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n.º 286 - TOMO 522 - 8 DE JULIO DE 2014

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

QUINTO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA

20.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR DANILO ASTORI Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO,

Y EL PROSECRETARIO MIGUEL SEJAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

 – El señor Senador Penadés solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Universidad Tecnológica del Uruguay, relacionado con distintos aspectos vinculados al funcionamiento de dicha institución.

• Oportunamente fue tramitado.

5) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

6) y 8) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Solari, Rosadilla, Gallinal, Nin Novoa, Bordaberry, Tajam, Gallo Imperiale y Amorín.

– Quedan convocados los señores Senadores Umansky, Clavijo, Morelli, Lescano, Cardoso, Martínez Huelmo, Echeverría y Malaquina.

7) y 9) Voto de Uruguay en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre hechos acaecidos en la península de Crimea

– Exposición del señor Senador Pasquet por el término de cuarenta minutos.

– Manifestaciones de varios señores Senadores.

10) Señor Álvaro Enrique González Otero. Designación como Embajador

 – Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designarlo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Angola.

• Concedida.

11) Régimen de trabajo

• Por moción del señor Senador Rubio, el Senado resuelve levantar la sesión luego de culminar la consideración del cuarto punto y que el resto de los asuntos pasen a integrar el Orden del Día de la sesión ordinaria que se celebrará mañana.

12) Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos sobre intercambio de información tributaria

– Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

13) Levantamiento de la sesión

• Por moción del señor Senador Rubio, el Senado resuelve levantar la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 4 de julio de 2014

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 8 de julio, a la hora 9:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.º) Solicitud del señor Senador Ope Pasquet, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Senado, para realizar una exposición por el término de cuarenta minutos, para referirse al voto de Uruguay en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre los hechos de notoriedad recientemente acaecidos en la península de Crimea.

Carp. n.º 1476/2014

2.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Angola al señor Álvaro Enrique González Otero.

Carp. n.º 1518/2014 – Rep. n.º 1091/2014

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos sobre intercambio de información tributaria y su Protocolo, firmados en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, el 24 de octubre de 2012 y Notas Reversales firmadas en La Haya, Reino de los Países Bajos, el 16 de febrero de 2013.

Carp. n.º 1222/2013 – Rep. n.º 1092/2014

4.º) por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de Bélgica para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal y su Protocolo, firmados en la ciudad de Montevideo, el 23 de agosto de 2013.

Carp. n.º 1373/2013 – Rep. n.º 1093/2014

5.º) por el que se declara la ciudad de Salto “Capital Nacional del Cooperativismo” en el año 2014.

Carp. n.º 1505/2014 – Rep. n.º 1085/2014

6.º) por el que se declara la ciudad de Artigas “Capital Nacional de las Piedras Preciosas y Semipreciosas, Amatistas y Ágatas”.

Carp. n.º 1519/2014 – Rep. n.º 1084/2014

7.º) por el que se declara el día 10 de setiembre de cada año como “Día del Reglamento de Tierras de 1815”, en conmemoración del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, firmado por José Artigas el mismo día del año 1815.

Carp. n.º 1312/2013 – Rep. n.º 1088/2014

8.º) por el que se declara el primer domingo del mes de diciembre como “Día del Perro de Trabajo”.

Carp. n.º 1067/2012 – Rep. n.º 1087/2014

9.º) por el que se designa con el nombre de “Dr. Eduardo Guerra Méndez” el Hospital de la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo, dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Carp. n.º 1310/2013 – Rep. n.º 1083/2014

10) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes remitidas por el Poder Ejecutivo a los efectos de destituir de su cargo:

– a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas, “Dirección Nacional de Aduanas”. (Plazo constitucional vence el 13 de agosto de 2014).

Carp. n.º 1508/2014 – Rep. n.º 1079/2014

– a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, “Dirección General de la Salud”. (Plazo constitucional vence el 28 de agosto de 2014).

Carp. n.º 1514/2014 – Rep. n.º 1086/2014

– a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, “Dirección General de Secretaría”. (Plazo constitucional vence el 8 de setiembre de 2014).

Carp. n.º 1530/2014 – Rep. n.º 1089/2014

11) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por la Presidencia de la Comisión Administrativa, a fin de destituir de su cargo a un funcionario de la Comisión Administrativa.

Carp. n.º 344/2010 – Rep. n.º 1090/2014

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario».

2)ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Agazzi, Antognazza, Baráibar, Cardoso, Chiruchi, Clavijo, Conde, Couriel, Da Rosa, Gallicchio, Gallo Imperiale, Heber, Lescano, Lorier, Malaquina, Martínez, Mezzera, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Morelli, Pasquet, Penadés, Rubio, Saravia, Tajam, Topolansky, Umansky, y Viera.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Amorín, Bordaberry, Gallinal, Lacalle Herrera, Michelini, Nin Novoa, Rosadilla y Solari; y con aviso, el señor Senador Larrañaga.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «El Poder Ejecutivo remite los siguientes mensajes:

• por el que solicita la venia correspondiente a los efectos de designar en calidad de Representante Permanente ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, al señor Ricardo González Arenas.

• por el que solicita la venia correspondiente a los efectos de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al señor Fernando López Fabregat.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 numeral 10 de la Constitución de la República, para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

• por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 3.º de la Ley n.º 19181, de 29 de diciembre de 2013, relativo a los estatutos sociales de las cooperativas.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

El Ministerio del Interior remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor Senador Francisco Gallinal, relacionado con la flota automotriz de todas las Jefaturas y Direcciones Nacionales de la Policía.

El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta de la Universidad de la República a un pedido de informes solicitado por el señor Senador Ope Pasquet, relacionado con el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa al escritor Mario Vargas Llosa.

–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS A LOS SEÑORES SENADORES GALLINAL Y PASQUET.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se autoriza la salida del país de efectivos del Ejército Nacional a efectos de participar en el desfile cívico-militar por el aniversario de la declaratoria de la independencia de la República Federativa del Brasil, a desarrollarse en la ciudad de Jaguarão el 7 de setiembre de 2014.

• por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional integrada por dos señores Oficiales Subalternos y seis Personal Subalterno con su armamento individual y equipo especial, para participar en la Competencia “Fuerzas Comando 2014”, a llevarse a cabo en la Base Aérea de Tolemaida, Melgar, República de Colombia, entre el 20 de julio y el 1.º de agosto de 2014.

–A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

• por el que se prohíbe la compra y tenencia de tierra a cualquier título con finalidades de explotación agropecuaria en todo el territorio nacional a empresas extranjeras o instaladas en el país en las que participe directa o indirectamente un Estado extranjero.

–A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

• por el que se designa con el nombre de “Doctor Juan Gómez Gotuzzo” el Liceo n.º 1 del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

• por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 16021, de 13 de abril de 1989, relativas a la nacionalidad uruguaya.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

Asimismo, comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta por un plazo de un año, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Aratirí S.A.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Comisión de Salud Pública eleva informado un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de “Dr. Eduardo Guerra Méndez” el Hospital de la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo, dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia del Poder Ejecutivo, a los efectos de destituir de su cargo:

• a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería;

• a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, y

• a un funcionario de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se declara la ciudad de Salto “Capital Nacional del Cooperativismo” en el año 2014, y

• por el que se declara la ciudad de Artigas “Capital Nacional de las Piedras Preciosas y Semipreciosas, Amatistas y Ágatas”.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se declara el primer domingo del mes de diciembre como “Día del Perro de Trabajo”, y

• por el que se declara el día 10 de setiembre de cada año como “Día del Reglamento de Tierras de 1815”, en conmemoración del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, firmado por José Artigas el mismo día del año 1815.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueban el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de Bélgica para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, y su Protocolo, firmados en la ciudad de Montevideo el 23 de agosto de 2013, y• por el que se aprueban el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos sobre intercambio de información tributaria, y su Protocolo, firmados en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, el 24 de octubre de 2012, y Notas Reversales firmadas en La Haya, Reino de los Países Bajos, el 16 de febrero de 2013.

Asimismo, eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, a los efectos de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Angola al señor Álvaro Enrique González Otero.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 11 de la Constitución de la República, para conferir el ascenso al grado de Coronel, con fecha 1.º de febrero de 2014, por el Sistema de Antigüedad, Concurso y Selección, por aplicación de los artículos 130 y 131 del Decreto Ley n.º 14157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas), de 21 de febrero de 1974, a varios señores Tenientes Coroneles.

–REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador comunica la integración del Grupo de Amistad Interparlamentario con la República Oriental del Uruguay.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Tribunal de Cuentas remite copia de oficios transcribiendo varias resoluciones relacionadas con los siguientes organismos: Administración de Ferrocarriles del Estado; Administración de los Servicios de Salud del Estado; Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland; Administración Nacional de Educación Pública (Consejo Directivo Central y Consejo de Educación Técnico Profesional); Administración Nacional de Telecomunicaciones; Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; Banco Central del Uruguay; Cámara de Representantes; Dirección Nacional de Aduanas; Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Facultad de Agronomía; Hospital de Clínicas; Instituto Nacional de Colonización; Junta Departamental de Río Negro; Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social, de Transporte y Obras Públicas, y de Turismo y Deporte; Pluna Ente Autónomo; Poder Judicial y Presidencia de la República.

–TÉNGANSE PRESENTES. LOS OFICIOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL PARLAMENTO. LA INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES SENADORES EN LA SECRETARÍA DEL SENADO».

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «El señor Senador Gustavo Penadés, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Universidad Tecnológica del Uruguay, relacionado con distintos aspectos vinculados al funcionamiento de dicha institución.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 3 de julio de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Contador Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio a la Universidad Tecnológica del Uruguay el siguiente pedido de informes:

1. ¿Cuál será el costo estimado para la construcción y equipamiento de la sede de la UTEC en Fray Bentos?

2. Además de las carreras dispuestas para el litoral y la proyectada, para realizarse en Florida, ¿qué otras carreras se piensan llevar adelante en otras zonas del país? ¿Por qué se eligieron esas carreras y esa ubicación?

3. Los planes generales de la educación terciaria pública incluyen la formación de polos en diferentes ciudades del país con intervención de la UdelaR, de la ANEP y de Formación Docente. ¿Cómo prevé la UTEC incluirse en esa planificación?

4. ¿Está en los planes de la UTEC instalar un centro en Durazno o en Tacuarembó?

5. Con respecto a Rivera, ¿qué se piensa hacer? ¿Participará en el polo de educación terciaria que se instalará allí?

6. ¿Cuáles fueron los criterios y procedimientos usados para la aprobación de los planes de estudio de las carreras 2014 de la UTEC? ¿Hubo consultas con instituciones externas? ¿Con cuáles? ¿Las carreras y planes de estudio han sido sometidos a la consideración de las instancias del Poder Ejecutivo que deben autorizar la expedición del título de grado?

7. ¿Cuántos profesionales prestan funciones como asesores en la UTEC? ¿Cuál es su nivel salarial? ¿Fueron contratados a través de llamado público o directamente?

8. ¿Está prevista la contratación de docentes de la Universidad de la República? ¿Está resuelto el problema de compartir docentes con dedicación total de la Universidad de la República, respetando su normativa de exclusividad? ¿Además del complemento por dedicación exclusiva (que paga la UdelaR), la UTEC pagará otros incrementos adicionales?

9. Con relación a la Licenciatura en Leche y Productos Lácteos, ¿fue desechada la idea de realizar un convenio con la UTU para crear un título terciario compartido entre dicha institución y la UTEC? ¿Cuántas personas se han contratado para el dictado de la carrera, y cuáles son sus retribuciones?

10. ¿Qué cursos o carreras se prevé que comiencen en el segundo semestre de 2014? ¿Cuáles fueron los criterios que motivaron las mismas, así como los lugares en que se dictarán?

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Gustavo Penadés. Senador».

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- A la sesión ordinaria del día 1.º de julio faltaron con aviso los señores Senadores Chiruchi y Penadés.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 24 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Gallo Imperiale y Lacalle Herrera.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 1.º de julio faltaron con aviso la señora Senadora Moreira y el señor Senador Lorier.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 1.º de julio faltaron con aviso los señores Senadores Chiruchi y Lorier.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 2 de julio faltó con aviso el señor Senador Bordaberry.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 2 de julio faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Bordaberry.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 2 de julio faltó con aviso el señor Senador Rubio.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 3 de julio faltaron con aviso los señores Senadores Gallinal, Lorier y Pasquet.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 3 de julio faltó con aviso el señor Senador Heber.

A la sesión de la Subcomisión de Reforma del Código del Proceso Penal del 3 de julio faltaron con aviso los señores Senadores Da Rosa y Lorier.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 3 de julio faltó con aviso el señor Senador Larrañaga.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).-
«Montevideo,7 de julio de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Contador Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, el día 8 de julio de 2014.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Alfredo Solari. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Fernando Scrigna ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Isaac Umansky, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).-
«Montevideo, 7 de julio de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia los días martes 8 y miércoles 9 del corriente, por motivos personales.

Sin más, lo saludo atentamente.

Luis Rosadilla. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Carlos Gamou, Pablo Álvarez, Javier Salsamendi y Juan Souza han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Hebert Clavijo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Montevideo, 7 de julio de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Contador Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

Solicito a usted se sirva cursar al Cuerpo el pedido de licencia desde el día 8 de julio de 2014 hasta el día 22 de julio de 2014 inclusive, al amparo del literal D) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 20 de setiembre de 2004, y se convoque a mi suplente respectivo.

Saludo a usted muy atentamente.

Francisco Gallinal. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–16 en 18. Afirmativa.

Se comunica que la señora Verónica Alonso ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor León Morelli, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).-
«Montevideo, 7 de julio de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Contador Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por razones personales por los días 8 y 9 del corriente mes, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Rodolfo Nin Novoa. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Héctor Lescano, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).-
«Montevideo, 7 de julio de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Contador Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia sin goce de sueldo, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares, los días 8, 9 y 10 de julio del presente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Pedro Bordaberry. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–18 en 19. Afirmativa.

Queda convocado el señor Germán Cardoso, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).-
«Montevideo, 8 de julio de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º literal D) de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, para participar en el Seminario para Parlamentarios de América Latina organizado por la Unión Interparlamentaria y la Asamblea General del Poder Legislativo de Uruguay en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a desarrollarse entre los días 15 y 16 del corriente en Montevideo.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Héctor Tajam. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Gabriel Frugoni, Carlos Baldassini, Juan José Domínguez, Andrés Berterreche, Aníbal Pereyra, Yamandú Orsi, Daniel Garín y Daniel Montiel han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Rubén Martínez Huelmo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).-
«Montevideo, 7 de julio de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Danilo Astori

 

De mi consideración:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º, literal C), de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo me conceda licencia por el período comprendido entre el 22 y el 25 de julio del corriente año, para concurrir a la ciudad de Panamá durante los días 23 al 26 de julio, a la reunión de la Comisión de Salud del Parlatino.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Luis José Gallo Imperiale. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Ruben Obispo, Álvaro Luzardo, Héctor Lescano, Gustavo Guarino, Humberto Ruocco, Felipe Michelini, Antonio Gallicchio y Mariela Torello han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Alejandro Echeverría, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

7) VOTO DE URUGUAY EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE HECHOS ACAECIDOS EN LA PENÍNSULA DE CRIMEA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Solicitud del señor Senador Ope Pasquet, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Senado, para realizar una exposición por el término de cuarenta minutos, para referirse al voto de Uruguay en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre los hechos de notoriedad recientemente acaecidos en la península de Crimea. (Carp. n.º 1476/2014)».

Tiene la palabra el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: ante todo, agradezco al Senado que me haya autorizado a realizar esta exposición. Adelanto que, contra mi costumbre, en esta oportunidad no concederé interrupciones porque creo que el tiempo del que dispongo me permite apenas completar la exposición que he preparado.

La cuestión a abordar es la siguiente: en el pasado mes de marzo se produjo, mediante una serie de hechos materiales y actos jurídicos que luego señalaremos, la anexión a Rusia de la península de Crimea, parte integrante del territorio de Ucrania. La Asamblea General de la Naciones Unidas trató el tema y el 27 de marzo aprobó una declaración titulada «Integridad territorial de Ucrania», en la que reafirmó principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, como el de la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la integridad territorial de los Estados, llamando a los miembros de la comunidad internacional a no reconocer ningún cambio en el estatus de Crimea ni en el de la ciudad y puerto de Sebastopol. En la votación de esa declaración, Uruguay se abstuvo.

Han pasado más de tres meses desde el día de la votación en la Asamblea General de la Naciones Unidas; está culminando ahora el campeonato mundial de fútbol y estamos en año electoral, no siendo temas como el que hoy planteamos los que atraen la atención de la ciudadanía. Pese a la concurrencia de estos factores, mantenemos y reafirmamos nuestro propósito de traer este asunto a la consideración del Senado, porque nos parece de la mayor importancia; de una importancia que trasciende lo coyuntural y lo partidario y concierne directamente a los principios y normas básicas del Derecho Internacional Público que sustentan la existencia de la República Oriental del Uruguay como Estado independiente y soberano.

La abstención de Uruguay en la votación referida constituye un claro apartamiento de la posición tradicional del país, de apego resuelto y firme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Ese cambio en la posición uruguaya es contrario al interés nacional, porque un Estado como el uruguayo, carente de medios materiales y humanos para defenderse a sí mismo de eventuales agresiones o amenazas provenientes del exterior, debe militar siempre a favor de los principios y normas que consagran la independencia, la integridad territorial y la igualdad soberana de todos los Estados.

Lamentablemente, no se trata de un acto aislado. Esa abstención luce como un corolario particularmente peligroso de la doctrina presidencial según la cual «lo político está por encima de lo jurídico». El señor Vicepresidente de la República, además, recordó y exaltó la abstención de Uruguay en la referida votación, cuando hace pocos días estuvo de visita en Rusia.

