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Nº 112 - TOMO 488 - 18 DE OCTUBRE DE 2011

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA

42ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidenta en ejercicio

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y EL PROSECRETARIO MIGUEL SEJAS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Pasquet solicita se curse un pedido de informes con destino a la Suprema Corte de Justicia, relacionado con la postulación de candidatos para ocupar un cargo en la Corte Penal Internacional.

- El señor Senador Pasquet solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la permanencia en funciones del Embajador Itinerante de nuestro país ante la República Socialista de Vietnam.

- Oportunamente fueron tramitados.

5) y 21) Proyectos presentados

- Los señores Senadores Viera y Amorín presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley referido a Portabilidad Numérica.

- Pasa a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios.

- Las señoras Senadoras Dalmás, Moreira, Rodríguez y Topolansky y los señores Senadores Agazzi, Baráibar, Couriel, Gallo, Gamou, Michelini, Montiel, Morodo, Nin Novoa y Rubio presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.

- Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

6) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

7) y 19) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por la señora Senadora Moreira y los señores Senadores Couriel, Bordaberry, Nin Novoa y Martínez.

- Notas de desistimiento. Las presentan las señoras Eleonora Bianchi y María Moraes y los señores Yamandú Orsi, Daniel Garín, Daniel Montiel, Juan José Domínguez, Andrés Berterreche, Aníbal Pereyra, Gabriel Frugoni, Carlos Baldassini, Ruben Martínez Huelmo, Eduardo Muguruza, Francisco Beltrame, Eduardo Brenta, Edgardo Ortuño, José Bayardi, Héctor Lescano, Gustavo Guarino, Humberto Ruocco, Felipe Michelini, Daniel Olesker, Jorge Basso, Eduardo Fernández, Roberto Conde.

8) Primera Conferencia Internacional del Ciclo Forum Maldonado

- Manifestaciones del señor Senador Baráibar.

9) Problemas con el servicio de UTE en San Gregorio de Polanco

- Manifestaciones del señor Senador Da Rosa.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Directorio de UTE, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Municipio de San Gregorio de Polanco.

10) Laura Pollán. Su deceso

- Manifestaciones del señor Senador Cardoso.

11) Políticas antitabaco

- Manifestaciones del señor Senador Gandini.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública, y a la Junta Nacional de Drogas.

12) Necesidad de ampliar los días efectivos de clase en el Uruguay

- Manifestaciones del señor Senador Bordaberry.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura.

13) Relaciones del Uruguay con los países del Cono Sur

- Manifestaciones del señor Senador Abreu.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, y de Ganadería, Agricultura y Pesca.

14) Régimen de trabajo

- Por moción de la señora Senadora Dalmás, el Senado resuelve:

• que se reparta y se trate como urgente el proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Atlántida el día 19 de octubre de 2011;

• considerar en primer término el asunto que figura en tercer lugar del Orden del Día;

• posponer hasta el mes de noviembre, en fecha a confirmar, el punto séptimo del Orden del Día;

• convocar a una Sesión extraordinaria para el día de mañana, en cuyo Orden del Día se incluyan: el proyecto de ley sobre el Plan Juntos; la solicitud de venia de designación para el cargo de Director de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario; todos los temas que queden pendientes en el día de hoy y algún otro asunto que pueda ingresar.

15) Profesor Mario Wschebor. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones de varios señores Senadores.

- Por moción del señor Senador Couriel, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los familiares de Mario Wschebor, al Rectorado de la Universidad de la República, a la Facultad de Ciencias, al Centro de Estudiantes de Ciencias, a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, a la Asociación de Docentes de la Universidad de la República y a la Academia Nacional de Ciencias.

- Por moción de los señores Senadores Couriel, Rubio, Lorier, Moreira (Constanza), Pasquet y Penadés, el Senado resuelve que se publique un libro con una selección de los aportes más significativos que ha realizado el Dr. Mario Wschebor en su actividad de investigación y docencia.

16) Feriado no laborable para la ciudad de Atlántida

- Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación.

- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Unidad Alimentaria de Montevideo

- Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se la crea.

- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) “Día del Funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”

- Proyecto de ley por el que se declara así el día 31 de octubre de cada año en todo el territorio nacional.

- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) y 22) “Exoneraciones Tributarias concedidas al amparo de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998”

- Exposición de treinta minutos del señor Senador Lacalle Herrera.

- Intervención de varios señores Senadores.

- Por moción llegada a la Mesa y ampliada a sugerencia de la señora Presidenta, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de todo lo expresado en Sala sobre el tema a la Presidencia de la República y a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería.

23) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

Montevideo, 14 de octubre de 2011.

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en Sesión ordinaria, el próximo martes 18 de octubre, a la hora 9:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º) Discusión única de un proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crea la Unidad Alimentaria de Montevideo.

Carp. Nº 165/2010 - Rep. Nº 395/2011 - Anexo I

2º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se establece el día 31 de octubre de cada año como “Día del Funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en todo el territorio nacional”.

Carp. Nº 391/2010 - Rep. Nº 396/2011

3º) Homenaje al Matemático Mario Wschebor, con motivo de su fallecimiento.

Carp. Nº 677/2011

4º) Exposición del señor Senador Luis A. Lacalle Herrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Senado, por el término de treinta minutos, sobre el tema: “Exoneraciones tributarias concedidas al amparo de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero 1998”.

Carp. Nº 653/2011

5º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se establece un conjunto de medidas interrelacionadas para fortalecer y desarrollar la industria nacional de la vestimenta.

Carp. Nº 614/2011 - Rep. Nº 394/2011 - Anexo I

6º) Discusión única de un proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se declara de interés nacional el fomento del deporte.

Carp. Nº 440/2010 - Rep. Nº 393/2011

7º) Exposición de los señores Senadores Daniel Martínez, Gustavo Penadés y Tabaré Viera, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Senado, por el término de cuarenta minutos, sobre el tema: “90 años de las relaciones diplomáticas entre la República Oriental del Uruguay y la República Checa”.

Carp. Nº 654/2011

8º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita la venia correspondiente a fin de destituir de su cargo:

- a un funcionario del Ministerio de Salud Pública, Centro Departamental de Paysandú. (Plazo Constitucional vence el 14 de noviembre de 2011.)

Carp. Nº 635/2011 - Rep. Nº 391/2011

- a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Servicios Ganaderos. (Plazo constitucional vence el 24 de noviembre de 2011.)

Carp. Nº 645/2011 - Rep. Nº 390/2011

9º) Mensaje del Poder Ejecutivo relacionado con la solicitud de venia a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública, Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Se incluye en el Orden del Día por vencimiento del plazo reglamentario.) (Plazo Constitucional vence el 14 de noviembre de 2011.)

Carp. Nº 634/2011 - Rep. Nº 392/2011

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario.

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Agazzi, Amorín, Baráibar, Bordaberry, Cardoso, Chiruchi, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Gallo Imperiale, Gamou, Gandini, Lacalle Herrera, Lorier, Michelini, Montiel, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Morodo, Nin Novoa, Pasquet, Penadés, Pereyra, Rodríguez, Rubio, Saravia, Solari y Viera.

Y, a partir de la hora 14, lo hizo el señor Senador Rondeau, supliendo a la señora Senadora Moreira.

FALTAN: el señor Presidente del Senado, por encontrarse en ejercicio de la Presidencia de la República; con licencia, la señora Senadora Xavier y los señores Senadores Heber, Larrañaga, Martínez, Rosadilla y Tajam.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 37 minutos.)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Agrícola entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la Construcción y Mejoramiento de Unidades de Producción Genética en Ganadería en la República Bolivariana de Venezuela, firmado en la ciudad de Caracas el 27 de enero de 2011.

- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se prohíbe la realización, presentación o certificación por cualquier medio que acredite la ausencia de estado de gravidez en el acceso y durante la relación laboral en la actividad pública y privada.

- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite mensaje por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 269 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, relacionado con la realización de obras de infraestructura que estén en el ámbito de la Administración Nacional de Puertos.

- AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor Senador Alfredo Solari, relacionado con una denuncia por acoso laboral presentada por una funcionaria de la Administración de Servicios de Salud del Estado ante la Inspección General del Trabajo.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR SOLARI.

La Cámara de Representantes remite aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se aprueba el Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos.

- A LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Asimismo, remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011 para la ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, con motivo de conmemorarse el centenario de dicha ciudad;

- A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

- por el que se aprueba el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, suscrito en La Haya el 5 de octubre de 1961.

- por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España sobre Traslado de Personas Condenadas, suscrito en la ciudad de Madrid el 17 de mayo de 2010.

- por el que se aprueba el Tratado de Seguridad Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Montevideo el 6 de agosto de 2007.

- por el que se aprueba el Convenio de Tampere sobre Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en caso de Catástrofe, adoptado el 18 de junio de 1998, en oportunidad de celebrarse la “Primera Conferencia de Tampere sobre Comunicaciones en Caso de Catástrofes”.

- por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la OPAQ, suscrito en La Haya el 20 de febrero de 2007.

- por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación en Materia de Ciencia y Tecnología e Industrias Básicas y Minería entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Caracas el 14 de marzo de 2006.

- por el que se aprueba la Recomendación del Consejo de Cooperación Aduanera Relativa a la Enmienda de la Convención que establece un Consejo de Cooperación Aduanera, avalada en Bruselas, Reino de Bélgica, el 30 de junio de 2007.

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur con la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004.

- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Y comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en el ámbito de Defensa, suscrito en la ciudad de Santana do Livramento el 30 de julio de 2010;

- por el que se aprueba el Protocolo entre la República Oriental del Uruguay y la República Checa sobre las Enmiendas al Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones, del 26 de setiembre de 1996, firmado en la ciudad de Praga el 15 de mayo de 2009.

- por el que se aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre el Mercosur y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Montevideo el 27 de mayo de 2009.

- por el que se aprueba el Acuerdo entre el Ministerio de Defensa de la República Argentina y el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay para el Fortalecimiento de la Cooperación en Materia de Defensa, suscrito en San Juan de Anchorena, departamento de Colonia, el 2 de junio de 2010.

- por el que se aprueba el Convenio sobre Cooperación en Materia de Turismo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Helénica, firmado en Atenas el 1º de octubre de 2010.

- AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo:

- a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

- a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

- HAN SIDO REPARTIDAS Y ESTÁN INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva, por Resolución del Senado de fecha 12 de octubre de 2011, los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establece el 31 de octubre de cada año el “Día del Funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” en todo el territorio nacional.

- por el que se crea la Unidad Alimentaria de Montevideo.

La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se declara de interés nacional el fomento del deporte.

La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva informado un proyecto de ley por el que se establece un conjunto de medidas interrelacionadas para fortalecer y desarrollar la industria nacional de la vestimenta.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva, por vencimiento del plazo reglamentario, un Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

- HA SIDO REPARTIDO POR DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Junta Departamental de Durazno remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil José Pedro Varela, relacionadas con la unificación de patentes.

- TÉNGASE PRESENTE.

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Ope Pasquet, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino a la Suprema Corte de Justicia, relacionado con la postulación de candidatos para ocupar un cargo en la Corte Penal Internacional.”

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

“Montevideo, 12 de octubre, 2011.

Sra. Presidenta del Senado

Doña Lucía Topolansky

Presente

 

De mi mayor consideración;

Me dirijo a Ud. para solicitarle que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución, tenga a bien cursar a la Suprema Corte de Justicia el siguiente pedido de informes:

1) Sírvase informar si la Suprema Corte de Justicia postuló a alguno de sus actuales integrantes como candidato a ocupar un cargo en la Corte Penal Internacional.

2) Sírvase indicar el trámite seguido hasta la fecha por dicha postulación y el estado en que la misma se encuentra.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente

Ope Pasquet. Senador.”

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Ope Pasquet, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la permanencia en funciones del Embajador Itinerante de nuestro país ante la República Socialista de Vietnam.”

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

“Montevideo, 12 de octubre de 2011.

Sra. Presidenta del Senado

Doña Lucía Topolansky

Presente

Cámara de Senadores

 

De mi mayor consideración;

Me dirijo a Ud. para solicitarle que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución, tenga a bien cursar al Ministerio de Relaciones Exteriores el siguiente pedido de informes:

1) Lapso durante el cual el Sr. Embajador Itinerante Salomón Schvarz Alexandrowich estuvo efectivamente en la República Socialista de Vietnam, cumpliendo las funciones que le encomendó el Poder Ejecutivo por Resolución de 5 de agosto del corriente año 2011.

2) Razones por las cuales el Sr. Schvarz no permaneció en Vietnam hasta el 16 de noviembre del corriente año, que era la fecha prevista en el numeral 1º de la mencionada resolución, como término de su misión.

3) Actividades desempeñadas por el Sr. Schvarz en la República Socialista de Vietnam, en cumplimiento de sus funciones de Embajador Itinerante.

Sin otro particular, saluda a la Sra. Presidente muy atentamente.

Ope Pasquet. Senador.”

5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “Los señores Senadores Tabaré Viera y José Amorín presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley referido a Portabilidad Numérica.

- A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.”

(Texto del proyecto de ley presentado:)

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, los abonados del sector público y del sector privado tanto residencial como comercial, dependen del número telefónico para sus comunicaciones a través de la red global. Esta dependencia impide que los abonados puedan cambiar libremente el prestador de servicios debido a los costos y los problemas que implican los cambios en el número telefónico que lo identifica.

La portabilidad numérica significa para los abonados la posibilidad de conservar el número telefónico independientemente del operador de la red de telecomunicaciones que le presta el servicio telefónico.

Con la introducción de la portabilidad numérica se logra la libertad de elección para el abonado, el que se orientará a la evaluación de condiciones de calidad y precio, sin el riesgo de que al cambiarse de operador, pierda su número telefónico.

Esta nueva situación beneficia no solamente a los abonados que portan su número, sino además a los que permanecen con el operador original, debido a que estos se quedan con dicho operador beneficiándose de la competencia que se establece a través de ofertas mejoradas en calidad y precio. También se benefician quienes efectúan las llamadas, al lograr una mayor certeza debido a que no se efectúan cambios de numeración cuando el abonado llamado cambió de operador.

Para los abonados que deciden cambiar de operador la existencia de la portabilidad numérica tiene como beneficio el ahorro en los costos explícitos o no explícitos de cambiar su papelería, efectuar avisos a sus relaciones comerciales y personales, mantener números transferidos durante cierto tiempo, perder clientes, perder números de cierto valor personal o comercial, entre otros. Dados los inconvenientes que puede generar el cambio de número telefónico, algunos usuarios prefieren mantenerse con su proveedor telefónico sin importar la calidad y precio con la que presta el servicio, lo cual va en detrimento de la sana competencia en la prestación de los servicios.

La Ley Nº 18.159 de Competencia establece que ella tiene por objeto fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia, a través de la libertad de acceso de empresas a los mercados.

La misma Ley declara que para la prosecución del objetivo establecido en el artículo anterior, todos los mercados deberán estar regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general.

De acuerdo al artículo 73 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, reformado por la Ley Nº 18.719, compete a la Ursec la regulación técnica, la fiscalización y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones.

Existe la evidencia internacional que en múltiples países se ha implantado exitosamente la portabilidad numérica como un mecanismo para fomentar una competencia más intensa entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones, lo que ha resultado en beneficios tales como mejores tarifas, mayor calidad, un uso más eficiente de la numeración, entre otros.

La portabilidad numérica ha sido implantada en el mundo a partir de 1995, alcanzando desde 2008 a países de la región latinoamericana que ya la han implantado, o están en proceso, como son México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, República Dominicana, Panamá, entre otros.

Para asegurar el ejercicio del derecho de los usuarios, de acuerdo a la experiencia internacional incluyendo a la región latinoamericana, la Portabilidad Numérica debe implantarse a través de procedimientos simples, centralizados y transparentes de números portados, a través de una entidad administradora que se denominará Entidad Administradora de la Portabilidad Numérica (EAPN).

El éxito de la implantación de la portabilidad numérica implica la participación de los operadores en las definiciones de detalle de las especificaciones técnicas y operativas, y en la selección de la Entidad Administradora de la Portabilidad Numérica.

La evidencia internacional muestra la importancia de disponer de un organismo permanente de seguimiento de la portabilidad numérica luego de su puesta en marcha.

A fin de disponer de un organismo permanente en el cual se definan las especificaciones técnicas y operativas de la portabilidad, así como para darle seguimiento posterior y resolver otros aspectos de índole técnico u operativo, la experiencia internacional y regional evidencia la necesidad de la creación de un Comité Técnico de Portabilidad Numérica (CTPN) integrado por los Operadores y presidido y coordinado por la Ursec.

Proyecto de Ley

Artículo 1º. Todo operador de servicio telefónico público móvil está obligado a la implantación del sistema de portabilidad numérica entre operadores, que permita a sus abonados cambiar de operador sin cambiar de número telefónico, a través del uso de una base de datos única y centralizada de números portados, gestionada por una entidad independiente, denominada Entidad Administradora de la Portabilidad Numérica. De la misma manera, el operador de telefonía fija está obligado a la implantación de la portabilidad numérica geográfica que permita a sus abonados cambiar de dirección geográfica sin cambiar de número telefónico. La portabilidad debe alcanzar también a todos aquellos servicios complementarios del servicio telefónico.

Artículo 2º. La Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, como órgano regulador del sector y como responsable de la protección y fomento de la competencia, deberá asegurar que la Portabilidad Numérica en el Uruguay comience a los 420 días de la promulgación de esta Ley. Artículo 3º. La definición de las especificaciones técnicas y operativas de la portabilidad, la ejecución del proceso de contratación de la Entidad Administradora de la Portabilidad Numérica, así como el seguimiento posterior y la resolución de otros aspectos de índole técnico u operativo, serán llevadas a cabo por un Comité Técnico de Portabilidad Numérica (CTPN) integrado por los Operadores y presidido y coordinado por la Ursec.

Artículo 4º. La Entidad Administradora de la Portabilidad Numérica deberá ser contratada mediante una licitación efectuada por los operadores, previa aprobación de las bases de dicha licitación por parte de la Ursec.

Artículo 5º. La Ursec emitirá el Reglamento de Portabilidad Numérica en un plazo máximo de 45 días a partir de la promulgación de esta Ley, el que establecerá el procedimiento de la licitación que deberá llevarse a cabo para designar la Entidad Administradora de la Portabilidad Numérica, así como todos los demás aspectos relativos a su instalación, organización, aspectos administrativos, procedimientos, funcionamiento y condiciones económicas, sin perjuicio de aquellas materias propias las bases de la licitación pública correspondiente.

Tabaré Viera, José Amorín. Senadores.

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las convocatorias anteriores.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- En la Sesión ordinaria del Senado del día 12 de octubre no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 12 de octubre faltaron, con aviso, los señores Senadores Battistoni y Da Rosa.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del día 12 de octubre faltaron, con aviso, los señores Senadores Abreu y Cardoso.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del día 13 de octubre faltó, con aviso, el señor Senador Cardoso.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del día 13 de octubre faltaron, con aviso, los señores Senadores Nin Novoa y Saravia.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del día 17 de octubre faltaron, con aviso, los señores Senadores Abreu, Lacalle Herrera, Pereyra y Saravia.

Y a la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del día 17 de octubre faltaron, con aviso, los señores Senadores Chiruchi, Da Rosa, Montiel y Solari, y las señoras Senadoras Moreira y Rodríguez.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- Montevideo, 17 de octubre de 2011.

Sra. Presidenta de la

Cámara de Senadores

Doña Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1º, literal D), de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, para participar de la III Edición de Alternativa Latinoamericana, a realizarse en Cartagena, Colombia, y también del V Coloquio de la Red Celso Furtado “América Latina: ¿Cómo construir el desarrollo hoy?”, en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa de la ciudad de México, desde el 21 de octubre hasta el 30 de octubre inclusive.

Sin otro particular, saluda a la Sra. Presidenta muy atentamente,

Alberto Couriel. Senador

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Se comunica que los señores Yamandú Orsi, Daniel Garín, Daniel Montiel, Juan José Domínguez, Andrés Berterreche, Aníbal Pereyra, Gabriel Frugoni, Carlos Baldassini y Ruben Martínez Huelmo han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado por el período citado el señor Julio Battistoni, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- Montevideo, 18 de octubre de 2011.

Sra. Presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo que Ud. preside me conceda licencia a partir de las 14 horas del día de la fecha hasta el 21 de octubre inclusive. Motiva dicha solicitud la invitación que recibiera del Gobierno del Estado de Chiapas para participar como conferencista en el Foro “Liderazgo e Igualdad. Mujeres en el siglo XXI”, a realizarse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, el día 20 de octubre.

Solicito dicha licencia al amparo del literal D) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827.

Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

Se comunica que los señores Eduardo Muguruza y Francisco Beltrame han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Aníbal Rondeau, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 17 de octubre de 2011.

Sra. Presidenta

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo que Ud. preside se me conceda licencia por motivos personales el día 19 de octubre de 2011.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente

Enrique Rubio. Senador.”

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Se comunica que los señores Eduardo Brenta, Eleonora Bianchi, Edgardo Ortuño, José Bayardi y María Moraes han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Beramendi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL CICLO FORUM MALDONADO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la Media Hora Previa.

Tiene la palabra el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora Presidenta: el 27 y 28 de setiembre se realizó la primera Conferencia Internacional del Ciclo Forum Maldonado 2011-2015. Dicha Conferencia se tituló “Asumiendo el pasado, construyendo el presente. El aporte de las experiencias extranjeras”.

Esta convocatoria tuvo como protagonista a la Intendencia de Maldonado, en el marco de sus políticas públicas para la difusión y reflexión de los valores éticos que emergen de los derechos humanos. Esta Conferencia internacional se realizó con el fin de compartir las experiencias de los distintos países que, habiendo atravesado períodos de abusos y violaciones a los derechos humanos, pusieron en práctica diversos mecanismos internacionales y jurídicos para lograr el conocimiento de los hechos del pasado, la justicia y la reconciliación nacional, a los efectos de abrir camino a una nueva gobernabilidad democrática.

El objetivo de dicha actividad fue el de profundizar en el conocimiento de las diversas modalidades asumidas en los distintos países y el impacto que estas han tenido en la construcción de la realidad social y política presente, con el fin de aportar al debate nacional en torno al caso uruguayo.

Posteriormente se hizo una referencia a la situación que vivió América Latina en el siglo pasado con respecto a la violación de los derechos humanos, estableciendo que este avance colectivo en los procesos de democratización ha de ser diferente en cada uno de los países, dado que cada proceso de transición responde a las características culturales e históricas de las diversas sociedades. Cada una de estas experiencias, sin embargo, constituye una fuente de aprendizaje que permite analizar y contrarrestar opciones posibles para resolver una temática que en todos los países implica profundas heridas y presenta enormes desafíos jurídicos. En este sentido, la justicia transicional da cuenta de la existencia de “un conjunto de mecanismos políticos y jurídicos que deben responder al necesario equilibrio entre los valores de la paz y de la justicia en un marco de Estado Social de Derecho”.

La citada actividad permitió conocer el impacto de la aplicación de algunos de estos mecanismos, tanto como las posibles consecuencias de su no aplicación. Las presentaciones estuvieron a cargo de los representantes de Alemania, Argentina, El Salvador, Chile, Sudáfrica y el Consejo Mundial de Iglesias. También se había invitado a delegados de Brasil, pero no se hicieron presentes.

En la Conferencia se tomó en cuenta que este es el Año Internacional de los Afrodescendientes y que el pasado esclavista y sus consecuencias en el presente constituyen una dimensión sobre la que varias sociedades latinoamericanas, incluida la uruguaya, no han trabajado suficientemente. La idea es analizar en qué medida esos mecanismos de los que da cuenta la justicia transicional -que fueron aplicados en los países cuyas experiencias se presentaron- pueden contribuir a procesos de reconocimiento, reparación y reconciliación para estas poblaciones y el conjunto de la sociedad.

Para la realización de esta Conferencia se contó con el apoyo del sistema de Naciones Unidas en Uruguay, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, la Fundación Nelson Mandela, los Ministerios de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores y de Turismo y Deporte, y del Instituto Goethe Uruguay. El Comité Organizador estuvo a cargo de María Elena Martínez, Ana Agostino, María del Carmen Salazar y Javier Miranda. También participó en esta Conferencia un grupo muy destacado de especialistas en el tema de los derechos humanos, como Bernd Florath, de la Universidad Humboldt de Berlín; Verne Harris, Director del Programa de Memoria en el Centro de la Memoria de la Fundación Nelson Mandela; y Sello Hatang, Gerente de Comunicación e Información de la Fundación Nelson Mandela.

Para finalizar, quiero señalar que la representación de la Fundación Nelson Mandela tuvo una destacada participación y realizó algunas declaraciones muy importantes, que mencionaré en una próxima Sesión del Senado. Por esa razón, no voy a solicitar en esta oportunidad que se envíe la versión taquigráfica de mis palabras a organización alguna.

Muchas gracias, señora Presidenta.

9) PROBLEMAS CON EL SERVICIO DE UTE EN SAN GREGORIO DE POLANCO

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Señora Presidenta: hoy quiero referirme a un problema que aflige a una localidad del departamento de Tacuarembó; me refiero a la ciudad de San Gregorio de Polanco.

Desde hace muchos años, existe allí un problema con el servicio de energía eléctrica de UTE, pues todavía no se ha logrado cerrar lo que se llama el anillo eléctrico, es decir, no se ha logrado interconectar los dos extremos de la línea que llega a San Gregorio de Polanco, porque no existe un servicio de interconexión entre esta localidad y la de Achar, que está sobre la Ruta 5, en el departamento de Tacuarembó. A su vez, la línea que abastece el servicio de energía eléctrica es la que proviene de Blanquillo, en el departamento de Durazno, cruzando por encima del lago de Rincón del Bonete.

El gran problema es que cada vez que surge algún tipo de dificultad climática, fundamentalmente tormentas o situaciones por el estilo, ese servicio se interrumpe y la localidad de San Gregorio de Polanco se queda sin luz, con el consiguiente perjuicio para la población, el comercio, etcétera.

Hace varios años, a través de gestiones efectuadas ante el Directorio de UTE, se había conseguido que se instalaran allí dos motores de cierta potencia que rápidamente sustituían la fuente de generación de energía cada vez que se interrumpía el servicio que venía por la línea de Blanquillo, departamento de Durazno, hasta San Gregorio de Polanco. Lamentablemente, parece que hace algún tiempo esos motores fueron retirados de la sede de los talleres de UTE en San Gregorio de Polanco y el problema ha recrudecido, porque cada vez que hay un corte de energía por la línea que viene desde Blanquillo, la localidad queda prácticamente sin luz.

Hace pocos días el Alcalde del lugar me planteó su gran preocupación por este problema, dado que si persiste, la situación se agravaría durante la temporada de verano. No debemos olvidar que San Gregorio de Polanco es, al mismo tiempo, una localidad balnearia, lo que hace que su población, que ronda los 3.500 habitantes, se multiplique hasta llegar a 8.000, 10.000 o 12.000 personas en verano, con lo que el problema de la energía eléctrica pasa a ser mucho más grave. Además, quienes más sufren cada vez que se dan estos cortes de energía son los comerciantes.

Se trata de situaciones graves, que preocupan seriamente, por lo que entendemos necesario atender el problema. Si bien es cierto que probablemente no esté en los planes de UTE considerar esta situación, o suponga una inversión bastante onerosa hacer de una vez por todas la interconexión entre San Gregorio de Polanco y Achar -lo que permitiría cerrar el anillo eléctrico y terminaría con los cortes de energía-, a nivel de las autoridades y de la localidad se plantea que, por lo menos, se vuelvan a instalar algunos motores de generación de energía. De esta manera, cuando se produzcan cortes por problemas en la línea de Blanquillo a San Gregorio de Polanco -tengamos en cuenta la manera frecuente con que ocurren- no serán prolongados ni provocarán situaciones que dificulten la vida de la población o del comercio en general.

En definitiva, la preocupación central es por la reinstalación de los mencionados motores, por lo menos, como elemento de previsión que ayude cuando se produzcan cortes, para que rápidamente haya una respuesta de generación de energía por parte de la propia UTE a nivel local.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Directorio de UTE, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Municipio de San Gregorio de Polanco.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

10) LAURA POLLÁN. SU DECESO

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señora Presidenta: casi nadie la recuerda vestida de otro color, pero antes de ser fundadora de las “Damas de Blanco” y convertirse en férrea opositora del gobierno, Laura Pollán era una humilde profesora de Literatura que amaba las plantas y cuidaba su casa. Falleció el pasado viernes, a los 63 años, y su deceso se debió a complicaciones cardiorrespiratorias, después de haber pasado una semana en terapia intensiva en un hospital de La Habana.

“Sabemos que mientras esté este gobierno habrá presos”, había dicho en una entrevista a la Agencia AP en setiembre de este mismo año. Después de mucho tiempo de luchar por la excarcelación de su marido, Héctor Maseda, de alguna manera dejaba de ser la esposa de un disidente para asumir su propio rol como activista, lo que continuó después de dicha excarcelación. Antes del año 2003 esta mujer no estaba interesada en la política, pero luego de la detención de 74 disidentes y la condena que les aplicaron -de entre 6 y 28 años de prisión- por estar supuestamente en contra de la revolución, se transformó en una luchadora por los derechos civiles y la libertad.

Tuve oportunidad de hablar con Laura Pollán en el año 2006, en la Iglesia Santa Rita, donde se reunían los domingos, por lo que también me fue posible conversar con Martha Beatriz Roque, otra disidente cubana, académica y ex comunista, que ha dado su vida por la lucha por la libertad en Cuba. Encontré en ella a una mujer muy calma, serena y con una gran capacidad de conducción de ese grupo de mujeres que luchan por la libertad de sus maridos que, según ellas señalan, están injustamente en prisión. Mientras tanto, el régimen defiende la prisión para aquellos que levantan su voz contra la falta de libertades que todavía opera en Cuba.

Esta mujer, que lideró el grupo de las denominadas “Damas de Blanco”, lo hizo en paz y tuvo una gran repercusión internacional. En el año 2005 fue ganadora del Premio Sajárov, que tiene que ver con los derechos humanos y es otorgado por la Unión Europea, pero no pudo salir de Cuba porque el régimen no la dejó; es una práctica que se aplica allí regularmente: no dejar salir a los disidentes sino después de larguísimas negociaciones en las que, obviamente, no participan, como en este caso ocurrió con las “Damas de Blanco”.

El proceso político que se ha librado en Cuba por causa de estas mujeres ha sido ejemplar para todo el mundo, básicamente donde hay gente que pelea por la libertad y por un sistema democrático -o, por lo menos, tradicional- como el que conocemos. La causa de la libertad tuvo en Laura Pollán una gran aliada y un gran ejemplo de constancia, de perseverancia y de lucha pacífica por los derechos humanos. Por lo tanto, hoy queríamos recordar y hacer un homenaje a esta mujer latinoamericana que será un recuerdo, porque luchó y sembró una semilla por la libertad.

