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n.º 261 - TOMO 517 - 10 DE DICIEMBRE DE 2013

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA

63.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR DANILO ASTORI Presidente EL SEÑOR ALFREDO SOLARI Primer Vicepresidente y EL SEÑOR LUIS ROSADILLA Segundo Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO, Y EL PROSECRETARIO MIGUEL SEJAS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

– El señor Senador Viera presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 191 del Decreto Ley n.º 14.157 (Orgánica de las Fuerzas Armadas), referente a los requisitos establecidos para que el personal militar pase a situación de retiro.

• Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.

5) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias.

6), 15), 18), 20) y 22) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por el señor Presidente del Cuerpo, Danilo Astori; por la señora Senadora Topolansky, y los señores Senadores Nin Novoa, Michelini, Lorier, Rosadilla, Martínez, Bordaberry y Chiruchi.

– Notas de desistimiento. Las presentan la señora Alicia Pintos y los señores Felipe Michelini, Carlos Gamou, Pablo Álvarez, Javier Salsamendi, Juan Souza, Daniel Olesker, Jorge Basso, Germán Cardoso, Juan José Domínguez, Andrés Berterreche, Aníbal Pereyra, Gabriel Frugoni, Carlos Baldassini, Yamandú Orsi, Daniel Garín, Sergio Chiesa, Ambrosio Barreiro y Jaime Trobo.

– Quedan convocados la señora Senadora Ana Lía Pineyrúa y los señores Senadores Lescano, Gallicchio, López Goldaracena, Clavijo, Fernández, Rodríguez y Montiel.

7) Luis Omar Elisburu

– Manifestaciones del señor Senador Fernández.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a Luis Elisburu, a la Asociación de Bancarios del Uruguay, Seccional Mercedes, a la Departamental Soriano del Partido Socialista y al PIT-CNT de Soriano.

8) Creación del RIDGE (Research Institute for Development, Growth and Economics)

– Manifestaciones del señor Senador Baráibar.

• El señor Senador continuará su exposición sobre el tema en la próxima sesión ordinaria.

9) Influencia positiva de la extensión de la plataforma continental en el desarrollo nacional

– Manifestaciones del señor Senador Lacalle Herrera.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas.

10) Importancia de la vigencia de los derechos humanos

– Manifestaciones del señor Senador López Goldaracena.

• El señor Senador no solicita trámite para la versión taquigráfica.

11) Programas de computación en organismos del Estado

– Proyecto de ley por el que se dispone su utilización por parte de los organismos del Estado.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

12), 14), 17), 19), 21) y 23) Control y regulación de la marihuana y sus derivados

– Proyecto de ley por el que se establece el control y la regulación por parte del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de la marihuana y sus derivados.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción del señor Senador Rosadilla, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión hasta terminar el tema en consideración.

16) Régimen de trabajo de las Comisiones durante el receso parlamentario

• Por moción de los señores Senadores Rosadilla, Viera y Moreira, el Senado resuelve autorizar a todas las Comisiones del Senado a reunirse durante el receso parlamentario.

24) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 6 de diciembre de 2013.

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 10 de diciembre, a la hora 9:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.º) Continuar con la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se dispone la utilización de programas de computación de formato abierto y estándar para el procesamiento y la conservación de datos, por parte de los Organismos del Estado.

Carp. n.º 1123/2012 – Rep. n.º 959/2013 y Anexo I

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se establece el control y la regulación por parte del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de la marihuana y sus derivados.

Carp. n.º 1288/2013 – Rep. n.º 962/2013 y Anexo I

3.º) por el que se crea el Colegio Veterinario del Uruguay.

Carp. n.º 1124/2012 – Rep. n.º 960/2013 y Anexo I

4.º) Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con las solicitudes remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:

– en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Dominicana, al doctor Raúl Pollak.

Carp. n.º 1362/2013 – Rep. n.º 956/2013

– en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República del Paraguay, al licenciado Federico Perazza.

Carp. n.º 1344/2013 – Rep. n.º 957/2013

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5.º) por el que se modifican varias disposiciones de la Ley n.º 18.407, de 24 de octubre de 2008, referida a la constitución y funcionamiento de las Cooperativas.

Carp. n.º 1252/2013 – Rep. n.º 964/2013 y Anexos I y II

6.º) por el que se prorrogan los permisos correspondientes a las frecuencias regulares de vuelo establecidas en la Ley n. º 19.057, de 4 de enero de 2013.

Carp. n.º 1320/2013 – Rep. n.º 968/2013

7.º) por el que se designa con el nombre de “Dr. Elías Regules”, el puente ubicado sobre el arroyo Malbajar, en la ruta nacional n.º 14, departamento de Durazno.

Carp. n.º 1384/2013 – Rep. n.º 967/2013

8.º) Discusión única de un proyecto de resolución relacionado con la reedición de la obra La Epopeya de Artigas, de don Juan Zorrilla de San Martín.

Carp. n.º 1403/2013 – Rep. n.º 961/2013

9.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con el Mensaje remitido por el Poder Ejecutivo, por el que solicita la venia correspondiente a fin de designar en los cargos de Fiscales Adscriptos (Escalafón “N”), a las doctoras Estela González Russo, Natalia Pereira Apud y Silvia Santos de Moraes y al doctor Mario Cardozo Fourcade.

Carp. n.º 1380/2013 – Rep. n.º 969/2013

10) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo, por los que solicita la venia correspondiente a fin de destituir de su cargo:

•­a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence el 2 de febrero de 2014).

Carp. n.º 1372/2013 – Rep. n.º 955/2013

•­a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence el 29 de diciembre de 2013).

Carp. n.º 1138/2013 – Rep. n.º 966/2013

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Agazzi, Amorín, Antognazza, Baráibar, Bordaberry, Chiruchi, Conde, Couriel, Da Rosa, Fernández, Gallinal, Gallo Imperiale, Heber, Lacalle Herrera, Larrañaga, Lescano, López Goldaracena, Michelini, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Pasquet, Penadés, Rubio, Saravia, Tajam, Topolansky y Viera; y a partir de la hora 12, el señor Senador Gallichio.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Lorier, Martínez y Nin Novoa; y a partir de la hora 12, el señor Senador Michelini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 40 minutos).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un proyecto de ley, por el que se aprueba el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), suscrito en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, el 16 de octubre de 2009.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo remite los siguientes Mensajes:

• por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al inciso segundo del literal B) del artículo 219 del Decreto-Ley n.º 14.157 (Orgánica de las Fuerzas Armadas), de 21 de febrero de 1974.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 168, numeral 13, de la Constitución de la República, para designar como Fiscal Letrado Departamental de Chuy (Escalafón “N”), a la doctora Ana Paula Segovia Cervetti.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se crea el Fondo Nacional de Colonización, destinado a la adquisición de tierras para ser colonizadas o al financiamiento de créditos obtenidos con ese destino.

–A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta por un plazo de ciento ochenta días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la empresa Chic Francés S.A.

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta por un plazo de ciento ochenta días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la Cooperativa Industrial Maragata (Coopima).

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

• por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República de Rumania para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, suscrito en la ciudad de Bucarest, República de Rumania, el 14 de setiembre de 2012.

• por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República de Georgia, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 29 de abril de 2013.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

• por el que se modifica el artículo 192 del Decreto-Ley n.º 14.157, de 21 de febrero de 1974, Orgánico de las Fuerzas Armadas, sobre las condiciones o plazos de retiros de Oficiales Superiores y de Personal Militar de la Secretaría de Estado, Unidad Ejecutora 001 “Dirección General de Secretaría de Estado”.

–A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

Asimismo, remite copia de las siguientes exposiciones escritas presentadas por el señor Representante Ricardo Planchón:

• referente a la necesidad de incluir en los planes educativos la formación de niños y adolescentes en educación alimentaria y nutricional.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

• relacionada con las medidas a adoptar para la prevención del melanoma o cáncer de piel, por el Sistema Nacional Integrado de Salud.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LAS COMISIONES DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD PÚBLICA.

Y, además, comunica:

• que ha sido aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino de Noruega relativo al Intercambio de Información en Materia Tributaria, suscrito en la ciudad de París, República Francesa, el 14 de diciembre de 2011.

• que ha aceptado las modificaciones introducidas por este Cuerpo al proyecto de ley por el que se prorroga por el término de sesenta meses la prohibición de la importación de vehículos usados, establecida por el artículo 1.º de la Ley n.º 17.887, de 19 de agosto de 2005, y modificativas.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Comisión de Transporte y Obras Públicas eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se prorrogan los permisos correspondientes a las frecuencias regulares de vuelo establecidas en la Ley n.º 19.057, de 4 de enero de 2013.

• por el que se designa con el nombre de “Dr. Elías Regules” el puente ubicado sobre el arroyo Malbajar, en la ruta nacional n.º 14 Brigadier General Venancio Flores, departamento de Durazno.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo:

• a fin de designar como Fiscales Adscriptos (Escalafón “N”) a las doctoras Estela González Ruso, Natalia Pereira Apud y Silvia Santos de Moraes, y al doctor Mario Cardozo Fourcade.

• a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el desglose de un artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2012, por el que se agregan disposiciones al artículo 9.º de la Ley n.º 18.831, de 17 de octubre de 2008, sobre Derecho de Acceso a la Información Pública.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se modifican normas relacionadas con la Junta de Transparencia y Ética Pública.

–REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia del Decreto n.º 6937/13, relacionado con la prohibición de la actividad de exploración y explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, bajo la técnica de fractura hidráulica o fracking, en el departamento de Paysandú.

La Junta Departamental de San José remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Pablo Cortés, relacionadas con la publicidad callejera de los partidos políticos una vez finalizado el período electoral.

–TÉNGANSE PRESENTES».

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Tabaré Viera presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 191 del Decreto-Ley n.º 14.157, de 21 de febrero de 1974 (Orgánica de las Fuerzas Armadas), referente a los requisitos establecidos para que el personal militar pase a situación de retiro”.

–A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

«Exposición de motivos

La presente Ley busca solucionar una situación que ha sido motivo de preocupación para el personal superior de las Fuerzas Armadas a través de los años, en función del tratamiento desigual que conlleva respecto a otros profesionales de nuestra sociedad, y porque va en contra de mantener el vínculo entre la institución militar y todos aquellos que han tenido el honor de pertenecer a ella.

Hacemos referencia a la situación de los Oficiales de las Fuerzas Armadas que habiendo egresado de las Escuelas de Formación y comenzando a cumplir sus deberes como personal superior, por diferentes motivos se alejan del servicio activo, sin haber completado los veinte años exigibles para tener derecho a revistar en situación de retiro.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 191 de la Ley n.º 14.157 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) si un Oficial no computa un mínimo de veinte años de servicio no tiene derecho a pasar a situación de retiro. Textualmente el mencionado artículo dice en su literal A) “Artículo 191.- El Personal Militar podrá pasar a situación de retiro a su solicitud si llena los siguientes requisitos:

A) Que haya acreditado el mínimo de edad y tiempo de servicios militares computables exigibles: (Oficiales: veinte años simples y personal subalterno: quince años simples y treinta y tres años de edad)”.

En la práctica esto se traduce en que los Oficiales que no llegan a los veinte años de antigüedad no tienen otra opción que solicitar la “baja a su solicitud” de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 219, literal A numeral 1 de la Ley n.º 14.157, perdiendo el estado militar e incluso su derecho a utilizar el grado.

El artículo 219 expresa textualmente “Artículo 219.- La baja se produce por las causas que se enumeran a continuación:

A) Para todo el personal militar:

1. A solicitud del interesado.

2. Como pena principal o accesoria con imposibilidad absoluta de reingreso.

3. Por deserción.

4. Por fallecimiento”.

La baja está definida por el artículo 218 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas como: “La desinvestidura del militar por dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas”.

El artículo 219 antes mencionado en el numeral 2) del literal A) prevé la baja: “Como pena principal o accesoria con imposibilidad absoluta de reingreso”.

Esto significa que quien habiendo realizado hasta cierto momento de su vida una carrera profesional sin objeciones es separado de la Institución de la misma manera que otro que lo hizo de manera deshonesta; la baja engloba todos los casos, evidentemente la situación de quienes se retiran voluntariamente no fue contemplada por la norma.

La Ley n.º 10.050 de las Fuerzas Armadas de año 1941 que regía con anterioridad a la promulgación de la Ley n.º 14.157 permitía el pase a situación de retiro con el consiguiente derecho al haber de retiro a los Oficiales con diez años de servicio.

Es aquí donde surge el problema ya que se asocia el “retiro” al “haber de retiro”, pero se puede ser retirado sin cobrar.

No se pretende por esta norma modificar el mínimo de años (veinte) para adquirir el derecho al haber de retiro, entendiéndose que es correcto que sea un mínimo de veinte años de servicio como lo indica la normativa vigente.

Tal vez cuando la norma fue redactada era impensable que un Oficial se retirase antes de cumplidos los veinte años de servicio, pero en la actualidad esto ha cambiado drásticamente y son muchos los Oficiales que a temprana edad solicitan la baja para dedicarse a otra actividad.

Es claro que el planteo no es de carácter económico sino el reconocimiento de una realidad que cada vez afecta a más señores Oficiales.

Proyecto de Ley

Artículo Único.- Modifíquese el Artículo 191 de la Ley n.º 14.157 del 21 de febrero de 1974 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 191.- El Personal Militar podrá pasar a situación de retiro a su solicitud si llena los siguientes requisitos:

A. Los Oficiales egresados de las Escuelas de formación militar podrán pasar a situación de retiro voluntario independientemente de los años de servicio. Solamente podrán recibir el haber de retiro aquellos Oficiales que computen más de veinte años de servicio.

B. El personal subalterno que haya acreditado el mínimo de edad y tiempo de servicios militares computables exigibles: quince años simples y treinta y tres años de edad.

C. Que no se encuentre prestando servicios o en misión en el extranjero.

D. Que cuando haya realizado cursos o entrenamiento en el extranjero, verifique luego de su regreso al país la prestación de servicios efectivos, por un período igual al doble del tiempo permanecido fuera del territorio nacional con tal propósito, con un mínimo de un año.

E. Los comprendidos en el inciso D) numeral 4 “in fine” y E) del artículo 97, de la presente ley.

Tabaré Viera. Senador».

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- En la sesión ordinaria del 4 de diciembre no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 28 de noviembre faltó, con aviso, el señor Senador Moreira. A la sesión del 3 de diciembre faltó, con aviso, el señor Senador Lacalle Herrera. A la sesión del 5 de diciembre faltaron, con aviso, el señor Senador Lacalle Herrera y la señora Senadora Moreira.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 2 de diciembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Baráibar y Saravia.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 2 de diciembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Chiruchi y Tajam, y la señora Senadora Moreira.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 3 de diciembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Chiruchi y Tajam.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 4 de diciembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Gallinal, Lescano, Michelini y Moreira.

A la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del 4 de diciembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Michelini y Moreira.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 4 de diciembre faltó, con aviso, el señor Senador Bordaberry.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 5 de diciembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Chiruchi y Larrañaga.

Y a la sesión de la Comisión de Hacienda del 5 de diciembre faltó, con aviso, el señor Senador Obispo.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 9 de diciembre de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Contador Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

 

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por razones personales por los días 10 y 11 de diciembre del presente año, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Rodolfo Nin Novoa. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–13 en 14. Afirmativa.

Queda convocado el señor Senador Héctor Lescano, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 10 de diciembre de 2013.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

 

Por la presente y de acuerdo a la Ley n.º 17.827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a Usted se me conceda licencia por motivos personales, por el día de la fecha, a partir de las 12 horas.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rafael Michelini. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–12 en 14. Afirmativa.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 10 de diciembre de 2013.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

 

Por la presente y amparado en la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004, artículo 1.º, inciso A), solicito al Cuerpo me conceda licencia los días 16, 17 y 18 del corriente por razones odontológicas. Solicito además se convoque al suplente respectivo.

Sin más lo saludo atte.

Eduardo Lorier. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Alicia Pintos ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Oscar López Goldaracena, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 9 de diciembre de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia el miércoles 11 del corriente a partir de las 16:00 horas, por motivos personales.

Sin más, lo saludo atentamente.

Luis Rosadilla. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–13 en 14. Afirmativa.

Se comunica que los señores Carlos Gamou, Pablo Álvarez, Javier Salsamendi y Juan Souza han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Hebert Clavijo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

7) LUIS OMAR ELISBURU

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la Media Hora Previa.

Tiene la palabra el señor Senador Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: hace unos días me enteré de que no se encontraba bien de salud Luis Omar Elisburu, el Pata. Inmediatamente consideré que debía reconocer lo que ha sido Elisburu en su vida militante, en su Soriano querido.

Elisburu nació el 5 de mayo de 1935 y se jubiló el 5 de mayo de 1995. Ingresó al Banco de Seguros del Estado en agosto de 1952, pero inmediatamente pasó al Banco Comercial, en el que permaneció hasta su jubilación. Llegó a ser gerente de sucursal, siempre gracias al sindicato, como él decía, porque en la banca privada el hecho de ser afiliado a AEBU significaba no ascender más allá de oficial. Sin embargo, su gran capacidad y entrega hicieron que el Banco no tuviera más remedio que reconocerlo. Tan así es que, siendo gerente en Trinidad, después de una evaluación de la institución, reconocieron a la sucursal como la de mejor gestión.

El Pata ha sido un verdadero referente del gremio; militó en la base y tuvo responsabilidades en la dirección, sobre todo en la Seccional Mercedes. Junto a otros grandes militantes, como Óscar Bello, Hugo Cuadrado, González, el Ciego Rostand y tantos más, creó el Club Atlético Bancarios Unidos, lo que les permitía competir en todos los deportes que los integrantes del gremio quisieran; pero fundamentalmente lo hacían para juntar a la familia en torno al sindicato. Los recuerdo organizando las reuniones para comer vaquillonas con cuero en plena dictadura, festejando lo que fuera para, de esa manera, mantener al gremio informado.

Elisburu ha sido de esos hombres con cabeza abierta; aun no practicando la religión católica, llevaba siempre a los dirigentes de AEBU a conversar con el entonces Obispo de Mercedes, Monseñor Rubio, para ponerlo al tanto de la situación de los presos políticos y sindicales. Él decía que no importaban las diferencias; importaban las coincidencias.

En las numerosas asambleas de la banca privada, Elisburu era temido por los oradores, ya que tenía una particular sensibilidad para darse cuenta de que podía pararse ante un micrófono y proponer la consabida moción de orden de que ya estaba todo discutido, que había que cortar la lista de oradores y pasar a votar porque, como él decía: “Los del interior nos tenemos que ir a partir de las cinco y nosotros también queremos decidir”. Nunca lo vi perder una votación.

Siempre hemos afirmado que militar en el interior es mucho más difícil que en la capital, pero para el Pata nunca fue un problema ayudar a organizarse a los trabajadores y trabajadoras de su departamento. Sin embargo, no fue la militancia gremial lo único que ocupó a Luis Elisburu, sino también la política. Fue militante del Partido Nacional en su juventud, pero en la década del sesenta se afilió al Partido Socialista, donde en varias oportunidades integró la dirección departamental partidaria. En 1971, cuando se crea el Frente Amplio, es electo Edil, cargo que por cierto pudo ejercer por apenas dos años, al darse luego el golpe de Estado.

Con estas pocas palabras quería recordar la militancia de este hombre enamorado de la vida, soñador de una sociedad que hoy pelea por seguir adelante, que ha sido y es un ejemplo para todas las generaciones de militantes, que es de esos personajes anónimos que si bien no aparecen en los titulares de prensa, ha quedado demostrado que es un grande. Es más; en la reconstrucción democrática no solo ha contribuido con un granito de arena, sino con buena parte de ella. Hace unos meses quedó viudo de su compañera de siempre, Margarita Gutiérrez, también socialista, lo que seguramente ha sido uno de los motivos de su quebranto de salud.

Señor Presidente: no será titular de los principales periódicos, pero sin duda al Pata Elisburu, nacido un 5 de mayo –como la Asociación de Bancarios–, militante, verdadero luchador por la democracia y soñador de sus ideas, quienes hemos sido sus alumnos lo tenemos permanentemente en la tapa de esos libros no escritos pero que sí enseñan, y mucho, en la vida.

Espero que con estas palabras ayudemos a encontrar la sonrisa tan particular del Pata. Siempre digo que los mejores homenajes se hacen en vida.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al compañero Luis Elisburu, a la Asociación de Bancarios del Uruguay, Seccional Mercedes, a la Departamental Soriano del Partido Socialista y al PIT-CNT de Soriano.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

–16 en 17. Afirmativa.

8) CREACIÓN DEL RIDGE (RESEARCH INSTITUTE FOR DEVELOPMENT, GROWTH AND ECONOMICS)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: en sesiones anteriores del Senado, concretamente las celebradas los días 14 de mayo y 13 de noviembre pasados, me referí a temas que están vinculados con una personalidad que recientemente nos ha visitado. Me refiero al economista Joseph Stiglitz.

En la sesión del 14 de mayo mencioné el libro El Informe Stiglitz. La reforma del sistema económico en el marco de la crisis global, cuya autoría estuvo a cargo de un comité de expertos financieros. Y el 13 de noviembre me referí a la invitación que le habíamos formulado para que compareciera en la Asamblea anual del Parlamento Latinoamericano, a fin de exponer sobre las ideas contenidas en dicho Informe.

Como acabo de decir, este fin de semana, invitado por el Ministerio de Economía y Finanzas y con el apoyo del Banco de la República, el Banco de Seguros del Estado y el Sodre, visitó nuestro país el economista Joseph Stiglitz. Así fue que el pasado sábado tuvimos oportunidad de concurrir a una conferencia que se realizara en la sala Hugo Balzo del Sodre, donde él expuso sus ideas básicas.

El economista Stiglitz viene a promover la creación del Research Institute for Development, Growth and Economics, es decir, el Instituto de Investigación para el Desarrollo, Crecimiento y Economía.

(Murmullos en Sala).

(Campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señor Senador Baráibar. Quiero solicitar a los señores Senadores que hagan un poco más de silencio a efectos de disminuir el murmullo en Sala.

Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- No me sorprende que el tema que estoy mencionando no despierte atención, pero como no se puede hacer alusiones, dejo esa cuestión por ahí.

El instituto al que hacía referencia, más conocido por la sigla Ridge, es una iniciativa de la International Economic Association, mejor conocida como la IEA, que cuenta con el apoyo del Gobierno uruguayo. En definitiva, la IEA y el Gobierno de nuestro país han acordado firmar un Acuerdo de Intenciones para la creación del Ridge y su puesta en funcionamiento a partir de 2014. El objetivo de esta iniciativa es la localización, en el Uruguay, de un centro de investigación de excelencia en economía, con una destacada proyección internacional. Ridge contribuirá a una mejora sustantiva en el estudio de los problemas económicos y sociales relevantes para Uruguay y América Latina, al tiempo que abrirá nuevas y mejores perspectivas de desarrollo personal a los jóvenes uruguayos y sudamericanos, con la consiguiente acumulación de capital humano y social para nuestros países. Ridge constituirá, además, un aporte significativo para el estudio del desarrollo económico desde la perspectiva de los países en vías de desarrollo y, en particular, de América Latina.

El Comité Procreación de Ridge está presidido por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y Presidente de la IEA, y tiene como Presidente de Honor al señor Enrique Iglesias, ex-Presidente del BID y actual Secretario General Iberoamericano. Cuenta, además, con destacados economistas, tales como Andreu Mas-Colell, quien fuera profesor de Harvard, actualmente Consejero de Economía de la Generalitat de Catalunya y futuro Presidente de la IEA. Asimismo, integran ese Comité Vittorio Corbo, ex-Presidente del Banco Central de Chile; Juan Pablo Nicolini, profesor de la Universidad Torcuato di Tella, de Argentina; Aloisio Araujo, profesor del Instituto de Matemática Aplicada –IMPA–, de Brasil, y Oscar Licandro, profesor de la Barcelona GSE y Secretario General de la IEA. En representación del Gobierno uruguayo, integrará el Comité Procreación de Ridge el actual Ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo.

Para los años 2014 y 2015, Ridge desarrollará un ambicioso programa de actividades en Uruguay que involucrará la participación anual de más de cien investigadores internacionales, regionales y locales de primerísimo nivel. Las áreas temáticas incluirán: política fiscal y monetaria, políticas sectoriales, comercio, mercado laboral, formación de precios, regulación bancaria y sistema financiero, así como diversas temáticas sociales tales como educación, crimen, conflicto social, desigualdad, emigración y empleo.

Esta es la información que tenemos sobre la creación del Instituto Ridge. Como señalé anteriormente, en relación con este tema contamos con la presencia de Joseph Stiglitz el fin de semana pasado.

Mañana me referiré al contenido de la conferencia que dio el señor Stiglitz, razón por la cual no solicitaré que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a ninguna parte pero sí lo haré en la sesión de mañana.

9) INFLUENCIA POSITIVA DE LA EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL EN EL DESARROLLO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: ayer, en la Comisión de Defensa Nacional, tuvimos una reunión muy importante –diría que interesante–, en tanto asistieron el Ministro de Relaciones Exteriores y el Subsecretario de Defensa Nacional, en una presencia combinada de las dos Carteras. En ese sentido, en el momento que expuso la Cancillería, el doctor Mata y los técnicos que lo asesoran realizaron una interesantísima presentación acerca de cómo está la negociación para la medición de la plataforma continental. Realmente aprendimos mucho porque a través de las transparencias muy didácticas que se expusieron pudimos comprender una cantidad de términos técnicos que –por supuesto, no me siento capaz de repetirlos– una vez que se ven en los mapas, diagramas o en las fotos del fondo marino, nos van ayudando a entender que estamos ante una de las máximas prioridades del país.

Estamos, señor Presidente, ante la inminencia de aumentar el territorio nacional de una manera tremenda. Según la última discusión que se está teniendo acerca de dónde se ubica la línea, podríamos obtener 89.000 kilómetros cuadrados más, es decir, la mitad de lo que hoy tenemos en tierra. Si lo viéramos proyectado en el mapa, realmente volveríamos a decir lo que tantas veces se ha dicho: el nuestro no es un país pequeño, es un gran país. Esta extensión de su soberanía, de los derechos económicos, de la capacidad de prospección y de la explotación del fondo marino –sin perjuicio de la explotación de los recursos marítimos propiamente dichos–, abre una puerta enorme a la esperanza del desarrollo nacional.

Quiero decir que –hablo quizás solo por mi parte pero me parece que también lo hago por los otros Senadores que asistieron a la reunión– quedamos muy satisfechos por la tarea realizada.

Cuando se marcó en el mapa un triángulo, que todavía está en duda si podemos reclamar o no –cuya superficie es de 9.000 kilómetros cuadrados; un pedacito de tierra y de fondo marino importante, del tamaño de un departamento–, preguntamos qué hacía falta para que se realizaran los estudios. Se nos dijo que se necesitaban US$ 2:000.000.

Creemos, señor Presidente, que estamos ante una de esas decisiones sobre las cuales no se puede calcular en dinero lo que el país puede avanzar. En lo personal, me comprometí –en lo que pueda valer mi opinión y mi pedido– a que desde el Senado se solicitaran cuanto antes los recursos para poder efectuar los estudios en esa zona. Si se realizan esos estudios y se encuentra en el fondo marino lo que hace falta desde el punto de vista técnico, podemos completar 89.000 kilómetros en lugar de 80.000 kilómetros cuadrados de soberanía.

Por supuesto que esto va a ser votado porque, normalmente, se votan todos los pedidos de los señores Senadores, pero en este caso estoy seguro de que lo harán con convicción y no por mero trámite ni por gentileza, porque todos los Senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional –los señores Senadores Abreu y Baráibar, entre otros–, presidida por el señor Senador Viera, asistimos a una exposición que nos llenó de entusiasmo. Es decir que tuvimos una verdadera clase sobre estos temas.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas, para que se busquen los recursos de forma que la Comisión que está trabajando pueda encargar los estudios pertinentes a las compañías especialistas en el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

–22 en 23. Afirmativa.

10) IMPORTANCIA DE LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador López Goldaracena.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Señor Presidente: voy a ocupar unos minutos de esta sesión para mencionar que en el día hoy se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es un tema que no es menor e, indudablemente, nos llevaría mucho más que el tiempo reglamentario para poder profundizar en él pero, ¡vaya si tiene una exigencia para con toda nuestra sociedad! Cuando digo esto, me estoy refiriendo a un tema puntual en materia de cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos no son solamente normas que están allí arriba, para que el día de mañana los Estados o los Gobiernos de turno traten de llevarlos a cabo, haciendo las cosas lo mejor posible para aterrizarlos. Los derechos humanos son derechos individuales y colectivos y, por serlo, también hacen que existan deberes. Los principales actores obligados, jurídica, moral y políticamente a cumplir con los deberes que implican la efectiva vigencia de los derechos humanos son los Estados, no los Gobiernos. En esa coyuntura de cumplimiento de los derechos humanos, ¡vaya si las sociedades, los individuos y las organizaciones también tienen responsabilidad! No solamente el Estado está obligado a cumplir, sino que también las sociedades y los individuos tenemos que coadyuvar para que ese mandato de los derechos humanos se aterrice en la diaria convivencia. Si bien desde el punto de vista formal son derechos desde su contenido, implican el reconocimiento de aquellas condiciones y cualidades indispensables para que todo ser humano, durante su cortito tiempo vital –porque, colegas, no vamos a vivir cien, doscientos o trescientos años; vivimos muy poquito en relación con los tiempos históricos de las sociedades, de los países, de los pueblos–, tenga derecho a realizarse hasta el límite máximo de sus potencialidades y de sus talentos, para ser feliz, viviendo en comunidad. Si apreciamos los derechos humanos en esa concepción interdependiente e indivisible, se darán las condiciones para permitir esa realización, aunque ello exige un compromiso de los Estados, de los individuos, de las organizaciones, de la sociedad civil y, en definitiva, de todos. Ese es un paradigma que nos debe unir, por encima de nuestras puntuales diferencias, en temas políticos, sociales, económicos y filosóficos. Ese debe ser un carril que nos lleve a todos a poder construir una sociedad y un mundo mejor. Con ese espíritu quiero recordar hoy, 10 de diciembre de 2013, a quienes nos precedieron en la lucha por la vigencia de los derechos humanos, recordando que nuestro país y nuestra sociedad ¡vaya si todavía tienen la asignatura pendiente de la impunidad en crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el pasado reciente! Ya tendremos oportunidad de profundizar en estos tópicos.

Señor Presidente: no voy a pedir trámite alguno para la versión taquigráfica de estas palabras; simplemente, me alcanza con la reflexión colectiva que podamos hacer en el día de hoy sobre estos extremos.

Muchas gracias.

11) PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN EN ORGANISMOS DEL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del punto que figura en primer término del Orden del Día: “Continuar con la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se dispone la utilización de programas de computación de formato abierto y estándar para el procesamiento y la conservación de datos, por parte de los Organismos del Estado. (Carp. n.º 1123/2012 - Rep. n.º 959/2013 y Anexo I)”.

(Antecedentes: ver 61.ª S.O).

–Continuando con la discusión en general del proyecto de ley, tiene la palabra el señor Senador Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: queremos hacer una fundamentación sobre la importancia que tiene este proyecto de ley. Por supuesto que toda la argumentación expuesta por el miembro informante, el señor Senador Martínez, la compartimos, pero quisiéramos profundizar en la importancia que tiene esta iniciativa, que contribuye al desarrollo del software libre.

Este proyecto de ley, que en su articulado determina que los organismos del Estado deberán distribuir toda la información en un formato abierto, estándar y libre y, por otro lado, habla de que cuando el Estado contrate o desarrolle software deberá ser distribuido y licenciado en forma libre, a mi entender tiene su importancia pues, precisamente, está contribuyendo al desarrollo de este tipo de software. El señor Senador Martínez decía que, en los tiempos que estamos viviendo, los países se juegan gran parte de su desarrollo en torno a tres sectores de la economía: la biotecnología, las fuentes de energía y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Precisamente, en este último sector nos vamos a detener para analizar la importancia estratégica de ser parte de la cadena de valor en la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología, fundamentalmente, en el sector del software.

Vivimos en una era digital, somos protagonistas del desarrollo de la sociedad de la información y tenemos dos grandes desafíos: la alfabetización digital de los ciudadanos y el desarrollo de riquezas basadas en el conocimiento. Precisamente, el desarrollo de riquezas en el sector de la ciencia y la tecnología tiene al conocimiento como su insumo principal. Nosotros, como ciudadanos, como integrantes de un Gobierno de izquierda, tenemos el deber de impulsar acciones que generen desarrollo para nuestros ciudadanos y que este se lleve a cabo con la mayor equidad y justicia social posibles. Pero hay un sector en el Uruguay que dispone de un gran capital humano y mucho conocimiento disponible pero que, a su vez, no se está explotando y desarrollando con un interés netamente nacional. Nos estamos refiriendo al sector del software.

A nivel mundial existen dos grandes paradigmas: las corporaciones que investigan, desarrollan y comercializan software de tipo privado y las comunidades que investigan, desarrollan y comercializan software de tipo libre. A primera vista, uno lee esto y piensa que son lo mismo, pero en realidad no lo son, no hacen lo mismo, porque, fundamentalmente, tienen cadenas de valores y objetivos diferentes. En las primeras, tanto el conocimiento –el insumo principal del desarrollo– como las riquezas quedan concentrados en el entorno de la empresa, mientras que en el ecosistema del software libre, tanto el conocimiento como la riqueza quedan distribuidos entre sus integrantes y la sociedad. En definitiva, el ecosistema del software libre es la materialización del ideal cooperativo en el sector de la ciencia y la tecnología del software. El software libre permite, entre otras cosas, independencia tecnológica, ya que quien produce su propia tecnología rompe la dependencia con las grandes corporaciones multinacionales del sector. Asimismo, permite retención de riquezas, invirtiendo en capacidades nacionales y en desarrollo de conocimiento local, y fomenta las capacidades propias, porque al socializarse el conocimiento permite que el mismo esté al alcance de cualquier individuo que desee mejorar sus capacidades. También permite reducir las barreras para el acceso a la tecnología ya que los insumos producidos localmente siempre van a tener menos barreras de acceso que cuando dependemos de su producción fuera de fronteras. Este software permite, además, contribuir con el desarrollo de la pequeña y mediana industria; el espíritu cooperativo del ecosistema hace posible que los jóvenes profesionales puedan comenzar a emprender y desarrollar sus propias empresas. Por otro lado, podemos decir que también el software libre contribuye al desarrollo de la soberanía nacional y de la libertad individual, ya que solamente quien usa un software libre puede conocer exactamente qué hace su computadora en el momento en que ejecuta su programa.

Por último, señor Presidente, y no por ello menos importante, debemos defender y contribuir al desarrollo del sector del software libre porque es el único ecosistema socioeconómico en el ámbito del desarrollo de la ciencia y tecnología que no transfiere riquezas desde el trabajo y el capital.

Por todas estas razones, señor Presidente, consideramos de suma importancia el proyecto de ley que vamos a votar en el día de hoy.

SEÑOR AGAZZI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: aunque ya estamos finalizando la discusión de este proyecto de ley, creo que este asunto es muy importante.

Desde setiembre de 2006 existe un proyecto original sobre este tema y queda claro que si un asunto se discute durante 7 años en el Parlamento, es por alguna razón. Creo que este asunto tiene una enorme importancia, sobre todo, porque cuando se introduce la informática en la sociedad, todo lo que tiene que ver con la programación se vuelve imprescindible. No es lo mismo que sucede con la lógica del papel, ya que en el caso que estamos analizando la herramienta de la programación se vuelve imprescindible.

Hoy en día hay dos tipos de herramientas y voy a explicar este aspecto con palabras que no son las de la etiqueta. Se podría decir que existe el software libre y también el software privativo. Considero que, en realidad, hay un software que limita los derechos de uso y hay un software que no los limita. En el Estado, hoy todo se hace con software privativo –porque es lo que hay disponible y resulta lógico– y el que quiere, usa otro formato. Pero, en realidad, hay instituciones públicas que lo están utilizando.

Pienso que el software es una mercadería rara, porque no está a la venta. Quien compra software, en los hechos, está comprando una licencia que lo autoriza a utilizarlo. Eso es distinto a lo que ocurre con los libros y los discos; no se compra algo material sino un derecho que no pasa a ser propiedad de quien lo adquiere, ya que lo que se compra es un derecho a usar algo que ya existe y si se trata de un software con limitación de uso lo que se obtiene es una forma de uso en ciertas máquinas y bajo ciertas condiciones. La diferencia sustancial que presenta el software libre es que permite ejecutarlo, copiarlo, corregirlo y distribuirlo en distintas computadoras, por lo cual me sumo a la tendencia general de llamarlo software libre y no de otra manera.

¿Por qué es importante la utilización de esta tecnología en la Administración Pública? Porque el Estado almacena y procesa información de los ciudadanos que debe ser resguardada. ¿Qué riesgos corre la información que almacena el Estado? Corre riesgos de filtración y de que personas que no están autorizadas accedan a esa información, que debe ser resguardada en toda su vida útil sin ser manipulada. Por consiguiente, la vulnerabilidad de la información que tiene la Administración Pública depende de la herramienta informática que se utilice. Como decía el señor Senador Gallo Imperiale, la soberanía es la capacidad de producir y transformar tecnología, y en poco tiempo esta discusión será vieja.

Según se informara, el 35 % de todo el código de las aplicaciones informáticas en Europa ya es software libre reutilizado y la mayor producción de sus herramientas es desarrollada por las grandes empresas productoras de software. Hoy en día, una empresa que se dedica al software no obtiene beneficios de aquellos productos de los que es propietaria, sino que los obtiene al desarrollar nuevos productos. Esto que sucede en la industria, se acentúa en el terreno de la informática.

Por otra parte, quiero expresar que de ninguna manera la introducción de software libre en la Administración Pública atentará o será negativa para las empresas productoras de software sino que, por el contrario, la experiencia será muy positiva porque en el futuro se hará necesaria la compra de nuevos productos y serán estas empresas las que deberán desarrollarlos.

El proyecto de ley en consideración fue aprobado en la Cámara de Representantes, y en la Comisión se dio una importante discusión con respecto al artículo 2.º, siendo suprimido de la redacción del segundo párrafo del artículo 2.º, el texto: “incluyendo el acceso como software libre al o a los programas necesarios para el desarrollo”. En lo personal, hubiera preferido que se mantuviera la redacción tal cual estaba, pero como es necesario negociar para que se apruebe el proyecto de ley, estoy de acuerdo en votarlo tal cual está.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–De todas maneras, aunque el proyecto de ley no lo exprese, software libre es software libre, cuando todo su contenido es de libre acceso.

Por todo lo expresado, señor Presidente, resaltamos la importancia de este proyecto de ley y de su votación en el día de hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: acompañamos lo manifestado por el señor Senador Amorín en la sesión que tratara este proyecto de ley y adelantamos que votaremos afirmativamente el proyecto de ley en general y en forma negativa su artículo 2.º.

Nos permitimos señalar un par de errores que, quizá, se pueden solucionar. El artículo 5.º, literal A), numeral 4) comienza con la conjunción Y, que creo que está de más porque no se debe empezar una frase con la conjunción y. Me parece que la redacción correcta sería: “Sea posible la mejora del programa y la liberación de dichas mejoras a la ciudadanía”. A su vez, el literal B) expresa: “El Software privativo es todo software que nos priva de alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al Software Libre”. No me parece correcta la expresión “nos priva”, por lo que considero que la redacción debiera ser: “El Software privativo es todo software que priva de alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al Software Libre”. Son modificaciones menores pero creo que sería bueno corregirlas.

Por otra parte, nos merece algunas dudas la falta de definición de lo que es una entidad internacional de certificación de estándares porque el día de mañana cualquiera puede establecer una entidad internacional de certificación de estándares y con eso ser suficiente para fijar qué es un formato estándar. Debiera haber alguna remisión –se me ocurre– a lo que son las entidades internacionales de certificación acreditadas debidamente.

A su vez, hacemos nuestras las dudas respecto al artículo 2.º del proyecto de ley, por creer que su redacción no es feliz. Si bien considero que el artículo 2.º va en el camino correcto de establecer que nos aseguremos que se puedan considerar las licencias de software libre, dichas licencias no siempre son las más baratas porque todo software –sea libre o no– necesita de técnicos que se ocupen de su instalación, de su ejecución y de su mantenimiento. Muchas veces –yo diría que casi siempre– los licenciamientos de software no libre son más beneficiosos, incluso, desde el punto de vista económico, pero la existencia de software libre opera como una barrera para que no se pasen en las cotizaciones.

El artículo 2.º, expresa: “En las instituciones y dependencias del Estado mencionadas en el artículo 1.º, cuando se contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre”. Cabe aclarar que, por un lado, no se especifica a qué preferencia se hace referencia. ¿Preferencia a igualdad de precio? ¿Preferencia a igualdad de producto? ¿Cuál es la preferencia que se da? No está establecido. Incluso en el mundo del software es muy difícil comparar los productos que se ofrecen con las mismas condiciones. Por otro lado, en la redacción se deja afuera los servicios posteriores como el cuidado y, sobre todo, el desarrollo de nuevos productos a partir del software libre. Cuando hablamos de preferencia, hay una falta clara –creo yo– de definición, por lo que propongo agregar el texto: “en igualdad de condiciones se dará preferencia a licenciamientos de software libre”. Creo que no se quiso hacer eso porque en estos temas es casi imposible tener igualdad de condiciones en los productos. Lo único a destacar sería que en el artículo se aclara que, en caso de optarse por software privativo, se deberá fundamentar la razón. Quizás, con esa sola frase sea suficiente para cumplir con lo que se está persiguiendo.

Por todo lo expuesto, adelanto que no vamos a acompañar el artículo 2.º del proyecto de ley, por creer que es muy difuso y poco claro en su enunciación. A su vez, resalto las modificaciones del artículo 5.º porque, si bien son menores, quizá la Secretaría las pueda corregir.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley en consideración.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 1.º.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Entes Autónomos, los organismos descentralizados, las empresas donde el Estado posea mayoría accionaria, los Gobiernos Departamentales, las Juntas Departamentales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), la Corte Electoral y los organismos de contralor del Estado, deberán distribuir toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre. Todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y estándar”.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1.º.

(Se vota:)

–26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 3.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 4.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5.º, respecto al cual el señor Senador Bordaberry había hecho algunas observaciones.

La Mesa aclara que la Secretaría no puede hacer correcciones al proyecto de ley; es el Cuerpo el que debe decidir si introduce o no modificaciones.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Propongo que el numeral 4) comience sin la palabra Y, tal como propuso el señor Senador Bordaberry porque nos parece acertado –es una modificación de redacción, pero lo tiene que decidir el Cuerpo–, y quitar la palabra nos del literal B), de modo que quede “El Software privativo es todo software que priva de alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al Software Libre”.

SEÑOR RUBIO.- Apoyado.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Desde el punto de vista gramatical, me parece correcta la propuesta que hizo el señor Senador Bordaberry. Sin embargo, debo advertir cómo quedaría el contenido del artículo de votarse sin la palabra Y. El artículo comienza con la definición de Software Libre, y expresa: “A) El Software Libre es el que está licenciado de forma que cumpla las siguientes condiciones:”, luego de lo cual figuran cuatro numerales. Con la palabra Y al comienzo del numeral 4) la lectura estaría indicando que las cuatro condiciones son acumulativas, o sea que se deben dar juntas. Si se elimina la palabra Y, esas cuatro condiciones dejarían de ser acumulativas. Quiero que se tenga presente que la modificación altera –según mi opinión– el contenido del artículo, pero como no participé en la discusión llevada a cabo en la Comisión, quisiera que el miembro informante me lo explicara.

Para mí, dejando la palabra Y, se trata de cuatro condiciones acumulativas: pueda ser usado para cualquier propósito, se tiene acceso a su código fuente de forma que pueda ser estudiado y cambiado para adaptarlo a las necesidades, pueda ser copiado y distribuido, y sea posible la mejora del programa y la liberación de dichas mejoras a la ciudadanía. Quizás desde el punto de vista gramatical esté mal ubicada la palabra Y, tal vez debería estar en otro lugar; pero si se elimina, queda la duda de si para ser considerado software libre debe tener alguna de esas cuatro condiciones o las cuatro. En el siguiente literal, el B), se establece que el software privativo es todo software que nos priva de alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al software libre. Quiere decir que si no tiene alguna de las cuatro condiciones, es software privativo; por lo tanto, para ser software libre debe tener las cuatro.

Esa es mi interpretación y antes de votar apresuradamente la propuesta que hizo el señor Senador Bordaberry –que, reitero, desde el punto de vista gramatical es acertada– me gustaría preguntarle al miembro informante –o a algún otro integrante de la Comisión, ya que este se encuentra de licencia– cuál es la finalidad de la palabra Y.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Para solucionar esta situación, propondría que el literal A) dijera: “A) El Software Libre es el que está licenciado de forma que cumpla las siguientes cuatro condiciones:”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correcto, pero también podría solucionarse agregando la palabra “simultáneamente”. De esa manera, el literal A) quedaría: “El Software Libre es el que está licenciado de forma que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:”.

Si los señores Senadores me permiten, considero que podemos solucionar rápidamente el tema sin enfrascarnos en una discusión, ya que la intención es muy clara. Concretamente, propongo que en el literal A) se diga “cumpla simultáneamente las siguientes condiciones”; que en el numeral 2), para mantener la concordancia de tiempos verbales, se sustituya la expresión “se tiene” por “se tenga”; que en el numeral 4) se elimine la palabra “Y”; y que el literal B) quede: “El Software Privativo es todo software que elimine alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al Software Libre”, o sea que no solo se eliminaría la palabra “nos” –que es un problema de redacción evidente– sino que además se estaría cambiando el verbo.

(Apoyados).

–Si los señores Senadores están de acuerdo, léase el artículo 5.º con las modificaciones propuestas.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 5.º.- Definiciones a los efectos de la presente ley:

A) El Software Libre es el que está licenciado de forma que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:

1. Pueda ser usado para cualquier propósito.

2. Se tenga acceso a su código fuente de forma que pueda ser estudiado y cambiado para adaptarlo a las necesidades.

3. Pueda ser copiado y distribuido.

4. Sea posible la mejora del programa y la liberación de dichas mejoras a la ciudadanía.

B) El Software Privativo es todo software que elimine alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al Software Libre.

C) Los formatos abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos almacenados en formatos abiertos no requieren de software privativo para ser utilizados.

D) Formatos estándar son los que han sido aprobados por una entidad internacional de certificación de estándares”.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- El literal B) comienza “El Software Privativo es todo software que elimine”, y no me parece que sea que elimine, sino que prive de alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al Software Libre. Para mí, habría que cambiar el verbo.

SEÑOR PRESIDENTE.- No tengo ningún inconveniente en votar el artículo con la modificación propuesta por el señor Senador Fernández, aunque me parece que queda mejor tal como se había leído.

Para no leerlo nuevamente, aclaramos que el literal B), quedaría: “El Software Privativo es todo software que prive de alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al Software Libre”.

Corresponde poner a votación, en primer lugar, el artículo tal como ha sido aprobado en Comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–0 en 27. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5.º con la redacción a que se acaba de dar lectura y la modificación propuesta por el señor Senador Fernández.

(Se vota:)

–26 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

“ARTÍCULO 1.º. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los organismos descentralizados, las empresas donde el Estado posea mayoría accionaria, los Gobiernos Departamentales, las Juntas Departamentales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y los organismos de contralor del Estado, deberán distribuir toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre. Todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y estándar.

ARTÍCULO 2.º. En las instituciones y dependencias del Estado mencionadas en el artículo 1.º, cuando se contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre. En caso que se opte por software privativo se deberá fundamentar la razón.

En caso de que el Estado contrate o desarrolle software, el mismo al ser distribuido, se licenciará como software libre. El intercambio de información realizado con el Estado, a través de Internet, deberá ser posible en, al menos, un programa licenciado como software libre.

ARTÍCULO 3.º. Se considera de interés general que el sistema educativo proceda a promover el uso de software libre.

ARTÍCULO 4.º. El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo de 180 (ciento ochenta) días las condiciones, tiempos y formas en que se efectuará la transición de la situación actual a una que satisfaga las condiciones de la presente ley y orientará, en tal sentido, las licitaciones y contrataciones futuras de programas de computación (software) realizadas a cualquier título.

ARTÍCULO 5.º. Definiciones a los efectos de la presente ley:

A) El software libre es el que está licenciado de forma que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:

1. Pueda ser usado para cualquier propósito.

2. Tenga acceso a su código fuente de forma que pueda ser estudiado y cambiado para adaptarlo a las necesidades.

3. Pueda ser copiado y distribuido.

4. Sea posible la mejora del programa y la liberación de dichas mejoras a la ciudadanía.

B) El software privativo es todo software que prive de alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al software libre.

C) Los formatos abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos almacenados en formatos abiertos no requieren de software privativo para ser utilizados.

D) Formatos estándar son los que han sido aprobados por una entidad internacional de certificación de estándares”.

12) CONTROL Y REGULACIÓN DE LA MARIHUANA Y SUS DERIVADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: “Proyecto de ley por el que se establece el control y la regulación por parte del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de la marihuana y sus derivados. (Carp. n.º 1288/2013 – Rep. n.º 962/2013 – Anexo I)”.

(Antecedentes:)

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“CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

ACTA n.° 118

En Montevideo, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil trece, a la hora diecisiete y diez minutos, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros la señora Senadora Constanza Moreira y los señores Senadores Ernesto Agazzi, Roberto Conde, Luis J. Gallo Imperiale, Eduardo Mezzera, Carlos Moreira y Alfredo Solari.

Concurre el señor Senador Aldo Lamorte.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión, Susana Rodríguez y la señora Prosecretaria de Comisión María José Morador.

Preside el señor Senador Alfredo Solari, Presidente de la Comisión.

Asuntos entrados:

1.- La Prosecretaría de la Presidencia de la República remite nota en respuesta al informe realizado por la División de Estudios Legislativos del Senado.

2.- JUNTA NACIONAL DE DROGAS. Remite nota y un cd con material en respuesta a la solicitud realizada por la Comisión.

3.- PATRONATO DE SICÓPATAS. Plantean la posibilidad de impulsar el Proyecto presentado ante la Comisión en el mes de setiembre pasado, a fin de que pueda ser aprobado antes que finalice el presente ejercicio y solicitan ser recibidos por la Comisión.

Asunto tratado:

CARPETA n.° 1288/2013. MARIHUANA Y SUS DERIVADOS. Control y regulación del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido n.° 2284/2013.

En consideración.

Artículo 5.°. Se vota: 4 en 7. Afirmativa.

Artículo 6.°. Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 7.°. Se vota: 4 en 7. Afirmativa.

Artículo 8.°. Se vota: 4 en 7. Afirmativa.

Artículo 9.°. Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 10. Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido n.° 2515/2013 que forma parte integrante de la presente Acta.

A la hora veinte y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Alfredo Solari, Presidente; Susana Rodríguez, Secretaria.

ACTA n.° 119

En Montevideo, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil trece, a la hora quince y diez minutos, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros la señora Senadora Constanza Moreira y los señores Senadores Ernesto Agazzi, Roberto Conde, Luis J. Gallo Imperiale, Eduardo Mezzera, Carlos Moreira y Alfredo Solari.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión, Susana Rodríguez y la señora Prosecretaria de Comisión María José Morador.

Preside el señor Senador Alfredo Solari, Presidente de la Comisión.

Asunto tratado:

CARPETA n.° 1288/2013. MARIHUANA Y SUS DERIVADOS. Control y regulación del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido n.° 2284/2013.

En consideración.

Artículo 11. Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 12. Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 13. Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 14. Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 15. Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 16. Se vota: 4 en 7. Afirmativa.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido n.° 2525/2013 que forma parte integrante de la presente Acta.

A la hora diecisiete se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Alfredo Solari, Presidente; Susana Rodríguez, Secretaria.

ACTA n.° 120

En Montevideo, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil trece, a la hora diecisiete y seis minutos, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros la señora Senadora Constanza Moreira y los señores Senadores Ernesto Agazzi, Luis J. Gallo Imperiale, Eduardo Fernández, Carlos Moreira y Alfredo Solari.

Falta con aviso el señor Senador Eduardo Mezzera.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión, Susana Rodríguez y la señora Prosecretaria de Comisión María José Morador.

Preside el señor Senador Alfredo Solari, Presidente de la Comisión.

Asunto tratado:

CARPETA n.° 1288/2013. MARIHUANA Y SUS DERIVADOS. Control y regulación del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido n.° 2284/2013.

Se continúa con la votación del articulado. En consideración.

TÍTULO IV - DEL INSTITUTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE CANNABIS

CAPÍTULO I - CREACIÓN

Se desglosan los artículos 18 y 19 a solicitud del Senador Solari.

Artículo 17.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 18.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 19.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

CAPÍTULO II - DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículos 20, 21 y 23 se votan en bloque: 4 en 5. Afirmativa.

Se pasa a votar los artículos que fueron desglosados a solicitud del Senador Solari.

Artículo 22.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 24.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 25.- Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 26.- Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

CAPÍTULO III - DE LOS COMETIDOS Y ATRIBUCIONES

Se desglosan los artículos 27, 28, 29 y 30, a solicitud del Senador Solari.

Artículo 31.- Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 27.- Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 28.- Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 29.- Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 30.- Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

CAPÍTULO IV - DE LOS RECURSOS, LA GESTIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO

Se desglosan los artículos 32, 33, 35 y 36, a solicitud del Senador Solari.

Artículos 34, 37 y 38 se votan en bloque: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 32.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 33.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 35.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 36.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

CAPÍTULO V - DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Se desglosa el artículo 40, a solicitud del Senador Solari.

Se votan en bloque los artículos 39 y 41: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 40.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

TÍTULO V - DE LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY

Artículo 42.- Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

TÍTULO VI - DE LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY

Artículo 43: Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 44: Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

La Comisión aprueba el proyecto de ley remitido por la Cámara de Representantes. Se designa miembro informante al señor Senador Roberto Conde, quien lo hará en forma verbal.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido n.° 2538/2013 que forma parte integrante de la presente Acta.

A la hora veinte se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Alfredo Solari, Presidente; Susana Rodríguez, Secretaria”.

 

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SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Conde.

SEÑOR CONDE.- Señor Presidente: quiero comenzar agradeciendo la cooperación del equipo de trabajo de la Comisión de Salud Pública, así como la designación por parte de mis colegas para la realización de este informe, y especialmente la cordial propuesta del compañero Senador Gallo Imperiale, quien sin duda, entre nosotros, es el que desde hace más tiempo ha trabajado en la promoción y el análisis de esta importante temática.

Puesto que el proyecto de ley corresponde al mismo texto aprobado en la Cámara de Representantes, hemos conservado algunos pasajes de su informe. Me interesa destacar como antecedente la importante elaboración y redacción de los Representantes Julio Bango y Sebastián Sabini, así como las sustanciales recopilaciones científicas hechas por el Representante Julio Battistoni, trabajos todos de los que tomaremos algunos elementos.

Yendo directamente al informe, señor Presidente, vale citar como antecedente que el 8 de agosto de 2012 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley que estamos considerando, pero ya antes, en 2010, Legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria presentaron diferentes iniciativas para regular el autocultivo y el funcionamiento de clubes de consumo de cannabis psicoactivo.

Se entiende que una política basada en la regulación tiene consecuencias positivas para la salud y la seguridad pública, ya que mientras, por un lado, se pueden obtener mejores resultados en el plano de la educación, la prevención, la información, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción en relación con los usos problemáticos de drogas, por el otro y al mismo tiempo, se combate el narcotráfico como fuente del crimen organizado y de actividades delictivas que afectan la seguridad de la población.

Por ello, la regulación de los mercados de drogas, como política alternativa a los esquemas prohibicionistas o los liberales y como punto intermedio entre ambos, ofrece herramientas a los Estados para ejercer prácticas de reducción de la oferta y de la demanda más eficientes e integrales que las usadas hasta el momento.

En particular, nuestro país ya ha realizado exitosas experiencias en el campo de la regulación del mercado de tabaco –aunque es necesario hacer notar que, en este caso, no se trata de crear un mercado de marihuana–, logrando beneficios evidentes para la salud. Esa línea trazada continúa con el proyecto que hoy ponemos a consideración, relacionado con el cannabis, y con el que trataremos en el mediano plazo sobre el alcohol, que ya ha sido elaborado y tiene estado parlamentario.

Como primer punto queremos analizar los usos de las drogas y sus regulaciones en la historia contemporánea de la humanidad.

Sabemos que tan antiguos como el uso de drogas han sido la necesidad y el intento de las sociedades humanas por controlarlo y fiscalizarlo.

Durante milenios, las distintas sociedades controlaron y regularon el uso de drogas por la vía de la cultura y los mecanismos informales de control social, desempeñando las religiones un papel central en ello.

Por otra parte, la modalidad de control a través de la ley penal y la política criminal, es relativamente nueva: sus orígenes se remontan recién a la segunda década del siglo XX, cuando se comienzan a establecer las bases de lo que, cuarenta años después, en 1961, sería la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas.

Paradójicamente, se suele mencionar como su enfoque predecesor la Ley Seca establecida por la Enmienda XVIII a la Constitución de los Estados Unidos, sin tomar en cuenta su desoladora experiencia, que tuvo como efectos: la muerte de 30.000 personas a causa de envenenamiento por adulteración de alcohol; 100.000 víctimas de ceguera y parálisis; 45.000 detenidos por traficar; el aumento de la tasa de homicidios en un 78 % y el aumento de la población carcelaria, que en 1920 era de 4.000 personas y en 1932 pasó a ser de alrededor de 27.000. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias si esta política se hubiera aplicado o replicado a escala planetaria? Sin embargo, rápidamente, Estados Unidos cambió el enfoque de la política y reguló el mercado de alcohol.

Sabemos que el alcohol causa la muerte de 2:500.000 personas cada año; no obstante, no se prohíbe su producción, distribución, venta y consumo. ¿Por qué? Porque tendríamos más muertes, más mutilados, más encarcelados, más violencia y más corrupción a causa de la prohibición. Por eso, en lugar de prohibir, se opta por la regulación.

La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 establecen políticas internacionales de neta orientación prohibicionista, que alcanza a las drogas de extracción natural, a las sintéticas y a los precursores químicos. La última Convención incorpora, además, la cuestión del narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos conexos, completando así una visión general de la concepción de guerra a las drogas.

Durante décadas fue impensable que en el marco de los organismos internacionales se cuestionaran estas Convenciones. No obstante ello, en diferentes Estados nacionales, en particular, en América Latina, se han dado en los últimos años diferentes pasos tendientes a flexibilizar los enfoques de políticas sobre drogas basados en instrumentos legales que dejan poco margen para otros abordajes, los que han mostrado ser ineficaces e insuficientes para el logro de los objetivos que se proponen.

El narcotráfico genera US$ 320.000:000.000 de ingresos anuales y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito considera que es el negocio más rentable a nivel internacional, ya que representa aproximadamente el 1.5 % del PBI mundial.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas, en la actualidad el consumo de cannabis involucra entre 119:000.000 y 224:000.000 de usuarios, siendo la droga considerada ilícita más consumida en el planeta.

En el trabajo de la OEA, “El Problema de la Drogas en América. Estudios”, bajo el título La Economía del Narcotráfico, se informa lo siguiente: “La ONU calcula que en los países de las Américas, los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a alrededor de US$ 150.000 millones –poco menos de la mitad del volumen mundial– aunque otras estimaciones son más bajas. Norteamérica actualmente representa una proporción predominante del total hemisférico, lo cual se debe tanto a precios más elevados como a una prevalencia mayor, aunque esto podría cambiar en el futuro”.

Más adelante, el mismo trabajo, agrega: “Si bien calcular el volumen del mercado de las drogas a nivel mundial y hemisférico presenta enormes desafíos, la evidencia sugiere que alrededor de dos tercios de los ingresos totales se realizan al final de la cadena, por medio de ventas al por menor en los países de consumo.

Por su parte, los mayoristas y los narcotraficantes que llevan las drogas por los países de tránsito representan entre el 20 % y el 25 % de los ingresos, mientras que poco menos del 1 % del total de ventas al por menor llega a los cultivadores en la región andina”.

En base a estos informes, es pertinente, para el caso de Uruguay, dejar establecido desde ya que, tratándose de un país de tránsito, que ha ido incorporando consumo, recibe plenamente el impacto del negocio del crimen organizado en su fase de distribución, de mayor riqueza. Por tanto, tiene el deber de aplicar una respuesta de Estado específica para un territorio abierto, pequeño y no productor.

El camino que se abre con la prevista aplicación de esta normativa salvaguarda completamente el riesgo de utilización transfronteriza o de generación de corrientes de turismo cannábico, pues solo alcanza a residentes en nuestro país, mediante la aplicación de garantías que se expresan en el articulado.

Uruguay se mantendrá invariablemente apegado al principio de responsabilidad común y compartida en el campo de acción y negociación internacional, asumiendo sus responsabilidades en forma coherente con el Derecho Internacional y en forma solidaria con todos los países, especialmente de la región, tanto a nivel del Sistema Interamericano como del recientemente creado Consejo Suramericano Sobre el Problema Mundial de las Drogas, de la Unasur. La problemática mundial de drogas ha alcanzado una dimensión que excede los escenarios de la diplomacia multilateral, para adquirir una verdadera dimensión geopolítica y geoeconómica, en la que se imbrican, no solo la acción de los Estados, sino un conjunto de fuerzas paralelas clandestinas o semiclandestinas y tentaculares mecanismos de blanqueo y lavado, que incluyen hasta paraísos fiscales, todos ellos envueltos en una lucha permanente por el control de rutas y territorios para dominar un politráfico que llega, incluso, a traficar con personas.

La evolución de la lucha internacional para superar esta situación histórica es compleja, y nuestro país, nuestro Gobierno, en el ejercicio de su soberanía, entiende que si tiene la posibilidad de utilizar medidas que protejan y mejoren su sociedad, no tiene derecho a postergarlas, arriesgando nuevas generaciones a la espera de un mayor consenso internacional. Estamos convencidos de que podemos aplicar nuestra propia política en forma totalmente compatible con nuestras obligaciones internacionales.

Nos encontramos en medio de un debate acerca de la guerra fracasada contra las drogas. En junio de 2011 la Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por un amplio conjunto de personalidades de relevancia internacional que todos conocemos, entregó un muy importante informe, en cuya introducción se afirma: «La guerra mundial a las drogas ha fracasado. Cuando la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas nació hace 50 años, y cuando el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano hace 40 años, los políticos creían que las acciones severas para el cumplimiento de la ley contra los que estaban involucrados en la producción de drogas, su distribución y su uso, conducirían a una constante disminución del mercado de drogas controladas como la heroína, la cocaína, el cannabis, y al eventual logro de un “mundo sin drogas”.

En la práctica, la escala global de los mercados de drogas ilegales –ampliamente controlados por el crimen organizado– ha crecido de modo espectacular en este período. Mientras que no están disponibles estimaciones exactas del consumo global en el período completo de 50 años, un análisis solamente de los últimos 10 años muestra un extenso y creciente mercado».

Al año siguiente, en la VI Cumbre de las Américas, los Presidentes reunidos en Cartagena de Indias, el 15 de abril de 2012 expresaron claramente la necesidad de analizar los resultados de la actual política de drogas en las Américas y de explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y ser más efectivos. Los Presidentes dieron un mandato a la OEA para tal fin, y la Organización produjo un completo informe dividido en dos partes: un informe analítico cuya síntesis se encuentra en el documento de 2013 de la Secretaría General y, otro, de escenarios, redactado por el equipo de expertos designado con ese fin.

En el punto de partida, el informe expresa que no existe un solo problema relacionado con las drogas, sino múltiples causas, asociadas a su vez a la diversidad de características de nuestros países y también a la posición que ellos ocupan con relación al problema. El contenido y el análisis parte de un conjunto de temáticas que dan una visión abarcativa del problema, que tienen que ver con los efectos de las drogas sobre la salud humana y la necesidad de controlarla, las formas enque en nuestro continente se produce el cultivo, la producción, la distribución y la venta final de las sustancias controladas, la reacción de los Estados frente a estas actividades, el estudio del consumo de las diferentes drogas, su tratamiento y prevención en nuestros países, sus efectos sobre la exclusión social y sobre el ejercicio de los derechos humanos, las formas de violencia criminal asociadas a las diferentes etapas de la cadena de valor de la economía ilegal de drogas y, finalmente, incluye un examen de las alternativas legales y regulatorias frente al problema.

Por último –este es el punto que quiero enfatizar del informe–, en el Capítulo 10 el Secretario General plantea lo que pueden considerarse las principales conclusiones del estudio, no como verdades definitivas, sino como una contribución a un diálogo largamente esperado, como él mismo lo califica. En el punto 10.6 establece: “El problema de las drogas debe ser abordado de manera diferenciada y flexible entre nuestros países, en función de la forma como este los afecte en particular”. Es exactamente esto lo que está haciendo Uruguay: abordar de manera diferenciada y flexible el problema de las drogas, en función de cómo este nos afecta en particular.

