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N.º 212 - TOMO 506 - 7 DE MAYO DE 2013

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA

14.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR DANILO ASTORI Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y LOS PROSECRETARIOS MIGUEL SEJAS Y YEANNETH PUÑALES

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- El señor Senador Pedro Bordaberry presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas relativas al abigeato.

- Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Pedidos de informes

- El señor Senador Gallinal solicita se curse un pedido de informes con destino a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA); de Salud Pública; de Ganadería, Agricultura y Pesca; y de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Universidad de la República (Facultades de Medicina, de Química, de Ciencias y de Agronomía), relacionado con los controles y análisis científicos que se efectúan a los ríos y arroyos de la cuenca del río Santa Lucía.

- El señor Senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap), referido a los contratos celebrados entre dicho Ente Autónomo y Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR), relativos a la compraventa de etanol, bioetanol y biodiésel.

- El señor Senador Lacalle Herrera solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional y, por su intermedio, al Comando de la Armada y a la Prefectura Nacional Naval, relacionado con el otorgamiento del título de Práctico a un Capitán de Fragata.

- El señor Senador Solari solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la situación habitacional y el realojo de personas que actualmente viven en diversos barrios del departamento de Colonia.

• con destino al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), relacionado con los fallecimientos ocurridos en los servicios públicos de salud.

- El señor Senador Viera solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, referido a la suspensión de la grabación de una entrevista a un periodista en un canal de televisión uruguayo.

- El señor Senador Penadés solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), relacionado con el control de las aguas del río Santa Lucía y de sus afluentes.

- Oportunamente fueron tramitados.

6) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Gallinal, Lacalle Herrera y Rosadilla.

- Notas de desistimiento. Las presentan las señoras Verónica Alonso y Ana Lía Piñeyrúa y los señores Carlos Gamou, Pablo Álvarez, Javier Salsamendi y Juan Souza.

- Quedan convocados los señores Morelli, García Costa y Clavijo.

7) Renuncia de la doctora Mónica Xavier a su cargo de Senadora de la República

- Nota de la señora Senadora.

- Intervención de varios señores Senadores.

8) Subsidio consagrado en el artículo 5.º de la Ley n.º 15.900

- Solicitud de la señora Mónica Xavier.

- Concedida.

9) “Respuesta de los ecosistemas acuáticos a impactos antropogénicos durante 2011 y 2012”

- Manifestaciones del señor Senador Gallo Imperiale.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a OSE, a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Agricultura y Pesca, y de Salud Pública, a la Intendencia de Canelones, a la Facultad de Ciencias y al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

10) Numeral primero del Orden del Día. Vuelta a Comisión

- Por moción del señor Senador Rosadilla, el Senado resuelve que este asunto vuelva a la Comisión de Asuntos Internacionales.

11) Integración del Cuerpo por renuncia de la señora Senadora Xavier

- Notas de desistimiento. Las presentan el señor Roberto Conde, comunicando que ha cesado en el cargo de Subsecretario de Relaciones Exteriores, pero hasta tanto no sea aceptada su renuncia a la Cámara de Representantes, se ve obligado a desistir a la convocatoria para integrar el Senado; y los señores Walter Morodo, Jorge Basso y Daniel Olesker.

- Queda convocado el señor Eduardo Fernández.

12) Tráfico ilícito de armas

- Proyecto de ley por el que se tipifican delitos y se modifica el artículo 365 del Código Penal.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo

- Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Numeral cuarto del Orden del Día. Vuelta a Comisión

- Por moción del señor Senador Lorier, el Senado resuelve que este asunto vuelva a Comisión hasta que el Poder Ejecutivo promulgue la ley que eleva a la categoría de ciudad a Ecilda Paullier.

15) ”Maestro Julio Castro”

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela Técnica de Toledo, departamento de Canelones.

- Sancionado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

16) “Eneida Texeira de Basaldúa”

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela n.º 54, departamento de Artigas.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Numeral séptimo del Orden del Día. Postergación

- Por moción de la señora Senadora Moreira, el Senado resuelve postergar la consideración de este punto hasta la próxima sesión.

18) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a dos funcionarios públicos

- Concedidas.

19) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 3 de mayo de 2013.

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 7 de mayo, a la hora 9:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se aprueba el Acuerdo para la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, firmado en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 16 de abril de 2012 y en Miami, Estados Unidos de América, el 21 de mayo de 2012.

Carp. n.º 1062/2012 – Rep. n.º 794/2013.

2.º) por el que se tipifican delitos y se modifica el artículo 365 del Código Penal sobre Tráfico Ilícito de Armas.

Carp. n.º 845/2012 – Rep. n.º 801/2013 – Anexo I.

3.º) por el que se aprueba el Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, suscrito por el Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, el 15 de diciembre de 2010.

Carp. n.º 773/2012 – Rep. n.º 802/2013.

4.º) por el que se designa con el nombre de “David Manuel Hugo Roher” la Escuela Técnica de villa Ecilda Paullier, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 1092/2012 – Rep. n.º 796/2013.

5.º) por el que se designa con el nombre de “Maestro Julio Castro” la Escuela Técnica de Toledo, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 1099/2012 – Rep. n.º 797/2013.

6.º) por el que se designa con el nombre de “Eneida Texeira de Basaldúa” la Escuela n.º 54, departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 1153/2013 – Rep. n.º 795/2013.

7.º) por el que se designa con el nombre de “Maestra Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes n.º 81, departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 1154/2013 – Rep. n.º 798/2013.

8.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo:

-a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, “Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica”. (Plazo constitucional vence el 11 de junio de 2013).

Carp. n.º 1156/2013 – Rep. n.º 799/2013.

- a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, “Dirección General de Servicios Ganaderos”. (Plazo constitucional vence el 7 de julio de 2013).

Carp. n.º 1170/2013 – Rep. n.º 800/2013.

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Agazzi, Amorín, Antognazza, Baráibar, Bordaberry, Chiruchi, Couriel, Da Rosa, Gallo Imperiale, García Costa, Heber, Larrañaga, Lorier, Martínez, Michelini, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Morelli, Nin Novoa, Pasquet, Penadés, Peña, Rosadilla, Rubio, Saravia, Solari, Tajam, Topolansky y Viera; y a partir de la hora 10 y 40, el señor Senador Fernández supliendo a la señora Senadora Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Abreu, Gallinal y Lacalle Herrera; y con aviso, la señora Senadora Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 35 minutos).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza la contratación, por parte de la Banca Oficial, de hasta ciento cincuenta funcionarios provenientes del Banco Bandes Uruguay S.A.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, y su Protocolo, firmados en la ciudad de Brasilia, el 23 de octubre de 2012.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se autoriza el ingreso al país de buques y personal de las Armadas de la República Argentina, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República Federativa del Brasil y de la República del Paraguay, a efectos de participar en el Ejercicio “ACRUX VI”, el cual se realizará en proximidades del puerto de Nuevo Berlín, departamento de Río Negro, en el período comprendido entre el 3 y el 20 de junio de 2013.

A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

El Poder Ejecutivo remite los siguientes Mensajes:

- por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República, para conferir el ascenso al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1.º de febrero de 2013, a varios señores Tenientes Coroneles.

A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

- por los que solicita la venia correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, a los efectos de designar:

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Rumania al señor Manuel Gonzalo Vieira Merola.

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Chile al señor Rodolfo Camarosano Bersani.

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Nicaragua al señor Carlos Martín Silva Aparicio.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, para designar como Fiscal Letrado Departamental de Chuy (Escalafón “N” Magistrados), al doctor José Martín Galliazzi Curbelo.

- por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, para designar como Fiscal Letrado Suplente Departamental (Escalafón “N” Magistrados) a la doctora Silvana Ana Pedulla Bellomusto.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- por el que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, hasta por un plazo de ciento veinte días, el subsidio por desempleo de los extrabajadores de Clademar S.A. (Frigorífico Florida).

- por el que se concede una pensión graciable al señor Carlos Borges Galasso.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Carlos Leonel Martínez Díaz.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Carlos Omar Álvarez Silva.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Antonio Tormo Sena.

- por el que se otorgan grados honoríficos al personal de la Fuerza Aérea Uruguaya fallecido como consecuencia del accidente aéreo ocurrido en la República de Haití el día 9 de octubre de 2009.

- por el que se dictan normas relativas al matrimonio igualitario.

- por el que se declara el día 11 de mayo de cada año como “Día Nacional de la Resucitación Cardíaca”.

- por el que se designa con el nombre de “Miguel J. Cutinella” la Escuela Técnica de la ciudad de Tarariras, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se aprueba el Convenio Internacional del Aceite de Oliva y Aceitunas de Mesa, firmado el 29 de abril de 2005 en Ginebra, Suiza.

- por el que se deroga el artículo 288 de la Ley n.º16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 124 de la Ley n.º18.627, de 2 de diciembre de 2009, sobre Sociedades Comerciales.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite respuestas de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) al cuestionario formulado por el señor Senador Gustavo Penadés, en oportunidad de la comparecencia del Directorio de AFE ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado durante el estudio de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2011.

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO.

El Ministerio de Defensa Nacional remite un mensaje rectificando el de fecha 13 de marzo de 2013, por el cual se solicitaron las venias correspondientes para conferir los ascensos al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1.º de febrero de 2013, de acuerdo con lo establecido por el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y Ucrania sobre Relaciones de Amistad y Cooperación, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 25 de abril de 2012.

- por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República Socialista de Vietnam y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, suscrito en la ciudad de Hanói, República Socialista de Vietnam, el 15 de junio de 2010.

- por el que se aprueban las modificaciones y ampliaciones que se hicieron al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en la Conferencia de Revisión celebrada en Kampala, República de Uganda, del 31 de mayo al 11 de junio de 2010, contenidas en las Resoluciones 5 y 6, y sus respectivos Anexos.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se establece el rediseño integral de la educación policial y militar.

- por el que se designan con el nombre de “Complejo Educativo Matilde Pacheco de Batlle y Ordóñez” las Escuelas n.os 59 y 119 del departamento de Montevideo, dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

- por el que se designa con el nombre de “Granja Sánchez” el paraje conocido como Costas de Corrales, ubicado al sur del departamento de Treinta y Tres, a orillas del arroyo Corrales, a tres kilómetros de la ruta nacional n.º8, Brigadier General Juan Antonio Lavalleja.

A LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

- por el que se regula la actividad minera de gran porte.

A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.

Asimismo, comunica:

- que ha designado, para integrar la Comisión Administrativa del Poder Legislativo que actuará durante el Cuarto Período de la XLVII Legislatura, a los señores Representantes Carlos Varela, Felipe Carballo y Carmelo Vidalín.

TÉNGASE PRESENTE.

- que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

- por el que se declara el día 11 de mayo de cada año como “Día Nacional de la Resucitación Cardíaca”.

- por el que se designa con el nombre de “Miguel J. Cutinella” la Escuela Técnica de la ciudad de Tarariras, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se deroga el artículo 288 de la Ley n.º16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 124 de la Ley n.º18.627, de 2 de diciembre de 2009, sobre Sociedades Comerciales.

- y que ha aceptado las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores a los siguientes proyectos de ley:

- por el que se dictan normas sobre los llamados a licitación de obras nacionales o binacionales o por convenios nacionales e internacionales, dentro de las aguas jurisdiccionales y territoriales de la República.

- por el que se dictan normas relativas al matrimonio igualitario.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La señora Senadora Mónica Xavier presenta una nota por la cual renuncia al cargo de Senadora de la República.

HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo para la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, firmado en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 16 de abril de 2012, y en Miami, Estados Unidos de América, el 21 de mayo de 2012.

- por el que se aprueba el Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, suscrito por el Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, el 15 de diciembre de 2010.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa con el nombre de “David Manuel Hugo Roher” la Escuela Técnica de villa Ecilda Paullier, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa con el nombre de “Maestro Julio Castro” la Escuela Técnica de Toledo, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa con el nombre de “Eneida Texeira de Basaldúa” la Escuela n.º54, departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa con el nombre de “Maestra Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes n.º81, departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de sus cargos:

- a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional; y

- a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

HAN SIDO REPARTIDAS Y ESTÁN INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se deroga el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

- por el que se realizan ajustes a la tributación del sector agropecuario.

REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN.

La Suprema Corte de Justicia remite:

- respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor Senador Ope Pasquet, relacionado con una solicitud de intervención policial realizada el pasado 15 de febrero en la sede de la citada Corporación.

OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR PASQUET.

- copia de 10 sentencias contra el Poder Legislativo y Otro. Acción de Inconstitucionalidad. Artículos 1.º, 2.º, 10 y 11 de la Ley n.º18.876, de 29 de diciembre de 2011, sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

La Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) remite nota relacionada con las palabras pronunciadas por el señor Senador Luis Alberto Heber, en sesión de fecha 21 de abril de 2013, sobre los inconvenientes que surgen de la normativa para la construcción de complejos de viviendas.

TÉNGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Rivera remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Ariel Tejeiro, relacionadas con la situación que atravesó durante la dictadura militar.

A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN.

La Junta Departamental de Soriano remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Fernando Vélez, relacionadas con un informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, acerca de la instalación de una planta aceitera en dicho departamento.

A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

La Junta Departamental de Flores remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Carlos Mecol:

- relacionadas con la posible venta del predio donde se ubica la Playa de la Agraciada.

- relacionadas con la construcción del proyecto Antel Arena (Cilindro).

La Junta Departamental de San José remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Alejandro Britos, relacionadas con la necesidad de que todas las dependencias de ASSE cuenten con camillas especiales para discapacitados.

La Junta Departamental de Canelones remite:

- copia de una resolución por la cual manifiesta su apoyo al proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Empresas en Accidentes de Trabajo, actualmente a estudio de la Cámara de Representantes.

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora Edila Pamela De León, referidas al tema «Identidad Pedrense: Julio Sosa “El Varón del Tango”».

TÉNGANSE PRESENTES.

La Junta Departamental de Paysandú remite:

- copia de la moción presentada por el señor Edil Walter Duarte, referida a las propuestas del SUNCA para combatir la siniestralidad laboral.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- copia de la moción presentada por el señor Edil Enrique Malel, referida al conflicto entre la República Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

TÉNGASE PRESENTE.

El Grupo “Guerreras de Ley” remite nota relacionada con la reglamentación de la Ley n.º18.651, de 19 de febrero de 2010, sobre Protección Integral de Personas con Discapacidad.

A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN».

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Pedro Bordaberry presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas de conducta para los titulares de cargos políticos y de particular confianza.

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

Proyecto de Ley

NORMAS DE CONDUCTA DE LOS TITULARES DE CARGOS POLÍTICOS Y DE PARTICULAR CONFIANZA

Capítulo I.- Plan de Gestión Obligatorio e Instituto Parlamentario de Evaluación

Artículo 1.º.Los Ministros del Poder Ejecutivo, los ciudadanos designados para ocupar cargos políticos y de particular confianza en la Administración Central y los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados deberán producir dentro de los sesenta días de su designación, el plan de gestión que se proponen llevar adelante mencionado en el artículo anterior.

Al finalizar cada ejercicio anual, deberán presentar una rendición de cuentas de lo actuado en el mismo. En ocasión de la presentación de la rendición de cuentas antedicha podrán realizar las adaptaciones y modificaciones al plan de gestión.

Igual obligación comprenderá a los titulares de cargos políticos y de particular confianza, dependientes del Poder Ejecutivo y los representantes del Estado en las personas jurídicas de derecho público no estatal y en las empresas de derecho privado, integradas mediante participaciones de propiedad de organizaciones de Derecho Público, nacionales o extranjeras. Estos remitirán sus informes al Instituto Parlamentario de Evaluación por intermedio de los Ministerios en cuya órbita actúen.

Dichos planes y rendiciones de cuentas se presentarán ante el Instituto Parlamentario de Evaluación que se crea por la presente ley.

Artículo 2.º.(Creación).- Créase el Instituto Parlamentario de Evaluación (IPE), como una institución dependiente del Poder Legislativo, que tendrá por cometido, el seguimiento de la gestión de los cargos políticos y de particular confianza.

El Instituto Parlamentario de Evaluación estará integrado por cinco miembros titulares designados mediante el voto de los dos tercios de los integrantes de la Asamblea General, dentro de los noventa días del inicio de cada Legislatura. Conjuntamente, y por el mismo procedimiento se designará un número doble de suplentes. Las designaciones deberán recaer en ciudadanos que por sus condiciones personales y técnicas aseguren el cumplimiento de los cometidos asignados.

El desempeño en el Instituto Parlamentario de Evaluación es incompatible con cualquier otra actividad remunerada pública o privada, salvo la docencia. Si ocupara algún cargo público, quedará comprendido en lo establecido por el artículo21 de la Ley n.º 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

La presidencia del Instituto Parlamentario de Evaluación rotará anualmente entre todos los miembros que lo integren en titularidad. La Asamblea General dispondrá en el momento de la designación, el orden en que ocuparán el cargo.

El Instituto Parlamentario de Evaluación dictará su reglamento de funcionamiento, el que deberá ser sometido a aprobación de la Asamblea General.

Artículo 3.º.(Competencia).- Será de competencia del Instituto Parlamentario de Evaluación:

1. Recibir de los Ministros de Estado, de los Directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados y de los representantes del Poder Ejecutivo en las personas de derecho público no estatal o empresas de derecho privado con participación del Estado, en el inicio del período de gobierno o a partir de los sesenta días de su designación, el plan de gestión que se proponen llevar adelante.

2. Recibir al finalizar cada ejercicio anual, una rendición de cuentas de lo actuado en el mismo.

3. Producir un informe anual sobre el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los planes de gestión.

4. Sistematizar y conservar la información referida a la gestión de la Administración Central y de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados que reciba en virtud de la presente ley.

5. Asesorar a las comisiones parlamentarias y a los Legisladores sobre las materias de su competencia.

Artículo 4.º.(Presupuesto).- El presupuesto del Instituto Parlamentario de Evaluación será aprobado por la Cámara de Senadores dentro de los 90 (noventa) días de haber asumido sus integrantes.

Artículo 5.º.(Rendición de cuentas).- El Instituto Parlamentario de Evaluación rendirá cuentas de su gestión, anualmente a la Cámara de Senadores.

Artículo 6.º. El Instituto Parlamentario de Evaluación elaborará el listado de órganos, cargos y funciones obligados por la presente ley.

Capítulo II.- Prácticas de Gestión

Artículo 7.°. (Buenas prácticas de transparencia fiscal).- Los titulares de cargos políticos y de particular confianza y los representantes del Estado en las personas jurídicas de derecho público no estatal y en las empresas de derecho privado, nacionales o extranjeras, deberán promover, en el ámbito de sus competencias, las siguientes buenas prácticas de gestión:

A) Clara definición de funciones y responsabilidades.

Se deberá:

i) Definir con precisión las funciones de los diferentes niveles del gobierno.

ii) Establecer mecanismos claros de coordinación y gestión de las actividades presupuestarias y extrapresupuestarias.

iii) Fundamentarse en acuerdos claros las relaciones entre el gobierno y los organismos no gubernamentales del sector público.

iv) Ser transparente y pública y ajustarse a normas y procedimientos claros que se apliquen sin discriminación la intervención del gobierno en el sector privado.

B) Marco jurídico y administrativo claro para la gestión fiscal.

Deberá:

i) Regirse por normas que regulen las operaciones presupuestarias y administrativas asequibles a todo compromiso o gasto de fondos públicos.

ii) Basarse en normas jurídicas explícitas, los impuestos, derechos, tasas y contribuciones.

iii) Ser fácilmente asequibles y comprensibles, los reglamentos tributarios enunciándose claramente los criterios que regirán toda discrecionalidad administrativa en su aplicación.

iv) Ajustarse a normas éticas claras y ampliamente difundidas, la conducta de los funcionarios públicos.

C) Acceso del público a la información.

Se deberá proporcionar al público información completa sobre las operaciones fiscales pasadas, actuales y futuras del gobierno. A tales efectos deberá tenerse en cuenta que:

i) Los documentos presupuestarios, las cuentas presupuestarias definitivas y otros informes fiscales destinados al público deberán abarcar todas las actividades presupuestarias y extrapresupuestarias. Asimismo, deberá publicarse el saldo fiscal consolidado.

ii) Se divulgará información comparable a la que figura en el presupuesto anual sobre los resultados de los dos ejercicios anteriores, así como previsiones relativas a los principales agregados presupuestarios en los dos ejercicios siguientes.

iii) Los documentos presupuestarios deberán incluir estados de cuentas en los que se describan la naturaleza y la importancia fiscal de los pasivos contingentes y el gasto tributario del gobierno central y de las actividades cuasi-fiscales.

iv) Se divulgará información completa sobre el nivel y la composición de su deuda y de sus activos financieros.

D) Transparencia en la preparación, ejecución y publicación del presupuesto.

En la documentación presupuestaria deberán especificarse los objetivos de política fiscal, el marco macroeconómico, las políticas en que se fundamenta el presupuesto y los principales riesgos fiscales detectables, debiendo:

i) Presentarse una declaración de objetivos de política fiscal y una evaluación de la viabilidad fiscal, que sirvan de marco para el presupuesto anual.

ii) Especificarse claramente las normas fiscales que se hayan adoptado, tales como el requisito de un presupuesto equilibrado o límites al endeudamiento de los diferentes niveles de gobierno.

iii) Prepararse y presentarse en un marco macroeconómico cuantitativo integral y coherente. Asimismo, deberán incluirse los supuestos principales en que se basa el presupuesto.

iv) Describirse claramente toda política nueva que se introduzca en el presupuesto anual.

v) Identificarse y cuantificarse, toda vez que sea posible, los principales riesgos fiscales que podrían afectar al presupuesto anual, tales como las variaciones de los supuestos económicos y la falta de certeza con respecto al costo de ciertos compromisos de gasto.

vi) La información presupuestaria deberá presentarse de manera que facilite el análisis de las políticas y que estimule la rendición de cuentas, teniendo en cuenta que:

E) Deberán especificarse claramente los procedimientos de ejecución y control de los gastos aprobados, así como los que se apliquen a la recaudación de ingresos, a cuyos efectos:

i) Se empleará un sistema contable integrado de alcance general que constituya una base fiable para evaluar las actividades realizadas.

ii) Los reglamentos sobre adquisiciones y contratación de personal deberán ser uniformes, y todas las partes interesadas deberán tener acceso a ellos.

iii) La ejecución del presupuesto deberá someterse a una auditoría interna y deberá existir la posibilidad de examinar los procedimientos de auditoría.

iv) Se informará anualmente a la Asamblea General sobre las operaciones fiscales. Dichos informes serán de acceso público.

F) Garantías de integridad.

Los datos fiscales deberán cumplir las normas generales aceptadas sobre la calidad de los datos, en especial:

i) Los datos presupuestarios reflejarán las tendencias recientes de los ingresos y gastos, la evolución macroeconómica básica y compromisos bien definidos en materia de políticas.

ii) El presupuesto anual y las cuentas presupuestarias definitivas indicarán el método contable utilizado (por ejemplo, contabilidad en valores de caja o en valores devengados) y las normas aplicadas a la recopilación y presentación de los datos presupuestarios.

iii) Se brindarán seguridades específicas respecto de la calidad de los datos fiscales. En particular, se indicará si los datos de los informes fiscales son congruentes entre sí, y si se han conciliado con datos pertinentes provenientes de otras fuentes.

iv) La información fiscal estará sujeta a una evaluación independiente, que comprenderá los pronósticos fiscales, los pronósticos macroeconómicos, así como los supuestos en los que se fundamentan.

Capítulo III - Normas generales

Artículo 8.°. Los titulares de los cargos políticos y de particular confianza están alcanzados por el régimen general de obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades inherentes al ejercicio de la función pública.

Artículo 9.°. Los funcionarios mencionados en el artículo anterior tendrán prohibido:

A) Negar información o documentación que haya sido solicitada de conformidad de la ley.

B) Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.

C) Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes de la institución.

D) Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado privadamente como técnico.

E) Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de la función.

Artículo 10.°. Los funcionarios mencionados anteriormente deberán:

A) Actuar con imparcialidad, lo que significa conferir igualdad de tratamiento en igualdad de situaciones a todas las personas a que refiera o se dirija su actividad pública.

B) Evitar cualquier tratamiento preferencial, discriminación o abuso del poder o de la autoridad hacia cualquier persona o grupo de personas con quienes su actividad pública se relacione.

C) Excusarse de intervenir o podrán ser recusados cuando medie cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, estando a lo que resuelva su jerarca.

D) Distinguir y separar los intereses personales del interés público.

E) Adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses en el desempeño de sus funciones.

F) Actuar con transparencia en el cumplimiento de su función.

G) Asegurar la aplicación del mismo criterio por parte de sus subordinados y el libre acceso a la información por parte de todo interesado, con las excepciones establecidas por la ley.

H) Ajustarse a las normas de administración financiera aplicables, a los objetivos y metas previstos, al principio de buena administración, en el manejo de los dineros o valores públicos y la custodia y administración de bienes de organismos públicos.

Artículo 11.°. (Declaración jurada de implicancias). Los funcionarios mencionados en los artículos precedentes, deberán presentar dentro de los treinta días de la asunción de su cargo o de la verificación de toda nueva situación de implicancia, una declaración jurada conteniendo toda clase de vinculación o actividades que mantengan con empresas o personas con las que pudiera establecerse un conflicto de interés, individualizándolas y declarando el tipo de relacionamiento o intereses con ellas. Dicha presentación se hará aún en los casos dudosos, con las aclaraciones pertinentes.

Dicha declaración jurada deberá ser presentada, ante el superior jerárquico si existiera o ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Artículo 12.°. (Prohibición de uso indebido de bienes públicos). Los funcionarios públicos deberán utilizar los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al organismo público en que revistan o asignados a su uso o consumo, exclusivamente para el funcionamiento de los servicios a su cargo.

Artículo 13.º. Está prohibido el uso de locomoción, combustible, repuestos y servicios de reparaciones de cargo de toda fuente de fondos públicos, por parte de cualquier funcionario público, fuera de lo necesario para el cumplimiento de sus tareas.

En ningún caso el ejercicio de una función pública podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo perteneciente a cualquier organismo o afectado a su uso, fuera de los requerimientos del servicio en sentido estricto, salvo las excepciones dispuestas legal y reglamentariamente.

Los vehículos pertenecientes al organismo público o asignados a su uso deberán ser guiados por personal con licencia habilitante y no podrán ser aplicados para usos de índole particular, salvo los casos excepcionales debidamente justificados.

Capítulo IV - Sanciones

Artículo 14.°. El incumplimiento de las obligaciones que aquí se establecen a los funcionarios públicos, será sancionado por el IPE de la siguiente forma:

A) Apercibimiento;

B) Multa de hasta 10.000 U.I. y en caso de reincidencia hasta cinco veces más.

C) Cese en casos graves.

Exposición de motivos

En estos momentos se está discutiendo un nuevo Estatuto del Funcionario Público. Parece oportuno legislar, también, para establecer obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades para los titulares de los cargos políticos y de particular de confianza. Ello para asegurar que su gestión se desarrollará en un marco de probidad, transparencia y eficiencia y completar una visión sobre toda la actividad pública.

Los referidos funcionarios ocupan posiciones de importancia y visibilidad. Por la naturaleza de sus cargos deben ser los primeros en asegurar, con su conducta y criterios de administración, que el Estado esté al servicio de los ciudadanos y de la sociedad toda. También que su actuación se ajuste a las normas de administración financiera aplicables, a los objetivos y metas previstos y al principio de una buena administración.

La moderna ciencia de la administración exige previsión, la fijación de objetivos, medios, planes de gestión y medición de resultados.

Quien accede a un cargo de jerarquía lo debe hacer conociendo bien cuál es la visión, la misión de la organización que integrará y el plan de gestión que llevará a cabo.

Por ello se entiende necesario complementar los proyectos existentes con esta propuesta de regulación también de quienes ocupan los cargos políticos de jerarquía en los ministerios y empresas del Estado.

Este proyecto consta de tres capítulos. El primero refiere al plan de gestión y la creación del Instituto Parlamentario de Evaluación, el segundo a las prácticas de gestión y el tercero impone normas de conducta a titulares de cargos públicos.

En el capítulo I se establece, además, otra obligación para los Ministros del Poder Ejecutivo, los ciudadanos designados para ocupar cargos políticos y de particular confianza en la Administración Central y los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Los mismos deberán producir dentro de los sesenta días de su designación, el plan de la gestión que se proponen llevar adelante debiendo presentar, al finalizar cada ejercicio anual, una rendición de cuentas de lo actuado.

Igual obligación comprenderá a los titulares de cargos políticos y de particular confianza, dependientes del Poder Ejecutivo y los representantes del Estado en las personas jurídicas de derecho público no estatal y en las empresas de derecho privado, integradas mediante participaciones de propiedad de organizaciones de Derecho Público, nacionales o extranjeras.

A efectos de realizar el seguimiento de la gestión de los cargos políticos y de particular confianza, recepcionar y analizar los mismos, se propone la creación del Instituto Parlamentario de Evaluación (IPE). Se prevé el mismo como una institución dependiente del Poder Legislativo integrada por cinco miembros titulares designados mediante el voto de los dos tercios de los integrantes de la Asamblea General, dentro de los noventa días del inicio de cada legislatura. Tendrá además el cometido de asesorar a las comisiones parlamentarias y a los Legisladores sobre las materias de su competencia.

En el capítulo II se determinan una serie de buenas prácticas de gestión a las que deberán ajustarse, en el desempeño de sus cargos, los titulares de cargos políticos y de particular confianza y los representantes del Estado en las personas jurídicas de derecho público no estatal y en las empresas de derecho privado nacionales o extranjeras.

Finalmente en el capítulo III se establece una serie de prohibiciones y obligaciones y hace obligatoria para los titulares de los cargos políticos y de particular confianza la presentación ante el superior jerárquico –si existiera– o ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, de una declaración jurada de implicancias. La misma debe incluir toda clase de vinculación o actividades que mantengan con empresas o personas con las que pudiera establecerse un conflicto de interés, individualizándolas y declarando el tipo de relacionamiento o intereses con ellas.

Pedro Bordaberry. Senador”.

5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Francisco Gallinal, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA); de Salud Pública; de Ganadería, Agricultura y Pesca; y de Educación y Cultura, y, por su intermedio, a la Universidad de la República (Facultades de Medicina, de Química, de Ciencias y de Agronomía), relacionado con los controles y análisis científicos que se efectúan a los ríos y arroyos de la cuenca del río Santa Lucía”.

-OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

“Montevideo, 10 de abril de 2013.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

De mi mayor consideración:

 

En ejercicio de la facultad que confiere el art.118 de la Constitución de la República, vengo a solicitarle se dé curso al siguiente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y además por su intermedio a OSE y a la URSEA, y al Ministerio de Salud Pública; de Ganadería, Agricultura y Pesca y Educación y Cultura y por su intermedio a la Universidad de la República (Facultades de Medicina, Química, Ciencias y Agronomía).

1.°) se nos remitan copias de todos los informes, controles y análisis científicos que se realizan a los ríos y arroyos de la cuenca del río Santa Lucía y a este especialmente sobre las características del agua (olor, gusto, transparencia, presencia de algas, bacterias, pesticidas y fertilizantes).

2.°) copias de las resoluciones del Directorio de OSE, URSEA, Ministerios y Facultades, sus antecedentes administrativos y los dictámenes técnicos vinculados a la controversia pública sobre la presencia de elementos extraños en el río Santa Lucía.

3.°) nómina de los funcionarios, cargo, función e idoneidad técnica, que intervinieron en los controles y análisis del río.

4.°) si hay Política Nacional de Aguas, se nos remita copia de la misma así como de los convenios vigentes entre los Ministerios, OSE y la Universidad de la República, para su cumplimiento, así como de la integración y accionar de los Consejos Nacionales de Agua y Regionales de Recursos Hídricos creados por Ley n.° 18.610, de 28 de octubre de 2009.

5.°) si se tomaron medidas cautelares por parte de OSE como ser la incorporación de filtros granulados de carbón activado en la planta de Aguas Corrientes (departamento de Canelones) u otras similares.

Saluda muy atte.

Francisco Gallinal. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Pedro Bordaberry, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap), referido a los contratos celebrados entre dicho Ente Autónomo y Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR), relativos a la compraventa de etanol, bioetanol y biodiésel”.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

“Montevideo, 19 de abril de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Danilo Astori

Presente

De mi mayor consideración:

 

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fin de que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap) informe y remita:

1.°) Nómina de contratos celebrados entre la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap) y Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR) relativos a la compraventa de etanol, bioetanol y biodiésel (vigentes y rescindidos), remitiendo copia de los mismos.