Era cuanto quería manifestar.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿No va a solicitar el envío de la versión taquigráfica de sus palabras a algún lado?

SEÑOR CARDOSO.- No, señora Presidenta.

11) POLÍTICAS ANTITABACO

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Quiero pedir por unos minutos la atención del Cuerpo para referirme a un tema que es recurrente y sobre el que quiero dejar sentadas algunas preocupaciones y propuestas. Se trata de un asunto que ha vuelto a poner sobre el tapete el ex Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, pero para tranquilidad de mis colegas advierto que me voy a referir al tabaco.

Desde que el Gobierno anterior comenzó a implementar políticas llamadas antitabaco para desestimular su consumo, todos coinciden en que este ha disminuido en el país y, aunque con diferentes matices desde el mundo gubernamental y el no gubernamental, surgen cifras que son consistentes. Con este objetivo se han implementado diversas medidas, como por ejemplo: informativas, a través de advertencias de tamaño creciente en las propias cajas de cigarrillos; restrictivas, prohibiendo la publicidad o el consumo de tabaco en lugares cerrados; y de tipo fiscal, aumentando paulatinamente el Imesi al cigarrillo a partir del Decreto del año 2007, en que se ubicaba en $ 21,50 por cajilla de veinte, hasta los años 2009 y 2010, en que llegó a $ 38, es decir, a casi el doble.

No es pacífica la interpretación sobre cuál de estas medidas ha influido más pero, notoriamente, el aumento del precio ha sido un factor determinante. En alguna de las oportunidades en que el precio aumentó en virtud del incremento del impuesto al tabaco, el Poder Ejecutivo declaró que la medida no respondía a un afán recaudatorio o fiscal, sino más bien a un objetivo vinculado a la salud, que era desestimular su consumo. Si este era el objetivo, es bueno ahora mirar algunos aspectos de sus consecuencias.

La Dirección General Impositiva nos dice que en el año 2005 recaudaba por concepto de Imesi al tabaco $ 2.705:000.000 y que en el 2010 -último dato disponible-, recaudó $ 4.236:000.000, es decir: $ 1.500:000.000 más, lo que equivale -como resultado de este aumento- a aproximadamente US$ 70:000.000 por año.

Como efectos laterales y no menores también debemos señalar el aumento del contrabando: Uruguay está en el límite -o quizás lo ha sobrepasado- entre el desestímulo al consumo y el estímulo al contrabando. La Organización Tobacco Atlas -organización no gubernamental de mucha referencia en la materia- indica que, en el Uruguay, el contrabando sobrepasa el 25% del consumo, es decir, que una de cada cuatro cajas de cigarrillos que se consumen en Uruguay viene de contrabando de Paraguay o Brasil. Sin embargo, el doctor Tabaré Vázquez, cuando participó en el encuentro de la Asociación Médica Mundial, lo ubicó en el 12%. Nosotros creemos que hay un incremento importante del contrabando, que mucho tiene que ver con el precio, pues mientras el eje de las cajillas nacionales ronda los $ 70, el de los cigarros de contrabando se ubica en los $ 20. Además, no tienen ningún tipo de distintivo, restricción o advertencia y se consumen entre los sectores más populares.

Por lo expuesto, queremos hacer algunas propuestas con la idea de que se implementen.

Si es correcto que cuando el Gobierno subió el IMESI no tuvo un afán recaudatorio, pero han ingresado US$ 70:000.000 más, no parece consistente que se haya tenido que eliminar el servicio 0800 Humo -que lució durante cinco años en las cajillas de cigarrillos como un servicio de información al consumidor- por falta de recursos, según manifestó el doctor Abascal.

(Suena el timbre indicador de tiempo.)

-El Estado recaudó millones de dólares más que no volcó a la materia específica. Nosotros entendemos que esa diferencia en la recaudación -ya no el Imesi al tabaco, sino el monto en que ese Imesi ha incrementado la recaudación, merced a una política antitabaco que supera los US$ 70:000.000- debería tener, por lo menos, una dirección hacia la educación, hacia la ayuda a fumadores que quieren dejar de serlo y hacia el combate al contrabando, que afecta la mano de obra nacional y también a la industria nacional.

Finalizo mi exposición diciendo que nos parece importante dejar planteada aquí la idea de que podamos destinar recursos con afectación especial y específica que aportan los fumadores, a que haya políticas con recursos a este respecto. A su vez, si alguno de esos recursos pudiera ser destinado a otro uso, creo que deberíamos utilizarlos para abordar el problema de la adicción a la pasta base, que tiene una repercusión mucho más inmediata en la salud de los uruguayos y que tiene preocupado a todo el país, al sistema político y a este Cuerpo -lo que me consta-, pero que no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a sus tratamientos. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Economía Finanzas y de Salud Pública, así como también a la Junta Nacional de Drogas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

12) NECESIDAD DE AMPLIAR LOS DÍAS EFECTIVOS DE CLASE EN EL URUGUAY

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Voy a referirme a algo que está sucediendo en la República Argentina y que nos parece muy importante.

En el día de ayer se anunció que el vecino país está alcanzando los 190 días efectivos de clase al año y que para el 2016 alcanzará los 200 días efectivos de clase en el año lectivo. Creo que este no es un dato menor, pues Argentina ha estado mejorando en los índices de las pruebas PISA, y nos ha dejado atrás en diversos índices de educación en el Mercosur. Esta es una de las políticas que viene aplicando desde el año 2003, y creo que es aconsejable tenerla en cuenta; no estaría mal copiar o imitar lo bueno que allí se hace.

Se anunció -nada más ni nada menos que en el Palacio Sarmiento- que este año Argentina alcanzará, repito, los 190 días de clase, y los 200 días en el año 2016. De esta forma, se va a colar entre el selecto grupo de los países que tienen más de 200 días de clase al año, como sucede en Japón, con 243 días de clase; en Alemania, con 240; en Hong Kong, Australia y Corea del Sur, con 220; en Luxemburgo e Israel, con 216, y en Rusia, con 211.

Mientras esto sucede en otros países, aquí, en el Senado, nosotros seguimos sin tratar un proyecto de ley presentado hace ya varios meses, que lleva a 200 los días efectivos de clase al año en el Uruguay, y desde la Federación de Funcionarios de la Educación recientemente se ha criticado esta iniciativa, afirmando que la cantidad de días de clase ya estaba establecida por ley. Creo que en esto se ha cometido un error muy grande, porque lo que el gremio de la educación mira es el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo en el año 2008 y no la iniciativa aprobada por este Parlamento. Creemos que un día menos de clase se transforma en un día menos de formación, de orientación, de acompañamiento y, en muchísimos casos, en un día menos de alimentación y cuidado. Sin duda, es un día menos para las oportunidades que la educación debe brindar y un día ganado para la desigualdad y la injusticia social imperantes, lamentablemente, en muchos lugares del Uruguay.

En este marco y ante sucesivas reivindicaciones que procuran evitar cualquier propuesta o alternativa que pueda provenir de fuera del sistema educativo, siempre deben considerarse las normas de rango constitucional, como es el caso del artículo 70 de la Constitución de la República. Allí se encomienda al Legislador asegurar la efectividad del sistema de enseñanza cuando expresa: “Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial.

El Estado propenderá al desarrollo de la investigación científica y de la enseñanza técnica.

La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones.”

En Uruguay se dictan, aproximadamente, 150 días efectivos de clase por año, y si a estos le descontamos los previstos para las Asambleas Técnico-Docentes, los paros, etcétera, no se supera esa cifra. En el portal del Ministerio de Educación y Cultura figura como ley aprobada la iniciativa enviada al Parlamento y no la aprobada por este. Creo que sería un buen comienzo cambiar el borrador de ley y poner lo vigente, así como también tratar en este Parlamento el proyecto de ley presentado hace varios meses.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD

13) RELACIONES DEL URUGUAY CON LOS PAÍSES DEL CONO SUR

SEÑORA PRESIDENTA.- Finalizando la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señora Presidenta: simplemente quiero hacer una última reflexión vinculada a aspectos de las relaciones del Uruguay en el área del Cono Sur, que no tienen nada que ver con los últimos acontecimientos y mucho menos con algunas expresiones bélicas o parabélicas que han colocado al país en el centro de la discusión.

Hace pocos días mantuvimos una conversación abierta y sincera con el señor Canciller sobre algunos temas que vinculan al país con tres aspectos: el modelo de desarrollo que le crea la relación regional; la vecindad nueva que se plantea y crea en función de determinadas decisiones que se toman fuera de su voluntad, y la reactivación necesaria de un Mercosur que, si bien debe ser pensado con creatividad, básicamente depende del Uruguay.

Aprovecho este espacio de la Media Hora Previa para insistir en que estamos ante un nuevo modelo de relacionamiento; en que el proteccionismo no es un negocio que ofrezca beneficios al Uruguay; en que para el país no es una opción y en que un elemento central de su estrategia debe ser la defensa de la competencia del mercado doméstico, siempre dentro de un sistema de economía abierta.

Reitero que en la conversación que mantuvimos con el señor Canciller trasmitimos nuestra preocupación por ese tema, que está vinculada con las relaciones de vecindad porque, entre otras razones, nos indican la necesidad de permanecer en la región pero planteando una opción diferente: ganar autonomía en la orientación de nuestra economía y en las negociaciones, pero sobre todo mantener una negociación fuerte y profesional, silenciosa y efectiva, orientada a la reactivación del Mercosur, tanto en los aspectos comerciales como en las trabas que sufre el país, en las nuevas expresiones del proteccionismo de la bilateralidad argentina-brasileña y, fundamentalmente, en todo lo que tiene que ver con los servicios y las estrategias de fondo que el Uruguay viene manejando en el área de la política de los meridianos en lo que hace, sobre todo, a Nueva Palmira y al dragado del Canal Martín García.

Aproximadamente un treinta por ciento de las exportaciones uruguayas son destinadas a Argentina y Brasil -8% y 21%, respectivamente-, pero la mayoría de ellas son industriales y están vinculadas con reglas de origen y un sistema de admisión temporaria que a veces sufre de vulnerabilidad por las decisiones que toman nuestros socios más importantes. A los efectos de reducir esa vulnerabilidad el país debe ganar competitividad en algunos rubros -aspectos internos- y en la firmeza de su relacionamiento.

En el corto plazo -ahí está el motivo de mi planteo-, las medidas que aplican Argentina y Brasil nos ubican en un enclave proteccionista con concepto de economía abierta. En este contexto no cabe la imitación proteccionista, pero sí un mayor rigor en la defensa de la competencia. La reciprocidad en el acceso a los mercados es el pilar de todos los procesos de integración, y aunque Uruguay no pueda imponerlo es esencial para creer y mantener la equidad en el ámbito del Mercosur.

Por lo tanto, planteamos esos tres temas como reflexión en este Cuerpo para que sean trasmitidos a las distintas autoridades. Hay que contemplar tres aspectos: el político, el económico-comercial y el institucional. Particularmente estos temas se están manejando con distinta visión, por lo que para que el Mercosur salga de la virtualidad y vuelva a la realidad, el Uruguay debe tener un sinceramiento en las disciplinas que los países han decidido aplicar. El mejor resultado será establecer los roles de cada país con equidad, realismo y criterio para manejar las agendas.

En el aspecto económico-comercial es necesario acordar los elementos que constituían el núcleo del Mercosur, porque el proteccionismo define cuáles son los mercados a los que el país puede acceder, no en función de su voluntad sino de su decisión: comprometer el acceso a mercados, restringir algunos aspectos que hoy lo limitan, programar la integración y, sobre todo, actuar con la flexibilidad que ayude a aumentar un relacionamiento, con disciplina y seguridad, en el ámbito del Mercado con otros Estados. Por último, hay que mencionar la posibilidad de negociar, habida cuenta de que el Uruguay tiene la Presidencia pro témpore, una mayor seguridad jurídica que debe estar vinculada a la necesaria eficiencia del sistema de solución de controversias. El país debería acordar determinados puntos en temas centrales para que los cuatro países integrantes acepten ser objeto de una controversia y acatar la decisión, como forma de aumentar el concepto de seguridad jurídica.

Queríamos compartir en este Cuerpo esas ideas y reflexiones que planteamos al señor Canciller, porque forman parte de una visión de replanteo de la nueva vecindad, pero con el conocimiento y la conciencia clara de que la región en la que está ubicado nuestro país es parte de su historia y proyección, por lo que debe ser mejorada con capacidad de propuesta y seriedad.

Pido que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, y de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde ingresar al tratamiento del Orden del Día.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señora Presidenta: quiero formular una moción de orden que consta de cuatro puntos.

El primero es que se reparta y se trate como urgente el proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011 -o sea, mañana- con motivo de conmemorarse el Centenario de la fundación de Atlántida, departamento de Canelones.

El segundo es alterar el Orden del Día, considerando en primer término el que figura en tercer lugar, es decir, el homenaje al Matemático Mario Wschebor con motivo de su fallecimiento.

El tercero es posponer el punto séptimo del Orden del Día -la exposición de los señores Senadores Martínez, Penadés y Viera sobre el tema: “90 años de las relaciones diplomáticas entre la República Oriental del Uruguay y la República Checa”- para el mes de noviembre en fecha a confirmar.

El cuarto es solicitar la convocatoria de una Sesión extraordinaria para el día de mañana, en cuyo Orden del Día se incluyan: el proyecto de ley sobre el Plan Juntos, que viene con modificaciones de la Cámara de Representantes; la solicitud de venia de designación para el cargo de Director de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario; todos los temas que quedaran pendientes de hoy -no sabemos en qué punto podremos concluir- y algún otro asunto que ingrese mañana.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señora Presidenta: en nombre del Partido Nacional pido un cuarto intermedio de diez minutos previo a la consideración de la moción formulada.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el pedido de cuarto intermedio solicitado por el señor Senador Gallinal.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Es la hora 10 y 24 minutos.)

(Vueltos a Sala.)

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 10 y 39 minutos.)

-En consideración la moción realizada por la señora Senadora Dalmás.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora Presidenta: solicito una aclaración sobre lo manifestado por la señora Senadora Dalmás en cuanto a que se pase para la Sesión del día de mañana todo aquello que hoy no se pudiera terminar de considerar, que se trate el proyecto de ley del Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos -hasta aquí estamos de acuerdo- y, finalmente -según lo que manifestó- algún otro proyecto de ley que pudiera ingresar.

En virtud de que el Frente Amplio ha anunciado que nuevamente va a intentar desconocer la voluntad de los uruguayos a través de un proyecto de ley que modifica la prescripción -lo que sería de dudosa constitucionalidad, además de violar las normas de Derecho Penal en cuanto a la irretroactividad de la norma cambiando la situación-, quisiéramos que se nos aclarara si se trata de esa misma iniciativa. La consideración de este tema insumirá un estudio muy profundo porque, obviamente, además de analizarlo debemos ver su constitucionalidad, entre otros aspectos. Simplemente queremos que se explicite si se trata de ese proyecto de ley y si se va a repartir antes. Si la intención es introducir una iniciativa tan importante con tanta celeridad, votaremos negativamente.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Efectivamente, se trata de un proyecto de ley en torno a ese tema, que podría ingresar en el correr de la Sesión de hoy o en el día de mañana.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Se está haciendo referencia a un proyecto de ley que aún no ha ingresado al Senado pero que podría hacerlo en el día de hoy o, incluso, mañana.

Nos preguntamos, a efectos de saber qué vamos a votar, si este proyecto de ley que tiene tanta importancia no va a ser derivado a la Comisión correspondiente. ¿Es ese el propósito?

SEÑORA PRESIDENTA.- Para responder la inquietud del señor Senador Gallinal, tiene la palabra la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMÁS.- Si el proyecto de ley ingresa en el correr de la Sesión del día de hoy -existen muchas posibilidades de que así sea- se repartirá de inmediato y pasará a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación esta misma tarde.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora Presidenta: creo que está claro que se está planteando que los puntos del Orden del Día que no se traten en esta Sesión pasarán para el día de mañana. Luego veremos si ingresa o no un nuevo proyecto de ley para ser considerado. No es un tema que se vaya a votar en el día de hoy.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señora Presidenta: nuestra Bancada tenía pensado convocar, en caso de que se concretara ese anuncio -del que hemos tomado conocimiento a través de la prensa- a distintos especialistas, sobre todo en Derecho Constitucional, para conocer su opinión sobre el tema. Cabe destacar que en una reunión con el Presidente del Partido Nacional, el señor Presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, acompañado por Legisladores, con mucha gentileza y cortesía -que reconocemos y agradecemos- puso de manifiesto el tema y le solicitó expresamente su apoyo al proyecto de ley. El Directorio del Partido Nacional está convocado para el próximo lunes con un único punto en el Orden del Día que es, precisamente, el tratamiento de esta propuesta que nos hiciera llegar el Presidente del Frente Amplio.

Nos preguntamos, entonces, si hubo un cambio en el proceder, porque nosotros pensábamos dar una respuesta a través de las autoridades partidarias, como se nos solicitó.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señora Presidenta: simplemente, quiero hacer una propuesta.

En virtud de que la moción de orden de la señora Senadora Dalmás consta de tres o cuatro puntos, solicito que se voten por separado para facilitar la votación a favor de aquellos en los que estamos de acuerdo y en contra de los que consideramos improcedentes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Senadora Dalmás para aclarar la inquietud planteada por el señor Senador Gallinal.

SEÑORA DALMÁS.- Señora Presidenta: como muy bien señalaba el señor Senador Gallinal, hubo contactos partidarios que anunciaron determinados temas. Tenemos el aviso del probable ingreso de un proyecto de ley, razón por la cual lo anunciamos y mencionamos la eventualidad de su tratamiento en la Sesión del día de mañana -en caso de que efectivamente ingrese-, así como la posibilidad de que sesione la Comisión de Constitución y Legislación.

No tenemos ningún inconveniente sobre los futuros contactos o reclamos partidarios que se pueda realizar a las autoridades correspondientes que hicieron ese planteo por parte de la fuerza política. Asimismo, a nivel de Bancada no hay inconveniente en votar cada uno de los puntos por separado para que se pueda considerar el tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primer punto de la moción de la señora Senadora Dalmás, que sería incorporar al Orden del Día de la Sesión de hoy la consideración del proyecto de ley Ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, a través del cual se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011 con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

Se va a votar el segundo punto de la moción, que consiste en alterar el Orden del Día y colocar como primer punto el Homenaje al Matemático Mario Wschebor.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ahora pasaríamos a votar la convocatoria del Senado en Sesión extraordinaria para mañana, miércoles 19, y trasladaríamos el punto séptimo para una Sesión a fijar en el mes de noviembre debido a que uno de los expositores no se encuentra presente. En esa Sesión extraordinaria se considerarían todos los puntos ya mencionados, relativos al Plan Juntos y a la venia de designación de Director de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, los temas que quedaran pendientes de hoy y algún otro proyecto que posiblemente ingrese en esa instancia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

15) PROFESOR MARIO WSCHEBOR. HOMENAJE A SU MEMORIA

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que pasó a figurar en primer término: “Homenaje al Matemático Mario Wschebor, con motivo de su fallecimiento. (Carp. Nº 677/2011)”.

Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señora Presidenta: en el día de hoy el Senado hace un homenaje a una extraordinaria personalidad uruguaya, como lo fue el profesor Mario Wschebor.

En lo personal, estoy homenajeando a un querido amigo, a un entrañable compañero de ruta, con quien teníamos una gran cercanía tanto desde el punto de vista político como ideológico.

No recuerdo exactamente cuándo conocí a Mario, pero tal vez fue en oportunidad de las manifestaciones en reclamo de la Ley Orgánica de la Universidad de la República, a fines de la década del cincuenta. Quizás lo conocí en las manifestaciones contra Luis Batlle, de quien, si uno lo mira en perspectiva, de ninguna manera se podría decir que era el político de derecha en esa época, ni mucho menos, pero sin duda era el blanco a la hora de pedir la autonomía y una nueva Ley Orgánica. Recuerdo que Mario, aún siendo muy joven, ya se había incorporado a esas manifestaciones. Seguramente lo conocí por ser sobrino del contador Israel Wonsewer, otra figura emblemática en el ámbito universitario, con una extraordinaria cabeza política, como también la tenía Mario Wschebor.

En la década de los sesenta manteníamos con Mario muchas charlas, normalmente vinculadas a los temas educativos pero, sobre todo, a los problemas políticos. Nos juntábamos en los cafés montevideanos, como por ejemplo el Sportman o el Palace de la Plaza Independencia y, a veces, como él intentaba sistematizar los diálogos y las conversaciones, también nos reuníamos en alguna casa de familia. En aquella época, década del sesenta, algunas veces traía a esas reuniones a un amigo: el doctor en Matemática Rodrigo Arocena, actual Rector de la Universidad de la República. Mario tenía una estupenda cabeza política; sobre esto luego vamos a hacer referencia a algunas expresiones de Rodrigo Arocena.

Más adelante vino el exilio. Tal vez nos podríamos haber encontrado, porque yo había recibido una propuesta de trabajo en Venezuela, pero esa época de exilio tenía determinadas características. Por ejemplo, yo no viajaba a Venezuela porque me exigía una hoja entera de visa en el pasaporte, mientras que México me otorgaba una hoja volante por fuera del pasaporte. Como teníamos miedo de que se terminaran las hojas del pasaporte y de que no nos lo renovaran, preferíamos viajar a aquellos países que nos daban la visa volante y no a los que utilizaban una hoja entera de pasaporte. Por eso, en aquel entonces viajé a Perú, a Chile y a México, pero no a Venezuela.

Para mí, Mario siempre fue un referente de primerísimo nivel en temas educativos, especialmente en los universitarios. Diría que sentíamos un mutuo afecto y, por eso, hace unos meses lo llamé por teléfono, entre otras cosas, para disculparme porque no lo había ido a ver con motivo de su enfermedad. Me contestó matándose de risa y haciéndome innumerables bromas -todavía lo oigo reírse- para que me tranquilizara y no sintiera culpa por no haber ido a visitarlo. Hace unas semanas, Clara, mi señora, se encontró con nuestra querida amiga Adela Pellegrino y me dijo: “Tenés que ir a verlo”. Justamente, estaba por viajar y, en verdad, no pensé que iba a fallecer tan rápido. No pude llegar a verlo, y eso lo sentí mucho cuando el viernes 16 de setiembre me llamó otra amiga, Diana Reches -también conocida como Diane Denoir- que con tono angustiado, duro y firme me preguntó: “¿Ya lo sabés? ¿Te enteraste? ¿Lo supiste?”. Luego me lo dijo: “Se murió Mario”. Así como me conmuevo al decirlo en este momento, me conmoví al escucharla, porque no esperaba que falleciera tan pronto, aunque sabía que no estaba bien.

Otra cosa que me llamó profundamente la atención fue su currículum, que tuve oportunidad de leer cuando decidimos hacer este homenaje. Me di cuenta de que había un Mario Wschebor que no conocía, porque la verdad es que se trata de un currículum imponente. Tengo casi veintidós años de parlamentario y he hecho múltiples homenajes a distintas personalidades del país, pero nunca encontré un currículum con el nivel, la profundidad y las características del de Mario Wschebor. Seguramente no lo sabía porque Mario nunca hablaba de estos temas. Era una persona tan sencilla, que no me había dado cuenta de que tenía un amigo que era realmente un científico de nivel mundial, tanto por sus estudios -reconocidos en los diplomas, premios y distinciones que obtuvo-, como por su labor docente, que ejerció en innumerables países del mundo, y por la cantidad de publicaciones científicas que había hecho. Diría que Mario Wschebor fue un científico, un intelectual, un luchador y un militante de causas, las que defendió con convicción, con mucha pasión y gran tenacidad.

Realizó estudios de Ingeniería Electromecánica en la Facultad de Ingeniería y Agrimensura de la Universidad de la República en Montevideo; obtuvo el Diploma de Posgrado en Teoría de Probabilidad, Estadística Matemática y sus Aplicaciones, otorgado por la Unesco y la Academia Húngara de Ciencias en 1964; el Diplôme d”Etudes Approfondies en Matemáticas en la Universidad París-Sud, en Francia, año 1971, y el Doctorado de Tercer Ciclo en Matemática en la Universidad París-Sud, en Francia, año 1972.

Mario Wschebor, además de haber cumplido actividades docentes en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en Francia, en España y en Hong Kong, brindó conferencias científicas en México, en Brasil, en Inglaterra, en Bélgica, en Chile, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Suiza, en China y en Canadá. Al analizar estas características de su docencia, vemos que su figura fue absolutamente impactante.

Señora Presidenta: Mario Wschebor tuvo una importantísima participación en la creación de la Facultad de Ciencias; fue su primer Decano y profesor de Matemática en 1991. No es mi intención hablar de su actividad científica, pero encontré un documento del que me gustaría destacar “la pasión de Wschebor por la investigación matemática, la profundidad de su pensamiento, su capacidad admirable de cálculo, basada en una tenacidad y una capacidad de trabajo sorprendente”.

Sus publicaciones en libros y revistas especializadas son innumerables, pero puedo decir que son alrededor de ochenta los artículos basados en su capacidad de investigación, a los que, por supuesto, se agregan los relativos a la educación, que seguíamos permanente en el semanario Brecha.

Mario Wschebor cumplió también funciones de dirección en sociedades científicas. Por ejemplo, fue Presidente del Consejo de Administración del Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (Cimpa).

Entre los premios y distinciones que recibió, se destaca el primer premio del concurso literario de la biblioteca de Marcha en la categoría ensayo, denominado: Imperialismo y Universidades en América Latina, en 1970; el premio anual al mejor trabajo científico en el área de Matemática -obtenido con la colaboración de Enrique Cabaña-, Conicyt Venezuela, en 1981; la distinción de “Caballero de la Orden del Mérito”, otorgada por el Gobierno de Francia, en 1991; y el premio de la cultura uruguaya Morosoli de oro, que estuvo a cargo de la Fundación Lolita Rubial de nuestro país, en el año 2007. Además, Mario Wschebor fue miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, desde 2003, y miembro de número de la Academia de Ciencias del Uruguay, desde su creación en 2011. Por supuesto que estoy haciendo un resumen de su enorme y voluminoso currículum, que realmente me impactó.

Sin duda, Mario Wschebor fue un luchador por la transformación de la Universidad. Seguramente todos recordarán el “Documento de los cuatro Decanos”, que redactó junto a Eduardo Touyá, Álvaro Díaz y Roberto Scarsi, Decanos de la Facultades de Medicina, Agronomía y Veterinaria, respectivamente, en el que se promovía un debate sobre la calidad educativa y la forma de gobierno, así como un "aggiornamento" de los objetivos de la Universidad. Todos estos temas siguen estando arriba de la mesa; sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos la posibilidad de tener diálogos y de lograr avances al respecto.

En ocasión de preparar esta disertación, encontré diversos escritos y publicaciones sobre Mario Wschebor. Me importa destacar, sobre todo, algunas opiniones muy especiales que tienen que ver con los estudiantes y los docentes, quienes manifiestan por él un extraordinario cariño. Por ejemplo, desde el Centro de Estudiantes de Ciencias se dijo: “Discutía con tenacidad sobre la política nacional y universitaria. (…) A un militante comprometido con los principios más valiosos de la Universidad pública, autónoma y cogobernada, a un profesor apasionado, a un científico que dejó una huella imborrable, el C100 hace llegar su entrañable saludo”.

Por su parte, la FEUU, donde seguramente muchas veces nos encontramos y cruzamos con Mario por la década de 1960, expresaba: “Durante más de 50 años, Mario formó parte de los debates más importantes de nuestra querida Universidad de la República. Demostró una y mil veces su preocupación por el sistema terciario de enseñanza y su compromiso con los principios más caros de la Universidad pública, autónoma y cogobernada. (…) A la Universidad, al sistema educativo uruguayo, deja su sabiduría, y el honor de haber contado hasta sus últimos días con sus propuestas, su tenacidad y accionar comprometido. Mario fue un militante imprescindible, un profesor ejemplar”.

También la Asociación de Docentes de la Universidad de la República manifiesta, a través de un comunicado de prensa, que Mario era “un generador de ideas desprendidas y renovadoras, un proponente y batallador incansable de propuestas sobre temas de política y organización universitaria y científica, siempre dispuesto al debate franco y abierto. Fue también un militante del día a día, bien dispuesto a compartir asambleas de su gremio y reuniones donde confrontar ideas y elaborar propuestas de diversas magnitudes, desde colaborar en la concreción de un fondo solidario gremial hasta participar en las definiciones y elaboraciones programáticas y presupuestales de la Universidad”.

(Murmullos en Sala.)

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa solicita silencio y atención a la exposición que viene realizando el señor Senador Couriel.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Muchas gracias, señora Presidenta.

Quiero destacar algunas expresiones de Gonzalo Perera, como profesor de Matemática, que publicó en el diario La República, que me impactaron. Ellas dicen: “Cuando Mario dictaba un curso no enseñaba Matemática: la vivía y la recreaba, su relato te trasladaba hasta las fuentes mismas de los diversos conceptos y te hacían sentir parte de esa gigantesca construcción colectiva”.

Rodrigo Arocena, entre otras cosas, escribió en Brecha, lo siguiente: “Destacaré dos rasgos de Mario militante. Primero, su vocación por pensar con cabeza propia, que él me impulsó a cultivar, dando lugar a homéricas discusiones en las que nuestra amistad se cimentó.

Segundo, su inusual costumbre de basar sus afirmaciones en el estudio de los problemas, así, el fundamento de sus opiniones sobre la política estadounidense para la educación superior se convirtió en el libro Imperialismo y Universidades en América Latina, primer premio del concurso de Marcha en 1970”. Rodrigo Arocena agrega: “Hijo agradecido de la escuela pública uruguaya, su problemática lo atribuló desde su juventud. La cuestionó con dureza, angustiado por su futuro que tanto quería mejorar. Por ello criticó, propuso, discutió, chocó, escribió, se disgustó y nunca dejó de pelear”. En estas expresiones de Rodrigo realmente estoy viendo a Mario. Luego continúa: “Sus pasiones por la ciencia y por la enseñanza se conjugaban de manera natural con su inmensa atracción por la política nacional e internacional, que apenas si canalizó a través del accionar partidario. Más bien lo apasionaba la discusión de las relaciones de poder, de las vías de cambio de las sociedades, de las perspectivas de hacerlas más habitables. En ese marco general procuraba ubicar los temas a los que se dedicó vocacional y profesionalmente, así como muchísimos otros. Hombre de asambleas y debate, lector voraz y discutidor empedernido, orador brillante y pluma elegante, con intereses múltiples, vocación por la acción y capacidad notoria de ejecución, era un político en el sentido clásico ideal: un hombre de la polis, al cual nada de la polis le era ajeno”. Con esto, sin duda, Rodrigo Arocena resalta no solo al estupendo científico que fue Mario Wschebor sino, también, sus cualidades, condiciones y características políticas.