Más adelante el punto 10.6.3 del informe del Secretario General para el ámbito interamericano sostiene: “Una mayor flexibilidad, ciertamente, podría llevar a aceptar la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacionales o de impulsar cambios en la legislación internacional”. En el literal a), expresa: “En el terreno de las legislaciones nacionales no parecen aconsejables cambios drásticos o dramáticos. Sin embargo corresponde evaluar los signos y tendencias existentes, que se inclinan a que la producción, venta y consumo de la marihuana puedan ser despenalizados o legalizados. Tarde o temprano deberán tomarse decisiones al respecto”; el literal b) dice: “Nuestro informe, en cambio, no encuentra ningún apoyo significativo, en ningún país, para la despenalización o legalización del tráfico de las demás drogas ilegales” y el literal c) señala: “En el plano de las convenciones de las Naciones Unidas, las transformaciones surgirán de la posibilidad que el actual sistema de control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se flexibilice y permita que las partes exploren opciones en materia de política sobre drogas, que tengan en consideración conductas y tradiciones particulares de cada una de ellas”.

¿Qué ha ocurrido en la práctica en los Estados durante la vigencia de las Convenciones? Este es un tercer punto que vale la pena señalar. Se cita, ya de un modo casi clásico, el caso de Holanda, que en los años setenta inició una experiencia pionera basada en un enfoque pragmático de separación de los mercados de las llamadas en aquellos años drogas “duras” –heroína, LSD, cocaína, etcétera–, de las drogas denominadas “blandas”, como marihuana y hachís. Las características fundamentales del sistema holandés fueron establecidas por la Comisión Baan. Se basa en un enfoque realista y pragmático de políticas sobre drogas, fundado en la necesidad de reducir los riesgos y los daños potenciales en los que incurrían aquellas personas que usaban marihuana, que por tener que abastecerse en el mercado ilegal frecuentemente asumían prácticas de mayor riesgo médico, psicosocial y legal, exponiéndose al consumo de otras drogas. Este modelo de los coffee shops constituye –vale la pena notarlo– una legalización de facto, aunque no de derecho.

Por otra parte, es importante destacar que diversas provincias de Australia –Capital, Australia del Sur y Territorio del Norte– han descriminalizado la posesión de cannabis para uso personal, así como el autocultivo, instrumentando sistemas con sanciones civiles en lugar de infracciones penales.

En esta misma línea, los clubes sociales de cannabis se han desarrollado en los últimos años en varias provincias del Estado español. Ellos toman en cuenta diferentes modelos de regulación, tanto de la producción como de la distribución y el consumo de marihuana. En estas asociaciones civiles, además de producirla y de distribuirla controladamente, se desarrollan actividades de asesoramiento médico y legal a sus miembros, así como encuentros informativos y educativos tendientes a mejorar la gestión de los riesgos del consumo.

Actualmente, en los Estados Unidos, dieciocho Estados y el Distrito de Columbia permiten el consumo de marihuana como medicamento. A su vez, los Estados de California, Oregón, Colorado y Washington han considerado iniciativas para legalizar su uso, y los dos últimos las han aprobado por la vía de la democracia directa, permitiendo la posesión de una cantidad limitada a los adultos para su consumo y habilitando cultivadores y vendedores bajo licencia.

De modo que la propia conducta práctica y los procesos normativos de diferentes Estados durante la vigencia de las Convenciones, desde 1961 hasta nuestros días, han puesto en discusión su aplicación uniforme de acuerdo con la interpretación generalizada de las Convenciones, bajo el paradigma de “guerra a las drogas”.

Como cuarto punto, cabe analizar cuál es la política actual de drogas en el Uruguay. Debe quedar muy claro que nuestro país se ha destacado internacionalmente por sus decididas políticas contrarias al consumo de drogas. Para el caso del tabaco, por ejemplo, el Gobierno anterior definió una drástica política aceptada por la población y continuada por la actual Administración. Debido a ello, nuestro país enfrenta en estos momentos juicios internacionales multimillonarios iniciados por la poderosa empresa tabacalera Philip Morris. Sin embargo, ya es evidente que la sociedad uruguaya aprecia esta política y que está dispuesta a defenderla y a mantenerla.

Uruguay no se plantea –dejémoslo absolutamente claro desde este momento– un cambio de política hacia algún tipo de liberalización de las drogas. Se trata de una respuesta ineludible ante el fracaso de una estrategia internacional diseñada exclusivamente contra drogas declaradas ilegales, que no son todas ni las que más daño producen, y que consiste en la regulación del uso de cannabis psicoactivo.

En su Mensaje y proyecto de ley, el Poder Ejecutivo fundamenta esa posición y dice –paso a leer textualmente–: «Que se ha fracasado en esta “guerra” a las drogas queda evidenciado en cuatro dramáticos aspectos:

Uno: que a pesar de ella, y luego de medio siglo de dura aplicación, el consumo se ha expandido y con él sus pésimas consecuencias. Ha crecido en lugares donde ya se consumía pero además invade lugares donde antes no se consumía.

Por la otra parte, las incautaciones logradas mediante tanto despliegue y tanto gasto son irrisorias en todo el mundo al compararlas con el tamaño de los diversos mercados. Pero no estamos, forzosamente –aclara el Poder Ejecutivo– ante la ineficacia de los aparatos represivos, por el contrario el contexto es aumento de la eficiencia. Para tener una idea de la escala de este mercado, solo en el combate en el tráfico internacional en Uruguay en el año 2010 se desarticularon 37 grupos, se incautaron valores por 354.594 dólares, se realizaron 64 embargos por un monto de 9:138.000 dólares. Si consideramos el microtráfico nacional en el mismo año se realizaron 1137 procedimientos y se procesaron 1520 personas, y las cantidades de drogas incautadas fueron de 47.106 gramos de cocaína, 149.368 gramos de pasta base y 717.527 gramos de marihuana. Han aumentado los procedimientos, incautaciones, procesados y presos, sin embargo el fenómeno del consumo no se ha contraído, por el contrario se ha expandido, particularmente el cannabis.

Dos: la humanidad ha despilfarrado colosales sumas de dinero y otros recursos de vasta gama, incluidos los humanos y los de la ciencia, en el camino equivocado de una guerra equivocada. Y lo peor: han sido países pobres los que han dilapidado en ello recursos que no tienen, dejando de aplicarlos en actividades que no pueden esperar. Por ejemplo: las necesidades básicas de sus pueblos y hasta el combate a la verdadera delincuencia.

Pero, además de la ya citada, hemos pagado el error con durísimas consecuencias sociales. Entre ellas la inundación de las cárceles y el desborde de los sistemas judiciales como así también la doble moral y la perversión que acompañan forzosamente a todo comercio ilícito. El consumidor es denigrado obligatoriamente al quedar sometido a ese tipo de comercio si quiere acceder a lo que desea: esto, la doble moral y la anomia, no le sale ni le saldrá gratis a ninguna sociedad porque también abre puertas hacia otras calamidades.

Tres: al ponerse la puntería sobre la oferta se ha casi abandonado la acción sobre la demanda. Muy pocos, por no decir poquísimos recursos, han sido destinados a combatir el consumo mediante acciones de todo tipo directamente vinculadas a la prevención, la información y la persuasión, a la reparación de los daños y a la atención en general de los usuarios; a las campañas de propaganda; y a la investigación.

La comparación de lo que se ha gastado y gasta en represión con lo que se debería gastar en este otro frente, es una de las manifestaciones más crudas del fracaso.

Y cuatro, la peor consecuencia de todas: ha dado origen –se refiere a la concepción de la guerra a las drogas– como previenen los manuales de economía, a una suculenta “reserva de mercado”, monopolio de hecho y derecho para las actividades criminales. Un mercado obligado a pagar por las drogas precios siderales dejando en manos de cada vez más poderosas mafias, la rentabilidad y la acumulación, sin impuesto alguno, que dichos precios generan. Estamos pues, también, ante una clara competencia desleal y subsidiada, incluso de empresas de fachada para el lavado, contra las empresas que cumplen con la ley. Cada eslabón de esa larga “cadena productiva” “disfruta” de tales beneficios que, acumulados, hacen prácticamente imposible e ilusorio pretender derrotar a los traficantes con los siempre escasos recursos de los Estados. (…)

Son conocidas desde hace mucho las íntimas conexiones del narcotráfico con el sistema financiero, la venta ilegal de armas, y el tráfico de oro y diamantes indispensable para el lavado de tanto dinero. Tanta concentración de poder tiene muy facilitado su camino hacia la corrupción en cualquier nivel y actividad de la sociedad. Es asunto comprobado, conocido y, ahora mismo, lo seguimos sufriendo. La prensa de todo el mundo y en todas sus formas, lo detalla: políticos, periodistas, Jueces, fiscales, militares, policías. Hasta lograr imponer Presidentes en campañas electorales.

En muchos lugares y momentos, el Estado queda sustituido o anulado; la sociedad desestabilizada y a merced de bandas criminales, y la democracia destruida. No se trata de amenazas; lo podemos observar. Salir de ello o intentar impedirlo cuando llega a cierto grado, cuesta mares de sangre y sufrimiento.

En suma: el “remedio” ha resultado ser mucho peor que la “enfermedad”».

Tras este Mensaje del Poder Ejecutivo cabe anotar que, a partir de esta visión general, la Junta Nacional de Drogas, órgano especializado del Estado uruguayo, dependiente de la Presidencia de la República, ha diseñado un Plan Estratégico 2011-2015 para intentar aplicar en el país una política diferente, cuya culminación en materia legislativa es el proyecto de ley que estamos considerando en el día de hoy, pero que incluye una enorme cantidad de medidas prácticas ya tomadas en el marco jurídico, inspiradas en un ideal diferente de enfrentamiento con relación al tema del uso problemático de drogas.

Voy a señalar, en grandes pinceladas, solamente algunos de los contenidos de la estrategia del Programa 2011-2015 de la Junta Nacional de Drogas.

“El Estado asume su responsabilidad en la construcción de las políticas públicas de drogas y en proteger las garantías inherentes a los derechos individuales y colectivos. La Estrategia Nacional se define desde una visión de la complejidad del fenómeno drogas en la continuidad y complementación de acciones desde diversas áreas de intervención, bajo el concepto de responsabilidad compartida y cogestión de los riesgos entre el Estado y el conjunto de la sociedad. Tiene entre sus objetivos la construcción de políticas públicas que promuevan y aseguren desde los controles inherentes a las obligaciones del Estado hasta los que surgen de la comunidad organizada o se realicen con la participación activa de la sociedad”.

El protagonismo de la sociedad organizada pasa a ser un tema clave en la estrategia 2011-2015 para encarar el tema del uso problemático.

“El enfoque de inclusión e integración social forman parte de una estrategia que tiene el objetivo de generar un desarrollo humano sustentable, justo y equitativo, reduciendo las vulnerabilidades y los daños con políticas a nivel local que incluyan el amparo y la promoción de recursos sociales de reinserción laboral, educativa, recreativa y cultural”. Quiere decir que el uso problemático de drogas no se ve como un problema aislado o como un trauma aislado de la sociedad, sino como parte de una problemática social cuya respuesta integral debe culminar en un proceso completo de inclusión social.

La Junta decide: “Privilegiar como piedras angulares las acciones en el ámbito local a través de la descentralización y municipalización de la política de drogas (…); la prevención en el ámbito laboral con una acción permanente y concertada de empresarios y trabajadores tanto a nivel público como privado; un enfoque socio-sanitario desde la Atención Primaria en Salud, y la sistematización e institucionalización en el ámbito del sistema educativo incorporando la información y prevención del tema drogas desde una perspectiva de formación en promoción de habilidades para la vida. (…)

El enfoque preventivo-educativo debe estar incorporado a los sistemas formales y no formales de educación, privilegiando que los docentes, padres y madres, educandos y agentes comunitarios incorporen un pensamiento crítico y creativo, racional y emocional enfocado a desarrollar habilidades y valores para la vida”.

Se agrega, para fortalecer esta estrategia: “El enfoque de derechos y garantías individuales debe conjugarse con un fuerte clivaje en los lazos sociales solidarios y el compromiso con los sectores que viven en la exclusión social y cultural”, como los sectores más vulnerables frente a esta problemática.

“El enfoque de Salud Pública, de convivencia y seguridad ciudadana es un desafío de integración social y de reconocimiento del derecho de terceros. La promoción y el desarrollo social de los sectores más vulnerables suponen fortalecer la capacidad de crear autonomía, libertad y capacidad para construir ciudadanía con un enfoque de solidaridad y de cuidados gestionados entre todos y todas”.

El debate contemporáneo avanza, entonces, hacia un cuestionamiento de los principios que han sustentado las estrategias de fiscalización de drogas en el mundo, el hemisferio y la región. El modelo de tipo prohibicionista que ha sustentado el peso político, cultural y presupuestal totalmente desbalanceado hacia la reducción de la oferta está siendo cuestionado por su ineficacia e ineficiencia. Este enfoque ha generado más daños, no solo por los efectos colaterales sino por la ausencia total de debida adecuación a los instrumentos de derechos humanos consagrados por la comunidad internacional.

Queremos, como quinto punto, analizar el tema del consumo de drogas y de la legislación vigente.

El proyecto de ley busca encontrar un equilibrio entre aspectos tales como la libertad del individuo y la protección de su integridad física, los usos y costumbres aceptados socialmente y la no estigmatización de los usuarios, pero especialmente procura superar la grotesca incongruencia jurídica entre la aceptación legal del consumo personal y la imposibilidad legal de acceso a la sustancia.

Tanto el Decreto-Ley n.º 14.294, de 1974, como la Ley n.º 17.016, sobre Estupefacientes, de l998, entienden el consumo de drogas en nuestro país como una conducta contemplada en el artículo 10 de la Constitución, como una acción privada de las personas que de ningún modo ataca el orden público ni perjudica a un tercero.

Los antecedentes de esta posición son antiguos. En 1981, nuestra reconocida doctora Adela Reta ya exponía, en un artículo titulado “Análisis de los resultados de la aplicación de la Ley n.º 14.294 sobre estupefacientes y psicotrópicos”, lo siguiente: “Se ha discutido ante los tribunales nacionales si puede considerarse siembra la plantación de dos o tres semillas de marihuana. (…) En efecto, la ley, en grandes líneas, se refiere a la producción y al tráfico en relación a una comercialización o distribución de la droga susceptible de poner en peligro la salud pública. Las disposiciones penales no tutelan la integridad física sino la salud pública y es por ello que la conducta debe participar de la naturaleza de los delitos de común peligro”.

La idea de no penalizar el consumo fue compartida desde larga data por los docentes de Derecho Penal, Jueces y distinguidos Penalistas. Es así que la Ley n.º 17.016, de 1998, al dar una nueva redacción al artículo 31 del Decreto-Ley n.º 14.294, de 1974, establece: “Quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado”.

En la actualidad, los ciudadanos sufren cierta situación de inseguridad jurídica dado el marco establecido por la Ley n.º 17.016, donde se establece que el consumo de sustancias no es penado, pero queda dentro del grado de libertad del Juez la apreciación por su convicción moral de la cantidad aceptable para consumo personal.

El criterio de razonabilidad del magistrado, con ser legal, genera un amplio margen de resoluciones disímiles para situaciones similares, elemento que es regulado con mayor precisión en el presente proyecto de ley. El mismo busca establecer mecanismos claros para el acceso al cannabis, especificando la cantidad que se puede plantar para el consumo propio, así como estableciendo parámetros claros en relación con su tenencia destinada al consumo personal.

Se entiende que las cantidades a que refiere este proyecto de ley son las habituales para el consumo personal, constituyéndose como una referencia, sin perjuicio de la valoración de la prueba que en cada caso deba realizarse.

Nótese, además, que nuestra Ley de Estupefacientes, n.º 17.016, es de octubre de 1998. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, adoptada en Viena el 20 de diciembre de 1988, fue suscrita por Uruguay en 1989 e incorporada por la Ley n.º 16.579, de 1994.

Quiere decir que legislamos hace diecinueve años en materia nacional con pleno conocimiento y en concordancia con el Derecho Internacional. Sin embargo, el presente proyecto de ley requiere aún un análisis más actualizado.

¿Qué decir respecto al Derecho Internacional? En 2012, el Transnational Institute publicó un trabajo de los expertos Dave Bewley-Taylor y Martin Jelsma titulado “Los límites de la flexibilidad. Las convenciones de control de drogas de la ONU”. En “Puntos clave” del análisis sostienen: “La descriminalización de la posesión, la adquisición y el cultivo para uso personal funciona de manera razonablemente cómoda dentro de los límites de los Tratados de fiscalización de drogas de la ONU”.

Voy a leer un pasaje de ese texto titulado “Consumo de drogas”: «La primera obligación general del sistema de Tratados de control de drogas de la ONU se establece en el artículo 4 de la Convención Única, que dispone que “Las Partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas que puedan ser necesarias [...] para limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”. A pesar de esta obligación general, la legalidad de los enfoques tolerantes con respecto al consumo de drogas le debe mucho –dicen los autores– al hecho de que no existe ninguna obligación específica de tipificar como delito el uso de drogas per se en ninguna de las convenciones. (…) El “uso” de las drogas se omitió deliberadamente de los artículos que enumeran los actos relacionados con las drogas en que se exigen medidas penales. No hay duda, pues, de que las convenciones de la ONU no obligan a imponer ninguna sanción (penal o administrativa) por el consumo en sí.

Esto se explicita claramente en los Comentarios a la Convención de 1988 en relación con su artículo 3: “Como se observará, al igual que en los instrumentos de 1961 y 1971, el párrafo 2 no dispone que el consumo de la droga como tal se considere delito punible”. Caso cerrado», dicen los autores. Queda, sin embargo, analizar los aspectos de posesión y cultivo para uso personal.

El consumo de drogas se basa en la posesión, y la Convención de 1988 más bien trata la cuestión del consumo con fines no médicos, indirectamente, haciendo referencia a la posesión intencional, la compra o el cultivo de sustancias controladas para consumo personal. El artículo 3 repite, en un lenguaje un poco más amplio, las disposiciones del artículo 36 de la Convención de 1961 y del artículo 22 del Convenio de 1971. Sin embargo, también se afirma en el párrafo dos de este artículo 3: “A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971”.

Luego de otras consideraciones, los autores agregan que lo más importante, sin embargo, es que la frase inicial del artículo 3.2 de esta Convención de 1988: “A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico” representa una clara cláusula de escape que califican de rareza jurídica en el Derecho Internacional, pero que efectivamente está establecida en el texto de esta Convención. Esto implica que cualquier flexibilidad de la Convención no proviene exclusivamente de su propio texto, sino también de los principios constitucionales y jurídicos de cada país. En consecuencia, las Partes no violarían la Convención si sus tribunales nacionales determinaran que la criminalización del consumo personal es inconstitucional y que por esta razón no pueden establecer que la posesión para uso personal sea un delito penal. Esta es exactamente la congruencia, la compatibilidad, la integración entre el Derecho Nacional y el Derecho Internacional, en el caso de Uruguay.

Luego del análisis del alcance de las exigencias de sanción penal, los autores concluyen, a la luz del Derecho de los Tratados que: “Las prohibiciones dispuestas en las Convenciones impiden claramente a las autoridades la creación de un mercado legal para el cannabis o para cualquier otra droga sometida a fiscalización en la actualidad, siguiendo un modelo parecido al desarrollado para el alcohol y para el tabaco”. Pero, precisamente, queremos destacar que el objetivo de esta ley no es la creación de un mercado, a diferencia del alcohol o del tabaco, que sí cuentan con un mercado regulado. Se establece por esta ley una disponibilidad regulada a través del autocultivo o por expendio bajo control oficial.

El caso del autocultivo está ampliamente discutido y aceptado que está fuera de los ámbitos de la vida comercial. Y el expendio bajo control oficial es un complemento o corolario lógico de acceso para quienes no quieran o puedan cultivar. Si no se admitiera, toda la ley caería por su propio peso, ya que no lograría su objetivo central que es separar al consumidor de las fuentes criminales de aprovisionamiento. Sin embargo, vale hacer notar que este expendio no constituye de manera alguna un mercado y menos aún a semejanza del alcohol o del tabaco aunque estén regulados. No tenemos libre competencia, formación de precio por concurrencia de oferta y de demanda ni libertad de cliente para consumir, ya que en esta ley se accede a una cantidad limitada del producto bajo registro e identificación, y esa cantidad está fijada por criterios sanitarios y no comerciales. No tenemos publicidad porque se prohíbe y, por tanto, no tenemos derechos marcarios ni posicionamiento de marcas como formas de incentivar el consumo. Y, finalmente, no hay resultado económico comercial, pérdida ni ganancia fruto de esa transacción, ni apropiación por agentes de comercio privados de ese resultado. La apropiación del resultado será por el Estado, con destino a educación sobre drogas y sanitarios establecidos en la propia ley, por lo que, incluso, podría defenderse sin exceso el criterio de la posible fijación de una tasa y no de un precio. Este cambio fundamental en la distribución no debiera menospreciarse a la luz de los compromisos de los países para combatir la viabilidad económica del crimen organizado.

Quiero señalar aquí una línea más de argumentación y de reafirmación del compromiso internacional de Uruguay, teniendo en cuenta especialmente las Recomendaciones 2012 del GAFI –Grupo de Acción Financiera Internacional– en cuanto a políticas de identificación de riesgos y coordinación de medidas en el ámbito nacional contra el lavado de activos y financiación del terrorismo internacional, reduciendo la circulación de importantes flujos de dinero negro, lo que significa cumplir, por parte de Uruguay, con compromisos internacionales muy importantes reflejados también en los objetivos de las Convenciones de drogas, y quizás lograr, con estas medidas que estamos adoptando, una mayor eficacia mediante estrategias mejor adaptadas a nuestra realidad.

Se trata de agregar una política decidida e innovadora frente al crimen organizado vinculado al narcotráfico, al aplicar una nueva forma de acción del Estado para cerrarle el acceso a un negocio que en nuestro país, según estimaciones primarias, se encuentra entre los US$ 30:000.000 y US$ 40:000.000 anuales y que implica una potencial fuente de corrupción y violencia para el conjunto de la sociedad.

El Estado uruguayo despliega la plenitud de sus potestades y medios para combatir el narcotráfico y los delitos conexos, sin el menor menoscabo del ejercicio del poder, en el marco de su Estado de Derecho y en cumplimiento de sus deberes multilaterales y de cooperación internacional.

Vamos a señalar los objetivos centrales de la iniciativa.

SEÑOR PASQUET.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CONDE.- En cuanto termine esta parte de mi intervención, con mucho gusto, señor Senador.

Antes de ir al centro del enfoque de regulación, queremos dejar claramente establecido que Uruguay ha aprobado nuevas normativas que implican el agravamiento de las penas de personas que trafican y distribuyen sustancias cuyo uso es de alto riesgo, como es el caso de la pasta base de cocaína. Se incrementaron las penas en los casos de corrupción de funcionarios públicos y del personal policial. Se ha desarrollado una estrategia integral para atacar los cimientos y la razón de ser de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico –que es el lucro–, aprobando una amplia normativa respecto al lavado de activos y normas para la incautación y el decomiso de bienes involucrados. Pero como se ha fundamentado, este enfoque debe ser revisado, no para desaplicarlo sino para insertarlo en una visión integral y propia de la realidad actual, y complementarlo con un conjunto exhaustivo de políticas.

Este proyecto, aunque recoge múltiples experiencias de otros Estados, no pretende ser aplicable más que al caso de consumo de marihuana en el Uruguay. En nuestra realidad con respecto al cannabis, los datos que se conocen llevan a comprobar que aproximadamente el 70 % de la droga ilegal consumida es marihuana; que el acceso a la sustancia es fácil, encontrándose una cantidad de bocas de abastecimiento que se regeneran a medida que se reprimen y desmantelan; que la percepción de riesgo sobre las consecuencias del consumo en la salud, el comportamiento y el desarrollo de capacidades es muy tenue, y que en algunos sectores de la población joven opera una especie de naturalización; y que el consumo se encuentra en permanente aumento, incluso, en adolescentes.

Señor Presidente: a partir de este cuadro quiero enfatizar el hecho fundamental de que esta realidad ya está instalada en el país: la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo, fundamentalmente entre los jóvenes, donde han aparecido casos de iniciación temprana a los 13 años de edad. Es una droga que tiene ya hoy, en la actualidad, una bajísima percepción de riesgo y una completa facilidad de acceso, no solo por el costo sino por la enorme cantidad de bocas de expendio que se regeneran constantemente. Por tanto, el problema del consumo no se genera a partir de la regulación que establece la ley; la ley establece esta regulación justamente para enfrentar las consecuencias negativas que tiene el consumo de marihuana en nuestra sociedad. Pero frente a esta realidad, deben diseñarse políticas que incluyan la perspectiva de derechos humanos, Inclusión Social, Educación y Salud. Todas las políticas y acciones que se deprenden de la presente ley tienen, por tanto, la finalidad de apercibir a la población acerca de los riesgos, las consecuencias y los efectos perjudiciales que pueden derivarse del consumo de cannabis, y contribuir a reducir los daños que se desprenden de su uso, como se constata respecto de toda droga legal e ilegal.

Antes de abordar el tratamiento específico del proyecto de ley, queremos enfatizar nuestra mirada en los Derechos humanos y decir que esta iniciativa sigue las huellas que ya están trazadas en el orden multilateral.

Dice la ya citada Comisión Global de Políticas de Drogas, en el año 2011: “Los derechos humanos de quienes consumen drogas deben respetarse. Las prácticas abusivas llevadas a cabo en nombre del tratamiento –tales como detención forzosa, trabajos forzados, o abuso físico o psicológico– que contravienen los estándares y normas de derechos humanos, o que eliminan el derecho a la libre determinación, deben ser abolidas”.

Y agregaré otra nota tomada de declaraciones de Navanethem Pillay, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos quien, incluso, nos visitó hace poco más de un año. Ella dijo: “Las personas que consumen drogas no pierden sus derechos humanos. Estos incluyen el derecho a aspirar al estándar más alto de salud física y mental disponible (incluyendo el acceso a tratamiento, servicios y atención), el derecho a no ser torturado o detenido arbitrariamente, y el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente. Con demasiada frecuencia los consumidores de drogas sufren discriminación, son forzados a aceptar tratamientos, son marginalizados y a menudo se ven perjudicados por enfoques que enfatizan excesivamente la criminalización y el castigo, mientras restan importancia a la reducción de daños y el respeto por los derechos humanos”.

Se nos puede decir que muchos de estos extremos inhumanos de trato a usuarios de drogas no ocurren en Uruguay, pero es nuestro propósito poner de manifiesto que en el escenario internacional estas conductas ocurren y que, entre otras, son las que nos obligan a poner en discusión el paradigma global, actualmente dominante, de “guerra a las drogas”.

La separación del acceso a la marihuana del mercado de las otras drogas, de forma de que se reduzca significativamente el número de nuevos ingresos de personas al mercado de sustancias toxicológicamente más riesgosas, como ser la pasta base o la cocaína, conlleva la integración social del uso de marihuana.

En definitiva, desde el punto de vista social, señor Presidente, estamos diciendo que este proyecto de ley conlleva la integración social del uso de marihuana, de forma que los usuarios no sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal, sino que se pueda trabajar con ellos y con la sociedad toda a partir de programas y campañas educativas que apunten a garantizar información veraz y creíble sobre el tema, para que puedan tomar decisiones informadas y responsables y sepan, además, calcular y gestionar de una forma eficiente los riesgos del uso de esta sustancia.

La educación es un componente clave en esta política. Tómese en cuenta que nuestra sociedad registra, actualmente, consumo adolescente de marihuana con consecuencia de daños específicos a la salud –por razones de edad temprana– que pueden generar secuelas científicamente advertidas.

El proyecto de ley en discusión reafirma el rol central del sistema educativo para dar continuidad y alcance a los programas ya existentes, especialmente de la Educación Media. Se trata de sustituir la pedagogía del “no”, sustentada en una percepción de riesgo por prohibición y por miedo, que ya no es creíble para los jóvenes, por una pedagogía del análisis social y de la realización plena de la condición humana, en una realidad difícil donde el uso de drogas ya está instalado.

La prédica actual ha terminado siendo contrapreventiva y exige un mayor nivel de articulación social y pedagógica.

Queremos hacer una referencia al uso de cannabis desde un enfoque sanitario.

Es necesario destacar una serie de beneficios directos e indirectos para la salud de los usuarios de cannabis psicoactivo en el caso de aprobarse el presente proyecto de ley.

En primer lugar, se destaca el control de calidad de la sustancia, con vistas a disminuir las consecuencias derivadas de la adulteración clandestina de la misma por parte de traficantes y de distribuidores ilegales, realizada para obtener un mayor lucro. Este control para el acceso al cannabis permitiría realizar trazabilidad de los productos, así como se hace con las drogas legales y, en este sentido, establecer cánones de referencia aplicando criterios de calidad a los productos que llegan a los consumidores. No hay que olvidar que, con la existencia de mercados negros, los consumidores son objeto de riesgos altos, no solo por la propia sustancia sino también por su mezcla con otras directamente tóxicas.

Paralelamente, la regulación de la producción permitiría establecer criterios y controles sobre el contenido en términos de concentración de cannabinoides y THC y, por lo tanto, la cantidad de principio activo que se consume, con las consecuencias que ello implica para la capacidad adictiva de la sustancia.

La existencia de un sistema de acceso regulado por el Estado permitiría evitar el contacto con actividades criminales para procurarse el consumo de cannabis, facilitando la recepción de información de calidad y la toma de decisiones y precauciones cuando se comienza el consumo. Y en el caso de usuarios problemáticos de cannabis, se obtendría una mayor facilidad para acceder a la consulta profesional.

Se espera un cambio en la actitud con la que se han desempeñado los profesionales de la salud en la problemática de las drogas, en quienes frecuentemente se observan prácticas de control y censura, seguramente por falta de formación y porque sienten el peso de un mandato social que espera que detengan ese consumo a como dé lugar.

Como consecuencia de esto último, mejoraría la relación entre los usuarios dependientes y los profesionales de la salud, habilitando la consulta precoz frente a dificultades vinculadas al uso de la sustancia.

Como resultado de todo lo anterior, estaría el aumento de la inclusión de los usuarios dependientes en el sistema de salud, al tiempo de promover el desarrollo de la investigación clínica y la protocolización del uso médico de cannabinoides en distintas situaciones de enfermedad.

En tal sentido, numerosos estudios a nivel internacional destacan las posibilidades que ofrece el cannabis a nivel medicinal, lo que ha determinado que se permita su utilización en distintos lugares del mundo para situaciones tan diversas como el tratamiento del glaucoma o como paliativo frente a los efectos no deseados de la quimioterapia en los pacientes con cáncer.

Por otra parte, el relevamiento de las principales publicaciones científicas a nivel internacional muestra que los efectos nocivos de su consumo abusivo tienen menor incidencia en la salud humana que los ocasionados por el tabaco y el alcohol.

En las páginas siguientes del informe –que no voy a leer textualmente– hemos querido incorporar la recopilación científica realizada por el Representante Julio Battistoni –destacado académico en el área química, que ha realizado una extensa revisión bibliográfica sobre los usos del cannabis y las potenciales consecuencias de su consumo con fines recreativos– en el Informe en Mayoría de la Cámara de Representantes.

Me remito entonces a ese Informe que ya está elaborado, señor Presidente. Dice: «Respecto al argumento que el consumo de marihuana es “la puerta de entrada” para el consumo de otras drogas, diversa bibliografía científica concluye que el encadenamiento del consumo con otras drogas a partir de marihuana, no puede explicarse solo por la predisposición genética o factores ambientales que lo induzcan, también hay otras motivaciones; en particular, como el uso de cannabis rompe la percepción de las barreras contra el consumo de drogas ilegales, proveería un acceso a drogas más duras, lo cual debería entenderse además, como un elemento de juicio para su legalización. Este trabajo originó una serie de al menos cuatro respuestas en los números posteriores” de publicaciones científicas, “que cuestionan la investigación por ser muy sesgada, especialmente porque casi la mitad de la población en estudio presentaba dependencia al alcohol».

De modo que en esa larga recopilación, el señor Representante Battistoni termina citando bibliografía que demuestra que el uso de cannabis no es, de ninguna manera comprobable hasta el día de hoy, una puerta de entrada para el uso de otras drogas. Inclusive, también se afirma en el mencionado Informe: “En atención a estos riesgos, consideramos que nuestra sociedad ya se relaciona con sustancias, al menos, igualmente nocivas para la salud individual; por lo tanto su regulación parece absolutamente razonable”.

En nuestro país, en la incidencia en la morbimortalidad de la población, aparece el consumo regular de tabaco y alcohol como factor decisivo, en tanto no existen registros de muerte por consumo abusivo de cannabis. Esto se condice con los datos brindados por la Organización Mundial de la Salud, la cual no registra muertes por consumo de cannabis, mientras el tabaco registra cinco millones de muertes al año y el alcohol dos millones y medio; sin embargo, la misma alerta sobre los efectos nocivos sobre la salud como droga de abuso, en especial en edades tempranas, así como la incompatibilidad de este con la conducción, aspectos que son tenidos en cuenta en el articulado, como se detallará oportunamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor Senador Conde.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR CONDE.- Como se señalara precedentemente, el cambio que se promueve en las políticas de control tendría a su vez, como consecuencias esperadas, la difusión de modalidades de uso de menor riesgo, educación sobre el riesgo y aumento de la precepción de riesgo que los jóvenes tienen del uso de esta sustancia junto con el alcohol, las dos sustancias que presentan menor percepción de riesgo por parte de este grupo etario en nuestra sociedad.

La separación de mercados de cannabis con el de otras drogas potencialmente más dañinas para la salud puede ayudar a disminuir el ingreso de nuevos consumidores de pasta base de cocaína, con mayor capacidad de generar dependencia física y con efectos más graves sobre la salud personal y pública, como está demostrado.

Es necesario destacar que la experiencia de separación de mercados se muestra como un éxito muy importante en el caso holandés, tal como lo indican los documentos de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores publicados en la materia. En este mismo sentido, hay que señalar que en un contexto de tratamiento a la adicción de pasta base de cocaína, el cannabis ha sido indicado por especialistas como una alternativa importante para coadyuvar en el éxito del mismo.

Finalmente, haremos algunos comentarios respecto al articulado.

El proyecto se divide en seis Títulos, con sus respectivos capítulos, y en cuarenta y cuatro artículos, ordenados del siguiente modo: Título I, De los fines de la presente ley; Título II, Principios Generales; Título III, Del cannabis y su regulación; Título IV, Del instituto de regulación y control del cannabis; Título V, De la evaluación, monitoreo y cumplimiento de la presente Ley; Título VI, De la aplicación de la presente ley.

El artículo 1.º declara de interés general el desarrollo de una política pública que tienda a minimizar y reducir los riesgos y daños asociados al consumo de cannabis. El consumo de cannabis implica riesgos para la salud de los usuarios; por ello, establecer acciones relativas a la prevención, información y educación de la población en general es una prioridad y eje central de toda política de drogas. Es el primer eslabón necesario en una política integral de drogas, que debe tener como objetivos, entre otros, el aumento de la percepción de riesgo –como se ha dicho, el cannabis, junto con el alcohol, tiene una bajísima percepción de riesgo– y el retraso de la edad de inicio, considerando que la prevalencia del consumo a lo largo de la vida de los usuarios aumenta en la medida en que se realiza en edades tempranas. Esta información debe ser veraz y oportuna, testeada científicamente, de forma que nos acerque lo más posible a los riesgos a los cuales se enfrentan los usuarios de drogas. Los modelos de prevención basados en la moral han fracasado. Si el discurso preventivo no se sostiene sobre información de calidad es probable que obtengamos el resultado contrario al esperado: el aumento del consumo problemático.

El artículo 2.º establece el control y regulación estatal de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados. Esta no es la primera vez que en nuestro país se toma una medida de regulación estatal de una droga para que la adulteración en el mercado negro no afecte la salud. Podríamos citar como antecedente la Ley n.º 8.764 de creación de Ancap, de 1931. En la discusión parlamentaria, los miembros informantes fueron los Representantes Luis Batlle Berres y González Vidart, y destacaban este mismo aspecto en relación con el control del Estado respecto a los alcoholes: “Se considera pues como un principio higiénico el hacer llegar al pueblo”, decían, “los alcoholes de bebidas a los grados de pureza más altos posibles”. El comercio ilícito del alcohol repercutía “también sobre la salud pública, pues el comerciante o industrial que desafía las leyes no se detiene, para lograr sus beneficios, ante las malas condiciones higiénicas que resultan de sus fraudes. Solo mediante un contralor centralizado y competente pueden reducirse al mínimo las facilidades para esas operaciones dolosas”.

En nuestro país el consumo de cannabis es una actividad lícita; sin embargo, no lo es su acceso. Por lo tanto, los usuarios deben recurrir al mercado negro, con los riesgos que implica, entre otros objetivos planteados, la reducción del mismo –hoy controlado por el narcotráfico– fuente de recursos del crimen organizado y el establecimiento de canales seguros para los usuarios, son buscados mediante la intervención del Estado.

El Título II consta de los artículos 3.º y 4.º referidos a los Principios Generales y al objeto donde se enmarca la perspectiva del proyecto en consideración. Se entiende que todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y de los espacios públicos en condiciones seguras y en las mejores condiciones de convivencia, así como la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades de conformidad con lo dispuesto en diversos convenios, pactos, declaraciones, protocolos y convenios internacionales ratificados por ley. El objeto de la misma es proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico, buscando mediante la intervención del Estado atacar las devastadoras sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado.

En el Título III, Del cannabis, los artículos 5.º, 6.º y 7.º establecen modificaciones a la legislación vigente en materia de cannabis ampliando las excepciones previstas relativas a los caso de fines exclusivos de investigación científica y elaboración de productos terapéuticos y utilización médica con autorización del Ministerio de Salud Pública, la plantación, el cultivo y la cosecha así como la industrialización y comercialización de cannabis psicoactivo con otros fines, con autorización previa del Ircca, Instituto de Regulación del que se dará cuenta.

El expendio que se realiza a través de las farmacias habilitadas, el autocultivo y los clubes de membresía serán las fuentes autorizadas. Asimismo se modifican los criterios utilizados ante situaciones en que se superen los límites de tenencia establecidos como básicos por la ley, debiendo entonces fundar sus decisiones en criterios de valoración conforme a las reglas de la sana crítica.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción señor Senador?

SEÑOR CONDE.- Terminaré la lectura ordenada y luego con mucho gusto concederé las interrupciones.

El artículo 8.º establece la creación de registros para las excepciones previstas. En relación a plantas de autocultivadores y clubes de membresía por parte del Instituto de Regulación, se establece que la información será protegida considerando las mismas como dato sensible de conformidad a lo dispuesto en la Ley n.º 18.331.

El capítulo II establece disposiciones que tienen como objetivo mejorar la salud pública de la población.

El artículo 9.º dispone que el Sistema Nacional Integrado de Salud establezca políticas de promoción de la salud, prevención, asesoramiento, orientación y tratamiento en materia de consumo de cannabis. En las ciudades con población superior a 10.000 habitantes se instalarán dispositivos de información, asesoramiento, diagnóstico, derivación, atención, rehabilitación, tratamiento e inserción de usuarios problemáticos de drogas cuya gestión, administración y funcionamiento estará a cargo de la Junta Nacional de Drogas, pudiendo suscribirse a tales efectos convenios con la administración de los seguros de salud del Estado y las instituciones prestadoras de salud privadas, gobiernos departamentales, municipios y organizaciones de la sociedad civil.

El artículo 10 dispone que el sistema nacional de educación pública establecerá políticas educativas para la promoción de la salud y prevención del uso problemático desde la óptica de reducción de riesgos y daños debiendo la Administración Nacional de Educación Pública en el ejercicio de su autonomía resolver sobre la instrumentación de tales disposiciones.

Haré un paréntesis aquí, señor Presidente, para referir a ciertas publicaciones o análisis que dan cuenta de una presunta inconstitucionalidad de este artículo 10, sobre todo tomando en cuenta algunas disposiciones de uno de sus párrafos, donde establece la metodología por la cual se podrían instrumentar estas acciones educativas por parte de la ANEP. Hemos dicho en Comisión –y lo reiteramos aquí– que las autoridades de la educación, fundamentalmente de la educación media, ya participan activamente de programas interinstitucionales de educación en materia de uso problemático de drogas. Por otra parte la ANEP, en los objetivos que ya se ha trazado tiene claro lo que debe hacer y deberá concretarlo en la forma que, dentro de su autonomía técnica, estime más conveniente. En todo caso, si alguna expresión de algunos de los párrafos de este artículo vulnera, a entender de la ANEP, su autonomía técnica y ello no le quita legitimidad para hacer cualquier clase de cuestionamiento, incluso de orden constitucional, establecemos con absoluta claridad que será la ANEP quien debe recoger el espíritu de este artículo y aplicarlo en el marco de su autonomía como lo estime más conveniente, incluso, reitero, de un modo como el que ya está aplicando en las prácticas pedagógicas.

El artículo 11 prohíbe toda forma de publicidad, directa o indirecta, la promoción, el auspicio o el patrocinio de los productos de cannabis de uso psicoactivo. Se entiende que toda promoción de productos que eventualmente puedan ser perjudiciales para la salud de los usuarios es indebida, ya que tiene como objetivo el aumento de la venta y, por tanto, el consumo con un fin de ganancia, no estando este aspecto entre los objetivos del presente proyecto de ley. El objetivo es regular la existencia de un mercado que en la actualidad se maneja en la ilegalidad y establecer un nuevo marco de regulación del consumo de sustancias psicoactivas, que no se base únicamente en una relación de mercado tradicional, sino que el Estado intervenga a favor de mejorar la salud de los usuarios.

El artículo 12 dispone que la Junta Nacional de Drogas debe realizar campañas educativas, publicitarias, de difusión y concientización, etcétera.

En el mismo sentido, partiendo de la base del éxito de la política de regulación del mercado de tabaco traducido en la reducción paulatina del número de consumidores, se aplican en el artículo 13 las mismas medidas de protección de espacios públicos con relación al humo de cannabis que las existentes para el humo de tabaco.

El artículo 14 establece que los adolescentes no podrán acceder al cannabis, en forma análoga a lo que se dispone con respecto al tabaco y el alcohol. Las investigaciones indican, como tendencia general, que el inicio prematuro del consumo de sustancias psicoactivas fortalece la prevalencia. Por lo tanto, es necesario que la política pública establezca claramente los márgenes con respecto a cuándo está permitida o no dicha acción. Asimismo, es necesario que el Instituto coadyuve, a través de las disposiciones del presente proyecto, con los organismos públicos de contralor para que la normativa sea efectivamente aplicada.

El artículo 15 tiene relación con las actuales disposiciones relativas al consumo de alcohol por un corto período de tiempo previo a la conducción y a actividades que requieren de motricidad fina. Se aplica ese criterio al consumo de cannabis y se establece que todo conductor estará inhabilitado para conducir vehículos en zonas urbanas, suburbanas o rurales del territorio nacional cuando la concentración de THC en el organismo sea superior a la permitida, conforme a la reglamentación que se dictará al respecto. Aquí quiero hacer solamente dos comentarios, señor Presidente. En primer lugar, desde el punto de vista técnico es perfectamente posible hacer este tipo de controles in situ y con comprobaciones automáticas en el mismo momento en que se realiza el examen. Y, en segundo lugar, se ha divulgado profusamente un supuesto reproche o acusación de que se producirán ahora situaciones de personas que puedan conducir habiendo fumado marihuana. En realidad, lo que cabe decir es que hoy en día nadie sabe quién conduce habiendo fumado marihuana, porque nadie lo controla; no existe regulación ni control. Permítame, señor Presidente, insistir una vez más sobre esta realidad. El cannabis psicoactivo o la marihuana, de alto consumo en nuestra sociedad fundamentalmente entre los sectores más jóvenes, es hoy una droga perseguida, pero no una droga controlada ni regulada. Lo cierto es que no conocemos la dimensión real de sus efectos sobre la sociedad porque no hay suficiente control, porque no hay regulación y porque se mueve en un ámbito de permanente clandestinidad. En realidad, pasar de la persecución a la regulación y al control efectivo es realmente un avance, que hace una contribución también muy destacable a los temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y con la seguridad en general.

El artículo 16 establece que las instituciones de enseñanza referidas en el artículo 10, las instituciones prestadoras del Sistema Nacional Integrado de Salud, así como las organizaciones paraestatales y de la sociedad civil con personería jurídica vigente, podrán solicitar a la Junta Nacional de Drogas asesoramiento y recursos con fines preventivos cuando implique riesgo a terceros.

El Título IV refiere a la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y se compone de los artículos 17 a 41.

En este caso no voy a hacer una descripción detallada, pero digamos, como definición general, que el Ircca será una persona jurídica no estatal con la finalidad de ser el organismo ejecutor y fiscalizador de la política de regulación del mercado de cannabis, a través de la fijación realizada por la Junta Nacional de Drogas. Regulará las actividades relativas al cannabis y promoverá políticas de reducción de riesgos y daños asociados al uso problemático de cannabis. Se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Me apresuro a hacer notar aquí un aspecto que tiene que ver con el debate público ya planteado sobre la posible constitucionalidad o inconstitucionalidad de la creación de este Instituto. Nótese que se trata de una persona jurídica no estatal, por lo cual entendemos que no está alcanzada por las normas constitucionales y legales que regulan toda la temática referente al derecho de los presupuestos, de los períodos en que estos se pueden aplicar y de los períodos en que se pueden crear cargos, realizar nombramientos, etcétera.

En el Capítulo III se establecen los cometidos y atribuciones del Ircca. En particular, se establece que tiene el cometido de controlar y fiscalizar la plantación, cultivo, cosecha, producción, acopio, distribución y comercialización y expedición de cannabis y asesorar al Poder Ejecutivo con relación a las políticas de cannabis. Asimismo, otorgará las licencias o permisos correspondientes para cada una de estas actividades y llevará adelante los registros y la determinación y ejecución de sanciones. También se establecen las atribuciones del Ircca, de la Junta Directiva, del Director Ejecutivo, así como la actuación del Consejo Honorario.

Los Capítulos IV y V establecen el origen de los recursos del Ircca, así como el modelo de gestión, el funcionamiento y el régimen de infracciones y sanciones.

El Título V establece un sistema de evaluación y monitoreo del cumplimiento de la presente ley, a través de una Unidad Especializada en Evaluación y Monitoreo en la órbita de Presidencia de la República, con el cometido de realizar un informe anual con destino principal a la Asamblea General, es decir, a nosotros, los Legisladores.

El Título VI establece el período de reglamentación de la presente ley en 120 días y deroga las leyes que se opongan a su texto.

Señor Presidente: habiendo dado cuenta de la fundamentación y de la normativa contenida en el presente proyecto de ley, quiero hacer un último comentario general. El actual Gobierno ha considerado este proyecto no solo como un cuestionamiento al paradigma de guerra para enfrentar el uso problemático de drogas y como una iniciativa que busca propulsar, fundamentalmente, un encare de salud y de derechos humanos respecto a los ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de estas sustancias y, en especial, aquellos que hacen un uso problemático de ellas, sino que el marco referencial en el cual se decidió dar un impulso definitivo a esta ley proviene del debate llamado “Estrategia por la Vida y la Convivencia”, que tuvo lugar en el seno de nuestro Gobierno y que se ha venido transmitiendo en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad desde hace ya algo más de un año.

Estamos convencidos de que el uso problemático de drogas en el Uruguay en las condiciones en que se produce actualmente está vinculado a la generación de situaciones de violencia y al crecimiento del crimen organizado. Particularmente, en el día de ayer se conocieron estadísticas sobre la criminalidad, donde se da cuenta de un descenso de los distintos tipos de delito. Sin embargo, hay un aumento de la tasa de homicidios en nuestra sociedad que, de acuerdo con la información procesada por el Ministerio del Interior, se vincula directamente a los ajustes de cuentas, a su vez relacionados o causados por el tráfico de drogas. Con relación a la violencia, estamos convencidos de que nuestro país debe aplicar una legislación particular para que, acorde a sus condiciones propias, pueda acotar, disminuir o, en todo caso, debilitar el ámbito de acción del crimen organizado, buscando mediante esta estrategia mitigar la violencia y coadyuvar a la seguridad ciudadana.

Por otro lado, con este tratamiento absolutamente abarcativo, que cuestiona el paradigma de guerra a las drogas y encauza el uso de cannabis dentro de un conjunto integral de políticas públicas mediante la estrategia fundamental de integración social de su uso, estamos haciendo una contribución decisiva al desarrollo de la convivencia armónica y pacífica de nuestra sociedad.

Con esto he terminado la parte que me corresponde del informe y si todavía dispongo de tiempo, se lo cedo a los señores Senadores Pasquet y Heber, quienes me habían pedido una interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: aún restan nueve minutos. El señor Senador Pasquet desiste de su interrupción.

Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Como miembro informante estoy anotado para opinar sobre el fondo del proyecto de ley, pero hay algunas cosas que no me quedan claras. La iniciativa original del Poder Ejecutivo presenta un artículo único, mientras que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes consta de 44 artículos.

El literal E) referido en el artículo 8.º tiene que ver con la modificación a la normativa, principalmente del autocultivo. Este tema se venía discutiendo en la Cámara de Representantes e, incluso, tuvimos opiniones y proyectos, de todos los partidos políticos, mucho mejores que el que se terminó aprobando. Esta disposición autoriza el consumo en forma personal o compartida en el hogar con la familia, la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de hasta seis plantas con un máximo de recolección de 480 gramos anuales. ¿El señor Senador, como miembro informante, podría decirme si esto está estudiado? ¿Por qué se autoriza hasta seis plantas y no cinco? ¿Con siete plantas se está cometiendo un delito? Estas son algunas de las dudas que tengo. ¿Qué pasa si en el hogar tienen ocho plantas? En ese caso se es delincuente, mientras que con seis no. ¿Quién controla si no tiene 500 gramos en su casa? ¿Alguien se va a encargar de medir los gramos de marihuana que hay en la casa?

Asimismo, se habla de los clubes de membresía y se dice que se integrarán con un mínimo de quince y un máximo de cuarenta y cinco socios. Quiere decir que si son catorce personas se considera consumo del hogar, mientras que si son más de quince se toma como un club de membresía. Ahora bien, si son cincuenta socios ¿qué estatuto tiene? ¿Es un súperclub? ¿Dónde termina esto? Esta disposición autoriza a dichos clubes a plantar hasta noventa y nueve plantas de cannabis de uso psicoactivo; no cien, sino noventa y nueve y dice que el máximo de acopio anual tiene que ser proporcional al número de socios. Entonces, nos gustaría saber cómo se va a fiscalizar la proporcionalidad. El expendio para uso no medicinal no podrá sobrepasar los cuarenta gramos mensuales por usuario. Nos gustaría saber cuál fue el estudio que se realizó para establecer que cuarenta gramos mensuales está bien y, por ejemplo, cincuenta gramos está mal o treinta gramos es insuficiente. Desearíamos que el señor miembro informante, que estudió esta iniciativa, nos aporte información en ese sentido.

Por otro lado, se dice que la actividad lícita y la reglamentación van a establecer los mecanismos de acceso a la semilla. ¿Dónde la vamos a comprar? ¿Se hizo un estudio de mercado? ¿Hay algún contacto con el narcotráfico para saber quién puede tener mejor calidad y acopio de semillas para importar? Formulo estas preguntas porque no entiendo. Los señores Senadores me hacen señales con las manos, pero las señales las hago yo. No lo entiendo ¿El miembro informante me puede explicar?

Para terminar, quiero plantear otra de las dudas que tengo que refiere a la integración del Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Se establece que los órganos que lo integrarán serán los siguientes: una Junta Directiva, una Dirección Ejecutiva y un Consejo Nacional Honorario. La Dirección Ejecutiva tendrá cuatro integrantes, el Consejo Honorario, cinco y habrá un Director Ejecutivo. En el Consejo Nacional Honorario habrá un representante del Congreso de Intendentes, ¿por qué? ¿Se quiere descentralizar la labor y la plantación?

En cuanto a los clubes de membresía, ¿va a haber una especie de fiscalización por parte de la Corte Electoral para su elección, a los efectos de saber quién va al Consejo Nacional Honorario de la Asociación de Cultivadores? ¿Va a haber una elección? ¿Se va a reglamentar esto?

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Me gustaría que se me respondieran las preguntas que he planteado.

Agradezco su enorme paciencia con el tiempo que se me ha brindado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Conde a quien le restan tres minutos.

SEÑOR CONDE.- Muchas gracias, señor Presidente.

En la discusión particular seguramente podremos insistir en los aspectos que ha mencionado el señor Senador Heber, pero voy a dar una respuesta general y clara sobre su cuestionamiento.

No está en el espíritu de este proyecto de ley –por lo menos en el de los Legisladores que lo hemos impulsado aquí y en la otra Cámara– que las personas no puedan tener mayores cantidades que las establecidas. Naturalmente estamos hablando de pequeñas desviaciones –esto no puede someterse a un control aritmético–, siempre y cuando las mismas tengan como objetivo el consumo personal o social. En este sentido, está claramente previsto en la legislación actual que estamos generando, que con esta modificación deben considerarse los elementos materiales que se vinculan con las condiciones en las que se procura la sustancia, tanto en el caso del autocultivo como de la membresía de un club. Sin embargo –creo que aquí está la parte medular de la respuesta– será el Magistrado quien podrá considerar, en el ejercicio de la sana crítica, que el objetivo de la tenencia es para otros fines y tomar las medidas pertinentes de acuerdo conla legislación vigente.

Las modificaciones jurídicas que estamos realizando introducen el criterio jurídico de la sana crítica en lugar del criterio jurídico de la convicción moral, que era en el que se sustentaba la evaluación por parte del Juez en base a la legislación anterior que ahora estamos modificando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: analizamos en general y en particular cada uno de los artículos de este proyecto de ley en la Comisión de Salud Pública del Senado y ese análisis fue recogido en la versión taquigráfica. Por lo tanto, no voy a distraer el tiempo de los señores Senadores para referirme a las objeciones que merece su enfoque específico en distintos aspectos.

Mi informe, señor Presidente, parte del artículo 44 de la Constitución de la República, que dice: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad.”, y luego establece la función específica del Estado en caso de insuficiencia económica. Esa disposición constitucional es la que guiará mi análisis sobre este proyecto de ley porque, sin perjuicio de las consideraciones de los convenios internacionales, las consideraciones sobre los derechos individuales y sobre supuestas guerras a las drogas, lo que nos interesa acá es la salud de los uruguayos y lo que debemos tratar de determinar es si este proyecto de ley va a contribuir o no a ella.

Soy médico, especialista en Salud Pública, con 35 años de experiencia en esa disciplina; conozco los parámetros éticos de la experimentación con seres humanos y este proyecto de ley, que plantea un experimento de ingeniería social como fue afirmado en la Comisión de Salud Pública, no cumple con ninguna de las salvaguardias éticas de la experimentación con seres humanos, y ¡vaya si esas salvaguardias son importantes, tratándose de una sustancia como la marihuana, que causa daño a los seres humanos!

Ni nuestro Gobierno ni el resto del mundo deberían experimentar con los uruguayos; en particular no se debería intentar experimentar con nuestros niños y adolescentes sin las garantías apropiadas. Eso no es ético y me indigna la ligereza con que se ha manejado este tema.

Quiero hablarles a los uruguayos, particularmente a los niños y adolescentes de mi país, a sus padres y otros familiares, a sus maestros y docentes, así como a otros referentes de la niñez, la adolescencia y la juventud. Quiero hablarles sobre los efectos de la marihuana no sospechados, pero si comprobados científicamente, para que les quede claro que, aun después de aprobada esta ley, lo que más les conviene para preservar su salud es no consumir. Deseo fervientemente equivocarme, anhelo que no se den los efectos negativos que me temo van a ocurrir, pero, al mismo tiempo, me doy cuenta de que este experimento en ingeniería social hará que los niños, adolescentes y jóvenes uruguayos salgan aún más dañados de lo que lo están hoy en día.

Señor Presidente: voy a desarrollar diez puntos que llevan al Partido Colorado a rechazar este proyecto de ley. Como se verá, no son de carácter filosófico o ideológico, no refieren al liberalismo, la regulación, la legalización, el prohibicionismo, la persecución o la guerra; no. Como se verá, los puntos son eminentemente prácticos porque todo depende de cómo se actúa ante la realidad.

En primer lugar, la marihuana no es inocua. Se ha comprobado que la marihuana, al igual que el alcohol y otras drogas, no es una sustancia inocua, sino que causa daño a la salud; por lo tanto, no es banal. Sin embargo, hoy existe entre los jóvenes y los adultos jóvenes una percepción generalizada de que la marihuana no es dañina; tal vez estén repitiendo aquello de que de las drogas ilícitas es la menos dañina, como si morir por una aspiración de queroseno fuera menos grave que morir por una ingestión de cianuro. El resultado es el mismo: la muerte. La marihuana será menos dañina que otras drogas ilegales, pero –ciertamente– no es inocua. Esa percepción es equivocada y, además, peligrosa.

Según la Junta Nacional de Drogas, el 80 % de los estudiantes de enseñanza media que han probado la marihuana lo hicieron “por curiosidad”. En mi opinión, este proyecto de ley refuerza esa percepción errónea en cuanto a que se puede probar por curiosidad y no pasa nada.

Además de los efectos a corto plazo a los que me referiré más adelante, la marihuana puede tener, según las circunstancias, efectos irreversibles a largo plazo. Está comprobado que causa daño cerebral cuando se comienza a consumir en el entorno de los 15 años de edad o antes, cuando se consume en forma frecuente y cuando se lo hace con niveles importantes de concentración de tetrahidrocannabinol –en adelante hablaré del THC a los efectos de acortar–, que es la sustancia activa psicotrópica del producto.

Hay, no miles, sino decenas de miles de estudios científicos que comprueban ese efecto neurotóxico nocivo. Tal vez el más concluyente de todos ellos por su propio diseño sea el “Estudio Multidisciplinario Dunedin de Salud y Desarrollo” de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, que ha documentado la evolución de más de mil personas, desde su niñez hasta la adultez, durante treinta y ocho años consecutivos. De los estudios que yo conozco, debe ser el más completo desde el punto de vista epidemiológico sobre el relacionamiento entre distintas variables.

Veamos un resumen de uno de los resultados de los análisis realizados, que dice textualmente: “El uso de la marihuana en la niñez y en la adolescencia, cuando el cerebro atraviesa su desarrollo crítico, puede tener efectos neurotóxicos a largo plazo”. La marihuana causa daño, no es banal, y por eso reitero el mensaje inicial en cuanto a que lo mejor, aún aprobado este proyecto de ley, es no consumirla.

Además, señor Presidente, se dice que la marihuana crea poca dependencia, poca adicción. No es así; la marihuana crea dependencia. El organismo humano se acostumbra a su presencia y se resiente cuando no está disponible. Ello se debe a que la sustancia activa de la marihuana, el THC –que ya he nombrado– se fija en varios puntos del sistema nervioso central: en el centro del placer, de la memoria, del pensamiento, de la concentración, de las percepciones sensoriales y del tiempo, y del movimiento coordinado.

Las palabras “dependencia”, “habituación” o “adicción” significan que el consumidor tendrá dificultad para controlar el consumo de marihuana y no podrá abandonarla aunque esta interfiera con muchos aspectos de su vida diaria. Esto no implica necesariamente los cuadros más dramáticos que frecuentemente asociamos con otras adicciones, como la pasta base o el alcohol, pero, de cualquier forma –y esto lo dicen todos los adictos a la marihuana–, es muy difícil dejarla una vez que se tiene dependencia de la droga.

El Instituto Nacional de Abuso de Sustancias de los Estados Unidos estima que el 9 % de las personas que consumen marihuana se vuelven adictas a la misma. Parece una cifra relativamente menor, pero hay que ir más abajo, más al fondo del problema. Esta cifra del 9 % se eleva al 17 %, señor Presidente, cuando se comienza a consumir en la adolescencia, y peor aún, aumenta al 25 % o aun al 50 % entre los adolescentes que la consumen diariamente. Quiere decir, señor Presidente, que la marihuana es mucho más adictiva y causa mayor daño neurológico en la niñez y en la adolescencia. También podemos decir que provoca dependencia, es decir que una vez que el organismo se habituó es muy difícil librarse de ella.

Ahora bien, ¿hay alguna relación entre la percepción de riesgo y el consumo de esta droga? Sin duda la hay. El consumo de marihuana aumenta cuando baja la percepción de los daños que ocasiona. En Estados Unidos se realizó un estudio que cubre el período que va de 1976 hasta 2012, año por año, y que relaciona, por un lado, la percepción del riesgo y, por otro, el consumo de marihuana durante los últimos treinta días. Este estudio muestra una correlación inversa casi perfecta entre ambas variables: aumenta la percepción de riesgo, baja el consumo; disminuye la percepción de riesgo, sube el consumo. En el período que va de 1978 a 1991 la percepción de riesgo aumentó y el consumo descendió; ocurrió lo contrario cuando disminuyó la percepción de riesgo, ya que el consumo aumentó.

Este proyecto de ley propone la legalización de la compra de marihuana por parte de todas las personas mayores de 18 años en el Uruguay. Digo “por parte de todas las personas en el Uruguay” y no digo “por parte de todos los ciudadanos” o “por parte de todos los habitantes,” porque el proyecto de ley no establece ninguna exclusión para los extranjeros con respecto a la adquisición de marihuana en farmacias y al autocultivo doméstico o en clubes. Esa compra generalizada va a determinar una disminución de la percepción del riesgo. En definitiva, el Estado autoriza su venta; es más, el Estado es el que canaliza la venta, la disminución de percepción de riesgo y, como consecuencia de ello, el aumento del consumo en la población, especialmente en los niños y adolescentes.

Periódicamente la Junta Nacional de Drogas realiza una Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas en estudiantes de enseñanza media; en realidad, lo hace cada dos años. Entre los años 2009 y 2011 aumentó en forma significativa el porcentaje de estudiantes de enseñanza media que habían probado marihuana como resultado de “la influencia directa del entorno”, o sea, la presión de los compañeros; aumentó del 17,7 % al 24,5 %. Puede afirmarse, pues, que la percepción de la marihuana entre estudiantes de nuestro nivel medio se está banalizando, está siendo percibida como de menor riesgo. La influencia de los compañeros de clase, de los amigos, de los mensajes de impacto popular carentes de valores, está incidiendo cada vez más en la decisión de los adolescentes para consumir. Estos adolescentes descuentan el riesgo que acarrea la marihuana y experimentan con esta droga, al igual que con el alcohol. Recordemos, señor Presidente: cuando baja la percepción de los daños aumenta el consumo.

Otro aspecto importante es el impacto sobre el aprendizaje. Si me hubieran dicho “Usted, doctor, puede hablar de un solo tema”, desde el punto de vista personal hubiera hablado de este porque, en definitiva, el futuro de nuestros niños y adolescentes depende de la eficacia de lo que aprendan, es decir, de la eficacia del aprendizaje. Uno de los riesgos más graves de este proyecto de ley es su potencial influencia negativa sobre el aprendizaje de niños y adolescentes. Ya vimos que la marihuana potente, consumida precozmente y en forma repetida, actúa sobre el sistema nervioso provocando efectos tales como la distorsión de las percepciones, el deterioro de la coordinación, la dificultad para pensar y resolver problemas y, por lo tanto, perturbaciones del aprendizaje y de la memoria. ¡Vaya si esto es importante para un país que tiene enormes dificultades con su enseñanza al final de la primaria y al inicio de la secundaria! Repito: la marihuana potente consumida precozmente y en forma repetida provoca efectos tales como la distorsión de las percepciones, el deterioro de la coordinación, la dificultad para pensar y resolver problemas, y perturbaciones del aprendizaje y la memoria. Las investigaciones científicas demuestran que el consumo de marihuana a estas edades se asocia con una mayor probabilidad de abandono de los estudios. Pero no solo lo dice la investigación científica nacional e internacional, sino que así también lo expresaron los delegados de la ANEP en la Comisión de Salud Pública. La delegación de la Administración Nacional de Educación Pública confirmó esos hallazgos al señalar que los estudiantes que consumían alcohol y drogas, incluida la marihuana, presentaban dificultades graves de aprendizaje y repetían el año escolar con mayor frecuencia hasta que terminaban abandonando sus estudios.

Si estamos discutiendo el fracaso de nuestro sistema educativo, estos hallazgos y estas comprobaciones de nuestras propias autoridades nos tendrían que hacer reflexionar.

¿Qué resultados vamos a obtener en los próximos años? Este proyecto de ley agravará nuestra ya difícil situación educativa.

Señor Presidente: se ha hablado de la inseguridad, porque este proyecto de ley se originó cuando ocurrió la muerte del pizzero de La Pasiva. A raíz de ese suceso le escribí una carta al señor Presidente de la República sugiriéndole una jornada de reflexión sobre el valor de la vida y la convivencia. En lugar de esa jornada, el señor Presidente eligió promover 15 iniciativas, una de las cuales es la legalización de la adquisición de la marihuana por parte de todas las personas mayores de dieciocho años bajo la teoría, nunca demostrada, de que eso debilitará el narcotráfico e impedirá el acceso de los jóvenes a drogas que causan aún más daño, como la pasta base.