2.°) Copia de las resoluciones del Directorio de Ancap por las que se aprobó las suscripción de los mismos.

3.°) Se remitan las actas del Directorio de Ancap en las que conste cómo votó cada uno de los integrantes del Directorio en ocasión de la adopción de las referidas resoluciones.

4.°) Se informe en detalle los montos pagados a ALUR por parte de Ancap por concepto de reliquidaciones de las compraventas de etanol, bioetanol y biodiésel realizadas durante los años 2010, 2011 y 2012.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Pedro Bordaberry. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Luis Alberto Lacalle Herrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional y, por su intermedio, al Comando de la Armada y a la Prefectura Nacional Naval, relacionado con el otorgamiento del título de Práctico a un Capitán de Fragata”.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 30 de abril de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

De mi mayor consideración:

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a Ud. elevar el presente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, Comando de la Armada y Prefectura Nacional Naval.

A) Se solicita al Comando de la Armada:

1) Fotocopia certificado de la Resolución del Comando de la Armada n.º 90166 mediante la cual se otorgó el título definitivo de práctico al C/F (R) Leonardo Larrosa.

2) Constancia de que el citado Sr. Larrosa cumplió todos los requerimientos para ser titulado que prescribe el Reglamento General del Prácticos (Decreto del Poder Ejecutivo 308/86 y modificativos) especialmente los requisitos exigidos por el art. 69 de dicha norma.

B) Se solicita al Ministerio de Defensa Nacional:

1) Texto que documente la transacción entre ese Ministerio y el Sr. Larrosa, que puso fin al litigio Larrosa, Leonardo c/Estado Ministerio de Defensa Nacional, Acción de Amparo. Ficha IUE 2-050408/2012, tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3.er Turno.

2) Si durante esta tramitación se tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo n.º 711 de 30 de octubre de 2012 que dice: “no correspondía la expedición ni de la habilitación provisoria ni del Título de Práctico porque el actor no habría aprobado la prueba. El examen práctico final previsto en el art. 67 del Reglamento no es una mera finalidad como sostiene el actor, sino un requisito ineludible para la obtención del título”.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Alfredo Solari, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la situación habitacional y el realojo de personas que actualmente viven en diversos barrios del departamento de Colonia.

- con destino al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), relacionado con los fallecimientos ocurridos en los servicios públicos de salud.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Textos de los pedidos de informes:)

“Montevideo, 30 de abril de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

 

Solicito se sirva cursar al Ministerio de Desarrollo Social, al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, el presente pedido de informes.

El mismo hace referencia a la situación habitacional y realojo de las personas que actualmente viven en diversos barrios del departamento de Colonia.

En ocasión de conversar con los vecinos de dichas zonas los mismos han expresado su inquietud respecto a lo que entienden es una actuación no coordinada y extremadamente burocratizada entre el Mides, el MVOTMA y la Intendencia Municipal de Colonia.

En tal sentido se solicita se nos informe:

1. Si mantiene vigencia el proyecto de distribución y ocupación de las 150 viviendas que actualmente son habitadas por los obreros de Montes del Plata entre las poblaciones de Villa Malvinas, Villa Ferrando y Villa Esperanza.

2. Si existe un censo de la población que actualmente habita dichas villas. En caso afirmativo se solicita remisión de los datos estadísticos respectivos.

3. Se nos informe sobre acciones planificadas y cronograma a cumplirse para el realojo de dichas familias. Sería de interés saber cuántas familias quedarán aún en las villas, así como qué proyecto se elaboró a su respecto, dado que en muchos casos ocupan terrenos inundables y no cuentan con los servicios públicos básicos.

4. Si existe coincidencia entre los diversos organismos intervinientes respecto a los criterios que se emplearán para el realojo y cuáles son los factores tenidos en cuenta para la adjudicación de viviendas (ej. estructura familiar, capacidad de pago, acreditación de buena vecindad, vulnerabilidad social, etc.).

5. Si es cierto que las viviendas de COVIMALVINAS, originariamente destinadas a la población de Villa Malvinas, fueron destinadas a otros grupos sociales (funcionarios municipales, policiales, etc.).

6. En caso afirmativo se nos informe específicamente qué acciones se han adoptado o adoptarán para mejorar la situación de las personas que habitan en Villa Malvinas.

7. De quién es la titularidad de las tierras que hoy ocupan dichos asentamientos (privada, fiscal, municipal, etc.), detallando en cada caso.

8. Se nos remita copia de los informes elevados por la Coordinadora Departamental del Mides sobre la situación de estas poblaciones y medidas aconsejadas por quien es la conocedora in situ de la situación de las mismas, Sra. Ana Prieto.

Sin otro particular, lo saluda atte.

Alfredo Solari. Senador”.

«Montevideo, 2 de mayo de 2013.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

De mi mayor consideración:

 

En ocasión de la concurrencia de la Sra. Ministra de Salud y autoridades del Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado a la Comisión de Salud del Senado el día martes 30 de mayo próximo pasado, el suscrito solicitó información respecto a 10 fallecimientos ocurridos en los servicios públicos de salud y expresó la necesidad de comunicar a la población los resultados de las investigaciones que se cumplieron a su respecto en el ámbito de la Administración.

Las autoridades de salud, a su vez, manifestaron estar cumpliendo acciones al respecto y expresaron su desacuerdo en el conocimiento público de tales hechos ya que se causaría alarma injustificada en la población, así como el ejercicio de una “medicina defensiva” por parte de los médicos.

Considerando el número de casos a los que se suma otro número similar de denuncias sobre carencias, malos tratos (a usuarios y funcionarios), demoras asistenciales y otras circunstancias que hacen a una incorrecta atención sanitaria a la población, se suma que el primero de los casos lleva seis meses de ocurrido, lo que se estima tiempo más que suficiente para la culminación de cualquier investigación administrativa.

Consecuentemente, se solicita a la Presidencia de Cámara se sirva cursar al Ministerio de Salud y por su intermedio a las autoridades de ASSE -al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República- el siguiente pedido de informes a fin de que se determine cuáles son las inexactitudesa las que hizo referencia la señora Presidenta de ASSE, Dra. Alba Beatriz Silva, sobre el detalle de los fallecimientos ocurridos en establecimientos asistenciales públicos respecto de los cuales se requirió información y conclusiones de las investigaciones cumplidas.

Concretamente se solicita se informe:

1. Si los fallecimientos descriptos en el memorando adjunto (que forma parte del presente pedido de informes y cuya copia oportunamente se entregará a las autoridades sanitarias) efectivamente ocurrieron. Asimismo se informe si la atención sanitaria se brindó en los establecimientos asistenciales y circunstancias descriptas.

2. Si sobre todos los casos se efectuaron las correspondientes investigaciones de urgencia, investigaciones administrativas y si se dispusieron sumarios, de corresponder. Se solicita se cite los números de expedientes administrativos por los cuales se tramitan las actuaciones y resoluciones dictadas como cabeza de procedimiento.

3. Se informe la etapa en que se encuentran. En caso de haberse finalizado se solicita copia completa de las actuaciones administrativas y en especial resoluciones adoptadas.

4. Sin perjuicio del estado en que se encuentre, se solicita nombre, cargo y función del personal de salud que atendió a los usuarios en cada una de las circunstancias.

5. Se informe si en todos y cada uno de los casos se cuenta con historias clínicas completas de los pacientes atendidos.

6. Se nos informe si alguna de ella ameritó poner los hechos en conocimiento de la justicia, por si de ellos resultara la comisión de delito.

7. Qué acciones de apoyo se cumplieron respecto a los familiares de los fallecidos.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

Alfredo Solari. Senador.

1. Óbito fetal en CHPR. (Se reserva nombre y CI de la embarazada) 12/11/12; 15.21; 3.ª gestación, embarazo bien controlado de término (40 semanas), 35 años, consulta por contracciones uterinas dolorosas y pérdida del tapón mucoso”. Vista por ginecóloga de guardia no constata contracciones dolorosas, tono uterino normal y latidos fetales normales (Pinard); cuello posterior, 2 cm longitud, orificio cervical externo cerrado; genitorragia. Diagnóstico Preparto se indica alta con control en Policlínica. Se explican signos y síntomas de reconsulta precoz.

13/11/12; 13.51; consulta por disminución de movimientos fetales; al examen no se constatan latidos fetales con Pinard ni monitor; cuello centro vaginal borrado con 7cm de dilatación...

El 12/11 debió haber quedado internada para monitoreo e inducción del parto, por antecedentes (sífilis tratada durante actual gestación y pérdida de un embarazo gemelar un año antes) y por sintomatología (contracciones uterinas) y signología (genitorragia).

2. Muerte de recién nacido prematuro en policlínica Badano, Piedras Blancas. (Se reserva nombre y CI de la madre). 24/11/12; 04.30. Recién nacido masculino prematuro severo de 27 semanas; parto a las 04.30; se pide al CHPR traslado a CTI Neonatal en ambulancia especializada supuestamente a las 05.15; ante demora, admisionista de Policlínica insiste pero se argumenta que cambio de turno a las 06.00 interfiere con prestación del servicio. Ambulancia finalmente es despachada del CHPR a las 07.30 pero en camino se le avisa que recién nacido acababa de fallecer. Prematuro cuyas chances de sobrevivir fueron eliminadas por mantenérselo en establecimiento inadecuado para su tratamiento durante tres horas.

3. Muerte de lactante de 5 semanas en CHPR (Se reserva nombre y CI del lactante). 3/12/12; lactante de Arévalo (zona rural en Cerro Largo) que sufre de hernia inguinal que se encarcela, con suspensión del tránsito intestinal y distensión del abdomen. Visto en Santa Clara se lo deriva al día siguiente al hospital de Melo. Evoluciona internado durante más de 24 horas de la siguiente forma: la hernia se reduce espontáneamente; pero el niño impresiona que por la hipoxia intestinal se agravó y hace un cuadro de abdomen timpánico, vómitos biliosos... Se comunica a Coordinadora y P. Niños para su traslado; niño grave, oclusión intestinal; hipoxia, necrosis, probable sepsis. Se inicia traslado a Montevideo el 5/12/12 a las 01.30 arribando a Emergencia a las 07.30. Se realizan exámenes diagnósticos (Radiografía, Ecografía) y reposición hidroelectrolítica. A las 11.00 ingresa al UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos de Recién Nacidos) para preoperatorio. A las 12.30 fallece sin haber sido intervenido.

Lactante que sufre de hernia inguinal estrangulada, que es visto por tres servicios de salud, que presenta cuadro clásico de necrosis de asa intestinal, en el cual no se realizan a tiempo las intervenciones que le hubieran salvado la vida. Si en Melo no había cirujano que se animara a resecarle el asa, debería haber sido derivado al CHPR el día 4/12, en cuanto llegó de Santa Clara, para ser operado en forma inmediata.

4. Muerte de mujer adolescente en el CHPR (No poseo nombre ni CI). Fines del 2012; adolescente de 16 años, internada durante 10 días en el Hospital Pasteur con diagnóstico presunto de tumor de útero. Se descompensa por lo que es trasladada al CHPR donde fallece por sepsis.

No son muchos los datos clínicos como para determinar si esta paciente podría haber sido tratada de una forma distinta. Parece evidente que el diagnóstico presuntivo fue incorrecto y que la sepsis generalizada que le ocasiona la muerte no fue su motivo de ingreso al Hospital Pasteur. Se puede presumir que la infección que dio lugar al fallecimiento puede haber sido una infección intrahospitalaria, mucho más difícil de combatir exitosamente.

5. Muerte de parturienta de hospital Paso de los Toros (nombre y demás datos son de dominio público); 17/3/2013; 03.00; embarazada de 37 semanas, multigesta, multípara, que consulta en Emergencia por gentitorragia sin contracciones uterinas; es vista por la partera de guardia quien consulta al médico de guardia por no haber anestesista ni ginecólogo de guardia; este indica que se dé cumplimiento al protocolo que señala el inmediato traslado al hospital de Durazno o, si no contara con el personal adecuado, al de Trinidad en Flores: mientras se realizan averiguaciones con ambos hospitales la partera evalúa que la paciente no resistiría el traslado a Flores por lo que comienza a inducir mediante maniobras físicas el trabajo de parto. Al no avanzar rápidamente el parto por vía baja la propia partera convoca a la ginecóloga de COMPTA, quien no estaba de guardia ni en la mutualista ni en el hospital, pese a lo cual acude a apoyar a la paciente. A las 04.35 se produce el nacimiento de un varón algo deprimido. Se retira la ginecóloga pensando que la hemorragia cesaría al haberse producido el parto. Se carece de información sobre el alumbramiento. Ante el sangrado que se incrementa y la depresión del recién nacido, la partera pide instrucciones al Director del hospital. Este indica traslado inmediato del RN al CTI de Salto. A las 07.25 la paciente es vista por el médico de guardia quien constata su fallecimiento por shock hipovolémico.

Entre el inicio de la consulta y el desenlace fatal transcurren cuatro horas y media durante las cuales la paciente recibe un tratamiento totalmente inadecuado. No se cumplió el protocolo establecido por ASSE; el médico de guardia no se hizo cargo activo del caso; la ginecóloga que colaboró voluntariamente debería haber permanecido con la paciente hasta que parara la genitorragia y el Director debería haber permanecido en el hospital hasta lograr una solución en lugar de acompañar al recién nacido a Salto.

6. Óbito fetal en hospital de Minas (nombre y demás datos son de dominio público); 21/3/2013; 20.00; embarazada de 38 semanas consulta por genitorragia, vista en servicio de puerta la envían de alta. A las 5 horas vuelve a consultar por genitorragia constatándose óbito fetal.

7. Óbito fetal en hospital de Durazno (nombre y demás datos son de dominio público); 27/3/2013; mujer que cursa un embarazo de 6 meses consulta en la mañana en Emergencia del hospital por hipertensión y dolor. Tratada y dada de alta a las pocas horas. Regresa a las 16.00 del mismo día al empeorar su cuadro clínico con convulsiones y pérdida de conciencia. Se intenta trasladarla a un establecimiento que tuviera tanto CTI de adultos como pediátrico, lo que no se logra. Se le practica cesárea a las 19.30 extrayéndose un feto muerto del sexo femenino.

Todo indica que esta embarazada consulta en la mañana por eclampsia; dada su edad (16 años) debería haber permanecido internada y derivada al CHPR donde existen los recursos técnicos para resolver su eclampsia y darle al recién nacido la mejores chances de sobrevida. Al enviarla para la casa quedó sellado el destino del feto.

8. Autoeliminación de paciente siquiátrico en hospital de Rivera (nombre y demás datos son de dominio público); 5 o 6/4/2013. Paciente masculino con antecedentes siquiátricos que es internado en un apartado sin retirársele los cordones del calzado. Los utiliza para suicidarse.

La internación de pacientes deprimidos estipula el retiro de todo elemento que pueda usarse en la autoeliminación, cosa que no se cumplió en este caso.

9. Muerte de parturienta en hospital de Durazno (nombre y demás datos son de dominio público); 17/4/2013; 12.05; embarazada de 27 años a quien se le practica una cesárea; los familiares relatan que pese a que estaba con hipertensión, se le da de alta el viernes 19. Regresa a Emergencia el domingo 21 con ángor e insuficiencia respiratoria. Se autoriza el traslado al CTI de CAMEDUR pero la paciente fallece por paro cardíaco antes que este se pueda concretar.

La paciente presenta una evolución que no se compadece con una eclampsia, la que normalmente cede con la terminación del embarazo. Faltan datos clínicos sobre las condiciones al alta de su cesárea el viernes 19, pero la evolución clínica en el muy corto plazo evidencia que la misma no fue correcta y perjudicó la evolución de la paciente.

10. Muerte de paciente con neumopatía aguda al ser trasladada al CTI del Hospital Español (nombre y demás datos son de dominio público). 23/4/2013; 04.00; ingresa a Emergencia del Filtro mujer de 52 años donde se le diagnostica “shock cardiogénico” por lo que se busca cama de CTI. Una vez estabilizada se comenzó a coordinar su traslado siendo trasladada al hospital de Las Piedras (en el Hospital Pasteur había cuatro pacientes aguardando para ser internados). Continuó la coordinación para encontrarle una cama de CTI, descartándose camas en Colonia y Maldonado por la distancia y la gravedad del cuadro. En la tarde del mismo día se consigue una cama en el Hospital Español pero la paciente fallece durante el traslado.

Desde que la paciente ingresa al sistema de servicios hasta su fallecimiento median por lo menos doce horas en que la atención no fue la que demandaba la gravedad del cuadro. No parece justificado el traslado desde el Filtro al hospital de Las Piedras donde no hay CTI ni de adultos ni de niños. No se indica si existían o no camas disponibles en instituciones privadas o en otras instituciones públicas».

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Tabaré Viera, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, referido a la suspensión de la grabación de una entrevista a un periodista en un canal de televisión uruguayo.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 3 de mayo de 2013.

Sr. Presidente del Senado

Cr. Danilo Astori

Presente

 

En ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tramite ante el Ministerio de Educación y Cultura el siguiente pedido de informes:

En los últimos días, Canal 4 Montecarlo, debió suspender la grabación de una entrevista al periodista Miguel Nogueira, cuyo programa Poder Ciudadano fue “levantado” de la grilla de programación de Televisión Nacional.

Dicha entrevista estaba siendo realizada por el comunicador Luis Alberto Carballo en el programa “Algo Contigo”, que se emite diariamente por el mencionado canal, y tenía como tema excluyente el retiro del programa Poder Ciudadano del canal oficial.

De acuerdo a las diferentes versiones difundidas en la prensa, el programa se interrumpió y no se emitió como estaba previsto -el 1.° de mayo- porque un jerarca del Ministerio de Educación y Cultura o de Televisión Nacional del Uruguay (TNU) habría llamado ejerciendo presión.

Ante esto solicitamos se nos responda:

1. ¿El Ministerio de Educación y Cultura estaba al tanto de que se estaba llevando a cabo la mencionada grabación en Canal 4 Montecarlo, donde el periodista Miguel Nogueira hacía referencia a las decisiones de la dirección de Canal 5 Televisión Nacional con respecto a la “grilla de programación”?

2. En caso afirmativo, ¿el Ministerio de Educación y Cultura, se comunicó con las autoridades de dicho medio privado o con la producción del programa “Algo Contigo”, para interiorizarse del tenor o características de la entrevista?

3. Se ajustan a la realidad los trascendidos de prensa sobre que “un jerarca de la dirección de Canal 5 llamó a Canal 4 para que “no se hablara más del tema en cuestión”, o para que no se cumpliera alguna acción periodística.

4. ¿El Ministerio de Educación y Cultura tiene alguna objeción en que los comunicadores o periodistas de Televisión Nacional se pronuncien sobre las decisiones tomadas?

5. En caso afirmativo, ¿tomará medidas para evitar que ello ocurra?

Tabaré Viera. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Gustavo Penadés, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), relacionado con el control de las aguas del río Santa Lucía y de sus afluentes.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

“Montevideo, 6 de mayo de 2013.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

De mi mayor consideración:

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a OSE (Obras Sanitarias del Estado) el siguiente pedido de informes:

1. Se indique si se toman muestras de agua en el río Santa Lucía y en sus afluentes, en especial del Canelón Chico. Indicar la frecuencia con que se hace.

2. Se exprese si OSE cuenta con reactivos para detectar la presencia de las algas existentes actualmente y si, en caso de no disponer de los mismos, se recurre a laboratorios particulares.

3. Se indique qué normas internacionales utiliza OSE para determinar la calidad del agua antes y después del proceso de purificación.

4. Se indique si se está utilizando carbón activado en el proceso de purificación, y con qué frecuencia y cómo se aplica.

Gustavo Penadés . Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Saludamos y agradecemos la presencia de alumnos y docentes de 5.º y 6.º años del Colegio Ibis.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 23 de abril de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

De mi mayor consideración:

 

Solicito a usted se sirva cursar al Cuerpo el pedido de licencia por los días 7 y 8 de mayo inclusive, por motivos particulares, por lo cual pido se convoque a mi suplente.

Saluda a usted muy atentamente.

Francisco Gallinal. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–17 en 19. Afirmativa.

Se comunica que la señora Verónica Alonso ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor León Morelli, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 7 de mayo de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

De mi mayor consideración:

 

Al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17.827, inciso D), solicito al Cuerpo me conceda licencia a partir del día de la fecha y hasta el 14 inclusive, dado que me encontraré asistiendo al Foro organizado por el Club de Madrid en la ciudad de Ganja, en Azerbaiyán.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–17 en 20. Afirmativa.

Se comunica que la señora Ana Lía Piñeyrúa ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Guillermo García Costa, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 6 de mayo de 2013.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Danilo Astori

De mi mayor consideración:

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día miércoles 8 de mayo desde las 16:00 horas, por motivos personales.

Sin más, lo saluda atentamente.

Luis Rosadilla. Senador”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–20 en 22. Afirmativa.

Se comunica que los señores Carlos Gamou, Pablo Álvarez, Javier Salsamendi y Juan Souza han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Hebert Clavijo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

7) RENUNCIA DE LA DOCTORA MÓNICA XAVIER A SU CARGO DE SENADORA DE LA REPÚBLICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar la solicitud de renuncia definitiva al cargo de Senadora de la República presentada por la señora Senadora Mónica Xavier, de la que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

Léase la nota presentada.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 25 de abril de 2013.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Contador Danilo Astori

De mi mayor consideración:

 

Por medio de la presente vengo a presentar renuncia al cargo de Senadora de la República a partir de la fecha, cargo para el que fui electa en las Elecciones Nacionales de octubre de 2009, por lo que solicito dar cuenta de ello al Cuerpo para su consideración.

Motiva dicha renuncia el cumplimiento de la resolución de la fuerza política que presido, que establece la imposibilidad de ejercer el cargo de Senadora de la República y Presidenta del Frente Amplio.

En el momento de elevar esta renuncia, deseo especialmente agradecer al Cuerpo Electoral de la República que confió en reiteradas oportunidades en mi persona otorgándome tan magna responsabilidad.

Agradezco asimismo a todas las personas que desempeñan tareas en esta Casa, en especial al personal de Sala y de Secretaría del Senado, por la eficiencia y la buena voluntad que siempre han tenido para facilitar mi trabajo en este Cuerpo desde mi ingreso al mismo en el año 2000.

Saludo al señor Presidente, Senadores y Senadoras, a los Secretarios y Prosecretarios de la Cámara, con quienes he compartido el trabajo, a veces duro, a veces difícil, pero siempre con respeto y en defensa de nuestros legítimos pensamientos.

Fue un honor para mí haber sido integrante del Senado de la República.

Atentamente.

Mónica Xavier. Senadora.

Partido Socialista del Uruguay”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud de renuncia presentada por la señora Senadora Xavier.

(Se vota:)

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Varios señores Senadores han levantado sus manos solicitando el uso de la palabra para fundar el voto, y resulta absolutamente imposible determinar el orden en que lo han hecho. Por tal razón, si el Cuerpo está de acuerdo, comenzaríamos con quienes representan al Frente Amplio.

Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: he votado con inmenso dolor esta renuncia. La señora Senadora Mónica Xavier ha estado muchos años en esta Casa y sabemos del profundo respeto y cariño que le tiene, así como también de las horas, la dedicación, el talento y el trabajo que le ha brindado. En más de una oportunidad se han presentado proyectos de ley fruto de su esfuerzo, su afán, su pluma y su dedicación. Ahora, otros quehaceres políticos la requieren. La fuerza política la quiere a pleno, en trabajo permanente, y en función de ello optó por tomar esta decisión que sé que le ha generado desgarros, como a todos nosotros en el día de hoy. Por esa razón he acompañado esta decisión difícil y dolorosa –para mí y para ella también–, aunque sé que estará en la tarea política: preside la fuerza política más importante del país en este momento, y sobre sus espaldas tiene una inmensa responsabilidad. Desde acá, desde esta Banca y con mucha humildad, le deseamos la mejor de las suertes.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente, como lo ha hecho la unanimidad de los señores Senadores presentes en Sala, de todos los partidos que integran el Senado de la República, aceptando la renuncia que, por anunciada, comentada y examinada, no deja de sorprendernos en el momento en que se concreta.

Conocemos a Mónica desde hace muchos años, por su militancia en el Frente Amplio. La hemos visto ocupar cargos de mucha responsabilidad, siempre con entusiasmo, vocación y sentido unitario, y procurando responder a los superiores intereses del Frente Amplio, sin perjuicio de haber mantenido en todo momento su lealtad y su pertenencia al Partido Socialista.

Más de una vez he dicho que las normas que rigen a nuestra fuerza política tienen tanta fuerza como la propia Constitución de la República. Como ejemplo, he mencionado que cuando en el año 1989 nos negamos a aplicar la norma constitucional que habilitaba la multiplicidad de candidaturas a la Presidencia de la República, tuvimos la crisis más grande de la historia del Frente Amplio, porque nuestros estatutos no lo permitían. Ese es un ejemplo histórico. En este caso, también estamos ante una norma ya establecida, con una fundamentación y una historia. Entre los distintos Presidentes que ha tenido nuestra fuerza política, podemos nombrar, siguiendo el orden de prelación, al General Líber Seregni, al doctor Tabaré Vázquez y, luego, al ingeniero Jorge Brovetto, quien en su momento tenía una duplicidad de actividades pero en poco tiempo renunció para dedicarse exclusivamente a la Presidencia de su partido, ya que es un cargo que genera un compromiso muy fuerte y eso es lo que hoy se ha hecho pesar.

Es público y notorio que nuestra fuerza política estaba dividida en cuanto a si se podía rever la decisión de impedir que la doctora Xavier pudiera mantener el cargo de Senadora y al mismo tiempo ocupar la Presidencia del Frente Amplio. Sin embargo, en aras de cumplir con las normas y los procedimientos, acatando las resoluciones y los estatutos actuales, Mónica –en una actitud realmente ejemplar, que creo que configura un excelente antecedente para exigir disciplina dentro de nuestra fuerza política– resolvió finalmente renunciar al Senado para cumplir con el compromiso asumido y dedicarse exclusivamente a la tarea de presidir el Frente Amplio.

Por las razones expuestas, hemos votado favorablemente esta moción, pero lo hacemos con dolor y deseándole la mejor de las suertes en su futura tarea, que es la de todos los que formamos parte de nuestra fuerza política.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Señor Presidente: creo que de los Senadores que estamos aquí presentes, soy el que conoce desde hace más tiempo a Mónica. Recuerdo muy bien las circunstancias vividas con ella durante una militancia que era muy difícil, en la clandestinidad, durante el año 1974. Y luego de haber compartido la militancia partidaria y la lucha por un montón de ideas y de proyectos, uno no puede más que votar esta renuncia con dolor. Tengo el absoluto convencimiento de que Mónica ha sido ya no una buena Senadora, sino una espectacular Senadora que demostró –con su compromiso, la fidelidad a sus ideas, su capacidad de negociar y su tolerancia– que se podía avanzar en proyectos en los cuales ella creía con absoluta fortaleza y convencimiento. Por sus características personales de trabajo, tolerancia y firmeza, logró aportes que me parecen sustanciales para la nación y –ni que hablar– para la fuerza política “Frente Amplio” a la que pertenecemos.

Así se han dado las situaciones y no podemos más que reconocer el brillante trabajo de la compañera, la Senadora Mónica Xavier –hoy renunciante–, y agradecerle su notable aporte a esta Casa, al país y, por supuesto, a la fuerza política a la cual pertenece.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: no por conocida deja de ser una sorpresa la decisión de la señora Senadora Xavier de presentar renuncia a su Banca en el Senado. No nos corresponde a nosotros analizar los motivos ni los porqués, pero no podíamos mantener callada la voz de los Senadores del Partido Nacional. Queremos enviarle un cariñoso saludo a una adversaria de fuste, con la que hemos compartido jornadas que todavía recordamos como importantes para la vida institucional del país.

Una mujer que se ha jugado por sus ideas, por sus ideales y por su partido político, como lo ha hecho la señora Senadora Xavier, hace que todos la admiremos, y lo digo con la más absoluta sinceridad. Sabemos que en muchísimos temas no compartimos las mismas ideas, pero no podemos dejar de reconocer en la señora Senadora Xavier –que se ha incorporado desde hace mucho tiempo a la vida política nacional, en el Senado de la República y ahora presidiendo su partido político, el Frente Amplio– la hidalguía, la “damasidad” –que sería el sinónimo femenino de caballerosidad–, la inteligencia, el don de gentes, la vocación de trabajo y una cosa que en política todos tienen que resaltar siempre, que es el cumplir con la palabra. Creo que esa es una virtud por la que hoy tenemos que homenajear a la Senadora Xavier, y en ella a todos los que cuando damos la palabra la cumplimos. Esto no refiere al episodio puntual de la presentación de su renuncia, sino a que cuando uno negociaba, conversaba o intercambiaba opiniones con la señora Senadora Xavier, sabía que lo que se acordaba sería cumplido.

En ese sentido, creo que en el Senado de la República la vamos a extrañar, tanto en los debates como en la defensa de los temas por los que ella sentía una particular afinidad: la participación de la mujer en la política, la Bancada Bicameral Femenina –de la cual fue una de las fundadoras– y los asuntos comprometidos con las políticas sociales y la salud. Siempre era importante escuchar a la Senadora Xavier. En el Senado nos oímos todos, pero escuchamos solo a algunos. A una de las que, sin lugar a dudas, escuchábamos siempre con mucha atención, era a la Senadora Xavier, a quien desde el Partido Nacional –y con esto finalizo, señor Presidente– le vaticinamos que tendrá mucha suerte. Me permito también pronosticar que, en un futuro no muy lejano, ella estará llamada a cumplir otras responsabilidades tan altas como las que hoy cumple en su partido político, volcando nuevamente su inteligencia y su creatividad al servicio de los más altos intereses nacionales.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: he votado afirmativamente la solicitud de renuncia a su cargo de la compañera Mónica, en el entendido de que, en realidad, está renunciando a este cargo en el Parlamento para asumir otra responsabilidad política. Eso implica que no está renunciando a su actividad, que es defender el programa y el futuro que le corresponde al Frente Amplio en el escenario nacional. Creo que esta renuncia de la compañera se vota porque así lo pidió el Frente Amplio, lo solicitaron las organizaciones políticas y los representantes de las bases de nuestra colectividad política, que la quieren para sí. Yo también la quiero aquí, pero soy actor y votante de la decisión de que Mónica nos conduzca a todos como Presidenta del Frente Amplio, siendo la primera Presidenta mujer que tiene nuestra fuerza política. La de presidir una fuerza política es una tarea de gran responsabilidad y, en este caso, se cumple de acuerdo con nuestros estatutos, con una presidencia estable y un grupo de construcción. La Senadora Xavier ejerce esa responsabilidad con la alegría de saber que se trata de una decisión colectiva.

Quería decir estas palabras, en primer término, como reconocimiento a su persona, por el compromiso que ha tenido desde sus épocas de estudiante, siendo una mujer del interior y comprometida con la causa de cambiar las estructuras del país. En segundo lugar, quiero destacar su capacidad y, en tercer término, su compromiso, fidelidad y entrega por la causa. Esta compañera, a partir de esta renuncia, va a dejar de pertenecer a su sector para convertirse en la Presidenta de todos los frenteamplistas.

Por estos motivos, acepto y voto afirmativamente la renuncia de la Senadora Xavier a su Banca, sabiendo que vamos a contar con ella en otros lugares, ahora y en el futuro.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: el Partido Colorado ha votado afirmativamente esta solicitud de renuncia. Entendemos que es una renuncia voluntaria, como todas; la señora Senadora Xavier eligió el camino de presentarse a la elección interna, en la que resultó electa Presidenta de su fuerza política, y luego de ello, según los estatutos y los acuerdos del Frente Amplio, presenta su renuncia al cargo de Legisladora. Ella está dejando un cargo como el de Senadora de la República, un cargo legislativo, de representación nacional, para ocuparse de los temas también públicos y generales dentro de una fuerza política. Ambos cargos son de suma responsabilidad, por lo que seguramente ella y su fuerza política habrán entendido que debía priorizar u optar, en este caso, por presidir el Frente Amplio.

Por lo tanto, a nosotros solo nos resta aprobar su decisión y recordar –que es lo que queremos hacer en este fundamento de voto– a esa adversaria pero buena compañera de trabajo, como lo ha sido Mónica Xavier en este ámbito. Hemos tenido el gusto y el honor de participar con ella en Comisiones. Sabemos de su valía, de sus condiciones personales e intelectuales, y de su dedicación al trabajo demostrada en su labor legislativa; por consiguiente, estamos seguros de que en este nuevo rol, en esta inmensa responsabilidad que asume, va a trabajar con la misma dedicación y esmero, poniendo toda su capacidad al servicio de esa función. En consecuencia, le deseamos éxito, buenos trabajos y, como sigue en la actividad pública y política, seguramente nos encontraremos en el futuro, quizás compartiendo otros lugares y destinos de trabajo.

