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n.º 216 - TOMO 508 - 21 DE MAYO DE 2013

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA

18.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR DANILO ASTORI Presidente y EL SEÑOR ALFREDO SOLARI Primer Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y LOS PROSECRETARIOS MIGUEL SEJAS Y YEANNETH PUÑALES

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– El señor Senador Viera solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), relacionado con el conflicto laboral de los funcionarios del Impuesto de Enseñanza Primaria.

– El señor Senador Lacalle Herrera solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), relacionado con la repotenciación de las represas hidroeléctricas.

- Oportunamente fueron tramitados.

5) y 17) Proyectos presentados

– El señor Senador Penadés presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que solicita al Poder Ejecutivo se sirva remitir al Poder Legislativo un proyecto de ley por el que se le conceda una pensión graciable al señor Omar Varela.

– Pasa a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

– El señor Senador Larrañaga presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que solicita al Poder Ejecutivo se sirva remitir al Poder Legislativo un proyecto de ley por el que se incremente la deducción de IRPF establecida por el literal D del artículo 38 del Texto Ordenado 1996.

– Pasa a la Comisión de Hacienda.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

7) y 10) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Lorier, Gallo Imperiale, Rosadilla, Baráibar y Martínez.

– Notas de desistimiento. Las presentan los señores Carlos Gamou, Pablo Álvarez, Javier Salsamendi, Juan Souza, Alejandro Echeverría, Héctor Lescano, Gustavo Guarino, Humberto Ruocco, Felipe Michelini, Daniel Olesker y Jorge Basso.

– Quedan convocados la señora Senadora Pintos y los señores Senadores Obispo, Clavijo, Gallicchio y Fernández.

8) “La CIDE. Historia y aportes al futuro de nuestro país”

– Exposición del señor Senador Gallinal por el término de 40 minutos.

– Manifestaciones de varios señores Senadores.

9) y 11) Empleados del Banco Bandes Uruguay S.A.

– Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado a que incorporen un total de ciento cincuenta empleados de esa institución.

– Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

– Por moción de los señores Senadores Gallinal y Michelini, el Senado resuelve pasar a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social el artículo aditivo presentado por la Bancada del Partido Nacional, así como la versión taquigráfica de lo expresado sobre el tema.

12) Régimen de trabajo

– Por moción del señor Senador Pasquet, el Senado resuelve autorizar a la Comisión de Constitución y Legislación a sesionar, de acuerdo con el numeral 6 del literal B del artículo 69 del Reglamento del Cuerpo.

13) República Microfinanzas S.A.

– Proyecto de ley por el que se faculta al Banco de la República Oriental del Uruguay a conceder préstamos o avales a esta institución.

– Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Infracciones a las normas legales y reglamentarias en materia de régimen de origen Mercosur

– Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a aplicar sanciones.

– Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

15) y 18) Doctor Luis Antonio Pacheco Carve. Designación como Fiscal Letrado Inspector

– Solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo.

– Concedida.

16) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos

– Concedidas.

19) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 17 de mayo de 2013.

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 21 de mayo, a la hora 9:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.º) Exposición del señor Senador Francisco Gallinal, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Senado, por el término de cuarenta minutos, sobre el tema “La CIDE. Historia y aportes al futuro de nuestro país”.

Carp. n.º 1151/2013.

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado para que en conjunto, ingresen un total de ciento cincuenta empleados del Banco Bandes Uruguay S.A.

Carp. n.º 1178/2013 – Rep. n.º 818/2013.

3.º) por el que se faculta al Banco de la República Oriental del Uruguay a conceder préstamos o avales a República Microfinanzas S.A.

Carp. n.º 1066/2012 – Rep. n.º 819/2013.

4.º) por el que se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a aplicar sanciones a los infractores de las normas legales y reglamentarias en materia de Régimen de Origen Mercosur.

Carp. n.º 420/2010 – Rep. n.º 820/2013 – Rep. n.º 820/2013 Anexo I.

5.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, a fin de designar en el cargo de Fiscal Letrado Inspector (Escalafón “N”), al doctor Luis Antonio Pacheco Carve.

Carp. n.º 1171/2013 – Rep. n.º 815/2013.

6.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo, por los que solicita la venia correspondiente a fin de destituir de su cargo:

– a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, “Dirección General Impositiva”. (Plazo constitucional vence el 13 de junio de 2013).

Carp. n.º 1158/2013 – Rep. n.º 816/2013.

– a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, “Dirección Nacional de Energía”. (Plazo constitucional vence el 20 de junio de 2013).

Carp. n.º 1166/2013 – Rep. n.º 813/2013.

– a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, “Dirección General de Servicios Ganaderos”. (Plazo constitucional vence el 7 de julio de 2013).

Carp. n.º 1169/2013 – Rep. n.º 814/2013.

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abdala, Agazzi, Amorín, Antognazza, Baráibar, Bayardi, Bordaberry, Chiruchi, Conde, Couriel, Da Rosa, Gallinal, Gallo Imperiale, Heber, Larrañaga, Martínez, Michelini, Moreira (Carlos), Nin Novoa, Pasquet, Pintos, Rondeau, Rosadilla, Saravia, Tajam, Topolansky y Viera; y, a partir de las 12 y 30 horas, el señor Senador Fernández.

FALTAN: con aviso, los señores Senadores Abreu y Lacalle Herrera; con licencia, los señores Senadores Lorier, Moreira (Constanza), Penadés y Rubio, y a partir de las 12 y 30 horas, el señor Senador Martínez.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 37 minutos).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

– por el que se aprueban las condiciones para ser designado Cónsul Honorario de la República en el exterior.

– por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y Canadá sobre Intercambio de Información Tributaria, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 5 de febrero de 2013.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

– por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a establecer el reintegro de impuestos abonados en oportunidad de la compra de gasolina (nafta) por los titulares de permisos para la prestación de servicio de transporte de personas en automóviles con taxímetro.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

El Poder Ejecutivo remite los siguientes Mensajes:

– por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, para designar como Fiscales Adscriptos (Escalafón “N” Magistrados), a varios abogados.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

– por los que solicita la venia correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, a los efectos de designar:

– en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante los Estados Unidos Mexicanos, al señor Jorge Alberto Delgado.

– en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Arabia Saudita, al doctor Carlos Mora.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

– por el que comunica la promulgación del proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de ciudad a la actual villa Ecilda Paullier, sita en la 5.ª Sección Judicial del departamento de San José, y se declara feriado no laborable el día jueves 16 de mayo de 2013, con motivo de conmemorarse el 130.º aniversario de su fundación.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta del Banco de la República Oriental del Uruguay a un pedido de informes solicitado por el señor Senador Carlos Moreira, referido a las operaciones crediticias de la empresa Buquebús S.A. con el citado banco.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR MOREIRA.

La Suprema Corte de Justicia remite:

– copia del Oficio n.º 455, de 10 de mayo de 2013, comunicando la sentencia dictada en autos caratulados: “LOS EUCALIPTOS S.A. C/PODER LEGISLATIVO – ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD – ARTS. 1.º, 2.º, 7.º, 10 y 11 de la Ley n.º 18.876”, de 29 de diciembre de 2011, Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.

– copia del Oficio n.º 460, de 13 de mayo de 2013, comunicando la sentencia dictada en autos caratulados: “PARALLADA MENDI, ILKA GRAZIELA O GRACIELA C/PODER LEGISLATIVO Y OTRO – ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD – ARTS. 1.º, 2.º, 7.º, 10 y 11 de la Ley n.º18.876”, de 29 de diciembre de 2011, Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

– por el que se designa con el nombre de “Maestra Diva Florio de Martinelli” el Jardín de Infantes Escuela n.º 116 de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

– por el que se designa con el nombre de “María Nila Larrosa Martínez” la Escuela n.º 97 del departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

– por el que se designa con el nombre de “Salvador Bello” la Escuela n.º 74 del departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

– por el que se establece el Estatuto del Funcionario del Poder Ejecutivo.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA INTEGRADA CON PRESUPUESTO.

– por el que se designa con el nombre de “Fundador Don Francisco Piria” la ruta n.º 37, departamento de Maldonado, que une las ciudades de Piriápolis y Pan de Azúcar.

–A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo:

– a fin de designar en el cargo de Fiscal Letrado Inspector (Escalafón “N”) al doctor Luis Antonio Pacheco Carve.

– a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado para que, en conjunto, ingresen un total de ciento cincuenta empleados del Banco Bandes Uruguay S.A.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

– por el que se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a aplicar sanciones a los infractores de las normas legales y reglamentarias en materia de régimen de origen Mercosur.

– por el que se faculta al Banco de la República Oriental del Uruguay a conceder préstamos o avales a República Microfinanzas S.A.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Transporte y Obras Públicas eleva informados los siguientes proyectos de ley:

– por el que se designa con el nombre de “Guyunusa” la ruta nacional n.º 24, en el tramo que une a las rutas nacionales n.º 2, Grito de Asencio, y n.º 3, General José Artigas.

–REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.

– por el que se designa con el nombre de “Dr. Mario Carminatti” el puente sobre el arroyo Yaguareté, ubicado en el kilómetro 38 de la ruta nacional n.º 2, Grito de Asencio, departamento de Río Negro.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informadas las siguientes solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, a los efectos de designar:

– en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante Rumania, al señor Manuel Gonzalo Vieira Mérola.

– en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Chile, al señor Rodolfo Camarosano Bersani.

– en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Nicaragua, al señor Carlos Martín Silva Aparicio.

–REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN.

La Junta Departamental de Montevideo remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de la exposición realizada por el señor Edil Dari Mendiondo, referida al tema “Creación musical del Maestro Federico García Vigil, Ópera uruguaya”.

–TÉNGASE PRESENTE».

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “El señor Senador Tabaré Viera, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), relacionado con el conflicto laboral de los funcionarios del Impuesto de Enseñanza Primaria”.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

“Montevideo, 14 de mayo de 2013.

Sr. Presidente del Senado

Cr. Danilo Astori

Presente

 

En ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tramite ante el Ministerio de Educación y Cultura el siguiente pedido de informes con destino al Consejo Directivo Central:

Desde hace varios meses se ha generado una situación de conflicto por parte de los Funcionarios del Impuesto a Primaria debido a la rebaja salarial que ha puesto en práctica el Codicén, así como la implementación de un sistema tercerizado del servicio.

Por medio de dos actos administrativos consecutivos dictados por el Codicén, los funcionarios se han visto afectados por una evidente rebaja salarial, y además tienen una profunda preocupación por la tercerización del servicio como se expresa de forma reiterada en las Resoluciones n.° 64 Acta 78 de 12 de diciembre del año 2012 y Acta n.° 11 Resolución 74 del 26/03/2013.

En virtud de la situación antes planteada se solicita se informe respecto a los siguientes puntos:

1) ¿Qué funciones cumple la gerencia de recursos propios y con cuántos funcionarios cuenta?

2) ¿Con qué cantidad de funcionarios cuenta en cada departamento del país y qué régimen de trabajo está establecido?

3) ¿Qué motiva la rebaja salarial que sufrirán los funcionarios del Impuesto de Primaria y qué argumentos esgrime el Codicén?

4) ¿Qué alcance tiene la propuesta de implementar un sistema por el cual la cobranza del Impuesto se realice a través de un servicio tercerizado?

5) ¿Cuál es el régimen de trabajo de los funcionarios del Impuesto de Primaria y qué peculiaridades tiene?

6) ¿Durante qué período trabajan en un régimen especial y cómo está reglamentado?

7) ¿Cuáles son los montos de recaudación del Impuesto de Primaria de los años 2008-2012 y cuál es la proyección de los años siguientes?

8) En virtud de que las partidas que se pretenden quitar a los funcionarios tienen carácter salariar, ¿evaluó la Administración la posibilidad de que los mencionados funcionarios accionen judicialmente contra ella y los montos a los que se vería obligado a desembolsar en caso de un fallo negativo?

9) ¿Con qué recaudadores externos cuenta el Codicén para llevar a cabo el cobro del Impuesto?

10) ¿Cuál es la comisión que cobran los mismos?

Tabaré Viera. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “El señor Senador Luis Alberto Lacalle Herrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), relacionado con la repotenciación de las represas hidroeléctricas.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

“Montevideo, 20 de mayo de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

De mi consideración:

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a Ud. elevar el presente pedido a UTE a fin de informar acerca del tema repotenciación de las actuales represas hidroeléctricas. Habiéndose planteado el tema en el Senado, con fecha 7 de setiembre de 2010, (cuya copia se adjunta) se pide que se informe si el tema fue considerado y si se adoptó alguna resolución.

Sin otro particular, saludo a Ud.atentamente.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador”.

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5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto de resolución presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “El señor Senador Gustavo Penadés presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el cual solicita al Poder Ejecutivo se sirva remitir al Poder Legislativo un proyecto de ley por el que se le conceda una pensión graciable al señor Omar Varela.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL”.

(Texto del proyecto de resolución presentado:)

«Montevideo, 16 de mayo de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

 

Por la presente solicito se curse al Poder Ejecutivo el siguiente proyecto de resolución según los fundamentos que se exponen:

Proyecto de resolución

Según lo prescripto por la Constitución de la República y por la Ley n.º 16.301, es aspiración del suscrito que el Poder Ejecutivo eleve a consideración del Poder Legislativo un proyecto de ley por el que se conceda una pensión graciable al señor Omar Varela.

Omar Varela nació en el año 1957, egresando en 1981 de la Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Xirgú; y obtuvo la Licenciatura en Artes Escénicas por la Universidad de Río de Janeiro en el año 1987.

Ha desarrollado una intensa actividad como actor en la Comedia Nacional y en el teatro independiente. Cabe destacar entre otras Artigas Sol de América con la dirección de Jaime Yavitz en 1979; El Burlador de Sevilla en 1981 con Eduardo Schinca; El Rabino Jonás, con Luis Vidal en 1988 y Amigos de Mario Morgan en el 2000.

Por otra parte Omar Varela cumplió una intensa y fructífera labor como director. Entre las más de cincuenta obras que dirigió caben destacar: Ópera de Malandro en El Galpón en 1993; Violinista en el tejado, también en El Galpón en 1995; la inolvidable Quién le teme a Italia Fausta en el Teatro del Anglo; Mi bella dama en teatro de la Alianza Uruguay-Estados Unidos; por citar solamente alguno de los títulos.

Junto a la Compañía Italia Fausta realizó giras por Argentina, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela.

La crítica especializada premió la actuación de Omar Varela en reiteradas oportunidades. Así obtuvo el premio Florencio en 1988, por Quién le teme a Italia Fausta; en 2001, por Arrabalera, un musical de tango; en 2002 por La bien pagá, un musical apasionado y en 2011 como mejor autor nacional por Un poco de suerte.

Pero, además de su actuación como actor y director teatral, Omar Varela fue Secretario General de la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU); docente y director de la Escuela de Formación Actoral Italia Fausta; conductor de televisión, autor y director de programas televisivos.

En estos momentos Omar Varela se encuentra aquejado de una grave enfermedad que le impide desarrollar su trabajo y a la vez atraviesa por una muy difícil situación económica.

Entendemos por tanto que es justo reconocer la extensa trayectoria y compromiso con la cultura nacional de este estimado compatriota.

Sin otro particular, saludamos al señor Presidente muy atentamente.

Gustavo Penadés. Senador».

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- En la sesión ordinaria del 15 de mayo no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 13 de mayo faltaron, con aviso, los señores Senadores Gallo Imperiale, García Costa, Peña, Topolansky y Viera.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 14 de mayo faltó, con aviso, el señor Senador García Costa.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 15 de mayo faltaron, con aviso, los señores Senadores Amorín y Lorier.

Y a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 16 de mayo faltaron, con aviso, los señores Senadores Lacalle Herrera y Larrañaga.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 20 de mayo de 2013.

Cámara de Senadores

Sr. Presidente

Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

 

Por la presente y amparado en la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo me conceda licencia por razones personales los días 21 y 22 del corriente.

Sin más, saluda atte.

Eduardo Lorier. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–14 en 15. Afirmativa.

Queda convocada la señora Alicia Pintos, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

–Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 16 de mayo de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

 

Por intermedio de esta, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales entre los días 10 al 14 de junio del corriente año.

Sin más, aprovecho para saludar atte.

Luis José Gallo Imperiale. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–14 en 16. Afirmativa.

Queda convocado el señor Ruben Obispo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 16 de mayo de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

 

De acuerdo a lo establecido en el literal C) del artículo 1.º de la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo me conceda licencia por el período comprendido entre el 4 y el 8 de junio del corriente año, para concurrir a la reunión de la Comisión de Salud del Parlatino, que se realizará en Cuba los días 6 y 7 de junio de 2013.

Se adjunta convocatoria.

Sin más, aprovecho para saludarle atte.

Luis Gallo Imperiale. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar esta nueva solicitud de licencia presentada por el señor Senador Gallo Imperiale.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado, también en este caso, el señor Ruben Obispo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 20 de mayo de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día miércoles 22 de mayo del corriente a partir de la hora 16, por motivos personales.

Sin más, lo saludo atentamente.

Luis Rosadilla. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–16 en 17. Afirmativa.

Se comunica que los señores Carlos Gamou, Pablo Álvarez, Javier Salsamendi y Juan Souza han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Hebert Clavijo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 21 de mayo de 2013.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

 

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por motivos personales el día 23 de mayo, y se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Carlos Baráibar. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–16 en 17. Afirmativa.

Se comunica que los señores Alejandro Echeverría, Héctor Lescano, Gustavo Guarino, Humberto Ruocco y Felipe Michelini han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) “LA CIDE. HISTORIA Y APORTES AL FUTURO DE NUESTRO PAÍS”

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del primer punto del Orden del día: “Exposición del señor Senador Francisco Gallinal, de conformidad con lo establecido por el artículo 171 del Reglamento del Senado, por el término de 40 minutos, sobre el tema “La CIDE. Historia y aportes al futuro de nuestro país”. (Carp. n.º 1151/ 2013)”.

Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Agradecemos al señor Presidente y al Cuerpo por habilitarnos esta instancia, que nos planteamos cuando comenzó la Legislatura. Sentíamos que teníamos una deuda pendiente con el Partido Nacional, con Wilson Ferreira Aldunate y con parte de nuestra historia, en esa doble necesidad de profundizar en ella para poder mirar hacia el futuro, y entendimos que el año más apropiado para realizar una exposición de estas características era este, 2013. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad del siglo pasado tuvieron lugar una serie de hechos importantes que en este año serán motivo de conmemoración y recuerdo: se cumplen los veinticinco años de la desaparición física de Wilson Ferreira Aldunate y los cuarenta años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, que serán recordados en la sesión solemne de la Asamblea General que, a instancias del Partido Nacional y con las firmas de los representantes de todos los partidos políticos, vamos a celebrar, si Dios quiere, el próximo jueves 27 de junio. Así lo hemos hablado con el señor Presidente y con los representantes de todos los partidos.

También en este año 2013 se cumplen cincuenta años de la presentación del primer estudio económico del Uruguay, realizado en mayo de 1963, elaborado por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico.

Quiero saludar muy especialmente la presencia en la Barra de compañeros de nuestro partido, de muy larga y destacada trayectoria, que constituyen puntos de referencia permanente en todas y cada una de las definiciones que nuestra colectividad va tomando y asumiendo día a día, como es el caso del profesor Carlos Julio Pereyra y del doctor Guillermo García Costa, a quienes invitamos especialmente, puesto que fueron ellos –en especial el doctor Guillermo García Costa desde la Subsecretaría del Ministerio de Ganadería y Agricultura, acompañando a Wilson Ferrerira Aldunate– protagonistas principales de un hecho que vamos a recordar y sobre el que tendremos oportunidad de referir dónde encontramos nosotros esa importancia y esa jerarquía.

También agradecemos la presencia del contador León Morelli, quien nos honra como suplente en la Cámara de Senadores; del profesor Romeo Pérez Antón y del doctor Ernesto Lorenzo, que tuvieron parte importante en la elaboración de este documento, que es producto del estudio, la lectura y el asesoramiento porque, evidentemente, no teníamos mucho uso de razón en las circunstancias en que se producían estos hechos tan importantes.

De la misma manera, agradecemos la presencia de todos aquellos que en el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos.

La CIDE representa, a nuestro juicio, ese tipo de episodios, de hechos en la vida del país, que hacen que los uruguayos de las más diversas generaciones –y vamos intentando con el correr del tiempo que las que vienen recorran el mismo camino– guardemos nostalgia y reconocimiento, y añoremos –muy uruguayo– que se repitan, aun cuando no terminamos de definir muy claramente si son propios de su tiempo o si efectivamente se pueden aggiornar, actualizar y repetir. Creemos que la CIDE es un fenómeno de esas características. Nunca hemos escuchado hablar mal de la CIDE ni hemos visto que se haya escrito nada malo sobre ella; por el contrario: prácticamente todo el material que se ha elaborado a lo largo de estos más de cincuenta años desde su creación y de realizado este estudio de carácter económico, habla en forma positiva de aquel trabajo tan intenso que se desarrolló. Es más, muchos de quienes en algún momento levantaron una voz disonante respecto a la idea y a su ejecución, han cambiado su posición.

La CIDE se crea por decreto el 27 de enero de 1960, y luego se amplía por uno posterior del 17 de marzo. Tenía como cometidos: “Formular planes orgánicos de desarrollo económico; proyectar y buscar su financiación interna y externa; coordinar toda la labor tendiente a aumentar la productividad nacional y vigilar la ejecución de los planes que se aprobaran”. Era la época de los colegiados de mayoría nacionalista, que gobernaron entre 1959 y 1967, bajo la vigencia de la Constitución de 1952.

Si nos ubicamos en la realidad de la época, en el plano internacional, la llegada del gobierno de Kennedy abrió las puertas a un diálogo abierto y cordial de los Estados Unidos con la región, e impulsó un esquema de cooperación –la Alianza para el Progreso– que se inspiró, no en poca medida, en ideas y políticas que la Cepal había anunciado en la década precedente. Para bien o para mal, el “humor” de las relaciones internacionales de la gran nación del norte tiene un impacto en las opciones políticas de la región. En aquellos tiempos la programación económica fue santificada como un instrumento de política en América.

En el plano interno, la política económica del gobierno del Partido Nacional, en las manos hábiles del contador Juan Eduardo Azzini, supo conciliar las reformas liberales que marcaron un hito en la historia económica del país, con un esfuerzo de planificación de las inversiones, para apoyar y acelerar el desarrollo económico.

Tres estadistas deben ser reconocidos, en una primera aproximación, por sus esfuerzos, por su tesón, por sus visiones políticas, por sus vínculos con los actores políticos, por sus experiencias y por el apoyo técnico que prestaron a la tarea que demandó la CIDE: Wilson Ferreira Aldunate, Ministro de Ganadería y Agricultura, acompañado –como decíamos– en la Subsecretaría por el doctor García Costa; Juan Pivel Devoto, Ministro de Instrucción Pública y Previsión Social; y un dirigente político que, en su condición de Consejero del Gobierno, apoyó con inteligencia la iniciativa y le dio un impulso clave para su supervivencia política: el doctor Washington Beltrán.

Justamente, una de las virtudes que tuvo todo este proceso es que no se agota en esos nombres ni en un partido político. En la Universidad de la República, un hombre visionario supo negociar algo que hasta entonces era casi inimaginable: la colaboración de la Universidad con el Gobierno; el contador Israel Wonsever, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Su contribución llevó precisamente a que el contador Enrique Iglesias –ese gran compatriota que ha ocupado cargos de enorme relevancia en la vida nacional e internacional– realizara su aporte a la Secretaría Técnica de la CIDE, desde el Instituto de Economía.

La tarea del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas fue muy importante en la década previa a la institucionalización de la planificación en Uruguay. Allí se estudió el enfoque “cepalino” y se hicieron las primeras investigaciones sobre problemas estructurales del desarrollo económico en el Uruguay. Desde allí se irradió el enfoque desarrollista hacia las nuevas generaciones de estudiantes universitarios que integrarían, durante el primer lustro de la década del sesenta, los equipos técnicos que prepararon el Plan Nacional de Desarrollo, en el marco del fuerte impulso recibido desde la Alianza para el Progreso.

Entre las premisas que presidían el espíritu de la CIDE, se destaca aquella que creía que un Programa Nacional de Gobierno, para promover el desarrollo económico y social, era una opción posible además de deseable. Y, quizás con un poco de ingenuidad de la mayoría de los jóvenes que intervinieron, se pensaba que la idea podría captar el apoyo de una amplia mayoría de la población del país. La movilización voluntaria y admirable de decenas de expertos nacionales, el diálogo con todas las fuerzas políticas y con grupos de empresarios y sindicatos, y la comunicación con la opinión pública a través de la televisión, no defraudaron sino más bien fueron un gran impulso. Varias de las recomendaciones fueron luego recogidas por la reforma constitucional que el Uruguay aprobó en 1966.

La segunda convicción que guiaba el accionar de la CIDE era que para concebir un plan se debía conocer el país. Y así se hizo, poniendo a disposición del análisis técnico y del público en general –fíjense los señores Senadores– el Censo General de Población realizado en 1963 –que no tenía lugar desde 1908–, estudios económicos y sociales, conceptos y cifras de las cuentas nacionales. Esto no habría sido posible sin el invalorable apoyo de un equipo de técnicos internacionales liderados por Ángel Monti, cuya dedicación y profesionalismo merecen un justo reconocimiento del país.

La tercera convicción era que un plan con estas bases tan amplias debería sensibilizar a la dirigencia política y a la opinión pública sobre los problemas del país. Nosotros creemos –ya han pasado unos cuantos años– que, en buena medida, esto se logró. Lo demás era la viabilidad real de avanzar con las propuestas de políticas y de reformas del Plan.

La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico ha cobrado una singular relevancia histórica en medios académicos y en niveles de dirección partidaria y gremial. También en el juicio de amplios sectores de la ciudadanía prevalece una opinión netamente positiva –como decíamos al comienzo– respecto a lo que representó su establecimiento y la labor de diagnóstico y planeamiento que llevó a cabo. A tal punto es así, que en este tiempo está cobrando impulso la iniciativa de inspirar en la CIDE la constitución de foros de percepción del conjunto de los desafíos que el país enfrenta, de discusión rigurosa y ajena a sectarismos, de intercomunicación de diversos quehaceres y tradiciones nacionales. No se trata, como lo han precisado el contador Enrique Iglesias –proponente inicial– y los que han secundado la idea, de repetir o de imitar lo que nuestro país hizo a través de la CIDE cincuenta años atrás. Se procura obtener nuevamente aquello que, dentro de parte del desconcierto y la superficialidad con la que muchas veces nos encontramos, parece casi imposible: descubrir futuros mejores y profundizar en ellos; identificar fines acordes con los valores irrenunciables de nuestra comunidad; afirmar acción autónoma transformadora; definir rumbos conducentes a las metas valiosas.

Todo esto seguramente parecía también imposible cuando se instauró la CIDE, cuando se ampliaron sus propósitos, cuando se designó para encabezarla a un joven docente y profesional de la actividad económica, cuando se decidió pasarle el diagnóstico al primer Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la historia uruguaya, y cuando el plan presentado en 1965 fue aprobado por el Poder Ejecutivo en los primeros meses de 1966.

Para llegar a la situación actual –opinión favorable a todo aquel ciclo y eficacia inspiradora que él proyecta sobre tareas hoy pendientes– mucho debió indagarse acerca de la fecundidad de la CIDE; muy radicalmente debió revisarse una primera sensación de fracaso que existió.

Hablaremos solo de algunas de las aristas de la resignificación alcanzada, las que nos parecen más aleccionadoras en relación con las responsabilidades que los uruguayos debemos cumplir en el presente: primero, “del desconocimiento al autoexamen”; segundo, “de la improvisación al planeamiento” y, tercero, “de los técnicos en la política”.

Seguramente sería muy frívolo si nosotros calificáramos a la actuación de la CIDE como la primera convocatoria en el Uruguay de especialistas y técnicos para la elaboración de medidas de gobierno así como la inauguración de prácticas de asociarse Legisladores y gobernantes con universitarios y expertos internacionales. Pero más allá de no incurrir en esa frivolidad –pese a que a veces se habla tanto de que nunca antes había sucedido y de que “esto recién empieza”–, nos complace, en cambio, reconocer antecedentes que, contemplados en su conjunto por otra parte y sin mengua de su mérito, harían innegable esta otra afirmación: la conformación y potenciación de la CIDE representó un salto de calidad de la gestión gubernamental respecto de todo lo que la precedió. Y para efectuarlo, se decidió introducir un actor colectivo con el que el país nunca había experimentado: un encuentro sistemático, estable.