Señora Presidenta: se nos fue un querido amigo, un entrañable compañero y, para mí, sin duda un imprescindible al estilo de Bertolt Brecht. Brindo un saludo cariñoso a mi amiga Adela, su compañera de toda la vida, y a sus queridos hijos Nicolás, Margarita e Isabel. Sepamos todos que Mario fue sencillamente excepcional.

Muchas gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora Presidenta: en la mañana de hoy el Senado de la República hace bien en homenajear -destacamos al respecto la iniciativa del señor Senador Couriel- la figura del doctor Mario Wschebor; diría más, del académico Mario Wschebor, dado que integraba la Academia Nacional de Ciencias de nuestro país.

¡Qué raro es nuestro país! La desaparición física, a los 71 años de edad, de una de las personalidades científicas más importantes que hemos tenido y un ilustre ciudadano, pasó casi desapercibida, cuando el Uruguay todo y los poderes públicos, en una misión educadora, tendrían que haber prestado la debida atención y realizado las convocatorias pertinentes. No deben tomarse mis palabras como un reproche hacia alguien, sino como una cuestión que muchas veces ha sido mal confundida con el concepto de sencillez republicana, cuando quizás, más que sencillez hay una omisión en tomar la debida conciencia que al desaparecer una figura, como la del Matemático Mario Wschebor -a los 71 años de edad- Uruguay perdía a uno de sus científicos más prestigiosos, más destacados y más respetados en el ámbito de la comunidad científica nacional e internacional. Es por ello que consideramos acertado que en el día de hoy el Senado de la República dedique un momento para homenajearlo, para recordarlo y, fundamentalmente, para reflexionar a partir de su figura.

Conocíamos a Mario Wschebor y en más de una oportunidad escuchamos en alguna interesante charla a este hombre que me gustaría definir y recordar como un verdadero librepensador, como un hombre que se animó a decir cosas que muchas veces le valieron la incomprensión de sus compañeros y de la propia Universidad de la República, pero que no dudó en decirlas porque entendía que con ello aportaba a la mejora de lo que para él debía ser la Universidad de la República y la comunidad científica nacional, que era su segundo hogar.

Como bien dijo el señor Senador Couriel, fue de los que luchó, en su calidad de librepensador, para la aprobación de la ley orgánica de la Universidad de la República de 1958, pero tiempo después, cuando a ojos vista esa norma comenzaba a mostrar falencias en el propio funcionamiento de la Universidad, tuvo la suficiente valentía de denunciarlas, no con un criterio destructivo sino, muy por el contrario, con el espíritu que hace grande a los hombres de gran valor, con autoridad moral y desde la posición de quien más sabe desde el intelecto y de quien, además, ocupó los cargos de responsabilidad más importantes que la Universidad depara, entre otros, por ejemplo, el de Decano. Me refiero a la posibilidad de decir cosas que permitieran un debate y una reflexión, así como la suficiente habilidad e inteligencia como para cambiar de opinión.

Es así, entonces, que frente a ese espíritu de librepensador y más allá de las diferencias que desde el punto de vista político tuvo con el pensamiento del Partido Nacional, no podemos dejar de reconocer a un ciudadano que siendo un verdadero demócrata fue, además, un hombre que ante la realidad se animó a decir lo que pensaba e intentó cambiarla. Esta actitud, entonces, merece el reconocimiento, el respeto y la consideración de todos sus conciudadanos, lo que se suma a una condición tan o más importante: estas reflexiones no partían de cualquiera, sino de uno de los intelectos más privilegiados de nuestro país. Para ello, basta ver su actividad académica, su dilatada carrera docente, en lo nacional y en lo internacional, los premios y distinciones que durante toda su vida recibió en nuestro territorio y en el resto del mundo y su participación activa en el cogobierno de la Universidad de la República en casi todos sus órdenes, porque fue representante de los estudiantes, formó parte de la Asamblea General del Claustro, integró el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Udelar, fue el Director del Centro de Matemáticas de esa Facultad en dos ocasiones y miembro del Consejo Directivo Central de la Udelar, en representación del orden docente, desde el año 2006. Esto hace que la opinión del doctor Mario Wschebor fuera más que autorizada a lo largo de toda su larga vida al servicio del conocimiento y de la Universidad de la República, entre otras cosas.

Hoy se recordaba la valentía de haber trabajado y publicado un documento que luego se conoció como el “Documento de los cuatro Decanos”. El profesor Wschebor junto a Álvaro Díaz, Roberto Scarsi y a Eduardo Touyá -en un mundo muy distinto al actual, donde el tiempo les ha comenzado a dar la razón- se animaron a decir cosas que no todo el mundo comprendió y que muchos intentaron esconder debajo de la alfombra, esconderlas o callarlas; sin embargo, ellos tuvieron la valentía de seguir diciéndolas. Es más, muchas veces dijeron cosas que sus propios compañeros y correligionarios no entendían, no veían o no querían ver, sobre la realidad universitaria de nuestro país.

Es así que en abril de 2011 el profesor Wschebor respondió a la Asociación de Docentes de la Universidad de la República -ADUR- un cuestionario sobre el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad de la República que se estaba analizando en ese momento. Me gustaría que hoy, en el Senado, recordáramos parte de lo que él señaló en esa oportunidad porque quizás sea la forma más honesta de homenajearlo, es decir, recordando lo que pensaba sobre una institución a la que había servido y amaba entrañablemente, como es la Universidad de la República. Frente a la realidad que visualizó no hizo lo que muchos hacen, que es, justamente, tratar de no ver -y si ven, no decir y callar-, sino que, por el contrario, intentó promover -en el debate, en la reflexión y en el análisis- la mejor forma de querer algo, que es "aggiornarse" a los tiempos que le tocan vivir. De esa forma, al lograr esos cambios se alcanzaría la perdurabilidad en la misión más importante que las instituciones de formación -fundamentalmente universitaria- tienen en el mundo.

Concretamente, el doctor Wschebor decía lo siguiente: “La ley debe ayudar a una modernización institucional. La Ley Orgánica de 1958 se hizo bajo el influjo verbal de la Reforma de 1918 y de los debates de principios del siglo XX. Es decir, han pasado 100 años, el mundo cambió, el conocimiento cambió, su rol en la sociedad también, pero la estructura se modificó poco, de manera forzada y en aquellos aspectos en que el corset legal se lo permitió, a contrapelo de los acontecimientos”. Continúa diciendo: “La ley debe ayudar a cambiar la estructura rígida profesionalista. Tiene que haber una variedad de estructuras académicas (Facultades, estructuras experimentales, institutos o departamentos centrales, etc.)”. Más adelante señala: “La ley debe simplificar el gobierno de la Universidad. No se puede seguir cantando loas al cogobierno y cerrando los ojos ante su mal funcionamiento”. Luego expresa: “Algunos piensan que si se aumenta la participación, ello mejorará a la Universidad. No solo no es seguro que eso sea así, sino que en mi opinión es fuertemente probable que ocurra lo contrario: cuando se perjudica la calidad técnica, el fundamento intelectual de la institución, esta se deteriora y, más allá de las proclamas verbales, se debilita a la educación superior pública”. Continúa diciendo: “Los decanos se deben ocupar de todo, desde la administración académica, económica, de personal, etc. hasta la representación de las Facultades. Todo ello sin descuidar su labor fundamental de orientación en el plano intelectual y de organización institucional.

En consecuencia, o bien no cumplen adecuadamente su función, o bien se agotan en ella y dejan su actividad académica, lo cual es negativo, ya que el cargo es fundamentalmente académico”. Más adelante señala: “De modo que es imprescindible contar con un Consejo Directivo más pequeño y que modifique el criterio de representación, básicamente representando a los servicios mediante agrupamientos de los mismos”.

Lo que el doctor Wschebor señala en la respuesta al cuestionario enviado por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República que traigo en la mañana de hoy al Senado, no tiene como objetivo levantar polémica de ningún tipo. Me queda claro que el profesor Wschebor era un hombre de la Universidad de la República, la quería entrañablemente y luchó desde donde entendió que lo debía hacer para lograr su mejora. Pero, además, tenemos que reconocer en él a un académico de fuste, a un hombre que se destacó en un área donde el Uruguay lamentablemente hoy padece de grandes déficits: el área de las ciencias. Era un matemático; pocos son los matemáticos que nuestro país hoy forma y tiene, y muchas son las necesidades de apostar justamente al estudio y promoción del arte de las ciencias para el desarrollo en nuestro país de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Falleció tempranamente y, sin ningún lugar a dudas, con mucho para dar. Pero creo que hoy desde el Senado de la República lo que debemos reconocer en este ciudadano, en el accionar de toda su vida y más allá de compartir o no su opinión, es que el Uruguay, el pasado 16 de setiembre, perdió a uno de los intelectuales más importantes que ha tenido en los últimos tiempos. En el marco de ese recuerdo, en el día de hoy los Senadores del Partido Nacional queremos hacer llegar a su familia, a la Universidad de la República y a la comunidad científica de nuestro país esta muestra de consideración y nuestro más sentido pésame ante tan importante pérdida para la vida científica e intelectual del Uruguay. Convocamos a que en nuestro país siga habiendo científicos que se animen a pensar, a sentir y a soñar muchas veces en contra de lo que marca la corriente mayoritaria, pero sabiendo en la intimidad de su fuero que en mucho de lo que dicen, les asiste razón.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con el homenaje, tiene la palabra el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI.- Señora Presidenta: el Partido Colorado, por mi intermedio, se une al merecido homenaje propuesto por el señor Senador Couriel.

El doctor Mario Wschebor Wonsever nació en el Uruguay a fines de la década del 30 del siglo pasado. Proviniendo de una familia judía, es inevitable pensar que su nacimiento, niñez y adolescencia fueron muy sensibilizadas por la situación mundial que se vivía en esa época de persecución del pueblo judío, de una diáspora que nunca terminaba y que trataba de encontrar en el Estado de Israel un lugar de paz, de desarrollo y de vida con futuro y no con temor. Es bueno reflexionar que como en otros casos de judíos descendientes de emigrantes, como es el del doctor Horwitz en Chile, de Paul Samuelson en Estados Unidos o de Eric Kandel en Inglaterra, todos ellos científicos destacados en muy distintas ramas -sin duda, el profesor Wschebor está en ese nivel-, entendieron que para el pueblo judío el valor del conocimiento que se podía llevar de una ciudad a otra, de un país a otro, era el mejor capital humano que podían tener. Por eso es que ese pueblo pone énfasis en la educación, en la cultura, en la investigación y en el trabajo universitario. No extraña, entonces, que en ese mundo tan convulsionado el profesor Wschebor Wonsever -como integrante de ese grupo de destacadas figuras del mundo académico uruguayo- pusiera tanto énfasis en la adquisición de ese capital humano. Es bueno recordar que ese valor de principio de acumulación de capital humano en forma de conocimiento que pudiera ser útil, que pudiera ser aumentado a través de la investigación, que pudiera ser trasmitido y compartido a través de la docencia, es un principio que lo va a guiar tanto a nivel individual como comunitario a través de su acción en la Universidad de la República durante toda su vida.

Veinte años más tarde, en 1958, la vida lo encuentra en la militancia universitaria, en la primera línea de presión sobre este Poder Legislativo, para aprobar la Ley Orgánica de la Universidad, en la que esa generación creía a pie juntillas, diría, en forma casi dogmática.

Al respecto, hay una anécdota referida a la exigencia, en nombre de la FEUU, de una entrevista al Presidente del Senado para conversar sobre el tema, que finalmente fuera concedida. Y uno piensa que en ese momento el profesor Wschebor tenía 19 años, y ya mostraba una de esas características de librepensador y militante comprometido, tal como lo mencionaron los dos Senadores preopinantes. Esto también marca un principio que lo va a acompañar durante toda su vida, es decir, la lucha en primera fila por el mejoramiento, según su entender, de la Universidad de la República. Este aspecto se reitera en la década de los noventa, con el manifiesto de los cuatro Decanos; más adelante, con un documento sobre reformulación de la Universidad, y -como lo ha dicho el señor Senador Penadés- en una entrevista donde expresa, no lo que se espera de él como lugar común, sino lo que es verdaderamente su pensamiento.

A inicios de la década de los setenta lo vimos totalmente enfrascado en el aprendizaje, la investigación y la publicación académica sobre áreas muy específicas de la matemática. Todos hablamos de Mario Wschebor el matemático, pero Mario Wschebor, más que matemático, fue un hombre que hizo avanzar el conocimiento de la humanidad sobre las características de algunos aspectos especiales de la teoría de la probabilidad y, por lo tanto, de su aplicación dentro de la estadística. No podemos medir en todos los casos los universos, pero en este ámbito de políticos, todos sabemos lo que son las encuestas de opinión pública, que están basadas en algún manejo de la probabilidad y, ciertamente, en esa área el profesor Wschebor hizo importantes contribuciones. Y no me refiero al estudio de la opinión pública sobre los políticos uruguayos -lo cual sería un tema muy menor-, sino al estudio teórico y práctico de cómo se mejora la predicción o el conocimiento de determinadas situaciones a través del uso de la estadística.

En el campo de la salud pública, donde manejamos estadísticas sobre muy diversas situaciones en todo lo que tiene que ver con la epidemiología, tenemos que expresar nuestra gratitud por las contribuciones que el profesor Wschebor ha hecho.

Pero nótese que en el campo en que se especializó -en distintas Universidades de Francia, principalmente en la de París-, ya se manifestaba su nivel de exigencia y excelencia para con el conocimiento, el trabajo y sus resultados, como también para su persona. Estos aspectos lo acompañarían durante toda su vida.

Mario Wschebor era un académico, pero también era un hombre que no transaba con la mentira, y si en la investigación la demostración revelaba que su hipótesis estaba equivocada, honestamente corregía su camino e iba en busca de lo que mejor se correspondía con la realidad, sin perjuicio de tener la humildad suficiente como para saber que la verdad científicamente demostrada hoy, puede y va a ser corregida un poco más adelante por alguien que haga nuevas investigaciones y aportes al conocimiento.

Quisiera reflexionar sobre sus características como docente. Preparando esta sesión de homenaje tuve la oportunidad de conversar con un gran amigo, que fue Decano contemporáneo del profesor Wschebor; me refiero el doctor Eduardo Touyá, con quien me une una muy buena amistad. Él me decía que para el profesor Wschebor lo central de la docencia era el aprendizaje del estudiante y no su lucimiento personal o la explicación de algo que no se puede entender. Por ello, trataba de transmitir el conocimiento que poseía de una forma muy particular, para que el estudiante lo adquiriera, lo aprehendiera y se entusiasmara con esa posibilidad. O sea, una actividad docente centrada en los alumnos, guiada por la rigurosa búsqueda de la verdad en el conocimiento a través de la investigación y, finalmente, por un estricto apego al trabajo académico de calidad, lo cual le permitió publicar en las revistas científicas de mayor prestigio de todo el mundo como si fueran nacionales. Para los universitarios de calidad no hay fronteras. La comunidad del conocimiento es una sociedad que va más allá de las fronteras y, ciertamente, ese era el caso del doctor Wschebor.

Por lo tanto, hoy homenajeamos a un hombre -pese a la diferencia de pensamiento político que seguramente tuvimos con el profesor Wschebor- de plena honestidad intelectual, de gran capacidad analítica y crítica, pero constructiva, porque la crítica no era para destruir, sino para tratar de encontrar un camino mejor. En consecuencia, nunca fue un hombre conservador, que se negara a pensar en nuevas alternativas, sino que siempre fue un renovador, incluso de aquellas ideas que había defendido veinte o treinta años antes, tal como fue el documento de los cuatro Decanos en relación a la Ley Orgánica, que en esa época tenía alrededor de cuarenta años. Fue un renovador para que la docencia y la investigación científica permitieran a muchos universitarios guiarse por los mismos principios de acumulación de capital a través del conocimiento, en beneficio propio, de la familia y de la comunidad que integraban.

Quisiera realizar una última reflexión. En lo personal, estos homenajes me dejan el sabor de que reconocemos a una persona, pero, ¿qué ocurre después? Creo que en este caso eso es relativamente fácil. Hace ocho días se reunió el Plenario del Senado con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y del Consejo Directivo Central de la ANEP para analizar la situación de la educación pública y para comprometernos a buscar y acordar soluciones. Sería bueno que en ese compromiso de búsqueda y en la implementación de soluciones nos guiáramos por algunos de los principios y valores que rigieron la vida del investigador, académico y líder universitario doctor Mario Wschebor, como un librepensador que no tiene miedo al análisis, a la propuesta que está por fuera de lo comúnmente aceptado, con un compromiso inequívoco e irrenunciable con el aprendizaje de los alumnos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora Presidenta: parte de lo que iba a expresar ya ha sido manifestado, pero no quiero que pase esta circunstancia -como ha sucedido con anterioridad- sin decir algo sobre un uruguayo notable como el profesor Mario Wschebor, porque este es un país de cortedades, de medianías, y también de mezquindades; no es un país de reconocimiento fácil. Aquí han vivido uruguayos notables, de reconocimiento mundial, y nadie ha dicho una sola palabra con respecto a sus aportes. Para dar un ejemplo, puedo decir que hemos tenido a uno de los teólogos y filósofos más importantes a nivel internacional, como lo fue el Padre Juan Luis Segundo, y en ningún momento hubo una voz de reconocimiento para él. Entonces, en el país del reconocimiento escaso y de alguna manera timorato, cuando desaparece un uruguayo ilustre como lo es el matemático Mario Wschebor, creo que debemos hacer un énfasis en esta Casa, que es el ámbito de la democracia, de la ley, de la soberanía, del gobierno y de muchas cosas más.

El vínculo era muy fuerte; estamos hablando de un matemático insigne, pero para quienes lo conocimos, quizás su rasgo más característico fue el de ser un uruguayo muy querido, con una lúcida mirada y una especie de apego indoblegable a determinados valores. Defendía con tanta energía y convicción aquello que pensaba, que resultaba extraordinariamente difícil convencerlo de lo contrario y hasta rebatir sus argumentos, mucho menos con liviandades o trivialidades vestidas de profundidad. Fue un uruguayo que nos ayudó a pensar y a avanzar como colectivo y como país.

Esta mañana queremos reconocer a un espíritu superior que tradujo su energía vital en obras a lo largo de cuatro décadas y media; esto es algo bastante increíble. A lo largo de todo ese tiempo fue dejando el legado que figura en su currículum -al que se aludió anteriormente-, y fue desgranando ese legado en forma constante, pasando de país en país, de lugar en lugar, y haciendo sus aportes. Si uno observa la nómina de sus ponencias e intervenciones -no ya de sus libros y demás- puede constatar que los aportes de Mario se registran desde 1965 hasta pocos días antes de su muerte, en el 2011; estamos hablando de casi ochenta publicaciones.

Un amigo suyo, un científico también notable de este país, me comentó que Mario le había dicho que su último escrito, elaborado en medio de una enfermedad terrible, había sido el más importante de su vida. Entonces -como se ha dicho alguna vez-, sin pausa y sin tregua, a caballo de dos siglos, desgranó una obra que fue llenando, como dije, cuatro décadas y media.

Aquí quiero reconocer brevemente a quien nos elevó y nos hizo mejores a los ojos del mundo y también -quizás esto es lo más importante- de nosotros mismos, a un amigo de muchos y a un humanista en el sentido más clásico de la palabra, tal vez por aquello de que la matemática superior se emparenta con la música, la poesía, la capacidad de invención y la filosofía más fundamental. Sé que con esto no estoy diciendo nada nuevo, sino algo extraordinariamente clásico.

Mi recuerdo más lejano de Mario es la Convención de la FEUU, creo que de 1963; si me equivoco en la fecha, es solo por un año. Él estaba culminando sus estudios de ingeniería, yo comenzaba los míos en el IPA, e iba como agregado a esa Convención. En esa oportunidad me quedó una imagen imborrable, para toda la vida, de la presencia y lucidez de la impronta de Mario.

Creo que estamos homenajeando a un fundador; llegó un momento en que uno no distinguía la Facultad de Ciencias de la figura de Mario Wschebor, y viceversa. En lo personal, quiero homenajear a un vanguardista, a un innovador, partidario de la apertura y del cambio, pero también a Adela, a Nicolás y a sus hermanas; mucho hay de él en ellos y, a su vez, mucho de ellos en el Mario que conocí.

Quiero trasmitir la adhesión de Mariano Arana a este homenaje, y manifestar que no pudo concurrir porque salía en un viaje al exterior.

Quiero homenajear, también, a un hombre de muchos mundos. Quizás se sentía más de Uruguay y, en segundo lugar, de Francia, que de ningún otro país, pero vivió y dejó su huella -tal como se ha dicho- en varios. ¿Quién se ha dado el lujo de colaborar con matemáticos de todo origen? Hoy en día, muy pocas personas, aunque las hay. Dictó conferencias en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudáfrica y China, y hasta sus últimos días hizo trabajos en conjunto con científicos de estos países.

Quiero homenajear al defensor y reformador de la educación pública uruguaya; también quiero agradecer a Mario y a Adela por todo, y por último, quiero decir que hay vidas que hacen mucho más querible la propia vida, y la de Mario fue una de ellas.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señora Presidenta: conocí a Mario Wschebor a través de Adela Pellegrino, mi amiga y su esposa, hacia fines de los años ochenta. Coincidimos en muchas luchas universitarias -especialmente, en la propuesta del movimiento de renovación de los Decanos, que quien habla y unos cuantos más acompañamos en su momento-, y en los últimos ocho años en el Consejo Asesor de Brecha.

Mario fue un matemático excepcional, un profesor brillante y un polemista terrible pero, principalmente, creo que fue un hacedor de la política universitaria -el país le deberá eso- y un constructor del sistema de investigación público.

Como matemático, creo que le debemos la formación de un núcleo de investigadores matemáticos -conozco a algunos de ellos- excepcionalmente bueno y de renombre mundial. En la creación del Comité Regional del Programa Memoria del Mundo -iniciativa de las Naciones Unidas-, la Subsecretaria María Simon recordaba que al Uruguay se lo conoce por el fútbol y el tango, pero también, por ejemplo, por su aporte a los sistemas dinámicos en el mundo. Quiere decir que tenemos un núcleo de matemáticos excepcionales del que Mario fue el creador, como también fue el formador de nuevas generaciones. Esto lo hizo desde una perspectiva no doméstica, no provinciana, y poniendo al quehacer científico uruguayo en relación con el del mundo. Mario fue cualquier cosa menos un provinciano, fue un cosmopolita.

También creo que debemos reconocerlo hasta como constructor de edificios, porque en el momento de su creación, diría que la Facultad de Ciencias fue el primer campus universitario que tuvimos, aunque tal vez fuera pequeño para alguien que creía que había de demoler la Universidad en su estructura feudal de profesiones, disciplinas y edificios separados por toda la ciudad; él luchó y construyó esa Facultad de Ciencias. Creo que ese edificio lo representa.

Como constructor de esta Universidad nueva -pero más que eso, como defensor de un sistema público de educación superior-, primero luchó contra la visión elitista de que la Universidad es un lugar donde formaremos, precisamente, las élites del futuro. Siempre decía que desde 1908 hasta ahora el país había crecido y se había multiplicado por tres, pero los estudiantes universitarios se multiplicaron por cincuenta y cinco, lo que quiere decir que la educación universitaria se está masificando, y eso es bueno. Creía que en esta masificación de la educación superior -este dato tan bueno de la realidad, que muestra que cada vez acceden más estudiantes a ese nivel-, el feudalismo universitario era la estructura más regresiva y retardataria de todo cambio. Por “feudalismo universitario” se refería especialmente a esta articulación entre facultades profesionales y colegios profesionales que luego regulaban la actividad.

En 1997 Mario ya estaba planteando una reforma de la educación superior que, a su juicio, requería acuerdos sociales y políticos, reformas legales y recursos económicos. Ahora que se habla de tener una Universidad en el interior del país, Mario Wschebor creía que el sistema de educación superior público tenía que crear nuevas instituciones. Pensaba que había que hacer una descentralización real al interior del país, y era muy crítico de nuestros proyectos de descentralización, donde los profesores viajan todas las semanas y están cuatro o cinco horas allí para impartir clases. Creía en el aumento de la oferta educativa con carreras cortas, en la articulación con el mundo del trabajo y, especialmente -conociendo la enorme deserción que tiene nuestra Universidad de la República, en particular en el primer año-, en el acompañamiento de esos potenciales desertores para que se pudieran insertar en otras ofertas educativas. También creía en la circulación horizontal de los estudiantes. Cualquiera sabe lo difícil que es en este país revalidar un título del exterior, como también lo es revalidar materias. Estas propuestas de Mario son del año 1997, y él creía -como manifesté recién- en la circulación horizontal de los estudiantes y en superar las barreras del feudalismo actual. Sobre todo, fue el constructor del sistema full time de la Universidad de la República, que hoy permite tener profesores con importante dedicación y no con multiempleo. Si la Universidad de la República en algo se ha diferenciado de Educación Secundaria ha sido, precisamente, en la creación de estos investigadores full time, que son parte del legado de Mario.

Si bien defendía la autonomía, también es cierto que consideraba incuestionable el derecho de los representantes elegidos por el pueblo de intervenir en las finalidades a las que se aplicaban los fondos fiscales, lo que quiere decir que la autonomía era un marco para la relación entre saber y poder político, entre academia y gobierno y -utilizando sus propias palabras- entre poder económico, difusión y creación del conocimiento.

Creía que la Universidad debía realizar importantes transformaciones internas y que no nos podíamos resguardar en la herencia maldita de la dictadura para justificar nuestros males. Se preguntaba por qué los jóvenes egresan poco, cómo acompañamos a los estudiantes que desertan, cómo combatir la rigidez e inflexibilidad de las carreras y cómo fomentar el tránsito horizontal. Voy a citar su pensamiento con respecto al tema. En el año 1993 o 1994 decía: “Los ciclos comunes, los diplomas profesionales y académicos de grado y de posgrado, y la formación permanente, necesitan el amparo de nuevas estructuras; las que hoy tenemos obstaculizan su desarrollo”. También decía: “La organización universitaria basada esencialmente en las profesiones liberales tradicionales no solo perjudica a muchos jóvenes en sus alternativas de estudios, sino que también es un factor de atraso para la producción material e intelectual, para el desarrollo de programas multidisciplinarios y para los cruces de formación que en los diversos niveles se desarrollan rápidamente en todo el mundo”.

Insisto en que Mario Wschebor clamaba contra el provincianismo académico porque quería un Uruguay integrado. Creía que países como el nuestro podían ser inteligentes y que la inteligencia-nación era nuestro principal capital. En definitiva, creía en el desarrollo uruguayo a través de la sociedad del conocimiento. Lo que más le hubiera disgustado hubiera sido la aplicación en el mundo académico de esta frase que se ha hecho tan famosa, que dice: “Es lo que hay, valor”.

En 1993 -como ya se ha mencionado- hubo un debate muy grande. El documento de los cuatro Decanos partía del diagnóstico que expresa que los jóvenes uruguayos precisan un sistema educativo que los rescate de la frustración y que la herencia reformista de la cual debemos enorgullecernos había agotado su impulso renovador. Allí se preguntaba, también, si pueden caber dudas de que para enfrentar estos desafíos y las incertidumbres de los cambios permanentes, esta Universidad pesada, rígida, centralizada burocráticamente, debe ser sustancialmente modificada.

El documento de los cuatro Decanos propuso unas cuantas cosas como, por ejemplo, convertir a la Universidad en un sistema de educación superior que comprenda varias unidades autónomas coordinadas por un Consejo de Educación Superior. Para cualquiera que haya estado en una Universidad, quizá la más importante era centralizar políticas y descentralizar la administración. Esto sería, a diferencia de lo que sucede hoy -decía Mario Wschebor-, donde el Consejo Directivo Central concentra ineficazmente resoluciones administrativas y descuida la formación de políticas, las que quedan libradas a múltiples iniciativas o a ninguna. Todavía estamos allí.

Él creía en la profesionalización de la gestión universitaria, con un funcionariado bien capacitado y bien pago. Sobre todo, creía en la evaluación universitaria, en las auditorías académicas que la Universidad pública debía realizar sobre sí misma y sobre todas las demás. El documento proponía una descentralización -aunque tuvimos que esperar una década y media para que se produjera-, en la que la Universidad se articulara con la Administración Nacional de Educación Pública, con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, o con los Institutos de Formación Docente en el interior del país, aprovechando ventajas comparativas.

Quiero aprovechar este homenaje para decir que las medidas plasmadas en ese documento y que hoy vemos tan compartibles generaron durísimas críticas en el statu quo universitario del momento. El entonces asistente académico del Rector dijo que el documento era una plataforma electoral que violaba las normas del fair play del discurso universitario, es decir, de la corrección política aconsejable, que quería desmembrar a la Universidad pero, sobre todo, que este documento y quienes lo proponían estaban al servicio de los organismos internacionales de financiamiento.

Estos obstinados Galileos de la nueva educación superior en el Uruguay dirían: “Y sin embargo, se mueve”, porque una década y media después la Universidad comenzó a procesar sus transformaciones y lo sigue haciendo. El señor Senador Solari recordaba que hace pocos días y en este mismo recinto estuvimos discutiendo estos temas. Estamos tratando de crear un Instituto de Educación Superior que sortee la balcanización de la formación docente que ahora tenemos y que genere un diálogo, que fue cortado durante décadas, entre la Universidad y la formación docente.

Ahora, con la creación de los Centros Regionales -que articulan con Administración Nacional de Educación Pública y con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria-, es un hecho que tenemos un proceso de descentralización territorial de la Universidad. Además, tenemos la propuesta de políticos que no pertenecen a la Bancada de Gobierno, que apunta a crear otra Universidad en el interior. La evaluación institucional ha sido recogida por diversas propuestas, entre ellas, la creación de la APACET y, por supuesto, la del Instituto Terciario Superior, destinado a articular las tecnicaturas entre el sistema secundario y el sistema de educación terciaria, que van exactamente en la misma línea de lo que proponía Mario Wschebor.

En relación con una muy reciente discusión, Mario Wschebor decía lo siguiente: “¿Significa un renunciamiento a la autonomía buscar un acercamiento con el poder político, con los partidos y con el gobierno, a los efectos de acordar lineamientos de desarrollo?

Mi opinión es que ese acercamiento es imprescindible, preservando para la Universidad la autonomía total en la conducción académica, aunque incorporando también programas, tendencias y opiniones que vienen de la sociedad y deben influir en su vida interna. No es un equilibrio sencillo; todo lo contrario: es un desafío. Al fin y al cabo, la educación es central en la sociedad y, en una organización democrática, los representantes del pueblo tienen todo el derecho a participar de alguna manera en decisiones que tanto influyen en él.”

En estos momentos en que celebramos el acuerdo educativo, queremos decir que Mario hizo parte de ese proceso -del que llegó a ver bastante, aunque no todo-, y que aprenderemos a vivir sin él porque siempre estaremos con él, con sus esfuerzos, con sus pensamientos, con sus escritos, con su insistencia y con su tenacidad, pues sin él ciertamente no estaríamos donde estamos.