Nos resulta indispensable dejar constancia formal y expresa de que el Partido Colorado no comparte esas orientaciones, de que a nuestro juicio Uruguay debe manifestarse siempre a favor de los principios de cuya vigencia depende su propia supervivencia y de que, por lo tanto, debió votar a favor de la declaración mentada.

A continuación desarrollaremos lo que en forma sintética acabamos de expresar.

La ilegítima incorporación de la llamada «República de Crimea» a Rusia se consumó el pasado 18 de marzo, cuando el presidente ruso Vladimir Putin promulgó la ley sancionada por el órgano legislativo de su país, que dispuso dicha incorporación. Apenas dos días antes, el domingo 16 de marzo, se había realizado en Crimea un referéndum en el cual una mayoría del 97 % de los votantes –porcentaje insólito en los países democráticos, pero que hace recordar las espectaculares «mayorías» que obtenía invariablemente el oficialismo en la ya desaparecida Unión Soviética– se manifestó a favor de la incorporación a Rusia. Según los separatistas, los que votaron fueron el 82 % de los habilitados para hacerlo; según las autoridades ucranianas, fueron en realidad solo el 34 % de los habilitados. No se permitió la presencia de observadores internacionales.

Para entender cómo se llegó a la anexión, es preciso repasar algunos datos de la historia reciente de Ucrania, país del que formaba parte –y del que, desde el punto de vista jurídico, sigue formando parte– el territorio de Crimea.

La República Socialista Soviética de Ucrania surgió en 1922 como una de las fundadoras de la Unión Soviética. En 1945 fue también una de las fundadoras de la Organización de las Naciones Unidas. En 1954, el Gobierno soviético encabezado por Nikita Kruschev le transfirió la península de Crimea, que desde entonces forma parte de su territorio.

Ucrania se independizó de la Unión Soviética en 1991, luego del fallido intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Gorbachov. En diciembre de ese mismo año se produjo la disolución de la Unión Soviética y la creación de la Comunidad de Estados Independientes, por un acuerdo entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que se materializó en el llamado Tratado de Belavezha. El artículo 5.º de ese Tratado establece que «Las Partes Contratantes reconocen y respetan la integridad territorial del otro y la inviolabilidad de las fronteras existentes en la Comunidad […]».

La independencia de Ucrania hizo necesario encarar el hecho de que en su territorio estaba instalada buena parte del arsenal nuclear soviético. En mayo de 1992 Ucrania firmó el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas –START I–, comprometiéndose a entregar todas sus armas nucleares a Rusia para su eliminación y a unirse al Tratado para la No Proliferación Nuclear. En 1994 Ucrania ratificó ese Tratado, y para 1996 ya se encontraba libre de armas nucleares.

Lo que específicamente interesa, desde nuestro punto de vista, es que el complemento natural de la decisión de Ucrania de entregar las armas nucleares de que disponía, fue el compromiso que asumieron Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido de garantizar su soberanía y su seguridad mediante la firma del llamado Memorando de Budapest, el 5 de diciembre de 1994, al que también adhirieron China y Francia.

En ese Memorando las Partes asumen el compromiso indicado remitiéndose expresamente al Acta Final de Helsinki de 1975, o Acta Final de la OSCE –Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa–, firmada por los líderes de 35 Estados, que establece diez principios de las relaciones internacionales, entre los que se cuentan la igualdad soberana de los Estados, el respeto de los derechos inherentes a la soberanía, la inviolabilidad de las fronteras, el respeto a la independencia, la integridad territorial y la unidad de los Estados, la prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, etcétera.

El 31 de mayo de 1997 Ucrania y Rusia firmaron el Tratado de Amistad, Cooperación y Colaboración, que entró en vigor el 1.º de abril de 1999.

En el Preámbulo de este documento las Partes reafirmaron «su compromiso con el Derecho Internacional, sobre todo con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y el cumplimiento de todas las obligaciones que se tomaron en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa».

Varios artículos del Tratado desarrollan y precisan estos criterios en materia de igualdad soberana de los Estados, el deber de respetar la integridad territorial y las fronteras de cada uno, etcétera.

El artículo 10, en particular, expresa que «cada Parte protege los derechos de sus ciudadanos que viven en el territorio de la otra Parte mediante el procedimiento determinado y en conformidad con las obligaciones contraídas ante la OSCE, otros principios y normas universalmente reconocidos y los acuerdos en el marco de la Comunidad de Estados Independientes».

No escapará al criterio de los señores Senadores la importancia de esta cláusula en el marco de la situación actual. El Gobierno ruso ha invocado reiteradamente la necesidad de proteger a la minoría étnica rusa en Ucrania para justificar sus acciones allí. Sin embargo, por el Tratado de 1997 se había obligado a brindar esa protección, de acuerdo con un marco jurídico bien determinado, que no preveía, ciertamente, la anexión territorial como un procedimiento válido.

Quiere decir pues que, desde el punto de vista jurídico, las relaciones entre Ucrania y Rusia quedaron claramente establecidas en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y el Acta Final de Helsinki de 1975, que obligan a respetar la soberanía e independencia de los Estados, la integridad de sus territorios y la inviolabilidad de sus fronteras, así como a renunciar al uso de la fuerza y a la amenaza de su utilización.

Desde el punto de vista político, en cambio, las relaciones entre Ucrania y Rusia rápidamente acusaron tensiones que no eran exclusivas de la relación bilateral, sino que formaban parte del proceso más amplio a través del cual, tras la disolución de la URSS y el fin de la Guerra Fría, Rusia procuraba reacomodarse en el plano internacional. En los años noventa, la debilitada Rusia de Boris Yeltsin no pudo oponerse al aumento de la influencia de los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, pero ya en el siglo XXI las cosas cambiaron con la llegada al poder de Vladimir Putin. Evidentemente, Putin procura frenar la penetración de Occidente en las que fueron tradicionalmente zonas de influencia o de dominio directo de Moscú.

Conflictos como la llamada Guerra de Georgia del año 2008, que dejó como resultado dos enclaves ocupados por fuerzas rusas en el territorio de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur; situaciones no resueltas y potencialmente conflictivas, como la existente entre la República de Moldavia y el territorio de Transnistria; focos de tensión, como el que existe entre Rusia y los pequeños estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, que no ocultan su preocupación cuando Putin reivindica su pretendido derecho a proteger aun militarmente a los rusos étnicos, estén donde estén; todo esto, como la crisis de Ucrania, es parte de ese proceso de reacomodamiento de Rusia en el plano internacional después de la disolución de la Unión Soviética.

Ucrania está ubicada en la zona de fricción entre Rusia y Occidente, lo que dentro mismo del país genera tensiones entre los partidarios de una y de otro. Estas tensiones no surgen ahora; de una u otra forma han existido siempre. A este respecto, basta recordar que en el siglo XIX lo que hoy es el territorio ucraniano se dividía entre el imperio ruso y el imperio austrohúngaro. En la actualidad, la Ucrania oriental y sudoriental –Donetsk, Lugansk y Crimea– mantienen fuertes vínculos con Rusia y tienen un alto componente étnico ruso en su población, lo que no sucede en la Ucrania occidental. Esta división se traslada al campo político, en el que se disputa la orientación del país hacia Rusia o hacia la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN.

En noviembre de 2013 el entonces Presidente ucraniano Víctor Yanukóvich anunció que no firmaría dos Acuerdos ya negociados con la Unión Europea –uno de asociación y cooperación y otro de libre comercio–, que constituían algo así como el preámbulo de la integración de Ucrania como miembro pleno a la Unión Europea.

En lugar de los frustrados Acuerdos con la Unión Europea, Yanukóvich firmó, en diciembre de 2013, otros Acuerdos con Rusia, por los cuales esta compró deuda ucraniana por un monto de unos US$ 15.000:000.000 y se obligó a reducir aproximadamente en un tercio el precio del gas natural, que es vital para el abastecimiento energético de Ucrania.

El brusco viraje internacional del Gobierno de Yanukóvich provocó protestas populares –según el gobierno ucraniano de entonces, alentadas y apoyadas desde el exterior– que rápidamente crecieron en volumen e intensidad. Los manifestantes ocuparon la Plaza de la Independencia de Kiev y varios edificios públicos, chocaron con las fuerzas del orden y fueron duramente reprimidos, produciéndose más de un centenar de muertes y mucho más de un centenar de desaparecidos en el curso de semanas y de meses de agitación. Finalmente, el pasado 22 de febrero el Parlamento depuso al presidente Yanukóvich, quien huyó del país para denunciar luego, desde Rusia, el haber sido víctima de un golpe de Estado. Desde Ucrania, en cambio, se le responsabiliza personalmente por haber ordenado la brutal represión contra los manifestantes en la Plaza de la Independencia, que causó tantos muertos y desaparecidos, y se anuncia que se pedirá su extradición para juzgarlo como responsable de crímenes de lesa humanidad.

Tras la destitución de Yanukóvich, el Parlamento ucraniano llamó a elecciones presidenciales –que efectivamente se celebraron el pasado 25 de mayo– e instaló un Gobierno provisorio de clara orientación prooccidental.

Los días 27 y 28 de febrero –es decir, muy pocos días después de la destitución de Yanukóvich, que es el desencadenante de los acontecimientos– grupos armados y uniformados, pero no identificados, ocuparon edificios públicos en Simferópol, la capital de Crimea, y rodearon los principales aeropuertos de la península. El Gobierno ucraniano interpretó estos hechos como una agresión directa de Rusia, y el Primer Ministro interino, Arseni Yatseniuk, dijo que ese país le había declarado la guerra. El Gobierno de los Estados Unidos afirmó que Rusia controlaba Crimea. Varios Gobiernos europeos formularon declaraciones en el mismo sentido. Según la BBC, el propio Putin terminó por admitir que estas eran tropas rusas, pese a su negativa inicial.

A comienzos de marzo, el autoproclamado Primer Ministro de la República de Crimea, Serguéi Aksiónov, pidió a Putin la intervención de Rusia. Putin contestó que no ignoraría la petición de Crimea, y consiguió que el Consejo de la Federación Rusa autorizara el envío de tropas a Ucrania para el caso en que fuera necesario proteger a los nacionales rusos que allí se encuentran.

El 6 de marzo las autoridades de facto de Crimea convocaron a la población a un referéndum –no previsto por la Constitución ucraniana ni autorizado por el Gobierno de Kiev– para decidir la integración de Crimea a Rusia.

El 11 de marzo el Gobierno de la República Autónoma de Crimea y las autoridades de la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de Ucrania, la que fue reconocida solamente por Rusia.

El 16 de marzo, estando el territorio de Crimea ocupado por fuerzas militares no identificadas pero que el propio Putin reconocería luego que eran rusas, se realizó el referéndum en el que los votantes se pronunciaron a favor de la incorporación de la República Autónoma de Crimea a Rusia, que sería aceptada por el Gobierno ruso dos días más tarde.

El 24 de marzo, el ejército ucraniano, que por la cantidad de efectivos es el segundo de Europa –el primero es el ruso–, se retiró de Crimea por orden de su Gobierno, sin haber entrado en combate.

La pérdida de Crimea no significó el fin de los problemas para Ucrania. El conflicto continuó y continúa hasta hoy en la parte oriental del país, en las regiones de Donetsk y Lugansk, donde actúan grupos armados prorrusos –por decir lo menos– que desconocen la autoridad del Gobierno de Kiev y controlan buena parte del territorio.

Las consecuencias de todos estos hechos desbordan obviamente las fronteras de Ucrania. La etapa de entendimiento y hasta de colaboración entre Rusia y Occidente –es decir, Estados Unidos y la Unión Europea– que siguió al fin de la Guerra Fría, parece haber concluido definitivamente. Estamos ante otro escenario, que algunos analistas consideran equivalente al de una segunda Guerra Fría, no solo en el plano diplomático sino incluso en el militar. Las repercusiones de esta situación se harán sentir a escala mundial. Desde nuestra comarca, felizmente alejada del teatro de los acontecimientos pero siempre expuesta a los efectos de las grandes turbulencias internacionales, debemos tomar nota de lo que está sucediendo.

No intentaremos resumir la crónica de lo ocurrido hasta hoy. A nuestros efectos los hechos relevantes son los sucedidos antes del 27 de marzo, porque fue en esa fecha que se reunió la Asamblea General de las Naciones Unidas y votó por amplia mayoría –de la que no formó parte Uruguay– la Resolución n.º 68/262, a la que habremos de referirnos y cuyo texto, en la versión oficial de las Naciones Unidas, pedimos desde ya que se incorpore a la versión taquigráfica de la sesión de hoy.

El proyecto de resolución fue presentado a la Asamblea por el representante de Ucrania, quien dijo que, después de dos semanas de ocupación militar, una parte integral de su país había sido anexada, por la fuerza, por un Estado que previamente se había comprometido a garantizar su independencia, soberanía e integridad territorial. «Lo que pasó en mi país fue una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas», afirmó el representante ucraniano.

La resolución, titulada «Integridad territorial de Ucrania», comienza «Reafirmando la importancia fundamental de la Carta de las Naciones Unidas en la promoción del Estado de derecho entre las naciones». Luego, y como es usual en este tipo de documentos, la resolución relaciona una serie de antecedentes, a algunos de los cuales ya hicimos referencia en el curso de nuestra exposición: las obligaciones de los Estados de acuerdo con el art. 2.º de la Carta de las Naciones Unidas –abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, etcétera–; la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, que aprobó la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; el Acta Final de Helsinki de 1975; el Memorando de Budapest de 1994; el Tratado de Amistad y Cooperación entre Ucrania y Rusia de 1997, y la Declaración de Alma-Ata de 1991.

En lo medular, la resolución expresa:

• La determinación de la Asamblea General de «preservar la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente»;

• Que «exhorta a todos los Estados a que desistan y se abstengan de cometer actos encaminados a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de Ucrania, incluidos los intentos de modificar las fronteras de Ucrania mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otros medios ilícitos»;

• Que «recalca que el referendo celebrado en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol el 16 de marzo de 2014, al no tener validez, no puede servir de base para modificar el Estatuto de la República Autónoma de Crimea o de la ciudad de Sebastopol»;

• Que «exhorta a todos los Estados, organizaciones internacionales y organismos especializados a que no reconozcan ninguna modificación del estatuto de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol sobre la base del citado referendo y a que se abstengan de todo acto u operación que pudiera interpretarse como un reconocimiento de ese estatuto modificado».

El representante ruso, señor Vitaly Churkin, se opuso a la resolución alegando, en lo sustancial, que debía respetarse el ejercicio por el pueblo de Crimea de su derecho a la autodeterminación, sin mencionar el hecho de que el referéndum a través del cual se habría ejercido ese derecho se había realizado mientras fuerzas rusas ocupaban el territorio de Crimea y sin presencia de observadores internacionales.

La representante uruguaya, señora Cristina Carrión, dijo que su Gobierno se abstendría en la votación, pese a estar de acuerdo con varios párrafos del texto. El principio de soberanía –dijo– siempre llevó a Uruguay a actuar de acuerdo con la ley internacional, incluso con respecto a la declaración unilateral de independencia hecha por Kosovo y al referéndum de las Malvinas. En ambos casos Uruguay rechazó la socavación de los principios de la Carta, agregó la representante uruguaya, quien puso énfasis en que la integridad territorial es un principio esencial que debe ser respetado. Sin embargo, continuó –y cito–, «existen otros elementos de índole política que nuestro país considera inconvenientes y que alteran sensiblemente el alcance de esta resolución». La representante uruguaya no dijo a qué «elementos de índole política» se refería, ni mucho menos explicó cómo esos elementos podían pesar más que los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Lo cierto es que, a la hora de votar, Uruguay se abstuvo.

La resolución fue aprobada por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones. Entre quienes votaron a favor se cuentan: México, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Japón y todos los miembros de la Unión Europea. Votaron en contra Rusia, Bielorrusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Corea del Norte, Armenia, Sudán, Siria y Zimbabue. Además de Uruguay, se abstuvieron –entre otros– Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y China.

Uruguay debió votar a favor de la Resolución 68/262, demostrando así la firmeza y seriedad de su compromiso con los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, sobre los que se asienta el orden jurídico internacional.

Ante un caso claro de agresión de un Estado a otro, con violación de fronteras previa y formalmente reconocidas por el agresor y menoscabo de la soberanía e integridad territorial del agredido a través de la anexión de una parte de su territorio, correspondía condenar la conducta contraria a derecho, expresar solidaridad con el Estado agredido, negarse a reconocer la anexión territorial y ratificar la vigencia de los principios vulnerados.

Debió procederse de la manera indicada, ante todo porque era lo que correspondía conforme a Derecho y también porque la defensa del Derecho Internacional, especialmente de sus principios fundamentales, es lo que más conviene al interés nacional del Uruguay.

Los Estados que carecen de los medios materiales y humanos para defenderse por sí mismos contra hipotéticas agresiones externas son los primeros interesados en la vigencia y efectiva aplicación del Derecho, porque esa es su primera y principal defensa. El representante de Costa Rica lo dijo claramente cuando fundamentó su voto a favor de la Resolución 68/262: Costa Rica no tiene fuerzas armadas para defender sus fronteras, expresó; el Derecho Internacional es nuestra arma. En sustancia, eso mismo debió decir Uruguay, votando a favor de la Resolución.

Cuando los Estados pequeños reclaman el respeto al Derecho Internacional, están defendiendo su propio interés –por lo que viene de decirse– y, además, están prestando un servicio a la comunidad internacional, al cumplir lo que el historiador Jacob Burckhardt llamaba –en sus «Consideraciones sobre la Historia Universal»– la misión de los pequeños Estados en la historia. Esa misión es la de expresar y sostener los más altos ideales civilizatorios de una época, de la manera incondicional que impone su propio interés y, por lo tanto, sin pagar tributo a las razones geopolíticas, militares, diplomáticas, comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, que tan a menudo desvían la conducta de las potencias grandes y medianas del camino de lo que debe ser.