Seis años, señor Presidente, funcionó la CIDE encargada de desempeñarse como el generador de un genuino plan democrático, indicativo, enérgico e integral. Los dos Colegiados de mayoría nacionalista se comprometieron con la audaz iniciativa. El organismo se estableció en enero de 1960, y en 1962 Enrique Iglesias fue designado al frente de un Secretariado Técnico de la Comisión. Ese mismo año se incorporaron masivamente universitarios y expertos de distintas áreas –así como asesores extranjeros–, destacándose –desde ya pedimos disculpas si cometemos el error, involuntario, por supuesto, de olvidarnos de alguno–, además de Azzini y Enrique Iglesias, el actual Presidente del Cuerpo, Danilo Astori, Celia Barbato, Alberto Bensión, José Luis Bruno, Oscar Bruschera, Mario Buchelli, Agustín Canessa, Valentín Arismendi, Miguel Cecilio, el actual Senador Alberto Couriel, Ariel Davrieux, Luis Faroppa, Julio Fittipaldo, José María Gimeno, José Gil Díaz, Samuel Lichtensztejn, Walter Lusiardo Aznárez, Luis Macadar, Daniel Hugo Martins, Alicia Melgar, Yamandú Patrón, Antonio Pérez García, Juan Pivel Devoto, José María Puppo, Germán Rama, Aldo Solari, Juan Pablo Terra, Alberto Tisnés, Alejandro Végh Villegas, José Claudio Williman, Raúl Ybarra San Martín y Ricardo Zerbino, que se suman a los nombres que ya hemos referido.

¡Qué plantel! Si tuviéramos que hacer una selección de técnicos de primer nivel para colaborar en la recuperación de una nación, aquí tendríamos dos o tres cuadros titulares. Y estos ciudadanos convocados, autoconvocados, motivados por su propia pasión o vocación, comenzaron a trabajar en un estudio económico del Uruguay que, como ya dijimos, fue publicado en 1963, ya en ejercicio de su segundo mandato el Consejo de Gobierno, conducido por el Partido Nacional y respaldado por mayoría parlamentaria blanca.

En 1963 ya se aplicaron las dos primeras entre las grandes innovaciones provenientes de la CIDE: el Censo Nacional de Población y Vivienda y la elaboración de las cuentas nacionales, tan elementales como el cálculo preciso de la evolución del Producto Bruto Interno, inexistentes hasta entonces.

Inmediatamente después, el 7 de enero de 1964, las autoridades de Gobierno encomendaron a la CIDE la producción de un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, lo que supuso agregar personal calificado a la ya rica dotación del organismo. Más de trescientos especialistas llegaron a prestar servicios, lo que permitió la presentación, en 1965, de un plan estructurado en tres etapas: una inmediata, de duración anual, una segunda que se debía cumplir en tres años y, comprendidas las dos anteriores, una final que se ejecutaría entre 1965 y 1974.

A comienzos de 1966, el Plan recibió la aprobación del Consejo Nacional de Gobierno. Para compaginar los planes sectoriales, la Secretaría Técnica designó, en su momento, a Alberto Couriel, a Germán Rama y a Juan Pablo Terra, y el trabajo último de redacción recayó en Ángel Monti. El resultado final fueron once kilos de papel distribuidos en seis enormes tomos.

¿Cuáles fueron, señor Presidente, las principales recomendaciones sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social? En el sector agropecuario –aquí nos parece que corresponde destacar algo que nos comentaba ayer el doctor Guillermo García Costa– se trabajó, en alguna medida, con un grado de independencia de la CIDE en su conjunto, mayor al resto, y se le otorgó al Ministro y al Subsecretario la responsabilidad de hacerse cargo de la marcha de esos trabajos.

Cuando tuvimos la oportunidad de homenajear a Wilson Ferreira Aldunate en ocasión de la Asamblea General celebrada el pasado 15 de marzo, el señor Senador Agazzi, que hablaba en nombre de su colectividad política, hizo especial hincapié, precisamente, en este aspecto y en la importancia que le cupo a Wilson en esa elaboración. A tal punto Wilson se había entusiasmado con la iniciativa –y quienes tuvimos la fortuna de conocerlo sabemos lo que eso significaba y cómo encaraba Wilson las cosas cuando se entusiasmaba–, que durante su pasaje por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, dedicaba la mañana a la CIDE –que se ubicaba en Colonia y Convención–, y la tarde, a las funciones propias de ese Ministerio. Y lo que no podía hacer en la tarde se lo pasaba a García Costa para que se encargara él también de dar los “empujones” correspondientes.

Y así fue que en el presupuesto del Ministerio de Ganadería y Agricultura se empiezan a definir, por primera vez y antes de la reforma constitucional de 1966 –que es la que introduce el presupuesto por programa–, las pautas de un presupuesto por programa.

¿Cuáles fueron las principales recomendaciones sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social? En el sector agropecuario –fíjense los señores Senadores que estamos hablando de 1965– se instrumentó un paquete de siete leyes: “reforma agraria, forestación, semillas, suelos y aguas, cooperativas, fertilizantes, procedimientos. Tecnificación del MGA. Prohibición de sociedades anónimas para la explotación agropecuaria”.

En el sector de la industria: “Ley de Promoción Industrial: promoción selectiva. Participación no monopólica del Estado en la industria azucarera, siderúrgica, fertilizantes. Banco de Fomento. Reforma del Ministerio.

Energía. Modernización de UTE, Ancap. Tarifas realistas. Subsidios racionales y explícitos.

Transporte. Creación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Comunicaciones. Integración de redes. Reformas institucionales: creación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y de Antel.

Turismo. Promoción del turismo extranjero. Creación de la Dirección Nacional de Turismo dentro del Ministerio de Industria y Comercio”. Fíjense los señores Senadores que estamos hablando de la promoción del turismo extranjero.

Continuamos con las principales recomendaciones de la CIDE. «Educación. Coordinación y racionalización de la política educativa, fortalecimiento de la enseñanza técnica, extensión de enseñanza preescolar, racionalización del ingreso a la Universidad.

Vivienda. Plan Nacional de Viviendas-Ley de Viviendas. Reforma institucional: Dinavi, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Planeamiento territorial. Creación de la Dirección de Planeamiento Territorial dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Agua y servicios sanitarios. Extensión de los servicios. Fortalecimiento de OSE. Tarifas realistas.

Salud. Servicio Nacional de Salud. Seguro Nacional de Salud.

Administración Pública. Fortalecimiento de la capacidad técnica del Estado. Racionalización, coordinación y planificación. Nuevos Ministerios. Institucionalización del planeamiento. Servicio Civil. Ley de Contabilidad. Presupuesto por Programas.

Tributario. Redistribución y aumento de la presión tributaria. Impuestos finalistas. Fortalecimiento del Impuesto a la Renta. Impuesto a la baja productividad del agro.

Seguridad Social. Prevenir colapso del sistema. Modificar edad de retiro, suprimir beneficios.

Comercio exterior. Creación del Instituto de Comercio Exterior y de Oficina para certificar calidad de producción nacional. Estímulos a la exportación. Mayor presencia en la Alalc. Rebaja selectiva de aranceles (contra el “proteccionismo indiscriminado”).

Financiero. Banco Central. Banco de Fomento. Banca privada al servicio del interés público.

Precios. Estabilización gradualista y concertada. Acuerdo social».

Todo esto, señor Presidente, prueba que la consustanciación de gobernantes y técnicos resultó muy significativa y que no faltó voluntad política de poner en práctica medidas y planes hondamente transformadores. Junto con ello, es de destacar que no solo Iglesias aportaba juventud al nuevo actor desarrollista; el promedio de edad de todo aquel grupo numeroso de técnicos a que hemos hecho referencia –fíjense los señores Senadores, y disculpen si reiteramos que estamos hablando de 1965– estaba por debajo de los 35 años. Algunos de sus componentes eran todavía estudiantes universitarios, aunque destacados ya en sus respectivas especializaciones. El Gobierno, que no solo saltaba un grado de autoexamen que el país necesariamente debía experimentar en el planeamiento, en la incorporación de técnicos a la gestión política y en el otorgamiento de confianza a las generaciones más nuevas, consiguió una respuesta entusiasta. Según los testimonios que han brindado en sucesivas organizaciones, quienes participaron de aquel esfuerzo coinciden en que se trabajó con excepcional intensidad, todos imbuidos de una mística particular.

Ya hicimos referencia a la dedicación que algunos integrantes de los Ministerios prestaban al trabajo de la CIDE, y Juan Pivel Devoto fue uno de los que también le dirigió su mirada, su esfuerzo y su atención en profundidad. Hablando en términos generales, debe admitirse que los políticos habilitaron a los universitarios y expertos, y estos actuaron solos, divididos en Comisiones y Subcomisiones, tras lo cual elevaron al Consejo de Gobierno los resultados de sus tareas.

El estudio y el plan. Aprobado por aquel órgano, el plan, dividido en proyectos de ley, pasó recién entonces a la órbita parlamentaria y a las Direcciones de los Partidos. Estábamos en plena campaña electoral de 1966. Las campañas electorales, las turbulencias de la época, hacen que los productos de la CIDE –quizás en esa campaña– no hayan sido defendidos con la trascendencia que el tema merecía. Más aún: en algún momento comenzaron a aparecer algunas voces de partidismo estrecho o de críticas que solamente podían encontrar un estribo en el hecho de que se estuviera sucediendo una campaña electoral. Tenía que pasar el tiempo, quizás, para que aprendiéramos de las lecciones que se recibían como consecuencia de un trabajo tan intenso.

Sin pretender hacer una mención exhaustiva, de la CIDE provienen: el ya referido Censo de Población y Vivienda y su rutinización cada diez años, conforme actualmente, ahora, a compromisos internacionales; las cuentas nacionales, establecidas en ese mismo año antes de la conclusión del estudio económico del Uruguay; el Banco Central; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es una forma de institucionalizar a la propia CIDE, según la Disposición Transitoria O del texto constitucional; el Banco de Previsión Social; la Oficina Nacional del Servicio Civil –organismos todos creados en virtud de la reforma constitucional sancionada en 1966–; la considerable flexibilización del régimen de las expropiaciones, cuando estuvieran dirigidas a permitir la aplicación de planes y programas de desarrollo, lo que quedó consagrado constitucionalmente a partir de la reforma de 1966, en su artículo 231; la modificación de las estructuras de las políticas macroeconómicas para pasar de un dirigismo a una apertura hacia los mercados con enérgica intervención orientadora del poder público; la reforma del sistema jubilatorio y pensionario, a fin de establecer uno de carácter mixto con un pilar contributivo y otro solidario –repitámoslo: de la CIDE surge la reforma del sistema jubilatorio y pensionario a fin de establecer uno de carácter mixto, contributivo y solidario–; la creación de Antel, vale decir, de un servicio descentralizado de las comunicaciones, tema sobre el cual seguramente los de la época no preveían el desarrollo impactante que iba a tener en la vida universal; la reestructuración del régimen impositivo; la aprobación de leyes sectoriales desarrollistas, especialmente en materia forestal, de exportaciones y de pesca; la Ley de Vivienda de 1968 y el posterior Plan Nacional de Viviendas, que la puso en práctica en ese año, y también en 1973 en lo que representó el último esfuerzo sistemático y de alcance integral que el país ha hecho para atender la aguda problemática habitacional; las reformas educativas de 1972, 1990, 2000 y 2007; el presupuesto por programa –al que ya hemos hecho referencia–; la nueva organización de algunos Ministerios; la admisión de capitales privados en la constitución o ampliación de las empresas públicas, mediante el artículo 188 de la Constitución de la República, que era una idea original, que era una buena idea y que aún no ha sido implementada, por lo menos en la aplicación en la que se concibió cuando se aprobó aquella reforma.

Y si nos detuviéramos, señor Presidente, a hacer referencia a la relación entre la CIDE y la Universidad de la República, y entre la CIDE y la necesidad de reformar, o por lo menos de cambiar la concepción que en aquellos años fundaba o primaba en la Universidad de la República, creo que tendríamos que dedicar una sesión exclusivamente al tema. Por eso nos permitimos soslayarlo, porque creemos que es un tema de una dimensión, de una magnitud y de una importancia tal en el Uruguay, que necesita una mirada diferente por parte de todos –esto forma parte también de un proceso de autocrítica–, por lo cual preferimos, simplemente, hacer una mención.

La creación de la CIDE, señor Presidente, la designación de Iglesias y la composición de su plantel se dirigió contra esa fosa que empezaba a dividir a los uruguayos y que tendía a ensancharse. Complementarias entre sí, esas decisiones buscaban neutralizar los núcleos de disfunciones; la genialidad a la politización; traían los especialistas a la elaboración de las políticas públicas; exigían una superior calidad de la gestión de legislación y gobierno; propiciaban los diálogos entre las ciencias y los representantes de la ciudadanía; favorecían el realismo de los investigadores y docentes. Querían –sin duda– reducir o eliminar los recelos o estereotipos que incentivaban los cultores del elitismo o de la partidización, o viejas tradiciones muy arraigadas en la vida del país, que hacían que de política solo hablaran los políticos, cuando este tipo de integración es la que, en definitiva, se ajusta mejor a las realidades y a las necesidades. Hubo un gran esfuerzo de acercar a todos los orientales, que pareció quedar sin consecuencias –según dice Adolfo Garcé en una excelente obra sobre este tema–; llevó a cambios estructurales positivos y continúa marcando los rumbos de nuestro auténtico desarrollo. Esto también lo dice Adolfo Garcé en su obra.

La tarea de planificación desplegada por la CIDE dejó un legado muy importante en diversos planos: generó un volumen de información sin precedentes, el Uruguay pudo finalmente saldar viejas deudas, como la actualización de su censo y la elaboración de sus cuentas. En segundo lugar, la propia magnitud en información producida y la gravedad de los problemas que puso de manifiesto matizó profunda y perdurablemente la agenda política del país. A partir de la publicación del estudio, las nociones de estancamiento productivo y crisis estructural arraigarán profundamente en el debate público. Y, como corolario de la conmoción generada por muchas de las revelaciones de la CIDE, tanto los grupos de presión como los Partidos Políticos serán ganados por la obsesión de reformar las estructuras del país. Las propuestas de reformas estructurales de la CIDE serán adoptadas en mayor o menor medida, con mayor o menor fervor, por los principales actores políticos del país.

Finalmente, el análisis de los cambios en las políticas públicas y en las instituciones desde 1963 hasta 1973, demuestra que numerosas iniciativas de reformas propuestas alcanzaron a ser incorporadas, como ya lo hemos dicho, a través de la reforma constitucional de 1966.

A Wilson Ferreira Aldunate lo marcó definitivamente su participación tan intensa en la CIDE, y cuando su figura política emerge en el liderazgo desde el Partido Nacional, uno de los aportes más innovadores que hace al debate público en su condición de candidato a la Presidencia de la República es “Nuestro compromiso con usted”, que también ahora en la nostalgia del nacionalista forma parte de aquellos valores, de aquellos hechos que todos recordamos con singular afecto y que de alguna manera cada tanto se quieren reactualizar, como si ello fuera posible. Nunca nadie piensa en poner arriba de la mesa “Nuestro compromiso con usted”, con el contenido de entonces, pero sí que “Nuestro compromiso con usted”, repetido a lo largo de los años, con un formato y con un contenido diferente es condición sustancial para quien aspire a conducir seriamente los destinos del país.

Para llevar adelante una nueva CIDE, se precisa un talante similar al original: liberal, abierto, pluralista, integrador de los que disienten, con participación del Gobierno, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de la Academia, para tener, en un breve plazo, un nuevo plan, a pesar del sobrediagnóstico que existe en nuestro país. Como dirigentes políticos tenemos esa esperanza, y desde esta Banca, señor Presidente, convocamos hacia el futuro.

Muchas gracias.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: agradezco al señor Senador Gallinal la oportunidad de hacer referencia a una institución de la cual formé parte prácticamente desde su fundación; una institución que nos marcó, que nos dio una especial formación como economistas y, desde ese punto de vista, tengo la emoción y el mejor recuerdo de aquella estupenda tarea en equipo que se realizó en la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que es de esas cosas que marcan para toda la vida.

Voy a dar una visión desde adentro, compartiendo plenamente todo el análisis desarrollado por el señor Senador Gallinal.

Creo que el origen de la CIDE tiene un aspecto de carácter internacional y otro de carácter nacional. Desde el punto de vista internacional, sin duda cabe señalar la Alianza para el Progreso, que es la propuesta del Gobierno del Presidente Kennedy de los Estados Unidos, una especie de Plan Marshall en el cual se otorgarían US$20.000:000.000 a América Latina en diez años y que, en esencia, era una respuesta a un hecho relevante en la región, que era el entusiasmo que estaba generando la revolución cubana de 1959. La respuesta a la revolución cubana es la Alianza para el Progreso que, entre otras cosas, exigía a los Gobiernos la necesidad de formular planes de desarrollo para recibir préstamos. A partir de la formulación de esos planes de desarrollo, se fueron creando en la región una serie de instituciones como la CIDE, organismos de planificación que llevaron adelante esos planes para que las instituciones financieras internacionales pudieran otorgar los préstamos correspondientes. Muchas de esas medidas de la Alianza para el Progreso –como bien decía el señor Senador Gallinal– provenían del pensamiento de la Cepal, y se instauraba, nada más y nada menos que en la Alianza para el Progreso, la reforma agraria que propugnaba la propia Cepal.

Desde el punto de vista nacional, desde nuestro punto de vista y tal vez mirado desde adentro de la CIDE, lo más importante para nosotros es la existencia en el país, la fuerza en el país del contador Enrique Iglesias. Ya en la Conferencia de la Alianza para el Progreso fue una figura extraordinariamente destacada. Para mí tenía un destaque muy especial, y voy a aprovechar para contar una anécdota.

En 1961, junto con un grupo de estudiantes fuimos a Punta del Este, a la Conferencia de la Alianza para el Progreso, con el objetivo de ver al Che Guevara y hablar con él. Conseguimos unos documentos para poder entrar a la Conferencia de delegados uruguayos. Conseguimos hacerlo, y en determinado momento pedí por el Ministro de Planificación de Cuba, a quien conocía, pero un amigo, Juan de Barbieri, se me iba. Entonces lo fui a buscar. Había mucha gente que me miraba, no sabía por qué; sin duda eran policías de civil. Cuando quise entrar nuevamente, me pidieron la cédula de identidad, pero esta no coincidía con el documento con el cual yo entraba a la Conferencia, y me llevaron preso. Mis compañeros, estudiantes de Facultad, ¿a quién recurrieron? Por supuesto que a Enrique Iglesias, que era la persona más cercana que teníamos en la Facultad. Y Enrique Iglesias dijo: ¿A quién llevaron preso? ¿A Alberto? No voy nada; siempre está armando líos. Por lo tanto, fue el contador Ybarra San Martín –también profesor mío– a la Comisaría de Punta del Este y me liberó. Por suerte, en la noche pudimos ver nada menos ni nada más que al Che Guevara, y hablar con él.

Enrique Iglesias armó los equipos nacionales y extranjeros. Tenía enormes contactos en el plano internacional, ya desde 1957, 1958, cuando empezó a organizar las primeras reuniones internacionales con técnicos de la Cepal. Él también eligió a todos los técnicos nacionales; algunos pasamos en comisión y otros fueron contratados. Lo hizo con una enorme amplitud ideológica, con mucha flexibilidad, a los efectos de poder generar un equipo que, según él creía, era del mejor nivel que se podía considerar en ese momento en el país.

Enrique daba mucha libertad para trabajar y lo hacíamos, diría yo, hasta con alegría. Trabajábamos de mañana y tarde; a veces nos pedían que hiciéramos un tercer turno –luego voy a hacer referencia a esto–, que fuéramos a trabajar de noche, pero a nadie se le ocurría que fuéramos a pedir una remuneración extra o especial ni mucho menos. En realidad, nos estábamos formando, y lo hacíamos con mucha libertad y alegría.

Decía muy bien el señor Senador Gallinal: “Estamos cumpliendo cincuenta años del primer diagnóstico del Uruguay”. Sin duda, este tenía como base el censo de población y una estimación que se hizo para el diagnóstico y el censo posterior para los planes y la elaboración de las cuentas nacionales, en la que participó un extranjero excepcional, que nos enseñó a todos: Alberto Fracchia.

Realmente hoy pensaba hablar de Alberto Fracchia, y ahora lo estoy haciendo con una emoción muy especial, porque ayer me llamaron de Buenos Aires para comunicarme su fallecimiento. Alberto Fracchia fue de los asesores internacionales que más tiempo estuvo en el Uruguay, que nos enseñó y que fue como una especie de padre de todos nosotros. En mi exilio en Lima, trabajaba en un organismo internacional; cuando volvía, como no podía venir al Uruguay, viajaba a Buenos Aires e iba a la Cepal para ver a Alberto Fracchia. Él me preguntaba: “¿Cómo está? ¿Dónde está trabajando?” Yo le respondía: “Estuve trabajando en la Unctad y ahora voy a trabajar en la OIT”. Y Fracchia me decía: “Todo lo hace mal, como siempre. Se va de la Unctad, donde está Estados Unidos y la Unctad va a ser permanente. Se va a la OIT, de donde Estados Unidos acaba de retirarse. Va a tener problemas en el futuro. De todas maneras: ¿Ahorró?” Y yo le decía: “Sí”. Él me preguntaba: “¿Dónde tiene la plata?”. Yo le respondía: “En el banco en el que me paga Naciones Unidas, en el Chemical Bank”. Y él me decía: “¡Todo al revés hace! ¡A cero de interés! ¡Vamos a invertir esa plata!”.

Era verdaderamente un profesor y un padre para cada uno de nosotros. Quiero aprovechar esta situación para rendir el más grande homenaje a un queridísimo profesor, amigo y padre de nosotros: Alberto Fracchia.

El informe central fue redactado por Ángel Monti –otro espléndido profesor argentino– con una interpretación basada fundamentalmente en los obstáculos estructurales que planteaba el pensamiento de la Cepal de la época.

El estudio del diagnóstico tuvo, sin duda, un impacto muy grande en los partidos políticos, en los medios políticos universitarios, empresariales y sindicales. Enrique Iglesias hacía un esfuerzo para que no hubiera ningún sesgo político–partidario. Él mismo no quiso ser contratado; pasó en comisión desde el Instituto de Economía de la Facultad a la Secretaría Técnica de la CIDE.

Personalmente, en esa oportunidad participé en el diagnóstico del sector educativo porque estábamos haciendo una monografía para recibirnos –la terminamos estando nosotros ya en la CIDE– junto con Ricardo Zerbino, José Enrique Santías y Danilo Astori. Tuve la enorme suerte de participar en el diagnóstico educativo nada más ni nada menos que con Aldo Solari –un extraordinario sociólogo–, Germán Rama –de excelente nivel en el plano educativo– y Ricardo Zerbino.

Al año siguiente apareció el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1965-1974, con múltiples planes sectoriales. Nuevamente aparece mucho del pensamiento estructuralista de la Cepal, porque allí se plantea la reforma agraria, la financiera, la tributaria, la administrativa, el apoyo a la industrialización y a las exportaciones no tradicionales. Como decía el señor Senador Gallinal, sin duda es muy importante el “CIDE agropecuario”, que trabajó con autonomía en aquel momento. Es verdad que cuando se elaboraron los planes, el propio Wilson Ferreira se arremangaba, se sentaba y se juntaba para escribir los proyectos correspondientes junto con los técnicos nacionales y extranjeros.

En los planos sociales también había cierto grado de autonomía en el sector educativo, donde estaba el apoyo de Pivel Devoto, y en vivienda, la tarea de Juan Pablo Terra, que sin duda era extraordinariamente importante.

En aquel momento, a las reformas estructurales y a los planes sectoriales se agregó un plan antiinflacionario de corto plazo, que era menos “cepalino” y que tenía más que ver con la influencia del economista norteamericano Rostow, donde se planteaba el acuerdo social. En realidad, uno tenía la sensación de que en esa época y hasta esa época el Uruguay había vivido un verdadero acuerdo social implícito no institucionalizado. La década de los sesenta fue de muchos conflictos e Iglesias impulsaba ese acuerdo social con múltiples reuniones informales que hacía con empresarios, con dirigentes sindicales como José D’Elía y Héctor Rodríguez, con universitarios como Faroppa y Bucheli, y que luego se intentaban concretar en el Plan Anual de Desarrollo.

Recuerdo que a nosotros no nos tocó participar en ese Plan Anual, pero un día Iglesias nos llamó a un grupo de jóvenes que estábamos trabajando en la CIDE –en cuanto a nuestra tendencia, éramos un poquito más de izquierda que “cepalinos”– para decirnos: “Les quiero dar el Plan Anual para que el fin de semana lo lean y lo discutamos acá adentro, así conozco las ideas de ustedes directamente, antes de que lo escriban en el diario Época”, que era el diario más de izquierda que había en aquel momento. Allí estábamos con Alberto Bensión, Pedro Seré, Raúl Bianchi, Raúl Trajtenberg, Benito Roitman y Luis Macadar, con quienes tuvimos la chance de discutir directamente ese Plan Anual.

Fui a estudiar a Chile; cuando volví, venía como Planificador General, quería trabajar como tal. Sin embargo, Enrique Iglesias me dijo: “¡No, no! ¡Nada de planificación general! Me tenés que ayudar. Tenemos que trabajar en una propuesta para la industria frigorífica, para la industria de la carne”. Yo le respondí: “No tenemos el tiempo para hacer los estudios”. Entonces, me dijo que me hiciera una serie de preguntas y que fuera a hablar con los presidentes y gerentes de cada frigorífico uruguayo. Así lo hice. Recuerdo que fui a ver a Ferrando, un gerente de un frigorífico extranjero, quien me dijo que quería hacer la Ancap de las carnes. También recuerdo una conversación que mantuve con el entonces Director del Plan Agropecuario, Benito Mederos, quien me dijo: “Ustedes, los técnicos, no se van a animar a presentar medidas de fondo”. Traigo esto a colación a propósito de que, luego de esas instancias, la conversación final para redactar el informe tenía que hacerla con el entonces Ministro de Ganadería y Agricultura, Wilson Ferreira Aldunate. A Iglesias no le pareció correcto que yo fuera solo a hablar con Wilson Ferreira Aldunate, de manera que lo invitó. Junto con Enrique Iglesias, nos sentamos Jesús González, que era el técnico extranjero que estaba en la OPYPA –o CIDE agropecuario–, y Antonio Pérez García, que era el Director Nacional del CIDE agropecuario. Llegó Wilson, entró, nos saludó y, como era su característica, empezó a hacer un cuento y una anécdota. Hizo el primer cuento y todos se reían; todos nos reíamos. Luego hizo un segundo cuento, después un tercero; no paraba de hacerlos. Yo no sabía qué hacer, cuándo iba a tener la posibilidad de hacerle alguna pregunta porque Wilson seguía haciendo anécdotas permanentemente. En determinado momento, en lugar de hacerle las preguntas que yo tenía pensado, le hice otra que pensé que me la iba a tener que contestar. Le dije: “Ministro, ¿qué piensa usted que hay que hacer con el Frigorífico Nacional?”. Aclaro que estamos hablando del año 1965. Wilson me contesta: “¡M’hijo querido, se lo damos a la Cepal, que sabe todo!”. Y siguió haciendo su anecdotario, que a todos nos conmovía, que a todos nos gustaba, pero, lógicamente, ya no tuve oportunidad de hacerle ninguna pregunta sobre la industria frigorífica. Creo que es lindo el cuento de Wilson Ferreira que estoy haciendo para aprovechar este homenaje que el señor Senador Gallinal quiere hacer a aquel que fue un gran Ministro de Ganadería y Agricultura.

La CIDE trabajaba con total autonomía de los partidos políticos y del propio Gobierno. Después se presentaron los planes, pero era tal la autonomía y el prestigio que tenía la CIDE que, en un momento determinado, en 1965, Enrique Iglesias armó una misión refinanciadora por los problemas financieros que tenía el país y fue presidida por Wilson Ferreira Aldunate. En un momento en que la misión refinanciadora estaba en Estados Unidos, llegaron a la CIDE el Ministro de Hacienda, Daniel Hugo Martins, y el Subsecretario, Héctor Lorenzo Ríos. Ellos venían a pedirnos los trabajos que estábamos elaborando en la CIDE y creo que, en el fondo –y este era el prestigio de la CIDE–, lo hacían porque pensaban que si tomábamos esos documentos –estoy hablando del año 1965– teníamos ganada la elección de 1966. Monti recibió a Daniel Hugo Martins y a mí me tocó recibir a Héctor Lorenzo Ríos, a quienes les explicamos que no estábamos en condiciones de entregar los documentos. Pero digo esto para demostrar la independencia de la CIDE y la importancia que tenía en esa situación nacional que se estaba viviendo.