Quiero dedicar mi homenaje a su familia y a mi entrañable amiga Adela Pellegrino, sin la cual la demografía en el Uruguay no sería lo que es. También deseo agradecer a Mario por la totalidad de su existencia.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Presidencia del Senado adhiere al justo homenaje realizado al profesor Mario Wschebor y a todo lo manifestado por los señores Senadores que se expresaron en esta sesión.

Ha llegado a la Mesa una moción en relación con el tema que estamos considerando.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para plantear una moción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señora Presidenta: solicitamos que la versión taquigráfica de todas las expresiones vertidas en Sala sea enviada a los familiares de Mario Wschebor, al Rectorado de la Universidad de la República, a la Facultad de Ciencias, al Centro de Estudiantes de Ciencias, a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, a la Asociación de Docentes de la Universidad de la República y a la Academia Nacional de Ciencias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En primer término, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase la moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Mocionamos para que se publique un libro con una selección de los aportes más significativos que ha realizado el Dr. Mario Wschebor en su actividad de investigación y docencia”. Firman los señores Senadores Couriel, Rubio, Lorier, Moreira (Constanza), Pasquet y Penadés.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) FERIADO NO LABORABLE PARA LA CIUDAD DE ATLÁNTIDA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: “Proyecto de ley relativo a la Ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, por el que se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación. (Carp. Nº 689/2011).”

(Antecedentes:)

Carp. Nº 689/2011

CÁMARA DE REPRESENTANTES

La CÁMARA DE REPRESENTANTES de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

Proyecto de Ley

Artículo Único.- Declárase feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, para la ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, con motivo de conmemorarse el centenario de dicha ciudad.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de octubre de 2011.

Lacalle Pou, Presidente; José Pedro Montero, Secretario.

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

Proyecto de Ley

Artículo Único.- Declárase feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, para la ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, con motivo de conmemorarse el centenario de dicha ciudad.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2011.

Jorge Orrico, Miembro Informante; Jose Bayardi, Gustavo Borsari, Fitzgerald Cantero, Gustavo Cersósimo, Pablo Iturralde, Sandra Lazo, Felipe Michelini, Daisy Tourné.

Informe

Señoras y Señores Representantes:

Ubicada a 45 km. de Montevideo, sobre la Ruta Interbalnearia Gral. Líber Seregni, la ciudad de Atlántida es considerada la más importante de la llamada Costa de Oro del departamento de Canelones. Es lógico entonces que, al celebrarse el próximo 19 de octubre cien años de su fundación, se declare ese día no laborable en la ciudad.

Desde siempre, sus playas de arenas inmaculadamente blancas llamaron -especialmente en verano-, a miles de personas de distintas nacionalidades a disfrutar, sea de su Playa Mansa, sea de su Playa Brava.

Justamente en la Rambla Mansa y calle 10, se encuentra la casa, hoy museo, donde solía venir el mismísimo Pablo Neruda, quien fuera galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El poeta dedicó una oda a esa Atlántida que tanto disfrutó:

“...olor y movimiento

de pinares marinos

me devolvéis

no solo a la miel

del amor y su delicia

sino a las circunstancias

más puras de la tierra:

a la seca y huraña

Flora del Mar, del Aire,

del Silencio”.

Es que, a comienzos de la década del 50, el poeta vivía el comienzo de su famosísimo romance con Matilde Urrutia del que fue testigo la ciudad de Atlántida.

En Atlántida y sus inmediaciones hay lugar para el misterio, como todo lo que rodea al águila; a la admiración, no solamente por sus bellezas naturales, sino por la osadía de sus arquitectos (sirva como ejemplo el edificio del barco).

En las décadas del 40 y 50 del siglo pasado, la ciudad, supo recibir a las mejores orquestas uruguayas y argentinas, contratadas para animar los bailes típicos de la época.

Atlántida es una ciudad .pujante y hermosa. En su centenario, el festejo es más que justificado.

En mérito a lo expuesto, esta asesora recomienda al plenario de la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto de ley que se pone a su consideración.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2011.

Jorge Orrico, Miembro Informante; José Bayardi, Gustavo Borsari, Fitzgerald Cantero, Gustavo Cersósimo, Pablo Iturralde, Sandra Lazo, Felipe Michelini, Daisy Tourné.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee.)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señora Presidenta y señores Senadores: la ciudad de Atlántida, ubicada a 45 kilómetros de Montevideo, sobre la ruta Interbalnearia General Líber Seregni, es considerada la más importante de la llamada Costa de Oro del departamento de Canelones. Es lógico, entonces, que al celebrarse el próximo 19 de octubre cien años de su fundación, se declare ese día no laborable para dicha ciudad.

Desde siempre, sus playas de arenas inmaculadamente blancas llamaron -especialmente en verano- a miles de personas de distintas nacionalidades a disfrutar sea de su playa Mansa, sea de su playa Brava, sea de su ambiente total.

Justamente en la Rambla de la Playa Mansa y calle 10 se encuentra ubicada la casa, hoy museo, donde solía venir el mismísimo Pablo Neruda, quien fuera galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El poeta dedicó una oda a esa Atlántida que tanto disfrutó, que decía:

“…olor y movimiento

de pinares marinos

me devolvéis

no solo a la miel

del amor y su delicia

sino a las circunstancias

más puras de la tierra:

a la seca y huraña

Flora del Mar, del Aire,

del Silencio”.

Al principio de la década del cincuenta, el poeta vivía el comienzo de su famosísimo romance con Matilde Urrutia, del que fue testigo la ciudad de Atlántida.

Además, en las décadas del cuarenta y cincuenta del siglo pasado, la ciudad supo recibir a las mejores orquestas uruguayas y argentinas, contratadas para animar los bailes típicos de la época.

Atlántida es hoy una ciudad pujante y hermosa, y en su centenario el festejo es más que justificado.

Señora Presidenta: en mérito a lo expuesto, se recomienda al Plenario la aprobación del proyecto de ley que está a consideración del Cuerpo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo único.- Declárase feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, para la ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, con motivo de conmemorarse el centenario de dicha ciudad.”

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado.)

17) UNIDAD ALIMENTARIA DE MONTEVIDEO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado pasa a considerar el asunto que figuraba en primer término del Orden del Día: “Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crea la Unidad Alimentaria de Montevideo. (Carp. Nº 165/2011 - Rep. Nº 395/2011 - Anexo I)”.

(Antecedentes:)

Carp. Nº 165/2011

Rep. Nº 395/2011

CÁMARA DE REPRESENTANTES

La CÁMARA DE REPRESENTANTES de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

Proyecto de Ley

Artículo 1°.- Créase una persona de derecho público no estatal bajo la denominación de “Unidad Alimentaria de Montevideo”. En sus relaciones institucionales se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 2°.- La Unidad Alimentaria de Montevideo tendrá los siguientes cometidos:

A) Crear y mantener las condiciones jurídicas y físicas de infraestructura, equipamientos y servicios, para facilitar y desarrollar el comercio, la distribución de alimentos y las actividades vinculadas a nivel mayorista.

B) Promover la eficiencia de la cadena de acopio, distribución y logística para dichos productos, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el área de producción y sus organizaciones representativas.

C) Contemplar los objetivos sociales bajo los principios de servicio público, de garantía de calidad y seguridad alimentaria, así como contribuir en la consolidación de la soberanía alimentaria.

D) Controlar la calidad higiénico sanitaria de los alimentos que en ella se comercialicen de acuerdo con la normativa bromatológica del Ministerio de Salud Pública, de los Gobiernos Departamentales y de otros organismos correspondientes.

E) Promover el desarrollo de actividades vinculadas a la producción de alimentos que generen sinergias positivas, agregación de valor, economía de escala, menores costos de transacción y economías logísticas, así como procurar la más amplia coordinación entre los Gobiernos Departamentales que coadyuve a tales objetivos.

F) Proyectar y definir el desarrollo de actividades complementarias a las de comercialización, tales como logística, servicios de frío, centros de acopio distribución, envasado de alimentos, plantas de procesado de cuarta gama, entre otras.

G) Instrumentar y llevar a la práctica la información sobre precios y volúmenes de los rubros que se comercialicen en el marco de sus actividades.

H) Promover actividades de capacitación en los rubros de comercialización de productos agroalimentarios y control sanitario de los mismos.

I) Promover la democratización del acceso a la información, tendiendo a mejorar la competitividad y productividad de los operadores, a través de la incorporación de nuevas prácticas resultantes del avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

J) Recopilar y difundir información sobre flujos de oferta, demanda y precios, así como promover el comercio exterior para equilibrar dichos flujos.

K) Proyectar y desarrollar planes de capacitación e investigación en aéreas científicas vinculadas a las actividades de la Unidad Alimentaria de Montevideo.

L) Promover la capacitación y perfeccionamiento de los agentes vinculados al sector en coordinación con los organismos nacionales de investigación y asistencia técnica.

M) Colaborar en la promoción y difusión de la alimentación saludable, junto a otros organismos públicos y privados.

Artículo 3°.- Para el cumplimiento de sus cometidos la Unidad Alimentaria de Montevideo tendrá las siguientes atribuciones:

A) Administrar, con las más amplias facultades, los predios que determine el Gobierno Departamental de Montevideo, con el régimen jurídico que este defina.

B) Dictar su reglamento de funcionamiento.

C) Establecer la tipificación y condiciones que deben satisfacer las mercaderías que se comercializan a través de la Unidad Alimentaria de Montevideo, de acuerdo con la normativa nacional y departamental en la materia, incluida la normativa bromatológica.

D) Llevar el registro de operadores, tomando como base el ya confeccionado por la Intendencia de Montevideo.

E) Formar el registro de usuarios de actividades complementarias de la comercialización mayorista de la Unidad Alimentaria de Montevideo.

F) Ofrecer servicios de acondicionamiento, tratamiento post cosecha, clasificación y envasado para los productos que se comercialicen en la Unidad Alimentaria de Montevideo.

G) Ofrecer servicios de administración, mantenimiento de instalaciones, higiene y seguridad.

H) Fijar los precios de las locaciones, arriendos y, en general, el costo de los servicios que se presten en el cumplimiento de sus cometidos.

I) Definir las aéreas de actividad y la estructura de organización interna.

J) Establecer relaciones de cooperación recíproca y convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras u organismos internacionales o regionales.

K) Determinar y aplicar las sanciones pertinentes por infracciones a las normas regulatorias establecidas en los reglamentos de funcionamiento de las áreas de su competencia.

L) Ejecutar las sanciones pecuniarias que imponga, a cuyos efectos los testimonios de las resoluciones firmes constituirán título ejecutivo.

M) Contratar el personal, el cual se regirá por el derecho privado.

N) Formular el reglamento que regirá las relaciones de trabajo.

O) Celebrar convenios de pago para el cobro de sanciones que aplique, cuando lo considere conveniente.

P) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.

Artículo 4°.- La Unidad Alimentaria de Montevideo estará dirigida por un Directorio y una Mesa Ejecutiva.

Artículo 5°.- El Directorio estará integrado de la siguiente forma:

A) Dos miembros titulares, Presidente y Secretario General, que serán designados directamente por el Intendente de Montevideo.

B) Un miembro designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

C) Tres miembros designados por organizaciones representativas de productores vinculadas a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo, de las regiones en que desarrollan su producción norte, sur y el departamento de Montevideo. Las mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar candidatos.

D) Un miembro designado por las organizaciones representativas del comercio mayorista vinculadas a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Las mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar candidatos.

E) Un miembro designado por organizaciones representativas del comercio minorista vinculadas a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Las mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar candidatos.

F) Un miembro designado por los trabajadores vinculados a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo en acuerdo con el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).

G) Un miembro designado por organizaciones representativas de los operadores instalados en la zona de actividades complementarias de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Las mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar candidatos.

Artículo 6°.- Los Directores de la Unidad Alimentaria de Montevideo serán designados por cinco años, pudiendo ser nombrados nuevamente por una única vez por igual período.

A efectos del procedimiento de designación a que refiere el artículo 5°, será de aplicación lo dispuesto por la Ley N° 18.104, de 15 de marzo de 2007.

Conjuntamente con la designación de los miembros titulares, y por el mismo procedimiento, se designará igual número de suplentes, quienes desempeñarán el cargo en ausencia temporal o permanente del titular respectivo.

Artículo 7°.- El Directorio sesionará con un mínimo de seis miembros y adoptará resolución por mayoría de presentes.

El Presidente tendrá doble voto en caso de empate, aun cuando este se hubiese producido por efecto de su propio voto.

No obstante, las resoluciones referidas a gastos o inversión, a la incorporación o cese de personal y a aspectos que refieren a la política institucional de la empresa, deberán contar con el voto conforme del Presidente o del Secretario General si aquel estuviera ausente.

Artículo 8°.- La Mesa Ejecutiva estará integrada por el Presidente y el Secretario General del Directorio y un Director elegido entre los representantes de los literales C) a G) del artículo 5°. Su función será ejecutar las decisiones del Directorio en la administración cotidiana de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Adoptará, asimismo, las medidas de urgencia que fueran indispensables ante situaciones graves e imprevistas, dando cuenta de inmediato al Directorio.

Artículo 9°.- El Directorio convocará a todas las organizaciones vinculadas a las actividades de la Unidad Alimentaria de Montevideo que estén debidamente acreditadas ante la misma, a conformar un Consejo Consultivo Honorario por lo menos una vez al año. También podrán participar del Consejo Consultivo Honorario las organizaciones sociales de la zona que se acrediten, así como el Alcalde y los Concejales correspondientes.

El Presidente del Directorio de la Unidad Alimentaria de Montevideo pondrá en conocimiento del Consejo Consultivo Honorario el proyecto de presupuesto, su evaluación posterior, los planes de desarrollo, la elaboración o modificaciones del reglamento operativo y todos aquellos temas de carácter social, económico y productivo de interés para los participantes de dicho Consejo.

El Consejo Consultivo Honorario, a propuesta del Directorio de la Unidad Alimentaria de Montevideo aprobará su reglamento de funcionamiento.

El Consejo Consultivo Honorario podrá adoptar decisiones por mayoría de votos, pero estas no serán vinculantes.

Artículo 10.- El Presidente de la Unidad Alimentaria de Montevideo recibirá las asignaciones mensuales líquidas previstas para los Directores de Departamento de la Intendencia de Montevideo y el Secretario General el 85% (ochenta y cinco por ciento).

Los restantes Directores de la Unidad Alimentaria de Montevideo serán honorarios, pudiendo percibir solo viáticos por las actividades a las que sean convocados o designados.

Artículo 11.- Serán recursos de la Unidad Alimentaria de Montevideo:

A) El producido por concepto de locaciones, concesiones, tarifas, precios, canon y otras contraprestaciones, por el uso u ocupación de espacios dentro o fuera del área de comercialización mayorista, en la forma que determine el Directorio.

B) Todo otro ingreso que se produzca en el marco de la prestación de servicios incluidos entre los cometidos de la empresa.

C) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Directorio.

D) El producido de las multas y sanciones que aplique.

E) Las transferencias que le efectúe la Intendencia de Montevideo que sean requeridas y justificadas para nuevas instalaciones y para capital de trabajo.

F) Los derechos que sobre los predios indicados en el literal A) del artículo 3°, le otorgue el Gobierno Departamental de Montevideo.

Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, la Unidad Alimentaria de Montevideo podrá emitir obligaciones negociables destinadas al financiamiento de sus proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N° 18.627, de 2 de diciembre de 2009. Asimismo, estará facultada para constituir los fideicomisos previstos en la Ley N° 17.703, de 27 de octubre de 2003, según corresponda.

Artículo 12.- Las partidas correspondientes a las nuevas instalaciones y a las transferencias para capital de trabajo que haya efectuado la Intendencia de Montevideo, deberán ser reintegradas en los plazos y por los montos que sean acordados entre las dos partes.

Artículo 13.- (Contralor financiero y contable).- La fiscalización de la gestión financiera del organismo se regirá por lo establecido en el artículo 199 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 146 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en lo pertinente.

La fecha de cierre de su ejercicio económico será el 31 de diciembre de cada año. El Directorio fijará la forma y fecha de los balances y del cierre del ejercicio y su publicidad.

Al fin de cada ejercicio la Unidad Alimentaria de Montevideo remitirá a la Intendencia de Montevideo el balance de ejecución por el ejercicio anterior.

Artículo 14.- (Contralor administrativo).- Contra las resoluciones del Directorio procederá el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado. Una vez interpuesto el recurso el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto.

Denegado el recurso de reposición, o vencido el plazo sin pronunciamiento del Directorio, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de legalidad, demanda anulatoria ante el Tribunal de Apelaciones de lo Civil de Turno correspondiente.

La interposición de la demanda anulatoria deberá verificarse en plazo de veinte días hábiles siguientes a la denegatoria expresa o ficta. La demanda solo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo. El Tribunal fallará en única instancia.

En caso de que la resolución emane de una dependencia del Directorio, corresponderá la interposición conjunta del recurso de reposición y el jerárquico en subsidio. El órgano inferior contará con el mismo lapso indicado para el Directorio para instruir el asunto.

Artículo 15.- Los créditos de la Unidad Alimentaria de Montevideo serán inembargables.

Artículo 16.- (Régimen de transición).

A) Habrá un Directorio de Transición de la Unidad Alimentaria de Montevideo, integrado por tres miembros, Presidente, Secretario y Tesorero, designados por el Intendente de Montevideo, que se regirá por las siguientes normas:

1) Este Directorio de Transición tendrá las mismas competencias y atribuciones que fueron definidas en los artículos 2° y 3°.

2) Desde la entrada en vigencia de esta ley hasta la fecha del cese de actividades del Mercado Modelo, el Directorio de Transición deberá coordinar con la Comisión Administradora del mismo.

Será responsabilidad del Directorio de Transición realizar todas las actividades necesarias con el objeto de facilitar la incorporación de las autoridades definitivas.

3) A partir de la fecha del cese de actividades de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, sus competencias pasarán automáticamente al Directorio de Transición, a los efectos de garantizar la continuidad de los servicios.

4) Las decisiones que adopte este Directorio requerirán mayoría simple de sus miembros, debiendo contar necesariamente con el voto conforme del Presidente.

B) Las empresas que a la fecha de promulgación de esta ley estén instaladas en la zona de restricción y registradas ante la Comisión Administradora del Mercado Modelo, tendrán prioridad al momento de solicitar su radicación en similares instalaciones de la Unidad Alimentaria de Montevideo, en las condiciones que esta determine.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de setiembre de 2011.

Luis Lacalle Pou, Presidente; José Pedro Montero, Secretario.

CÁMARA DE SENADORES

La CÁMARA DE SENADORES, en sesión de hoy ha sancionado el siguiente

Proyecto de Ley

ARTÍCULO 1°- Créase una Persona de Derecho Público no Estatal bajo la denominación de “Unidad Alimentaria de Montevideo”. En sus relaciones institucionales se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

ARTÍCULO 2°.- La Unidad Alimentaria de Montevideo tendrá los siguientes cometidos:

A) Crear y mantener las condiciones jurídicas y físicas de infraestructura, equipamientos y servicios, para facilitar y desarrollar el comercio, la distribución de alimentos y las actividades vinculadas a nivel mayorista.

B) Promover la eficiencia de la cadena de acopio, distribución y logística para dichos productos, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el área de producción y sus organizaciones representativas.

C) Contemplar los objetivos sociales bajo los principios de servicio público, de garantía de calidad y seguridad alimentaria, así como contribuir en la consolidación de la soberanía alimentaria.

D) Controlar la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos que en ella se comercialicen de acuerdo con la normativa bromatológica del Ministerio de Salud Pública, de los Gobiernos Departamentales y de otros organismos correspondientes.

E) Promover el desarrollo de actividades vinculadas a la producción de alimentos que generen sinergias positivas, agregación de valor, economía de escala, menores costos de transacción y economías logísticas, así como procurar la más amplia coordinación entre los Gobiernos Departamentales que coadyuve a tales objetivos.

F) Proyectar y definir el desarrollo de actividades complementarias a las de comercialización, tales como logística, servicios de frío, centros de acopio y distribución, envasado de alimentos, plantas de procesado de cuarta gama, entre otras.

G) Instrumentar y llevar a la práctica la información sobre precios y volúmenes de los rubros que se comercialicen en el marco de sus actividades.

H) Promover actividades de capacitación en los rubros de comercialización de productos agroalimentarios y control sanitario de los mismos.

I) Promover la democratización del acceso a la información, tendiendo a mejorar la competitividad y productividad de los operadores, a través de la incorporación de nuevas prácticas resultantes del avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

J) Recopilar y difundir información sobre flujos de oferta, demanda y precios, así como promover el comercio exterior para equilibrar dichos flujos.

K) Proyectar y desarrollar planes de capacitación e investigación en áreas científicas vinculadas a las actividades de la Unidad Alimentaria de Montevideo.

L) Promover la capacitación y perfeccionamiento de los agentes vinculados al sector en coordinación con los organismos nacionales de investigación y asistencia técnica.

M) Colaborar en la promoción y difusión e la alimentación saludable, junto a otros organismos, públicos y privados.

ARTÍCULO 3°.- Para el cumplimiento de sus cometidos la Unidad Alimentaria de Montevideo, tendrá las siguientes atribuciones:

A) Administrar, con las más amplias facultades, los predios que determine el Gobierno Departamental de Montevideo, con el régimen jurídico que este defina.

B) Dictar su reglamento de funcionamiento.

C) Establecer la tipificación y condiciones que deben satisfacer las mercaderías que se comercializan a través de la Unidad Alimentaria de Montevideo, de acuerdo a la normativa nacional y departamental en la materia, incluida la normativa bromatológica.

D) Llevar el registro de operadores, tomando como base el ya confeccionado por la intendencia de Montevideo.

E) Formar el registro de usuarios de actividades complementarias de la comercialización mayorista de la Unidad Alimentaria de Montevideo.

F) Ofrecer servicios de acondicionamiento, tratamiento post-cosecha, clasificación y envasado para los productos que se comercialicen en la Unidad Alimentaria de Montevideo.

G) Ofrecer servicios de administración, mantenimiento de instalaciones, higiene y seguridad.

H) Fijar los precios de las locaciones, arriendos y, en general, el costo de los servicios que se presten en el cumplimiento de sus cometidos.

I) Definir las aéreas de actividad y la estructura de organización interna.

J) Establecer relaciones de cooperación recíproca y convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras u organismos internacionales o regionales.

K) Determinar y aplicar las sanciones pertinentes por infracciones a las normas regulatorias establecidas en los reglamentos de funcionamiento de las áreas de su competencia.

L) Ejecutar las sanciones pecuniarias que imponga, a cuyos efectos los testimonios de las resoluciones firmes constituirán título ejecutivo.

M) Contratar el personal, el cual se regirá por el derecho privado.

N) Formular el reglamento que regirá las relaciones de trabajo.

O) Celebrar convenios de pago para el cobro de sanciones que aplique, cuando lo considere conveniente.

P) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.

ARTÍCULO 4°.- La Unidad Alimentaria de Montevideo estará dirigida por un Directorio y una Mesa Ejecutiva.

ARTÍCULO 5°.- El Directorio estará integrado de la siguiente forma:

A) Dos miembros titulares, Presidente y Secretario General, que serán designados directamente por el Intendente de Montevideo.

B) Un miembro designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

C) Tres miembros designados por organizaciones representativas de productores vinculadas a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo, de las regiones en que desarrollan su producción Norte, Sur y el departamento de Montevideo. Las mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar candidatos.

D) Un miembro designado por las organizaciones representativas del comercio mayorista vinculadas a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Las mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar candidatos.

E) Un miembro designado por organizaciones representativas del comercio minorista vinculadas a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Las mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar candidatos.

F) Un miembro designado por los trabajadores vinculados a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo en acuerdo con el PIT-CNT.

G) Un miembro designado por organizaciones representativas de los operadores instalados en la zona de actividades complementarias de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Las mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar candidatos.

ARTÍCULO 6°.- Los Directores de la Unidad Alimentaria de Montevideo serán designados por 5 (cinco) años, pudiendo ser reelectos por una única vez por igual período por parte de la Intendencia de Montevideo, salvo el del Poder Ejecutivo que será designado por este.

A efectos del procedimiento de designación a que refiere el artículo 6° de la presente ley, será de aplicación lo dispuesto por la Ley N° 18.104, de 15 de marzo de 2007.

Conjuntamente con la designación de los miembros titulares, y por el mismo procedimiento, se designará igual número de suplentes, quienes desempeñarán el cargo en ausencia temporal o permanente del titular respectivo.

ARTÍCULO 7°.- El Directorio sesionará con un mínimo de 6 (seis) miembros y adoptará resolución por mayoría de presentes.

El Presidente tendrá doble voto en caso de empate, aun cuando este se hubiese producido por efecto de su propio voto.

No obstante, las resoluciones referidas a gastos o inversión, a la incorporación o cese de personal y a aspectos que refieren a la política institucional de la empresa, deberán contar con el voto conforme del Presidente o del Secretario General si aquel estuviera ausente.

ARTÍCULO 8°.- La Mesa Ejecutiva estará integrada por el Presidente y el Secretario General del Directorio y un Director elegido entre los representantes de los literales C) a G) del artículo 6° de la presente ley. Su función será ejecutar las decisiones del Directorio en la administración cotidiana de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Adoptará asimismo, las medidas de urgencia que fueran indispensables ante situaciones graves e imprevistas, dando cuenta de inmediato al Directorio.

ARTÍCULO 9°.- El Directorio convocará a todas las organizaciones vinculadas a las actividades de la Unidad Alimentaria de Montevideo que estén debidamente acreditadas ante la misma, a conformar un Consejo Consultivo por lo menos una vez al año. También podrán participar del Consejo Consultivo las organizaciones sociales de la zona que se acrediten, así como el Alcalde y los Concejales correspondientes.

El Presidente del Directorio de la Unidad Alimentaria de Montevideo pondrá en conocimiento del Consejo Consultivo el proyecto de presupuesto, su evaluación posterior, los planes de desarrollo, la elaboración o modificaciones del reglamento operativo y todos aquellos temas de carácter social, económico y productivo de interés para los participantes de dicho Consejo.

El Consejo Consultivo, a propuesta del Directorio de la Unidad Alimentaria de Montevideo aprobará su reglamento de funcionamiento.

El Consejo Consultivo podrá adoptar decisiones por mayoría de votos, pero estas no serán vinculantes.

ARTÍCULO 10.- El Presidente de la Unidad Alimentaria de Montevideo recibirá las asignaciones mensuales líquidas previstas para los Subsecretarios de Estado y, el Secretario, el 85% (ochenta y cinco por ciento).

Los restantes Directores de la Unidad Alimentaria de Montevideo y los integrantes del Consejo Consultivo serán honorarios, pudiendo percibir solo viáticos por las actividades a las que sean convocados o designados.

ARTÍCULO 11.- Serán recursos de la Unidad Alimentaria de Montevideo:

A) El producido por concepto de locaciones, concesiones, tarifas, precios, canon y otras contraprestaciones, por el uso u ocupación de espacios dentro o fuera del área de comercialización mayorista, en la forma que determine el Directorio.

B) Todo otro ingreso que se produzca en el marco de la prestación de servicios incluidos entre los cometidos de la empresa.

C) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Directorio.

D) El producido de las multas y sanciones que aplique.

E) Las transferencias que le efectúe la Intendencia de Montevideo dentro de los 5 (cinco) primeros años de creación de la Unidad, que sean requeridas y justificadas para nuevas instalaciones y para capital de trabajo, estarán sujetas a reintegro en los términos establecidos en el artículo 13 de la presente ley.

F) Los derechos que sobre los predios indicados en el literal A) del artículo 4° de la presente ley, le otorgue el Gobierno Departamental.

Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, la Unidad Alimentaria de Montevideo podrá emitir obligaciones negociables destinadas al financiamiento de sus proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N° 18.627, de 2 de diciembre de 2009. Asimismo, estará facultada para constituir los fideicomisos previstos en la Ley N° 17.703, de 27 de octubre de 2003, según corresponda.

ARTÍCULO 12.- Las partidas correspondientes a las nuevas instalaciones y a las transferencias para capital de trabajo que haya efectuado la Intendencia de Montevideo dentro de los 5 (cinco) primeros años de creación de la Unidad, deberán ser reintegradas en los plazos y por los montos que sean acordados entre las dos partes.

ARTÍCULO 13.- Contralor Financiero y Contable.- La fiscalización de la gestión financiera del organismo se regirá por lo establecido en el artículo 199 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 146 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en lo pertinente.

La fecha de cierre de su ejercicio económico será el 31 de diciembre de cada año. El Directorio fijará la forma y fecha de los balances y del cierre del ejercicio y su publicidad.

Al fin de cada ejercicio, la Unidad Alimentaria de Montevideo remitirá a la Intendencia Departamental de Montevideo el balance de ejecución por el ejercicio anterior.

ARTÍCULO 14.- Contralor Administrativo.- Contra las resoluciones del Directorio procederá el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado. Una vez interpuesto el recurso el Directorio dispondrá de 30 (treinta) días hábiles para instruir y resolver el asunto.

Denegado el recurso de reposición, o vencido el plazo sin pronunciamiento del Directorio, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de legalidad, demanda anulatoria ante el Tribunal de Apelaciones de lo Civil de Turno correspondiente.

La interposición de la demanda anulatoria deberá verificarse en plazo de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la denegatoria expresa o ficta. La demanda solo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo. El Tribunal fallará en única instancia.

En caso de que la resolución emane de una dependencia del Directorio, corresponderá la interposición conjunta del recurso de reposición y el jerárquico en subsidio. El órgano inferior contará con el mismo lapso indicado para el Directorio para instruir el asunto.

ARTÍCULO 15.- Los créditos de la Unidad Alimentaria de Montevideo serán inembargables.

ARTÍCULO 16.- Régimen de Transición.

A) Habrá un Directorio de Transición de la Unidad Alimentaria de Montevideo, integrado por tres miembros, Presidente, Secretario y Tesorero, designados por el Intendente de Montevideo, que se regirá por las siguientes normas:

1) Desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta la fecha del cese de actividades del Mercado Modelo, el Directorio de Transición deberá coordinar con la Comisión Administradora del mismo.

Será responsabilidad del Directorio de Transición realizar todas las actividades necesarias con el objeto de facilitar la integración de las autoridades definidas por los artículos 5° y 6° de la presente ley.

2) A partir de la fecha del cese de actividades de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, sus competencias pasarán automáticamente al Directorio de Transición, a los efectos de garantizar la continuidad de los servicios.

3) Este Directorio de Transición tendrá las mismas competencias y atribuciones que fueron definidas en los artículos 3° y 4° de la presente ley.

4) Las decisiones que adopte este Directorio requerirán mayoría simple de sus miembros, debiendo contar necesariamente con el voto conforme del Presidente.

