARTÍCULO 26. (Vacancias).- En caso de vacancia temporal por licencia o impedimento o vacancia definitiva del Rector, el Consejo Directivo Nacional, por mayoría simple, designará a quien ocupe esa función en forma interina hasta tanto se reincorpore o designe, en su caso, al titular.

ARTÍCULO 27. (Calidad de los miembros).- Se establece el siguiente orden de prelación para el caso de que una persona pueda pertenecer a más de un orden, a los efectos de determinar en cuál está capacitado para actuar: estudiantil, docente y profesional.

Para ser electo miembro de la Asamblea Nacional, del Consejo Directivo Nacional o del Consejo Regional se requiere ser miembro del orden elector, cesando en su cargo quienes perdieran tal calidad. Las calidades para integrar los distintos órdenes las determinará el Consejo Directivo Nacional.

CAPÍTULO III

DE LOS FUNCIONARIOS

ARTÍCULO 28. (Del estatuto).- El Consejo Directivo Nacional aprobará el o los estatutos para todos los funcionarios de la Universidad de Educación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 58 a 61 y 76 de la Constitución de la República y a las siguientes bases:

A) El ingreso a la Universidad de Educación, en todas las categorías de funcionarios, se hará ordinariamente mediante concurso público y abierto, en sus distintas modalidades: oposición, méritos o méritos y oposición, salvo los casos que establezcan los reglamentos respectivos. En la misma forma se harán los ascensos.

B) Las designaciones del personal docente serán a término por períodos no superiores a cinco años, renovables mediante sistemas de evaluación (autoevaluación, co-evaluación y evaluación estudiantil, entre otros) que consideren integralmente las funciones universitarias y ofrezcan las debidas garantías a todos los interesados.

C) Para el personal profesional, técnico, administrativo y de servicios se establecerá un período inicial de contratación no superior a los cinco años, estableciéndose un régimen de prórroga del plazo, condicionada a evaluaciones favorables, ofreciendo las debidas garantías a todos los interesados.

Se reglamentará la carrera administrativa para todos los funcionarios, con las excepciones previstas en el artículo 60 de la Constitución de la República.

D) Se propiciará la dedicación total de un número importante de docentes para cumplir integralmente las funciones de enseñanza, investigación y extensión que realice la Universidad.

E) No se considerará destitución la no renovación de las contrataciones y designaciones al vencimiento del plazo.

F) El reglamento respectivo que dicte el Consejo Directivo Nacional de la Universidad de Educación deberá considerar las mayorías especiales para el caso de las designaciones o renovaciones.

ARTÍCULO 29. (Dedicación total).- El Consejo Directivo Nacional determinará, mediante reglamento, el régimen a que estará sometido el personal docente y no docente que realice actividades con dedicación total, así como los criterios de selección y la remuneración a percibir dentro de los rubros afectados a ese fin.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 30. (Acceso a la información).- Todos los servicios de enseñanza e instituciones públicas, sin perjuicio de lo establecido por la Ley n.º 18381, de 17 de octubre de 2008, así como las privadas autorizadas o habilitadas de cualquier nivel educativo, deberán prestar colaboración para facilitar la recolección de datos necesarios para los proyectos de investigación desarrollados por la Universidad de Educación, siempre que ello no obstaculice o interfiera con la labor de enseñanza.

Los datos recabados en las instituciones deberán ser tratados respetando el principio de confidencialidad.

ARTÍCULO 31. (Prácticas educativas).- Todos los servicios de enseñanza e instituciones vinculadas a las formaciones impartidas por la Universidad de Educación deberán prestar su colaboración para el desarrollo de las prácticas educativas previstas en los planes de estudio, de conformidad con los convenios que oportunamente se celebren entre las respectivas instituciones.

CAPÍTULO V

PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO 32. (Bienes de la Universidad de Educación).- El Consejo Directivo Nacional de la Universidad de Educación tendrá la administración de sus bienes. Los que estén destinados a las Regionales o que en el futuro fuesen asignados específicamente por resolución del Consejo Directivo Nacional, estarán a cargo del Consejo Regional respectivo.

ARTÍCULO 33. (De los ingresos).- Forman parte de los bienes de la Universidad de Educación:

A) Los recursos y partidas que se le asignen por las leyes de Presupuesto Nacional y las de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

B) Los frutos naturales, industriales y civiles de sus bienes.

C) Los que perciba por cualquier otro título.

ARTÍCULO 34. (Adquisición, enajenación y afectación de bienes inmuebles).- La adquisición y enajenación de bienes inmuebles a título oneroso, así como su afectación o gravamen por parte de la Universidad de Educación deberán ser resueltas por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Directivo Nacional, previa consulta a los Consejos Regionales cuando se tratare de bienes destinados o a destinarse a su servicio. Las enajenaciones a título gratuito requerirán la unanimidad de votos del Consejo Directivo Nacional.

ARTÍCULO 35. (Legado y donaciones).- El Consejo Directivo Nacional podrá aceptar los legados y donaciones que se hagan en beneficio de la Universidad de Educación, aplicando los bienes recibidos en la forma indicada por el testador y de conformidad a los fines del servicio a su cargo.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 36. (Primera integración del Consejo Directivo Nacional).- Para la instalación de la Universidad de Educación se constituirá un Consejo Directivo Nacional provisorio integrado por cuatro miembros designados por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuestas fundadas, por un número de votos equivalentes a los tres quintos de sus componentes elegidos conforme al inciso primero del artículo 94 de la Constitución de la República. Si la venia no fuera otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta del Senado. Por igual procedimiento será designado, entre los propuestos por el Poder Ejecutivo, el Rector de la Universidad de Educación, el que también presidirá el Consejo Directivo Nacional. El Rector, en su función de Presidente del Consejo Directivo Nacional tendrá doble voto para el caso de empate.

Este Consejo provisorio también lo integrará el representante de los docentes y de los estudiantes electos para el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública.

Todos los miembros de este Consejo permanecerán en funciones hasta que hayan sido designados quienes les sucedan de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 37. (Primeras convocatorias).- El Consejo Directivo Nacional previsto en el artículo 36, en acuerdo con la Corte Electoral, convocará a partir de los treinta y seis meses de instalado al acto electoral para la designación de la Asamblea Nacional, según lo establecido en esta ley.

Realizada la proclamación por parte de la Corte Electoral, el Consejo Directivo Nacional convocará, en un plazo no mayor a tres meses, a la Asamblea Nacional para la elección del Rector y de los miembros del Consejo Directivo Nacional, según lo establecido en los artículos 7.º y 10 de esta ley.

ARTÍCULO 38. (Del orden de los egresados).- Para la elección de los miembros del Consejo Regional, de la Asamblea Nacional y del Consejo Directivo Nacional de la Universidad de Educación, el Consejo Directivo Nacional dictará los reglamentos necesarios para la integración del orden de egresados para las primeras convocatorias referidas en el artículo 37 de esta ley.

A tales efectos, se constituye una comisión integrada por tres miembros designados por el Consejo Directivo Nacional de la Universidad de Educación, uno por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y otro por el Ministerio de Educación y Cultura.

La comisión tendrá un plazo de noventa días para elaborar una propuesta que será presentada al Consejo Directivo Nacional de la Universidad de Educación que la aprobará en un plazo no mayor a los noventa días corridos a partir de la recepción del informe de la comisión.

ARTÍCULO 39. (Validación de títulos anteriores a la creación de la Universidad de Educación).- El Consejo Directivo Nacional, en el marco de lo establecido en el artículo 86 de la Ley n.º 18437, de 12 de diciembre de 2008, adoptará las resoluciones que correspondan a los efectos de reglamentar en un plazo no mayor de dieciocho meses de su constitución efectiva, el procedimiento para revalidar los títulos de docentes o educadores otorgados o habilitados por la educación pública con anterioridad a la fecha de su creación.