Uruguay se ayuda a sí mismo y se hace útil a la comunidad internacional cuando, desde el lugar de los que no pueden hacer daño a nadie ni son una amenaza para nadie, reclama el acatamiento del Derecho Internacional por todos los miembros de aquella.

Por el contrario, se desdibuja el perfil internacional de la República y se socavan las bases de lo que pudiera llegar a ser algún día una política exterior «de Estado», acordada por todos los partidos, si, como en el caso en consideración, el Gobierno de turno adopta posiciones que implican relativizar los principios fundamentales del orden jurídico internacional, en función de consideraciones políticas que ni siquiera tiene a bien declarar.

Cuando el Gobierno uruguayo se abstiene de votar, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a favor de la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, a favor del respeto de la soberanía e integridad territorial de los Estados y a favor de la solución pacífica de las controversias, lo menos que puede hacer es explicar clara y precisamente las razones de la abstención, a los miembros de la comunidad internacional representada en aquella Asamblea y a sus propios ciudadanos.

Como todos sabemos, no fue eso lo que ocurrió. Uruguay invocó «razones de índole política» –entre comillas–, sin decir cuáles, para fundamentar su abstención.

Estamos, evidentemente, ante otra aplicación de la doctrina que identifica al actual Gobierno, según la cual «lo político» está por encima de «lo jurídico». ¿Cuáles fueron, precisamente, esas «razones de índole política»? ¿Por qué no se expresaron en el momento mismo de la votación? Se lo preguntamos a la bancada de Gobierno y esperamos una respuesta clara y precisa a este respecto.

Mientras no se responda oficialmente a esas preguntas –elementales, ciertamente–, cada uno podrá hacer sus propias conjeturas. Podemos pensar, por ejemplo, que el Gobierno uruguayo dio prioridad una vez más, por sobre toda otra consideración, al propósito de actuar mancomunadamente con Argentina y Brasil, que también se abstuvieron. Si así fuera, se habría cometido un grueso error. Nuestros grandes vecinos tendrán sus razones –buenas, malas o peores– para actuar como lo hacen. Pero cuando justamente ellos, nuestros grandes vecinos, se abstienen de votar a favor del respeto de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los Estados, nosotros, en vez de acompañarlos, tendríamos que poner las barbas en remojo y reclamar, con todo el énfasis y la vehemencia de que seamos capaces, la estricta observancia de esos principios.

Tampoco podría invocarse el propósito de actuar de acuerdo con la Unasur como fundamento de nuestra abstención, porque ya dijimos que varios de sus Estados miembros –como Chile, Perú y Colombia– votaron a favor de la Resolución.

Y es obvio que el Mercosur no tiene nada que ver en este asunto, porque es una asociación de carácter esencialmente económico y comercial, y ninguna de sus normas puede obligar a nuestro país a callarse la boca y mirar para otro lado cuando una gran potencia decide arrebatarle una buena parte de su territorio al vecino.

Uruguay es candidato a ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente del Órgano, y no es un secreto que desde hace tiempo está en campaña para obtener los votos necesarios a ese efecto. Es posible que algún cálculo electoral haya incidido en la adopción de la posición que criticamos.

También es notorio que Uruguay promueve la candidatura del Canciller Almagro a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Seguramente esta iniciativa no surgió de un día para el otro, sino que insumió un tiempo de maduración, consultas y evaluación cuidadosa de las circunstancias de las que depende su viabilidad. Desde esta perspectiva, podría pensarse que la abstención en la Asamblea General de las Naciones Unidas responde al propósito de no disgustar a los miembros de la OEA que votaron a favor ni a aquellos que lo hicieron en contra de la Resolución n.º 68/262, manteniéndose así el Uruguay edulcoradamente alineado, por así decirlo, con dos abstencionistas tan importantes en el escenario regional como Argentina y Brasil.

Esta línea de razonamiento se refuerza teniendo en cuenta declaraciones recientemente formuladas por el Canciller Almagro a El País de Madrid, acerca de su candidatura al cargo mencionado. En la entrevista, publicada en la edición internacional de ese medio de prensa de fecha 4 de julio, se dice que «La apuesta de Uruguay para hacerse con la jefatura de la OEA pasa por su carácter de “puente entre los distintos mecanismos regionales”, en todos los cuales participa de alguna forma, y por el “excelente diálogo político y de cooperación con Estados Unidos y Canadá”». Además –y cito–: «La OEA lo que precisa es enganchar el sur con el norte, tender un puente no solamente entre las dimensiones ideológicas sino también geográficas, y eso también Uruguay lo puede hacer muy bien».

El Canciller Almagro está, pues, en campaña electoral para ser Secretario General de la OEA. Eso en sí mismo no tiene nada de malo, mientras no lleve al país a asumir posiciones en los foros internacionales que puedan ser funcionales a su candidatura pero contrarias al interés nacional. En este caso, eso es lo que parece haber sucedido.

Si de conveniencias se trata, se nos podrá decir que la lista de nuestros intereses no se limita a las mencionadas candidaturas; tenemos una interesante relación comercial con Rusia, que ha aumentado en los últimos años y para cuyo crecimiento aún mayor –entre otros fines– el Presidente del Cuerpo, contador Astori, estuvo recientemente en Moscú.

Se supo además, hace unos días, que Rusia habría manifestado su interés en el puerto de aguas profundas que pretende construir Uruguay.

Por si lo anterior fuera poco, que ciertamente no lo es, anuncia la prensa que el mismísimo Presidente ruso, Vladimir Putin, el hombre que, en estos momentos, está haciendo temblar a Europa, se entrevistaría próximamente con el Presidente Mujica, aprovechando una estancia en Brasil para asistir a una reunión del grupo de países llamado BRICS.

¿Será por todo este paquete de candidaturas, comercio e inversiones que nuestro país se abstuvo de votar a favor de los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas?

No lo sabemos; estamos tratando de imaginar cuáles son –o pudieron haber sido– las mentadas «razones de índole política». Pero si fuera así, si Uruguay se abstuvo de votar la Resolución 68/262 por las razones que venimos de señalar, tendríamos que expresar nuestra más radical discrepancia. Ni las candidaturas, ni el comercio ni otras ventajas materiales reales o hipotéticas pueden llevarnos a votar en contra de los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, cuya vigencia y observancia son de máximo interés nacional.

A nosotros no nos conciernen las disputas entre Rusia, los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, y haríamos muy mal si nos involucráramos en ellas. Pero se configura una situación distinta cuando esas disputas se trasladan al campo de las acciones militares, llevando a la violación de las fronteras de un Estado y a la absorción de una parte de su territorio por otro Estado. Estos hechos ponen en cuestión los principios básicos del orden jurídico internacional, recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Cuando eso sucede y la discusión al respecto se plantea nada menos que en el seno de la Asamblea General de la Organización, Uruguay no puede ser neutral: debe estar siempre a favor del Derecho Internacional, porque esa es su defensa contra eventuales agresiones. Mal podremos pedir mañana el apoyo de la comunidad internacional para rechazar un ataque injusto, si nos lavamos las manos públicamente frente a la agresión de que es víctima otro Estado parte de esa comunidad.

Llama la atención que la delegación uruguaya ante las Naciones Unidas, al exponer los fundamentos de su abstención al votarse la Resolución n.º 68/262, haya mencionado el respeto que Uruguay siempre ha tenido por la soberanía de los Estados y lo haya relacionado con la actitud asumida por nuestro país frente a la independencia de Kosovo y el referéndum recientemente celebrado en las islas Malvinas.

Llama la atención, decimos, porque esos antecedentes conducían directamente a votar a favor de la Resolución 68/262, que le niega validez al referéndum celebrado en Crimea el pasado 16 de marzo y llama a la comunidad internacional a no reconocerle efecto alguno.

Uruguay sigue sin reconocer a Kosovo, que declaró unilateralmente su independencia en 2008, y tampoco le reconoce validez alguna al referéndum recientemente celebrado en las islas Malvinas. Tras la invocación de estos antecedentes, resulta incomprensible la abstención.

La consideración de las circunstancias en las que se celebró el referéndum del pasado 16 de marzo en Crimea, conducen naturalmente y sin violencia a negarle toda validez a ese pronunciamiento. En primer lugar, porque según todas las opiniones que conocemos a este respecto, la Constitución de Ucrania no prevé que por esa vía pueda llegarse a la secesión de una parte de su territorio. Todos los miembros de la comunidad internacional tienen que ser muy cuidadosos en esta materia, porque el que admita que un grupo de ciudadanos de Ucrania pueda arrogarse el derecho de decidir que la porción de territorio ucraniano que habitan se separe de Ucrania y pase a formar parte de Rusia, estará admitiendo que al día siguiente un grupo de sus propios ciudadanos haga lo mismo con una porción del territorio de su Estado. Es la discusión que está planteada, como es notorio, entre el Gobierno de España y los promotores de la independencia de Cataluña. El Gobierno de España se niega a permitir la realización de un referéndum no previsto por la Constitución española, y cuenta con el respaldo de la comunidad internacional. No se entiende por qué el criterio tendría que cambiar en el caso de Crimea. Pero si el criterio de la comunidad internacional cambiase –lo que no creemos que vaya a suceder–, las consecuencias podrían ser muy peligrosas, porque se habilitaría el cuestionamiento de la integridad territorial de varios Estados, y de esa manera se podría comprometer además su paz interna y externa.

En segundo lugar en el orden de esta exposición –no en orden de importancia–, el referéndum celebrado en Crimea no puede tener valor alguno porque se realizó cuando hacía dos semanas que el territorio estaba ocupado por fuerzas militares rusas. Llamar a la gente a votar, en medio de una ocupación militar, es hacer escarnio de la democracia y pretender cubrir con sus formas un acto de fuerza en toda regla. Por eso la Asamblea General de las Naciones Unidas le negó todo valor a ese seudorreferéndum. Uruguay debió votar a favor de esa Resolución, por las razones por las que lo hicieron los cien Estados que la sancionaron y, además, por razones propias que vienen del fondo mismo de nuestra historia. Recordemos que en 1821, estando el territorio de la entonces Provincia Oriental ocupada por el ejército invasor portugués al mando de Lecor, el llamado Congreso Cisplatino votó la incorporación de la Provincia al Reino de Portugal. Cuatro años más tarde, en la Florida, la Ley de Independencia del 25 de agosto de 1825 declaraba –como recitábamos todos en la escuela– «írritos, nulos y disueltos y de ningún valor para siempre» todos los actos de incorporación arrancados a la Provincia Oriental por la violencia de la fuerza. Con este antecedente en nuestra historia, es incomprensible e inaceptable que no hayamos votado a favor de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que le negó toda validez al referéndum de Crimea, él también –como las decisiones de aquel triste Congreso Cisplatino– írrito, nulo y de ningún valor para siempre.

La fortaleza del Uruguay está en la firmeza de su adhesión a los principios y normas del Derecho Internacional, y muy especialmente a aquellos contenidos en el artículo 2.º de la Carta de las Naciones Unidas, que son la base de las relaciones de paz y amistad entre los miembros de la comunidad internacional.

Apegándonos al derecho nos hacemos el mayor bien a nosotros mismos ya que es nuestra única arma para enfrentar agresiones del exterior. Al proceder así, servimos al mismo tiempo a la comunidad internacional que necesita que los Estados que no constituyen ni pueden constituir una amenaza para nadie, y que tienen un prestigio bien ganado en la construcción de las instituciones internacionales, señalen el camino en la interpretación y aplicación de buena fe de las normas de la Carta de las Naciones Unidas.

Resistamos la tentación, que siempre acecha, de obtener ventajas del tipo que fuere –cargos, halagos, ventajas comerciales, inversiones– a cambio de claudicaciones en la defensa de los principios que debemos sostener. No entremos en el juego de las grandes potencias, en el que siempre seremos peones en un tablero que ni siquiera conocemos y que otros controlan. Ciñámonos a lo que es genuinamente nuestro y nos identifica: la defensa del derecho, de la democracia y de los derechos humanos, como bases de la convivencia dentro de cada nación y en la comunidad que forman todas ellas.

Nos apartamos de ese camino cuando nos abstuvimos de votar la Resolución n.º 68/262. Dejo expresa constancia de la discrepancia de mi partido, el Partido Colorado, con esa actitud que adoptó nuestro Gobierno. Lo hago, sin embargo, con la esperanza de que nuevas reflexiones y debates sobre estos asuntos nos permitan superar las diferencias, y no ahondarlas, porque en la defensa de los principios sobre los que se sostiene la existencia del Uruguay como Estado independiente y soberano, los uruguayos tenemos que estar todos juntos.

Muchas gracias, señor Presidente, y reitero la solicitud de que se incorpore a la versión taquigráfica el texto oficial de Naciones Unidas de la Resolución n.º 68/262.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Pasquet.

(Se vota:)

–22 en 25. Afirmativa.

Se hará la incorporación solicitada por el señor Senador Pasquet a la versión taquigráfica de esta sesión.

(Texto de la Resolución n.º 68/262 de las Naciones Unidas)

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SEÑOR PRESIDENTE.- Recuerdo a los señores Senadores que tienen derecho a intervenir por una sola vez y por un máximo de 20 minutos.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: agradezco al señor Senador Pasquet la oportunidad de haber realizado esta exposición sobre un tema de tanta importancia.

La presencia de Rusia en la comunidad internacional es un hecho absolutamente determinante desde el punto de vista político y, más que nada, geopolítico, sobre todo en los últimos tiempos en los que hasta el propio Estados Unidos –con el 40 % del armamento mundial y representando solo el 20 % del Producto Bruto– no está en condiciones de avanzar sobre estos temas y está terminando de definir una posición, y en los que la emergencia de países como China es un elemento decisivo; lo es desde el punto de vista asiático, pero también en el ámbito global, y si bien son potenciales no cuenta con una voluntad expresa del propio gobierno chino de avanzar en estos temas.

Lo que sí conocemos son las respuestas de Rusia y de China. Rusia avanza en la Unión Aduanera con Bielorrusia y Kazajistán, y en el año 2015 se incorporarán Armenia y Kirguistán. Esta es la respuesta al Tratado de Ucrania, Georgia y Moldavia con la Unión Europea. Estos tres países han decidido incorporarse a la Unión Europea y tuvieron la resistencia de Rusia en el entendido de que este país, más allá de los distintos avatares que la historia le ha determinado, sea en el aspecto ideológico, militar, comercial o económico, es un imperio y actúa como tal, con un criterio expansionista que es parte de su tradición histórica desde los zares hasta la época bolchevique, que tuvo su máxima expresión durante el denominado, por Eric Hobsbawm, «siglo corto», que va de 1917 a 1990.

Es importante conocer esto, porque estamos hablando de una zona absolutamente estratégica.

La Guerra de Crimea, que comenzó en 1853, determinó una enorme pulseada entre Inglaterra, Francia y Turquía. El zar de aquel tiempo tenía el objetivo político de avanzar sobre el mar Mediterráneo y llegar a Constantinopla. Esa guerra, donde participa Napoleón III –que tenía muchas más cualidades para ser conductor de un país que para emular las expresiones de la política exterior de su antecesor, Napoleón Bonaparte–, finalizó con el único congreso que Napoleón presidió, el Congreso de París, que dio término nada menos que al Congreso de Viena, que había dejado una determinada estabilidad en el aspecto internacional. Allí se establecieron ciertas limitaciones a la Rusia derrotada, como la de no alterar el mapa de Europa y la de no tener una armada en el mar Negro. A su vez, tuvo que devolver Besarabia y Kars a Turquía y tuvo que renunciar a su pretensión de ser el protector de los cristianos otomanos, que era una de sus aspiraciones. Todo esto, más allá de otro tema que –como bien mencionaba el señor Senador Pasquet– parece ajeno y sin embargo forma parte de la vida de cada uno de los Estados, que fue el de asegurar la libertad de navegación del río Danubio.

Simplemente quise hacer referencia a estos temas para abonar nuestra posición sobre esta situación que no es nueva. Crimea y Sebastopol son de los lugares más importantes para Rusia desde el punto de vista estratégico, sobre todo el puerto de Sebastopol, que es la salida al mar Mediterráneo y donde tiene instalada su marina. Pero de acuerdo con lo que ha expresado el señor Senador Pasquet, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó una resolución muy fuerte y muy clara en cuanto al respeto de los principios del Derecho Internacional, la cual el Uruguay votó en forma de abstención, pero recoge el principio por el cual todo lo que se realizó en el ámbito de Ucrania –mejor dicho, en Crimea– es contrario al Derecho Internacional y, además, recuerda el acto final, en 1975, de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, celebrada en Helsinki y el memorándum de seguridad con relación a la adhesión de Ucrania al Tratado sobre la no Proliferación de Armas Nucleares de 1994; el Tratado de Amistad de que hablaba el señor Senador Pasquet, de Cooperación entre Ucrania y la Federación Rusa del 31 de mayo de 1997 y la Declaración de Alma-Ata de 21 de diciembre de 1991. Esta resolución, que puso a consideración la Asamblea General de las Naciones Unidas en el ámbito del Derecho Internacional, quedó sometida a una votación en la que Uruguay se manifestó en forma de abstención, junto con Brasil y Argentina, en temas que nos preocupan enormemente.

