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Nº 61 - TOMO 477 - 1° DE DICIEMBRE DE 2010

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO DE LA XLVIIa. LEGISLATURA

60ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR DANILO ASTORI Presidente

Y

EL SEÑOR EBER DA ROSA Segundo Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y EL PROSECRETARIO MIGUEL SEJAS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la última convocatoria del Cuerpo.

5) y 7) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Juan Chiruchi y Rafael Michelini.

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores Sergio Chiesa y Felipe Michelini.

6) y 8) Presupuesto Nacional - Período 2010 - 2014

- Discusión particular del proyecto de ley.

9) Levantamiento de la Sesión

- Por moción llegada a la Mesa, se pasa a cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 9 y 30 horas.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

“Montevideo, 29 de noviembre de 2010.

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en Sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, el próximo miércoles 1º de diciembre, a la hora 9:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y continuar considerando el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional para el período comprendido entre los años 2010 - 2014.

Carp. Nº 380/10 - Rep. Nº 185/10 - Anexo I al XX.

2º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a fin de destituir de su cargo:

- a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Plazo constitucional vence el 22 de diciembre de 2010). (Se incluye en el Orden del Día por disposición reglamentaria).

Carp. Nº 354/10 - Rep. Nº 184/10.

- a tres funcionarios del Ministerio de Salud Pública, Centro Departamental de Paysandú. (Plazo constitucional vence el 22 de diciembre de 2010). (Se incluye en el Orden del Día por disposición reglamentaria).

Carp. Nº 355/10 - Rep. Nº 183/10.

- a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura, Archivo General de la Nación. (Plazo constitucional vence el 30 de diciembre de 2010). (Se incluye en el Orden del Día por disposición reglamentaria).

Carp. Nº 359/10 - Rep. Nº 187/10.

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario.

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Agazzi, Amorín, Antognazza, Barreiro, Bordaberry, Couriel, Dalmás, Fonticiella, Gallicchio*, Gallinal, Gamou, Heber, Lacalle Herrera, Larrañaga, Michelini**, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Morodo, Nin Novoa, Pasquet, Penadés, Pintos, Rubio, Saravia, Solari, Tajam, Topolansky, Viera y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Baráibar, Chiruchi, Fernández Huidobro, Lorier y Martínez.

* Ingresa a partir de la hora 20:15.

** Con licencia a partir de la hora 20:15.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Es la hora 9 y 44 minutos.)

- Dese cuenta de unos asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se sustituye el artículo único de la Ley Nº 18.560, de 11 de setiembre de 2009, por el que se aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se establecen normas relacionadas con la educación vial en el sistema educativo formal uruguayo.

- A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva, por vencimiento del plazo reglamentario, la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura.

- HA SIDO REPARTIDA Y ESTÁ INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY POR DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA.

La Junta Departamental de Río Negro remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora Edila Sandra Dodera, relacionadas con la preocupación de usuarios de Ancel, por mensajes de texto ofreciendo participar en sorteos, realizándose de ahí en más una publicidad que podría catalogarse de engañosa.

- TÉNGASE PRESENTE.”

4) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias de los señores Senadores a la anterior convocatoria del Cuerpo.

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- En la Sesión extraordinaria del día 30 de noviembre no se registraron inasistencias.

5) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 1º de diciembre de 2010.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Contador Danilo Astori
Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito a usted me conceda licencia, por razones de salud, desde el día de la fecha al 15 de diciembre del presente año. Adjunto certificado médico correspondiente.

Sin otro particular, saluda al Señor Presidente muy atentamente.

Juan Chiruchi. Senador.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 17 en 20. Afirmativa.

Se comunica que el señor Sergio Chiesa ha presentado nota de desistimiento informando que no acepta la convocatoria para integrar el Cuerpo. En consecuencia, queda convocado el señor Ambrosio Barreiro, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

6) PRESUPUESTO NACIONAL - PERÍODO 2010 - 2014

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional para el período comprendido entre los años 2010 y 2014.

En discusión particular.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: quisiera hacer una propuesta de trabajo para el día de hoy. Sugiero que para la discusión particular consideremos el proyecto de ley por Secciones, comenzando por las Secciones I, II y III. Luego, las Secciones IV y V, correspondientes a la Administración Central y a los organismos del artículo 220 de la Constitución se considerarían por Incisos, y de la Sección VI en adelante volveríamos a la consideración por Secciones.