ARTÍCULO 40. (Transferencias de recursos).- La Administración Nacional de Educación Pública transferirá a la Universidad de Educación los recursos humanos, bienes y créditos presupuestales destinados al Consejo de Formación en Educación, así como aquellos afectados a los institutos y centros de formación docente que se encuentran hasta la fecha bajo su órbita.

Las transferencias de recursos incluirán lo necesario para garantizar la continuidad de las actividades administrativas y académicas vinculadas a servicios que hasta el presente se desarrollan en ámbitos que dependen directamente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, pudiendo optarse por la cooperación interinstitucional permanente regulada por convenios.

Cométese al Poder Ejecutivo dictar la reglamentación necesaria para las transferencias dispuestas, contando para ello con el asesoramiento de un grupo de trabajo integrado por representantes del Consejo de Formación en Educación y del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, cuyo funcionamiento será coordinado por el Ministerio de Educación y Cultura.

El grupo de trabajo deberá estar integrado dentro de los treinta días subsiguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, debiendo emitir su informe final en un plazo no superior a los noventa días a contar desde su constitución, bajo responsabilidad de los miembros de los órganos jerarcas de los entes e instituciones desconcentradas que lo integran y del jerarca del Ministerio al que se cometa la coordinación.

Los funcionarios docentes y no docentes pasarán a prestar servicios en la Universidad de Educación, a partir de su instalación efectiva. La Universidad de Educación realizará un proceso de adecuación presupuestal de los cargos y sus retribuciones. En ningún caso la redistribución o reasignación de funcionarios efectivos significará disminución de la retribución total que el funcionario venía percibiendo con anterioridad a la misma.

ARTÍCULO 41. (Ordenanzas y reglamentos).- Hasta tanto el Consejo Directivo Nacional de la Universidad de Educación dicte los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos, regirán en lo pertinente las normas de la Administración Nacional de Educación Pública que regulan el funcionamiento académico y administrativo en el actual Consejo de Formación en Educación.

ARTÍCULO 42. (Recursos humanos y materiales).- A efectos de garantizar la continuidad de los servicios educativos, hasta que se dicte la reglamentación que se comete al Poder Ejecutivo en el artículo 40 de esta ley, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública continuará destinando los bienes y recursos actualmente afectados a la formación en educación, y la prestación de los servicios administrativos pertinentes, vinculados a las formaciones a impartir por la Universidad de Educación, que actualmente integran la competencia de la Administración Nacional de Educación Pública.

ARTÍCULO 43. (Convenios).- Los convenios firmados por la Administración Nacional de Educación Pública hasta la fecha alcanzarán a la Universidad de Educación, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en lo que concierne a las formaciones que se transfieren. El Consejo Directivo Nacional realizará las gestiones necesarias para ajustar los contenidos que requieran adecuación.

Los convenios y programas conjuntos desarrollados hasta el momento entre la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública - Consejo de Formación en Educación para la formación docente de grado y postgrado, así como para la extensión e investigación, mantendrán plena vigencia en la Universidad de Educación.

CAPÍTULO VII

DEROGACIONES Y OBSERVANCIAS

ARTÍCULO 44. (Derogaciones).- Deróganse los artículos 84 y 85 y la disposición transitoria I) de la Ley n.º 18437, de 12 de diciembre de 2008. Toda mención al Instituto Universitario de Educación en la referida ley se considerará referida a la Universidad de Educación.

Deróganse asimismo todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

ARTÍCULO 45. (Sustitución).- Sustitúyese el artículo 69 de la Ley n.º 18437, de 12 de diciembre de 2008, por el siguiente:

“ARTÍCULO 69. (Del estatuto docente y del funcionario no docente).- El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, previa consulta a los Consejos de Educación, aprobará el estatuto docente y el estatuto del funcionario, de acuerdo a las siguientes bases:

A) Para el ejercicio de cargos docentes, administrativos y de servicio será preciso acreditar 18 años de edad cumplidos y estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 76 de la Constitución de la República.

B) Los maestros de Educación Inicial y Primaria y los profesores de Educación Media Básica deberán poseer el respectivo título habilitante.

C) El sistema de concurso será de precepto para ocupar en efectividad cualquier cargo docente, así como será obligatorio para el ingreso y ascenso del personal administrativo.

D) A los efectos de la carrera docente se jerarquizará la evaluación del desempeño en el aula, los cursos de perfeccionamiento o postgrado, así como las publicaciones e investigaciones realizadas por los docentes.

E) La destitución de los funcionarios solo podrá ser resuelta por causa de ineptitud, omisión o delito, previo sumario durante el cual el inculpado haya tenido oportunidad de presentar sus descargos, articular su defensa y producir prueba”».

16) ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DE SERBIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA VETERINARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Serbia sobre Cooperación en Materia Veterinaria, suscrito en Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de setiembre de 2011. (Carp. n.º 1266/2013 – Rep. n.º 1156/2014)».

(Antecedentes).

b001.jpg

b002.jpg

b003.jpg

b004.jpg

b005.jpg

«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

Informe

I. El mensaje del Poder Ejecutivo

En el marco de lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, se informa el mensaje del Poder Ejecutivo relativo a un proyecto de ley aprobatorio del Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Serbia sobre cooperación en materia veterinaria, suscrito por los representantes de los gobiernos de dichos países en Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de setiembre de 2011.

II. El objetivo y el contenido del Acuerdo

El Acuerdo se hace con “el deseo de facilitar la circulación de animales y productos de origen animal y al mismo tiempo evitar el ingreso de enfermedades animales transmisibles y productos de origen animal peligrosos, como así también de desarrollar la cooperación en materia veterinaria”.

Y del articulado se desprende básicamente que:

1) La importación y tránsito de animales y productos de origen animal se llevará a cabo cumplidos los requisitos veterinario-sanitarios obligatorios.

2) Se intercambiarán los modelos de certificados que deberán acompañar a todo envío.

3) Se intercambiarán información mutuamente sobre dichos requisitos.

4) También en materia veterinaria se intercambiarán información, sobre su reglamentación y publicaciones profesionales.

5) Promoverán la cooperación científica.

6) Intercambiarán expertos.

7) El derecho a limitar y prohibir las importaciones y tránsitos de animales cuando se diagnostiquen enfermedades en sus territorios.

8) Se determinan los organismos competentes de cada país para la implementación del Acuerdo (en el caso de Uruguay: MGAP).

9) La aplicación de las recomendaciones emergentes del Codex Alimentarius y de la OIE en el comercio internacional, para la solución de disputas.

10) La cesación de vigencia –al momento en que cobre vigencia el presente Acuerdo– de otro anterior suscrito entre Uruguay y Yugoslavia, el 14 de mayo de 1983.

11) El plazo de 5 años para su validez y posibles prórrogas automáticas anuales.

III. La aprobación por la Cámara de Diputados

Es de hacer notar que el proyecto de ley relacionado ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, el 10 de julio de 2013.

IV. La recomendación

Resultando de interés para el flujo de comercio y el avance tecnológico de ambos países, se propone que se vote favorablemente el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre el denominado Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Serbia sobre cooperación en materia veterinaria, suscrito por los representantes de los gobiernos de dichos países, en Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de setiembre de 2011.

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2014.

Enrique Rubio, miembro informante; Carlos Baráibar, Roberto Conde, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio».

b006.jpg

b007.jpg

b008.jpg

b009.jpg

b010.jpg

«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA n.º 100

En Montevideo, el día cuatro de setiembre de dos mil catorce, a la hora dieciocho y treinta minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Carlos Baráibar, Roberto Conde, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio y Enrique Rubio.