El tema, como bien lo ha planteado el señor Senador Pasquet, es qué prevalencia tienen hoy los principios del Derecho Internacional, es decir, si la libre determinación de los pueblos está sobre el principio de integridad territorial. Esas son posiciones tradicionales del Uruguay que, además, están vinculadas a la autodeterminación y al principio de no intervención. Nosotros siempre hacemos valer los principios de no intervención y autodeterminación, pero sobre la base de que se sustenten en los carriles adecuados. En Derecho Internacional ninguna adquisición de territorio se puede hacer a expensas de otro Estado y aquí se hizo a expensas de Ucrania porque, en realidad, se incorporó a Crimea, y si no hubiera existido el veto ruso, el Consejo de Seguridad, por unanimidad, habría tomado una decisión de condena. Además, hubo una notoria intervención rusa que no fue solicitada y eso la transforma en una situación ilegal. Este es un tema muy importante pues, en tal caso, para que sea legal quien tiene que hacer esa solicitud es el propio Estado constituido, que es Ucrania y no la provincia separatista.

Señor Presidente: no se puede hacer la apología de la autodeterminación cuando no corresponde y sobre todo en temas que están muy referidos, incluso, a nuestra región. Corresponde defenderla siempre en su faz interna, es decir, sostener la libertad de organizarse como Estado sin injerencias extranjeras, pero no siempre –y menos a ciegas– en su faz externa, cuando se trata de justificar la separación de un territorio de un Estado constituido para anexarse a otro, contando además con su ayuda notoria. Esta distinción es parte, también, de una vieja tradición de nuestra colectividad política, que distingue entre la faz interna y externa para defender con mucha fuerza lo que ha sido nuestra columna vertebral en el ámbito del principio de no intervención y autodeterminación. Voy a poner un ejemplo sobre esto, señor Presidente. Las islas Malvinas –o las Falkland para los ingleses– pueden también estar sometidas a la discusión de la integridad territorial o también de la autodeterminación. Con relación a las Malvinas, el argumento de la autodeterminación no es válido por otros motivos, pero tampoco es suficiente para lo relativo a Crimea, ya que la autodeterminación o el referendo –que se ha llevado a cabo en ambos lados–, en el caso de Ucrania, no fue realizado con el consentimiento del Estado ucraniano, sino simplemente en el ámbito de una provincia autónoma que integra dicho Estado: Crimea. Tampoco fue previsto en su Constitución la forma en que se hizo. Se trata de un trámite realizado durante la ocupación rusa, sin perjuicio de que la población allí sea de origen ruso y haya votado a favor. No es la forma de legal de hacerlo; lo que se hizo fue una imposición, no fue autodeterminación. Hay que ser muy cuidadoso con la aplicación de estos principios, sobre todo cuando hay Estados vecinos que también se abstienen. No se pueden tirar al azar los principios internacionales, como si se tratase de una gran bolsa en la que puede caber todo. Cada uno de estos principios requiere, para que sea aplicado, que se cumplan ciertos requisitos. Para la autodeterminación de los pueblos, primero tiene que existir un pueblo que lucha por ella con una identidad propia, con una cultura diferente y que está sufriendo una discriminación del Gobierno central. Esto no se daba en Crimea y si la libre determinación no tuviera límites, muchas regiones españolas serían independientes; pero no es así porque el Gobierno central les da autonomía, precisamente, para que no adquieran la voluntad de autodeterminarse dentro de los límites del Derecho Internacional. De extender ese criterio, en cualquier momento podríamos decir: “Maldonado independiente”.

Estos temas son muy importantes desde el punto de vista del Derecho, pero también son preocupantes en la medida en que las decisiones que se toman, nada menos que en el ámbito de las Naciones Unidas, no dejan de tener en cuenta las características que tiene y cómo funciona un Estado que integra el Consejo de Seguridad, que está orientado a ser modificado en algún momento. Tengamos en cuenta que se puede interponer el veto y, además, obstaculizar cualquier decisión, pero el Consejo de Seguridad no representa hoy el mundo internacional. No está Japón, no está Alemania, ni aquellos países que hoy inciden en forma directa, aunque sí está Rusia, que antes era la Unión Soviética con quince repúblicas incorporadas, tres de las cuales están actualmente incorporadas a la Unión Europea, como son Ucrania, Moldavia y las otras tres repúblicas bálticas que hoy ejercen un enorme impacto sobre el imperio ruso. Rusia sigue siendo esencial para el orden mundial y además es un Estado nacional, no con sentido europeo sino que siempre ha llegado tarde a lo que son los planteos políticos europeos. Esto es así porque la vieja Unión Soviética lindaba con las tres esferas culturales: Europa, Asia y el mundo musulmán, y esto se va a provocar en los próximos tiempos cuando avance sobre Armenia, Kirguistán, y con todo lo que se está realizando y armando en esta nueva realidad internacional.

Por eso coincidimos con el tema de que los principios del Derecho Internacional se deben aplicar de forma clara, precisa, sin ambigüedades. Uruguay debió haber votado estos temas de forma clara porque aquí se habló de la anexión –impuesta por un Estado– de una provincia, que el Estado de Ucrania no solicitó y mucho menos controló debidamente en lo que fue un plebiscito que no representaba al pueblo. Es, precisamente, el pueblo el que define y está definido dentro de los aspectos importantes del principio de autodeterminación. Con este criterio, señor Presidente, las islas Malvinas y su propia definición en el plebiscito podrían tener su independencia, o el propio peñón de Gibraltar, que viene siendo discutido desde hace muchos años.

Entonces, entre la unidad territorial y el principio de autodeterminación, apostamos a la unidad territorial y por ella es que nosotros entendimos que debemos votar como correspondía en el ámbito de las Naciones Unidas.

Señor Presidente: Rusia ha tomado 54 de los 67 buques ucranianos y un submarino. Ha rendido 147 unidades militares ucranianas y la OTAN, en situaciones en que la propia Turquía la integra –más allá de que todavía no ha podido ingresar en la Unión Europea por razones políticas, por decisión de la propia Unión Europea–, dice que enfrenta hoy la mayor amenaza para su seguridad desde la Segunda Guerra Mundial.

Por eso, señor Presidente, con estas preocupaciones, con esta historia que se repite, que es estratégica, que es política, nosotros tenemos que hacer nuestra defensa desde el punto de vista del Derecho Internacional.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa informa al señor Senador Abreu que le restan cinco minutos de tiempo; cuando queden dos minutos y luego uno, las luces lo indicarán.

SEÑOR ABREU.- Muchas gracias.

El Derecho Internacional es tan importante porque constituye el gran escudo que tienen los países pequeños; por ello, tenemos que ajustar a él nuestra conducta. No podemos los Estados pequeños hacer determinadas concesiones –hago esta referencia porque la historia política y diplomática trabaja por analogía– y llegar a aceptar esta situación, porque cada vez que a los países pequeños se les impone por la fuerza determinados criterios se los pone al borde de una crisis existencial, y los países más grandes siempre tienen el derecho de actuar, de imponer por la fuerza o de incumplir. Si observamos muy cerquita de nosotros, nos daremos cuenta de que todas estas hermandades proclamadas en declaraciones terminan en incumplimiento flagrante del Derecho Internacional y de las obligaciones que asumimos entre «Estados hermanos», por ponerlo entre comillas. Y si nosotros en este tema no seguimos sosteniendo el principio de que la autodeterminación tiene sus limitaciones y de que el principio de integridad de un Estado prevalece sobre ese criterio –salvo que ese criterio de la autodeterminación cumpla los requisitos que no contempló en este caso–, por analogía estaremos enviando un mensaje absolutamente negativo, porque las decisiones que se toman en el Derecho Internacional siempre quedan en manos de los más fuertes. No olvidemos, señor Presidente, que por algo estas situaciones se repiten en el mundo; por algo los ríos siguen siendo una lucha, y también lo será el acceso de la flota rusa a Sebastopol, la salida al Mediterráneo y la importancia de Constantinopla, como para nosotros lo son el río Uruguay, el río Paraná y la Hidrovía, que son parte de nuestro Derecho y de nuestra vida en el ámbito del Derecho Internacional y de los tratados que cumplimos. No podemos actuar con criterios dispares y mucho menos permanecer acompañando a los Estados que, más allá de nuestra hermandad y nuestro destino geográfico común, no cumplen con sus obligaciones, se abstienen y permiten que un referendo impuesto por un país grande, con ocupación militar, termine fracturando a un Estado, y creando las condiciones de secesión, que son absolutamente excepcionales en el ámbito del Derecho Internacional. Solo se aceptó en el caso de Bosnia-Herzegovina y Serbia por la comunidad internacional porque existían situaciones que eran absolutamente incompatibles, pero acá el Estado de Ucrania mantiene su identidad, su legitimidad, y el pueblo ucraniano no es representado simplemente por un referendo que el Estado ucraniano no acepta y que fue celebrado en Crimea. Y esto, señor Presidente, es lo que estamos tratando de reforzar en el argumento de que con esta visión internacional, que no queda lejos, nosotros deberíamos seguir aferrados a los principios de Derecho Internacional y aplicarlos con la mayor estrictez, no solo por coherencia en nuestros pensamientos, sino hasta por conveniencia de Estado en los extraños y difíciles escenarios que nos toca y nos tocará vivir.

Muchas gracias.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).-
«Montevideo, 7 de julio de 2014

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, los días 8 a 11 del presente mes.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

José Amorín. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–25 en 27. Afirmativa.

Queda convocado el señor Senador Eduardo Malaquina, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) VOTO DE URUGUAY EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE HECHOS ACAECIDOS EN LA PENÍNSULA DE CRIMEA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del primer punto del Orden del Día.

SEÑOR CONDE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra, el señor Senador.

SEÑOR CONDE.- Señor Presidente: comenzaré por la médula del planteo realizado por los señores Senadores que promovieron esta exposición, que refiere a la votación de Uruguay en el seno de las Naciones Unidas y a la correspondiente fundamentación.

En primer lugar, quiero decir que si se trata de dibujar tendencias, alineamientos, y de ahí sacar conclusiones de que Uruguay ha votado influido por tal o cual país vecino o no vecino, grande o chico, en cualquier caso es un ejercicio absolutamente, no diría arbitrario, pero sí subjetivo y vinculado a la intención de cada uno de quienes quieran hacerlo. De modo que se pueden sacar países para un lado o para el otro; se puede decir que estamos solos o que no lo estamos; que estamos mal acompañados por Argentina o Brasil, o que estamos bien acompañados por ellos; en fin, eso responde a la visión y los alineamientos internacionales de cada persona.

Como comentario general a esto –a lo que no doy demasiada relevancia–, diré que de los doce países de la Unasur, nueve votaron en contra o se abstuvieron –entre ellos Uruguay– y tres votaron a favor. Los países de Centroamérica y del Caribe votaron divididos, y lo mismo hicieron los países de África; el bloque de los BRICS, casi íntegramente –o íntegramente– votó en contra o se abstuvo, como el caso de Brasil, India, Sudáfrica y China, que se abstuvieron, y Rusia, que votó en contra. Naturalmente, las fuerzas de la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y México votaron a favor.

Pero esto lleva a comentarios de índole geopolítica que haré a continuación. Solamente quería referirlo como un cuestionamiento a la solidez de esta clase de planteos que, en realidad, simplemente son redundantes porque conducen a donde uno quiera llegar, y cada uno maneja la cantidad y los nombres de países que quiere para fundamentar lo que quiere, de modo que es bastante tautológico o, en todo caso, responde a visiones internacionales o ideológicas que cada uno maneja como quiere.

Antes de emitirlo, Uruguay hizo una explicación de su voto en las Naciones Unidas. Parte de esa explicación ya fue leída por el señor Senador Pasquet, de modo que no la voy a leer en toda su integridad, pero voy a resaltar los aspectos medulares.

Naturalmente, lo primero que dice la explicación es que Uruguay votará en abstención. Continúa diciendo: «Consideramos que la integridad territorial de los Estados constituye un principio de las Naciones Unidas, una norma imperativa de Derecho Internacional general que todos los Estados deben respetar al tratarse de un elemento central para la convivencia pacífica y la cooperación entre los miembros de la comunidad internacional.

Siendo consecuentes con esa posición tradicional de nuestro país, en el caso particular de la península de Crimea, Uruguay considera que ningún pronunciamiento no ajustado a las normas constitucionales del Estado ucraniano puede tener como consecuencia la alteración de las fronteras internacionalmente reconocidas y por ende contravenir el principio de la integridad territorial de los Estados. La legalidad internacional debe prevalecer». Es decir que en la propia explicación de voto de Uruguay se dice que ningún pronunciamiento no ajustado a las normas constitucionales del Estado ucraniano puede tener como consecuencia la alteración de las fronteras internacionalmente reconocidas. O sea que no hay ninguna diferencia de fondo ni sustancial en el planteo que han hecho los señores Senadores Pasquet y Abreu con el voto que Uruguay ha emitido en Naciones Unidas. Uruguay no ha apoyado la secesión unilateral de Crimea de Ucrania ni ha reconocido el valor del plebiscito celebrado en Crimea a la luz del Derecho Internacional. Por lo tanto, aquí no tenemos ninguna diferencia sustancial en el campo del Derecho Internacional.

Naturalmente, el cuestionamiento viene más bien en base a un matiz o posición política: ¿por qué Uruguay se abstuvo y no votó en contra? Reitero lo que mencioné al principio: gran parte de la comunidad internacional se abstuvo. De modo que no se trata de una posición extravagante del Uruguay. Nuestra explicación de voto dice: «No obstante coincidir en este aspecto, el proyecto comporta también otros elementos de índole política que nuestro país considera inconvenientes y que alteran sensiblemente el alcance de esta resolución […]». Aquí hay un primer elemento de definición de la posición de nuestro país. Uruguay considera que hay una extralimitación en el alcance de la resolución, que debió haberse centrado en el principio de la integridad territorial de los Estados. Como señalaba hace un instante, la explicación de voto del Uruguay dice: «[…] el proyecto comporta también otros elementos de índole política que nuestro país considera inconvenientes y que alteran sensiblemente el alcance de esta resolución, la cual a nuestro juicio debería focalizarse exclusivamente en la vigencia del principio de la integridad territorial de los estados», base del voto de nuestro país para no reconocer la secesión de Crimea y la validez del referéndum. Inmediatamente, se expresa: «La promoción de los principios democráticos –agrega la explicación uruguaya– es una responsabilidad de todos los actores en los actuales sucesos de Ucrania, siendo necesario que cada uno de ellos contribuya a la estabilidad del país, a la legitimidad democrática de sus instituciones, a la conciliación por medios no violentos de los diversos intereses existentes en la sociedad ucraniana, así como a evitar el agravamiento de las tensiones a nivel nacional y regional».

Es en ese párrafo de la explicación donde Uruguay expone, ante la comunidad internacional, que considera que está alterado el alcance de esta resolución para la forma que Uruguay tiene de encarar este tema y que la resolución va mucho más allá de la defensa de los principios del Derecho Internacional que tienen que ver con la integridad territorial. No es casual que Uruguay haga mención en su explicación a que la promoción de los principios democráticos es una responsabilidad de todos los actores en los actuales sucesos de Ucrania. Lo que no se puede pretender es que Uruguay votara haciendo abstracción de la realidad política y geopolítica regional e internacional en las cuales se desataron los sucesos en Ucrania. Si bien es cierto que a la luz del Derecho Internacional el referéndum viola los acuerdos establecidos que determinaban los límites que definían la integridad territorial de Ucrania, no es menos cierto que la minoría étnica rusa –que en el caso de las regiones del sudeste y de Crimea no son minorías étnicas, sino mayorías étnicas que alcanzan en algunos lugares hasta el 90 % de la población de ese territorio– estaba viviendo bajo el hostigamiento, el ataque militar o más bien paramilitar y parapolicial interno de un régimen de facto dictatorial que estaba violando sus derechos humanos, sus derechos a la integridad étnica, que había sacado decretos prohibiendo el uso de la lengua rusa en territorios donde la población rusa es casi el 90 % de la población, y que ese gobierno golpista y dictatorial que estaba conduciendo los acontecimientos en Ucrania integraba, en su composición, a fuerzas ultraderechistas y ultranacionalistas claramente xenófobas, antisemitas y antirrusas.

Ignorar esa realidad es hacer un uso abusivo de la abstracción de la aplicación del Derecho Internacional, porque si bien la racionalidad del Derecho debe ser un valor absoluto, debe aplicarse en una realidad que efectivamente permita una aplicación limpia, transparente y eficaz. Y cuando el Derecho no puede aplicarse limpiamente, hacer abstracción de la realidad puede llevar a una visión absolutamente distorsionada e, incluso, hipócrita de su aplicación.

De modo que Uruguay no ha querido involucrarse en un pronunciamiento que tiene connotaciones políticas y que ha tendido, en todo el debate de las Naciones Unidas por parte de quienes han defendido la resolución frente a la que nuestro país se ha abstenido, a hacer abstracción de la realidad en la que se precipitaron los hechos y en la que se precipitó este referéndum.

Uruguay tampoco ha querido involucrarse en la connotación geopolítica que también se ha pretendido disimular u ocultar en el marco de los sucesos en la península de Crimea. Cuando se dice que se ha producido la ocupación por fuerzas paramilitares rusas y demás y que se ha vulnerado la seguridad de Ucrania –lo que se ha demostrado objetivamente–, se hace alusión a parte de los sucesos que se han precipitado en los últimos meses en el marco político que acabo de relatar. Sin embargo, previo a ello –en los años anteriores– han sido claros, contundentes y demostrables los intentos de las llamadas fuerzas occidentales de integrar tanto a Georgia como a Ucrania a la organización militar del Tratado del Atlántico Norte. Eso significa un cambio geopolítico de tal relevancia, en el campo de la seguridad internacional, de los equilibrios de seguridad y de los equilibrios militares –esto no es posición del Gobierno uruguayo sino de mi absoluta responsabilidad– que no dudo en decir que ese intento de transformar la realidad geopolítica y militar de la región de esa frontera llamada la zona gris entre Rusia y la Unión Europea o entre Rusia y la OTAN, ha sometido a Ucrania y a Georgia a tal tensión internacional, que ha significado nada más ni nada menos que someterlas a una presión que ha puesto en peligro su propia seguridad.