Permítaseme decir que, a nivel de todo el mundo, los estudios científicos demuestran que la marihuana está asociada a un aumento de la inseguridad en el tránsito y a un aumento en la inseguridad en el desempeño del trabajo. Está demostrado que tanto los accidentes laborales como los de tránsito empeoran como consecuencia de una mayor disponibilidad y consumo de drogas, como la marihuana, porque esta afecta la percepción espacial que tenemos los seres humanos.

En materia de prevención de accidentes de tránsito, el proyecto de ley prevé un sistema de control que es muy costoso de adquirir y más complejo aún de operar; tan costoso y complejo que la mayoría de los países de la Unión Europea no lo usan. En definitiva, ellos tienen una política de tolerancia cero, porque es mucho más fácil y menos costoso de medir: si la persona tiene residuos no puede manejar; si no los tiene puede hacerlo, sin llegar a determinar el nivel de concentración en el organismo, que es lo que dispone el artículo referido a los accidentes de tránsito. ¡Mala solución y difícil de implementar!

Al comienzo de mi exposición dije que no hablaría de filosofías liberales, conservadoras, prohibicionistas ni de guerras, porque acá tenemos que hablar de nuestra gente y de nuestra realidad. Eso es en cuanto a los accidentes de tránsito.

Ahora bien, señor Presidente, con relación al aumento de los accidentes de trabajo, el proyecto de ley no los menciona, no los previene ni los mitiga; simplemente los omite –supongo– porque la salud de los trabajadores no debe ser tan importante como la salud de los conductores. Para contrarrestar estas consecuencias faltan ambulancias bien equipadas y gestionadas que permitan mitigar ambos riesgos cuando se concretan. No tenemos ambulancias que respondan rápidamente en pueblos como el de Villa del Carmen, y no las tenemos en pueblos donde debería haberlas porque la comunidad las compró. Estamos aprobando un proyecto de ley que aumenta el riesgo de sufrir accidentes de tránsito y accidentes laborales y, sin embargo, no tenemos ambulancias disponibles bien equipadas y gestionadas para responder a estos accidentes que ya ocurren, no a los que se agregarán como consecuencia de la implementación de esta iniciativa. Además, para contrarrestar estas consecuencias, falta que tomemos mucho más seriamente las realidades en el terreno de qué herramientas tenemos para responder. Son todas estas omisiones graves en temas sensibles para nuestra sociedad.

Que Uruguay tiene un problema para resolver derivado de las drogas, no hay duda, como ocurre con una gran cantidad de países del mundo. Nuestro país ya tiene un problema especialmente con la violencia en torno a la comercialización de drogas tales como la marihuana, la pasta base de cocaína, entre otras. También tiene un problema vinculado con la violencia derivada del consumo de alcohol, como lo atestiguan claramente los episodios de violencia doméstica. Pero no nos confundamos en materia de drogas ilícitas. Montevideo no es Tijuana, México; Uruguay no es Paraguay y no estamos en el epicentro de la guerra global contra las drogas, ni nada que se le parezca. La llamada guerra de las drogas está vinculada con el tráfico a gran escala en países que son de tránsito, como lo son Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Hoy el Uruguay no es un país de tránsito en función del eficiente y buen trabajo de quienes han sido responsables de reprimir ese grave delito internacional. Por eso, cuando hablamos del narcotráfico, tenemos que separar el tráfico de pasaje a nivel internacional de lo que es la importación de drogas para el consumo interno a través del narcomenudeo.

De aprobarse este proyecto de ley podremos sí resultar en un foco de difusión regional como acertadamente lo temen nuestros países vecinos. Sin embargo, nuestro problema más importante no es el tránsito o el tráfico de drogas; el problema que más nos preocupa a los uruguayos y más me inquieta a mí, como especialista en salud pública, es el consumo de drogas sicotrópicas que afectan a la niñez y a la adolescencia, tal como quedó demostrado. El patrón más común es el poli consumo, es decir, la inhalación e ingestión de varias sustancias al mismo tiempo en las cuales, la marihuana y el alcohol, son los compañeros preferidos. Entre las drogas ilícitas, la marihuana es la consumida con mayor frecuencia y el alcohol más aún.

Según datos publicados por la Junta Nacional de Drogas, en los últimos diez años el consumo de todas las drogas ilícitas aumentó entre 2003 y 2007 y declinó entre 2007 y 2011. Esta es la última medición disponible.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señor Senador, pero ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el término de que dispone.

Se va a votar.

(Se vota:)

–24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI.- Muchas gracias, señor Presidente y señores Senadores.

Pese a la disminución que se ha dado desde 2007 a 2011, la percepción general es que el “problema de las drogas” –dicho esto entre comillas– sigue creciendo, y que la política restrictiva ha fracasado por la violencia provocada por su comercialización.

La violencia y la inseguridad son asuntos bastante más complejos que no se van a solucionar –ni siquiera mitigar– como consecuencia de la aprobación de este proyecto de ley que legaliza la compra de marihuana.

Pero, ¿cuál es la estrategia para enfrentar el problema al que acabo de hacer referencia? Para una amplísima mayoría de la sociedad uruguaya, incluso para quienes desde el oficialismo promueven de buena fe este proyecto de ley –no tengo inconveniente en reconocerlo–, los siguientes objetivos son esenciales: retrasar la edad de inicio de consumo de todas las drogas –incluido el alcohol–; abatir el consumo y, en consecuencia, reducir los daños que ocasiona. En eso estamos totalmente de acuerdo. La discrepancia surge en torno a la estrategia utilizada para alcanzar esos objetivos.

El oficialismo cree, de buena fe, en la teoría de segmentar los mercados evitando el efecto góndola, y para ello propone un sistema de competencia comercial entre el narcotráfico y el Estado uruguayo. Se proponen dos herramientas: facilitar el acceso sin tener que recurrir a los puntos ilegales de venta y crear canales legales de comercialización que compitan exitosamente con los ilegales.

El Partido Colorado considera que esa estrategia es altamente contraproducente desde el punto de vista de la salud pública y, para explicar el porqué, tomaremos como ejemplo la exitosa estrategia usada contra el tabaco. La misma se basó en la reducción drástica de la demanda, usando cuatro instrumentos: el aumento del precio, la reducción de los espacios donde está permitido fumar, la propaganda negativa obligatoria en las cajillas de los cigarrillos, y la restricción a las marcas, las presentaciones y otro tipo de publicidad. Repito: reducción drástica de la demanda.

En cambio, la estrategia propuesta en torno a la marihuana no trata de reducir la demanda –excepto alguna pequeña señal con respecto a la educación preventiva y a los registros de los consumidores de los cuales voy a hablar más tarde– y tampoco trata de reducir la oferta.

Según explicó en la Comisión de Salud Pública el Secretario Técnico de la Junta Nacional de Drogas, la estrategia consiste en asegurar la calidad de la marihuana a un precio competitivo con su adquisición ilegal y de esa forma vencer al narcomenudeo doméstico.

Cuando hay una guerra entre la Coca Cola y la Pepsi, lo único seguro es que aumenta la cantidad de refrescos. Cuando hay una guerra entre el Estado y el narcomenudeo, lo único seguro es que va a aumentar la cantidad de marihuana. La estrategia es enteramente opuesta a la que se utilizó exitosamente en la lucha contra el tabaco.

Este sistema competitivo implica en el corto y el mediano plazo un aumento de la oferta pues se agrega la “oferta legal” –entre comillas– a la oferta ilegal. Más aún: se argumenta que la oferta legal será más atractiva porque tendrá la garantía de la calidad que la oferta ilegal no puede lograr. Por lo tanto, no se tiende a reducir la demanda, sino que se aumentará la oferta hasta hacer inviable –o tratar de hacer inviable– el negocio del narcomenudeo.

Señor Presidente: los efectos de esta política sobre la salud pública –de la que habla el artículo 44 de la Constitución– son y serán nefastos, sobre todo al filtrarse parte de esa mayor oferta hacia la niñez y la adolescencia, como es inevitable que suceda.

Se puede argumentar que los registros de consumidores al igual que la educación preventiva tratarán de deprimir la demanda, pero el argumento es muy débil. La educación propuesta es más floja que la que dispone la ley vigente; esta, por otra parte, no se cumple hace muchos años. Por su parte, en lugar de deprimir la demanda los registros harán más atractiva la compra ilegal, porque aquel que no admite ser registrado recurrirá a los puntos de venta ilegal para poder adquirir la droga.

El ejemplo de los free shop en la frontera es contundente. Las cédulas de identidad extranjera se alquilan en la entrada de los comercios para que los uruguayos podamos violar la ley evadiendo el control y así comprar mercadería de contrabando. Uno no tiene que usar demasiado la imaginación para suponer que habrá alquiladores de cédulas de identidad en las puertas de determinadas farmacias para adquirir los 40 gramos de marihuana. ¿Será eso lo que queremos para nuestras farmacias?

Señor Presidente: este proyecto de ley está basado en una estrategia equivocada, porque pretende combatir el narcomenudeo compitiendo en precio y en calidad. La consecuencia será el aumento de la disponibilidad, el consumo y el crecimiento de los daños, porque no se puede combatir el fuego echando combustible.

¿Qué va a pasar con las farmacias? La comercialización por medio de las farmacias encuentra serios obstáculos reconocidos. Los responsables técnicos de estos centros de salud –los químicos farmacéuticos– han declarado una y otra vez que no van a asumir la responsabilidad del control porque no se trata de un medicamento. Los dueños de las farmacias que concurrieron a la Comisión de Salud Pública se muestran proclives a participar si obtienen a cambio, por parte del Estado, una reducción fuerte de la competencia desleal que les plantea la venta de fármacos en ferias vecinales y otros puestos callejeros. En ese clima de realidad, donde los medicamentos se sustraen de las farmacias y se venden en la calle, vamos a controlar la venta y la compra de marihuana en las farmacias.

Es más: hoy no existe un sistema de información que permita detectar si un cliente ya compró sus 40 gramos mensuales en otra farmacia. Si bien se ha diseñado un sistema informático para tal fin con apoyo del Banco Interamericano, de allí a que se pueda implementar con éxito un sistema que nunca ha sido probado, hay una gran distancia. Según han dicho los propios farmacéuticos, los controles del Ministerio de Salud Pública sobre las farmacias en lo referente a los psicofármacos dejan mucho que desear. Se realizan solo cuando la farmacia solicita la habilitación inicial y tienen una vigencia de cinco años mediante los cuales no hay inspecciones ni regulares ni sorpresivas.

La Ministra de Salud Pública ha expresado recientemente en la prensa que carece de personal para ejercer los controles que requiere este proyecto de ley. En definitiva, señor Presidente, el Uruguay corre el riesgo de deteriorar su sistema de farmacias –¡qué buen servicio le prestan a la población!– al tratar de erradicar los puntos de venta ilegales de las drogas.

El noveno punto tiene que ver con cuál es la capacidad de respuesta ante el aumento del consumo y el aumento del uso problemático. Es cierto que el Estado ha diseñado un complejo y completo sistema –llamado de dispositivos– para la contención de los usuarios problemáticos de drogas en situación de crisis, que es objeto de otro proyecto de ley. También ha diseñado un complejo y completo sistema de rehabilitación e inserción para todos los usuarios de drogas pero, como dice el refrán, del dicho al hecho hay un gran trecho, porque la implementación de esos sistemas, al día de hoy, es inferior al 5 % de lo que fue diseñado. Estuve personalmente en el Portal Amarillo dialogando con los responsables de la Red Nacional de Atención y Tratamiento de Drogas, Renadro, y puedo decir que es admirable su dedicación y compromiso con el problema, pero la implementación de esta Red, dicho por ellos mismos, es lenta y compleja pues hay que entrenar recursos humanos de los que hoy no dispone el país. Nuevamente, pues, ante la incapacidad para controlar, este proyecto de ley resulta un salto al vacío porque hoy el país carece de una red de contención y tratamiento; se diseñó y se está implementando, pero hoy no la tiene.

¿Qué alternativa intentamos ofrecer al problema planteado? Es cierto que hay una incongruencia entre la habilitación del consumo y la penalización del acceso a cualquiera de las drogas ilícitas. Eso nadie lo puede ignorar, pero creemos que la respuesta más adecuada a este dilema hubiera sido la debida implementación de disposiciones ya contenidas en la Ley de Estupefacientes de 1974. Me refiero específicamente al uso terapéutico de la marihuana que está científicamente comprobado para aliviar el dolor, calmar la ansiedad de determinados pacientes, para mitigar convulsiones, etcétera. Este uso está absolutamente reglamentado en todos los países de la Unión Europea, pero en el Uruguay no lo tenemos ni tampoco lo prevé este proyecto de ley. Ese paso hubiera permitido solucionar varios de los problemas prácticos que se generan actualmente sin caer en la banalización riesgosa de una droga dañina. Creo que un enfoque de esa naturaleza hubiera logrado un amplio consenso por parte de la población y el sistema político y acarrearía menos problemas que los que va a plantear este proyecto de ley. Lamentablemente, esta iniciativa no dice casi nada sobre el uso medicinal de la marihuana al estar centrado, en forma casi exclusiva, en el uso recreativo de una sustancia que de ser consumida por niños y adolescentes, ocasionará serios daños.

Pero la preocupación va todavía más allá y tiene que ver con el deporte y la inserción del Uruguay en el deporte. Nuestro país es parte de la Agencia Mundial Antidopaje y nuestros deportes se rigen por sus disposiciones, que es algo de lo que estamos orgullosos. En su lucha contra el dopaje, esa Agencia tiene a la marihuana dentro de la lista de sustancias prohibidas. Entonces, aprobar su uso en una ley es un mensaje contradictorio y negativo para todos los deportistas que cuidan su salud y procuran competir lealmente. Uruguay fue y es líder continental en el control antidopaje pero esta ley va en contra de esa rica historia y nos pone en riesgo de recibir sanciones deportivas, como puede ser la exclusión de campeonatos panamericanos, mundiales y juegos olímpicos, por incumplir con las disposiciones de la Agencia Mundial Antidopaje.

Por último, señor Presidente, y aprovechando que está presente la prensa extranjera –como a todos nos consta–, quiero dirigirme a los demás países, en particular a aquellos que han alentado y, en parte, financiado el movimiento tendiente a la aprobación de este proyecto de ley. Si las consecuencias de su aprobación e implementación fueren negativas, como lo indica la evidencia científica que he reseñado, espero que quienes hoy alientan desde afuera esta experimentación en el país, tengan al menos la misma disposición, o más aún, a colaborar en su corrección y a mitigar las secuelas que pueden llegar a ser irreversibles. ¡Ya que se meten en nuestra casa para romper cosas, que vengan también cuando los uruguayos debamos arreglarlas! Señor Presidente: no debemos perdernos en la lucha ideológica de la guerra contra las drogas, la liberación, la regulación, la legalización, la prohibición, que son propias de realidades de otros países. Este proyecto de ley no tiene en cuenta nuestra limitada capacidad de gestión que, como se debe reconocer, se evidencia día tras día. Reconocemos que esta iniciativa persigue objetivos compartibles pero erra el camino e ignora la realidad. Ojalá me equivoque, pero creo que traerá consecuencias muy negativas sobre los niños y los adolescentes y, por lo tanto, sobre el futuro del país.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: sin dudas este tema puede ser abordado desde muy distintos ángulos, pero quería comenzar mi exposición dando cuenta de la forma en que ingresa este proyecto de ley, que ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes.

Como expresó el señor Senador Solari en su pormenorizada y bien fundada exposición, una primera iniciativa en este sentido fue anunciada dentro de un paquete de quince medidas titulado: “Estrategia por la vida y la convivencia”. Estas quince medidas estaban asociadas a proyectos de ley que en algún caso ya fueron aprobados por este Parlamento como, por ejemplo, el que penaliza más severamente la comercialización de la pasta base, que fuera votado por unanimidad en este Senado de la República. La mencionada estrategia fue anunciada el 20 de junio del año pasado y el 22 de agosto se remitió un proyecto de ley con una larga y fundada exposición de motivos –que no comparto, pero reconozco el trabajo de elaborarla– que contenía un solo artículo y si bien no tiene nada que ver con el que hoy estamos considerando, creo que vale la pena leer. El proyecto de ley, que me parece que cuenta con la firma de todos los Ministros y, naturalmente, del Presidente de la República, José Mujica, comenzaba así: “Sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley n.º 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus modificativas, el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”. De hecho, no decía nada porque lo dejaba librado a la reglamentación. A continuación expresaba: “Asimismo, el Estado ejercerá toda otra actividad material que resulte necesaria, previa, concomitante o posterior, para la ejecución de las actividades referidas en el inciso anterior”, y reiteraba: “En los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”. Luego, seguía: “Las actividades referidas en los incisos anteriores, deberán ser realizadas exclusivamente en el marco de una política de reducción de daños –que es uno de los argumentos que contiene el proyecto de ley que hoy estamos considerando– que, asimismo, alerte a la población acerca de las consecuencias y efectos perjudiciales del consumo de marihuana, así como a los únicos efectos de una minimización de riesgos y daños de la población potencialmente consumidora,” y, por tercera vez, repite: “En las condiciones que, a su respecto, fije la reglamentación”. Más que un proyecto de ley, esto era un decreto; era un monumento al decreto reglamentario, porque no decía nada; modificaba cosas pero todo lo establecía la reglamentación. Claro, esto llegó al Parlamento y la Comisión Especial de Drogas y Adicciones con Fines Legislativos, de la Cámara de Representantes, entendió que este proyecto de ley era una barbaridad, imposible de votar.

Por lo tanto, se elige el camino de proponer sustitutivos y aditivos. Pero no se trata de sustitutivos y aditivos, porque es un nuevo proyecto de ley que no tiene absolutamente nada que ver con este que estamos considerando hoy, que tiene, ni más ni menos, 44 artículos. Se sustituye un proyecto de ley de artículo único por otro de 44 artículos, pero siempre con un vicio –aunque menor, más chico– muy similar al que establecía el proyecto de ley original. Hay muchos artículos de la iniciativa que hoy estamos considerando que expresan “lo que establezca la reglamentación”. Hay muchas cosas que esta ley no dice y se remite a una reglamentación. Pero, por supuesto, si no está aprobada la ley, no existe la reglamentación.

Durante discusiones llevadas a cabo en la Comisión, se nos dijo que en algunos casos determinados aspectos los establecería la reglamentación de cierta manera, pero no podemos tener ninguna certidumbre respecto de cuál, cómo y de qué forma una reglamentación a dictarse podrá regular materias muy delicadas. Incluso, no sabemos cuándo se dictará; quizás demore mucho tiempo y la dicte otro Gobierno.

De modo que ya empezamos mal. Cuando las leyes se remiten recurrentemente a la reglamentación, transitamos un camino de incertidumbres, y no de certezas y seguridades jurídicas. ¡Vaya si esos errores los comete frecuentemente este Gobierno! Si de leyes inconstitucionales se trata, en estos tiempos estamos batiendo récords. Seguramente, y sin seguramente, esta iniciativa tiene varios artículos que pueden ser tachados de inconstitucionales.

Este proyecto –como lo decía el señor Senador Solari– tiene como primer objetivo tratar de liquidar, o por lo menos mitigar, los efectos perniciosos de la actividad de los narcotraficantes. ¿Cómo? Sacando del mercado ilegal y permitiendo el acceso legalizado a muchos uruguayos que consumen marihuana.

Leí las palabras pronunciadas por el señor Secretario de la Junta Nacional de Drogas con respecto a las características del narcotráfico, de las modalidades y del menudeo y pude entender que, precisamente, muchas veces hubo una activa dinámica policial en el sentido de reprimir el narcotráfico de grandes cantidades de marihuana o de cocaína, pero no se ha tenido la misma eficiencia y los mismos resultados en el menudeo y en las bocas de expendio de drogas, que se calcula alcanzan unas 700 en todo el territorio nacional, cuya mayor parte está en la ciudad de Montevideo o en el área metropolitana.

Por otra parte, también se ha fracasado en el control de ingreso de drogas a los establecimientos carcelarios, donde se ha hecho costumbre el consumo de esas sustancias. Y no es exagerado pensar que ello ha sido causa de los últimos motines sucedidos, los que han arrojado pérdidas de vidas. Quiere decir que la droga no solo se vende por todos lados –en las bocas vecinales se continúa vendiendo pasta base–, sino que además todavía sigue ingresando libremente a los establecimientos carcelarios. El último informe del Comisionado Parlamentario da cuenta de que una de las razones del último motín ocurrido en el Compén fue una disputa entre traficantes por temas vinculados con el ingreso y comercialización de drogas.

Quiere decir que hasta ahora el menudeo, el narcotráfico familiar y la comercialización a nivel de núcleos familiares no han podido ser desarticulados. Ni siquiera se ha logrado atenuar su actividad sino que, por el contrario, parece haberse acrecentado continuamente.

Se dice que con esto se liquidará el efecto góndola, es decir, se van a separar los mercados: por un lado, la marihuana; y por otro, la pasta base, la cocaína y los psicofármacos. Pero ha quedado de manifiesto por parte de todas las delegaciones que asistieron a la Comisión a informar –el Codicén, la Cátedra de Psiquiatría y la Cátedra de Toxicología– que hay un elevado consumo de marihuana en jóvenes cuyo inicio en estas adicciones ronda los 15 años. Vale decir que tenemos una población, seguramente muy numerosa, que está consumiendo no solo marihuana, sino también pasta base, cocaína o lo que venga. Por lo tanto, acá dejamos una etapa de la vida, una fase cronológica que va entre los 13 y los 18 años que no podrá ser abastecida por este nuevo acceso que se pretende legislar. ¿Dónde comprarán la marihuana los jóvenes de 14, 15, 16 o 17 años? La seguirán comprando a los narcotraficantes, a algún plantador domiciliario, a los clubes de membresía, o recurrirán a estas nuevas formas de cultivo que permitirán, sin ninguna duda, un acceso mucho más fácil y seguramente más barato para poder consumir marihuana. Vale decir que vamos a dejar fuera al sector más desprotegido, al que más sufre en su actividad neuronal los efectos destructivos, absolutamente perniciosos de la marihuana.

¿Cómo vamos a trabajar con ese sector? Se dice que a través de campañas educativas y sanitarias. Pero, ¿por qué no se hizo ahora? Si tenemos una legislación que ha estado vigente hasta hoy. Por ejemplo, la Ley n.º 14.294, en su artículo 22, establece: “Los Directores de Centros de Enseñanza están obligados a comunicar a la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías los casos de uso o tráfico, en el ámbito escolar, de las sustancias reguladas por la ley. El incumplimiento de esta obligación –observen los señores Senadores lo que aquí se expresa– será considerado falta grave y podrá dar mérito a la destitución o al cierre del establecimiento si fuere privado”. ¿Alguno de los señores Senadores aquí presentes vio aplicar este artículo 22, que todavía está vigente? ¿Alguna vez se vio aplicar este artículo? ¿Alguna vez se cerró un establecimiento por tener mucha droga? ¿Alguna vez se sancionó a algún Director de un establecimiento?

Leí declaraciones del Consejero Corbo –realizadas en su comparecencia a la Comisión de Salud Pública–, referidas al artículo 10, con el que tiene discrepancias por razones de inconstitucionalidad, o más bien de constitucionalidad. En lo que tiene que ver con el alumno expresó: “Pero este consumo comienza más tempranamente, en las aulas del sistema de ANEP. De manera que allí hay una situación no regulada y no contemplada en la norma”. En esta norma no está contemplada, pero en la anterior sí lo está. Más adelante, agrega: “Quiero decir que el alumno no consigue la droga en un lugar especial, fuera de su ámbito natural de movilidad o de sociabilidad, sino en sus propios ámbitos porque es allí donde se comercializa y se consume. Eso provoca la incorporación de la droga, digamos, como una naturalización, es decir, como parte de su experiencia de vida”. Vale decir que estamos acá admitiendo que esto ocurre en los alrededores de los establecimientos educativos y en este caso estamos hablando de los liceos.

Cuando vino esta delegación de ANEP, le pregunté a la Consejera Teresita Capurro si en los liceos se consume marihuana, y me respondió que en las escuelas también.

Entonces, hoy estamos ante un gravísimo problema –que todos reconocemos–, a nivel de adolescentes e incluso de niños, y vamos a ir por esta solución adonde, precisamente, ese sector poblacional no está incluido. Lo único que hay son generalidades. Se dice que habrán campañas educativas y que en los Programas de enseñanza se va a incluir una disciplina. Al respecto, el artículo 10 expresa que las “políticas educativas comprenderán su inclusión curricular en educación primaria, en educación secundaria y en educación técnico-profesional”. Esto, en los hechos, podría hacerse perfectamente. Entonces, ¿por qué no actuamos ahora si los propios Consejeros del Codicén consideran que este es un tema muy grave –más bien, diría, gravísimo–, como lo son los temas de aprendizaje, de indisciplina y de todas las cosas que están pasando, que redundan en los pésimos rendimientos liceales que, lamentablemente, estamos viendo en el país? ¿Necesitamos esta norma para hacerlo? No la necesitamos. Lo podemos hacer ahora para luchar contra el narcomenudeo. ¡Que lo haga la Policía! ¿Por qué no podemos reconocer que hay 700 bocas de pasta base, que seguirán asistiendo y proveyendo de drogas a jóvenes de menos de 18 años?

Hay otra cosa de la que se ha hablado y sobre la que todos dijeron lo mismo. Hemos preguntado lo siguiente: ¿la marihuana es la entrada hacia drogas más potentes? La mayoría dice: “no lo podríamos afirmar”, pero otros dicen que sí, que es el escalón de entrada hacia drogas más potentes y perniciosas. Pero de lo que todos hablan –y lo mencionaba el señor Senador Solari– es del policonsumo, es decir, del que consume marihuana y pasta base, o del que consume pasta base y se fuma un cigarro de marihuana para atenuar los efectos de aquella. Eso se afirmó en todas las Comisiones a las que asistieron visitas a hablar del tema.

Por lo tanto, me pregunto, ¿quién va a proveer a estos adictos de pasta base? ¿Quién los va a proveer de cocaína? ¿Quién los va a proveer de psicofármacos? Los narcotraficantes y las bocas de pasta base. Entonces, ¿qué resultado podemos obtener si decimos que dividimos los mercados o que terminamos con el efecto góndola? ¡No terminamos con nada! Por el contrario, vamos a dejar fuera del sistema a los menores de edad y ahí hay una población que es la más frágil, la más indefensa y a la que más tenemos que proteger, pero con este proyecto de ley no estamos tomando ninguna medida para la protección de los menores de 18 años. Por supuesto que estos menores irán a comprar la droga. ¿Adónde? A las bocas de venta –que sin ninguna duda seguirán existiendo, porque el negocio no se va a terminar–, a los nuevos plantadores, a los domiciliarios, a los clubes de membresía, a las farmacias, pidiéndole a otro que se registre, etcétera. Todo esto entraña una inmensa cantidad de riesgo que no puede resolver el policonsumo.

Se ha dicho: ¿no será ahora mucho más fácil acceder a marihuana más barata y de mejor calidad? Porque ahora se va a asegurar a los consumidores una mejor calidad del producto, con determinada concentración de THC, aunque acá no se lo menciona. Pero también eso va a quedar librado a la reglamentación. ¿Todo librado a la reglamentación? Sinceramente, no me parece seguro.

Fíjense que en la norma se habla de la plantación para que se venda en las farmacias –por supuesto, siempre ligado a la reglamentación– y verán que cabe preguntarse, por ejemplo, ¿quién va a plantar? En un principio se había dicho que era el Estado, pero ahora se afirmó que no; en otro momento se señaló que lo harían las Fuerzas Armadas. Ahora plantarán los particulares, pero ¿cómo se van a seleccionar? ¿Se va a hacer una licitación? Estos nuevos agricultores de un producto no tradicional, ¿cómo serán seleccionados? ¿Con qué garantías? ¡Queda todo librado a la reglamentación! De allí iría el producto a las farmacias, con todas las consecuencias a las que se refería el señor Senador Solari. Además de la omisión de controles que hoy tienen las farmacias para todo el tema de las sustancias psicoactivas y psicofármacos, ahora vamos a agregar la marihuana, un nuevo problema. Cuando vinieron a la Comisión las Farmacias Comunitarias les preguntamos: “¿No tienen miedo de que ahora los roben, no la plata o las fragancias –nos decían que cuando los roban prefieren primero la plata, las fragancias y después los psicofármacos–, sino la marihuana? Estoy seguro de que van a robar más marihuana que fragancias. El orden de preferencias cambiará. Y yo me pregunto: los temas de seguridad, ¿no están pensados acá? ¿Están preparadas las farmacias para este nuevo tipo de cliente no habitual que van a tener, sobre todo cuando acumulen grandes cantidades de marihuana? Será difícil. Sinceramente, me parece que esto no ha sido pensado ni está diseñado como para ofrecer las debidas garantías en lo que respecta a muchos temas.

Otro asunto que me plantea enormes dudas es la cosecha doméstica. Por ejemplo, en una casa puede haber familias monoparentales, de dos, tres o cuatro miembros, con menores, con mayores, etcétera, y en el proyecto de ley se habla de: “hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el producto de la recolección de la plantación precedente hasta un máximo de 480 gramos anuales”. Pero, ¿cómo se va a controlar esto? ¿Va a haber inspectores domiciliarios de plantas de cannabis? ¿Cuántos plantadores domiciliarios puede haber en el Uruguay? ¿Eso está previsto? ¿Cuántos inspectores se necesitarán para decir “hasta 480 gramos anuales”? ¿Cómo van a controlar que sea así? ¡Tendrán que ir todos los días a controlar! Además, en una familia pueden consumir uno, dos, tres, cuatro o más habitantes y capaz que también lo hacen los menores integrantes del núcleo familiar. ¿En qué terreno nos estamos moviendo? ¿Con qué garantías contamos? ¡Esto es de imposible contralor!

Otro tema a considerar: los clubes de membresía. El otro día festejamos los cien años de la Liga Universitaria, ¡qué lindo! ¡Ahora va a haber clubes de membresía plantadores de marihuana! Una fraternidad marihuanera, una nueva forma de fraternidad. ¿Cómo se controla esto? Fíjense ustedes: clubes de membresía controlados por el Ircca. En el mismo proyecto de ley se afirma que esos clubes “serán controlados por el Ircca. Dichos clubes deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a la legislación vigente, y en la forma y condiciones que establecerá la reglamentación que se dicte al respecto”. ¡Otra vez el cheque en blanco de la reglamentación! En consecuencia, ¿cómo se puede votar esta ley? Es un cheque en blanco en su totalidad.

Me parece que el propósito es saludable y la inspiración es buena, pero el camino que se recorre es totalmente equivocado. Tan así es que me causa muchísimo temor que a esto, en algún momento, se lo califique como un experimento, como una especie de prueba donde seremos conejillos de Indias; que “vamos a ver cómo funciona”; y el propio Presidente anuncia que en caso de que marche mal, desandaremos el camino, pero primero vamos a sufrir todos los efectos nocivos de esta apertura hacia la legalización de la marihuana. De modo que en lugar de desandar el camino tal vez lo sigamos recorriendo, porque si en algún momento han escuchado alguna declaración del doctor Tabaré Vázquez, habrán oído que no le parece mal que esto pudiera trasladarse luego a la cocaína. Sin embargo, ahora el doctor Vázquez se enoja cuando los periodistas le preguntan si esto se puede ampliar a otro tipo de sustancias. Lo cierto es que me causa una enorme –remarco lo de enorme– preocupación el hecho de que se esté hablando de experimentar con seres humanos. Además, no se van a conseguir los efectos que se pretenden, como, por ejemplo, el de la separación de los mercados, porque van a quedar fuera todas las otras drogas y los menores de edad. A su vez, no sé qué pasará con respecto a los extranjeros, porque es algo que no aparece muy claro. Tal como le dije a un ex-Ministro, supongo que no tendremos la experiencia del turismo cannábico, pero creo que esto genera preocupación –imagino que sobre todo en la región– porque estos efectos se expanden. No se trata de Holanda con los coffee shops –reconozco que es otro sistema–, pero allí ese método no funcionó nada bien y aumentó el consumo. Además, en ese país, el tema lo llevaron adelante los municipios.

Por otro lado, me parece que no podemos hablar de reducción de daños, porque lo que sí habrá es un aumento de ellos. Además, habrá cuestiones que serán prácticamente imposibles de instrumentar, al margen de todo lo que se pueda decir sobre la posible inconstitucionalidad de algunos artículos. Precisamente, el señor Senador preopinante mencionaba el artículo 44, de defensa de la salud; ese artículo también podría ser lesionado por estas disposiciones, en la medida que habilitan la plantación y la comercialización de este tipo de sustancias; nadie duda de que ellas provocan efectos terribles en la salud y generan adicciones cuando se va hacia consumos problemáticos. No podemos olvidar que en el seno de la Comisión de Salud Pública tenemos otra iniciativa para la internación, en determinadas condiciones, de aquellos adictos problemáticos en situaciones de crisis. Vale decir que esto hay que complementarlo y no hay duda de que existe afectación a la salud.

Se ha dicho que el artículo 10 –lo mencionaba el Consejero Corbo–, que dice: «Será obligatoria la inclusión de la disciplina “Prevención del Uso Problemático de Drogas”, en las propuestas programáticas y planes de estudio», también violaría la Constitución en cuanto lesiona la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública y de los Consejos. Es decir que podría tratarse de un caso que podría terminar con otro fallo de la Suprema Corte de Justicia como los que hubo ayer y hace diez días. ¡Otra vez vamos a asistir a más fallos de la Corte! ¿Vamos a legislar para que después la Suprema Corte determine que este tipo de disposiciones es inaplicable?

Me parece que no vamos por buen camino. Acerca de la creación del Ircca, dentro de los doce meses anteriores a la elección nacional de octubre del año próximo, la División de Estudios Legislativos también ha dicho que tiene la tacha de inconstitucionalidad. Esto será opinable, pero es un riesgo. Entonces, que no se nos diga –como sucedió con el tema Pluna–: “Nadie nos advirtió”. ¡Les estamos advirtiendo que eso puede pasar! No es seguro, pero puede pasar. ¡Les advertimos!, así que después no nos digan que no lo hemos hecho. No solo se ha dicho, sino que hay estudios que así lo registran.

Por último, señor Presidente, me dejó muy impresionado algo que se señaló con respecto a la percepción de riesgo, que creo que es algo fundamental. En un informe muy objetivo, en el que se aclara que no se toma posición ni a favor ni en contra del proyecto de ley, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay nos dice: “Igualmente nos sigue preocupando el descenso significativo en la percepción de riesgo vinculado a la marihuana. En ese sentido, una ley que pretenda regularizar su consumo puede dar la impresión de que se trata de una droga inocua (lo que ha sucedido en cierta medida a partir de la divulgación de la idea de reglamentar el uso de la droga principalmente en –¡fíjense lo que se señala a continuación!– los adolescentes, edad de inicio del consumo)”. Esto de “en los adolescentes, edad de inicio del consumo” no lo dice un Legislador de la oposición, sino la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay.

Continúa el informe: “Es por eso que son importantes todas las acciones tendientes a revertir tal sensación insistiendo en el riesgo y emitiendo un mensaje claro y único desde todos los actores responsables que participan en el tema.

Por otra parte, a nuestro modo de ver no queda claramente definida la conceptualización que tiene el Estado acerca de la marihuana. ¿Se considera que sus riesgos son importantes? ¿Qué se entiende por consumo problemático? ¿La ley reglamenta un mal necesario, o apunta a la libertad de consumo considerando que esta droga es un elemento recreativo del que la población debe disponer, siempre y cuando lo use responsablemente? De las respuestas a estas cuestiones dependen las acciones a tomar en distintos ámbitos”. ¡Fíjense, señores Senadores, lo que se dice!

Se habla, además, de la inhabilitación para conducir, que va a ser muy difícil de determinar. También va a ser imposible de determinar –porque no hay una sola mención en este proyecto de ley– el consumo de marihuana en los lugares de trabajo, máxime hoy cuando el Parlamento está considerando un proyecto de ley relativo a la responsabilidad personal empresarial objetiva en el delito de peligro. Quiere decir que le vamos a agregar que en los lugares de trabajo va a haber gente consumiendo, fumando marihuana y el empleador puede ser penalmente responsable de esto, porque no hay ninguna norma que establezca que se van a hacer controles por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o por el Banco de Seguros del Estado. De modo que aquí solo estamos hablando de accidentes de tránsito.

13) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR ROSADILLA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ROSADILLA.- Es, simplemente, para formular una moción de orden en el sentido de que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta que terminemos de considerar este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–20 en 21. Afirmativa.

14) CONTROL Y REGULACIÓN DE LA MARIHUANA Y SUS DERIVADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- En conclusión, señor Presidente, entendemos que este no es el camino. Creemos que el camino es, sí, educar; que el camino es prevenir; que el camino es ser mucho más eficientes en la represión de la comercialización clandestina e ilegal de todas las sustancias prohibidas; que el camino es hacer cumplir las normas vigentes, cosa que en este momento no se está haciendo como se debe. Pensamos que el camino que se propone va a facilitar el acceso a la droga –a una droga, según se dice, de mejor calidad, a menor o a igual precio– y de ninguna manera va a impedir que los narcotraficantes y las bocas de expendio sigan funcionando tan campantes como hoy. Lamentablemente esto es así, porque esta es la forma de comercialización que ha cundido por barrios, sobre todo, de la capital de la República. Lo he escuchado al Inspector Guarteche, Director Nacional de Policía, hablar largamente de ese triste proceso de feudalización de algunos barrios, donde mandan más las bandas de narcotraficantes que los propios vecinos. No lo digo yo, sino –reitero– el Inspector Julio Guarteche, Director Nacional de Policía, que estuvo trabajando en el tema drogas durante muchos años.

Entonces, ¿cómo luchar contra eso? ¿De esta manera? ¡No! ¡Esta no es la manera! Se necesita mayor eficiencia en la represión, porque no es tan difícil. Si se puede luchar contra el gran narcotráfico, ¡cómo no se va a poder luchar contra el narcomenudeo! ¡Claro que se puede luchar! Pero, bueno, hay que ser más eficiente; hay que erradicar toda forma de connivencia y corrupción, y hay que contar con la colaboración de los vecinos. En ese sentido, se deben exigir y obtener resultados. Pero esta no es la manera porque, reitero, los jóvenes quedan afuera y no sabemos en qué condiciones; supongo que deberán acudir a los nuevos plantadores o a las viejas bocas de expendio de pasta base.

Por otra parte, el policonsumo va a subsistir, de modo que las personas que busquen otras drogas también van a ir a las bocas. O sea que, a mi juicio, el efecto que se persigue no se va a obtener.

En conclusión, por estas razones y teniendo en cuenta también argumentos de tipo sanitario, el Partido Nacional va a votar en contra de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

15) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 10 de diciembre de 2013.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

 

De mi mayor consideración:

 

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares, el día 17 de diciembre de 2013.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Daniel Martínez. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Daniel Olesker y Jorge Basso han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Fernández, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 10 de diciembre de 2013.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

 

A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares, por el día 15 de diciembre del presente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Pedro Bordaberry. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–18 en 20. Afirmativa.

Se comunica que el señor Germán Cardoso ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Ruben Rodríguez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

16) RÉGIMEN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DURANTE EL RECESO PARLAMENTARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 10 de diciembre de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Danilo Astori

Presente

 

Los Senadores abajo firmantes mocionamos para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Reglamento del Senado, se autorice a todas las Comisiones del Senado a reunirse durante el receso parlamentario”. (Firman los señores Senadores Rosadilla, Viera y Moreira).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la moción a que se ha dado lectura.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) CONTROL Y REGULACIÓN DE LA MARIHUANA Y SUS DERIVADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del segundo punto del Orden del Día.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: vamos a votar en contra de este proyecto de ley y a justificar nuestra negativa considerando que parte de premisas falsas y de objetivos equivocados y cuestionables, y propone soluciones, a nuestro juicio, erradas y temerarias.

Con este proyecto de ley, señor Presidente, el Gobierno abre una puerta que lleva al abismo y desconoce los verdaderos intereses de los uruguayos, en virtud de que la agenda de los problemas nacionales pasa por otro lado. Es más: me permito expresar que, antes de convertirse en ley –es decir, en forma anticipada–, este proyecto está generando daños a la sociedad uruguaya, por la enorme publicidad que ha tenido la legalización del comercio de la marihuana y su autocultivo. Es una publicidad que invita al consumo y baja la percepción de riesgo.

(Ocupa la Presidencia el señor Alfredo Solari).

–Vamos a analizar algunos mitos que se han ido generando en la discusión, en el proceso de análisis de este proyecto de ley. Primer mito: el paradigma. El Gobierno y los defensores de este proyecto de ley han repetido, una y otra vez, que el objetivo primario es cambiar el paradigma: pasar del actual “guerra a las drogas” hacia uno de regulación. A nuestro juicio, estos postulados que enuncia el Gobierno constituyen una claudicación inaceptable. Legalizar la marihuana porque la guerra contra las drogas habría fracasado es casi lo mismo que proponer eliminar el delito de rapiña o de violación porque no hemos podido con los rapiñeros ni con los violadores. Por otra parte, comparar nuestra situación con la de otros países es verdaderamente una engañifa. Uruguay no puede ser comparado con los Estados Unidos, con México o con Colombia, que tienen 320:000.000, 120:000.000 y 47:000.000 de habitantes, respectivamente, porque nuestro país tiene poco más de 3:000.000 de compatriotas.

El Gobierno uruguayo ha enmarcado el plan en la postura de la Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por los ex-Presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, entre otros, que sostienen que la guerra frontal a las drogas ha fracasado. Nosotros creemos que esta suerte de estatización del mercado de la marihuana es una propuesta insólita en el mundo; la venta de cannabis a los consumidores registrados, a través de los mecanismos que se impulsen por el Estado, es algo bastante inédito a nivel mundial.

A nuestro juicio, es falso este dilema de prohibicionismo versus legalización que propone el Gobierno. El verdadero dilema consiste en saber si desarrollamos una política pública poniendo el énfasis en los problemas asociados a la oferta de la marihuana, o si la mejor política pública consiste en atacar los problemas asociados a la demanda. Debemos ser claros: si el eje de los problemas es la oferta, el narcotráfico, la solución es una política restrictiva y punitiva; pero si el eje del problema es la demanda, el consumo, la solución es la prevención, la educación, el deporte, la salud, la sanidad, la reducción de daños y la familia.

Este proyecto de legalización de la marihuana, señor Presidente, se enfoca claramente en el tema de la oferta y, por tanto, no solucionará los problemas vinculados con la demanda; pero lo más grave es que ni siquiera solucionará los problemas vinculados con la oferta. El Gobierno dice que el monopolio estatal de la sustancia disminuirá el narcotráfico en virtud de que le puede sustraer a este el mercado de la marihuana; que con esto se pretende reducir el consumo, pues estará regulado y controlado, pudiéndose detectar a tiempo los casos de consumo problemático. Creemos que esto también es falso, señor Presidente, porque para poder competir con el mercado negro el Gobierno debería ofrecer un producto competitivo, de mejor calidad y más barato. Si eso ocurre, el desenlace lógico será el aumento del consumo.

Hablé en condicional porque es muy difícil que esto suceda ya que, a mi juicio, el Estado no podrá igualar los precios del mercado negro.

Aquí se ha dicho, señor Presidente, que el precio del gramo de marihuana se ubica en el entorno de un dólar; por lo menos, de ello se ha dado cuenta en la prensa. Tenemos datos inequívocos que muestran que, dependiendo de la variedad, del sabor y de la presentación, en Holanda el gramo de marihuana oscila entre ocho y quince euros. Entonces, ¡que alguien me explique cómo en Uruguay se va a vender a un dólar el gramo! Realmente, quiero que alguien me lo explique; quiero saberlo porque en todo esto tiene que haber un cálculo, salvo que todo el país termine subsidiando el precio de la marihuana. Tengo entendido que los costos de producción son más altos; por lo tanto, la única forma de llegar a ese precio es mediante subsidios. No olvidemos que a todo esto hay que sumar la mano de obra, por lo que la droga no será barata y un alto costo puede hacer colapsar el sistema que se pretende llevar adelante.

Por otra parte, quiero insistir en algo que ya se ha dicho, porque me parece muy importante y forma parte de la publicidad y del riesgo que encierra todo esto. La legalización disminuye la percepción de riesgo –como esto fue suficientemente explicado por el señor Senador Solari, no voy a incursionar en el fondo del asunto– y, cuando eso ocurre, aumenta el consumo y el temprano acceso a la sustancia –una agravante más–, con los consiguientes daños que ello ocasiona a la salud de las personas. Tal como expresara el señor Senador Moreira de manera clara, esto es incuestionable.

A nuestro juicio, la única estrategia válida para Uruguay, para hacer frente a los problemas de oferta y demanda, es el combate, la prevención y el tratamiento. Como se ha mencionado aquí, me parece que vamos por mal camino si pretendemos solucionar contradicciones, generando otras contradicciones con riesgos más graves para la sociedad uruguaya. Por otra parte, si bien creemos que deben ser respetados los derechos humanos de las personas que consumen, también deben ser respetados los del resto de la sociedad y, fundamentalmente, de los menores de edad.

Vamos al segundo mito que se ha ido construyendo en este tiempo, que tiene que ver con la separación de los mercados. Esta hipótesis parte de una premisa equivocada que establece que legalizar la marihuana reducirá el mercado negro, permitirá separar mercados y, entonces, evitará el acceso a drogas más duras. Esto también me parece equivocado, porque separar mercados no evitará el acceso a drogas más duras como la pasta base. Es más, el enfoque operativo, tal como está planteado, puede agravar este problema en tanto los adictos a la pasta base recogerán sus dosis de marihuana y las llevarán a la “boca” para cambiarlas por otras drogas. Lo más seguro es que la “marihuana estatal” –entre comillas– acabe en el mercado negro con el adicto convertido en un agente de promoción del consumo o, en el peor de los casos, en un dealer.

Por otra parte, convengamos en que el mercado negro se mantendrá por un tema de costos y convivirá con el mercado legal, incluso, mutando hacia drogas sintéticas y aumentando porque, con seguridad, la marihuana –llamémosle– “negra”, termine siendo lavada en la marihuana –llamémosle– “legal”, con todos los riesgos que ello implica. Incluso, podría haber una multiplicidad de ejemplos –la imaginación de la gente puede llegar hasta límites insospechados–, como podría ser el de alguien que, estando registrado, adquiera lo que le corresponde por mes –al cabo de un año terminará con una cantidad aproximada al medio kilo, que es lo que se calcula por persona– para luego venderlo en la temporada estival sin ningún tipo de inconveniente, sabiendo que va a percibir un precio superior al que pagó por esa sustancia. Creo que esto es, verdaderamente, una enorme improvisación.

Vamos a otra de las razones que se esgrimen desde el oficialismo, desde el Gobierno, cuando se sostiene que este proyecto de ley pretende disminuir el consumo y garantizar el acceso seguro a una sustancia de calidad. Adelanto que esto no se va a lograr; sin ninguna duda, la sustancia va a ser adulterada –tal como vimos, la legalización no lo impedirá–, y la existencia del mercado negro, tal como ocurre con el tabaco y su contrabando, fomentará la incorporación de componentes adictivos para aumentar la venta, lo que agravará aún más el problema, y si el impulso adictivo aumenta, el consumo problemático estará a la vuelta de la esquina.

Otro mito tiene que ver con el control. Este proyecto de ley es incontrolable, absolutamente incontrolable. Lamentablemente, ello se advertirá con el transcurso del tiempo. Ojalá se puedan efectuar los controles, pero esta ley será incontrolable. El mercado puede tornarse ingobernable por el incremento del consumo y esto tiene que preocuparnos a todos de manera manifiesta. Tampoco será fácilmente controlable la trazabilidad, que es otro mito que se ha generado. El autocultivo y el mercado negro impedirán que pueda controlarse mínimamente la calidad de lo que se planta en el país. En el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria apenas conocen las propiedades de la sustancia. Existen más de cuatrocientas variedades que no han sido estudiadas y cuyo principio activo, el THC, oscila entre el 4 % y el 30 %.

(Dialogados).

–Esto tiene que ver con lo primero. Leo textual: “El proyecto de ley mejorará las consecuencias negativas de la criminalidad asociada, robos, ajustes de cuentas y corrupción”. Esto también es de resultado absolutamente incierto. El narcotráfico mutará, los índices de criminalidad no mejorarán y, como señalara a la Agencia EFE el nuevo titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Luis Rojas, la legalización de la marihuana en el Uruguay es una utopía, en un marco de aislamiento tremendamente preocupante para el país.

Y como si lo dicho por los señores Senadores preopinantes que nos acompañan en nuestra opinión fuera poco, hay graves problemas de inconstitucionalidad. Que no se diga después que no se advirtió porque esa es novísima excusa. Ya hablaremos sobre ello la semana que viene, en ocasión de interpelar a los señores Ministros por el caso Pluna.

Voy a leer el artículo 44 de la Constitución de la República, en el que se expresa: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad”. Creo que este proyecto de ley es incomprensible; realmente, es inentendible cómo la legalización de la marihuana se compadece con el deber de cuidar la salud de los ciudadanos por parte del Estado. Y como si lo anterior en materia de inconstitucionalidad fuera poco, como ya se ha dicho –para abreviar el debate no voy a abundar en ello–, también se lesiona el principio de autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública.

Más incomprensible es cuando desde el Gobierno se afirma que no hay un incumplimiento grave de los tratados de cooperación internacional; peor aún, se afirma –con absoluta ligereza– que la sanción será, simplemente, una observación. Es increíble; de aprobarse este proyecto de ley habría un grave incumplimiento, pues la violación de un tratado y la sanción son, en sí mismos, algo grave. A propósito de esto, la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes –organismo de la ONU– ha manifestado su preocupación por el proyecto de ley uruguayo al considerar que violaría los tratados internacionales sobre control de drogas ratificados por el país.

También se ha hablado de “turismo de drogas”; nos convertiremos en un país de narcoturismo. Más allá de que el señor Presidente de la República diga –y tengo la obligación de creerle– que él no pretende eso, lo que va a acontecer es, precisamente, lo contrario de lo que expresa. El combate, si no es legal, no puede realizarse aisladamente, como ha dicho el Viceministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República de El Salvador; hacen falta políticas regionales, no se puede actuar aisladamente, y este proyecto de ley supone eso mismo: actuar aisladamente.

Pero hay más: vamos a cuestiones prácticas. Este proyecto de ley es centralista, capitalino, absolutamente capitalino. Este proyecto de ley no contempla la realidad del interior del país, en especial, las dificultades en materia de cobertura de salud. La legislación en análisis no contiene un solo artículo que considere el impacto de esta medida en el interior del país, ni tampoco contempla las diferencias y carencias de muchas realidades del interior, donde se legalizará la marihuana pero no se garantizará de ningún modo la respuesta sanitaria del Estado. Me imagino los clubes de membresía en Caraguatá, en Curtina, en Baltasar Brum, en Tomás Gomensoro, en Villa Constitución, en Belén. ¿De qué control me están hablando? ¡Por favor, señor Presidente! ¿De qué control se va a munir el Estado para llegar a todos esos lugares? En el interior la situación será más grave, pues se llevará un problema pero en muchos lugares no se dispondrá de los recursos para contrarrestarlo, y esto es indiscutible. Les pregunto a los promotores de esta ley: ¿cómo se va a transportar la marihuana a las farmacias, en especial a las que quedan a quinientos kilómetros? ¿Va a ir en un convoy, con el Ejército al lado? Se realizó un estudio acerca de la distribución de las farmacias en Montevideo; en Pocitos hay casi una por manzana, pero en otros barrios hay solamente una o dos. ¿Qué ocurrirá en los casos de farmacias que se nieguen a vender? ¿Quedará librado a la reglamentación, como dijo el señor Senador Moreira? ¿De cuántos kilogramos de marihuana deberán disponer las farmacias para cubrir la demanda? ¿Qué medidas adoptará el Gobierno para proteger a esas farmacias y a sus propietarios del posible asedio del narcotráfico?

Realmente, a nuestro juicio, resulta lamentable utilizar al país y a sus jóvenes para un experimento de esta naturaleza.

Quien haya trabajado con jóvenes sabe que la marihuana agravará sus problemas. Si hay rezago en los estudios –¡y vaya si los hay!–, habrá más rezago; si hay complicaciones familiares, más complicaciones habrá; si hay apatía y falta de motivación, más apatía y más falta de motivación habrá. Pero, fundamentalmente, la franja de menores de 18 años va a seguir en la indefensión, con el agravante de la permisividad que el proyecto de ley de legalización de la marihuana supone en cuanto a bajar esa barrera de la cual hablábamos al principio.

Tengo en mi poder una declaración de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia…

SEÑOR PRESIDENTE (Alfredo Solari).- ¿Me permite, señor Senador?

Ha llegado a la Mesa una moción de orden para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Voy a citar textualmente esa declaración. Dice así: “En ese sentido, señalamos uno de los problemas que ya están incidiendo: no se han tenido en cuenta las consecuencias de la disminución de la percepción del riesgo vinculado al consumo de marihuana generado por la difusión hasta ahora llevada adelante. Algunas declaraciones públicas de personas que tienen lugares importantes pero poco conocimiento del tema han influido disminuyendo la percepción de riesgo del consumo de marihuana, con la consecuente problemática que esto puede generar”.

Más adelante continúa: “Por otra parte, la forma en que se está desarrollando el debate público en los medios acerca de la regulación de la marihuana –o la ausencia de un real debate– centra la discusión en (…) pero poco se ha dicho de los peligros para la salud que este producto conlleva.

Todo esto lleva a minimizar los efectos deletéreos de la droga en cuestión, mensaje inadecuado sobre todo para los jóvenes en tanto tiende a aumentar el consumo”.

Habrá también riesgos en el tránsito y en las relaciones laborales. Se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes la ley sobre responsabilidad penal de los empresarios por accidentes laborales. ¿Cuánto termina influyendo en las relaciones laborales el consumo, no solamente de alcohol –que es más fácil de analizar y detectar–, sino también de marihuana u otras drogas en el ámbito de trabajo? Creemos que esto va a generar riesgos para la empresa, para los empresarios y para los compañeros de trabajo.

Está comprobado que la marihuana afecta el sistema nervioso central, altera la capacidad de concentración y reacción, la coordinación motora y las percepciones. Como los efectos persisten varias horas, un operario peligra y arriesga a otros si trabaja bajo la influencia de la droga. A modo de comprobación de lo que venimos diciendo, en Colorado, Estados Unidos –modelo que nuestro país ha tomado como ejemplo y que ha sido citado varias veces–, según el programa federal financiado por la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca, en el período 2006-2011 aumentó un 114 % la cantidad de conductores a los que el control dio positivo. También hubo un aumento de consumidores frecuentes: las cifras de 2011 señalan que el consumo entre menores de 12 a 17 años era de 7,64 %, en promedio, en todo Estados Unidos, mientras que en Colorado era de casi un 11 %. En el caso de los adultos de 18 a 25 años la diferencia era mayor: el promedio para el país era de 18,7 %, mientras que en Colorado subía a 27,26 %.

Se ha argumentado erróneamente que legalizar la marihuana supone un sinceramiento de valores. No estoy de acuerdo, señor Presidente. La legalización de la marihuana supone una pérdida posible de los valores, fundamentalmente en los más jóvenes. A nuestro juicio, la legalización de la marihuana envía un mensaje confuso a la sociedad respecto a cuáles son los valores y los límites necesarios para una vida social saludable.

Este proyecto de ley fomenta, o va a viabilizar, lamentablemente, un incremento del consumo y va a desdibujar los límites, sobre todo para los menores y jóvenes, que son los que hoy y siempre los han necesitado.

En definitiva, este proyecto de ley de legalización de la marihuana y de autocultivo –considero que las dos cosas son muy malas– no se justifica, y no se justifica por razones paradigmáticas, por razones económicas, por razones jurídicas, por razones de seguridad, por razones de salud, por razones de libertad, por razones axiológicas y por razones culturales. Por todo ello rechazamos este proyecto de ley, que consideramos, si no el mayor, uno de los mayores errores de este Gobierno porque no advierte que le crea al país un enorme problema. Nos estamos comprando un enorme problema, señor Presidente, al cual vamos a entrar, pero del que después va a ser difícil salir. Con todo respeto y franqueza, más allá de las intenciones –que no voy a juzgar–, me parece que el Gobierno ha perdido el rumbo con este proyecto de ley.

Se ha dicho por parte del señor Presidente de la República que en caso de que nos vaya mal, está dispuesto a poner marcha atrás. Pero, ¿quién hace frente a los daños entre la puesta en vigencia de este proyecto de ley y la supuesta futura marcha atrás? ¿Cómo vamos a hacerles frente ante una situación internacional de aislamiento, violando tratados y convenciones internacionales, contraviniendo, a nuestro juicio, leyes naturales que debemos seguir aplicando, en una sociedad de poco más de tres millones de habitantes, que no es comparable a la de Estados Unidos, que ronda los 320 millones, o a la de México, que tiene 120 millones de habitantes, con problemas que se siguen arrastrando en la materia? Lamentablemente, nosotros vamos a transformar al país en un centro de narcoturismo. En ese sentido, voy a proponer la siguiente iniciativa: cuando las empresas públicas, sin excepciones, contraten publicidad, esta deberá contener exclusivamente mensajes que tiendan a impulsar la reafirmación de valores. Por tanto, en lugar de jingles con música y eslóganes repetidos –como ha hecho alguna empresa pública–, se deberán publicitar los efectos negativos de las drogas y su impacto en toda la sociedad.

Para que la Secretaría tome nota, adelanto que cuando culmine la discusión –tanto la general como la particular– del tema voy a pedir que se tome votación nominal –y reglamentariamente basta con que un Legislador así lo solicite–, porque pretendo que quede una lista de todos los Senadores que acompañan este proyecto. Por tanto, vaya mi solicitud para cuando se someta a votación este proyecto de ley.

Para finalizar, también me permito señalar con énfasis, claridad y mucha firmeza el compromiso del Partido Nacional –estoy seguro– en el sentido de derogar esta normativa. Vamos a estar mucho más cerca del camino de la derogación que de cualquier otro, porque el año que viene va a haber instancias electorales, elección de nuevo Parlamento, y estoy seguro de que a partir de esa nueva composición, desde el 1.º de marzo de 2015 va a haber mayorías parlamentarias para derogar totalmente este proyecto, en caso de que hoy se transforme en ley.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Alfredo Solari).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: en el día de hoy estamos en la instancia de analizar y aprobar este proyecto de ley, que ya viene con la sanción de la Cámara de Representantes, luego de un larguísimo debate que tuvo lugar en la Comisión Especial de Drogas y Adicciones con Fines Legislativos, donde se presentaron varios proyectos de todos los partidos políticos y a la que el Poder Ejecutivo envió una iniciativa que, junto a los demás proyectos, dio lugar a que esa Comisión propusiera el texto que hoy estamos considerando, reitero, luego de su pasaje por el Plenario.

Nosotros creemos que el Parlamento uruguayo tomará hoy una decisión trascendente, y quiero hacer una aclaración previa: no lo hará en base a mitos ni improvisaciones, como dijo el Senador Larrañaga. Yo no puedo agraviar al señor Senador diciendo que él puede tener deseos de que esta propuesta fracase –no voy a hacerlo–, pero tampoco voy a aceptar que se diga que fue elaborada en base a mitos e improvisaciones, porque no es así.

Planteado eso, quiero hacer una referencia. No es la primera vez que en este Parlamento se habla de este tema. Hace 18 años, el 9 de agosto de 1995 –año en que ingresé como Diputado– fui autorizado por el Plenario de la Cámara de Representantes a hacer una exposición sobre el tema “Enfoque parlamentario sobre la política de drogas”. En aquel momento, el motivo de esa exposición fue nuestra preocupación sobre lo que ya empezábamos a ver y a vivir en nuestra ciudad, donde comenzábamos a percibir el creciente consumo abusivo de drogas en nuestros jóvenes y el inicio del narcotráfico y sus acciones. Estábamos en la década de los ochenta o noventa, momento en que todavía no se había detectado la pasta base. En ese entonces –hace 18 años, reitero– alertábamos en el Parlamento sobre el fracaso de las políticas que se venían aplicando. En aquel tiempo ya eran muchas las voces que a nivel mundial lo venían denunciando. Decíamos textualmente –así consta en la versión taquigráfica–: “Por eso, en este escenario, donde la adicción a las drogas debe ser considerada una enfermedad y donde el Estado debe buscar abatir los índices de morbilidad y mortalidad, el trípode de educación y prevención, tratamiento y represión tiene que estar en constante análisis, revisión y desarrollo”. Más delante, decíamos: “La tendencia generalizada en el mundo es la de pensar que todos los esfuerzos y recursos humanos y económicos que se han volcado en la represión no han sido todo lo efectivos que se deseaba. El índice de consumo y criminalidad sigue en aumento; lo reconocen los integrantes más lúcidos de las mismas fuerzas represivas. Es momento de reflexionar: las normativas legales en torno al tema, ¿son las más adecuadas? ¿No habrá que pensar en iniciar un gran debate nacional e incorporarnos a debatir juntos en todos los foros, tanto regionales como mundiales, en torno a este tema? ¿No habrá que tomar caminos diferentes en las estrategias seguidas hasta ahora, y también en este ámbito legislativo en donde se elaboran leyes que regulan la actividad de los ciudadanos en relación a su calidad de vida, su relacionamiento sano y su equilibrio social?”. En aquel momento también decíamos: “Queremos introducir este tema de manifiesta actualidad en el Parlamento, que puede ser enfocado de múltiples facetas, que no es simple, pues se entraman la medicina, la psicología, la jurisprudencia, los organismos de seguridad, el deporte, sobre el cual puede haber opiniones diversas, muchas veces enfrentadas, pero en el que también los partidos políticos, a través de sus Representantes, tendrán que volcar su inteligencia e imaginación constructiva para coordinar el mayor espectro de opiniones. Tampoco nos será una tarea fácil porque seguramente en nuestros propios electorados tendremos divergencias de encares, así como nosotros también, sin duda, manejamos posiciones éticas, filosóficas y sociales individuales en la toma de estas decisiones”.

Estas consideraciones las hicimos por primera vez hace 18 años en la Cámara de Representantes. Unos años después, en 1998, en el Parlamento se aprobó una modificación del Decreto-Ley n.º 14.294, que es la actual Ley n.º 17.016, que contiene normas referidas a estupefacientes que determinen dependencia física o psíquica. Esta ley introdujo cambios en algunas disposiciones del citado Decreto-Ley, creando ciertos criterios despenalizadores –como la reducción de las penas mínimas para delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y la excarcelación de algunas penas–, y modificó el artículo 31, admitiendo la tenencia de una cantidad razonable para uso personal, de acuerdo a la convicción moral que se formara el juez, al respecto. Sin duda, esto fue un avance muy tímido, pero el resto de las modificaciones introducidas apuntaban al fortalecimiento de figuras represivas sobre la oferta, cumpliendo con lo establecido en los convenios internacionales de Viena en la materia, ratificados en Cartagena. En esa discusión parlamentaria, en la que también participamos como Diputados, ratificamos nuestra alerta –¡otra vez!– en cuanto a que con esa línea represiva no se iban a tener los resultados esperados. Y en esa discusión dijimos que íbamos a aprovechar esa instancia a los efectos de manifestar que esa ley no solucionaba el grave problema que se estaba teniendo en nuestro país y en el mundo, y que si no se cambiaba por una estrategia integral en el abordaje del consumo de drogas, en este problema no se iba a encontrar solución. Y agregábamos que si alguna de esas medidas represivas apuntaba a disminuir el consumo y a la desestimulación de la oferta, abriríamos un compás de espera a los resultados. Aclarábamos que somos muy escépticos, que tienen demasiada importancia el dinero que maneja el tráfico, y la violencia y la corrupción que compra para defender sus intereses, como para pensar que la oferta vaya a disminuir.

Culminamos nuestra intervención en la Cámara de Representantes ese año diciendo que pensábamos que, pasado determinado período, las estrategias iban a tener que cambiar, ya fuera a nivel nacional, regional o mundial. Y agregábamos que si en el próximo siglo –esto sucedía a fines del siglo XX– esas estrategias prohibicionistas represivas no daban el resultado esperado, íbamos a tener que pensar en algunas variantes de legalización, en buscar otras soluciones. Es posible que podamos encontrarlas. Y decíamos que el tema de la legalización debía ser debatido en este Parlamento.