Faltan con aviso los señores Senadores Jorge Gandini, Luis Alberto Lacalle Herrera, Ope Pasquet y Gustavo Penadés.

Concurre, especialmente invitado, el señor Embajador Gerónimo Cardozo, acompañado por la Asesora de la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciada María del Carmen Menoni.

Preside el señor Senador Carlos Baráibar, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión y el señor Rodolfo Lutegui, Prosecretario.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido n.º 2903/2014 que forma parte de la presente.

Asunto entrado:

– CARPETA n.º 1578/2014. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Cuba al señor Gerónimo Cardozo (Distribuido n.º 2893/2014).

Asuntos tratados:

– CARPETA n.º 1578/2014. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Cuba al señor Gerónimo Cardozo (Distribuido n.º 2893/2014).

El señor Gerónimo Cardozo expone sobre los lineamientos de trabajo a desarrollar en el destino al que fue propuesto e intercambia opiniones con los integrantes de la Comisión.

Una vez retirado de Sala, se considera y se concede el acuerdo solicitado. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Carlos Baráibar, quien lo hará en forma verbal.

– CARPETA n.º 1266/2013. ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DE SERBIA SOBRE COOPERACIÓN EN. MATERIA VETERINARIA – Aprobación. proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido n.º 2278/2013).

Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Enrique Rubio, quien lo hará en forma escrita.

– CARPETA n.º 1441/2014. CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR –Aprobación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido n.º 2623/2014).

Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Enrique Rubio, quien lo hará en forma escrita.

– CARPETA n.º 1506/2014. ACUERDO MARCO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE SURINAME – Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.º 2732/2014).

Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Enrique Rubio, quien lo hará en forma escrita.

A la hora diecinueve y diez minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Carlos Baráibar, Presidente; Vladimir De Bellis Martínez, Secretario».

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: se trata de un acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Serbia sobre cooperación en materia veterinaria que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales y cuyo informe ha sido distribuido. Su propósito –tal como se expresa en el título– es el deseo de facilitar la circulación de animales y productos de origen animal, evitar el ingreso de enfermedades animales trasmisibles y productos de origen animal peligrosos, así como también desarrollar la cooperación en materia veterinaria. En su articulado se expone la forma en que se van a llevar a cabo sus objetivos.

A mi juicio, es un proyecto de ley que no tiene complicaciones, ya que se trata de un acuerdo marco de cooperación en ese ámbito. Por lo tanto, proponemos al Pleno que lo acompañe con su voto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Artículo 1.º.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Serbia sobre Cooperación en Materia Veterinaria, suscrito en Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de setiembre de 2011».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

17) 72.º Aniversario del 6.º Grupo de Artillería de Campaña

SEÑOR ROSADILLA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: formulo moción para que se reparta la Carpeta n.º 1572/2014, cuya urgente consideración solicitaremos oportunamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–20 en 22. Afirmativa.

18) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Por un asunto de economía procesal, formulo moción para que se suprima la lectura de todos los puntos del Orden del Día y en aquellos casos en que tienen más de dos artículos, se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Partimos de la base de que la moción se refiere a la consideración en particular de los proyectos de ley.

SEÑOR PENADÉS.- Exactamente, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

19) CAPITAL NACIONAL DEL COOPERATIVISMO

SEÑOR CONDE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CONDE.- Señor Presidente: quisiera solicitar que se reparta la Carpeta n.º 1591/2014 que, con la anuencia de la coordinación, resolvimos pedir su urgente consideración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

20) CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de El Salvador, suscrito en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, el 18 de marzo de 2013. (Carp. n. º 1441/2014 – Rep. n. º 1157/2014)».

(Antecedentes).

c001.jpg

c002.jpg

c003.jpg

c004.jpg

c005.jpg

c006.jpg

c007.jpg

c008.jpg

c009.jpg

c010.jpg

«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

Informe

I. El mensaje del Poder Ejecutivo

En el marco de lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, se informa acerca del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se aprueba el Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de El Salvador, suscrito en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, el 18 de marzo de 2013.

II. La aprobación en Cámara de Diputados

Es de señalar que el proyecto de ley ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes, el 10 de febrero de 2014.

III. El marco y el contenido del Convenio

Tal como lo indica el mensaje del Poder Ejecutivo, el Convenio se encuentra en el marco de la cooperación internacional –en este caso en los campos de la educación, la cultura y el deporte– a fin de profundizar el conocimiento mutuo entre los dos países. Y del articulado del Convenio se desprende básicamente:

1) El compromiso de cada Parte para elaborar y ejecutar, de común acuerdo programas y proyectos de cooperación en las mencionadas áreas.

2) La posibilidad de celebrar acuerdos complementarios.

3) Se resalta la importancia del trabajo conjunto para estimular el otorgamiento de becas de posgrado, actualización e investigación en instituciones públicas de educación superior.

4) La colaboración para impedir la importación, exportación y transferencias ilícitas de los bienes que integran los respectivos patrimonios culturales.

5) Se podrá favorecer el conocimiento mutuo de la literatura de cada uno de los países.

6) Se protegerán los derechos de autor.

7) Se crea la Comisión Mixta de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva, coordinada por ambas Cancillerías, con la función de evaluar y delimitar áreas prioritarias en que será factible la aplicación del Convenio.

8) Se mantendrá una comunicación con los entes de cooperación internacional de ambos países (la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, en el caso de Uruguay) a fin de generar un adecuado apoyo y asesoría en cuanto a las acciones de cooperación.

9) La vía diplomática para dar solución a las controversias de interpretación sobre el Convenio, y las consultas entre las instituciones ejecutoras en caso de suscitarse durante la ejecución.

IV. La recomendación

Resultando de interés el otorgamiento de esta clase de Convenios, se propone que se vote favorablemente el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción (de la Cámara de Representantes), relativo al Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de El Salvador, suscrito en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, el 18 de marzo de 2013.

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2014.

Enrique Rubio, miembro informante; Carlos Baráibar, Roberto Conde, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio».

c011.jpg

c012.jpg

c013.jpg

c014.jpg

c015.jpg

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: este proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y tiene el respaldo unánime de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Se trata de un Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre nuestro país y el Gobierno de la República de El Salvador, que tiene un carácter muy general y usual en este tipo de asuntos: crea una comisión mixta para realizar la cooperación y se adoptan otras disposiciones de estilo.

El informe está incluido en el repartido y, por lo tanto, proponemos que sea aprobado por el Plenario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

21) ACUERDO MARCO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE SURINAM

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Asociación entre el Mercosur y la República de Suriname, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 11 de julio de 2013. (Carp. n.º 1506/2014 – Rep. n.º 1158/2014)».

(Antecedentes).

d001.jpg

 

d002.jpg

d003.jpg

d004.jpg

d005.jpg

«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

Informe

I. El mensaje del Poder Ejecutivo

En el marco de lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, se informa acerca del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se aprueba el Acuerdo Marco de Asociación entre el Mercosur y la República de Suriname, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 11 de julio de 2013.

II. Los datos básicos de Suriname (Republiek van Suriname)

Como es sabido, el territorio de este país fue colonia holandesa, habiendo alcanzado su independencia el 25 de noviembre de 1975. Su población es de 460.530 habitantes, la superficie de 163.270 km2, su capital Paramaribo, su moneda el florín de Suriname y su idioma oficial el holandés (Información tomada de la Guía del Mundo 2008, Ediciones G3, 16.ª edición, México, pág. 528).

III. Los antecedentes, objetivos y contenidos del Acuerdo

La República de Suriname ha iniciado un proceso de acercamiento al Mercosur, el cual se profundizó en ocasión de la Presidencia pro témpore de Uruguay. Esto se apreció, aún más claramente, en el marco de la Misión Oficial del Mercosur a Suriname que tuvo lugar el 10 de abril de 2013 y que fuera presidida por una delegación uruguaya.