No dudo en calificar de irresponsabilidad geopolítica, que somete a Ucrania al peligro de su fragilización, el intento de incorporarla a la OTAN. Prueba de ello es que cuando asume el Presidente Lukashenko después de las elecciones de 2010 –líder del Partido de las Regiones, tildado como presidente prorruso–, entre las decisiones que adopta –avaladas, naturalmente, por el Parlamento ucraniano; algunas de ellas fueron citadas por el señor Senador Pasquet– no suspende la firma de los tratados económicos ni las negociaciones de los acuerdos comerciales con la Unión Europea, pero sí suspende el proceso de negociación de ingreso de Ucrania a la OTAN.

De modo que lo que se buscó aliviar después de 2010 fueron las tensiones que, obviamente, se iban a generar con el intento de integrar a Ucrania a un pacto militar que, como todos sabemos, hace parte del equilibrio del poder mundial.

¿Alguien puede pensar con una lógica mínimamente realista que la incorporación de Ucrania a la OTAN, que lleva –o se la quiere llevar– a la Alianza militar Noratlántica u occidental a las narices de Moscú, es un juego geopolítico en el escenario de la seguridad internacional, inocuo, que no iba a producir consecuencias? ¿Lo hicieron inocentemente, de manera distraída o se trataba, efectivamente, de un avance que intenta consolidar un determinado cuadro de poder político o geopolítico y militar mundial que, naturalmente, rompe los equilibrios fundamentales sobre los que se basa la convivencia pacífica en la coyuntura actual global?

Por tanto, es bastante hipócrita que quienes ponen en juego la paz mundial haciendo estos movimientos geopolíticos de hostigamiento a otras potencias, luego se refugien en el Derecho Internacional diciendo: «Ah, ¡qué horrible! ¡Están violando el Derecho Internacional!».

¡Nosotros no nos sumamos a esa hipocresía, y Uruguay no se lava las manos como se ha dicho aquí! ¡Lo que pasa es que la comprensión profunda de la realidad global no se agota en la aplicación formal del Derecho Internacional! Hay que saber leer debajo de las realidades que explican la aplicación del Derecho Internacional, y cuándo se aplica y cuándo no. ¡Las potencias que ahora se escandalizan y dicen: «Se ha ocupado Crimea», son exactamente las mismas que, sin anuencia ninguna, ni de las Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadieron Libia, la destrozaron y la desarticularon para quedarse con su petróleo! ¡Son las mismas potencias que, sin ningún aval del Derecho Internacional, arrasaron Irak y que ahora tienen la desvergüenza y la desfachatez, en diez años, de cambiar de aliados como quien cambia de vestido o de par de zapatos para defender sus intereses estratégicos, sin fijarse en un punto ni en una coma del Derecho Internacional, que han violado cuantas veces han querido!

Entonces, Uruguay no se deja arrastrar por esa visión hipócrita. Si queremos un debate profundo y transparente, lo daremos.

Por otra parte, Uruguay ha sido consecuente con el Derecho porque, como bien se ha señalado aquí, no reconoció la declaración unilateral de independencia de Kosovo. En ese sentido, tenemos una posición sustentada en el Derecho.

También se ha mencionado aquí que no reconocemos ese caricaturesco referéndum del que se habla en Malvinas, donde se pretende que una población, implantada por la potencia colonizadora, decida sobre la autodeterminación de un territorio; es totalmente absurdo y se niega por sí mismo.

Las mismas potencias que ahora pretenden descalificar el referéndum de Crimea son las que están avalando, por la vía de la fuerza y de la prepotencia, que no se cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas que han mandado, hace ya más de treinta años, que se haga un referéndum consultando a la población autóctona y originaria del Sahara occidental para determinar la soberanía y la autodeterminación de la República Árabe Saharaui. Como los poderes occidentales no quieren que se consulte a la población del Sahara occidental, a pesar de que hace treinta años hay una resolución de Naciones Unidas, nadie se preocupa de que efectivamente se cumpla.

Entonces, señor Presidente, no tenemos una visión banal, superficial ni hipócrita del Derecho Internacional; queremos una visión auténtica, profunda, realista y sincera de su aplicación.

Por otro lado, podemos afirmar que, sin avalar el referéndum que se ha hecho en Crimea –porque Uruguay no lo ha avalado–, hay elementos históricos, identitarios, antropológicos más que suficientes para decir que en el caso de este territorio hay base importantísima a ser considerada por la comunidad internacional para que allí pueda, efectivamente, aplicarse con limpidez y con nitidez el principio de autodeterminación de los pueblos, porque el pueblo ruso de Crimea es históricamente parte de Rusia y fue unilateralmente cedido a Ucrania por Rusia en 1954.

Y termino con una frase que ha dicho recientemente el ex-Presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov: el pueblo de Crimea fue entregado a Ucrania por una decisión unilateral del poder soviético; ahora, si el pueblo de Crimea quiere decidir cuál es su destino, tiene derecho a autodeterminarse. En este sentido, me hace mucha gracia que quienes han ensalzado, defendido y endiosado durante tantos años a Gorbachov, ahora no tomen en cuenta este comentario.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Después de la exposición que ha hecho el señor Senador Roberto Conde casi podría afirmar que está todo dicho, en bastante menos tiempo que el señor Senador que propuso este punto, sintetizó una posición absolutamente clara.

Quiero decir que comparto plenamente la posición que la señora Cristina Carrión planteó en la Asamblea de las Naciones Unidas en nombre de Uruguay durante el debate sobre el tema “Integridad territorial de Ucrania”. Es más, voy a proponer –como se hizo con la resolución de las Naciones Unidas– que esa intervención –que es de media carilla– se incluya in totum en la versión taquigráfica de la sesión de hoy. Digo esto porque en ese planteo surge claramente la vigencia de todos los principios internacionales históricos del Uruguay; los reafirma del primero al último –están dichos allí– pero, al mismo tiempo, en una frase que tiene muchísimas significaciones –muchas de ellas han sido expuestas por el señor Senador Conde– se expresa que hay otros elementos de índole política que nuestro país considera inconvenientes y que alteran sensiblemente el alcance de esta resolución. A nuestro juicio, debería focalizarse exclusivamente en la vigencia del principio de integridad territorial.

Eso es todo lo que se ha dicho y todo lo que ocurrió. Debemos recordar que esta declaración tuvo un apoyo importante. Por supuesto, en las Naciones Unidas, cuando está la Unión Europea y Estados Unidos atrás, se arrastran muchos votos. De todas maneras, esa votación tuvo 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones. Uruguay se abstuvo. Quiere decir que la apreciación que hizo la delegación de Uruguay en Naciones Unidas no fue una interpretación solitaria sino que fue compartida por muchos países, entre ellos –como ya ha sido señalado, pero no está de más reiterarlo–, Argentina, Brasil, China, Ecuador, El Salvador y Jamaica, entre otros.

Para enriquecer los aportes a la reflexión de un tema complejo y de gran actualidad –basta con leer la prensa de hoy en la que vemos notas muy importantes al respecto–, si es que me da el tiempo, quisiera relatar los episodios, la declaración y la posición sustentada por Uruguay en la Asamblea de las Naciones Unidas.

Me gustaría hacer énfasis en los elementos políticos anteriores a la Declaración del 27 de marzo pasado, con las reflexiones de Francisco J. Ruiz González, de la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva) de España, un especialista en el tema que realiza un pormenorizado estudio sobre las condiciones existentes en Ucrania previas al golpe de Estado, que dicen así: «Como es bien sabido, el detonante de las protestas que han finalizado el pasado viernes 21 de febrero con la destitución del Presidente Yanukóvich fue la negativa a suscribir el Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la Unión Europea, cuya firma estaba prevista durante la Cumbre de la Asociación Oriental a finales de noviembre». Está claro que en todo este episodio hubo un tironeo de larga data –Ucrania, al igual que Georgia, limita con Rusia, y allí podría llegar la OTAN–, de muchos años, porque se aspiraba a incorporar Ucrania a la Unión Europea. Rusia, por otra parte, ha definido históricamente las fronteras seguras con la OTAN y los países de la Unión Europea. En épocas pretéritas esto ha sido y sigue siendo un elemento relevante.

El otro trasfondo que está presente son los métodos que se utilizaron para destituir al Gobierno democrático que había en Ucrania, que son los mismos que fueran empleados en la famosa tesis del golpe blando. Si leemos los testimonios sobre lo ocurrido en Ucrania, podemos advertir que son casi idénticos a los relacionados con el caso de Venezuela –naturalmente, aplicados a realidades distintas, y que resultaron intentos infructuosos, y esperamos que así sea en el futuro, por el bien de Venezuela–, con la desestabilización del Gobierno legítimo de Nicolás Maduro, pidiendo la instalación, por la vía de los hechos, de un Gobierno de facto que, con el respaldo de la UE y EE.UU., propuso la Declaración de las Naciones Unidas. Vamos a entender: ¡la Declaración que auspició Ucrania no emana de un Gobierno democrático, sino de un Gobierno de facto! Entonces, la primera cosa que habría que preguntarse es qué legitimidad tenía ese Gobierno de Ucrania para proponer una reafirmación tan clara de principios caracterizados por una visión maniquea de la realidad internacional a favor de su posición y en contra de otros puntos de vista.

Felizmente, Uruguay no se alineó con unos o con otros, sino que se abstuvo, lo que, a mi juicio, fue una decisión correcta. Ya han pasado varios meses de esos hechos y la vida, lejos de negar esa conclusión, la confirma.

Continúo la lectura: «De entrada, cabe recordar que esa decisión era perfectamente lógica desde el punto de vista del pragmatismo económico, ya que la UE no se comprometió a apoyar financieramente a un país al borde del default, y las previsibles barreras aduaneras que Rusia impondría de haberse firmado el acuerdo supondrían la puntilla para la industria pesada del este de Ucrania, cuyo único cliente es el poderoso vecino oriental». Aprovecho para decir que la industria pesada de Ucrania mantiene negocios fundamentalmente con Rusia y no tanto con la Unión Europea que, por razones geopolíticas, intenta involucrarse.

Continúo: «Inicialmente Yanukóvich pareció manejar bien la situación ya que, tras un primer tímido intento de desalojar la Plaza de la Independencia de Kiev –lugar donde se centró la resistencia– renunció a declarar el estado de emergencia, y suscribió el 17 de diciembre con Rusia unos importantes acuerdos que incluían préstamos por valor de 15.000 millones de dólares y una sustancial (pero no permanente) rebaja en el precio del gas». Aquí está el centro de la cosa: por un lado, el acuerdo con la Unión Europea era que Ucrania ingresara a la OTAN y, por otro, Rusia aspiraba a mantener un statu quo de independencia en una zona con una frontera muy importante.

Prosigo con la lectura: «Ese acuerdo y la llegada del invierno podrían haber desactivado las protestas, pero la legislación represiva aprobada el 16 de enero las reactivó y radicalizó. En ese momento, mientras que los líderes de la oposición liberal (Patria y UDAR) seguían arengando a los congregados en la plaza, las guerrillas urbanas asociadas a Libertad subían la avenida Gruchevskaya, ya fuera de todo control, para atacar la Rada». En el movimiento opositor vemos claramente un movimiento liberal –recordemos que sus nombres aparecen en Venezuela– y una oposición radical que no acepta ningún condicionamiento y cuyos métodos de lucha impulsan la violencia sin control.

Y sigue: «Es difícil saber el grado de influencia de los actores externos –aunque hay datos bien importantes– en el mantenimiento de las protestas, pero no cabe duda que el decidido apoyo de Occidente a la oposición representó un incentivo para mantener la presión sobre el Gobierno. Como ejemplos, cabe citar la amenaza de sanciones por parte del Presidente de la Comisión Europea el 22 de enero, al producirse las primeras muertes (sin hacer una llamada a la oposición para rechazar la violencia)» –la Unión Europea condena las muertes pero no llama a acabar con la violencia– «o la conversación entre Victoria Nuland y el Embajador en Kiev en la que, además de desear “que se joda la UE”, la diplomática estadounidense organizaba sin pudor el futuro Gobierno de Ucrania».

Existen datos absolutamente concluyentes que demuestran cómo intervino Estados Unidos en la interna. Incluso dispongo de una cifra que maneja un alto funcionario de Rusia –cada uno puede tomarla como quiera–, sobre una ayuda de US$ 5.000:000.000 a los grupos opositores de Ucrania para enfrentar el acuerdo con Rusia.

Continúo con la lectura: «El hecho es que a cada concesión la oposición respondía con nuevas exigencias». Esto es característico del golpe blando, de cuyos métodos hemos hablado en otras oportunidades. «Así, tras la dimisión de Azarov como Primer Ministro el 28 de enero Yanukóvich ofreció la constitución de un Gobierno de unidad nacional, que pudiese dirigir el país hasta las elecciones presidenciales de 2015. También se abolió la legislación represora de las protestas y se decretó una primera amnistía para los arrestados de noviembre.

Por lógica, ese escenario debería haber satisfecho a la oposición, limpiamente derrotada tanto en las elecciones presidenciales de 2010 como en las legislativas de 2012», y es la que gobierna hoy, a pesar de que electoralmente perdió. «Las protestas habrían finalizado, Rusia seguiría librando la ayuda financiera prometida ante la estabilización de la situación, y el nuevo Gobierno podría seguir negociando con la UE los términos del Acuerdo de Asociación, algo a lo que Yanukóvich no había cerrado la puerta en absoluto». Quiere decir que había una fórmula de negociación entre las partes –Unión Europea, Estados Unidos y, por supuesto, Ucrania–, pero esa fórmula no fue aceptada por los sectores radicales.

«El que no se aceptara esa solución de compromiso, es un indicativo de la falta de cultura democrática del país, ya que las distintas fuerzas políticas obvian el consenso cuando se siente en posición de hacerse con la totalidad del poder». Pensemos en otras circunstancias que conocemos en el continente, como en el caso que ya mencionamos de Venezuela. «Podemos aventurar que también contribuyeron en este caso otros dos importantes factores: los mencionados incentivos externos, y la falta de control de la oposición liberal sobre las milicias armadas del “Sector de Derechas” y otros elementos radicales.

Yanukóvich se encontró entonces en un callejón sin salida, ya que no existían más cortafuegos y el objetivo final de las protestas era su propia destitución». No se trataba de negociar una solución de equilibrio, sino de destituir al Gobierno. «Esa explosiva situación estalló el martes 18 de febrero, cuando se produjeron 26 muertes en los enfrentamientos de Kiev. A pesar de que nada menos que 10 de ellos eran policías» –26 muertos en la primera movilización, de los cuales 10 eran policías–, «dirigentes occidentales como Obama y Cameron no dudaron en responsabilizar exclusivamente al Gobierno de lo ocurrido, exigiendo la retirada de las fuerzas del orden de la ciudad». Es tremenda la unilateralidad que ha operado en torno a apoyar a uno de los actores en detrimento del otro.

Luego viene la Declaración de las Naciones Unidas para convalidar esta situación.

«Ese mismo día los radicales ocuparon diversas instalaciones policiales y militares en el oeste del país, haciéndose con un número indeterminado de armas. Yanukóvich reaccionó destituyendo al Jefe de Estado Mayor de la Defensa el miércoles 19 (probablemente por su negativa a usar el Ejército para atajar las revueltas), y el Ministro del Interior Zajarchenko anunció el lanzamiento de una operación antiterrorista a nivel nacional contra las milicias armadas.

Esas medidas no arredraron a los sectores más radicales de las protestas, que respondieron el jueves 20 con un nuevo ataque a la Rada, el incendio de la sede del gobernante Partido de las Regiones, y el secuestro de 67 policías. Eso dio lugar a la jornada más sangrienta, cuando se autorizó el uso de armamento de combate para atajar la violencia desenfrenada de la oposición, produciéndose unas 75 muertes». Son cifras que superan la imagen de un conflicto de baja intensidad. El texto continúa diciendo: «Los eventos posteriores son bien conocidos: misión diplomática de la UE en Kiev, y firma en la madrugada del jueves al viernes de un acuerdo por el que el Presidente aceptaba la convocatoria de elecciones antes de fin de año, la formación de un Gobierno de coalición, la retirada de las fuerzas antidisturbios a sus cuarteles, y la votación para restituir la Constitución de 2004.

Sin embargo, una vez más los acuerdos quedaron en papel mojado, el sábado 22 las milicias de autodefensa ocuparon el vacío de poder dejado por la policía, y Yanukóvich, que el viernes ya había abandonado Kiev para dirigirse a su feudo del este del país, partió con rumbo desconocido tras afirmar que no renunciaría al cargo». En realidad nunca más volvió.

Luego la nota continúa: «En todo caso, y como prueba de que las lealtades en Ucrania son cambiantes cuando se pierde el poder, un número de Diputados del Partido de las Regiones renegó de su Presidente, y la Rada se lanzó a una frenética actividad que incluyó: el nombramiento de Turchinov (mano derecha de Julia Timoshenko) como Presidente del Parlamento; la destitución de Yanukóvich por dejación de funciones y su sustitución por el propio Turchinov; y la liberación de la encarcelada Timoshenko».

Más adelante agrega: «La UE se ha apresurado a reconocer a las nuevas autoridades, a pesar de que han roto el acuerdo auspiciado por la propia diplomacia europea. Se habla de retomar las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación y de respaldar financieramente a Ucrania, pero dada la poco halagüeña situación económica de los Estados miembros se ha emplazado al FMI a preparar un paquete de ayuda». Es decir que la Unión Europea no tiene plata y le dice al Fondo Monetario Internacional que entre en Ucrania.