En esa época, también varias personalidades mundiales alertaban sobre el fracaso de la guerra contra las drogas. Pues bien, señor Presidente, la biología y el destino me han permitido que veinte años después ocupe una Banca en el Senado de la República, lo que me permite participar de esta instancia parlamentaria para defender con convicción y con firmeza este proyecto de ley que, regulando y controlando el consumo de la oferta de cannabis, cambia la estrategia que alertáramos como equivocada en aquella época. Ha llegado, pues, el momento de regular el consumo de una droga, restringiendo el mercado existente y controlando la disponibilidad de la marihuana o del cannabis en forma integral, para que cause el menor daño posible y su consumo se realice con el menor riesgo, de manera de proteger la salud pública.

Por ello, señor Presidente, no estoy de acuerdo con la interpretación que se hace en el sentido de que con esta iniciativa no cumplimos con el artículo 44 de la Constitución de la República. Precisamente, lo que estamos haciendo es cumplir con dicho artículo, que establece: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad”. Lo que estamos haciendo con este texto, reitero, es apuntar a eso, que en definitiva es lo que dice la Constitución de la República.

Decíamos que este proyecto de ley está hecho para proteger la salud y la seguridad públicas, desde una óptica de respeto de los derechos humanos, del mismo modo que lo hicimos con relación al tabaco.

Y esperamos resultados en tres aspectos: en primer lugar, en materia sanitaria, mediante la profundización en la educación y la prevención, y también en el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los usuarios problemáticos, volviéndolos a incluir socialmente, sin estigmatizaciones ni persecuciones penales; en segundo término, evitando la entrada de usuarios al mercado en el que se ofrecen las drogas más peligrosas, como la pasta base y la cocaína, separando el mercado de la marihuana y contribuyendo a reducir su consumo y los potenciales daños y riesgos para aquellos que la consumen solo para usos recreativos o medicinales; y, en tercer lugar, sacándole al narcotráfico una parte de las ganancias que financian las actividades del crimen organizado, comprando protección a costa de miles de crímenes de corrupción.

La regulación que se propone es un instrumento intermedio entre la prohibición y la despenalización o legalización total. Su propósito no es dejar libre la circulación de sustancias, sino introducir controles estatales sobre el funcionamiento del mercado y sobre el consumo, haciéndolo más racional, más eficiente, más respetuoso de los derechos humanos, intentando disminuir su consumo y aumentar la percepción del riesgo. El cannabis será una droga regulada, controlada, para ser utilizada con fines científicos, medicinales, industriales o recreativos, dentro de límites que no afecten la salud humana y minimizando los daños que produce.

El marco regulatorio que se establece creará, a través de la ley y su reglamentación posterior, instrumentos para que el Estado controle y fiscalice, regulando la oferta del cannabis, lo que también apunta a reducir daños en materia de seguridad pública, sacándole al narcotráfico gran parte de su mercado y mitigando, aunque sea en parte, sus consecuencias, como es la violencia criminal en sus diversas formas. Ya llevamos en nuestro país más de ochenta muertes por ajustes de cuentas, y tenemos miles de presos que están hacinados en las cárceles por delitos vinculados al tráfico de drogas. Estas son consecuencias muchísimo más graves que las que puede tener el solo hecho del consumo.

Este diseño regulatorio para el cannabis, que hoy vamos a transformar en ley, está alineado con el informe de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos titulado: “El problema de las drogas en las Américas”. En la página 18 del capítulo 10 dice que el consumo de sustancias consideradas ilícitas por las convenciones internacionales, así como la salud sobre los seres humanos que las consumen, son parte principal de este problema, pero no son su único componente.

La experiencia histórica es pródiga en ejemplos que muestran que, en la medida en que existan bienes y servicios demandados por la sociedad que permanezcan prohibidos, existirán los incentivos para que prospere la actividad económica destinada a ofrecerlos. Esa actividad económica, al estar asociada a una prohibición, automáticamente califica como ilegal, como delito, y casi siempre dentro del delito organizado. Como esta economía ilegal genera mercados ilegales, los mismos no están sujetos a regulaciones ni a normas impuestas socialmente, ni están abiertos a procesos regulares de competencia. En consecuencia, las normas y procesos regulatorios que rigen la producción y el tráfico son los que imponen los propios delincuentes, y la competencia para que el negocio prospere y se expanda emplea la violencia.

Y termina diciendo el informe de la Organización de Estados Americanos que este conjunto de actividades ilícitas destinadas a permitir el acceso a sustancias prohibidas son también parte sustancial del “problema de las drogas”.

(Ocupa la Presidencia el señor Danilo Astori).

–A la misma conclusión llega el estudio que realizó la Universidad de la República sobre el tema de las drogas, con aportes universitarios y la participación de múltiples especialistas de las Facultades de Derecho, de Química, de Ciencias Económicas, de Psicología, de Humanidades, de Ciencias de la Educación, de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Comunicación. Estos especialistas elaboraron el informe, cuyo nombre es “Aporte universitario al Debate Nacional sobre Drogas”.

En la introducción, en la página 7, el informe dice: “Incluso, quienes coincidan con las finalidades del modelo –se refiere al modelo prohibicionista represivo– deben reconocer que los medios para obtenerlos han sido ineficaces, ineficientes y generadores de más calamidades que las que supuestamente se apuntaba a prevenir y limitar. Porque la mayor parte de los problemas que sufrimos hoy ante las drogas son mucho más producto del modelo prohibicionista que del consumo de las sustancias (…) de sus efectos psicosomáticos o de sus alegadas consecuencias sociales. En efecto, –sigue diciendo el informe– antes de las prohibiciones, penalizaciones, persecuciones y estigmatizaciones, los consumidores podían sufrir accidentes puntuales de consumo excesivo, que podían hasta generar problemas crónicos con alguna o algunas sustancias, pero nunca alcanzar las decenas de miles de muertes, consolidar una economía subterránea [...]”. Hablamos de una economía subterránea de incalculable magnitud; antes no se había superado la posibilidad de una eficacia en la prevención y en el tratamiento sanitario.

Luego continúa diciendo el informe: “Siempre hubo uso de drogas, con cultivo intencional documentado al menos desde el neolítico. Pero en ninguna época de la humanidad anterior a la prohibición penalizada hubo matanzas entre pandillas; de población civil inocente y ajena a los conflictos; guerras entre pandillas y fuerzas de seguridad; corrupción masiva de policías, militares, políticos, profesionales, aduaneros y periodistas […] tragedias de destrucción familiar y rupturas generacionales, como las hay desde que el equivocado, fracasado y contraproducente modelo se fue imponiendo con su irracionalidad fundamentalista y su avidez corrupta”.

Sin desdeñar, desestimar y menos desconocer los efectos del uso abusivo de la marihuana –que los tiene; sin duda los tiene– “es la prohibición, con sus estigmatizaciones, penalizaciones, persecuciones y las consecuencias” junto a otros factores que involucran a muchos usuarios y, fundamentalmente, los más excluidos socialmente, lo que agrava su consumo y todo el ciclo que lo cierra, “desde su cultivo o producción hasta el lavado de activos”.

Y concluye: “El modelo debe abandonarse drástica y paulatinamente ya que genera diversas consecuencias nocivas y contraproducentes para la civilización y cultura humanas, y para la convivencia pacífica”.

Esto es lo que dice el informe de la Universidad de la República con respecto a este tema.

Desde hace unas décadas estamos viendo un aumento progresivo de las consecuencias del modelo. Las redes de narcotraficantes se han instalado en nuestro país para controlar el tráfico y, además, controlar el mercado interno.

En lo que refiere al mercado de la marihuana, son unos US$ 20:000.000 o US$ 30:000.000 anuales que salen del bolsillo de nuestros consumidores. Dentro de ese mercado se forma una red que controla diferentes eslabones de la cadena: generalmente son microtraficantes, a veces núcleos familiares extendidos al barrio o a una zona, que lo toman como medio de vida; muchas veces son consumidores que lo hacen para conseguir su droga y terminan muertos por ajustes de cuentas.

Como decía el señor Senador Conde, en nuestro país el índice de homicidios va en aumento, determinado en parte por este tipo de delitos. Homicidios, lesiones graves a manos de sicarios, robos y rapiñas, no hay un día en que no ocurran. Y como consecuencia de la efectividad cada vez mayor de nuestra Policía en materia de aclaración de delitos y de incautación de drogas, estamos teniendo cada vez más hacinamiento en nuestro sistema carcelario. Ya llegan a 10.000 los presos, siendo motivo de preocupación del Gobierno obtener los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para mitigar el problema de la seguridad pública creado por este tema, vinculado al narcotráfico.

El consumo aumenta y el narcotráfico se mantiene. Es como la hidra de mil cabezas, y afecta la seguridad pública, que es lo que la sociedad está padeciendo y se ha convertido en su primera preocupación. De ahí, entonces, la necesidad de cambiar estrategias.

En este sentido, muchos países van avanzando de diferentes maneras. Es más que significativa la propuesta de impulsar la liberalización o la regulación de drogas que lanzan los ex-Presidentes Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Ernesto Zedillo en México, o César Gaviria en Colombia. También es significativo que los actuales Presidentes Juan Manuel Santos, Laura Chinchilla y Otto Pérez Molina admitan que la lucha contra la droga está perdida y que debe buscarse otra alternativa.

No debemos olvidar que en nuestro país el ex-Presidente Jorge Batlle alertó en su momento a otros Presidentes latinoamericanos sobre el camino de la liberalización. En ese aspecto, desde la Junta Nacional de Drogas, que entonces presidía el doctor Leonardo Costa, se intentaron cambiar estrategias, lo que después se diluyó por la crisis de 2002.

La Comisión Global de Políticas de Drogas –a la que se refirió el señor Senador Conde–, liderada por Kofi Annan –ex-Secretario de la ONU– y Javier Solana –responsable de la Unión Europea–, así como muchas figuras representativas de la cultura y la Academia, piden que se regule el cultivo del cannabis y animan a los Gobiernos a que experimenten con modelos legales que permitan minar el poder del crimen organizado, garantizando la salud y la seguridad de los ciudadanos. Así, pues, varios países de Europa y muchos estados de Estados Unidos lo vienen ensayando.

En la página 8 del informe de la Universidad de la República respecto a este tema se establece: “De esas experiencias internacionales se aprende que no existe una escalada hacia otras drogas –como hemos oído en esta sesión–, sino al contrario, una reducción de esta al limitarse la exposición a mercados prohibidos que ofrecen el completo stock de sustancias; que el consumo se incrementa en forma mucho menor en relación con los contextos de prohibición –porque está más controlado–; que se mejora la salud pública”, y también la seguridad, al reducir el número de consumidores dependientes en el mercado ilegal.

El equipo convocado por la Organización de los Estados Americanos, al que ya hicimos referencia, mandatado por los Jefes de Gobierno de los Estados miembros de la VI Cumbre de las Américas, llevada a cabo en Cartagena de Indias en 2012, realizó dos informes. Uno de esos informes contenía un análisis de situación; el otro estaba relacionado con posibles escenarios en los que podría transcurrir el camino alternativo.

Ahora bien; se partió de una certeza: en el año 2025 todavía habrá una demanda relevante de sustancias psicoactivas, incluyendo alcohol, medicamentos y drogas producidas ilegalmente.

Por lo tanto, a los países se les abren diferentes escenarios, distintos modelos, y tendrán que afinar la puntería para adoptar la mejor estrategia para su país.

El ex-Secretario de la OEA José María Insulza, visitó hace una semana nuestro país y transmitió estas ideas, que están volcadas en este informe.

Uruguay optó, con mucha responsabilidad y después de un análisis prolongado de su propio estado de situación, por uno de los caminos alternativos que se plantea desde la Organización de los Estados Americanos. Eligió dentro de varios caminos posibles.

Algunos países ya emprendieron el suyo. Ellos son, por ejemplo, Holanda, España, Portugal, Australia y decenas de estados de los Estados Unidos. Todos lo hicieron intentando salir del prohibicionismo y de la ilegalidad, con métodos y resultados diferentes, pero todos sujetos a evaluación.

Nosotros optamos por la regulación integral, tanto del consumo como de la oferta. Es la primera experiencia mundial en ese sentido. Y es por ello que hay tanta expectativa en el mundo y que tantos medios de comunicación internacionales han venido a ver cómo planteamos este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdone, señor Senador, pero ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

–19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Para esta regulación integral, para esta experiencia que ha creado tanta expectativa a nivel del mundo, elegimos la droga ilegal más consumida en el país y en el mundo: el cannabis. El 20 % de las personas de entre 15 y 45 años de edad lo han consumido alguna vez en su vida; el 8 % lo ha consumido en los últimos doce meses y un 4,9 % lo hace diariamente, con una tendencia ascendente en la prevalencia.

La marihuana es una droga con acciones específicas: todos los trabajos científicos serios, los informes académicos de la Facultad de Psiquiatría y de la Cátedra de Toxicología, así como toda la información científica que aportó el señor Senador Solari –que comparto– en cuanto a cómo debe ser catalogada la marihuana, aluden a las características farmacológicas y toxicológicas del cannabis y a sus acciones psicofísicas. Señor Presidente: todas las drogas, legales e ilegales, tienen acciones y riesgos diferentes.

La revista The Lancet, –que es una de las publicaciones médicas más prestigiosas en el mundo científico médico por la seriedad de los trabajos que presenta– publicó un artículo de la australiana Louisa Degenhardt, de la University of New South Wales, relativo al consumo de drogas y sus consecuencias. De dicho artículo resumimos las siguientes conclusiones.

En primer lugar, el cannabis es la droga más difundida en el mundo; la heroína es la que genera más muertes; y las anfetaminas, las que generan la mayor adicción.

En segundo término, el 50 % de las muertes atribuidas directamente a las drogas en el año 2010 –43.000 de 78.000–, son atribuibles a los opiáceos.

En tercer lugar, aunque el estupefaciente de mayor consumo en el mundo es el cannabis, tiene un impacto mucho menor sobre la salud, en particular porque la adicción es menor: 13 millones, contra 17 millones de adictos a las anfetaminas y 15 millones de adictos a los opiáceos.

Señor Presidente: todas las drogas tienen acciones farmacológicas, toxicológicas y sanitarias diferentes, pero todas tienen algo en común: afectan con mayor o menor gravedad la salud psicofísica del usuario, y todas –absolutamente todas, incluida la marihuana– lo transforman en un usuario problemático de drogas. No todos los usuarios se transforman en adictos, depende de la droga; pero también es verdad que todas las drogas hacen daño. De ahí que, sin prohibirlas –por razones de derecho que fundamentaremos al final de la exposición–, sí es necesario regular su consumo y su oferta.

Se propone regular y controlar el mercado de cannabis por parte del Estado –no prohibirlo, sino respetar el derecho a consumirlo, que ya lo tiene–, pero generando condiciones para disminuir daños y riesgos para su uso. Se autoriza su cultivo y producción con objetivos específicos: médicos, industriales o recreativos. Se otorgarán licencias para autocultivo o clubes de membresía para su consumo personal o a permisarios, limitando la cantidad de su producción como también el porcentaje máximo permitido de sustancias psicoactivas por cada planta de cannabis. Se hará la distribución controlada por el Estado, pero el expendio se hará a través de las farmacias. Habrá un límite al consumo individual y, a su vez, se prohibirá el consumo a menores de 18 años. Vamos a aplicar la ley de regulación del consumo de tabaco en materia de publicidad y espacios cerrados, que ha sido tan exitosa en Uruguay, cuyos resultados han sido, precisamente, la disminución del consumo, así como también de infartos de miocardio. Se va a prohibir su ingesta cuando se conduzcan vehículos. Además, señor Presidente, también como objetivo prioritario de reducción de daños colaterales, separaremos a los consumidores de cannabis del mercado ilegal de poliofertas –el llamado efecto “góndola”–, llevándolos hacia un mercado legal, regulado en su producción, distribución y expendio, que va a ser evaluado periódicamente con regulación y control estatal, con un potente componente sanitario y educativo. Se va a poner en funcionamiento la Red Nacional de Drogas –que ya está funcionado–, integrada por servicios públicos y privados para la atención de usuarios problemáticos y, por supuesto, se responsabilizará al sistema educativo en todos los niveles de enseñanza en cuanto a la educación con criterios preventivos. No es correcto prejuzgar, como han hecho algunos señores Senadores diciendo que la regulación del mercado aumentará el consumo y que disminuirá la percepción de su riesgo. El consumo actualmente existe con prohibicionismo y represión, va creciendo, y los usuarios recurren al mercado ilegal sin temor a caer en un hecho delictivo, se supone que percibiendo muy poca sensación de riesgo. Pues bien, lo que va a establecer la regulación son códigos, límites e información, apuntando, precisamente, a trasmitir la inconveniencia del consumo, cuáles son los daños psicofísicos que produce y lo que va a significar separar a ese usuario del mercado ilegal para evitar los riesgos de transformarlo en un delincuente y, potencialmente, en un cadáver.

En último término, señor Presidente, quiero fundamentar la importancia que tiene esta ley regulatoria desde la visión de la defensa de los derechos humanos, fundamentalmente incluidos en nuestra Constitución, en nuestras leyes y en los convenios internacionales en la materia, de los que somos signatarios.

El artículo 10 de la Constitución establece: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.

Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Este artículo establece esas premisas pero, además, la actual Ley n.º 17.016, de octubre de 1998 –a la que ya hicimos referencia– dice: “Quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado”.

Quiere decir que tanto la norma constitucional como la ley vigente evidencian la incongruencia jurídica que significa prohibir actos preparatorios de un acto que no es penado.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Señor Presidente: hago mías todas las palabras que ha expresado el señor Senador Gallo Imperiale y poco puedo agregar a su fundamentación, pero creí pertinente hacer esta pequeña intervención en relación al tema que el colega está tratando, básicamente, porque en cada tiempo histórico el Gobierno, el Estado y la sociedad enfrentan una realidad diferente, con los desafíos y las exigencias que imponen las respuestas normativas a adoptarse, en bien de la convivencia en comunidad.

En este caso, estamos adoptando y proponiendo una respuesta normativa que se podrá criticar pero que es sincera en la lectura de la realidad. Esto va de la mano de lo que llamaría el principio de sinceramiento, que requiere dar respuesta –fundamentalmente, normativa, es decir, relativa a las leyes– frente a las exigencias de la realidad.

El señor Senador Gallo Imperiale hacía referencia al artículo 10 de la Constitución de la República sobre las acciones privadas, y hay que tener en cuenta que el consumo de la marihuana no es delito, pero sí lo es su comercialización. Entonces, ¡vaya si hasta este momento estamos dando una respuesta hipócrita, porque la marihuana que se consume no se genera de la nada sino que se compra!

Estamos acercando ese principio de sinceramiento con esta respuesta normativa. Hay normas que en teoría condenan, disponen y establecen conductas, pero en la práctica legitimamos su transgresión. Esto sucedió con el tema del aborto, ¡vaya si sucedió! Hubo respuestas teóricas por un lado y prácticas por otro.

En el análisis de este fenómeno de la droga, más allá de su multicausalidad y de la necesaria multilateralidad de las respuestas que se deben brindar, siempre destacamos que todos debemos hacer una lectura sincera del problema, a pesar de las diferencias que podamos tener con respecto a su abordaje.

Creemos que, en la especie, la marihuana –que no se genera espontáneamente, pero cuyo consumo hoy no se penaliza– nos exige tomar opciones, y el Gobierno y esta Bancada lo están haciendo. Una de las opciones sería seguir como estamos; otra, penalizar el consumo, y otra alternativa sería regular, pero no para quedarnos solo con la regulación, sino para adoptar principios de prevención que están en la base de esta propuesta legislativa y que van a ser el primer escalón para seguir avanzando en el sinceramiento de las respuestas normativas que el Poder Legislativo debe dar a la realidad nacional.

Gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallo Imperiale.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Apoyo totalmente lo que ha venido expresando el señor Senador Gallo Imperiale, así como también lo expresado por otros miembros de la Bancada.

Por otra parte, me llamaron la atención algunas afirmaciones realizadas, y con sobriedad quiero decir que no las comparto. Me refiero, por ejemplo, a que se dijo que estábamos haciendo una especie de experimento social, como si estuviéramos tomando a los jóvenes uruguayos –fundamentalmente– como conejillos de Indias de un experimento social.

Puede ser que alguien haya utilizado la palabra “experimento” en un sentido metafórico, pero lo que hay aquí es una política pública, que puede tener éxito o no –eso lo evaluaremos después–, pero que es innovadora y, al mismo tiempo, responsable, y que se despliega en muy diversas direcciones, por lo que considero que no se puede considerar un tema con ajenidad a otros.

En segundo lugar, quiero decir que tampoco se puede afirmar que se va a discutir un problema de salud pública –lo que está bien– con ajenidad al contexto de lo que significa el narcotráfico, la política de guerra contra las drogas y el fracaso que esta ha implicado; no se puede porque existe una experiencia internacional comparada en ese sentido.

Yo podría mencionar el caso de México y dar ejemplos muy concretos que me han sido trasmitidos por Legisladores y Gobernadores de ese país en cuanto a que el dominio del narcotráfico produce en algunos casos lo que los americanos han denominado –en una teoría muy discutible porque puede servir para otros usos, pero que es muy expresiva– el “Estado fallido”, o sea, la incapacidad de la gobernabilidad dentro de un Estado porque termina siendo regido por el narcotráfico. Entonces, ¿eso no afecta la condición de vida y, en último término, no termina condicionando todo el sistema, incluida la salud de los habitantes? Este debate no puede ser ajeno a lo que sucede con los circuitos del crimen organizado.

En tercer lugar, nadie ha dicho que haya drogas inocuas o, por lo menos, que esto sea inocuo. Quiero, además, afirmar que es cierto que todas las sustancias son más adictivas a temprana edad que posteriormente; eso parece concluir la investigación científica. Asimismo, pienso que no se puede afirmar que nos importa más el tema de la salud de los consumidores que la de los trabajadores; no veo por qué esta contraposición fue aludida en determinado momento. Además, no creo que podamos considerarnos un país que no es epicentro, podemos no ser el epicentro pero, en realidad, somos parte de un circuito y esto ha sido comprobado a través de las nuevas tecnologías. Entonces, por lo menos los miembros de la mayoría, vamos a votar con convicción una política que nos parece audaz y que va al centro del problema. No tememos que se invoque la eventualidad de un pronunciamiento popular y que el tema se discuta en toda la sociedad; esto nos hace bien a todos. El eje de la filosofía de todo esto es la reducción del daño y este es el camino que han tomado, por distintos senderos, muchos países en el mundo, por lo que forma parte de una experiencia mucho más internacional de lo que se puede pensar.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallo Imperiale.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Con mucho gusto la concederé, una vez que termine este concepto que estoy marcando a los efectos de que el tiempo me sea suficiente.

Hablábamos, señor Presidente, de la incongruencia que había, desde el punto de vista jurídico, con respecto al hecho de que se estuvieran penando actos preparatorios de algo que no es delito.

Ahora bien, vale decir, también, que en materia de derechos humanos hemos signado tratados internacionales y eso implica respetar, proteger y hacer efectivos esos derechos. Desde siempre, Uruguay incorporó los derechos humanos esenciales en sus normas y en sus instituciones; esos derechos fueron fundamentales en su ordenamiento jurídico. El respeto y la garantía de los mismos son dos de las obligaciones más importantes en un Estado democrático, por lo que Uruguay está obligado a respetar el derecho a consumir marihuana dentro de un marco regulatorio y garantista; esa es una obligación constitucional y legal del Estado uruguayo. Por cierto, esta iniciativa recoge ese concepto en su máxima expresión. La sociedad así debe entenderlo. Somos conscientes de que hay encuestas que marcan que, a la encuesta sobre la legalización de la marihuana, el 63 % de los ciudadanos manifestó estar en desacuerdo, pero también sabemos que la interpretación de ese dato se hace en función de que se considera al adicto como un delincuente, al que se estigmatiza. Entonces, cuando se pregunta si legalizar la marihuana es bueno o es malo, se responde en base a esa estigmatización.

Sin embargo, tengo información de la empresa Factum correspondiente a octubre, donde se pone de manifiesto que cuando la encuesta se hace desde otro ángulo y se pregunta concretamente: “¿Con cuál de estas dos opciones está más de acuerdo?

1. Los consumidores de marihuana deben comprarla en farmacias con calidad controlada por el Estado.

2. A los consumidores de marihuana solo les queda comprarla a la mafia de las drogas”, queda claro que el 78 % de la población está a favor de que la calidad sea controlada por el Estado.

En esta información se agrega: “Entonces, cuando planteamos ese dilema, cuando se consulta acerca de los lugares donde los consumidores de marihuana deberían tener acceso a la misma, predomina la preferencia por que sea en lugares controlados por el Estado”.

Por lo tanto, cuando desde algún sector se plantea la posibilidad de convocar a un referéndum, estoy de acuerdo, porque confío en que, en la medida en que seamos capaces de trasmitir todo esto, que la sociedad uruguaya realmente esté informada y conozca los beneficios que se obtendrán, esta ley será avalada.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Vengo siguiendo muy atentamente la exposición del señor Senador Gallo Imperiale y pienso que cuando citó las normas constitucionales le faltó el inciso segundo del artículo 44 de la Constitución, que también tendríamos que tenerlo en cuenta.

Más allá de eso, hoy se ha dicho que no es cierto y que está mal decir que esto es un “experimento”; se ha expresado también que, en realidad, forma parte de una política pública. Sin embargo, no fue la oposición la que habló de “experimento”, sino el propio Presidente de la República que se reunió con el señor Soros y el señor Rockefeller –grandes auspiciantes de esta aventura, este experimento en que nos están embarcando–, quienes le dijeron que Uruguay era el país ideal para este “experimento”, para utilizarlo como laboratorio por el tamaño de su territorio. Es como decir: “Experimentemos con los uruguayos porque es un país chico y si hacemos daño, se lo hacemos a 3:200.000, nada más”. Le diría al señor Soros, al señor Rockefeller y al señor Presidente de la República: ¡con los uruguayos no se experimenta! ¡Los uruguayos no somos cobayos de laboratorio!

Reitero: quien dijo que es un “experimento” fue el señor Presidente. Además, hace unos días, en declaraciones al diario brasileño Folha de São Paulo, expresó: “Le pedimos al mundo que nos ayude”, “que nos permita adoptar un experimento”. ¡Es el Presidente de la República! Más aún, según consigna el diario El País, hace unas pocas horas, en una mesa de un bar céntrico, el Presidente dijo: “Totalmente preparados no estamos”. ¡Lo acaba de decir hace algunas horas! De modo que no tienen que afirmar ante nosotros, la oposición, que esto es una política pública y no un “experimento”; se lo deben recordar al señor Presidente de la República; es él quien habla de “experimento”. ¡Y habla de “experimento” cuando se reúne con Rockefeller!

Agradezco la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Había terminado mi exposición, pero voy a aprovechar los minutos que me quedan para hacer referencia al planteo del señor Senador Bordaberry.

En mi opinión, se hace una interpretación equivocada de las palabras del señor Presidente de la República. Sí, es una experiencia, pero es una experiencia mirada por el mundo. ¿En función de qué? De que esta estrategia que se quiere abordar es nueva, pues consiste en regular una droga en forma parcial, en dos de sus aspectos: consumo y producción. Eso es nuevo. Por eso es una experiencia. ¿Qué se puede aplicar en un país chico? Sí; estoy de acuerdo, esa condición hace que sea más fácil.

En cuanto a las dudas con respecto a que no se pueda inspeccionar o fiscalizar; pienso que están equivocados, por el contrario, considero que, precisamente, por ser un país chico tendremos la capacidad necesaria para ello.

No quiero malinterpretar al señor Senador Bordaberry, pero exhorto a que, en lugar de hablar despectivamente de las palabras del señor Presidente de la República, hagamos una interpretación correcta. ¿Experiencia? ¿Experimento? Sí, pero de una estrategia nueva y tenemos todo el derecho a llevarla adelante, sobre todo, habida cuenta de los problemas que tenemos, que requieren soluciones.

Creo en la sociedad uruguaya: en la medida en que esté bien informada, que empecemos a obtener resultados y podamos evaluarlos, comprenderá que la sesión de hoy y el voto afirmativo a este proyecto de ley –de nuestra Bancada pero, sobre todo, el voto de quien habla, que hace veinte años trabaja en este tema y esperaba este momento– habrá ratificado lo buena y necesaria que es esta norma.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Gracias, señor Presidente.

El señor Senador Gallo Imperiale sabe de mi respeto, pero voy a seguir muy firme en lo que expresé con respecto a los mitos y a la improvisación, pues con la firma del señor Presidente de la República y del Consejo de Ministros, el 14 de agosto de 2012, se presentó un proyecto de ley de un solo artículo, sin embargo, el que estamos tratando consta de cuarenta y cuatro. Quien habló de “experimento”, que es distinto a “experiencia”, fue el propio señor Presidente Mujica. Fue el señor Presidente Mujica quien habló de “marcha atrás” si este proyecto no andaba, lo cual también trasluce la improvisación. Tal como expresó el señor Senador Bordaberry, acaba de reconocer que sobre la ley de la marihuana: “Totalmente preparados no estamos”.

Los cambios de paradigma son una improvisación, señor Presidente. Es cierto que algunos ex-Presidentes –de Brasil, México, etcétera– ahora aconsejan la legalización, pero me llama la atención y me pregunto: ¿por qué cuando fueron Presidentes de esos países no la impulsaron? ¿Ahora se dieron cuenta, después de dejar de ejercer el poder?

Termino con la tesis de la improvisación, error y salto al vacío, haciendo referencia a las últimas declaraciones del Presidente Mujica, publicadas a la hora 13 y 16, que dijo: “Esto no es viva la Pepa, esto es como quien toma un purgante, se trata de tomar medidas que no son bonitas, pero no queremos dejar regalada esa gente al narcotráfico”.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Efectivamente, señor Presidente, no queremos dejar regalada la juventud uruguaya al narcotráfico. Y no puede llamar la atención que algunos ex-Presidentes se hayan dado cuenta después, porque en realidad se trata de una conciencia internacional. Por algo la OEA, en dos reuniones, admitió enfáticamente el fracaso de una política de manera terminante.

Pienso que las palabras del señor Presidente de la República deben ser ubicadas en el contexto y en el estilo en que él habla. Nunca se me ocurriría atribuirle, porque no se deduce de su historia ni de sus expresiones, que esté hablando de hacer un experimento con los uruguayos, como si fuera el laboratorio de un científico donde se utilizan cobayos y determinados animalillos para ver qué sucede si con ellos se practican determinadas innovaciones tecnológicas. Me parece realmente absurdo sostener esto y sería una afrenta a la ética del señor Presidente hacer esa interpretación.

Parecería que en este ámbito se ignora que se ha trabajado más de dos años. Es cierto que el tema fue y vino entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo y finalmente la iniciativa ingresó con un único artículo, porque había un debate que era mucho más amplio, pero el proceso termina con un proyecto relativamente acabado. Pues bien, evaluemos el resultado, el proyecto que tenemos en discusión sobre la mesa, porque me parece que las otras discusiones no hacen a la sustancia. El tema central es si estas políticas públicas, que se componen de temas educativos, comerciales y de otro tipo, son inteligentes, sirven para minimizar el daño y lograr el objetivo que buscamos, ubicándonos en una situación distinta, en una realidad internacional en la que hay un verdadero brete para poder avanzar contra este flagelo.

Gracias, señor Presidente.

18) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “Montevideo, 10 de diciembre de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

 

De mi consideración:

 

Por medio de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales el 17 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular.

Lucía Topolansky. Senadora”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–21 en 22. Afirmativa.

Se comunica que los señores Juan José Domínguez, Andrés Berterreche, Aníbal Pereyra, Gabriel Frugoni, Carlos Baldassini, Yamandú Orsi y Daniel Garín han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo.

En consecuencia, queda convocado el señor Daniel Montiel, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

19) CONTROL Y REGULACIÓN DE LA MARIHUANA Y SUS DERIVADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del proyecto.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: antes de nuestra intervención y de los comentarios que nos merece esta iniciativa, queríamos señalar un episodio ocurrido durante la tramitación de este proyecto de ley en la Comisión de Salud Pública, donde tengo el honor de representar al Partido Nacional junto con el señor Senador Moreira. Me parece que tengo que dejar constancia de esto, con toda sinceridad.

En otros proyectos de ley, el señor Senador Moreira y quien habla –más el señor Senador Moreira, porque es más ducho en temas jurídicos– hemos tratado de mejorarlos, aun en los casos en que no los votamos. Entiendo que lo menos que uno puede hacer, más allá de que no esté de acuerdo con el fondo del asunto, es tratar de ofrecer criterios para mejorar redacciones, porque todos sabemos que las leyes no están siendo un dechado de virtudes jurídicas, de claridad y aun de redacción. Actuando con ese criterio, tratando de ser positivos –que es muy de nuestro partido–, al inicio de la discusión, en el primer artículo, propusimos alguna modificación, y en ese momento la señora Senadora Moreira –me alegro de que se encuentre presente en Sala– nos señaló que había cuatro votos para aprobar el proyecto y que ninguna propuesta iba a ser de recibo porque tenía que salir exactamente el mismo texto que venía de la Cámara de Diputados. En esa ocasión sostuve que nuestra presencia era sobreabundante en la Comisión. Otros compañeros siguieron otro camino, pero quiero decirle a la señora Senadora Moreira –como se lo manifesté en ese momento– que me sentía ajeno a lo que iba a salir de la Comisión porque iba a ser, exactamente, lo que había venido de la Cámara de Representantes. Es más, hubiera sido mucho mejor votarlo en bloque. Sé que otros señores Senadores se tomaron el trabajo, que es digno de elogio, de comentar cada uno de los artículos, pero si uno se fija en la votación, en todos los casos estuvieron los cuatro votos para llegar a la aprobación del mismo texto.

Esta es la tarea que he tratado de llevar adelante en las Comisiones que integro, mayormente en la de Salud Pública, porque las de Defensa Nacional y Asuntos Internacionales tienen menos proyectos de este tipo sobre la mesa.

Dicho esto, señalemos que en el entorno en que se va a tomar esta decisión, vemos que la aprobación de este proyecto de ley es un paso en un camino que se piensa continuar. El ex-Presidente, el doctor Tabaré Vázquez, ha dicho que se incluirán otras drogas –supongo que en una regulación similar a esta– y habló expresamente de la cocaína. Es decir que nuestro país va en un rumbo, en un sentido que sostiene la mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo que tenemos, hacia la liberalización de estas sustancias. Por otra parte, señor Presidente, esto surge de muchas de las expresiones que hemos escuchado aquí en el día de hoy, que van hasta los derechos humanos y frondosas argumentaciones de carácter jurídico.

Señor Presidente: quiero hacer dos o tres comentarios. Uno de ellos –que hasta ahora no se ha mencionado y que, a mi juicio, es importante– es que el artículo 2.º de este proyecto de ley establece un monopolio. Me parece que no lo dice con la palabra “monopolio”, pero pone en manos del Estado todo el proceso de la marihuana, desde el cultivo, pasando por la cosecha, la comercialización, etcétera; es decir, establece un monopolio estatal. Concretamente, en el artículo 2.º se dice: “[...] el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal”; cierro la cita aunque la frase continúa. Pocas veces hemos visto enumerar todo un ciclo de una manera más acabada de una actividad como en esta.

Por lo tanto, insisto, se establece un monopolio en omisión –estoy casi seguro, lo veremos cuando se ponga a votación– de la mayoría especial que requiere una norma de este tipo. Así que iremos de nuevo a la Suprema Corte de Justicia con un tiro en el ala porque aquí está el germen de otra inconstitucionalidad pues creo –me someto a la opinión de los juristas, aunque a mis ojos es clarísimo– que se está estableciendo un monopolio sin la mayoría requerida en el inciso 17 del artículo 85 de la Constitución de la República.

Dejo esto planteado porque no es menor, pero además sería muy interesante para que cuando se estudie este período de Gobierno veamos el rosario de inconstitucionalidades de las que hemos advertido. ¡No sea cosa que el señor Ministro de Economía y Finanzas también se entere de que nadie avisó, en este caso, de la notoria inconstitucionalidad de este artículo que hemos leído!

Señor Presidente: hay que entender las palabras en su sentido natural y obvio; algo así dice el Código Civil. Entonces, no puedo creer que cuando el señor Presidente de la República habla de “experimento”, alguien me venga a decir que lo que quiso decir fue “paralelepípedo”. No, no; dijo “experimento” –es una palabra que no tiene dificultades de comprensión–, y además en reiteración, porque no es una primera vez. El señor Presidente alude a este proyecto de ley y habla de “experimento” reiteradas veces, sobre todo a partir de la visita a los Estados Unidos y de las entrevistas con personajes de primer nivel en el mundo financiero y económico, como los que se han mencionado, especialmente el señor Soros. El Presidente tiene un atractivo especial por estas figuras que son prácticamente mediáticas porque todo el mundo sabe quiénes son George Soros y David Rockefeller. Pero no se ha divulgado lo suficiente que el señor Soros financió en nuestro país una campaña de propaganda, de difusión del consumo de marihuana. Menos se sabe, y menos sabía el señor Soros cuando asistió a una reunión en Madrid, que también estaba allí el Diputado Jaime Trobo –que es un hombre avezado, inteligente políticamente–, quien le planteó directamente que él había hecho esa propaganda, que la había financiado y que, además, en ninguno de los avisos se decía que el consumo era dañoso, como debe corresponder. ¡Vaya si en materia de tabaco hemos sufrido las prevenciones y cauciones que el doctor Vázquez, a través de la ley, nos instaló en nuestro país! Lo cierto es que el señor Soros no podía salir de su asombro. Claro, estaba convencido de que nadie lo conocía; mejor dicho, de que todos lo conocían pero no de que había alguien del Uruguay que le echaba en cara que estuviera fomentando el experimento, la experiencia.

Repito: como hay que interpretar las palabras en su sentido natural y obvio, y la palabra “experimento” no tiene mayor matiz de interpretación, le pedí a un amigo profesional que me ayudara a determinar qué es un experimento. Lo primero que se me ocurre es ver cuáles son las normas y los protocolos para determinar que algo que uno hace se pueda llamar experimento. Es una palabra de contenido exacto, no susceptible de otras interpretaciones.

Me han llegado algunos parámetros de la Unidad de Ensayos Clínicos del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que voy a mencionar para que cuando se hable de “experimento” sepamos lo que quiere decir cuando se trata de algo que se pone en funcionamiento con determinados requisitos para extraer de él un resultado. No hay un experimento sin resultado; es la búsqueda de un resultado.

No voy a leer todo el material que me han enviado, pero sí quiero señalar que los experimentos se realizan con un diseño de muestra, porque luego no hay manera de comparar. En este caso la muestra es toda la población del país, o sea que es de muy difícil mensura, de muy difícil calibración. No se tomaron 100 casos, 200, 300, 1.000, etcétera; toda la población del país será objeto del experimento y por lo tanto la muestra es todo el país.

Hay que definir el objetivo –aún no se ha definido– porque bien podría decirse: “Bueno, vamos a hacer un experimento y a cuantificar, llegado el momento” –tampoco se dice– “si aumentó o no, si se mantuvo, si cambió de nivel etario el consumo de la marihuana”.

Hay que pensar también que en los experimentos se distinguen tres niveles: la población diana –que en el lenguaje de esta Universidad es la que alerta de que se está produciendo algún resultado–, la población en estudio y la muestra para el experimento. En el caso del Uruguay, los que más van a estar en la categoría de la población diana son los menores, aquellos a los que se pretende salvar de este flagelo, que son dos millones y medio de personas mayores de dieciocho años.

El ensayo clínico de estas características tiene una serie de aspectos que podríamos detallar, pero no vamos a hacerlo. Claro, una de las maneras de hacer un experimento en esta materia es saber las dosis que los sujetos del experimento van recibiendo, pero en este caso no se puede porque esto es una venta no totalmente libre aunque sin un control mayor.

También se ha llegado a decir que podría incorporarse la marihuana dentro de algunas golosinas o bizcochos, pero eso lo dejamos como una característica pintoresca de este asunto.

Sí existe –creemos que debe ser tomado muy en serio– un documento internacional, la “Declaración de Helsinki: Principios éticos para la investigación médica sobre sujetos humanos”, que en su artículo 22 alude a las garantías que se tienen que dar cuando el objeto de los experimentos son personas humanas –es decir, no se trata de los famosos conejillos de Indias, sino de seres humanos–, y los detalles van desde el consentimiento por escrito hasta la información previa, o sea, una cantidad de puntos que, obviamente, en este caso para el experimento no se han cumplido.

Desde el punto de vista internacional hay, para la experimentación biomédica, una serie de pautas éticas que también en este caso, por tratarse de esta experiencia al barrer –tomando todo un país como objeto–, no se pueden aplicar, más allá de que condicionan, en lo que es el mundo moderno científico, de los derechos humanos y de todo lo que se ha mencionado, las características que da el avance de la ciencia jurídica y de la ciencia médica a los objetos de experimento.

Repito, señor Presidente: acá se dijo que había un experimento y se ha reiterado ese concepto por parte del Presidente de la República. Puede haber una versión o una interpretación no científica. Pensemos por un instante en que el Presidente Mujica no dijo: “Vamos a hacer un experimento como los que se hacen en la Universidad Autónoma de tal, o en la Facultad de Medicina”, sino: “¡Vamos a probar!”. Por la llaneza con que a veces se expresa el Presidente –por ser generoso en el concepto sobre el lenguaje que utiliza–, puede haberlo dicho con el sentido de: “Vamos a probar”. Ahí es donde más me rechina el tema, porque para cuero ajeno no hay marca caliente. ¡Je!; en cuero ajeno todo el mundo experimenta, pero este no es ajeno, es el país mismo. Entonces, ¿vamos a someter a la gente durante 5 o 10 años –tampoco se dice– a este experimento, hasta que alguien diga: “Bueno, a ver, qué pasó con la ley no sé cuánto”, que será esta de la que todavía no sabemos el número? Y bueno, se generalizó el uso de la marihuana, se desparramó del todo el sistema educativo. Esa puede ser una opción. A lo mejor se logra un efecto fantástico; la gente entendió tan bien esto que se fundieron los que fueron designados por el Gobierno, por supuesto para plantar. ¿Podemos hacer eso nosotros con el Uruguay? ¡Y miren que con el Presidente Mujica andamos ellas por ellas en edad! ¿Tenemos nosotros, que nos estamos despidiendo de la vida, derecho a decir: “Vamos a probar con los hijos, con los nietos; Yo no voy a ver el fin del experimento”? ¿Es posible que a alguien le pase por la cabeza que el país de uno, la sangre de su sangre, los compatriotas, sean el terreno donde se pruebe una práctica que todo el mundo reconoce como dañosa, porque la propia ley se enmarca en ese concepto previo? Yo no sé qué es peor, si haber pensado en un experimento desde el punto de vista científico –parecería que no es así– o haber dicho: “Vamos a hacer un experimento con el propio país, con la propia gente”.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Enseguida le doy la interpelación. Perdón, la interrupción; la interpelación es el 17 de diciembre. ¡Estamos ya tan preparados!

(Hilaridad).

–No se preocupe, que esto es poco al lado de lo que sucederá el 17 de diciembre. ¡Vayan haciendo boca!

Esto denota, señor Presidente, una especie de bipolaridad conceptual del Gobierno, y se nota en la redacción del proyecto de ley porque va y viene. Por un lado, se da cuenta de que esto es malo y dañoso; y por otro, aparecen los artículos 3.º y 4.º, que son una maravilla, porque hablan de proteger del daño que hace la droga. ¡Son un manifiesto en favor de la salud de la población! Pero después, en los hechos, lo que se hace es decir: “Vamos a probar”. ¡Esto es malísimo! Lean el artículo 3.º y el 4.º. Después que se enuncian esos principios sanitarios, saludables, el otro yo de esta concepción de Gobierno, dice: “Vamos a probar”. Y claro, en el afán del monopolio que señalábamos, se mete en terrenos muy, muy complicados. Se me dirá que es poco en su magnitud lo que yo voy a señalar frente a lo que es la ley, pero ¿quiénes van a poder plantar? ¿Dónde hay que anotarse para que se permita plantar? Porque, según tengo entendido, no es mal negocio plantar una hectárea de cannabis. Entonces, en la hiperregulación va a estar, quizás, la muerte anticipada de todo esto. Va a ser tal el mejunje de, primero, designar los beneficiarios de estas tierras, que van a ser las únicas y por eso van a adquirir así un tremendo valor, ya que una hectárea que tenga encima el permiso para plantar marihuana se va a vender con un sobreprecio terrible. Ya vamos a ver los avisos diciendo: “Autorizado para marihuana”, como ocurre con los edificios de las zonas balnearias, en los que se anuncia: “Con autorización para 10 pisos”. Claro, le ponen que tiene autorización para 10 pisos y el terreno vale mucho más. ¿Cómo se van a seleccionar? ¿Cómo va a ser el almacenamiento, la comercialización, la distribución? Por nuestra experiencia respecto del Estado metido en estas cosas, sabemos en qué termina. Así pasó con la ley de alcoholes, aunque por suerte durante nuestro Gobierno logramos eliminar el monopolio, que era uno de los más viejos que tenía la legislación de nuestro país.

Creo que este proyecto de ley va a pesar sobre este período de Gobierno y va a quedar como una de las cargas, como uno de los errores. Por las dudas que manifestó el propio Presidente de la República –no soy quien para interpretar– me parece que una vez más, después que empujó la cosa, la está pensando dos veces; y quizás no las tenga todas consigo. No sé. Tampoco es consuelo el hecho de que el Presidente esté arrepentido o que no esté tan convencido como al principio. A nosotros no nos sirve de nada porque aquí están el proyecto –no se puede tocar– y los votos para aprobarlo; podría vetarlo, pero ahí estaríamos hablando de un lío interno del Frente Amplio y no quiero ni suponer lo que ello implicaría.

Nosotros vamos a votar en contra conscientemente. Tratamos de mejorar la iniciativa pero no se pudo por el prurito de que tenía que salir ahora. No veo cuál es el apuro, pero para eso están las mayorías como ha sido señalado muy claramente en la Comisión. Me parece, señor Presidente, que estamos ante un hecho consumado como tantos que vamos a ver de acá al cambio de mando; van a pasar los proyectos de ley más increíbles que puedan imaginar. Van a ver que no me voy a equivocar haciendo, por un minuto, de profeta o de adivino del futuro.

En definitiva, señor Presidente, queda constancia de las inconstitucionalidades, de lo terrible que es hacer un experimento con la gente del país y de nuestra discrepancia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón, señor Senador, pero ha llegado a la Mesa una moción para prorrogar el tiempo de que dispone.

Se va a votar.

(Se vota:)

–18 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Voy a conceder la interrupción que me ha solicitado hace un rato el señor Senador Rubio, al tiempo de señalar que mientras hablaba me había olvidado de su pedido; aunque en otra ocasión pasó al revés.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: agradezco la gentileza del señor Senador Lacalle Herrera.

Me dicen que el Senado paraguayo acaba de aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur, así que tenemos novedades en la región, pero eso lo veremos en la Comisión de Asuntos Internacionales.

(Intervenciones que no se escuchan):

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador Rubio: por favor coopere con la sesión y haga uso de la interrupción sobre el tema que estamos considerando.

SEÑOR RUBIO.- Parece que se generan problemas en la zona.

En realidad, no vamos a ingresar con el señor Senador Lacalle Herrera en una discusión epistemológica acerca del alcance del concepto de “experimento”. En todo caso, está claro en qué sentido lo dice el señor Presidente y así lo interpretamos nosotros. Por supuesto otros tienen el derecho de entenderlo de otra manera, aunque no advierto que en el texto se cree la figura de una especie de ente autónomo que tenga el monopolio de tal o cual cosa. En este Parlamento hemos votado en instancias presupuestales un conjunto de unidades reguladoras –algunas fueron incluidas en la época en que el presupuesto lo manejaba el doctor Atchugarry, como la creación de la Ursec y la Ursea– y personas públicas no estatales de todo tipo sin mayorías especiales. Acá se crea una persona jurídica de derecho público no estatal, cuya integración se describe y no tiene el monopolio de la producción ni de la comercialización, sino que tiene el control de todo el proceso y otorga licencias, o no. A mi juicio, por lo que está descripto en el Título IV, “Del Instituto de Regulación y Control del Cannabis”, y por los cometidos y atribuciones que aparecen en el Capítulo III de ese Título, para nada se deduce esto que –me parece– es una objeción jurídica que levantó el señor Senador Lacalle Herrera y que, por supuesto, merece atención porque en ese caso requeriría mayorías que pensamos que no son necesarias para este Instituto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Atiendo el planteo del señor Senador, pero él se está confundiendo con el organismo regulador establecido en el artículo 17 de este proyecto de ley, que dice: “Créase el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), como persona jurídica de derecho público no estatal”. Y en su literal A) habla de “Regular las actividades de plantación, cultivo, cosecha”, etcétera. Sin embargo, el numeral 17) del artículo 85 de la Constitución de la República claramente expresa: “Conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los Gobiernos Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara”. Es decir que hay una concepción de un monopolio que me parece que está en el borde, pero se podrá discutir.

Creo que la creación del Instituto también presentaría algún tipo de dificultad constitucional.

Nada más, muchas gracias.

20) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 10 de diciembre de 2013.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

 

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17.827, por motivos personales, en el día 11 de diciembre.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Juan Chiruchi. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–18 en 20. Afirmativa.

Se comunica que los señores Sergio Chiesa, Ambrosio Barreiro y Jaime Trobo han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Ana Lía Piñeyrúa, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

21) CONTROL Y REGULACIÓN DE LA MARIHUANA Y SUS DERIVADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la discusión del proyecto de ley, tiene la palabra la señora Senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: para muchos de nosotros hoy es un día histórico. Esta Cámara se apresta a aprobar un proyecto de ley sobre la regulación del cannabis que creo que muchos países y Gobiernos de América Latina tomarán como ejemplo para sus políticas futuras. Quiero decir que esta iniciativa, esta idea, viene siendo trabajada desde hace mucho tiempo. En Uruguay se realizan marchas pacíficas de apoyo a la regulación del cannabis desde hace mucho tiempo. Desde hace veinte años organizaciones políticas como las juventudes del Frente Amplio vienen discutiendo cómo cambiar el paradigma prohibicionista que impera en nuestro país.

En 2010 el Parlamento crea la Comisión Especial de Adicciones y durante dos años recibe a más de cuarenta delegaciones, representantes de comunidades terapéuticas, instituciones sociales, activistas a favor de la regulación del mercado de cannabis, clínicas, especialistas y profesionales, recogiendo así varios informes y recomendaciones. La primera y más importante recomendación es la de recordar que el consumo no necesariamente es problemático y que hay que separar la adicción del consumo. En las recomendaciones se establece la necesidad de regular las cantidades mínimas de porte de todas las sustancias ilícitas, las posibles salidas de la encrucijada o fracasada guerra contra las drogas y se habla de la regulación del mercado de cannabis.

En 2011, Legisladores de todos los partidos –representando al Herrerismo, a Vamos Uruguay, al Partido Independiente y al Frente Amplio– presentan alternativas a la actual situación, en particular, en relación con el cannabis.

En 2012 y bajo el contexto de las quince medidas para mejorar la convivencia ciudadana, el Poder Ejecutivo ingresa este proyecto de ley que, como alguien dijo acá, tenía un solo artículo. Luego se transformó en una iniciativa de cuarenta artículos lo que habla sobre la capacidad de trabajo, consciente, esforzado, sistemático e inteligente de la Comisión que se abocó a su estudio y le dio una perspectiva global. Sin duda alguna, este proyecto de ley es mejor que el inicial que vino del Poder Ejecutivo. ¡Y para eso está el Parlamento, señor Presidente! ¡Para enriquecer con su labor y con la discusión interpartidaria las iniciativas que muchas veces llegan del Poder Ejecutivo!

Más adelante se crea la Comisión Especial de drogas y adicciones con fines legislativos, la que recibe a dieciséis delegaciones más. De manera que este proyecto de ley puede ser todo menos un proyecto mal trabajado o mal informado. Recuerdo que en esa ocasión se recibió a juristas, médicos, químicos, farmacéuticos, psiquiatras, psicólogos y responsables de comunidades terapéuticas, y todos plantearon su visión con relación al cannabis.

Señor Presidente: esta discusión trasciende al Uruguay y por eso inicié mi exposición diciendo que los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, aunque ello resulte un poco ambicioso de decir. Sin duda alguna, los ojos de América Latina están concentrados en cómo el Uruguay resuelve el tema del cannabis.

El 26 de enero de 2011, los Presidentes de América Latina, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México –nada sospechosos de participar de ninguna cruzada izquierdista–, junto con Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, crean la Comisión Global de Política sobre Drogas para reconocer lo que nosotros reconocemos y nos lleva a votar este proyecto de ley: la guerra contra las drogas fracasó. Sí, señor Presidente; la guerra contra las drogas fracasó y continúa fracasando estrepitosamente. Es más, todas las recomendaciones que se han escuchado en este Senado en el sentido de continuar aplicando mano dura al narcotráfico y al narcomenudeo y de aumentar la eficiencia policial, me parece que adolecen de un reconocimiento inicial, que es el del fracaso. Si no reconocemos el fracaso, mal podríamos cambiar de orientación. Así que este fracaso no lo reconocimos inicialmente nosotros, sino que lo hicieron los países donde este problema está planteado de forma más acuciante.

Según expresidentes latinoamericanos y europeos, “La plata de esa guerra está mal usada porque no tiene resultado efectivo; si se utilizara para salud, tratamiento médico, educación, para campañas de publicidad, sería mucho mejor”. Así lo expresó el exmandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso al criticar abiertamente la política represiva impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos en América Latina. Frente a esto, la Comisión propuso una regularización de las drogas, como se hizo con el tabaco y el alcohol; exactamente igual a como estamos procediendo hoy al discutir y aprobar –así lo espero– este proyecto de ley.

El ex-Presidente César Gaviria, quien durante diez años se desempeñó como Secretario General de la Organización de Estados Americanos, dijo: “Los consumos siguen iguales en los últimos 20 años,” –es decir que el modelo prohibicionista no hizo desistir a nadie de consumir– “la violencia y los prisioneros crecieron, se ha vuelto un gigantesco negocio criminal y eso está generando una enorme cantidad de violencia, no solo en Estados Unidos sino en México, en Colombia, y en general toda Latinoamérica, y es hora de repensar esa política”.

También estuvo Ernesto Zedillo, exmandatario de México, donde hubo más de treinta mil muertos desde que el Gobierno de Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico, en diciembre de 2006.

Al encuentro asistieron personalidades europeas, como el ex-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; el ex-Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, el español Javier Solana; Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.

La crítica contra la política norteamericana fue dura. “Estados Unidos” –afirmó Gaviria– “ha tenido una misma política por muchas décadas y esta etapa de la guerra contra las drogas ya lleva casi 40 años de total prohibición y de llevar a la cárcel a todos los consumidores y los traficantes. Es una política que no está mostrando resultados”. Y luego expresó: “En Estados Unidos hay quinientas mil personas presas por delitos de drogas,” –¡medio millón de presos!– “la mayoría son pobres y negros”.

Por su parte, el exmandatario brasileño reclamó más información y educación “de forma que la gente disponga de elementos para usar su libertad y para saber que la droga hace daño”. Insistió en que el usuario problemático de drogas debe ser tratado como “un enfermo al que hay que ofrecerle salud” y no como criminales a los que hay que reprimir.

Las pruebas científicas aconsejan dar mayor importancia a la prevención y a la reducción de los daños. Simplemente quiero recordar que todo un capítulo del proyecto de ley está destinado a las políticas preventivas en el área de la salud y de la educación.

Desde la reunión que mantuvieron los ex-Presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, que encabezan esta cruzada por establecer e incentivar proyectos de ley como el que hoy se va a aprobar en este Parlamento, insistieron en el fracaso de la guerra contra las drogas, diciendo: “El tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado”.

A partir del enfoque meramente represivo, con sus externalidades conexas, el tráfico de armas, la corrupción, el blanqueo de dinero y la compra de Jueces y de políticos, la Comisión Global de Política de Drogas –creada hace apenas dos años para cambiar la política de drogas y discutir la perspectiva norteamericana sobre las drogas– encamina recomendaciones que son las que tiene de base este proyecto de ley.

Señor Presidente: insisto en que esto no empezó en el Uruguay; nuestro país tuvo su propia discusión. Concretamente, este proyecto de ley hace pie en un cambio de orientación que se está dando en los países de América Latina con respecto a la política de combate al narcotráfico que viene de Estados Unidos.

En nuestro país la Universidad de la República hizo el “Aporte universitario al debate nacional sobre las drogas”, de 2012 –el señor Senador Gallo Imperiale ya se refirió a él–, que reúne trabajos realizados por distintos grupos de especialistas –economistas, abogados, biólogos, sociólogos y politólogos– que confluyen en que los problemas con las drogas son más resultado de su prohibición, que del consumo. En el trabajo se dice que los consumidores podrían sufrir accidentes puntuales de consumo excesivo o crónico, pero nunca hubieran alcanzado las decenas de miles de muertos, consolidado una economía subterránea e imposibilitado la prevención y cualquier política, si no hubiéramos adoptado el modelo prohibicionista.

Por consiguiente, la violencia asociada a las drogas, el narcotráfico y la imposibilidad de tener políticas de prevención y tratamiento están relacionados no con las drogas, sino con su prohibición. El modelo, como dijera el señor Senador Gallo Imperiale, debe abandonarse.

Se dice que con este proyecto de ley lograremos reducir la percepción de riesgo que se tiene sobre el consumo de marihuana. Lamento discrepar radicalmente con esta tesis.

El estudio económico realizado por Carlos Casacuberta y Patricia Triunfo –entre otros– que aparece en el libro de la Universidad dice que el consumo de drogas es una elección racional, no el producto de una mente alterada.

El consumo adictivo, a su vez, que –insisto– es diferente del consumo recreativo, se relaciona con el valor del presente con respecto al futuro, y lamento informar que en las sociedades modernas, posmodernas, del ahora, de la inmediatez, de la gratificación presente y no mediata, el valor del futuro se vuelve difuso y la satisfacción del hoy se vuelve importante y acuciante. El valor del presente es parte de esa modernidad líquida de Bauman, y mucho más para los jóvenes. Se disfruta del hoy y ese disfrute del momento presente reduce el cálculo de la desgracia futura, ya sea que implique una adicción o simplemente una terrible resaca.

Los economistas dicen que todas las drogas recuerdan al alcohol, la más consumida de las drogas, con muchos usuarios ocasionales, un número mucho más reducido de usuarios intensos –es decir, que consumen frecuentemente– y un número mucho más reducido aún de usuarios intensos que lo son por muchos años. Por consiguiente, la perspectiva de tratar a las drogas desde el punto de vista del adicto es, por lo menos, parcial y limitada.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Rosadilla).

–Por otra parte –según nos recuerdan los economistas, los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras y todos los cultores de la mente y sus laberintos–, las adicciones no tienen nada que ver con la sustancia, sino que reflejan una relación de los individuos con algo que puede ser una droga, que nos parece nocivo, pero que puede ser tan bueno como la comida. Quiere decir que nos podemos volver adictos a muchísimas cosas con relativa independencia del bien o mal que ellas representen.

El uso de las drogas, además, incrementa el valor del ocio en una sociedad en la que se vuelve escaso, pero que al mismo tiempo está muy valorado socialmente. Los economistas nos dicen que no hay asociación estadísticamente significativa entre el uso de las drogas blandas y el mercado de trabajo, o el uso de las drogas y el fracaso escolar, hasta por el hecho de que los usuarios de cannabis tienen más educación que el promedio de los estudiantes.

Los economistas también nos advierten sobre cómo la prohibición altera los hábitos de consumo del cannabis. La prohibición –esto lo dicen en términos económicos– aumenta los costos de transacción y estimula el hábito de stock; esto quiere decir que ya no compran para el día, sino que como tienen que ir al mercado negro, compran para unos cuantos días. Si a esto lo juntamos con el estudio de los casos judiciales, vemos que en general se castiga punitivamente a los que stockean y no a los que tienen para el día, de tal manera que el Juez, cuando determina la culpabilidad o no –porque en nuestro país el consumo no está penado–, lo hace por la cantidad que tiene y no por una presunción de culpabilidad de que lo va a vender o a suministrar a otros. Con ese comportamiento de los Jueces se incentiva a que todo el tiempo los consumidores vayan al mercado ilegal a proveerse de pequeñas cantidades. La conclusión es que una política que hostiliza a los demandantes de droga no tiene probabilidad de obtener ningún éxito en la guerra contra las drogas.

Los economistas nos dicen, asimismo, que cuanto más intensa es la represión, además de aumentar el valor, hace crecer el número de bandas que actúan; así, pues, el remedio es peor que la enfermedad, ya que aparecen muchos vendedores con poco stock. Al mismo tiempo, cuando aumenta la prohibición y los costos de represión, el bien complementario a la droga son las armas, como ocurrió con la ley seca en los Estados Unidos.

Por cierto, los economistas también agregan algo muy curioso: el uso de drogas no se relaciona con la ausencia de mamá, sino con la ausencia de papá, de la figura paterna. Les recomiendo que lo lean.

Lo más importante –dicen los economistas– es que no es fácil encontrar en la literatura sobre drogas un análisis explícito de las políticas. La investigación en el área médica –aquí fueron citados informes de la Sociedad de Psiquiatría y otros– asume comúnmente que si se demuestra que existen efectos negativos de la droga sobre la salud, automáticamente se justificaría un enfoque duro de la política antidrogas. Podríamos asumir, por supuesto, que existen efectos negativos de las drogas sobre la salud, pero de eso no se deduce que una política antidrogas dura mejore el consumo, como no lo ha mejorado en este tiempo.

Si legalizáramos –continúan los economistas–, para empezar sabríamos más sobre los consumidores, podríamos tener terapias públicas y, sin duda, disminuiría el atractivo de lo prohibido, y no hay que ser Freud para saber que existe.

Quiere decir que con este proyecto de ley hacemos unas cuantas cosas. En primer lugar, visibilizamos el comportamiento de los consumidores, porque vamos a tener más información de la que tenemos ahora, podremos saber quiénes son y cuánto consumen. También podremos tener políticas específicas, porque al saber de quiénes se trata podremos diseñar políticas de salud. Al mismo tiempo, vamos a disminuir el atractivo de lo prohibido realizando campañas publicitarias y sociales que muestren o induzcan a pensar que el consumo de drogas hoy –como ayer el consumo de cigarrillos– no es maravilloso, sino penoso. Una parte de la reducción del uso de tabaco que se verificó en el Uruguay en los últimos años no tiene que ver con la prohibición del tabaco, sino con el imaginario cultural que se fue generando de que el que fuma es un tonto, que está mal fumar o, como se dice, que ya fue. Estos modelos de cambio cultural tienen mucho más impacto que la lógica del garrote, sobre todo en las poblaciones jóvenes. La lógica del garrote y los modelos de paternalismo represivo ya no están funcionando bien; es mejor hacer otras cosas, como mostrar que el que fuma es un idiota y está fuera de los modelos culturalmente valorados. Así como antes el que fumaba era James Bond, el cambio en el patrón cultural asociado al tabaco es lo que hace que mucha gente deje de fumar, mucho más allá de las políticas represivas. Así que para las sociedades de hoy, creo que es mejor ir por el lado de la cultura que por el del garrote, además de que desde la perspectiva de los derechos humanos, sin duda es bastante más aconsejable.

Sobre la legislación, puedo decir que el Uruguay ya era de avanzada porque no tenía penado el consumo, como sucede en muchos otros países. De hecho, cuando se juntan Gaviria, Zedillo, etcétera, es para empezar a hacer lo mismo que nosotros en 1974, esto es, despenalizar el consumo. Ahora bien, la penalización con prisión de una mujer en Canelones reabrió la polémica e indujo a un grupo de parlamentarios a presentar una iniciativa. En el estudio de la Universidad sobre las drogas, Bardazano señala que la legislación que teníamos –ahora vamos a tener otra– abría un espacio demasiado grande a la discrecionalidad de los Jueces porque, ¿qué es una cantidad razonable para el consumo personal? Si los señores Senadores leen el texto de la Universidad de la República, van a encontrar sentencias de los Jueces donde –¡pobres Jueces!– tienen que determinar cuántos cigarros se hacen con 20 gramos y para cuántos días alcanzan. Los Jueces no están preparados para asumir esto. Al respecto, Bardazano dice que lo que funcionaba, en general, era el paternalismo duro, la intervención del Estado para suprimir el derecho de las personas a realizar ciertos actos porque considera que van contra su propio bien. El Estado termina protegiendo intereses de las personas que estas no reconocen ni perciben como propios. Al respecto, Bardazano dice que frente a este paternalismo duro, se opone el derecho de estas personas a un consumo recreativo, a divertirse, a ser felices, a aliviar el sufrimiento o el aburrimiento. El análisis de los casos demuestra que, en general, cuando hay un espacio gris entre tener muy poquito y un poco más, los Jueces funcionan con un criterio restrictivo, que es lo que genera que muchos consumidores vayan a la cárcel, cuando esa no era la idea de la legislación original.