B) Las empresas que a la fecha de promulgación de la presente ley, estén instaladas en la zona de restricción y registradas ante la Comisión Administradora del Mercado Modelo, tendrán prioridad al momento de solicitar su radicación en similares instalaciones de la Unidad Alimentaria de Montevideo, en las condiciones que esta determine.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 29 de setiembre de 2010.

Danilo Astori, Presidente; Hugo Rodríguez Filippini, Secretario.

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MONTEVIDEO

Art. 1. Créase una Persona de Derecho Público no Estatal bajo la denominación de “Unidad Alimentaria de Montevideo”. En sus relaciones institucionales se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

Art. 2. Declárase de interés nacional la promoción, facilitación e información de las operaciones de comercialización y distribución de la producción agroalimentaria con la finalidad de inducir mejoramientos en la eficiencia de la cadena productiva, del valor agregado post cosecha, de la calidad e inocuidad de la producción, promover aumentos del consumo y la exportación, así como la satisfacción de los requerimientos de oferta y demanda, mejorar la competitividad de los negocios, con especial énfasis en aquellos vinculados a los sectores más débiles de la cadena y preservar fuentes de empleo de gran importancia socio económica.

Le serán de aplicación en lo pertinente las normas de la Ley N° 16.906 de 7 de enero de 1998, de la Ley Nº 17.547 de 7 de agosto de 2002 y su reglamentación.

Art. 3. La Unidad Alimentaria de Montevideo tendrá los siguientes cometidos:

A) Crear y asegurar las condiciones materiales (infraestructura, equipamientos y servicios) y jurídicas para la facilitación y el desarrollo del comercio y la distribución de alimentos y conexos a nivel mayorista.

B) Promover la eficiencia de la cadena de acopio, distribución y logística para dichos productos, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el área de producción y sus organizaciones representativas.

C) Contemplar los objetivos sociales bajo los principios de servicio público, de garantía de calidad y seguridad alimentaria, así como contribuir en la consolidación de la soberanía alimentaria.

D) Controlar la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos que en ella se comercialicen.

E) Promover el desarrollo de actividades vinculadas a la producción de alimentos que generen sinergias positivas, agregación de valor, economía de escala, menores costos de transacción y economías logísticas, así como procurar la más amplia coordinación entre los gobiernos departamentales que coadyuve a tales objetivos.

F) Proyectar y definir el desarrollo de actividades complementarias a las de comercialización, tales como packing, empresas de logística, servicios de frío, centros de acopio y distribución, envasado de alimentos, plantas de procesado de cuarta gama, entre otras.

G) Instrumentar y llevar a la práctica la información sobre precios y volúmenes de los rubros que se comercialicen en el marco de sus actividades.

H) Promover actividades de capacitación en los rubros de comercialización de productos agroalimentarios y control sanitario de los mismos.

I) Promover la democratización del acceso a la información, tendiendo a mejorar la competitividad y productividad de los operadores, a través de la incorporación de nuevas prácticas resultantes del avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones. (TICs)

J) Recopilar y difundir información sobre flujos de oferta, demanda y precios, así como promover el comercio exterior para equilibrar dichos flujos.

K) Proyectar y desarrollar planes de capacitación e investigación en aéreas científicas vinculadas a las áreas de actividad de la Unidad Alimentaria.

L) Promover la capacitación y perfeccionamiento de los agentes vinculados al sector en coordinación con los organismos nacionales de investigación y asistencia técnica.

M) Colaborar en la promoción y difusión de la alimentación saludable, junto a otros organismos públicos y privados.

Art. 4. Para el cumplimiento de sus cometidos la Unidad Alimentaria tendrá las siguientes atribuciones:

A) Administrar, con las más amplias facultades, el predio de propiedad municipal y la totalidad de las instalaciones delimitado por las calles Luis E. Pérez, Camino de las Higueritas, Ruta Nacional No. 5 y Arroyo Pantanoso y cualquier otro predio e instalaciones que en el futuro determine la Intendencia Municipal de Montevideo.

B) Dictar su Reglamento de funcionamiento.

C) Dictar la tipificación y condiciones que deben satisfacer las mercaderías que se comercializan a través de la Unidad Alimentaria.

D) Llevar el registro de Operadores, tomando como base el ya confeccionado por la IMM a través de la Comisión Administradora del Mercado Modelo.

E) Formar el registro de usuarios de Actividades Complementarias a la comercialización mayorista de la Unidad Alimentaria.

F) Ofrecer servicios de Seguridad, mantenimiento de instalaciones, higiene y administración.

G) Fijar los precios de las locaciones, arriendos y en general el costo de los servicios que se presten en el cumplimiento de sus cometidos.

H) Definir las aéreas de actividad y la estructura de organización interna, sobre la base mínima de la existencia de un área física independiente administrativa y financieramente, destinada a las actividades propias de la comercialización mayorista de frutas y hortalizas frescas y un área física de iguales características para actividades complementarias a aquellas.

I) Establecer relaciones de cooperación recíproca y convenio con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, así como con organismos internacionales o regionales.

J) Determinar y aplicar las sanciones pertinentes por infracciones a las normas regulatorias establecidas en los Reglamentos de funcionamiento de las áreas de su competencia.

K) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de las resoluciones firmes constituirán título ejecutivo. Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el sancionado.

L) Contratar el personal, el cual se regirá bajo el Derecho Privado.

M) Formular el reglamento de personal que regirá las relaciones de trabajo establecidas.

N) Celebrar convenios de pago para el cobro de sanciones que aplique cuando lo considere conveniente.

O) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.

Art. 5. La Intendencia Municipal de Montevideo transferirá a la Unidad Alimentaria de Montevideo el usufructo del predio de propiedad municipal indicado en el literal A) del Art. 4 de la presente ley.

Art. 6. La UNIDAD ALIMENTARIA de MONTEVIDEO estará dirigida por un Directorio y su Mesa Ejecutiva

Art. 7. El Directorio estará integrado de la siguiente forma:

A. Dos miembros titulares, designados directamente por el Intendente Municipal de Montevideo, quien nominará de entre ellos al Presidente y al Secretario General.

B. Tres miembros representantes de organizaciones representativas de productores vinculados a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo, teniendo en cuenta las regiones donde desarrollan su producción (Norte, Sur y en el Departamento de Montevideo) que sean convocadas por el Intendente Municipal de Montevideo para nominar candidatos.

C. Un miembro representante de organizaciones representativas del comercio mayorista vinculado a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo, que sean convocadas por el Intendente Municipal de Montevideo para nominar candidatos.

D. Un miembro representante de organizaciones representativas del comercio minorista vinculado a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo, que sean convocadas por el Intendente Municipal de Montevideo para nominar candidatos.

E. Un miembro representante de los trabajadores vinculados a la actividad alimentaria en su más amplia expresión, a propuesta del PIT-CNT.

F. Un miembro representante de organizaciones representativas de los operadores instalados en la zona de actividades complementarias de la Unidad Alimentaria de Montevideo, que sean convocadas por el Intendente Municipal de Montevideo para nominar candidatos.

G. Un miembro representante del Poder Ejecutivo.

Art. 8. Los Directores de la Unidad Alimentaria, previstos en los literales B a F del artículo 7, serán designados por el Intendente de Montevideo a propuesta de las organizaciones representativas convocadas para nominar sus candidatos.

El Director previsto en el literal G del artículo 7, será designado por Resolución del Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca.

La designación original será por cinco años, pudiendo ser reelectos. Conjuntamente con la designación del miembro titular, y por el mismo procedimiento, se designará igual número de suplentes, quienes desempeñarán el cargo en ausencia del titular respectivo.

Art. 9. El Directorio adoptará resolución por mayoría simple.

El Presidente tendrá doble voto en caso de empate, aun cuando este se hubiese producido por efecto de su propio voto.

No obstante, las resoluciones referidas a gastos de funcionamiento o inversión, a la incorporación o cese de personal y a aspectos qua refieren a la política institucional del Mercado Modelo, deberán contar con el voto conforme del Presidente o del Secretario General si aquel estuviera ausente.

Art 10. La Mesa Ejecutiva estará integrada por el Presidente y el Secretario General del Directorio y un Director elegido entre los representantes de los literales B a F del artículo 7. Su funcion será ejecutar las decisiones del Directorio. Podrá adoptar decisiones ad referéndum del Directorio, informando en la siguiente sesión.

Art. 11. Habrá un Consejo Consultivo integrado por un miembro del Directorio de la Unidad Alimentaria de Montevideo designado por este para cada sesión en atención al orden del día, que presidirá las sesiones y por representantes de las distintas organizaciones vinculadas a las actividades de la Unidad Alimentaria de Montevideo acreditadas ante el Directorio.

El Consejo Consultivo entenderá en el presupuesto anual, en los planes anuales de desarrollo, en la elaboración y modificaciones del reglamento operativo y en todos aquellos temas de carácter social, económico y productivo que requieran estudio a juicio del Directorio. Sus resoluciones no serán vinculantes.

El Consejo Consultivo será citado por el Directorio y adoptará sus resoluciones por mayoría simple de votos.

Art. 12. La remuneración del Presidente y Secretario General será equivalente a los cargos de Director de Departamento y de División de la Intendencia Municipal de Montevideo respectivamente, los restantes directores de la Unidad Alimentaria de Montevideo y los integrantes del Consejo Consultivo, serán honorarios, pudiendo percibir solo viáticos, por las actividades que sean convocados o designados a concurrir en representación de la Unidad Alimentaria de Montevideo.

Art. 13. Serán recursos de la Unidad Alimentaria de Montevideo:

A. El producido por concepto de locaciones, concesiones, tarifas, precios, canon y otras contraprestaciones, por el uso u ocupación de espacios dentro o fuera del área de comercialización mayorista, en la forma que determine el Directorio.

B. Todo otro ingreso que se produzca en el marco de la prestación de servicios incluidos entre los cometidos de la institución.

C. Las herencias, legados y donaciones que acepte el Directorio.

D. El producido de las multas y sanciones que aplique.

E. Las transferencias que le efectúe la Intendencia Municipal Montevideo dentro de los cinco primeros años de creación de la Unidad, que sean requeridas y justificadas para capital de trabajo y estarán sujetas a reintegro en los términos establecidos en el inciso D del artículo 14 de la presente ley.

Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, la Unidad Alimentaria de Montevideo podrá emitir Obligaciones Negociables destinadas al financiamiento de sus proyectos de inversión. Esta forma de financiamiento se regirá de acuerdo con las normas de Regulación del Sistema Financiero y Mercado de Valores.

Art. 14. Serán egresos de la Unidad Alimentaria de Montevideo:

A. Los gastos por concepto de administración, pago de salarios, mantenimiento de las instalaciones, seguridad, vigilancia, y limpieza de las áreas de uso común.

B. Los gastos de promoción de las actividades a su cargo.

C. Las inversiones en nueva infraestructura.

D. Las partidas anuales de reintegro del monto total compuesto por la parte de la inversión correspondiente a las nuevas instalaciones y de las transferencias para capital de trabajo que haya efectuado la IMM dentro de los cinco primeros años de la creación de la Unidad. Dichas partidas ascenderán a la décima parte de dicho monto total y procederán en forma consecutiva, desde el sexto al decimoquinto año de la creación de la Unidad.

Art. 15. CONTRALOR FINANCIERO Y CONTABLE. La fiscalización de la gestión financiera del organismo, se regirá por lo establecido en el art. 199 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 2005 en lo pertinente.

La fecha de cierre de su ejercicio económico será el 31 de diciembre de cada año. El Directorio fijará la forma y fecha de los balances y del cierre del ejercicio y su publicidad.

Asimismo, al fin de cada ejercicio, la Unidad Alimentaria de Montevideo remitirá a la Intendencia Municipal de Montevideo el balance de ejecución por el ejercicio anterior, acompañado de un informe de auditoría contable y de gestión realizado por profesionales independientes.

Art. 16. CONTRALOR ADMINISTRATIVO. Contra las resoluciones del Directorio procederá el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado. Una vez interpuesto el recurso el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto.

Denegado el recurso de reposición, o vencido el plazo sin pronunciamiento del Directorio, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de legalidad, demanda anulatoria ante el Tribunal de Apelaciones de lo Civil de Turno correspondiente.

La interposición de la demanda anulatoria deberá verificarse en plazo de veinte días hábiles siguientes a la denegatoria expresa o ficta. La demanda solo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo personal y legítimo. El Tribunal fallará en única instancia.

En caso de que la resolución emane de una dependencia del Directorio, corresponderá la interposición conjunta del recurso de reposición y el jerárquico en subsidio. El órgano inferior contará con el mismo lapso indicado para el Directorio para instruir el asunto.

Art. 17. Los créditos de la Unidad Alimentaria de Montevideo serán inembargables, gozando del privilegio que establece el numeral 6° del art. 1732 del Código de Comercio.

Art. 18. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

A. Habrá un Directorio de Transición que se regirá por las siguientes normas:

1) Desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta la fecha del cese de actividades del actual Mercado Modelo, el Directorio de la Unidad Alimentaria de Montevideo estará integrado por tres miembros, Presidente, Secretario y Tesorero, designados por el Intendente Municipal de Montevideo.

2) La fecha de cese de las actividades del Mercado Modelo estará determinada por una Resolución expresa del Intendente Municipal de Montevideo.

3) Este Directorio de Transición tendrá las mismas competencias y atribuciones que fueron definidas en los arts. 3 ° y 4° de la presente ley.

4) Este Directorio de Transición coordinará con la Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM) las actividades pertinentes.

5) Las decisiones que adopte este Directorio requerirán mayoría simple de sus miembros, debiendo contar necesariamente con el voto conforme del Presidente.

B. Las empresas que a la fecha de cese del funcionamiento del Mercado Modelo en su emplazamiento actual, estuvieran instaladas en la zona de restricción, y que estuvieran registradas ante el mismo, tendrán prioridad al momento de solicitar su radicación en similares instalaciones de la Unidad Alimentaria, en las condiciones que esta determine.

C. La Intendencia Municipal de Montevideo, podrá transferir a la Unidad Alimentaria los bienes muebles asignados al funcionamiento del Mercado Modelo.

D. Declárase vigentes y válidos la totalidad de los Convenios firmados suscritos por la Intendencia Municipal de Montevideo que tuvieran por objeto las actividades relativas al funcionamiento del Mercado Modelo administrado por la Comisión Administradora creada por Resolución 303/01 del 23/01/01.

E. Las decisiones adoptadas por la IMM respecto del destino de los terrenos del futuro emplazamiento de la Unidad Alimentaria, que se materialicen antes de la vigencia de la presente ley, así como toda otra que involucre medidas tendientes a asegurar el traslado del actual Mercado Modelo y los operadores o empresas que brinden servicios conexos con la actividad del Mercado Modelo, serán obligatorias respecto de las autoridades de la Unidad Alimentaria una vez instalada.

Contanza Moreira, Rafael Michelini, Rodolfo Nin Nova. Senadores.

Exposición de motivos

Con fecha 7 de abril de 2010 entró en el Senado, para su consideración, la iniciativa de la Intendencia Municipal de Montevideo de crear la Unidad Alimentaria de, Montevideo, a los efectos de una transformación total, incluida la personería jurídica, del Mercado Modelo actual.

A los efectos de analizarlo y darle estado parlamentario, los abajo firmantes acompañamos con nuestra rúbrica para posibilitar el estudio de esta tan importante propuesta.

Montevideo, 25 de mayo de 2010.

Contanza Moreira, Rafael Michelini, Rodolfo Nin Nova. Senadores

Disposiciones Citadas

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Anexo I

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SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto.

(Se lee.)

-En discusión.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señora Presidenta: si bien no soy Miembro Informante de este proyecto de ley, porque no hemos tenido oportunidad de tratar la iniciativa en la Comisión, debo expresar que acordamos con los demás integrantes que sería bueno incluirlo en el Orden del Día. Inclusive, creemos que las modificaciones que se realizaron en la Cámara de Representantes son de recibo; en primer lugar, porque se corrigen errores. En la iniciativa se hacen referencias equivocadas a ciertos artículos; por ejemplo, se habla del artículo 3º cuando realidad debe aludirse al 4º, y se cita el 4º cuando se debe mencionar el 3º. En consecuencia, nos parece que corresponde actuar en la forma en que se procedió en la Cámara de Representantes. Además, las modificaciones que se proponen, más allá de las correcciones, tampoco son de carácter sustantivo.

En consecuencia, como Presidente de la Comisión de Constitución y Legislación -y no como Miembro Informante- y en nombre de sus integrantes, me permito sugerir al Cuerpo la aprobación de las modificaciones que en la Cámara de Representantes se han introducido al texto de la iniciativa.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora Presidenta: en realidad, solicité la palabra porque, en lo personal, teniendo en cuenta los ámbitos en los que me estuve moviendo durante los años anteriores, considero que este proyecto de ley es de suma importancia. Creo que constituir formalmente una institución que lleve adelante los cambios, que modernice la gestión de toda la producción agrícola de nuestro país y que le agregue valor, significa muchísimo para la producción nacional.

La iniciativa de creación de la Unidad Alimentaria de Montevideo, del Mercado Modelo del siglo XXI, es un proyecto mucho más completo que el Mercado Modelo tal como lo conocemos e implica establecer la cadena agroindustrial en el mismo complejo de la Unidad Alimentaria. Por lo tanto, la creación de esta persona jurídica con integración múltiple de los distintos actores que intervienen en la producción, la comercialización e, incluso, la industrialización, es un paso importantísimo para modernizar el manejo de los bienes agrícolas.

Además, el hecho de que se traslade el viejo Mercado Modelo va a tener un significado muy especial para el departamento de Montevideo: me refiero a lo que puede llegar a ser la transformación de la zona que ahora ocupa este viejo pero todavía vigente mercado, más allá de que no es solo de la capital, sino que abarca la producción de todo el Uruguay.

Solicito que, de ser posible, logremos captar la importancia de este proyecto de ley y lo que va a significar como puntapié inicial para el futuro de la producción del Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado.)

18) DÍA DEL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Correspondería que el Senado pasara a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Formulo moción en el sentido de realizar un cuarto intermedio por el término de quince minutos, a los efectos de que la Bancada del Frente Amplio se reúna.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Es la hora 12 y 6 minutos.)

(Vueltos a Sala.)

-Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 12 y 23 minutos.)

-El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: “Proyecto de ley por el que se establece el día 31 de octubre de cada año como “Día del Funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en todo el territorio nacional” (Carp. Nº 391/2010 - Rep. Nº 396/2011)”.

(Antecedentes:)

Carp. Nº 391/2010

Rep. Nº 396/2011

CÁMARA DE REPRESENTANTES

La CÁMARA DE REPRESENTANTES de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

Proyecto de Ley

Artículo Único.- Establécese el día 31 de octubre de cada año como día del funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en todo el territorio nacional.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo a 9 de noviembre de 2010.

Daniel Radío, 4to. Vicepresidente; José Pedro Montero, Secretario.

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

Informe

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración eleva a consideración del Cuerpo el presente proyecto de ley, que refiere a establecer el día 31 de octubre de cada año como el Día del Funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En la anterior administración con las firmas del Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez y del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Eduardo Bonomi, con fecha 6 de julio de 2009, se envió el referido proyecto de ley. La Comisión consultó al actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Eduardo Brenta quien confirmó la voluntad de la actual administración de que el proyecto se transformara en ley.

Al comenzar la actual Legislatura el mismo fue desarchivado y puesto a consideración de nuestra Comisión.

La iniciativa le fue solicitada al anterior Gobierno por parte de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (AFMIT), como un viejo anhelo del sindicato y basada en antecedentes preexistentes dentro de la Administración Central. La fecha referida está fundamentada en que la misma es la fecha de constitución del gremio de los trabajadores de dicho Ministerio.

El proyecto original contenía un artículo 2° que declaraba dicho día como no laborable para los mencionados funcionarios. La Comisión valoró el proyecto y estuvo de acuerdo con establecer el día 31 de octubre como el Día del Funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no así con declararlo no laborable, razón por la cual el proyecto puesto a consideración consta con un artículo único.

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el presente proyecto de ley y resuelto por unanimidad aconsejar al Cuerpo la aprobación del mismo.

Sala de la Comisión, 1° de setiembre de 2010.

José Bayardi, Miembro Informante; Gustavo Borsari Brenna, Fitzgerald Cantero Piali, Gustavo Cersósimo, Jorge Orrico, Aníbal Pereyra, Ana Lía Piñeyrúa, Daisy Tourné.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 6 de julio de 2009.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo para remitir un Proyecto de Ley que establece el día 31 de octubre de cada año como el día del funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Exposición de Motivos

Existiendo antecedentes en la Administración Central de leyes que han contemplado tal situación, y compartiendo lo solicitado por la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (AFMIT), la que nos ha planteado que es un viejo anhelo del sindicato conmemorar el día 31 de octubre como “Día del funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, en virtud de ser la fecha en la cual se constituyó dicho gremio.

Por los fundamentos expuestos se solicita la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República; Eduardo Bonomi.

Proyecto de Ley

Artículo 1º.- Establécese el día 31 de octubre de cada año como el día del funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en todo el territorio nacional.

Artículo 2°.- Dicho día será considerado no laborable para los mencionados funcionarios.

Eduardo Bonomi.”

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto.

(Se lee.)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señora Presidenta: en la última sesión del Cuerpo habíamos solicitado que se tratara este proyecto de ley que pretende establecer el 31 de octubre de cada año como “Día del Funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, porque estamos a pocos días de esa fecha y nos parecía de recibo aprobarlo.

Este proyecto, que ya fuera aprobado por la Cámara de Representantes, tuvo -aunque no es una condición constitucional- una primera iniciativa del Poder Ejecutivo presidido por el doctor Tabaré Vázquez; a su vez, fue modificado por la Cámara de Representantes porque, en un principio, establecía ese día como feriado no laborable para los funcionarios del referido Ministerio. La Cámara de Representantes eliminó el artículo en cuestión y, en consecuencia, el proyecto de ley cuenta con un único artículo que establece que el 31 de octubre de cada año -recordando la fecha en que se fundó el sindicato de los trabajadores de la Cartera de que se trata- pasa a ser el Día del Funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en todo el territorio nacional, sin otra consecuencia que no sea la evocación o conmemoración.

Por lo expuesto, entendemos que corresponde aprobar el proyecto de ley que está a consideración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).-Artículo Único.- Establécese el día 31 de octubre de cada año como día del funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en todo el territorio nacional.”

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado.)

19) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 18 de octubre de 2011.

Señora Presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

Presente

 

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales, al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, por el día viernes 21 de octubre.

Atentamente,

Pedro Bordaberry. Senador”.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Queda convocado el señor Germán Cardoso, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 18 de octubre de 2011.

Señora Presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por razones personales el día miércoles 19 del corriente al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, saluda a la señora Presidenta muy atentamente,

Rodolfo Nin Novoa. Senador”.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

Se comunica que los señores Héctor Lescano, Gustavo Guarino, Humberto Ruocco y Felipe Michelini han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 18 de octubre de 2011.

Señora Presidenta de la

Cámara de Senadores

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares, los días 20 y 21 de octubre de 2011.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente

Daniel Martínez. Senador”.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Se comunica que los señores Daniel Olesker, Jorge Basso, Eduardo Fernández y Roberto Conde han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Walter Morodo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

20) EXONERACIONES TRIBUTARIAS CONCEDIDAS AL AMPARO DE LA LEY Nº 16.906, DE 7 DE ENERO 1998

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: Exposición del señor Senador Luis A. Lacalle Herrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Senado, por el término de treinta minutos, sobre el tema “Exoneraciones tributarias concedidas al amparo de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero 1998”. (Carpeta Nº 653/2011).

Tiene la palabra, el señor Senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Agradezco a la señora Presidenta y a los señores Senadores que hayan habilitado esta instancia.

El tema de las inversiones ya no está en disputa. No hay partido político que dude de que la inversión es algo bueno para el país; que necesitamos de la inversión y que debemos fomentarla y ayudarla, ya sea extranjera o nacional. A esta altura, no debe quedar nadie -o si queda alguien, debe configurar un número mínimo- del segmento de la opinión pública o de la dirigencia política que esté en contra de las inversiones. Su fomento es una tradición. En ese sentido, existen leyes, decretos, mecanismos y comisiones que han tratado de crear el clima necesario para que las inversiones vengan y sigan viniendo, que es lo que nos importa como país.

Nosotros haremos un análisis crítico de las normas en vigencia y de su aplicación porque a veces se da entre ambos campos una cierta distancia -a pesar de que hablemos de actividades que están dentro de la ley-, debido a que el criterio que se aplica puede ser discutido o discutible, como comprobarán los señores Senadores cuando lleguemos a los casos concretos. Por lo tanto, vamos a referirnos a lo expresado en el acápite de la Ley Nº 16.906, pero también a otros episodios de inversión de determinadas características que el Estado, en algún caso, ha facilitado excesivamente.

Como primera pieza en este expediente -llamémosle así- tenemos el texto de la Ley Nº 16.906, promulgada el 7 de enero de 1998 durante el Gobierno del doctor Sanguinetti. Más allá de que los señores Senadores estén interesados en leerla, esta norma declara de interés nacional las inversiones nacionales y extranjeras en el territorio nacional. Alude también a un régimen de igualdad de las inversiones extranjeras con respecto a las nacionales y, aunque luego establece disparidades, su objetivo es facilitar su establecimiento. Insisto: establece que generalmente van a ser tratadas de igual a igual.

Al entrar en temas más importantes, el artículo 4º establece: “El Estado otorgará un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”. Luego veremos si en la realidad esto es verdad.

Más adelante, refiere a la libre transferencia al exterior. Esto puede parecer superfluo para la gente joven, pero en un tiempo no se podía mandar dinero fuera del país ni comprar dólares libremente. Sin embargo, aquí se reafirma -son cosas que seguramente se estarán esgrimiendo fuera del país para alentar la inversión- la libre transferencia de los capitales, de las utilidades y las monedas de libre convertibilidad. Como vemos, son todos reconocimientos al sistema de inversiones, de propiedad privada y capitalista, que logra ciertos resultados.

Ahora sí voy a ingresar a un tema muy importante. En el artículo 6º se establece el alcance de la ley y voy a leer textualmente su primer párrafo: “Artículo 6º.- (Alcance subjetivo).- Son beneficiarios de las franquicias establecidas en este Capítulo, los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, que realicen actividades industriales o agropecuarias”. Ya veremos por qué es importante esta disposición.

Por otra parte, el artículo 7º, referido al alcance objetivo, habla de la adquisición de los bienes muebles, equipos para el procesamiento electrónico de datos, mejoras fijas, bienes inmateriales como marcas, patentes -tan importantes en el comercio actual- y otros bienes, procedimientos, invenciones o creaciones que son objeto de compra para invertir.

La Sección II ingresa a la carnadura de esta ley, es decir, a las exoneraciones. En los literales A) y B) del artículo 8º se otorgan determinados beneficios como la exoneración del Impuesto al Patrimonio y del Impuesto al Valor Agregado y Específico Interno -IMESI-, así como la devolución del Valor Agregado cuando se hacen compras en plaza.

En el artículo 9º se faculta al Poder Ejecutivo -no es preceptivo, sino facultativo- a exonerar del Impuesto al Patrimonio, a establecer un régimen de depreciación más rápido para las inversiones y, finalmente, en el artículo 10 se disminuyen en tres puntos los aportes patronales.

De todas maneras, si seguimos escudriñando en la ley llegamos a otras medidas, como la que establece el artículo 15, que exonera del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, es decir, de lo que se paga cuando se compra un inmueble.

Todo esto significa que la batería de impuestos exonerados o exonerables es muy amplia y seguramente es muy importante a la hora de decidir si se va a invertir o no en el Uruguay.

El artículo 11 dice que los proyectos serán declarados promovidos por el Poder Ejecutivo y establece las siguientes condiciones: incorporar progreso técnico, facilitar el aumento y la diversificación de las exportaciones, generar empleo productivo, facilitar la integración productiva, fomentar las actividades de las micro, las pequeñas y las medianas empresas y que se ubiquen en el interior del país. Esto le da un toque de descentralización.

Todo esto está orientado por la Comisión de Aplicación, ante la cual hay que presentarse con todos los requisitos, que haciendo gracia al Senado, no voy a mencionar.

Además, agrega -esto es importante a los efectos de lo que diré a continuación- que la reglamentación de la ley fijará los procedimientos y los plazos máximos de expedición de la voluntad del Poder Ejecutivo ante la presentación.

Este es el marco legal, señora Presidenta, que ha tenido varios decretos reglamentarios -recordemos que esta ley es promulgada en el Gobierno del doctor Sanguinetti- y luego pasa el tiempo y hay decretos instrumentales, pero el 26 de noviembre de 2007 se aprueba el Decreto Nº 455/007 que nos merece un análisis. En primer lugar, este Decreto lleva la firma del entonces Presidente Tabaré Vázquez, retirado de la actividad política activa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pública.

SEÑOR GALLINAL.- ¿El señor Senador Lacalle Herrera cree en eso?

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¡Cómo no le voy a creer al doctor Vázquez!

SEÑOR GALLINAL.- Si estuviera presente el señor Senador Astori, le diría que está fuera de tema.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pero la señora Presidenta me permite continuar en el tema. Debí referirme al doctor Tabaré Vázquez como “retirado de la actividad política en las actuales circunstancias”.

El Decreto es firmado por el Vicepresidente de la República, Danilo Astori -entonces Ministro de Economía y Finanzas-, y también por el hoy Presidente de la República, don José Mujica, junto con los entonces Ministros Rossi y Lepra y la Ministra Liliam Kechichián. A estas firmas las dejamos de costado, no por falta de consideración, sino porque hay dos muy importantes, que son las de los señores Presidente y Vicepresidente actuales, que, repito, firmaron el Decreto.

Este es un Decreto que está viciado de muchas ilegalidades. En el propio Considerando establece que amplía el ámbito objetivo de las exoneraciones y que incorpora los servicios y al comercio, en una manifiesta contradicción contra el texto legal que no puede ampliar ni extender, debido a normas de jerarquía jurídica por todos conocidas. Este es un primer llamado de atención: se agrede el orden jurídico, la jerarquía entre las normas, en forma explícita y confesa, ya que se establece que se ampliará en el decreto lo que dice la ley, y eso no se puede hacer.

Luego, en su artículo 3º, el decreto desarrolla la propia ley, y aquí sí, dentro de sus competencias establece más detalles.

Se trata de un decreto frondoso e importante, de artículos muy largos, que crea un régimen jurídico que me parece que no debería instituir, porque a través del mismo se da a las personas que piden las inversiones -yo estaría más que alegre si se pudiera hacer esto, pero debo confesar que el decreto no puede establecerlo-, un régimen de aprobación ficta. En su momento, presenté un proyecto de ley mediante el cual se establecía que, al cumplirse los plazos, se daba por presumida la aquiescencia del Estado. Creo que se trata de una gran iniciativa -debo decirlo aunque la haya elaborado quien habla-, pues liberaría de muchos trámites a la gente; si se cumple determinado plazo y el Estado no actuó, la persona no debe esperar y el consentimiento es ficto.