Las reflexiones continúan: «El problema es que el FMI condiciona las ayudas a la adopción de medidas como la degradación de la moneda, la revisión del sistema de pensiones, y la subida de los precios del gas en el mercado interno, todas ellas medidas tremendamente impopulares que será difícil que tome el nuevo Gobierno. Además, y aunque una ayuda inmediata evite la quiebra, los inconvenientes de las posibles medidas proteccionistas de Rusia frente a los productos ucranianos no tienen solución.

Rusia en cambio, y a pesar de no haber dado su visto bueno al acuerdo del viernes 21, aboga por que se respeten sus términos, por representar la única salida razonable a la crisis. A pesar de la creencia generalizada, Yanukóvich no es especialmente popular en el Kremlin, mientras que es notoria la buena sintonía entre el Presidente Putin y la ex-Primera Ministra Timoshenko, cuya liberación había solicitado en diversas ocasiones». Es decir que aquí tenemos una relación razonable, digamos, de ambas potencias, buscando un acuerdo, que no fue aceptado unilateralmente después.

El texto continúa: «Para Moscú lo fundamental es tener un vecino estable y fiable, y la torpeza de Yanukóvich en la gestión de la crisis dificultó ese objetivo. No obstante, el Primer Ministro Medvedev ya ha cuestionado la legitimidad de las nuevas autoridades, que han ocupado el poder tras un auténtico golpe de estado, afirmando que no se puede considerar interlocutores válidos a las milicias armadas ataviadas con símbolos neonazis que custodian los edificios públicos». Quiero reiterar esta frase, porque es medular: «la legitimidad de las nuevas autoridades, que han ocupado el poder tras un auténtico golpe de Estado, afirmando que no se puede considerar interlocutores válidos a las milicias armadas ataviadas con símbolos neonazis que custodian los edificios públicos».

Luego la nota agrega: «No cabe duda de que Rusia podría intentar aprovechar este caos para aumentar su influencia en las zonas de población étnicamente rusa –casi la mitad de la población de Ucrania tiene esa característica y la proporción es mucho mayor en Crimea– (o que tiene el ruso como lengua materna), y que básicamente abarcan todo el este y sur del país –allí está, precisamente, Crimea–, donde el Partido de las Regiones gana las elecciones con mayorías aplastantes y en la que la oposición a las revueltas alcanzaba el 80 %. Sin embargo, Putin ha coincidido con la canciller alemana Merkel en la necesidad de mantener la unidad territorial de Ucrania.

No obstante, y en franco contraste con esa actitud responsable, la Rada –el Parlamento– ha derogado la ley de 2012 que daba estatus de lengua cooficial al ruso, en aquellas regiones en que es la lengua materna de al menos el 10 % de la población. Esta medida, criticada por la Alta Comisionada para las Minorías Étnicas de la OSCE, es una provocación sectaria e innecesaria a esas regiones y a la propia Rusia, como lo son la humillación pública de antidisturbios en Lvov, o las declaraciones de los ultranacionalistas diciendo que hay que expulsar de los puestos de responsabilidad “a los judíos y los rusos”».

La nota finaliza diciendo: «Por ello, la única salida pacífica pasa por buscar la concordia entre regiones, desarmar a las milicias de autodefensa –debo decir que este análisis fue realizado en los primeros días de marzo, pero es premonitorio de lo que después ocurrió–, y establecer un Gobierno de concertación nacional con representación de todos los sectores políticos. A esos objetivos debe dar prioridad la UE, y hacerlo en concertación con Rusia, ya que de lo contrario no es descartable una división del país, empezando por Crimea, y una escalada de tensiones que pudiese llevar incluso a un enfrentamiento armado, de consecuencias imprevisibles». Por supuesto, se quiso ganar la batalla, no se quiso negociar, y la otra parte también opera.

Tengo aquí un artículo, que no voy a poder leer por razones de tiempo, titulado «Los 5 errores de la Unión Europea en la crisis de Ucrania... que no serán los últimos». Son cinco afirmaciones absolutamente concluyentes en cuanto a que la Unión Europea nuevamente no actuó de una manera ecuánime, sino que trató de encontrar un movimiento favorable en una situación geopolítica de hecho.

Por supuesto que Uruguay se afilia al Derecho Internacional, como lo expresó su representante en el debate de Naciones Unidas, cuyo texto completo tengo sobre la mesa y donde hay intervenciones muy importantes de distintos actores. Este es un elemento clave para entender la situación. Hay que respetar el Derecho Internacional, pero debe ser respetado por todos. Cuando una parte actúa de hecho, y genera una situación en la que hay una ruptura absoluta de la institucionalidad, y después reclama la vigencia del Derecho, hay una visión absolutamente inaceptable, a la que Uruguay, correctamente, no se afilió; por ello se abstuvo en la Asamblea de Naciones Unidas del 27 de marzo pasado.

Solicito que se agregue a la versión taquigráfica la intervención de la señora Cristina Carrión, que consta de menos de una carilla.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición de la señora Carrión en la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas:)

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SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del tema.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: quiero comenzar mi breve intervención con algunas preguntas al señor Senador Pasquet, porque tanto como abogado como por su trayectoria, le reconozco la búsqueda de la «prolijidad» –entre comillas– en los aspectos que tienen que ver con el accionar, aquí en el Uruguay o en el exterior. Es notorio que el señor Senador busca siempre atenerse a las normas de Derecho, pero también, lamentablemente, en muchas ocasiones lo he visto sesgado y he comprobado que mira la realidad desde un punto de vista y no en su complejidad. Entonces, quiero preguntarle si él opina que en Ucrania hubo un golpe de Estado. Es una pregunta que me parece esencial, porque de su respuesta se derivarán las conclusiones acerca de lo que pasó luego en Crimea. ¿Hubo o no un golpe de Estado por parte del Parlamento, que destituyó al Presidente que, de acuerdo con nuestro entender y conocimiento, había sido electo en elecciones?

La segunda pregunta que quiero hacerle al señor Senador es si para él el actual gobierno de Ucrania es o no neonazi; si en su «prolijidad», en su análisis, en su visión –que es tan profunda para mirar un lado de la realidad– ha detectado, mirando el otro lado de la realidad, alguna información que le indique peligro –que, por supuesto, no ocurre solo en Ucrania, sino en varios países europeos–, en cuanto a la proliferación de movimientos neonazis. En este caso concreto, esos movimientos no solo proliferan y avanzan desde un punto de vista político, sino que, además, están armados y muchos de ellos se caracterizan por venir de países del Medio Oriente, donde también han actuado, unos por ideología y otros por la proliferación enorme que existe. Esto daría para una muy buena intervención en el Senado acerca de los ejércitos privados y de la tercerización de los ejércitos.

La tercera pregunta que le haría al señor Senador es: ¿quiénes fueron, realmente, los que dispararon en la plaza Maidán a los que estaban manifestando, pero también a las fuerzas que estaban allí intentando –diríamos– su no avance sobre los edificios gubernamentales?

Para mí, la primera pregunta –yo contesto por mi parte, luego el señor Senador tendrá la oportunidad de hacerlo por la suya– se responde con el dato de que el 21 de febrero hubo un acuerdo entre el Gobierno y la oposición por el cual se adelantaban las elecciones del año 2015, se retornaba a la Constitución de 1992 –que era parlamentaria y no presidencialista–, se liberaba a todos los presos de Maidán –independientemente del delito cometido– y se establecía un gobierno de unidad nacional en el que participaban, sin distinción, todos los sectores de la sociedad ucraniana. Para el estricto cumplimiento de este acuerdo sirvieron de garante la Unión Europea y Rusia, pese a lo cual la oposición de ultraderecha, sin respetar la Constitución ni los puntos acordados, tomó el poder, pero no a los dos días, sino al día siguiente de haberse firmado el acuerdo. ¡Al día siguiente de haberse firmado ese acuerdo, con esas garantías, se toma el poder y se saca al Presidente electo democráticamente, Yanukóvich, nos guste o no! Pero acá eso no está en juego, nadie está analizando la figura tan polémica de este hombre; ese es otro tema. Lo que decimos es que, evidentemente, esto ocurrió; esa es nuestra visión, y de ahí la pregunta que le formulo al señor Senador.

Después está el tema de la violencia con que actúan en Kiev los activistas de Maidán. Son bandas sobre las cuales este compañero Senador debe saber; él debe analizar, o por lo menos sospechar, que la mayoría de esos activistas fueron fogueados durante muchos años de combate en Irak, Afganistán, Chechenia y Libia –estos datos se le pasan al señor Senador Pasquet–, donde han asesinado salvajemente a quienes consideraron sus enemigos. Además, él habrá escuchado, o no –quizás esa parte no la analizó–, sus ideas chovinistas, antisemitas, antipolacas, antirrusas. Capaz que él no observó o no siguió por los medios estas noticias, aunque muchas veces los medios no mostraban las insignias y los símbolos nazis que portaban estas fuerzas, como tampoco los saludos hitlerianos que realizan muchos miembros de la actual cofradía en el poder.

La cuestión es analizar por qué razón estas hordas salvajes –porque eso son– profanan y destruyen los monumentos históricos levantados a patriotas ucranianos, al mismo tiempo que rinden culto y veneran a quienes colaboraron con los nazis en los asesinatos de millones de ciudadanos soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta extrema derecha ucraniana ¡no cayó del cielo, señor Senador Pasquet! –y perdone la alusión, señor Presidente–, sino que acá hubo una financiación que el Senador está borrando, como si no hubiera existido, y que, según información de la señora Victoria Nuland, son US$ 5.000:000.000 que vienen siendo volcados. Pero no somos nosotros los que estamos hablando de cifras ni de elementos de esta naturaleza, sino la señora Victoria Nuland, una de las directas implicadas –diríamos– por Estados Unidos para ir a «resolver» –entre comillas– el problema de Ucrania; ese fue el dinero que invirtieron en desarrollar los valores «democráticos» –entre comillas, por supuesto– en Ucrania.

Estamos en un momento –y quizás el señor Senador lo conozca– en que el rabino Reuben Asman aconseja a los judíos abandonar la capital e, incluso, el país. Él dice que no quiere tentar al destino.

Entonces, ¿cómo responde a estas cosas? ¿La mirada es pura y exclusivamente Crimea, o también tenemos que ver estos antecedentes para entender la situación de Crimea?

Con respecto a quién disparó realmente, hay que escuchar –nada más ni nada menos– una conversación que quizás el señor Senador en su visión unilateral de las cuestiones pudo no haber escuchado o no conocer –está en su derecho a no hacerlo, pero deberá creer que existió, o por lo menos que se informó así–, entre Ashton, la Ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, y Paet, su homólogo de Estonia. Ellos reconocen que esos asesinatos a sangre fría fueron hechos por mercenarios contratados por sectores que actualmente están en el Gobierno de Kiev, que aúpa estos crímenes y por esa razón se niega a investigarlos; estas afirmaciones no se han investigado en absoluto. Existen testimonios de personas presentes en el lugar de los hechos que certifican que todos los disparos, además de certeros, eran del mismo calibre, y que se asesinó tanto a manifestantes como a la guardia que defendía los lugares públicos. Pero, por supuesto, los miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos no quieren ni discutir ni escuchar nada sobre este asunto con Rusia.

Ahora bien, el señor Senador Pasquet no introduce el tema del petróleo pero, fundamentalmente, no habla del gas, cuando el 75 % del gas que abastece a Europa pasa por Ucrania y el resto por otro gasoducto. Tampoco introduce en el análisis el tema de las transnacionales que quieren quedarse con las tierras de Ucrania. Los ingenieros agrónomos sabemos que Ucrania es el país más fértil que pueda existir a escala mundial en materia agrícolaganadera, pero sobre todo agrícola. Allí están las famosas tierras negras. Si el señor Senador Pasquet no tuviera una visión un poco sesgada –para mi gusto, y lo digo con todo respeto– podría ver el interés que tienen algunas transnacionales muy importantes de Europa y Estados Unidos por hacerse de esas tierras en aquel país. Entonces, aparentemente no es solo un problema de gas ni algo vinculado con lo energético, sino que también aparecen otros intereses.

Le aconsejo, señor Senador, que lea, que estudie…

SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, señor Senador, diríjase a la Mesa.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: le aconsejo al señor Senador que ha hecho uso de la palabra para referirse al tema de Crimea que lea, estudie y analice el nuevo convenio que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, que participa directamente en el Gobierno de Ucrania, para que vea de qué se trata realmente. Las medidas son tan descaradamente antipopulares, tan descaradamente antisoberanía ucraniana, que se va a dar cuenta, sin necesidad de mayores comentarios –si es que quiere, por supuesto–, de los verdaderos intereses que están detrás de toda esta historia, comenzando por las subas brutales del Impuesto al Valor Agregado y siguiendo con la famosa teoría de la oferta –clásica e histórica del Fondo Monetario Internacional– en el sentido de que hay que bajarle los impuestos a los ricos para que aumenten su oferta; es que es la que se está aplicando acá: una rebaja generalizada de impuestos a los oligarcas –como se les llama–, una suba generalizada del IVA y la obligación de privatizar absolutamente todas las empresas públicas.

Yo le sugeriría que leyera el texto de este acuerdo –ya está en Internet y lo puede conseguir–, que va a llevar al desastre total, a la ruina más grande y a la miseria más escandalosa a las grandes masas ucranianas, a las que seguramente en breve las veremos protestar de nuevo, pero ahora contra el gobierno de Poroshenko, que ha violado un acuerdo de paz que buscaba generar una especie de tregua en zonas diferentes de Crimea, en zonas circundantes de mayoría prorrusa.

Hoy leí en el periódico The Guardian un artículo en el que se pregunta dónde está Rusia porque, aparentemente, la táctica –según los países imperialistas– es que Rusia está detrás de otras cuestiones, a las que no se refirió el señor Senador y que ocurren en las ciudades de Slaviansk y de Donetsk, entre otras, que han hecho también plebiscitos proclamando su autonomía. Pues bien, en el transcurso de estos días se registró una brutal ofensiva del ejército ucraniano pero, sobre todo, de la Guardia Nacional, formada por estos señores fascistas y nazis, protagonistas de Maidán, que están financiados por los Estados Unidos. Días previos a este hecho, Victoria Nuland y el Senador McCain se hicieron presentes –vergonzosamente– en la plaza Maidán, mientras había un Gobierno constitucional, a manifestar su apoyo y a repartir víveres. Aparentemente, estas cosas no le importan al señor Senador; ¡para él no existen y no las ve!

Sinceramente, tengo que decir que me llama la atención el doble discurso: tanta prolijidad a la hora de analizar algunos aspectos de la realidad –eso lo reconozco– y tanta ceguera para ver la otra parte de la historia, desconociendo los enormes peligros de esta situación en la que alguien está jugando con fuego. En lo personal, me sumo a la teoría de que esto podría asemejarse al hecho de que Rusia se metiera con Canadá en una situación similar; tendríamos que ver cuál sería la reacción de Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico si alguien se atreviera a tocar a alguno de sus países fronterizos.

No quiero abundar más sobre un tema que, a mi juicio, se resolverá solo, por la historia misma de Ucrania, que es una república autónoma. En su momento, la península de Crimea fue «regalada» por Nikita Kruschev a Ucrania, por su larga vinculación histórica con Rusia; en la propia Ucrania nació la famosa Rus de Kiev, que generó luego toda la historia del Estado ruso.

Más allá de todos estos elementos, quiero decir que me siento defraudado porque esperaba una visión más global, completa y equilibrada del tema. Capaz que soy un iluso –realmente me estoy dando cuenta de que lo soy, aunque esta no es la primera vez–, pero en la intervención del señor Senador Pasquet no escuché que hiciera referencia a ninguno de estos hechos; es como si no existieran. Evidentemente, la realidad –como en todas las cosas– es mucho más compleja que la visión que el señor Senador ha querido generar en esta discusión.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR CARDOSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARDOSO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Agradezco al señor Senador Cardoso, quien me permite, por vía de interrupción, contestar algunas consideraciones que se han hecho. Seguramente no me alcanzaría el tiempo para hacer lo propio por la vía de la contestación de las alusiones que, por otra parte, ¡vaya si las ha habido!

Ha quedado perfectamente demostrado lo que he planteado. Si puede extraerse una conclusión clara y diáfana de este debate, es la de que el oficialismo está embanderado con la doctrina de que lo político está por encima de lo jurídico. Acá hay una violación flagrante del Derecho Internacional. Un país se queda con un pedazo de otro y ante ese hecho, que clarísimamente viola el artículo 2.º de la Carta de las Naciones Unidas, se trae a colación una serie de elementos de carácter político interno de Ucrania –razones geopolíticas, tironeos internacionales, el petróleo, los fundamentalistas musulmanes, en fin, cualquier cosa–, pero no se considera la violación flagrante y evidente, no ya de uno de los principios, sino del principio básico de convivencia entre las naciones, contenido, como dije, en el artículo 2.º de la Carta de las Naciones Unidas, referido a la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza, al respeto de la integridad territorial de los Estados, etcétera. Todo esto ha sido expresa y reiteradamente relativizado. Parecería que lo primero que hay que analizar es la situación política y cómo juega el enfrentamiento entre Estados Unidos, Europa Occidental, la OTAN y el Imperialismo, cuya sola mención exalta tanto a algunos integrantes de la bancada oficialista, que levantan la voz cuando hablan de estas cosas. En función de estas consideraciones se soslaya y se relega la visión jurídica del tema que hemos planteado.