Para terminar con el informe de la Universidad, quiero agregar que el estudio sociológico de que se dispone indica que la marihuana es la droga más usada –por supuesto, después del alcohol y del tabaco–, que el efecto escalera no existe –en general, los jóvenes empiezan con el tabaco y el alcohol, no con la marihuana– y que existe una gran dificultad en la forma en que la sociedad conceptualiza el problema, porque existe un gran desconocimiento, mucho prejuicio y a las generaciones más viejas les cuesta mucho más que a las jóvenes entender lo que pasa. El estudio también muestra algo raro: los consumidores de marihuana tienen mayor educación relativa y mayores ingresos que el promedio de los jóvenes. Además, establece que los jóvenes que fuman marihuana no parecen tener mayores problemas familiares que el resto, aunque están mucho más expuestos a la violencia, y deduce que esto se debe a la prohibición que afecta a la marihuana y no por la marihuana en sí.

¿Cuándo empezó a ser la marihuana una droga prohibida? Quiero mencionar este punto y nada más porque, en realidad, da para hacer una antología de la irresponsabilidad científica. En general, los llamados movimientos antivicio que se desarrollan entre 1850 y 1900 para promover la templanza, estaban vinculados a los costos de la guerra. No se quería tener soldados ebrios y por eso se estimuló el consumo de tabaco pero, en realidad, la industria del alcohol era demasiado importante como para prohibirla y, en cambio, el cannabis, la cocaína y el opio eran más fáciles de reprimir por ser producidos por países pobres. La inclusión del cannabis en el Sistema Internacional para el Control de Drogas, en 1925, fue realizada por los egipcios en base a una supuesta evidencia científica sobre el impacto del cannabis en la demencia, en los hospitales de Egipto. El estudio fue realizado por un inglés que no entendía árabe y que se quejaba de no tener traductor, por lo que difícilmente comprendía lo que le decían sus pacientes. En los estudios sobre el tema, esto se exhibe hoy como una muestra de irresponsabilidad científica.

La inclusión definitiva en la Comisión de Estupefacientes tuvo lugar en el año 1955, con un trabajo de Pablo Wolff sobre los efectos físicos y psíquicos del cannabis. Lamentablemente, Pablo Wolff utilizó editoriales de diarios latinoamericanos y habló de la influencia criminológica de la resina de cannabis, es decir, de la relación entre consumo de marihuana y delito, a partir de lo que resaltaban los diarios. Los estudios también indican que desde el punto de vista de su justificación científica, la inclusión definitiva de la cannabis en 1955 no resiste el análisis.

En Uruguay no se impide el consumo, pero al prohibirse el tráfico y el suministro, hemos generado una política dual y un ciclo incompleto o trunco de la política pública, que es lo que este proyecto de ley…

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Rosadilla).- Disculpe, señora Senadora. Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone.

Se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Como decía, el consumo no está prohibido pero sí el tráfico y el suministro, lo que genera lo que algún sociólogo podría denominar un ciclo incompleto de política pública y, al mismo tiempo, una perspectiva dual de esta. Entonces, de lo que se trata es de resolver el problema de este ciclo trunco para tener una política pública integral.

Algunos estudios que se hicieron cuando se comenzó a considerar este proyecto de ley muestran que existe un gran desconocimiento sobre las drogas. La gente no conoce a nadie que, por ejemplo, fume marihuana. Entre los jóvenes, esto sucede en menor medida, pero entre los adultos el desconocimiento abarca a la mayoría. Así como cuando consideramos la despenalización del aborto, la inmensa mayoría de nosotros conocía a alguien que se había practicado un aborto, en el caso de la marihuana, en general, se sabe poco y cuando esto sucede, el prejuicio es grande.

Me anima la convicción más profunda de que este proyecto de ley es muy bueno y estamos dando un gran paso, un enorme paso que está relacionado, sobre todo, con los jóvenes, a quienes, por cierto, esta sociedad no trata demasiado bien. Por algo hay más jóvenes pobres que adultos pobres y la inmensa mayoría de los presos son jóvenes.

Antes de terminar, quiero levantar algunas cosas sobre las intervenciones que se hicieron esta tarde. La primera ya la dije, y es evitar la confusión entre consumo y adicción.

No se vuelve adicto quien quiere sino quien puede. No cualquiera se vuelve adicto de cualquier cosa; el tema es un poquito más complejo. Entonces, cuando hablemos de drogas, hablemos del consumo. No es alcohólico el que consume alcohol; por consiguiente, no le llamemos drogadicto al que consume drogas.

En segundo lugar, me quiero referir al efecto escalera. No existe el efecto escalera, pero sí el efecto de difusión cultural positivo y negativo. Por ejemplo, existió un efecto de difusión cultural con el tabaco –insisto– cuando se estimulaba a que los soldados fumaran para que no consumieran alcohol. Los estudios siempre refieren a esta figura de James Bond que fumaba, tomaba whisky y practicaba toda clase de proezas. Si vieron sus últimas películas, se habrán dado cuenta de que ya no fuma, pero sigue bebiendo cantidades ingentes de alcohol a lo largo de sus películas. Eso tiene que ver con la construcción de modelos culturales.

El otro efecto de difusión cultural lo da la inmensa mayoría de la propaganda que vemos sobre alcohol y familia: “Consuma alcohol y esté en familia”. Sobre todo vemos: “Consuma alcohol y haga su propia fiesta”, que es una propaganda enteramente destinada a los jóvenes porque, obviamente –como saben los señores Senadores–, el alcohol reduce las inhibiciones, amortigua el superyó y, por consiguiente, el animal deseante que todos llevamos dentro es más libre que cuando estamos sobrios.

Dicho esto, quiero hacer una aclaración con respecto a este rápido pasaje que se hace, del consumo de drogas al delito. No existe ninguna evidencia de la relación drogas-delito. No son drogadictos los delincuentes, porque –como dijo muy bien el señor Calzada en una comparecencia ante la Comisión de Constitución y Legislación– un adicto de pasta base es un muy mal criminal ya que es impredecible y nadie querría tenerlo en una banda cumpliendo funciones específicas. Lo mismo sucede con el alcohol y la violencia doméstica. Señor Presidente: si hay violencia doméstica, esta es lo que aparece de una cultura patriarcal y machista que considera que las mujeres son la propiedad corporal y espiritual del hombre. El alcohol es un vehículo, nunca es la causa.

Creo que la idea de laboratorio está un poco malinterpretada. Hay un libro llamado De la tierra purpúrea al laboratorio social –escrito por Luis Eduardo Morás– que relata exactamente cómo el Uruguay pasa de la cultura bárbara a ese laboratorio social de disciplinamiento capitalista, como ocurrió en los últimos años del siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX. Se habló mucho del batllismo como laboratorio social, pero esa expresión en la literatura de las ciencias sociales significa algo distinto que utilizar ratoncitos para unos experimentos. La expresión “laboratorio social” y “laboratorio político” –de uso corriente en las ciencias sociales– significa otra cosa muy diferente a la que se ha analizado acá. ¿Qué significa? Para explicarlo voy a dar algunos ejemplos. Mark Warschauer, del Departamento de Educación de la Universidad de California, refiriéndose al Plan Ceibal dijo: “Uruguay es un excelente laboratorio”. Winston Abascal, Director del Programa Nacional para el Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública, manifestó: “Uruguay como ejemplo y laboratorio de cambio social”. Alicia Bárcena expresó que “Uruguay es uno de los Gobiernos más progresistas de la región”, refiriéndose al matrimonio igualitario, a la despenalización del aborto, al Plan Ceibal y al laboratorio social. El Banco Mundial –para que no resultemos sospechosos de nada–, indicó: “Uruguay es como un laboratorio porque se pueden probar cosas que son innovadoras”. Reivindico este sentido del laboratorio. Reitero, lo reivindico. Se usó para el batllismo y se usa ahora. Se usó para el Plan Ceibal, se usó para la política de tabaco y se está usando en este momento para designar a un país que en algunas cuantas cosas se está transformando en un ejemplo de innovación, de progresismo, como lo supo ser a inicios del siglo XX. Eso permitió que fuéramos grandes, a pesar de ser chicos.

Creo que hoy damos un paso importante. Una parte del mundo –la interesada en estos temas– nos está mirando. Creo que el Uruguay, que alguna vez fue pionero en la creación de derechos, libertades y políticas públicas, hoy vuelve a serlo. Junto a la despenalización del aborto y al matrimonio igualitario, el proyecto de ley que votaremos hoy nos vuelve a poner a la vanguardia de América Latina. ¡Enhorabuena!

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR COURIEL.- Muy bien, señora Senadora.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Rosadilla).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: voy a evitar entrar en polémica sobre algunos temas, pero en el correr de la exposición voy a marcar algún tipo de discrepancia sobre ciertos aspectos que se han señalado acá.

En primer lugar, señor Presidente, nosotros somos un Estado, un sujeto de derecho internacional. Compartimos una sociedad de naciones, estamos atados a nuestra propia voluntad cuando ratificamos y aprobamos tratados internacionales. El Uruguay no puede interpretar cada vez que quiere, en forma unilateral y antojadiza, sus obligaciones internacionales, porque cuando un Estado pequeño se equivoca se pone al borde de su crisis existencial si no respeta el Derecho. Pero un Estado grande o con importantes fuerzas para poder imponer su conducta, simplemente puede acudir al incumplimiento y también a la fuerza, como nosotros comprendemos. ¿Por qué hago esta apreciación, señor Presidente? Porque parecería que, últimamente, hablar de Derecho es como hablar de algo lateral. Hablar de las estructuras legales o de la Constitución y de la ley es como estar trayendo a colación instituciones burguesas con las que hay que vivir a desgano. Sin embargo, nosotros somos un Estado con obligaciones.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, adoptada en Viena, que tiene un órgano de contralor para su aplicación, la JIFE –Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes–, ha señalado que el proyecto de ley uruguayo está en contravención con esta Convención. Puede ser que a algunos les importe poco; a nosotros nos importa mucho.

En este tema específico podría considerarse que la Convención de 1988 ratifica la prohibición de producción y comercialización que el Uruguay estaría violando si se aprueba este proyecto de ley. Por lo tanto, basta con referirse a dicha Convención –que es la última adoptada–, ya que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes –que rige en lo que no está previsto por la de 1988– queda como antecedente de esto.

Por esta razón, señor Presidente, la Organización de las Naciones Unidas ha indicado a nuestro Gobierno en forma reiterada –a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes– su preocupación por los efectos que tendría la legalización de la comercialización de la marihuana. El texto del último comunicado de las Naciones Unidas dice: «La JIFE continúa preocupada por el proyecto de ley que está siendo considerado en Uruguay y que, de aprobarse, legalizaría la producción, venta y consumo de hierba de cannabis con fines no médicos. El Presidente de la JIFE, el Sr. Raymond Yans, señaló que “esto contravendría lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la cual ha sido adoptada por 186 países, incluido Uruguay”. El Sr. Yans añadió que “la hierba de cannabis está controlada debido a sus potenciales efectos de dependencia” y porque “de continuarse el desarrollo actual en Uruguay, tendría serias repercusiones para la salud pública, particularmente para la juventud, además de ser una violación de los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes de la ONU”». Esto es lo que nos dicen las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, pero es lo que hemos firmado, es a lo que estamos obligados como Estado. Tenemos cantidad de recursos, pero lo que no podemos hacer es incumplir irresponsablemente y después someternos a lo que siempre sucede a los países pequeños, es decir, a que nos impongan la voluntad, basados en el antecedente –que siempre hemos sostenido y ahora parece que dejamos de lado– de que en un Estado chico el Derecho Internacional es el principal escudo para defenderse de estos temas y de tantos otros. El Gobierno ni siquiera envió una delegación al último período de sesión de la Junta para discutir el incumplimiento, por parte del país, de los tratados de fiscalización internacional de estupefacientes.

Me parece inadmisible que Uruguay, que basaba su conducta en el Derecho Internacional y en el recurso de la cooperación, asuma posiciones de esta naturaleza.

La JIFE le ha recomendado a nuestro país el diálogo con ese organismo antes de aprobar el proyecto de ley y debió hacer un llamamiento para que “el Gobierno de Uruguay busque reanudar el diálogo con la JIFE a la mayor brevedad posible, antes de que avance el proyecto de ley en el país”.

Este es el respeto que tenemos para con nuestros tratados; después no nos podemos quejar ni decir “a llorar al cuartito”, como textualmente se ha señalado en alguna expresión a nivel de la máxima magistratura. Lo que aquí está sucediendo es que Uruguay, además de violar estos convenios internacionales, está actuando al margen de la cooperación y de la coordinación internacionales necesarias para enfrentar un fenómeno delictivo que, por su propia naturaleza, es global, trasciende fronteras y es internacional, tanto en su mecanismo de funcionamiento, ya que se trata de un tráfico que cruza fronteras, como en sus efectos, porque afecta a consumidores que no residen necesaria ni especialmente en los países originarios de la producción de drogas.

En este sentido vamos a hacer la distinción que corresponda. En el marco de la OEA, este proyecto de ley va en contra de todo lo que ha hecho y viene haciendo la Cicad, la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas. En la OEA no hay un tratado específico, que quede claro; lo que hay es una estrategia hemisférica contra las drogas que es de carácter declarativo, adoptada en 2010, que prevé, entre otras cosas, “Reducir la oferta y disponibilidad de drogas ilícitas”, lo que supone, como vamos a ver ahora, exactamente el efecto contrario que tendrá este experimento unilateral de nuestro Gobierno.

Reitero que estas declaraciones de la OEA no son documentos internacionales ni tratados; nosotros estamos atados por lo que hemos firmado y no por las declaraciones o los informes de carácter no vinculante que pueda tener cualquier autoridad y mucho menos ahora, que empezamos a recurrir a todos los ex-Presidentes –con quienes hemos discrepado desde todo punto de vista– porque parece que coinciden con nosotros en este tipo de diagnóstico. Sin embargo, no nos estamos respaldando en los temas sobre los que los Presidentes actuales, que ejercen la autoridad y la soberanía de nuestros países, ni siquiera han sido consultados. ¡Nos llenamos la boca con la Unasur! Puedo decir que tengo todos los documentos, los de cooperación, los respectivos a la droga, las últimas resoluciones, etcétera, pero la actitud del Gobierno uruguayo es absolutamente unilateral. ¿Cuándo se consultó a la señora Dilma Rousseff o al Gobierno brasileño? ¿Y al Gobierno argentino? ¿O al Gobierno venezolano? Menciono a este último para entrar en la acumulación por sublemas y no menciono al Gobierno paraguayo porque ahí probablemente podamos tener alguna discrepancia. ¿Cuándo se consultó a todos estos Gobiernos? ¡No se los consultó! ¿Por qué? Porque el Gobierno decidió cortarse solo. En consecuencia, ¿de dónde llegan siempre las primeras observaciones y advertencias? De los vecinos. Por ejemplo, el Canciller mexicano nos dijo “Cuidado, no se metan en esto”. Me refiero al actual Canciller, porque para mirar al pasado estamos de acuerdo.

Vamos a citar –el Gobierno debe hacerlo– para que se impulse una legislación de esta naturaleza que diga qué coincidencias tienen los Gobiernos de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador y qué leyes tienen ellos. Ahí se tendrá autoridad para decir “Nosotros venimos embarcados en esto”. En realidad, ni siquiera se tendrá autoridad para ello porque se va a tener que firmar un tratado internacional que cumpla o desande el camino de las obligaciones que se han asumido en el ámbito de las Naciones Unidas. ¡Esto me parece muy grave, porque desde el punto de vista político y jurídico estamos entregando nuestros antecedentes, nuestra posición, nuestro pasado y nuestra tradición!

Ahora bien, digo esto porque el otro día –no estuve presente en la Comisión– vinieron algunas autoridades brasileñas que quisieron ser recibidas y hubo un lío formal en torno a si había o no versión taquigráfica, ya que emitieron opinión. Al final, de alguna manera algo dijeron y puedo agregar que, más allá de todos los temas médicos que he podido recoger –debido a asesoramientos a los que me puedo remitir e, inclusive, están las propias palabras del señor Senador Solari y de los Senadores del oficialismo que han hablado sobre estos temas–, dicha delegación brindó información extraída de la Abead, es decir, la Asociación Brasileña para el Estudio sobre Alcohol y Otras Drogas. Los estudios más recientes desarrollados por Ferguson han demostrado que la marihuana causa un perjuicio en el rendimiento escolar y académico o, como lo dice el doctor Sérgio de Paula Ramos –mediante un término muy brasileño que no tiene el mismo significado que nosotros le damos en una interpretación literal–, “emburrece” a los niños, de acuerdo con las fuentes psiquiátricas de la Abead. Dicen que “la marihuana es la puerta de entrada para las otras drogas ilícitas: los datos prueban que quien usó marihuana por lo menos 50 veces en la vida –que es un consumo muy bajo– tiene 60 veces más probabilidades de involucrarse con drogas ilícitas que quien nunca lo hizo. Los usuarios de marihuana tienen el doble de posibilidades de involucrarse en accidentes de tránsito. Los usuarios de marihuana tienen 3,3 veces más desempleo que los no usuarios”.

Este es un tema que dejamos para una descripción objetiva y, sobre todo –vuelvo a insistir–, para aquellos aspectos en los que el Estado y el Gobierno uruguayos tantas lecciones nos han dado sobre cómo regirnos en materia de cooperación internacional y con los Gobiernos de la Unasur. Acá no hubo ninguna consulta a los Gobiernos de Unasur ni a ningún otro, ni siquiera siguiendo las recomendaciones de las dos Comisiones establecidas, sobre todo teniendo en cuenta que una de ellas recomienda tener un plan de carácter conjunto en materia de represión o, por lo menos, de visión en lo que es el narcotráfico.

Me gustaría insistir en un segundo tema que considero muy importante, más allá de que la señora Senadora preopinante nos hablaba de los economistas. Yo respeto mucho a los economistas; generalmente hacen el posgrado para demostrar por qué se equivocaron en la tesis de grado. Más allá de eso, no creo que el consumo sea una elección racional; lo ve todos los días quien, como nosotros, anda por todos lados, en todos los barrios. Hace poco tiempo, un señor de veintisiete años me dijo: “Todavía estoy buscando al que me inició en la droga cuando tenía diez años”. ¿Eso es una elección racional? No, lo que sucede es que hay una tendencia a un decaimiento de los valores y de las barreras.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABREU.- Se la daré cuando termine mi exposición y cuando el señor Senador no esté hablando por teléfono, porque está muy ocupado.

Muchos expertos e instituciones que han concurrido a este Parlamento a informarnos y advertirnos sobre los riesgos que implica legalizar la marihuana, manifestaron que el factor que más preocupa es el descenso significativo de la percepción del riesgo de esta sustancia, principalmente en los adolescentes, que es la edad de inicio del consumo. Esto también ha sido planteado por la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay –no sé qué fuerza tendrá frente al informe de los economistas–, cuando afirma que el consumo del cannabis podría inducir a la pérdida de percepción del riesgo. Su Presidenta dice: “Una ley que pretenda regularizar el consumo puede dar la impresión de que el mismo es inocuo, y eso lo vemos en los consultorios […]”. También lo planteó la delegación brasileña que visitó nuestro país, pero –claro– como no es representante de Fernando Henrique Cardoso, no hay que darle bolilla porque resulta que aquí el problema no es a quién representa, sino cómo coincidimos. Me hubiera gustado que le hubieran preguntado a Dilma Rousseff qué opinaba de esto. ¿Alguien le preguntó? No tengo la visión oficial de Unasur ni del Gobierno brasileño –que tiene destinados U$S 2.000:000.000 en un plan específico para combatir la droga– cuyos representantes vinieron a nuestro país y nos lo advirtieron. Concretamente, los técnicos brasileños, que algo saben de este tema, señalaron que cuando baja la percepción del riesgo aumenta el consumo, y cuando aumenta la percepción del riesgo, baja el consumo.

Pero aunque no hubieran venido estos expertos, yo podría decir lo que nosotros hemos vivido, y no como un hecho de carácter demostrativo porque en estadística hay que manejarse con las muestras. Hace quince o veinte días, estando en el barrio Pintadito, de Artigas, un matrimonio de muchos años me decía: «Senador, trasmita allá en Montevideo, a los chicos que tienen cuna de oro, a los que pueden entrar y salir de la marihuana y de la cocaína, que si nosotros recibimos un mensaje permisivo sobre la legalización de una de las drogas, tengo que decirle a mi hijo cómo me manejo porque ya me está diciendo: “¿Viejo, viste cómo se puede y se puede salir?”. Pero lo que no saben es que mis hijos van a empezar por la pasta base y no por la marihuana». Eso lo sabemos y lo vimos y si quienes tienen la responsabilidad de proteger la salud pública de los habitantes, legitiman y permiten el consumo de marihuana, no hay que llamarse a engaños: la población y, en especial los jóvenes, niños y adolescentes –ahora voy a hacer una aseveración muy fuerte–, que son la población más vulnerable y en alto riesgo frente a las drogas, recibirán esto como un mensaje de luz verde. Dirán: “Está todo bien con la marihuana; no pasa nada. ¡Miren: –van a decir– hasta el Presidente y el ex-Secretario de la Presidencia comentaba cómo había experimentado una satisfacción de esta naturaleza por consumirla!”.

Creo que no podemos seguir en este tema sin asumir que existe un altísimo nivel de irresponsabilidad, porque aquí hay dos paradigmas: el negativo y el positivo. Cuando consideramos el tema del tabaco, se lo utilizó como un paradigma negativo. La sociedad uruguaya tenía altos niveles de convicción de que fumar era malo, hacía daño y generaba altos costos en la salud. ¿Por qué tenía esa conciencia? Porque desde el cuerpo médico, los especialistas, la dirigencia política, los economistas y el Ministerio de Salud Pública en forma unánime afirmaron, sin fisuras y con convicción, que el consumo de cigarrillo hacía mal y que había que avanzar en su erradicación. Este mensaje de paradigma negativo es totalmente contrario al paradigma permisivo que hoy se impulsa respecto de la marihuana. Lo esencial es que se avanza sobre la base de un esquema permisivo respecto de esta sustancia, totalmente contrario a lo que determinó la disminución del consumo del tabaco. ¿Qué vamos a lograr con este paradigma positivo –no sé quién dijo que se va a utilizar a la sociedad uruguaya como si fuera un experimento– y qué efectos tiene la legalización del consumo sobre el consumo? Aumentar el consumo –no solamente de la marihuana, sino de la generalidad de las drogas– sí es un efecto puente, porque una cosa es hablar del alcohol y del tabaco y, otra, es la adicción, el efecto puente y la relación en el mercado del aumento del consumo de drogas a partir de la marihuana.

La afirmación de que la legalización de la marihuana trae un aumento del consumo de otras drogas no es una apreciación subjetiva. Hay muchos estudios realizados y me apoyaré en los que llevó a cabo la Asociación Brasileña sobre Alcohol y otras Drogas que creó una comisión específicamente para dar una respuesta científica a esta pregunta.

En el año 2001 Portugal no liberó la droga, sino que transformó en punición administrativa su uso y duplicó el consumo de marihuana teniendo, al año siguiente, tres veces más dependientes químicos.

En Estados Unidos –que se ha citado en Sala–, algunos Estados han liberado el consumo de la marihuana y, en consecuencia, duplicaron la dependencia y los problemas sanitarios respecto de aquellos que no la legalizaron.

En el Reino Unido se produjo un aumento de todos los tipos de consumo con cifras abrumadoras. Se detectó un aumento del 48 % en los menores de 16 años, con todos los problemas que vienen de la mano del consumo de drogas: abandono escolar, institucionalización, crimen. Los británicos, que son muy prácticos –lo conocemos, hasta por razones históricas– hicieron lo que debían hacer: volvieron a prohibir la marihuana.

La conclusión de los estudios realizados por la Abead es contundente: si se liberaliza y aumenta el consumo, aumentan todos los problemas derivados de él. Entonces, la evidencia internacional indica que la flexibilización va mucho más allá de la marihuana y aumenta el consumo de todo tipo de drogas.

¿Qué nos dice el oficialismo? Que ha adoptado la estrategia de separación de mercados. Asumiendo que la marihuana es el problema fundamental del consumo de drogas en Uruguay, están construyendo una respuesta específica para enfrentar el problema de esta droga. Pero la evidencia es muy clara: la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas ilícitas. No hay dudas de esto y las estadísticas demuestran que quien la consume tiene muchas más posibilidades de pasar al consumo de otras drogas. ¿Qué indica esto? Que no es posible hablar de una estrategia de separación de mercados. Estamos hablando de gente, de ideologías y filosofías que han rechazado el mercado hace muchos años, pero parece que esta separación hoy, para el mercado, es un objetivo. La legalización del consumo de marihuana va a conducir al aumento de otras drogas, con lo cual aumenta el consumo general de drogas, así como también aumentará el narcotráfico, porque el mercado se va a expandir. ¿Qué dice el oficialismo, señor Presidente? Que esta separación de mercado permitirá una separación entre el narcotraficante y el consumidor, y con total transparencia reconoce que esto es una hipótesis y que ya se verá si se puede lograr o no. Repito las palabras de un señor Legislador que en la Cámara de Representantes expresaba: “Si no logramos probarlo, la vida nos demostrará que estamos equivocados y, naturalmente, nuevamente vamos a analizar a la luz de la experiencia lo que ocurre”. Cuando escucho frases como esta, señor Presidente, no sé cómo se puede encarar porque, en realidad, nuestra sociedad, los jóvenes, adolescentes, los niños de este país no son una especie de laboratorio social donde experimentar si tienen razón o no en sus teorías y mucho menos seguir afirmando que el ingreso a la droga es un proceso exclusivamente racional.

¿Qué argumentos maneja el Gobierno? Se dice que el Estado estará en mejores condiciones para entrar en contacto con el consumidor problemático de drogas en un marco regulado y desplegar así sus mejores políticas sanitarias, que hacerlo en la vida clandestina actual. La pregunta que nos hacemos al respecto, es la siguiente: ¿no importa que la política sanitaria aplicada lleve directamente a un aumento del consumo de droga? Parecería que no; lo que importa es que los afectados figuren en la estadística, puedan ser asistidos y puedan ser seguidos. En este sentido, me pregunto si una política pública en materia sanitaria sobre drogas debería apuntar al objetivo central y prioritario de tener menos consumidores. La idea de provocar un aumento del consumo para tener mejores condiciones de contacto con el consumidor, lleva a que deje de manifiesto mi rechazo a políticas de este tipo porque pienso que la solución no pasa por estas estrategias. El desafío de una política de drogas es buscar el equilibrio, teniendo siempre como objetivo una disminución global del consumo. Pero el Gobierno, a falta de datos y de ciencia, confía en que creando una fuerte institucionalidad del Estado va a prevenir el aumento del consumo. Aquí se trata de otra visión que tiene el oficialismo y, por lo tanto, la terminología no es necesariamente nuestra. Según dice un Legislador de Gobierno: “En la vida regulada que estamos planificando, el monopolio absoluto del manejo de la comercialización de cannabis queda en manos del Estado. De modo que, cuando hablamos de disminuir el impacto del narcotráfico, también hablamos de disminuir la presencia de la economía ilegal y el lavado de dinero que se mueve junto con el narcotráfico”. Me parece que creer de verdad que estableciendo un monopolio por ley y una fuerte institucionalidad se puede parar el narcotráfico y el consumo de drogas, demuestra un claro alejamiento de la realidad. Pero más allá de los actos de fe del Gobierno, lo que hacen prever con mucha certidumbre las experiencias de otros países es un crecimiento del mercado ilegal por la simple premisa de que el traficante cobrará menos por la marihuana con relación a quien paga impuestos y vende en el mercado legal. El Gobierno parece esperar que esto suceda, ya que el doctor Calzada ha adelantado “su intención de monitorear de cerca el precio del mercado negro de la marihuana para competir con él”. Y dijo, además, que se bajarán los precios porque “se va a pelear por el mercado”, así que aun antes de implementarlo ya empiezan a haber figuras sobre la confianza que se le otorga a la eficacia del sistema monopólico que se está por establecer.

El señor Senador Michelini me había pedido una interrupción, que concedo con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Rosadilla).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en principio, quiero decir que en el Uruguay el consumo de drogas es legal y nadie va preso por consumir marihuana. Las sanciones punitivas están dadas al comercio y al tráfico, pero nadie va preso por consumir marihuana. En segundo lugar, señor Presidente, acá se trata de clarificar; si en todo lo que dice el señor Senador Abreu tiene razón, entonces debemos prohibir el alcohol, porque todo lo que él dice, si tiene razón, se da también para el caso del alcohol. Es más: en las discusiones en Estados Unidos en la década de 1920 se decía que si se permitía el alcohol también se iba a ir a otras drogas. Entonces, hay que terminar con el alcohol. Ahora bien; ¿por qué se razona con el alcohol de otra manera diferente a cómo se lo hace con la marihuana? No lo entiendo. Si todos vamos a cuidar la salud pública, ¿no cabe preguntarse si el alcohol no perjudica la salud pública? Ante esto, surgen algunos argumentos de mucho peso, vinculados con la libertad de las personas. Pienso en una persona que decide acompañar su cena con una copa de vino. ¿Acaso vamos a prohibir eso a personas adultas? Si alguien quiere prohibir el alcohol que lo diga. Las adicciones se tratan por otro lado. El razonamiento del señor Senador Abreu puede ser acertado y de pronto logra convencernos a todos. Entonces, vamos también por el alcohol. Sin embargo, eso no dio resultado y todas estas cámaras de televisión estarían hoy aquí para ver lo que ocurre en el país que dice vamos a prohibir el alcohol. Seguramente dirían “Uruguay está loco”, “los Senadores se volvieron locos”.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Rosadilla).- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Entonces, como el camino de prohibir el alcohol está cerrado y el de la represión de la marihuana también está cerrado porque no da resultado, estamos dando estos pasos. De repente tienen razón en cuanto a que este no es el camino, pero entonces pido que se razone sobre este proyecto y no se nos den argumentos sobre la salud de la población, que todos queremos cuidar. Hay que tener presente que no necesariamente el camino es la represión. Es más: la represión es un camino inválido, sobre todo para el tema de la marihuana.

Además, señor Presidente –y con esto termino–, para muchos de quienes estamos aquí el consumo de alcohol tiene cierto atractivo, pero para sectores más jóvenes su placer va por otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en que avanzamos sobre este tema, porque no se pueden esgrimir argumentos que se aplican para una droga que consumen los jóvenes y no los aplicamos para otras drogas que también consumen los jóvenes pero en mucho mayor porcentaje lo hace la gente más veterana. Creo que estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Sería bueno que esos dos documentos de los que habló el señor Senador Abreu sobre la droga, fundamentalmente uno acerca del cual dejó expresa constancia que emanaba de una Comisión contra el Alcohol y la Droga, se mencionaran también con respecto a lo que manifiestan en cuanto al alcohol. Creo que resultaría muy positivo que se informara en este Parlamento acerca de lo que se dijo en esa Comisión sobre el tema del alcohol.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Rosadilla).- Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Agradezco al señor Senador Michelini que haya aclarado que es legítimo consumir, es decir, que nos haya recordado lo más básico. Parecería que estamos en una clase donde se nos recuerda los elementos básicos.

Por otro lado, nos parece muy bueno el aporte que hace el señor Senador Michelini, pero acá estamos discutiendo este proyecto que refiere a la legalización de la marihuana, es decir que, precisamente, estamos hablando sobre una adicción. Después se verá si al alcohol podemos tratarlo del mismo modo y, también, ver qué se puede hacer con respecto al tabaco. Sin embargo, me voy a referir exclusivamente a este proyecto de ley, ya que aquí no estamos discutiendo otra cosa más que la legalización de la marihuana, sosteniendo que, además, va a aumentar el consumo y que tiene una tendencia escalera vinculante con el tema de la adicción. No estamos tratando otro ámbito de la adicción, sobre el que podemos compartir que el tema del alcohol puede estar en otra de las categorías, pero no en la escalera de las drogas. Se ha discutido si es un experimento o no lo es y, como aquí las palabras pesan muy poco y la terminología a veces no tiene la precisión adecuada, siempre hay alguien que interpreta de forma distinta lo que a nosotros nos parece algo muy gráfico.

Este proyecto de ley trata de un experimento unilateral, y contra toda la evidencia que se ha recogido en diversos estudios internacionales, se someterá al pueblo uruguayo. Esto dicho más allá de las palabras del señor Presidente.

Me he tomado el trabajo de analizar lo expresado por el nuevo mentor y conductor de nuestras orientaciones en materia de drogas, señor Soros, el especulador internacional número uno del mundo –el capitalista que en otros tiempos este Gobierno le hubiera dicho que es hijo del salvaje capitalismo bucanero–, que parece que ahora es nuestro consejero, junto con Rockefeller. Aquí hay un problema de conversión raro o un problema de confusión enorme, pero el país no se puede someter a ninguna de estas dos cosas.

Dice el señor Soros: “Somos conscientes de que Uruguay va a ser un laboratorio y si la experiencia resulta exitosa puede servir al mundo. Todo el mundo los va a estar mirando”. ¡Qué emoción me produce esto! Es como si ahora pudiéramos reflejar a Adam Smith en el ámbito del Gobierno, como si fuera la referencia de lo que son los puntos rectores de la economía liberal.

La organización de Soros viene siguiendo la realidad uruguaya en materia de drogas desde hace más de dos años, cuando empezó a aportar cierta financiación a los movimientos locales prolegalización del cannabis. Ya en 2011, la Open Society Foundation colaboró con la realización del Debate Nacional sobre Drogas, y como lo ha reconocido el vocero de Regulación Responsable –agrupación que apoya el proyecto de ley promovido por el Gobierno uruguayo–, la organización de Soros invirtió US$ 15.000 en aquel evento. Desde entonces, la fundación se mantuvo vinculada con estas organizaciones, especialmente con Proderechos, que ahora integra Regulación Responsable.

Así que cuando el Poder Ejecutivo anunció el proyecto de ley de marihuana estatal, la entidad internacional canalizó un apoyo económico mucho mayor. Regulación Responsable realizó una fuerte campaña de publicidad en televisión en apoyo a la ley de marihuana que costó más de US$ 100.000 y, según Pieri –Presidente de Regulación Responsable–, la organización de Soros aportó cerca de US$ 60.000. George Soros ofreció al Gobierno financiar una evaluación de la aplicación de una ley de liberalización controlada del mercado de marihuana en el país. La Open Society Foundation está –entre comillas– “absolutamente lista para ayudar con evaluaciones independientes del proceso”, declaró Pedro Abramovay, su Director regional para Latinoamérica y el Caribe, de nacionalidad brasileña, seguramente integrante del Grupo Fernando Henrique Cardoso. Y continúa: “Las evaluaciones harán énfasis en la evaluación del impacto en la salud y los niveles de violencia que tendría la ley de comercialización regulada del cannabis. Nos interesa, una vez que esté aprobado el proyecto sobre marihuana, que se ayude a hacer una evaluación seria para saber si ese camino funciona. Ese tema nos interesa ahora por encima de todo: ayudar a hacer una evaluación independiente y científica de la experiencia uruguaya”. Esto lo dijo Abramovay al diario El País. Y agregó: “El objetivo es que se pueda mirar” –insisto en esto para que se vea el paternalismo equívoco de los que nos toman como laboratorios, con el salvaje capital internacional– “dentro de dos o tres años y los uruguayos puedan decir si la decisión fue correcta o no”.

Este es el grado de independencia, de soberanía, de esa filosofía tan coherente que ha tenido la izquierda de este país. ¡O sea que ahora los padres intelectuales de esta experiencia son Rockefeller y Soros!

¡Así que los ratoncitos uruguayos estarán en el laboratorio de Soros y en dos o tres años nos enteraremos de cuál fue el efecto de someter a nuestros niños y adolescentes a una oferta más abundante, barata y accesible de drogas!

Cualquier estrategia que no tenga como objetivo central reducir el consumo es una estrategia que da la espalda a los adolescentes más marginados del país. Aquí haré especial énfasis. Con esta estrategia, pensada en oficinas y escritorios, visualizando al niño y al joven de clase media o alta de Montevideo que se puede fumar un porrito de marihuana –tal como se ha dicho, porque son los más educados y puedan resistirse a la escalera de la drogadicción–, mientras paga US$ 30, US$ 50 o US$ 100 en un boliche el fin de semana, se lanza una señal terrible para la mayoría de los niños y adolescentes de nuestro país que no tienen la educación, los recursos, ni la contención familiar y social necesaria para decir no a las drogas. Para atender un problema –y lo voy a decir bien claro– burgués, están afectando la percepción del riesgo de las drogas entre los niños y adolescentes de las capas sociales más pobres y frágiles de nuestro país y agravando el drama social que esto implica para ellos y sus familias. Con esta señal permisiva y liberal –insisto con la palabra liberal– le dirán, mucho más que antes, sí al alcohol, sí a la marihuana y también sí a la pasta base y a las drogas más pesadas, porque son más vulnerables y no tienen las herramientas necesarias en la familia, en el barrio o en la escuela, para defenderse.

(Ocupa la Presidencia el señor Danilo Astori).

–Yo puedo entender que un usuario de drogas defienda la liberalización del consumo, que muchachos de 20 años de clase media o sus padres de 40 o 50 años defiendan con convicción los distintos mitos de este mundo progresista, cada quien tiene el derecho –como decía el señor Senador Michelini– a hacer lo que quiera y nadie puede prohibir la libertad individual de consumir drogas. Que la prohibición solo empeora el problema, que la marihuana no causa dependencia y es un remedio y que el mundo evoluciona hacia la liberalización son ideas muy liberales y simpáticas que pueden ser defendidas por quienes no tienen la responsabilidad de proteger la salud pública de un país. Pero de ninguna manera puedo aceptar la idea de que desde el Estado se privilegie esto como una política de salud pública, cuando se trata de experimentar en forma irresponsable con los jóvenes, los más desvalidos, lo que nos conducirá directamente a sustantivos aumentos del consumo de drogas y de todos los problemas que de él derivan.

El psiquiatra Ronaldo Laranjeira, coordinador de la Unidad de Pesquisa en Alcohol y Drogas de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal del Estado de San Pablo, definió la experiencia uruguaya –tan gráficos como son los brasileños– como uma aventura com a próxima geração –una aventura con la próxima generación–, uma espécie de experimento social sem a assinatura de termo de consentimiento –una especie de experimento social sin tener el consentimiento de la colectividad–. Y en portugués más explícito: “Es como si una población se tornara cobayo de un mercado estatal. Si algo parecido sucediese en Brasil, tendríamos problemas generalizados”.

El psiquiatra Sérgio de Paula Ramos, que visitara nuestro país recientemente, dijo claramente: “Me parece que el capitalismo salvaje ve a Uruguay como un gran laboratorio para los negocios. Una puerta para la venta legalizada de las drogas. Esos son los hechos, el resto es poesía”.

El New York Times y el Wall Street Journal también consideraron que con esta y otras iniciativas, Uruguay se ha transformado en “un laboratorio para políticas sociales liberales” y en “una especie de experimento liberal”.

Señor Presidente: yo no me lavo las manos. Yo demando al Gobierno que escuche, que reflexione y que detenga esta locura, aunque sé que no lo va a hacer porque ni siquiera están dispuestos a modificar una coma de un proyecto de ley que va a tener impugnaciones constitucionales, legales y de toda naturaleza. Pero, ¿para qué se van a preocupar si la Constitución es apenas un papelito que se tiene en cuenta de vez en cuando?

Con este experimento se está jugando con seres humanos, con niños, con familias uruguayas y luego de dos o tres años, cuando se llegue a la conclusión –tal como se dijo– de que se causó un daño, no habrá manera de dar marcha atrás. La legalización de una droga produce una mayor oferta y, por lo tanto, expone a un número mayor de personas al consumo y a los problemas que derivan de este. Y ¿quién se beneficia? En primer lugar, los usuarios no comprometidos con la salud pública; en segundo término, los idealistas defensores del derecho a drogarse; y, por último y más preocupante, los grupos de interés económico en la explotación de este nuevo negocio. Allí está el problema que hace que el debate sobre la marihuana deje de ser médico y pase a ser un debate económico del salvaje mundo del capitalismo, de la mano de un gobierno de izquierda que ha puesto en experimento social el pensamiento de los señores George Soros y David Rockefeller. En el mismo sentido, algunos de los países de las Naciones Unidas que más sufren el flagelo de las drogas le han advertido al Uruguay acerca de la inutilidad y del riesgo de encarar políticas unilaterales en esa materia. ¿Cómo vamos a ignorar que Brasil está afectado por una epidemia de crac y que tiene un potencial mercado de millones de niños y adolescentes en situación de riesgo que, de liberarse el consumo de la maconha –como le dicen ellos–, han manifestado su enorme preocupación por los efectos que pueda producir la legalización de la marihuana en el Uruguay? ¿No hay una concepción de política de frontera, de cooperación, de consulta, sobre cómo puede incidir determinada política en el tráfico internacional, en el crimen organizado, en todo lo que significa la visión de un Estado que ya tenemos integrado, una patria grande sudamericana, pero que resulta que el día que tenemos que decidir sobre las adicciones de un país, actuamos solos? Vamos a ser coherentes, señor Presidente; vamos a tomar la posición en la que la financiación y el apoyo que tenemos del señor Soros ya es suficiente para que rompamos todas las ligazones con nuestros socios del Mercosur, de Unasur y demás. Este experimento liberal de un capitalismo salvaje va a utilizar a los jóvenes más frágiles y desvalidos, quienes no tienen la capacidad de decir no a la droga, y los demás se arreglarán.

Nunca vi un proyecto de ley tan burgués, tan capitalista, tan defensor de la clase media alta y tan marginado de la sensibilidad frente a los que sufren y no tienen siquiera la posibilidad de poder entender lo que es una droga.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¡Muy bien, señor Senador!

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quisiéramos abordar este tema desde un ángulo que hasta ahora, a mi juicio, no se ha considerado para ver si podemos hacernos comprender.

Ante todo, debemos decir que nuestra legislación vigente es incongruente; de hecho, permite fumar marihuana pero no se puede comprar ni plantar. Esto, a todas luces, es una incongruencia que no debería existir. No se trata –como han dicho algunos señores Senadores y algunas señoras Senadoras– de que acá nos alineamos en una cultura prohibicionista unos y en una cultura reglamentarista, pero con apertura al fin, otros; no me parece que esa sea la forma en que haya que dividir los bandos. A mi juicio, señor Presidente, debemos resolver un tema que está mal legislado. Creo que el Estado uruguayo hace bien en no prohibir el consumo porque eso llevaría a tener que crear una cantidad enorme de cárceles ya que, según se nos dice, hoy habría más de 20.000 personas con adicción a la marihuana, y se calcula en casi 100.000 la cantidad de consumidores ocasionales.

Entonces, lo racional es entender que tenemos un tema sobre la mesa que debemos ver cómo lo resolvemos. Para ello, el Gobierno plantea un proyecto de ley –lástima que no está presente el señor Senador Michelini porque creo que ingresaba en la discusión que me interesa– que para mí es una mala solución. Me afiliaba –y me afilio– a la discusión que se venía generando en la Cámara de Representantes en torno a distintos proyectos de ley, en la que se buscaba solucionar el tema mediante la posibilidad del autocultivo y de ser muy pero muy duros con el tráfico y con el comercio. Me parece que el Estado uruguayo no puede tener una incongruencia en su legislación diciendo que se puede consumir, pero no se puede comprar ni plantar porque eso termina, en definitiva, en “no se puede consumir”. Es más, si a alguien que está consumiendo en la calle le preguntan dónde consiguió la marihuana, por cualquier respuesta que dé tendría que ir preso. O sea, me parece que el Estado uruguayo debería encontrar proyectos comunes, y se estaba trabajando en eso, en iniciativas que se presentaron en la Cámara de Representantes en las que se había avanzado mucho en la búsqueda de una vía de salida a esa incongruencia legislativa que tenía nuestro ordenamiento jurídico permitiendo el autocultivo, con el cual estoy de acuerdo. Coincido con las iniciativas que en ese sentido había presentado en la Cámara de Representantes el Diputado Luis Lacalle Pou; me parece que eran interesantes puesto que concentraban la acción del Estado en el combate al narcotráfico y ponían el acento en castigar a quien induce al consumo y presiona. Si es como dijo el señor Senador Solari al principio de su exposición, que gran parte de los adolescentes que comienzan a consumir marihuana lo hacen por presión del entorno, el Estado debería ser muy contundente en la defensa de que eso no suceda y en que la droga pueda alejarse de los centros de enseñanza, dado que hoy, lamentablemente, está presente en muchos liceos, y hasta en las escuelas del país, según se nos ha dicho.

También se ha expresado acá, muy contundentemente, “la batalla prohibicionista está derrotada, hemos perdido la guerra”. No sé si eso es así; es más, no coincido con ese razonamiento muy genérico. Si tenemos muchas guerras y muchos frentes, naturalmente, no tenemos contundencia donde la deberíamos tener. ¿En qué la deberíamos tener? En que no haya presión ni lucro a partir de una situación de dependencia de quien vende sustancias que pueden ser adictivas, aunque la adicción no depende únicamente del tipo de sustancia; no es solamente porque la sustancia es adictiva que se genera la adicción, sino que hay una personalidad predispuesta a la adicción, que se puede dar en muchos otros aspectos, como con el alcohol, etcétera. Hay adicciones a miles de cosas que no se dan únicamente por la sustancia.

Durante parte de la mañana y en la tarde de hoy se ha querido equiparar la situación del alcohol y de la marihuana en términos generales. Creo que la gente que tiene que equiparar tiene que decirme si entiende que este proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo es un buen instrumento. Una vez más digo: creo que es una mala solución para el problema que tenemos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ¿quién ha dicho que el Estado –las palabras pronunciadas por el señor Senador Solari en la mañana de hoy me han convencido de esto– puede ganar la competencia de un mercado? ¿Quién nos asegura que el Estado va a promover el consumo para poder captar el mercado que hoy está cautivo de la actividad ilegal y del narcotráfico?

El artículo 2.º establece lo siguiente: “Sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley n.° 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus leyes modificativas, el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación”, etcétera. ¿De dónde vamos a importar? ¿El Estado va a importar? ¿Se va a importar de donde se fabrica? Hice estas preguntas al miembro informante, el señor Senador Conde, pero no me contestó porque tenía poco tiempo –quiero creer que esa fue la razón– y no podía hacerlo. Esta es una duda que tengo: ¿de dónde va a importar la semilla el Estado uruguayo? ¿Con quién va a negociarla? Me lo pregunto, porque aquí no está contemplada una solución que respete la libertad de la gente que quiera consumir. No entramos en el fárrago de este proyecto de ley; no entramos en la situación casi barroca que genera un proyecto de ley que hiperregula la vida de la gente, al punto tal que establece un registro. ¿Para qué se crea un registro? ¿Los fumadores ocasionales se tienen que registrar porque una vez por mes fuman un cigarrillo de marihuana? ¿Esas personas tienen que estar en un registro? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Me lo puede explicar el miembro informante? ¿Se va a registrar si usó o no los 40 gramos? ¿Se va a registrar que compró una vez en el año o que le sobró algo de esos 40 gramos? ¿Cuál es el dato que el Gobierno considera indispensable para tener este registro? Si esto es igual al alcohol, como se ha afirmado, ¿por qué no hacer también un registro de consumidores? De esto hablaba el señor Senador Michelini al hacer uso de una interrupción que le concedió el señor Senador Abreu.

Parecería que el registro hace magia, que de alguna manera puede ejercer algún tipo de acción sobre quien no delinque pero tiene que estar registrado porque consume una sustancia que le puede hacer mal, según dice el Estado. Entonces, si esto es verdad, ¿por qué no se procede del mismo modo con los consumidores de alcohol? ¿Acaso para comprar una botella de vino sería necesario presentar la cédula de identidad? ¿La persona que toma una botella de vino en un fin de semana tendrá que figurar en un registro de alcohólicos? Si es igual que la marihuana, ¿qué sentido tiene el registro? ¿Qué sentido tiene el proyecto de ley?

No vamos a acompañar esta iniciativa, salvo los artículos que establecen la posibilidad del autoconsumo. No entiendo el porqué de 44 artículos para regular algo que no se puede regular. ¿Alguien cree que el registro va a ser un obstáculo para que los menores no compren marihuana? ¿Alguien cree que porque se adquiera en las farmacias mediante la presentación de la cédula de identidad, mañana no habrá un comercio de este documento, como alguien mencionó en el día de hoy? ¿Alguien cree que un menor no le va a pagar a un mayor para que figure falsamente en un registro y entre en una farmacia a comprar marihuana mientras él lo espera afuera? ¿No estamos generando algo por exceso de regulación? ¿Dónde están los libertarios del Frente Amplio? ¿Se terminaron los libertarios del Frente Amplio? ¿Son todos estatistas que creen que el Estado es una especie de juez y gendarme que lo puede todo? ¿Acaso creen que el Estado tiene el poder de determinar y frenar el comportamiento humano que todos los días vemos en la calle?

Señor Presidente: ¿alguien cree que por poner un artículo en un proyecto de ley, el Estado va a lograr que los menores dejen de consumir? ¿Alguien cree que los extranjeros no van a venir a usar y a pagar a uruguayos para que vayan a la farmacia, queden registrados y ellos puedan conseguir marihuana para su propio consumo? ¿Alguien cree que eso no va a ser así? Me parece que quien lo crea está viviendo, como Alicia, en el País de las Maravillas.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Enseguida se la concedo, señor Senador.

Para mí, todo este proyecto es una gran ilusión. Aquí se crea una persona jurídica de Derecho Público no estatal con doce integrantes, para controlar estas cosas. Habrá una Junta Directiva de este ente regulador, conformada por cuatro miembros; habrá una Dirección Ejecutiva, con voz y sin voto; también habrá un Consejo Nacional Honorario integrado por un representante de los Ministerios de Educación y Cultura, del Interior, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería –es muy importante esta Cartera, por la posibilidad de la industrialización de la marihuana; esa es la razón por la cual tiene que estar–, de la Universidad de la República, del Congreso de Intendentes, de los clubes de membresías, respectivamente. Un poco en broma y, también, otro poco en serio, le preguntaba al miembro informante cómo se iban a registrar los clubes de membresía, porque va a haber algunos con 45 miembros y otros con 15. Recuerden que hay un artículo que dice que los clubes de membresía deberán tener un mínimo de 15 miembros y un máximo de 45. Entonces, ¿van a computar del mismo modo a los clubes de membresía de 20 miembros que a aquellos que tengan 40?

Es un disparate, señor Presidente, ingresar en este fárrago de artículos de reglamentación de una Comisión Honoraria, cuyo sentido no entiendo. Por lo visto, estamos hablando de una Comisión Honoraria que va a aconsejar a la Comisión Directiva y a la Dirección Ejecutiva. Realmente, no me parece que debamos tener un organismo de esta naturaleza como primera experiencia en la materia. ¿Vamos a estar en un estado de asamblea permanente? ¿Cómo se va a organizar la asociación de autocultivadores? ¿Tendrá una Comisión Directiva? ¿Habrá una asamblea de autocultivadores? Y si están los autocultivadores, ¿por qué no los consumidores ocasionales? ¿No van a estar representados también acá? ¡Por Dios!

Continúo con la lista: también habrá un representante de los licenciatarios, que son los que tendrán la licencia –el privilegio, lo llamaba el señor Senador Lacalle Herrera– para poder plantar en una, dos o cinco hectáreas. Supongo que esto se hará mediante licitación pública, a la que seguramente se va a presentar todo el Uruguay, si es que se trata de un gran negocio.

Me parece que este proyecto de ley no tiene sentido. Creo que el trabajo que se venía haciendo en la Cámara de Representantes era mucho mejor; me consta que a los Diputados del Gobierno les costó mucho abandonar la idea que venían trabajando para afiliarse a un proyecto de un solo artículo enviado por el Poder Ejecutivo, que era peor, porque se trataba de un gran cheque en blanco para hacer lo que se quisiera. Pero de ahí a regular el tema por medio de 44 artículos, hay una gran distancia.

Quiero pensar que las manifestaciones públicas de un connotado dirigente político del Frente Amplio, ex-Presidente de la República y que ahora es candidato, el doctor Tabaré Vázquez Rosas, en el sentido de que esto no era suficiente y que tendríamos que apuntar también a la regulación de la cocaína –tema que fue mencionado por el Senador Lacalle Herrera–, fue un desliz debido a que un periodista hábil lo encerró, lo apretó y no supo qué contestar. Quiero pensar que fue así, porque no puedo creer que haya dicho esto quien prohibió el consumo de cigarrillos en todos los lugares públicos cerrados del país, medida que contó con un gran apoyo ciudadano, incluso de los fumadores como yo, que tuvimos que buscar nuestros propios espacios para fumar. ¡Ahora, no! Ahora fumo un cigarrillo electrónico, que está prohibido por el Ministerio de Salud Pública, al igual que la marihuana. No me pueden vender esto; puedo fumarlo y me ha hecho bien, pues hace tres años que no consumo cigarrillos. Ahora bien, ¿quién es el Estado para decirme qué es lo que tengo que hacer? ¿Otro señor burócrata que hizo una carrera de empleado público y se sentó un día en una oficina y dijo: “Esto está prohibido”? Eso coarta mi libertad y estoy hablando de un cigarrillo electrónico que se vende en todas partes del mundo. Acá está prohibido, por desconocimiento, porque ese burócrata, en vez de estudiar, aprender e informarse, optó por lo más fácil: poner un sello y decir “Está prohibido”. Entonces, yo tengo que ir clandestinamente a un lugar de un compañero, hacerle unas señales de luz para ver si puede salir encapuchado para venderme un líquido que es aceptado en todas partes del mundo, pero está prohibido en el Uruguay. ¡Ese Uruguay que prohíbe el cigarrillo electrónico es el que presenta esto! ¿No hay algo mal en esto? Y Vázquez, que es candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, dice que no es suficiente la marihuana y que tenemos que ir por la cocaína, que es una droga dura, que puede ser consumida, fundamentalmente, por quienes tienen alto poder adquisitivo. Yo estoy esperando que llegue un proyecto en ese sentido, porque supongo que en el Plan de Gobierno surgido del Congreso que el Frente Amplio realizó hace pocos días estará escrito, en el capítulo relacionado al combate de la adicción a la cocaína, la legalización de esta droga. Acá hay gente vinculada al Programa del Frente Amplio, y supongo que en él habrá un capítulo especial sobre cómo se va a legalizar la cocaína, porque se piensa que es la mejor manera de combatirla. Creo que está prohibido el consumo de cocaína –realmente, no lo sé– y si no lo está, deberíamos tener una política diferente a la que se piensa aplicar en el caso de la marihuana.

SEÑOR ROSADILLA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con anterioridad me pidió una interrupción el Senador Gallo Imperiale, por lo que se la concedo ahora, y posteriormente concederé otra al Senador Rosadilla, a fin de poder escucharlos respecto a mis interrogantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el Senador Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Le va a contestar alguien que no nació en el País de las Maravillas; repito que lo que le voy a contestar no es producto de haber nacido en el País de las Maravillas, sino de haber nacido acá, en el Uruguay, y conocer los problemas de acá.

SEÑOR PRESIDENTE.- Diríjase a la Mesa, señor Senador.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: tengo tiempo solo para contestar una de las inquietudes –de entre los varios problemas que el señor Senador ha planteado y que le preocupan mucho–: la referente al tema del registro. Quiero decirle que la ley encomienda…

SEÑOR PRESIDENTE.- Diríjase a la Mesa, señor Senador.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- La ley encomienda al Ircca el desarrollo del sistema de registros. Creo que es muy clara en este sentido, pues establece las medidas para que no se realice producción excedentaria. Quiere decir que el sistema producirá en función de la demanda identificada. Quiero recordar que el sistema de registros fue inducido por el Centro de Farmacias del Uruguay y la Asociación de Farmacias del Interior, que fueron a la Comisión a plantear que estaban en condiciones de vender el producto, fundamentalmente, porque contaban con un sistema informático en red –que fue financiado con un préstamo del BID– en todo el país. Este sistema tiene la ventaja de que cuando se va a comprar marihuana a una farmacia queda registrado en la red la fecha y el volumen de lo que se va a consumir. O sea que si la misma persona se dirige a otro lugar, también allí estará registrado el consumo hasta ese momento. Además, el registro se hará solamente con cédula de identidad o pasaporte, por lo que está absolutamente fuera de las posibilidades lo planteado por el señor Senador Heber en cuanto a los ciudadanos extranjeros. La responsabilidad de eso la tienen los propietarios de las farmacias, que creo que en el país han demostrado una seriedad absoluta en materia comercial.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en unos instantes concederé la interrupción al Senador Rosadilla, porque creo que esta intervención del señor Senador Gallo Imperiale merece una contestación.

Sé que el señor Senador Gallo Imperiale es un gran Senador y un hombre muy vinculado a lo médico, pero me asombra su credulidad acerca de que va a haber un registro por el que parecería que los farmacéuticos van a saber si después se va a volver a vender la marihuana que se compre. Digo con todo respeto que eso me parece de una inocencia, de una credulidad tal, que me preocupa. No se puede pensar que los menores no van a comprar en la farmacia porque un artículo dice que no pueden hacerlo. Habrá miles de personas mayores dispuestas a registrarse en las farmacias y a vender en la esquina lo que han comprado. ¡Por favor!

El Senador Gallo Imperiale dice que no nació en el País de las Maravillas, ¡Sí; sí, él nació en el País de las Maravillas porque no gobernaban ustedes, sino que gobernábamos nosotros! ¡Ese sí era el País de las Maravillas, no el de ahora!

(Dialogados).

(Suena la campana de orden).

–¡País de las Maravillas! Me parece que creer en el registro como algo mágico y que habrá una trazabilidad de las personas que permitirá saber qué hacen en la segunda o en la tercera cuadra, ¡es una gran ilusión! En realidad, todo el proyecto es eso: creer que esto se va a cumplir. ¡No se va a cumplir nada!

Por otro lado, nada se me dice de la propuesta del doctor Vázquez de hacer un proyecto similar sobre la cocaína. Espero que aquí se me diga: “Fue un error, lo apretaron, se equivocó”, como le puede pasar a cualquiera; espero que el doctor Vázquez diga: “Me equivoqué, me apretó, y dije que también vamos a hacer lo mismo con la cocaína”. Sin inmiscuirme en la elección interna y tratar de inclinar la balanza a favor de la Senadora Constanza Moreira en esa lucha, me parece que lo mejor que puede hacer un candidato para sacar de la discusión el tema de que se va a regular el consumo de cocaína en un proyecto similar a este, es reconocer que hubo un error. ¡Por favor!

Le debo una interrupción al señor Senador Rosadilla, a quien se la concedo con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte al señor Senador Heber que le restan tres minutos para finalizar su intervención, por lo cual entiende que lo más práctico es considerar una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone.

(Apoyados).

–Se va a votar.

(Se vota:)

–25 en 26. Afirmativa.

Puede interrumpir el señor Senador Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Gracias, señor Presidente; gracias, señor Senador Heber.

Como le consta al señor Senador Heber, señor Presidente, sigo todas las intervenciones con la mayor atención posible y le pedí la interrupción porque estaba confundido, ya que en un momento tenía ganas de aplaudirlo, pero me hacía arrepentir a los veinte segundos. Pero si en ese momento estaba confundido, después, cuando refiriéndose a la intervención del señor Senador Gallo Imperiale en relación a la época en que había vivido dijo: “ahí gobernábamos nosotros”, ya mi confusión se fue por encima de la estratósfera; ya no tenía forma de volver a cauce.

Hizo un discurso –nos pidió discursos libertarios, y a mí casi me miraba cuando ocurrió eso– en el que hablaba de los burócratas que resuelven por uno. Cuando habló del cigarro creo que dijo que apoyaba las medidas restrictivas que se habían impuesto en su momento, pero cuando se refirió al cigarro virtual se quejaba porque alguien se había metido con el tema. Después se puso del otro lado del mostrador y con respecto a aquellos que prefieren otras sustancias se hace cargo él de decirles que no. O sea que no es para todos igual; no es que cada cual hace lo que quiere, sino que el Estado tiene que hacer algunas cosas.

Después nos dice: “¿Quién le va a hacer caso a esto?”. Yo veo todos los días, por ejemplo, gente que cruza la calle con luz roja; con ese criterio saquemos las luces, porque hay mucha gente que no respeta los semáforos, que no le hace caso a la luz roja ni a la verde ni a la amarilla, no le da corte a nada. Entonces, no generemos ningún tipo de normas legales ni reglamentarias porque hay muchas personas que hacen lo que quieren. Seguramente esta iniciativa no va a convertir al país de la noche a la mañana en nada, pero tiene un sentido, un contenido y un destino que seguramente iremos mejorando, porque lo iremos perfeccionando con un conjunto de nomas que seguramente habrá quienes las respeten, como se respetan otras muchas. Si el criterio fuera no dictar normas porque algunos, unos cuantos o muchos no las van a respetar, no tendríamos ninguna norma, porque eso pasa todos los días en todas partes, con cualquier norma, de cualquier tipo.

Gracias, señor Presidente; gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto; después contestaré las afirmaciones que acaba de hacer el señor Senador Rosadilla sobre mi intervención.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Brevemente y muy a mi pesar, señor Presidente, considero que corresponde señalar que cuando mencioné el artículo 85, numeral 17), incurrí en un error en el razonamiento que formulé a partir de esa lectura.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- La verdad es que no pude seguir el razonamiento que hizo el señor Senador Rosadilla; quizá después lo podamos conversar para afinarlo un poquitito más porque, verdaderamente, no logré comprender qué es lo que no entendió.

Lo que estoy diciendo es que este proyecto es de difícil comprensión. He formulado preguntas que no se me contestan, que quedan en el aire, y los miembros informantes que están a favor del proyecto no me responden. Por ejemplo, pregunté por qué se permiten hasta seis plantas para el autocultivo. ¿Quién dijo que para el autocultivo se precisan seis plantas? ¿Hay algún estudio al respecto? ¿Por qué no tres, o diez? No tengo respuesta y me gustaría que alguien me explicara si son seis plantas por determinada razón. ¿Es así, de esa manera, que tenemos que regular el autocultivo? ¿O es una manera de decir que dejemos quieto el autocultivo para concentrarnos en el comercio, que es donde hay lucro y una organización que está armada, que tiene plata y que nos ha ganado esa batalla porque nosotros estamos persiguiendo al consumidor ocasional? ¿Es ahí donde tenemos que ir? No. El Estado tiene que ir a combatir a la organización que nos está imponiendo la droga. Es ahí donde tenemos que estar fuertes y preocupados.

¿Va a haber inspectores para ir a cada uno de los domicilios a averiguar cuántas plantas tiene una persona? Y si descubre que alguien tiene siete plantas, ¿le va a decir: “como usted tiene siete plantas, pase por el Juzgado para aclarar con el Juez por qué tiene una planta de más”? No entiendo el razonamiento del Poder Ejecutivo en este sentido.

El proyecto de ley establece un límite de 480 gramos. ¿Van a ir inspectores con una balanza a pesar? También se dispone que en los clubes de membresía puede haber hasta 99 plantas. ¿Alguien cree que algún inspector va a contarlas? ¡Por favor! ¡Ni las cuenta! ¿Qué ejército de funcionarios públicos tendremos que tener para inspeccionar todo esto? Muchos más. A no ser que este proyecto de ley tenga como finalidad meter gente, por ejemplo, del Mides, cuyo titular se encontraba recién en la Barra. Quizás esta pueda ser una forma de que el Mides dé trabajo: emplear a toda esa gente para que sea inspectora en los domicilios de cada uno de aquellos que se registran. Pero también van a estar los que no se registren y, además, los que vayan a las farmacias con cédulas. ¡Por favor! ¡Están haciendo un mal proyecto de ley!

Creo que se equivocó el Poder Ejecutivo al irrumpir con esta iniciativa en una discusión parlamentaria que se venía dando bien, que venía generando consensos; se estaba dando una discusión seria entre Diputados de todos los partidos políticos y se estaba arribando a un proyecto de ley que buscaba resolver la incongruencia, y el Poder Ejecutivo irrumpe con ese artículo único, con el que quiere tener todo el monopolio en sus manos –como muy bien lo dijo el señor Senador Lacalle Herrera–: el comercio, la plantación, las licencias, la distribución, el camión, el quiosco, y después la farmacia para que se pueda vender el producto, siempre y cuando haya un registro que estará en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que se crea en esta iniciativa, compuesto por quince integrantes. Realmente, señor Presidente, es un mal proyecto de ley, un mal instrumento. Reconocemos el problema.

Acá hay un tema de libertad individual. Me decía el señor Senador Abreu –y es verdad– que no está prohibido el consumo de ninguna droga. Eso es bueno aclararlo. Pero la comercialización tiene que ser duramente cuestionada, duramente combatida.

La señora Senadora Constanza Moreira decía que no tenía que haber mano dura, señor Presidente. ¿Cómo no? ¡Tiene que haber mano durísima al narcotráfico! ¡El narcotráfico es una organización que lesiona nuestro entramado social; es veneno! No estoy hablando de quien consume, sino de quien impone una droga, de quien la impone en el liceo, e incluso en la escuela –lamentablemente–, y tenemos testigos que avalan que esto sucede. Ahí no tenemos que ser duros; ¡tenemos que ser durísimos con quien está ganando plata al meter a nuestros muchachos en algo por presión social e, incluso, por violencia física! ¡Tenemos que ser durísimos en eso, señor Presidente!