Ahora bien, en este caso ello se establece por decreto solamente para esta gente; justamente, en el artículo 10 se expresa: “Si vencidos los plazos a que refiere el artículo anterior la Comisión no se hubiera expedido, se entenderá que esta recomienda al Poder Ejecutivo el otorgamiento de los beneficios establecidos en el instructivo de dicho órgano para el proyecto objeto de análisis”. ¡Qué maravilla! Pero esto no se puede hacer mediante un decreto. Existe la esperanza de que algún día todos los ciudadanos podamos gozar del derecho de obtener la final de obra, por ejemplo, si el Estado no la otorga dentro de cierto plazo. Eso ya sería una revolución en el Uruguay.

Posteriormente, se establece en el texto un sistema sancionatorio para quienes, habiendo recibido estos beneficios, no cumplan. Más adelante, se fijan los montos de exoneraciones tributarias que corresponden a cada tipo de inversión.

Señora Presidenta: no quiero destinar más tiempo al planteo de lo que es el marco jurídico; ahora quisiera hacer algunos comentarios críticos del decreto.

Como decíamos, agrega -a nuestro juicio ilegalmente- el rubro de comercio y servicios, y concede beneficios a empresas importadoras, a pesar de que se supone que estamos tratando de fomentar la inversión para que se fabriquen cosas en el Uruguay. A su vez, no se establece que los fondos deban ser propios, por lo que se puede pedir un préstamo y obtener beneficios sin tener nada. Por ejemplo, una persona puede pedir dinero prestado y holgadamente pagar con las exoneraciones tributarias, lo cual no nos parece que sea correcto. Además, se establecen plazos que quizás deberían ser más cortos.

Es cierto que hay empresas que han hecho esto dentro del marco legal, nos guste o no; ahora bien, con toda seriedad -como acostumbramos- y con firmeza, quiero decir que me parece que no podemos estar exonerando de impuestos -que suman centenares de millones de dólares que deja de percibir el erario- a una imprenta que fabrica cajas de cigarrillos, por ejemplo -dicho esto sin ironía-, porque se estaría exonerando a alguien que está del otro lado de la política gubernamental, nada menos que en el tema del tabaco, que ha sido un tema sacrosanto del Gobierno anterior. Aquí se le facilita la vida a quien fabrica esas cajas.

Por supuesto, no vamos a mencionar jamás las razones sociales, pero algunos de los rubros que han sido tenidos en cuenta en estas exoneraciones tributarias en el año 2008 son: tienda de ropa de hombre, óptica, promociones y servicios, importadora de calzados -se exonera de un buen pago tributario a este rubro dos veces el mismo año, a pesar de que los zapatos chinos están compitiendo contra los que fabrican zapatos en el Uruguay-, importadora de insumos de computación, empresa de importación, institución financiera -no quiero referirme a este rubro porque alguien lo hará, pero se permiten exoneraciones tributarias nada menos que a una institución financiera-, salón de fiestas, importadora de calzado nuevamente, instalación de free shops -hay gente que ha tenido la suerte de que se le exonere de impuestos para instalar esos comercios en Rivera y Artigas, cosa que respeto porque toda actividad dentro de la ley es buena; y no discutimos sobre el tema de economía real o no real, pues creo que todo es económico, contrariamente a las doctrinas de algunos intérpretes marxistas-, tiendas, juguetería, auditoría, consultoría, inmobiliaria, papelería, importadora otra vez. Acercándonos más en el tiempo, otros rubros a los que se les ha exonerado del pago de tributos son: remodelación de local de oficina, remodelación de sucursales y de comercios, remodelación de local de ventas, instalación de oficinas en una de las mejores torres de negocios, instalación de una sucursal para un Banco, oficinas de las empresas, salón de fiestas y eventos, apertura de un restaurante, sucursales en el interior, instalación de parrillada, otro free shop, gimnasio y fitness, impresión de cajas de cigarrillos, otro free shop, adquisición de instalaciones y equipamiento para proveer una oferta gastronómica de reconocida calidad -así lo dice en el expediente quien lo solicita, a pesar de que dicho juicio debería ser propio de los comensales-, panadería, otro restaurante, inmobiliaria, importación de artículos para bazar, juguetería, otro gimnasio. En el año 2010, o sea más próximos al Gobierno actual, figuran los siguientes rubros -en mi casa utilicé una lupa para poder leer estos datos, ya que la letra es muy pequeña-: exhibidor cinematográfico, casino, instalación de TV cable, repuestos, restaurante y parrillada, pub y restaurante. Aclaro que la palabra pub proviene de la expresión public house, que son los locales autorizados a vender alcohol en Inglaterra. Como decía, también un pub obtuvo el amparo gubernativo, oficial y del Estado para ponerse en funcionamiento.

Hay un comercio que, con mucha inteligencia -quizás pensando un poco en la ingenuidad del prójimo-, presenta ocho proyectos de US$ 400.000, y aparecen uno atrás del otro, lo que suma un total de US$ 3:200.000.

¿Qué quiere decir esto, estimados colegas? Que la puesta en marcha de la Ley no “encaja” con lo que el país necesita; sé que en el propio Gobierno se está analizando este punto. Aclaro que no quiero perjudicar los honorarios de las consultoras que seguramente trabajan en esto, de los colegas abogados, de los contadores, de los estudios jurídicos y contables que han solicitado este recurso para comprar sus instalaciones informáticas y que han tenido el beneficio para renovar su equipamiento.

Hay momentos en que el Gobierno dice que no tiene dinero -lo que nos cuesta creer-, pero hasta ahora nadie ha dicho cómo se llenaron los espacios fiscales que anunció el Ministro de Economía y Finanzas, lo que conlleva un grave peligro para él, porque los Ministros de Economía no deben decir que tienen espacio fiscal. Tomando en cuenta el hecho de que se propusieron nuevos impuestos -que no vamos a votar porque el país no quiere más impuestos sino mejor administración-, aquí se está ofreciendo un flanco que va más allá de la consideración pública de “perdonar” cien millones o doscientos millones. Se ha hablado de una cifra mayor, incluso. Con ello se establece una competencia desleal, porque hay una o dos plantas de procesamiento de pulpa de eucaliptos a las que les han otorgado los correspondientes beneficios, pero si se trata de beneficiar a una panadería, a una parrillada o a un restaurante, estamos hablando de cantidades importantes. Entiendo que esto también va contra el espíritu de la ley.

La comprensión razonable de la ley es, en primer lugar, que el país necesita la inversión -aspecto en el que estamos casi todos de acuerdo-; en segundo término, que la inversión sea nacional o extranjera -en lo que también estamos casi todos de acuerdo-; y por último, que hay que hacer lo posible para ayudar. En este sentido, creo que la ilegalidad y el error del decreto fue extenderlo a comercios y servicios. Me parece que allí se abrió una ventana para que aparezcan estas cosas, que pueden parecer risueñas y lo son. Uno tiene que tomar las bromas en las menciones que uno hace con buen criterio y con buen ánimo.

Pensamos que ese no fue el espíritu del Legislador ni es lo que le conviene al país. Hay que cambiar y reformar esta Ley. En el análisis político, fuera de esta Ley hay dos o tres casos de inversiones -como Montes del Plata, que se ha mencionado tanto- que apelaron a la Ley Nº 16.906. También podemos mencionar la inversión que Pluna realizara en el período pasado; hasta el día de hoy nadie entiende por qué se dieron tantas facilidades a quienes compraron la empresa, otorgándoles garantías del Estado por el cien por ciento.

Creemos que estos son desvíos de una política sana, que vamos a acompañar pero que tenemos que acotar. ¿Cómo vamos a seguir pidiendo US$ 60:000.000 mediante un impuesto a la tierra ilegal e inconveniente, cuando por aquí se van US$ 500:000.000 o US$ 700:000.000?

Pensamos que debería establecerse preceptivamente -no sé cuál es la práctica, por lo que no me animo a decir que aquí haya una falta- que los que piden el beneficio declaren los impuestos, y la exoneración se haga sobre la declaración, de manera que se sienta claramente cuál es el beneficio. Nunca deben pagar cero, de forma que el sistema tributario obtenga siempre algún dinero por este concepto. Esto es importante, sobre todo para los extranjeros, que pueden llegar a creer que aquí hacen lo que quieren. Entonces, primero tienen que declarar y después se les disminuirán los impuestos en un 90%, en un 80% o en un 50%.

En definitiva, tenemos propuestas para formular y lo vamos a hacer oportunamente.

Simplemente, pretendemos que la versión taquigráfica de nuestras palabras pase a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería, y a la Presidencia de la República. Por encima de los partidos políticos, creo que hay ánimo de modificar esta ley. Quizás con nuestras palabras ayudemos a que se tenga conciencia de que no puede seguir funcionando este sistema, que repito que es perfectamente legal. Todos los que se aprovecharon de él -en el buen sentido de la palabra- están en ley, pero no es justo; una cosa es que sea legal y otra que sea justo. Son dos categorías distintas, y nos parece que esto no es justo, si bien es legal.

De manera que tenemos que analizar este tema para establecer reformas que apunten a seguir teniendo un país de inversiones, sin tener los alambrados tan bajos como para que cualquiera pase por encima de ellos.

Esta es la intención que preside nuestras palabras y esperemos haber contribuido una vez más -quizás la última en este año- a plantear estos temas que creemos son de importancia para el país.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicito que algún señor Senador pida la prórroga de la hora de finalización de la sesión porque hay varios Legisladores que están anotados para hacer uso de la palabra.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Mociono para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora Presidenta: agradezco al señor Senador Lacalle Herrera por plantear este tema, que creo es de indudable importancia.

Me voy a permitir hacer algunas complementaciones -coincidiendo casi en su totalidad con el planteo realizado por el referido señor Senador-, en especial en lo que tiene que ver con cómo se ha ejecutado o se ha dado cumplimiento, en la práctica, a estos decretos.

La primera norma relativa a este tema en el país fue el Decreto-Ley Nº 14.178, de 20 de marzo de 1974, que limitaba los beneficios a las actividades industriales y no preveía que se pudiera dar beneficios a otras actividades. Lo destacable de ese Decreto es que los objetivos que se perseguían en aquel momento tenían que ver, por un lado, con lograr mayor eficiencia en la producción y comercialización, en base a niveles adecuados de dimensión, tecnología y calidad; y, por otra parte, con el aumento y diversificación de las exportaciones de bienes industrializados que incorporaran mayor valor agregado. El decreto-ley apuntaba, también, a la localización de industrias nuevas -algo que se ve en la ley actual con la descentralización- y al respaldo de programas seleccionados de investigación tecnológica. Ese decreto-ley, a diferencia de esta, preveía asistencia crediticia, más que beneficios tributarios, que también se mencionaban.

De ahí saltamos a lo que yo creo es una gran ley, es decir la Ley Nº 16.906, del año 2008. En este caso, según mi interpretación, hay algunas diferencias en cuanto a las actividades comprendidas. En el Capítulo II de la Ley Nº 16.906 se establecen los estímulos de orden general para la inversión, y los limita exclusivamente a aquellos que son sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios. Pero hay un segundo gran campo de aplicación de la ley, que es el Capítulo III, distinto del Capítulo II, que prevé los estímulos respecto a inversiones específicas. En ese sentido, el artículo 11 establece que no solamente estarán comprendidas las actividades industriales o de sujetos pasivos de impuestos agropecuarios, sino también emprendimientos conducentes a producir, comercializar o prestar, según corresponda, determinados bienes o servicios. Esta segunda ley de 1998 establece, fundamentalmente, beneficios tributarios que creo que son muy importantes.

A su vez, hay una norma a la que hay que prestar atención: el artículo 19, que establece la garantía del Estado expresando que “El Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura a los inversores amparados a los regímenes establecidos en la presente ley y por los plazos establecidos en cada caso, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que la presente ley les acuerda”. Creo que es importante hacer este señalamiento en virtud de que en el Parlamento hemos visto algunos proyectos de ley que establecen genéricamente derogaciones de exoneraciones de beneficios tributarios. En este caso el Estado uruguayo garantiza por ley la permanencia de esos beneficios, por lo cual si hiciéramos una derogación genérica -obviamente- estaríamos incurriendo en responsabilidad.

Asimismo, resulta importante distinguir el artículo 2º de esta ley, referido al principio de igualdad, que expresa: “El régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los inversores nacionales”. No es que quiera destacar las inversiones extranjeras sino que, por el contrario, quiero hacerlo con las nacionales, porque me parece que ambas deben ser tratadas de igual forma. No solamente hay que procurar buscar inversiones extranjeras, sino también nacionales.

Como bien manifestó el señor Senador Lacalle Herrera, en el año 2007 se dictó el Decreto Nº 455/007, que amplió los beneficios y estableció una serie de categorías en función del monto de la inversión. No me quiero detener en este decreto, sino en uno posterior: el 477/008, de 7 de octubre de 2008. Este último refiere a las denominadas grandes inversiones, que son aquellas superiores a 7.000:000.000 de unidades indexadas, lo que equivale hoy día a unos US$ 800:000.000, según me acota el señor Senador Couriel. Es lógico que exista este decreto, porque es razonable que se atienda en la Presidencia de la República a quien viene a hacer una inversión de esa envergadura; no es lo mismo invertir US$ 800:000.000 que US$ 10:000.000 o US$ 20:000.000. Obviamente, este decreto -como todos- no puede tener mayor alcance que la ley, pero está bien dictado. En él se dice que el inversor será atendido por la Secretaría de la Presidencia de la República y que se conformará una comisión que preparará un borrador del contrato. Según el artículo 3º, la comisión tiene como cometidos: “definir los aspectos que ameriten el inicio de un proceso de negociación, llevar adelante las negociaciones que sean necesarias y elaborar un proyecto de contrato de inversión que será elevado al Poder Ejecutivo para su consideración. El proyecto de contrato deberá definir con precisión el marco legal aplicable al proyecto de inversión, el plazo para su presentación, las obligaciones asumidas por las partes, las eventuales contrapartidas especiales, el plazo para su cumplimiento y el alcance de los beneficios especiales a otorgar, para el caso de que en definitiva se verifique la declaración promocional, de conformidad con la normativa vigente en la materia”. Este decreto fue dictado a los efectos de reglamentar, en el caso de las grandes inversiones, la Ley Nº 16.906 de Interés Nacional, Promoción y Protección, y puede referirse a los beneficios tributarios que se van a otorgar y a cómo llevarlos adelante. Podemos discutir en cuanto a si está bien o no, pero es lógico ofrecer cierto marco de certeza acerca de los beneficios tributarios promocionales que se van a dar. Sin embargo, cuando comenzamos a analizar la forma en que el Poder Ejecutivo ha aplicado este decreto, nos preguntamos si esta normativa puede establecer exoneraciones a los trámites ambientales que otorga la Dinama. Creemos que no, porque estamos dentro de un régimen de exoneraciones tributarias para fomentar la inversión. Quien quiera obtener autorizaciones ambientales deberá ir a la oficina correspondiente de la Dinama, en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hacer los trámites pertinentes, solicitar la clasificación en A, B o C y presentar las evaluaciones ambientales, si fuera del caso. ¿Pueden establecerse, a partir de este decreto, obligaciones de recategorización de suelos, que son competencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de las oficinas técnicas correspondientes? No; estamos hablando de incentivos tributarios a la inversión. ¿Pueden fijarse políticas generales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca mediante un decreto de la Ley de Interés Nacional, Promoción y Protección? No; hay un Ministerio competente, creado por ley en el marco de las facultades constitucionales correspondientes. ¿Puede decirse, en un contrato de esta naturaleza, que no se van a aplicar leyes a algunos ciudadanos, leyes que quizás el propio Parlamento aún no ha dictado? Creo que no; es lógico que no se pueda disponer por medio de un contrato que una ley no es aplicable. ¿Puede decir un contrato de estos que algún instituto o Ente Autónomo del Estado no va a hacer uso de ciertas facultades? No, si es, precisamente, un Ente Autónomo. Encontramos un único caso del que tenemos conocimiento -hasta ahora-, el de Montes de Plata. El 18 de enero de este año se firmó un contrato de inversión tomando como marco el Decreto Nº 477/008 y la Ley Nº 16.906. En dicho contrato se establece que esta empresa, que aparentemente en este momento gestiona en Uruguay más de 200.000 hectáreas -porque es la fusión de dos empresas que han comprado muchísimos campos- llega a acuerdos con el Gobierno, el cual asume diversos compromisos. Con el fin de establecer cuáles son los beneficios tributarios, qué es lo que autoriza la ley y si el decreto hace una interpretación legal, se dice que el Gobierno uruguayo y la empresa van a hacer los mayores esfuerzos para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas con posibilidades de ser plantadas dentro de un radio de 200 kilómetros de Punta Pereira. Esto incluye los departamentos de Colonia, San José y Soriano, y parte de los departamentos de Río Negro, Flores, Florida, Durazno y Montevideo. O sea, desde el punto de vista jurídico, el objeto de este contrato no parece ser posible si estamos dentro del marco de una ley de promoción de inversiones. Además, se compromete a que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va a recategorizar esa zona ubicándola en 5 02 B. Todos sabemos que hoy día la plantación de árboles es libre en cualquier punto del territorio, pero al estar esa zona categorizada en 5 02 B, no debe pasar por el permiso ambiental previo de la Dinama. De modo que esta no parece ser la mejor forma de aplicar el contrato.

Por otra parte, la Presidencia de la República, en virtud de la cláusula 3.1.7, se compromete a que los proyectos de plantación que se presenten sean categorizados por la Dinama como A. Entonces, me pregunto: ¿qué está haciendo la Dinama si, por medio de un contrato, la Presidencia le puede determinar cuál proyecto es A, B o C, dentro de una ley de promoción de la inversión? Me parece que nuevamente estamos excediendo la posibilidad legal que tiene la Secretaría de la Presidencia de la República de firmar estos contratos. Pero hay más; el Uruguay, por la cláusula 3.2.5 se compromete a facilitar, colaborando con Montes del Plata, el equipamiento utilizado para el dragado del Canal Martín García -que tanto ha costado y finalmente se anunció que se iba a hacer- para que se use en el dragado de la Terminal Portuaria Punta Pereira, en Montes del Plata. ¿Qué tiene que ver el dragado de la terminal portuaria con una promoción de la inversión y con asumirlo como obligación por parte del Estado uruguayo? Incluso, todos sabemos que hay normas en la Zona Franca que refieren a la mano de obra nacional necesaria y también hay un compromiso por parte del Estado uruguayo en el sentido de autorizar bajar el mínimo de exigencia de mano de obra nacional dentro de Punta Pereira si se dan determinadas situaciones. Estamos hablando de un decreto que se supone que es de promoción de la inversión. Tanto las empresas Stora Enso como Arauco, que son las integrantes de Montes del Plata, han adquirido un gran número de inmuebles rurales y son la fusión de muchas otras empresas que a su vez eran propietarias, como Eufores, El Esparragal, Forestal Cono Sur S.A., etcétera. Esas empresas pretenden, obviamente, poner al día su titulación y para ello tienen que realizar operaciones jurídicas que están gravadas por impuestos. Sin embargo, resulta que de todo eso se exonera, y me refiero al Impuesto al Valor Agregado, a las Trasmisiones Patrimoniales, a las Rentas de las Actividades Económicas, y en este caso podríamos decir que se trata de un incentivo a la inversión porque en esto sí se está haciendo una exoneración de impuestos. Pero en esa misma cláusula, que es la 3.5.4, resulta que el Poder Ejecutivo dice que el Instituto Nacional de Colonización no va a hacer uso de la opción de compra que tiene por estos predios. Significa que, por un contrato, la Presidencia de la República dice lo que va a decidir el Directorio de un Ente Autónomo y establece que una ley, vigente para todos, no se va a aplicar a Montes del Plata. Creo que esto es ilegal por donde se lo vea, porque por contrato no se puede dejar sin efecto algo así. Pero según anunció el Presidente del Instituto Nacional de Colonización hace dos semanas, en el Edificio del Mercosur, en una conferencia organizada por IICA y Seragro, el Instituto va a hacer uso de sus derechos, y realmente esperamos que esto se cumpla. Aquí hay mucho dinero para el Instituto Nacional de Colonización porque, obviamente, el precio de compra ha sido mucho más bajo que el actual existente en el mercado. Supongo que todos estaremos defendiendo el derecho legal que tiene el Instituto Nacional de Colonización. También se les exonera de Impuesto al Patrimonio, que es el que grava a las sociedades anónimas que tienen capital accionario al portador y son titulares de inmuebles rurales. Pero hay que destacar una diferencia muy grande, ya que a quien es sociedad anónima con acciones al portador y tiene 260.000 hectáreas le exoneramos del Impuesto al Patrimonio, pero a otras sociedades anónimas con acciones al portador que tienen mucho menos no se les aplica la exoneración, aun tratándose de una inversión que ya se hizo. Quizás uno de los puntos que llama más la atención es el del artículo 3.5.9, porque por esta disposición en ese contrato, que se supone tiene que hablar de promoción tributaria a la inversión, se dice que si el Parlamento aprueba un proyecto de ley se buscará la forma conjunta para evitar perjuicios al proyecto Montes del Plata. Todos sabemos que se presentó en el período pasado un proyecto de ley que crea una zona de seguridad fronteriza, adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial del territorio nacional, por el cual se quiere evitar que en un ancho de veinte kilómetros de la frontera los propietarios sean extranjeros. Sin embargo, Stora Enso y Arauco -Montes del Plata- son extranjeros. Entonces se dice que se va a buscar un mecanismo para que no se aplique al extranjero un proyecto de ley que todavía no se aprobó. Es decir que a estas empresas no se les va a aplicar el proyecto de seguridad fronteriza y se dice, sin pasar por aquí, lo que va a hacer el Parlamento -desconociéndolo- en un contrato que tiene que hablar de establecer los beneficios tributarios en la inversión. Realmente, no salgo de mi asombro.

Aquí se ha hablado mucho de lo que es el proyecto de ley de creación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, que está en estos momentos en el Parlamento. Por la cláusula 3.5.10 se establece que en caso de que haya un cambio del régimen tributario -que es de lo que estamos hablando, porque el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales es un cambio en el régimen tributario, sin lugar a dudas, y además se trata del caso de Montes del Plata, que es el mayor concentrador de tierras del Uruguay, ya que tiene 260.000 hectáreas, o sea 1,5% del total del territorio nacional, algo así como el 6% o 7% de lo que se propone gravar- y que la empresa tenga que pagar el impuesto, se van a otorgar beneficios para compensarla. Según mis cálculos, lo que tendría que pagar Montes del Plata en ese caso son US$ 40:000.000 en este período de Gobierno. Esto vamos a tener que compensarlo, mientras que otros ciudadanos del país que han invertido van a tener que pagar un impuesto que al mayor concentrador de tierras no se le va a cobrar.

Tampoco encontré fundamento legal como para permitir la confidencialidad prevista en este contrato. La cláusula 5.1 establece que el contenido de este documento, así como todas las informaciones adicionales presentadas por Montes del Plata, se consideran confidenciales y, por lo tanto, las partes están obligadas a no divulgar el contrato. Recién cuando ese documento trascendió en la prensa, se hizo público y se levantó la confidencialidad. La ley vigente no permite otra jurisdicción más que la nacional, pero se pacta la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI-, con sede en Washington. Creo que hay principios básicos, desde la pirámide de Kelsen hasta nuestros días: Constitución, Leyes, Decretos, Contratos, y creo que el contrato está violando hasta la Constitución, en tanto establece cosas que no se deben hacer.

Por otra parte, hemos pedido información, y no se nos ha contestado todavía, acerca de otra gran inversión: la de Aratirí. Queremos saber si se ha presentado o no una solicitud para lo mismo, y en ese sentido sí hemos recabado alguna información que nos llama la atención.

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicito al señor Senador que vaya redondeando su exposición.

SEÑOR BORDABERRY.- Ya estoy terminando, señora Presidenta.

Quiero decir al Senado que -según creo- vamos en el mismo camino, porque el 23 de julio de 2010 la empresa minera Aratirí se presentó ante el Ministerio de Defensa Nacional diciendo que tenía autorización del Gobierno para ingresar a un predio que se iba a conceder en la angostura de la Laguna Negra, en Rocha, muy cerca de la zona de protección del patrimonio del Uruguay. También hicimos un pedido de informes a la Presidencia de la República, y nos encontramos con que Aratirí ingresó, el 23 de julio, aduciendo una autorización que la Presidencia entregó el 5 de agosto, o sea que la empresa ingresó a ese lugar antes de tener la autorización correspondiente.

Creemos que es muy bueno estudiar el planteamiento del régimen de inversiones en Uruguay, pero más lo es cumplir con las normas, los decretos y las leyes.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la discusión del tema, tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: sinceramente no salgo de mi asombro, porque veníamos a escuchar atentamente una exposición del señor Senador Lacalle Herrera sobre exoneraciones tributarias concedidas al amparo de la Ley Nº 16.906 -que realizó con la inteligencia que le caracteriza- y ahora el señor Senador preopinante se refiere a un tema específico y anuncia una serie de irregularidades que, de ser así, nos obligaría a tomar otros caminos y no esperar a que se tratara aquí -si el señor Senador Lacalle Herrera no hubiera solicitado hablar de este tema no nos habríamos enterado de estas situaciones-, además de verificar in situ lo que se nos ha planteado. Se hace hincapié en un aspecto de la ley de inversiones ¡que claro que es muy importante! -¡ojalá el país tuviera muchas más!- y se le da un carácter discrecional. La razón es simple: ese nivel de inversiones es de tal complejidad que si no hay un trato personalizado, será muy difícil que estas se instalen en el país. Supimos de una inversión muy grande que se iba a hacer en el rubro automotor que luego terminó afincándose en Porto Alegre -por suerte después hubo otras- porque a esa empresa internacional, por la vía de un trato muy personalizado, se le concedió muchísimo más de lo que se le ofrecía en Uruguay. Lo cierto es que si las inversiones no se afincan, hoy están pero mañana pueden no estar.

Uruguay tenía que lograr afincar sobre el Río de la Plata en este caso y, sobre todo, el margen compartido con Argentina, otra inversión importante para que quedara claro que iba a seguir con su promoción en esta materia, que en nuestro territorio somos soberanos y que podemos autorizar todas aquellas que se ajusten a la ley y que entendemos son beneficiosas para el país. También había que dar señales para que no se pensara que, por presiones de aquí o de allá, abandonábamos la idea de pasar de ser un país generador de productos naturales a uno que incorpora valor agregado porque, de lo contrario, no se podrían hacer más inversiones en un territorio en el cual somos soberanos, ya sea que estén más cerca o más lejos de los cursos fluviales o de las fronteras. Independientemente de que el tema tiene que estudiarse con detalle, me parece que las inversiones más importantes merecen tener un trato personalizado y preferencial de tal manera de lograr que se afinquen en el país. Naturalmente que quienes llevan adelante estos procesos pueden cometer errores, pero peor sería que en el intento de no cometerlos dijéramos: “De ahora en adelante, ¡no más inversiones!”. Eso no parece lógico y supongo que nadie se va a sumar a este grito. Ahora bien, esto no quiere decir que esas inversiones no tengan que pasar por el control de la Dinama, por el del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o cumplir todas las regulaciones que corresponda, porque también esos proyectos pueden contener aspectos que comprometan o erosionen el futuro de las nuevas generaciones. No me estoy refiriendo solo a los que hoy son niños sino también a aquellos que todavía no están y que merecen tener un país no contaminado, tal como lo recibimos nosotros de nuestros mayores.

Hecha esta acotación sobre la segunda intervención, me voy a referir a la primera porque, naturalmente, no solo me parece bueno que la ley de inversiones pueda ser analizada nuevamente para corregirla -se nos ha trasmitido que hay una serie de aspectos que deberían revisarse-, sino también porque debe ser evaluada. Hay que ver si cumple o no con sus propósitos porque en función de ello dependerá si amerita ser corregida. Tengamos en cuenta que, inclusive, los propósitos pueden ser distintos. En el día de hoy se anunció y se postergó el análisis de un decreto que cambia algunos parámetros -la ley autoriza a que se haga por decreto- porque antes se potenciaba el empleo, tratando de lograr un nivel lo más alto posible, y que el desempleo fuera lo más bajo que se pudiera llegar; pero ahora estamos intentando incentivar el empleo de calidad, lo que implica mejores condiciones de trabajo, mejores remuneraciones, etcétera. Entonces, la inversión que se hace no solo es buena por la cantidad de mano de obra ocupada que supone, sino también porque se pretende lograr empleo de calidad.

Uruguay tiene un gran problema, que es la inversión. Y esto no es sorpresa para nadie, lo sabemos todos: algunos han insistido más y otros no tanto. Son muchos los problemas. Por ejemplo, hace unos días estuvimos discutiendo sobre distintos aspectos de la educación, pero también se pueden presentar dificultades en nuestra compañía de aviación, donde somos socios minoritarios. Reitero que podemos tener muchos inconvenientes, pero si la inversión empieza a ser un problema, el país no podrá salir adelante ni generar los recursos para hacerlo. Si logramos una inversión del 22%, 23%, 24% o más, es seguro que contaremos con los recursos suficientes como para salir adelante, naturalmente, si se toman buenas decisiones -está claro que las malas decisiones nos llevarán por el mal camino-, pero Uruguay no ha alcanzado esos niveles de inversión desde que estos se miden, salvo en los años 2008 y 2010. Esos niveles de inversión son necesarios para seguir creciendo, para que nuestra economía continúe dinamizándose y se generen más puestos de trabajo y recursos a través del cobro de impuestos.

El señor Senador Lacalle Herrera ponía de manifiesto una serie de ejemplos que a primera vista sorprenden y que, incluso, podrían ser objeto de revisión. Pidió además que la versión taquigráfica de sus palabras se enviara a los Ministerios competentes y a la Presidencia de la República. De todas formas hay que ser cuidadosos porque cuando a uno le exoneran, ya no hablamos de nuevas inversiones -él ponía algunos ejemplos que habría que mirar- sino de empresas, de personas jurídicas que invierten en función del Impuesto a la Renta. En ese caso uno se pregunta si puede hacer distingos entre empresas grandes y pequeñas. ¿Cuánto hay de nuestro desarrollo granelero en la nueva forma tributaria? Mucho. ¿Cuántos emprendedores nacionales hay? ¿Cuántos extranjeros -que son muchos- vinieron y confiaron en el país? ¿Cuánto de esa maquinaria, tanto nueva como usada -pero que se encuentra en estado impecable-, fue traída del exterior en función de la ley de inversiones, que ha modernizado nuestro campo? El Estado no recibe lo correspondiente al Impuesto a la Renta, pero resulta que el privado tiene que agregar plata propia para realizar la inversión; de ese 100% el Estado no pone todo sino que una cuantiosa parte la pone el privado. Y para no llevarse la ganancia -que es un incentivo- a sus casas, las empresas la siguen volcando porque si no lo hacen, deben pagar más impuesto. O sea que si reinvierten, quedan exoneradas. ¿Cuánto de ese desarrollo granelero incluye el producto del avance tecnológico que hemos tenido en función de ese incentivo?