Sin duda, hubo consecuencias políticas múltiples. Nosotros sentíamos que no había un sector social capaz de llevar adelante el conjunto de los planes de desarrollo y que tampoco había una situación política que lo permitiera. Pero sin duda la CIDE tuvo mucho que ver con la reforma constitucional de 1966 por la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el informe de la reforma administrativa por la creación del Banco Central e, incluso, con el programa “Nuestro compromiso con usted” elaborado por Wilson en 1971. Al respecto, me gustaría marcar la participación de un asesor extraordinariamente importante en ese momento para Wilson Ferreira, el contador Mario Bucheli.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR PRESIDENTE. Disculpe, señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Voy cerrando mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, la Presidencia acepta con flexibilidad que vaya redondeando el final de su exposición.

SEÑOR COURIEL.- Muchas gracias, señor Presidente.

Con Alberto Bensión también nos tocó plantear las ideas de la CIDE. Las izquierdizamos un poquito, las estatizamos en el Congreso del Pueblo de 1965; incluso, influyeron en el programa del Frente Amplio de 1971.

Para culminar mi exposición, quiero volver a expresar mi emoción por el hecho de poder hablar de una institución que, sin ninguna duda, para nosotros fue extraordinariamente de vida, de formación, de alegría. ¡Ojalá los jóvenes puedan volver a tener instituciones de esta naturaleza porque le hicieron mucho bien al país y sirvieron para la formación de muchas generaciones!

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: me parece importante resaltar la importancia que tuvo esta metodología de ver el Uruguay que surgió en estos años. En el conjunto de las creaciones que se produjeron en estos años, sobre todo a partir de la nueva política exterior de los Estados Unidos, la CIDE tuvo una particularidad, ya que se creó antes de la formación de la Alianza para el Progreso en 1961. Como dijo muy bien el señor Senador Gallinal, en octubre de 1959 se decretó la creación de la Comisión; después se formalizó en enero de 1960 y se modificó en marzo.

En la visión que había de esta herramienta incidía mucho el ambiente “cepalino” –como se le llama generalmente–, que se había instalado en los años cincuenta en América Latina, sobre todo por un pedido del Gobierno de Brasil al Gobierno de Eisenhower, en lo que se llamó la “Operación Panamericana”. Ese pedido de que se necesitaba un Plan Marshall para América Latina recogía las ideas de planificación que habían sido tan importantes en Estados Unidos, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Los momentos de crisis hacen discutir las herramientas y en el Uruguay de los años cincuenta estábamos en una crisis económica de tanta importancia que, después de noventa años de Gobierno del Partido Colorado, por primera vez fue asumido por el Partido Nacional. Cuando hay cambios tan drásticos es porque hay problemas importantes en la sociedad.

El nuevo Gobierno tuvo una feliz coincidencia, que fue la presencia del contador Azzini –no voy a describirlo porque ya fue mencionada su importancia en la conducción ideológica de estos procesos–, y al mismo tiempo el ascenso del Presidente Kennedy en los Estados Unidos sustituyendo a Eisenhower. Entonces, coincidió una visión estratégica de los Estados Unidos, que se plasmó en la Reunión de Punta del Este con una herramienta que se construyó en el Uruguay para dar respuesta a los problemas de nuestro país. Creo que fue una feliz coincidencia para el Uruguay porque permitió la construcción de la Comisión de Desarrollo, aunque haya sido un poco anterior a la Alianza para el Progreso. Muchas veces, mecánicamente se dice que es una derivada de esta Alianza, pero creo que fue paralela y que tuvo su independencia de criterio, como voy a jerarquizar luego. En mi opinión, esto no tenía antecedentes en el Uruguay. En realidad, nuestro país se caracterizaba por un determinismo político en el funcionamiento de la sociedad y de los partidos políticos que históricamente fueron los constructores de la nación; en los mecanismos que se utilizaban, tanto en el orden político como en el institucional, el empresarial y el de las organizaciones, se distinguía una adhesión subjetiva a los partidos políticos, con un fuerte compromiso de las tradiciones. Por eso, introducir la idea de una política que se definiera por factores objetivos, conocer cuáles eran los problemas y discutir cómo hacerles frente, fue una novedad. Pero fue una novedad derivada del concepto de planificación, cualquiera sea la familia de la planificación que se tome en cuenta. En realidad, el concepto de planificación que impulsaba la Cepal o el que se siguió aquí, que fue una planificación indicativa, con un rol de los organismos políticos y un rol del mercado, de los actores privados, igualmente estaba imbuido de esa idea de racionalidad. La introducción del concepto de planificación, con su racionalidad, fue una novedad en el Uruguay y despertó muchísimas expectativas, sobre todo en gente joven, lo que dio lugar a la formación de contingentes de cientos de técnicos que se juntaron a pensar, aun proviniendo de distintas vertientes.

Este concepto también llegó al sector empresarial, al punto tal que se formó una coordinadora de los distintas Cámaras y sectores empresariales, que depositaban su confianza en salir de la crisis a partir de conocer los problemas reales del Uruguay y de planificar cómo enfrentarlos. Asimismo, tuvo que ver con los movimientos obreros, que estaban muy fragmentados. El Congreso del Pueblo fue una instancia en la que se juntaron los sectores de empleados, obreros e intelectuales y, desde el punto de vista orgánico, estuvo vinculado con el trabajo organizativo de la CIDE; dicho de otra manera, hubo funcionarios de esta Comisión que tomaron contacto con el Congreso del Pueblo, y en la discusión de su plataforma, por lo menos, hubo un intercambio. Aunque no llegaron a coincidir con los planteos de la CIDE, es evidente que tuvieron un contacto, y ello está demostrado históricamente, tal como señaló el señor Senador Couriel.

A mi juicio, este fue un esfuerzo importantísimo, en torno al cual se conjuntaron los ámbitos académicos con el político y el social.

Esto tenía un centro. El señor Senador Gallinal refirió muy bien cuáles fueron las recomendaciones sectoriales. Eso fue imponente, y no hay antecedentes en la historia del Uruguay, ni antes ni después.

Ahora bien, el primer Plan tuvo un freno muy fuerte –después hubo un segundo Plan–, pero tenía que tenerlo. En primer lugar, existía un problema estructural: se trataba de hacer esta construcción desde lo académico y lo político, cuando en la sociedad había problemas acuciantes, graves e importantes, con un sistema de disconformidad social creciente –caracterizado por confrontaciones entre los trabajadores de los sindicatos y las patronales, y los trabajadores públicos con el Estado–, manifestado de mil maneras. Al mismo tiempo, en paralelo, se estaba tratando de construir una respuesta racional; pero un plan de salida de una situación de crisis, si no incluye a los sectores sociales en la construcción del camino, no funciona. Pienso que esto no incluyó a los actores sociales como parte del Plan, sino que se dio en paralelo con una crisis de la sociedad uruguaya.

En segundo término, esta propuesta contenía algunos problemas de contenido, que nos acompañaban desde mucho antes y nos siguen acompañando hoy: el Plan no tenía sentido si no había una reforma agraria. Creo que la libertad de acción que tuvo la CIDE Agropecuaria en lo que refiere al trabajo, al análisis y a la convocatoria se debió, sobre todo, a los actores, al peso político del entonces Ministro Wilson Ferreira Aldunate. Por cierto, no se lo dio nadie; lo tomó, y fue audaz.

Ahora bien; todo el Plan caía si la reforma agraria no se podía hacer. De los siete proyectos de ley en los que se incluía al sector agropecuario –que enumeró el señor Senador Gallinal–, el primero era el de la reforma agraria, que no pudo salir de los cajones. Aunque se aprobaron leyes como las relativas a semillas, a suelos y agua, a la forestación, a las cooperativas, a fertilizantes y a procedimientos de tecnificación, el Plan falló en lo que lo estaba apuntalando o apalancando: si no se contemplaba el desarrollo de la económica nacional, si no se tenía en cuenta la expansión económica, si no se producía un aumento de la producción y de la productividad, no caminaba.

En definitiva, considero que este Plan no fracasó. Por supuesto, mucha gente que tenía expectativas desmedidas pudo sentir que este primer Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social fracasó, pero se debe tener en cuenta que, cuando se proponen cambios tan importantes en la estructura de un país –en lo económico, en lo social, en las repercusiones que estos puedan implicar–, quizás las transformaciones no se den de una sola vez. El trabajo de la CIDE siguió caminando; la metodología de analizar objetivamente y planificar la salida siguió funcionando en aspectos parciales, aunque no en algunos medulares.

Recuerdo que los documentos –de 11 kilos de peso, que para mí no son de papel, sino de trabajo–, en realidad, sirvieron para mucho en los años posteriores. Hemos tenido discusiones que se originaron en esos trabajos, como por ejemplo las que tienen relación con el fortalecimiento del Impuesto a la Renta y con la propiedad de la tierra por acciones nominativas. Quizás, algunas de las ideas que surgieron en aquellos años se seguirán discutiendo por la importancia que tuvo ese trabajo.

Aunque ese primer Plan no tuvo los resultados que se planteó, pienso que fue la oportunidad de juntar fuerzas para sembrar, y en eso fue muy bueno. Seguramente después, la estructura política y los problemas del Uruguay se cruzaron con este trabajo de la CIDE.

El segundo Plan se elaboró en plena dictadura; aun en ese período, no era un plan neoliberal, sino simplemente un plan, pero tuvo el descrédito de todas las cosas que se originaron en ese período y la idea se diluyó.

Me parece muy apropiado recordar la propuesta de la CIDE y tratar de aprender de las enseñanzas que nos ha dejado, porque es importante que cuando un país hace esfuerzos de esta naturaleza los aprovechemos para seguir construyendo en el futuro.

Es cuanto quería manifestar. Muchas gracias.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: quiero felicitar especialmente al señor Senador Gallinal, por haber traído hoy este punto a consideración del Senado, pues nos da la posibilidad de dedicar un instante a la reflexión acerca de temas que hacen a la vida del país –a la historia, pero también al presente y al futuro–, que van más allá de las batallas coyunturales o de los distintos problemas políticos, sociales y económicos sobre los que nos enfrentamos y debatimos diariamente.

Sin duda, el caso de la CIDE es una experiencia única en la vida del Uruguay; una experiencia de esas que se dan, como dijo el señor Senador Couriel, cuando se producen determinadas circunstancias críticas, extremas, que llevan a que todos los partidos políticos tomen conciencia de que hay temas que están más allá de lo coyuntural, de lo circunstancial, del lleva y trae de todos los días y del pensar: “Esto me puede dar tantos votos o hacer perder tantos otros votos”. Esas circunstancias hacen que los actores y los partidos políticos, reitero, tomen conciencia de la necesidad de conocer a fondo ciertos problemas. Juan Domingo Perón siempre decía que primero hay que conocer los problemas, diagnosticarlos, acercarse a ellos, estudiarlos, para después decidir y, finalmente, ejecutar. Esto es lo que, de alguna forma, se pretendió con la CIDE: tener un acercamiento en profundidad a los problemas del país al más alto nivel técnico y profesional, buscando un perfil esencialmente técnico, no comprometido con posturas partidarias ni ideológicas, aunque sí inspirado e influido por las corrientes que en aquel momento estaban de moda en el pensamiento latinoamericano. Me refiero, por ejemplo, a la Cepal y su concepción estructuralista, y a la nueva visión que desde los Estados Unidos se impulsaba en América Latina a través de la llamada Alianza para el Progreso.

En ese aspecto el Uruguay vivía una etapa muy difícil. Había finalizado ya el período de auge –fundamentalmente basado en las exportaciones de los productos primarios– que se vivió desde la Segunda Guerra Mundial, desde los años 1942, 1943, hasta 1945, que fuera nuevamente impulsado por la llamada Guerra de Corea. En ese período hubo una muy fuerte expansión de los productos de exportación y un importante crecimiento de la economía, a tal punto que quienes pertenecemos a las generaciones más nuevas nos acostumbramos a oír a nuestros padres y a nuestros abuelos hablar del Uruguay de las vacas gordas o de la bonanza. Sin embargo, a partir del cierre de mercados y de las dificultades que el país empieza a vivir a mediados de la década de los cincuenta, ingresamos en una crisis económica seria, muy profunda; comienza a agravarse considerablemente el problema del gasto del Estado y de la generación de recursos para poder financiarlo, lo que influye muy fuertemente en que se produzca un cambio político: en 1958, por primera vez en el siglo XX cambia el partido de Gobierno y obtiene el triunfo el Partido Nacional.

Cuando se convoca a esa Comisión del más alto nivel técnico universitario por parte del primer Gobierno del Partido Nacional, claramente se persigue el objetivo de acercarse a la realidad y hacer un diagnóstico, para saber hacia dónde dirigir las baterías y para poder definir la orientación de gobierno tendiente a superar las dificultades que el país tenía. Por eso, cuando se discutían estos temas en la CIDE, se ponía tanto énfasis en los problemas de la productividad y en la necesidad de mejorar nuestra capacidad exportadora. Nosotros teníamos en esa época una situación derivada de la caída de precios en los mercados internacionales y de las barreras proteccionistas que Europa y Estados Unidos habían comenzado a aplicar en las relaciones comerciales, en particular con los países productores de alimentos, pero, fundamentalmente, teníamos un problema en cuanto a productividad, a capacidad de generación de riqueza y de producción. Ese era un tema que estaba encima de la mesa y en las discusiones que se daban en los distintos ámbitos en el plano de la CIDE.

En este marco, tal como ha sido reconocido aquí, es indudable que jugó un papel muy importante Wilson Ferreira Aldunate como Ministro de Ganadería y Agricultura. Es más, creo que no se puede entender el pensamiento de Wilson Ferreira en muchos aspectos, si no se conocen los antecedentes y los estudios de la CIDE y el Plan Nacional de Desarrollo Económico planteado en 1965, cuando efectivamente era el Ministro de Ganadería y Agricultura del país.

Muchas de las conclusiones de esa Comisión al más alto nivel técnico fueron ejecutadas. La Constitución de 1967, como lo acaba de expresar el señor Senador Gallinal con absoluta claridad, incluye en varios de sus artículos formulaciones y proyectos teóricos que emanaron de la CIDE: la creación del Banco Central del Uruguay y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la instalación del presupuesto por programas y otra serie de proyectos e ideas que fueron reconocidos o recogidos en el plano de los hechos históricos posteriores. Sin embargo, algunos de ellos quedaron por el camino, lo que generó en algunos analistas que se dedicaron a estudiar cuál fue el papel de la CIDE y las consecuencias de sus trabajos, una especie de sensación de frustración. Pero creo que si se analiza en términos históricos lo que ocurrió en ese aspecto, se llega a la conclusión de que fueron la llamada Guerra Fría y las radicalizaciones ideológicas las que dieron por tierra con algunas de esas iniciativas. Ese fue, en definitiva, el motivo por el que esos proyectos fueron dejados de lado o simplemente tomados como un recuerdo del pasado.

Naturalmente, a lo largo de cuatro o cinco décadas el país cambió y hoy tiene una realidad bastante diferente a la que se vivía en los años cuarenta o cincuenta. De cualquier manera, la lección que debemos recoger es que hay temas en los cuales se debe actuar con políticas a largo plazo y que no es bueno que para hacerlo esperemos a que llegue otra crisis de la magnitud, la profundidad y las consecuencias de la que vivimos en los años cincuenta, porque no se pueden ejecutar coyuntural o circunstancialmente por un gobierno que dura cinco años. Me refiero, por ejemplo, a los problemas que tienen que ver con la distribución poblacional, no solamente territorial, sino además etaria. Son temas que tienen que hacernos pensar a todos que no debemos esperar a que determinadas situaciones coyunturales hagan crisis o a que, como se dice vulgarmente, la sangre llegue al río, para entonces salir a tratar de armar equipos, estudios, acuerdos políticos a mediano y largo plazo.

Esto probablemente ya no estará planteado en este período de Gobierno, que de alguna manera está terminando, pero serán temas para los próximos, sea quien sea el que los ejerza. Hay temas en la vida del país que son consecuencia directa de problemas que vemos a diario en la realidad de nuestra sociedad, que si no se encaran al más alto nivel técnico y con criterios que tengan que ver con plazos largos y compromisos asumidos por partidos políticos, más allá de quien esté en el Gobierno, nos pueden llegar a sorprender en situaciones como la que se dio en la década de los cincuenta. En aquel momento, insisto, el país vivió una gran crisis, una situación tremendamente complicada, que llevó, por primera vez, en el siglo XX, a que el país cambiara el partido que ejercía el Gobierno, a pensar en los problemas del país al más alto nivel técnico y académico, y a que los partidos políticos asumieran el compromiso de poner en práctica a mediano o largo plazo muchas de las conclusiones a las que se llegaron en la CIDE.

Ese es el deseo, la conclusión que uno puede extraer de una experiencia de este tipo, que fue extraordinaria y única en la vida del Uruguay. En 1985, a la salida de la dictadura, se intentó hacer algo similar con la llamada Conapro, pero finalmente no llegó a los mismos términos, a las mismas conclusiones, ni tuvo la misma dimensión, la misma profundidad que el trabajo de la CIDE. Creo que esa experiencia de la CIDE, el trabajo elaborado por los técnicos, el rigor científico y técnico con el que se encaró, el tratar de quitar –como decía hoy el señor Senador Couriel– ese “tufillo político-partidario” que siempre pretendemos poner a los distintos temas o problemas en la vida del país, es algo que vale la pena tener presente.

Por lo tanto, ha hecho muy bien el señor Senador Gallinal en traer hoy a Sala este tema, encarándolo no solo como el recuerdo de una figura o un partido político, sino como el trabajo de un equipo, un grupo de gente que pensó en el Uruguay a largo plazo, a través de muchas alternativas e ideas, algunas de las cuales después fueron puestas en práctica –otras no– a lo largo de sucesivos Gobiernos. En definitiva, eso constituyó la base para reflexionar y enfocarse en la realidad del Uruguay, luego de la crítica situación vivida a mediados de los años cincuenta.

Muchas gracias, señor Presidente.

9) EMPLEADOS DEL BANCO BANDES URUGUAY S.A.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: “Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado para que, en conjunto, ingresen un total de ciento cincuenta empleados del Banco Bandes Uruguay S.A. (Carp. n.º 1178/2013 – Rep. n.º 818/2013)”.

(Antecedentes:)

“Carp. n.º 1178/2013
Rep. n.º 818/2013

CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social

Proyecto de ley sustitutivo

Artículo 1.°.- Se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado para que en conjunto, ingresen un total de 150 (ciento cincuenta) empleados del Banco Bandes Uruguay S.A.

Los empleados que podrán ser considerados para ingresar de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, deberán haber figurado en la plantilla del Banco Bandes Uruguay S.A. al 31 de marzo de 2013 y no haber configurado causal jubilatoria a la fecha de la promulgación de la presente ley.

Artículo 2.°.- Quienes ingresen en virtud de lo previsto en la presente ley, tendrán la condición de funcionarios públicos presupuestados.

Artículo 3.°.- A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores, no será de aplicación lo dispuesto por los artículos 1.° y 5.° de la Ley n.° 16.127, de 7 de agosto de 1990, y modificativa.

Sin perjuicio de ello, las tres Instituciones quedan habilitadas para realizar a los empleados a ingresar evaluaciones psicolaborales a fin de determinar su ajuste a los perfiles requeridos por cada Institución.

Artículo 4.°.- Los ingresos que se produzcan al amparo de la presente ley deberán efectuarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.

Se faculta a las tres Instituciones a ajustar la estructura de cargos y los créditos presupuestales a fin de permitir dichos ingresos. Tales ajustes deberán contar con la previa aprobación e informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de cuentas.

Sala de la Comisión, 16 de mayo de 2013.

Milton Antognazza, miembro informante; Eber Da Rosa (con salvedades), Francisco Gallinal (discorde), Eduardo Lorier, Héctor Tajam”.

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“CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social

ACTA n.º 59

En Montevideo, el día dieciséis de mayo de dos mil trece, a la hora quince y diez minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Milton Antognazza, José Bayardi, Eber Da Rosa, Francisco Gallinal, Eduardo Lorier, Ope Pasquet y Héctor Tajam.

Preside el señor Senador Héctor Tajam, Presidente de la Comisión.

Concurren: por el Banco de la República Oriental del Uruguay su Presidente, economista Fernando Calloia, el Secretario General doctor Roberto Borrelli y el doctor Gustavo Igarza. Por la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines señores Álvaro Macedo, Juan Silva y Dante Tortosa. Por funcionarios del Impuesto de Primaria señoras Patricia Casanyes, Graciela Cafferatta, Patricia Muñoz, Mabel Paternostro, Mónica Ramírez y Alejandra Rey.

Actúan en Secretaría la señora Carla Buoncristiano, Secretaria interina de la Comisión, y la señora Gillian Callorda, Prosecretaria.

Abierto el acto se procede a la toma de versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos n.os 2080 y 2081/2013, los que forman parte del presente documento.

Asuntos entrados:

1) El señor Presidente del Senado remite nota de la Junta Departamental de Paysandú, adjuntando copia de una moción presentada por el Edil Walter Duarte, relacionada con una propuesta del SUNCA para combatir la siniestralidad laboral.

2) Exempleados de los Bancos: Comercial, Caja Obrera y Montevideo que no han podido reinsertarse a la actividad bancaria, solicitan audiencia a la Comisión en relación al proyecto de ley Carpeta n.º 1178/2013.

La Comisión recibe a los representantes de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines y funcionarios del Impuesto de Primaria. Sus intervenciones figuran en el Distribuido n.º 2081/2013.

Asunto considerado:

La Comisión recibe a las autoridades del Banco de la República, en relación al proyecto de ley Carpeta n.º 1178/2013. Empleados del Banco Bandes Uruguay S.A. Se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado, a incorporar hasta 150 funcionarios. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo Distribuido n.º 2052/2013.

Retirados los invitados de Sala, se procede a votar el articulado del proyecto de ley a estudio. En consideración:

Artículo 1.º. Se vota con modificaciones: 3 en 5. Afirmativa.

Artículo 2.º. Se vota: 3 en 3. Afirmativa.

Artículo 3.º. Se vota con modificaciones: 3 en 5. Afirmativa.

Artículo 4.º. Se vota con modificaciones: 3 en 5. Afirmativa.

Se designa miembro informante al señor Senador Milton Antognazza, quien lo hará en forma verbal.

El texto del proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión es el siguiente:

Artículo 1.º.- Se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado para que en conjunto, ingresen un total de 150 (ciento cincuenta) empleados del Banco Bandes Uruguay S.A.

Los empleados que podrán ser considerados para ingresar de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, deberán haber figurado en la plantilla del Banco Bandes Uruguay S.A. al 31 de marzo de 2013 y no haber configurado causal jubilatoria a la fecha de la promulgación de la presente ley.

Artículo 2.º.- Quienes ingresen en virtud de lo previsto en la presente ley, tendrán la condición de funcionarios públicos presupuestados.

Artículo 3.º.- A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores, no será de aplicación lo dispuesto por los artículos 1.º y 5.º de la Ley n.º 16.127, de 7 de agosto de 1990, y modificativa.

Sin perjuicio de ello, las tres Instituciones quedan habilitadas para realizar a los empleados a ingresar evaluaciones psicolaborales a fin de determinar su ajuste a los perfiles requeridos por cada Institución.

Artículo 4.º.- Los ingresos que se produzcan al amparo de la presente ley deberán efectuarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.

Se faculta a las tres Instituciones a ajustar la estructura de cargos y los créditos presupuestales a fin de permitir dichos ingresos. Tales ajustes deberán contar con la previa aprobación e informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de cuentas.

Resoluciones:

1) Convocar al Ministro de Trabajo y Seguridad Social y al empresario del Molino COCOMEN en relación a la audiencia concedida en el día de la fecha.

2) Convocar al Codicén por el conflicto de los funcionarios del Impuesto de Primaria.

A la diecisiete y veintitrés minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Héctor Tajam, Presidente; Carla Buoncristiano, Secretaria”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Antognazza.

SEÑOR ANTOGNAZZA.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social me ha designado para informar sobre un proyecto de ley sustitutivo por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado a incorporar hasta ciento cincuenta funcionarios del Banco Bandes Uruguay Sociedad Anónima.

Lo primero a tener en cuenta es que el inicio de este proceso se configura en un acuerdo comercial entre el Bandes Uruguay y el BROU, por el que este último recibe nueve sucursales de aquel, dos en Montevideo y siete en el interior. Como en cualquier otro negocio entre empresas, se traspasaron estas nueve sucursales –en algunos casos la propiedad de los locales sin costo para el BROU, y en otros, los arrendamientos–, pero fundamentalmente, los activos, el negocio, que será captado por nuestro Banco estatal. También se pactaron líneas de crédito favorables para ambas instituciones, que permitirán la expansión de las posiciones del Banco venezolano; se harán triangulaciones en negocios de comercio exterior cada vez más relevantes en lo local y en lo regional. Además, existirá la posibilidad de que el BROU obtenga la patente para operar en Venezuela, y con eso expandir su presencia fuera de fronteras, acompañando el crecimiento exportador de nuestro país.

Este tipo de operaciones las vivimos en forma permanente en nuestro país, en la región y en el mundo. Los casos de empresas que necesitan redimensionarse y resuelven reestructurar sus activos apelando a ventas totales o parciales en la plaza, incluyendo en el negocio a un número concordante de trabajadores, forma parte del paisaje de la economía del mundo. En nuestro país y dentro del sistema financiero lo hemos visto entre el ABN AMRO Bank y el Grupo Santander, entre el francés Crédit Agricole y el Banco Bilbao de Vizcaya. Por estos días, el propio Citibank ha puesto en venta un segmento de su Cartera y con eso traspasará a unos setenta trabajadores. Por lo tanto, la única novedad que hay en esta operación es que participa un Banco estatal uruguayo. Sin embargo, si observamos bien la contraparte, más allá de que el Bandes Uruguay sea un Banco privado en nuestro país, su único accionista es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, propiedad de aquel Estado latinoamericano, miembro del Mercosur. Por ende, sin hacer mucho esfuerzo percibimos en esto una alianza estratégica entre dos Estados que vienen incrementando en forma muy acelerada sus vínculos comerciales, lo que en nuestro país significa estabilidad para muchas empresas y garantía de trabajo para miles de uruguayos.

Esta operación otorga a la entidad venezolana un equilibrio económico que le permite continuar y mejorar su posicionamiento en la plaza, cumpliendo sus objetivos originales de contribuir al desarrollo económico y fortalecer a nuestro Banco de la República en esta etapa formidable que está viviendo, captando gran parte del movimiento económico, pero necesitada de más y mejores herramientas para brindar mayor calidad a su cada vez mayor número de usuarios.

Por este acuerdo gana o mejora posiciones en distintos puntos del país e ingresa recursos humanos experimentados, conocedores del negocio y de cada una de esas plazas, elemento imprescindible para que el acuerdo comercial se plasme inmediatamente en resultados para el Banco y mejores servicios para la población.

Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social aprobó por mayoría este proyecto de ley, que pone a consideración de los señores Senadores.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el día que recibimos este proyecto de ley del Poder Ejecutivo en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, lógicamente nuestra primera impresión frente a un planteamiento de estas características fue que si arregláramos los problemas de las instituciones o empresas privadas que cierran sus puertas incorporando al Estado a quienes quedan desempleados –no creo que esa sea una política de ningún Gobierno– hoy tendríamos tantos empleados activos como funcionarios públicos. Creo que tendría que ser compartido por todos que no hay presupuesto que sea capaz de financiar una situación de estas características. Si cada vez que alguien pierde su empleo, para evitar los problemas de desocupación, la injusticia que eso significa, el trauma social y el golpe para la familia –se trate de ciento cincuenta o de mil– vamos a resolver el problema diciendo: “El Estado incorpora”, poco tiempo vamos a durar. Esta es una primera reflexión que en un acto de sinceramiento me parece que todos tenemos que hacer.