SEÑOR SOLARI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Gracias, señor Presidente; gracias, señor Senador Heber.

Quería hacer una precisión con respecto a este famoso instrumento de que dispondrían las farmacias para poder rastrear a cada consumidor. Recordarán que en la mañana de hoy, en mi intervención, afirmé que una persona podía comprar 40 gramos de marihuana en una farmacia, y luego ir a otra y volver a comprar sus 40 gramos, porque el sistema de información que ha sido desarrollado por la Asociación de Farmacias no está operativo, no ha sido probado. Y entre un sistema informático que ha sido desarrollado pero no ha sido probado y lo que se necesita para controlar el cumplimiento de este proyecto de ley, hay una diferencia muy grande.

Me remití recurrir entonces a la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Salud Pública a la que concurrieron los representantes de la Asociación de Farmacias. En esa instancia, el Prosecretario del Centro de Farmacias, señor Fernando Cabrera, dijo: “Lo cierto es que hoy tenemos una plataforma que asegura la trazabilidad y la transparencia de todo medicamento que se distribuye en el país pero, al mismo tiempo, no tenemos absolutamente nada, en el sentido de que no hemos recibido ningún aporte que nos permita demostrar lo que hacemos, por sobre todas las cosas, con el conjunto de garantías que estamos en condiciones de brindar”. Pero como esa no era una respuesta muy clara con respecto a la capacidad de hacer este control, el señor Senador Moreira le formuló nuevamente la pregunta. Entonces dijo: “Y como si esto fuera poco, después de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud” –de lo cual hace seis años, me permito agregar– “nos preparamos, buscamos asesores, apoyos, y generamos una plataforma” –informática– “que permitiera dar ese tipo de trazabilidad a la medicamentación, en aquel momento sin pensar en marihuana, sino simplemente para cumplir con nuestra función. Por suerte, nos apoyó el BID y mucha gente. Hoy tenemos la plataforma y también esperamos el apoyo del Gobierno, pero no solo por la marihuana, sino también para combatir el mercado gris y por el medicamento ambulatorio”, o sea que la plataforma no está funcionando.

Y por si quedaran dudas con respecto a esta incapacidad, lo dice finalmente el señor Cestau, Gerente de la Asociación de Farmacias del Interior, quien señaló: “Quiero resaltar que nosotros tenemos una herramienta que no es poca cosa, nos ha costado mucho trabajo, ha significado mucho sacrificio –hemos tenido un perfil muy bajo–, pero lamentablemente, la tenemos allí y no podemos usarla. Quizás no podamos usarla nunca, lo que significará el fin de la farmacia comunitaria, de la farmacia de familia”.

De manera que en este momento no hay tal instrumento disponible para controlar lo más sencillo. Hoy, una persona, Juan Rodríguez, digamos, con cédula de identidad número tanto, puede mandar un giro por Abitab a otra persona, Juana Rodríguez, por ejemplo, y ella lo recibe en otro lado; eso hoy puede hacerse. Sin embargo, actualmente las farmacias no pueden saber si Juan Rodríguez, que compra aquí, hoy de mañana compró allá.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CONDE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Me han solicitado interrupciones los señores Senadores Rubio y Conde, a quienes se las concedo en ese orden, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: cuando en este Parlamento se planteó la reforma tributaria, se dijo: “Eso es imposible; estamos en contra desde el punto de vista filosófico y es irresoluble desde el punto de vista técnico”. Sin embargo, ahí la tienen, y ahora ni siquiera dicen que van a derogarla.

(Dialogados).

–Algún sector queda, pero ahora ya no hay tantos como había al principio.

Cuando se planteó que íbamos a incorporar la trazabilidad ganadera, nos dijeron que eso era tremendamente complejo. Sin embargo, allí está. Y no solo está, sino que se va a realizar la trazabilidad de un conjunto de productos, porque no hay mejor forma de proteccionismo planteada por los países desarrollados –y algunos otros– que la trazabilidad, sobre todo por los problemas relacionados con los impactos ambientales.

En este asunto sucede exactamente lo mismo. Se puede estar en diferencia con los otros, pero no se puede suponer que somos tan tontos. ¡No somos tan tontos, señor Senador Heber! Vamos a reglamentar esta ley y vamos a instrumentar un sistema…

SEÑOR PRESIDENTE.- Diríjase a la Mesa, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Gracias, señor Presidente, por la advertencia.

Decía que vamos a instrumentar un sistema informático que permita hacer el seguimiento. Lo vamos a hacer y no va a ser tan complejo desde ese punto de vista.

Por otro lado, existe experiencia comparada que demuestra por qué seis y no ocho o nueve. Reitero, hay experiencia comparada. Depende de variedades, de temas climáticos y de otro conjunto de factores pero, repito, existen experiencias comparadas. Esas mismas experiencias comparadas demuestran que en los clubes que se organicen no se puede pasar de determinadas cantidades, porque se generan excedentes que luego se vuelcan y alimentan otros mercados que son los que estamos combatiendo.

Por tanto, no es que este proyecto de ley carezca de racionalidad; tiene una racionalidad básica. Se puede estar en contra desde el punto de vista filosófico; se puede estar en la superrepresión –y no solo del narcotráfico–, o en otras filosofías. Nosotros, simplemente, no las compartimos y vamos a instrumentar esto.

Gracias, señor Senador; gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Antes de conceder la interrupción al señor Senador Conde –quien también me lo ha solicitado–, quiero decir que me alegro de que el señor Senador Rubio se tenga fe en cuanto a poder controlar el tema, así como pasó con el IRPF.

Acá va a haber una ganancia derivada de la venta en la farmacia que no sé si el Ministro Lorenzo va a querer gravar con el Impuesto a la Renta. ¡Esa sí que va a ser una buena renta! Y es factible que por medios electrónicos se pueda saber cuál es la venta clandestina que habrá de la puerta de la farmacia para afuera.

Realmente, me parece que no es algo viable.

Con respecto al tema de la trazabilidad, todo el mundo estuvo de acuerdo, señor Presidente. Pero, ¿aquí va a haber trazabilidad de la droga? ¿Acá vamos a seguir el consumo de la droga? ¿Cómo se va a establecer? Dicen que hay estudios que establecen que 6 plantas es lo que corresponde si fuma poco. Pero ¿y si fuma mucho? ¿Si pegó 10 pitadas y no 5? En ese caso, consumió más de una planta. Y con respecto a las 99 plantas de los clubes de membresía: ¿cuánto fuma cada uno de los 45? Porque si le dan 10 o 20 pitadas puede pasarse y consumir más, entrando así en la ilegalidad.

Realmente, señor Presidente, uno se lo toma hasta risueñamente –no tomándole el pelo, pero sí risueñamente–, porque nos hace gracia decir que está bien consumir 480 gramos. Pero reitero las preguntas: ¿quién fijó 480 gramos o 6 plantas? Y si le gusta fumar todo el día y consume 7, ¿qué pasa? ¿Va preso?

Señor Presidente: estamos en una casuística que no puede prever el proyecto de ley; no puede preverla el Estado. No debemos ingresar en ese terreno. Tendríamos que contar con un gran cuerpo inspectivo o con cámaras de televisión permanente, tipo el “Gran Hermano”, que vigilaran para ver si fumamos un cigarrillo más o plantamos una planta más en el jardín o en la maceta de nuestra casa.

Me había pedido una interrupción el señor Senador Conde que con mucho gusto le concedo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Conde.

SEÑOR CONDE.- Gracias, señor Presidente.

El señor Senador Rubio ya ha dado alguna pauta sobre las preguntas que hacía el señor Senador Heber.

No quise precipitarme en una información técnica exhaustiva ya que está pendiente la intervención del señor Senador Agazzi que, como todos sabemos, es investigador en materia agronómica, y seguramente podrá aportar datos científicos de toda naturaleza.

Está claro que la organización de este proyecto gira en torno a la idea de la disponibilidad de 40 gramos mensuales de sustancia, con un contenido de componente activo que va a estar controlado por laboratorios bajo responsabilidad del Estado, con un máximo que la reglamentación determinará; se puede estimar como razonable un máximo de 12 %, o quizás de 15 %, pues es lo que técnicamente se aconseja. Hoy en el mercado hay sustancias con un contenido de componente activo de 20 % o 25 %. El hecho de estandarizar el componente activo implica la posibilidad de un aprovisionamiento con garantías para aquellos que tengan necesidad de consumir la sustancia.

Por otra parte, cuando en el escaso tiempo de que dispuse me referí al cambio de los criterios de interpretación jurídica, recurrí al concepto de la sana crítica que, justamente, es lo que se trata de aplicar aquí. Me parece que el Juez no va a poder modificar una sentencia si, en lugar de un caso de seis plantas, se encuentra con uno de siete o de cinco; no va a poder entrar a dilucidar una casuística tan afinada como la que refiere el señor Senador. Sin embargo, justamente, el sistema judicial, la formación profesional de los Jueces, los parámetros legales que se les otorgan y, en definitiva, la práctica forense y las conducciones orientadoras de la jurisprudencia les van a indicar cómo manejarse frente a esta situación. De cualquier manera, este escenario es infinitamente más garantista que dejar el tema entregado al mundo de la clandestinidad, como sucede actualmente.

Me pareció extraordinariamente importante que el señor Senador Heber reconociera una de las primeras cosas que dije en mi informe hoy por la mañana: que en los antecedentes legislativos de esta normativa se había volcado la voluntad de todos los partidos de aprobar una ley de autocultivo. Pero me permito hacer notar, en medio de esta polémica, lo siguiente. ¿Qué ocurre entonces? Legisladores de todos los partidos propusieron alguna norma para permitir el autocultivo; ¿esto no baja la percepción de riesgo, como se ha argumentado aquí? El autocultivo, ¿no aumenta la disponibilidad de sustancias, como se ha argumentado aquí? El autocultivo, ¿no naturaliza la percepción social de la droga, como se ha argumentado aquí? El autocultivo, ¿no legitima el uso de la sustancia, como se ha argumentado aquí? Si todos los partidos estaban de acuerdo en permitir el autocultivo, solamente con esta expresión de voluntad esos mismos partidos –sus agentes o sus actores políticos– acaban de derrumbar toda la argumentación que durante el día de hoy se estuvo esgrimiendo en esta Sala. Por tanto, el argumento del señor Senador Heber me facilita enormemente la conclusión a la que quiero llegar sobre estos temas.

Finalmente, señor Presidente, en treinta segundos quiero insistir en una idea, y voy a mencionar algunos datos viejos.

En 1998, durante la sesión de la Asamblea General de la ONU, los países miembros de las Naciones Unidas plantearon como objetivo para 2008 eliminar o reducir los cultivos de amapola, coca y cannabis. El balance registrado por la UNODC diez años después, en 2008, puso de manifiesto lo contrario: la producción internacional de opio llegó a más del doble, pues aumentó de 4.220 toneladas a 8.900; la cocaína aumentó un 20 % y, de 800 toneladas, llegó a 1.000; la producción de cannabis se incrementó un 60 %, y de 25.000 toneladas pasó a 40.000, mientras que la de anfetaminas se mantuvo estable. Con este panorama nos permitimos decir que, cuando se nos hacen recomendaciones sobre políticas que debemos aplicar, se tiene que empezar por explicar por qué han fracasado los que aprobaron estas políticas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: para terminar, vuelvo a lo del principio. Creo que tenemos que resolver la incongruencia jurídica de que no se puede comprar ni plantar. Creo que tenemos que poner el acento en que no se puede comprar; ese es nuestro objetivo, y por eso el autocultivo, señor Presidente. No creo lo que dice el artículo 2.º de este proyecto, cuando establece que el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados; no me parece que sea cometido del Estado crear un subsistema que no tiene sentido. Prefiero que el Estado no esté en nada de esto y que aquellos que consuman puedan plantar para autoabastecerse sin ir presos. Si venden, van presos; pero que puedan plantar lo que van a consumir me parece que es un paso importante para solucionar el problema de la incongruencia, no con una cultura prohibicionista. Lo que yo quiero es que seamos muy duros con los que lucran con esto, con las redes, con los que hacen negocios, con los que fracturan nuestra sociedad.

Se ha dicho, señor Presidente –y no se me ha demostrado; ojalá fuera así– que el consumo del cannabis, de la marihuana, baja el consumo de otras drogas, sobre todo el de la pasta base. En la tarde de hoy se ha cuestionado mucho esa afirmación. ¡Ojalá que sea cierto, pero no puedo afirmarlo! Se ha afirmado que cuando en el mercado clandestino falta marihuana, crece el consumo de otras drogas. Eso sí se ha demostrado, pero no se sabe si hay una vinculación porque los efectos que provocan unas y otras drogas son notoriamente distintos. Me da la sensación –lo digo sin respaldo científico ni de estudio– de que no tienen nada que ver, porque alguna es fuertemente adictiva. Quizás esto pueda ser cierto para aquella población que es propensa a consumir drogas, sin importar cuál, pero no sé si el consumidor social u ocasional puede sustituir una droga por otra, porque creo que son notoriamente diferentes.

Lo cierto, señor Presidente, es que hay una droga que está derrumbando nuestra sociedad, que es la cocaína y sus derivados, concretamente, la pasta base; nos está deshaciendo la sociedad, nos deshace la familia. Creo, señor Presidente, que tenemos que reaccionar como sistema político y como Estado que defiende los valores que hacen que nuestra sociedad sea mejor. Me parece que hoy estamos viendo situaciones de enfrentamiento en virtud de estas drogas duras, de escaso valor, que están golpeando fuertemente a las familias más pobres del Uruguay. Y nosotros tenemos que levantar nuestra voz muy firme para combatirlas. Cuando en las encuestas –que se han mencionado mucho hoy de tarde– la gente opina en contra y dice que esta es una vía de entrada a otro tipo de drogas, no sé si será verdad, pero lo cierto es que así se percibe. En los barrios más humildes, la gente está percibiendo que quien ingresa a fumar marihuana termina por ser adicto a otro tipo de drogas que son más duras y más nocivas para la familia. Quizás no sea cierto –no lo estoy afirmando–, pero la gente percibe eso; la familia humilde de Uruguay está percibiendo esto que yo estoy diciendo, porque es lo que nos trasmiten a nosotros cuando recorremos los barrios de Montevideo y de todo el país. Nos dicen que la marihuana inicia al muchacho en la adicción a las drogas, y que termina consumiendo pasta base, robándole a la familia, pegándole a la madre o llevando a que esta tenga que denunciar a su hijo a la Policía, como estamos cansados de ver.

Nosotros tenemos que reaccionar, señor Presidente, como una sociedad que tiene que solucionar su incongruencia jurídica, pero que básicamente tiene que resolver su incongruencia en cuanto a qué valores está defendiendo: los valores de la familia, del trabajo y la dedicación, en contra de quienes lucran con el narcotráfico. Esos tienen que ser los motores esenciales de unidad nacional para defendernos frente a flagelos extranjeros.

Es cuanto teníamos para decir. Muchas gracias, señor Presidente.

22) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 10 de diciembre de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

 

De mi mayor consideración:

 

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, por razones personales, por el día 11 de diciembre hasta las 16.00 horas.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente.

Danilo Astori. Presidente del Senado”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–22 en 24. Afirmativa.

Comunico que durante mi ausencia pasará a ocupar la Presidencia del Senado la señora Senadora Lucía Topolansky. Por tal motivo, y habiendo presentado notas de desistimiento los señores Juan José Domínguez, Andrés Berterreche, Aníbal Pereyra, Gabriel Frugoni, Carlos Baldassini, Yamandú Orsi y Daniel Garín, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Daniel Montiel, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

23) CONTROL Y REGULACIÓN DE LA MARIHUANA Y SUS DERIVADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del segundo punto del Orden del Día.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: a esta altura del debate ya se han dicho muchas cosas y se han expuesto muchos fundamentos, por lo que creo que queda, principalmente para nosotros, explicar nuestra posición política sobre este tema.

Desde que se encaró el tema de la marihuana como proyecto de ley, lo asumimos –tanto en la Cámara de Representantes como en la de Senadores– con la intención y la apertura de que nos convencieran y de poder mejorarlo, tal como lo hemos hecho con una cantidad de iniciativas que votamos y que fueron propuestas por el Poder Ejecutivo durante todo este período de Gobierno.

Sentimos, sin embargo, que hoy la prioridad del país pasa por otro lado; no pasa por la ley de medios ni por la marihuana, sino por la educación, por la seguridad y por otra cantidad de proyectos de ley que están esperando ser sancionados. Pero bueno: el oficialismo es el que marca las prioridades, porque legítimamente puede hacerlo por tener las mayorías necesarias; de eso no hay que quejarse.

En ese camino de apertura para que nos convencieran, en realidad sentimos que cada paso que se daba nos mostraba un gran signo de improvisación. Hoy se recordaba que se anunció este proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo en una conferencia de prensa casi inentendible, en la que participaron cuatro Ministros y el Secretario de la Presidencia, y en la que, ya de entrada, empezaron a enviar mensajes contradictorios. El entonces Secretario de la Presidencia –hoy Embajador en Italia– dijo que había consumido marihuana y que, al hacerlo, había sentido paz, cosa rara. Después de eso se nos dijo –y lo escuchamos– que había que experimentar nuevas vías porque el camino de la represión al tráfico y a la venta había fracasado. Hoy se recordaba cuando se decía que Uruguay era un laboratorio social, pero creo que los comienzos del siglo pasado no son comparables con esto de la marihuana. ¡Y no tenemos que retrotraernos cien años para ver que ya nos han hablado de experimentación y, además, vinculada al fracaso de la represión!

En el año 2005, señor Presidente, a los uruguayos se nos dijo que la política carcelaria había fracasado y que había que experimentar –esto es extraído de la exposición de motivos del Poder Ejecutivo– caminos de libertad para terminar con los problemas carcelarios del país. ¿Por qué? Porque el sistema había fracasado. Quizás pensando que no podíamos estar peor, nos propusieron largar 1.200 presos a la calle como manera de experimentar una nueva forma de seguridad. ¡Y vaya si experimentaron con los uruguayos! ¡Vaya si lo hicieron!

Allá, por aquellos años, en el 2005, ocurrían más o menos 500 rapiñas por mes, unas 6.000 anuales. El año pasado fueron 17.000 y el señor Ministro del Interior acaba de anunciar que está contento porque, por primera vez, el mes pasado las rapiñas se ubicaron en 1.000. Con ese experimento duplicaron las rapiñas en el Uruguay, y también aumentaron los homicidios. Pensaron que no se podía estar peor: experimentaron con la seguridad pública y causaron un destrozo. Y ahora nos proponen experimentar con la marihuana y la droga.

Entenderán, creo yo, nuestra aprensión frente a este nuevo experimento que se propone en el Uruguay porque, además, señor Presidente, esto se hace en un alegre jolgorio. Eso es quizás lo más preocupante, porque hoy la percepción en la comunicación es que la marihuana no es mala. El daño ya está hecho. Se confunde progreso con transgresión; se piensa que hacer algo distinto, cometer una transgresión, es algo progresista. No; puede serlo como puede no serlo. No alcanza con hacer algo distinto para que sea bueno; quizás puede ser peor. Y esa es, a nuestro juicio, una de las peores cosas de este proyecto de ley. Antes de cambiar hay que analizar.

No alcanza con la represión, nos decían, y liberaron 1.200 presos, provocando lo que provocaron. El propio Ministro del Interior experimentó recientemente en los estadios de fútbol: resolvió que la Policía no ingresara, mientras él y su mujer –según reconocieron– regalaban entradas al Estadio a los barrabravas para que presenciaran los partidos de Uruguay. Vimos hace algunas semanas en el televisor el resultado de la experiencia de que la Policía no ingresara al Estadio. No se puede experimentar con esto; son cosas demasiado serias e importantes como para experimentar.

La sensación que nos queda –quizás sea solo una sensación– es que hay un reconocimiento del fracaso en la gestión. Como no puedo con el sistema carcelario, libero presos; como no puedo combatir el narcotráfico, lo legalizo. Me parece que ese no es el camino. La incapacidad en la gestión no debe ser nunca la excusa para no hacer aquello que se debe hacer.

En los años 2005 y 2006, cuando se aprobó la ley de liberación de presos, también se nos dijo a quienes advertíamos sobre estos experimentos que, en realidad, estábamos generando alarma pública y anunciando calamidades varias en caso de aprobarse la iniciativa, instalando de ese modo en la comunidad la idea de que el Gobierno se proponía liberar a los peores delincuentes, y que todo eso lo hacíamos por espurios intereses políticos. Creo que no era así; lo que se hacía desde nuestro partido –en ese entonces no era Legislador– era advertir sobre las consecuencias, tal como lo hacemos hoy.

En el proceso que desemboca en esta iniciativa, además, hay algunos puntos que nos llevan a una preocupación muy grande.

Recién mencionaba cómo fue el comienzo: esa conferencia de prensa con el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro del Interior, el Secretario de la Presidencia y el Ministro de Desarrollo Social para presentar lo que llamaban “Estrategia por la vida y la convivencia.” Se trataba de un documento mal redactado –me animaría a decir que su redacción era casi la de un trabajo liceal, pero de uno malo–, donde se proponían una cantidad de medidas, entre ellas lo que se llamó la legalización de la marihuana. En ese momento –no sé si lo recuerda, señor Presidente– se nos dijo que quien iba a cultivar la marihuana era el Ejército. No sé si recuerdan eso –porque ahora la participación del Ejército no está más–, pero se nos dijo que iba a ser el Ejército el que se iba a dedicar a cultivar la marihuana. Solicito que entienda, señor Presidente, las aprensiones que podemos tener quienes, sin participar, observamos atónitos estas propuestas, que luego se van dejando de lado. Enseguida, cuando se les preguntó cómo iban a hacer para controlar que alguien no comprase más cigarrillos de los que le corresponden, la respuesta fue formidable: “Van a tener que presentar las colillas.” ¡Las colillas! ¡Imagínense! ¡Hay que cargar una bolsita e ir guardando las colillas para presentarlas! ¡Con cédula y devolviendo las colillas! Todos esos anuncios que se hacían daban la sensación de que era todo una gran improvisación.

Después apareció lo de las farmacias. Bueno, se va a vender en las farmacias, pero los empleados no quieren vender marihuana. Bastante lío tienen hoy en muchos barrios de Montevideo, porque deben instalar rejas y atender a través de una mirilla, como pasaba en épocas antiguas en los boliches de campaña, para encima tener que encargarse de los que le van a comprar droga. Imagínense a la mujer que está atendiendo la farmacia y resulta que le van a ir a comprar la marihuana. Coincidentemente, se dicta un decreto que regula la actividad de las farmacias y la cantidad que puede tener cada propietario; de vuelta, parecería ser solo una coincidencia.

Obviamente, en medio de todas estas propuestas se atrajo a la prensa mundial, pero no porque esto fuera muy bueno, sino porque esto es distinto y lo distinto –de nuevo– puede ser bueno como puede ser malo. Hoy escuché decir varias veces que somos noticia en el mundo; claro que somos noticia, pero si en el Uruguay hubiera un terremoto o un tsunami también seríamos noticia. El tema no es ser noticia, sino ser una buena noticia; el asunto es el contenido del proyecto que estamos aprobando.

Todas esas idas y vueltas provocaron, además, esa sensación de imprevisión, a lo que se agregó después el fundamento de que la marihuana iba a ser el sustituto de la pasta base. Desde el Poder Ejecutivo también se dijo que la marihuana iba a ser el sustituto para combatir la pasta base; después vino la Sociedad de Psiquiatría y dijo que eso no tenía nada que ver, que era como si a un alcohólico le dieran un cigarrillo de tabaco. No tiene nada que ver.

Así veníamos avanzando, con todas estas dudas y con la intención de estudiar el proyecto, cuando se produjo la reunión del señor Presidente de la República con el señor Soros y el señor Rockefeller en los Estados Unidos. Previamente habíamos visto unos avisos en la televisión, muy bien hechos, en horario central, en el horario del noticiero, muy costosos, y nos llamaba la atención quién podía estar financiándolos. Y bueno, a partir de ese viaje nos enteramos de que quien financiaba esos avisos era el señor Soros, un financista, especulador, capitalista, propulsor del consumo, originalmente húngaro pero ahora instalado en Estados Unidos. Para mejor, el Presidente de la República viajó a ese país a reunirse con el señor Soros, quien dijo –y el Presidente aceptó– que el Uruguay era ideal para funcionar como un laboratorio, para hacer un experimento que, si era exitoso, se podía replicar en otros países. O sea que el señor Soros, que además es accionista de Monsanto –aunque Monsanto dice que no se va a dedicar a la semilla de la marihuana–, parece que financia –porque es un hombre dadivoso, que hizo su fortuna haciendo caer nada más ni nada menos que al Banco de Inglaterra– los avisos para hacer el experimento de la marihuana en el Uruguay. Y otra coincidencia: es accionista de Monsanto. Como muy bien dijo el señor Senador Abreu, la Open Society Foundation, fundada y presidida por Soros, aceptó públicamente que era ella la que pagaba los avisos en el Uruguay.

¡Cuánto ha cambiado el mundo! Ahora el Gobierno del Frente Amplio está proponiendo una ley apadrinada por el señor Soros, con una campaña financiada por el señor Soros. ¡Imagínense lo que hubieran dicho de nosotros hace quince años si hubiéramos hecho el 20 % de esto! ¡Las cosas que nos hubieran dicho! Me acuerdo de que cuando me tocó trabajar en la concesión del aeropuerto de Carrasco, esa obra maravillosa que ahora tenemos, “vendepatria” fue lo menos que me dijeron. También me tocó ir el día que se subastó en la Bolsa de Valores de Montevideo la Terminal del puerto de Montevideo y ganó la Terminal Cuenca del Plata. ¡Estábamos rodeados! ¡Nos gritaban! ¡Nos insultaban porque habíamos hecho un llamado y estábamos haciendo un remate público para que viniera un inversor! ¡Y ahora estamos aprobando una ley con el apoyo de Soros y de nada más ni nada menos que de David Rockefeller! ¡David Rockefeller! ¡Es increíble! Y fíjense lo que dice la crónica: «Mujica recibió la bendición de ambos magnates –George Soros y David Rockefeller– que a través de distintas fundaciones promueven la liberalización de la droga y apoyan el “experimento” o “laboratorio” que el Gobierno realizará con la regulación del mercado del cannabis a partir de la producción por parte de privados con autorización del Estado y su venta controlada en farmacias.

David, de 98 años, es el patriarca de la familia y nieto del multimillonario John D. Rockefeller, fundador de la Standard Oil». ¿Se acuerdan cuando hablábamos contra la Standard Oil? ¿Se acuerdan? Pido disculpas, señor Presidente, pero esto tenemos que decirlo. El Presidente uruguayo fue a ver a Rockefeller a su mansión y le dijo: “Venir a verlo a usted es para nosotros como cruzar el Rubicón, porque usted es el símbolo de una realidad, y nosotros siempre reconocemos las realidades”. Eso lo dijo el Presidente de Uruguay. Tanto a Soros como a Rockefeller, Mujica les aclaró que su proyecto es un experimento que se puede hacer en el Uruguay gracias a sus dimensiones.

¿La revolución era esto?, ¿la revolución era esto, Presidente? Antes se marchaba con el Che por la tierra; ahora se marcha con Rockefeller y Soros por la marihuana. ¿Esa es la consigna? ¿Esa fue la revolución? ¿Marchar con Rockefeller y Soros por la marihuana? ¿De eso se trataba? ¿Ese era el objetivo, el fin? ¿Abrazarse con Rockefeller y Soros por la marihuana y después entrar en el “cholulismo” de las cámaras, de la CNN, la BBC, que nos pone los focos y dice: “¡Uruguay! ¡Iúruguay!”, porque estamos con la marihuana?

La semana pasada el Presidente de la República, además, reconoció que es un experimento, porque le pidió al mundo que nos ayude con el experimento de la marihuana. Se pueden imaginar la aprensión que nosotros tenemos, porque si se le está diciendo al mundo “Ayúdennos con la marihuana” es porque nosotros no debemos poder. Y lo peor: se nos dijo, por parte del señor Presidente de la República: “Si no funciona el experimento, yo meto marcha atrás”. Esto no tiene marcha atrás, señor Presidente. ¿Se le va a dar cuarenta cigarrillos de marihuana por mes a un uruguayo durante dos o tres años para probar? Además, se crean clubes de membresía para que se junten ahí y les permiten que planten en el fondo de sus casas. Pero dentro de tres años, al que se consumió los cuarenta cigarrillos por mes y fue al club de membresía todos los días, ¿se le va a decir que el experimento no funcionó y que no va a poder tener más los cuarenta cigarrillos, ir a los clubes ni plantar en el fondo de su casa? ¿Cómo lo sacamos de ese camino después de tres o cuatro años? ¿Cómo dejamos sin efecto el experimento, señor Presidente? Es imposible; no tiene retorno. “Pero lo vamos a controlar”, dicen; nos dicen eso los que no pueden controlar la reventa de entradas los días en que se juegan partidos en el Estadio Centenario. No puede ser. “Espero que nos den una mano”, dijo el Presidente, pidiendo ayuda con esto.

Algunos han dicho aquí que no es lo mismo “experimento” que “experiencia”. Ante la duda, yo me tomé el trabajo de consultar el Diccionario de la Real Academia, y “experimento” y “experiencia” son sinónimos; son lo mismo.

También dice el Presidente que no vamos a ser un país de “fumo” libre turístico. Me pregunto cómo vamos a hacer para evitar que aquel que no consume se inscriba, retire sus cuarenta cigarrillos –o plante en el fondo de la casa– y después se vaya en el verano al Este y les diga a los que andan en la vuelta: “Tengo del bueno, del oficial, del controlado”. ¿Cómo lo van a evitar?

No es que estemos en contra de la ley; estamos en contra de esta improvisación y desprolijidad enorme que ha exhibido el Gobierno en un tema muy sensible, que es la misma que exhibió cuando crédulamente pensó que liberando presos iba a arreglar la seguridad.

El Presidente de la República –no entiendo por qué–, hace nada más que unas horas, dijo: “No estamos preparados para la marihuana”. La verdad es que si yo fuera Legislador del oficialismo, tendría un enojo tremendo, porque hay que estar defendiendo algo aquí con argumentos mientras el Presidente sale a decir esto. Voy a leer textualmente lo que dijo: “Totalmente preparados no estamos [...] Pero es como todo, –le dice al periodista– tú aprendiste a ser periodista cuando te dieron la oportunidad”. Y coincidentemente, en el mismo momento en que vamos a aprobar este proyecto aquí –porque se va a aprobar; todos sabemos el final de esto–, están votando el proyecto de ley de medios en la Cámara de Representantes. Se está batiendo un récord, señor Presidente: se están aprobando dos leyes inconstitucionales en un día. Creo que nunca nos había pasado.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: en primer lugar quiero decir que se sigue manejando aquí, no sé con qué finalidad, lo que fue una gran medida tomada por el Ministro doctor José Díaz en el Gobierno anterior para descomprimir la situación de las cárceles, por la que se liberó a presos que prácticamente estaban ya para salir. De esos presos que fueron liberados, apenas un 20 % reincidieron. Sin embargo, se sigue reiterando la referencia, porque parecería que creen en aquello de que una mentira repetida varias veces se transforma en verdad. Pero no dicen la verdad; están equivocándose y diciendo algo incorrecto.

Por otra parte, si el señor Presidente me permite, quisiera leer un documento que me hizo llegar el señor diputado Bango en el que constan las palabras del doctor Leonardo Costa en la Comisión de la Cámara de Representantes. Recordemos que el doctor Leonardo Costa fue Prosecretario de la Presidencia de la República y Presidente de la Junta Nacional de Drogas entre los años 2000 y 2005. En esa sesión el doctor Costa decía lo siguiente: “En esa época, por primera vez, un Presidente hablaba de la necesidad de una mirada diferente al tema de las drogas. A partir de ese momento y, naturalmente, compartiendo el criterio del Presidente Batlle, tuve la oportunidad de participar en más de una reunión de la Comisión de Naciones Unidas en Viena, como delegado de Uruguay. Particularmente en las Asambleas de los años 2003 y 2004 ya estaba vigente el Convenio marco para el control del tabaco que Uruguay, años después, aplicó con mucha seriedad, y allí sustenté la posición de que dentro de diez años seguramente Uruguay debería estar pensando en un modelo de regulación, tanto para el tabaco –siguiendo los lineamientos del Convenio marco–, como para el alcohol y también las drogas en general. ¿A qué me refiero con regulación? Regulación no implica, necesariamente, el concepto más amplio de liberalización sino que, simplemente, se trata de regular un mercado que se encuentra totalmente desregulado, prohibido, pero que existe”.

Más adelante señala: “Me parece que han surgido nuevas normas de Derecho Internacional que, de alguna manera, nos hacen pensar si el único compromiso internacional que tiene el Estado Uruguayo es la defensa de las Convenciones de Viena. Yo diría que no es el único. Hay otro compromiso que tiene Uruguay, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que es tan norma de Derecho Internacional como las Convenciones de Viena.

Existen algunos trabajos que analizan el cruce que se puede dar entre las Convenciones de Derechos humanos y los Tratados de Viena y cuál de los dos debe primar”.

Y agrega: “Yo soy de la tesis de que el compromiso del Uruguay con los Pactos de Derechos humanos está al mismo nivel que el compromiso con los pactos internacionales en materia de drogas. Y debe primar lo que, en definitiva, sea la defensa de las libertades y las garantías.

Acá se me podrá decir –estos temas son debatibles, por cierto– si un Estado debe primar por los derechos de un usuario de cannabis. Yo digo que un Estado debe tratar de velar por los derechos de todos los ciudadanos colectiva e individualmente. Entonces, me parece que si se me permite la posesión de la marihuana tengo que obtener la misma de alguna forma, es decir, poder hacer autocultivo, que está permitido en las Convenciones de Viena y con lo que estoy totalmente a favor, o podrán ser los clubes de membresía o un sistema de licencias que el propio Estado brinde”.

Huelgan mayores comentarios, y compartimos en su totalidad lo planteado por el doctor Leonardo Costa.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Restándole solamente dos minutos al señor Bordaberry, aprovechamos la ocasión para considerar una moción en la que se propone que se prorrogue el tiempo de que dispone.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–26 en 28. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Muchas gracias.

La verdad es que felicito a la Bancada oficialista por estar abrevando en los conocimientos, en los pensamientos y en las ideas de integrantes de mi partido, como el doctor Leonardo Costa y el doctor Jorge Batlle, a quien hoy se lo ha citado como inspirador de la actuación del oficialismo en estos temas. Conozco al doctor Batlle. ¡Lo que se debe estar riendo solo! ¿Verdad que nos lo podemos imaginar en este momento riéndose al escuchar que el Frente Amplio lo cita para fundamentar sus posiciones? ¡Debe estar a carcajada limpia, sin lugar a dudas!

Quizás sea cierto que la ley de humanización de cárceles y la consiguiente liberación de presos ha sido buena y no ha provocado un problema de inseguridad en el Uruguay –debe ser la sensación térmica–, pero si no lo es, la aprobación de este proyecto de ley nos ayudará a que sea tan solo una sensación y nada más que eso.

SEÑOR SOLARI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Muchas gracias.

Se notará que en el literal F) del artículo 5.º del proyecto de ley se establece que los clubes de membresía podrán tener determinada cantidad de socios y hasta una determinada cantidad de plantas. Más adelante, al final del literal G), se expresa: “El expendio de cannabis psicoactivo para uso no medicinal no podrá superar los 40 gramos mensuales por usuario”. También se establece que el autocultivo doméstico podrá tener hasta seis plantas y recolectarse hasta 480 gramos anuales.

Una de los puntos que nos preocupó en la Comisión de Salud Pública demuestra que el grado de improvisación que está ocurriendo ahora –no durante todo el proceso, sino, reitero, ahora, esta tarde– es tal que sucede lo siguiente. En su momento pregunté: ¿es lo mismo 40 gramos de marihuana con una concentración al 5 % que 40 gramos de marihuana al 25 %? Obviamente, si tenemos 40 gramos al 25 %, como dicen los chiquilines, tenemos mucho más “pega” que si tenemos 40 gramos al 5 %. ¡Va de suyo! ¡Es como comparar cerveza con coñac! ¡No es lo mismo! En aquella ocasión el señor Senador Gallo Imperiale me respondió: “Respecto al planteo del señor Presidente en cuanto a que en el articulado se habla de los máximos de cantidades y no de concentración del tetrahidrocannabinol –THC– debo señalar que efectivamente es así, porque se tomó la decisión de que esto sea determinado por la reglamentación. En realidad, el máximo de concentración será del 5 % –como el señor Presidente pide ayuda, yo lo voy a ayudar: 5 %, los dedos de una mano– pero, reitero, será establecido por la reglamentación que además de esto se va a ocupar de determinar los tipos.

Todo ello se enmarca en la política de reducción de riesgos. Las concentraciones de tetrahidrocannabinol superiores al 5 % causan trastornos muchos más severos”. Muy bien, pero hace menos de una hora escuchamos decir al miembro informante –si no entendí mal– que iba a haber varias presentaciones distintas del producto a ser comercializado en las farmacias: una light, otra del 10 %, otra del 12 %, y quién sabe cuántas más. Lo que expresó el miembro informante coincide con lo manifestado por el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas cuando concurrió a la Comisión de Salud Pública del Senado. O sea que damos un paso adelante y, como hay un argumento para decir “Piensen un poco”, damos un paso atrás; luego, como surgen quejas en cuanto a que así no vamos a poder competir porque lo que está circulando, que viene de Paraguay, es más fuerte y esta light no va a poder competir, volvemos a dar un paso adelante. Así vamos: para adelante y para atrás.

Señor Presidente: no en vano estos aspectos importantes no están incluidos en el proyecto de ley. Es más, no solo no están en el proyecto, sino que no están definidos en el programa que se quiere implementar.

Por lo tanto, estamos viendo la improvisación en vivo y en directo, dijera Néber Araujo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- La improvisación llegó a un grado tal que uno de los candidatos a la Presidencia de la República por el Frente Amplio afirmó que el siguiente paso será la legalización de la cocaína. De modo que después de la marihuana viene la cocaína. Esto nos pone más nerviosos. Si tenemos aprensión con la marihuana y los cuidados que hay que tener, que el candidato a Presidente del Frente Amplio –sin ningún lugar a dudas una figura de notoria incidencia y peso, uno de los referentes más importantes que tiene el oficialismo– manifieste que después hay que seguir con la cocaína, realmente nos preocupa todavía más. ¡Diga que uno no puede votar, pero si tuviera que pronunciarme en la interna del Frente Amplio, de repente me inclinaría por una compañera del Senado, porque por lo menos ella no se ha manifestado a favor de legalizar la cocaína! ¡Vaya uno a saber!

Con el razonamiento de que se puede legalizar la cocaína, uno puede suponer que detrás viene la de la pasta base. Allí es donde realmente advertimos una mayor improvisación en lo que está haciendo el Gobierno.

Volviendo al señor Presidente de la República, también dijo que si la mayoría de los uruguayos estaban en contra de este proyecto de ley –según fuera el resultado de las encuestas–, no iba a insistir y lo iba a retirar. Pues bien, las encuestas le dijeron…

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Si no recuerdo mal –quizás algún otro Senador me pueda ayudar–, en un documento que usted dice…

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador Rubio: ¡por favor, diríjase a la Mesa!

SEÑOR RUBIO.- Agradezco al señor Presidente que me lo recuerde permanentemente.

El señor Senador se refirió a un documento y dijo que estaba muy mal redactado; quizás ello se deba a que se trata de documentos colectivos en los que intervienen muchos, pero no sé si en realidad está tan mal redactado. Es un problema de juicio y de apreciación. Si no recuerdo mal, en ese documento, precisamente, lo que se declara es una guerra implacable a la pasta base. En todas las manifestaciones de los señores Ministros del Interior y de Desarrollo Social, así como de otros que intervinieron en esa conferencia y en otros eventos, se sostuvo que se buscaba separar una cosa de la otra. Reiteradamente se dijo que no solo se trataba de un problema de adicción, sino que, como decía el señor Presidente, era un “veneno” que entraba en otra categoría. Entonces, ahora, si por una deriva –porque la oposición no tiene argumentos–, lo único que hace durante toda la sesión es plantear que está en contra del proyecto de ley, sin referirse específicamente a su contenido pero sí a lo que tendría que decir su reglamentación, uno concluye que en realidad está huérfana de argumentos. Reitero: huérfana de argumentos, y plagada de discrepancias. Es legítimo que existan discrepancias, pero sería conveniente que plantearan sus argumentos, sin ridiculizar al referirse a cómo podría usarse la fórmula técnica para que el gramo fuera dividido en fragmentos y estos acumulados y agregados, para que diera no sé qué resultado. Ese no es el centro del debate. Derivamos en cualquier dirección y no atinamos al tema central, que es analizar si este proyecto de ley es bueno o es malo.

En pocas palabras, discutamos lo que tenemos que discutir.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: en realidad me estoy refiriendo a este proyecto de ley, pero no puedo dejar de mencionar sus antecedentes –es decir, cómo nació y se originó; no creo que haya nada malo en ello–, que me remiten al documento: “Estrategia por la vida y la convivencia”, en el que se hizo pública la intención del oficialismo de proponer una iniciativa de estas características.

Pues bien, uno va al inicio, a la génesis para hablar de este tema. No me voy a detener demasiado en ese documento, pero contiene conceptos increíbles. Por ejemplo, en la página 8, unos de sus ítems dice: “Agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base”. Uno se pregunta por qué solo se habla de la pasta base y no de otras drogas. De repente, ya sabían que no solo iban a apuntar a la marihuana, sino también a la cocaína.

La redacción en verdad es muy rara y difícil de entender. En el documento se hace todo un alegato y se habla de “encarar la vida desde la visión del éxito individual y la búsqueda incesante de mayores niveles de consumo, que expresan en esta escala de valores distorsionada la satisfacción individual”. A continuación el documento alerta y expresa: “El consumo se expande y, con la ayuda de los medios de comunicación –ahí aparecen los medios de comunicación, los grandes malvados– que promueven la idea de la felicidad asociada al consumo, los individuos generan medios múltiples para la obtención de esos fines consumistas que alteran la propia convivencia ciudadana y mercantilizan el concepto de felicidad”.

Reitero: la redacción es muy rara. Más adelante el documento expresa: “Al mismo tiempo en enero de 2009 se celebra un Convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)…”; insisto, este documento es muy raro, pero a pesar de ello lo estudié para analizar el proyecto de ley.

Volviendo a la historia de esta iniciativa, recuerdo que el Presidente de la República manifestó que si las encuestas indicaban que el pueblo uruguayo no estaba a favor de la legalización, iba a retirar esta propuesta. Las encuestas mostraron que aproximadamente el 65 % de los uruguayos estaban en contra y, ¿qué hicieron? Otra encuesta que preguntaba si los consumidores de marihuana tenían que comprar la marihuana en las farmacias o a la mafia de los narcotraficantes. Eso fue lo que se preguntó. Entonces, ¡qué iba a contestar el ciudadano! ¡No a la mafia de los narcotraficantes, sino a las farmacias! Es como que uno pregunte si los niños deben educarse en las escuelas o en las plazas. ¿Qué se va a contestar? Cuando se le preguntó al ciudadano uruguayo si estaba de acuerdo con la legalización de la marihuana, el 65 % contestó que no estaba de acuerdo, pero como no les alcanzó tuvieron que preguntar si era preferible comprar la marihuana en las farmacias o a la mafia y el argumento que se usa es que los uruguayos contestaron que había que comprarla en las farmacias y no a la mafia; entonces, quieren la ley.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto, pero antes me gustaría saber de cuánto tiempo dispongo para mi intervención.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le restan 16 minutos, señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Le solicito cierta brevedad al señor Senador Michelini porque ya he concedido muchas interrupciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: podríamos realizar una discusión permanente sobre las cosas que ha dicho el Presidente de la República una y otra vez, todos lo conocemos al Presidente Mujica y el pueblo uruguayo lo votó tal cual es: un hombre auténtico que trasmite lo que piensa. Si la discusión no va a ser sobre el proyecto de ley, sino sobre las afirmaciones del Presidente de la República, tendríamos que recurrir a los videos, al audio y a la información de la prensa para constatar las expresiones del Presidente.

Ahora bien, ¡volvamos a lo esencial! Supongamos que hubiera una encuesta para cada uno de los Legisladores presentes –los que estamos acá votando– y que cada uno dijera que da su voto –del que es responsable–, según la opinión pública. Soy representante de los ciudadanos, por tanto, voy a votar tal o cual cosa en función de la opinión pública. Realizada una encuesta, podríamos llegar a la conclusión de que hay una mayoría para determinado lado, entonces, todos votamos en conjunto de acuerdo con esa posición. Supongamos también que estuviéramos en la década de los veinte y que, como en Estados Unidos, se aprobara una Ley Seca, que la mayoría de la población estuviera contra la venta legal del alcohol y que cada uno de nosotros tuviera en ese momento la posibilidad de votar para cambiar el rumbo de la historia. Aunque estemos representando a la ciudadanía, tenemos la obligación de poner el barco en el rumbo adecuado.

Se puede estar contra este proyecto de ley y discutir filosóficamente, pero no podemos gastar nuestro tiempo en otros temas. Lo que debemos decidir es si es bueno o malo que la marihuana, el cannabis, que tiene efectos parecidos al alcohol –en mi opinión en menor grado, porque si hay accidentes por la marihuana, ¡vaya si los hay por el alcohol!–, esté prohibida porque legal ya es. Si se entiende que es bueno que esté prohibida, vayamos por el camino de la represión, aunque me parece que por ahí no llegaremos a ningún lado. Pero si podemos dar algún paso para evitar la prohibición, démoslo.

Se dice: “¡Ah, están experimentando!” Pero, ¿qué somos nosotros? ¿Cada uno de nosotros es un pelele de la opinión pública o está dispuesto a marcar su convencimiento? A mi entender, señor Presidente, cada uno debe votar convencido. Las prohibiciones son malas, implican transitar por mal camino.

Es posible que no se logre todo en un solo acto, pero se puede dar un paso. Un paso que puede ser tolerado por el conjunto de la opinión pública –si no fuera así estaríamos en otras circunstancias– y la comunidad internacional, entonces, démoslo y pongamos la lupa en cada una de las circunstancias. Obviamente, será necesario observar con lupa y hacer un seguimiento permanente. Lo vamos a hacer, pero no solo nosotros, sino todos, también la oposición. Salgamos de la idea de la prohibición; si no, vayamos por el otro camino y prohibamos el alcohol. ¡Ah, pero el alcohol no se puede tocar!

Agradezco la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Presto atención a lo que dice el señor Presidente porque es el Presidente de todos los uruguayos; es también mi Presidente. Sé que dice lo que piensa, justamente, le prestó atención por eso. Me parece que tenemos que hacerlo porque revela la intención del Poder Ejecutivo. Nadie puede expresar mejor la intención del oficialismo y del Poder Ejecutivo que el Presidente de la República. No prestarle atención a lo que piensa y dice el Presidente de la República, en el caso de la oposición me parece una falta de respeto. Sé que a veces dice una cosa un día y, otro día, otra, pero nosotros debemos seguir sus manifestaciones, pues revelan intenciones, rumbos y caminos a los que se debe prestar atención.

Si el Presidente de la República hace una declaración, la tomamos por buena. De repente, el doctor Vázquez cuando expresó que quería legalizar la cocaína tampoco estaba diciendo lo que realmente quería decir, sino solo lo que pensaba y, de pronto, no era lo que quería decir.

Se hace difícil la política y el debate político con estas reglas, porque cuando nosotros decimos algo después nos rectificamos o lo ratificamos. En estos temas del país, de la vida de los muchachos en el Uruguay, de la droga y de la seguridad no hay que ser ambiguo. ¡Si el Presidente cambia de opinión tiene que decírnoslo! Eso es lo que hay que hacer –me parece– y no decir: “Bueno, pero es el Presidente; dice lo que piensa”. Sí, claro, todos decimos lo que pensamos, creo yo.

Está anotado para hacer uso de la palabra después de mí el señor Senador Pasquet, que seguramente va a hablar de la violación de las normas internacionales, así que voy a obviar ingresar en ese camino, pero quiero destacar algo.

Con este proyecto de ley estamos haciendo un favor muy flaco a los abogados que están defendiendo al país en el litigio con Phillips Morris, porque estos señores –que han hecho un juicio al Uruguay por US$ 2.000:000.000– van a tomar estar ley y seguramente dirán: “¿Pero cómo, me cambian las reglas de juego, violan el Tratado de Protección de Inversiones, de seguridad jurídica con Suiza y, por otro lado, legalizan la marihuana?”. Esto no resiste el más mínimo análisis. Diría que esto es contundente y que va a ser usado en contra del Uruguay en un juicio de US$ 2.000:000.000. Los que pensamos que vamos a estar en el Gobierno y que tendremos que enfrentar esos reclamos cuando llegue el momento del cobro, obviamente nos preocupamos mucho.

Además, señor Presidente, pensamos que todo el Capítulo vinculado con el Instituto que se crea es inconstitucional. El artículo 229 de la Constitución de la República dice claramente: “El Poder Legislativo, –o sea nosotros– las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades [...]”. En este proyecto de ley se está creando, claramente, el cargo de Director Ejecutivo y la Junta Directiva va a fijar su salario. La Constitución no distingue si es una persona pública de derecho no estatal o lo que sea; dice que no se pueden crear cargos y punto. Entonces, está claro que el artículo 30 es inconstitucional; pero hay más.

Hoy ya se anuncia –en lo que creo es una falta de respeto hacia el Parlamento– el momento en que la marihuana va a estar a la venta. Es decir, no sé qué venimos a hacer, porque uno intenta, por lo menos, dar sus argumentos, de repente conmoverlos, pero ya dicen: “Esto se va a hacer”, y anuncian el día en que va a empezar a funcionar.

¿Con qué recursos va a trabajar ese Instituto? ¿Cómo se va a pagar el salario del Director Ejecutivo, de los funcionarios, de las decenas y decenas de inspectores que va a tener que sacar a la calle para hacer funcionar el registro? ¿Cómo lo va a hacer? El artículo 32 dice: “Constituirán los recursos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca): A) La recaudación por concepto de licencias y permisos, al amparo de lo dispuesto en la presente ley –supongo que como el proyecto todavía no ha sido sancionado no han hecho ninguna recaudación– B) Un aporte anual del Estado con cargo a Rentas Generales en el monto que determine el presupuesto quinquenal […] –o sea, 2015 para 2016; no hay recursos– “C) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Ircca”. De repente podemos esperar alguna donación de algún benefactor norteamericano para empezar a funcionar.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¡De Soros!

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Total, ya hemos hecho tanto que hacemos una más, y que nos ayuden! ¿No?

Más adelante, el literal E) establece: “El producido de las multas y sanciones que aplique”. Pero no hay recursos, no puede empezar a funcionar. ¿Por qué? Porque en los doce meses antes de las elecciones –de acuerdo con el artículo 229 de la Constitución– no se pueden crear cargos. Esto es inconstitucional. ¡De nuevo los abogados van a hacer plata! ¡Van a presentar la inconstitucionalidad y la van a ganar de nuevo! Creo que lo único positivo de todo este accionar estos años del Parlamento ha sido cómo han ayudado para que los abogados tengan más trabajo, cómo hemos ayudado para que los abogados ganen juicios frente a la Suprema Corte de Justicia porque no han sido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete leyes, acá va la octava y de la Cámara de Representantes salió la novena ley inconstitucional de este período de Gobierno. Señor Presidente: nos avisan que es inconstitucional, vienen los especialistas y nos dicen “Esto es inconstitucional”, pero igual vamos para adelante. Creo que está mal.

Quiero terminar reiterando que me parece que es una gran confusión pensar que el mero cambio o la transgresión es progreso. Creo que el progreso es el trabajo, la educación, la inteligencia, la inventiva y la libertad de opinar. El progreso no es la droga, la inseguridad, el retroceso educativo ni esta situación en la que nos encontramos en materia de seguridad y de educación desde hace ya varios años.

Muchas gracias.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: a esta altura del debate ha habido mucho despliegue, enfoque e información sobre el problema y no tanto sobre el proyecto de ley. Yo voy a tratar de hablar del proyecto de ley como una herramienta para atacar un problema. Me parece que degrada mucho al ámbito parlamentario uruguayo que usemos este espacio como una bolsa donde cada uno dice lo que quiere y habla de lo que es un experimento o no, de quién es Soros, de las cosas que dijeron el Presidente de la República y Rockefeller, si hay reventa de entrada y qué vamos a hacer con la cocaína. Me parece que si bien cada señor Senador tiene derecho a dar sus puntos de vista y de expresarlo –como aquí ha sido defendido; estoy de acuerdo con eso y estoy dispuesto a jugarme para defenderlo–, ahora nos reunimos para discutir un proyecto de ley y es a eso que tenemos que referirnos porque si no hacemos un gran guiso y al final la Institución no queda muy bien parada. Somos nosotros los responsables de dar vida, contenido, seriedad y responsabilidad al Parlamento. Por ese motivo voy a tratar de hablar un poco más concretamente, quizás hasta por mi carácter o limitaciones, pero no creo que sea útil utilizar con esos fines a este Parlamento porque su funcionamiento le cuesta $ 2:000.000 por día al pueblo uruguayo. Por lo tanto tenemos que ser respetuosos con eso que aporta el pueblo para que nosotros estemos aquí representándolo.

Quiero empezar diciendo, señor Presidente, que la marihuana no es inocua y que su consumo no es banal, que en el futuro del Uruguay quiero que no se consuma ninguna droga, ni alcohol, ni tabaco, ni psicofármacos, ni marihuana, ni cocaína. Eso es lo que quiero; otra cosa es el país de verdad y por el que tenemos que trabajar.

Creo que este proyecto de ley que tenemos a consideración intenta buscar un marco normativo para regular la plantación, la importación, la cosecha, la producción y el almacenamiento del cannabis y subproductos; además tiene la buena intención de mejorar la desastrosa situación actual en el país. Todo eso es para reducir los daños en los ciudadanos que utilizan estos productos. No soy un Legislador moralista que vaya a decir a los ciudadanos lo que tienen que hacer o no; eso lo aplico para mí y para mi familia en la medida en que puedo convencer. En el país tengo que mirar lo que sucede y tratar de tomar las medidas que ayuden a corregir las cosas que van mal. Además de reducir los daños a los ciudadanos que utilizan productos cannábicos, la normativa tiene que lograr que no tiremos al mercado negro a quienes lo hacen con todas las consecuencias que ello puede acarrear. Quizá cambiar la situación actual es un desafío muy importante pero, en caso de concretarse, debe hacerse tomando como base la experiencia de otros países y los resultados de análisis y de trabajo de investigación, que en el Uruguay no hay muchos. Me alegro de que la academia se haya puesto a trabajar en esa serie de publicaciones de la Universidad, pero en realidad estos temas tan graves para la sociedad nunca habían sido motivo de mucho análisis académico en el Uruguay. Es importante que juntemos fuerzas para salir de esta situación. Es un riesgo tomar decisiones, pero sé que el riesgo de no tomarlas implica que todo siga como está y no estoy dispuesto a ser cómplice en ese sentido. Se podrá criticar cómo está implementado el proyecto de ley y hacer llegar propuestas para mejorarlo, pero de ninguna manera acepto la pasividad de dejar que las cosas sigan como van. Hacerlo sería una especie de complicidad por pasividad.

Me quiero referir a un asunto histórico importante. El cáñamo es uno de los cultivos que, si no me equivoco, se planta en todos los países del mundo y ha sido utilizado históricamente como medicina para aliviar dolores y estimular el apetito; siempre fue para mitigar, nunca para curar. Por eso se le ha llamado el seguidor del hombre porque, en realidad, desde su zona de origen en el Valle de Chu –donde existe en forma salvaje y se pueden encontrar 150.000 hectáreas de Cannabis sativa– se distribuyó a todo el mundo. Esa planta, que es muy conocida, tiene 489 componentes identificados, de los cuales solo 70 son cannabinoides. Aquí fueron mencionados los dos más conocidos: el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Algunos de estos productos se liberan solo cuando se quema la hoja de coca y se usa como el cigarro.

En realidad, esta planta y sus productos comenzaron a tener expresiones de droga en los últimos cincuenta años. No me gusta mucho utilizar la palabra “droga”, aunque como no tengo otro sinónimo para reemplazarla quizá alguna vez la utilice a lo largo de mi exposición. Reitero que no me gusta la palabra “droga” porque el término tiene una cantidad de connotaciones que no refieren solo a la sustancia y sus efectos.

Actualmente hay millones de consumidores y una producción mundial importante. La mayor parte de ella –diría el 40 %– se produce en el continente americano; el primer consumidor es Estados Unidos –tiene 11:500.000 consumidores–, un país que tiene una historia muy dura en materia de control de todas las drogas. Estados Unidos produce y además importa de Canadá y de otros países de América Central.

Este producto tiene algunas características. El precio que se ha pagado por él a los agricultores ha sido alto. Solamente encontré un trabajo sobre este tema, realizado en Costa de Marfil, según el cual solo 0,1 hectáreas de cannabis representaban a los productores el mismo ingreso que 30 hectáreas de cacao con 10 personas trabajando. Por eso es tan común en zonas como Senegal, Costa de Marfil, Liberia, en los dos países del Congo y en Europa.

En todos lados es controlado por mafias, por organizaciones criminales o, por lo que mencionaba el señor Senador Conde, esa reserva de mercado que significan territorios de no Estado. Aclaro que no se trata de territorios vacíos sino que están llenos de actividades económicas y de intereses que nos han alcanzado a nosotros. Se estima que en el Uruguay –ya se citaron los datos– tenemos un mercado de US$ 30:000.000 o US$ 40:000.000; lo veremos cuando haya informaciones más precisas. Desde no hace muchos años se busca tener información al respecto, porque como la comercialización está prohibida se sabe quiénes consumen pero no se puede llegar a tener estadísticas serias.

¿Por qué en los últimos cincuenta años este producto que acompañó al hombre y que se utilizó por razones culturales y medicinales, se ha convertido en un producto de gran valor económico? En realidad, en los últimos años ha ocurrido que estas sustancias naturales, que la humanidad consumía por otros motivos, se convirtieron en mercancías –antes no lo eran–, se podría decir que particulares porque funcionan en un mercado ilícito y también lícito. Digo esto, teniendo en cuenta que las grandes sumas de dinero que mueve esto en el mercado ilícito después se lavan en una economía formal muy bien vestida que complementa las actividades ilícitas.

En nuestro país, además, esto adquiere una gravedad mayor por la fragmentación social que se produce, pues profundiza oportunidades de comercio, facilita el tráfico ilegal o lo que algunos llaman el consumo salvaje, que también termina profundizando la exclusión.

Hoy en día resulta muy difícil seguir la comercialización: ya no hay cárteles sino redes de negocios que se destruyen. Se calcula que en el Uruguay se captura entre un 8 % o un 9 % del mercado de cannabis; las redes se destruyen cuando se agarra una parte pero se reconstruyen enseguida o se multiplican en otro lado. Es muy difícil luchar contra esto. En realidad, la organización tiene una gran flexibilidad y más dinamismo del que tenemos en los Estados para construir y gestionar formas de control.

Es cierto que a lo largo de estos últimos años ha habido un aumento muy grande en la demanda de estas sustancias por parte de los países ricos, llegando incluso a beneficiar a los países pobres que las producen.

Tal como se ha dicho aquí, creo que la guerra a las drogas es una estrategia que se ha fortalecido después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido privilegiada en los organismos multilaterales de las Naciones Unidas. Esto se fortaleció también una vez finalizada la Guerra Fría porque la guerra de las drogas daba un enemigo del mal –las drogas– y para combatirlo se tenía que organizar el bien con ejércitos muy potentes para luchar en esa dicotomía. Eso ha servido para fortalecer un espíritu de imposición por la fuerza de la normativa internacional. Ahora bien, a lo largo de todo este período, dentro del concepto “guerra a las drogas” no se habla de salud para los usuarios de drogas; se les discrimina en las cárceles –son millones las personas presas por motivos vinculados al tráfico de drogas–; no se los reinserta laboralmente y no hay prevención. Todos estos elementos deben ser tenidos en cuenta en un planteo alternativo diferente.

El señor Senador Conde hizo mención al documento oficial de la Comisión Global de Políticas de Drogas que decía: “La guerra mundial de las drogas ha fracasado”. No sé si ha fracasado; según para quién. Creo que a algunos les ha ido muy bien con la guerra a las drogas porque han amasado fortunas millonarias. Los volúmenes de dinero que se mueven a nivel mundial –hoy se mencionó la cifra–, en algún lado están; eso no se evapora. En realidad, el fracaso fue para la mayoría de nuestros países; ha sido un fracaso para quienes queremos construir sociedades democráticas, donde la gente viva mejor y sea más feliz. En cambio, a aquellos que quieren juntar plata y para ello son capaces de usar cualquier mecanismo, les ha ido muy bien. La guerra mundial contra las drogas ha fracasado para las mayorías.

Cuando hace 50 años nació la Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas y el Gobierno norteamericano lanzó la guerra a las drogas, los políticos creían que las acciones severas para el cumplimiento de la ley contra los que estaban involucrados en su producción, su distribución y uso conducirían a una constante disminución del mercado de las drogas controladas como la heroína, la cocaína, el cannabis y permitiría caminar, eventualmente, hacia un mundo sin ellas. Esto no ha dado esos resultados.

Esta es la fotografía de un fracaso. ¿Para qué sirve la fotografía de un fracaso? En realidad, lo que se necesita es la construcción de otra estrategia y así fue expresado en la Comisión Global de Políticas de Drogas al decir que otra estrategia es ineludible, que debe ser exhaustiva, seria y de amplios alcances.

Ahora, ¿cuál es la otra estrategia? Si el problema de las drogas no es una guerra a ganar –porque el único problema que arregla una guerra a ganar es ganar la guerra y no todo lo que hay adentro–, si lo que tenemos es un problema mundial que implica desafíos sanitarios y sociales y que debe administrarse viendo los dos aspectos, ¿cómo se apuesta a conocer, a estar informado, a saber por qué nos oponemos al consumo? Creo que los aspectos relacionados a la prevención, a la formación y a la educación son claves y hasta ahora de eso se habla poco. De acuerdo con lo que se establece en la ley, de eso tiene que hablarse mucho más en las empresas, en los convenios celebrados entre trabajadores y empresarios, en el sistema educativo y en las familias. Todos tenemos que movernos en esta dirección para que este problema, que parte de la base de que la ingestión de esta sustancia es negativa, sobre todo, para los jóvenes como muy bien explicaran los señores Senadores Solari y Gallo Imperiale– pueda ser superado. ¿Se puede lograr sin información o sin que los ciudadanos involucrados sean parte de la solución?

Considero que los problemas de salud son importantísimos, pero en este asunto de las drogas es lo determinado. Lo determinante no es la salud; lo determinante es el mercado; lo determinante es la ilegalidad y las implicancias de ese Estado paralelo que se forma, que es muy poderoso; lo determinante es un “no Estado” formado por territorios donde él no puede llegar con su mensaje, con su organización institucional y con los cometidos de quienes tienen que ocupar esos territorios; lo determinante es la violencia y la corrupción en todos los órdenes. ¡Eso es lo determinante! En este caso concreto, llega a los problemas de salud. El tráfico de armas no llega a la salud, llega al tráfico de armas; el tráfico de los diamantes queda en el tráfico de diamantes. En este caso tiene implicancias sociales importantes porque cae sobre los ciudadanos, principalmente sobre los más débiles.

Que se esté discutiendo este tema y se pueda implementar esta ley tiene una virtud porque saca el velo a algo que está como escondido. Hay que encontrar una respuesta.

La Encuesta Continua de Hogares demuestra que en la población de entre 15 y 64 años el consumo de drogas es preocupante. La droga que se consume más es el alcohol y así lo muestran las cifras. El 74 % de los uruguayos consume alcohol; el 33,9 % consume tabaco –cifra que es muy preocupante a pesar de que ha disminuido–; el 10 % de la población consume tranquilizantes de base química que se comercializan; el 8,3 % consume marihuana y luego están los consumidores de cocaína y pasta base. La población consumidora de productos del cannabis son entre 120.000 y 130.000 personas; nadie se anima a dar una cifra justa. Los que consumen diariamente son 18.000. La mayoría de los usuarios de marihuana tienen vínculos ocasionales y no tienen mayores problemas de salud, pero se exponen a riesgos psicológicos, sociales y legales debido a ese acceso.