Muchas gracias. Es cuanto queríamos manifestar.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: es con pesar que voto esta renuncia al Senado de una compañera de trabajo, una vecina de despacho y una cómplice en tantos proyectos y luchas contra la desigualdad de género, entre otros. Obviamente, este pesar está acompañado por la circunstancia positiva que motiva esta renuncia, que es la de que Mónica es hoy la Presidenta de nuestra fuerza política; hace diez años habría sido impensable que una mujer ocupara ese cargo en una fuerza política del tamaño y la envergadura del Frente Amplio.

Además, quiero señalar que a la ausencia de Susana Dalmás hoy sumamos la de Mónica. Hemos perdido el 50 % de las mujeres que integraban este Senado; es decir que la mitad de las mujeres del Senado hoy ya no están. Esto ocasiona mi pesar, ya que sólo quedamos la Senadora Topolansky y quien habla, y ciertamente ver reducida la Bancada femenina del Senado al 50 % es algo realmente importante.

Mónica tuvo un rol muy significativo en la coordinación de la Bancada Bicameral Femenina, donde se sentirá enormemente su ausencia; no hay que olvidar que esa Bancada estaba compuesta también por tres mujeres que ya no están: Glenda Rondán, Beatriz Argimón y Margarita Percovich. Esa es la razón por la que tanto insistimos con la ley de cupos o de cuotas, ya que la tasa de repetición de las mujeres en política es varias veces inferior a la de los hombres.

Hoy me parece que este Senado pierde un referente, y en política, las mujeres son insustituibles, porque son un recurso muy escaso; esto viola el principio básico de la economía, ya que por ser escaso no son más valoradas. Simplemente quiero insistir en que el Senado pierde un referente, y la Bancada Bicameral Femenina, una coordinadora esencial e insustituible. También quiero decir que, en lo personal, la vamos a extrañar.

Gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: creo que si la actividad política no se practica dentro de determinados parámetros, no vale la pena. Esta decisión de renuncia de la Senadora Xavier tenemos que respetarla porque hace a la realidad interna de una fuerza política de la importancia del Frente Amplio y de quien es, nada más y nada menos, que su Presidenta. Por lo tanto, estamos hablando de definiciones que nos son ajenas. No obstante, lamentamos mucho la pérdida de una compañera que en este Senado siempre se manejó con lealtad y códigos que hacen a un relacionamiento político que, a mi juicio, debe prevalecer por encima de otras páginas que, en lo áspero del debate político, a veces terminan siendo ajenas a un sentimiento nacional de respeto que todos debemos compartir.

En la Senadora Xavier destacamos su condición de persona tremendamente estudiosa para todas las intervenciones que le correspondieron en este Senado. También queremos resaltar que hemos tenido una relación de quince años, tal como comentábamos recién con el señor Senador Nin Novoa al recordar la fecha desde la cual integramos este Senado de la República, compartiendo tareas, en la discrepancia y en la coincidencia.

Por lo tanto, no queríamos dejar pasar esta oportunidad sin hacer esos comentarios, porque nos importa destacar a aquellas personalidades que contribuyen a dar un sentido de humanismo, de esfuerzo, de sacrificio y de lucha a la política, así como a la gestación de más República, más democracia, más libertad. En consecuencia, con todos esos valores que resaltamos, saludamos a la Presidenta del Frente Amplio, a la ex–Senadora Mónica Xavier, que es una persona con la que mantenemos –y así lo hemos expresado en forma pública– lazos de afecto, de amistad y de relacionamiento político.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: por supuesto, hemos votado afirmativamente la renuncia presentada por la señora ex–Senadora Xavier: una excelente compañera, una mujer muy trabajadora, muy sensata, muy equilibrada, con una gran capacidad de negociación y muy eficiente, que sin duda vamos a extrañar, entre otras cosas, porque fue uno de los pilares fundamentales, como decía la señora Senadora Moreira, en los temas de equidad de género, donde su tarea fue de un liderazgo extraordinariamente relevante.

Su salida voluntaria no necesariamente deriva de sus deseos, de sus requerimientos o de sus demandas. Mónica Xavier ganó la Presidencia del Frente Amplio en muy buena ley, en una elección interna, y es esta fuerza política la que la obliga a presentar esta renuncia en contra de sus deseos.

De modo que le mandamos un cariñoso saludo, deseándole que pueda cumplir con la tarea de Presidenta de nuestra fuerza política de la mejor manera posible para ella, para el Frente Amplio y para el propio país. Desde este punto de vista saludamos a la ex–Senadora Xavier para que cumpla sus deseos –también de la mejor manera posible–, y que el Frente Amplio se sienta engalanado por tener una Presidenta de primerísimo nivel.

Muchas gracias.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: la verdad es que votamos este tipo de renuncias con un sentimiento de pesar. El Senado de la República pierde a una gran Legisladora y a una mejor persona, porque con su inteligencia, su gentileza, su capacidad de diálogo y su simpatía –¡vaya si Mónica es una mujer simpática!– se ha ganado el respeto de todos los integrantes de esta Cámara. Tuve la suerte de compartir este ámbito con ella durante trece años, y nos llamábamos mutuamente “compañeritos de Banca”; nos sentábamos uno al lado del otro entre los años 2000 y 2005, y también en este período. Durante esos trece años fui descubriendo a una mujer extraordinaria, que nos fue llenando de complicidades y de empatías, como ya se ha dicho.

Pienso que Mónica se destacó por ser una gran impulsora y defensora de las cuestiones de género, de los derechos de la mujer, así como por sus invalorables aportes en materia de salud pública, como también aquí se ha mencionado. Sin ningún lugar a dudas, el Poder Legislativo la va a extrañar, pero sé que desde la Presidencia del Frente Amplio va a seguir impulsando políticas en beneficio del Uruguay.

A Mónica Xavier, a la compañera, a la ex–Senadora y a la amiga, le deseamos el mejor de los éxitos en su futura tarea.

Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: quiero adherir a todas las expresiones volcadas por los señores Senadores de todos los partidos políticos y, por supuesto, desearle a Mónica –como se lo hemos dicho desde el primer día– el mejor de los desempeños a la cabeza de nuestra fuerza política, porque tiene todas las capacidades para poder lograrlo.

También quiero expresar que estábamos convencidos de que podía llevar adelante las dos tareas al mismo tiempo; quizá otros no hubiéramos podido, pero ella sí, dada su juventud y la experiencia, el empuje, el talento y el compromiso que manifestó y concretó a lo largo de todo el tiempo de militancia en el que la conocimos, que es bastante extenso.

Por un lado, apoyamos esta renuncia como forma de apoyo a su nueva tarea, pero al mismo tiempo sentimos cierto disgusto, porque nos hubiera gustado que pudiera tener otra opción.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: realmente es con un sentimiento ambiguo que votamos la renuncia de la señora Senadora Xavier. Lo primero que sentimos es pesar porque, sin duda, estamos perdiendo a una excelente Legisladora, una excelente compañera, una mujer que desde su Banca y desde su actividad nos dio, a quienes recién nos incorporábamos, pruebas y ejemplo de cómo se debe actuar en política.

Tanto su opción como la de nuestra fuerza política ha sido que Mónica Xavier pasara a conducir el Frente Amplio. ¡Vaya si eso es importante! Entendemos lo relevante que es el hecho de que nuestra fuerza política ponga a su frente a una mujer excelente, pero he aquí el porqué de nuestro sentimiento ambiguo: tenemos la duda en cuanto a si la incompatibilidad determinada por nuestra fuerza política es racional o justa a la hora de tomar esta decisión, porque perdemos a una gran Legisladora y la fuerza política la necesitaba. Encontramos a una excelente conductora, pero sigo teniendo mis dudas sobre si realmente no hubiera sido necesario que la ex–Senadora siguiera ocupando ese cargo al mismo tiempo que conducía nuestra fuerza política. Me parece muy difícil que alguien con sus características y con su personalidad no pudiera desempeñar plenamente todas las actividades; en fin, pienso que Mónica Xavier lo hubiera logrado.

Muchas gracias.

SEÑOR ROSADILLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: he votado favorablemente esta solicitud de renuncia de la compañera Mónica, y ahorraré palabras porque me sumo a todas las expresiones de elogio que han pronunciado Senadores de todos los partidos políticos. También la conozco desde hace trece años, y juntos hemos compartido despachos, secretaría, etcétera, etcétera, pero antes que nada debo decir que le tengo un inmenso cariño, porque es una mujer que se hace querer, con quien es fácil hablar, porque es llana y muy sencilla.

No me había anotado para hacer uso de la palabra; no obstante, quiero decir dos cosas. He votado la renuncia de Mónica Xavier sin ningún pesar, porque va a ocupar un lugar de honor en la lucha política, presidiendo a la fuerza que actualmente tiene el mayor caudal electoral del Uruguay. Lo hace luego de una elección interna en la que compitió con otros compañeros –varios de ellos aquí presentes– y a los que les ganó con luz y con justicia. Más aún: lo hizo conociendo normas, criterios y acuerdos que desembocan en esta situación que tenemos hoy; Mónica Xavier debía optar entre ocupar la Presidencia del Frente Amplio o continuar ejerciendo la función legislativa.

Quiero agregar que, cuando oportunamente se discutió este tema, yo era partidario de que no hubiera ningún tipo de regulación y que cada cual viera en el momento si las actividades eran incompatibles o no, pero también pienso que una vez que se hacen acuerdos hay que respetarlos, y que cuando se lleva adelante una lucha electoral con determinadas condiciones, estas se deben aplicar porque, si no, distorsionamos todo. Antes que Legisladora, Mónica Xavier es una militante: una militante por la justicia social y por la libertad de nuestro pueblo. El militante es militante en cualquier parte: en el Senado, en la Cámara de Representantes, en un barrio o en un sindicato, ¡y vaya si lo es en la Presidencia del Frente Amplio!

Por lo tanto, como dije antes, he votado esto sin ningún pesar, porque Mónica va a seguir militando por nuestras ideas –más que nunca o igual que siempre– desde un lugar de tremenda responsabilidad y con todas las virtudes que se han hecho notar. En consecuencia, repito, no siento ningún pesar.

Le hago llegar un enorme abrazo, un saludo y mi respaldo en la nueva actividad que va a desempeñar con brillo y mucha capacidad de trabajo y de vinculación, tal como ella lo ha demostrado.

Es cuanto quería decir, señor Presidente. Gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: también quiero suscribir a los conceptos aquí vertidos respecto a la trayectoria, personalidad y ejemplo que ha dado Mónica Xavier durante tres Legislaturas sucesivas.

Tuve el privilegio de compartir con ella las dos últimas –durante ocho años ocupó una Banca ubicada detrás de la mía en esta Sala– y siempre mantuvo una permanente actitud de diálogo, de tolerancia. A veces la pasión del debate nos puede hacer deslizar hacia algún desborde verbal, pero nunca vi a Mónica Xavier incurrir en actitudes intolerantes, agraviantes o cosa por el estilo, sino que, por el contrario, siempre fue un ejemplo de respeto por el adversario y de vocación política acendrada; tanto es así, que esa misma vocación la llevó a ocupar tres veces una Banca aquí, en el Senado de la República, y a ser Presidenta del Frente Amplio.

Por cierto, no nos vamos a pronunciar –porque no nos corresponde hacerlo– sobre la pertinencia de la compatibilidad o incompatibilidad; simplemente queremos destacar las virtudes cívicas de esta mujer, vocacional y defensora a ultranza de los temas de género. Ahora, seguramente, deja como heredera en este Senado a Constanza Moreira para lidiar con esos temas de género, sobre los que debatimos muchas veces con ella –estoy hablando, por ejemplo, de la cuotificación de la mujer en cargos políticos o de la despenalización del aborto–, pero siempre con mutuo respeto. Quería destacar esto, al igual que su vocación, su tolerancia y su inteligencia.

Deseamos a Mónica el mejor de los éxitos, y le decimos que, por aquí, la vamos a extrañar.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: en la vida, a veces, se bifurcan los caminos, pero lo importante es el compromiso militante; sabemos que la compañera Mónica Xavier lo asume a full. Pertenece a una fuerza política profundamente democrática que, en sus organismos internos, tomó una decisión, y es también profundamente democrática la actitud de Mónica al aceptarla. No me voy a pronunciar sobre la decisión del Frente Amplio, porque me parece que la tenemos que aceptar; siempre en la vida política hay polémica y existen mayorías y minorías. Esta decisión habla muy bien de la compañera Mónica, pues de esta manera cumple con todos sus compañeros.

Comparto con el señor Senador Rosadilla que los lugares de militancia, si se pone voluntad, fe y dedicación, importan todos, porque todos forman la trama política por la que se expresan los partidos y la cuestión pública en el Uruguay.

Mónica tiene por delante una larga carrera con responsabilidades políticas, y si bien es verdad lo que ha señalado la señora Senadora Moreira en relación a la presencia de las mujeres en este Senado, también lo es que ganamos la presencia de una mujer en la presidencia del partido político más grande del país. En fin, son situaciones que se presentan a veces en la vida.

Le deseo a Mónica la mejor de las gestiones y sé que con ella contaremos siempre.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: adherimos al conjunto de las expresiones que se han venido vertiendo, tanto por parte de los Legisladores de la oposición como por los compañeros Senadores de nuestra propia fuerza política.

Simplemente queremos decir que, desde nuestro punto de vista, Mónica va a cumplir un enorme e importantísimo papel en otro lugar, en otro frente de lucha –donde la necesitamos mucho, junto con todo el equipo que ha conformado, que incluye a tres Vicepresidentes–, y que seguramente su acción permitirá que nuestra fuerza política salga a conectarse y reconectarse con sus raíces vitales en todo el país.

Por eso mismo, señor Presidente, comparto el sentimiento ambiguo que han manifestado algunos compañeros Legisladores en el sentido de que, por un lado, perdemos a una gran compañera y Legisladora pero, por otro, la tendremos en un lugar muy importante y muy especial. Desde ese punto de vista, se compensan ambos sentimientos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ruego al Senado me permita, desde la Presidencia, adherir totalmente a las dos líneas de pensamiento que han compartido todos los señores Senadores y señoras Senadoras que se refirieron, respectivamente, al pasaje positivo que ha tenido Mónica Xavier por este Cuerpo y a los augurios de éxito en su gestión política.

8) SUBSIDIO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 5.º DE LA LEY N.º 15.900

SEÑOR PRESIDENTE.- La señora Mónica Xavier ha presentado una solicitud para que, luego de aceptada su renuncia al cargo de Senadora, pueda acogerse al subsidio consagrado en el artículo 5.º de la Ley n.º 15.900, de 21 de octubre de 1987, y sus modificativas.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 2 de mayo de 2013.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente:

 

Solicito, a partir de que el Senado acepte mi renuncia, acogerme al beneficio del subsidio consagrado en el artículo 5.º de la Ley n.º 15.900 y sus modificativas, y en concordancia con el numeral 10) del artículo 77 de la Constitución.

Sin otro particular, atte.

Mónica Xavier. Senadora”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Precisamente, ese numeral 10) del artículo 77 de la Constitución es el que exige que este Cuerpo apruebe, por una mayoría especial de tres quintos de votos, la concesión del subsidio.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) “RESPUESTA DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS A IMPACTOS ANTROPOGÉNICOS DURANTE 2011 Y 2012”

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la Media Hora Previa.

Tiene la palabra el señor Senador Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: hemos tenido oportunidad de leer un informe realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias, basado en un curso de posgrado del Pedeciba, que se titula: “Respuesta de los Ecosistemas Acuáticos a Impactos Antropogénicos durante 2011 y 2012”.

El valor que tiene este trabajo es que fue realizado antes de los episodios de marzo de 2013, cuando se produjo el primer fenómeno registrado de floración de cianobacterias en la Planta potabilizadora de Aguas Corrientes, lo que afectó la calidad del agua potable por la presencia de una molécula aromática no tóxica.

Esto, de alguna manera, ya había sido previsto en este informe que dos años antes había realizado un equipo de investigadores encabezado por Luis Aubriot, Claudia Piccini y Emanuel Machín.

En la última década se había observado un deterioro progresivo importante de la calidad de agua de los ecosistemas del Uruguay, evidenciado por el incremento de la frecuencia y duración de las floraciones de cianobacterias. El deterioro de la calidad del agua por efecto de la eutrofización está estrechamente ligado al uso productivo de la tierra, a la destrucción de los ecosistemas naturales y al aporte de aguas residuales urbanas y suburbanas. Un caso particular es el río Santa Lucía y su cuenca, pues mientras esta tiene una actividad agroindustrial intensiva, el cauce principal es utilizado para producir agua potable para abastecer aproximadamente al 60 % de la población del país. La cuenca del río Santa Lucía recibe los efluentes de industrias, centros urbanos y establecimientos agropecuarios y de continuar con esta tendencia de aportes antrópicos se pone en riesgo la factibilidad de potabilización del agua, según el estudio que había realizado Rafael Arocena en el año 2008.

Durante el monitoreo realizado en la cuenca del río Santa Lucía se determinó que el arroyo Canelón Chico y el arroyo Canelón Grande presentan una calidad de agua de mala a muy mala, según el Índice ICA. Ambos arroyos desembocan a 1 km aguas arriba de la presa de Aguas Corrientes –a cargo de OSE–, es decir, del lugar donde se toma el agua a potabilizar para toda el área metropolitana. Una evaluación reciente de la cuenca del río Santa Lucía muestra que el 100 % de la industria frigorífica, de alimentos y de bebidas, y el 70 % de lácteos incumple la normativa vigente para indicadores de contaminación como el fósforo total y el amonio, como fuentes puntuales.

En este informe se plantean, fundamentalmente, propuestas de recuperación de la calidad de agua del arroyo Canelón Chico, así como medidas de mitigación en el aporte de nutrientes de material orgánico y de productos agrotóxicos. Se apunta, sobre todo, a realizar un tratamiento terciario eficiente en el caso de frigoríficos, tambos y aguas residuales de la ciudad de Canelones y, en caso de no cumplir con esto, a construir humedales artificiales que reciban el efluente ya tratado para retener los nutrientes que la planta no ha podido captar. También hace mención a la importancia que tiene el tema de los desechos urbanos, ya que existen vertederos que se encuentran dentro de la cota máxima de inundación del arroyo Canelón Chico, y a las medidas que hay que tomar, tales como evitar el lixiviado y actuar sobre la agricultura intensiva determinando una zona de exclusión que permita la recuperación de la flora ribereña.

En definitiva, se apunta a empezar a resolver los problemas que presenta el Frigorífico Canelones, que sus efluentes salen de la planta industrial tras un tratamiento primario y antes de ser volcados al arroyo Canelón Chico reciben un segundo tratamiento; a actuar sobre los desechos urbanos de la ciudad de Canelones; a actuar sobre un antiguo vertedero de basura ubicado a 300 metros del cauce del arroyo Canelón Chico; a actuar sobre la planta de tratamiento de aguas cloacales de la ciudad de Canelones –según ha informado OSE, dicha planta cuenta con un tratamiento terciario–; a actuar sobre los cultivos de soja en el sentido de identificarlos y tener los recaudos necesarios a los efectos de evitar el ingreso de fitosanitarios al curso de agua del arroyo Canelón Chico.

Este ha sido un trabajo muy importante –que fue previo a los eventos que ocurrieron en la Planta de Aguas Corrientes– que, debe alertarnos, dada su magnitud, y nos sitúa ante una situación preocupante que nos lleva a seguir trabajando.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a OSE, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura y Pesca, al Ministerio de Salud Pública, a la Intendencia de Canelones, a la Facultad de Ciencias y al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Gallo Imperiale.

(Se vota:)

–22 en 23. Afirmativa.

10) NUMERAL PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. VUELTA A COMISIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería que el Senado ingresara al Orden del Día para considerar el asunto que figura en primer término.

SEÑOR ROSADILLA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: la Bancada del Frente Amplio solicita que este proyecto de ley regrese a la Comisión de Asuntos Internacionales y, por lo tanto, que no se trate en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Rosadilla en el sentido de que este proyecto de ley retorne a la Comisión de Asuntos Internacionales.

(Se vota:)

–21 en 23. Afirmativa.

11) INTEGRACIÓN DEL CUERPO POR RENUNCIA DE LA SEÑORA SENADORA XAVIER

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que, en virtud de haberse aprobado la renuncia presentada por la señora Mónica Xavier, corresponde convocar a su suplente respectivo, señor Roberto Conde. Sin embargo, hemos recibido una comunicación del señor Roberto Conde informando que ha cesado en el cargo de Subsecretario de Relaciones Exteriores y presentado nota de renuncia como Representante nacional pero que, hasta tanto esta no sea aprobada por parte de esa Cámara, se ve en la obligación de desistir por esta vez a la convocatoria correspondiente para integrar el Senado.

Por las razones expuestas y habiendo presentado nota de desistimiento los señores Walter Morodo, Jorge Basso y Daniel Olesker, queda convocado el señor Eduardo Fernández, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

12) TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: “Proyecto de ley por el que se tipifican delitos y se modifica el artículo 365 del Código Penal sobre Tráfico Ilícito de Armas. (Carp. n.º 845/2012 – Rep. n.º 801/2013 – Rep. n.º 801/2013 Anexo I)”.

(Antecedentes:)

«Carp. n.° 845/2012
Rep. n.° 801/2013

CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Constitución y Legislación

Proyecto de ley sustitutivo

Artículo 1.°. (Tenencia y porte no autorizados).- Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos, según corresponda.

Se entenderá por armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a los mencionados en los numerales 3 a 6 del Artículo l de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados aprobada por la Ley n.° 17.300, de 22 de marzo de 2001.

Artículo 2.°. (Destino del material incautado).- Las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados serán incautados, sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales correspondientes.

Artículo 3.°. (Armas de fuego de caza, deportivas o de colección).- Cuando las armas de fuego sean de caza, deportivas o de colección y se encuentren en la situación prevista en el artículo 1.° de la presente ley, serán incautadas y depositadas en el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional.

Sus titulares o quienes acrediten tener derecho a que les sean reintegradas, tendrán un plazo de 3 (tres) meses para acreditar dicho extremo y realizar trámites necesarios para su regularización.

Presentada la respectiva documentación en forma, serán devueltas a los mismos; de lo contrario se producirá su decomiso de pleno derecho una vez transcurrido el plazo.

La reglamentación determinará las armas de fuego que serán consideradas de caza, deportivas o de colección.

Artículo 4.°. (Comercialización de armas de fuego).- Los establecimientos que comercializan armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados deberán estar autorizados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional.

También deberán informar a dichas autoridades todas las operaciones comerciales que tengan por objeto las mercaderías mencionadas dentro de las 72 (setenta y dos) horas de realizadas.

Los establecimientos deberán especificar en la factura o remito respectivo, el nombre y documento de identidad del comprador o vendedor, su domicilio, así como la dirección de destino de la mercadería cuando corresponda, lo que permitirá justificar su transporte desde la casa comercial hasta el lugar de destino.

Artículo 5.°. (Datos registrales de las armas de fuego).- El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Servicio de Material y Armamento, brindará al Ministerio del Interior, en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, la información relativa a los datos registrales de las armas de fuego solicitada, así como la identificación de sus titulares.

Artículo 6.°. (Plazo para regularización).- Concédese un plazo de 8 (ocho) meses, a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a efectos de que:

a) Quienes ya posean armas de fuego en forma antirreglamentaria regularicen su situación ante las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin.

b) Se efectúe la entrega voluntaria de cualquier arma de fuego que se posea a las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin, sin que deba justificarse su procedencia. Las armas recibidas serán inmediatamente derivadas al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional a los efectos previstos en el artículo siguiente.

A tales efectos, el Ministerio del Interior hará una campaña de información y educación a la población, pudiendo hacer uso para la difusión de dicha campaña, en los medios correspondientes, de las facultades que otorga el artículo 141 de la Ley n.° 18.996, de 7 de noviembre de 2012.

Artículo 7.°. (Destrucción).- Transcurridos 6 (seis) meses las armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que fueran incautados, decomisados o entregados voluntariamente serán destruidos, salvo aquellos que pudieran ser utilizados por el Ministerio del Interior o por el Ministerio de Defensa Nacional para el cumplimiento de sus funciones, según lo establecido, en el artículo 2.° de la Ley n.° 18.087, de 5 de enero de 2007.

Aquellos efectos mencionados en el inciso precedente que fueran objeto de procedimientos administrativos o jurisdiccionales, no serán destruidos mientras dichos procedimientos se hallaren en trámite.

Artículo 8.°. (Delito de Tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).- El que realizare la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, distribución, traslado o transferencia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados desde o a través del territorio nacional a otro Estado sin obtener previamente la autorización de todos los Estados concernidos, será castigado con tres a doce años de penitenciaría.

Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena será aumentada en un tercio.

Artículo 9.°. (Delito de Tráfico interno, uso y fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).- El que de cualquier modo adquiriere, alquilare, recibiere, transportare, distribuyere, ocultare, tuviere en depósito, fabricare, produjere, creare, armare, ensamblare o reensamblare, adulterare, vendiere, o de cualquier forma utilizare armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados sin autorización o contraviniendo las normas legales, será castigado con una pena de veinte meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena será aumentada en un tercio.

Artículo 10. (Otras medidas).- Cuando el delito sea competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, serán de aplicación el artículo 9.° de la Ley n.° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 4.° de la Ley n.° 18.494, de 5 de junio de 2009 y los artículos 5.°, 6.° y 7.° de la Ley n.° 18.494, de 5 de junio de 2009, en lo pertinente.

Artículo 11. (Medidas especiales).- Serán de aplicación para los delitos establecidos por la presente ley las medidas cautelares y el decomiso previstos en los artículos 62 y 63 del Decreto - Ley n.° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 2.° de la Ley n.° 18.494, de 5 de junio de 2009.

En ningún caso los materiales incautados podrán volver al mercado, aplicándoseles las disposiciones sobre destino final establecidas en el artículo 2.° de la Ley n.° 18.087, de 5 de enero de 2007.

Artículo 12. (Competencia).- Amplíase la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado prevista por el artículo 414 de la Ley n.° 18.362, de 6 de octubre de 2008, incorporándose el delito de “Tráfico internacional de armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”.

Incorpórase el delito de “Tráfico interno y fabricación ilegal de armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, cuando exista participación de una organización criminal.

Artículo 13. (Derogaciones).- Derógase el numeral 12 del artículo 365 del Código Penal aprobado por Ley n.° 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 216 de la Ley n.° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Sala de la Comisión, en Montevideo, el 16 de abril de 2013.

Rafael Michelini, Miembro Informante; Eber Da Rosa (con salvedades), Carlos Moreira (con salvedades), Francisco Gallinal (con salvedades), Rodolfo Nin Novoa, Eduardo Lorier, Ope Pasquet (con salvedades), Constanza Moreira, Luis Rosadilla».

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«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Constitución y Legislación

ACTA N.° 97

En Montevideo, el día nueve de abril del año dos mil trece, a la hora catorce y cuarenta y cinco minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señora Senadora Constanza Moreira; y señores Senadores Francisco Gallinal, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Rodolfo Nin Novoa y Luis Rosadilla.

Faltan con aviso los señores Senadores Eber Da Rosa y Ope Pasquet.

Preside la señora Senadora Constanza Moreira, Presidenta de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria Teresa Paredes y el señor Prosecretario subrogante, Alejandro Aguerre.

Asuntos entrados:

Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

– Carpeta n.° 1165/2013. PROPUESTA DE GOBIERNO DE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Se establecen normas para su presentación ante la Corte Electoral y se regula su publicación. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Luis Alberto Lacalle Herrera. (Distribuido n.° 1998/2013).

– Nota del Consejo Consultivo Baires, de fecha 30 de marzo de 2013, por la que comunica la resolución adoptada en relación al voto desde el exterior de los uruguayos que residen fuera del país.

– Nota del Consejo Consultivo Río de Janeiro, de fecha 6 de abril de 2013, por la que remite adjunto “Pedido de Reglamentación del artículo 77 de la Constitución de la República”.

La señora Presidenta informa sobre una jornada organizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos que se realizará en el día de mañana. Solicita al señor Senador Michelini que estudie el tema y elabore una síntesis para la primera sesión de mayo.

Nota de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 2 de abril de 2013, en respuesta a la Nota n.° 71/12, de 18 de octubre de 2012, en relación a la denuncia de violencia sexual que plantearan un grupo de expresas políticas y la solicitud de creación de un Juzgado y Fiscalía Especializados en investigación y seguimiento de crímenes de lesa humanidad. (Carpeta n.° 1015/2012).

El señor Senador Rosadilla propone que se invite a los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia a efectos de conocer los fundamentos de su respuesta. La señora Presidenta dispone que se remita la versión taquigráfica de la sesión del día de hoy y pone a votación la moción formulada. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se resuelve coordinar el día en que serán recibidos los señores Ministros.

Orden del Día:

1.°) Carpeta n.° 845/2012. TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS. Se tipifican delitos y se modifica el artículo 365 del Código Penal. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 1343/2012).

La señora Presidenta pone a consideración de los señores Senadores el artículo 1.° (comunica que se trabajará sobre el Distribuido n.° 1961/2013).

El señor Senador Rosadilla sugiere dejar librada a la reglamentación la definición de “armas de fuego”. Manifiesta su acuerdo con la separación de los temas de “tenencia” y “destino de las armas” que propone el Ministerio de Defensa Nacional.

El señor Senador Lorier señala que debería incluirse el término “transporte”, propuesto por la Federación Uruguaya de Tiro Práctico y la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones del Uruguay.

Luego de un intercambio de consideraciones, se acuerda definir en una sesión posterior la ubicación del tema de transporte.

Los señores Senadores intercambian opiniones respecto al concepto de “materiales relacionados”.

El señor Senador Michelini señala que debería agregarse el artículo la delante de “Ley n.° 17.300”.

Se vota por incisos. Artículo 1.°. Sustitutivo. Inciso primero: Se vota sin modificaciones: 5 en 7. Afirmativa. Se rectifica la votación: 6 en 7. Afirmativa.

Artículo 1.°. Sustitutivo. Inciso segundo: Se vota con modificaciones de redacción: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1.°/1, aditivo.

El señor Senador Carlos Moreira sugiere que el inciso segundo finalice en los términos “serán incautadas”.

Varios Señores Senadores intercambian opiniones sobre la conveniencia de incluir las normas administrativas en el inciso primero.

Artículo 1.°/1. Aditivo. Se vota por incisos. Inciso primero. Se vota sin modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso segundo.

Los señores Senadores intercambian opiniones respecto a emplear el criterio de descripción de las armas o de los usuarios sobre la conveniencia de establecer el lugar donde serán depositadas las armas incautadas. Asimismo, varios señores Senadores hacen consideraciones sobre los términos “propietarios”, “tenedores” y “usuarios habilitados”. El señor Senador Gallinal propone la frase “teniendo sus titulares o quienes acrediten tener derecho a que le sean reintegradas” y eliminar la segunda mención que hace el inciso a “los interesados”, cambiando la expresión por “a los mismos”.

El inciso segundo se pone a votación por párrafos.

Artículo 1.°/1. Aditivo. Inciso segundo, primer párrafo. Se vota: con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD

Inciso segundo, segundo párrafo. Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Inciso segundo, tercer párrafo. Se vota con modificaciones de redacción: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso tercero.

Los señores Senadores intercambian consideraciones respecto al plazo. La señora Presidenta sugiere separar la disposición que regula las armas de caza en un artículo separado con nomen juris que dé cuenta de la excepción. El señor Senador Michelini manifiesta su preferencia de que se establezca en un solo artículo.

Los señores Senadores Lorier, Gallinal, Nin Novoa, Michelini y Rosadilla se refieren al ordenamiento del articulado y se acuerda que se elabore por Secretaría una propuesta de ordenamiento. El señor Senador Nin Novoa propone que el artículo 4.° se ubique a continuación del artículo 1.°. Varios señores Senadores manifiestan su acuerdo.

El señor Senador Michelini propone que se postergue la consideración del tercer inciso. Los señores Senadores manifiestan su acuerdo con la postergación.

Artículo 1.°/1. Aditivo. Inciso tercero: Se posterga.

En consideración el inciso cuarto.

La señora Presidenta expresa que también debiera incluirse en este inciso la determinación del plazo, de modo de que también quede librado a la reglamentación.