Hay una segunda reflexión que hicimos con el señor Senador Da Rosa en el ámbito de la Comisión y que en mi caso particular, además, está atada a la situación más compleja y difícil que me tocó enfrentar a lo largo de mi vida parlamentaria: la crisis que vivió el país en los años 2001 y 2002. Fue una crisis económica, financiera y especialmente de carácter social, que tuvo uno de sus impactos más importantes en el sector bancario, en tanto golpeó a los clientes de esas instituciones –a nuestros compatriotas y a los extranjeros que habían hecho confianza en ellas y tenían depositados allí sus ahorros–, a los trabajadores privados de esas instituciones –estamos hablando del Banco de Crédito, el Banco de Montevideo, Caja Obrera y el Banco Comercial– y, además, golpeó muy duramente a nuestra sociedad.

En más de una oportunidad escuché al señor Senador Larrañaga relatar la experiencia que vivimos junto al señor Senador Heber, cuando el Ministro Atchugarry, que fue el Ministro al que recurrió –a nuestro juicio, sabiamente– el Gobierno del Partido Colorado para enfrentar aquellas difíciles circunstancias, nos convocó a su despacho para poner claramente de manifiesto la enorme gravedad de la situación que estábamos viviendo, que tenía una base principalísima en el tema bancario pero que obviamente tendría repercusiones en las distintas áreas de la vida del país.

Han pasado más de diez años desde ese fin de semana en que el Parlamento nacional se encerró en el Anexo del Palacio Legislativo, sesionaron en forma conjunta las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto de ambas Cámaras en forma permanente y aprobaron leyes –esas sí de emergencia y no en el sentido que le da la Constitución de la República– que necesariamente debían estar vigentes en la jornada del lunes para no tener que continuar con el feriado bancario que cada vez creaba mayor incertidumbre e iba profundizando la gravedad de la crisis que estábamos enfrentando. Traigo este tema a colación porque está directamente vinculado al que estamos considerando.

En aquel entonces, a través de la ley, los acuerdos o las sugerencias ayudaron a aprobar un conjunto de instrumentos que aspirábamos a que se convirtieran en soluciones, aunque nadie tenía la convicción de que iba a ser efectivamente así; incluso, diría que existía una suerte de opinión generalizada de que era muy difícil lograr sortear la gravedad de la crisis que estábamos enfrentando, cualquiera fuera el instrumento al que se recurriera. Si hoy, luego de diez años, tuviéramos que hacer una evaluación del efecto que produjeron las leyes, el balance sobre sus virtudes y defectos, por lo menos en lo personal, sería ampliamente positivo. Por supuesto que las soluciones que se aprobaron no fueron respuestas inmediatas a todos los problemas, pero al momento de pasar raya diría que se ha logrado compensar, restañar heridas, estabilizar el sistema y, finalmente, encaminar al país en una senda de progreso y desarrollo económico. Así, lo que era absolutamente impensable en los años 2001 y 2002 cambió y cuando ya expiraba el mandato del Gobierno al que le tocó vivir esa crisis empezaron a verse las luces y los resultados por la seriedad con que se encaró la situación.

Permítaseme destacar la actitud que tuvo el Partido Nacional acompañando al Gobierno. Cuando nos entrevistamos con el doctor Atchugarry –junto a los señores Senadores Larrañaga y Heber–, cuando discutimos el tema en el Directorio del Partido Nacional bajo la Presidencia del doctor Lacalle y cuando intercambiamos opiniones en la agrupación parlamentaria, éramos absoluta y plenamente conscientes de que el voto afirmativo a estas leyes significaba pagar un costo electoral. Ahora bien, al momento de optar entre pagar ese costo electoral al aprobar estas leyes o tomar distancia, hicimos lo que moralmente estábamos convencidos de que teníamos que hacer. Así, se reprogramaron los depósitos y se pusieron en práctica no solo las leyes sino también los instrumentos y las sugerencias dentro de la banca pública y privada para dar una solución a los cientos de empleados que quedaban desocupados como consecuencia del cierre de estas instituciones bancarias. Con el correr del tiempo, se fue dando respuesta a lo que se pretendía a través de aquellas leyes: se devolvieron los depósitos a la vista, se reprogramaron los depósitos a plazo –que también fueron devueltos– y quedaron sin resolver algunas situaciones que están en la Justicia porque existían dudas respecto a si debían o no estar comprendidas por las normas. Asimismo, el país fue curando sus heridas desde el punto de vista social, aunque no sin pagar un alto costo económico y social como consecuencia de aquella situación.

Por tanto, señor Presidente, el primer razonamiento que quiero hacer es que los problemas de desocupación no se resuelven con proyectos de ley como el que estamos considerando.

La segunda conclusión a la que arribo es que tenemos la responsabilidad de ser coherentes con el criterio que aplicamos en los años 2001 y 2002, que iba más allá del Gobierno de turno. Sin importar cuál es el Gobierno actual, si las soluciones que se aplican para un problema similar son semejantes a las de aquel entonces, nuestra responsabilidad es estudiarlas por respeto a esa coherencia y, sobre todo, por el éxito que tuvieron las decisiones que se tomaron en aquellos tiempos, muchas de las cuales fueron muy cuestionadas por quienes hoy enviaron esta iniciativa. Aclaremos que quienes hoy ponen a nuestra consideración este proyecto de ley, ayer adoptaron una actitud de radical oposición a muchas de las ideas que se manejaron para salir de la situación, e inclusive, no votaron alguna de las leyes; esa es una verdad incontrastable. Como dije, las medidas que se implementaron desde el punto de vista laboral fueron en el sentido de encontrar una solución a todos y cada uno de los empleados bancarios que habían quedado sin trabajo y ello se logró. ¿Cómo? A través de una ley por la cual se adoptó el “tres por uno” que implicó que por cada tres funcionarios públicos que dejaban de ostentar esa condición –por jubilación, renuncia o fallecimiento– se incorporaba a un nuevo empleado que obligaba a reincorporar a la banca pública a todos los empleados del Banco de Crédito. A su vez, se llegó a un acuerdo promovido por el Gobierno, con aceptación de AEBU y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, para ingresar a esas Instituciones –especialmente, al nuevo Banco Comercial– al resto de los empleados. De esa manera se fueron solucionando prácticamente todas las situaciones que habían quedado en desamparo como consecuencia del quiebre y cierre de las instituciones bancarias a las que hemos hecho referencia.

Hoy, lo que el Gobierno trae a nuestra consideración constituye una derivación o una consecuencia de aquel problema de los años 2001 y 2002; por eso aludo a la necesidad de ser coherentes. Hubo instituciones que demoraron un tiempo mayor en dejar en evidencia la crisis financiera por la que estaban atravesando; ese fue el caso de Cofac, para la cual apareció una solución que fue, precisamente, Bandes. La Institución tomó la posición de Cofac y, a su vez, asumió la responsabilidad de quedarse con los empleados que pertenecían a la cooperativa. Ahora bien; actualmente es una realidad que Bandes –si no se va del país– no continuará llevando adelante buena parte de los cometidos que asumió en aquel entonces.

La solución para Cofac a través de Bandes fue de las primeras medidas que debió enfrentar el Gobierno del Frente Amplio presidido por el doctor Tabaré Vázquez, el cual aplicó la misma receta utilizada por el Gobierno anterior, a pesar de haberla criticado oportunamente. Y lo hizo, entre otras cosas, por una razón de lógica y de inteligencia, pues, aun cuando pudiera haberse discrepado con ella, si dio buenos frutos y resultados, lo menos que se podía hacer era reconocerlos y aplicarla ante una crisis de las mismas características. Se implementó muy rápidamente; no recuerdo con exactitud la fecha de la ley ni de la decisión pertinente, pero si el gobierno asumió el 1.º de marzo de 2005, seguramente la ley debe corresponder al mismo mes. Se me acota que, efectivamente, fue así. Se trató de la primera ley aprobada bajo el mandato del doctor Tabaré Vázquez. A mi juicio, significó también un reconocimiento y un homenaje a quienes pergeñaron la solución en 2001, que –nos adelantamos a decir– no fue ninguno de nosotros; todavía no sé con exactitud de qué cerebro bendito nació aquella salida, pero los resultados están totalmente fuera de discusión.

El planteo que hoy nos hacemos es si esto es una consecuencia de la misma crisis, pues se pretende aplicar a una crisis similar, derivada de aquella, una solución parecida que, además, resultó ser exitosa. Obviamente, es un caso de excepción, porque no se trata de que cada vez que haya una persona desocupada, vayamos a incorporarla a la banca pública. Además, existe un acuerdo entre el Banco de la República y Bandes que, como todo acuerdo, supone un intercambio de responsabilidades, una venta y compra de servicios y una incorporación de empleados. En consecuencia, lo lógico sería que diéramos un voto afirmativo a este proyecto de ley que, en los hechos, pretende la incorporación de todos los empleados, puesto que se nos ha dicho que son 146, en tanto por él se autoriza la incorporación de hasta 150 funcionarios del Bandes.

Hasta aquí los hechos ocurridos y algunos razonamientos que, a nuestro modo de ver, son de toda lógica.

Ahora bien; ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado comparecieron: el señor Ministro interino de Trabajo y Seguridad Social, doctor Loustaunau; el Presidente de AEBU, señor Gustavo Pérez, junto a sus asesores; y un delegado del Bandes. Quiere decir que tuvimos la posibilidad de dialogar in extenso con todos los actores directamente involucrados en esta temática.

Tengo en mi poder la versión taquigráfica de lo actuado en esa reunión de la Comisión en la que, ciertamente, hablamos de todas estas cosas, de las dificultades por las que ha atravesado el sector y también de la carga impositiva adicional que hoy tienen los aportadores, los afiliados y los beneficiarios de la Caja, porque son los únicos en el país –repito: los únicos– que pagan tanto el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas como el Impuesto a las Retribuciones Personales. ¿Por qué? Porque la situación de la Caja quedó en tal grado de debilidad que, para poder sostenerla y darle viabilidad a futuro, fue necesario aprobar un impuesto adicional, que todos votamos y sucesivamente fuimos prorrogando. Hoy ese tributo se mantiene vigente con el objetivo de que esa contribución extra de los beneficiarios de la Caja lleve a esta, en algún momento, a una situación de absoluta viabilidad.

En la Comisión pregunté al señor Ministro interino si como consecuencia de la crisis de los años 2001 y 2002, existía algún empleado bancario desocupado, cuya situación no hubiera sido contemplada, a diferencia de la de cientos de funcionarios, que sí lo fue. El señor Ministro interino me contestó lo siguiente: “Puedo chequear esos niveles, pero me parece que prácticamente no queda nadie o casi nadie en esa situación”.

Luego, al comparecer el señor Presidente de AEBU, volví a formular la misma pregunta. En concreto, expresé: “Si me permiten, quisiera plantear una pregunta al señor Presidente de AEBU. De lo que fue la crisis de 2001-2002, cuando quedaron una cantidad de empleados bancarios desocupados, que luego se acogieron al seguro de paro y de a poco se fueron reincorporando a distintas instituciones, ¿todavía hay algunos que no hayan sido integrados a alguna institución bancaria?”. El señor Pérez me contestó: “De los trabajadores de la banca privada, al día de hoy, –eran todos de la banca privada– felizmente, todos han ingresado, ya sea en empresas privadas o, en el caso de los trabajadores del Banco de Crédito, en virtud de lo que se conoce como convenio tres por uno, en la banca estatal. Por tanto, afortunadamente todos han ingresado en alguna institución; o sea, no hay situaciones pendientes”. Ante ello, planteo lo siguiente: “¿Quiere decir, entonces, que en el último año hubo incorporación de empleados de esas características? Pregunto porque el año pasado nosotros recibimos una delegación de empleados desocupados como consecuencia de la crisis a los que todavía no se les habían contemplado sus derechos. Para ser más preciso, eran 80 trabajadores”. Y el Presidente de AEBU me contesta: “Supongo que el señor Senador se refiere a trabajadores bancarios que no son afiliados a AEBU; por lo tanto, no conocemos su derrotero. Nosotros nos hacemos cargo de nuestros afiliados”.

¡Pavada de respuesta, señor Presidente! Quiere decir que en el Uruguay hay un conjunto de aproximadamente 80 parias, 80 desgraciados. No son compatriotas que estén en edad de jubilarse; no son compatriotas que padezcan alguna enfermedad; no son compatriotas que hayan sido declarados incapaces. Sí son parias; sí son ciudadanos de segunda categoría. La dictadura militar dividió a los trabajadores en tres categorías: A, B y C. Acá tenemos dos categorías: la de todos los uruguayos y la de estos 80 parias –que no son B, sino Z–, y además tenemos la opinión del señor Presidente de AEBU –a quien mucho respeto porque conozco su trayectoria; y no fue esta la primera vez que dialogamos con él, puesto que lo hemos hecho en varias oportunidades, durante la crisis– para quien los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores sindicalizados, no los derechos de los no sindicalizados. Realmente, es una novedad.

SEÑOR MICHELINI.- Es así en todo el mundo.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Es así en todo el mundo? No lo sabía.

En realidad, no sé en qué mundo vive el señor Senador que me ha interrumpido; nunca lo supe y tampoco pretendo saberlo, así que no me voy a introducir en eso.

Siempre entendí que los sindicatos defendían los derechos de los trabajadores y que las conquistas de los sindicatos eran para todos los trabajadores. Ahora se me señala que no es así y que vivo en otro mundo.

Digo más: siempre creí –y sigo creyendo– que el 1.º de Mayo es el Día Internacional de los Trabajadores; sin embargo, el Presidente de AEBU me dio a entender –y escucho murmullos por ahí– que es el día del trabajador sindicalizado. ¡Vaya novedad!

Reiteradas veces hemos dicho al Gobierno que en muchas circunstancias ha sido rehén de los sindicatos. La verdad es que teníamos razón; en todo caso, si caben dudas, lo sabremos dentro de quince minutos, cuando los señores Senadores del oficialismo emitan su voto. ¿Qué van a votar: que el trabajador es el que está sindicalizado o que los trabajadores son todos? ¿Que vivimos en una democracia y, en consecuencia, el trabajador puede estar sindicalizado o no, o que vivimos en una democracia limitada, en la que el trabajador que está sindicalizado tiene más derechos y hay que presionar a la gente mediante las leyes para que se sindicalice? Esa respuesta me la tienen que dar, y me la van a dar a través del voto. ¿Adhieren a lo que dice el señor Pérez? ¿El 1.º de Mayo es el día del trabajador sindicalizado? ¿Los sindicatos defienden solamente los derechos de los trabajadores sindicalizados o, por el contrario, creen en una democracia plena y defienden los derechos de todos los trabajadores, estén o no sindicalizados?

Por nuestra parte, defendemos los derechos de todos los trabajadores, sean blancos, colorados, frenteamplistas, independientes, y así no tengan partido político. ¿Qué vamos a defender? En lo personal, sé lo que he defendido siempre y lo que ha defendido mi partido. Sin embargo, siempre hemos tenido dudas y hemos dicho, expresa y públicamente, tanto en este Cuerpo como fuera de él –o sea que no es una novedad–, que más de una vez el Frente Amplio inclinó la balanza en favor de los sindicatos, cuando no le tocó ser rehén de las decisiones de ellos.

Aquí llegó la hora de la verdad. Reitero: llegó la hora de la verdad.

¿Vamos a definir a través de una ley la situación de estos ochenta trabajadores que hemos mencionado? En realidad, ya no son ochenta, sino alrededor de cuarenta –lo sé porque pidieron audiencia a la Comisión y pude conversar con ellos en la anterior oportunidad y también en estos días–, porque algunos han fallecido, otros tienen causal jubilatoria y algunos otros se han ido a vivir al exterior. La pregunta es: ¿van a seguir siendo parias?

Dicho de otro modo, hay gente que tiene un problema serio de carácter laboral. En menos de lo que canta un gallo se lo vamos a resolver; no vamos a permitir que queden desocupados. Vamos a buscar una solución. Si bien consideramos que no siempre hay que incorporar al Estado a quienes quedan desocupados, también sabemos que esto es un coletazo de la crisis del año 2001, que se vivió en 2005 cuando asumió la Presidencia el doctor Tabaré Vázquez; entonces se encontró una salida a través de la incorporación del Bandes, pero esto luego fracasó, por lo que hay que buscar una solución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón, señor Senador, pero ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el término de que dispone.

(Se vota:)

–26 en 27. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Agradezco al Cuerpo.

Como dije, ante la Comisión compareció el Presidente del Banco de la República acompañado por sus asesores. Cuando propuse buscar una solución al problema al que hice referencia –porque no podíamos dejar libradas a la mano de Dios a cuarenta personas que son tan compatriotas, tan uruguayos, tan trabajadores y tan merecedores de una solución como las más de mil a quienes hemos solucionado el problema durante este tiempo–, un miembro de la Comisión –un Senador oficialista con quien estamos unidos por un permanente respeto mutuo–, así como también el señor Ministro interino, me dieron un argumento que, confieso, tenía su peso.

El señor Senador Da Rosa y quien habla dijimos que teníamos una solución: agregar un artículo aditivo –que, según creo, ya ha sido presentado a la Mesa, con la firma de los Senadores del Partido Nacional, y si no, seguramente se lo esté presentando en este momento; cabe agregar que lo mismo se hizo en Comisión, como consta a sus miembros, aunque lamentablemente no figure en el acta– que dice: “Artículo 3.º.- La autorización del Artículo 1.º de la presente ley incluye la incorporación de los exempleados de los Bancos de Crédito, Comercial, Caja Obrera y de Montevideo, que hayan quedado desempleados como consecuencia de la crisis que llevó al cierre de dichas instituciones.

Los mismos no deberán haber generado, a la promulgación de esta ley, causal jubilatoria en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias”.

De esta manera hacemos justicia: el artículo 1.º incorpora a 150 trabajadores y el artículo 3.º agrega a aproximadamente 40.

Como señalé antes, se me contestó con un argumento que me hizo reflexionar: “Este es un acuerdo entre el Banco de la República y el Bandes; no podemos agregar 40 empleados más porque generamos un desequilibrio en el acuerdo y en el entendimiento. Por este acuerdo, el Banco de la República toma las responsabilidades del Bandes y también a sus empleados; le va a venir bien porque se va a expandir en un momento en que no hay tantas filiales en el interior de la banca privada; pero no podemos introducirnos en un acuerdo entre el Banco de la República y el Bandes para incorporar a 40 empleados más”. Con el señor Senador Da Rosa nos quedamos pensando y dijimos: “es un argumento”. Por consiguiente, el texto que mencionamos, que es un artículo aditivo propuesto para ser agregado a un proyecto de ley, perfectamente podría transformarse en una iniciativa a ser presentada al Plenario.

Pero cuando el Directorio del Banco de la República acude a la Comisión, le expreso lo siguiente a su Presidente: “Supuestamente, aquí hay un acuerdo entre el Banco República y el Bandes, en lo que hace a asumir algunos giros que el Bandes estaba realizando, una de cuyas contrapartidas sería la incorporación de los empleados, hasta 146, si no me equivoco. Si eso es así entre el Banco República y el Bandes, ¿por qué la ley amplía e incorpora empleados al Banco Central y al Banco de Seguros?” Es decir, ¿no se trataba de un acuerdo entre el Bandes y el Banco de la República? Entonces, ¿qué tiene que ver el Banco Central y el Banco de Seguros del Estado? Luego, agrego: “¿Es porque el Banco República no está en condiciones de incorporarlos a todos y entonces, para que puedan cumplir con el acuerdo, se abren las puertas de otras instituciones bancarias? ¿O es otra la razón?”. Y el señor Calloia contesta: “Efectivamente, a partir de conversaciones que surgieron a iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, –al que ya le habíamos hecho la pregunta– nos pusimos en contacto con el Bandes, quien nos hizo una oferta por escrito, pensando en la posibilidad de que el Banco pudiese absorber las dependencias y los funcionarios de esas dependencias, así como otros funcionarios que no formaban parte de ellas, y que suman los 146. Lo cierto es que no necesariamente en ese acuerdo se establece que hay una correspondencia perfecta entre las actividades comerciales que nos ofrecen, con los 146, y entonces puede existir el caso de que no se llegue a un equilibrio entre las necesidades del Banco y la oferta de los servicios. Por eso se incorporaron los otros bancos oficiales, en el entendido de que debía resolverse la situación de las 146 personas que quedaban sin trabajo en el Bandes en el marco de la propuesta hecha por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. Ahora bien, no vamos a resolver la situación de 40 funcionarios que no están trabajando hace 11 años y, a la vez, sí la de quienes no han perdido un solo día su fuente laboral, como los del Bandes por la inaceptable y mezquina razón de que no están sindicalizados. Es decir, en el acuerdo entre el Bandes y el Banco de la República este último dice que no puede absorber a 146 empleados y entra en juego el Gobierno del Frente Amplio que manifiesta que va a ayudar y que, entonces, el Banco Central y el Banco de Seguros del Estado deberán incorporar al resto, que no sabemos a cuántas personas incluye. Entonces, aquellas que no incorpore el Banco de la República, las van a tomar, sí o sí, el Banco Central y el de Seguros del Estado. Además, el proyecto de ley dice que esto debe hacerse antes del 31 de diciembre y que la prueba que se hará a los empleados no será eliminatoria. Quiere decir que, sí o sí, entran. Está bien; lo que no está bien es que condenemos a cuarenta personas que hace once años que están con la ñata contra el vidrio mirando cómo le solucionan la situación a los demás y no a ellos. Es entendible que hayan pasado doce años con la ñata contra el vidrio, bajo una dictadura militar, clasificados en categorías A, B y C porque en ese caso se trató de la imposición del poder despótico, pero es impensable que luego pasen la misma cantidad de años que los de la dictadura militar, con la ñata contra el vidrio, bajo gobiernos democráticos y que cuando llega el momento de la solución se les diga que no son categoría A, que no son buenos, que no son ejemplares, que no son de su cuadro, por lo que deben arreglarse como puedan. La versión dice: “arréglense como puedan”. No; se cayó el argumento de que era un acuerdo entre el Banco de la República y el Bandes. Tenía su valor, pero el Presidente del Banco de la República dice que no pueden asumir eso.

Más adelante, en la Comisión agrego otra pregunta al señor Calloia –intento allanar el camino a los compañeros del Cuerpo, tal como es nuestra obligación– y le digo: “¿Qué erogación o incremento del Rubro Cero le va a significar al Banco de la República el cumplimiento de este proyecto de ley, en caso que se transforme en ley?”. Y el señor Calloia me contesta: “Como manifesté en mi intervención inicial, el Banco de la República tuvo un incremento de actividades muy fuerte en los últimos años, pasando de US$ 4.000:000.000 de activos en 2004, a US$ 14.000:000.000 en el momento actual. Este incremento de actividad se hizo con una reducción en el número de trabajadores que en el año 2000 era de 4.593 y actualmente son 4.006”. Continúa explicando, y termina diciendo: “El presupuesto actual del Banco ronda alrededor de US$ 260:000.000 anuales de sueldos. Este costo se ubica” –el de la incorporación de los empleados– “en los US$ 4:000.000, o sea que es un porcentaje relativamente pequeño”. Ahora bien, si es relativamente pequeño para 146 –o mejor dicho para 100, suponiendo que 46 empleados ingresan por otros lados–, creo que no deja de ser relativamente pequeño para 186. Además, se dice que –aunque no surge del texto del proyecto– todos los empleados ingresan en el último escalafón, que es el 15, si no me equivoco.

En definitiva, señor Presidente, nosotros estamos defendiendo una causa justa, de gente que no se merece pasar lo que está viviendo, que lleva el tiempo equivalente a una dictadura esperando, o sea, 12 años, y que tiene los mismos derechos que el mejor empleado de cualquiera de los bancos estatales como consecuencia del cierre de aquellas instituciones, si bien pretendemos darle una solución de calidad inferior a la de aquellos. Como decía, estas personas ingresan en el escalafón 15, pero no nos olvidemos que en los otros casos se contempló su antigüedad, su escalafón y votamos una ley especial de subsidio por desempleo para que dispusieran de ese beneficio por más tiempo, mientras se solucionaba su situación. Dicho seguro por desempleo ya no lo cobran más, están librados exclusivamente a su suerte y no hay respuestas, a pesar de que cada tanto vienen al Parlamento a golpear la puerta y a preguntar para cuándo estará pronta su solución.

Por nuestra parte, como partido, vamos a insistir con el artículo aditivo que hemos presentado. No podemos cometer la injusticia de dejar fuera a esta gente, porque –repito– no tenemos ningún elemento para considerarlos inferiores a nosotros; son tan uruguayos, tan compatriotas y trabajadores como todos los que han sido reincorporados. Por tanto, no se merecen una respuesta de esta categoría.

El otro día, un compañero del Senado, de la Bancada del Partido Nacional, me decía: “al Presidente de AEBU hasta se la llevo”. Pero yo no se la llevo; no creo que el gremio esté para defender únicamente los derechos de los sindicalizados, por la razón del artillero: cuando se consigue algo es para todos y cuando se hacen reconocimientos por ley se hacen en forma general y no solo para los sindicalizados. Reitero, un compañero de Bancada me decía: “Al Presidente de AEBU se la llevo. A un Legislador de cualquier partido no se la llevo”. Y yo digo que no, porque esa no es la representación que nosotros ostentamos. No podemos hacer esas divisiones ni esas clasificaciones.

Por eso, señor Presidente, confiamos en convencer a los compañeros del Cuerpo para abrir el camino que permita dar solución a esta gente porque no hemos encontrado un solo argumento en contra. Más aún, en la Comisión –así consta en la versión taquigráfica– hubo expresiones de Legisladores de los distintos partidos políticos en el entendido de que es una situación que hay que estudiar y contemplar. Pero cuando ya se solucionó la problemática a todo el mundo, se eligió un único camino para remediarla, cuando hay gente que lleva once años esperando y cuando se va a resolver una misma situación de manera automática e inmediata, sin siquiera pasar por el seguro de paro, no es válido decir: “vamos a estudiar para ver qué solución le encontramos”. No, vamos a resolverla. Tenemos competencias para hacerlo. No precisamos la iniciativa del Poder Ejecutivo; y si así fuera se la pediríamos, pero no la necesitamos. Creemos que este texto –o el que quieran proponer y votar los integrantes del Cuerpo– se ajusta a dar la solución a quien se lo merece. Vamos a dar una solución a quienes se lo merecen; lo haremos con los empleados del Bandes, por supuesto, ya que tenemos que ser coherentes con nuestra prédica y con nuestra actuación, porque esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, pero queremos que se nos diga que se les dará una solución a estos cuarenta compatriotas. Yo pregunto, ¿es mucho pedir? Creo que le estamos haciendo un favor al Gobierno, para que junto con la Bancada oficialista le puedan decir al país: “vamos a ayudar a nuestros compatriotas, aunque no estén sindicalizados, porque nosotros no dividimos entre sindicalizados o no sindicalizados, entre frentistas o no frentistas”.

Pero vamos a resolver esto hablando, no haciendo mímicas, ni gestos que a veces llevan a mundos en los que vaya a saber por dónde andan. ¿Es mucho pedir, Presidente? Yo creo que no. Considero que es de total justicia. Si usted me pregunta de qué partido político son estos cuarenta compatriotas le digo que no sé, que no tengo la más remota idea. Además, deben estar enojados con los blancos y con los colorados, no solamente con el Frente Amplio, porque la solución tendría que haberse dado hace muchos años, y no llegó. Ahora tenemos la gran oportunidad de que llegue, y ¡ojalá llegue! ¡Ojalá todas nuestras manos se levanten en un mismo sentido porque no tengo dudas de que haremos justicia!

Muchas gracias.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 21 de mayo de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

 

De mi mayor consideración:

 

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares, el día de hoy –21 de mayo de 2013– a partir de las 12:30 horas.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente.

Daniel Martínez. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–23 en 24. Afirmativa.

Se comunica que los señores Daniel Olesker y Jorge Basso han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Fernández, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

11) EMPLEADOS DEL BANCO BANDES URUGUAY S.A.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con el asunto en tratamiento, entiendo que el miembro informante desea hacer algunas precisiones pero, si no hay inconveniente, sugiero que se dejen para el final del debate en general así aprovechamos para contestar las preguntas y hacer todas las aclaraciones que correspondan.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: nosotros votaremos afirmativamente este proyecto de ley así como también lo haremos con el aditivo propuesto por los señores Senadores que integran la Bancada del Partido Nacional.