Según las cifras oficiales, se incauta alrededor del 8,5 % del mercado. Es una actividad que lamentablemente da muchos beneficios, en parte, porque es clandestina. La escalada de beneficios de la marihuana es importante, ya que va desde el que la produce hasta el que la consume. Como decía el miembro informante, en realidad no hay un mercado, hay una reserva de mercado que está monopolizado. ¿Cuál es el costo de producción? ¿Cuál es el beneficio? Todo eso está escondido y no se sabe. Esta formalización va a ser un problema para la lucha porque, ¿cómo se puede competir con una actividad que genera beneficios muy grandes y que puede tener un pulmón de reserva para bajar su precio de venta –pensando después en subirlo– cuando en realidad no se sabe cuál es el costo de producción? El costo de producción lo tiene la organización ilícita, que gasta en vehículos, en infraestructura, en armas, etcétera. Ese es el costo de producción, pero no del producto en sí mismo. En realidad, el costo que va a tener la actividad organizada a partir de la regulación va a ser distinto porque se va a conocer. Cómo se va a competir es uno de los desafíos que vienen para más adelante. La realidad nos dice que la víctima siempre será el consumidor final, que es quien va a pagar al contado.

Creo que si la política prohibicionista es insuficiente, si se tienen que reducir los riesgos y los daños, si se deben controlar los negocios multimillonarios y queremos reducir los altos niveles de violencia, hay que tener presente que esta no es una ley blanda que haga concesiones al consumo de marihuana, como algunos han entendido, divulgado y opinado –y aún hoy lo siguen diciendo–; esta no es una ley de legalización y así lo han dicho algunos señores Senadores en su argumentación. Hoy el consumo es legal. Esta es una ley que regula para luchar contra el consumo, para controlar los mecanismos comerciales, para conocerlos y para tener la información.

Durante el proceso de discusión –que fue muy importante, al punto que se formó una Comisión Especial sobre adicciones en la Cámara de Representantes– se criticó que tenía un solo artículo y pasó a tener más de cuarenta, pero luego se dijo que eran muy pocos y que debía establecerse los gramos per cápita y la riqueza de THC. Si estamos creando un camino, lo bueno de que se haya discutido a partir de ese artículo único que recogió aportes es que se haya logrado un proyecto de ley que por lo menos despliega, a partir de los principios generales, la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, su administración y la evaluación y el control de la ley en el futuro. Todas las figuras jurídicas que creamos siempre tienen una intención, pero no hay nada garantido. Cuando diseñamos un impuesto partimos de la base de que se va a recaudar más, pero también sabemos que va a tener un efecto sobre la conducta de los ciudadanos que lo van a pagar. Nosotros tenemos la intención de que esa conducta vaya en cierta dirección, pero después hay que investigar si eso es así.

El ejemplo de los impuestos lo aplico a lo que estamos considerando. Ahora comenzamos regulando y creando herramientas con la sana intención de mejorar las cosas, pero hay que ir evaluando. La discusión en el Senado no se puede centrar en que algunos dicen que la iniciativa va a tener determinados resultados y otros que auguran lo contrario. Así no vamos a ningún lado. Construimos la ley con la intención de regular el mercado de cannabis y de que se pueda tratar a los usuarios problemáticos de drogas para reinsertarlos en la sociedad. Ahora esto forma parte de una política sobre drogas que desde hace tiempo está en marcha. No soy de los que dicen que el mundo nació cuando el Frente Amplio ganó las elecciones. No, había cosas que se aprobaron antes, simplemente hay que juntarlas en forma coherente y hacerlas andar. Hace unos días comentábamos que la Junta Nacional de Drogas se creó por una ley de 1974, la Secretaría Nacional de Drogas se creó tiempo después y se modificaron varias veces. Quiere decir que todos los Gobiernos buscaron mejorar estas cosas. Ahora bien, como a esta altura se transformó en un problema complejo, multidimensional, con muchas causas y se manifiesta en la sociedad, lo que estamos planteando es que el Estado debe tener un rol activo y deben participar los demás sectores de la sociedad. En ese sentido ponemos el ejemplo de lo que en su momento se hizo con el alcohol. A principios del siglo pasado el consumo del alcohol y la salud de la gente hicieron necesaria la mano del Estado para regular y la forma que se encontró fue la creación de un monopolio estatal. Esas cosas nunca son para toda la vida. Con el tiempo, ese monopolio tuvo limitaciones a pesar de las consecuencias positivas que trajo. En este caso, no sabemos cuál va a ser el futuro. Lo cierto es que ahora se precisa una herramienta y el Estado tiene que desempeñar un papel, porque a la vista están las consecuencias de no hacerlo.

El Estado tiene obligaciones: promover hábitos de salud, trabajar en la prevención y ocuparse del tratamiento y rehabilitación de los adictos. También debe desempeñar un rol en el control de la oferta y continuar controlando el lavado. Esto requiere de un enfoque de salud pública, que es medular para la protección de la gente que consume drogas. Por lo tanto, además debe trabajarse en la promoción de la salud y la prevención. A ello se suma la labor que deben cumplir los docentes, los padres y los educandos en los centros de estudio, y la existencia de una parte académica. En ese sentido, me parece muy positivo el posgrado sobre estos temas que está por comenzar en la Universidad de la República porque no contábamos con estudios de buen nivel y debíamos informarnos a través de los que se realizaban en otros lados. Es muy importante la participación de personas de las ciencias sociales y la salud.

Todo lo expuesto se debe dar en un marco de convivencia y seguridad ciudadana, de discusión en los organismos multilaterales, porque fracasó el modelo que se aplicaba. Este tema no adquirió relevancia por la importancia de Uruguay, que es un país chiquitito. ¿Por qué están todos estos periodistas acá? ¿Por qué es tan importante esta discusión? No es por la linda cara de los Senadores que estamos sentados aquí, es porque este tema está candente en el mundo y hay una crítica a un modelo pero nadie sabe bien cómo construir otro. Bueno, nosotros modestamente estamos probando con algunos puntos que van en una cierta dirección y veremos si se dan los resultados que esperamos. Vamos a someterlo al fuego de la práctica para probar si sirve. No quiero utilizar la palabra “experimentar” porque promueve otra discusión en la que no quiero entrar.

Nuestro país tiene algunas ventajas. Como se ha dicho –y está bien–, somos chicos y es más fácil que nos conozcamos; somos un país de árboles bajos. Eso es así. Pero, además, el grado de desarrollo de la drogadicción es menor que en otros lados y eso también ayuda. Por otra parte, no somos un país productor de cannabis sino que se consume lo que se produce en otros lados. Solíamos ser un país de tránsito pero ahora parece que una parte de lo que se transita queda un poco enganchado acá. Quiere decir que tenemos algunas ventajas que nos permiten atacar este problema; pero, reitero, que simplemente se trata de una ley de regulación del cannabis. Vamos a no amplificar el campo de acción; es una iniciativa muy modesta que se suma a la del tabaco y el alcohol.

El informe que nos dejaron los Legisladores brasileños que nos visitaron en la Comisión decía una cosa muy importante: un dólar que se invierte en prevención equivale a diez dólares invertidos en tratamiento. Por lo tanto, siempre debemos tener presente esto.

Considero que este proyecto de ley va en línea con las dudas que hay en las Naciones Unidas y con algunas recomendaciones. No voy a hablar del ejemplo de Holanda o de Portugal, porque es muy difícil compararse con otros países en este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Me permite, señor Senador?

Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone.

Se va a votar.

(Se vota:)

–22 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Estaba haciendo un esfuerzo para no obligar al Senado a votar una prórroga, pero no lo pude evitar.

El informe de las Naciones Unidas menciona varias estrategias basadas en evidencias tendientes a prevenir y tratar de reducir el uso abusivo de la marihuana y las adicciones. Los países están probando. Portugal empezó hace diez años con una política propia que no abarcaba solo a la marihuana, sino a todas las drogas. Obtuvo resultados y hay una discusión al respecto. En general, la opinión es que se redujo el incremento de los consumidores de drogas, aunque algunos dicen que los informes no son completos, que se precisa más tiempo y que se debe contar con mayor información, pero no voy a entrar en esas cuestiones.

En nuestro caso queremos ir en la línea de definir estrategias que tiendan a prevenir. Este proyecto de ley separa el mercado de la marihuana del de las demás drogas, rompe la unidad de todos estos mercados ilegales. Quizás esto tenga que ver con el número de consumidores que tenemos, con que el mecanismo de procesamiento que se usa para la marihuana es más simple que el de otros productos, o con otros motivos. Lo cierto es que la inclusión del uso de marihuana deja de estigmatizar a los usuarios al no aplicarles la ley penal. Al fin y al cabo, debemos ser sinceros: si el consumo está permitido, ¿por qué hay que mirarlos como criminales? Justamente, el doctor Langón nos decía en la Comisión que los Legisladores tenían que definir si una persona que consume droga es un delincuente, un criminal. Son cosas que las tenemos que clarificar bien. Me parece que a través de esta ley se busca trabajar con las organizaciones de consumidores de marihuana, de manera de tener información fundada, incidir en la toma de decisiones y ayudarlos a que sepan calcular los riesgos del uso de esa sustancia.

Creo que la educación es un factor clave en esto; debemos dar respuesta a los usuarios problemáticos, informar y prevenir. A su vez, hay que combatir el narcotráfico, aunque no sé si por el nivel de corrupción y violencia que existe el Estado le podrá sacar el negocio a través de esta figura, que no es un monopolio sino un monopsonio, es decir, un solo comprador para un solo producto.

Es cierto que hay una correlación positiva entre la prevalencia y el riesgo percibido y hay que trabajar para que la percepción de ese riesgo sea alta. Se debe decir que esto es malo, que esto no es conveniente. A través del sistema educativo, hay que ver la manera en que los ciudadanos toman su decisión libremente, sabiendo lo malo que es para ellos mismos.

Sé que estamos en un mundo complejo, donde el inmediatismo va ganando terreno y muchas veces la conducta de las personas está más pautada por la sensación gratificante inmediata que en una visión más a mediano o a largo plazo, ya sea de su propia construcción, de su familia o de sus responsabilidades. Eso está pasando en el mundo de hoy; no vale decir si a uno le gusta o no le gusta. Seguramente que esto es mucho más multicausal que el problema de las drogas.

Todo esto tiene que ver con el riesgo percibido y con cuánto importa, porque es el riesgo de ahora, es el riesgo de mañana y el de hace un año. Hay jóvenes que no piensan cómo será la vida dentro de un año y si alguien les pregunta dicen que no les importa, porque solo se interesan por cómo viven hoy. Este es un problema de formación y cultural. Pero se puede actuar en eso –para caer en la prevalencia– informando y trabajando sobre el riesgo que implica la utilización de estas drogas.

También hay una correlación positiva entre prevalencia y disponibilidad. Hoy la disponibilidad no tiene límites. Todas las encuestas y las informaciones existentes indican que la marihuana se consigue, porque hay por todos lados. Entonces, tenemos una boca, que es la que lo organiza, y también tenemos el sistema de farmacias a través de un mecanismo que debemos empezar a organizar. Quizás tenga carencias en su comienzo, pero tengo confianza en que podremos ir mejorándolo, si es que sabemos hacia dónde queremos ir. Se ha dicho que no se puede lograr cuando en realidad se trata de un mecanismo tan simple como tener identificadas a 18.000, 20.000 o 30.000 personas. ¿Cómo hicimos en el caso de las 11:000.000 de vacas que tenemos identificadas? Me parece que aquí el asunto no es que no se pueda, sino si se tiene la convicción y las herramientas para llegar a controlarlo.

En realidad, me parece que el mecanismo a través del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y de las farmacias puede mejorar la situación de la disponibilidad, por lo que la correlación en prevalencia y disponibilidad puede actuar a favor de los consumidores.

SEÑOR SOLARI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: escucho al señor Senador Agazzi y no puedo menos que coincidir con varios de los conceptos que él expresa –esto lo sabe tanto él como el resto de los integrantes de la Comisión de Salud Pública–, pero eso me causa una gran decepción por una oportunidad perdida.

Quiero hacer referencia a unas palabras del señor Senador Lacalle Herrera sobre lo ocurrido cuando la Bancada oficialista trasmitió –a partir de la discusión del artículo 1.º– al resto de la Comisión que no había el más mínimo margen para negociar una coma. Yo no me quise dar por vencido y me quedé trabajando con el resto de la Comisión, aspirando a que lo hiciéramos de la misma manera en que trabajamos en la ley de fertilización asistida. La verdad es que no lo logramos y me pregunto por qué. No es que los miembros de la oposición no lo hayamos intentado, sino que la Bancada oficialista no podía abrir la puerta a que este proyecto de ley se mejorara en ningún aspecto. Y no me refiero a algunos aspectos que nosotros pudiéramos considerar, sino en ningún aspecto.

Escucho al señor Senador Agazzi hablar sobre la expectativa que él tiene en relación con la prevención y por dentro me digo a mí mismo: Dios ayude al Gobierno que sea a que eso se cumpla. Lo planteo porque la ley que está vigente habla exactamente igual de la prevención. Es más, esta ley seguirá vigente para las demás drogas ilícitas y si las autoridades del Poder Ejecutivo no cumplen con la ley que hoy está vigente, me pregunto qué expectativas tenemos de que cumpla con la nueva ley que se dicte. ¿No estaremos incurriendo en un progreso de papel, en un progreso escrito? Sé que no podemos contestarlo ni el señor Presidente ni quien habla, así como ninguno de los que estamos acá. La ley vigente habla de la prevención, de la rehabilitación, de la reinserción, de la educación, de la educación preventiva, de que tiene que haber una coordinación estrecha entre el Ministerio de Salud Pública y la Administración Nacional de Educación Pública. De todo eso habla la ley vigente, que seguirá vigente para las otras drogas.

Con posterioridad a esta ley de 1974 se creó –como muy bien dijo el señor Senador Agazzi– la Junta Nacional de Drogas para coordinar todas esas actividades de los distintos organismos. Se creó una Secretaría operativa para colaborar con esa coordinación y, sin embargo, la impresión que uno tiene después de haber escuchado a todas esas delegaciones, es que cada uno marcha por su senda, cada uno cuida su trillo.

Ya hay posgrados en el Uruguay sobre adicciones, su prevención, su rehabilitación, su tratamiento; hay un posgrado en la Universidad Católica desde hace cinco años. Nunca escuché a alguien de la Junta Nacional de Drogas decir que estaba trabajando con esos docentes.

En uno de sus artículos finales esta ley sabiamente dispone un sistema de evaluación, pero si la evaluación de estos programas no está diseñada en el momento en que se aprueba la ley, a posteriori –ex post– es prácticamente imposible porque, como bien decía uno de los señores Senadores preopinantes, acá la muestra es el universo entero, es la totalidad del país, por cuanto no tendremos con qué comparar.

Por último, quiero también señalar –porque no estoy de acuerdo y no sería sincero conmigo mismo si no lo dijera– que en este país no conozco a nadie que haya ido preso por ser usuario de una droga, ni siquiera de las que puedan causar mayor daño. Van presos quienes comercializan, pero no quienes las consumen, porque el consumo no está penado gracias a una visión humanista de Adela Reta y de Ofelia Bachini que redactaron la Ley de 1974.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede proseguir el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: más temprano se habló sobre el problema que tendría un monopolio estatal en esta materia. Al respecto, quiero decir que la Ley n.º 14.294, de 31 de octubre de 1974, en su artículo 1.º ya decía: “Será monopolio del Estado la importación y exportación de las sustancias contenidas”, etcétera. El Estado no tenía un rol protagónico –ahora estará en todos los componentes después de que se apruebe este proyecto de ley–, pero en la importación y exportación ya tenía el monopolio desde hace muchos años. No sentí nunca hablar a nadie de la inconstitucionalidad de esto aunque, claro, en esa época no se podía hablar de ese tema, pero después se pudo.

Quiero decir que este proyecto de ley vincula, en su artículo 4.º, las pautas de la Organización Mundial de la Salud, lo que la OMS define como habilidades y competencias; las diez habilidades para la vida.

El artículo 5.º crea el Registro de Consumidores Personales. En realidad, debe haber un registro innominado para respetar la privacidad de los usuarios, pero a su vez se debe poder seguir el control. Se trata de aspectos tecnológicos que hoy se pueden resolver con la tecnología disponible; quizás hace algunos años no se podía hacer. Hay varios países que venden semillas de cannabis, de distintos tipos; por ejemplo, Canadá, Holanda o Israel. En realidad, el sentido que tiene todo el proyecto de ley es procurar que no haya producción excedentaria a través de mecanismos que están definidos, pero que hay que construir.

Hay un último aspecto sobre el que hablamos en la Comisión y tiene que ver con la prevención del consumo de drogas y de alcohol en los ámbitos laborales. Actualmente existe un programa que se está desarrollando desde el año 2007, un convenio en el que participan la UdelaR con el PIT-CNT, además de las Cámaras empresariales y las empresas en el ámbito de la salud y la seguridad laboral. El actor técnico garante es la UdelaR, y existe un documento firmado donde se establece que empresarios y trabajadores acuerdan abordar el tema del consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral, siguiendo las recomendaciones de la OIT, quien propone el abordaje desde la perspectiva de salud laboral y el impulso, mediante la negociación colectiva, del desarrollo de un programa preventivo con carácter participativo, no sancionador, voluntario y planificado. Esta estrategia propone, como ámbito de desarrollo del programa, las bipartitas de seguridad y salud previstas en el Decreto n.º 291, y se recomienda su ratificación en las tripartitas de seguridad social de los sectores, como política a impulsar en todas las ramas de actividad.

Son cuestiones que están en marcha, y lo quiero mencionar específicamente, porque a raíz de que en la ley no figura nada sobre seguridad laboral, nos venimos a informar de que hay acuerdos, porque esto tiene que darse con la participación de los actores.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: a lo largo de toda la sesión se ha intentado enumerar aquellos factores por los cuales se cree que este proyecto de ley puede fracasar: por un lado, se ha intentado demostrar que con esta estrategia de regulación se va a incrementar el consumo en función de que va a aumentar la sensación de riesgo. Es una teoría elaborada por el señor Senador Solari, que dice que va a aumentar la sensación de riesgo…

SEÑOR SOLARI.- Va a disminuir…

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- En definitiva, es lo que a nosotros nos parece. El resultado que vamos a obtener es la disminución del consumo porque, en definitiva, habrá un aumento de la sensación de riesgo. Eso está demostrado; hay trabajos que así lo demuestran y es lo que quiero hacer conocer. Hay trabajos académicos con relación al uso problemático de drogas, que están vinculados directamente a dos aspectos: a la disponibilidad de las sustancias y a la percepción del riesgo. Esto vale para todas las drogas, incluidas el tabaco y el alcohol. La regulación del tabaco se basa en el manejo de estas dos variables: en restringir la disponibilidad y en aumentar la percepción del riesgo. Los resultados están a la vista. En el año 2006, la prevalencia del uso de tabaco en niñas, niños y adolescentes era del 32 %, mientras que en 2012 dicho guarismo había caído al 12 %.

Existen dos estudios longitudinales, realizados en Estados Unidos –que me han hecho llegar–, sobre la marihuana, el alcohol y el tabaco, que se llevaron a cabo durante veinte años de observación del mismo mercado. Allí hay gráficas que demuestran científicamente que a medida que aumenta la disponibilidad percibida, aumenta la prevalencia. El cannabis ocupa el primer lugar en disponibilidad y también en la prevalencia.

En materia de riesgos, también sucede que cuando estos aumentan, disminuye la prevalencia. Por eso, en la gráfica que he mencionado, la heroína, que tiene gran riesgo y la gente lo percibe así, tiene baja prevalencia; en cambio, en el caso de la marihuana, a la que la gente percibe como de bajo riesgo, aumenta la prevalencia.

Esta es una constatación científica que, en definitiva, demuestra que la prevalencia anual durante ese período explica la función de los cambios en la percepción de los riesgos y las disponibilidades.

Partimos de la base de que eso es así, pero lo que no es así son los resultados que vamos a tener con la regulación del cannabis. Precisamente, con la regulación del cannabis pretendemos reducir la disponibilidad y emitir la percepción de aumento de riesgo.

Por otro lado, hay una gráfica realizada con datos del NIDA –National Institute on Drug Abuse–, donde se muestran datos de las dos drogas reguladas –el alcohol y el cigarro– en una serie de estudiantes de 8.º, 10.º y 12.º grados, desde 1991 a 2012. En lo que refiere a alcohol, en 1991 había un 25 % de prevalencia, mientras que en el año 2012 alcanzó el 12 %.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR PRESIDENTE.- Terminó su tiempo, señor Senador.

Puede continuar el señor Senador Agazzi.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallo, pero aclaro que al señor Senador Agazzi le restan nueve minutos, incluyendo esta intervención.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Como decía, en esta droga regulada –el alcohol– bajó la prevalencia.

Los datos referidos al tabaco, también para una serie de alumnos de 8.º, 10.º y 12.º grados, muestran que bajó la prevalencia del 14 % al 4,9 %.

Ahora bien, ¿qué sucedió con la droga no regulada, que era la marihuana? Nos encontramos con que hubo un aumento tal, que en el año 1991 tenía una prevalencia de 3,2 %, y en 2012, esa cifra llegaba al 5,5 %. En los estudiantes de 12.º grado, el guarismo variaba de 13 % a 22 %. Los resultados son muy claros; la evidencia dice que en los mercados regulados donde se controla la disponibilidad, donde se maneja una información veraz y confiable para que aumente la percepción del riesgo, y donde se controla y regula la publicidad, las prevalencias de uso tienden a descender. Eso es lo que nosotros pretendemos. Si todo se da de acuerdo con la experiencia que muestra este trabajo, el resultado que vamos a obtener será la disminución del consumo, que es lo que en definitiva estamos buscando.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Solo quisiera agregar unas palabras sobre el trámite parlamentario porque, en realidad, este proyecto de ley ingresó, proveniente del Poder Ejecutivo, en agosto de 2012. Dentro de nuestro plan de trabajo estaba aprobar este proyecto de ley este año. Tuvo un trámite muy profundo en la Cámara de Representantes. Concretamente, se creó una Comisión Especial y llevó mucho tiempo tomar todas las iniciativas.

Tenemos claro que existen dos Cámaras que deben trabajar independientemente, pero lo que planteamos en la Comisión fue que, en la medida de lo posible, intentamos trabajar profundamente en las Comisiones para lograr un producto legislativo construido entre todos, pero en este caso surgió un problema de tiempos políticos, debido a nuestro plan de trabajo y definiciones, y no le pudimos dar al tratamiento de este tema el mismo proceso que le dimos a otros. Esto puede verse críticamente, pero para nosotros es un compromiso y una medida de la eficiencia con la que trabajamos: se trabajó mucho en la Cámara de Representantes, y poco en la de Senadores. Esta es la explicación que damos para nuestra actitud y nuestras definiciones en la Cámara de Senadores con este proyecto de ley.

Con esto termino, señor Presidente.

SEÑOR LESCANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra, señor Senador.

SEÑOR LESCANO.- Señor Presidente: si bien espero no utilizar todo el tiempo reglamentario disponible, debo decir que comparto el criterio de que en un proyecto de ley como el que estamos analizando hay que fijar una posición clara.

No sé si hoy vamos a estar, como se ha expresado, en el centro de la opinión pública del mundo. Me informan que hay un número muy importante de prensa extranjera –que desde luego son muy bienvenidos–, cuya presencia puede haber tenido alguna gravitación en el desarrollo y en el tono del debate; puede haberlo tenido. Pero, en todo caso, Uruguay no necesita de estos temas para, efectivamente, ser de interés en América Latina y en el mundo. Estoy seguro de que muchos de estos periodistas han estado en alguna otra oportunidad en nuestro país, ya sea para cubrir, por ejemplo, el Plan Ceibal –que es orgullo de los uruguayos–, ya sea para destacar los aspectos de la estabilidad política y social del país –que es orgullo, no solo del partido de Gobierno, sino, desde luego, de todos los partidos políticos uruguayos–, ya sea para resaltar la transparencia pública y del sector privado –en otras palabras, escasos niveles de corrupción, que son un capital nacional de gran importancia– , o ya sea para resaltar –le guste o no a los estimados colegas– las características personales del Presidente de la República, su estilo de vida, su forma de comunicación particular que, sin duda, sabemos que es valorada muy especialmente por su historia y por el presente, especialmente fuera del país. Son muchas las razones por las cuales pienso que Uruguay ha tenido momentos en que ha estado en el centro de la opinión, sin quitarle, desde luego, trascendencia al proyecto que estamos considerando en el día de hoy.

Quisiera comprometer una opinión a modo de fundamento de voto, así como también hacer referencia a algunas cuestiones de carácter político que considero son errores o cosas muy graves que han sido expresadas por señores representantes de la oposición.

Comienzo señalando, señor Presidente, mi absoluto acuerdo con un informe muy consistente, que no sé si fue debidamente escuchado, del miembro informante, señor Senador Conde, y las intervenciones, en particular, del señor Senador Gallo Imperiale, de notoria versación en el tema, así como la de otros compañeros.

En este tiempo –como se señalaba–, en que se vienen votando leyes muy importantes, la señora Senadora Moreira sabe que, solamente, yo no hubiera votado una de ellas, la que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí todas las demás. Me refiero a las que se han venido impulsando para trabajar contra todo tipo de discriminación de cualquier naturaleza, contra toda inequidad de género, raza o de cualquier otra situación. Y lo hubiera hecho, no por disciplina partidaria, sino por la convicción de que el país está viviendo, con estas leyes –la mayoría son iniciativas del Poder Ejecutivo– que marcan el tiempo de derechos para ciudadanas y ciudadanos uruguayos, el mayor número de derechos de que ha gozado hasta ahora la sociedad uruguaya, con la excepción quizá, nobleza obliga y debo admitirlo, del período del primer batllismo, el de don José Batlle y Ordóñez, especialmente en materia social. Pero este es un gran tiempo de derechos en el marco de políticas económicas y de vigorosas políticas sociales que están conduciendo –gradualmente quizá, sin la aceleración que quisiéramos, pero con firmeza y consistencia– a un país más justo y más solidario.

Señor Presidente: como se ha señalado, el mundo avanza hacia la regulación de los mercados de drogas. Este es otro tema importante, porque hoy acá, un señor Senador que ahora no se encuentra en Sala dijo que el Uruguay estaba cambiando de estrategia: de la lucha frontal contra el narcotráfico y las drogas, hacia la regulación. Esos no son los términos de la ecuación que refleja la presentación de este proyecto de ley. Alternativas fuertes, yo diría dilemáticas o dramáticas de ese tipo sí se han planteado por ejemplo en México, donde es evidente, para cualquiera que entienda algo de las políticas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, los cárteles, etcétera, que las políticas llevadas adelante por el Presidente Felipe Calderón y las actuales políticas del Gobierno del señor Peña Nieto son sustancialmente distintas, y todos los que estamos aquí sabemos por qué lo son y por qué efectivamente México tiene, entre otras diferencias tan grandes, la tragedia que conmueve al mundo en materia de muertos por este terrible flagelo. Esas sí son las diferencias. En cambio, aquí hay fuertes y crecientes consensos internacionales respecto a la necesidad de ensayar nuevas estrategias.

Motivado por el mejor de los espíritus, acá se ha dicho, realmente, casi de todo. Por ejemplo, se ha señalado que esta es una ley expresión del mayor canibalismo capitalista, inspirada y financiada por el señor Soros. Se han dicho cosas muy graves, desde luego, con todo derecho. Permítanme entonces, con el mismo derecho, decir que uno está honestamente convencido –y este es un tema, también, de credibilidad frente a la opinión pública– de que el mejor de los espíritus vinculado al consumo de droga y, fundamentalmente, a la lucha contra el narcotráfico, ha inspirado el trabajo de largos años de un grupo de gente que tiene un componente técnico muy importante y que entiende de estos temas. No estoy calificado para hablar de la pérdida de la batalla contra las drogas, pero sí puedo expresar públicamente un reconocimiento a aquellos jerarcas –y desde luego a todos los funcionarios– que desde los más altos niveles del Ministerio del Interior están, desde hace muchos años, dando una batalla frontal contra el narcotráfico en nuestro país.

Es necesario expresar, señor Presidente, ese reconocimiento, sobre el que no voy a decir que sea exclusividad del Gobierno, ya que esa lucha seguramente es compartida por todos. Simplemente, ha tocado a nuestro partido estar al frente del Gobierno en momentos en que, lamentablemente, los incrementos del consumo y de la presencia de líderes vinculados a los cárteles del narcotráfico están exigiendo un nivel de coraje que los gobernantes y los funcionarios están expresando en esta lucha.

Por lo tanto, uno vota con esa convicción, más allá de que muchos de nosotros tuvimos que hacer un proceso en el que no faltó cierto desconcierto o sorpresa ante los anuncios, para ir asumiendo crecientes niveles de información y participación en la discusión que, lejos de ser una contribución al incremento del problema, ha logrado poner en el centro del debate público uno de los temas que no pueden faltar. En lo personal, comparto el derecho constitucional que tiene el Partido Nacional –tal como ha anunciado– de llevar adelante un referendo de derogación de esta ley. Sin dudas, el peor servicio que podemos hacerle a esta lucha es el secretismo, decir que el problema no existe, y por eso es necesario ponerlo en el centro de un auténtico debate nacional. De manera que si se lleva adelante esa iniciativa, será bienvenida. Como bien he señalado, este Gobierno no se mueve, como alguna vez se ha dicho, por aquello que alguien ha denominado una democracia auscultativa, es decir, como un gobierno que actúa en términos de gestión de acuerdo con las encuestas de opinión pública. Precisamente, este es un ejemplo de ejercicio de gobierno de una democracia no auscultativa, capaz de impulsar iniciativas que requieren, desde luego, una dosis de innovación y de coraje importantes, aun sabiendo que hay un sector relevante de la opinión pública nacional sobre la cual habrá que trabajar mucho en términos de auténtica pedagogía y de niveles calificados y, también, de mayor información en calidad y cantidad, para ir trasladando a sectores de esta los beneficios que, efectivamente, contiene este proyecto de ley.

Nuestro país supo regular el mercado del tabaco –tal como expresaron varios compañeros– y eso le valió obtener distintos reconocimientos por parte de la Organización Mundial de la Salud. Eso se logró con el trabajo que en los últimos diez años han realizado las organizaciones sociales y con lo que ha hecho el Gobierno a través de la Junta Nacional de Drogas. El hecho de que esas instituciones se hayan abocado al tema ha resultado en lo que muy bien ha dicho el señor Senador Rubio, es decir, en que el país hoy esté bien preparado, con honestidad, para abordar este reto con responsabilidad. El diseño y la ejecución de políticas públicas deben poder evaluar sus prácticas para mejorar su impacto sobre la sociedad, porque a diferencia de lo que ocurría hace quince años, hoy es evidente –como aquí se ha expresado en forma muy clara– que la política de prevención de las drogas ha fracasado. No solo no cumplió su objetivo de “construir un mundo libre de drogas” a partir de una estrategia de ataque frontal a la oferta de drogas, sino que generó un conjunto de externalidades negativas en materia de salud pública y de aplicación de Justicia, de seguridad y de mayor democracia. Por lo tanto, como se ha señalado antes, estamos instalados ante la crisis del paradigma hegemónico y las respuestas necesarias.

Luego de iniciada la segunda mitad del siglo XX, un fuerte acuerdo internacional encabezado por las potencias mundiales y vehiculizado a través de las Naciones Unidas buscó alcanzar un mundo libre de drogas. La Convención Única de Estupefacientes de 1961 estableció una primera lista de sustancias prohibidas, que fue ampliada notoriamente a partir de la Convención sobre Sustancias Psicoactivas firmada en Viena en 1971. Y a partir de ese convenio quedaron establecidas las listas definitivas de sustancias prohibidas, entre las que se incluyó la hoja de coca y la marihuana y se excluyeron, como sabemos, el tabaco y el alcohol. Independientemente de los posicionamientos éticos y filosóficos desde los que partamos, nadie puede sostener que las políticas prohibicionistas han dado resultados. Lejos de alcanzar el objetivo de un mundo libre de drogas que alguna vez se trazó, las problemáticas sociales asociadas a las sustancias psicoactivas han crecido y se han diversificado, generando nuevos problemas que afectan, principalmente, a las regiones productoras, como son América del Sur y Central, el norte de África y el Sudeste Asiático. Ese consumo de sustancias psicoactivas ha crecido en todo el mundo; diversos informes oficiales señalan el aumento de ese consumo de drogas y, por cierto, no vamos a cansar al Cuerpo leyendo números y gráficas que tenemos a nuestra disposición en algunos documentos como, por ejemplo, el informe del año 2011 de la Comisión Global de Política de Drogas. En virtud de que nuestro país no escapa a esta situación, desde la Junta Nacional de Drogas, a través de su observatorio, se revela el incremento que se ha producido en el consumo de sustancias psicoactivas. Esto representa la puesta en el banquillo de los acusados de un paradigma hegemónico desde el punto de vista de la producción. No es cierto que en aquellos modelos en los que el acceso a la marihuana se encuentra regulado, el consumo sea mayor. Tiene razón el señor Senador Agazzi en cuanto a que, quizás, no correspondería entrar en comparaciones, y tampoco las voy a hacer por razones de tiempo. Sin embargo, sería conveniente analizar el caso de Holanda o de Portugal, por ejemplo, que han dado buenos resultados.

Este proyecto de ley de regulación y control de la marihuana prevé la prohibición de realizar cualquier forma de publicidad directa o indirecta, así como la venta a menores, y establece la necesidad de desarrollar campañas de información sobre los posibles riesgos y daños asociados a su consumo. Por otro lado, la ausencia total por parte del Estado en el control de la calidad de las sustancias prohibidas –como también se ha señalado en el día de hoy– ha propiciado la aparición de subproductos con grados de toxicidad mayores y con la capacidad de generar consumos problemáticos, particularmente preocupantes.

La regulación de la marihuana, como han explicado el señor miembro informante y otros compañeros, separará a los mercados y alejará a quienes las usen del ofrecimiento de drogas más pesadas, como la pasta base; al menos, ese es el espíritu que orienta a esta iniciativa. Esto es visto como una externalidad positiva de la regulación de los mercados, frente a lo que la literatura de políticas de droga denomina efecto góndola, que es propiciado por los mercados ilegales.

Luego, señor Presidente, podríamos referirnos a la crisis en materia de aplicación de Justicia, de seguridad y de estabilidad democráticas, en la medida en que estas situaciones, como consecuencia de la penalización y la criminalización, han generado un conjunto de problemas sociales inesperados que afectan particularmente a la región y también al Uruguay. Ya ha sido citado el caso del estudio de la doctora Gianella Bardazano, así como el artículo “Se presume culpable”, publicado por la Universidad de la República, en la colección Artículo 2 denominada Aporte universitario al debate nacional sobre drogas. Allí se plantea que “las prácticas interpretativas muestran decisiones que reflejan tratamientos jurídicos distintos a situaciones similares, a la vez que una fuerte reducción de los actos que se consideran no punibles”. Pese a que el consumo personal se encuentra despenalizado, la redacción de dicho artículo ha dado lugar a interpretaciones muy diversas, tal como han expresado muchos señores Senadores en el día de hoy.

Por lo tanto, como bien señala el informe del señor Senador Conde, el artículo 7.º del proyecto de ley elimina el concepto de convicción moral del Juez, estableciendo que este valorará la culpabilidad del acusado por un delito de drogas, conforme a las reglas de la sana crítica. De esta manera, se vuelve a colocar la carga de la prueba en su lugar, debiéndose demostrar la culpabilidad y no la inocencia de los acusados.

Por otra parte, se han hecho muchas referencias a las declaraciones de representantes y jerarcas de institutos, refiriéndose a la iniciativa uruguaya en términos positivos. Entre ellas está la del Secretario General de la OEA, cuyos informes presentados en mayo de este año ante el pedido de los Presidentes de la región, revelan el impacto que la política de guerra a las drogas ha generado en los Estados americanos. A su vez, la WOLA –por su sigla en inglés– reconoce esas recomendaciones y políticas que se hacían desde la organización de los Estados americanos, cuyos informes señalan una serie de puntos que creo que en su mayoría ya han sido mencionados, aunque sería bueno que quedara constancia en la versión taquigráfica de esta sesión.

También se encuentra en consonancia el proceso desarrollado por Uruguay con los planteos de la Comisión Global de Políticas de Drogas con esta Comisión de líderes mundiales, que también ha sido extensamente citado.

De manera que, como conclusión, Uruguay no está solo en este camino de reforma de las políticas de drogas que se inicia con la regulación del mercado de la marihuana. Tengo cuatro o cinco páginas –al menos– que relatan el apoyo internacional calificado y autorizado que Uruguay ha recibido en los últimos días.

Como el tiempo corre y me han solicitado alguna interrupción, rápidamente quisiera citar dos o tres puntos que realmente nos preocupan. Sinceramente –lo digo con toda convicción de honestidad republicana–, no agraviaría a ninguno de los partidos políticos aquí representados diciendo que una iniciativa de esta naturaleza podría confundirse o tacharse de experimento con la población uruguaya. Comprenderán los estimados miembros de la oposición que esto es algo muy fuerte. Lamentablemente las poblaciones han sufrido, por cierto, ensayos y experimentos. ¡Ni que hablar! ¿Acaso el llamado Consenso de Washington, que generó problemática social y estigmatización de la pobreza, no lo fue? ¿Fue o no fue, ese sí, un experimento que desde el punto de vista social y económico involucraba a las sociedades de nuestros pueblos y muy especialmente a los más pobres? Experimento repudiable fue el de aquel ciudadano norteamericano –un reaccionario hecho a mano llamado Robert McNamara–, quien propuso en su país que los aviones de la Fuerza Aérea americana sobrevolaran los países de América Central arrojando anticonceptivos como política para regular el grave problema demográfico. Aclaro que era un problema grave de acuerdo con las decisiones que tomara en su momento el departamento de Estado. Esos son experimentos repudiables y, desde luego, censurables. ¿Cómo puede sostenerse, sinceramente, en un debate como el que hemos tenido hoy, que anima la voluntad del Gobierno someter a uruguayos y a uruguayas de todas las edades y de todas las condiciones, a un experimento de esta naturaleza?

A su vez, también se ha expresado que la aprobación de este proyecto de ley podría afectar al deporte de nuestro país. Con toda franqueza creo que no es así y además considero que este punto no ha sido debidamente aclarado, aunque posiblemente me haya perdido parte del debate. Debo decir que confío en los miles y miles de deportistas uruguayos, como confío en la política de los organismos internacionales –como WADA, que tiene sede regional en nuestro país– y en las autoridades del deporte nacional que llevan adelante las políticas antidopaje. Nuestros deportistas saben que no pueden doparse, que no pueden consumir drogas, y aunque no hay posibilidad de que sean enviados a prisión por la Justicia ordinaria, pueden ser severamente castigados –y ya lo han sido– sin excepción, desde el punto de vista de la competencia deportiva. Entonces, ¿cómo puede sostenerse per se que un proyecto de ley como el que estamos analizando incrementará la adicción y el consumo en los deportistas uruguayos? Yo seguiré apostando a la disciplina y al sentido profesional y ético de los deportistas y de las autoridades que, con toda franqueza, creo que controlan adecuadamente este tema.

Asimismo, se ha hablado del turismo. Creo que el Uruguay –y también lo digo con toda franqueza y honestidad– y su industria turística no necesitan de proyectos de esta naturaleza –más allá de las limitaciones a residentes, etcétera– para atraer a los turistas. No conozco las realidades de los países europeos –hoy se dio a conocer alguna cifra–, sinceramente no las conozco. Tengo la más absoluta convicción de que en el Uruguay esto no va a ocurrir, porque la génesis de esta propuesta de políticas sociales –vuelvo a decir– tiene un objetivo, que es el combate al narcotráfico; en ello se ha inspirado el Gobierno nacional que tenemos el orgullo y el honor de integrar.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LESCANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Al señor Senador Lescano le restan cuatro minutos. Se va a votar una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone.

(Se vota:)

–21 en 22. Afirmativa.

Puede interrumpir el señor Senador Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: en 1968 –en mi juventud– ya se hablaba de la marihuana y ya había gente que fumaba esta sustancia. Entonces, me llama la atención cuando se dice: “Cuidado con los jóvenes de ahora”. ¿Y los de antes? ¿Qué pasaba con los jóvenes de antes que, en realidad, son los viejos de ahora? Cuando se hace referencia a los jóvenes, ¿decimos que son los descarriados de ahora?

El tema de la droga es un problema que viene agravándose. Creo que todos estamos preocupados por la droga y por el narcotráfico, que es una de las cuestiones fundamentales por las que el Poder Ejecutivo ha presentado este proyecto de ley. El narcotráfico está por todos lados –no únicamente en el Uruguay–, y si bien con este proyecto de ley no resolveremos el problema, vamos por ese camino. Esto que estamos haciendo –no quiero utilizar la palabra “experimento,” porque parece que hoy en día no se puede utilizar esa palabra– irá siendo modificado a medida que se avance en la materia y aquello que deba ser mejorado, se mejorará.

Quiero decir lo siguiente: tanto este Gobierno como el anterior, desde el Ministerio de Turismo y Deporte se promovieron diversos programas destinados a niños y jóvenes para que se encontraran, justamente, en la práctica del deporte; asimismo, se trabajó para que se alejaran del mal, de las drogas. Es así que se ha llevado adelante un magnífico emprendimiento llamado Pelota al Medio a la Esperanza. También el programa Knock Out a las Drogas tiene como objetivo, precisamente, golpear por ese lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto también es educar, es trabajar sobre la educación y tratar de hacer entender este mal por el que hoy está atravesando la sociedad.

Entonces, como se puede apreciar, estamos trabajando en todos los aspectos, incluso en el sanitario. De hecho, en la Comisión de Salud Pública estamos considerando un proyecto de ley relativo al “tratamiento sanitario de adictos en situación de riesgo”. ¿Qué significa esto, que estamos preocupados y que podemos decir que aquí se terminó el trabajo? No. Y fíjense los señores Senadores que estamos tratando el tema a pesar de este proyecto de ley; o sea que la situación es una preocupación permanente.

Por otra parte, permítanme decir que hoy temprano en la mañana se volvió a criticar al Sistema Nacional Integrado de Salud, golpeando nuevamente a ASSE –gratuitamente–, porque parece que en algún lugar faltan ambulancias. Debe ser así, quizás, pero sin pretender abundar en todos los informes que me han enviado, quiero decir, simplemente, que entre los años 2005 y 2014 se van a integrar 224 ambulancias, mientras que en el período 1990-1994 había 98 ambulancias, entre 1995 y 1999, 57, y así sucesivamente. Entonces, debería tenerse un poquito de memoria y actuar con respeto, mirando también lo bueno que estamos haciendo en el país en materia de salud, porque todo esto nos hace bien.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

–Además, la Organización Mundial de la Salud sigue mirando al Uruguay con mucho respeto y sigue diciendo que en todos estos aspectos de prevención se viene avanzando y es un ejemplo para el mundo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lescano.

SEÑOR SOLARI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LESCANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Solamente quiero referirme a una expresión mencionada por el señor Senador Lescano, que tal vez la haya entendido mal, pero como fui el único que habló de la marihuana y el deporte, supongo que cuando señaló eso se estaba refiriendo a mí.

El señor Senador me atribuye una frase que no recuerdo haber dicho. Él me atribuye haber afirmado que esta ley estaría incitando a los deportistas a doparse. No recuerdo haber manifestado tal cosa, y para comprobarlo podemos revisar la versión taquigráfica. Si se entendió así, no fue eso lo que quise decir. Y, por las dudas, voy a reiterar exactamente lo que señalé en mi exposición, tal vez en forma textual. Dije que Uruguay es parte de la Agencia Mundial Antidopaje. Esta Agencia tiene, dentro de su lista de sustancias prohibidas, la marihuana. Y agregué que aprobar este proyecto de ley sería un mensaje contradictorio y negativo contra el deporte limpio y la salud de los deportistas. Uruguay fue y es –¡fue y es!– líder continental contra el dopaje en el deporte, y esta ley va en contra de la rica historia del Uruguay en este tema, que podría recibir sanciones deportivas, como ser excluido de campeonatos panamericanos, mundiales y juegos olímpicos por incumplir el código de la Agencia Mundial Antidopaje al autorizar el acceso irrestricto a la marihuana.

Eso fue lo que dije, señor Presidente, y aquí no hay ninguna incitación, ni directa ni indirecta, a que los deportistas consuman algo; es, simplemente, la falta de conciliación entre la política antidopaje y la política de drogas para el resto del país.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lescano.

SEÑOR LESCANO.- Me alegra que el señor Senador Solari haya podido hacer una aclaración precisa sobre algún aspecto que pude haber mencionado. Sin perjuicio de ello, mantenemos nuestra discrepancia de fondo, que es su calificación de una ley negativa y provocadora de eventuales sanciones o de problemas a nivel de los organismos internacionales. Tengo entendido –se me aclarará si no es así– que, desde luego, este tipo de drogas, como todas las que están prohibidas por la WADA (World Anti-Doping Agency), continuarán estando prohibidas, así como lo están hoy que no tenemos ley. Por eso hablé de la confianza en los deportistas, en su nivel de disciplina en un sentido muy amplio, del esfuerzo educativo y de los programas a los que bien hizo referencia el señor Senador Fernández y sobre los que hemos tratado de trabajar.

De manera que, señor Presidente, lo que no tengo el gusto de compartir es el juicio que hace el señor Senador Solari sobre la eventual controversia y los efectos negativos de esta ley con respecto a seguir manteniendo un liderazgo en materia de política antidopaje deportiva, que creo que todos estamos absolutamente comprometidos a mantener en el país.

Finalmente, quiero decir que se han hecho algunas referencias a aspectos constitucionales. Con relación al artículo 229 de la Constitución de la República, sabemos que el Poder Ejecutivo está trabajando en el tema, y los redactores del proyecto de ley han planteado que visto que los artículos 20 y 24 no crean un cargo sino una función, esta iniciativa no estaría inhabilitada por el artículo mencionado.

Y con respecto a las autonomías de la enseñanza en nuestro país, recordamos que existen otras leyes que también establecen lineamientos sobre los contenidos de la educación sin incurrir por ello en inconstitucionales. Tal es el caso de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional o de la Ley General de Educación, la que en su artículo 40, al referirse a la educación en salud y al abordaje de los usos problemáticos de las drogas en el sistema educativo, se encuentra en consonancia con el artículo 10 de este proyecto de ley de control y regulación de la marihuana. Dicha norma expresa: “Artículo 40. (De las líneas transversales).- El Sistema Nacional de Educación, en cualesquiera de sus modalidades contemplará líneas transversales entre las cuales se encuentran: […] 7) La educación para la salud tendrá como propósito la creación de hábitos saludables, estilos de vida que promuevan la salud y prevengan las enfermedades. Procurará promover, en particular, la salud mental, bucal, ocular, nutricional, la prevención del consumo problemático de drogas y una cultura de prevención para la reducción de los riesgos propios de toda actividad humana”.

Culmino expresando que se pueden entender algunos aspectos que se han planteado respetuosamente; que en este proyecto de ley hay materia opinable y que es una iniciativa en donde su reglamentación deberá jugar un papel muy importante. Con dicha reglamentación se dará respuesta a algunos aspectos que habrá que examinar con toda atención. Me consta que hay avances en la materia y que esta misma voluntad anima al Poder Ejecutivo.

Como dije al principio: no se trata de disciplina partidaria y no se trata de desconocer los antecedentes que existieron en esta materia. Creo que pasar de un artículo a cuarenta expresa, como se ha dicho, un trabajo parlamentario. Se han escuchado opiniones de la más diversa naturaleza. Aun en materia de ciencias exactas hay que ser muy humildes porque nadie tiene la verdad encerrada en un puño y las cosas cambian mucho en términos horarios.

Un canadiense y un americano son candidatos al Premio Nobel de Medicina y de Bioquímica y sus trabajos demuestran que las bases púricas de la cadena del ácido desoxirribonucleico no está exactamente en la misma ubicación en relación a las bases pirimidínicas de lo que los científicos creían hace más de ciento treinta años. En consecuencia, la ciencia y el trabajo absolutamente fundamental en toda esta materia, como en tantas otras, debe estar animada de “un espíritu de vida y por lo tanto de cambios” como enseñó la sabiduría de Luis Pasteur.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LESCANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: con total franqueza creía que había acuerdo en el Senado con respecto a la notoria inconstitucionalidad del artículo 10 del proyecto de ley. Y creía que había acuerdo con ello por las honestas palabras expresadas por el señor Senador Conde en la Comisión de Salud Pública: “Quiero manifestar que no se me escapa que este artículo lesiona la autonomía de la educación pública, porque si no lo dijera claramente estaría haciéndome responsable de una omisión y, por tanto, quiero dejarlo claramente expresado. Este artículo puede ser atacado y si la ANEP se considera con personería jurídica o legitimación para hacerlo lo hará y estará dentro de sus potestades, pero no me parece la cuestión central”.

Y más adelante señala: “Quiero dejar constancia de la cuestión sustancial y no de la cuestión formal, porque en la cuestión formal concuerdo en que hay una violación de la autonomía y tampoco quiero hacerme responsable intelectualmente en el sentido de no reconocer que ese problema está incluido en este artículo”.

Tenía la convicción de que el Senado en su totalidad estaba de acuerdo con que este artículo es inconstitucional, que viola la Constitución. Me parece que eso es absolutamente claro.

También confieso que no tengo la ilusión de que el Frente Amplio no lo vote por considerarlo inconstitucional porque ya se han aprobado varias leyes inconstitucionales; se ha dicho que eran inconstitucionales y aunque un Ministro nos dijera: “nadie me avisó”, todo el mundo lo sabía. Creo que vamos por mal camino. Claro: tenemos el inconveniente de que si el artículo 10 no se vota, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Representantes. Y el Diputado que dio el voto 50 lo hizo porque quería ese artículo. La pregunta que se va a hacer la gente en el día de hoy es si fue el Diputado el que engañó a la ciudadanía sabiendo que el artículo era inconstitucional e igual lo quiso incluir, o él fue el engañado y le dijeron que votara tranquilo que se incluía ese artículo aunque fuera inconstitucional. Me parece que es un tema de forma pero también de fondo. Cuando votamos un artículo que sabemos que es inconstitucional –y esto lo sabe todo el Senado– y seguimos adelante para que no vuelva a la Cámara de Representantes, considero que estamos haciendo cosas graves.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lescano.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LESCANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Señor Presidente: voy a ser muy breve. Se ha señalado por parte del señor Senador Amorín una afirmación que parte de supuestos y da por hecho determinadas aseveraciones. Ante ello, puedo decir con absoluta franqueza y honestidad que a mi entender ese artículo no es inconstitucional. Se parte de la base de que todo el Senado sabe que es inconstitucional, pero no lo es y hay que decirlo claramente. Pero hay que mostrar también qué dice el artículo en cuestión porque está en consonancia con otras normas constitucionales que establecen muy claramente la obligación de todos los poderes públicos de encarrilar los valores de nuestra sociedad en todos los ámbitos de expresión del Estado, incluida la enseñanza. Lo que señala el artículo 10 –y esto la gente lo debe saber– es la inclusión curricular en la educación primaria, secundaria y técnico-profesional de la prevención sobre el daño que produce el consumo de drogas. ¿No se quiere este artículo? ¿No queremos prevenir en materia de drogas? Reitero, el artículo no es inconstitucional y tiene un claro contenido material y sustancial alineado con normas constitucionales que obligan al Estado a cuidar la salud de todos los habitantes. Y aquí estamos hablando de prevención en materia de salud y educación para la prevención en las escuelas, incluso, en educación inicial. Esto lo dice el artículo en cuestión. La gente tiene que saber que la ley que se está votando es una iniciativa que regula, previene y, en definitiva, que está sincerando la realidad, adoptando caminos adecuados y pertinentes para evitar que el día de mañana las personas se sigan muriendo por el consumo de drogas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lescano.

SEÑOR LESCANO.- Culmino mi intervención. Estamos honestamente convencidos de que vamos a votar una ley perfectible, que puede contener errores, pero que sustancialmente significará un instrumento apropiado al servicio de los objetivos que se expresan en su exposición de motivos. Es decir, intentar impedir o mitigar el camino hacia drogas más duras y trabajar sobre el objetivo central, que estoy seguro a todos nos compromete, de la lucha frontal contra el narcotráfico, elementos que tantas veces han guiado la opinión del señor Presidente de la República. Es probable que en el pasado algunos elementos hayan sido motivo de errores; en forma particular recién fue reconocido. En nuestro caso tenemos asesoramiento, como el que dimos lectura, que también proviene del campo jurídico. A su vez, hemos escuchado la intervención del señor Senador López Goldaracena. Y el miembro informante –que por la mecánica de la sesión, al final va a hacer uso de la palabra para responder algunos aspectos– me confirma que hará referencia a sus expresiones vertidas en la Comisión a las que aludió el señor Senador Amorín. Lo grave es que acá se ha dicho por parte de un Senador que para este Gobierno la Constitución es un papelito, que se utiliza de acuerdo a lo que convenga. Eso sí es grave, y lo digo sin estridencias, con mucha serenidad. Rechazo categóricamente que esto esté siquiera cerca del pensamiento y de la acción de un Gobierno que, con sus aciertos y con sus errores, está realmente tratando de cambiar este país desde distintos puntos de vista, animado de un espíritu que realmente es de cambio, intentando lograr muchas cosas que son imprescindibles. Respetamos absolutamente el Estado de Derecho y la Constitución de la República. Si alguien cree que no es así, existen los mecanismos jurídicos y parlamentarios, incluso la posibilidad de hacerle un juicio al señor Presidente de la República, para demostrar lo contrario. Mientras tanto, son expresiones que uno desearía que se hayan vertido en el fragor emocional de un debate parlamentario que pudo haber sido superior, en la medida en que nos hubiésemos centrado en los contenidos de la iniciativa.

Es cuanto quería decir, señor Presidente.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para contestar una alusión, aunque no percibí ninguna alusión personal, tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Voy a ser breve.

En primer lugar, quiero dejar algunas cuestiones claras. Supongo que el señor Senador preopinante no se refería a mí cuando dijo que un señor Senador manifestó que este Gobierno creía que la Constitución era un papelito.

Pero sí voy a decir que en este Parlamento se han votado leyes a sabiendas de que eran inconstitucionales, lo que después fue ratificado, por lo menos, en tres oportunidades por la Suprema Corte de Justicia. Y reitero que este artículo 10 es inconstitucional, y voy a ser claro en el tema. Más allá de que les guste o no, o que esté bien o no que haya materias curriculares que se llamen “Prevención del uso problemático de drogas”. A mí me puede parecer que está bien que exista esa materia en la escuela y en el liceo, pero una ley no puede mandatar a una institución con autonomía, como es la ANEP, a que la dicte; no lo puede hacer porque es autónoma. Repito que este artículo viola la Constitución, más allá de que nos guste o no que haya una materia con esta denominación.

Quiero ser absolutamente claro: es inconstitucional. Si alguien recurre ante la Suprema Corte de Justicia, este artículo va a ser declarado inconstitucional; notoriamente lo es.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- A esta altura de la jornada ya se ha dicho mucho sobre este tema y no pretendo repetirlo.

Voy a votar en contra el proyecto de ley por las razones expuestas, fundamentalmente, por los compañeros que integran la Bancada del Partido Colorado, los señores Senadores Solari y Bordaberry, cuyas manifestaciones comparto.

También comparto algunas cosas que se han dicho por parte de integrantes del oficialismo, y me interesa decirlo para que no caigamos en una especie de diálogo de sordos en el que cada uno dice lo suyo sin escuchar al otro. Coincido con algunas cosas que han dicho los integrantes del oficialismo, y lo quiero señalar.

Me parece plenamente compartible eso de que no todos los consumidores son adictos, que no todo consumo es problemático –entiendo que es evidente–, que en todos los casos no tiene por qué producirse un efecto escalera en el que empieza por un cigarrillo de marihuana necesariamente termina inyectándose heroína. Es un pensamiento absurdo, pero a veces el fragor de la discusión conduce a estas cosas. Si se plantea la tesis correcta, como se ha hecho aquí, es algo que comparto. Me parece que estas cosas es bueno irlas aclarando para ir despejando el terreno de falsas oposiciones.

También me pareció pertinente, en alguna medida y hasta cierto punto, ese parangón que esbozó el señor Senador Michelini entre el consumo de marihuana y el de alcohol. El alcohol es responsable de muchas más muertes, lesiones y perjuicios que la marihuana; eso es así. Pero el parangón no puede desarrollarse hasta el final y equiparar el tratamiento legislativo de una sustancia con la otra porque hay diferencias culturales inmensas, insoslayables. El consumo de alcohol está en el fondo de nuestra cultura desde hace milenios; esto ya viene de la Grecia antigua, no lo vamos a descubrir ahora. En cambio, la marihuana es otra cosa. Es por eso que si se hace una encuesta el 65 % de la gente dirá que no está de acuerdo con la legalización de la marihuana, pero si le preguntásemos a las mismas personas si aceptan la ilegalización del alcohol, creo que el 95 % estaría en contra. O sea que hay una diferencia cultural, social, insoslayable que justifica un tratamiento distinto de una sustancia y de la otra, sin que ello lleve a negar ciertos paralelismos evidentes. Uno no puede menos que reflexionar a ese respecto cuando se habla de que, de cierta manera, se disminuye la percepción del daño con relación a la marihuana y todos los días estamos bombardeados por la propaganda del consumo de alcohol –de las que el propio Estado es parte–, y vaya si disminuye la percepción del daño. Eso es así.

El artículo 44 de la Constitución de la República habla del deber de proteger la salud, etcétera, y por supuesto que es bien pertinente la cita y corresponde tenerlo en cuenta. Y también podríamos citar el artículo 46, que en su inciso segundo, establece: “El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales”. Tenemos que combatir los vicios sociales de acuerdo con las Convenciones Internacionales; ¿cómo traducimos esto en la legislación? A mi juicio, no ciertamente con lo que se va a votar hoy. Pero tampoco lo traducimos con la existencia de un ente público que fabrica alcohol y hasta hace un tiempo tenía el monopolio y hace propaganda a favor del consumo de alcohol; o con entes públicos que explotan el juego, que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, como todos sabemos. Tenemos un crecimiento del juego, señor Presidente, en todas las áreas y en todos los sentidos que es, evidentemente, insoslayable, y no sé cómo se concilia esto con que el Estado combatirá los vicios sociales. Digo todo esto para situar el tema en su contexto y no caer en algo en lo que nadie quiere caer; seguramente, es una especie de actitud de rigorismo excesivo con relación a una sustancia, la marihuana, y la ignorancia de todo el contexto en el cual este debate se inserta.

En el plano de marcar coincidencias con quienes no integran la misma Bancada que yo y, eventualmente, algunas diferencias con otros compañeros de la misma Bancada, soy de los que opinan –naturalmente, puedo estar equivocado, pero es lo que pienso– que el artículo 10 no es inconstitucional. Creo que acá no se lesiona la autonomía de la enseñanza, salvo que se tenga de esa autonomía un concepto que no comparto. Creo que la legislación puede señalar grandes objetivos a la educación pública. No puede meterse en el terreno del cómo, pues eso es de resorte de la autonomía; pero el qué, sí se puede hacer. No comparto una concepción de la autonomía que impida que la ley establezca que la enseñanza pública debe indicar que hay que cuidarse del exceso en el consumo de drogas, o que mañana pueda resolverse que debe enseñarse el idioma inglés, o que pasado tal o cual asignatura. Creo que los tiempos de dificultades críticas que vive la educación nos obligan a una relectura inteligente y amplia del concepto de autonomía, y no podemos aferrarnos a otra concepción distinta porque el juego del debate sobre este tema –que es mucho menos importante que la educación en su conjunto– nos lleve a eso. Reivindico un concepto amplio de lo que puede ser la incidencia legislativa en el plano de la definición de los objetivos de la educación pública y creo que eso no perjudica el concepto de autonomía entendido como a mi juicio debe entenderse.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PASQUET.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Gracias, señor Presidente; gracias, señor Senador.

En una línea argumental que converge con la del señor Senador Pasquet, quería recordar que la Ley General de Educación, en el literal I) del artículo 40 (De las líneas transversales) establece: “La educación física, la recreación y el deporte, de acuerdo a los lineamientos que se especifican”. Y dentro de ese literal, en el numeral 7), relativo a la salud, se dispone: “Procurará promover, en particular, la salud mental, bucal, ocular, nutricional, la prevención del consumo problemático de drogas”, etcétera. Hay que tener en cuenta que, cuando se elaboró esta Ley, fue escuchado todo el sistema educativo, de acuerdo con lo que indica el artículo 202 de la Constitución de la República. O sea que se hizo ese recorrido. Y lo que se está haciendo en este artículo 10 es concretar eso.

Gracias, señor Presidente; gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: creo que es un muy buen apunte el que hace el señor Senador Rubio porque demuestra que no se está innovando en esta materia y que ya en el pasado se empezó a recorrer un camino que tendremos que tener presente cuando en el futuro haya que hacer –como espero que hagamos, porque las circunstancias lo hacen indispensable– un gran esfuerzo para superar los problemas que actualmente tiene nuestra educación.

Voy ahora a un punto que me interesa señalar especialmente: el relativo al artículo 10 de la Constitución, que citó en su muy enjundiosa exposición el señor Senador Gallo Imperiale. Este es uno de los artículos claves de la Constitución, porque refiere a la libertad. Lo leo: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.

Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Estamos todos de acuerdo con que, al amparo de este artículo, cualquier persona mayor de edad, capaz –es decir, cualquier mayor de dieciocho años en condiciones normales–, tiene todo el derecho del mundo a encerrarse en su casa y consumir lo que quiera, sea marihuana, cocaína, pasta base, whisky o lo que fuere. Las acciones privadas están exentas de la autoridad de los magistrados y sobre esto no hay duda. Pero se pretende extraer de aquí la conclusión de que si se puede realizar determinada actividad, entonces se puede o debería poderse hacer también todo lo que conduce a su realización. Así que, de algún modo, lo que expresa este proyecto de ley que se va a votar hoy sería algo así como un desarrollo lógico del principio de libertad consagrado por el artículo 10 de la Constitución. Bien, yo con esta interpretación no estoy de acuerdo. Creo que el hecho de que determinadas acciones de las personas puedan desarrollarse libremente en el ámbito exento “de la autoridad de los magistrados”, como dice la Carta, no significa lo que el señor Senador Gallo Imperiale pretende que signifique: que en consecuencia deberían permitirse todas las acciones que conduzcan a la mejor realización de esa actividad que, en privado, es lícita o, por lo menos, no es punible. Considero que no es así, que hay actividades que podrán desarrollarse libremente en privado pero que como pueden afectar, de manera prevista por el mismo texto que recién leí, el orden público o perjudicar a terceros, entonces tienen que ser controladas, acotadas y eventualmente prohibidas por la ley.

A mi juicio, lo que tiene que ver con el consumo de drogas ilustra cabalmente este concepto. En privado cada cual hace lo que quiere, pero eso no significa que el Estado deba facilitar el acceso a esas drogas que después se consumen en privado. Creo que hay un ejemplo del Derecho Positivo que no tiene nada que ver con esta materia, pero que ilustra cabalmente lo que a mi juicio es la interpretación correcta. En el Uruguay se entiende, por lo menos desde el primer tercio del siglo XX, que la tentativa de suicidio no es punible. Hubo una polémica en su momento a ese respecto y la buena tesis la sentó el profesor Salvagno Campos, que era a menudo recordado por la doctora Adela Reta a propósito de este y muchos otros temas. Decía el profesor Salvagno Campos que en el Derecho Penal liberal las acciones que se castigan son las que afectan a otros, no las que el individuo realiza sobre su propio cuerpo, porque eso le concierne solamente a él. Entonces, la tentativa de suicidio en nuestro Derecho, según enseñaba Salvagno Campos, no es punible, no puede ser delito porque es el individuo que actúa sobre sí mismo.

Sin embargo, como todos sabemos, la legislación no puede favorecer, ni estimular, ni propender, ni facilitar el suicidio de manera alguna, razón por la cual la determinación o ayuda al suicidio de otro, obviamente es delito y así está previsto en el artículo 315 del Código Penal.

Considero que esta es la demostración más clara de que el hecho de que una actividad pueda desarrollarse en privado sin ser punible, no significa que las de colaboración con esa otra actividad no punible deban ser lícitas; pueden ser delito y en este caso, efectivamente, lo son.

Creo que esto es perfectamente aplicable a este caso del tráfico de drogas, consumo, etcétera. ¿Por qué? Porque en la medida en que facilitemos el acceso a ciertas sustancias con efectos perjudiciales sobre la salud perfectamente demostrados –y aquí sí hay acuerdo pacífico en cuanto a que el consumo de marihuana no es inocuo–, la facilitación de ese consumo, la facilitación del acceso a esa sustancia puede afectar eventualmente a quienes no tengan los medios para defenderse adecuadamente de ella: los niños y los adolescentes. Entonces, se compromete, no ya el interés de la persona que consume, sino el interés de terceros, los menores, cuando se facilita el acceso a sustancias prohibidas en términos a los que pueden acceder, de pronto, esos menores.

Esta es la justificación de que el artículo 10 de la Constitución no tiene como consecuencia lógica necesaria la facilitación del consumo, del acceso a la marihuana en los términos previstos por este proyecto de ley. Tampoco lo excluye. Creo que hay un campo allí para la opción de la política legislativa, pero no hay una conexión lógica necesaria entre ese artículo 10 y las disposiciones de este proyecto de ley. Esto era lo que quería subrayar.