Se acuerda poner la disposición a votación y definir su ubicación en una sesión posterior. Artículo 1.°/1. Aditivo. Inciso cuarto. Se vota sin modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El señor Senador Michelini adelanta su consideración respecto del artículo 3.° en el sentido de que resulta excesiva la exigencia de intervención de un juez. La señora Presidenta expresa su acuerdo con la precisión.

Los artículos aprobados quedan redactados de la siguiente manera:

Artículo 1.°. (Tenencia y porte no autorizados).- Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Defensa Nacional.

Se entenderá por armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a los mencionados en los numerales 3 a 6 del Artículo I de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados aprobada por la Ley n.° 17.300, de 22 de marzo de 2001.

Artículo 1.º/1 Aditivo. (Destino del material incautado).- Las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados serán incautados, sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales correspondientes.

Cuando las armas de fuego sean de caza, deportivas o de colección y se encuentren en la situación prevista en el presente artículo, serán incautadas y depositadas en el Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. Sus titulares o quienes acrediten tener derecho a que le sean reintegradas, tendrán un plazo de 3 (tres) meses para acreditar dicho extremo y realizar los trámites necesarios para su regularización. Presentada la respectiva documentación en forma, serán devueltas a los mismos; de lo contrario se producirá su decomiso de pleno derecho una vez transcurrido el plazo.

Inciso tercero Se posterga.

La reglamentación determinará las armas de fuego que serán consideradas de caza, deportivas o de colección”.

2.°) Carpeta n.° 1125/2012. FALTAS, CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. Normas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido n.° 1918/2012).

Los señores Senadores resuelven postergar su tratamiento.

3.°) Carpeta n.° 475/2011. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA PÚBLICA. Se modifica el régimen vigente. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 625/2011).

Los señores Senadores resuelven postergar su tratamiento.

El señor Senador Gallinal propone que se invite al señor Ministro de Industria, Energía y Minería a efectos de que informe sobre una resolución del Poder Ejecutivo de 4 de marzo del corriente año, relacionada con decisiones del Directorio de UTE.

El señor Senador Michelini propone que se le envíe la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Senador Gallinal, al señor Ministro de Industria, Energía y Minería y que la Comisión sesione, a efectos de recibirlo, en la última semana del mes de abril.

Resoluciones:

Se resuelve que por Secretaría se elabore el calendario de sesiones de las Comisiones en las que participan los señores Senadores miembros a efectos de definir dos sesiones extraordinarias para recibir a los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia y al señor Ministro de Industria, Energía y Minería.

Volver a sesionar el próximo martes 16 de abril a efectos de continuar con la consideración del proyecto de ley por el que se regula el tráfico ilícito de armas.

De lo actuado se toma versión taquigráfica que luce en el Distribuido n.° 2010/2013, que forma parte de la presente.

A la hora dieciséis y cincuenta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria.

Constanza Moreira, Presidenta; Teresa Paredes, Secretaria.

ACTA N.° 98

En Montevideo, el día dieciséis de abril del año dos mil trece, a la hora catorce y cuarenta y dos minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señora Senadora Constanza Moreira; y señores Senadores Eber Da Rosa, Antonio Gallicchio, Francisco Gallinal, Carlos Moreira, Rodolfo Nin Novoa, Ope Pasquet y Luis Rosadilla.

Falta con aviso el señor Senador Eduardo Lorier.

Preside la señora Senadora Constanza Moreira, Presidenta de la Comisión.

Actúan en Secretaría las señoras Secretarias de Comisión Teresa Paredes y Rosa De León y el señor Prosecretario subrogante, Alejandro Aguerre.

Asuntos entrados:

Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

– Nota L n.° 434/2013 de la Presidencia del Senado, de fecha 9 de abril de 2013, por la que remite oficios de la Suprema Corte de Justicia relacionados con una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 1.°, 2.°, 10 y 11 de la Ley n.° 18.876, de 29 de diciembre de 2011 (Se reparte Distribuido n.° 2017/2013).

– Nota del Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 15 de abril de 2013, por la que el señor Ministro, Dr. Ricardo Ehrlich, junto al Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, solicitan ser recibidos para brindar opinión sobre el proyecto de ley a estudio referente al Código del Proceso Penal (Carpeta n.° 418/2010 - Distribuido n.° 558/2010).

ORDEN DEL DÍA:

1.°) Carpeta n.° 845/2012. TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS. Se tipifican delitos y se modifica el artículo 365 del Código Penal. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 1343/2012).

La señora Presidenta, en nombre de la Bancada del Frente Amplio, presenta un texto sustitutivo al articulado que, por Secretaría, se reparte a los señores Senadores miembros. Se procede a dar lectura al artículo 1.° e incisos primero, segundo y cuarto del artículo 1.°/1 aditivo, que fueron aprobados en la pasada sesión de la Comisión de 12 de abril.

La señora Presidenta propone reconsiderar el artículo 1.°/1 aprobado y que el mismo se estructure solo con el inciso primero. Asimismo, propone conformar un artículo separado, que se identifica como 1.°/2, con cuatro incisos cuyos textos figuraban en el artículo 1.°/1, y sugiere darle el nomen juris “Armas de fuego de caza, deportivas o de colección”; a su vez retira el inciso tercero postergado.

Se reconsidera y se votan en conjunto: Artículo 1.º/1 aditivo y artículo 1.°/2 aditivo con nomen juris: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.° sustitutivo, de la segunda propuesta de redacción presentada.

El señor Senador Rosadilla manifiesta su desacuerdo con el inciso cuarto que refiere a la exigencia de certificar la inexistencia de antecedentes judiciales.

Varios señores Senadores intercambian opiniones. El señor Senador Nin Novoa señala que hay exigencias que ya están vigentes en la reglamentación.

La señora Presidenta sugiere finalizar el inciso primero a continuación de “Ministerio de Defensa Nacional”.

El señor Senador Pasquet propone sustituir en el inciso segundo la expresión “en las cuales participen” por la frase “que tengan por objeto” al referirse a las mercaderías mencionadas. El señor Senador Gallinal propone sustituir el término “transacciones” por “operaciones comerciales” en el inciso segundo, y consecuentemente también en el nomen juris. En el inciso tercero sugiere sustituir la palabra “tránsito” por “transporte”.

Artículo 2.° sustitutivo.- Se vota: con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3.° sustitutivo, de la segunda propuesta de redacción presentada.

La señora Presidenta corrige la redacción y señala que debe decir “información relativa a los datos”.

Artículo 3.° sustitutivo.- Se vota: con modificaciones de redacción: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4.° sustitutivo, de la segunda propuesta de redacción presentada.

Los señores Senadores intercambian consideraciones respecto al literal b) y sobre la mención al plazo en el inciso cuarto.

El señor Senador Pasquet propone finalizar el literal b) en la expresión “sin que deba justificarse su procedencia”.

El señor Senador Gallinal propone para el inciso cuarto, eliminar la frase “en el plazo antes mencionado”.

Artículo 4.° sustitutivo.- Se vota: con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. En consideración el artículo 9.° en la redacción segunda propuesta.

Luego de un intercambio de opiniones sobre los conceptos de incautación y decomiso, así como sobre la concesión de un plazo, el señor Senador Gallinal propone agregar el término “incautados” antes de “decomisados”. El señor Senador Rosadilla propone comenzar la disposición diciendo “Transcurridos 6 meses”. Para una mejor redacción, el señor Senador Pasquet sugiere suprimir la coma luego del término “relacionados”.

Artículo 9.° sustitutivo.- Se vota: con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se ubicará a continuación del artículo 4.°.

En consideración el artículo 5.° sustitutivo, de la segunda propuesta de redacción presentada.

El señor Senador Pasquet manifiesta sus reservas con la proliferación de verbos que presenta la redacción y expresa que no votará la disposición.

La señora Presidenta informa que realizó consultas con asesores en materia de técnica legislativa quienes afirmaron que, si se trata de delitos, es más clara la enumeración explícita.

El señor Senador Da Rosa propone que la Presidencia de la Comisión realice consultas con especialistas en derecho penal sobre el alcance de los verbos que figuran en la redacción. El señor Senador Gallicchio propone votar el resto de los artículos en la redacción sustitutiva propuesta.

Artículo 5.° sustitutivo.- Se vota: sin modificaciones: 5 en 6. Afirmativa.

En consideración el artículo 6.° sustitutivo, de la segunda propuesta de redacción presentada.

Varios señores Senadores intercambian opiniones sobre el alcance del plazo establecido en el proyecto de ley, así como la posibilidad de reducir las categorías verbales que presenta la redacción.

El señor Senador Rosadilla propone un cuarto intermedio de 5 minutos. Se vota: 5 en 6. Afirmativa. Es la hora 17 y 23 minutos.

Finalizado el cuarto intermedio, se reanuda la sesión.

La señora Presidenta pone a votación los restantes artículos del proyecto de ley en la redacción sustitutiva presentada.

Artículo 6.° sustitutivo.- Se vota: sin modificaciones: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 7.° sustitutivo.- Se vota: sin modificaciones: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 8.° sustitutivo.- Se vota: sin modificaciones: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 10 sustitutivo.- Se vota: sin modificaciones: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 11 sustitutivo.- Se vota: sin modificaciones: 4 en 5. Afirmativa.

El señor Senador Nin Novoa propone al señor Senador Rafael Michelini como Miembro Informante. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El proyecto de ley sustitutivo aprobado, queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1.°. (Tenencia y porte no autorizados).- Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Defensa Nacional.

Se entenderá por armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a los mencionados en los numerales 3 a 6 del Artículo I de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados aprobada por la Ley n.° 17.300, de 22 de marzo de 2001.

Artículo 2.°. (Destino del material incautado).- Las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados serán incautados, sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales correspondientes.

Artículo 3.°. (Armas de fuego de caza, deportivas o de colección).- Cuando las armas de fuego sean de caza, deportivas o de colección y se encuentren en la situación prevista en el artículo 1 .° de la presente ley, serán incautadas y depositadas en el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional.

Sus titulares o quienes acrediten tener derecho a que le sean reintegradas, tendrán un plazo de 3 (tres) meses para acreditar dicho extremo y realizar los trámites necesarios para su regularización.

Presentada la respectiva documentación en forma, serán devueltas a los mismos; de lo contrario se producirá su decomiso de pleno derecho una vez transcurrido el plazo.

La reglamentación determinará las armas de fuego que serán consideradas de caza, deportivas o de colección.

Artículo 4.°. (Comercialización de armas de fuego).- Los establecimientos que comercializan armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados deberán estar autorizados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional.

También deberán informar a dichas autoridades todas las operaciones comerciales que tengan por objeto las mercaderías mencionadas dentro de las 72 (setenta y dos) horas de realizadas.

Los establecimientos deberán especificar en la factura, o remito respectivo, el nombre y documento de identidad del comprador o vendedor, su domicilio, así como la dirección de destino de la mercadería cuando corresponda, lo que permitirá justificar su transporte desde la casa comercial hasta el lugar de destino.

Artículo 5.°. (Datos registrales de las armas de fuego).- El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Servicio de Material y Armamento, brindará al Ministerio del Interior, en todo momento que se requiera, la información relativa a los datos registrales de las armas de fuego requeridas, así como la identificación de sus titulares.

Artículo 6.°. (Plazo para regularización).- Concédese un plazo de 8 (ocho) meses, a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a efectos de que:

Quienes ya posean armas de fuego en forma antirreglamentaria regularicen su situación ante los organismos correspondientes.

Se efectúe la entrega voluntaria de cualesquier arma de fuego que se posea al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional sin que deba justificarse su procedencia.

A tales efectos, el Ministerio del Interior hará una campaña de información y educación a la población, pudiendo hacer uso para la difusión de dicha campaña, en los medios correspondientes, de las facultades que otorga el artículo 141 de la Ley n.° 18.996, de 7 de noviembre de 2012.

Artículo 7.°. (Destrucción).- Transcurridos 6 (seis) meses las armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que fueran incautados, decomisados o entregados voluntariamente serán destruidos, salvo aquellos que pudieran ser utilizados por el Ministerio del Interior o por el Ministerio de Defensa Nacional para el cumplimiento de sus funciones, según lo establecido en el artículo 2.° de la Ley n.° 18.087, de 5 de enero de 2007.

Artículo 8.°. (Delito de Tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).- El que realizare la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, distribución, traslado o transferencia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados desde o a través del territorio nacional a otro Estado sin obtener previamente la autorización de todos los Estados concernidos, será castigado con tres a doce años de penitenciaría.

Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena será aumentada en un tercio.

Artículo 9.°. (Delito de Tráfico interno, uso y fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).- El que de cualquier modo adquiriere, alquilare, recibiere, transportare, distribuyere, ocultare, tuviere en depósito, fabricare, produjere, creare, armare, ensamblare o reensamblare, adulterare, vendiere, o de cualquier forma utilizare armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados sin autorización o contraviniendo las normas legales, será castigado con una pena de veinte meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena será aumentada en un tercio.

Artículo 10. (Otras medidas).- Cuando el delito sea competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, serán de aplicación el artículo 9.° de la Ley n.° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 4.° de la Ley n.° 18.494, de 5 de junio de 2009 y los artículos 5.°, 6.° y 7.° de la Ley n.° 18.494, de 5 de junio de 2009, en lo pertinente.

Artículo 11. (Medidas especiales).- Serán de aplicación para los delitos establecidos por la presente ley las medidas cautelares y el decomiso previstos en los artículos 62 y 63 del Decreto - Ley n.° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 2.° de la Ley n.° 18.494, de 5 de junio de 2009.

En ningún caso los materiales incautados podrán volver al mercado, aplicándoseles las disposiciones sobre destino final establecidas en el artículo 2.° de la Ley n.° 18.087, de 5 de enero de 2007.

Artículo 12. (Competencia).- Amplíase la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado prevista por el artículo 414 de la Ley n.° 18.362, de 6 de octubre de 2008, incorporándose el delito de “Tráfico internacional de armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”. Incorpórase el delito de “Tráfico interno y fabricación ilegal de armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, cuando exista participación de una organización criminal.

Artículo 13. (Derogaciones).- Derógase el numeral 12 del artículo 365 del Código Penal aprobado por Ley n.° 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 216 de la Ley n.° 15.903, de 10 de noviembre de 1987”.

2.°) Carpeta n.° 1125/2012. FALTAS, CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. Normas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido n.° 1918/2012).

Los señores Senadores resuelven postergar su tratamiento.

3.°) Carpeta n.° 475/2011. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA PÚBLICA. Se modifica el régimen vigente. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 625/2011).

Los señores Senadores resuelven postergar su tratamiento.

A la hora diecisiete y cuarenta y cuatro minutos, se levanta la sesión.

De lo actuado se toma versión taquigráfica que luce en el Distribuido n.° 2022/2013 y que forma parte de la presente.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria.

Constanza Moreira, Presidenta; Teresa Paredes, Secretaria.

ACTA N.° 100

En Montevideo, el día veintinueve de abril del año dos mil trece, a la hora diecisiete y cinco minutos, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señora Senadora Constanza Moreira y señores Senadores Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Rodolfo Nin Novoa, Ope Pasquet y Luis Rosadilla.

Faltan con aviso los señores Senadores Eber Da Rosa y Francisco Gallinal.

Concurre el señor Director de Gestión Legislativa, César González.

Preside la señora Senadora Constanza Moreira, Presidenta de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Teresa Paredes y el señor Prosecretario subrogante, Alejandro Aguerre.

La señora Presidenta dispone que se incluya en el Orden del Día de la próxima sesión del martes 7 de mayo, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se declara feriado no laborable el día 8 de julio de 2013 para la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado, con motivo de conmemorarse los doscientos cincuenta años de su fundación. Carpeta n.° 1172/2013 - Distribuido n.° 2029/2013.

Orden del Día:

1.°) Carpeta n.° 845/2012. TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS. Se tipifican delitos y se modifica el artículo 365 del Código Penal. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 1343/2012).

La señora Presidenta propone que se reconsidere el artículo 1.°.

Artículo 1.°. Se reconsidera: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Varios señores Senadores intercambian opiniones respecto a la exigencia de autorizaciones por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional y sobre la inclusión del término “explosivos”. El señor Senador Rosadilla expresa que en el futuro el contenido de la disposición en consideración debería estar en el ámbito de un organismo estrictamente civil. El señor Senador Pasquet propone que se sustituya la conjunción “y” por una coma a continuación de “Ministerio del Interior” y se agregue al final del inciso la frase “o por ambos, según corresponda”.

Artículo 1.°.- Se vota con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Los señores Senadores intercambian opiniones respecto al artículo 4.°.

La señora Presidenta pone a votación la reconsideración del artículo 5.°.

Artículo 5.°. Se reconsidera: 6 en 7. Afirmativa.

La señora Presidenta informa que el Ministerio del Interior sugirió la inclusión de un plazo a efectos de la dinámica de la información que debe brindar el Servicio de Material y Armamento.

El señor Senador Rosadilla considera que los Registros deben estar en línea con una base de datos común a ambos Ministerios. Propone que se agregue, a continuación de “Ministerio del Interior” la frase “en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho horas).

Luego de varias consideraciones expresadas por los señores Senadores, el señor Senador Ope Pasquet propone cambiar el adjetivo “requeridas” por “solicitadas” en referencia a las armas de fuego.

Artículo 5.°.- Se vota con modificaciones: 6 en 7. Afirmativa.

La señora Presidenta pone a reconsideración el artículo 6.°.

Artículo 6.°. Se reconsidera: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Luego de varias consideraciones, la señora Presidenta propone para el literal a), sustituir la expresión “los organismos correspondientes” por “las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin”. Para el literal b) propone sustituir “al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional” por la frase antes señalada, de modo de armonizar la disposición.

El señor Senador Pasquet propone que se diga “cualquier arma de fuego”.

De varias propuestas realizadas, se acuerda agregar un párrafo final, en el literal b), que diga: “Las armas recibidas serán inmediatamente derivadas al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional a los efectos previstos en el artículo siguiente”.

Artículo 6.°. Sustitutivo.- Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD

El señor Senador Pasquet propone la reconsideración del artículo 7.°.

Artículo 7.°. Se reconsidera: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El señor Senador Pasquet argumenta que el plazo no contempla el tiempo que lleva la sustanciación de los recursos y señala la importancia de que las armas no sean destruidas hasta tanto no sean resueltos los mismos. Propone un inciso segundo aditivo que exprese: “Aquellos efectos mencionados en el inciso precedente que fueran objeto de procedimientos administrativos o jurisdiccionales, no serán destruidos mientras dichos procedimientos se hallaren en trámite”.

Artículo 7.° Sustitutivo.- Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Los señores Senadores intercambian consideraciones respecto al artículo 12 que amplía la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado e incorpora los delitos de Tráfico interno y Tráfico Internacional.

El señor Senador Pasquet propone una redacción que diga: “la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado se entenderá referida a los delitos previstos por los artículos 8.° y 9.° de la presente ley.

La señora Presidenta expone sobre la posibilidad de modificar el numeral respectivo de la Ley n.° 18.362.

El señor Senador Michelini propone que se elabore una redacción para presentar en la oportunidad de su consideración por el Plenario.

La señora Presidenta informa que en la sesión del 16 de abril próximo pasado se designó como Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini.

Se acuerda no reconsiderar el artículo 12.

El proyecto de ley sustitutivo aprobado, queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1.°. (Tenencia y porte no autorizados).- Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos, según corresponda.

Se entenderá por armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a los mencionados en los numerales 3 a 6 del Artículo I de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados aprobada por la Ley n.° 17.300, de 22 de marzo de 2001.

Artículo 2.°. (Destino del material incautado).- Las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados serán incautados, sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales correspondientes.

Artículo 3.°. (Armas de fuego de caza, deportivas o de colección).- Cuando las armas de fuego sean de caza, deportivas o de colección y se encuentren en la situación prevista en el artículo 1.° de la presente ley, serán incautadas y depositadas en el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional.

Sus titulares o quienes acrediten tener derecho a que le sean reintegradas, tendrán un plazo de 3 (tres) meses para acreditar dicho extremo y realizar los trámites necesarios para su regularización.

Presentada la respectiva documentación en forma, serán devueltas a los mismos; de lo contrario se producirá su decomiso de pleno derecho una vez transcurrido el plazo.

La reglamentación determinará las armas de fuego que serán consideradas de caza, deportivas o de colección.

Artículo 4.°. (Comercialización de armas de fuego).- Los establecimientos que comercializan armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados deberán estar autorizados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional.

También deberán informar a dichas autoridades todas las operaciones comerciales que tengan por objeto las mercaderías mencionadas dentro de las 72 (setenta y dos) horas de realizadas.

Los establecimientos deberán especificar en la factura, o remito respectivo, el nombre y documento de identidad del comprador o vendedor, su domicilio, así corno la dirección de destino de la mercadería cuando corresponda, lo que permitirá justificar su transporte desde la casa comercial hasta el lugar de destino.

Artículo 5.°. (Datos registrales de las armas de fuego).- El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Servicio de Material y Armamento, brindará al Ministerio del Interior, en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, la información relativa a los datos registrales de las armas de fuego solicitada, así como la identificación de sus titulares.

Artículo 6.°. (Plazo para regularización).- Concédese un plazo de 8 (ocho) meses, a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a efectos de que:

a) Quienes ya posean armas de fuego en forma antirreglamentaria regularicen su situación ante las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin.

b) Se efectúe la entrega voluntaria de cualquier arma de fuego que se posea a las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin, sin que deba justificarse su procedencia. Las armas recibidas serán inmediatamente derivadas al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional a los efectos previstos en el artículo siguiente.

A tales efectos, el Ministerio del Interior hará una campaña de información y educación a la población, pudiendo hacer uso para la difusión de dicha campaña, en los medios correspondientes, de las facultades que otorga el artículo 141 de la Ley n.° 18.996, de 7 de noviembre de 2012.

Artículo 7.°. (Destrucción).- Transcurridos 6 (seis) meses las armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que fueran incautados; decomisados o entregados voluntariamente serán destruidos, salvo aquellos que pudieran ser utilizados por el Ministerio del Interior o por el Ministerio de Defensa Nacional para el cumplimiento de sus funciones, según lo establecido en el artículo 2.° de la Ley n.° 18.087, de 5 de enero de 2007.

Aquellos efectos mencionados en el inciso precedente, que fueran objeto de procedimientos administrativos o jurisdiccionales, no serán destruidos mientras dichos procedimientos se hallaren en trámite.

Artículo 8.°. (Delito de Tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).- El que realizare la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, distribución, traslado o transferencia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados desde o a través del territorio nacional a otro Estado sin obtener previamente la autorización de todos los Estados concernidos, será castigado con tres a doce años de penitenciaría.

Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena será aumentada en un tercio.

Artículo 9.°. (Delito de Tráfico interno, uso y fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).- El que de cualquier modo adquiriere, alquilare, recibiere, transportare, distribuyere, ocultare, tuviere en depósito, fabricare, produjere, creare, armare, ensamblare o reensamblare, adulterare, vendiere, o de cualquier forma utilizare armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados sin autorización o contraviniendo las normas legales, será castigado con una pena de veinte meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena será aumentada en un tercio.

Artículo 10. (Otras medidas).- Cuando el delito sea competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, serán de aplicación el artículo 9.° de la Ley n.° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 4.° de la Ley n.° 18.494, de 5 de junio de 2009 y los artículos 5.°, 6.° y 7.° de la Ley n.° 18.494, de 5 de junio de 2009, en lo pertinente.

Artículo 11. (Medidas especiales).- Serán de aplicación para los delitos establecidos por la presente ley las medidas cautelares y el decomiso previstos en los artículos 62 y 63 del Decreto - Ley n.° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 2.° de la Ley n.° 18.494, de 5 de junio de 2009.

En ningún caso los materiales incautados podrán volver al mercado, aplicándoseles las disposiciones sobre destino final establecidas en el artículo 2.° de la Ley n.° 18.067, de 5 de enero de 2007.

Artículo 12. (Competencia).- Amplíase la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado prevista por el artículo 414 de la Ley n.°. 18.362, de 6 de octubre de 2008, incorporándose el delito de “Tráfico internacional de armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”.

Incorpórase el delito de “Tráfico interno y fabricación ilegal de armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, cuando exista participación de una organización criminal.

Artículo 13. (Derogaciones).- Derógase el numeral 12 del artículo 365 del Código Penal aprobado por Ley n.° 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 216 de la Ley n.° 15.903, de 10 de noviembre de 1987”.

A la hora diecinueve y veinte minutos, se levanta la sesión.

De lo actuado se toma versión taquigráfica que luce en el Distribuido n.° 2037/2013 y que forma parte de la presente.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria.

Constanza Moreira, Presidenta; Teresa Paredes, Secretaria».

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SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación me ha conferido el honor de designarme para informar el proyecto de ley sustitutivo del enviado por el Poder Ejecutivo, que se ha rotulado como Tráfico Ilícito de Armas. Si bien este proyecto tiene algunos aspectos vinculados al tráfico ilícito de armas, más bien plantea la regularización de la tenencia y porte de armas por parte de la población.

Antes de referirme al proyecto de ley quisiera hacer una salvedad: la tenencia de armas por parte de la población tiene múltiples enfoques y abordajes, y no solo en el Uruguay. Precisamente, este es uno de los temas más discutidos hoy en Estados Unidos, que debe ser uno de los países más armados del mundo y donde la adquisición de armas se realiza con enorme facilidad.

Las armas muchas veces están vinculadas a todo tipo de situación; facilitan las muertes por violencia doméstica o son parte del delito y de la rapiña, pero también son múltiples los efectos de accidentes. Si bien no tengo cifras en Uruguay, puedo decir que en Estados Unidos –ya que lo nombramos– hay más de 3.000 muertes por accidentes vinculados a la tenencia de armas en las casas, muchos de ellos de niños que han visto a sus padres con las armas y que, cuando estos no están, intentan manipularlas, generando un accidente y una muerte.

A su vez, el tema de las armas está vinculado a otros aspectos que tienen que ver con nuestros procesos de independencia o revolucionarios y que la gente relaciona mucho con la libertad. En algunos casos, esto se vive con tal fanatismo que las armas se ponen por encima de la fuerza de las ideas. Volviendo al caso de Estados Unidos, debo decir que conozco a algunos ciudadanos norteamericanos muy de izquierda que, sin embargo, no están de acuerdo con el desarme que se plantea por parte del Gobierno –el mismo Gobierno que ellos han apoyado y votado–, porque vinculan el tema de las armas con los derechos ciudadanos.

Todos estos cruces y discusiones filosóficas vinculadas a las armas no están exentos de la polémica que se pueda suscitar en nuestra población, en un país que tiene más armas de las que pensamos, y tampoco en la propia Bancada oficialista, que llega a este proyecto de ley con diferentes abordajes y miradas. Algunos –entre los que me encuentro– pensamos que esto es un avance a la hora de intentar regularizar y restringir el uso y porte de armas y, otros, legítimamente y con todo derecho, consideran que debe haber una tenencia y porte responsable y que por eso corresponde una regulación, pero, a su vez, no comparten que no se permita una libre –naturalmente también responsable– adquisición.

Por lo tanto, voy a dejar de lado la discusión filosófica –y la jurídica que podría devenir– para directamente abordar el proyecto de ley en sí, respecto del cual todos los que hemos trabajado –incluso los que no lo votan por lo vinculado a las cláusulas penales– podemos tener abordajes muy diferentes, pero coincidimos en que tiene que haber una legislación que regularice, responsabilice y vincule el arma de fuego con su titular, quien naturalmente tendrá que estar registrado y ser responsable por ella.

Antes de ingresar en el análisis de este proyecto de ley, quiero agregar que esta iniciativa se embarca en la discusión de la defensa de la vida y de la seguridad, tema que planteó el señor Presidente de la República en junio del año pasado. Si bien algún integrante del Senado podría decir que este proyecto de ley no era uno de los que estaba sobre la mesa porque ingresó en abril del año pasado, es cierto que se incorporó rápidamente al paquete de iniciativas a considerar, en la medida en que una de sus partes –y no solamente la relativa a las cláusulas penales– tiene que ver con la verificación de aquellas armas que están en poder de los delincuentes. En estos casos los jueces y policías no pueden hacer nada si la persona que porta un arma dice que la encontró, aunque haya sido robada o no tenga identificación, no pudiéndose tipificársele delito alguno. Esta es la situación actual y aunque se sepa que la persona tiene antecedentes o que dicha arma puede estar vinculada a delitos que ya se cometieron, no se puede hacer nada.

Por lo tanto, dejando los aspectos filosóficos de lado y volcándonos de lleno al tema que ha planteado el Presidente de la República y que ha determinado que el Senado y la Cámara de Representantes votaran varias leyes al respecto, ahora nos abocamos a dar el primer paso en esta Cámara con este proyecto de ley que regulariza y registra las armas. En consecuencia, luego de aprobada esta iniciativa, se procederá al decomiso y posterior destrucción de las armas no registradas.

El proyecto de ley venía presentado de otra manera pues, como podrán ver en el material que preparó la Secretaría, comenzaba con dos artículos –importantes a nuestro entender– referidos a las cláusulas penales y al tráfico ilícito internacional e interno, que terminaron siendo los artículos 8.º y 9.º. Esto se hizo así porque para nosotros, si bien hay normativa penal vinculada a estos aspectos que en este caso se amplían –se trata de normas que fueron discutidas y quizás algunos de los señores Senadores que no las votan tendrán fundamentos bien serios para ofrecer porque son artículos muy amplios–, lo cierto es que en muchas circunstancias, aun con una legislación restrictiva y precisa, delincuentes vinculados al tráfico de armas han podido eludir la responsabilidad ante la Justicia. Nosotros creemos que, tanto si Uruguay es un paso de tráfico de armas como si hay una organización criminal que se dedica a su distribución interna, esto debería penarse con todo el peso de la ley y no debería haber huecos que impidan a los jueces fallar al respecto. Este proyecto de ley no impide que la población tenga armas pero castiga con mucha dureza a quienes realizan tráfico ilegal, tanto internacional como interno. A partir de la aprobación de este proyecto de ley, las armas deberán ser adquiridas en comercios establecidos o tendrán que ser importadas bajo los regímenes legales correspondientes, por lo que habrá un registro del arma y su titular podrá pedir la tenencia o la tenencia y el porte. De esta forma, todas las armas estarán regularizadas; incluso, incorporamos –a pedido del Poder Ejecutivo– un artículo adicional que le permitirá ir creando de a poco un registro de municiones y balas usadas vinculadas a cada arma. Se me ha dicho que cada bala usada tiene una identificación muy particular y, por lo tanto, se autorizará al Ministerio del Interior a crear este registro que permitirá tener un control de las municiones y balas usadas, información que podrá ser utilizada luego ante un crimen, un delito o una balacera. Reitero que no se prohíbe la tenencia de armas sino que se la regulariza; y también estamos haciendo un llamado a la población para que las regularicen a través de ciertos mecanismos. Por ejemplo, el artículo 6.º dispone que quienes quieran regularizar sus armas podrán hacerlo en un plazo de ocho meses, por supuesto que una vez que se promulgue la ley y en el caso de que la Cámara de Representantes comparta nuestro criterio. En esos ocho meses, con el apoyo de la publicidad correspondiente y en los lugares que los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional habiliten para ese fin, se podrán regularizar las armas. Pero si la persona no quiere regularizar las armas por la razón que sea o no quiere tenerlas en la casa y desea sacárselas de encima, las podrá entregar en las dependencias que los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional determinen para tal fin, sin tener que justificar procedencia alguna. Se trata de una suerte de amnistía. Reitero: si una persona tiene un arma porque la heredó, la compró en un lugar irregular o ilegal, perdió los papeles o por la razón que sea y no quiere tenerla ni regularizarla, la puede entregar en las dependencias correspondientes sin justificar su procedencia. Inclusive, se nos ha preguntado qué pasa, por ejemplo, si una persona que ha delinquido entrega un arma, o si delinque, deja el arma en una casa, se va y otra persona la entrega. ¿Qué pasa si una vez entregada el arma se verifica que esta correspondió a tal o cual situación de delito? Estamos siendo muy claros en este artículo en el sentido de que no hay que justificar procedencia y, por lo tanto, estamos generando un estímulo para que se entreguen las armas. Si solicitáramos justificación de procedencia, seguramente toda esta normativa sería inocua y no serviría, porque toda persona que tenga un arma en forma irregular y no desee regularizarla, no tiene otro camino más que ocultarla y mantenerla en su casa y ¡vaya a saber con qué fin termina siendo usada!

En cambio ahora, por el literal b) de este artículo 6.º, estamos brindando un mecanismo para que esas armas se puedan entregar y la población no tenga que brindar ninguna justificación.