Con respecto al voto afirmativo a la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo, ante todo debemos decir que no pensamos, por supuesto, que el Estado deba hacerse cargo de todos los trabajadores que quedan en situación de desempleo porque para eso existen instrumentos legales apropiados que no consisten en la incorporación de los cesantes a los cuadros funcionales del Estado. Tampoco pensamos que algún sector de trabajadores en particular como, por ejemplo, el de los bancarios deba gozar de ese régimen que, de estar reservado a un solo sector de trabajadores, constituiría un privilegio. No se trata de eso. Aquí lo que ocurre es que el Banco de la República, que es el Banco del Estado, está diciendo que necesita incorporar nuevos funcionarios porque han crecido el volumen de sus negocios y sus actividades, porque mídase como se mida su performance es exitosa e importante, pasando de activos por US$4.000:000.000 a US$ 14.000:000.000, porque ha visto disminuir el número de sus funcionarios, porque hoy están cerrando sucursales y dependencias de otros bancos y es preciso mantener la presencia de las instituciones financieras no solamente en todos los barrios de la capital, sino en todas las regiones del país donde sea posible hacerlo. Entonces, en virtud de estas consideraciones necesita tomar nuevos funcionarios.

Por otro lado, hay trabajadores bancarios que posiblemente queden cesantes en función de la reestructura que dispondrá el Bandes por las circunstancias sobre las que ya se ha hablado. Ante la convergencia de situaciones, la de un banco oficial que necesita más empleados y la de empleados que necesitan un banco para seguir trabajando, parece razonable habilitar, a través de una ley, la incorporación de ese personal al Banco de la República. Y eso es lo que constituye el fundamento de nuestro voto.

Por supuesto que no se nos escapa que en esto debe incidir algún otro factor. El Bandes irrumpió en nuestra plaza financiera en circunstancias muy particulares, apoyando la situación de Cofac en aquel momento. Se trata de un Banco que viene de Venezuela y nuestro Gobierno se ha esmerado en cultivar las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela. Pero de esto habremos de hablar la semana que viene. Hoy tenemos que encarar la situación de estos trabajadores que se enfrentan a la cesantía como una circunstancia inminente y nos parece que si el Banco de la República los necesita, hacemos bien en habilitar la posibilidad de que los incorpore.

Por otra parte, compartimos lo expresado por el señor Senador Gallinal en cuanto a la pertinencia de atender la situación de aquellos trabajadores que vienen del antiguo Banco de Crédito, del Banco Comercial, de todos los que fueron afectados por la crisis de 2002, que desde hace tanto tiempo están esperando una solución. Nos parece más que oportuno y justo el planteo realizado por el señor Senador Gallinal y advertimos que por la vía de incorporar la situación de esos exfuncionarios del Banco de Crédito a las previsiones del artículo 1.º, simplemente se está autorizando al Banco de la República a incorporar a esos funcionarios, pero no se le está imponiendo su incorporación inmediata, lo cual tampoco puede hacerse porque estamos ante un Ente Autónomo que tiene poderes propios para la designación de su personal. Si lo que este proyecto de ley hace es habilitar al banco para que incorpore a esos funcionarios a su plantilla, permitimos que, a su tiempo, en función de sus necesidades, tomando todas las providencias que sean necesarias en cuanto a exámenes de aptitud, habilitación de vacantes, créditos presupuestales, etcétera, vaya procesando gradualmente esas incorporaciones. Me parece que esto es importante. No se trata de que un artículo del proyecto de ley le imponga al Banco de la República una incorporación no prevista ni considerada hasta ahora, y entonces, de buenas a primeras se tienen que sumar 40 o 50 funcionarios más; no se le impone, sino que se le autoriza a hacerlo y se le da la herramienta para que, gradualmente, se lleve a cabo esta tarea que hace once años está pendiente.

Consideradas así las cosas, señor Presidente, está perfectamente justificada la propuesta que realizan los señores Senadores del Partido Nacional, que nosotros también habremos de acompañar con nuestro voto.

Muchas gracias.

SEÑOR TAJAM.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR TAJAM.- Señor Presidente: todo esto se enmarca en una situación particular del sistema financiero uruguayo. Sin duda, empleados y empleadores del sistema han resuelto las crisis institucionales de una manera que no es la norma en el resto de la economía del país; ello es cierto y ha redundado para bien de los trabajadores del sistema. Los funcionarios desempleados del sistema financiero son redistribuidos entre las instituciones que siguen funcionando o que lo hacen de mejor forma y pueden absorberlos. Desde hace un buen tiempo, esa práctica ha sido tradición en el sistema.

En este marco no es la primera vez que el Banco de la República y las instituciones públicas forman parte de una solución de estas características porque, como bien se dijo, también formaron parte de la absorción de trabajadores durante la crisis.

En esta ocasión, no se trata solamente de absorber trabajadores, sino también de una solución que se da en diversos planos. Esta transferencia es múltiple, tiene lugar en los negocios, en la infraestructura, en el área de mercado y el personal hace posible que ello funcione. El proyecto de ley se encuadra dentro de ese marco. El acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las instituciones financieras del sector público involucradas –Banco Central, Banco de Seguros y Banco de la República– y AEBU contempla a 146 funcionarios, pero se estableció la cantidad de 150, dejando un margen para prever alguna situación particular. Se pretende dar solución a esos 146 empleados bancarios que están en el seguro de desempleo desde el 30 de marzo. Dada la situación en la que se encuentran, sin ninguna duda tenemos que implementar una solución lo más rápido posible y a eso apuntamos con este proyecto de ley.

Se dio la situación planteada por el señor Senador Gallinal respecto de trabajadores del sistema financiero que aún no han encontrado un lugar dentro del sistema, como les ocurrió a tantos otros que también fueron perjudicados por la crisis de 2002. Sin embargo, esas son soluciones particulares –lo dijimos en la Comisión–, y por ello no creímos conveniente incorporarlas en este proyecto de ley que ampara una situación particular. Para esas situaciones hay normas vigentes, pero no sabemos –por lo tanto, debemos investigar bien– por qué no funcionaron para todos, si el problema fue tal como lo plantearon estos exempleados que se presentaron ante la Comisión. Debemos investigar por qué no funcionaron aquellas normas y cuál es la situación particular de cada una de esas personas para resolver. Tenemos la voluntad de hacerlo y así lo manifestamos en la Comisión. En el año 2011 ellos se presentaron, pero no hubo continuidad en ese esfuerzo por encontrar una solución; por eso, procuraremos que esto tenga una continuidad. De todos modos, como ya dije, no creo que esta situación forme parte de esta solución particular, y con ello no estamos haciendo una diferencia entre los trabajadores sindicalizados y los que no lo son. Esta situación no tiene nada que ver con una definición del carácter que le daba el señor Senador preopinante.

Por estos motivos apoyamos este proyecto de ley que soluciona la situación de 146 trabajadores que hoy se encuentran en seguro de desempleo y que da una mejor perspectiva al propio Banco de la República, en lo que refiere a la ampliación de negocios y posibilidades financieras.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el señor Senador Gallinal nos señala como si fuéramos unos perversos, como si tuviéramos la actitud de perjudicar a unos y a otros, mezclando todo, pero las cosas no son así. Estamos intentando solucionar un problema; y si hay otros, tendremos que estudiarlos para ver cómo se contemplan. Eso hay que decirlo bien alto. Muchas veces una ley soluciona ciertos aspectos, mientras que otras leyes, normas o resoluciones, resuelven otros, porque no vamos a resolver todos los problemas con un solo instrumento.

Que el Presidente de AEBU se defienda solo. Él dice que defiende a sus asociados y es lo que hace cualquier Presidente de una asociación o de un sindicato. Una cosa es que planteen reivindicaciones porque quieren una jornada mejor paga para todos y otra, después, que en la aplicación estricta de las normativas o beneficios que se alcanzan vele por sus asociados.

El sindicalismo uruguayo es muy especial –y es bueno que sea así– porque tiene una construcción de defensa mucho más universalista que el resto de las centrales del mundo que, en general, son varias por países y que, en muchos casos, están peleadas entre ellas. Cada central se preocupa por sí misma, al igual que cada sindicato, y así funciona el sistema en el mundo; no hay que ser muy inteligente para saberlo.

Se mezcla el tema de algunos empleados bancarios que perdieron su trabajo en la crisis del año 2002 con este, pero son situaciones distintas y mezclarlas confunde y enreda un sistema que ya es muy delicado. Esto no quiere decir que no haya que dar soluciones si estamos en condiciones de hacerlo.

¿Por qué surge esta situación? Primero, porque hay una institución bancaria con complicaciones, que manda personal al seguro de desempleo y trata de hacer una reestructura. El sistema bancario es muy delicado y que el Gobierno esté permanentemente poniendo atención en él está bien. Se trata de un área de la economía en donde lo conveniente es no hacer olas, ya que cualquier circunstancia de conflicto genera preocupaciones, tensiones y turbulencias en el resto de una actividad que es muy delicada, no solo en Uruguay sino en el mundo.

SEÑOR GALLINAL.- Por eso el ex–Presidente Tabaré Vázquez pidió el default.

SEÑOR MICHELINI.- Le concedo una interrupción al señor Senador Gallinal, si así lo desea.

SEÑOR PRESIDENTE.- No sé si el señor Senador Gallinal va a solicitar una interrupción.

SEÑOR GALLINAL.- No, gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede proseguir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: sería bueno que el señor Senador Gallinal se guiara por lo que es la conducta del debate.

Naturalmente, que el doctor Tabaré Vázquez le preocupe a los partidos tradicionales no es noticia.

Sigamos con nuestra línea de razonamiento.

(Interrupción del señor Senador Gallinal que no se escucha).

–Reitero que le concedo una interrupción al señor Senador Gallinal, si así lo desea.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, señores Senadores, mantengamos el debate ordenado.

Puede proseguir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Es muy importante que el Gobierno ponga atención en esta actividad, y sería muy bueno que le encontrara una solución que permitiera que la actividad se encauzara. De lo contrario, estaríamos en una situación de conflicto que implicaría perjuicios para toda la actividad y en especial para esta. Quizá la reestructura que pretende hacer el Bandes no se afirme, y eso implicaría y afectaría a otros trabajadores del propio banco, con lo que, en lugar de hacer una espiral virtuosa, hacemos una perversa.

A todo esto, surge una solución que carga sobre sus hombros, en gran parte, el Banco de la República, y el resto, los otros bancos. Tal vez en algunos aspectos es una carga porque, por más que el Banco de la República se esté expandiendo, no necesariamente se da la situación de que justo el que necesita para tal o cual lugar es el que puede tomar. Pero es un esfuerzo que se hace en beneficio de todos, inclusive del Banco de la República, y no en perjuicio de nadie.

Ahora bien; leyendo la moción, se me ocurre señalar que después de que se estudie el tema, si pudiéramos encontrar una solución en extenso, si es que todavía quedaron “coletazos” de la crisis del 2002, estaríamos contestes en hacerlo; pero hay que estudiar los temas.

En el artículo propuesto no se invoca la ley que creó el seguro de desempleo bancario ni la normativa que obligaba a tomar uno de cada tres funcionarios de la bolsa bancaria, que se creó a partir de que la actividad bancaria empezara a mejorar. Ni en la ley de aquel momento ni en esta se establece que los funcionarios deban estar afiliados a tal o cual sindicato y, además, quienes tomaban a ese personal no eran ni los sindicatos ni el Parlamento. Eran las instituciones bancarias las que iban tomando, repito, uno de cada tres. Cada tres funcionarios nuevos, uno tenía que ser de esa bolsa bancaria.

Señor Presidente: ¿por qué no se estableció que fueran los tres? Porque la actividad bancaria podría necesitar personal que no tuviera las calificaciones y características de los que figuraban en esa bolsa de trabajo. Entonces habrá que ver por qué todavía, de esa circunstancia, hay funcionarios desocupados, y si en el futuro –ya que por parte del señor Senador Gallinal se nos indica que son tan pocos– se van a ir tomando. Creo que este tema hay que estudiarlo, hacerlo bien, ver si necesita normativa legal y no mezclar una cosa con la otra.

Me hacen llegar –no he tenido tiempo de leerlo– el texto de la Ley n.º 17.523, que debieron incluir los proponentes –supongo que debe ser esa–, que fue la que determinó la solución que se dio en aquella instancia. Si la solución que se dio no resultó satisfactoria, estudiémosla. No mezclemos una cosa con otra, porque lo que va a ocurrir es que no le estamos dando solución a un aspecto ni al otro que queremos resolver hoy.

Repito, señor Presidente: la actividad bancaria es delicada; debemos actuar con ponderación, no debemos improvisar, y si hay situaciones de injusticia, las debemos estudiar a fondo con todos los datos sobre la mesa.

Por lo expuesto, señor Presidente, vamos a votar el proyecto de ley tal cual vino de Comisión.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero señalar que, en mi modesta opinión, a las expresiones del señor Senador que acaba de hacer uso de la palabra corresponde aplicar el artículo 85 del Reglamento. Puedo estar equivocado, señor Presidente; la Mesa conoce mucho más de esto que quien habla.

El artículo 85 dice lo siguiente: “Queda absolutamente prohibido atribuir mala intención a los miembros de la Cámara, por lo que expresan en la discusión”.

Cuando se dice que desordeno y confundo, parece que se me está atribuyendo mala intención. Nunca hablé –ni lo haré– del pelo ni de la vestimenta del señor Senador Michelini. ¿Por qué? Porque él puede hacer lo que quiere.

Primero eso: “Yo desordeno, yo confundo”. Creo que he sido especialmente claro, que estoy defendiendo una causa justa y hasta ahora nadie me ha dicho lo contrario.

En segundo término, le recomendaría al señor Senador preopinante que leyera un poco más, porque no cuesta, no duele ni hace daño. Todas las referencias que hizo no tienen nada que ver con las leyes. No están en la ley. Claro, como no la votó, no las sabe, pero no figuran ni surgen de la ley, por una razón muy sencilla: porque la solución que se dio en aquel entonces, cuando el ex–Presidente Tabaré Vázquez pidió el default, –tanta sensatez que nos piden– era para empleados privados a través de la banca pública y de la banca privada. Obviamente, lo de la banca privada no se iba a imponer por ley; entonces, para la banca pública se adoptó una solución con una ley y se hizo un acuerdo para la banca privada, donde la mayor parte de los empleados ingresó a lo que se llamó el Nuevo Banco Comercial. ¿En carácter de funcionarios públicos como entraron muchos de los del Banco de Crédito? ¡No! En carácter de empleados privados. ¡Bueno sería que a través de una ley le impusiéramos a una institución privada tomar un empleado! Se recorrieron varios caminos, se utilizaron distintos instrumentos, y en algún momento llegamos a felicitar la imaginación, ductilidad y flexibilidad con que se movió el entonces Ministro Atchugarry, que fue uno de los principales impulsores de esta solución. Por lo tanto, que no pretendan venir a enseñarme qué referencia tengo que poner o dejar de poner en un artículo, cuando ni siquiera conocen el contenido de las leyes a las que están aludiendo. No lo conocen porque no la votaron pero aclaro que, en lo personal, conozco muchas leyes que no voté, aunque ese es un problema de cada uno.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores me lo permiten, quiero decir que la referencia al artículo 85 del Reglamento es correcta, ya que está prohibido atribuir mala intención.

Quisiera hacer dos comentarios.

En primer lugar, vale decir que una cosa es señalar la discrepancia ante un pasaje de una intervención de algún miembro del Cuerpo, y otra sostener que se hace con mala intención, que es casi como decir que se hace con mala fe. Creo que ese es el espíritu del Reglamento.

En segundo término, debo decir también que este debe ser uno de los artículos más violados que hay en esta institución, porque todos somos responsables y aquí no se salva nadie de violar el artículo 85. Entonces, dado que se ha mencionado, aprovecho la ocasión para exhortar a que todos –me incluyo, por cierto– hagamos un esfuerzo, precisamente, para no atribuir mala intención a ningún miembro del Cuerpo, por profunda que sea la discrepancia que se tenga.

Pido disculpas por el comentario, pero quería compartirlo con los señores Senadores.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quisiera hacer dos o tres reflexiones sobre este proyecto de ley.

En la exposición de motivos se nos dice que hay un plan de reestructura del Bandes, porque está reorientando su negocio en el territorio nacional. Se afirma que esa es la razón por la cual se genera un excedente de recursos humanos. Quiere decir que el Bandes se está achicando, y espero que no termine cerrando porque, si así fuera, la solución que se dio en aquel momento no fue buena, dado que lo esperable es que un banco se quede en la plaza, generando operativa financiera y dando trabajo.

Por lo tanto, hay una primera mala noticia del Bandes, porque está en proceso de achicamiento; se produce un excedente de recursos humanos y se nos dice que el Banco de la República los necesita, por lo que se produce un entendimiento entre ambas instituciones financieras.

Este es el planteo que se hace, y el votar este proyecto de ley implica que estamos de acuerdo con ese entendimiento. Uno podría preguntarse por qué no se estaría de acuerdo con eso, ya que si faltan recursos humanos en un lado y hay excedente en otro, es natural que así se proceda; quizás lo más lógico sería que se hiciera un llamado o un concurso abierto para que esos funcionarios también se presentaran. Lo cierto es que hay un entendimiento y que, por ese entendimiento, el Banco de la República expresa que no necesita la totalidad de los funcionarios y así aparecen el Banco de Seguros del Estado y el Banco Central.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Solari).

–Pido al señor Senador Antognazza, miembro informante de este proyecto de ley –que parecería está en medio de una polémica muy importante con su sector–, y a los miembros de la Comisión, que me digan si no habría sido necesario recibir también a los representantes del Banco Central y del Banco de Seguros. ¿Por qué digo esto? Porque se recibió al Banco de la República en la Comisión para preguntarle si necesitaba a todos los funcionarios, a lo que su Presidente respondió que no. Quedan excedentes ciento cincuenta funcionarios, y uno se pregunta por qué en la Comisión no se recibió al Banco de Seguros del Estado y al Banco Central para saber si estas instituciones necesitaban personal. Esa es la primera pregunta que uno se plantea, porque en la exposición de motivos se incluye al Banco de Seguros y al Banco Central, diciendo que se trata de mano de obra especializada que puede ser absorbida por el sector de la banca oficial; se trataría de mano de obra especializada que puede ser absorbida.

La exposición de motivos relata, aunque no articuladamente, la razón de todo esto y dice que hay un grupo de funcionarios excedente y que el Banco de la República los necesita, por lo que sería bueno no dejarlos en la calle. Obviamente, no quiero que nadie quede en la calle –y supongo que los demás Legisladores tampoco–, ni los sindicalizados ni los no sindicalizados. Ese es el primer sentimiento. ¿O acaso estamos diciendo que los trabajadores sindicalizados son más especializados que los que no lo están? Hago esta pregunta porque me importa razonar en voz alta.

SEÑOR PRESIDENTE (Alfredo Solari).- Solicito al señor Senador Heber que se dirija a la Mesa y que no se produzcan intervenciones, salvo que se pidan y se concedan, con lo cual mantenemos el orden del debate.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR ANTOGNAZZA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: siempre me dirigí a la Mesa, pero se hacen gestos. Hago el planteo de modo de centrar la discusión en lo que para mí es importante resolver en el día de hoy.

Aquí hay una necesidad de funcionarios de parte del Banco de la República y un excedente de trabajadores en el Bandes, pero no todos serán absorbidos por el primero sino que algunos de ellos también serán derivados al Banco de Seguros del Estado y al Banco Central. ¿Por qué? Creo concluir que si hay una buena dirección sindical, el objetivo es que nadie quede en la calle, y para eso se han hecho gestiones a efectos de que el Banco de Seguros y el Banco Central absorban a los que no incorpore el Banco de la República. Esa es la razón para haber incluido a estos bancos en el proyecto de ley; no hay otra. Ni siquiera se los invitó a la Comisión, y me parece que está bien que la dirección sindical esté peleando por el trabajo de sus afiliados. Nadie va a cuestionar eso porque están cumpliendo con su trabajo y su representación.

Ahora bien: el punto que plantea el señor Senador Gallinal es si nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo. No hay duda de que los dirigentes sindicales lo están haciendo y que lo hacen bien, pero reitero que la pregunta que deja el señor Senador Gallinal es si nosotros, Legisladores que no pertenecemos a una corporación, vamos a dejar de defender a aquellos trabajadores que no fueron sindicalizados y que en once años no han tenido una oportunidad de trabajo.

El señor Senador Gallinal decía muy bien que había habido un acuerdo en una ley para lo relativo al Banco de Crédito, con el fin de lograr que en aquella crisis el hilo no se cortara por el lado más delgado y que la misma no la pagaran los trabajadores. En lo personal voté esa ley que decía que de cada tres vacantes ingresaría un funcionario, tanto público como privado, a la banca oficial en primera instancia. Además, hubo un acuerdo entre la banca privada, AEBU y el Gobierno para aplicar la misma solución. Entonces, uno se pregunta si no estamos en deuda con estos trabajadores. Como bien se expresó hace unos momentos –lo dijo el señor Senador Michelini–, la ley que se votó para el Banco de Crédito no habla de trabajadores sindicalizados sino de todos los trabajadores. Los acuerdos con Atchugarry –al menos lo que yo recuerdo que nos había informado– comprendían a todos los trabajadores, no solamente los sindicalizados. Pues no fueron para los trabajadores; fueron solamente para los sindicalizados. Se nos informó que hubo algunos trabajadores no sindicalizados que tuvieron alguna oportunidad, pero no todos ellos; quedan cuarenta o cincuenta.

¡Se trata de un acuerdo viejo y no hay nada que estudiar! ¿Qué tenemos que estudiar? ¡Nada! ¿Existió o no ese acuerdo? ¡Sí, señor! Fue con el Gobierno del Partido Colorado y el entonces Ministro Atchugarry, ocasión en la que blancos y frentistas refrendamos ese acuerdo. Lo hicimos porque todos estuvimos de acuerdo con que los trabajadores no pagaran el costo de esa crisis y que no hubiera desempleo. ¡Sí, señor! ¿Qué decía ese acuerdo? Que los trabajadores debían ingresar a las vacantes que pudieran darse en la banca oficial. ¿Ingresaron todos? No, no lo hicieron. ¡Pues tienen que ingresar! ¿O no se va a cumplir la palabra? De eso se trata, porque esto no está escrito sino dentro de los entendimientos, y si el Partido Nacional dio su aprobación y su palabra en aquel momento de crisis, tiene que cumplir con esos trabajadores, sea como sea. No importa si se trata de cincuenta, de sesenta o de treinta; no puede suceder que no hayamos cumplido con esos trabajadores de la banca, aunque no estén sindicalizados. No voy a reprochar lo que diga el sindicato, aunque me parece que hay un sentimiento natural de los trabajadores y por más que puedan existir reproches –“tú no ayudás porque no estás sindicalizado”–, a la hora de la crisis y en el momento en que familias bancarias quedaron en la calle, ¡cómo no se le va a dar una mano al compañero que estaba en el escritorio de al lado, aunque no estuviera sindicalizado! ¿O es menos trabajador? Reitero que nadie le reprocha al sindicato por lo de la defensa, pero entiendo que es un sentimiento solidario natural. Aunque no pertenezca ni esté afiliado al sindicato, si mañana la familia de ese trabajador está en la calle, hay que darle una mano porque es tan trabajador como otros, aunque no esté sindicalizado. Insisto en que nadie le va a reprochar a las autoridades del sindicato lo de su defensa, pero me parece que es una costumbre muy uruguaya la de dar una mano a aquel que en definitiva está desamparado.

Vuelvo a la pregunta que se debe contestar acá: ¿participamos o no de ese acuerdo? Sí, lo hicimos. Y si participamos y estamos en deuda, ¿no hay que pagar? Sí, hay que pagar, hay que cumplir con estos cuarenta trabajadores. ¿Lo podemos hacer mediante este artículo? Sí, señor. Votando hoy estaremos dando la señal de que pagamos y cumplimos con los acuerdos que desde el año 2002 lamentablemente siguen pendientes.

Naturalmente que no me opongo a este entendimiento que parece lógico para el Banco de la República que pide recursos humanos, pero no hemos escuchado al Banco Central o al Banco de Seguros del Estado decir que también los necesita para poder apelar a este personal que el Bandes deja en la calle.

Vuelvo a realizar el planteo para evitar las evasivas en la discusión. Si se vota se estará cumpliendo con un viejo acuerdo establecido por parte del sindicato de la banca privada. En aquel momento cumplió una gran misión alguien que quiero recordar porque fue una persona con la que discutimos y acordamos muchas veces; me refiero a Juan José Ramos, un gran dirigente sindical que cumplía los acuerdos. En esa instancia se acordó que los trabajadores iban a ingresar. Ahora bien, una cosa es que no se pueda ingresar y otra muy distinta es que estén en condiciones de hacerlo y no puedan, como castigo, por no estar sindicalizados.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR HEBER.- Ya le concedo la interrupción, señor Senador.

Eso es lo que me preocupa de esta situación. Si nos hubieran dado una respuesta que dijera: “No se pudo”, pensaríamos ¿pues no se pudo en estos once años? ¿No se pudo ingresar a cuarenta funcionarios de la banca privada no sindicalizada? No es creíble. Por otro lado me pregunto, ¿están penalizados por el hecho de no estar sindicalizados? No lo puedo creer. Quiero pensar que esto no es así. ¿Entraron los sindicalizados en primera instancia porque el gremio presionó, son buenos dirigentes y consiguieron esa posibilidad? Sí; pero no puedo creer que por el solo hecho de no estar sindicalizados los demás trabajadores estén penalizados como para no ingresar. No creo que esto pase en nuestros sindicatos. Si esto no sucede, entonces votemos hoy.

SEÑOR ROSADILLA.- ¡Ya está votado!

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto concedo las interrupciones que se me habían solicitado.

SEÑOR PRESIDENTE (Alfredo Solari).- Habían solicitado interrupciones los señores Senadores Antognazza, Michelini y Rosadilla.

Puede interrumpir el señor Senador Antognazza.

SEÑOR ANTOGNAZZA.- Muchas gracias, pero después voy a hacer un resumen de lo dicho e intentaré contestar las preguntas formuladas. Además, de alguna manera el señor Senador ya respondió lo que yo iba a decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Alfredo Solari).- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: si no recuerdo mal, el artículo 85 dice que no se pueden adjudicar intenciones. Me pregunto cuál es la intención referida. No hubo problema con cuarenta trabajadores en la crisis de 2002, sino con cientos de ellos y todos los años se fueron tomando. Ahora quedan cuarenta y habrá que ver por qué no ingresaron a trabajar. Se podrá decir que el acuerdo es insuficiente, que pasaron once años y que ahora el país está en otras condiciones. Pues, ¡estudiémoslo y trabajemos! Pero que no se nos diga que estamos incumpliendo ningún acuerdo; hay una simple razón: hubo una ley y se debe aplicar. Si los diferentes bancos incumplen la ley o aquellos a los que no se les puede obligar incumplen el acuerdo, tendríamos que ver cuáles son las circunstancias.

(Ocupa la Presidencia el señor Danilo Astori).

–No nos negamos a estudiar el asunto, pero no enredemos un tema con otro. ¿Se quiere mandar toda esta discusión a la Comisión respectiva? Perfecto, lo votaremos. ¿Se le quiere decir a la Comisión que nos traiga un estudio dentro de sesenta o noventa días? Muy bien, después analizaremos las condiciones legales como para ver si lo podemos solucionar acá o hay que hablarlo con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ¿cabe encajar este tema en el otro cuando no sabemos si esa es la solución? Que yo diga que hay que poner la norma, el número de ley, se debe a que esos trabajadores tienen un derecho y deberíamos estudiar por qué luego de once años todavía no se les protegió. Me parece que el tema debería acotarse a aquellos que pueden decir: “Yo tengo el derecho” y no a los que no lo tienen; es algo que se debe estudiar. De todas formas, si pregunto cuál es la intención –porque no puedo adjudicarla–, que no se nos señale como que no queremos solucionar los problemas. Cuando se trata de los trabajadores siempre estamos consustanciados con ellos; otros lo estarán, pero nosotros también.

Ahora bien –ya lo hemos dicho–, no por ley se genera riqueza, porque si fuera así aprobaríamos una iniciativa que dijera: “Tenga pleno empleo todo el mundo”. No es así.