Es cierto que en una de sus disposiciones el proyecto de ley prohíbe la facilitación del acceso al cannabis psicoactivo a los menores de dieciocho años de edad. Es el artículo 14 del proyecto de ley el que así lo dispone. Y para garantizar esa disposición legal hay una serie de mecanismos de control establecidos; prácticamente todos giran en torno al Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el Ircca.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Solari).

–En general, señor Presidente, pienso que sobre estos mecanismos de control se depositan expectativas –naturalmente, con la mejor buena fe y la mejor intención– que estos dispositivos no van a poder satisfacer. Francamente, no creo en la eficacia de estos controles, por distintas razones, entre otras, porque tenemos frente a nuestra vista ejemplos del fracaso estatal en las actividades de control. Son fracasos evidentes, estridentes, que están allí y que no podemos desconocer porque, si no, pecamos de ingenuos a sabiendas; nos creemos que los controles van a funcionar cuando tenemos delante ejemplos que nos demuestran que no es así. No se ha logrado controlar eficazmente el ingreso de sustancias prohibidas –drogas o armas, por ejemplo– a los establecimientos de reclusión. ¡Vaya si sería importante lograr la consecución de este objetivo! No se ha podido; no se ha logrado. Como bien se recordaba hace unas cuantas horas ya, esto tuvo que ver con el motín en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez que terminó con dos muertos y varios heridos. ¡Y vaya si en ese ámbito carcelario, el Estado tiene amplias facultades! Tiene la fuerza pública instalada allí para hacer todo lo que sea necesario realizar, repito, con amplias facultades. Incluso votamos una ley permitiendo al Poder Ejecutivo recurrir a las Fuerzas Armadas para controlar el ingreso a esos establecimientos de reclusión. Nada ha sido suficiente, nada ha tenido éxito, siguen entrando drogas y sustancias prohibidas a los establecimientos de reclusión. Este es un ejemplo claro, manifiesto, del fracaso del control.

Hay otros ejemplos, señor Presidente, tal vez hasta más directamente conectados con el asunto en consideración. También está prohibido por nuestra legislación el expendio de alcohol a los menores de edad. Reitero: eso está prohibido. Sin embargo, el pasado 30 de setiembre se reunió el Consejo Asesor y Consultivo del Directorio del INAU –tuvo su tercera reunión anual– para debatir el tema del consumo de alcohol entre niños y adolescentes. Da cuenta la información publicada por el propio Instituto que antes de la reunión los Consejeros consultaron a 700 jóvenes de todo el país. De los de entre 12 y 21 años que consumen alcohol, un alto porcentaje dijo acceder a las bebidas a través de comercios que las venden pese a la prohibición, así como en boliches.

Las autoridades competentes consideran que no se logra frenar este fenómeno y que continúa la venta de alcohol a menores por parte de comercios que no deberían hacerlo. Todos sabemos que no deberían, pero lo hacen igual y los controles no demuestran ser eficaces.

Entonces, no podemos desconocer estos datos de la realidad cuando pensamos que vamos a sofrenar –por decirlo de algún modo– los efectos de esta ley a través de esos mecanismos de control que con ella se crean.

No quiero extenderme mucho, pero voy a poner un ejemplo de otro caso de fracaso de la legislación. Hace poco votamos una ley disponiendo el aumento de las penas para quienes traficaran pasta base, pero la norma no se pudo aplicar porque no se dispone de los medios técnicos necesarios para identificar con precisión lo que se llama vulgarmente pasta base. Las pruebas técnicas dan clorhidrato de cocaína, que es lo mismo para la cocaína propiamente dicha que para sus derivados o sustancias afines. Decía que no se aplica. Se trata de una elaboración jurisprudencial para no aplicar esa disposición que no es aplicable y tomar en cuenta el criterio legislativo para imponer penas más severas.

Entonces, tenemos que echar un vistazo a cómo están funcionando las normas que nosotros mismos creamos para evaluar con realismo estos dispositivos que estamos sancionando ahora. Por tanto, no creo en la eficacia de estos controles y advierto los problemas del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el Ircca, que han sido señalados fundamentalmente por el señor Senador Bordaberry. Más allá del problema de constitucionalidad, de suyo muy importante, hay un problema de recursos porque, ¿con qué va a funcionar? No será con lo que se obtenga por las licencias o legados que reciba; inicialmente, al menos, va a funcionar con los recursos que le asigne el Poder Ejecutivo. Precisamente, el proyecto de ley dice que esos recursos serán los que el Poder Ejecutivo le pueda asignar de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuesto, pero se refiere a la próxima, a la del próximo Gobierno, que se ejecutará a partir de 2016. Mientras tanto, ¿cómo hace el Ircca? Creo que no va a poder funcionar, no va a haber Ircca y, por tanto, no va a haber regulación. Estamos considerando un proyecto cuyo engranaje central de control es este Instituto que no va a poder empezar a funcionar, de acuerdo con lo previsto por sus disposiciones, hasta el año 2016. Si estoy equivocado en este punto, señor Presidente, y si el Poder Ejecutivo está considerando otra posibilidad para dotar de fondos al Ircca, agradecería que el miembro informante lo manifestara porque de lo que extraigo de la lectura de las disposiciones se desprende que el Ircca empieza a funcionar en el año 2016, por lo que hasta ese momento no habrá control. ¿Va a haber actividades antes de 2016 al amparo de esta ley? Bueno, si miramos el artículo 5.º del proyecto de ley y sus siete literales veremos que en la mayoría se establece que todas las actividades están sometidas a previa autorización o a posterior control del Ircca. Entonces, uno puede pensar que si no hay Instituto, tampoco puede haber actividades que deban ser autorizadas o controladas por él. Sin embargo, esto no es así en el caso de las actividades previstas por el literal E): “La plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de plantas de cannabis” etcétera. Acá no se prevé ninguna autorización ni control por el Ircca, se establece sí el tope de plantas, que son seis, el máximo de 480 gramos anuales, pero no se dice quién controla. Esto no está supeditado a la autorización del Ircca. Por tanto, le pregunto al miembro informante si todo esto va a comenzar por el autocultivo y espero que me lo aclare. Creo que todo esto está pensado para comenzar a funcionar por el autocultivo, porque no necesita autorización del Ircca; arranca espontáneamente en los hogares que quieran empezar esta experiencia agrícola que es el autocultivo de marihuana. Más adelante se instalará el Instituto y comenzará a controlar. Si empezamos por el cultivo doméstico sin ningún tipo de control, creo que no es aventurado suponer que se va a facilitar enormemente el acceso a las sustancias prohibidas para niños y adolescentes, lo cual justifica la intervención de la ley con sentido restrictivo. Digo esto para mantener el nexo con las previsiones del artículo 10: la ley puede controlar ciertas actividades cuando pueden afectar a la sociedad, al orden público o a terceros. Estamos exactamente dentro de ese campo.

Si las cosas suceden de esta manera, con un Instituto de control y regulación que se va a poder instalar y funcionar recién en el año 2016, esto nos conduce –aunque se diga que ese no es el propósito y se declare enfáticamente– a lo que gráficamente el señor Presidente de la República ha llamado “el Viva la Pepa”, porque va a haber autocultivo, facilitación del acceso y del consumo, pero el Instituto de control previsto empezará a funcionar recién en el 2016. Se podrá decir que después el Presidente de la República dijo que esto no iba a ser “el Viva la Pepa”; pero, lamentablemente, las declaraciones del Presidente Mujica funcionan muchas veces como una profecía a contrario sensu, porque lo que ocurre es lo que dijo que no pasaría. Acá no estoy haciendo ninguna referencia a las características personales del señor Presidente de la República, ni a su idiosincrasia, ni a su estilo de vida. Entonces, que no se lo victimice porque no voy por ahí. Me estoy refiriendo a declaraciones políticas y sinceramente creo que tengo todo el derecho a hacerlo.

El señor Presidente de la República ha dicho en varias oportunidades cosas que son exactamente lo contrario a lo que después sucede. En 2009 nos dijo: “Yo no voy a utilizar la mayoría parlamentaria del Frente Amplio para enmendarle la plana al pueblo y dejar sin efecto la Ley de Caducidad”. Como todos sabemos, eso fue exactamente lo que pasó y después la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la llamada Ley Interpretativa. Como dije, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario de lo que el Presidente dijo que haría. Otro día dijo: “No quiero saber nada con la ley de medios. Si me traen un borrador lo tiro a la papelera”, y en la tarde de hoy la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de medios, que dentro de poco pasará por este Cuerpo.

Repito que ahora se nos dice: esto no va ser “el Viva la Pepa”. ¡Va a ser “el Viva la Pepa”!, porque estamos haciendo andar un mecanismo que empezará cuando la ley entre en vigencia y el Instituto de control se instalará en el curso del año 2016. Mientras tanto, prosperará el autocultivo y su natural desarrollo.

Todo esto nos merece reparos y nos parece especialmente inoportuno. Creo que las razones de oportunidad son pertinentes; es pertinente tenerlas en cuenta porque las leyes no se votan en el vacío ni en el limbo de los conceptos puros. Hay momentos y momentos en la vida de las sociedades. Ahora todos tendríamos que estar bajo el impacto de resultados que nos dicen que nuestra educación está en un momento muy grave, muy serio. Creo que las pruebas PISA tienen que ser un gran llamado de atención a la conciencia nacional. Tenemos un problema grave en uno de los temas que tradicionalmente ha fundado el orgullo de los uruguayos como país. Siempre nos enorgullecimos de nuestra educación, siempre la vimos como algo que nos distinguió en América y nos honró en el mundo entero, pero hoy los resultados nos dicen que estamos muy mal en ese plano. Podremos discutir las causas, las características del fenómeno, pero que allí hay un problema serio, lo hay. Pero resulta que cuando ni siquiera hemos empezado a analizar los resultados de las pruebas PISA en este ámbito, la señal fuerte que sale de acá es la legalización del consumo de marihuana. Me parece que no es la señal correcta, que es el peor momento posible para votar un proyecto de ley que siempre sería discutible pero que, en estas circunstancias, es claramente inoportuno. Acá tendríamos que estar en un clima de alarma nacional, como están los finlandeses, que crearon un consejo especial para discutir el tema y pensar en cómo hacer para mejorar la educación con el aporte de todos. Y lo que estamos haciendo nosotros es analizar este proyecto de ley que facilita o promueve conductas que nada tienen que ver con la educación, por decir lo menos.

Entonces, además de todo hay un problema de oportunidad manifiesto, señor Presidente.

También hay otros problemas –con la referencia a ellos termino– que tienen que ver con el conflicto en que nos pone la sanción de este proyecto de ley con las normas internacionales que obligan al país. Hay Convenciones internacionales que Uruguay ratificó que se oponen directamente a esto que se va a votar en el día de hoy. Meses atrás, cuando el señor Ministro de Relaciones Exteriores concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, le pregunté sobre la evaluación que él hacía de la relación que podían tener las normas de este proyecto de ley con las normas internacionales que obligan a Uruguay, como la Convención de Nueva York de 1961 o la Convención de Viena de 1988. La respuesta del señor Ministro fue que como el proyecto de ley estaba en trámite en el Parlamento, no quería apresurarse a llegar a ninguna conclusión antes de que se sancionara y que luego se vería exactamente qué decía la ley. Evidentemente, se trató de una respuesta insatisfactoria porque acá no había previsión de nada, sino solamente una manifestación de deseo que posteriormente reiteró. Tengo aquí la versión taquigráfica –no la quiero leer para no extenderme– donde, en forma reiterada, él dice que espera, que desea que no haya ningún conflicto entre la ley que más adelante sancionaría el Parlamento uruguayo y lo que establecen las Convenciones internacionales. Además manifestó que seguramente los señores Senadores tendrían bien presente en su trabajo legislativo las normas de las Convenciones internacionales.

He preguntado a algún miembro de la Comisión de Salud Pública que entendió en este asunto y me ha dicho que allí no se debatió lo relativo a las convenciones internacionales; me refiero a la de Nueva York de 1961 y a la de Viena de 1988.

Entonces, no creo que tenga sentido que discutamos aquí y ahora si el proyecto de ley se ajusta o no a las normas internacionales. En lo personal, me parece que es evidente que no se ajusta, que choca con ellas, pero mucho más importante que lo que podamos decir nosotros, señor Presidente, es lo que expresa el organismo encargado de velar por la aplicación de esas convenciones internacionales, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que ya en el mes de agosto envió una comunicación manifestando que Uruguay iba en curso de sancionar normas en colisión con las convenciones internacionales y más recientemente reiteró ese pronunciamiento.

Me permito leer parte de una declaración de esta Junta Internacional de fecha 19 de noviembre pasado: “La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha observado con preocupación que al Gobierno de Uruguay no le fuese posible enviar una delegación al recién concluido período de sesiones de la Junta, para discutir el estado del cumplimiento por el país de los tratados de fiscalización internacional de estupefacientes”.

(Ocupa la Presidencia el señor Danilo Astori).

–«La JIFE continúa preocupada por el proyecto de ley que está siendo considerado en Uruguay y que de aprobarse legalizaría la producción, venta y consumo de hierba de cannabis con fines no médicos. El Presidente de la JIFE, el Sr. Raymond Yans, señaló que “esto contravendría lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la cual ha sido adoptada por 186 países, incluyendo Uruguay”», y la declaración sigue.

Entonces, me parece que de aquí surgen con claridad dos elementos: primero, que de acuerdo con el organismo creado por las convenciones aludidas –que forma parte del sistema de Naciones Unidas–, este proyecto de ley contradice las disposiciones de las convenciones internacionales que obligan a Uruguay. Estamos violando compromisos internacionales.

El segundo elemento que también surge de esto con claridad es que el Gobierno uruguayo ha decidido mantenerse al margen de las deliberaciones y trabajos de ese instituto. Aquí lo que sucedió fue, primero, que se quiso enviar una misión que no fue recibida por el Gobierno –el Ministro dio explicaciones sobre esto en esa sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales a la que hice referencia– y, posteriormente, no envió a sus representantes a esta reunión que se celebró en el pasado mes de noviembre.

Quiere decir que nuestra actitud frente a la comunidad internacional es la de no participar de esos debates y seguir nuestro curso con independencia, aunque se nos diga, por parte del organismo encargado de velar por el cumplimiento de esos tratados, que los estamos violando.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–23 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Gracias, señor Presidente; voy a terminar enseguida.

Como decía, la actitud de Uruguay es mantenerse al margen de esta cuestión y seguir adelante con este proyecto de ley, del que expresamente se nos dice que viola las convenciones internacionales que nos obligan. Esta actitud es, ciertamente, muy distinta a la adoptada por el Gobierno en otros temas de carácter tributario y fiscal internacional, respecto a los que se nos dijo que teníamos que alinearnos, sí o sí, con las indicaciones de la OCDE y del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información porque, de lo contrario, nos convertiríamos en parias del mundo.

Esa actitud de sensibilidad frente a la comunidad internacional aunque no hubiera tratados que nos obligaran a hacer lo que se nos exigía, no se observa en este campo, donde lo que está en juego es la salud pública; sin embargo, violamos sin mayores inconvenientes ni reparos lo dispuesto por las convenciones que, repito, nos obligan.

Y no solo violamos las convenciones sino que tampoco tratamos de mitigar el impacto de esa conducta en las relaciones con los vecinos, porque hemos escuchado manifestaciones de gobernantes de Argentina, Brasil y México diciendo que están preocupados por esto que va a hacer Uruguay porque estas iniciativas no pueden acometerse en soledad ya que el problema de las drogas y el narcotráfico nos afecta a todos. Pero, que sepamos, no ha habido ninguna iniciativa diplomática de significación tendiente a buscar alguna armonización de criterios o pareceres para no quedar absolutamente solos en este campo, repito, de violación de compromisos internacionales asumidos por el país.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PASQUET.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: lamento discrepar con mi colega, el señor Senador Pasquet, y con algunos otros respecto a que hoy deberíamos estar discutiendo otra cosa. Somos treinta Senadores y trabajamos intensamente; me parece que podemos discutirlo todo y que los problemas de la educación o de la salud no impiden que estemos analizando este tema. ¡Por suerte estamos discutiéndolo, porque sobre el tema del consumo de drogas es mucho lo que se habla y poco lo que se ha hecho!

Y quiero decir que esto no es un “Viva la Pepa”, como alguien dijo, sino que es la primera política en serio que vamos a tener de regulación de las drogas blandas. Hasta el momento, no hemos tenido ninguna.

Como dije, tuvimos un ciclo de política incompleta en que el consumo estaba permitido, pero luego empujábamos a los consumidores al mercado negro. El Gobierno ha decidido tener una política dual y, por eso, no hay que confundir la política del combate al tráfico de pasta base con la política de la marihuana. Me parece que recién a partir de la aprobación de esta iniciativa podremos empezar a pensar que vamos a tener una política en serio con relación al tema de una droga blanda.

Entonces, me parece que esto es todo lo contrario a un “Viva la Pepa”, que el tema es importante –como también lo es discutirlo ahora–, que no es subsidiario de ningún otro y que nos encaminamos a tener una política en la materia.

Quiero decir, también, que creo que en esta larguísima sesión se ha podido ver, al igual que en el tema de la despenalización del aborto, que la mayoría de las intervenciones dicen: “Sí, así como está, está mal”; “algo tenemos que hacer”; “de cualquier manera, las mujeres abortan” y “de cualquier manera, los jóvenes consumen drogas”. Este intento puede tener muchos problemas y no ser el mejor del mundo –estoy abierta a todas las críticas–, pero es la primera vez que se hace algo en este sentido.

Eso era todo cuanto quería decir.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Es importante hacer algo, pero más importante aún es hacer algo que esté bien, que vaya en la dirección correcta, y ahí es donde surgen las discrepancias.

Creo, sinceramente, que frente a los resultados de las pruebas PISA –que no se presentan como un rayo en un cielo de verano sino que son otro problema más, que aparece, en un panorama enormemente complicado ya desde antes– tenemos que dar otra respuesta. Me parece que esta no es la señal adecuada. Podemos hacer muchas cosas, no tenemos por qué ocuparnos exclusivamente de una, pero creo que tendríamos que dar gran prioridad, en el plano legislativo, político y simbólico, a la situación de la educación. Considero que sancionar este proyecto de ley ahora no va en línea con esa conducta, que es la que me parece que deberíamos observar; inclusive, creo que es una señal contraria, de aflojamiento, de liberalización y de controles que no van a funcionar hasta dentro de un par de años, más o menos, siendo que las circunstancias nos reclaman –a mi juicio– otra actitud frente a un problema realmente nacional y urgente, como es el de la educación.

He terminado, señor Presidente.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: realmente, a esta hora del debate hay pocas cosas nuevas, o que no se hayan mencionado por parte del oficialismo o la oposición, que pueda agregar. Entonces, a diferencia de algunos colegas, no voy a anunciar que seré breve y que no voy a ocupar todo el tiempo, pero lo voy a hacer.

Lo que intento en estos minutos es fundar nuestra posición contraria a esta iniciativa que hoy va a ser sancionada, como otros proyectos de ley, con la mayoría exclusiva del oficialismo, es decir, con la diferencia de un voto. Se trata de una ley muy importante que, sin duda –como ha dicho el propio Presidente de la República y aquí se ha mencionado–, es un experimento. Esa es de las cosas que más nos han preocupado, que más nos han aterrado en el debate público donde se han dicho muchas cosas, porque este es un experimento directo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes fundamentalmente, y creo –sin temor a equivocarme– que este tipo de medidas, de leyes, de reglamentaciones o de legalizaciones no tienen vuelta atrás.

Quiero dejar sentada mi convicción de que no dudo de que este proyecto de ley tenga la mejor intención –obviamente no le atribuyo mala intención–, pero estoy convencido de que no va alcanzar los objetivos propuestos. Se ha dicho que esto va a ayudar a combatir el narcotráfico, incluso se ha traído a colación lo que fue la “Ley Seca” en Estados Unidos y todo lo que ocurrió en su momento con la prohibición de la venta de alcohol. También se ha comparado esta iniciativa con el tabaco que también es una droga legal, pero en realidad esto es totalmente distinto. Hoy pensar en prohibir el alcohol va en una dirección opuesta a la que se está siguiendo con el caso de la marihuana; pensar en una ley para prohibir la comercialización del alcohol es retroceder en una legislación que ya existe y va en sentido contrario de reglamentar y legalizar la comercialización o la producción de la marihuana. Además, como también se ha mencionado, es evidente que con ese razonamiento tendemos a legalizar todo aquello que no hemos podido combatir y que hasta ahora es delito. En el campo de las drogas se seguirá, sin duda, con la cocaína y no sabemos hasta dónde se va a llegar; con el mismo razonamiento, como no podemos combatir su comercio ilegal, entonces eliminamos el delito para, por ese mecanismo, esconder una realidad.

Nosotros creemos que con esto, lejos de combatir el narcotráfico este va a seguir existiendo con otro tipo de drogas e, incluso, va a seguir existiendo la comercialización de la propia marihuana porque va a ser muy difícil que la marihuana legal compita en precios. Además, ya sabemos que hay muchas cosas que quedan libradas a la reglamentación, diría que demasiadas. De alguna manera, en muchos aspectos se estaría aprobando un “cheque en blanco” como se dice comúnmente, pero sin duda que toda la operativa para que el público acceda al comercio legal va a ser bastante compleja y muchos consumidores no van a querer presentarse con su cédula para que se los aliste y, por lo tanto, va a ser mucho más fácil comprar en el mercado negro. No creemos que a través de esta ley se consiga combatir el narcotráfico; es más, estoy convencido de que esto puede generar un nuevo mercado negro, el de aquellos que no consumen, se inscriben, compran y luego la van a vender en los lugares turísticos o en la frontera de nuestro país. Claramente creo que el narcotráfico por un lado y el mercado negro por otro, lejos de desaparecer, pueden aumentar.

Otro de los objetivos que se ha mencionado es bajar el consumo y se ha dado el ejemplo de otros lugares donde se han recorrido caminos de reglamentación o de legalización, pero no creemos que se consiga; primero porque a los jóvenes les estamos dando un mensaje contradictorio cuando les decimos que drogarse hace daño, que no está bien –se han usado frases como la de: “Me siento bien sin drogas”, a lo que se agregan todas las campañas de educación–, y ahora va a ser el propio Estado el que, en definitiva, va a proveer de droga a las bocas de venta legales. Incluso, estimo que es muy probable que algunos adolescentes o jóvenes interpreten que esto no debe ser tan malo, cuando además en este proyecto de ley se están presentando, reglamentando y legalizando a través de esta iniciativa cuatro vías para la adquisición de la marihuana: el autocultivo, los clubes cannábicos, el fin medicinal y la venta a través de comercios autorizados. En ese sentido, también se ha dicho que esto va en dirección de evitar el consumo de drogas más duras, pero yo voy a hacer referencia a expresiones que no estamos atendiendo, de especialistas que han dejado muy clara su posición. La Directora de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina decía: “Una cosa no está ligada a la otra. Que el consumidor no tenga que traficar con comerciantes ilegales lo pone en una situación de más seguridad y limita el tráfico ilegal”, subrayó. Pero agrega: “Eso no quiere decir que vamos a evitar que un individuo consuma pasta base” u otra droga. Mientras tanto, para la catedrática de Psiquiatría Infantil, doctora Viola, la legalización de la venta facilitaría que una persona con vulnerabilidades familiares y psicológicas encuentre en la droga un refugio para sus problemas. Claramente, no creemos que para alguien que ya esté consumiendo drogas más duras esta sea la posibilidad de una marcha atrás; entonces, lejos de ser una puerta de salida a la drogadicción, esta puede ser una puerta de entrada.

Además, se ha dicho que la marihuana es la más inocua de las drogas o la que menos daño le causa a la salud, y la verdad es que en esto han sido muy claros quienes trabajan con un tema en el que creo que el Uruguay o el Estado uruguayo tiene un gran debe, como lo son las políticas de rehabilitación, porque el problema no es el consumo sino, como todos sabemos, el consumo abusivo o las adicciones y la marihuana es una sustancia adictiva. Realmente, el Estado uruguayo hoy no le ofrece a quienes están enfermos, a quienes tienen una adicción a las drogas –como otras adicciones– adecuados centros de rehabilitación; los hay muy pocos y, en general, son privados.

También quiero leer algunas manifestaciones de quienes están trabajando con adictos, como por ejemplo, el Director de la Fundación Manantiales, quien manifestó claramente que esto “es apagar un incendio con nafta”. También dijo: “La marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. La mayoría de los consumidores de pasta base comenzaron por la marihuana”. La Directora del Proyecto Renacer señaló que “en los países en que se han flexibilizado las medidas represivas, el consumo no desciende sino que se mantiene y en algunos casos aumenta”, mientras que Ismael Piñero, del Centro Ser Libre, manifestaba: “Facilitar el acceso a las drogas fomenta el consumo. Las drogas que más se consumen en el país son legales”. Si fuera por legalizar, en el Uruguay hoy no se consumiría alcohol o tabaco, quiere decir que la legalización no nos está asegurando que vaya a bajar el consumo. Como se ha dicho, sin duda, la legalización viola tratados internacionales –que ya fueron mencionados– como la Convención Única de Estupefacientes de 1961, de Viena, enmendada por el Protocolo de 1972 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

Como decía el ex-Canciller doctor Opertti, es un asunto que, por su naturaleza, parecería que no puede ser asumido por los países en forma independiente de sus vecinos y socios de la región y del propio universo en el que nos movemos. En ese sentido, creo que esta legalización que, como también se ha mencionado, tiene a nuestros vecinos y a sus autoridades muy preocupados, puede traernos –y va a traernos– graves problemas. Lo expresa alguien que conoce muy bien algunas regiones turísticas del país, como muchos de los presentes, pero fundamentalmente las zonas de frontera. Imagino, por ejemplo, que en mi departamento natal, en el norte, en Rivera, que visitan tantos turistas brasileños que vienen a hacer sus compras y se sientan a degustar una cerveza uruguaya –como les gusta hacer–, va a haber unos cuantos que van a aprovechar para fumarse un porrito. Seguramente se me va a contestar que no se les va a vender a los extranjeros, pero, como decía hace un instante, va a ser muy fácil ese comercio negro que sin duda se va a plantear cuando algunos de los que no consumen adquieran su cuota legal para después vendérsela a los turistas. Y es posible que, más que fumar, algunos van a estar tentados de llevarse la droga para su país. Entonces, la consecuencia inmediata va a ser la reacción de los países limítrofes, que van a aumentar sus controles y esto va a perjudicar al turismo, fundamentalmente el de compras.

Decíamos que la marihuana no es, de ninguna manera, inocua. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay ha sido muy contundente al respecto y el señor Senador Solari, en su intervención, sin duda fue clarísimo en ese sentido. Pero recordemos y remarquemos que produce alteraciones a nivel del estado de ánimo, de la atención, la concentración, la memoria, la ubicación en el tiempo y la coordinación motora, efectos que persisten incluso entre ocho y doce horas. Entonces, hay toda una reglamentación que va a haber que ir corrigiendo rápidamente. Como decía muy bien el señor Senador Pasquet hace un instante, este proyecto se va a promulgar luego de ser aprobado hoy por esta exigua mayoría en el Senado, y va a haber acceso al autocultivo, quizás sin mejorar los controles. Hoy existen reglamentaciones que prohíben estar en determinados lugares o realizar ciertas actividades bajo el efecto del alcohol, por ejemplo, pero nada dicen del tema de la marihuana. Es más, vamos a tener que mirar muy bien la reglamentación en esta Casa, que prohíbe fumar pero no consumir marihuana.

En definitiva, creemos que, más allá de los objetivos propuestos –repito que no tengo dudas de que el Gobierno los tiene, y podemos compartirlos como tales–, esta ley va a estar muy lejos de alcanzarlos. Además, entendemos que deja muchos aspectos librados a la reglamentación como, por ejemplo, la determinación de dónde va a salir la marihuana que se va a vender en los comercios autorizados. En el artículo 2.º del proyecto se establece que el Estado…

(Murmullos).

(Campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay un alto nivel de murmullos en la Sala y en la Barra. Solicito, tanto a los integrantes del Cuerpo como a quienes están en la Barra, que guarden silencio. Desde ya, muchas gracias.

Puede continuar el señor Senador Viera.

SEÑOR VIERA.- Decía que hay una gran cantidad de aspectos vinculados con lo que va a ser esta actividad que quedan librados a la reglamentación, por lo que queremos dejar planteada nuestra preocupación. Por ejemplo, no está previsto el origen de la marihuana que se venderá en los comercios autorizados. El artículo 2.º del proyecto de ley claramente le da al Estado el control y la regulación de todas las actividades que tienen que ver con importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, distribución de cannabis, etcétera. Pero ¿de dónde va a salir la droga? Aquí se habla de importación, pero ¿de dónde va a importar el Gobierno la marihuana? ¿Va a negociar en el exterior? ¿Con quién? ¿Con los narcotraficantes?

También se está habilitando la exportación. ¡Menudo lío! Si tenemos líos con el consumo, ¡imaginen los señores Senadores qué va a ocurrir si nos ponemos a exportar marihuana! Me parece bastante absurdo.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR VIERA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Reitero mi pedido para disminuir el nivel de murmullos en Sala. Vamos a prestar atención a quienes están haciendo uso de la palabra.

Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- En primer lugar quiero agradecer al señor Senador Viera, que salió de la hipótesis de que estamos experimentando, porque parece que estuviéramos en una conspiración contra el pueblo uruguayo. Él dice que esto puede tener virtudes o defectos, pero lo analiza desde la buena fe de todos los que estamos aquí, y no solo hablo de los Senadores, sino también de los Diputados, que tuvieron también un trabajo muy importante al respecto.

En segundo término, cuando se habla de la exportación, Uruguay u otros países pueden en el futuro exportar el cáñamo y telas derivadas de él, pero si hubiera dudas sobre el texto con respecto a la exportación de la marihuana –que produce los efectos que todos conocemos–, no tenemos problema en presentar a la brevedad alguna norma que permita dejar bien en claro que no vamos a ser exportadores de esa sustancia.

Finalmente, señor Presidente, quiero reiterar lo que he señalado en varias oportunidades en las que he pedido interrupciones. Todo lo que se dice sobre la marihuana también se puede decir acerca del alcohol. Se dice que la marihuana es el primer paso para otras drogas más complicadas, entre ellas la pasta base, pero para la marihuana el primer paso es el alcohol. No hay ningún individuo en el Uruguay que empiece a fumar marihuana y no haya probado el alcohol. Sin embargo, el alcohol es legal. ¿Y por qué es legal, si afecta la salud de los uruguayos? ¿O todos somos tontos y dejamos que se afecte la salud de los uruguayos sin hacer nada? Es legal porque la prohibición es peor.

Por supuesto que esto puede estar lleno de defectos y complicaciones, y habrá que poner una lupa enorme sobre la reglamentación, pero la prohibición es el mal camino. Es el que en su momento tomaron otros países con el alcohol, pero hace más de cien años se abandonó esa estrategia. Y no quiere decir que el alcohol no origine problemas, no genere adicción o no afecte la salud, no solamente de los uruguayos, sino de cualquier pueblo que lo consuma, ya sea de manera legal o ilegal.

Quería marcar esos tres aspectos y agradezco al señor Senador Viera por la interrupción que me concedió.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Viera.

SEÑOR VIERA.- Lo primero que deseo aclarar –creo que no era necesario, pero la interrupción del señor Senador Michelini me obliga a hacerlo– es que quien inicialmente habló de experimentar y de que esto era una experiencia fue el señor Presidente de la República; no hubo nadie original en esta Sala.

En segundo término, es verdad que creo en la buena intención, obviamente, de quienes plantean esto como una solución, pero insisto en que no me parece que se alcancen los objetivos propuestos. Por el contrario, considero que es un inmenso error y que vamos a pagar caras las consecuencias.

Por otra parte, se compara la reglamentación de la comercialización de la marihuana con la del alcohol, pero ese argumento nos lleva a pensar que, entonces, como no podemos combatir otras drogas y el narcotráfico, vamos a seguir por el camino de la legalización como solución. Es más, razonando por el absurdo, podemos llegar a la conclusión de que en el caso de otros delitos que claramente no podemos combatir, porque cada vez se producen en mayor cantidad, también vamos a recurrir a la legalización. Es un absurdo pensar que como no podemos con algo que es ilegal, legalizándolo vamos a poder combatirlo.

Quiero hacer referencia a algunos otros aspectos del proyecto de ley, en particular al artículo 10. Obviamente, ¡cómo no vamos a estar de acuerdo en su espíritu si establece que nuestro sistema educativo debe educar con respecto a los daños que causa la droga! En ese sentido, reafirmamos el concepto que planteó el señor Senador Amorín: claramente tiene aspectos inconstitucionales y, por consiguiente, no es bueno que este Parlamento, advertido y a sabiendas, siga por el camino de aprobar normas que son inconstitucionales y que luego son recurridas ante la Suprema Corte de Justicia.

Señor Presidente: termino leyendo la intervención de uno de los miembros de la ANEP, el doctor Corbo, quien en oportunidad de su concurrencia a la Comisión de Salud Pública del Senado, refiriéndose al artículo 10, expresó: “Aun cuando compartimos el espíritu del artículo 10 del proyecto de ley, en cuanto a disponer de políticas educativas para la promoción de la salud y la prevención del uso problemático de cannabis, encontramos que la redacción tiene problemas en dos aspectos. En primer lugar, porque se señala al órgano de educación la perspectiva de un paradigma del cual abordar este trabajo educativo. En realidad, nosotros compartimos ese paradigma que se señala aquí y nos parece que se debe transitar por ese camino, pero no únicamente por él. Existe un conjunto de circunstancias y situaciones que ameritan otro tipo de abordaje y nos parece que la ley, por un lado, constriñe, al establecer que nuestras acciones tengan que ampararse bajo ese paradigma específico y, por otro lado, que es propio de la especialidad del órgano el diseñar sus enfoques pedagógicos con libertad y de acuerdo a su especialidad técnica”.

Más adelante dice: “En segundo término –el segundo problema que compartimos plenamente con esta autoridad de la educación– vemos un problema cuando se plantea la inclusión curricular. Se habla específicamente de la inclusión de una disciplina y se le da el nombre a la misma. Como los señores Senadores comprenderán, eso tiene múltiples significados. Desde el punto de vista del estatuto institucional del país, creemos que hay una regulación que estaría implicando afectaciones a la autonomía y a la especialidad técnica del órgano. Se recordará que desde la Constitución de 1918 –donde se incluyó el artículo 100 que refiere a la creación de los organismos autónomos del Estado, especialmente el de la enseñanza, y aquel famoso informe de José Pedro Varela y Justino Jiménez de Aréchaga sobre su interpretación–, es doctrina aceptada en el país que a la hora de legislar, no se haga sobre planes de estudio y sobre las materias que son propias de la especialidad orgánica, en este caso, de la ANEP”.

En ese sentido, señor Presidente, al aprobar esta ley –si no fuera recurrida ni declarada inconstitucional– creo que estamos sentando bases interpretativas y acto seguido deberíamos convocarnos –y a ese respecto hemos presentado con otros señores Senadores una moción– para levantar el receso y ponernos ya a trabajar sobre algunos proyectos que tienen que ver con la educación. Me parece que si en más de una oportunidad ha habido acuerdo en el sistema político, en quienes representamos legítima y democráticamente a la ciudadanía –como lo hubo al principio de este período de Gobierno cuando el Presidente Mujica convocó a comisiones multipartidarias y se llegó a acuerdo sobre los temas de la educación, y como también lo hubo posteriormente, cuando se delineó el ProMejora, ninguno de los cuales ha sido aplicado por la ANEP, por circunstancias que todos conocemos–, si se aprueba así el artículo 10 del proyecto de ley y luego no cae por inconstitucional, inmediatamente deberíamos abocarnos a trabajar en programas y en un proyecto educativo que provenga de los representantes del pueblo, que hoy están recogiendo –como lo estamos todos– el clamor de la ciudadanía ante una educación que está en crisis.

Realmente, creo que si podemos incluir en el currículo –y algunos colegas han manifestado su convicción de que eso no es inconstitucional– determinadas disciplinas y materias, también podemos incorporar otras y colaborar para lograr los grandes cambios, que están trabados por un sistema de gobierno en la educación que, realmente, no permite concretarlos.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR VIERA.- Con mucho gusto.

SEÑOR RUBIO.- Creo que el punto que plantea el señor Senador Viera fue aclarado: está en la Ley de Educación. Oportunamente los entes educativos fueron consultados, tal como lo establece artículo 202 de la Constitución de la República, y ahora se concreta la disposición que establece la ley que regula todo el sistema. Por lo tanto, no creo que sea inconstitucional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Viera.

SEÑOR VIERA.- En ese sentido, si tienen razón los Senadores que afirman que esto es inconstitucional –aparentemente los hay en todos los partidos, o por lo menos en dos que aquí se han manifestado, porque el miembro informante aceptó en Comisión, y fue leído en el informe, que esto tenía visos de inconstitucionalidad– y la norma es impugnada, pero finalmente no resulta declarada inconstitucional, se abren puertas muy interesantes para trabajar en materia de cambios en la educación.

Señor Presidente: termino diciendo que a pesar de las tantas horas de debate no nos deja nada en claro la defensa que se hizo de este proyecto de ley. Quedan muchos aspectos pendientes que serán objeto de reglamentación y que van a ser de difícil aplicación. Lamentablemente vemos un futuro muy confuso y oscuro en materia de combate a las adicciones.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ha agotado la lista de oradores. Si el Senado está de acuerdo vamos a dar por concluida la discusión general, no sin antes dar una última oportunidad de intervención al señor miembro informante, a los efectos de que realice los comentarios que estime pertinente.

SEÑOR CONDE.- Muchas gracias.

Más allá de las discrepancias, celebro el tiempo que el Senado ha dedicado a considerar este proyecto de ley.

Seré muy breve para reafirmar los conceptos políticos fundamentales, pero antes voy a detenerme un minuto ya que fui aludido por el tema de la inconstitucionalidad del artículo 10.

El señor Senador Amorín me ha citado bien y ha reconocido la honestidad de mi intervención –cosa que agradezco–, pero voy a precisar exactamente el alcance de mis palabras, que puede corroborarse en la versión taquigráfica. Dije que el Codicén podría considerarse legitimado para recurrir esto por entender agraviada su autonomía técnica por algunas expresiones del artículo 10 –precisamente, las que se han comentado aquí–, cuando establece que “Dichas políticas educativas comprenderán su inclusión curricular”, y luego agrega que “Será obligatoria la inclusión de la disciplina ‘Prevención del Uso Problemático de Drogas’”. Naturalmente que, dados la precisión y el detalle con que el artículo realiza la indicación para las autoridades de la educación, el Codicén podría verse legitimado a recurrirlo. Pero dije –y el corazón de mi intervención iba en esta dirección– que, más allá de este formalismo –como ha leído el señor Senador Amorín–, lo sustancial estaba en la aplicación de la política pedagógica sobre drogas, y que esperaba que aun cuando el Codicén se sintiera legitimado y atacara este párrafo, igual iba a seguir cumpliendo con su obligación de desplegar una política educativa y una pedagogía enérgica sobre el tema drogas, como ya lo está haciendo, por otra parte. Por ejemplo, el Consejo de Educación Secundaria tiene una activa participación en el consejo interdisciplinario que trata sobre estas materias y, además, tiene una larga experiencia –por lo menos de varios años– acumulando trabajos en este sentido. De modo que el alcance de la observación fue este. El propio Consejero Corbo ha reconocido que está de acuerdo con el espíritu de este artículo y yo mismo he dicho en la Comisión que esperaba que se cumpliera con el espíritu de este artículo y que se aplicara –aun en caso de una impugnación por razones que pueden considerarse formales– la política pedagógica sobre drogas, lo que significaba no otra cosa que cumplir con el deber de las autoridades de la educación. Me permito señalar, además, que aun cuando estos párrafos fueran impugnados, las autoridades de la educación, en la propia ley de educación, ya han recibido la orientación para llevar a cabo estas políticas –que, como dije, ya las están implementando–, y si cayera alguno de estos párrafos, tampoco esto hace tambalear ni roza lo que es el corazón de esta ley.

Hecha esta primera aclaración, quiero decir que no considero correcto, de verdad, que se siga insistiendo con la afirmación general de que esta ley es inconstitucional. El único aspecto formal de inconstitucionalidad que merece debatirse es este que hemos analizado con total detalle.

El tema que tiene que ver con la formación de la persona jurídica no estatal no tiene ningún elemento sostenible de inconstitucionalidad. A continuación, voy a leer el informe del Poder Ejecutivo, que dice:

«Los empleados de las personas públicas no estatales no son funcionarios públicos.

Las disposiciones constitucionales relativas a cargos, refieren a las entidades estatales.

Los empleados de las personas públicas no estatales al no ser funcionarios públicos, no son titulares de cargo alguno, rigiéndose por el derecho común.

Las disposiciones constitucionales relativas a la materia presupuestal son de aplicación exclusivamente a las entidades estatales.

El presupuesto de las personas públicas no estatales no es ni elaborado ni aprobado por el Poder Legislativo.

Las personas públicas no estatales cuentan con mecanismos de contralor de fuente legal.

Las leyes que crean personas públicas no estatales no crean cargos, de lo contrario las leyes de creación de numerosas personas públicas no estatales serían inconstitucionales al no estar contenidas en leyes de presupuesto o rendición de cuentas.

Las leyes de creación de las personas públicas no estatales no crean cargos en el sentido constitucional del término, de lo contrario varias de ellas serían también inconstitucionales por haberse sancionado en año electoral.

La Constitución emplea el término “cargo” en cincuenta y tres oportunidades. En ningún caso para referir a otra cosa que posiciones laborales contenidas dentro del organigrama estatal».

Creo que queda absolutamente demostrado que en la constitución de esta Persona de Derecho Público no Estatal no hay ningún viso de inconstitucionalidad.

Finalmente, se ha pretendido alegar inconstitucionalidad haciendo referencia al artículo 44 de la Constitución, en el supuesto de que esta ley entorpece o desvía las obligaciones del Estado de favorecer el pleno ejercicio del derecho a la salud de la población. Para nosotros es absolutamente lo contrario –lo hemos establecido en el informe que presentamos por la mañana–: sacar el tema del consumo de la marihuana del mundo de la clandestinidad es la mejor forma de ponerlo al alcance de las políticas públicas –entre ellas, las de salud–, para llevar adelante una eficiente política sanitaria que va, justamente, en la dirección de aplicar correctamente el artículo 44 de la Constitución.

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑOR CONDE.- De modo que, hechas estas salvedades sobre los temas constitucionales, me permito señalar, señor Presidente, que no creo que sea procedente insistir con la afirmación general de que esta ley es inconstitucional.

El segundo punto que me parece pertinente aclarar o sobre el que creo conveniente insistir –porque muchos señores Senadores han seguido utilizando el término “liberalización del uso de drogas”–, es que no estamos ante una ley que liberalice el uso de drogas. En primer lugar, porque no liberaliza y, en segundo término, porque no se refiere a las drogas en general, sino solamente al cannabis psicoactivo. Es una ley de regulación de la disposición y fuentes de acceso del cannabis psicoactivo que, además, encuadra –como lo hemos demostrado profusamente en más de diez páginas de nuestro informe, con referencia a juristas internacionales– dentro del marco de las Convenciones internacionales: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

De modo que, me tranquiliza, además, haber comprobado en el debate de la tarde de hoy que todos los partidos políticos, a través de diversos Legisladores y activistas de sus propias filas, han concordado, primero, en la necesidad de legislar, y luego, en impulsar el autocultivo de cannabis en el Uruguay. Esto es una base de coincidencia fundamental, porque esta ley no es una cosa drásticamente diferente del autocultivo; esta ley es autocultivo individual y grupal, a través de clubes, más el acceso regulado por el Estado, a través de farmacias para aquellos que no quieran o no puedan cultivar. De modo que no estamos ante una ley dramáticamente diferente a la idea del autocultivo. Y la idea del autocultivo referida al derecho al consumo de las personas garantizadas por el Derecho Internacional, pero también por nuestra propia Constitución, está vinculada a la situación en que no solo se resuelve el derecho en el plano teórico a consumir, sino también el derecho en el plano práctico a adquirir y a poseer. De otra forma, estaríamos ante una abstracción y un ejercicio inaplicable de un derecho que no está criminalizado o penalizado. De modo que cuando la norma nacional e internacional dice que la persona puede consumir de acuerdo a su albedrío en el marco del Derecho Constitucional, el Derecho Internacional reconoce –y lo hemos citado hoy, a través del trabajo de juristas– que esto alcanza al derecho de adquirir y de poseer. Quiere decir que lo que esta ley está haciendo, justamente, es regular esa materia o ese proceso.

Hemos planteado la idea general de que debemos generar la integración social del consumo del cannabis. ¿Qué queremos decir con esta idea general de la integración social? Que hay que terminar con la estigmatización, con la marginación del usuario y, con más razón aún, del adicto o del usuario problemático, pero también del usuario común que está estigmatizado y que vive en una situación de duda jurídica con la aplicación de la legislación actual. Respecto a este proceso de integración social, que pretende transformar a los usuarios, en primer lugar, en una población objetiva, pasible de recibir el impacto y los beneficios de las políticas públicas, se nos ha dicho –de diversas maneras y a través de distintas expresiones– que estamos incurriendo en una experimentación social, en un experimento de ingeniería social, etcétera. Recibimos de buena manera esta objeción, pero vamos a ponerla en sus términos reales. Todos los organismos internacionales –absolutamente todos– coinciden que en el mundo actual hay, por lo menos, más de 200:000.000 de consumidores permanentes de cannabis. Hay una permanente generación de información, no solo social sino científica en todos los planos, sobre los efectos del uso del cannabis, muchos de ellos contenidos en los informes que se volcaron aquí por diversos señores Senadores.

¿Qué clase de experimentación podemos hacer nosotros con seres humanos –como se llegó a afirmar aquí– en un terreno en el cual 200:000.000 de personas consumen una droga cuyos efectos están absolutamente estudiados, analizados y en proceso permanente de profundización y de sistematización de conocimientos? En todo caso, la experiencia que proponemos es aplicar una metodología diferente frente a la situación del consumo social que, implica, como dije, en primer lugar, la integración social del consumo evitando la marginación y la estigmatización.

Gran parte del debate de hoy se dirigió a la situación de la juventud y de los adolescentes pero, naturalmente, esta ley no está legislando para ese universo de personas. La juventud y los adolescentes no pueden adquirir ni poseer cannabis por los mecanismos previstos en esta ley. Por tanto, están en condiciones de vulnerabilidad frente al narcotráfico, en la condición que todos están actualmente por igual, y en caso de que el narcotráfico actúe para proveerles de sustancia a estos sectores de la población, será perseguido con la normativa actual y con la metodología que hoy utiliza el Estado, es decir, será reprimido y perseguido en forma criminal.

Señor Presidente: voy a hacer una síntesis breve, para no reabrir el debate con cuestiones de detalle. He tomado nota de cuestionamientos que se nos han hecho en el terreno de los valores. Entre otras cosas, se nos ha dicho que decir o afirmar que la guerra a las drogas ha fracasado es una claudicación. Me voy a permitir hacer algunas aclaraciones.

No es ninguna claudicación, en el sentido de que el tráfico ilícito de drogas en el Uruguay, incluido el del cannabis, va a seguir siendo perseguido, reprimido y seguramente seguirá habiendo personas procesadas y encarceladas en el marco de la ley vigente sobre el tráfico ilícito de drogas. El hecho de que se abra una vía de acceso oficial bajo regulación del Estado para las personas adultas que consumen cannabis, no quiere decir que se deje de perseguir a quienes distribuyen cannabis por otras vías que no son las oficiales, establecidas en los mecanismos de este proyecto de ley.

De modo que seguirá habiendo combate al narcotráfico; seguirá habiendo represión del tráfico ilícito y seguirá habiendo procesamientos y condenas en el marco de la ley penal vigente en el Uruguay, que no es derogada por este proyecto de ley. En ese sentido, no hay ninguna claudicación.

Quiero ser enfático en este punto, señor Presidente, porque se habla como si la concepción de la guerra a las drogas fuera algo absolutamente extraña a nosotros, a nuestro tiempo y a nuestra sociedad.

El Estado uruguayo ya ha derramado la sangre de algunos de sus servidores públicos para hacer frente a este flagelo. De modo que no es una situación tan extraña a nuestra vida y a nuestra realidad.

Cuando lo que deseamos ahora es abrir otro camino de tratamiento a los usuarios de cannabis, porque ellos constituyen el 70 % del consumo de la droga ilegal en el Uruguay, es porque queremos con ello abrir una instancia que nos posibilite el tratamiento integrado, socialmente pacífico y con respaldo científico y social para los usuarios.

Por otra parte, el fenómeno de guerra a las drogas tampoco debe interpretarse de un modo absolutamente literal, pero si se trata de una interpretación literal, déjeme decir, señor Presidente –como lo afirmé hoy a la mañana cuando realicé el informe–, que el tema de las drogas en el mundo ya no es simplemente una cuestión de negociación diplomática; aquí hay mafias, crimen, guerra geopolítica y geoeconómica, servicios secretos de los Estados involucrados y Gobiernos contra los que se conspira utilizando el poder del narcotráfico tanto en su dimensión humana como en su dimensión económica.

De modo que es un problema complejo y dramático, cuya solución no se avizora en el corto plazo ni se resuelve en una mesa de negociaciones diplomáticas. Por eso mismo el Estado y la sociedad uruguaya tienen dentro del campo de su soberanía el derecho a adoptar sus propias políticas de acuerdo a su realidad, sin violentar el marco normativo internacional.

Finalmente, quiero hacer una referencia al tema que se ha mencionado sobre un plebiscito o un referéndum de derogación. De ninguna manera nosotros vamos a esquivar el debate público de este tema en el seno de la sociedad. Justamente, si aprobamos este proyecto de ley, como bien lo dijo hace unos minutos el señor Senador Lescano, es para poner el debate de este tema en el corazón de la sociedad, para que lo podamos enfrentar como una problemática social y no devolver a los usuarios de drogas, en el marco de la ley vigente, al mundo de las catacumbas y de la clandestinidad, donde no se pueden aplicar debidamente las políticas públicas, la integración social y la defensa imprescindible de los derechos humanos con el objeto de defender la calidad de vida de estas personas.

Muchas gracias.

(Aplausos en la Barra).

(Suena la campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE.- La Barra no puede hacer manifestaciones de ningún tipo. En la próxima oportunidad en que las haga me veré obligado a desalojarla.

Corresponde votar en general el proyecto de ley. Ha llegado a la Mesa una moción presentada por el señor Senador Larrañaga en el sentido de que se efectúe votación nominal. Se trata de una cuestión de orden que no admite discusión.

Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

–28 en 29. Afirmativa.

Tómese la votación nominal.

(Se toma en el orden siguiente:)

SEÑOR ABREU.- Negativa.

SEÑOR AGAZZI.- Voto afirmativamente el proyecto de ley.

SEÑOR AMORÍN.- Negativa.

SEÑOR ANTOGNAZZA.- Voto afirmativo.

SEÑOR BARÁIBAR.- Voto afirmativo.

Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: hemos asistido a este debate durante toda la sesión y además seguimos –con la atención que nuestra actividad en el Senado nos permitía– la discusión que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes.

Creo que aquí hubo una confrontación importante de opiniones, donde los integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado defendieron su posición con argumentos de distinta naturaleza, algunos con mayor consistencia conceptual y doctrinaria, y otros más ligados a la situación de la coyuntura. De todas maneras, esta discusión que se ha dado en el día de hoy –creo que llevamos doce horas de debate– me reafirma la idea de que es importante votar este proyecto de ley. Esto no quiere decir que esta iniciativa sea el desiderátum o que resuelve absolutamente todas las situaciones que se puedan plantear frente a un tema tan complejo como es el de la marihuana. ¡No! Por supuesto que cuando las circunstancias lo exijan, estaremos dispuestos a revisar nuestra posición y a introducir modificaciones, porque creo –y comparto las expresiones del Presidente de la República– que esta iniciativa, que tiene todas las garantías de la ley, no deja de ser un experimento en el sentido de que es una experiencia sujeta a modificaciones.

De ahí deriva, señor Presidente, nuestro compromiso con este proyecto de ley. Tal como lo expresaron los señores Senadores Héctor Lescano y Roberto Conde, estimo que si tenemos que confrontar y discutir este proyecto con la opinión pública, lo haremos con la absoluta convicción de que nuestras ideas las defendemos de cara al pueblo y no necesariamente –a pesar de estar en un año electoral– haciendo cálculos de carácter electoral.

Muchas gracias.

(No está presente en Sala el señor Senador Bordaberry).

SEÑOR CHIRUCHI.- Negativa.

SEÑOR CONDE.- Afirmativa.

SEÑOR COURIEL.- Voto por la afirmativa y voy a fundar el voto.

Señor Presidente: he votado este proyecto de ley con total y absoluta convicción. Lo estudié y estoy absolutamente convencido, pero el debate de hoy me multiplicó y profundizó las convicciones que traía de antemano.

Creo que estamos ante un evento histórico. Es un día histórico para el Uruguay, ya que estamos aprobando nada más ni nada menos que este proyecto de ley en el ámbito parlamentario. El Uruguay pasa a ser una especie de vanguardia internacional sobre este tema, y es por ello que sin ninguna duda hay muchos medios de comunicación internacionales que están tratando de analizar, de ver las características de un proyecto de ley que pueda ser también de alguna manera imitado por otros países.

Me parece que este impacto internacional del Uruguay se da en un contexto muy especial. Tal vez alguien podría decir que hoy nuestro país es muy conocido por Edinson Cavani o por Luis Suárez; el Uruguay es muy conocido por su Presidente José Mujica, que en estos momentos en el plano internacional tiene un apoyo extraordinario.

El Uruguay está votando este proyecto de ley en un contexto de leyes por los derechos ciudadanos, pues en este marco normativo se inscriben, también, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Matrimonio Igualitario y muchas otras leyes que hemos votado para eliminar todo tipo de discriminación y avanzar hacia la igualdad.

Desde este punto de vista, considero que es un nuevo momento del Uruguay, como lo fue, probablemente, el Plan Ceibal en el pasado y también la Ley Nacional de Vivienda, cuya elaboración tuviera como protagonista al Flaco Terra. Sin duda alguna, este fue un hecho excepcional: no le copiamos a nadie, el país tenía condiciones para innovar y crear, como ocurrió en la época de don José Batlle y Ordóñez con la creación del Estado de Bienestar. A propósito, los suecos lo crearon en 1933, pero venían en la década del veinte a estudiar lo que había pasado en el Uruguay en términos de protección social.

Quiero referirme a dos objetivos centrales de esta normativa: uno de ellos, tiene relación con la salud, que es un elemento básico. Como se dijo antes, todas las drogas son malas; absolutamente todas las drogas, por eso se busca reducir el daño en la base de la asistencia en salud, pero teniendo en cuenta todos los elementos de carácter educativo.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Termino enseguida, señor Presidente.

El otro objetivo tiene que ver con la búsqueda de una forma inteligente de enfrentar al narcotráfico, cosa que realmente es muy difícil. ¡Ojalá podamos combatirlo por las vías de un proyecto que no solo atienda la demanda sino también la oferta! Por eso decimos que esta normativa implica un proceso integral.

Estoy muy contento de haber estado presente en esta sesión, pese a mis dificultades transitorias de carácter físico.

Muchas gracias.

SEÑOR DA ROSA.- Voto por la negativa.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Voto por la afirmativa y voy a fundamentar el voto.

Brevemente, señor Presidente, quiero expresar que no soy defensor ni impulsor del consumo de drogas pero, sin duda, pienso que la concreción de este proyecto de ley de regulación del cannabis ha supuesto para nosotros efectuar un ejercicio autocrítico, con amplitud de miras y sin facilismo, que abre el camino a una estrategia más eficaz para enfrentar la cuestión del consumo problemático de drogas.

El debate franco, abierto y sin prejuicios nos permitirá encontrar las respuestas que buscamos y que hasta ahora no se han encontrado.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Voto por la negativa.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Voto por la afirmativa y quiero fundamentar el voto por dos motivos, para nosotros muy importantes.

El primero de ellos, es de carácter personal. Como dije en mi exposición inicial, el hecho de que el destino me haya puesto en este lugar hoy para votar este proyecto de ley es más que satisfactorio, sobre todo, después de veinte años de trabajo parlamentario, preocupados y alertados por la necesidad de un cambio de estrategia. El segundo, tiene que ver con la convicción de que con esta normativa se empieza a solucionar un grave aspecto que padecemos en el Uruguay: el consumo de drogas, problemas de salud pública, de seguridad y de derechos humanos. Este proyecto de ley va en esa línea.

Por lo tanto, en lo personal y en lo político, votamos afirmativamente este proyecto de ley absolutamente convencidos, con la satisfacción que expresé.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Voto por la negativa.

(El señor Senador Lacalle Herrera no se encuentra presente en Sala).

SEÑOR LARRAÑAGA.- Voto por la negativa y fundamentaré el voto.

Por las consideraciones vertidas en mi exposición en la mañana de hoy, quiero decir que votaremos en forma negativa este proyecto de ley en general, con la aclaración de que tampoco acompañaremos ninguno de los artículos en particular. Sobre las instancias de recurrencia por inconstitucionalidad que se puedan presentar, me interesa aclarar que no vamos a recorrer el camino de ninguna instancia plebiscitaria, porque es evidente que el año que viene tendrá lugar todo un proceso electoral y la interposición de un recurso de plebiscito podría afectarlo.

Seguramente esta iniciativa será considerada en la próxima campaña electoral, por tanto, solo nos resta reafirmar nuestro compromiso de derogarla a partir del 1.º de marzo de 2015, en función de las mayorías parlamentarias que existan.

Muchas gracias.

SEÑOR LESCANO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Voto por la afirmativa y voy a fundamentar el voto.

Señor Presidente: brevemente insisto en lo ya manifestado en mis intervenciones de la mañana y de la tarde de hoy. Esta es una respuesta sincera, adecuada, pertinente e ingeniosa, que calurosamente apoyamos y votamos, pero hay una razón más, si se quiere, hasta emotiva.

Hoy es 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. No pude participar de ningún evento de recordación, pero, ¡qué mejor homenaje que estar aquí presente, otorgándole mi voto con el corazón a este proyecto de ley que será ley antes de que finalice el día!

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Voto por afirmativa.

SEÑOR MOREIRA.- Voto por la negativa.

SEÑORA MOREIRA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PASQUET.- Voto por la negativa.

SEÑOR PENADÉS.- Voto por la negativa.

SEÑOR ROSADILLA.- Voto por la afirmativa y voy a fundamentar el voto.

De manera breve, quiero dejar expresa constancia de mi respaldo a los fundamentos de voto realizados por los compañeros Conde, Gallo Imperiale, Agazzi, Moreira y Lescano y agregar que hoy no es el final de nada. La votación de este proyecto de ley no termina nada, sino que comienza un período, con un nuevo abordaje de una situación, de un problema complejo. Esto es, se va a comenzar a andar, con la confianza y la esperanza –de quienes lo votamos y propusimos– de que se convierta en realidades y certezas.

Más allá de las opiniones que se han vertido en Sala y de la inflación discursiva que podemos mostrar, tanto quienes impulsamos este proyecto de ley como quienes se han opuesto, debemos comprometernos y estar atentos a trabajar constructivamente por mejorarlo una vez que se convierta en ley y empiece a funcionar.

Lo fundamental es que el Uruguay dio un paso para no bajar los brazos, porque es un tema que nos viene comiendo los talones. Basta recorrer los barrios y visitar las cárceles para darnos cuenta de que no podíamos seguir perdiendo seis a cero y no intentar cambios. El consumo crece, la adicción crece –sobre todo, crece el consumo problemático– y, pese a ello, no movíamos las manos.

Hacemos cambios; veremos cómo funciona el cuadro. Tenemos confianza y esperamos que en el futuro, a pesar de las diferencias, nos encontremos construyendo mejores y más soluciones para esta problemática.

Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- Voto con total convicción por la afirmativa.

SEÑOR SARAVIA.- Voto por la negativa.

SEÑOR SOLARI.- Voto por la negativa y voy a fundar el voto.

Quiero dejar dos mensajes. El primero, va dirigido a las Madres de la Plaza: que no tomen el de hoy como un día de abandono en la lucha por recuperar a sus hijos e hijas. El hecho de que se legalice el acceso a la marihuana para las personas mayores de edad no quiere decir que el Estado abandone a las madres que enfrentan el consumo problemático de drogas, en la convivencia con esa dificultad que hiere en lo más profundo de la familia. El segundo, es que voy a votar por la negativa por lo que afirmé en la mañana de hoy. ¡Ojalá me equivoque, pero este proyecto de ley va a contribuir a deteriorar aún más el ambiente educativo a nivel de las clases menos pudientes! Ese es un efecto que, seguramente, ninguno de los que estamos acá deseamos.

Como tengo la convicción de que ese efecto va a ocurrir, he votado negativamente.

Muchas gracias.

SEÑOR TAJAM.- Voto por la afirmativa y voy a fundar el voto.

El Uruguay se anima y avanza. Así como votamos la ley sobre salud reproductiva, sin promover la interrupción del embarazo, hoy estamos votando este proyecto de ley de regulación y control del mercado de la marihuana, sin promover su consumo. Por el contrario, la producción y la comercialización continúan estando prohibidas fuera del marco regulatorio de este proyecto de ley, que nos permitirá conocer e intercambiar con los actuales consumidores –muchos de los cuales, como algunos señores Senadores lo expresaron, son clandestinos–, lo que nos dará la posibilidad de hacer prevención y promover la rehabilitación, que es el fin principal de todo esto.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Voto por la afirmativa y voy a fundar el voto.

Debo agradecer a todos mis compañeros de Bancada la solvencia, la responsabilidad, la precisión con la que han fundamentado la defensa de este proyecto de ley y quiero decir que me siento representada por todas sus palabras.

Quisiera dejar una pequeñísima constancia. A lo largo de estas casi 13 horas de sesión podría haberme sentido aludida muchas veces –perdí la cuenta– por la mención a mi compañero de ruta. Sin embargo, decidí no hacer ninguna aclaración para no desviar el eje de la discusión hacia otros temas que no eran el centro de lo que hoy teníamos que trabajar y, además, porque él no necesita ninguna aclaración.

Muchas gracias.

SEÑOR VIERA.- Voto por la negativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voto por la afirmativa.

Dese cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- Han sufragado 29 señores Senadores: 16 lo han hecho por la afirmativa y 13 por la negativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha quedado aprobado en general el proyecto de ley.

(Aplausos en la barra).

– El Senado pasa a cuarto intermedio mientras se desaloja la barra.

(Así se hace. Es la hora 22 y 35 minutos).

(Vueltos a Sala).

Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 22 y 39 minutos).

–En discusión particular.

SEÑOR CONDE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CONDE.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, por Títulos. El proyecto de ley consta de seis Títulos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es una moción que admite discusión.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: solicito que se desglosen los literales D), E) y F) del artículo 5.º, que son los que tienen que ver directamente con el tema del autocultivo y los clubes de membresía. Nos gustaría que fueran votados de forma diferente porque algunos señores Senadores, como es el caso de quien habla, queremos acompañarlos para manifestar nuevamente nuestro criterio de apoyar el autocultivo, que era la idea del proyecto original que se discutió en la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, vamos a volver atrás.

Hay una moción para suprimir la lectura y luego votar el articulado por Títulos. Desde luego, esta moción admite solicitudes de desglose de los señores Senadores. Si mal no recuerdo, el señor Senador Heber solicita el desglose no del artículo 5.º sino de sus literales D), E) y F). ¿Me equivoco?

SEÑOR HEBER.- No, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de suprimir la lectura y votar el articulado por Títulos, con la excepción de los tres literales mencionados del artículo 5.º.

(Se vota:)

–24 en 26. Afirmativa.

En consideración el Título I del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el Título II del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el Título III, con la excepción de los literales D), E) y F) del artículo 5.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración los literales D), E) y F) del artículo 5.º.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: solicito que los literales se voten en forma separada.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo.

En consideración el literal D).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–20 en 26. Afirmativa.

En consideración el literal E).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 24. Afirmativa.

En consideración el literal F).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 24. Afirmativa.

En consideración el Título IV del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 24. Afirmativa.

En consideración el Título V del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 24. Afirmativa.

Finalmente, en consideración el Título VI del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 24. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

24) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 22 y 44 minutos, presidiendo el señor Danilo Astori y estando presentes los señores Senadores Abreu, Agazzi, Antognazza, Baráibar, Conde, Couriel, Fernández, Gallinal, Gallo Imperiale, Heber, Larrañaga, Lescano, López Goldaracena, Michelini, Moreira (Constanza), Pasquet, Penadés, Rosadilla, Rubio, Solari, Tajam, Topolansky y Viera).

DANILO ASTORI Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.