Señor Presidente: voy a repasar brevemente los artículos vinculados a este proyecto de ley que regulariza la tenencia y porte de armas.

En el artículo 1.º se prohíbe la tenencia y porte de armas no autorizadas, trámites mediante, por los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, según corresponda. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo venía muy laxo y acá se especifica cuáles son las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con los mencionados en los numerales 3 a 6 del Artículo I de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, ratificada por la Ley n.º 17.300, de 22 de marzo de 2001. Hacemos esta especificación porque parecería lógico que no debería tratarse de una lista que careciera de un marco regulado en la propia ley interna, que pudiera generar dudas con respecto a los materiales y las armas de las que estamos hablando.

En el artículo 2.º se establece que, a partir de este proyecto de ley, aquellas armas que no están regularizadas serán decomisadas y se aplicarán las normas administrativas y penales correspondientes.

En el artículo 3.º se trata un tema que fue muy discutido y, personalmente, aspiraría a que el debate no se repitiera en el Senado pues, a mi juicio, el asunto lo trabajamos bien. En el Uruguay existe una suerte de colectivos que están vinculados a las armas de fuego, dado que se dedican a la caza –que tiene una regulación diferente a esta–, al deporte, al tiro o a la colección. Al efecto, hay ciertas fechas o días en el año en que parte de nuestra población tiene como costumbre ir a cazar y, más allá del éxito o no del emprendimiento, se da un transporte de armas de fuego, y puede ocurrir que no siempre coincidan los titulares con quienes las transportan. En tales circunstancias puede darse, por ejemplo, una detención y un decomiso, pero en tal caso estamos resguardando, por el artículo 3.º, que los titulares o quienes acrediten el derecho a portar esas armas presenten los papeles para que se las reintegren, si están reglamentariamente al día.

Señor Presidente: no quisimos instituir la reglamentación por ley con el fin de establecer qué arma es de caza, cuál es deportiva y cuál de colección. Cabe destacar que parecería que no necesariamente las armas de colección son las antiguas; alguien puede aducir que son armas de colección algunas mucho más modernas. Obviamente, están fuera de todo esto las armas de guerra.

Si bien esto no cambia de la noche a la mañana, en un par de años, armas que todavía pueden considerarse que no son antiguas en poco tiempo lo serán y, por lo tanto, pasan a ser de colección. En cuanto a las armas deportivas, puede ocurrir que se acredite un nuevo ítem en los eventos deportivos y se designe un arma diferente o, con respecto a las armas de caza, puede pasar que en el futuro se considere que tal o cual arma se prohíbe o se autoriza. Y no solo sucede esto con las armas, sino también con las municiones porque, en ocasiones, hay armas que están permitidas para la caza siempre que tengan determinadas municiones. Por lo expuesto, preferimos dejar que estos puntos se establezcan en la reglamentación. Luego se podrá llamar a los Ministerios correspondientes y solicitarla, aunque los diferentes colectivos insistieron mucho con que existiera una suerte de legislación sobre este punto en la propia ley. Nosotros optamos por la reglamentación y, en todo caso, veremos cómo funciona. Entendemos que así va a ser mucho más fácil y que las autoridades podrán interactuar con estos colectivos para elaborar la reglamentación. Es más; creemos que juega a favor de ellos, porque si el día de mañana se habilita, por ejemplo, un ítem deportivo para una nueva arma, debería cambiarse la ley para autorizarla, y todos sabemos que ello es más complejo que la modificación de un decreto, que puede ser más fácil y estar más cerca de la realidad.

El artículo 4.º, más allá de alguna modificación que haya sufrido, ya estaba redactado cuando el proyecto de ley se iba a votar en el mes de diciembre. Refiere a que las casas de venta o comercios sean autorizados por los Ministerios correspondientes, no solo para que haya una regulación completa en todo esto, sino para que se les pueda pedir responsabilidades a las Carteras y no queden agujeros en la ley, vinculados a quienes comercializan las armas.

Hay también un inciso tercero, que no es menor, teniendo en cuenta que estamos restringiendo la venta de armas y municiones. Evidentemente, puede ocurrir, sobre todo en el interior, cuando las armas tienen por destino establecimientos agropecuarios, que el transporte no sea realizado por el titular, sino por un hijo, un pariente, o un empleado. Por eso se prevé que la documentación de la mercadería sea una especie de autorización de transporte en esos casos.

En el caso del artículo 5.º, señor Presidente, creo que estamos laudando un tema de celo entre los dos Ministerios. Aquí hay que tener mucho cuidado, pero lo cierto es que el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Servicio de Material y Armamento, ha dado seguridades a todo el mundo en cuanto al registro que lleva y en cuanto a que las armas no se evaporan. Ese es otro problema, porque muchos podemos preguntarnos si en estos procedimientos realmente se destruyen todas las armas. Está claro que una vez que se destruyen ya no hay forma de contabilizarlas, y si alguna de esas armas no llegó a esa etapa, igualmente va a figurar como destruida. En ese caso, entonces, mañana puede aparecer, aquí o en otro país, y engrosar el tráfico de armas; o, aunque su destino no sea una organización criminal, puede venderse para que se cometa un delito. El Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional no ha recibido objeciones y da ciertas seguridades en cuanto al depósito y la posterior destrucción.

Pero así como este Servicio ha sido muy celoso en el registro y demás, también es cierto que –quizás por ese mismo motivo– la información pedida por el Ministerio del Interior no ha llegado a la velocidad necesaria. Hay quienes han sugerido que cuando esa Cartera solicite la información, haya un Juez de por medio, y algunos señores Senadores creen que esto debería ser así. Nosotros entendemos que lo mejor es que, tal como lo establece este artículo, a las 48 horas el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Servicio de Material y Armamento, brinde la información al Ministerio del Interior, que tendrá que designar un responsable. Naturalmente, esa información será reservada y solo usada a los efectos para los cuales ha sido pedida.

En otros países, este servicio no solo le corresponde al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa Nacional, sino que está a cargo de la propia Policía, por lo que la información se obtiene muy rápidamente, pero siempre puede ocurrir que, en la medida en que no hay equilibrios y contrapesos, se brinde en forma muy amplia. A los coleccionistas, por ejemplo, les preocupa esa posibilidad y aspiran a que la información, que para ellos puede tener un valor, no esté en manos de todos. Por eso se estableció que el registro esté a cargo del Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional y que la información sea solicitada por el Ministerio del Interior, de tal manera que existan los equilibrios correspondientes.

En el artículo 6.º, como ya señalé, se establece un plazo para entregar o regularizar las armas.

El artículo 7.º regula la destrucción de las armas, con la salvedad que se hace en el inciso segundo. Esto surge de una inquietud planteada por el señor Senador Pasquet, que nosotros compartimos. Concretamente, se establece que si está en trámite algún recurso para clarificar la legalidad de las armas que fueron incautadas por cualquier mecanismo, no se destruyan hasta que concluyan los procedimientos correspondientes.

Luego se incluiría el artículo 7.º bis, que en su momento fundamentaremos, que refiere al registro de balas y municiones.

Los artículos 8.º y 9.º refieren al tráfico internacional y al tráfico interno, uso y fabricación ilegal de armas de fuego. Sé, señor Presidente, que se puede argumentar, con fundamento, que estas dos disposiciones son muy amplias, y esto no nos gusta, pero lo cierto es que no hemos encontrado una redacción mejor y no queremos quitar medios a los Jueces para enfrentar estas situaciones. En nuestra opinión, estos no deberían ser delitos que pudieran no juzgarse o ante los cuales la sociedad toda tuviera una actitud contemplativa; quien desarrolla actividades de tráfico internacional o interno de armas, en todas sus facetas, debe ser castigado severamente porque, de lo contrario, todo el resto del proyecto de ley de nada vale, es letra muerta. Es más: el delito de tráfico internacional de armas –así lo establece el artículo 10– siempre va a ser competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, porque en el 99 % de los casos, cuando hay tráfico internacional de armas, hay una organización criminal detrás. Además, estamos hablando de organizaciones pesadas, de manera que solo Jueces especializados pueden combatir con pericia y experticia este delito. Los delitos de tráfico interno, en cambio, solo van a ser competencia de estos Juzgados Especializados cuando el Juzgado que reciba el caso constate que hay una organización criminal detrás.

Se me preguntará por qué no destinamos todos los delitos de tráfico interno, uso y fabricación ilegal de armas a los Juzgados Especializados. Lo que ocurre es que, en ese caso, si a cualquier joven –aunque recién haya cumplido los 18 años– se lo encuentra con un arma, el delito sería competencia de los Juzgados Especializados y estos terminarían abarrotados de expedientes. Estos Juzgados deben estar especializados, precisamente, en crimen organizado, y no ocuparse del caso de alguien que comete un delito con un arma obtenida en forma ilegal.

En el artículo 11 –que en mi opinión debería estar antes del artículo 8.º, pero quedará ahí–, se establecen las medidas de aplicación para la incautación, el decomiso y demás, para que haya un régimen legal claro con respecto a cómo se decomisan las armas. Como dije, pienso que el artículo 11 debería ir después del 7.º, que trata de la destrucción de las armas.

Del artículo 12 ya hablé cuando me referí al 10.

En el artículo 13 se deroga el numeral 12 del artículo 365 del Código Penal, aprobado por la Ley n.º 9.155, que está referido al uso y retención ilícita de armas y se vincula con el tema de las faltas, que estamos estudiando en la Comisión de Constitución y Legislación. Debemos tener cuidado de que no queden incongruencias cuando se aprueben este texto legal, las modificaciones al Código Penal y el proyecto denominado “Faltas, Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos”. La Cámara de Representantes aprobó este último incluyendo una cláusula con respecto al tráfico de armas que ahora estamos intentando eliminar, además de derogar el numeral 12 del artículo 365 del Código Penal. Esperamos que cuando se terminen de aprobar las modificaciones al Código Penal –que, por información que he recibido, será aprobado por la Cámara de Representantes en el mes de mayo o, a más tardar, en junio–, este conjunto de normas tengan congruencia. Por lo tanto, hago un llamado a todos los señores Senadores y señoras Senadoras que integran esta Comisión para que pongan especial hincapié en estos temas, porque en el mismo momento se van a estar aprobando diferentes textos legales.

He concluido con la explicación de los artículos de este proyecto de ley.

Vuelvo a repetir: podrá haber una gran discusión filosófica con respecto al tema de las armas, pero quiero que quede claro que hoy no estamos aprobando la prohibición de la tenencia de armas, sino su regularización estricta –entendemos que es así–, porque no queremos que los ciudadanos posean armas en situaciones irregulares. Creemos que esta es la dirección correcta, porque no se prohíbe que quien desee tener un arma pueda hacerlo, siempre que cumpla con todos los pasos correspondientes.

Espero que este proyecto de ley sea aprobado rápidamente en el día de hoy y que luego suceda lo mismo en la Cámara de Representantes para que pueda transformarse en ley.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: vamos a acompañar este proyecto de ley, cuyos propósitos generales compartimos, sin perjuicio de votar negativamente algunas disposiciones particulares.

Reitero: compartimos el propósito que inspira esta iniciativa, que es el de racionalizar la tenencia y el porte de armas, así como todo lo que tenga que ver con ellas, por la vía de la reglamentación. Todos sabemos que los problemas de violencia y el empleo de armas en la generación de esa violencia son de primera magnitud; a todos nos preocupa esa situación y es bueno tomar medidas para enfrentarla. Pensamos que este proyecto de ley va en esa línea, puesto que ataca la cuestión de la proliferación de las armas en el seno de nuestra sociedad, procurando –como bien se ha dicho– no prohibirlas, sino regular, acotar y sujetar su tenencia a la intervención de los organismos estatales, cuando corresponda. Es en ese sentido que estamos de acuerdo con el proyecto de ley.

Y porque compartimos su inspiración general, en el seno de la Comisión trabajamos junto con los señores Senadores representantes de otros partidos con la finalidad de mejorar, en lo posible, el texto del proyecto. Creo que todos sabemos que así ha sido, y que los representantes de la oposición hemos trabajado a la par de los integrantes del oficialismo, procurando cumplir con nuestra obligación, que es elaborar el mejor texto legal posible, por lo menos para nosotros. Señalo esto porque a veces escuchamos comentarios –que, por supuesto, son políticos– que pueden dar lugar a que el ciudadano que no está informado y que no conoce cómo funcionan las cosas aquí adentro, suponga que estamos en una especie de batalla campal permanente, con el Gobierno de un lado y la oposición del otro; que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para darnos los buenos días; que en todos los proyectos que se discuten, el Gobierno está de un lado y la oposición del otro; y que no hay acuerdo posible ni colaboración o ayuda, sino un permanente palo en la rueda por parte de la oposición ante el afán legislativo del Gobierno. Nosotros sabemos que no es así; acá todos trabajamos, todos ayudamos; naturalmente, en algunos puntos discrepamos, pero supongo que nadie se alarmará ni se afligirá por eso. En general, la tónica del trabajo legislativo que se desarrolla en las Comisiones de este Cuerpo es de colaboración y armonía, sin perjuicio de las discrepancias políticas naturales, que no solo son admisibles, sino que es esencial que existan en el seno de una sociedad pluralista. Me parecía necesario hacer estas precisiones.

No voy a reiterar comentarios sobre normas acerca de las cuales ya se ha expresado el señor Miembro Informante, sino que me limitaré a señalar aquellos artículos con los cuales discrepamos y que no vamos a acompañar, que son el 8.º y el 9.º, o sea, los que contienen las normas penales del proyecto de ley; el primero, referido al tráfico internacional y el segundo, al tráfico interno.

Nos parece bien que las disposiciones sustanciales del régimen de tenencia y porte de armas tengan el amparo y el refuerzo de las normas penales, pero el asunto está en redactar esas normas de tal manera que cumplan con su finalidad y, al mismo tiempo, garanticen los derechos de las personas. A nuestro juicio, estas normas penales no cumplen con el segundo aspecto de la cuestión, es decir, no garantizan adecuadamente los derechos de las personas. A este respecto, nos parece muy claro el informe que brindó a la Comisión el Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, firmado por el doctor Rodrigo López Crespi, en el que señala –diría que con severidad– ciertos problemas de técnica legislativa que, en definitiva, comprometen los derechos de la persona a la que se impute la comisión de alguno de estos delitos.

En el caso del delito referido en el artículo 8.º del proyecto de ley, el tráfico internacional, hay una gran cantidad de conductas incriminables, que se castigan con penas que van de tres a doce años de penitenciaría, por lo que el delito es inexcarcelable, lo que quiere decir que no se puede otorgar la libertad provisional a quien sea procesado y privado de su libertad por habérsele imputado un delito de estas características. Quien piense en el tráfico internacional como una actividad desarrollada únicamente por organizaciones criminales, terroristas, narcotraficantes o similares, no verá ningún inconveniente en que la sanción penal sea muy severa; nosotros compartimos ese punto de vista, pero el problema es que la figura es tan amplia que pueden resultar atrapados por ella quienes no tengan nada que ver con organizaciones criminales y realicen actividades que no son raras, por lo menos en algunos lugares del país, como pueden ser las fronteras. A modo de ejemplo voy a mencionar la simple entrega de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados –no estamos hablando de la compraventa ni de importación o exportación, sino de la simple entrega– que puede ocurrir en Semana de Turismo o en alguna otra ocasión similar, entre grupos de amigos de un lado y otro de la frontera –sobre todo con Brasil–, que acostumbran organizar partidas de caza o hacer campamentos para cazar, pasando de un lado al otro. Si en esos casos se produce alguna infracción a las normas, naturalmente, las autoridades tienen que actuar para castigar la transgresión; el problema es que con este proyecto de ley estamos castigando eso con una pena de tres años de penitenciaría, que nos parece muy severa. Frente a este tipo de situaciones, creo que sería conveniente dar al Juez un margen de flexibilidad, con una pena de prisión que permita, si es que tiene que procesar, excarcelar rápidamente.

Lo más importante es abarcar todas las situaciones que puedan surgir, e insisto con el ejemplo de las partidas de caza que se dan en Semana de Turismo u ocasiones similares, yendo de un lado a otro en la frontera con Brasil. Inclusive, en el río Uruguay, en la frontera con Argentina, también hay grupos de amigos que salen de cacería y podrían incurrir en una entrega de armas fuera de las condiciones previstas por este texto, que requiere la autorización de todos los Estados concernidos. En definitiva, si vamos a castigar esta conducta con penas de penitenciaría, creo que realmente estaríamos excediendo la severidad que corresponde utilizar.

Y a nuestro juicio, si se quiere, esto sería lo menos grave, porque refiere al tráfico internacional, que es algo que se dará en menos ocasiones que las conductas previstas en el artículo siguiente, el 9.º, relativo al tráfico interno. En este caso la preocupación es mucho mayor, porque para describir la conducta incriminada se utilizan quince verbos nucleares. Como sabemos, el verbo nuclear es la médula de la disposición penal, es lo que dice qué es lo que está prohibido. Al utilizar quince verbos nucleares, ampliamos enormemente el radio de la sanción penal. Ese tipo de técnica legislativa, que utiliza gran cantidad de verbos nucleares, no es la que se usa comúnmente en nuestros países, en los del sistema continental europeo de Derecho. Estas son técnicas propias de la legislación anglosajona –tal como lo señala el Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Universidad de la República–, que utiliza muchos verbos, algunos de los cuales no son de fácil diferenciación.

En este artículo se usan los términos “transportare”, “distribuyere”, “ensamblare o reensamblare” y también se habla del que “de cualquier forma utilizare”. Esta última expresión –“de cualquier forma utilizare”–, es una especie de comodín, pues bajo esta figura cabe absolutamente todo lo que el Juez quiera poner dentro de ella. Cabe preguntarse qué es utilizar de cualquier forma, no armas de fuego solamente, sino también municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La expresión es, de por sí, amplísima, pero hay que tener presente que esta norma especial debe leerse en conexión con las normas generales del Código Penal, que regulan las hipótesis de coparticipación: la coautoría y la complicidad. Son normas que amplifican el tipo y que atrapan, no solamente al que realiza la conducta prevista en el verbo nuclear, sino también al que auxilia o colabora de cualquier manera en la realización de esa conducta. El cómplice de quien utiliza de cualquier manera un arma de fuego, municiones, explosivos o materiales relacionados, puede ser cualquiera, por lo que esto es de una amplitud realmente alarmante, tal como se señala –insisto, con severidad– en el informe del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es muy peligrosa la ampliación que puede darse simplemente por aplicación de las normas del Código Penal en materia de complicidad y coautoría.

Además, si pensamos en el funcionamiento del otro dispositivo amplificador del tipo, que es la tentativa, aumenta la gravedad de la situación. Cuando se incrimina la tentativa, como lo hace nuestro Derecho, castigamos al que comienza a ejecutar la conducta típica, aunque no llegue a consumarla. Si fuéramos a castigar a alguien por la tentativa de utilizar de cualquier forma armas de fuego, etcétera, insisto, estaríamos generando una incriminación amplísima.

Se podrá decir que el sentido común de los Jueces corregirá estas imperfecciones y pondrá las cosas en su sitio; pero, justamente, lo que tenemos que tratar de hacer es no dejar la libertad de los ciudadanos en manos del buen sentido de los Jueces. Acá deben establecerse las garantías de la ley, dándole al Juez el espacio mínimo indispensable para que adapte la norma legal al caso concreto, pero no podemos dejar en sus manos la decisión de si determinada conducta constituye o no delito, porque iríamos en contra del principio de libertad encartado en el artículo 10 de la Constitución, como también se señala en este informe que he estado comentando.

En el artículo 9.º se incrimina el simple hecho de tener armas en depósito, que es una conducta pasiva. Puede haber personas que, por distintas circunstancias –como por ejemplo, haber heredado un arma de sus padres–, tengan guardada un arma de fuego en el ropero de su casa, situación que se viene dando desde hace equis tiempo, que pueden ser meses o años. Ahora bien, cuando esta ley entre en vigencia, esas personas se van a encontrar con que, prima facie, incurren en un delito porque tienen en depósito armas de fuego. A juicio de algunos integrantes de la Comisión –quizás de todos–, esto no es así, sino que esta disposición debe leerse en conexión con el artículo 6.º, que dice que quienes ya posean armas de fuego en forma antirreglamentaria tendrán un plazo de ocho meses para regularizar la situación. Queremos dejar constancia de que, a los efectos de la interpretación de la norma, entendemos que mientras transcurre ese plazo de ocho meses, no constituye delito tener en depósito armas de fuego, etcétera. Esperemos que quienes deban interpretar esta norma tengan en cuenta el criterio que ha prevalecido en el seno de la Comisión.

Señor Presidente: por las razones que he expuesto, y que desarrolla con mayor amplitud y enjundia técnica el informe del Instituto Uruguayo de Derecho Penal, votaremos negativamente los artículos 8.º y 9.º de este proyecto de ley.

Es cuanto quería manifestar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Saludamos a alumnos y docentes de la Escuela de Tiempo Completo n.º 274, de Pando, a quienes agradecemos mucho su visita.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: el proyecto de ley que hoy estamos considerando forma parte de un conjunto de iniciativas que fueron presentadas –sobre todo a la consideración de la opinión pública– en abril del año pasado, apuntando a mejorar los niveles de seguridad ciudadana. Algunas de ellas ya fueron aprobadas, como la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia –por la que se impone la internación preceptiva de menores infractores en casos de delitos gravísimos– y otra que extiende determinados plazos procesales. Asimismo, en la Cámara de Representantes está a consideración el proyecto de ley mediante el cual se despenaliza la comercialización de cannabis, y en la Comisión de Salud Pública de esta Cámara tenemos a estudio otro relativo a la internación compulsiva de adictos. En definitiva, se trata de un paquete de medidas que fue presentado ante la opinión pública argumentando que el Ministerio del Interior necesitaba de esos elementos para restablecer la tranquilidad de la población en cuanto a sus condiciones de seguridad. Se han aprobaron algunas iniciativas en materia de minoridad infractora –que nosotros acompañamos porque pensamos que en esos casos la sanción debe ser más rigurosa y no tan tutelar–, pero ya ha pasado más de un año y la seguridad pública sigue muy mal; es más, se ha constituido en la principal preocupación de todos los uruguayos. Creo que la aprobación de este proyecto de ley no va a ofrecer ningún resultado concreto, ni mejoría del estado de la seguridad pública. En su exposición de motivos se expresa: “Resulta primordial promover el desarme de la sociedad civil y educar en cuanto a que, quien decida adquirir un arma de fuego, debe estar preparado psicológicamente y haber recibido la capacitación, preparación y entrenamiento necesario para lograr un uso adecuado y racional de la misma”. Y se plantean dos propósitos. Uno de ellos es promover el desarme de la sociedad civil, lo cual no compartimos en absoluto, y el otro es educar, preparar, dar idoneidad en el manejo de armas, lo cual sí compartimos.

Promover el desarme de la sociedad civil en una sociedad que hoy se siente amenazada por una delincuencia cada vez más cruenta e irracional es algo absolutamente injusto y equivocado. Esto no significa que estemos diciendo que todo el mundo deba armarse, pero sí aquellos que consideran que deben tener un arma a su disposición. En cuanto a la promoción del desarme de las sociedades, en el mundo hay ejemplos muy variopintos. Hay países que han liberalizado la tenencia de armas –como es el caso de Suiza, que es un claro ejemplo– que registran índices delictivos que son de los más bajos en el mundo. Lo propio sucede con un país como Finlandia, donde también está liberalizado el comercio y la tenencia de armas y tiene los índices delictivos más bajos del universo. Otro ejemplo en este sentido creo que es Nueva Zelanda.

Entonces, el hecho de poner en una exposición de motivos que el propósito es desarmar a la sociedad civil no comulga con lo que es la realidad del Uruguay de hoy, donde han aumentado exponencial y lamentablemente los episodios de legítima defensa; a veces son casi de exceso de legítima defensa pero, en definitiva, revelan la sensación de inseguridad que vive hoy la sociedad uruguaya, que ni siquiera es propia de Montevideo porque se ha extendido a todo el país. Actualmente esto es un denominador común de todo el territorio nacional. Los que recorremos el interior estamos escuchando cosas que nunca habíamos oído antes.

¿Qué se logra con este proyecto de ley? ¿Qué se innova con este proyecto de ley? A mi juicio, prácticamente nada. Lo único que estamos haciendo acá es llevar a la ley disposiciones reglamentarias que ya se estaban aplicando en el Uruguay, por lo menos desde 1943. De modo que aquí no vemos que haya innovación. Lo único que estamos planteando es que se incorporen a este texto determinadas disposiciones que hasta ahora también fueron materia de ley, porque en el Parlamento hemos adoptado Convenciones internacionales y hemos votado una norma que refiere a la competencia de los Jueces del crimen organizado para casos de tráfico de armas. Además, en el Uruguay existen decretos desde el año 1943 que son muy rigurosos y minuciosos en cuanto a la adquisición, comercialización, tenencia y porte de armas. Es cierto que no hay una tipificación penal para el caso de que estas disposiciones sean vulneradas o violadas; no hay normas penales que sancionen estas conductas, salvo el artículo 365 del Código Penal, que establece que la tenencia de armas no registradas y su uso es una falta que se castiga con pena de multa. Podemos pensar que si hay un tráfico internacional de armas, penar esto como una falta, es poco. En ello podemos estar de acuerdo.

Por otra parte, recordemos los decretos. Sobre la comercialización y tenencia de armas, ya sea por particulares, tiradores o coleccionistas, hay decretos que establecen con lujo de detalle lo que debe hacerse. Por ejemplo, en el Decreto n.º 365 de 1969 se dice: “Toda operación de venta, traspaso, cesión o préstamo entre particulares o entre particulares y firmas comerciales, de armas de fuego de libre comercio deberá realizarse con la intervención previa del Servicio de Material y Armamento, a los efectos de documentar la operación en la Guía correspondiente al arma”. Asimismo, se establece: “Todas las personas que se dediquen al comercio de armas o municiones, los coleccionistas –con excepción de los que se encuentren registrados como tales en el Museo Militar–, clubes de tiro y similares deberán registrarse en el Servicio de Material y Armamento especificando cantidad de armas y municiones”, etcétera. Por lo tanto, hay un registro muy detallado, sobre todo de aquellas armas que solo están permitidas para los coleccionistas. Además, hay decretos que establecen los calibres de las armas que puede tener un particular –es decir, revólveres calibre 38, pistolas hasta 9 milímetros–, que acotan el calibre en el caso de las armas largas y que también establecen el tipo de munición que se puede usar. En definitiva, todo está minuciosamente regulado por una serie de normas, algunas de ellas más modernas y otras más viejas, pero que dan una garantía en ese sentido.

En la Comisión hemos trabajado en armonía –aunque con discrepancias– sobre este proyecto de ley. Cuando concurrieron a ella los representantes del Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional, ante la pregunta de cuántas armas registradas había en el Uruguay, nos dijeron que eran 589.000. No son pocas; y es imposible saber cuántas armas no están registradas. Se han hecho estimaciones y se dice que puede haber entre 150.000 y 200.000. Lo cierto es que hay casi 600.000 armas registradas en el Uruguay, lo cual no es poco.

De modo que, con todas estas normas, la Policía ya tiene para actuar, y el Servicio de Material y Armamento tiene este registro que mencionábamos. Hay una comunicación interinstitucional entre los dos Ministerios, aunque a veces hay capítulos escabrosos –según pudimos escuchar en el seno de la Comisión–, alimentando alguna suerte de mirarse un poco de costado; son cosas que suceden en el funcionamiento del Estado. Entonces, existe una competencia compartida sobre este tema.

Actualmente, quien quiera adquirir un arma en el Uruguay, por lo menos en el camino de la legalidad, tiene que presentarse en una armería y sacar lo que se llama el Thata, es decir, el título de habilitación para la adquisición y tenencia de armas, que es expedido por la Jefatura de Policía departamental. Para sacarlo, primero hay que presentarse ante la autoridad policial, en la Seccional más próxima. Además, la persona tiene que acreditar que no tiene antecedentes judiciales con el certificado de buena conducta; presentar fotocopia de la cédula de identidad y certificado de idoneidad en manejo de armas, para lo cual tiene que hacer un curso.

De manera que no estamos en el campo de lo no regulado; por el contrario, estamos en uno que está muy reglamentado. Y creo que muchos uruguayos cumplen con ello. Obviamente: esto no incluye a aquellos que han heredado armas de su abuelo o de su padre, sobre todo en el interior de la República. En el campo existen armas de caza, muchas de las cuales no están registradas, y sus propietarios o tenedores son personas que jamás van a cometer un delito con ellas. ¿Acaso por esta ley los delincuentes van a registrar sus armas? ¿Acaso los delincuentes van a adquirir sus armas en armerías o en casas de comercio? No; las van a robar o a traer de contrabando, sobre todo, cuando ahora vemos que incluso usan metralletas. En la crónica policial de ayer vimos un asalto en el que se utilizó una ametralladora, las cuales no pueden ser compradas por un particular en las armerías. Tampoco los delincuentes podrían comprar armas, ya que tienen que presentar certificados de antecedentes, y muchos de ellos los tienen como menores o como mayores.

En lo práctico, creo que el resultado va a ser muy pobre, porque esto ya está regulado, y el hecho de sancionar penalmente nunca va a ser un factor disuasivo para los delitos. Los delincuentes no andan mirando el Código Penal para ver qué pena les va a tocar; generalmente no hacen eso. Lo que quieren es que no los agarren, pero no andan consultando los textos legales para ver cuánto les toca.

Por consiguiente, lo que debemos hacer es desarmar a los que delinquen mediante métodos de investigación policial. Sin duda, los delincuentes no van a recurrir a este método. Si a esto le sumamos lo que decía el señor Senador Pasquet, es decir, que se sanciona como delito con una generalidad absoluta y extralimitada determinadas conductas, entramos en un terreno muy peligroso, en el que se restringen las libertades y las garantías propias de una sociedad democrática.

El señor Senador Pasquet leía un informe del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República en relación con este proyecto de ley y yo aquí tengo otro que redactó el doctor Miguel Langón –un penalista de nota–, que es más severo que aquel. Voy a leer parte del informe, con el que se podrá discrepar, aunque nadie puede negar que proviene de una autoridad en esta materia, ya que el doctor Langón es un catedrático grado 5 en Derecho Penal. Concretamente, el doctor Langón dice: «No está probado que sea “necesario” tipificar estos delitos, especialmente el de tráfico “interno” de armas que no se limita al tráfico, sino que incluye en su persecución otras conductas como la mera tenencia y el uso, que no deben ser a mi juicio criminalizadas en modo alguno». También manifiesta: «No está probado que sea una prioridad “primordial promover el desarme de la sociedad civil”». Más adelante en el informe se dice que esto “nos aleja de un derecho penal mínimo o nuclear, amplificando el campo de la prohibición sobre materias que bien pueden controlarse, si eso es lo que se quiere, con instrumentos menos agresivos y más efectivos que el derecho penal”. A continuación expresa: “Se restringe el campo de la libertad innecesariamente”. Luego, entre otras cosas, plantea: “No conozco ningún estudio serio que indique que el tema de la tenencia de armas por parte de la población esté causando un grave problema de convivencia social que haga necesario acudir para remediarlo a la ley penal”. Sé que la señora Senadora Moreira discrepa con el doctor Langón, sin embargo, me parece que la posición de este penalista es muy atendible. Más adelante en el informe expresa: “En lo dogmático debo decir que en general los dos delitos que se proponen aparecen como de mera desobediencia” y eso “plantea el problema de que el crimen no es la vulneración de un bien jurídico digno de protección, sino la simple desobediencia al que tiene poder de mandar. Es sencillo: es delito porque está prohibido.

Se puede criticar porque es un delito de mera sospecha. No se pune un hecho criminal en sí mismo sino un acto anticipado del cual podría eventualmente resultar un hecho criminal en el futuro”. El hecho de que alguien tenga un arma en su casa, no significa que vaya a usarla para robar o matar; simplemente la tiene. La puede tener para cazar, porque la heredó; y tiene derecho a ello. Además, ya está previsto que tenga que registrarla, aunque no es un delito el hecho de que no la tenga registrada.

Más adelante, en el informe se dice: “Se castiga la mera conducta no el resultado dañoso, cuando el Código Penal dice claramente que la existencia del delito depende de que el daño o el peligro resulten ser la consecuencia de la conducta (activa u omisiva) del agente”. Y continúa diciendo: “Son delitos de peligro abstracto, donde el Legislador presume (por las razones que deberían acreditarse) que una conducta es peligrosa, que de ella deriva una alta probabilidad de daño, y por tanto la pune, anticipando así el momento consumativo a actos anteriores al comienzo de ejecución de algún tipo penal”. Creo que en ello podemos estar de acuerdo.