Así, luego de dos meses de intercambio y dos reuniones técnicas de negociación se arribó a la firma del Acuerdo el 11 de julio de 2013. Simultáneamente, se cumplieron los requisitos para que Suriname adquiriese la condición de Estado Asociado al Mercosur, categoría que quedó confirmada por Decisión n.º 13/13 del XV Consejo Mercado Común.

En ese marco, entonces, el Acuerdo Marco que el Gobierno uruguayo suscribió y ha puesto a consideración del Poder Legislativo, tiende a:

a) fortalecer las relaciones entre todos los países contratantes (arts. 1 y 2);

b) crear mejores condiciones para profundizar en el diálogo político (art. 3);

c) procurar la cooperación en cultura y educación, en ciencia y tecnología, economía y en agricultura (art. 4); y

d) aumentar el comercio y las inversiones (art. 5).

IV. El informe de la Asesoría de Política Comercial del MEF

Por su parte, en informe de fecha 21 de enero de 2014, de la Asesoría en Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, se destaca que no hay objeciones que formular al Acuerdo Marco relacionado.

V. La aprobación de la Cámara de Diputados

Es de señalar que el proyecto de ley relativo al Acuerdo relacionado ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, el 7 de mayo de 2014.

VI. Comentario final y recomendación

Es compartible lo consignado en el mensaje del Poder Ejecutivo, en cuanto a que esta clase de Acuerdos marcos, logrados en el ámbito del Mercosur, amplían la relación entre los países de América del Sur, lo que redunda en la posibilidad de alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, reducir la pobreza y aumentar el bienestar de la población.

Por todo lo expuesto precedentemente, se propone que se vote favorablemente el proyecto de ley relativo al Acuerdo Marco de Asociación entre el Mercosur y la República de Suriname, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 11 de julio de 2013.

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2014.

Enrique Rubio, miembro informante; Carlos Baráibar, Roberto Conde, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio».

d006.jpg

d007.jpg

d008.jpg

d009.jpg

d010.jpg

d011.jpg

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: vamos a proponer que se autorice a la Mesa a que, donde dice «República de Suriname» elimine la «e» final para que diga «República de Surinam».

El proyecto de ley propone un Acuerdo Marco de Asociación entre el Mercosur y la República de Surinam. También cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes y el respaldo de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

La República de Surinam es una antigua colonia holandesa. Los objetivos y el contenido del Acuerdo son muy claros en cuanto a fortalecer las relaciones entre los países, profundizar el diálogo político y procurar la cooperación en materia de cultura y educación, en ciencia y tecnología, economía y en agricultura, y promover el comercio y las inversiones.

A nuestro juicio, el Acuerdo no ofrece dificultades. Se trata de un proceso por el cual la República de Surinam pasaría a la calidad de Estado asociado del Mercosur, permitiendo ampliar esta realidad económica, cultural y política.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(Texto del proyecto de ley sancionado).

«ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Acuerdo Marco de Asociación entre el Mercosur y la República de Surinam, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 11 de julio de 2013».

22) SEÑOR GERÓNIMO CARDOZO. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADOR

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Cuba, al señor Gerónimo Cardozo (Carp. n.º 1578/2014 – Rep. n.º 1159/2014)».

(Antecedentes).

«Carp. n.º 1578/2014

Rep. n.º 1159/2014

CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

Proyecto de Resolución

Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Cuba al señor Gerónimo Cardozo.

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2014.

Carlos Baráibar, miembro informante; Roberto Conde, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio, Enrique Rubio».

e001.jpg

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee).

–En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: días pasados, la Comisión de Asuntos Internacionales consideró la solicitud de venia para acreditar en calidad de Embajador de la República ante el Gobierno de Cuba al señor Gerónimo Cardozo.

El señor Gerónimo Cardozo compareció ante la Comisión y su currículo, que pongo a disposición de todos los señores Senadores, dice que es Brigadier General –retirado, obviamente– y que estudió durante cuatro años en la Escuela Militar de Aeronáutica, egresando con el Grado de Alférez Piloto Aviador Militar. De su trayectoria profesional sabemos que fue Piloto aviador, Piloto Comandante en aviones de transporte, Instructor en aviones de transporte, además de contar con otros cursos de especialización.

En la actividad pública se desempeñó como Director de Relaciones Públicas, Internacionales y de Cooperación de la Intendencia Municipal de Montevideo. Ha sido Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En el período que desempeñó esta función fue Presidente de la Comisión Directiva del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y Secretario Ejecutivo de la Asociación de Diplomáticos durante tres años consecutivos. También actuó como Director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional.

Ha recibido distintas condecoraciones –que figuran en detalle– y dentro de la actividad política ha sido Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos del Uruguay y Secretario Ejecutivo de la Organización de Militares por la Democracia, la Integración y la Independencia de América Latina y el Caribe, más conocida como Omidelac.

En su comparecencia ante la Comisión brindó un informe en el cual se establece que las relaciones con Cuba se expresan a través de mecanismos de consulta política y de la Comisión Mixta de Cooperación. Precisamente, a través de esta Comisión –antes de que fuera tratada su venia como Embajador– se ha invitado a conversar sobre el abastecimiento en Cuba, que es un tema de importancia fundamentalmente debido al bloqueo. También supimos que en el área agrícola existen algunos problemas relacionados, incluso, con la calidad de los suelos.

Luego el embajador Cardozo informó sobre las iniciativas referidas a los productos lácteos. Se prevé un importante consumo de leche en polvo, a través de Conaprole, debido a la dependencia de la importación para el caso de los alimentos. Y uno de los proyectos que tiene pensado implementar se relaciona con el mejoramiento de praderas y la posible instalación de una planta de leche en polvo, para lo cual la empresa Conaprole estaría dispuesta a cooperar, según conversaciones que ya se han mantenido con sus autoridades.

Otro tema mencionado por el embajador Cardozo fue el referido a las conversaciones existentes entre Uruguay y la empresa aérea de Cuba –Cubana de Aviación S.A.– a fin de establecer una línea directa entre Montevideo y La Habana.

Asimismo, hizo referencia a temas de salud que, como sabemos, son muy importantes. A ese respecto, por ejemplo, se procura abaratar los costos de los gastos de internación y de los medicamentos, entre otras cosas, a través del referido mecanismo de viaje más económico.

En el área médica también existe interés por avanzar en los trabajos de prótesis de miembros inferiores. Aquí hay un equipo ortopédico cubano, pero la intención es preparar técnicos uruguayos que puedan hacer los trabajos que hoy están realizando bajo la dirección de técnicos cubanos para que, en ese marco, Uruguay tenga libertad de acción y pueda introducir en la Facultad de Medicina una cátedra o licenciatura en temas ortopédicos.

En cuanto a la adquisición de vacunas y medicamentos cubanos, cabe señalar que Uruguay compra a Cuba todas las vacunas pentavalentes que hoy utiliza el Ministerio de Salud Pública. Hace poco se firmó un acuerdo con Laboratorios Clausen y se trata de coordinar mejor la cantidad de materiales requeridos para que no falten ni sobren.

Se mencionó también la posibilidad de ampliar la obtención de información satelital.

La balanza comercial es claramente favorable a Uruguay. En lo que respecta al comercio entre ambos países, se informó que el 87 % son exportaciones uruguayas; solo un 13 % viene de Cuba, de modo que se propondrían distintos procedimientos para financiar ese déficit. Uno de ellos tiene que ver con el relacionamiento en materia deportiva porque, como todos sabemos, en Cuba hay un excelente desempeño de los atletas en las diversas disciplinas. Precisamente, ellos podrían venir como profesores a fin de mejorar el entrenamiento de los atletas uruguayos en aquellas disciplinas donde Cuba ha demostrado, en eventos internacionales, una excelente condición.