Por otra parte, solicitamos que se suprima la lectura del articulado y que luego de votar las Secciones en general, cada Partido plantee los desgloses que considere necesario. En el caso de existir artículos aditivos, los trataríamos luego de finalizar la consideración del proyecto de ley, tal como se hace habitualmente.

Quiero aclarar que un método de trabajo similar utilizó la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE.- En base a la propuesta formulada por la señora Senadora Dalmás, se sugiere el siguiente método de trabajo.

En primer lugar, la Mesa irá siguiendo la votación de acuerdo con el repartido del estudio comparativo del proyecto de ley, en particular, el texto sustitutivo remitido por la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda.

La consideración se haría por Secciones, en el caso de las tres primeras. Las Secciones IV y V se considerarían por Incisos, y en las Secciones VI, VII y VIII volveríamos a la consideración por Sección.

También ha sido propuesta la supresión de la lectura de los artículos y la votación en bloque una vez que hayan llegado a la Mesa las solicitudes de desglose de aquellas disposiciones que los señores Senadores deseen analizar por separado. En caso de que hubiera propuestas sustitutivas como las que han llegado a Comisión, se considerarán en ese momento. Finalmente, se considerarían los artículos aditivos que pudieran presentarse.

Si no hay observaciones, se va a votar el procedimiento de trabajo sugerido.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración la Sección I del proyecto de ley sustitutivo remitido por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, “Disposiciones Generales”.

SEÑOR HEBER.- Solicitamos el desglose del artículo 4º porque queremos hacer algunos comentarios al respecto, y adelantamos que lo vamos a votar negativamente.

Quiero aclarar, a los efectos de que se tome conocimiento de nuestro planteo general, que hemos comunicado a Secretaría la nómina de los artículos que estamos dispuestos a votar afirmativamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo. ¿Hay otras propuestas de desglose?

SEÑOR AMORÍN.- Estamos totalmente de acuerdo con el método de trabajo propuesto. Al principio de cada Sección vamos a plantear las solicitudes de desglose que consideramos necesarias, y en este caso coincidimos con el Partido Nacional. Por lo tanto, también solicitamos se desglose el artículo 4º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la Sección I, con excepción del artículo 4º.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º de la Sección I.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: no vamos a acompañar este artículo porque quita la famosa cláusula gatillo por la cual, si la inflación crecía por encima del 10%, los ajustes salariales del sector público pasaban a ser cada tres o seis meses. Esto era una especie de espada de Damocles sobre la Administración, la que se tenía que obligar a que la inflación no alcanzara ese porcentaje para que no se dispararan ciertas variables que antes eran su sostén. Si el administrador sabía que existía esa disposición, se producía una especie de barrera que ninguna Administración podía pasar. Por este artículo se derogaría esa disposición, estableciéndose que en el caso de que se supere el mencionado porcentaje, la situación será negociada en un Consejo de Salarios superior. Esto nos deja la duda: ¿la Administración piensa que en algún momento se podrá superar ese 10% de inflación? De ser así, habrá que acordar, por lo que no hay garantías para los funcionarios en cuanto a no perder su salario frente a la inflación, porque se va a negociar, seguramente, por menos de lo que es el IPC.

Desde todo punto de vista esto significaba no solo una garantía para los funcionarios sino también para el sistema económico -y, por qué no, político-, en cuanto a que todos debíamos cuidar que no se pasara ese 10% de inflación. Era una especie, repito, de barrera que no se debía trasponer. De modo que esto ha generado movilizaciones de todo tipo, por intereses diversos. Los funcionarios no saben cuáles van a ser las reglas de juego en el caso de que se pase ese 10%, por lo que, compartiendo esta inquietud con los funcionarios de COFE, nos preocupa que el Gobierno tema pasar ese 10%. ¿Por qué surge este artículo ahora? ¿Le preocupa al Gobierno no controlar la inflación y que se pueda pasar ese porcentaje?

Estas son las razones por las que no vamos a acompañar este artículo 4º, que nos parecía garantista para los trabajadores y también para aquellos a quienes nos preocupa mucho que no vuelva a surgir otro impuesto, que no votamos en esta Sala, como ya ha sucedido, porque sería inflacionario e injusto pues castigaría a los sectores de ingresos fijos, o sea, a los jubilados y a los asalariados. Esta preocupación es primordial, central. En conclusión, decimos que, a nuestro juicio, el mensaje que se da a través del artículo 4º no es bueno.