Luego, cuando habla de tráfico internacional, dice: “debería limitarse en todo caso a armas prohibidas o de guerra o de destrucción masiva o nucleares” y a continuación expresa: “no concibo un tráfico internacional de armas cuando se trate de una escopeta chumbera o incluso un revólver calibre 22”. Además, habla de que la pena de tres años como mínimo de penitenciaría para el tráfico internacional es exagerada y dice: “rompe claramente con la dosimetría penal, siendo un nuevo elemento que señala la línea de dureza y pura represividad del proyecto en cuestión que a mi juicio debería ser rechazado”.

Entonces, tanto el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República como el doctor Miguel Langón –entre otros connotados penalistas– dan su parecer diciendo que estas dos figuras delictivas son excesivas. Como aquí ya se manifestó, una de ellas tiene catorce o quince verbos nucleares, lo que se puede ver en uno de los artículos del proyecto de ley cuando expresa: “El que de cualquier modo adquiriere, alquilare, recibiere, transportare, distribuyere, ocultare, tuviere en depósito”, etcétera. Si una persona incurre en alguna de estas situaciones, se la pena con un mínimo de 20 meses de prisión a 6 años de penitenciaría, lo que es una verdadera barbaridad.

En cuanto al tráfico internacional, ya se señaló aquí que puede darse la situación de alguien que cruce la frontera seca con Brasil portando una escopeta y, entonces, habría que aplicarle una pena mínima de tres años de penitenciaría, lo que es una locura. Entiendo que es un exceso total.

Reitero que registrar y transparentar está muy bien; incluso la gente del Servicio de Material y Armamento dijo que ha hecho publicidad en la materia, que ha recorrido el país y ha logrado muy buena aceptación de la gente, entendiendo por ello que va a hacer el registro correspondiente. También se nos señalaban los impedimentos burocráticos que existen en el registro de las armas, el que, en algunos casos, demora meses, sobre todo en el interior de la República. Por lo tanto, hay que simplificar este trámite, pero no creo de ninguna manera que haya que recurrir a normas penales tan rigurosas para penalizar conductas que los delincuentes no van a tener. Por supuesto, no va a haber delincuentes registrando armas; esto no va a arrojar resultados concretos para desarmar a quienes deben ser desarmados. El tráfico ilegal no se va a parar con esto.

De todos modos, vamos a acompañar los artículos de este proyecto de ley porque si bien no innovan, le dan al tema una categoría normativa superior y mayor estabilidad porque los decretos se modifican por la sola voluntad del administrador, del Poder Ejecutivo, mientras que la ley necesita la aprobación por parte de las dos Cámaras. Como decía, vamos a acompañar todos los artículos, menos los que tipifican las dos figuras delictivas.

También quisiera reiterar que discrepamos con lo enunciado inicialmente en la exposición de motivos del proyecto de ley, en el sentido de que resulta primordial promover el desarme de la sociedad civil; creo que no hay que promoverlo y que está bien reglamentada y regulada la tenencia, adquisición y porte de armas por normas que tienen muchos años, lo que además tiene un doble control de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior.

Por tanto, entiendo que, en los hechos, esta ley no va a aportar; después, en los hechos, cuando cuente con aprobación parlamentaria, veremos cómo funciona y qué efecto disuasivo pueda tener porque, reitero, muchas veces crear nuevos delitos no tiene el efecto disuasivo que quien lo propuso pretende que se dé en los hechos. Entiendo que eso no va a suceder, soy crítico en esa materia y creo que, lamentablemente, estamos asistiendo a un deterioro de las condiciones de la seguridad interior cada vez más alarmante. De todos modos, ese es otro tema y no queremos desviarnos del asunto que nos ocupa. Insisto en que considero que el aporte de este proyecto de ley será absolutamente insignificante en la materia.

Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: el proyecto de ley que hoy está a consideración del Cuerpo tiene tres objetivos. Un primer objetivo es penal y apunta a convertir la tenencia y porte de armas antirreglamentarias en un delito, pues hasta ahora era una falta. El segundo objetivo lo denominaría de adecuación normativa, de adecuación de convenciones. Hemos firmado tratados internacionales –que son los que incluyen esa cantidad de verbos nucleares que tanto nos preocupan– y, por lo tanto, tenemos que ratificar mediante normas internas lo que voluntariamente hemos acordado en ellos. El último objetivo apunta a generar una política pública de desarme de la población, de entrega voluntaria de las armas. ¿Qué es lo que nos preocupa de las armas? Su letalidad progresiva que surge del avance tecnológico, el hecho de que cada vez son más baratas y su disponibilidad, que es bastante libre porque cualquiera sabe que se venden armas hasta en la feria de Tristán Narvaja.

Los tres objetivos confluyen en una sola preocupación: aumenta la tenencia de armas por parte de particulares, se incrementa el tráfico de armas y aumentan las muertes de civiles por armas de fuego. Entonces, se vuelve imperioso regular, controlar, prevenir y reeducar en un mundo donde la violencia es creciente y donde el uso de armas entre la población civil aumenta. Además –insisto–, las armas son cada vez más letales, su disponibilidad es cada vez más libre y su presencia mediática es cada vez más intensa.

¿Cómo está el Uruguay? Como dijo el Senador que me precedió en el uso de la palabra, hay alrededor de 600.000 armas registradas en el país, lo que da un promedio de un arma cada 6 personas. Según se desprende de los informes anuales que emite el Registro Nacional de Armas, por cada arma registrada existe otra ilegal, por lo que habría un millón de armas en el Uruguay entre las registradas y las no registradas, en un país que tiene 3:300.000 habitantes. Los datos de 2008 indican que para entonces había 550.000 armas no registradas; no estamos hablando de 100.000 ni de 200.000, sino de 550.000. La inmensa mayoría de las armas no la tienen ni los coleccionistas ni el Ejército ni la Policía; el 89 %, que son 520.000 armas, está en manos de particulares, personas físicas o jurídicas, incluyendo a las empresas que giran en el rubro seguridad, instituciones públicas y privadas, etcétera. Quiere decir que la Comisión ha hecho un gran esfuerzo para recoger las preocupaciones de los coleccionistas y ha trabajado con los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional; pero, por lejos, los que tienen armas son los particulares.

El 40 % de las armas se distribuyen entre Montevideo y Canelones. Y para aquellos que piensan que en el interior el que tiene un arma no va a usarla, quiero recordar que hace dos días un tambero mató a una muchacha de 31 años, que era asistente social en Goñi. Simplemente la mató porque tenía un arma. No era lo mismo entrar a la discoteca y agarrarla a puñaladas; pero sí era algo simple darle un tiro en la cabeza. Reitero que esto pasó en Goñi, departamento de Florida, hace dos días. O sea que no es que las armas se tengan en el interior para cazar, sino que se tienen y se usan para matar.

En 2011 entraron al país en forma legal algo así como 6.500 armas. No son muchas. En 2012 el número bajó a 5.000, pero en 2007 entraban 1.500 armas. Quiere decir que el número de armas que están entrando legalmente al país se multiplicó por tres. ¿Cuáles son los pasos legales que hay que dar para comprar un arma en el Uruguay? El señor Senador Moreira señalaba que hay una reglamentación muy exigente. En primer lugar, la reglamentación más o menos exigente que existe la tenemos desde hace poco. Desde el año 2002 se precisa un test psicofísico, tener 18 años, certificado de ingreso, certificado de buena conducta y un curso de tiro en un instituto habilitado. Esto lo hace el Ministerio del Interior. Después está la Guía del Arma que expide el Ejército. Desde el año 2000 se emiten más o menos unos 7.000 u 8.000 registros anuales. En el año 2010 hubo 8.620 registros. Toda esta reglamentación viene de 1984, pero el test psicofísico se modificó en el año 2000. Por supuesto que la compra y tenencia de arma no habilita el porte, y para sacar el permiso –que tiene una vigencia de dos años– hay que hacer el Thata y luego obtener la habilitación correspondiente en el Ministerio de Defensa Nacional.

Cuando se comenzó a discutir este proyecto de ley, el diario El Observador, de fecha 19 de abril de 2012, hizo una serie de entrevistas a los institutos que expiden estos certificados. Estas declaraciones dicen lo siguiente: “Dieciocho tiros –reitero: 18 tiros– y algo de papeleo es lo que se necesita para acceder a la tenencia de armas en Uruguay. Es más que lo que hacía falta hasta 2002, cuando se podía tener un arma de fuego solo presentando el documento. Sin embargo, las cuatro horas de curso no resultan suficientes si lo que se pretende es que esos 18 tiros basten para usar un arma de forma responsable. Tras la presentación de los papeles en la Jefatura de Policía, la tenencia se obtiene sin inconvenientes en 10 días: poseer un arma en Uruguay es un derecho”. O sea que no demora ni dos ni tres meses, sino diez días. Y en este artículo, más adelante, Albert Tártaro –uno de los dos hermanos responsables de la Primera Escuela Uruguaya de Tiro, fundada hace veinte años por el padre de ambos, un exmilitar– señala lo siguiente: «Con el curso de tenencia “te vas sin ser un monito con una escopeta”». Y más adelante continúa diciendo este artículo: «Su hermano Luis, cree que con 18 tiros se aprende “a no ser un peligro”, pero no es suficiente para ser un buen tirador. El curso básico dura cuatro horas, vale $ 1.500…». Albert dice que se necesitarían 500 tiros para hacerlo bien, y su hermano dice que la norma legal debería obligar a tener una instrucción mínima de 118 tiros y que ese curso tiene un costo de $3.500 y se imparte en tres días.

Más adelante sigue diciendo este artículo del diario El Observador: “Según datos en poder del instructor –me refiero al curso de tiro, y esto que voy a leer a continuación es lo más importante–, el 85 % de los muertos o heridos por armas de fuego ocurren por una mala manipulación de las mismas, el 10 % por suicidio y solo 5 % por enfrentamientos con agresores. A su juicio, esos datos demuestran que el riesgo por el uso indebido de las armas es mucho más alto que la posibilidad de morir por un balazo”.

¿Qué se hace para deshacerse de un arma? Desde hace unos años el Servicio de Material y Armamento del Ejército tiene un programa de entrega voluntaria de las armas y por medio de esta ley nosotros estamos estimulando a actuar en este sentido, mediante una campaña de sensibilización, para la cual vamos a usar una norma que aprobamos en la Ley de Rendición de Cuentas, con el fin de que la gente entregue las armas y, como lo señalaba el señor Miembro Informante, lo haga sin tener que indicar su procedimiento. Es decir que estamos estimulando una estrategia de desarme, lo que ya se ha realizado en varios países.

Con relación a las importaciones de armas en Uruguay, en el año 2004 se importaban por un valor cercano a los US$1:000.000, específicamente US$800.000. Los proveedores eran Estados Unidos, España y Brasil. Y las importaciones van entre las 5.000 y 6.000 armas por año. Los homicidios por armas de fuego son los más importantes en el Uruguay, muy superiores a cualquier homicidio por arma blanca, objeto contundente, etcétera. Los homicidios son por armas de fuego. Quiero decir, además, que la mayoría de los homicidios –ahora hay una nueva tipificación que habla de ajuste de cuentas– no son por hurtos y rapiñas, que constituyen el móvil del 14 %; la mayoría de los homicidios son crímenes de proximidad: intrafamiliares, problemas con vecinos, altercados y disputas entre vecinos, amigos, etcétera. El homicidio con arma de fuego aumentó en los últimos dos años en un 73 %.

En cuanto a las normas de que se disponía, la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada en Uruguay, más Ielsur, indicaba que la ley que teníamos –la n.º10.415– y el Decreto Reglamentario –el n.º2.605– eran muy viejos. Quiere decir que no es que con esta ley no modifiquemos nada, sino que estamos avanzando respecto de una legislación muy vieja. Además, nos estamos poniendo a tono con algunas convenciones que firmamos, de las cuales extrajimos toda esa cantidad de verbos que ponemos en la ley: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, Ley n.º17.861; Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, Ley n.º17.342; Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados –lo que nosotros llamamos armas ilegales–, Ley n.º 18.111.

¿Qué dice la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada? Que en Uruguay uno de los principales problemas de salud, junto a los accidentes de tránsito, es el impacto de armas de fuego, cobrando particular sentido en los casos de violencia doméstica y suicidios. Asimismo, Ielsur y la Coalición Latinoamericana, que relevan estos datos para todos los países de América Latina, llaman la atención en cuanto a que no hay campañas en el Uruguay que instalen la problemática de las armas en la agenda pública ni campañas publicitarias tanto para el control como para el desarme.

Recientemente, la Asamblea General de Naciones Unidas, gracias a la nueva posición que tiene Estados Unidos –con su Obama segunda parte, este segundo Obama–, ha cambiado su postura y ha posibilitado que se apruebe un Tratado sobre el comercio de armas. Este Tratado se aprobó en el mes de abril por 154 votos a favor. ¿Qué es lo que busca el Tratado? Regular el flujo internacional de US$ 70.000:000.000 anuales en armamento. ¿Quiénes son los principales países exportadores de armas? Estados Unidos, que exporta US$456.000:000.000 al año; Reino Unido US$5.200:000.000 –mucho menos–; y Rusia, Francia y Alemania. La Coalición de Control de Armas, que representa más de cien organizaciones no gubernamentales en 120 países, celebró el voto de la ONU y Amnistía Internacional también valoró que se haya llegado al acuerdo.

Según los datos manejados por el FBI, en 2011 en Estados Unidos cada 25 segundos se produce un crimen violento. De acuerdo con los datos manejados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, en este país se registra en cada hora una media de tres muertes relacionadas con armas de fuego y siete personas reciben un impacto de bala. Cada día, 53 estadounidenses se valen de un arma para quitarse la vida. En este país fallecieron en 2011 –según datos del FBI–, como consecuencia de delitos relacionados con armas, 32.163 personas, más del doble de las muertes que se registraron en todo el mundo como consecuencia de atentados terroristas, es decir, 12.500 muertes.

Sabido es que la enmienda constitucional que Obama llevó al Congreso –creo que ello tuvo lugar el 17 de abril de este año– para extender el control de antecedentes penales y mentales a todas las transacciones comerciales, fracasó. La iniciativa representaba la apuesta más ambiciosa en el Congreso de Estados Unidos en los últimos veinte años y una prioridad en la agenda política de la Casa Blanca tras la matanza de Newtown.

En una emotiva rueda de prensa, el Presidente criticó la decisión adoptada por el Senado y expresó: “Hoy es un día de gran vergüenza para Washington”. Luego, agregó: “Hace unos meses, tras la tragedia de Newtown, este país adoptó el compromiso de luchar contra la violencia armada. Hace unos minutos, una minoría de Senadores ha decidido que proteger a las familias y a los niños no merece la pena”.

Más adelante, se dice: «Sin ocultar su profunda decepción, el presidente ha responsabilizado al “lobby de las armas” y a los que tienen una “visión tradicional del apoyo de la Segunda Enmienda” –que garantiza el derecho a llevar armas para defenderse– de hacer fracasar en el Senado una medida que, sostiene, respalda el 90 % de los estadounidenses». Sin embargo, Obama dijo: “Veo esto como el primer round. Tarde o temprano vamos a arreglar esta situación”.

El 23 de octubre de 2005, en Brasil, fracasó lo que fue el primer referéndum de alcance nacional sobre armas en el mundo y lo hizo por un margen muy importante: el 63 % de los brasileños votó en contra del desarme y solo el 37 % lo hizo a favor. Quiero decir que seguí muy de cerca esta instancia porque tengo amigos muy queridos que trabajaban en la ONG Viva Rio, que propiciaba el desarme y que fue creada como resultado de la matanza de ocho niños en la Iglesia de la Candelaria y de veintidós en la favela de Vigário Geral.

El mapa de la violencia 2013, que fue elaborado según datos del Ministerio de Salud de Brasil, indica que entre 1980 y 2010 murieron alrededor de 800.000 personas por homicidios, suicidios a manos de armas de fuego, cuya inmensa mayoría eran jóvenes de entre 15 y 29 años.

Brasil tiene la cuarta tasa de homicidios más alta del mundo después de Colombia, África del Sur y El Salvador. Quiere decir que entre los países que tienen la tasa de homicidio más alta hay tres de América Latina.

Ellos armaron la campaña para la entrega voluntaria de armas y, a diferencia de lo que señaló el señor Senador preopinante, la campaña se hizo con el objetivo de entregar 80.000 armas por mes, con un incentivo de entre US$ 40 y US$ 120 –creo que nuestra campaña también debe prever un incentivo para la entrega voluntaria de armas–, pero se recolectaron muchísimas más de las esperadas. A pesar de que la campaña tuvo este éxito e incentivó al referéndum sobre el desarme, la gente se fue volcando. Es cierto que hubo una gran diferencia entre el apoyo masivo de las fábricas de armamento y, por supuesto, la Asociación del Rifle, que financiaron la campaña por el “No” al desarme, y lo que pudieron recolectar las ONG que propiciaban el referéndum.

Quiero hacer un comentario sobre el estudio referido a la disposición de la gente a apoyar o no la tenencia de armas. Ellos estudian lo que dieron en llamar “la victimización o la exposición directa o indirecta a la violencia”. Habría que saber si es la victimización o la exposición directa o indirecta a la violencia lo que incrementa la inseguridad, lo que incentiva el apoyo a medidas de mano dura y lo que aumenta la disposición a tener armas. A pesar de que entre los años 1997 y 2002, en Río de Janeiro decreció el número de homicidios por armas de fuego, aumentó la sensación de inseguridad, producto de la asimetría que existe entre la sensación de inseguridad y la seguridad real.

Del estudio realizado sobre lo acaecido durante dos décadas enteras en todo Brasil sobre inseguridad, etcétera, se desprende que no es la victimización o la exposición directa o indirecta, sino la exposición al sufrimiento de extraños, ese que se ve en la televisión o se lee en la prensa, lo que torna ese sufrimiento en una posibilidad del futuro inmediato para cada lector o espectador. No es el crimen de proximidad, como el “pasional” –que, tal como lo señalé anteriormente, es la principal fuente de crimen, porque nos matan los próximos y no los extraños–, lo que despierta el miedo, sino aquello que le puede ocurrir a cualquier persona. La conclusión de estos estudios arrojó que, a lo largo de dos décadas, la decisión sobre lo que es noticia en Brasil se desplazó de los dramas de la condición humana –como lo denominan– a la constitución de la audiencia como víctima virtual de algo que podría ocurrirle a cualquiera; cualquiera puede ser víctima. A su vez, constatan un aumento en los medios de comunicación del mensaje sobre la corrupción y la ineficiencia de la Policía, la fragilidad del sistema penal y judicial y la blandura de la legislación. Claro, si esa víctima virtual, además, se encuentra con un Estado que está siendo denunciado todos los días como que no funciona adecuadamente, se transformaría en víctima real. Frente a esto se pregunta: ¿qué hago? Si el Estado no actúa, si la Justicia es ineficiente y la Policía es corrupta, “me defiendo a mí mismo”. De alguna manera, el referéndum sobre las armas en Brasil evidencia este contexto cultural.

¿Qué se decía en la campaña por el “No” al desarme? “Restringen su derecho. Restringen su derecho individual a tener un arma. El Gobierno no vela por su seguridad. Los delincuentes serán más temibles”. En cambio, la campaña por el “Sí” contrariaba el sentido común, pues expresaba: “El sentido común es: no estás más protegido por tener un arma. El sentido común indica: afuera es una jungla, el Gobierno no está para defenderte”. Por consiguiente, la desconfianza en los políticos en Brasil, la desconfianza en el Gobierno, la creencia en la corrupción de la política y el predominio del “sálvate a ti mismo”, jugaron a favor de la campaña por el “No”.

¿Qué pasa en Uruguay? Hay tres datos de la encuesta sobre armas realizada este año por Cifra que muestran que en Uruguay sucede lo mismo que en Brasil: los que sufrieron un ataque violento son los que menos disposición a armarse tienen. Quiere decir que la disposición a armarse, la actitud hacia las políticas de mano dura o la desconfianza de que el Gobierno me pueda proteger, no la tienen quienes han sufrido o estuvieron expuestos directamente a la violencia. Las actitudes hacia las armas y la cantidad de personas armadas aumenta a medida que aumenta el nivel socioeconómico de la población, lo que quiere decir que están más armados los ricos que los pobres. Dicho de otra forma: entre las personas de nivel socioeconómico medio alto y alto, una cuarta parte están armadas, mientras que entre las personas de estrato bajo, lo están menos del 10 %. Al mismo tiempo, el relevamiento muestra –en palabras del señor Javier Donnangelo, actual Director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior– que la relación entre la gente armada y el nivel socioeconómico es consistente con lo que muestran la mayoría de los estudios sobre el tema. No obstante, dice que esto también está vinculado con la orientación ideológica de esos segmentos de la población, que tienen una visión del mundo bastante conservadora, tradicionalista, con algunos tintes autoritarios en muchos casos y, por lo tanto, en ese universo simbólico las armas calzan bastante naturalmente, son un elemento que no hace ruido, que más bien está en consonancia con el resto de la cosmovisión que tienen. El arma simboliza la fuerza, la imposición y, por lo tanto, los estudios demuestran que es en esos niveles de la sociedad donde es más frecuente la tenencia de armas, y esto se repite en distintos países.

Quiero decir que yo, en particular, pero también la sociedad uruguaya y la Bancada de mi partido, creemos profundamente en las tesis de la benignidad penal, es decir que no hay que penar, salvo en aquello que puede ser penado, y no es mi intención entrar en otros temas relativos a los derechos humanos –ámbito en el que esta tesis ha sido muy discutida–, pero sí en un contexto en el que se advierte una letalidad creciente de las armas, un abaratamiento de las mismas, una disponibilidad permisiva y cada vez mayor de ellas y, sobre todo, un creciente tráfico internacional.

Decía Hobbes en el Leviatán –cuando propone que construyamos un Estado entre todos–, que para construir un Estado entre todos, los seres humanos tenían que renunciar al uso de su propia fuerza y el Estado debía tener el monopolio de la fuerza física, el monopolio de la violencia, porque no íbamos a tener paz si los ciudadanos continuaban armados y el Estado tenía que disputar con ciudadanos armados el monopolio de la fuerza. A partir de ese momento, el monopolio de la fuerza física por parte del Estado se transformó en una condición de supervivencia del Estado moderno.

Personalmente, hubiera integrado el 37 % de la población brasileña que votó por el desarme, pero no es sobre esto que refiere la iniciativa. Este proyecto de ley procura la regularización del tráfico de armas, manteniendo vivo el derecho de las personas a portarlas dentro de ciertos límites y condiciones establecidas en la reglamentación.

Quiero decir que esta iniciativa ha sufrido muchas correcciones, que hemos escuchado muchísimas voces y que, seguramente, la Cámara de Diputados le introduzca más modificaciones.

Algo que nos parece importante es la idea de que en el futuro el depósito y el registro de las armas pueda estar bajo control civil; actualmente se encuentra a cargo del Servicio de Material de Armamento del Ministerio de Defensa Nacional, pero entendemos que no es un problema de defensa nacional, sino que tiene que ver con nuestra organización civil como sociedad.

Han sido incluidas en este proyecto las preocupaciones manifestadas por los coleccionistas de armas, a lo que dedicamos un capítulo especial.

De lo que no abdicamos es de transformar la posesión irregular de armas en un delito y, menos aún, de que el tráfico internacional de armas sea un delito no excarcelable. Si en este Cuerpo hemos votado penas no excarcelables para el narcomenudeo, me parece que los traficantes internacionales de armas no merecerían menos.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: muchas veces asignamos a las leyes una suerte de poder mágico. Pensamos que a través de una norma se va a solucionar todo el problema y quizás la sobrecargamos de una capacidad que a veces no tiene, porque el problema es multicausal y es mucho mayor que aquello a que refiere la propia ley.

El tema de las armas de fuego ha suscitado –no solo en Uruguay, sino en el mundo entero– encendidas polémicas, al extremo de que –como fue señalado por la Senadora preopinante– en Brasil se realizó un plebiscito, al que se convocó a 122:000.000 de brasileños para decidir al respecto. ¡Vaya si suscita discusiones y polémicas!

El poder mágico que en este caso se asigna al proyecto de ley sobre las armas de fuego no va a terminar con desgracias como la que ocurrió en Goñi hace dos días, porque la culpa no es solamente del arma de fuego que se utilizó, ya que podría haber sido un cuchillo o un objeto contundente. Las causas de esos incidentes son mucho más profundas. Quizás en este caso hay que buscarlas en el hecho de que la víctima, desde el año 2012, denunció ante la Policía que estaba siendo acosada y perseguida. Entonces, tal vez la verdadera causa no esté en la utilización por parte del matador de un arma de fuego, sino en la ineficiencia de las autoridades. Si no hubiera tenido un arma de fuego, hubiera tenido un cuchillo o un palo. Hace un rato se acaba de conocer la noticia de que el matador fue declarado inimputable, para agravar aún más las cosas de esta violencia doméstica que nos aflige todos los días. Pensar o decir que exclusivamente prohibiendo las armas de fuego se va a terminar con los hechos de violencia o se van a bajar los índices de criminalidad, me parece que es –por decirlo, de manera respetuosa–, un tanto ingenuo.

Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa porque creemos que es un avance, un paso que se quiere dar en algún sentido, pero nos gustaba más el proyecto de ley presentado por el Diputado Germán Cardoso, Presidente de la Cámara de Diputados, que buscaba desarmar a los delincuentes; nos parece que ese debe ser el objetivo. Su propuesta, presentada el 3 de mayo de 2011, modificaba el artículo 141 de la Ley n.º 17.296. Concretamente, establecía que era delito tener un arma por parte de aquellos que contaran con antecedentes penales o fueran condenados en materia penal.

Quiero señalar que antes de lo que nos imaginamos va a pasar algo que echará casi que por tierra estas normas. Hoy aparecen en la prensa y en las noticias sobre innovación tecnológica las llamadas impresoras 3D, que ya están permitiendo fabricar armas. Entonces, ya no es cuestión de que una industria o una fábrica pueda producir un elemento de tres dimensiones, porque antes de que lo imaginemos, insisto, lo podremos hacer nosotros en nuestras casas. ¿Qué vamos a hacer? Las impresoras 3D van a permitir que se fabriquen armas; por consiguiente, lo que hoy estamos estableciendo como un delito –la fabricación, etcétera– no va a servir de nada, porque los delincuentes van a contar con ellas.

Quizá para prevenir hechos de este tipo tengamos que ir por donde está yendo el mundo, adquiriendo escáneres que permiten identificar un arma a 80 o 100 metros, en lugar de asignarle a un proyecto de ley –llegando tarde– una solución que no nos va a traer.

Yo nunca he tenido armas ni las he manejado; no las sé manejar y tampoco me parece bien. Es más: recomiendo a mis hijos que no las tengan porque creo que hay que saber utilizarlas, no solamente desde el punto de vista mecánico o técnico, sino sobre todo emocional, como para enfrentar las situaciones de tensión a las que siempre se llega cuando se tiene un arma de fuego.

Vemos que hay un cambio muy profundo en la posición de parte del oficialismo. Al preparar la sesión estuvimos repasando declaraciones de quien hoy es Ministro de Defensa Nacional, el señor Eleuterio Fernández Huidobro, que hace 4 o 5 años manifestaba al diario La República: “No hay más remedio que armarse […] Porque cuando el Estado falla, cuando falta, cuando resigna porque no tiene más remedio, cuando es superado, la ciudadanía tiene pleno derecho a defenderse”. Luego repetía: “Recomiendo a la gente que se compre armas de fuego y contrate a alguien que le enseñe a usarlas […] La delincuencia está traspasando líneas que nunca se traspasaron. No se respetan escuelas, niños, ancianos ni nada”.

El Diputado Gamou –quien a veces ingresa al Senado–, respaldó la postura de Fernández Huidobro y dijo que él está “calzado” desde hace años. Y agregó que no va a entregar su arma calibre 38, que porta desde 1995, a menos que Uruguay se transforme en el jardín de las delicias. Yo creo que, lamentablemente, hoy no somos el jardín de las delicias.

Quizás para no asignarle al proyecto de ley resultados que no puede asegurar, conviene mirar alrededor para ver lo que han hecho otros países. No me refiero a Estados Unidos, que es dónde se está dando esta gran discusión y donde se habla de lobbies, sino a otras situaciones, como la de Suiza. Quizá la situación de Suiza sea la más comparable con la de Uruguay. En el mundo, Suiza es uno de los países con mayor cantidad de armas de fuego por ciudadano, pero también con la menor cantidad de homicidios; es más, dentro de los pocos homicidios que se cometen allí, el 72 % no se lleva a cabo con armas de fuego, sino con armas blancas, cuchillos y bates de béisbol.

En 1996 Australia fue por el camino que hoy se propone en Uruguay: prohibió las escopetas, los fusiles y los rifles, y solo autorizó las pistolas en manos de competidores olímpicos y de clubes de tiro; pero a los dos años los asaltos con armas de fuego habían aumentado en un 44 %.

Brasil resolvió este tema mediante un plebiscito que fue contrario al control de armas.

Nosotros creemos que la política debe ser intentar desarmar al delincuente y no al honesto; tampoco se debe promover que este último se arme –no nos parece correcto–, pero quien está en una situación extrema, como sucede actualmente con algunos ciudadanos en ciertas partes de Montevideo, en la zona metropolitana, va a cumplir la ley y va a entregar las armas que tenga en su poder, quedando indefenso frente a los delincuentes, que van a seguir siendo delincuentes y no van a entregar sus armas.

Hay otro viejo antecedente –del 8 de enero de 1959– de prohibición de armas en Cuba, donde Fidel Castro –posteriormente Presidente– pronunció un discurso en el que se preguntaba: “¿Armas para qué?, ¿para luchar contra quién?, ¿contra el Gobierno Revolucionario, que tiene el apoyo de todo el pueblo?”. Y más adelante agregaba que ahora no había censura en Cuba, que ahora la prensa era libre en Cuba y uno podía estar seguro de que la censura no iba a ser restablecida nunca; que hoy no había más asesinatos, solo felicidad.

Creo que hay que diferenciar lo que es el Gobierno de lo que es la delincuencia y la criminalidad que está en todos los sistemas y regímenes políticos, porque lamentablemente criminales hay en todos los países.

Quizá este proyecto de ley se podría haber enfocado en el objetivo de castigar más duramente al delincuente que tiene armas. Insisto en que se pretende asignar a la norma soluciones mágicas que por desgracia no existirán, porque no las ha habido en otros lugares, tal como acabamos de analizar.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos y se voten en bloque –naturalmente, desglosando los artículos que indiquen los señores Senadores–, y que luego se vote el artículo aditivo que se pretende incorporar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada en el sentido de suprimir la lectura y votar en bloque, con excepción de los artículos cuyo desglose se solicite.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa solicita a los señores Senadores que indiquen cuáles son los artículos que desean desglosar.

SEÑOR MOREIRA.- Solicito el desglose de los artículos 8.º y 9.º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más solicitudes al respecto, se va a votar en bloque todo el texto del proyecto de ley, con excepción de los artículos 8.º y 9.º.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 23. Afirmativa.

Léase un artículo aditivo que ha llegado a la Mesa, firmado por varios señores Senadores integrantes de la Comisión que ha estudiado el proyecto de ley.

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 7bis.- (Registro Adicional) Facúltese al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, a constituir un registro de balas y municiones usadas, como elementos testigos, de todas las armas existentes en el país”.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa propone suprimir la coma después de la palabra “testigos”, dado que no tiene ningún sentido y altera la comprensión de la frase.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto leído, con la modificación propuesta.

(Se vota:)

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si los señores Senadores me permiten, voy a hacer una sugerencia. Se supone que este texto iría después del artículo 7.º del proyecto de ley, por lo que propongo alterar toda la numeración correlativa de los siguientes, porque no me gustan los artículos identificados con “bis”. Pido disculpas, pero es una especie de manía que tengo.

En definitiva, se modificará correlativamente toda la numeración y se identificará con el número 8.º el artículo que acabamos de votar.

SEÑOR ROSADILLA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: simplemente quiero destacar cinco aspectos, porque entiendo que los compañeros del Frente Amplio que han hecho uso de la palabra han puesto de manifiesto la opinión que en términos generales sostuvimos en la Comisión.