Otra cuestión importante a la que se hizo alusión es que Cuba está construyendo un puerto en Mariel, de inversión brasileña, y que va a ser operado por privados en sociedad con el Gobierno de Cuba, con zonas francas. Esto abre las posibilidades de establecer que dicho puerto sea para Uruguay una especie de hub para poder distribuir mercancías en los países del Caribe, lo que actualmente resulta difícil por los costos de transporte.

En términos muy generales, este fue el informe que presentó el embajador Cardozo, cuya venia fue considerada por la Comisión, que decidió acompañarla por unanimidad de presentes. Por lo tanto, ahora propone al Cuerpo que también vote dicha venia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En este caso, al igual que en los demás, en su momento se había votado la supresión de la lectura del artículo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado dará cuenta al Poder Ejecutivo.

23) LICENCIADO HUGO GABRIEL LIBONATTI ALONSO. DESIGNACIÓN COMO VICEPRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN DE PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de Vicepresidente de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, al licenciado en economía Hugo Gabriel Libonatti Alonso. (Carp. n.º 1584/2014 – Rep. n.º 1155/2014)».

(Antecedentes).

f001.jpg

«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Administrativos

ACTA n.º 92

En Montevideo, el día tres de setiembre del año dos mil catorce, a la hora catorce y quince minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Milton Antognazza, Rodolfo Nin Novoa y Gustavo Penadés.

Faltan con aviso la señora Senadora Lucía Topolansky y el señor Senador Ruben Rodríguez.

Preside el señor Senador Milton Antognazza, Vicepresidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la Secretaria de la Comisión, señora María Celia Desalvo y la Prosecretaria, señora Gloria Mederos.

Abierto el acto, se acuerda postergar la elección del Presidente para la próxima sesión.

Inmediatamente se da cuenta de los siguientes asuntos entrados:

– Carpeta n.º 1577/2014. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo, por la causal de ineptitud física, a una funcionaria perteneciente al Ministerio de Salud Pública, Unidad Ejecutora 003 “Dirección General de la Salud”, Administrativo III Administrativo. Distribuido n.º 2889/2014.

Pasa a estudio del señor Senador Milton Antognazza.

– Carpeta n.º 1584/2014. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente para designar en calidad de Vicepresidente de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario al licenciado en economía, señor Hugo Gabriel Libonatti Alonso. Repartido n.º 1148/2014.

Asuntos tratados:

– Carpeta n.º 1567/2014. Mensaje de la Suprema Corte de Justicia por el que solicita la aprobación correspondiente para designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones a la doctora Lina Silvia Fernández Lembo. Distribuido n.º 2869/2014.

La Comisión aprueba proyecto de resolución. Se vota: 3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Gustavo Penadés (Informe verbal).

– Carpeta n.º 1584/2014. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente para designar en calidad de Vicepresidente de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario al licenciado en economía, señor Hugo Gabriel Libonatti Alonso. Repartido n.º 1148/2014.

La Comisión aprueba proyecto de resolución. Se vota: 3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Milton Antognazza (informe verbal).

– Carpeta n.º 344/2010. Resolución n.º 4/2010 de la Presidencia de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo por la que se solicita la venia de destitución de un funcionario de esa Unidad Ejecutora. Distribuido n.º 364/2010.

La Comisión resuelve por unanimidad, remitir nota a la Dirección del Servicio Médico del Poder Legislativo, solicitando se disponga una Junta Médica al funcionario, en mérito a las disposiciones vigentes.

A la hora catorce y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Milton Antognazza, Vicepresidente; María Celia Desalvo, Secretaria».

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee).

–En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Antognazza.

SEÑOR ANTOGNAZZA.- Señor Presidente: con fecha 2 de setiembre el Poder Ejecutivo solicita la venia correspondiente para designar al licenciado en Economía Hugo Gabriel Libonatti Alonso como Vicepresidente de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República y el artículo 18 de la Ley n.º 18401, de 24 de octubre de 2008.

El licenciado Hugo Libonatti comenzó su actividad desempeñándose como funcionario del Banco de Boston, donde permaneció desde el año 1997 hasta 2005.

Desde 1999 es licenciado en Economía en el Plan 1990 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República.

En 2001 obtiene un posgrado en Economía Bancaria y Financiera, realizado en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Tiene un magíster en Desarrollo Económico –años 2004 y 2005–, otorgado por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y también posee el título de magíster en Economía Internacional, otorgado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en 2013.

Asistió a varios cursos, eventos y seminarios que se encuentran detallados en la Carpeta n.º 1584/2014, Repartido n.º 1155/2014 de la Cámara de Senadores, donde también figuran sus conferencias, investigaciones y publicaciones.

Solo resta agregar que esta designación fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Administrativos.

Es cuanto tenía para informar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) DOCTORA LINA SILVIA FERNÁNDEZ LEMBO. DESIGNACIÓN COMO MINISTRO DE TRIBUNAL DE APELACIONES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones, a la doctora Lina Silvia Fernández Lembo. (Carp. n.º 1567/2014 – Rep. n.º 1154/2014)».

(Antecedentes).

 

g001.jpg

g002.jpg

g003.jpg

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee).

–En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: tal como lo establece la Constitución de la República en el numeral 4.º) del artículo 239, la Suprema Corte de Justicia solicita la venia del Senado para designar a la doctora Lina Fernández Lembo en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones.

Dicha profesional ingresó al Poder Judicial en el año 1979; su primer cargo técnico fue el de Secretaria III – Abogado, en un Juzgado Letrado de Montevideo; fue Defensora de Oficio en el interior y en la capital; fue Directora de Defensoría de Oficio; fue Juez Letrado del interior, en Maldonado; fue Asesor Letrado Técnico de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia; fue Juez Letrado Suplente en Montevideo, Juez Letrado de la capital y ha sido incluida en la lista vigente de magistrados con calificación habilitante para ascender.

Asimismo, realizó el curso del CEJU y ha tenido una serie de actividades docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Administrativos entiende que debe accederse a lo solicitado por la Suprema Corte de Justicia y otorgar la venia correspondiente para designar a la doctora Fernández Lembo como Ministro de Tribunal de Apelaciones.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se hará la comunicación correspondiente a la Suprema Corte de Justicia.

25) «FRANCISCO ENCARNACIÓN BENÍTEZ»

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación correspondería considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día. Sin embargo, al parecer no se encuentra presente en Sala el miembro informante, por lo que, si los señores Senadores están de acuerdo, pasaríamos al siguiente punto, para luego retomar este.

Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Francisco Encarnación Benítez” la Casa Central del Instituto Nacional de Colonización. (Carp. n.º 1343/2013 – Rep. n.º 1161/2014)».

(Antecedentes).

«Carp. n.º 1343/2013

Rep. n.º 1161/2014

CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto de ley sustitutivo

Artículo único.- Desígnase con el nombre de “Francisco Encarnación Benítez” a la Casa Central del Instituto Nacional de Colonización.

Sala de la Comisión, a 4 de setiembre de 2014.

Ernesto Agazzi, miembro informante; Juan A. Chiruchi, Alberto Couriel, Jorge Gandini, Rodolfo Nin Novoa, Ruben Obispo, Jorge Saravia.

Proyecto de ley

Artículo único.- Desígnese con el nombre de “Francisco Encarnación Benítez” al Instituto Nacional de Colonización.

Lucía Topolansky, Luis Rosadilla, Daniel Martínez, Milton Antognazza, Ernesto Agazzi.

Exposición de motivos

El 12 de enero de 1948 la Asamblea General votaba por medio de la Ley n.º 11029, la creación del Instituto Nacional de Colonización. Fue actualizada en los años 2007 y 2011 por las Leyes n.os 18187 y 18756 respectivamente, para cumplir mejor con el espíritu que motivó al legislador a crear este ente autónomo.