Por otro lado, si vamos a discutir los temas, no mezclemos lo que pueda decir el Presidente de un sindicato con lo que son las leyes. No hay ninguna ley, promulgada por este Gobierno o por otros, que diga que los trabajadores deben estar sindicalizados para tener derecho a esa ley. En definitiva, cuando se va a recurrir a ciertas intenciones creo que sería bueno tener la humildad de ver primero qué fue lo que dijimos. Por lo tanto, le digo al señor Senador Heber que es bueno que se estudie este tema y que podría analizarse debidamente en la Comisión correspondiente o en cualquier otra. En función de ello, quizás se arribe a una solución legal que podríamos estar de acuerdo en votar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Quizás la exposición que realizó el señor Senador Rosadilla estaba contemplada en lo que señaló el señor senador Michelini y no quería dejar de otorgar las interrupciones.

Quisiera que se nos escuchara la argumentación, porque nunca atribuí intenciones a nadie. Simplemente, hago preguntas y exijo respuestas; no dije cuál es la intención. Acá hay una reestructura del Bandes que deja afuera a ciento cincuenta empleados. Al mismo tiempo, viene el Banco de la República y nos dice: “Preciso gente”. ¿No? Esa es la situación.

SEÑORA TOPOLANSKY.- No es así, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- ¿Cómo que no es así? Es así. El Banco de la República dice que no precisa a todos los funcionarios.

(Dialogados).

–Bueno, entonces no estoy entendiendo. No participé del trabajo de la Comisión, estoy tratando de escuchar en Sala y he entendido que parecería que el Bandes se reorganizaría territorialmente, razón por la cual tiene un excedente de funcionarios. Al mismo tiempo, el Banco de la República expresa que precisa funcionarios. ¿Es o no así?

Me dicen que no; entonces, estoy equivocado.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con gusto se la concedo para que me explique si es como lo planteo o si estoy equivocado, para poder votar a conciencia el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: como ya relaté, en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social recibimos al Ministro interino de Trabajo y Seguridad Social y al Presidente del Banco de la República. Cuando le preguntamos a los representantes del Banco si, en el acuerdo realizado con el Bandes, el Banco se comprometía a incorporar a ciento cincuenta funcionarios, el Presidente de la institución respondió claramente que no, por la sencilla razón que el Banco no necesita esa cantidad de funcionarios y no está en condiciones de hacer una erogación de esas características en carácter permanente. Por eso, al acuerdo y al proyecto original se agregó, en el artículo 1.º, la disposición que amplía la incorporación de los empleados del Bandes al Banco Central y al Banco de Seguros del Estado. Eso es lo que expresó el señor Presidente del Banco de la República y ya lo leí textualmente; hasta expresé cuánto iba a costar –en opinión del Presidente del Banco de la República– la incorporación de funcionarios que se piensa hacer, pero lo que en ningún momento nos dijo –ni le preguntamos– fue cuántos, de esos ciento cuarenta y seis, iban al Banco de la República. Sí nos expresó que una parte va al Banco de la República –aparentemente, la mayoritaria–, otra al Banco Central y una tercera al Banco de Seguros del Estado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Entonces, estoy en la línea correcta de razonamiento. El Bandes se achica, deja un excedente de funcionarios, el Banco de la República se está agrandando –como expresa la exposición de motivos– para consolidar cada día más su trabajo en la plaza con oficinas que ya están instaladas. Esas son las razones, precisa más funcionarios y los toma del excedente que dejó la reestructura del Bandes. No sabemos a cuántos funcionarios incorpora. No lo sabemos, pero el Presidente del Banco de la República expresó que no eran todos, el resto ingresa al Banco de Seguros del Estado y al Banco Central. ¡Ahí está el tema! ¿Por qué entran a estas dos instituciones si ninguna de ellas ha expresado que precisa más funcionarios? No lo han dicho, ni han sido citados por la Comisión para hablar sobre el tema. La meta es que ningún trabajador quede en la calle; entonces me parece que acá hay algo que se debe decir claramente: la dirigencia sindical ha realizado un trabajo que ha sido exitoso y ha conseguido que ningún trabajador en esta reestructura quede en la calle. ¡Muy bien! ¿Participan de esto el Banco Central y el Banco de Seguros del Estado porque necesitan funcionarios? No; lo hacen para que no quede nadie en la calle. ¿Y los que están en la calle? Porque hay que estudiar a los que están en la calle, que hace once años que están esperando. ¡Debemos ser coherentes en el razonamiento, a no ser que aquí se esté aplicando el concepto de que los funcionarios que están sindicalizados tienen prioridad y tienen que entrar y los que no lo están no pueden hacerlo! Espero que ese no sea el razonamiento. Si no lo es y se hace participar a los Bancos Central y de Seguros del Estado para que ningún trabajador quede en la calle, los que hace once años que están esperando y están en la calle –sean estos ochenta–, como existe compromiso partidario también tienen que entrar, ya sea en el Banco de Seguros o en el Central, porque en el Banco de la República hay un freno por parte de la Administración, que dice: “No los preciso”. En el Banco de Seguros y en el Banco Central no hay ningún freno y se está diciendo que se completa la nómina de ciento cincuenta funcionarios para que ningún trabajador del Bandes pague las consecuencias de la reestructura. ¿Qué va a pasar mañana, si otro banco privado actúa de igual forma? ¿Lo mismo? Espero que no. Según lo que se argumentó, en un momento de crisis financiera que comprometía la viabilidad de Cofac, el Bandes asumió esa carga. De alguna manera, puede existir un cierto compromiso con el Bandes que, supongo, no se aplicará mañana a otros bancos que en un futuro puedan hacer lo mismo.

(Dialogados).

–Estamos hablando de casos distintos, señor Presidente, porque en el caso del Bandes –reitero– esa fue una primera medida que tuvo que tomar el Gobierno del Frente Amplio en cuanto asumió, porque había una crisis bancaria en Cofac. En aquel momento el Bandes asumió ese costo y, de alguna manera, garantizó la viabilidad y la continuidad en sus puestos a muchos trabajadores. De ahí, supongo, la obligación que hoy estamos viendo que existe en cuanto a que el Banco de la República pueda absorber a estos trabajadores, pero no me parece que la banca oficial, el Banco de Seguros del Estado y el Banco Central, sean una suerte de “re, re, reaseguro” para que mañana, si otro banco se reduce o se reestructura a sí mismo, tengamos que reemplear en función de que se reorganizaron estos bancos.

Por eso, señor Presidente, nos parece vital la aprobación de este artículo porque el razonamiento es: “Tan válidos son los trabajadores de hoy, como los de ayer”. Son tan trabajadores los que hoy queremos ayudar –queremos hacerlo– como aquellos a los que desde hace once años les debemos una respuesta. No me parece justo que se nos diga que se debe estudiar caso a caso. No estamos estudiando esto caso a caso. Es más; se dice que son 146 funcionarios y –como dijo el señor Senador Tajam–: “pusimos ciento cincuenta y cinco para tener un margen y que si hubiera alguno más, pudiera ser incluido”. Me parece bien que se le dé un margen para contemplar a todos. Pero no lo sabemos, porque no se ha hecho un estudio caso a caso. ¿Por qué tenemos que hacer un estudio respecto de aquellos que hace once años que están esperando? No tenemos que hacerlo.

Nosotros, como partido, estamos invitando a votar este proyecto y a votar este artículo –las dos cosas–, porque a mi juicio es incoherente votar una solución para unos y no para quienes están penando hace tanto tiempo y solo piden una oportunidad. Por esta razón, invito al Senado a que se voten las dos cosas.

Muchas gracias.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: a esta altura del debate queremos, simplemente, hacer algunas reflexiones con relación al tema que el Senado está considerando.

Independientemente de cuál sea la decisión final –que, obviamente, es presumible: la aprobación de este proyecto de ley–, votada por la unanimidad de los miembros del Cuerpo o por mayoría, nos parece claro que tenemos que asumir que con la aprobación de este proyecto de ley, el Estado, a través del Poder Legislativo, estará realizando una discriminación de carácter legislativo.

(Murmullos en Sala).

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Senadores: ¡por favor, disminuyamos el nivel de los murmullos en Sala!

Puede continuar el señor Senador Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Muchas gracias, señor Presidente.

Decía que con la aprobación de este proyecto de ley lo que habrá de acontecer –formalmente, será así– es una suerte de discriminación. Aclaro que esto, en sí mismo, no encierra un juicio de valor. Para establecer una discriminación por ley, tienen que existir poderosas razones que la justifiquen, razones de proporcionalidad y de razonabilidad en función del objetivo que se persigue. En este caso, sin duda, hay una situación relacionada con la suerte de 150 familias y hay razones que pueden invocarse –de hecho, se han invocado– vinculadas con la salud del sistema financiero. Por lo tanto, creo que no está mal que asumamos en toda su dimensión la circunstancia de que una discriminación legislativa es perfectamente posible y arreglada a la Constitución; incluso, existen antecedentes más que suficientes en ese sentido y en las más diversas materias y rubros.

Me parece bien que, a la hora de reflexionar y analizar el alcance de esta solución, asumamos también cabalmente que esa discriminación acontece en diferentes direcciones, provocando así perjuicios, por lo menos aparentes, con relación a distintos grupos o ciudadanos.

Señor Presidente: la discriminación que no cabe y estuvo sobrevolando este debate es la que, como se ha dicho y reiterado, se pretende fundar en razones de carácter sindical. Esa sí que no corresponde, porque los derechos sindicales no son derechos colectivos, sino individuales, de ejercicio colectivo. Tanto el derecho a la libertad sindical como el derecho de huelga son derechos individuales de cada trabajador, independientemente de su condición de trabajador sindicalizado o no. De manera que esa discriminación no corresponde. Creo que esa discriminación –a mi juicio, discriminación mayor–, que está planteada en el contexto de este debate, es la que el Partido Nacional –con el aditivo que se ha presentado– pretende enmendar o solucionar.

Reitero que aquí hay discriminaciones importantes que tienen que ver con situaciones que se dan tanto dentro del sistema bancario como fuera de él y, entre estas últimas, fundamentalmente con relación al mercado de trabajo en general. Seguramente será difícil encontrar antecedentes de empresas privadas –como un banco– en que la situación de los trabajadores que están en riesgo de perder su fuente laboral –cosa que, por supuesto, siempre implica una situación desgraciada– se resuelva por ley, sin mediar concurso y estableciendo su presupuestación.

A nuestro juicio, este proyecto de ley cometerá también otras discriminaciones que podrán llegar a ser positivas –en el sentido de tolerables o justificables, por lo cual podría ser razonable que lo aprobáramos– con relación a los antecedentes del propio sistema bancario. Aquí se ha hablado reiteradamente de los trabajadores del Banco de Crédito que, luego de la crisis de 2002, fueron incorporados en función de las soluciones legales que el país se dio. Si mi información no está equivocada, al Banco de la República ingresaron alrededor de 350 funcionarios o empleados del Banco de Crédito; no lo hicieron en calidad de presupuestados sino de contratados a términos. Estos trabajadores del Bandes –aclaro que no digo que esté bien o mal; simplemente, estoy tratando de analizar clínicamente la solución planteada– ingresarán, por imperio de la ley, sin concurso de oposición y, además, en condición de funcionarios presupuestados de los tres bancos públicos que están involucrados en este antecedente legal. Esa es una suerte de discriminación. La situación de esos trabajadores del Banco de Crédito terminó de resolverse en los últimos tiempos; fue parte de la plataforma reivindicativa de AEBU en el conflicto de 2010, porque todavía estaban pendientes de presupuestación y de definición decenas de situaciones del Banco de Crédito que, reitero, ingresaron en esa condición.

En esta propuesta de solución legislativa existe también una discriminación con relación a trabajadores que hoy están en una situación de flexibilidad laboral en el propio Banco de la República; algunos de ellos vienen pidiendo su presupuestación desde hace mucho tiempo y, sin embargo, no han tenido éxito. Me refiero a trabajadores que cumplen sus funciones en régimen de contrato a término. Estoy pensando, por ejemplo, en la División Tecnologías de la Información en la que hay decenas de trabajadores del Banco de la República que –no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo– vienen reclamando estabilidad laboral y presupuestación; sin embargo, a través de esta sanción legal no van a tener éxito. Es más, de prosperar esta solución legal –como sucederá– determinará que un conjunto nuevo de trabajadores ingresen al Banco con todos sus derechos, con la máxima estabilidad laboral y en régimen de presupuestación, a diferencia de otros trabajadores del Banco de la República –que revistan en la plantilla de personal de la institución desde hace mucho tiempo– que hasta ahora no han tenido idéntica suerte o igual solución.

Otra discriminación debe anotarse con relación a los recientes ingresos en el Banco de la República. En el 2012, la institución hizo un llamado a concurso para incorporar –como efectivamente se hizo– a 150 trabajadores, que finalmente entraron, quedando, además, establecida una lista de prelación. En esa oportunidad se presentaron entre cuatrocientos y quinientos postulantes, ingresaron 150 y quedaron 50 personas, por lo menos, anotadas en esa lista de prelación. Estas personas no tuvieron la suerte de ingresar pero ellas no solo se presentaron, sino que además rindieron prueba de aptitud y están en condiciones de ingresar. Si no han ingresado es porque el Banco de la República ha entendido que no necesitaba personal y, por lo tanto, no los convocó. De todas formas, ahí hay una mera expectativa de ciudadanos y ciudadanas uruguayas que se presentaron a ese llamado a concurso, que no estuvieron entre los primeros 150, pero que sí están entre los primeros 50 de la lista de prelación, con las pruebas de aptitud rendidas y aprobadas. El Banco de la República podría recurrir a ellos; sin embargo, no lo hará porque, de acuerdo con la solución legislativa, tendrá prioridad el conjunto de compatriotas que hasta ahora trabaja en el Bandes. Aquí también hay una suerte de discriminación que probablemente terminemos votando, pero asumámosla como tal porque es real y creo que este antecedente debe formar parte del debate.

Me parece que hay otro ángulo de la cuestión que tiene que ver con la perspectiva de la gestión pública, en particular, de la banca pública. El ingreso de estos trabajadores, más allá de la solución social –que, por supuesto, acepto que se establezca como prioritaria–, ¿representa también el mejor resultado para los bancos públicos involucrados, desde el punto de vista del rendimiento y del resultado de la gestión? Esta es una pregunta que nos debemos formular porque, entre otras cosas, el proyecto de ley que estamos considerando manda desaplicar los artículos 1.º y 5.º de la Ley n.º 16.127, lo que equivale a desaplicar la intervención preceptiva, que la norma indica en el caso de los ingresos públicos, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y ni más ni menos que el requisito o el procedimiento del concurso para ingresar al Estado. Eso no se aplicará en este caso. Prácticamente, no habrá prueba de aptitud. En lo personal, me llamó la atención –quizá el miembro informante puede aclararlo– que en el proyecto de ley original enviado por el Poder Ejecutivo se hiciera referencia a una prueba de aptitud de carácter eliminatorio, cosa que se eliminó en la Comisión. La prueba de aptitud es prácticamente un trámite porque, de acuerdo con lo que estrictamente consagra el texto del proyecto de ley, será facultativa –ni siquiera preceptiva– de los bancos públicos: Banco de la República, Banco de Seguros del Estado y Banco Central del Uruguay, que por mandato legal están llamados a incorporar a este personal. ¿Eso es lo mejor para los bancos del Estado desde el punto de vista comercial, de la gestión y del resultado? No olvidemos que el Bandes, de acuerdo con la información oficial –o, por lo menos, según la que tengo en mi poder, cuya fuente es el propio Banco de la República–, es el banco más ineficiente de la plaza financiera del Uruguay. El Bandes, de acuerdo con estos porcentajes –que, como dije, lleva el propio Banco de la República–, en lo que ha transcurrido del año 2013 ha alcanzado un 140 % de ineficiencia, que se mide en función de los costos operativos asociados a los resultados. En ese sentido, el Banco de la República es el más eficiente, ya que su guarismo o ratio se ubica en 60 %, mientras el porcentaje medio de la banca privada es de 85%. Reitero que el guarismo del Bandes es de 140 %.

¿Esto es culpa de los trabajadores? Sería temerario hacer una afirmación de esas características, pero objetivamente podemos decir, poniendo una mano en el corazón, que estamos planteándonos la alternativa de que el Estado absorba prácticamente a la mitad –poco más o menos– de los trabajadores de un banco privado cuya ineficiencia está demostrada, por lo menos a partir de las evaluaciones que el propio Estado realiza, a través del Banco de la República –que es la institución que incorporaría a buena parte de esos empleados–, con frecuencia mensual. Repito que estamos hablando de un informe cuya fuente es el Banco de la República Oriental del Uruguay y que reporta mensualmente la actividad de todo el sistema financiero y la banca privada y pública.

¿Y, quién determina qué trabajadores se incorporarán, si no habrá prueba de aptitud? En este caso, simplemente hay una suerte de compromiso que el Estado asume sin un procedimiento previo de selección, análisis, reflexión o cotejo y, en función de que hay que alcanzar determinados objetivos –y parecería que el fin justifica los medios–, el Poder Legislativo establece un mandato legal que inalterablemente debe cumplirse, más allá de los resultados.

No está demasiado claro –esto lo mencionaba el señor Senador Gallinal en ocasión de presentar, hace un rato, su informe al Senado– que esto realmente se encuadre dentro de las necesidades funcionales, por ejemplo, del Banco de la República. Esta institución, de acuerdo con la información oficial que también tengo en mi poder, año a año acuerda con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un tope de funcionarios, de trabajadores, que en la actualidad es de 4.223. Hoy en día revisten en el Banco de la República algo menos que ese número, pero en todo caso, el margen que quedaría entre los trabajadores que efectivamente prestan funciones en el Banco y el tope acordado con la OPP no será suficiente para absorber a los 150 trabajadores del Bandes.

Por lo tanto, espontáneamente surge la duda: ¿esto es una necesidad funcional para el Banco de la República? ¿Lo es en la medida en que apenas le queda un cupo –para decirlo en términos que se puedan entender rápidamente– de 70 u 80 funcionarios, de acuerdo con el tope acordado con la OPP, mientras hay 150 trabajadores de un banco privado para absorber, que tendrán que incorporarse porque la ley así lo mandata y lo establece? Me parece que estas son preguntas que espontáneamente deben surgir.

Recién el señor Senador Heber hacía referencia a que, en todo caso, si el Banco de la República no fuera suficiente, pues entonces el Banco Central del Uruguay y el Banco de Seguros del Estado incorporarían al resto de los funcionarios en cuestión, porque se trata de mano de obra especializada; así se establece textualmente en la exposición de motivos del Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto de ley. Ahora bien, ¿quién mide eso?

También se habla de que se trata de trabajadores que tienen trayectoria en el sector. No obstante, esas serían, en todo caso, verdades reveladas que hoy el Senado y mañana la Cámara de Representantes tendrán que asumir como absolutas para poder votar con tranquilidad, haciendo una especie de acto de fe. No consta que en la Comisión –no lo ha dicho ninguno de los señores Senadores que la integran– haya habido un análisis, una demostración, o por lo menos una explicación de los jerarcas correspondientes, en el sentido de que, efectivamente, esa necesidad de personal sea real y será satisfecha a partir de la incorporación de los 150 trabajadores del Bandes.

Recordaba el señor Senador Gallinal que, eventualmente –según expresiones del economista Calloia– se llegaría al equilibrio con las necesidades del Banco de la República, pero esto se ubicaría siempre en el plano de lo eventual, de lo hipotético; lo principal es solucionar este tema –porque hay que hacerlo– y después hay que ver cuál sería el efecto o la consecuencia que produciría sobre la gestión de la banca pública y, en particular, del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Es por todas esas razones, señor Presidente, que advertimos que la aprobación de este proyecto de ley no implica, por cierto, una solución fácil ni sencilla desde ningún punto de vista, cualquiera sea la actitud que cada uno de los señores Senadores asumamos a la hora de votar a favor o en contra de esta iniciativa.

Entiendo, por cierto, que una solución como esta va a generar perjuicios, porque las discriminaciones implican la afectación del derecho, del interés o aun de la mera expectativa que pueda tener otro que, por ejemplo, concursó el año pasado en el Banco de la República y está esperando la eventualidad de que lo llamen, lo que ahora no va a suceder.

Por lo tanto, reitero, me parece que para votar a conciencia es necesario, cuando menos, asumir estas realidades en toda su dimensión, y al hacerlo –y con esto termino–, sería muy importante que el Senado –y esto justifica el aditivo que ha presentado y está promoviendo el Partido Nacional– intentara conjurar la discriminación mayor que, según está planteada la situación, es la que se da entre estos trabajadores y aquellos que han quedado rezagados de la crisis del 2002. Todos ellos vivieron entonces o viven ahora el riesgo, más o menos inminente, de quedarse sin trabajo, y está bien que el Estado se plantee la posibilidad de ir en su rescate porque, al hacerlo, no solamente soluciona su situación y la de sus familias, sino que también, sin duda, ayuda a robustecer el sistema financiero. Pero no está bien que, en tal caso, haya esa respuesta para unos pero no para los demás. Evidentemente, eso es una discriminación que, repito, está más allá de la proporcionalidad y de la razonabilidad, y hasta podría llegar a entenderse que termina por violar el principio de igualdad.

Creo que la solución que hoy adopte el Senado será mucho más robusta y fuerte en la medida en que solucione las dos situaciones. Seguramente, desde el punto de vista legal y jurídico, esa opción quedará a buen resguardo de cualquier ulterioridad y del propio control de constitucionalidad si la solución es para todos y no solamente para aquellos que, en todo caso más recientemente, se han visto enfrentados a esa situación. La solución debe ser para todos: para los que viven hoy esa situación y para aquellos que la viven desde hace ya largo tiempo y, desde ese entonces, siguen esperando una solución.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: voy a ser breve porque ya llevamos varias horas discutiendo este tema que, en lo central, creo que está claro para todos.

Tal como dijimos en la Comisión, tenemos una propensión favorable a votar este proyecto de ley en función de lo que hemos conversado con trabajadores del Bandes y con gente que está cerca del tema, quienes nos han explicado cuáles son las razones por las cuales se llega a este acuerdo; además, queremos evitar situaciones que se dieron en el pasado. Estoy hablando de nuevas situaciones de crisis y de dificultad de algún tipo de institución financiera, que pueden volver a generar inestabilidad en la plaza y en los trabajadores, que es algo que nadie desea.

Esa posición –que ya hemos expresado claramente– se complementa con la postura que sostuvimos con el señor Senador Gallinal en la Comisión. ¿Por qué? Porque creemos que aquí hubo un problema de imprevisión, un error del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco Central, que debieron haber tenido en cuenta la situación planteada con esos 40 o 50 exempleados de los Bancos de Crédito, Comercial y de Montevideo que todavía van quedando y no han sido reubicados, para tratar de buscar una solución global. Ya que se planteaba este tema del acuerdo con el Bandes, debería haberse buscado una solución global para terminar definitivamente el problema, porque más allá de lo que digan los dirigentes sindicales –que, en definitiva, defienden a sus afiliados–, como dije el otro día en Comisión, la mayor responsabilidad es nuestra, del sistema político, en virtud de que estamos incumpliendo con un compromiso que en su momento se asumió a los efectos de que los trabajadores que fueron afectados por la crisis financiera del año 2002 fueran reubicados, de manera que no sintieran la pérdida de su fuente laboral. El problema –repito– no es del sindicato, ni de los trabajadores del Bandes, ni de los que hoy están sin ubicación; el problema es del sistema político. Por lo tanto, nosotros somos quienes tenemos que solucionarlo.

Ahora bien, con el mismo espíritu con que queremos resolver el problema de los trabajadores del Bandes, entre otras cosas para evitar futuros dolores de cabeza en esta materia, es obvio y lógico que corresponde encontrar una solución a quienes están esperando desde hace once años. Lo que no se puede hacer es plantear las cosas en blanco y negro, o sea, decir que estamos a favor de los trabajadores del Bandes pero no queremos que los que están esperando desde hace once años encuentren una solución definitiva. Tampoco deseamos que la solución definitiva para esos trabajadores afecte o genere un problema en función del acuerdo que el Bandes celebró con el Banco de la República en las negociaciones que mantuvieron.

Esa es nuestra posición, y creemos que es total y absolutamente coherente aprobar el proyecto de ley con el artículo aditivo que hemos propuesto. Ahora bien, si no existe esa voluntad política, seguiremos insistiendo con el tema; seguramente presentaremos un proyecto de ley y continuaremos reclamando una solución definitiva a esta situación, porque es evidentemente atentatorio –gravemente atentatorio, diría– del principio de igualdad, buscar determinadas soluciones para algunos trabajadores e ignorar, no recordar o no tener presente la situación de otros que están esperando desde hace once años. Creo que es una evidente injusticia y algo frente a lo cual el sistema político es responsable; por tanto, como sistema político tenemos que buscar una solución a ese tema.

En definitiva, creemos que el artículo aditivo propuesto es complementario del proyecto de ley aprobado en Comisión. En ese sentido, vamos a insistir en nuestra posición y –reitero– si no encontramos el apoyo político necesario para la aprobación de este artículo aditivo, seguiremos insistiendo en el tema con miras a encontrar una solución definitiva respecto a una situación que, evidentemente, violenta el principio de igualdad. Eso es claro y de elemental sentido común.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: todos sabemos muy bien que cuando se habla del sistema financiero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, dada la delicadeza del negocio. Es claro que todos y cada uno de nosotros tenemos presentes las últimas situaciones por las que ha pasado el país y cuánto le han costado todas y cada una de las crisis del sistema financiero. ¿Por qué se dieron esas situaciones en cada momento? Para responder eso podríamos volver hacia atrás, ver cuál fue la actitud que tomó en cada momento quien debía controlar a los bancos y por qué se llegó a esas situaciones. Si vamos muy atrás en el tiempo, tendríamos que remontarnos a 1965 –simplemente para recordar algunos casos– cuando ocurrió lo del Banco Transatlántico y el Banco Regional. En aquella época, el Presidente del Consejo Nacional de Gobierno saludó la actitud de los trabajadores –liderados por el sindicato bancario– en su actuación en defensa de las fuentes de trabajo –sí, por supuesto–, que es lo que cualquier sindicato tiene que tener como bandera fundamental, pero también en defensa del país. Por eso, en aquel momento el General (R) Óscar Gestido manifestó que las acciones que llevaba adelante el gremio bancario no solamente eran históricas, sino también patrióticas. Y creo que eso ocurría desde antes, aunque debemos manejarnos con tiempos más cercanos para ver cuál ha sido la actitud permanente del sindicato bancario.

Considero, señor Presidente, que sería sano para el país, para el sistema político y para los sindicatos –en este caso concreto, AEBU– tener una discusión, un intercambio o una mesa redonda –hoy que está tan de moda– acerca de cuál es el papel que le corresponde y le toca jugar a un sindicato. Y digo esto porque creo que no es bueno estar hablando de declaraciones de dirigentes sindicales, cuando estamos aquí, amparados en nuestros fueros; para mí sería bueno enfrentar la situación y determinar qué le corresponde hacer cumplir a los sindicatos.

Además, me fui hasta 1965 para hablar de otros tiempos y recordar que en el país las crisis no empezaron hace unos años, posdictadura, sino que previo a ella también hubo procesos de quiebre que el país tuvo que afrontar con la plata de todos y luego de los cuales decenas de trabajadores del sistema financiero quedaron desprotegidos. Recuerdo a los trabajadores de los llamados Bancos intervenidos –dos de ellos eran el Banco Mercantil y el Banco de Cobranzas, Locaciones y Anticipos–, cuyos derechos fueron violentados a raíz del proceso de liquidación en la época de la dictadura y nunca lograron que su situación fuera reparada mediante algún proyecto de ley; muchos de ellos fueron destituidos por ser militantes, pero algunos lo fueron simplemente por estar afiliados al sindicato y luego les costó horrores conseguir un empleo.

Sería bueno que los señores Senadores recordaran las penurias que tuvieron que pasar muchos de esos trabajadores.

Señor Presidente: quiero decir que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo es muy claro. En él se menciona que se suscribió un acuerdo tripartito entre el Poder Ejecutivo, el Bandes –es decir, los Bancos oficiales –y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Además, se explica que el motivo de dicho acuerdo es que el Banco Bandes del Uruguay ha tomado la decisión de reorientar su negocio en el territorio nacional, esperando focalizar sus operaciones en otro segmento de mercado, y que como consecuencia de ello, una parte importante de su red física, logística y de recursos humanos le resultan excedentarios. Pero no se trata de hablar solo de los recursos humanos –que no dejan de ser sumamente importantes–, porque se advierte que el Banco de la República Oriental del Uruguay también está interesado en hacerse cargo de estos negocios, ya que ello le permitiría, entre otras cosas, tener presencia física en algunas localidades del interior del país donde no está presente, captar nuevos negocios y clientes, reformar sus oficinas ya instaladas en otros lugares y consolidar cada día más su liderazgo en plaza. El Banco de la República también tiene interés en hacerse cargo de estos recursos humanos, en la medida en que, en su mayoría, se trata de trabajadores de larga trayectoria en el sector bancario, cuya incorporación prácticamente evitará el proceso de capacitación.