Quizá algún observador distraído podrá decir que es una cuestión de gustos que algunos miren los aspectos políticos, geopolíticos o económicos, y otros analicen los jurídicos. Yo no acepto este reparto salomónico de las preferencias, señor Presidente, porque creo que en política exterior el criterio cardinal es el interés nacional. ¿Qué le conviene al Uruguay? ¿Admitir esa clase de relativización en función de múltiples factores del análisis de la realidad o, en todo caso, reclamar el respeto y la vigencia irrestricta del Derecho Internacional? Evidentemente, a un Estado de tres millones de habitantes lo que le conviene es esto último. Nosotros tenemos que ser los más celosos custodios del orden jurídico internacional porque esa es nuestra única defensa, tal como señaló –y lo digo con claridad– el delegado de Costa Rica en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

No se trata de asumir frente al mundo el papel de fiscal del orden jurídico y salir a enrostrar a cada Estado cada una de las violaciones que pueda perpetrar al orden jurídico internacional. ¡No! La idea no es asumir esa misión ni esa tarea, que claramente excede nuestra fuerza y responsabilidad. Pero cuando la discusión sobre estas cuestiones llega a los ámbitos multilaterales, cuando llega al más importante de todos que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se pone a votación una moción, Uruguay no puede ser neutral; debe expresarse. No alcanza con fundar el voto en términos que a todos nos resulten gratos y con los que podamos coincidir; lo importante es cómo se vota. ¡No me digan que Uruguay cumple porque habla del respeto a la integridad territorial y del respeto a la soberanía, entre otras muchas cosas, cuando a la hora de votar se abstiene, porque eso es lo que importa! ¡Eso es lo que cuenta! Uruguay, en esta votación, no hizo honor a su trayectoria ni a su tradición; hizo todo el discurso como para votar a favor de la resolución y a último momento se desvió y se abstuvo. Y el resultado final es que faltamos a nuestra tradición de defensa del orden jurídico internacional; orden jurídico que tenemos que defender por su esencia y porque es la única arma que tenemos por si mañana alguien nos quiere llevar por delante.

La idea aquí es decir: nosotros invocamos el Derecho, como siempre lo hemos hecho y lo hemos defendido, y reclamamos a la comunidad internacional que, así como nosotros siempre hemos respetado el Derecho Internacional, se nos ampare y se nos apoye cuando alguien lo viola en nuestro perjuicio. Este es el discurso nacional uruguayo, con este Gobierno o con cualquier otro, hoy, mañana y en el pasado. No podemos movernos de esa línea. Me parece peligrosísimo que cuando se produce la invasión militar de un Estado a otro y la anexión territorial de un pedazo del Estado invadido en beneficio del agresor, entremos a considerar la miscelánea de cuestiones planteadas por señores Senadores del oficialismo.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Cardoso.

SEÑOR PASQUET.- ¿Me permite otra interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARDOSO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Como venía diciendo, no me parece bien entrar a hacer toda esa serie de consideraciones, como si ellas pudieran excusar la invasión militar y la mutilación territorial del Estado invadido. Pensemos, por ejemplo, en si se puede invadir impunemente, y sin que nadie proteste, cualquier Estado cuyo Gobierno no haya sido elegido democráticamente. Si ese es el criterio, ¡es un disparate y lo considero peligrosísimo!

Me permito pedir a los señores Senadores del oficialismo que piensen esto desde un ángulo que seguramente les es muy caro, como es Cuba, cuyo Gobierno –salvo para el señor Senador Baráibar y algún otro–, no es democrático. ¿Se justificaría que el día de mañana se invadiera Cuba diciendo que no se pueden quejar porque el Gobierno no es democrático? Desde nuestro punto de vista, no se puede. Se podrá tener la opinión que se quiera sobre el Gobierno de Cuba, pero otro Estado no puede invadirlo.

Lo mismo ocurre con Ucrania: se podrá tener la opinión que se quiera sobre si hubo un golpe de Estado o si se siguió un procedimiento arreglado a la Constitución ucraniana para deponer al Presidente. Yo no puedo contestar a la pregunta que me hacía el señor Senador Lorier sobre si fue golpe de Estado o no, porque no conozco la Constitución ucraniana y no sé si existe un procedimiento para destituir al Presidente. Sé que hay quienes dicen que fue un golpe de Estado –y lo dije en mi exposición– y sé que hay quienes dicen que no lo fue, pero no puedo abrir juicio porque reconozco mi ignorancia sobre la Constitución ucraniana.

Tampoco conozco la orientación ideológica del Gobierno ucraniano y no sé si existen grupos de orientación fascista, nazi o cualquier otra que lo apoyen. Seguramente, si escuchamos al bando del actual Gobierno ucraniano, harán imputaciones de similar naturaleza a los adversarios, pero en ese debate interno ucraniano no nos tenemos que meter nosotros –cosa que también dije en mi exposición–; no podemos entrar a juzgar si tal bando es más democrático que tal otro y si el otro se ajustó o no a la Constitución.

Lo que importa es que no puede un país más fuerte invadir a otro más débil y quedarse con un pedazo de su territorio. Ese es el tema, y Uruguay frente a eso no puede callarse. No es alinearse con Occidente ni con la OTAN; es alinearse con el Derecho Internacional, porque es, ante todo, lo que corresponde, y además, lo que nos conviene.

Tampoco es de recibo que se eluda esto –que es el centro de la cuestión– hablando de la protección de los nacionales rusos en Ucrania, porque para ello, como dije, las partes –Rusia y Ucrania– acordaron procedimientos y caminos en el acuerdo de 1997. Con este argumento de la protección de los nacionales, Hitler invadió los Sudetes, señor Presidente. Es un viejo argumento: se dice que se va a proteger a los nacionales y se invade el territorio donde esos nacionales están. La amenaza la siente hoy Estonia, por ejemplo, que tiene algunas ciudades donde la población rusa es mayoría y temen la invasión rusa, más aún después de lo que pasó en Ucrania. Si se quiere saber algo sobre esto hay que leer el semanario Brecha del 27 de junio, que contiene una estupenda nota sobre la situación en Estonia y los temores que tienen a la invasión rusa, porque se utiliza el argumento de la protección a los nacionales para hacer cualquier cosa.

Yo digo que un país como el nuestro no puede nunca entrar en esa clase de análisis; no puede aceptar esas digresiones para no pronunciarse acerca de violaciones flagrantes del Derecho Internacional. El señor Senador Lorier dice que yo analizo solo un aspecto de la cuestión y no veo el otro. En realidad, yo analizo lo que me parece que es relevante desde la perspectiva uruguaya. El tironeo entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia es una cuestión lejana en la que no tenemos que involucrarnos, no tenemos que meternos; pero cuando se viola abierta y groseramente el Derecho Internacional y se lesiona la integridad territorial de un Estado, ahí sí tenemos que decirlo, porque si mañana nos pasa algo a nosotros tenemos que tener credenciales como para reclamar el apoyo de la comunidad internacional.

¿Dónde nos lleva un análisis desviado por otros derroteros, como el que propone el señor Senador Lorier? El señor Senador Lorier hablaba de unilateralidades –lamento que no esté ahora en Sala, aunque seguramente esté escuchando por allí–, pero no lo escuché decir nada sobre el récord del señor Putin y su gobierno en materia de defensa de derechos humanos. ¿O acaso el señor Senador Lorier entiende que Vladimir Putin es un defensor de los derechos humanos, que este exoficial de la KGB que condujo al ejército ruso en las guerras chechenas, donde fue atroz la represión de los rebeldes chechenos, es el paladín de los derechos humanos? Yo no escuché decir nada de esto al señor Senador Lorier, pero no se lo reprocho, porque sé cómo piensa. Además, no es el tema; no vamos a analizar el récord ni la orientación de cada Gobierno cuando hay una invasión del territorio de un Estado por parte de otro, o hay una mutilación y una anexión de la parte mutilada al Estado agresor. Desde mi perspectiva, señor Presidente –reconozco que no es la única–, eso es lo importante y por eso lamento que Uruguay se haya abstenido en esa votación en que debió votar resueltamente a favor, no para alinearse con bloque alguno, sino para alinearse en la defensa del Derecho Internacional.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero señalar que la posición manifestada por la delegada uruguaya en el seno de las Naciones Unidas –no tengo la declaración aquí porque la entregué a los efectos de que conste en la versión taquigráfica– muestra su desacuerdo, su no acuerdo con la situación de Crimea. Quiero que esto quede bien claro.

Por otra parte, el señor Senador preopinante, muy al pasar, hizo una referencia a Cuba y a mi persona. Quiero decir que con mucho gusto podemos discutir el tema de Cuba; tenemos argumentos de sobra que, lejos de negar la posición que históricamente hemos tenido, la confirman.

No tengo más de cinco minutos para hablar de Cuba, pero voy a decir algo muy simple: Cuba hoy está en guerra debido al bloqueo, de hace 50 años, de Estados Unidos y a la imposición que este país hace –a través de la llamada Ley Helms-Burton– que establece sanciones a muchas empresas que quieren invertir en Cuba. A su vez, sabemos que en Miami hay un ejército de mercenarios cubanos con cuantiosos recursos económicos que está pronto para desembarcar en Cuba a poco que encuentre condiciones para hacerlo. Frente a estas dos realidades, toda la situación de Cuba hay que analizarla con una visión distinta a la que se analiza cualquier país de funcionamiento democrático.

Muchas gracias.

10) SEÑOR ÁLVARO ENRIQUE GONZÁLEZ OTERO. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADOR

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Angola al señor Álvaro Enrique González Otero. (Carp. n.º 1518/2014 – Rep. n.º 1091/2014)».

(Antecedentes:)

«Carp. n.º 1518/2014
Rep. n.º 1091/2014

CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

Proyecto de resolución

Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Angola al señor Álvaro Enrique González Otero.

Sala de la Comisión, 3 de julio de 2014.

Ope Pasquet, miembro informante; Carlos Baráibar, Roberto Conde, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio, Eduardo Mezzera, Enrique Rubio».

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«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA n.º 95

En Montevideo, el día tres de julio de dos mil catorce, a la hora diecisiete y diez minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Carlos Baráibar, Roberto Conde, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio, Eduardo Mezzera, Ope Pasquet, Gustavo Penadés y Enrique Rubio.

Falta con aviso el señor Senador Jorge Larrañaga.

Concurre, especialmente invitado, el señor Álvaro Enrique González Otero, acompañado por la Asesora de la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciada María del Carmen Menoni.

Preside el señor Senador Carlos Baráibar, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión y el señor Rodolfo Lutegui, Prosecretario.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido n.º 2800/2014 que forma parte de la presente.

Asuntos entrados:

– CARPETA n.° 1539/2014. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE HUNGRÍA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA – Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 2790/2014).

– El señor Embajador de la República de Chile acreditado ante nuestro Gobierno solicita audiencia con la Comisión, a efectos de realizar una visita de cortesía.

Asuntos tratados:

– CARPETA n.° 1518/2014. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Angola al señor Álvaro Enrique González Otero (Distribuido n.° 2751/2014).

El señor Álvaro Enrique González Otero expone sobre los lineamientos de trabajo para desarrollar en el destino al que fue propuesto e intercambia opiniones con los integrantes de la Comisión.

Una vez retirado de Sala, se considera y se concede el acuerdo solicitado. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Ope Pasquet, quien lo hará en forma verbal.

– CARPETA n.° 1373/2013. ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE BÉLGICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO – Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 2480/2013).

Se considera y aprueba un proyecto de ley sustitutivo. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Carlos Baráibar, quien lo hará en forma escrita.

El texto del proyecto de ley sustitutivo aprobado es el siguiente: “Artículo único.- Apruébase el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de Bélgica para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal y su Protocolo, firmados en la ciudad de Montevideo, el 23 de agosto de 2013”.

– CARPETA n.° 1222/2013. ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y SU PROTOCOLO Y NOTAS REVERSALES – Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 2132/2013).

Se considera y aprueba el proyecto de ley.
Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Se designa miembro informante al señor Senador Carlos Baráibar, quien lo hará en forma escrita.

Resoluciones:

– CARPETA n.° 1416/2013. TRATADO CONSTITUTIVO DEL SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACIÓN REGIONAL DE PAGOS (SUCRE) – Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 2566/2013).

A solicitud del señor Senador Roberto Conde se resuelve invitar, para la sesión del próximo diez de julio, al señor Presidente del Banco Central del Uruguay, economista Alberto Graña, a efectos de que brinde su opinión técnica sobre el funcionamiento del mecanismo de compensación de pagos, y a la Unión de Exportadores para que den su opinión respecto del proyecto de ley.

A la hora dieciocho y quince minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Carlos Baráibar, Presidente; Vladimir De Bellis Martínez, Secretario».

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee).

–En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: lamento que la forma en que quedó compuesto el Orden del Día condene al Senado a escucharme en reiteración real, pero trataré de ser breve.

SEÑOR PRESIDENTE.- Será un placer, señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Muchas gracias, señor Presidente.

La Comisión de Asuntos Internacionales, por la unanimidad de sus miembros, recomienda al Senado otorgar al Poder Ejecutivo el acuerdo que solicita para designar como Embajador de la República ante la República de Angola al doctor Álvaro Enrique González Otero, Ministro del Servicio Exterior.

La Comisión recibió al doctor González Otero tras haber examinado previamente su currículum, que dice que es un funcionario de carrera del Servicio Exterior, al que ingresó por concurso de oposición y méritos hace muchos años, el 1.º de enero de 1986, como Secretario de Tercera. Ha desarrollado una extensa carrera profesional, desempeñándose acertadamente en distintos destinos, tanto dentro de la Cancillería como en el exterior. Y es al cabo de esa dilatada trayectoria profesional que el Poder Ejecutivo lo distingue proponiéndolo para la titularidad de la Embajada del país en Angola.

Esta no es una designación de rutina, porque con ella el país va a designar a su tercer Embajador en el continente africano –específicamente en el África subsahariana–, lo cual indica un propósito de fortalecer la presencia uruguaya en ese continente, donde hoy por hoy tenemos solamente dos Misiones: una ante Sudáfrica y otra ante Egipto. Teniendo en cuenta que allí hay 53 Estados miembros de las Naciones Unidas, 53 votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es evidentemente conveniente que el país afirme su presencia allí.

Menuda labor le espera al doctor González Otero, porque además del país ante el cual se le acredita, se le responsabiliza por cinco o seis concurrencias que él nombró ante la Comisión de Asuntos Internacionales. El tema que aún queda por resolver es la acreditación del representante de la República ante el Congo, donde se desempeñan las fuerzas uruguayas que prestan servicios en las Misiones de Paz. Actualmente este tema se está conversando entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, para determinar si las actividades de la Misión y todo lo que ellas implican serán atendidas desde Angola o si seguirán como hasta ahora, a cargo de la representación en Sudáfrica. De manera que es posible que a la representación en Angola también se sume atender el Congo, además de otros varios países ante los cuales será concurrente. Esto habla a las claras de la importancia, la complejidad y la magnitud de la tarea que tendrá que desarrollar este funcionario profesional del Servicio Exterior en el destino para el cual lo propone el Poder Ejecutivo.

Para terminar, señor Presidente, vale la pena señalar que, al recibir al señor González Otero en la audiencia que ya es de práctica y estilo en la Comisión de Asuntos Internacionales –donde se recibe a las personas propuestas para ocupar una Embajada y se escuchan sus planes de trabajo–, nos llevamos la sorpresa de que llevaba consigo una amplia cartilla –por llamarla de algún modo– que mediría no menos de 50 centímetros de lado, en la que había detallado prolijamente los objetivos, las acciones para alcanzarlos, las personas responsables de las tareas a desarrollar y los tiempos en los cuales se desarrollaría cada actividad. Es decir que elaboró un plan de trabajo concebido y expuesto con una profesionalidad que mereció el comentario favorable de varios miembros de la Comisión.

Por todas estas razones, entonces, entendemos que el Poder Ejecutivo acierta en la propuesta que formula, y recomendamos al Senado que apruebe la designación del señor Álvaro Enrique González Otero como Embajador de la República ante el Gobierno de la República de Angola.

Muchas gracias.

SEÑOR MORELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MORELLI.- Señor Presidente: voy a votar afirmativamente la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designar al doctor González Otero como Embajador en la República de Angola.

Al respecto, me gustaría hacer dos pequeñas precisiones. En primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción y alegría por nuestro país, porque sé que la persona designada cumple con todas las condiciones para representarnos con eficacia y brillo en el lugar en que el Poder Ejecutivo ha dispuesto, y también por él, porque significa la continuación de una muy buena carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que conozco bien.

En segundo lugar, quiero dejar constancia del éxito que le deseo en la función que le tocará desempeñar en la misión que se le concederá.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Artículo Único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Angola al señor Álvaro Enrique González Otero».

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: quiero decir que comparto absolutamente lo expresado por el miembro informante, señor Senador Ope Pasquet.

Dicho sea de paso, nos alegramos de que los miembros de la Comisión que forman parte de la oposición también sean miembros informantes de determinados temas ante el Cuerpo. Me parece que es un hecho más –no el único ni el más importante– que habla a favor de la razonabilidad con que, felizmente, actuamos en muchas áreas de la vida nacional, dejando otras, naturalmente, reservadas a la lícita competencia y juego de ideas.

Tengo aquí la intervención realizada por el Embajador Álvaro González Otero y también subrayo la minuciosidad y el trabajo que se tomó al presentar una planilla de 50 centímetros de lado con las tareas encomendadas en distintas áreas. Me parece que es un compromiso muy explícito sobre lo que piensa hacer en una Embajada que se está instalando. Vale decir que tenemos una representación instalada en el norte de África, en Egipto, y otra en el sur, en Sudáfrica, pero estamos ausentes en África central. Por tanto, el establecimiento de una Embajada en Angola, que precisamente está en el medio de África y con muchas fronteras con distintos países importantes del continente, tendrá gran significación. Además, ya existen relaciones y antecedentes en esa zona.

Sí quiero señalar algo que ya mencionó al pasar el miembro informante sobre el tema de la concurrencia. El Embajador informó que será concurrente en Nigeria, Ghana, Camerún, Benín, Guinea Ecuatorial y Cabo Verde. Menuda tarea le corresponderá al Embajador: la de mantener una vinculación con estos países.