En los 65 años de vida del mismo, se integró al Instituto un total de 556.113 hectáreas, de las cuales 491.638 han quedado en su órbita y el resto ha sido desafectado del alcance de la ley.

A mi juicio, hay un hilo histórico tendido desde aquella acción ejercida por Artigas con su Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, y se extiende hacia el futuro pasando por la Ley del 23 de noviembre de 1880 que autoriza al Poder Ejecutivo “a formar colonia o ayudar a empresas de colonización”, más otras leyes y decretos en el mismo sentido. Después de iniciando el siglo XX, la creación en 1905 de la Comisión Honoraria de Colonización, la Ley de 1913, que habilitó a la creación de un empréstito denominado colonización para comprar tierras; y ya mediado el siglo, el Congreso Nacional de la Colonización, realizado en Paysandú en 1945 con una amplísima participación del Estado y agremiaciones de donde surgieron iniciativas que luego la ley aprobada recogió, se extiende el hilo histórico, repito, que une el reglamento provisorio, con el afán que animó a quienes trabajaron en el proyecto que culminó con la Ley n.º 11029.

Creemos que es muy importante rescatar y exponer ante la ciudadanía ese hilo histórico que engarza más de 25 leyes y decretos atravesando 3 siglos de historia, desde aquel reglamento hasta el Instituto tal como lo conocemos hoy.

Entre otras razones, por el reconocimiento del valor del proyecto artiguista y su vigencia; el rescate de las acciones que se ejercieron para dotar a los más desposeídos de la Provincia Oriental, de una posibilidad material de sobrevivir con dignidad en el medio en el que habían crecido o el lugar al que la vida los había llevado.

Por otro lado este proyecto además de ese rescate, busca exponer a la mirada actual a quienes Artigas supo unir bajo su liderazgo, afirmado en la integración de las distintas vertientes que conformaban el pueblo oriental. Y lo hacemos hoy, en que el parlamento vota leyes que hacen a los derechos de sectores de la población que hasta ahora estaban olvidados en la práctica y, por otro lado, el organismo establece nuevas políticas de adjudicación a proyectos productivos y cooperativas acordes con aquel deseo de Artigas cuando reclamaba Arerunguá, reunir comunidades en torno a la tierra.

Por tal razón es que proponemos que se denomine al Instituto Nacional de Colonización con el nombre de Francisco Encarnación Benítez.

Según un borrador del oficio que el Cabildo Gobernador de Montevideo le enviara a Artigas, era “un hombre perverso, vago y turbulento (nombrado Encarnación) al frente de un tropel de malvados”.

Pero... ¿quién fue en realidad Francisco Encarnación, que aquel Cabildo que desoyó los mandatos de Artigas referidos a la ejecución del reglamento, así lo califica?

Se dice en el prestigioso libro La Revolución Agraria Artiguista, de De La Torre, Rodríguez y Sala, que desde la Cuchilla Grande de Soriano, «un hombre valiente hasta la osadía, entregado con ardor a la defensa de la revolución contra el odiado régimen colonial, un “pardo” analfabeto, de mestizaje secular, que había sufrido en sí todas las opresiones y humillaciones del atropello colonial, Encarnación Benítez, habíase transformado en la columna de la revolución radical de todos aquellos vastos pagos».

A continuación se abunda para mejor entender que Encarnación “ha sido sin dudas uno de los personajes históricos cuya nombradía ha sufrido la más perseverante y adjetivada diatriba de nuestros cronistas e historiadores”.

Su absoluta entrega a la revolución artiguista que pretendía con la aplicación y puesta en marcha del reglamento dotar a los paisanos de parcelas para afincarse y poblar la campaña junto con su origen fue lo que hizo de él, según los cronistas de la época y luego los historiadores del patriciado, un hombre perverso y a quienes estaban bajo su mando un tropel de malvados.

El malvado negro Encarnación dispuso lo que quien reconocía como su único jefe había mandado: repartir las tierras de los invasores “malos europeos y peores americanos” de acuerdo con el reglamento, mientras que, en oposición a ello, el Cabildo de Montevideo luchaba para beneficiar a quién más le convenía con aquellas tierras. Tanto es así, que en una parte de un informe de Encarnación, en un oficio dirigido a Artigas el 2 de enero de 1816 dice:

“[...] Después que la Provincia se ve libre de enemigos, todos los vecinos son excelentes patriotas, y habiendo vivido en sus ranchos o escondidos en sus montes mientras duró el peligro, ahora dicen que defendieron la Campaña. ¿Y cómo? [...].

El clamor general es: nosotros hemos defendido la Patria y las Haciendas de la Campaña, hemos perdido cuanto teníamos, hemos expuesto nuestras vidas por la estabilidad y permanencia de las cosas, ¿Y es posible que desde el Padre hasta el último negro, en todos nos han perseguido y procurado de todos modos nuestro exterminio, sigan ellos disfrutando de sus antiguas usuras, y nosotros destrozando su mala conducta, y anti Patriota versación, sean estos los enemigos declarados del sistema los que ganan, después de habernos hecho la guerra, y nosotros los que perdemos?”.

Como se ve, Encarnación, también conocido como el Protector de los 7 Pueblos, se enfrentaba a una dura lucha y las preguntas que se hacía y trasladaba a Artigas reflejaban la opinión de las fuerzas artiguistas que se veían obligadas a enfrentar a las propias autoridades que supuestamente debían acatar.

Según los datos que llegan hasta nuestros días, podemos deducir que Encarnación Benítez murió emboscado, según nos cuenta Oscar Montaño en su obra Umkhonto que transcribo:

«[...] había quedado en la nebulosa su trayectoria desde que se produjo la invasión de los portugueses. Gracias a una reciente publicación sobre la abolición de la esclavitud, que cita el relato de uno de los portugueses que invadieron nuestro territorio y que, justamente, residió en Colonia, se nos brinda algún indicio de cuál pudo haber sido el final de Encarnación.

Cuando se produjo la invasión lusitana, “las partidas de Encarnación serán una pesadilla para el invasor. El 2 de mayo de 1818 Vasco Antunes Maciel, portugués afincado con campos en Colonia y el coronel de milicias oriental Pedro Fuentes, abrieron las puertas de la ciudad a las tropas del mariscal Pinto Correa y a la escuadra del almirante Rodrigues Noronha que procedieron a su ocupación, la que durará más de una década. Enterado, allá vuela el infatigable mulato a poner sitio a uno de sus siete pueblos protegidos, y lo hace con tal eficiencia que los intrusos no veían regresar a ninguna de las partidas que despachaban en procura de abastecimientos. Prepararon entonces una trampa a sus implacables cancerberos, anunciando a media voz su partida para que llegase a oídos de estos. El 25 de mayo brindaron un “estrondoso” baile de despedida, y al día siguiente embarcaron al obscurecer en el más absoluto sigilo. Dirigiéndose así –narra el capitán de fragata Sena Pereira– “[…] sobre o campamento de Encarnaçáo, o qual de tal modo foi cercado que apenas escaparam tres homens, tudo o mais com o seu proprio chefe, ficou prisioneiro, ferido ou morto(Memorias e Reflexões sobre o Rio da Prata). Entre los últimos, Encarnación, quien, aflojada la rigurosa vigilancia del sitio, celebraba con los suyos lo que creía su gran triunfo».

Finaliza Montaño en la obra ya citada diciendo: “Quizás sea ese el elemento más destacado en Encarnación, la fidelidad y la entrega a la causa oriental-artiguista, con algunas diferencias con su jefe que no hicieron más que enriquecer y llevar a la ejecución lo que en los papeles se establecía”.