Ante todo cabe acotar que trabajamos muy bien en la Comisión; la tarea fue extremadamente positiva y se avanzó en acuerdos, a pesar de que, como bien decía el señor Senador Moreira, existe un entramado de reglamentaciones, decretos, etcétera, muchos de ellos muy estrictos. Se trata de una suerte de normas dispersas, que creemos que con este proyecto de ley comenzarán a tener una unidad. El señor Senador Moreira decía que aunque se trataba de infracciones, estas normas no establecían penalidades. Precisamente, los artículos en los que hubo dificultades fueron aquellos que empezaban a penar estos temas.

Quiero dejar constancia de que creo que hay que penalizar, pero también entiendo que la redacción de estos artículos se puede y se debe mejorar mucho en el análisis que llevará a cabo la Cámara de Representantes, para penar lo que efectivamente todos queremos penar –que acá no aparece como lo sustancial sino como un agravante–, que es la pertenencia a una organización criminal.

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Apoyado!

SEÑOR ROSADILLA.- Ese debería ser el núcleo a penar, y debería tener una consideración diferente el particular que sin integrar una organización criminal transgreda estas normas que estamos apoyando.

Por último, quiero decir que esta iniciativa no alienta al desarme, pero sí obliga a la regularización. Nadie que quiera mantenerse armado está obligado o alentado a ser desarmado. A lo que se alienta es a mantener un arma regularmente establecida y registrada, con una garantía, antes que nada, para ese propio ciudadano.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

«ARTÍCULO 1.º. (Tenencia y porte no autorizados).- Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos, según corresponda.

Se entenderá por armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a los mencionados en los numerales3 a 6 del ArtículoI de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados aprobada por la Ley n.º 17.300, de 22 de marzo de 2001.

ARTÍCULO 2.º. (Destino del material incautado).- Las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados serán incautados, sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales correspondientes.

ARTÍCULO 3.º. (Armas de fuego de caza, deportivas o de colección).- Cuando las armas de fuego sean de caza, deportivas o de colección y se encuentren en la situación prevista en el artículo 1.º de la presente ley, serán incautadas y depositadas en el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional.

Sus titulares o quienes acrediten tener derecho a que les sean reintegradas, tendrán un plazo de 3 (tres) meses para acreditar dicho extremo y realizar los trámites necesarios para su regularización.

Presentada la respectiva documentación en forma, serán devueltas a los mismos; de lo contrario se producirá su decomiso de pleno derecho una vez transcurrido el plazo.

La reglamentación determinará las armas de fuego que serán consideradas de caza, deportivas o de colección.

ARTÍCULO 4.º. (Comercialización de armas de fuego).- Los establecimientos que comercializan armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados deberán estar autorizados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional.

También deberán informar a dichas autoridades todas las operaciones comerciales que tengan por objeto las mercaderías mencionadas dentro de las 72 (setenta y dos) horas de realizadas.

Los establecimientos deberán especificar en la factura o remito respectivo, el nombre y documento de identidad del comprador o vendedor, su domicilio, así como la dirección de destino de la mercadería cuando corresponda, lo que permitirá justificar su transporte desde la casa comercial hasta el lugar de destino.

ARTÍCULO 5.º. (Datos registrales de las armas de fuego).- El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Servicio de Material y Armamento, brindará al Ministerio del Interior, en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, la información relativa a los datos registrales de las armas de fuego solicitada, así como la identificación de sus titulares.

ARTÍCULO 6.º. (Plazo para regularización).- Concédese un plazo de 8 (ocho) meses, a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a efectos de que:

a) Quienes ya posean armas de fuego en forma antirreglamentaria regularicen su situación ante las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin.

b) Se efectúe la entrega voluntaria de cualquier arma de fuego que se posea a las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin, sin que deba justificarse su procedencia. Las armas recibidas serán inmediatamente derivadas al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional a los efectos previstos en el artículo siguiente.

A tales efectos, el Ministerio del Interior hará una campaña de información y educación a la población, pudiendo hacer uso para la difusión de dicha campaña, en los medios correspondientes, de las facultades que otorga el artículo 141 de la Ley n.º 18.996, de 7 de noviembre de 2012.

ARTÍCULO 7.º. (Destrucción).- Transcurridos 6 (seis) meses las armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que fueran incautados, decomisados o entregados voluntariamente serán destruidos, salvo aquellos que pudieran ser utilizados por el Ministerio del Interior o por el Ministerio de Defensa Nacional para el cumplimiento de sus funciones, según lo establecido en el artículo 2.º de la Ley n.º 18.087, de 5 de enero de 2007.

Aquellos efectos mencionados en el inciso precedente, que fueran objeto de procedimientos administrativos o jurisdiccionales, no serán destruidos mientras dichos procedimientos se hallaren en trámite.

ARTÍCULO 8.º. (Registro adicional).- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, a constituir un registro de balas y municiones usadas, como elementos testigos de todas las armas existentes en el país.

ARTÍCULO 9.º. (Delito de Tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).- El que realizare la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, distribución, traslado o transferencia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados desde o a través del territorio nacional a otro Estado sin obtener previamente la autorización de todos los Estados concernidos, será castigado con tres a doce años de penitenciaría.

Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena será aumentada en un tercio.

ARTÍCULO 10. (Delito de Tráfico interno, uso y fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).- El que de cualquier modo adquiriere, alquilare, recibiere, transportare, distribuyere, ocultare, tuviere en depósito, fabricare, produjere, creare, armare, ensamblare o reensamblare, adulterare, vendiere, o de cualquier forma utilizare armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados sin autorización o contraviniendo las normas legales, será castigado con una pena de veinte meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena será aumentada en un tercio.

ARTÍCULO 11. (Otras medidas).- Cuando el delito sea competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, serán de aplicación el artículo 9.º de la Ley n.º 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 4.º de la Ley n.º 18.494, de 5 de junio de 2009 y los artículos 5.º, 6.º y 7.º de la Ley n.º 18.494, de 5 de junio de 2009, en lo pertinente.

ARTÍCULO 12. (Medidas especiales).- Serán de aplicación para los delitos establecidos por la presente ley las medidas cautelares y el decomiso previstos en los artículos 62 y 63 del Decreto-Ley n.º 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 2.º de la Ley n.º 18.494, de 5 de junio de 2009.

En ningún caso los materiales incautados podrán volver al mercado, aplicándoseles las disposiciones sobre destino final establecidas en el artículo 2.º de la Ley n.º 18.087, de 5 de enero de 2007.

ARTÍCULO 13. (Competencia).- Amplíase la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado prevista por el artículo 414 de la Ley n.º 18.362, de 6 de octubre de 2008, incorporándose el delito de “Tráfico internacional de armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”.

Incorpórase el delito de “Tráfico interno y fabricación ilegal de armas de fuego, accesorios, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, cuando exista participación de una organización criminal.

ARTÍCULO 14. (Derogaciones).- Derógase el numeral 12 del artículo 365 del Código Penal aprobado por Ley n.º 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 216 de la Ley n.º 15.903, de 10 de noviembre de 1987».

13) PROTOCOLO DE LA RONDA DE SAN PABLO AL ACUERDO SOBRE EL SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAÍSES EN DESARROLLO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: “Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, suscrito por el Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, el 15 de diciembre de 2010. (Carp. n.º 773/2012 – Rep. n.º 802 /2013)”.

(Antecedentes:)

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«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos Internacionales

Informe

Al Senado

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado ha considerado el Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias comerciales entre países en desarrollo, suscrito por el Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil 15 de diciembre de 2010.

Antecedentes

El 15 de diciembre de 2010 se reunieron en Foz de Iguazú, Brasil, los miembros del Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC). La sesión extraordinaria del Comité de Negociación se realizó con el objetivo de dar por finalizada la Ronda de San Pablo iniciada en 2004, la tercera ronda de negociaciones desde la creación del SGPC.

Según el documento del Acuerdo, firmado en Belgrado (hoy Serbia), en abril de 1988,1 el SGPC surge de la voluntad de cooperación económica en la búsqueda de un proceso equilibrado y equitativo de desarrollo e instalación de un nuevo orden económico mundial. En ese sentido, el rol del SGPC es actuar como un instrumento de cooperación Sur-Sur de promoción del comercio, la producción y el empleo en los países miembros del Grupo de los 77 (G77),2 reconociendo las necesidades especiales de los países menos adelantados (PMA). El Acuerdo hace referencia a la aplicación de derechos arancelarios y paraarancelarios, medidas no arancelarias, medidas comerciales directas y acuerdos sectoriales entre las partes.

Algunas de las características distintivas de las negociaciones en el marco del SGPC para el intercambio de concesiones es que estas pueden ser tanto bilaterales, plurilaterales como multilaterales; cualquier concesión otorgada a cualquier país dentro del G77 se extenderá al resto, excepto bajo ciertas condiciones y cuando la concesión sea hecha a un país del grupo de aquellos menos adelantados; permite la participación de conjuntos de países; contempla la aplicación de medidas de salvaguardias y de balanzas de pagos; tiene un régimen de consultas y solución de controversias; y además, existe la posibilidad de reducir o suspender las concesiones bajo ciertas circunstancias. Las condiciones para adherirse al Acuerdo incluyen la presentación de una oferta de concesiones, la recepción de una lista de peticiones por parte del resto de los miembros y posteriores negociaciones sobre las mismas.

El SGPC tiene un Comité de Participantes que se encarga de auspiciar las negociaciones y cooperar con organismos internacionales, entre ellos la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), además de facilitar el funcionamiento del SGPC y contribuir al logro de sus objetivos, examinar su aplicación, celebrar consultas y tomar decisiones. Cabe destacar que el Acuerdo sobre SGPC define a la UNCTAD como organismo responsable de la administración del Acuerdo, y con ese objetivo, este estableció una Secretaría del SGPC que presta asistencia técnica y administrativa al Comité de Participantes y proporciona servicios en las rondas de negociaciones.

La primera ronda del SGPC comenzó en 1986, con la participación de 50 países, y finalizó en 1988 con la firma del Acuerdo. El mismo fue subscripto originalmente por 15 países y entró en vigor en abril de 1989. En dicha ronda se intercambiaron aproximadamente 1.800 preferencias arancelarias. La segunda, realizada entre 1991 y 1998 tuvo menos éxito: solo participaron 24 países y no se llegaron a ratificar los resultados obtenidos. Sin embargo, es preciso señalar que, en 1999, 42 países habían firmado el Acuerdo3.

El 16 junio de 2004, en el marco de la xi Conferencia Ministerial de UNCTAD, se lanzó la Tercera Ronda de Negociaciones del Acuerdo sobre SGPC, conocida como Ronda de San Pablo. Según el Proyecto de Declaración surgido del encuentro, los objetivos de la ronda incluirían: examinar la aplicación del Acuerdo desde su entrada en vigor en 1989, adoptar medidas para un mayor aprovechamiento del potencial del Acuerdo, lograr una liberalización sustancial del comercio sobre la base de la reciprocidad y elaborar medidas preferenciales concretas para los PMA. En esta ocasión también se invitó a los demás miembros del G77 que no son parte del Acuerdo, a los miembros del G15 4 y a China.

Asimismo, como resultado del encuentro en el que se dio comienzo a la ronda, se establecieron modalidades de negociación en las que se acordó hacer un corte lineal de 20 % sobre aranceles aplicados y realizar una oferta voluntaria combinada con ofertas y pedidos y negociaciones sectoriales para 70 % de líneas arancelarias con aranceles mayores a cero y 60 % para los países con más de la mitad de sus líneas libres de arancel. Adicionalmente, se creó el comité de negociaciones comerciales compuesto por un grupo de acceso a mercados y otro de normas de origen; se estableció el compromiso de revisar la implementación de las concesiones a más tardar 2 años después de su entrada en vigor, con posibilidad de negociar incrementos en los márgenes de preferencias y porcentaje de cobertura de productos al momento de la revisión. Las partes fijaron como fecha límite para la entrega de sus ofertas el mes de mayo de 2010, momento a partir del cual comenzarían las verificaciones y consultas para dar cierre a la ronda.

De la Ronda de San Pablo participaron 28 miembros del Acuerdo, entre ellos el Mercosur, que se incorporó como miembro pleno del SGPC el 2 de noviembre de 2006, transformándose en el primer bloque en ser parte de este sistema.

Finalmente, el 15 de diciembre del 2011 se dio por concluida la Ronda de San Pablo con la aprobación del Protocolo y las Disposiciones para la Aplicación de los Resultados de la Ronda, además de la presentación de las listas de concesiones arancelarias. En el Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre SGPC las partes convinieron cuestiones relativas a las listas de concesiones de cada país, certificaciones de origen, revisión de los resultados y requisitos para la adhesión al mismo. Acordaron lo pautado en el documento de modalidades elaborado en 2004 sobre la evaluación de los resultados en menos de 2 años de su entrada en vigor, con el fin de analizar el grado de incremento del margen de preferencias y la cobertura de productos; y la aplicación de la reducción lineal general, para cada ítem arancelario, de como mínimo 20 % sobre por lo menos el 70 % de sus líneas arancelarias sujetas a derechos, o 60 % para los participantes con más de 50 % de sus líneas arancelarias libres de derechos. El Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir del 15 de diciembre de 2010 y con la firma definitiva de al menos 4 participantes. Las listas anexadas al Protocolo hasta el momento pertenecen a Cuba, Egipto, República de Corea, Mercosur, Malasia, India, Indonesia y Marruecos; y se espera que otros países presenten sus ofertas en el futuro cercano.

Tal como se destacó en la Carta Mensual INTAL n.º 161 las preferencias solamente se harán extensivas a los países miembros del SGPC que participan de este acuerdo y que los recortes se harán sobre los aranceles aplicados, muy inferiores a los consolidados que se toman como base para la reducción en la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo cual implicaría una mejora efectiva en el acceso al mercado.

Estos once países representan cerca de un tercio de la población mundial y sus economías han tenido un crecimiento promedio mayor a la media mundial durante los últimos años. El comercio entre ellos alcanzó US$ 758 mil millones en 2008, aumentando a una tasa promedio anual acumulativa (a.a.) de 24,3 % desde 2004, en tanto que el comercio con el resto del mundo se expandió a un ritmo de 18,1 % a.a. De esta forma, la participación de este grupo como destino y como origen de sus ventas se ha ampliado en los últimos años: en 2008 las exportaciones intra-SGPC representaron 30,3 % del total de sus ventas, frente a 25,5 % en 2004; por el lado de las importaciones, la expansión fue de 3,4 puntos porcentuales (p.p.), pasando de 23,8 % en 2004 a 27,2 % en 2008.

Es importante destacar que el avance hacia la liberalización del comercio Sur-Sur se da en un contexto de gran dinamismo de las economías en desarrollo, de estancamiento de la Ronda de Doha y de rebalanceo de la economía mundial; adicionalmente, el comercio Sur-Sur presenta mayores oportunidades de tomar impulso mediante el recorte de aranceles, ya que estos aún se encuentran en niveles muy altos. En estas circunstancias, los países del sur se encuentran frente a una gran oportunidad para incrementar su relevancia en las corrientes de comercio internacional.

Contenido

El Protocolo consta de 1 Preámbulo, 5 Puntos y 8 Listas Anexadas.

El Preámbulo establece:

Las partes del Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo que participaron en la Ronda de Negociaciones de Sao Paulo (denominados en la presente Acta Final los Participantes). Habiendo conducido las negociaciones de conformidad con el Artículo 6 y el Entendimiento sobre la Aplicación del artículo 9.1 del Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (denominado en el presente documento el SGPC”).

RECORDANDO el SGPC y la Decisión Ministerial sobre Modalidades del 2 de diciembre de 2009, HAN CONVENIDO en lo siguiente:

El Punto I- Listas de concesiones arancelarias

El Punto II- Certificación de origen efectuada por autoridades gubernamentales y no gubernamentales

El Punto III- Revisión de los resultados de la Ronda de Sao Paulo

El Punto V - Disposiciones finales

Listas Anexadas al Protocolo de la Ronda de Sao Paulo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo

Lista I- Cuba

Lista II- Egipto

Lista III- India

Lista IV- Indonesia

Lista V- República de Corea

Lista VI- Malasia

Lista VII- Mercosur

Lista VIII- Marruecos

Consideraciones

El Protocolo de la Ronda de San Pablo aprobado en 2010, tuvo por objetivo profundizar las preferencias negociadas en el marco del Acuerdo de Belgrado y que comenzaron a negociarse en la tercera ronda de negociaciones del SGPC lanzada en San Pablo en el año 2004 (la segunda ronda fracasó).

El mencionado protocolo definió las listas de concesiones arancelarias otorgadas por los participantes (aprobado inicialmente por el Mercosur más siete países participantes), entre sí. Cabe precisar que las nuevas preferencias negociadas aún no se encuentran vigentes.

Los participantes del mencionado protocolo, revisarán los resultados del acuerdo por un período que no puede superar los dos años contados a partir de su entrada en vigor. Durante dicha revisión se buscará el aumento de las preferencias otorgadas y de la cobertura de productos, así como la revisión de las normas de origen del SGPC, incluso un examen de los criterios de clasificación arancelaria y de la norma de valor añadido.

En el período mencionado, los participantes podrán acordar de forma voluntaria –en negociaciones adicionales a realizarse mediante un procedimiento de petición y oferta–, incorporaciones al presente protocolo que se harán extensivas a todos los firmantes como lo establece el Acuerdo de Belgrado.

Con respecto a las adhesiones (de los 48 países que inicialmente suscribieron el Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo5, el protocolo fue suscrito por el Mercosur más siete países (Cuba, Egipto, India, Indonesia, Malasia, Marruecos y Corea del Sur).

Los países firmantes de la ronda comprenden el 50 % de la población de todos los países del SGPC (alcanzando los 1.900 millones de habitantes), lo que supone un tercio de la población de los países en desarrollo. De acuerdo a datos de la UNCTAD, las importaciones entre los firmantes del protocolo descontando el comercio intra-Mercosur, explicó el 41 % del total de las importaciones provenientes de los países del SGPC, 24 % de las adquisiciones externas de los países en desarrollo (excluyendo a China) y cerca del 10 % de las importaciones del mundo.

Cabe precisar que las concesiones otorgadas en la Ronda de San Pablo profundizaron la cobertura alcanzada por el SGPC hasta ese momento. En efecto, de un total de 650 líneas que fueron negociadas anteriormente en el marco del sistema, se incorporaron un total de 47.300 líneas arancelarias, registrándose en algunos casos una baja sustancial de los aranceles promedio. De acuerdo a los estudios realizados por la UNCTAD, de darse plena vigencia a las concesiones de la Ronda de San Pablo, estas tendrán un positivo impacto en el ingreso (ingreso en términos de exportaciones y empleo) de los once países firmantes (ingresos cercanos a los US$ 2.500 millones), monto que rondaría los US$ 6.000 millones de suscribirse dichas concesiones entre los 22 países que participaron de la ronda6, beneficios que en los dos casos habría que adicionarle los efectos dinámicos.

Se prevé que cualquier participante del SGPC pueda adherirse mediante la entrega de una propuesta de lista de concesiones arancelarias de conformidad con los siguientes requisitos:

– Reducción lineal general, línea por línea, del 20 % como mínimo sobre el 70 % como mínimo de sus líneas arancelarias sujetas a derechos.

– En el caso de los participantes con líneas arancelarias libres de derechos que representen más del 50 % del total de sus líneas arancelarias nacionales, una preferencia del 20 % como mínimo sobre el 60 % de sus líneas arancelarias sujetas a derecho.

El protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que cuatro de los participantes, como mínimo, hayan depositado los instrumentos de firma definitiva, ratificación, aceptación o aprobación. A su vez, para cada participante, el protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de que se deposite un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación ante el Secretario General de la UNCTAD, organización que es administradora del SGPC. De acuerdo al seguimiento realizado por la UNCTAD, hasta la fecha el acuerdo fue ratificado por India y Malasia, si bien Corea del Sur y otros países están en camino de incorporar el acuerdo.

Con respecto a la certificación de origen (el régimen de origen del SGPC fue definido en el Acuerdo de Belgrado), se indica que será un organismo gubernamental o una entidad no gubernamental autorizada por el gobierno el responsable de la emisión de los certificados de origen. Todos los participantes deberán comunicar a la Secretaría del SGPC dichos organismos habilitados.

Al respecto, una decisión del Comité de Participantes del SGPC estableció un sub-Comité de Signatarios del SGPC de la Ronda de San Pablo y un grupo de trabajo sobre normas de origen para darle un mayor seguimiento a lo negociado en la ronda.

Preferencias otorgadas por el Mercosur

En las listas de concesiones que son presentadas en el anexo del mencionado protocolo, el Mercosur otorgó preferencias a unas 6.367 líneas arancelarias de acuerdo a la NCM, excluyendo un 30 % del universo arancelario, que es el porcentaje de productos que permite excluir el sistema.

A nivel de secciones del Sistema Armonizado (S.A.), “Productos de las industrias químicas” es la que incorporó más líneas arancelarias a la desgravación, con un total de 2.560 NCM y representando el 40,2 % del total de la lista presentada por el Mercosur7.

Las preferencias otorgadas entre los firmantes del protocolo son del 20 %. Este se computa de acuerdo al arancel NMF aplicado en la fecha de la importación. A través de la secretaría del SGPC, los participantes deberán informar de forma actualizada los niveles arancelarios aplicados.

Si se atiende al universo para el cual el Mercosur definió preferencias comerciales, el arancel promedio alcanzado por dichos productos (6.367 NCM) asciende al 9,5 %, porcentaje que baja al 7,6 % luego de computar las preferencias definidas en el protocolo.

Seguidamente, se analizan los productos que presentan un arancel igual o mayor al 10 % y que fueron incluidos en el acuerdo, entendiendo que en esos casos, el Mercosur está otorgando preferencias en bienes para los cuales tiene un Arancel Externo Común (AEC) elevado, lo que indica cierta propensión a la protección del bloque para dichos bienes.

En el caso de los productos que conforman el universo y presentan un AEC del 20 %, 18 % y 16 %, se identifican un total de 896 productos (14 % del total), que computados en conjunto ascienden a un arancel promedio del 17,3 %, arancel que luego de computadas las preferencias (del 20 %) desciende al 13,9 %.

Entre los principales bienes que poseen los niveles arancelarios comentados, se encuentran NCM correspondientes a los capítulos 39 (plásticos y sus manufacturas), 48 (papel y cartón), 73 (manufacturas de fundición de hierro o acero), 82 (herramientas y útiles, artículos de cuchillería...), 83 (manufacturas diversas de metal común), 84 (máquinas y aparatos mecánicos), 85 (máquinas, aparatos eléctricos), 90 (instrumentos de óptica, fotografía o cinematografía), 91 (aparatos de relojería) y 96 (manufacturas diversas).

Los países que se beneficiarían de las preferencias comentadas serían los siete países que suscribieron el protocolo; si bien como se comentó anteriormente, está prevista la incorporación de otras economías en desarrollo8.

En ese sentido, si se relevan las importaciones uruguayas -computadas en conjunto- de los capítulos anteriormente mencionados originarias de las economías firmantes del protocolo de la Ronda de San Pablo (Cuba, Egipto, India, Indonesia, Malasia, Marruecos, Corea del Sur, más Tailandia que inició negociaciones posteriormente), las mismas ascendieron a los US$ 143 millones en 2011 (plásticos y sus manufacturas es la categoría mayormente importada desde dichos orígenes).

Por otra parte, considerando los productos incluidos en las concesiones con un AEC del 14 %, 12 % y 10 %, se computan un total de 2.994 NCM (47 % del total), que registrados en conjunto presentan un arancel promedio del 12,5 %, guarismo que luego de computadas las preferencias (del 20 %) bajaría al 10 %. En este caso, los principales NCM con esos niveles arancelarios corresponden a los capítulos 02 (carne y despojos comestibles), 03 (pescados y crustáceos), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 28 (productos químicos inorgánicos), 29 (productos químicos orgánicos), 30 (productos farmacéuticos), 38 (productos diversos de las industrias químicas), 39 (plásticos y sus manufacturas), 41 (pieles y cueros), 44 (madera), 48 (papel y cartón), 69 (productos cerámicos), 70 (vidrio y sus manufacturas), 72 (fundición de hierro o acero), 84 (máquinas y aparatos mecánicos), 85 (máquinas y aparatos eléctricos), 90 (instrumentos de óptica, fotografía o cinematografía).

Computando las compras externas uruguayas de los capítulos mencionados originarias de las economías anteriormente mencionadas (eventuales beneficiarios del SGPC una vez entre en vigencia), las mismas superaron los US$ 206 millones en 2011 (las compras están lideradas por los plásticos, máquinas y herramientas, tanto mecánicas como eléctricas, productos de fundición de hierro y acero y productos químicos).

El comercio de Uruguay con los países firmantes del Protocolo de San Pablo.

Las importaciones uruguayas desde los países firmantes del Protocolo de San Pablo más Tailandia (todos los países son miembros de la OMC) crecieron 65 % en 2011 con respecto al año anterior, superando adquisiciones por un monto de US$ 490 millones.

Las compras externas desde este grupo de países estuvieron dominadas por Corea del Sur e India (si bien con este último país se cuenta con preferencias en el marco de un acuerdo con el Mercosur, hasta el momento las mismas son poco significativas).

Entre los principales productos importados desde estos orígenes se destacan los plásticos, productos de fundición de hierro o acero, máquinas eléctricas y mecánicas, productos químicos y medicamentos.

Por otra parte, las exportaciones con destino a los países con los cuales el Mercosur avanzó en la profundización del SGPC son menos significativas que las importaciones, si bien también muestran un muy buen dinamismo. Las colocaciones con destino a dicho grupo de países alcanzaron los US$ 207 millones en 2011. En el destino de las exportaciones se destacaron Cuba (país con el cual ya se cuenta con un acuerdo en el marco de la Aladi), Tailandia y Corea del Sur.

En términos ofensivos, los productos exportados a dicho grupo de países son principalmente agrícolas con elevados niveles de competitividad internacional. En particular, se destacan leche en polvo, cueros y pieles curtidos de bovino, lana sin cardar ni peinar, manteca, cueros preparados, madera aserrada, trigo, grasas de animales, lana cardada o peinada, soja, madera en bruto, quesos y requesón, pescado congelado, cítricos, lactosuero, cobre refinado, medicamentos para uso terapéutico o profiláctico, peletería curtida y carne de animales de la especie bovina congelada (productos que computados en conjunto explicaron el 97 % del total exportado por Uruguay a dicho grupo de países).

Por lo expuesto, y de acuerdo a los fundamentos desarrollados en este informe, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores aconseja la aprobación del Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias comerciales entre países en desarrollo, suscrito por el Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, el 15 de diciembre de 2010.

1 Aunque los parámetros para la creación del SGPC se acordaron en la Reunión de Ministros del G77 en Nueva York en 1982, el Acuerdo no se firmó hasta 1988.

2 El G77 se estableció el 15 de junio de 1964 en la l.ª Reunión Ministerial de la UNCTAD en Ginebra; en la actualidad el grupo está formado por 130 países.

3 Argelia, Argentina, Bangladesh, Benín, Bolivia, Brasil, Camerún, Chile, Colombia, Cuba, Corea, Ecuador, Egipto, Ghana, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Irán, Iraq, Libia, Malasia, México, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, República de Corea, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, República Unida de Tanzania, Venezuela, Vietnam y Zimbabue.

4 Formado actualmente por 18 países: Argelia, Argentina, Brasil, Chile, Egipto, India, Indonesia, Irán, Jamaica, Kenia, Malasia, México, Nigeria, Perú, Senegal, Sri Lanka, Venezuela y Zimbabue.

5 De los cuales 43 presentaron concesiones.

6 UNCTAD (2012): “Global System of Trade Preferences among developing countries”.

7 Debe tenerse en cuenta que dicha sección representa el 30 % de la NCM.

8 México mostró interés en incorporarse a las preferencias de la tercera ronda de negociaciones del SGPC.

Sala de la Comisión, 2 de mayo de 2013.

Carlos Baráibar, Miembro Informante; Alberto Couriel, Luis Alberto Lacalle Herrera, Jorge Larrañaga, Ope Pasquet, Gustavo Penadés.

ACTA N.° 74

En Montevideo, el día dos de mayo de dos mil trece, a la hora diecisiete y veinte minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Alberto Couriel, Luis Alberto Lacalle Herrera, Jorge Larrañaga, Ope Pasquet, Gustavo Penadés y Rafael Michelini.

Faltan con aviso la señora Senadora Mónica Xavier y los señores Senadores Carlos Baráibar y Enrique Rubio.

Preside el señor Senador Ope Pasquet, Presidente de la Comisión.

Asiste el Director del Área Gestión Legislativa, señor César González.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión y la señora María Victoria Lumaca, Prosecretaria.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido n.° 2043/2013, que forma parte de la presente.

Asuntos tratados:

- Designación del Vicepresidente de la Comisión (artículo 151 del Reglamento del Senado).

Se posterga su designación hasta la próxima sesión.

- Carpeta n.° 809/2012 ACUERDO MARCO DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE EL MERCOSUR Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE PALESTINA, EN NOMBRE DE LA AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA. Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 1285/2012).

El señor Senador Rafael Michelini realiza el informe del proyecto de ley y posteriormente el señor Senador Ope Pasquet realiza una observación de carácter formal respecto a si se debe aprobar el proyecto de ley con ese texto, teniendo en cuenta el reconocimiento que hizo nuestro país del Estado Palestino en marzo del año dos mil once. Se acuerda realizar una consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y postergar la consideración del proyecto para una próxima reunión.

- Carpeta n.° 914/2012 ACUERDO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL MERCOSUR. Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 1469/2012).

En virtud de las manifestaciones realizadas por varios integrantes de la Comisión, se acuerda postergar el tratamiento del proyecto de ley para una próxima sesión.

- Carpeta n.° 773/2012. PROTOCOLO DE LA RONDA DE SAN PABLO AL ACUERDO SOBRE EL SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAÍSES EN DESARROLLO. Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.° 1226/2012).

El señor Presidente informa a los integrantes de la Comisión que el señor Senador Carlos Baráibar ha hecho un informe del proyecto de ley, que se repartió para conocimiento de todos los miembros de la Comisión.

Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante, por 5 votos en 5 Senadores presentes, al señor Senador Carlos Baráibar, quien informará en forma escrita.

- Invitación al señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis Almagro Lemes.

El señor Senador Ope Pasquet propone invitar al señor Ministro de Relaciones Exteriores a una próxima reunión de la Comisión, a efectos de tratar temas relativos a esa Cartera.

Luego de intercambiar opiniones entre los integrantes de la Comisión, se resuelve, por 5 votos en 5 Senadores presentes, invitar al señor Ministro, y remitirle la versión taquigráfica de las expresiones vertidas en Sala.

A la hora dieciocho y veinte minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman los señores Presidente y Secretario de la Comisión.

Ope Pasquet, Presidente; Vladimir De Bellis Martínez, Secretario».

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado consideró este proyecto de ley el pasado jueves y recomendó, por unanimidad de miembros presentes, su aprobación por parte de este Cuerpo.

El Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo fue suscrito por el Mercosur en Foz de Iguazú el 15 de diciembre de 2010, ocasión en la que se reunieron quienes suscribieron el Acuerdo. La sesión extraordinaria del Comité de Negociación se realizó con el objetivo de dar por finalizada la Ronda de San Pablo, iniciada en 2004, que fue la tercera ronda de negociaciones desde la creación del Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, cuya sigla es SGPC.

El SGPC surge de la voluntad de cooperación económica, en la búsqueda de un proceso equilibrado y equitativo de desarrollo e instalación de un nuevo orden económico mundial. En ese sentido, su rol es actuar como un instrumento de cooperación Sur-Sur, promoviendo el comercio, la producción y el empleo en los países miembros del Grupo de los 77 –G77–, reconociendo las necesidades especiales de los países menos adelantados, conocidos por la sigla PMA. El Acuerdo hace referencia a la aplicación de derechos arancelarios y paraarancelarios, medidas no arancelarias, medidas comerciales directas y acuerdos sectoriales entre las Partes.

Algunas de las características distintivas de las negociaciones en el marco del SGPC para el intercambio de concesiones son: que estas pueden ser bilaterales, plurilaterales o multilaterales; que toda concesión otorgada a cualquier país dentro del G77 se extenderá al resto, excepto bajo ciertas condiciones y cuando la concesión sea hecha a un país del grupo de aquellos menos adelantados; que permite la participación de conjuntos de países; que contempla la aplicación de medidas de salvaguardias y de balanzas de pagos; que tiene un régimen de consultas y solución de controversias, y, además, que existe la posibilidad de reducir o suspender las concesiones bajo ciertas circunstancias.

Las condiciones para adherir al Acuerdo incluyen la presentación de una oferta de concesiones, la recepción de una lista de peticiones por parte del resto de los miembros y posteriores negociaciones sobre las mismas.