El señor Senador Pasquet preguntó al señor Embajador –y yo también intervine– por qué no se menciona el caso del Congo. Al respecto, hay una reincidencia en ese sentido; desde el Parlamento sugiero al Ministerio de Relaciones Exteriores –y, si corresponde, también al Ministerio de Defensa Nacional– la necesidad de tener un apoyo diplomático fuerte en aquellos países donde tenemos contingentes importantes de los Cascos Azules, como es el caso del Congo en la Monuc, o de Haití en la Minustah.

Como mencioné en su momento, en el caso de Haití, felizmente, esto ya se corrigió, porque actualmente tenemos al Embajador Raúl Pollack Giampietro –que conoce el tema de Haití– en Santo Domingo, y a través de los informes que he recibido veo que hace un seguimiento minucioso de la situación de Haití. Recordemos que, en su momento, se había nombrado como Embajador concurrente, no a quien está en Santo Domingo –que comparte la isla de La Española con Haití–, sino a quien estaba en Guatemala, cuando sabemos que los problemas de República Dominicana trascienden hacia Haití y viceversa. Además, hay allí un problema pendiente sobre reconocimiento de nacionalidad que no sé si en algún momento lo tendremos que abordar.

Sin embargo, como mencioné, el Embajador de Angola será concurrente en una cantidad de países, pero no en el Congo. Debo señalar que tenemos Embajada en Sudáfrica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador Baráibar: por favor atengámonos al punto en discusión.

SEÑOR BARÁIBAR.- Absolutamente, señor Presidente.

Sudáfrica está a 2.785 kilómetros de la capital de Angola, y Kinshasa, la capital del Congo, está a solo 552 kilómetros. Creo que esa proximidad hace que se justifique que haya una concurrencia en el Congo. Además, hay que tener en cuenta que hay una muy importante y extensa frontera entre Angola y el Congo y que las fronteras en África no son como las nuestras, en América Latina –aunque algunos problemitas por ahí están pendientes–, que están delimitadas muy claramente. Se puede decir que se trata, casi, de una zona de tierra de nadie, donde los Cascos Azules, junto con la delegación de la Monuc, tienen que operar frecuentemente. Por eso, la proximidad física es realmente importante.

La explicación dada por el Embajador es que el Agregado Militar está en Sudáfrica. Ahora bien, creo que el Agregado Militar que está en Sudáfrica se debería quedar allí –lo digo con mucho énfasis–, desde el momento que tiene el resto de África para trabajar bastante, y se debería nombrar otro para Angola que opere exclusiva o principalmente con el tema del Congo, donde precisamente los Cascos Azules tienen una delegación muy importante y los problemas son de una entidad tal que exigen un seguimiento permanente.

En definitiva, señor Presidente, apoyamos con entusiasmo la apertura de esta Embajada; creo que es un acierto establecerla en Angola. También apoyamos decididamente la tarea que cumplirá el señor Embajador González Otero y, al mismo tiempo, aspiramos que esta situación se resuelva a la brevedad posible.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: simplemente quería mencionar la importancia que tiene esta Embajada, sobre todo por el hecho de estar representada en forma profesional.

África tiene una especial importancia y me parece que hubiera sido bueno que los comentarios que se realizaron precedentemente se hubieran expuesto en la Comisión en momentos en que se discutieron estas venias, como forma de intercambiar criterios que se transmitirían a la Cancillería para que pueda rectificarlos o acompañarlos, más allá de todas las posiciones que se puedan tener.

Creo que el tema de Angola es muy importante, entre otras cosas, porque ha tenido algunas inversiones en el Uruguay de una enorme controversia en muchos aspectos y, además, porque tiene una situación geopolítica muy importante. El nombramiento de un Embajador de carrera que –entre otras cualidades– hable portugués, no es poca cosa, señor Presidente, ya que en muchas Embajadas básicas tenemos personal que ni siquiera habla inglés. Es muy importante resaltar ese aspecto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado dará cuenta al Poder Ejecutivo.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: hemos votado con satisfacción la designación del señor Álvaro Enrique González Otero como Embajador en Angola, por los méritos ya descritos por el señor Senador Pasquet y además nos sumamos a lo expresado por otros señores Senadores sobre este nombramiento.

Pero queremos fundar el voto en forma personal porque conocimos al doctor González Otero cuando ejercía funciones en Brasil, tanto en la Embajada de Brasilia como después, en algunos destinos consulares cercanos a la frontera. Por tanto, sabemos de sus dotes personales y cualidades técnico-profesionales. Se trata de una persona con mucha iniciativa, que va más allá de lo que es simplemente cumplir una función, por lo que –sin duda– entiendo que va a desarrollar una gran gestión como representante de Uruguay, en esa importantísima misión en un continente tan complejo como importante, como lo es África.

Por lo tanto, por el señor González Otero, por nuestro Cuerpo Diplomático, por nuestra política exterior y por el país mismo, creo que con su nombramiento hacemos una gran designación.

Nada más. Muchas gracias.

11) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: de acuerdo con lo conversado en la coordinación de bancada, proponemos que luego de culminar la consideración del cuarto punto se levante esta sesión extraordinaria y que el resto de asuntos pasen a integrar el Orden del Día de la sesión ordinaria a celebrarse mañana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Rubio.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos sobre intercambio de información tributaria y su Protocolo, firmados en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, el 24 de octubre de 2012 y Notas Reversales firmadas en La Haya, Reino de los Países Bajos, el 16 de febrero de 2013. (Carp. n.º 1222/2014 – Rep. n.º 1092/2014)».

(Antecedentes:)

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SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: soy miembro informante de este punto del Orden del Día y del siguiente.

Quiero aclarar que el Acuerdo con los Países Bajos refiere al intercambio de información tributaria, mientras que el siguiente, es decir el Acuerdo con el Reino de Bélgica, tiene que ver con el intercambio de información tributaria para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, y prevenir la evasión fiscal. Hago esta aclaración porque los informes son similares en ambos casos y sería reiterativo plantearlos, sin perjuicio de reconocer que sabemos que el Partido Colorado ha anunciado que su voto va a ser distinto en ambos casos.

El proyecto consta del texto del Acuerdo –que obra en poder de todos los señores Senadores– y de las Notas Reversales, el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores y el acta correspondiente.

Este informe dice lo siguiente: «El Acuerdo con el Reino de los Países Bajos forma parte del compromiso asumido por la República en materia de cooperación fiscal internacional.

En particular, el Acuerdo que se presenta a consideración del Parlamento tiene el objetivo de promover la cooperación internacional en materia tributaria a través del intercambio de información.

La suscripción de este tipo de acuerdo se alinea básicamente con los modelos de tratados vigentes internacionalmente. En este contexto, los Estados dotan a sus Administraciones Tributarias de los medios adecuados para determinar su soberanía tributaria.

La República Oriental del Uruguay ha adoptado estándares internacionales en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), e integra junto a 121 Jurisdicciones el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal en Materia Tributaria de dicha organización, desde su fundación en setiembre de 2009.

Ante el compromiso asumido frente a la comunidad internacional en la materia, y en el marco del foro referido, la República Oriental del Uruguay, junto a las otras jurisdicciones integrantes del Foro Global, se encuentra en el llamado Proceso de Revisión entre Pares. Este tiene como objetivo que las distintas jurisdicciones incorporen a su marco jurídico e implementen las recomendaciones acordadas. El establecimiento de acuerdos de intercambio de información entre las jurisdicciones es una de las recomendaciones realizadas.

La principal fuente de los estándares internacionales sobre intercambio de información fiscal es el Artículo 26 del Modelo de la OCDE para Convenios Tributarios sobre la Renta y el Capital.

Este modelo fue elaborado con el objeto de promover la cooperación internacional en materia tributaria mediante el intercambio de información, en el combate de las prácticas fiscales perniciosas. Si bien su alcance es más limitado que el de los convenios para evitar la doble imposición, los aspectos relacionados con el intercambio de información se encuentran regulados en detalle».

Me aparto un instante del texto del informe para mencionar que quienes seguimos de cerca este tema a nivel de las consideraciones internacionales, fundamentalmente las resoluciones de la OCDE y las que toma el Grupo de los 20 –del cual la OCDE es un organismo asesor–, vemos que todo va encaminado a que dentro de algunos años –no muchos–, el intercambio de información ya no requiera acuerdo entre partes, sino que sea un acuerdo internacional de carácter universal. La tendencia de los países del Grupo de los 20 –entre los que están Argentina y Brasil– es que esto se extienda a la totalidad de las naciones que, naturalmente, deberán suscribir este Tratado.

«Los estándares contemplan el intercambio de información fiscal entre los Estados Parte, siendo la información proporcionada estrictamente confidencial».

En cuanto al contenido de los estándares, en términos generales se refieren a:

a) Intercambio a requerimiento de la información fiscal que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de los tributos del otro Estado Parte.

b) Inexistencia de restricciones cuyo fundamento sea el secreto bancario o la falta de interés fiscal para el Estado que debe obtener y proporcionar la información.

c) Disponibilidad de información confiable y de los medios para obtenerla.

d) Manejo confidencial de la información proporcionada por cada Estado Parte.

Nuestro país adoptó los estándares internacionales siguiendo las recomendaciones emanadas del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Tributaria, suscribiendo Convenios sobre Intercambio de Información Tributaria con Argentina, Australia, Brasil, Francia, Dinamarca, Islas Feroe, Noruega, Groenlandia, Islandia, Suecia y Canadá.

El Acuerdo Tipo de la OCDE fue desarrollado por el Grupo de Trabajo del Foro Global sobre intercambio efectivo de información.

El informe de la OCDE identifica «la falta de intercambio efectivo de información como uno de los criterios clave en la determinación de las prácticas fiscales perjudiciales». Señalo y subrayo especialmente esta frase.

El Acuerdo representa el nivel de intercambio efectivo de información para los propósitos de la iniciativa de la OCDE sobre prácticas fiscales perjudiciales.

Es importante que los centros financieros de todo el mundo cumplan con los estándares de intercambio de información fiscal establecidos en el documento.

El presente proyecto de ley se alinea con los estándares referidos y contempla medidas para defender la integridad de los sistemas tributarios contra el impacto de la falta de cooperación en materia de intercambio de información tributaria, cumpliendo con el propósito de lograr la igualdad de condiciones en la comunidad internacional.

Actualmente, Uruguay cuenta con doce Convenios vigentes para evitar la Doble Imposición Internacional –CDI– con: Alemania, Hungría, México, España, Suiza, Portugal, India, Ecuador, Liechtenstein, Corea, Finlandia, Malta; y diez Convenios de Intercambio de Información Tributaria –IIT–, como acabo de mencionar.

«Junto al presente, se encuentran firmados e ingresados al Parlamento, pero aún no ratificados: –porque están siendo considerados–Reino de los Países Bajos (AII), Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania (CDI) y Bélgica (CDI)».

Después, en el informe hago una serie de consideraciones que están en poder de los señores Senadores, así como una referencia al intercambio comercial con el Reino de los Países Bajos.

Con respecto al contenido, cabe destacar que los artículos 1.º y 2.º refieren al objeto y al ámbito del Acuerdo, estableciendo que las autoridades competentes de las partes contratantes se prestarán asistencia mediante el intercambio de la información que pueda resultar de interés para la administración y la aplicación de su Derecho interno relativa a los impuestos del presente Acuerdo. La información se intercambiará de conformidad con las disposiciones del Acuerdo y se tratará de manera confidencial; además, se señala que la parte requerida no estará obligada a facilitar la información que no esté bajo control de personas que se hallen en su jurisdicción territorial.

El artículo 3.º refiere a los impuestos comprendidos en el presente Acuerdo: son los aplicados en las Partes contratantes, de cualquier naturaleza y denominación.

Este Acuerdo se aplicará también a los impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente similares que se establezcan después de la fecha de su firma y que se añadan a los actuales o los sustituyan.

El artículo 4.º desarrolla definiciones, pero, a los efectos de avanzar, voy a omitir leerlas. De todas formas, aclaro que se trata, por ejemplo, de los conceptos de Parte Contratante, Autoridad Competente, Persona, Sociedad, etcétera.

El intercambio de información entre los Estados puede efectuarse de diferentes maneras. La modalidad que establece el artículo 5.º del presente Acuerdo es el intercambio de información previo requerimiento. Opera previa solicitud de una de las Administraciones fiscales y supone la petición de datos concretos que se entiendan necesarios para el desarrollo de las actuaciones administrativas necesarias sobre contribuyentes y operadores también concretos, identificados o identificables. La administración requirente debe demostrar; la existencia de una investigación o fiscalización en curso relacionada con el objeto de solicitud; que la información solicitada es necesaria a tales efectos y que previamente se han agotado las fuentes regulares de información previstas por su legislación interna. Este artículo también establece que al formular un determinado requerimiento, la autoridad competente de la parte requirente proporcionará la siguiente información –es muy importante subrayar este aspecto–: la identidad de la persona sometida a inspección o investigación; una declaración sobre la información solicitada en la que conste su naturaleza y la forma en que la Parte requirente desee recibir la información de la Parte requerida; la finalidad fiscal para la que solicita la información; los motivos que abonen la creencia de que la información solicitada se encuentra en la Parte requerida; una declaración en el sentido de que el requerimiento es conforme con el Derecho y las prácticas administrativas de la Parte requirente, y una declaración en el sentido de que la Parte requirente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la información. Reitero que todas estas exigencias muy severas que se hacen cuando un Estado solicita información a otro, además de los procedimientos de reserva y de guardar secreto en determinadas circunstancias, están detallados en el artículo 5.º que acabo de citar.

El artículo 6.º se denomina «Inspecciones fiscales en el extranjero». A través de este tipo de fiscalizaciones se admite –lo subrayo– la posibilidad de que representantes autorizados de un Estado contratante tengan entrada en el otro Estado con el fin de interrogar a personas físicas, de examinar la contabilidad y los registros de una persona, o a efectos de presenciar interrogatorios y exámenes realizados por las autoridades tributarias del otro Estado contratante. Me interesa señalar este artículo porque ya hay otros Acuerdos en los que esta cláusula no se incluyó, precisamente, a pedido de la delegación de Uruguay en la materia. Sin embargo, en otros Estados, como en este, parecería que eso no reviste mayores inconvenientes y por tal motivo se incluye la posibilidad de realizar inspecciones fiscales en el extranjero.

El artículo 7.º, «Posibilidad de denegar un requerimiento», establece que en ningún caso las disposiciones del presente Acuerdo podrán interpretarse en el sentido de obligar a una Parte contratante a adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro Estado contratante; a suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado contratante; a proporcionar información que revele secretos comerciales, empresariales, industriales o profesionales o un proceso comercial; a obtener o facilitar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado u otro representante legal; a proveer información cuya comunicación sea contraria al orden público; a hacer cumplir una disposición del Derecho Tributario –por parte de la parte requirente– que resulte discriminatoria contra un nacional de la parte requerida, en comparación con un nacional de la parte requirente en las mismas circunstancias. Junto con las condiciones que establece el artículo 5.º, creo que estas también son exigentes en cuanto a denegar un requerimiento.

El artículo 8.º, «Confidencialidad», instituye lo que se conoce como «secreto tributario internacional», al disponer que el Estado requirente debe mantener en secreto, según las condiciones impuestas por su normativa interna, la información recibida del Estado requerido. La razón de ser de tal disposición radica en el hecho de que la asistencia recíproca entre las administraciones tributarias únicamente es viable si cada una de ellas está segura de que la otra considerará confidencial la información recibida como consecuencia de su cooperación.

Las reglas de confidencialidad de este artículo son aplicables a todo tipo de información recibida, incluyendo tanto la información suministrada en ocasión de un requerimiento como la transmitida en respuesta a un requerimiento.

La excepción al secreto consagrado, según lo dispuesto en este artículo, lo constituyen los órganos de control. En efecto, el artículo 8.º establece que la información puede ponerse a disposición de las autoridades que supervisan la Administración tributaria y del aparato encargado de exigir el cumplimiento de las leyes en tanto partes integrantes de la Administración general del Gobierno de un Estado contratante.

Por su parte, el artículo 9.º refiere a los costos y el 10 a la legislación para el cumplimiento del Acuerdo, señalando que las partes contratantes deberán promulgar toda la legislación necesaria para cumplir y hacer efectivos los términos del Acuerdo.

El artículo 11 establece el Procedimiento de mutuo acuerdo, y los artículos 12 y 13 se refieren a la entrada en vigor y a la terminación del Acuerdo, respectivamente.

También cabe destacar que el Protocolo se compone de dos artículos.

El artículo 1.º se refiere al tratamiento de los datos personales que deban transmitirse las partes.

El artículo 2.º establece que este Protocolo formará parte integral del Acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y Uruguay para el intercambio de información en materia tributaria, y que entrará en vigor en la misma fecha que el Acuerdo.

Por todo lo expuesto, consideramos que este Acuerdo se ajusta estrictamente a los estándares internacionales de los Tratados que Uruguay ya ha suscrito y que este Parlamento ha aprobado, por lo cual solicitamos su aprobación en esta oportunidad.

Muchas gracias.

13) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, quisiera hacer una propuesta que modifica la cuestión de orden planteada anteriormente: levantar la sesión en este momento en que acaba de hacer su informe el señor Senador Baráibar, porque estos Acuerdos requieren mayoría absoluta para su aprobación y en esta instancia la bancada de Gobierno no está constituida por todos sus miembros.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–21 en 22. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 13, presidiendo el señor Danilo Astori y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Antognazza, Baráibar, Chiruchi, Clavijo, Conde, Couriel, Da Rosa, Gallo Imperiale, Lescano, Malaquina, Martínez, Mezzera, Moreira (Constanza), Morelli, Pasquet, Rubio, Saravia, Tajam, Umansky y Viera).

DANILO ASTORI Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.