La vida de Francisco Encarnación Benítez de la que apenas hemos dado un breve pantallazo, su absoluta entrega a la causa artiguista y en particular su dedicación a la puesta en marcha del Reglamento Provisorio de Tierras, hacen que propongamos en el día de hoy la aprobación del proyecto que nombra al ente como Instituto Nacional de Colonización “Francisco Encarnación Benítez”.

ACTA n.º 84

En Montevideo, a los cuatro días del mes de setiembre del año dos mil catorce, a la hora trece y siete minutos, se reúne la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Ernesto Agazzi, Juan Chiruchi, Alberto Couriel, Jorge Gandini, Rodolfo Nin Novoa, Ruben Obispo y Jorge Saravia.

Falta con aviso el señor Senador Ruben Rodríguez.

Falta por asistir a otra Comisión el señor Senador Carlos Baráibar.

Preside su titular, el señor Senador Rodolfo Nin Novoa.

Actúan en Secretaría las señoras Secretarias de Comisión María Celia Desalvo y María Victoria Lumaca.

Concurren, especialmente invitados, el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre; el Director de Servicios Ganaderos, doctor Francisco Muzio, y el Director de la División Sanidad Animal, doctor Federico Fernández.

Abierto el acto, por Secretaría se da cuenta del siguiente asunto entrado:

– Carpeta n.° 1581/2014. SEGURO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN BOVINOS. Creación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n.° 2896/2014.

El señor Ministro se refiere al citado proyecto de ley y hace entrega de una propuesta de modificación para el artículo 14, la que se reparte entre los señores Senadores.

Una vez que se retiran de Sala, se procede a considerar el proyecto de ley presentado por la señora Senadora Lucía Topolansky y los señores Senadores Ernesto Agazzi, Milton Antognazza, Daniel Martínez y Luis Rosadilla, por el que se designa con el nombre de “Francisco Encarnación Benítez” al Instituto Nacional de Colonización (Carpeta n.º 1343/2013 – Distribuido n.° 2428/2013). Se vota con modificaciones el artículo único: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Ernesto Agazzi, quien lo hará en forma verbal.

El texto del proyecto de ley sustitutivo es el que a continuación se transcribe:

Artículo único.- Desígnase con el nombre de “Francisco Encarnación Benítez” a la Casa Central del Instituto Nacional de Colonización”.

Finalmente, se resuelve invitar a la Federación Rural del Uruguay, a las Cooperativas Agrarias Federadas, a la Asociación Nacional de Productores de Leche, a la Comisión Nacional de Fomento Rural y al Colegio Veterinario del Uruguay para la sesión del próximo jueves once de setiembre.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido n.° 2902/2014, que integra este documento.

A la hora catorce se levanta le sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Rodolfo Nin Novoa, Presidente; María Celia Desalvo, Secretaria».

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: se da la feliz coincidencia de que precisamente hoy, 10 de setiembre, aniversario del Reglamento de Tierras de 1815, estamos tratando este proyecto de ley que, podríamos decir, se deriva directamente de dicho Reglamento, pues Francisco Encarnación Benítez fue uno de los lugartenientes de Artigas que se encargó de la distribución de tierras luego de firmado y proclamado aquel documento.

El Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus hacendados ha sido abordado muchas veces en este Senado, por lo que no voy a ingresar en detalles en cuanto a lo que fue. Sí creo que Uruguay está impregnado de él, porque el tema de la distribución y el acceso a la tierra, del fomento de la campaña y del afincamiento de trabajadores y de productores, ha sido una constante en distintos momentos históricos. Hay veinticinco leyes y distintos decretos que, a partir de aquel Reglamento y a lo largo de dos siglos de historia, han tratado este tema.

La importancia de Encarnación Benítez es que fue lugarteniente de confianza de Artigas y asumió el trabajo de llevar adelante las decisiones que tomaba el Gobierno de la Banda Oriental.

En el prestigioso libro La Revolución Agraria Artiguista, de De La Torre, Rodríguez y Sala, se dice de Encarnación Benítez que era «un hombre valiente hasta la osadía, entregado con ardor a la defensa de la revolución contra el odiado régimen colonial, un “pardo” analfabeto, de mestizaje secular, que había sufrido en sí todas las opresiones y humillaciones del atropello colonial, Encarnación Benítez habíase transformado en la columna de la revolución radical de todos aquellos vastos pagos».

En realidad, el malvado negro Encarnación, hombre muy duro, tuvo enfrentamientos con el Cabildo de Montevideo porque todas las disposiciones de la distribución de tierra, además de ser aprobadas por los Alcaldes regionales, tenían que ser finalmente rubricadas por el Cabildo de Montevideo. Y en los repartos de tierra hubo muchas discusiones internas entre la conducción de la Banda Oriental y el aparato administrativo. Muchas veces hubo resistencia a tomar las tierras de los invasores, «malos europeos y peores americanos», porque esto necesitaba una definición. ¿Qué es un «peor americano»?

Encarnación fue –como dije– un hombre duro, sumamente respetuoso del reparto de tierras y muy formado en la guerra. Permanentemente se enfrentaba. En la región de Soriano y Colonia fue conocido como el Protector de los 7 Pueblos. Además, trasladaba a Artigas las discusiones que tenía con el Cabildo de Montevideo. Precisamente, en la exposición de motivos se han incluido algunos párrafos muy interesantes, que no voy a leer debido al momento en que ingresamos en el tratamiento de este proyecto de ley.

Encarnación Benítez murió emboscado. Oscar Montaño, en su obra Umkhonto transcribe: «Había quedado en la nebulosa su trayectoria desde que se produjo la invasión de los portugueses. Gracias a una reciente publicación sobre la abolición de la esclavitud, que cita el relato de uno de los portugueses que invadieron nuestro territorio y que, justamente, residió en Colonia, se nos brinda algún indicio de cuál pudo haber sido el final de Encarnación.

Cuando se produjo la invasión lusitana, “las partidas de Encarnación serán una pesadilla para el invasor. El 2 de mayo de 1818 Vasco Antunes Maciel, portugués afincado con campos en Colonia y el coronel de milicias oriental Pedro Fuentes, abrieron las puertas de la ciudad a las tropas del mariscal Pinto Correa y a la escuadra del almirante Rodrigues Noronha que procedieron a su ocupación, la que durará más de una década. Enterado, allá vuela el infatigable mulato a poner sitio a uno de sus siete pueblos protegidos, y lo hace con tal eficiencia que los intrusos no veían regresar a ninguna de las partidas que despachaban en procura de abastecimientos. Prepararon entonces una trampa a sus implacables cancerberos, anunciando a media voz su partida para que llegase a oídos de estos. El 25 de mayo brindaron un “estrondoso” baile de despedida, y al día siguiente embarcaron al obscurecer en el más absoluto sigilo. Dirigiéndose así –narra el capitán de fragata Sena Pereira– “ ... sobre o campamento de Encarnação, o qual de tal modo foi cercado que apenas escaparam tres homens, tudo o mais com o seu proprio chefe, ficou prisioneiro, ferido ou morto” (Memorias e Reflexões sobre o Rio da Prata). Entre los últimos, Encarnación, quien, aflojada la rigurosa vigilancia del sitio, celebraba con los suyos lo que creía su gran triunfo».

Creemos que Encarnación Benítez tiene muchos méritos, y es importante rescatar personalidades de esta clase en la historia nacional.

Es por estos motivos que en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca acordamos acompañar este proyecto de ley por el que se designa con el nombre «Francisco Encarnación Benítez» la casa central del Instituto Nacional de Colonización.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único del proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

26) SUSPENSIÓN DEL PAGO DE CUOTAS DE SALUD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LOS PRESTADORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se sustituye el literal E) del artículo 28 de la Ley n.º 18211, de 5 de diciembre de 2007, relativo a la suspensión del pago de cuotas de salud en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores. (Carp. n.º 1068/2012 – Rep. n.º 1153/2014)».