El Banco de la República recibirá, además, nueve sucursales del Bandes, tal como señalaban los trabajadores. ¿Por qué lo digo? Porque parece que siempre hablamos exclusivamente de las trabajadoras y los trabajadores y no de la importancia que tiene para al Estado el desarrollo del principal banco del país. Debemos tener conciencia de que estamos tomando esta resolución; no es la primera vez que el Banco de la República se hace cargo de trabajadores que vienen de la actividad privada.

Es muy claro que la responsabilidad que el Poder Ejecutivo asumió para la conducción de una salida, no es la de otros momentos. Solo en el caso del Banco Transatlántico del Uruguay –BTU– hubo concurso para luego ir ingresando. Cuando el Banco Comercial se vendió a la Compañía General de Negocios en Argentina, se trasladaron más de sesenta trabajadores al Banco de la República. Y allí no recuerdo que algún Legislador haya pedido concursos o capacitación de los trabajadores; seguramente el sindicato no se hubiera asustado, pero no lo recuerdo. No recuerdo que quienes hoy están preocupados por el hecho de que el Banco República pueda estar tomando a algún funcionario que no esté capacitado, en su momento lo hubiesen planteado.

Es importante tener en cuenta que muchos de los trabajadores y trabajadoras vienen de la época de las cooperativas de ahorro y crédito, que tanto bien le hicieron al país. Se conformaron en momentos muy difíciles y lograron ocupar aquel segmento donde a la banca extranjera no le importaba meterse, que fue el de la atención al microcrédito. Y vienen con capacidad y concepción social muy importante para el Banco de la República. Por lo tanto, me parece que habría que tener un poco de respeto y saber que estamos hablando de trabajadores que han venido sintiendo la presión de situaciones difíciles.

No quiero extenderme en manejar todos los momentos de crisis del sistema financiero desde 1985 a 1989, y cómo se fueron resolviendo; hace poco, el propio Presidente del Senado participó en el comentario de un libro que escribió el contador Ricardo Pascale acerca de la crisis del sistema financiero desde 1985 hasta el noventa y pico, producto de la salida de la época de la dictadura, y cómo se tuvo que poner responsabilidad y cabeza para poder salir adelante. Los trabajadores y las trabajadoras fueron fundamentales; el sindicato bancario –reconocido por el contador Ricardo Pascale en ese libro– fue sustancial; pero todos tuvimos que poner algo.

Este proyecto de ley interpreta perfectamente la búsqueda de una salida rápida y además contempla la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras. Plantea un escenario bancario, pero contempla tanto al Bandes como a la banca oficial y al país en general, para salir rápidamente de este problema.

Quiero decir, además, que siempre ha sido preocupación de todos que en la banca oficial todos los trabajadores estén presupuestados. Hace un rato, el señor Senador señaló que los trabajadores de tecnología y operaciones del Banco de la República están reclamando ser presupuestados. Parecería que hay discriminación porque el Banco República no atiende ese pedido. Inmediatamente me contacté con los compañeros dirigentes de AEBU y me dijeron que quienes no estaban presupuestados –está acordado en la firma del último convenio de AEBU, que contempla al Banco República–, una vez que se apruebe el convenio del Banco pasarán a contrato de función pública, paso previo a la presupuestación. Por tanto, las preocupaciones que se expresaban aquí en cuanto a discriminación, están superadas, porque el sindicato ya lo había acordado con la banca oficial.

Creo que debemos aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se distribuye a los trabajadores en la banca oficial –Banco República, Banco de Seguros y Banco Central–, y seguir adelante. Si hubiera otras situaciones, deberíamos hablarlo, como siempre se ha hecho, tomando en cuenta que como se ha dicho, el trabajo es un tema de todos los trabajadores y trabajadoras del país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le voy a ceder la palabra al miembro informante, señor Senador Antognazza.

SEÑOR ANTOGNAZZA.- Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas de las cuestiones que se plantearon acá ya fueron contestadas por algunos compañeros. Voy a pasar lista a alguna de las cosas que se plantearon.

En el 2002, los cinco bancos que cerraron implicaron a 2.542 trabajadores, de los cuales 670 eran del Banco de Crédito y el resto pertenecía a la banca privada. Todos esos trabajadores, sin discriminación, estuvieron amparados por un seguro de desempleo, ya que se creó una ley que los equiparaba al desempleo común. Los bancarios no tenían fondo de desempleo, y se creó para que los funcionarios estatales marcharan con la misma remuneración de todos. Además, se creó un fondo con el descuento del 2,5 % a todos los funcionarios activos y jubilados de los bancos, para mejorar ese fondo de retiro solidario, que fue para todos, sin discriminación. Este mecanismo se desactivó recién en 2007 –es decir, hace seis años– y actualmente ningún trabajador o jubilado realiza aporte alguno a ese fondo.

De las negociaciones de este ingenioso y solidario mecanismo –cuya iniciativa surgió de la Asociación de Bancarios del Uruguay– participaron el ex-Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry; por AEBU, el señor Juan José Ramos; y también el Presidente de este recinto. No hubo ningún tipo de discriminación y los jubilados aportaron para que los desempleados pudieran paliar mejor su posible situación.

En cuanto a la reinserción laboral, hubo diferentes vías. La primera fue la creación del Nuevo Banco Comercial que, con las Carteras sanas de los bancos privados cerrados, conformaron una plantilla laboral de 850 trabajadores. La selección fue realizada por quienes no fueron puestos al frente de la institución privada, propiedad del Estado uruguayo.

Esta selección se realizó a través de parámetros objetivos y no tuvo otro condicionamiento que el de llegar a los mejores puntajes. Trabajadores de los Bancos Comercial, de Montevideo y La Caja Obrera –sindicalizados y no sindicalizados– emprendieron el desafío cuya iniciativa también había surgido de la Asociación de Bancarios del Uruguay.

La segunda vía se empezó con los trabajadores del Banco de Crédito, que fue el famoso tres por uno. El capital accionario del banco pertenecía al Estado, por lo que este tenía la responsabilidad directa y debía asumirla. Por lo tanto, en 2003 se suscribió un acuerdo laboral entre AEBU, el Ministerio de Economía y Finanzas y los tres bancos estatales. Según ese acuerdo, de cada tres trabajadores de esos bancos que fueran jubilados, ingresaría uno de aquella entidad cerrada. En eso consistió el tres por uno.

Luego de recorrer el Ministerio en etapas –incluido el reconocimiento legal del Parlamento–, todos aquellos que cumplieron con los requisitos están ingresados y presupuestados en los bancos oficiales.

Existió un tercer grupo de trabajadores provenientes de los cuatro bancos netamente privados –por eso se toma al Banco de Crédito, el del tres por uno–, que no tuvieron una vía de reinserción laboral y que igualmente se beneficiaron con el seguro de desempleo; pero su suerte laboral no tuvo la canalización institucional.

Para estos casos la Asociación de Bancarios del Uruguay conformó una bolsa de trabajo entre sus afiliados –aproximadamente quinientos– y se inició un largo y penoso trabajo de procesos de negociación con el sistema bancario privado para que ese personal fuera absorbido gradualmente. Este proceso llevó entre siete y ocho años, finalizando en 2010 con la totalidad de los compañeros de la bolsa de trabajo reinsertos en la entidad bancaria.

Muchos de los que estaban en el seguro de desempleo ganaban muchísimo más estando en actividad. Generalmente, ganaban mucho menos de la mitad cuando estaban en el seguro de desempleo. Cuando hablo de lo que cobraban estando en el seguro, me estoy refiriendo a cifras de entre $12.000 y $18.000. Nunca fueron superiores a eso.

Este proceso abarcó a casi tres mil personas y duró casi diez años. Algunos buscaron soluciones individuales, tomaron importantes sumas de dinero para desvincularse de las empresas, confiaron en sus propias fuerzas, lejos de lo colectivo, social y sindical. Pero cada uno es libre de tomar sus propias decisiones.

El otro aspecto al que me quiero referir es por qué entran los otros bancos, es decir, el Banco de Seguros del Estado y el Banco Central. Porque en el segundo inciso del artículo 3.º del proyecto de ley se establece: “Sin perjuicio de ello, las tres instituciones quedan habilitadas para realizar a los empleados a ingresar evaluaciones psicolaborales a fin de determinar su ajuste a los perfiles requeridos por cada Institución”.

Esas evaluaciones ya están prácticamente realizadas. Creo que ahora se está por efectuar una segunda etapa. Y luego se decidirá quiénes son los que quedan.

Los 147 trabajadores del Bandes fueron elegidos por el propio banco; no intervino para nada ninguna otra persona. Reitero, lo hizo el mismo banco. Y el acuerdo se hizo directamente con el Banco de la República Oriental del Uruguay.

Luego, evidentemente, intervino el sindicato, pensando en la defensa de sus afiliados.

En cuanto a la afiliación o no afiliación, esa es una decisión personal de cada uno de los trabajadores. Los sindicatos defienden a todos los que quieren afiliarse a él. Nadie los obliga a afiliarse. Yo no creo que exista eso y, si existe, está mal. Entonces, cuando las cosas están mal –esto ocurre en todos lados, y aquí también se dijo–, quienes no están afiliados al sindicato, dicen o pretenden que este los siga defendiendo cuando ellos, anteriormente, habían elegido no aliarse a una lucha colectiva, como decíamos en aquella oportunidad. Pero es de hacer notar que todos se benefician de las luchas colectivas cuando se trata de salarios, de categorización o de mejoras sociales. Reitero, todos son beneficiarios, aunque algunos decidan no afiliarse a los sindicatos. Quiero que esto quede bien claro; yo lo viví durante mucho tiempo y sé que es así.

Muchas veces hacíamos reuniones con compañeros de trabajo que no estaban afiliados al sindicato y les preguntábamos por qué no se afiliaban. Había de todo un poco. Y también había gente que los recriminaba. En todos lados ocurren estas cosas. Pero, en general, creo que eso se plantea en todo el movimiento sindical, es decir, siempre hay gente que no está afiliada.

Con respecto a los compañeros –repito lo ya dicho–, se analizan individualmente los casos de estos 150 trabajadores del Bandes, que deben pasar por la evaluación psicolaboral establecida en el segundo aditivo del artículo 3.º. Por consiguiente, deben rendir una o dos pruebas, según la etapa en la que se encuentran. Esas evaluaciones son realizadas por trabajadores afiliados y no afiliados al sindicato bancario.

Con relación a lo que los señores Senadores del Partido Nacional planteaban con respecto al artículo aditivo, me animo a decir –consulté con mis compañeros de Bancada– que la Bancada del Frente Amplio estaría dispuesta a estudiarlo.

Por lo que dije anteriormente, es muy difícil salvarse de que entendamos que sea caso por caso, pero, reitero, podemos discutirlo. Estaríamos abiertos y dispuestos a hacerlo –hablo en nombre de la Bancada del Frente Amplio– con mucho gusto cuando los señores Senadores lo deseen. Si hubiera estado presente en la Comisión, podría haberlo dicho. Según consta en las versiones taquigráficas, dije que no tenía inconveniente en hacerlo. Es posible que hayan ocurrido injusticias; de ser así, las analizamos. Es bueno hacerlo.

Considero que dar marcha atrás es algo muy importante en la vida. Así como ocurre con los autos, si tenemos que dar marcha atrás, lo hacemos con mucho gusto.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Hemos escuchado muy atentamente al señor Senador Antognazza, así como lo hacemos con todos los integrantes del Cuerpo, pero en este caso en particular, lo hacemos por tratarse del miembro informante, representante de la Bancada oficialista.

Si bien nosotros estamos convencidos de que un buen principio de solución sería incorporar el aditivo –que, por lo que vemos, no va a contar con los votos suficientes–, en la medida en que el señor Senador Antognazza ha dicho en nombre de su Bancada que está dispuesto a estudiarlo, a discutirlo, que puede ser que se hayan cometido injusticias, que tener marcha atrás es buena cosa en la vida para unos y para otros, nosotros vamos a votar el proyecto de ley y vamos a pedir que se vote el artículo aditivo; en caso de que no cuente con los votos necesarios, pediremos que se vote para derivarlo a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social para continuar estudiando el tema.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: celebramos que este proyecto de ley finalmente haya sido aprobado, si no me equivoco, por unanimidad. Quiere decir que sus bondades son muchas más que sus insuficiencias y por eso lo hemos votado con convicción.

El aditivo que surge en el Pleno –anunciado pero no presentado en la Comisión– no tiene otros antecedentes; refiere a empleados, pero como la Comisión no ha tenido oportunidad de saber cuántos son, quiénes son o cuál es su situación, consideramos que no es pertinente votarlo en esta ocasión. Corresponde, pues, aprobar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y –como ha dicho el miembro informante, señor Senador Antognazza– examinar con detenimiento y tranquilidad el proyecto de ley que eventualmente se pueda considerar en el seno de la Comisión.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: creo que siempre es muy bueno estar en Sala y escuchar lo que se dice porque es la mejor manera de evitar discutir sobre temas en los que estamos de acuerdo.

Quería señalar que con mucho gusto hemos votado afirmativamente este proyecto de ley porque consideramos que se hace justicia, la misma que pretendimos hacer cuando votamos las otras leyes.

Asimismo, deseo aclarar que el artículo aditivo fue presentado en Comisión para su consideración y que las ochenta personas damnificadas que están pendientes de esta disposición fueron recibidas por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado de la República Oriental del Uruguay en el transcurso de la presente Legislatura. También quiero agregar que nos han caído muy bien –así me lo señalaba el señor Senador Moreira– las expresiones finales del señor Senador Antognazza.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

(Aplausos en la Barra).

–La Presidencia comunica a quienes están en la Barra que no se puede hacer manifestaciones de ningún tipo y que, si se insiste en ello, va a tener que ordenar su desalojo.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 1.º.- Se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado para que en conjunto ingresen un total de 150 (ciento cincuenta) empleados del Banco Bandes Uruguay S.A.

Los empleados que podrán ser considerados para ingresar de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, deberán haber figurado en la plantilla del Banco Bandes Uruguay S.A. al 31 de marzo de 2013 y no haber configurado causal jubilatoria a la fecha de la promulgación de la presente ley”.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2.º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 2.º.- Quienes ingresen en virtud de lo previsto en la presente ley, tendrán la condición de funcionarios públicos presupuestados”.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3.º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 3.º.- A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores, no será de aplicación lo dispuesto por los artículos 1.º y 5.º de la Ley n.° 16.127, de 7 de agosto de 1990, y modificativa.

Sin perjuicio de ello, las tres Instituciones quedan habilitadas para realizar a los empleados a ingresar evaluaciones psicolaborales a fin de determinar su ajuste a los perfiles requeridos por cada Institución”.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

La Presidencia consulta a los integrantes de la Comisión si solamente hay una disposición modificativa o puede haber más de una, pues en el artículo se dice “modificativa” en singular.

SEÑOR ANTOGNAZZA.- Sí, señor Presidente. Debería decir “modificativas”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo llegado de Comisión, tal como fue leído.

(Se vota:)

–0 en 24. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3.º con la palabra “modificativas” –en plural– al final del inciso primero.

(Se vota:)

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: simplemente quiero dejar constancia de que el proyecto de ley inicial del Poder Ejecutivo establecía el carácter eliminatorio de las evaluaciones psicolaborales. Nosotros recibimos la inquietud de AEBU de quitar dicho carácter de manera de dar total vigencia a lo que vamos a votar a continuación: que todos los ascensos tienen que producirse antes del 31 de diciembre de este año. Se hizo la consulta al señor Ministro interino de Trabajo y Seguridad Social y compartió el razonamiento. Es por esa razón que ya en la Comisión se quitó el carácter eliminatorio de la evaluación o dejará de serlo en la medida en que se apruebe esta redacción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 4.º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 4.°.- Los ingresos que se produzcan al amparo de la presente ley deberán efectuarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.

Se faculta a las tres Instituciones a ajustar la estructura de cargos y los créditos presupuestales a fin de permitir dichos ingresos. Tales ajustes deberán contar con la previa aprobación e informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas”.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Hay un artículo aditivo presentado por los señores Senadores de la Bancada del Partido Nacional que lleva el número 3. La Presidencia parte de la base de que no pretende sustituir el actual artículo 3.º, sino agregarlo y modificar luego la numeración.

Léase el artículo aditivo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 3.º. La autorización del artículo 1.º de la presente ley incluye la incorporación de los exempleados de los Bancos de Crédito, Comercial y de Montevideo, que hayan quedado desempleados como consecuencia de la crisis que llevó al cierre de dichas instituciones.

Los mismos no deberán haber generado, a la promulgación de esta ley, causal jubilatoria en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias”.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: deseo hacer una breve corrección. Cuando se transcribió el artículo para recoger la firma de los señores Senadores se omitió incluir al Banco La Caja Obrera, que es otra de las instituciones comprendidas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Están mencionados los Bancos de Crédito, Comercial y de Montevideo, pero la Presidencia solicita a los señores Senadores y señoras Senadoras que incorporen también al Banco La Caja Obrera entre las instituciones citadas. El resto del artículo queda igual.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo.

(Se vota:)

–8 en 24. Negativa.

También había sido propuesto por el señor Senador Gallinal el pasaje de este artículo aditivo a consideración de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: creo que también habría que pasar la versión taquigráfica de la discusión de este tema porque no necesariamente los integrantes del Cuerpo que intervinieron e hicieron aportes son los mismos que forman parte de la Comisión respectiva. Entonces, agrego a la moción del señor Senador Gallinal el envío de la versión taquigráfica correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pasaje de este artículo aditivo, así como la versión taquigráfica de esta discusión, a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Se vota:)

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes a los efectos de su consideración.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

“ARTÍCULO 1.°.- Se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado para que en conjunto, ingresen un total de 150 (ciento cincuenta) empleados del Banco Bandes Uruguay S.A.

Los empleados que podrán ser considerados para ingresar de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, deberán haber figurado en la plantilla del Banco Bandes Uruguay S.A. al 31 de marzo de 2013 y no haber configurado causal jubilatoria a la fecha de la promulgación de la presente ley.

ARTÍCULO 2.°.- Quienes ingresen en virtud de lo previsto en la presente ley, tendrán la condición de funcionarios públicos presupuestados.

ARTÍCULO 3.°.- A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores, no será de aplicación lo dispuesto por los artículos 1.º y 5.º de la Ley n.º 16.127, de 7 de agosto de 1990 y modificativas.

Sin perjuicio de ello, las tres Instituciones quedan habilitadas para realizar a los empleados a ingresar evaluaciones psicolaborales a fin de determinar su ajuste a los perfiles requeridos por cada Institución.

ARTÍCULO 4.°.- Los ingresos que se produzcan al amparo de la presente ley deberán efectuarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.

Se faculta a las tres Instituciones a ajustar la estructura de cargos y los créditos presupuestales a fin de permitir dichos ingresos. Tales ajustes deberán contar con la previa aprobación e informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas”.

12) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: al estar de licencia la señora Senadora Constanza Moreira, me corresponde ejercer la Presidencia de la Comisión de Constitución y Legislación. En ese carácter, solicito al Senado que autorice a la Comisión a reunirse hoy a la hora 14 y 30, porque está citado el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, así como el Presidente del Directorio de UTE. Por ende, solicito al Senado que otorgue la autorización prevista en el numeral 6. del literal B del artículo 69 del Reglamento de esta Cámara, para que la Comisión pueda reunirse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de orden presentada por el señor Senador Pasquet.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: “Proyecto de ley por el que se faculta al Banco de la República Oriental del Uruguay a conceder préstamos o avales a República Microfinanzas S.A. (Carp. n.º 1066/2012 – Rep. n.º 819/2013)”.

(Antecedentes:)

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“CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA n.° 89

En Montevideo, el día jueves dieciséis de mayo de dos mil trece, a la hora diez y diez minutos se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Asisten sus miembros, señores Senadores José Amorín, Carlos Baráibar, José Bayardi, Alberto Couriel, Francisco Gallinal, Luis A. Heber, Daniel Peña, Rafael Michelini y Héctor Tajam.

Concurren, por el Banco de la República Oriental del Uruguay su Presidente, economista Fernando Calloia y Secretario General doctor Roberto Borrelli.

Preside el señor Senador Rafael Michelini, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Alicia Hackenbruch, Prosecretaria de la Comisión y la señora María José Morador Prosecretaria de Comisión.

Abierto el acto se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido n.° 2082/2013 que forma parte de la presente Acta.

Asunto entrado:

1) Artículo 309 de la Ley n.° 18.996, de 27 de noviembre de 2012. Se prorroga su entrada en vigencia (Carpeta n.° 1198/2013 – Distribuido n.° 2079).

2) Solicitud de audiencia de los funcionarios de la Dirección General de Casinos del Estado, a efectos de transmitir planteamientos referentes al Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central, aprobado por la Cámara de Representantes.

Asuntos considerados:

1) República Microfinanzas S.A. Concesión de créditos o avales por parte del Banco de la República Oriental del Uruguay (Carpeta n.° 1066/2012 – Distribuido n.° 1832/2012).

Inmediatamente de comenzada la sesión el Presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay realiza la presentación del proyecto de ley.

Una vez que se retira la visita, el señor Presidente de la Comisión pone a votación el proyecto de ley de Artículo único: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa miembro informante al señor Senador Alberto Couriel, quien lo hará en forma verbal.

2) Infracciones a las normas legales y reglamentarias en materia de régimen de origen Mercosur. Se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a aplicar sanciones. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Carpeta n.° 420/2010 – Distribuido n.° 570/2010).

3) Infracciones a las normas legales y reglamentarias en materia de régimen de origen Mercosur. Se Faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a aplicar sanciones. Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo (Carpeta n.° 619/2011 – Distribuido n.° 911/2011).

Se acuerda anexar ambas Carpetas, por tratarse de temas del mismo tenor.

El señor Presidente de la Comisión propone poner a consideración el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Carpeta n.° 420/2010), con la modificación del artículo 1.° del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo en la Carpeta n.° 619/2011.

Se procede a tomar la votación:

Artículo 1.°.- Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El texto del artículo 1.° queda redactado de la siguiente manera:

“El Ministerio de Economía y Finanzas podrá aplicar a los infractores de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de regímenes de origen, las sanciones que se establecen en los siguientes artículos.

El Ministerio de Economía y Finanzas podrá delegar la referida atribución en su Dirección General de Secretaría.

Estarán excluidos del poder sancionatorio de dicho Ministerio, aquellos organismos públicos actuantes en la emisión de los certificados de origen, sin perjuicio de que sus jerarcas deberán iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes”.

Artículo 2.°.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 3.°.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 4.°.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 5.°.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 6.°.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 7.°.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 8.º.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 9.°.- Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Carlos Baráibar, quien lo hará en forma verbal.

Resoluciones:

Considerar en la próxima sesión el siguiente orden del día:

1.- Artículo 309 de la Ley n° 18.996, de 27 de noviembre de 2012. Se prorroga su entrada en vigencia (Carpeta n.° 1198/2013 – Distribuido n.° 2079/2012.

2.- Bases de datos de consulta pública. Se establecen normas. Carpeta n.° 978/2012 – Distribuido n.° 1633/2012.

3.- Sistema de tarjetas de crédito. Regulación (Carpeta n.° 941/2012 – Distribuido n.° 1521/2012).

A la hora once y veinte minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que firman el señor Presidente y la señora Prosecretaria de la Comisión.

Rafael Michelini, Presidente; Alicia Hackenbruch, Prosecretaria”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

– En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: este proyecto de ley hace referencia a República Microfinanzas S.A. –que es propiedad del Banco de la República y cuyo Directorio lo integran exactamente los mismos jerarcas del Banco–, institución que se dedica fundamentalmente a dar microcréditos a las que se considera personas excluidas del sistema bancario normal, que llega directamente a los hogares, a las personas –no espera que vayan a buscar créditos–, a los potenciales usuarios de esos servicios.

En su creación, el Banco de la República se asesoró con la institución francesa Planet Finance, dirigida por Muhammad Yunus, conocido mundialmente como “el banquero de los pobres”, quien dio los elementos básicos para implantar esta metodología.

De acuerdo con la información brindada por el Presidente del Banco de la República en el seno de la Comisión de Hacienda, la institución está otorgando créditos de alrededor de $ 20.000 promedio aunque, en realidad, puede prestar hasta un máximo de $ 120.000. Actualmente, tiene alrededor de 15.000 clientes y ya ha prestado cerca de $ 250:000.000. En realidad, la morosidad es de alrededor de un 6,5 %, es decir, más o menos igual que en las instituciones bancarias.

Una idea, señor Presidente, es pensar en quiénes son los que pueden recibir este tipo de préstamos. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que los cuenta propia con inversión y sin inversión son alrededor del 23 % del empleo; que, mirado desde otro punto de vista, los informales, los que no aportan a la Seguridad Social, que seguramente también tendrían dificultades de llegar al sistema bancario normal, son alrededor del 25 %. Hay encuestas –según el Informe de la Cámara de Representantes– que muestran que el 44 % de la población no tiene ninguna relación con instituciones financieras.

Preguntamos al Presidente del Banco de la República si la asistencia financiera se combina con asistencia técnica que puedan requerir quienes reciban los créditos correspondientes y nos contestó que se trabaja en equipo con los Ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Trabajo y Seguridad Social, así como con las diversas Intendencias del país, con lo que se puede combinar la asistencia financiera y técnica.

En la actualidad, la institución recibe aportes de capital del Banco de la República y, según la expresión de su Presidente, esto le ocasiona costos en términos del Impuesto al Patrimonio. En realidad, con este proyecto de ley se está buscando que, además de otorgarle capital, el Banco de la República pueda conceder créditos o avales a la institución República Microfinanzas S.A. Con esa finalidad se crea este proyecto de ley que, en los hechos, trata de modificar y de eliminar una de las prohibiciones que tiene el actual Directorio del Banco de la República establecida en el numeral 4) del artículo 22 del Capítulo V “Prohibiciones” de su Carta Orgánica. Dice así: “4) Conceder créditos o avales a los miembros del Directorio o a su personal superior, ya sean asesores o funcionarios que desempeñan cargos gerenciales, así como a empresas o a instituciones de cualquier naturaleza, en las que estos funcionarios actúen en forma rentada u honoraria, como directores, directivos, síndicos, fiscales o en cargos superiores ya sea en dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o indirecta a través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza. Se exceptúan las operaciones ordinarias de crédito social o de tarjetas de crédito”. Por lo tanto, este proyecto de ley permite al Banco de la República conceder créditos o avales a República Microfinanzas, en tanto sea propietario del 100% del capital social. A estos efectos, se plantea, por lo tanto, que no será aplicable la prohibición establecida en el numeral 4) del artículo 22 de la Carta Orgánica del Banco de la República que acabo de leer.

Por lo tanto, se promueve la posibilidad de que el Banco de la República pueda conceder créditos y avales a la institución República Microfinanzas a partir de la aprobación de este proyecto de ley.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo Único.- El Banco de la República Oriental del Uruguay podrá conceder créditos o avales a República Microfinanzas S.A., en tanto sea propietario del 100 % (cien por ciento) del capital social. A estos efectos, no será aplicable la prohibición dispuesta en el numeral 4) del artículo 22 de la Ley n.º 18.716, de 24 de diciembre de 2010”.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

14) INFRACCIONES A LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE RÉGIMEN DE ORIGEN MERCOSUR

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: “Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a aplicar sanciones a los infractores de las normas legales y reglamentarias en materia de Régimen de Origen Mercosur. (Carp. n.º 420/2010 – Rep. n.º 820/2013 Anexo I)”.

(Antecedentes:)

“Carp. n.° 420/2010
Rep. n.° 820/2013

CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

Proyecto de ley sustitutivo

Artículo 1.°.- El Ministerio de Economía y Finanzas podrá aplicar a los infractores de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de regímenes de origen, las sanciones que se establecen en los siguientes artículos.

El Ministerio de Economía y Finanzas podrá delegar la referida atribución en su Dirección General de Secretaría.

Estarán excluidos del poder sancionatorio de dicho Ministerio, aquellos organismos públicos actuantes en la emisión de los certificados de origen, sin perjuicio de que sus jerarcas deberán iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes.