El SGPC tiene un Comité de Participantes que se encarga de auspiciar las negociaciones y cooperar con organismos internacionales, entre ellos la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD, por sus siglas en inglés–, además de facilitar el funcionamiento del SGPC y contribuir al logro de sus objetivos, examinar su aplicación, celebrar consultas y tomar decisiones.

Cabe destacar que el Acuerdo sobre el SGPC define a la UNCTAD como el organismo responsable de la administración del Acuerdo, y con ese objetivo, el mismo estableció una Secretaría del SGPC que presta asistencia técnica y administrativa al Comité de Participantes y proporciona servicios en las rondas de negociaciones.

La primea ronda del SGPC comenzó en 1986 con la participación de cincuenta países, y finalizó en 1988 con la firma del Acuerdo. El mismo fue suscrito originalmente por quince países y entró en vigor en abril de 1989. En dicha ronda se intercambiaron aproximadamente mil ochocientas preferencias arancelarias.

La segunda ronda, realizada entre 1991 y 1998, tuvo menos éxito: solo participaron veinticuatro países y no se llegaron a ratificar los resultados obtenidos. Sin embargo, es preciso señalar que en 1999, cuarenta y dos países habían firmado el Acuerdo.

El 16 de junio de 2004, en el marco de la xi Conferencia Ministerial de UNCTAD, se lanzó la Tercera Ronda de Negociaciones del Acuerdo sobre SGPC, conocida como Ronda de San Pablo. Según el Proyecto de Declaración surgido del encuentro, los objetivos de la ronda incluirían: examinar la aplicación del Acuerdo desde su entrada en vigor en 1989, adoptar medidas para un mayor aprovechamiento del potencial del Acuerdo, lograr una liberalización sustancial del comercio sobre la base de la reciprocidad y elaborar medidas preferenciales concretas para los países menos adelantados. En esta ocasión también se invitó a los demás miembros del G77 que no son parte del Acuerdo, a los miembros del G15 y a China.

Asimismo, como resultado del encuentro en el que se dio comienzo a la ronda, se establecieron modalidades de negociación en las que se acordó hacer un corte lineal del 20 % sobre aranceles aplicados y realizar una oferta voluntaria combinada con ofertas y pedidos, y negociaciones sectoriales para un 70 % de líneas arancelarias con aranceles mayores a cero, y 60 % para los países con más de la mitad de sus líneas libres de arancel.

Adicionalmente se creó el comité de negociaciones comerciales, compuesto por un grupo de acceso a mercados y otro de normas de origen; se estableció el compromiso de revisar la implementación de las concesiones a más tardar dos años después de su entrada en vigor, con posibilidad de negociar incrementos en los márgenes de preferencias y porcentaje de cobertura de productos al momento de la revisión.

En la Ronda de San Pablo participaron veintiocho miembros del Acuerdo, entre ellos el Mercosur, que se incorporó como miembro pleno del SGPC el 2 de noviembre de 2006, transformándose en el primer bloque en ser parte de este sistema.

Finalmente, el 15 de diciembre pasado se dio por concluida la Ronda de San Pablo con la aprobación del Protocolo y las Disposiciones para la Aplicación de los Resultados de la Ronda, además de la presentación de las listas de concesiones arancelarias.

En el Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre SGPC, las partes convinieron cuestiones relativas a las listas de concesiones de cada país, certificaciones de origen, revisión de los resultados y requisitos para la adhesión al mismo.

Acordaron lo pautado en el documento de modalidades elaborado en 2004 sobre la evaluación de los resultados en menos de dos años de su entrada en vigor, con el fin de analizar el grado de incremento del margen de preferencias y la cobertura de productos; y la aplicación de la reducción lineal general para cada ítem arancelario de 20 % como mínimo, sobre por lo menos el 70 % de sus líneas arancelarias sujetas a derechos, o 60 % para los participantes con más de 50 % de sus líneas arancelarias libres de derechos.

El Protocolo entra en vigor el trigésimo día a partir del 15 de diciembre de 2010 y con la firma definitiva de al menos cuatro participantes.

Las listas anexadas al Protocolo hasta el momento pertenecen a Cuba, Egipto, República de Corea, Mercosur, Malasia, India, Indonesia y Marruecos, y se espera que otros países presenten sus ofertas en el futuro cercano.

Es bueno señalar que estos países representan aproximadamente un tercio de la población mundial, y sus economías han tenido un crecimiento promedio mayor a la media mundial durante los últimos años. El comercio entre ellos alcanzó los US$ 758.000:000.000 en 2008, aumentando a una tasa promedio anual acumulativa (a.a.) de 24,3 % desde 2004, en tanto que el comercio con el resto del mundo se expandió a un ritmo de 18,1 % a.a. De esta forma, la participación de este grupo como destino y como origen de sus ventas se ha ampliado en los últimos años: en 2008 las exportaciones intra SGPC representaron el 30,3 % del total de sus ventas, frente al 25,5 % en 2004; por el lado de las importaciones, la expansión fue de 3,4 puntos porcentuales, pasando de 23,8 % en 2004 a 27,2 % en 2008.

El Protocolo de la Ronda de San Pablo del Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, contiene un Preámbulo, cinco Puntos y ocho Listas Anexadas.

En el informe que fue presentado por escrito a la Comisión, realizamos distintas consideraciones que están a disposición de todos los señores Senadores.

En concreto, el Protocolo establece:

Punto I - Listas de concesiones arancelarias.

Punto II - Certificación de origen efectuada por autoridades gubernamentales y no gubernamentales.

Punto III - Revisión de los resultados de la Ronda de San Pablo.

Punto IV - Adhesión al Protocolo de la Ronda de San Pablo.

Punto V - Disposiciones finales.

Entre todo el material que recabé para examinar un tema que, sin duda, es de mucha importancia, destaco un documento realmente exhaustivo –que no ha sido incluido en este informe por ser muy extenso, pero que tengo en mi poder y está a disposición de los señores Senadores–, que examina el tema en profundidad. Fue elaborado por el Licenciado Ignacio Bartesaghi en agosto de 2012 y presentado por la Cámara de Industrias del Uruguay a través del Departamento de Integración y Comercio Internacional de la Dirección de Investigación y Análisis.

Al comienzo del citado informe se hace referencia a los objetivos y se dice: “En primer lugar, dar a conocer un instrumento que, por lo general, los operadores de comercio exterior del Uruguay no tienen presente, conocer el grado de profundidad alcanzado por el SGPC en los últimos años, caracterizar la relación comercial del Mercosur y de Uruguay con los países que integran el SGPC y diferenciarlo de otros sistemas preferenciales o acuerdos como el SGP”.

Luego de efectuado un análisis muy pormenorizado, entre las conclusiones se establece lo siguiente: “Si bien las concesiones otorgadas por el Mercosur en el marco de la primera ronda de negociaciones del SGPC se encuentran vigentes en el caso uruguayo, hasta la fecha no se registra un aprovechamiento del sistema, ni por parte de los importadores ni tampoco por los exportadores, lo que demuestra la escasa importancia presentada por el esquema preferencial bajo estudio”. Inmediatamente se agrega: “En los últimos años, dado el fuerte apoyo político otorgado por algunos de los miembros del SGPC, se le ha dado un mayor dinamismo al sistema, hecho que se concretó con la aprobación de los resultados de la Ronda de San Pablo lanzada en 2004 y que culminó en 2010 en Foz de Iguazú”.

En el informe se hace referencia también a la evolución de las negociaciones y a un dato que me parece especialmente relevante: el incremento del intercambio entre los países del sur, es decir, el comercio sur-sur. En concreto, se expresa: “Al respecto del comercio entre los países en desarrollo (no solo incluye a los miembros del SGPC), en los últimos años se ha registrado un crecimiento muy importante del comercio sur-sur. En efecto, las importaciones del Mercosur desde este tipo de países crecieron a una tasa anualizada del 18 % entre los años 2001-2011”.

Asimismo, se señala que el presente instrumento –la Ronda que estamos ratificando– ha tenido una eficacia muy grande, pues las concesiones de los cuarenta y tres países miembros pasaron, entre la instancia anterior y la Ronda de San Pablo, de 651 a 47.324. Y más adelante se expresa: “De acuerdo a los estudios realizados por la UNCTAD, de darse plena vigencia a las concesiones de la Ronda de San Pablo, las mismas tendrán un positivo impacto en el ingreso (ingreso en términos de exportaciones y empleo) de los once países firmantes (ingresos cercanos a los US$ 2.500 millones), monto que rondaría los US$ 6.000 millones de suscribirse dichas concesiones entre los 22 países que participaron de la ronda 17, beneficios que en los dos casos habría que adicionarle los efectos dinámicos”.

Este informe, que contiene un pormenorizado análisis –caso por caso– de las relaciones del Uruguay con los distintos países miembros, finaliza señalando la importancia de este Acuerdo, la poca utilización que de él se ha realizado hasta el presente y la conveniencia de prestarle la debida atención.

Finalmente quiero decir que el jueves pasado no estuve presente en la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales por encontrarme en uso de licencia, debido a actividades que debía desarrollar en el extranjero y en virtud de ello presenté por escrito el informe, que figura en el repartido en la página 21.

Agradezco a los miembros de la Comisión por el hecho de haber aprobado este Protocolo por unanimidad y haberme encomendado brindar el informe correspondiente en la sesión de hoy.

Era cuanto tenía para manifestar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 1.º.- Apruébase el Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo suscrito por el Mercosur en Foz do Iguazú, Brasil, el quince de diciembre de dos mil diez”.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR BARÁIBAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Es para fundar el voto, señor Senador?

SEÑOR BARÁIBAR.- No, señor Presidente; quiero proponer una pequeña modificación al texto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Debió haberlo planteado antes de la votación, señor Senador. De todas maneras, le doy la palabra, porque vamos a tener que reconsiderar el punto.

SEÑOR BARÁIBAR.- Gracias, señor Presidente.

Simplemente, en el texto debe figurar “Foz de Iguazú”, en lugar de “Foz do Iguazú”; y donde dice “Brasil”, debe decirse “República Federativa de Brasil”.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor Senador.

Se va a votar la reconsideración del proyecto de ley.

(Se vota:)

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ahora corresponde votar nuevamente en general el proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–20 en 21. Afirmativa.

Léase el artículo único del proyecto de ley, con las modificaciones propuestas.

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 1.º.- Apruébase el Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo suscrito por el Mercosur en Foz de Iguazú, República Federativa de Brasil, el quince de diciembre de dos mil diez”.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

ARTÍCULO ÚNICO.-Apruébase el Protocolo de la Ronda de San Pablo al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo suscripto por el Mercosur en Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, el 15 de diciembre de 2010”.

14) NUMERAL CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. VUELTA A COMISIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: vamos a solicitar que esta iniciativa vuelva a Comisión hasta que el Senado haya sido informado por el Poder Ejecutivo de la promulgación de la ley que eleva a la categoría de ciudad a Ecilda Paullier.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar la moción de vuelta a Comisión del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

–20 en 21. Afirmativa.

El proyecto de ley vuelve, pues, a Comisión.

15) “MAESTRO JULIO CASTRO”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: “Proyecto de ley por el que por el que se designa con el nombre de “Maestro Julio Castro” la Escuela Técnica de Toledo, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública (Carp. n.º 1099/2012 – Rep. n.º 797/2013)”.

(Antecedentes:)

“Carp. n.º 1099/2012
Rep. n.º 797/2013

CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Educación y Cultura

Proyecto de Ley Sustitutivo

Artículo único- Desígnase con el nombre de “Maestro Julio Castro” a la Escuela Técnica de Toledo, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de la Comisión, 17 de abril de 2013.

Lucía Topolansky, Miembro Informante; Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Gustavo Penadés, Enrique Rubio”.

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«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Educación y Cultura

ACTA N.° 62

En Montevideo, el día diecisiete de abril del año dos mil trece, a la hora dieciséis y trece minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten los miembros señoras Senadoras Constanza Moreira y Lucía Topolansky y señores Senadores Eduardo Lorier, Gustavo Penadés y Enrique Rubio.

Faltan con aviso los señores Senadores José Amorín Batlle y Eber Da Rosa.

Preside el señor Senador Enrique Rubio, Presidente de la Comisión. Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión María Cecilia Fernández y la señora Prosecretaria María Victoria Lumaca.

Asuntos entrados:

1. Proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo:

– Por el que se designa con el nombre de “Eneida Texeira de Basaldúa” la Escuela n.° 54 del departamento de Artigas (Carpeta n.° 1153/2013 – Distribuido n.° 1984/2013).

– Por el que se designa con el nombre de “Maestra Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes n.° 81 del departamento de Treinta y Tres (Carpeta n.° 1154/2013 – Distribuido n.° 1985/2013).

2. Solicitudes de audiencia presentadas por:

– Miembros de la Casa de los Escritores del Uruguay, quienes desean proponer soluciones para la legislación social de los escritores.

– El señor Horacio Castells para referirse al proyecto de ley de Derecho de Seguimiento, presentado por el señor Senador León Morelli.

3. Versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el Representante Nacional Rubén Martínez Huelmo, relacionadas con la nominación de la ruta nacional n.° 14 de la República Argentina con el nombre de “General José Gervasio Artigas”.

Asuntos aprobados:

– Carpeta n.° 1092/2012. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el cual se designa con el nombre de “David Manuel Hugo Roher” la Escuela Técnica de villa Ecilda Paullier, departamento de San José.

En consideración. La Comisión aprueba un proyecto de ley sustitutivo: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Eduardo Lorier, quien lo hará en forma verbal.

El texto del proyecto de ley sustitutivo aprobado se transcribe a continuación:

“Artículo único.- Desígnase con el nombre de “David Manuel Hugo Roher”, a la Escuela Técnica de villa Ecilda Paullier, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública”.

– Carpeta n.° 1099/2012. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el cual se designa con el nombre de “Julio Castro” la Escuela Técnica de Toledo, departamento de Canelones.

En consideración. La Comisión aprueba un proyecto de ley sustitutivo: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Lucía Topolansky, quien lo hará en forma verbal.

El texto del proyecto de ley sustitutivo aprobado se transcribe a continuación: “Artículo único.- Desígnase con el nombre de “Maestro Julio Castro” a la Escuela Técnica de Toledo, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública”.

– Carpeta n.° 1153/2013. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se designa con el nombre de “Eneida Texeira de Basaldúa” la Escuela n.° 54 del departamento de Artigas.

En consideración. La Comisión aprueba un proyecto de ley sustitutivo: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

El texto del proyecto de ley sustitutivo aprobado se transcribe a continuación: “Artículo único. - Desígnase con el nombre de “Eneida Texeira de Basaldúa” a la Escuela n.° 54 del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública”.

– Carpeta n.º 1154/2013. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se designa con el nombre de “Maestra Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes n.º 81 del departamento de Treinta y Tres.

En consideración. La Comisión aprueba un proyecto de ley sustitutivo: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Constanza Moreira, quien lo hará en forma verbal.

El texto del proyecto de ley sustitutivo aprobado se transcribe a continuación: “Artículo único.- Desígnase con el nombre de “Maestra Enriqueta Compte y Riqué” al Jardín de Infantes n.° 81 del departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública”.

Resolución:

Los integrantes de la Comisión resuelven conceder las audiencias solicitadas para la primera sesión del mes de mayo.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido n.° 2025/2013, que integra esta Acta.

A la hora dieciséis y veintitrés minutos se levanta la sesión. Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Enrique Rubio, Presidente; María Cecilia Fernández, Secretaria».

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: esta propuesta de designación a la Escuela Técnica de Toledo con el nombre de “Maestro Julio Castro” parte de la institución y de la comunidad. Entre los varios fundamentos señalados para esta designación, figura que los restos de Julio Castro permanecieron sepultados por un período muy prolongado en un área muy próxima a la que actualmente funciona esta escuela.

En realidad, señor Presidente, fundamentar la designación con el nombre de “Maestro Julio Castro” podría parecer ocioso. La figura de este uruguayo, su valía y la vida de servicio a la sociedad, fuertemente orientada hacia las penurias de los más desposeídos, es conocida por todos nosotros. De todos modos, trataremos de señalar brevemente lo que consideramos más fundamental de su vida como educador y como periodista.

Laura Pérez lo define de esta manera: “Julio Castro pertenece a una brillante generación de educadores uruguayos que fueron forjadores de verdadero pensamiento pedagógico nacional.

Nos enfrentamos a una personalidad polifacética: fue educador (maestro, director de escuela e inspector), fue periodista (columnista permanente del semanario Marcha), profesión que abrazó y ejerció como otra forma de docencia, y tuvo además una comprometida actividad como dirigente gremial.

Sin duda alguna, Julio Castro fue el precursor, a nivel nacional, de un pensamiento pedagógico de corte social, que situó a la Pedagogía en el escenario concreto de la sociedad y sus problemas. El análisis de las condiciones socioeconómicas y educativas de nuestra campaña, así como también de la realidad latinoamericana –particularmente el fenómeno del imperialismo norteamericano en América Latina y sus consecuencias sobre la cultura–, fueron temáticas permanentes en su labor como docente y periodista.

Todo su pensamiento y su obra están atravesados por dos características: por un lado, un profundo humanismo realista; la realidad y particularmente la realidad socioeconómica y cultural fue siempre el punto de partida y de llegada de sus reflexiones.

Por otro lado, toda su obra está elaborada sobre la base de un lenguaje riguroso, comprometido y de permanente denuncia hacia las situaciones de opresión e injusticia.

Su nombre sigue siendo hasta hoy, sinónimo de la gran transformación operada en la educación rural nacional, etapa fermental de la educación uruguaya en la que se fue gestando desde la reflexión y la acción, una verdadera pedagogía nacional que pudo concretarse en propuestas educativas de avanzada”.

Más adelante, la misma autora dice que Julio Castro pertenece a una generación que conformó toda una idea educativa en un momento en que en la educación rural el fracaso de la escolarización era del 58 % en los cursos y la mitad de los inscriptos no sobrepasaba el primer año.

Luego expresa: “A partir de entonces se sucederán una serie de acontecimientos vitales para la educación rural, en los cuales las ideas de Julio Castro serán absolutamente vertebradoras”.

A modo de síntesis, vamos a enumerarlas: En 1944-1945 se realiza el Congreso Nacional de Maestros sobre Escuela Rural; en 1945 se lleva a cabo la Primera Misión Socio-Pedagógica a Caraguatá –departamento de Tacuarembó–; en 1946 se crean las “Escuelas Granjas”; en 1948 se funda el Instituto Normal Rural; en 1949 se celebra en Piriápolis el Congreso de Maestros de Escuelas Rurales y Granjas.

En otro fragmento, esta autora expresa: «En síntesis, y tomando las palabras de Miguel Soler, se trató “de un movimiento de un par de generaciones de educadores de base que supieron pasar de la denuncia a la propuesta, de la propuesta a la acción y de la acción innovadora a formulaciones teóricas orgánicas”».

En materia de concepción educativa, podríamos citar mil cosas. Sería larguísimo hacerlo, pero queremos rescatar la siguiente expresión de Julio Castro: “La educación es un hecho social por el que un grupo humano trasmite a las generaciones que le suceden su cultura y sus ideales. Esta transmisión está condicionada por el medio natural y por el desarrollo económico y cultural de los pueblos”. Este texto pertenece a su obra “Experiencias de la escuela rural uruguaya”.

Julio Castro también nos dio cátedra en el ámbito del periodismo. Por ello voy a leer algunos fragmentos de un artículo publicado el 18 de marzo de 1933, para señalar la concepción de periodismo que tenía este insigne uruguayo. Decía Julio Castro: “La cátedra más popular, la enseñanza más ágil y viviente, la que alcanza a todos y llega a todos los rincones es la que encierra la prensa”.

En ese mismo texto, más adelante dice: “La prensa de nuestro país está orientada hacia la defensa de sus intereses económicos, sociales, políticos, financieros. Y hacia esos fines se orienta desmintiendo la verdad, tergiversando conceptos, oscureciendo la claridad de los problemas, alimentando las bajas pasiones. En el terreno político no se hace polémica leal, ni siquiera se habla con altura. Se mistifica y se emplea la sofística a sabiendas. Existe tan poca delicadeza en la política periodística que aún se emplea la propaganda a base de versitos ilustrados con monigotes o caricaturas burdas. Nadie que busque una orientación política clara, podrá encontrarla entre la miseria moral que rija nuestra prensa.

En lo económico y financiero se busca por todos los medios la difusión del diario. Para ello se emplea todo medio de baja estofa. La crónica novelesca del crimen o del juicio criminal; las 3 o 4 páginas dedicadas a las carreras; las otras dedicadas a los deportes, o a la vida social; los grandes títulos anunciando catástrofes y en fin todo lo que vemos todos los días en todos los diarios”.

En otra parte del texto define cuál debe ser la actitud del periodista. Dice lo siguiente: “Ahora bien; el deber que nos exige nuestra convicción a los que encaramos el periodismo como misión noble y sagrada es el de reaccionar contra esta prostitución de la prensa; es nuestro deber y lo cumplimos a la medida de nuestra fuerza. Fue nuestra directriz cuando desde El Nacional exponíamos con altura y nobleza nuestras ideas; ha sido nuestra guía en este último año en que contra viento y marea hemos sacado Acción; lo seguirá siendo en el futuro.

Como prueba de nuestra entereza moral y de nuestra acción por ella orientada está nuestra labor de más de dos años y esta labor será nuestra garantía y nuestro aliento para el futuro; para esta nueva etapa de titánica lucha que se inicia con el presente número”. Como verán los señores Senadores, era docente en el plano de la docencia en sí misma y en el plano del periodismo.

También haremos un breve relato de la vida de Julio Castro. Nació en el paraje La Cruz, departamento de Florida, el 13 de noviembre de 1908. Fue hijo de agricultores y perteneció a una familia numerosa, ya que tenía diez hermanos con quienes estudió en una escuela rural de Florida.

Desde muy joven se comprometió con la lucha por los cambios, que en 1928 le llevó a fundar, junto a Carlos Quijano, la Agrupación Nacionalista Demócrata Social que pertenecía al Partido Nacional Independiente. También junto a Quijano en 1930 fundó el diario El Nacional y en 1933, con Carlos Quijano y Arturo Ardao, en 1933 fundó el semanario Acción, opositor a la dictadura de Terra. En 1935 participó junto a Ardao en el levantamiento armado liderado por el caudillo blanco Basilio Muñoz contra la dictadura de Terra, por lo que fue hecho prisionero en Rivera. En 1939, junto a Quijano y Ardao, fundó el semanario Marcha. Fue fundador de la Federación Uruguaya de Magisterio y militó en la Asociación de la Prensa Uruguaya.

Este es apenas un párrafo que recorre 31 años de la vida de un hombre, que lo pinta como un incansable luchador, dispuesto a llevar adelante sus ideas sin descartar ningún instrumento.

Fue también un estudiante excelente, razón por la que accedió a una beca que le permitió estudiar magisterio en el Instituto Normal de Varones “Joaquín R. Sánchez” en Montevideo. Desarrolló su pensamiento y apostó a formar opinión en torno al proceso social, el carácter y la necesidad de la educación, y fue autor de una serie de publicaciones que solo enumeraremos: El Analfabetismo, que recibió el primer premio en el Concurso Anual de Pedagogía en 1939; Programas Escolares Vigentes, en 1940; El banco fijo y la mesa colectiva: vieja y nueva educación, en 1944, publicado gracias al apoyo de una serie de personalidades de la cultura que aportaron para que se concretara; La escuela rural en el Uruguay, en 1944; Coordinación entre Primaria y Secundaria, en 1944. En 1945 promovió e integró con 20 estudiantes la primera misión sociopedagógica que se realizó en Caraguatá, la que tuvo importantísima repercusión en el país a partir de las publicaciones que Castro realizó en el semanario Marcha, heredando una realidad desconocida para muchos hasta ese momento. Así como en 1945 en Caraguatá Julio Castro tendía un puente hacia un Uruguay desconocido, el 30 de abril pasado, también en Caraguatá, se homenajeó y se instituyó otro reconocimiento a ese Uruguay que hemos ido acercando en estos últimos años con la creación del Día del Trabajador Rural. Creemos que Julio Castro habría estado totalmente de acuerdo con esta celebración. En 1949 fue redactor junto a Miguel Soler y Enrique Brayer Blanco del Programa de Escuelas Rurales y Granjas que se usó luego como modelo en toda América Latina. En 1952, la Unesco lo nombró Director de la rama de Producción de Materiales del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL.

Como puede apreciarse en esta breve intervención, la vida de este hombre es un ejemplo de consecuencia con la búsqueda de los mejores instrumentos e ideas para cambiar la sociedad, haciendo un claro centro en la educación, pero también en el periodismo, como requisito imprescindible para formar ciudadanos responsables y libres.

En el informe de la Comisión para la Paz de 2003, se señala que el maestro Julio Castro, a sus 69 años, “fue detenido en la vía pública, en la intersección de la calle Francisco Llambí casi avenida Rivera, el día 1.º de agosto de 1977, alrededor de la hora 10:30”. Se dice que murió el 3 de agosto de 1977 a causa de las torturas a las que fuera sometido. Miguel Soler sostiene que el secuestro de Julio Castro el 1.º de agosto de 1977 por la dictadura y su posterior desaparición truncaron su vida y su obra. Compartimos plenamente el pensamiento del maestro Soler.

El 21 de octubre de 2011, luego de recibir distintos datos, se hallaron restos en el Batallón de Infantería Paracaidista n.º 14 y el 1.º de diciembre se confirmó que pertenecían a Julio Castro.

Por lo expuesto, nos parece que la designación de la Escuela Técnica de Toledo con el nombre “Maestro Julio Castro” es una iniciativa por demás acertada que exhortamos acompañar.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: en virtud de que no me encontraba presente en la sesión de la Comisión en la que se aprobó designar con el nombre “Maestro Julio Castro” la Escuela Técnica de Toledo, quiero dejar expresa constancia en Sala de mi aprobación y mi coincidencia con el homenaje a este hombre.

La acción que ha descrito la Senadora Topolansky, desde el punto de vista intelectual, periodístico y político, indudablemente es y ha sido gravitante y trascendente en su tiempo. En lo personal, rescato y quiero recordar muy especialmente el trabajo que el maestro Julio Castro desarrolló junto a un grupo de maestros y personas interesadas en los temas sociales y rurales en la zona de Caraguatá, a fines de la década del cuarenta y comienzos de la del cincuenta. Él realizó un trabajo muy interesante, ya que se adentró en lo más profundo del Uruguay rural en un tiempo en que allí había una concentración de población importante para la vida del país y eso hacía que la distribución poblacional de todo el territorio fuera más equilibrada. Buena parte de su acción, de sus misiones sociopedagógicas apuntaron, entre otras cosas, a trabajar con la gente, en el terreno de lo real y no simplemente en el campo de la teoría, en lo relativo a las causas de la emigración de la gente del interior profundo hacia otros destinos. En una palabra, investigó sobre los orígenes y las causas del destino que el Uruguay tuvo en los cincuenta años siguientes, que en buena medida es el país en el que hoy vivimos.

Julio Castro trabajó en torno a los problemas de la salud, de la caminería, de los servicios que eran absolutamente imprescindibles para que la gente pudiera tener condiciones de vida digna, a los efectos de permanecer en un ámbito que posteriormente abandonaría, como efectivamente ocurrió a medida que la población se fue concentrando en las zonas urbanas y en otros centros poblados, por causas que están enraizadas en la disparidad que el país tuvo en el siglo xx en cuanto al desarrollo de los servicios entre las áreas urbanas y las rurales, particularmente en el norte del país.

La señora Senadora Topolansky hacía referencia recién a que Julio Castro seguramente se habría sentido contento de celebrar el Día del Trabajador Rural el 30 de abril en la zona de Caraguatá y yo coincido con ese punto de vista. También digo que se habría sentido muy feliz de que ese mismo día, el 30 de abril, a muy poca distancia de donde se celebró el Día del Trabajador Rural, se inauguró un importante tramo de electrificación rural en toda esa zona del interior profundo de Caraguatá que carecía de ella y eso justamente coincide con la preocupación que se planteaba en los años cuarenta y cincuenta por la falta de ese tipo de servicios. Personalmente celebro estos hechos y me parece que es absolutamente justo y merecido el reconocimiento al maestro Julio Castro. Conozco y tengo amigos personales y compañeros políticos que trabajaron como maestros en esas misiones sociopedagógicas y me han contado en directo lo que significó el trabajo realizado en esa época.

Naturalmente, quiero sumar mi voz a la aprobación del proyecto y me interesa especialmente que conste en la versión taquigráfica de esta sesión, ya que no pude ser firmante del proyecto de ley por el que se designa la Escuela Técnica de Toledo con el nombre “Maestro Julio Castro” por no haber estado presente. Incluso, pienso que alguna escuela de la zona de Caraguatá en el departamento de Tacuarembó, en algún momento tendrá que llevar el nombre de Julio Castro por un estricto y justo reconocimiento a la vida de este hombre.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley en consideración.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Artículo Único.- Desígnase con el nombre de “Maestro Julio Castro” a la Escuela Técnica de Toledo, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Técnico–Profesional, Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes a efectos de que se considere la modificación introducida.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

16) “ENEIDA TEXEIRA DE BASALDÚA”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se designa con el nombre de “Eneida Texeira de Basaldúa” la Escuela n.º 54, departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (Carpeta n.º 1153/2013 – Repartido n.º 795/2013)».

(Antecedentes:)

«Carp. n.º 1153/2013
Rep. n.º 795/2013

CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Educación y Cultura

Proyecto de Ley Sustitutivo

Artículo Único - Desígnase con el nombre de “Eneida Texeira de Basaldúa” a la Escuela n.° 54 del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de la Comisión, 17 de abril de 2013.

Gustavo Penadés, Miembro Informante; Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Enrique Rubio, Lucía Topolansky».

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SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Con este proyecto de ley se propone designar la Escuela n.º 54 del departamento de Artigas con el nombre “Eneida Texeira de Basaldúa”. La referida ciudadana nació el 2 de agosto de 1913 en la villa de San Eugenio. Fue una connotada y recordada maestra en el departamento de Artigas, donde llevó adelante una labor de más de 35 años de docencia. Además, desarrolló una importante actividad poética, la que fue realmente reconocida, y sus trabajos han sido publicados por periódicos locales de la época como: Orientación, La Voz del Norte, Principios, Crónica y Pregonero. Estos trabajos hablan de una mujer muy comprometida con la cultura y con la sensibilidad de una época y de su departamento de Artigas; departamento que ella quiso recordar y que a su vez la ha homenajeado en reiteradas oportunidades de las más diversas maneras.

Falleció en la ciudad de Artigas, el 26 de agosto del año 2000, y la comunidad educativa de la zona encuentra como un acto de justicia que se designe con su nombre a esta Escuela.

En virtud de que no se han planteado objeciones, la Comisión recomienda al Senado que vote afirmativamente este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- «Artículo Único.- Desígnase con el nombre de “Eneida Texeira de Basaldúa” a la Escuela n.º 54 del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único del proyecto de ley.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

17) NUMERAL SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. POSTERGACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería que el Senado pase a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Quisiera solicitar que la consideración de este proyecto de ley se postergue para la sesión del día de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por la señora Senadora.

(Se vota:)

–16 en 17. Afirmativa.

18) SOLICITUDES DE VENIAS DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte a los señores Senadores que restan once minutos de sesión.

SEÑOR ROSADILLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Habíamos acordado trabajar hasta la hora 13 y 30 pero, habida cuenta de que los asuntos que quedan pendientes son extensos y no disponemos de tanto tiempo, propongo que se levante la sesión en este momento.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Soy el Miembro Informante de los dos proyectos de ley que tenemos pendientes, provenientes de la Comisión de Asuntos Administrativos y me animo a informarlos ahora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Uno de ellos sería informado por el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR PENADÉS.- Es así, señor Presidente, pero debido a que tenía que ausentarse me solicitó que, si no hay inconveniente, lo informe quien habla, lo que podría hacer rápidamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Teniendo en cuenta que el señor Senador Penadés nos propone hacer un informe rápido sobre las solicitudes de venia de destitución, corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día.

(Así se hace. Es la hora 13 y 22 minutos).

(En sesión pública).

–Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 13 y 23 minutos).

–Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- El Senado, en sesión secreta, concedió venias al Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional y a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

19) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 13 y 24 minutos, presidiendo el señor Danilo Astori y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Antognazza, Baráibar, Couriel, Da Rosa, Fernández, Gallo Imperiale, Heber, Lorier, Moreira (Constanza), Nin Novoa, Penadés, Rosadilla, Rubio, Solari y Tajam).

DANILO ASTORI Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Walter Alex Cofone Director General

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.