(Antecedentes).

h001.jpg

h002.jpg

h003.jpg

h004.jpg

h005.jpg

h006.jpg

h007.jpg

h008.jpg

«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Salud Pública

ACTA n.º 143

En Montevideo, a los dos días del mes de setiembre del año dos mil catorce, a la hora diecisiete y veinte minutos se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores Ernesto Agazzi, Roberto Conde, Carlos Moreira, Ruben Obispo, Aníbal Rondeau y Alfredo Solari.

Falta con aviso el señor Senador Luis A. Lacalle Herrera.

Preside el señor Senador Carlos Moreira, Presidente de la Comisión.

Asiste el señor Director de Área Legislativa, César González.

Concurren por haber solicitado audiencia, por la Cámara de Emergencias y Asistencia Extrahospitalaria del Uruguay: la Presidenta contadora Rosario González; los doctores Guillermo Vázquez, Vicepresidente; Escipión Prosper, Secretario y Jorge Díaz, Vocal.

Se reciben, especialmente invitados por el Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado: al doctor Enrique Soto, Vicepresidente; al doctor Marcelo Sosa, Vocal; al señor Wilfredo López, Representante de los Usuarios; a la doctora Alicia Ferreira, Gerenta General; a la doctora Gabriela Medina, Gerenta Asistencial; al doctor François Borde, Director de la UE 105; al doctor Pablo Ferra, Director del Centro Coordinador; a la doctora Estela Nogueira, Directora Regional Sur y a la señora Elsa Rovira; y, por la Junta Nacional de Salud a su Presidente, el doctor Luis E. Gallo, acompañado por la doctora Ana María Alaniz.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Susana Rodríguez y la señora Prosecretaria María José Morador.

Asuntos entrados:

1. - Invitación remitida por el Ministerio de Educación y Cultura para la presentación de los avances de la Comisión Intersectorial de Seguimiento y de los materiales de difusión sobre Alimentación Saludable en Centros Educativos (Ley n.º 19140).

2. - Mail remitido por el Grupo Uruguay Procrea, solicitando la pronta reglamentación de la Ley n.º 19167 – Reproducción Humana Asistida.

Temas tratados:

1. - Retrasos en la recepción de pacientes en las puertas de emergencia.

Los representantes de la Cámara de Emergencias y Asistencia Extrahospitalaria del Uruguay hacen entrega de material.

A continuación los representantes del Directorio de ASSE realizan un informe.

2.- CARPETA n.º 1068/2012. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE CUOTAS DE SALUD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LOS PRESTADORES. Se sustituye el literal E) del artículo 28 de la Ley n.º 18211, de 5 de diciembre de 2007. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido n.º 1833/2014.

En consideración. Se vota el artículo único: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa miembro informante al señor Senador Alfredo Solari, quien lo hará en forma verbal.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuyas copias dactilografiadas lucen en los Distribuidos n.os 2897 y 2898/2014 que forman parte de la presente Acta.

A la hora diecinueve y quince minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Carlos Moreira, Presidente; Susana Rodríguez, Secretaria».

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: este proyecto de ley, que tiene media sanción de la Cámara de Representantes y cuenta con amplio respaldo político, viene a procurar solucionar una serie de dificultades que tenía la Junasa a la hora de aplicar sanciones según el marco normativo en el que actuaba. Es por eso que a través de él se propone sustituir el literal E) del artículo 28 de la Ley n.º 18211 de 2007 por otro que introduce el concepto de observación.

El literal propuesto establece: «Disponer la observación –como facultad de la Junasa– así como las sanciones de suspensión temporal o definitiva, total o parcial, del pago de cuotas salud en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores. Las sanciones serán por incumplimientos menores, mayores o graves, lo que será reglamentado por el Poder Ejecutivo. Cuando la suspensión sea definitiva, o cuando se trate de suspensión temporal relativa a sanción por incumplimiento mayor o grave, las mismas se determinarán por acto administrativo firme»

En definitiva, lo que se hace es flexibilizar el régimen existente y facilitar el trabajo de la Junta.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

27) 72.º Aniversario del 6.º Grupo de Artillería de Campaña

SEÑOR PRESIDENTE.- Se repartieron dos Carpetas a los efectos de ver la posibilidad de su consideración en la sesión de hoy.

Corresponde votar la urgente consideración de cada una de ellas.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: solicitamos que se declare urgente y se considere de inmediato la Carpeta n.º 1572/2014, correspondiente a una solicitud del Poder Ejecutivo –votada por la Cámara de Representantes– para autorizar la salida del país de una delegación del Ejército Nacional, a fin de participar, en Brasil, de la ceremonia conmemorativa del 72.º Aniversario del 6.º Grupo de Artillería de Campaña – Grupo Marqués de Tamandaré.

Como este hecho tiene una fecha próxima y no necesariamente habrá otras sesiones antes de ese momento, entendemos necesario considerarlo en forma urgente.

Se solicita su consideración de esta manera debido a que la Comisión de Defensa Nacional, en su última citación, no tuvo cuórum suficiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se declara urgente y se considera de inmediato el mencionado proyecto.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Habiendo contado con la mayoría absoluta de los votos, la Presidencia interpreta que este proyecto de ley no solo puede ser considerado con urgencia, sino que además supera la dificultad de no haber sido presentado antes de los 30 días previos a la culminación del período legislativo.

Para no hacer dos votaciones, interpretamos que la voluntad de considerarlo también permite superar ese obstáculo.

En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país a una delegación del Ejército Nacional, para participar de la celebración del 72.º Aniversario del 6to. Grupo de Artillería de Campaña – Grupo Marqués de Tamandaré, a realizarse en la ciudad de Río Grande, Río Grande del Sur, República Federativa del Brasil, el 1.º de octubre de 2014. (Carp. n.º 1572/2014)».

(Antecedentes).

 

i001.jpg

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración el artículo único

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

28) CAPITAL NACIONAL DEL COOPERATIVISMO

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde ahora considerar la urgencia de la otra Carpeta.

SEÑOR CONDE.- Señor Presidente: hay dos aspectos que justifican la solicitud de urgente consideración de este proyecto de ley. Por un lado, el hecho de que ya cuente con media sanción de la Cámara de Representantes –que nos permite transformarlo en ley en el día de hoy– y, por otro, su propio contenido.

Este proyecto de ley establece que, cada año, antes de cierta fecha –que se estipula el 15 de noviembre de cada año– el Poder Ejecutivo remitirá una propuesta para designar una ciudad o lugar dentro del territorio nacional como capital del cooperativismo por el año siguiente.

Visto que ese plazo se cumple el 15 de noviembre, de acuerdo con este proyecto de ley, sería conveniente dejarlo sancionado para que, oportunamente, el Poder Ejecutivo pueda remitir la propuesta para designar la Capital Nacional del Cooperativismo para el año 2015.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se declara urgente y se considera de inmediato el referido proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Contamos con mayoría absoluta, lo cual también permite sortear en este caso la dificultad del plazo con el que fue presentado.

En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se prevé que el Poder Ejecutivo remita anualmente a la Asamblea General un proyecto de ley por el que se designe la Capital Nacional del Cooperativismo para el año siguiente. (Carp. n.º 1591/2014)».

(Antecedentes).

 

j001.jpg

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

29) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 14 y 30 minutos, presidiendo el señor Danilo Astori y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Antognazza, Baráibar, Conde, Da Rosa, Fernández, Gallicchio, Gallo Imperiale, Lescano, Martínez Huelmo, Moreira (Carlos), Pasquet, Penadés, Pintos, Rosadilla, Tajam y Topolansky).

DANILO ASTORI Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.