Artículo 2.°.- Las sanciones que podrá aplicar el Ministerio de Economía y Finanzas, son las siguientes:

A) Observación.

B) Apercibimiento.

C) Multa de 20 UR (veinte unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables).

Artículo 3.°.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 2.° de la presente ley, cuando se comprobare la falsedad de la declaración prevista para la emisión del certificado de origen correspondiente, el productor final o el exportador podrá ser suspendido por un plazo de hasta dieciocho meses para realizar operaciones preferenciales amparadas en el régimen de origen de que se trate.

En caso de reincidencia, o cuando se constatare la adulteración o la falsificación de certificados en cualquiera de sus elementos, se inhabilitará definitivamente al productor final o al exportador para actuar al amparo del régimen de origen de que se trate.

Las suspensiones o inhabilitaciones definitivas previstas en el presente artículo podrán extenderse a otros regímenes de origen aplicables en nuestro país.

Artículo 4.°.- La entidad emisora de certificados de origen será corresponsable con el productor final o el exportador en lo que se refiere a la autenticidad de los datos contenidos en el certificado de origen y en la declaración jurada prevista para la emisión de dicho certificado, en el ámbito de la competencia que le fue delegada.

La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá los procedimientos mínimos de control que deberá aplicar la entidad emisora a efectos de verificar la autenticidad de los datos referidos en el inciso anterior.

Artículo 5.°.- La corresponsabilidad de la entidad emisora de certificados de origen a que se refiere el artículo anterior, no podrá ser imputada cuando esta última demuestre haber emitido el certificado de origen en base a informaciones falsas provistas por el solicitante, sin que se hubiere podido detectar y verificar por aplicación de los procedimientos de control previstos en el artículo anterior, o en general, de las prácticas usuales de control a su cargo.

Artículo 6.°.- La entidad habilitada para emitir certificados que lo hubiere hecho en base a declaraciones falsas sin que pudiere demostrar haber actuado de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, además de las sanciones previstas en el artículo 2.° de la presente ley, podrá ser suspendida por un plazo de hasta doce meses para la emisión de nuevas certificaciones de los productos involucrados en la infracción o de cualquier producto en el marco del régimen de origen de que se trate.

En caso de reincidencia será definitivamente desacreditada para emitir certificados de origen. Tal sanción podrá extenderse a otros regímenes de origen aplicables en nuestro país.

Artículo 7.°.- Las sanciones previstas en esta ley se graduarán y aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, el grado de culpabilidad y el carácter de reincidente del infractor. A tal efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas llevará un registro de infractores.

Artículo 8.º.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en la presente ley y en otras disposiciones legales aplicables, las declaraciones falsas realizadas por el productor o el exportador, sobre hechos propios o en interés propio en el marco del régimen de origen, incluyendo la declaración prevista para la emisión del certificado de origen y la valoración en aduana efectuada frente a la autoridad competente, serán puestas en conocimiento de la justicia penal.

Artículo 9.°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de noventa días corridos contados a partir de la fecha de su promulgación.

Carlos Baráibar, miembro informante; José Amorín, José Bayardi, Alberto Couriel, Francisco Gallinal, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Daniel Peña, Héctor Tajam”.

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SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

– En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: este proyecto de ley responde a una iniciativa del Poder Ejecutivo que, a su vez, fue aprobado con algunas modificaciones por la Cámara de Representantes.

Se refiere a que el régimen general de origen establece los requisitos que debe cumplir un producto para ser considerado originario de un Estado –Estado Parte en el caso de que se rija por el régimen de origen Mercosur– para beneficiarse de un tratamiento tributario aduanero preferencial. El régimen jurídico de origen descansa sobre dos principios básicos: el de producto enteramente obtenido y el de transformación sustancial.

El Sistema Generalizado de Preferencias –SGP– tiene como objetivo principal otorgar preferencias arancelarias, no recíprocas y no discriminatorias, por parte de países desarrollados a los productos originarios de países en desarrollo y países menos desarrollados. Con arreglo a los esquemas instituidos por los países otorgantes de preferencias en el marco del SGP, se aplican, en vez de tasas de Nación Más Favorecida, aranceles reducidos o nulos a determinados productos procedentes de los países en desarrollo.

En el caso del régimen de origen Mercosur, se encuentra regulado en el Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica n.º 18, habiendo sido aprobado por Decisión CMC 01/2004 e incorporado al ordenamiento jurídico nacional por el Decreto n.º 207/005, de 5 de julio de 2005.

La emisión de los certificados de origen está a cargo de reparticiones oficiales, las cuales podrán delegar la emisión de los certificados en otros organismos públicos o en entidades de clase de nivel superior, que actúen en jurisdicción nacional, estadual o provincial. Una repartición oficial en cada Estado será responsable por el control de los certificados de origen.

En nuestro Derecho interno, por el Decreto n.º 790/971, de 2 de diciembre de 1971, se han designado las autoridades competentes para extender los certificados de origen de productos uruguayos, beneficiados del Sistema Generalizado de Preferencias. El artículo 2.º de ese decreto fue modificado por el Decreto n.º 603/992, de 9 de diciembre de 1992, estableciendo que la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas será la autoridad gubernamental competente.

A su vez, por Resolución del Poder Ejecutivo n.º 219/997, de 4 de abril de 1997, se designó a la Dirección General de Comercio –Área de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas– como entidad responsable por el control de la emisión de los certificados de origen extendidos al amparo del Mercosur.

Esa resolución, en su artículo 2.º, designó una serie de entidades habilitadas para emitir indistintamente, dentro de sus competencias, certificados de origen, entre las cuales se encuentran entidades privadas constituidas bajo la forma de Asociaciones sin fines de lucro como la Cámara Mercantil de Productos del País y la Cámara de Industrias del Uruguay.

Las modificaciones legales introducidas por los artículos 159 y 163 de la Leyn.º16.736, de 5 de enero de 1996, y el artículo 118 de la Ley n.º 17.930, de 19 de diciembre de 2005, han operado algunos cambios en lo que se refiere a las competencias propias de la autoridad correspondiente señaladas en el decreto precedente. Ello implica que desde el punto de vista sustantivo, las competencias han sido transferidas a la Asesoría de Política Comercial de la Unidad Ejecutora 001 del Ministerio de Economía y Finanzas.

El proyecto de ley, con las modificaciones que juzgó oportunas y convenientes la unanimidad de integrantes de esta asesora, estatuye por vía legal el régimen de sanciones aplicables a los productores finales o exportadores, así como a las entidades delegadas que actúan en el régimen, cuando cometen las infracciones a que se hace referencia en la norma proyectada.

El artículo 1.º habilita al Ministerio de Economía y Finanzas a aplicar sanciones a los infractores de las normas legales y vigentes en materia de regímenes de origen, así como la posibilidad de que dicha atribución sea delegada en la Dirección General de Secretaría.

Debo señalar, señor Presidente, que el 14 de julio de 2011, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el de Economía y Finanzas enviaron un nuevo proyecto de ley, que mantenía el mismo texto del originalmente presentado pero agregaba un inciso a este artículo que dice lo siguiente: “Estarán excluidos del poder sancionatorio de dicho Ministerio, aquellos organismos públicos actuantes en la emisión de los certificados de origen, sin perjuicio de que sus jerarcas deberán iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes”.

La Cámara de Representantes ya había considerado y aprobado el proyecto en el año 2010, de manera que en la Comisión de Hacienda del Senado se elaboró un comparativo entre el proyecto del Poder Ejecutivo, el originalmente aprobado por la Cámara de Representantes y el finalmente aprobado por dicha Comisión, que incorpora la modificación que el Poder Ejecutivo había enviado. Esta es la única variante que se establece con respecto al proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

En el artículo 2.º se establecen las sanciones que podrá aplicar el Ministerio de Economía y Finanzas: A) observación; B) apercibimiento y C) multa de 20 a 10.000 unidades reajustables.

Por el artículo 3.º se establece que al margen de las sanciones previstas en el artículo 2.º, el productor final o exportador que presente, para la emisión del certificado de origen que corresponda, una declaración falsa, podrá ser sancionado adicionalmente con la suspensión por un plazo de hasta 18 meses para realizar operaciones en el régimen de origen de que se trate.

La inhabilitación será definitiva cuando se constate la adulteración o falsificación de certificados en cualquiera de sus elementos.

Asimismo, en estos casos, la suspensión o inhabilitación definitiva podrá extenderse a otros regímenes de origen aplicables en nuestro país.

El artículo 4.º establece, siguiendo los criterios de la normativa Mercosur y Aladi vigente, la corresponsabilidad de las entidades emisoras de certificados de origen respecto a la autenticidad de los datos contenidos en el certificado de origen y en la declaración jurada prevista para la emisión de dicho certificado. A tales efectos, el Poder Ejecutivo determinará los procedimientos mínimos de control que deberán aplicar las entidades emisoras para verificar la autenticidad de los datos.

En el artículo 5.º se establece que la corresponsabilidad de las entidades emisoras de los certificados de origen no podrá ser imputada cuando las referidas entidades demuestren haber emitido el certificado de origen en base a informaciones falsas del solicitante sin que se hubiere podido detectar y verificar por la aplicación de los procedimientos mínimos de control a que hace referencia el artículo anterior o, en general, por las prácticas usuales de control a su cargo.

Por el artículo 6.º se establecen las sanciones adicionales que se le podrán imponer a las entidades emisoras cuando se hubieren emitido certificados de origen en base a declaraciones falsas sin que pudieren demostrar haber efectuado los procedimientos mínimos de control. En tal caso, las entidades emisoras podrán ser suspendidas por un plazo de hasta 12 meses para la emisión de nuevas certificaciones de los productos involucrados en la infracción o de cualquier producto en el marco del régimen de origen de que se trate. La reincidencia determinará la desacreditación para emitir certificados de origen que incluso podrá extenderse a otros regímenes de origen aplicables en nuestro país.

El artículo 7.º se refiere a la graduación de las sanciones previstas en esta ley en función de la gravedad de la infracción, el grado de culpabilidad y el carácter de reincidente del infractor, cometiéndole al Ministerio de Economía y Finanzas llevar un registro de infractores.

Por el artículo 8.º se establece que al margen de las sanciones previstas en esta ley y en otras disposiciones legales aplicables, las declaraciones falsas realizadas por el productor o el exportador sobre hechos propios o en interés propio en el marco del régimen de origen, incluyendo la declaración prevista para la emisión del certificado de origen y la valoración en aduana efectuada frente a la autoridad competente, serán puestas en conocimiento de la Justicia Penal.

Por último, el artículo 9.º establece un plazo de 90 días corridos, contados a partir de la fecha de su promulgación, para que el Poder Ejecutivo reglamente esta ley.

En definitiva, señor Presidente, se trata de un proyecto que fue aprobado en su momento por la Cámara de Representantes, pero al que luego se le introdujeron modificaciones sugeridas por el Poder Ejecutivo. Ese es el proyecto que la Comisión propone por unanimidad que sea aprobado y que naturalmente deberá ser remitido nuevamente a la Cámara de Representantes para que apruebe, como seguramente lo hará, las modificaciones sugeridas, reitero, propuestas por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: comparto plenamente el espíritu y la letra de este proyecto de ley, pero quisiera hacer una consulta al señor miembro informante. En particular, me gustaría saber si nos puede decir hasta qué punto se aplica esta normativa en los otros países del Mercosur porque, como todos sabemos, ello se hace en forma muy selectiva. La intención es asegurarme de que tenemos una situación espejo con respecto a los otros países, de tal manera de no poner a nuestras propias empresas en un escenario de desventaja con respecto a los demás países integrantes del bloque.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: hace pocos días también me correspondió informar el Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, suscripto por el Mercosur en Foz de Iguazú. Entendimos que era conveniente aprobar dicho Protocolo para estar en igualdad de condiciones y que desde el exterior no le reclamen a nuestras empresas, a nuestros exportadores, determinadas normas que eventualmente pueden no ser aplicadas en otros países y, sin embargo, podrían ser un buen pretexto para impedir el ingreso de nuestros productos a otros países. Al mismo tiempo, vale la pena hacerlo aplicar con toda su formalidad, para defendernos de conductas improcedentes o competencia desleal, por importaciones de productos que no cumplan con las reglas de origen.

Este concepto une la normativa que se propone sobre el régimen de origen al Protocolo de San Pablo aprobado hace unos días.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me permito agregar que la idea de este proyecto de ley es defendernos de los problemas que están vigentes en el Mercosur.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para una moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1.º

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–15 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–14 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 5.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ROSADILLA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: solicito que se rectifique la votación del artículo 1.º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación del artículo 1.º.

(Se vota:)

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes a los efectos de que esta considere las modificaciones introducidas.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

15) DOCTOR LUIS ANTONIO PACHECO CARVE. DESIGNACIÓN COMO FISCAL LETRADO INSPECTOR

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, a fin de designar en el cargo de Fiscal Letrado Inspector, Escalafón “N”, al doctor Luis Antonio Pacheco Carve. (Carp. n.º 1171/2013 – Rep. n.º 815/2013)».

(Antecedentes:)

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«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos Administrativos

ACTA n.º 64

En Montevideo, el día quince del mes de mayo del año dos mil trece, a la hora once, en la Sala Dr. Martín C. Martínez se reúne la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señora Senadora Lucía Topolansky y señores Senadores Milton Antognazza, Pedro Bordaberry, Rodolfo Nin Novoa y Gustavo Penadés.

Preside su titular, señora Senadora Lucía Topolansky.

Actúan en Secretaría la Secretaria de la Comisión, señora María Celia Desalvo y la Prosecretaria, señora Gloria Mederos.

Concurren por haber solicitado audiencia, por el Colegio de Abogados del Uruguay: doctores Bernardino Real (Presidente), Ricardo Mezzera (Vicepresidente) y Martín Risso y Daniel Ochs (integrantes del Directorio).

Abierto el acto, por Secretaría se da cuenta de los siguientes asuntos entrados:

1) Carpeta n.° 1193/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente para designar en el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Chuy, Escalafón “N”, al doctor José Martín Galliazzi Curbelo. Distribuido n.° 2050/2013.

Pasa a estudio del señor Senador Gustavo Penadés.

2) Carpeta n.° 1194/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente para designar en el cargo de Fiscal Letrado Suplente Departamental, Escalafón “N”, a la doctora Silvana Ana Pedulla Bellomusto (Distribuido n.° 2051/2013).

Pasa a estudio del señor Senador Pedro Bordaberry.

Acto seguido se procede a considerar los siguientes asuntos a estudio:

- Carpeta n.° 1158/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo, por la causal de omisión a los deberes del cargo, a un funcionario perteneciente al Inciso 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”, Unidad Ejecutora 005 “Dirección General Impositiva” (Distribuido n.° 1980/2013).

– La Comisión adopta resolución. Se designa miembro informante al señor Senador Rodolfo Nin Novoa (Informe verbal).

- Carpeta n.° 1166/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo, por la causal de ineptitud física, a un funcionario perteneciente al Inciso 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería”, Unidad Ejecutora 008 “Dirección Nacional de Energía” (Distribuido n.° 1996/2013).

La Comisión adopta resolución. Se designa miembro informante a la señora Senadora Lucía Topolansky (Informe verbal).

- Carpeta n.° 1169/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo, por la causal de ineptitud para el desempeño del cargo, a un funcionario perteneciente al Inciso 07 “Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, Unidad Ejecutora 005 “Dirección General de Servicios Ganaderos” (Distribuido n.° 2005/2013).

La Comisión adopta resolución. Se designa miembro informante al señor Senador Milton Antognazza (Informe verbal).

- Carpeta n.° 1171/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para designar en el cargo de Fiscal Letrado Inspector, Escalafón “N”, al doctor Luis Antonio Pacheco Carve (Distribuido n.° 2023/2013).

La Comisión adopta resolución. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Milton Antognazza (Informe verbal).

La Comisión pasa a cuarto intermedio hasta la hora trece y treinta minutos.

Siendo la hora trece y treinta y cinco minutos, se recibe a la delegación invitada, quienes fundamentan una propuesta para reglamentar los procedimientos previstos constitucionalmente para la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Finalmente, se adoptan las siguientes resoluciones:

1. Incluir la solicitud de venia para designar en el cargo de Fiscal Letrado Inspector, Escalafón “N” al doctor Luis Antonio Pacheco Carve, en la primera sesión extraordinaria que realice el Senado.

2. Poner en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la visita del Colegio de Abogados a esta asesora y remitirle una copia del texto de la propuesta presentada.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido n.° 2075/2013 que integra este documento.

A la hora catorce y doce minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Lucía Topolansky, Presidenta; María Celia Desalvo, Secretaria».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Antognazza.

SEÑOR ANTOGNAZZA.- Señor Presidente: el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168, numeral 13, de la Constitución de la República, solicita la venia requerida de la Cámara de Senadores para la designación del doctor Luis Antonio Pacheco Carve para el cargo de Fiscal Letrado Inspector, Escalafón “N”, Magistrado.

La Ley n.º 18.996, de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, de fecha 7 de noviembre de 2012, en su artículo 189 –entre otros– crea un cargo de Fiscal Letrado Inspector, Escalafón “N”, con una remuneración mensual equivalente por todo concepto, a lo que corresponde a un cargo de Fiscal Letrado Nacional, Escalafón “N”.

La creación de dicho cargo responde a la necesidad de controlar la gestión que desarrollan las distintas sedes fiscales y el cumplimiento de las obligaciones que se imponen a sus titulares, sin perjuicio de respetar su independencia técnica.

Con la tarea inspectiva se trata de detectar, en lo posible, la existencia de eventuales atrasos o dilaciones que se puedan producir en las sedes inspeccionadas.

El Fiscal Letrado Inspector tendrá la competencia, potestad y obligaciones establecidas en el Decreto n.º 103/2013, de 2 de abril de 2013, del Poder Ejecutivo.

La necesidad de contralor en las sedes, ha sido señalada por la Auditoría Interna de la Nación, por entender insuficientes los mecanismos actualmente existentes.

En virtud de lo expuesto, el señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, doctor Jorge Díaz, propone la designación por vía de ascenso, del señor Fiscal Letrado Departamental de Maldonado de Primer Turno, doctor Luis Antonio Pacheco Carve, para ocupar la titularidad del cargo actualmente vacante de Fiscal Letrado Inspector, Escalafón “N”, por ser el Magistrado que a su juicio reúne el perfil adecuado.

A esos efectos, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, doctor Jorge Díaz, elevó a consideración del Ministerio de Educación y Cultura, en el marco de su competencia, el nombre de dicho Magistrado, según los argumentos que expone y que constan en el Distribuido n.º 2023/2013, de 12 de abril del corriente, Carpeta n.º 1171/2013.

El doctor Luis Antonio Pacheco Carve, ingresó al Ministerio Público y Fiscal por resolución del Poder Ejecutivo, con fecha 15 de setiembre de 1993, ocupando el cargo de Asesor I – Abogado, Escalafón “A”, en la Fiscalía Letrada Departamental de Canelones.

Por resolución de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, n.º 127/97, de 24 de febrero de 1997, es redistribuido a la Fiscalía Letrada Departamental de Pando de 1.º y 2.º Turno. Por resolución del Poder Ejecutivo E/C 605, de 12 de diciembre de 1997, es designado por vía de ascenso, en el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Bella Unión.

Posteriormente, por resolución del Ministerio de Educación y Cultura de 11 de febrero de 1999, es trasladado a la Fiscalía Letrada Departamental de Cerro Largo de 2.º Turno, donde se desempeña hasta el 20 de diciembre de 2007, momento en que es trasladado a la Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado de Primer Turno, donde actualmente cumple funciones.

Según surge de la documentación adjunta y con el fin de evaluar la idoneidad técnica y la especial aptitud funcional del doctor Pacheco Carve, se ha efectuado un detallado examen de sus dictámenes, el examen de consulta, la participación en los eventos de formación técnica, el relevamiento de sus antecedentes funcionales y la inexistencia de procedimientos administrativos disciplinarios en el ejercicio de su función.

Todo ello surge, en forma pormenorizada, del Oficio n.º 504/2013, que fue agregado al Mensaje n.º 6/2013 del Ministerio de Educación y Cultura, de 2 de abril de 2013, fojas 1 a 32. Asimismo, para una mejor ilustración, se adjunta un resumen del legajo funcional del Fiscal propuesto que contiene referencias personales y una síntesis de su carrera en el Ministerio Público y Fiscal.

Por lo expuesto, entiendo que el señor Magistrado propuesto reúne las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de Fiscal Letrado Inspector.

Es cuanto considero necesario informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lamentablemente no estamos en condiciones de votar la venia propuesta, ya que se requieren tres quintos de componentes del Senado, esto es, 19 votos, por lo que su consideración podría tener lugar luego de retornar de la sesión secreta y si en ese momento no se contase con el quórum necesario, el punto será incluido en el Orden del Día de la próxima sesión.

16) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día. Solicito a los señores Senadores que mantengamos el quórum para tratar este punto.

(Así se hace. Es la hora 14 y 36 minutos).

(En sesión pública).

–Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 14 y 51 minutos).

–Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- El Senado, en sesión secreta, concedió al Poder Ejecutivo la venia solicitada para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería y a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

17) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR PROSECRETARIO (Miguel Sejas).- “El señor Senador Jorge Larrañaga presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el cual solicita al Poder Ejecutivo se sirva remitir al Poder Legislativo un proyecto de ley por el que se incremente la deducción de IRPF establecida por el literal D del artículo 38 del Texto Ordenado 1996.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

(Texto del proyecto de resolución presentado:)

“Montevideo, 2 de mayo de 2013.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

 

Por este medio dirijo el proyecto de resolución a efectos de su traslado al Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de que el mismo remita al Parlamento Nacional un proyecto de ley con las características que se señalan por ser materia privativa del Poder Ejecutivo.

Jorge Larrañaga. Senador.

MINUTA IRPF

ESTÍMULO AL PROGRESO EDUCATIVO - DEDUCCIÓN INCREMENTADA

Exposición de motivos

Apreciadas las dificultades notorias por las que atraviesa el sistema educativo uruguayo y la situación de atraso educativo que esto genera en los niños y adolescentes que la padecen y que compromete seriamente el futuro de estas generaciones y del país en su conjunto.

Asimismo, visto el bajo rendimiento registrado por los estudiantes, informado recientemente en estudios y pruebas nacionales e internacionales (PISA). Así como los niveles actuales de deserción en el sistema educativo y la creciente tasa de repetición que se torna alarmante en el nivel secundario donde 1 de cada 3 repite primer año de liceo.

Considerando los niveles de recaudación que ha registrado el IRPF en el último año 2012 que ascendió a U$S 1.260:000.000 (mil doscientos sesenta millones de dólares americanos), la recaudación total anual de la DGI que ascendió a U$S 9.500:000.000 (nueve mil quinientos millones de dólares) ubicando al IRPF en segundo lugar en recaudación por debajo del IVA y por encima del IRAE y del IMESI respectivamente, así como las escasas deducciones actualmente vigentes para el IRPF (categoría II): personas a cargo (hijos menores y con discapacidad), fondo de solidaridad, aportes a la seguridad social y cuota hipotecaria, y el escaso valor de la deducción por hijo ubicada en 13 BPC anuales ($ 2.815 mensual) y su reducido impacto como consecuencia de la aplicación de las escalas vigentes en materia de deducciones; así como la ausencia de estímulos tributarios a la educación -en efecto, si bien la deducción por hijo obedece a los gastos en salud y educación, la misma no guarda relación alguna con el progreso o avance del niño o adolescente en el sistema educativo-.

Conforme a lo expresado se propone como medida tributaria la incorporación a la deducción por hijo actualmente vigente para el IRPF (categoría II) un régimen de deducción incrementada que conecte la deducción referida al avance o progreso educativo de los educandos en función a su ubicación en los distintos niveles de la educación formal reconocidos en la Ley n.º 18.437.

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Por lo expuesto la deducción por hijo actualmente prevista en el régimen general se duplicará para los hijos menores de edad inscriptos en el nivel 1, será de dos veces y media para los inscriptos en el nivel 2 y se triplicará para aquellos hijos menores de edad que se ubiquen en el nivel 3.

COSTO Y BENEFICIO: El costo de la medida propuesta es mínimo en lo que respecta a la recaudación del IRPF generando una renuncia tributaria de 4 % de la recaudación del impuesto.

La razón de este reducido impacto obedece a la progresividad de la propia medida y a la aplicación de escalas, a las deducciones incrementadas propuestas, las que se mantienen vigentes.

Corresponde señalar que la deducción incrementada propuesta es general pues beneficia por igual tanto a los que trabajadores que envían a sus hijos al sistema educativo público como privado.

Por último la medida propuesta tendrá un impacto inmediato por cuanto la medida entrará en vigor desde el 1.° de enero de 2014.

CONTROL: El IRPF funciona acorde con el sistema de declaraciones juradas. El beneficio podrá controlarse adecuadamente ya sea por cruzamiento de datos con el sistema educativo público y/o privado o en su caso por fiscalización y/o inspección. En caso de haberse utilizado indebidamente el beneficio previsto incumpliéndose las condiciones a las que se encuentra sujeto el contribuyente y/o responsable tributario será pasible de infracciones por contravención y/o defraudación castigadas con multa.

Obligaciones formales: el proyecto deberá prever la obligación formal de las autoridades del sistema educativo privado y público de comunicar mensualmente a la DGI los nombres y cédulas de los niños y adolescentes a los efectos de verificar en qué nivel dé la estructura se encuentran.

En conclusión: La deducción incrementada propuesta constituye un estímulo tributario directo que conecta el sistema tributario con el sistema educativo mediante la incorporación de un beneficio tributario concreto consistente en el incremento progresivo de la deducción por hijo prevista en el IRPF (trabajo dependiente e independiente -categoría II-) acorde con el avance o progreso que registra el niño o adolescente en su camino educativo (público/privado).

La situación actual del sistema educativo y el diseño actual del IRPF (un diseño que, a nuestro juicio, no contempla debidamente los gastos que realiza el trabajador para generar la renta gravada) justifican, ambos, una medida como la propuesta (deducción incrementada) cuyo costo, beneficio y control, no hacen sino justificar su mérito y oportunidad así como su pronta incorporación al régimen tributario vigente.

Proyecto

Artículo 1.°. Sustitúyese a partir del 1.° de enero de 2014 el literal D del artículo 38 del Título 7 del Texto Ordenado de 1996 por el siguiente:

Artículo 38 Literal D) “Por gastos de educación, alimentación, vivienda y salud no amparados por el FONASA, de hijos menores de edad a cargo del contribuyente 13 BPC (trece Bases de Prestaciones y Contribuciones) anuales por hijo.

La presente deducción se duplicará en caso de hijos menores de edad que se encuentren inscriptos en la Educación Primaria, se duplicará dos veces y media para los hijos menores de edad que se encuentren inscriptos en el ciclo básico de la Educación Media y se triplicará para los hijos menores de edad que se encuentren inscriptos en la Educación Media Superior (Ley n.º 18.347).

Las autoridades del sistema educativo público y privado deberán comunicar mensualmente a la DGI los nombres y cédulas de los niños y adolescentes a los efectos de verificar en qué nivel de la estructura educativa se encuentran los hijos menores de edad a que refiere el inciso anterior”.

La deducción a que refiere el inciso primero se triplicará en caso de hijos mayores o menores, legalmente declarados incapaces, así como aquellos que sufran discapacidades graves, de acuerdo a los criterios que establezca el Banco de Previsión Social. Idénticas deducciones se aplicarán en caso de personas bajo régimen de tutela y curatela.

Jorge Larrañaga. Senador”.

18) DOCTOR LUIS ANTONIO PACHECO CARVE. DESIGNACIÓN COMO FISCAL LETRADO INSPECTOR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado está en condiciones de pronunciarse sobre la venia solicitada para designar al doctor Luis Antonio Pacheco Carve en el cargo de Fiscal Letrado Inspector.

Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Inspector, Escalafón “N”, al doctor Luis Antonio Pacheco Carve».

SEÑOR PRESIDENTE.- El informe correspondiente ya ha sido presentado por el señor Senador Antognazza.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se hará la comunicación pertinente.

19) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 14 y 53 minutos, presidiendo el señor Danilo Astori y estando presentes los señores Senadores Abdala, Agazzi, Antognazza, Baráibar, Bayardi, Bordaberry, Conde, Couriel, Da Rosa, Fernández, Gallinal, Gallo Imperiale, Heber, Michelini, Nin Novoa, Pasquet, Rosadilla, Solari, Tajam y Topolansky).

DANILO ASTORI Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Walter Alex Cofone Director General

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.