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Me va a convencer, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- ¡Mucho! En este mundo no nos podemos quedar atrás porque si lo hacemos en materia de desarrollo tecnológico, produciremos y venderemos menos, tanto interna -porque vendrán productos importados a competir con los nuestros- como externamente.

Entonces, me pregunto si está mal que ese panadero que paga por el Impuesto a la Renta un monto menor -en comparación con otras empresas, pero importante para él-, en vez de aportar US$ 10.000 al Estado decide comprar una mezcladora que vale US$ 15.000, invirtiendo así US$ 5.000 de su bolsillo, pudiendo más adelante ampliar la panadería.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Nadie dijo que eso esté mal.

SEÑOR MICHELINI.- Estoy pensando y preguntando en voz alta. ¿Por qué? Porque creo que este es un incentivo a la inversión; y, justamente, nosotros tenemos un problema de inversión. No nos llueven inversiones. La inversión más importante de todas, mucho más que Montes del Plata, Aratirí y UPM, son las miles de pequeñas inversiones. Cuando en el año 2002 estábamos viviendo un momento de crisis brutal, el doctor Atchugarry, que estaba al frente del Ministerio de Economía y Finanzas -ojalá se hubiera juzgado con el mismo celo, con la misma dureza y se hubiera medido con la misma vara a ese primer año y medio de Gobierno del doctor Batlle, con el Ministro Bensión a la cabeza, que a nosotros- envió al Parlamento una ley de promoción de la construcción, sector que en ese momento se había desplomado. No recuerdo a ciencia cierta si se consideró de recibo la totalidad del planteo que nosotros hicimos en el sentido de que las exoneraciones previstas para las grandes empresas contemplaran también a quienes construían un baño, arreglaban una azotea, en fin, a las pequeñas construcciones que se sumaban una tras otra. No olvidemos que las grandes empresas -cuya existencia, por supuesto, es muy importante- se proveen no solo de sus propios productos sino también de los de las pequeñas empresas; por lo tanto, si estas últimas no están altamente calificadas y no disponen de un nivel de tecnología adecuado, esto termina repercutiendo en la producción final. Está bien entonces que haya incentivos para las grandes empresas; está bien que haya incentivos para las medianas empresas; pero también está muy bien que haya incentivos para las pequeñas empresas porque, en la cadena, muchas de esas pequeñas empresas terminan generando el producto final. Cuando un empresario, grande o chico, tiene que presentar su declaración jurada puede decidir lo siguiente: o bien pagar el máximo del impuesto -que equivale a algo así como a un 30,33%; es un 25% más alrededor de un 7%- en caso de que retire la ganancia que obtuvo; o retirar una parte e integrarla como capital en la empresa y pagar un 25%; o invertir la totalidad y no pagar nada al Estado. Pero en ese caso tiene que poner plata adicional, ya sea propia o endeudarse, para generar un proyecto. Puede ocurrir -seguramente el señor Senador Lacalle Herrera tenga razón- que alguno de esos proyectos quizás no tenga la consistencia que debería tener, que en algunos ejemplos que él trajo a Sala se debió ser más exigente. De cualquier modo, no creo que haya tantos proyectos mal rumbeados, porque esos US$ 100:000.000 o US$ 200:000.000 que él mencionó no hacen a la totalidad de la inversión del año pasado ni, inclusive, de los años 2007, 2008 y 2009. Digo más: para este año solo de inversión extranjera hay más de US$ 400:000.000. Quiere decir que debemos ver al árbol por sus frutos, y los frutos que nosotros pretendíamos recoger era que hubiera inversión; y la inversión hoy es superior a la anterior.

Que hay que corregir, ¡por supuesto que hay que corregir! Tanto es así que el Gobierno está elaborando un decreto para corregir esta situación. Supongo que nadie pensará que la gente que está al frente del Ministerio de Economía y Finanzas -independientemente de que no compartan su criterio, pues tienen todo el derecho a hacerlo- no está preparada y no ha podido advertir algunos de estos aspectos. Es obvio que los ven; prueba de ello es que, como señalé, están elaborando un decreto para corregir eso. También es cierto que se presentaron una cantidad de proyectos adicionales con la normativa vigente, pero esto es así hasta tanto no se la corrija. Entonces, esa andanada de proyectos que se van aprobando tienen un plazo de ejecución, en un momento en donde a nivel mundial hay grandes dificultades, donde la inversión cae en todos lados, pero no en Uruguay, donde no solo no cayó, sino que aumentó, lo cual no es menor. Esto no justifica que haya situaciones irregulares, no ajustadas a la ley, que deben verificarse porque la ley hay que cumplirla. Por ello, al señor Senador Lacalle Herrera le asiste la razón -no he tenido a la vista el decreto ni la ley- porque si el decreto está bien rumbeado, habrá que cambiar la ley; pero puede haber un decreto que no se base en una ley. Si el decreto estuviera alineado con la ley y, en una revisación muy profunda, sus advertencias o preocupaciones no fueran de recibo, también le podría asistir la razón de que a algunos proyectos se le está dando una autorización no acorde a la normativa, por lo que también deberían ser evaluados.

Creo que nadie discute que hay inversión en el país y que un gran promotor de ella fue la conjunción entre la nueva política tributaria y la exoneración fiscal. Quiero recordar que en Uruguay teníamos una política tributaria por la cual si a un inversor le iba bien, pagaba sus impuestos; y si le iba mal, igual tenía que pagar sus impuestos. Así, si le iba mal durante dos o tres años, terminaba fundiéndose él y la empresa. Ahora, por el nuevo sistema tributario, si le va bien, paga; si le va mejor, paga más; si le va mucho mejor, paga aun más; pero si le va más o menos, no paga tanto, y si le va mal, ese año no paga. Esto es así tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas. En este sentido, creo que se va en la dirección correcta. Si al inversionista le va bien, puede llevarse el dinero para su casa y está todo bien; puede dejar el capital en la empresa y obtener un incentivo, o puede también generar un emprendimiento, etapa en la que se vuelve a asociar con el Estado. En esa situación, las ganancias se reparten, creo que en un 60% para el Estado y 40% para el inversor.

Finalizo mi exposición señalando que si bien hay que evaluar y revisar ciertos temas, creo que estamos en la dirección correcta. Estoy seguro de que cuando este nuevo decreto sea aprobado vamos a poder revisarlo en las diferentes Comisiones.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Como Senador preopinante de la alocución del señor Senador Michelini, voy a hacer referencia a lo que se acaba de decir. Creo que las leyes se analizan en su ejecución y no solamente en lo que es la ley en sí misma; hay que estudiar la ley, el decreto y la forma en que se aplican. Esto es básico porque, obviamente, si la ley no logra sus efectos o se aplica mal, es nuestra función corregirlos y por ahí traté de complementar la presentación del señor Senador Lacalle Herrera.

Hace unas pocas semanas asistí a la presentación del libro del economista Steneri, oportunidad en la que el Vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, dijo que la base del crecimiento y la inversión que tuvo el país -reconociéndolo con una hidalguía que rara vez se ve en el país- se dio por las decisiones que se adoptaron en el Gobierno del doctor Jorge Batlle, en especial, por la forma de enfrentar la crisis. Creo que no se trata de ver quién es el mejor o quién tomó la decisión, sino de que el país salió adelante pues si seguimos viendo quién es el que más ha hecho, podemos concluir que somos nosotros, que tenemos 170 o 180 años de vida.

El Estado de Derecho es aquel en donde sus autoridades se rigen, permanecen y están sometidas a un Derecho en lo que se conoce como un Estado de Derecho formal. La definición más compleja de “Estado de Derecho” es: “Aquel Estado dentro del cual se presenta una situación en la que su poder y actividad se encuentran reguladas y controladas por el Derecho; donde la esfera de derechos individuales es respetada gracias a la existencia de un sistema de frenos y contrapesos que permite un adecuado ejercicio del poder público”. En un Estado de Derecho no se puede dar a nadie un trato personalizado fuera de las normas legales, por más que sea una inversión de miles de millones de dólares, porque el que no los tiene vale lo mismo. Entendemos que se debe atender al gran inversor, pero ciñéndose al régimen legal.

Sin lugar a dudas, se deben cuidar las grandes inversiones, como por ejemplo la de Montes del Plata, pero hay que hacerlo cumpliendo las disposiciones legales. De no ser así, el gran inversor pensará que el día de mañana vendrá otro con una billetera más abultada y, por ende, cambiarán las reglas de juego a su favor.

No conozco antecedentes de las exoneraciones de normas legales que se dan en ese contrato ni que por este se diga que no se aplicarán leyes aún no creadas en el país. Me parece que hacerlo es un error profundo. Creo que el decreto y el contrato no están ajustados a la ley y, por tanto, deben ser revisados. Además, pienso que nos encontramos ante el caso de un mandato arbitrario -dicho esto en el buen sentido de la palabra-, que ya distinguía el maestro Luis Recasens Siches, al decir: “El mandato jurídico responde a una norma de regularidad inviolable, mientras por el contrario el mandato arbitrario se presenta como una irregularidad caprichosa. La arbitrariedad consiste en que el poder público, con un mero acto de fuerza, salte por encima de lo que es norma o criterio válido y vigente en un caso concreto y singular sin responder a ninguna norma o criterio, o principio de carácter general y sin crear una regla que anula la anterior y la sustituya”. En este caso hay reglas de proceder para la Dinama, el Instituto Nacional de Colonización y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si el Gobierno quiere dejarlas sin efecto debe derogarlas y dictar una nueva ley. Eso no se ha hecho y, por ende, da la pauta del acierto de la convocatoria del señor Senador Lacalle Herrera para analizar estos temas.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: quiero dejar en claro que no critiqué cómo salimos de la crisis, sino cómo ingresamos en ella. No critico las medidas adoptadas para salir del tsunami, sino las que nos llevaron directamente a ese fenómeno. Son dos temas bien distintos.

Nada más. Muchas gracias.

21) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “Las señoras Senadoras Susana Dalmás, Constanza Moreira, Hyara Rodríguez y Lucía Topolansky y los señores Senadores Ernesto Agazzi, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Gallo Imperiale, Carlos Gamou, Rafael Michelini, Daniel Montiel, Walter Morodo, Rodolfo Nin Novoa y Enrique Rubio presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.

- A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN”.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señora Presidenta: propongo que el proyecto de ley que acaba de ingresar sea repartido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar que el proyecto de ley recién ingresado sea repartido.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

Carp. Nº 691/2011

Dist. Nº 1069/2011

Proyecto de Ley

Artículo 1.- Se restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985.

Artículo 2.- No se computará plazo procesal alguno en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1.

Artículo 3.- Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes contra la humanidad de conformidad los tratados internacionales de los que la República es parte.

Artículo 4.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Alberto Couriel, Susana Dalmás, Rafael Michelini, Lucía Topolansky, Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Enrique Rubio, Aníbal Pereyra, Ernesto Agazzi, Luis Gallo Imperiale, Daniel Montiel, Carlos Baráibar, Hyara Rodríguez, Walter Morodo, Rodolfo Nin Novoa, Carlos Gamou. Senadores.

Exposición de Motivos

El proyecto de ley que se presenta, tiene como propósito adaptar la legislación nacional a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, en particular a los contenidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay; ratificar por vía legal el compromiso del Estado uruguayo con la idea más avanzada de que ciertos crímenes afectan la dignidad humana de tal magnitud e integran la categoría contra la humanidad y clarificar en forma inequívoca que los términos procesales para ese tipo de conductas, no podrán ser computados mientras la pretensión punitiva no estuviese vigente.

En efecto, las normas internacionales de protección de los derechos humanos se basan en el sistema universal, en un trípode normativo que lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sea esta una expresión del derecho consuetudinario o una interpretación auténtica de la Carta de las Naciones Unidas, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En el ámbito regional americano se identifican claramente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como pilares fundamentales del sistema de protección.

En ambos sistemas, se constata un factor dinámico en la vigencia y aplicación del derecho internacional de protección, que establece que la interpretación de las normas no puede quedar librada al simple deseo o voluntad unilateral de quien por definición debe cumplirlas. Más aún en caso especial, de las normas internacionales de protección de la dignidad humana. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el órgano que cumple esa función ordenadora es el Comité de Derechos Humanos haciendo recomendaciones generales y muy especialmente en cuanto cumple el cometido establecido por el propio Protocolo Facultativo de recibir peticiones individuales. En el caso del sistema americano la propia Corte Interamericana establece los criterios rectores en materia, sea por su reglamento, las opiniones consultivas o su competencia litigiosa.

El restablecer en su plenitud la pretensión punitiva del Estado es cumplir con las normas internacionales de protección de los derechos humanos. Obligación principal de todos los Estados garantizar plenamente el ejercicio de los derechos a todas las personas, más aun cuando se trata de violaciones que constituyen una afrenta a la dignidad del ser humano, tal como lo han establecido los órganos internacionales de supervisión mencionados.

A su vez la sentencia en el caso Gelman vs. Uruguay, es clara e inequívoca. La vigencia, aplicación e interpretación de la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado continúa siendo un obstáculo para el fiel cumplimiento de las obligaciones estatales como el deseo de satisfacer legítimamente a víctimas y familiares, un mínimo afán de justicia, verdad y memoria.

El cumplimiento de la Sentencia debe hacerse en forma cabal y además compromete a todo el Estado uruguayo en general tanto en su Poder Ejecutivo, el Judicial como el Legislativo. En este sentido, es trascendente que ciertas conductas sean percibidas como crímenes que afectan la dignidad humana en tal magnitud que se los incluye en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

La tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas son crímenes contra la humanidad y por lo tanto imprescriptibles. El proyecto resalta esta característica fundamental. Se apoya además en la Sentencia Gelman, que explicita que ninguna de las eximentes penales tradicionales como la prescripción o la cosa juzgada puede ser legítima ni legitimantes para incumplir sus obligaciones internacionales. Es a través de este proyecto que se explicita el sentido de imprescriptible de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

Por último, el proyecto de ley que se presenta, clarifica además, cabalmente sobre el cómputo de los plazos procesales al efecto de eximente penal, en relación a las conductas previstas en la hipótesis del artículo primero de este proyecto. La solución que se propone es que se suspende a los efectos del cómputo del término de prescripción a las conductas criminales, durante la vigencia de esta ley y la del 22 de diciembre de 1986.

La resolución del Poder Ejecutivo de revocar por ilegitimidad manifiesta todas las resoluciones que dictó en base al artículo primero de la Ley N° 15.848, abona a esa solución pues es obvio que al justamente impedido no le corre plazo. Este hecho justifica por sí que haya una norma expresa en la legislación uruguaya, para no computar el término de prescripción previsto por el Código Penal.

En síntesis, esta iniciativa pretende adecuar nuestro ordenamiento interno con las disposiciones del derecho internacional de protección de los derechos humanos, reafirmar el carácter de crimen contra la humanidad para determinadas conductas repugnantes y clarificar el cómputo de los plazos procesales.

La lucha por la verdad, la memoria y la justicia y contra la cultura de la impunidad, ha conmovido a todo el pueblo uruguayo. Aspiramos que este proyecto sea una contribución sustantiva y constructiva para erradicar el concepto de que el ser humano es tan solo un individuo sin derecho alguno.

El proyecto presentado pretende ser claro y sencillo y operativo al sentido de justicia de nuestro pueblo, para que a través de una justicia independiente, justa y eficaz pueda contribuir a la construcción del “Nunca Más” dictadura y terrorismo de Estado en Uruguay.

Alberto Couriel, Susana Dalmás, Rafael Michelini, Lucía Topolansky, Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Enrique Rubio, Aníbal Pereyra, Ernesto Agazzi, Luis Gallo Imperiale, Daniel Montiel, Carlos Baráibar, Hyara Rodríguez, Walter Morodo, Rodolfo Nin Novoa, Carlos Gamou. Senadores.

22) EXONERACIONES TRIBUTARIAS CONCEDIDAS AL AMPARO DE LA LEY Nº 16.096, DE 7 DE ENERO DE 1998

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión del cuarto punto del Orden del Día.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señora Presidenta: he solicitado esta interrupción al señor Senador Couriel a los efectos de que mi pregunta no quede lejos de algunas expresiones vertidas por el señor Senador Michelini. Él decía: “Se podría haber recurrido a otro ámbito o a otro procedimiento para esto”. Me pregunto cuál es. ¿Es el de la denuncia ante el Poder Judicial? El procedimiento que tiene el Senado es el de la interpelación, pedidos de informes, exposición y Comisión General. ¿Acaso se refería a otro procedimiento parlamentario? Aclaro que no estoy interpelándolo, pero sí pidiéndole que aclare sus dichos porque estamos ante un tema muy delicado. Me gustaría saber si el procedimiento equivocado refiere a lo que podemos hacer los Senadores o a una denuncia ante la Justicia. No cabe otra posibilidad. Se pueden juntar firmas, pero en ello estamos muy ocupados y ya se han reunido muchas.

Señora Presidenta: me parece importante que el señor Senador Michelini aclare qué quiso decir cuando expresó que se podría haber recurrido a otro mecanismo, antes de que la discusión nos lleve a otros puntos y queden lejos sus afirmaciones.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Presidencia se ve ante un dilema, porque el señor Senador Couriel tiene el uso de la palabra.

SEÑOR COURIEL.- Estoy concediendo parte de mi tiempo, pero admito que es parte del juego parlamentario y lo acepto como tal.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: seguramente el señor Senador Lacalle Herrera no escuchó atentamente mis palabras.

No tengo una sola objeción al procedimiento que él planteó, pero si a que de su exposición general -aunque marcó algunos ejemplos- deriváramos en un tema específico y detallado que, a mi juicio, ensombrece la intervención del señor Senador Lacalle Herrera. Dije que si el señor Senador Bordaberry consideraba que había irregularidades debía procurar otros mecanismos y no “subirse” a la exposición del señor Senador Lacalle Herrera.

Me pareció haber sido claro en mis manifestaciones, aunque advierto que no lo fui suficientemente.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señora Presidenta: en alguna oportunidad he escrito algún artículo haciendo críticas al procedimiento de exoneraciones fiscales existente en la actualidad.

Creo que en este tema no hay ninguna discusión que tenga que ver con el estímulo a las inversiones, porque todos las creemos convenientes. Si no las hubiera, no habría crecimiento y, por ende, tampoco empleo, con lo cual no se resolverían los problemas sociales. De manera que el estímulo de las inversiones es un hecho positivo y concreto que todos queremos. Ese tema no está en discusión.

La novedad que surge en este Período tiene que ver con la existencia de una especie de talón de Aquiles en la economía uruguaya, vinculado al bajo nivel de inversiones. En su momento, de la lectura de las estadísticas de la Cepal surgía que el Uruguay, junto con Haití, era el país que tenía el más bajo coeficiente de inversión, por lo menos en la década de los noventa y la primera mitad de la pasada. De manera que el estímulo de las inversiones es un hecho constructivo y positivo con el que todos estamos de acuerdo. No hay discusión en ese sentido.

Como decía, hay una novedad, habida cuenta de que la inversión extranjera directa pasó de entre US$ 200:000.000 y US$ 300:000.000, a US$ 2.000:000.000. No es un hecho menor que de 2007 en adelante el Uruguay haya dado un salto cualitativo excepcional en el nivel de inversiones, sobre todo provenientes de la inversión extranjera directa. ¿Por qué vienen a Uruguay? A mi entender, existen dos elementos muy importantes. Uno de ellos es la tradición histórica del país constituida por las reglas de juego para los inversores, que proporciona al Uruguay una estupenda imagen en el mercado internacional. No tengo empacho en decir esto, porque deriva de lo que es la sociedad y el sistema político uruguayo, de la historia del Uruguay; y el gobierno del Frente Amplio continuó este tipo de acciones tendientes a la mejor atención del proceso de inversiones. Desde este punto de vista, seguramente, no tenemos diferencias. El otro elemento -podríamos decir que nuevo en estos últimos ocho años- tiene que ver con los precios internacionales de los productos de exportación. En el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social presentado por la CIDE en 1965 ya existía el Proyecto Valentines, pero tuvieron que pasar cuarenta y cinco años para que este se concretara. ¿Por qué se concreta recién ahora? Porque hay precios internacionales que dan rentabilidad y porque los avances tecnológicos que se produjeron en esos cuarenta años fueron de tal naturaleza que permitieron y facilitaron esa nueva inversión. Por lo tanto, los precios internacionales y las reglas de juego son elementos fundamentales y están sobre la mesa.

Los incentivos fiscales son otro elemento que también juega. Al respecto -y quiero ser muy objetivo-, hay estudios que en los últimos años han mostrado que una parte de esas inversiones se hubiera realizado igual aunque no hubieran recibido exoneraciones fiscales. Este es un hecho tomado de la realidad, objetivo y positivo, del cual no me puedo abstraer.

Si bien creo que hay que promover inversiones -no tengo ninguna duda al respecto- también digo que no quiero que el Uruguay se convierta en una zona franca. De ninguna manera quiero que el inversor tenga una chance similar tanto fuera como dentro de la zona franca ni que cuente con las mismas exoneraciones. No me parece que eso sea correcto. Voy a expresarme más claramente: cuando di clases en la Facultad de Ciencias Económicas y en el exterior sobre desarrollo económico, analicé la etapa de crecimiento hacia fuera, que va de 1870 a 1930, diferenciado el país integrado del país de enclave. El país integrado podía ser Uruguay, la provincia Argentina o Río Grande del Sur, donde la característica del sector exportador era que los propietarios nacionales eran los productores rurales. La industrialización y la comercialización eran hechas por empresas extranjeras. Al existir una proporción importante de propietarios nacionales, una parte del excedente quedaba en el país y se reinvertía en el Uruguay permitiendo que hubiera más crecimiento. Esto también era facilitado por los rubros de exportación que se podían producir en todo el territorio nacional.

Por otro lado, el enclave bananero hondureño o el minero peruano se llevaba a cabo en un lugar determinado; no existía ningún vínculo ni hacia atrás ni hacia adelante. Sin embargo, la novedad -en la que yo insistía mucho- era que como se trataba de empresas extranjeras muy fuertes, no pagaban impuestos. Al no pagarlos, en toda la actividad del enclave no quedaba nada del excedente para la sociedad hondureña con el banano -estoy hablando de muchos años para atrás- ni para la peruana con la minería. No era el caso de Chile, que sí cobraba impuestos. Desde este punto de vista, no tengo dudas de que en las inversiones hay que encontrar el equilibrio más adecuado para cobrar los impuestos correspondientes.

No es fácil fijar promociones. Hay una limitante que para mí es fundamental. Puede darse que un inversor dude entre Brasil, Argentina o Uruguay. Si tiene esa chance, yo hubiera deseado que en el Mercosur hubiéramos podido analizar el tema de la localización de la inversión extranjera directa y que los beneficios hubieran sido similares, o que para las economías de menor tamaño hubiésemos podido otorgar más beneficios de forma que llegasen más inversiones al Uruguay. Al respecto, recuerdo una conversación con el Presidente Cardoso de Brasil, en la que me decía que él sentía que su país tenía que cumplir el papel de Alemania en la Unión Europea, pero que el nordeste brasileño muchas veces se lo dificultaba.

A mi juicio, este es un tema central, porque no puedo poner una exoneración fiscal menor que la de Argentina o Brasil. Aquí tengo un límite. Probablemente, en el futuro encontremos elementos de negociación, pero no es fácil, como tampoco lo es adecuar los sistemas tributarios y encontrar salidas. Uno de los problemas que hoy tiene la Unión Europea es que si bien sus políticas cambiarias y monetarias son similares, las fiscales no lo son y, por lo tanto, padece de déficit fiscales diferentes en los distintos países que la integran.

Cuento con mucha información al respecto. A modo de ejemplo, las exoneraciones que se hacen para el IRIC e IRAE son de 1,4 % del Producto -más de US$ 500:000.000-, solo por este impuesto. Claro que aquí se incluye a las zonas francas, promoción de inversiones, exoneración de inversiones, compañías de navegación marítima y aérea, instituciones de enseñanza -el monto es muy pequeño-, forestación y empresas comprendidas en el monotributo. Realmente, no quiero entrar en un detalle minucioso. ¿Por qué no lo quiero hacer? Porque en la mañana llamé al Ministerio de Economía y Finanzas para saber en qué situación se encuentra un decreto -del que hace muchísimos meses se está hablando en el país- a través del cual se concretarían modificaciones a las características de exoneración que existen en la actualidad, y la respuesta que recibí fue que ese decreto ya está firmado y que se encuentra en Presidencia. Cuando contemos con el nuevo decreto, lo evaluaremos, analizaremos y allí, tal vez, nos encontremos o no con críticas, pero sí sé que se ha hecho un gran esfuerzo para que cada una de las exoneraciones tengan un vínculo más estrecho y directo con el beneficio que se está pidiendo. En uno de los aspectos en que pone énfasis no es solamente en el empleo sino en la calidad del mismo. Este es, también, un hecho positivo.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Simplemente quiero recordar que cuando se aprobó la Ley de Promoción de Inversiones, nuestra Bancada sostuvo que había que agregar requisitos de desempeño, es decir, una serie de pautas en materia de exportaciones, incorporación de tecnología, empleo y demás. Sin embargo, nos encontramos con que no teníamos apoyo de las Bancadas restantes en relación a este tema. Luego, se incorporaron algunos de estos criterios y ahora se revisaron -en esto que está anunciando el señor Senador Couriel-, porque se entiende que se debe ser bastante más exigente. El Uruguay está en otras condiciones -creo que ese dato no debería ser omitido- en cuanto a ser más selectivo en materia de contrapartidas para las inversiones extranjeras directas. Esto se lo puede permitir el país en este momento, lo que no quiere decir que puedan existir algunos casos en los cuales se esté en desacuerdo con la aplicación de esa normativa; habrá que analizarlo en su conjunto. Aquí se han hecho algunos aportes al respecto, que serán estudiados y, si se considera pertinente, convocaremos a los responsables del tema.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señora Presidenta: todos estamos de acuerdo en que es absolutamente imprescindible que haya inversión nacional y extranjera. No hay discusión sobre este tema.

Por otro lado, estamos analizando y discutiendo qué tipo de exoneraciones son positivas y constructivas y cuáles limitan o dificultan la posibilidad de hacer otro tipo de actividades. Agrego un punto más a lo que venía diciendo; acabo de leer las perspectivas económicas que el Fondo Monetario Internacional da en octubre de 2011. Todos aquí tienen claro que no acompaño muchas cosas de este organismo, pero en ese documento dice que, a veces, las exoneraciones fiscales son demasiado caras y, desde ese punto de vista, considera que hay algunos países de la región que deberían encontrar mecanismos tendientes a que estas exoneraciones -o gastos tributarios, como también se los denomina- se rebajen porque son demasiado elevadas. En lo personal, creo que la discusión que plantea el señor Senador Lacalle Herrera debe ser postergada a la luz del conocimiento que aporte el nuevo decreto, que seguramente estará pronto en las próximas semanas. En ese momento, analizaremos la propuesta con más detalle y podremos determinar si tenemos o no críticas para formular.

Con respecto a la posición que planteó el señor Senador Bordaberry sobre Montes del Plata, quiero dejar constancia de que también he tenido dudas sobre algunas de las cláusulas firmadas con esta empresa.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con el debate, tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señora Presidenta: creo que el planteo del señor Senador Lacalle Herrera ha sido muy oportuno porque este es un tema realmente trascendente para el país. Considero que estos dos instrumentos legislativos -el Decreto Ley de 1974 y la Ley de 1998- son buenos y han contribuido a generar inversión nacional y extranjera en el país. Sin embargo, también pienso que la reglamentación de estos dos instrumentos legales ha ido más allá de lo que ellos habilitan y permiten, en especial, el último decreto del año 2008.

El señor Senador Lacalle Herrera ha hecho una pormenorizada exposición, dando cuenta de la casuística en esta materia y de la cantidad de emprendimientos existentes, algunos de los cuales no parecen estar incluidos dentro de los definidos en la ley de 1998, que refiere a estímulos de inversiones específicas y de actividades y empresas promovidas. Además, esta ley establece criterios en el sentido de que esto se destine a aquellas inversiones que incorporen progreso técnico que permita mejorar la competitividad, que faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, especialmente las que incorporen mayor agregado nacional y que generen empleo productivo directa o indirectamente. La verdad es que me gustaría preguntar cuál es la definición de empleo productivo porque es un tema de difícil categorización. Me parece que un free shop, una pizzería o una parrillada ofrecen empleo productivo porque generan empleo. Ahora bien; incorporar valor agregado nacional en los eslabones de la cadena productiva o fomentar las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas por su capacidad efectiva de innovación tecnológica no tiene que ver con generar empleo productivo. Entonces, destaco este mecanismo al que hacía referencia el señor Senador Lacalle Herrera, por el cual media una aprobación ficta en lapsos muy breves -para las pequeñas empresas es de treinta días; para las medianas, de cuarenta y cinco; y para las grandes de sesenta- y si no hay pronunciamiento de la Comisión de Aplicación, se produce la aprobación ficta. Respecto de esto, he escuchado que hay prácticamente una aprobación automática de los proyectos y que luego se produce una revisión. Además, tengo entendido que muchas veces se plantean discrepancias entre el criterio de la Comisión de Aplicación y el de la Dirección General Impositiva en lo que hace a las exoneraciones, y eso a veces genera conflictos de competencia en la aplicación de la ley y de los decretos. Sé que varias empresas han conseguido la aprobación de proyectos que luego fueron revisados y se determinaron reliquidaciones de impuestos por esta vía. Por tanto, estamos pisando un terreno realmente muy frágil.

Si bien estamos de acuerdo con esto, creemos que ha habido una generación excesiva y desde las propias filas del Frente Amplio hemos escuchado voces -como la del señor Senador Couriel- que expresan que en lugar de hacerse una aplicación un poco restrictiva de todo esto se ha procedido a una aplicación quizás extremadamente generosa. Este es un tema controvertido, pero hay dos aspectos que me gustaría analizar y que el señor Senador Bordaberry ha puesto sobre el tapete. Uno de ellos tiene que ver con la empresa Montes del Plata. Como ex Intendente de Colonia y como coloniense -al igual que aquellos que viven en todo ese territorio que puede verse afectado por la recategorización de suelos para destinarlos eventualmente a la producción forestal- estoy seriamente preocupado por esto. Sinceramente, no quiero que mi departamento de Colonia termine siendo un lugar de prioridad forestal, dado que allí tenemos una excelente subdivisión de la tierra y una estructura productiva basada en otro tipo de explotaciones. En Colonia existen pequeñas explotaciones familiares lecheras, tambos, emprendimientos agropecuarios y ganadería intensiva y por eso no quiero de ninguna manera que toda esta actividad sea sustituida por una explotación forestal.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señora Presidenta: sería bueno que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca o la de Hacienda convocara al señor Ministro para que informara sobre todo esto. En la Bancada del Frente Amplio hemos escuchado explicaciones exhaustivas técnicamente muy solventes sobre los suelos que ya estaban en un proceso de tipo 5.02b, es decir, que son mixtos. Hay muchos suelos de esas características y nosotros lo hemos podido ver en los mapas. Sería bueno que esa explicación exhaustiva fuera compartida con el resto de los miembros del Senado.

Muchas gracias por la interrupción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Naturalmente, como no integramos la Bancada del Frente Amplio, no tenemos conocimiento de esa información. De todos modos, me preocupa el procedimiento que habilita este decreto del año 2008 y que mencionaba en su planteo el señor Senador Lacalle Herrera, en el sentido de cómo llamar a responsabilidad en el caso de que se violara la ley. ¿Qué hacemos? ¿Interpelamos al Secretario de la Presidencia? Eso no lo podemos hacer y lamentablemente este contrato de inversión fue firmado por el Secretario de la Presidencia, por delegación del Poder Ejecutivo. ¿Qué podemos hacer con el Secretario de la Presidencia? Lo cierto es que aquí no lo podemos llamar porque no tiene responsabilidad política. Recuerdo que esto ya sucedió cuando el Secretario de la Presidencia del gobierno anterior, doctor Gonzalo Fernández, intervenía en cuestiones de política exterior. En una oportunidad, convocamos aquí al señor Ministro Gargano y le dijimos que no podíamos hacerlo responsable porque no había responsabilidad política.

Una de nuestras preocupaciones radica en el marco institucional en el que se celebran los contratos de inversión. Esto no es algo menor porque, como bien decía el señor Senador Rubio, el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene una visión muy fundada sobre esto. Yo no quiero escuchar la opinión del Secretario de la Presidencia, doctor Breccia, sino la del responsable de la Cartera. No podemos llamarlo a responsabilidad en este ámbito, aunque sí puede concurrir a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Creo que aquí hay una posición institucional equivocada con respecto a decisiones que son muy relevantes y que, tal como se ha señalado, exceden absolutamente el marco legal vigente. Por ejemplo, con respecto al tema de una eventual recategorización de los suelos, se habla de 200 kilómetros para reducir las distancias. ¡Suerte que Conchillas está sobre el Río de la Plata, porque de lo contrario, medio país sería alcanzado por esta medida! Como llegamos a Buenos Aires, el otro lado no estaría comprendido y, por ende, no podemos obligarlo. De todas maneras, considero que este es un radio muy grande, que abarca seis o siete departamentos del Uruguay.

Observen los señores Senadores que, entre lo pactado, se dice lo siguiente: “las partes estiman que de dicho estudio debería surgir una cantidad de suelos recategorizados suficiente para las necesidades del proyecto”. En caso de que no fuera así, las partes harán los mayores esfuerzos “para encontrar soluciones alternativas para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 km de Punta Pereira”. Corresponde preguntarse cuál es la solución alternativa si no se pueden recategorizar los suelos. Me gustaría que alguien me responda cuál es la solución alternativa.

Como coloniense, tengo una enorme preocupación por este tema y no imagino cómo se puede dar cumplimiento a lo acordado. Es más, en el caso de estas tierras y proyectos, tampoco imagino cómo se puede evadir la obligación de realizar el estudio de impacto ambiental previo que impone la Ley de Ordenamiento Territorial. Seguramente la señora Presidenta del Cuerpo recuerde que estuvimos dos años discutiendo acerca de la Ley de Ordenamiento Territorial -un instrumento que tiene cosas buenas y otras que, a mi juicio, no lo son tanto-, basada en la protección ambiental y en la protección de los recursos naturales. En función de esto, el estudio de impacto ambiental se impone y no creo que se pueda recategorizar a priori. ¿Para qué está la Dinama si, en definitiva, quien recategoriza o evalúa ambientalmente un proyecto es el Secretario de la Presidencia de la República por resolución delegada? A mi juicio, esto no tiene carácter garantista. Además, el colmo de todo está planteado en el punto 3.5.10 del contrato de inversión entre nuestro país y Montes del Plata porque, de acuerdo con la información de que disponemos, quienes posean 250.000 hectáreas, pasarán a pagar alrededor de US$ 4:000.000. Naturalmente, no están muy contentos con esta medida. Como bien indicó el señor Senador Bordaberry, en el punto mencionado se establece que las partes “convienen que para el caso que hubiera cambios significativos en el régimen tributario” -como en el caso planteado, donde están exonerados de todos los impuestos- “o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente” -es obvio que una cifra de US$ 4:000.000 afecta cualquier proyecto que se desee impulsar- “las condiciones económicas del proyecto de Montes del Plata durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la Ley de Inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios”. ¿Cómo revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley? Evidentemente, no los van a poder exonerar del pago de este impuesto, salvo que se establezca en el propio proyecto de ley. ¿Qué otra forma de compensación, que no viole flagrantemente las leyes tributarias vigentes, se puede establecer?

Este contrato, que tuvo carácter confidencial y además fue firmado, entre gallos y medias noches, un 18 de enero, en plena siesta estival, contiene obligaciones para el Estado uruguayo que van desde el tema del personal hasta el peso que deben tener los camiones. A este respecto, se ha previsto habilitar, entre otras cosas y por una modificación de la reglamentación vigente en materia de zona franca, a aquellos camiones que tengan un peso aproximado a las 60 toneladas. También se otorga prioridad al Instituto Nacional de Colonización y se habla de la exoneración total de impuestos a las fusiones. Hay excepciones de toda naturaleza; algunas podrán ser aceptables, pero otras no. En particular, esta de las compensaciones especiales a la que aludimos recientemente es un cheque en blanco porque, ¿cuáles son las compensaciones? Es evidente que no se puede tratar de una exoneración porque la ley debe ser igual para todos, salvo que se contemple la existencia de concentraciones de tierras que no pueden ser afectadas. Me parece que esta no es la filosofía proclamada por el Gobierno.

Si bien como ciudadano de la República y como coloniense tengo una enorme preocupación por este tema, también entiendo que se han hecho aportes muy buenos para el desarrollo, tanto del país como de la región, por la vía de estas situaciones. ¡Pero una cosa no quita la otra! Como bien señaló el señor Senador Couriel, creo que no era necesario establecer todas estas cosas; las inversiones llegarían igual, porque el contexto internacional es muy favorable y bueno. Uruguay siempre ofreció al inversor extranjero las garantías que derivan de la propia estabilidad y madurez de su sistema político, es decir, de quienes estamos sentados aquí, que más allá de discrepar sobre diversos temas, no somos tontos y no nos rasgamos las vestiduras cuando la gente viene a generar trabajo.

Todo esto me parece bueno, pero ¡cuidado con la excesiva indulgencia! ¡Cuidado con pactar cosas confidencialmente! Estamos hablando de US$ 2.000:000.000 y no debería existir confidencialidad como la que hubo -a este punto se refirió el señor Senador Lacalle Herrera- en el caso de PLUNA S.A. A PLUNA S.A., con sus nuevos socios, no se la exoneró por ley, sino de facto; se la exoneró de presentar garantías, se la exoneró de acreditar solvencia y se la exoneró de cumplir con un plan de negocios que era mentira. Ahora, el Estado le está reclamando US$ 1:850.000 por un ruinoso negocio con la empresa fundida Aerovip. ¡Lo de PLUNA es una vergüenza de indulgencia y de exoneraciones de facto! Yo me puedo pasar dos días hablando de este tema, pero no es del caso hacerlo. De todas formas, por vía de decreto o por vía de los hechos, aquí asistimos a comportamientos excesivamente indulgentes que, en el caso de PLUNA, se traducen en perjuicios innegables para el Estado uruguayo, y esto es algo que le discuto a quien sea. Se ha actuado por la vía de decir “si” a todo, a cambio de nada. Así pues, a cambio de nada, hoy tenemos una empresa que, cuando lleguen los nuevos aviones, deberá alrededor de US$ 400:000.000. Me gustaría saber cómo terminará esta película, en la que el Estado garantizaría US$ 150:000.000 o US$ 160:000.000.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de conceder la interrupción solicitada, la Mesa comunica al señor Senador Moreira que le restan seis minutos para hacer uso de la palabra.

Puede interrumpir el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora Presidenta: trataré de ser breve.

Se ha señalado que, con relación a estos asuntos, se deberían transitar caminos como el de la Justicia Penal. Obviamente, nosotros manejamos con mucha responsabilidad -como corresponde- cada uno de los pasos que damos en el Parlamento. En una primera oportunidad solicitamos el contrato, que nos fue entregado, y hace ya más de un mes y medio o dos meses, hicimos lo propio con los antecedentes a que hacen referencia los literales a) a e) del artículo 1º del Decreto Nº 477/008, para poder realmente formarnos opinión.

Ante lo que aquí se ha dicho, y dado que no se puede convocar al señor Secretario de la Presidencia como lo hacemos con los señores Ministros, creo que el único mecanismo al que se podría recurrir es el del artículo 120 de la Constitución de la República, que establece la posibilidad de formar Comisiones investigadoras para aclarar todas las dudas que nos han surgido respecto a quien ha invadido áreas de una cantidad de Ministerios y no puede ser responsabilizado de la misma manera que los Ministros. Nos quejamos de la categorización de suelos 5.02b y de la recategorización, y debo recordar que tuvimos oportunidad de convocar a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca al Director de la Dirección General Forestal y a la Directora de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables -Renare- para preguntarles si habían elaborado un informe escrito previo a la firma de este contrato y nos respondieron que no, pero que sí habían sido consultados al respecto. Considero que no le hace bien al país no tener claros estos aspectos. No digo que existan responsabilidades penales, sencillamente porque no tengo elementos para afirmarlo; estamos solicitando información. Tampoco digo que una Comisión investigadora tenga que terminar en la Justicia porque, en definitiva, ella puede terminar echando luz sobre lo ocurrido.

Si bien hay que cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 135 del Reglamento del Senado, que son bastante estrictos, adelanto que vamos a invitar a los señores Senadores que se han manifestado a favor de aclarar este tema a presentar una nota a la señora Presidenta, de forma tal que se puedan investigar estos hechos y echar luz sobre ellos, porque es necesario estar dentro de la ley.

Quizás no nos demos cuenta de que las inversiones progresaron en el Uruguay, sencillamente porque en la crisis de 2002 y 2003 el país dijo que iba a cumplir con su palabra y no prestó atención a las voces de sirena que pedían declarar el default y no cumplir con las obligaciones y las normas. Ese fue el gran espaldarazo que dio el Uruguay. La gente que antes no creía en el país, ahora sí lo hace, porque cumplió con sus obligaciones en el momento más duro y esa es la razón por la cual invierte. Si no establecemos que todos estamos regidos por la ley -por más trato preferencial que deba darse- el país y las inversiones no van a tener futuro, aspecto que debemos cuidar.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Ya finalicé, señora Presidenta.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señora Presidenta: me parece que el tema planteado es importante. Tomé nota de las expresiones del señor Senador Lacalle Herrera sobre las exoneraciones tributarias y considero que siempre debemos tener en cuenta si se conceden beneficios en el límite o plenamente. Es importante que las inversiones -extranjeras o nacionales- que se hagan en el país y reciban beneficios, favorezcan a la sociedad a través de la dinamización de la economía, la generación de empleo y producción y la mejora de las exportaciones, y sirvan de ayuda para lograr los equilibrios territoriales. En realidad, todos los países necesitan inversiones y, en el caso del nuestro, siempre las hemos precisado. Durante muchos años, quienes podían invertir no lo hicieron en el país, sino que tomaron otras decisiones que son absolutamente legítimas en una sociedad de propiedad privada. Entonces, me parece que es importante crear condiciones para que haya inversión en el país. Aquí hay tres patas que deben ayudar a lograr nuestros objetivos: el país, los inversores y las normas, que abarcan la Constitución, las leyes y los decretos.

Este capítulo es relativamente nuevo en el Uruguay, porque hubo dos decretos sobre esta ley, y la ley anterior era de 1974. Creo que vamos haciendo camino y el análisis de los resultados que se generan nos permite hacer mejoras. El decreto que anunció el señor Ministro de Economía y Finanzas -al que se refirió cuando concurrió en ocasión de considerar la Rendición de Cuentas, y también públicamente- va a tener incorporado el aprendizaje de los últimos años. Esto es legítimo, importante, positivo y todos lo debemos analizar. La oposición tendrá un punto de vista y los que estamos en el Gobierno, otro, pero es legítimo que se dé esa discusión en una sociedad democrática.

El debate se fue acotando a una inversión en particular, que es la de Montes del Plata, cuando el centro de nuestro análisis era el planteo más general planteado por el señor Senador Lacalle Herrera. En este sentido, quiero precisar algunos aspectos. El decreto que reglamenta la ley relativa a las grandes inversiones, crea una comisión que negocia y elabora un proyecto de contrato. Ese decreto no dice qué cosas deben figurar en el contrato de manera taxativa; cada inversión tiene sus particularidades. En consecuencia, no se puede decir que no corresponde que estén determinadas ciertas cosas en un contrato; pueden ser o no positivas para el interés nacional, pero lo que figura en el contrato deriva de las particularidades de la discusión.

Al Uruguay le convenía que esta inversión de una planta industrializadora de árboles no se localizara en la desembocadura del río Negro, como estaba pensado originalmente. M”Bopicuá está ubicada donde se pensaba que iba a estar la otra instalación, además de Botnia. Como dije, visto los hechos que se sucedieron y los volúmenes alcanzados por esos emprendimientos industriales, al Gobierno uruguayo no le convenía que la empresa se instalara allí, pero la empresa ya había hecho su base forestal pensando en esa ubicación, por lo que parecía bastante razonable que se encontrara la manera de que las superficies forestales de la nueva empresa se avinieran a los intereses del país y a la economía del asunto. Normalmente las inversiones forestales manejan un guarismo de 200 kilómetros de distancia de la planta, por el alto costo que implica transportar troncos que tienen poca materia prima porque tienen mucho de agua.

Por conocimiento personal quiero decir que hay muchísimos suelos de aptitud forestal -mucho más de 100.000 hectáreas- que están a menos de 200 kilómetros de Punta Pereira y que hoy no están forestados. En el propio departamento de Colonia hay zonas que son de prioridad forestal y que actualmente no tienen árboles; lo mismo sucede en el departamento de Flores.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Tienen derecho a no plantarlos.

SEÑOR AGAZZI.- Es verdad, pero lo que quiero decir es que no habrá una avalancha de plantaciones de árboles en zonas que no son apropiadas para la forestación, porque en este semicírculo de 200 kilómetros en los departamentos de Durazno, Flores y Florida, hay lugares apropiados en sobremedida.

En cuanto al famoso tema de los suelos 5.02b quiero decir lo siguiente. Uno de los grupos de Índice CONEAT es el de los suelos 5.02b. Los suelos de Índice CONEAT son grupos de suelos definidos por su morfología, características y potencialidad. Un número de Índice CONEAT incluye una serie de suelos diferentes. Esto es así desde que se creó la comisión de evaluación de los suelos. Desde la aprobación de la Ley Forestal se dictaron decretos que fueron abriendo los Índices CONEAT, porque dentro de cada uno de ellos -que tienen un número e incluyen una gran diversidad de suelos- hay suelos que son de prioridad forestal y otros que no. En algunos casos, se han retirado suelos de prioridad forestal y, en otros, se han incluido; hay una dinámica en este sentido, porque está relacionado con el conocimiento que tiene el país de sus recursos.

El tipo 5.02b abarca una superficie muy grande en el país y está constituido por una mezcla de suelos de distintos tipos. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección correspondiente, está estudiando más en detalle estos suelos para separar, dentro del tipo 5.02b, los que pueden ser de prioridad forestal de los que no lo son. Los jerarcas responsables en estos temas nos han señalado que el grupo 5.02b no va a ser recategorizado como suelo de prioridad forestal y yo no tengo por qué no creer eso.

Ahora bien, es cierto que un contrato no puede decir que el Instituto Nacional de Colonización no va a hacer una opción de compra, aunque lo firme el Gobierno, porque eso figura en una ley. En particular, si hay un suelo que le interesa al Instituto Nacional de Colonización porque hay allí productores lecheros, me parece bien que las empresas forestales compitan con el Instituto en el marco de las leyes que tiene el país.

En lo que tiene que ver con el tema tributario, que es delicado, el contrato hace referencia a si se afecta la rentabilidad del emprendimiento. Ahora bien, esa rentabilidad se mide por indicadores técnicos y por la tasa interna de retorno, e incluye todas las inversiones de la empresa. En realidad, los US$ 4:000.000 que tengan que pagar por concepto de impuestos va a mover muy poco la TIR y eso se va a analizar junto con la empresa. De hecho, ya se realizaron reuniones entre el Poder Ejecutivo y la empresa a los efectos de ver si el pago de este impuesto va a afectar la tasa interna de retorno. Esta tasa, que es un indicador técnico, se va a mover muy poco por este concepto y la empresa también dice que es así. Al respecto, se están elaborando los números correspondientes.

En realidad, este impuesto significa muy poco, en relación a toda la inversión que hizo la empresa y a la producción que va a tener. Quizás la TIR pueda variar más por una pequeña variación en el precio del dólar más que este impuesto, pero eso se verá más adelante. Lo que dice el contrato es que si hay un nuevo impuesto -y si esto fuera así después veremos si es generalizado; la empresa lo tendrá que pagar como todo el mundo, y ellos saben que es así-, quien conduce la negociación desde el punto de vista de la Ley de Inversión, se va reunir con la empresa -ya están intentando hacer número para ello- para analizar si esto se revisa o no. Quiero subrayar que también vinieron empresas forestales de otros países como, por ejemplo, de Portugal o de Corea. Lo primero que plantean las empresas es que quieren conversar pero que nadie se entere, porque todas las empresas productoras de papel en el mundo tienen una perspectiva del consumo del papel a 15 o 20 años y saben que la materia prima es limitada. En realidad, están buscando sus caminos, pero las empresas competidoras no deben enterarse de sus negociaciones. Insisto en que son las empresas que piden que la temática que se vaya a discutir quede resguardada en el ámbito de la negociación. Hay, entonces, un motivo empresarial de mantener estos asuntos sin divulgarlos demasiado, porque -y ya les ha pasado porque me lo han dicho- ha sucedido que cuando han surgido proyectos de inversión de estos tamaños y actividades, otros compraron tierras y especularon con ellas. Las empresas quieren evitar la especulación que las perjudica.

En realidad, esta confidencialidad se levantó gracias a una gestión que realizó el PIT-CNT. Cuando se habló de la capacitación de los trabajadores en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue el propio responsable de la Cartera el que señaló que habría que abrir esto para ver qué gente está interesada en trabajar y cuáles son las líneas de capacitación que tienen. Por esta razón se levantó la confidencialidad y se puede averiguar pacíficamente, tal como lo hice yo.

En cuanto a quién consultar sobre estos asuntos, me parece que la manera que, como parlamentarios, tenemos de profundizar en este tema es la siguiente. Respecto a las inversiones hay una Comisión de Aplicación, que efectiviza la Ley de Inversiones, que está en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, y también existen otros funcionarios de otros Ministerios, cada uno con su particularidad. Entonces, a través de las Comisiones asesoras podemos profundizar en estos temas. De manera que, insisto, hay mecanismos parlamentarios para informarnos. En la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recibimos a funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que expusieron sobre los suelos forestales, sus características y de todo esto que estoy informando al Plenario y que lo extractamos precisamente de esa reunión.

Pero hay otra pata que debemos cuidar mucho para resguardar el interés nacional, el trabajo de nuestra gente y que las cosas salgan bien. Estoy hablando de los inversores, que los hay de muy distinto tipo. Existen inversores -por suerte no está pasando más y espero que no pase más en este país- que cuando hay empresas endeudadas compran a los organismos de recuperación -como es el caso de la recuperadora del Banco de la República- los créditos y, después, simulan un remate que ellos mismos compran y, de esa manera, terminan comprando tierras muy baratas. Así fue el negociado de Rausa, donde una empresa panameña había hecho un adelanto por el crédito de la deuda que tenía dicha empresa con el Banco de la República y estaba preparando un remate donde otra empresa panameña, integrada con los mismos Directivos, iba a comprar los créditos. Era un negocio jugoso.

Lo cierto es que estamos frente a un tema delicado. El Instituto Nacional de Colonización hizo una opción de compra. Se trata de 4.000 hectáreas que afortunadamente hoy son propiedad del Instituto. Sucede que apareció una simulación de arrendamiento por menos de US$ 1 por hectárea a quince años para que el Instituto Nacional de Colonización no lo pudiera comprar. Esto motivó que interviniera la Justicia, porque hubo denuncias y contradenuncias, pero todo esto se aclaró. Incluso Rausa no pagó durante muchos años la contribución inmobiliaria en el departamento de Maldonado y la empresa que estaba optando por hacer el remate para comprarla ella misma, hizo un trámite en la Intendencia de Maldonado para no pagarla -la deuda alcanzaba al cuarto de millón de dólares-, ofreciéndole unas construcciones para fines sociales y actividades típicamente municipales. Pero, afortunadamente, el Intendente no aceptó porque, en realidad, no se puede hacer un negocio prometiendo algo que es de otro, a cambio de que le den un certificado para poder hacer un remate. Existen estudios que se dedican a estas cosas y las siguen con el tiempo. Todavía Afisa tiene cosas para recuperar, pero el grueso se terminó. Hay que tener en cuenta que hay empresas inversoras internacionales que encuentran los eslabones débiles de los problemas que tenemos como país para aprovecharse de esas situaciones y hacer sus negocios.

Creo que hoy tenemos un país serio y responsable. Los Senadores del Partido Colorado señalan que esto empezó con la recuperación que sobrevino después de la crisis del año 2002 y nosotros lo aceptamos, pero después nosotros continuamos el proceso y hoy podemos decir que se cumplen todas las normas y que tenemos un país que crece, tiene inversiones y está comenzando a tener desarrollo. El país es ese; yo sueño con que un día le podamos decir al inversor que venga, que es un privilegiado porque viene a invertir en un país que lo construimos nosotros y que le vamos a poner ciertas condiciones para que pueda desarrollar su actividad económica aquí y no que lo estemos mirando como si fuera alguien que viene con un pan debajo del brazo para solucionar los problemas que tenemos. Creo que ahora estamos en un punto de equilibrio. Me gustaría lograr otras metas que seguramente con el tiempo van a venir y como tiene, por ejemplo, la legislación neozelandesa que diferencia inversiones comunes de inversiones sensibles. Hay activos nacionales que son importantes para su desarrollo que los colocan en la categoría de sensibles y tienen exigencias mucho más grandes como, por ejemplo, invertir en más de cinco hectáreas de tierra; después de las cinco hectáreas pasa a la categoría de inversión sensible. Esto es así porque en Nueva Zelanda existe una democracia rural, tienen un determinado nivel de desarrollo y funcionamiento económico y los inversores igual quieren ir porque es un país exitoso y un puerto seguro. En lo personal, quiero que algún día seamos como Nueva Zelanda, no por copiar, sino por trabajar para nuestra gente, trabajadores y agricultores.

Creo que todo esto es parte de la gran temática de las inversiones. Me alegra muchísimo que tengamos cerca del 20% del PIB de inversiones y quisiera que sigamos trabajando para que el porcentaje se eleve y sea bien hecho.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor Senador.

Continuando con la discusión, tiene la palabra el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Gracias, señora Presidenta. No sé si soy el último Senador anotado, pero creo que estamos próximos a finalizar este rico intercambio de ideas que hemos tenido.

Quiero señalar que me siento muy tranquilo cuando se producen planteos severos como los que han realizado los señores Senadores Lacalle Herrera, Bordaberry y todos los que puedan venir en el futuro. Podemos tener la absoluta seguridad en citar aquella máxima que hemos utilizado tantas veces en la campaña electoral “Podremos meter la pata pero no queremos meter la mano”. Si en una administración del Estado nueva, con funcionarios nuevos y con responsabilidades y exigencias nuevas de un país distinto al que había en el año 2002 se realizan planteos, comentarios, análisis y datos serios, hechos con sentido patriótico y constructivo, como creo que lo son los que han realizado los señores Senadores Lacalle Herrera y Bordabery, bienvenidos sean.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BARÁIBAR.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señora Presidenta: se podría continuar este debate en otra sesión en la que tengamos toda la documentación. Estoy dispuesto a analizar este tema en el lugar que corresponda, con la documentación y los protagonistas que tienen que ver con él. Me ha llegado información de que el contrato con Montes del Plata fue analizado y firmado por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Industria, Energía y Minería, y en ausencia del Presidente -que en último término es el que firma los contratos en materia de promoción de inversiones; me cansé de ver al doctor Tabaré Vázquez firmar cuarenta o cincuenta paquetes de proyectos de promoción de inversiones extranjeras o nacionales-, por delegación, firmó el Secretario de la Presidencia. Entonces, esto no tiene misterio alguno, y eso es independiente de si el punto tal o cual es opinable, porque este es un aspecto discutible y habría que analizarlo, ya que se pueden tener distintos puntos de vista.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR SOLARI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BARÁIBAR.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señora Presidenta: el señor Senador Baráibar está planteando un razonamiento por el cual, aparentemente, no se necesitaría ningún tipo de investigación alrededor de estos hechos, habida cuenta de que se trata de una administración y un personal nuevos, y por esa condición sería inmune a cualquier tipo de desviación. Es más, el señor Senador hizo referencia a una expresión que conocemos todos los uruguayos, que dice que se podría meter la pata, pero no la mano en la lata. A continuación planteó que los administradores que están ahora no son los que estaban en la época de los años 2002 y 2003, y no sé si se estaba refiriendo al Gobierno Nacional o al Departamental de Montevideo. Las únicas personas que tienen un pedido de procesamiento por la justicia, por corrupción, en los años 2002 y 2003, son los señores Arana y Roselli y la señora María Julia Muñoz.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora Presidenta: cuando me referí a la diferencia de la situación vivida en el año 2008 con la del 2002, no quise hacer mención a las conductas políticas, sino a la administración de un país en un momento de tcrisis y a la de otro en plena expansión, que es el que tiene lugar desde 2008 hasta la actualidad. Y, sin duda, esto último nos genera situaciones nuevas como las que estamos analizando.

Creo que todos los que han intervenido aquí, de todos los partidos políticos, han estado de acuerdo en que las inversiones son convenientes para el país, ya que han dado sus frutos. Esa es una conclusión de importancia, a la que podemos llegar en la tarde de hoy -aunque haya momentos de cierta tensión-, con relación a cómo se ha procesado este tema.

Por otra parte, no voy a negar que el señor Senador Lacalle Herrera ha planteado el tema con una cierta dosis de espectacularidad, sobre todo, por los nombres que mencionó, que a todos nos llama la atención. En lo personal, estoy profundamente sorprendido de que para negocios de esa naturaleza se hayan otorgado exoneraciones fiscales, cuando claramente no se justificaban. Pero también debemos tener en cuenta que estamos ante nuevas normativas. Todos sabemos que estos decretos sobre inversiones fueron los que, en alguna medida, contribuyeron al despegue de las mismas. Si bien la Ley de Inversiones es de muchos años atrás, a partir del Decreto posterior -cuyo número no recuerdo exactamente- es que se tuvo este éxito y se habilitó este boom. Entonces, la letra de este Decreto -que no hace muchos años fue aprobado- puede ser usada con un sentido leal y positivo o para aprovechar ciertos resquicios legales para lograr habilitaciones que no condicen con el espíritu de la ley. Ahora nos hemos enterado de que está a estudio un decreto que va a tratar de corregir esos errores. Creo que este es un hecho importante y no tengo problemas en expresar que celebro que el señor Senador Lacalle Herrera, demostrando una preocupación patriótica -porque eso significa investigar, solicitar datos, tener un asesoramiento-, haya traído un tema que, de repente, en el fárrago de la tarea de Gobierno, no tuvimos oportunidad de darle la debida atención.

Comparto lo expresado por el señor Senador Rubio. En su momento vamos a citar a las personas que tienen que ver con este hecho y vamos a darle al tema el tratamiento que merece.

Por otro lado, con respecto al planteo del señor Senador Bordaberry, quisiera expresar que en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca ya se hizo referencia al mismo, a través de una exposición del propio Senador Bordaberry y también del señor Senador Chiruchi. En ese momento tomamos las precauciones del caso -me parece que ninguno de nosotros lo conocía-, y creo que la explicación que ha dado el señor Senador Agazzi, luego de haber investigado y recogido las versiones de las fuentes fidedignas, es más que suficiente para que tengamos la claridad de que todo lo que se procesó se hizo de una manera correcta -sin ningún ánimo de querer escatimar la información de quienes tienen que saber las cosas- y con los procedimientos necesarios para que los negocios se concretaran.

Por último, deberíamos felicitar a nuestro país y a nuestra democracia. Tenemos una cierta peculiaridad, porque los argumentos que plantea la oposición sobre algunas medidas, en otras épocas eran los que usábamos nosotros y, al mismo tiempo, nosotros ahora usamos ciertos argumentos que son los que utilizaron los que actualmente están en la oposición. Son las circunstancias de la vida; las tareas de Gobierno nos obligan a reflexionar en profundidad sobre la nueva situación, y una de las primeras cosas que hemos dicho es que para querer cambiar la situación de un país o de una sociedad, lo primero que tenemos que hacer es conocerla. Hemos llevado adelante una gestión de Gobierno durante siete años -que pueden ser pocos o muchos; yo diría que pocos-, y ocasiones como esta nos llevan a sacar un balance absolutamente positivo de lo que ha ocurrido. Asimismo, hay que saludar las intervenciones del señor Senador Lacalle Herrera -que fue el disparador del tema-, del señor Senador Bordaberry, con respecto a la empresa Montes del Plata, como así también las de los señores Senadores Agazzi, Couriel y Rubio, quienes dieron explicaciones que desde mi punto de vista han sido más que suficientes.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- En su momento llegó a la Mesa una moción para que la versión taquigráfica de las palabras vertidas en Sala fuera remitida a diversos lugares. La Presidencia quiere sugerir al Cuerpo que se remita toda la versión taquigráfica relacionada con la discusión de este punto.

Entonces, si los señores Senadores están de acuerdo, se va a votar el envío de la versión taquigráfica de la discusión de este tema a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería, y a la Presidencia de la República.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

23) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 14 y 54 minutos, presidiendo la señora Senadora Lucía Topolansky y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Amorín, Baráibar, Bordaberry, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallo Imperiale, Lorier, Montiel, Nin Novoa, Pereyra, Rodríguez, Rubio, Solari y Viera).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidenta en ejercicio

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Walter Alex Cofone Director General

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.