Muchas gracias.

SEÑOR TAJAM.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR TAJAM.- Señor Presidente: obviamente esta Bancada va a votar afirmativamente el artículo 4º, dado que estamos ajustando una norma a los nuevos tiempos que acompasan la construcción y aprobación de un Presupuesto Nacional con la negociación colectiva -por primera vez- de los funcionarios públicos. Esta herramienta debe ser integrada, sin ninguna duda, al tema de los ajustes salariales. Antes, los funcionarios no disponían de esta herramienta, por lo que estaban jugados totalmente a la existencia de una regla automática que solamente cambiaba los plazos y no garantizaba nada. Por lo tanto, lo de “garantista” es limitado. Debo decir que con la norma anterior los funcionarios públicos perdieron muchos salarios. La nueva disposición se incluye en este nuevo marco de presupuesto y de negociación colectiva, que van a marchar en forma conjunta.

Por otro lado, debo decir que ha quedado muy claro cuál es el compromiso de este Gobierno con los ingresos de los asalariados cuando hay problemas inflacionarios y, en particular, cuando estos problemas atacan a los que perciben menos ingresos, cuando atacan a la canasta básica de consumo. Ese compromiso ha quedado muy claro y ha sido confirmado por el actual equipo económico. En realidad, esto no hay que verlo solamente dentro del marco de las negociaciones de ajustes salariales, sino también en lo que respecta a la política económica sujeta a las manifestaciones de la inflación y a sus consecuencias.

SEÑOR SARAVIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR TAJAM.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Creo que la herramienta de la negociación colectiva, sobre todo en lo que tiene que ver con la recuperación de los salarios, es mucho más importante que la que se utilizaba anteriormente. Lo digo en el sentido de que en ese ámbito se puede discutir y poner en práctica todas las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para controlar la inflación, así como analizar todo lo que tiene que ver con el control de la tasa interbancos y de las tarifas públicas.

Es por estas razones que entiendo que esta herramienta es mejor que la anterior, ya que permite a los trabajadores, si la inflación supera determinados parámetros, ingresar en una discusión que hace a la pérdida de salario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Tajam.

SEÑOR TAJAM.- Es todo cuanto tenía para decir.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: nosotros no vamos a votar este artículo. Nos parece que el Gobierno se complicó inútilmente con esta redacción. ¿Por qué digo esto? Porque tuvimos problemas; hubo huelgas y la población quedó alarmada con un artículo que, desde nuestro punto de vista, no tiene sentido en el corto y mediano plazo. Señalo esto porque cuando el señor Ministro concurrió a la Comisión le preguntamos sobre las proyecciones de la inflación y nos dijo que podíamos tener la absoluta certeza que no se iba a pasar del rango del 7%; que no habría ningún tipo de complicación ahora, ni de aquí en adelante, y esos son los números que figuran en el Presupuesto. Sin embargo, luego surge una norma que prevé la posibilidad de que se pase ese 10%, pero de darse esta situación, no habría ajuste automático y se pasaría al formidable sistema de negociación colectiva. Este sistema en el ámbito privado tiene un sentido fundamental pues hay un árbitro que es el Estado, pero en el ámbito público, es el Estado el árbitro frente a los funcionarios, frente a COFE.

Realmente creo que con este artículo nos metemos en un embrollo sin ninguna necesidad. Pienso que hubiera sido mucho mejor dejar la norma anterior pues nos hubiéramos evitado una cantidad de paros y movilizaciones; si la inflación no va a pasar el 10%, esta disposición es innecesaria. Por otra parte, decir que se llama a la negociación colectiva no tiene sentido, porque igual se va a tener. Lo que acá ha sido fundamental es la razón de la fuerza ya que no hay árbitro -porque sería el Estado, que es parte de la negociación-; entonces, ante el primer paro, se va a tener que negociar. Francamente, entiendo que la norma es innecesaria y que complica al Gobierno, y por ello es que no la vamos a votar.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: ¿cuál es la experiencia? Esto se genera a partir de la disparada de los precios de los commodities relacionados con los alimentos, que tuvo un impacto en el invierno de 2007 en nuestro país. Fue así que a partir del año 2008 se pasó a ajustar por la inflación futura. ¿Cuál fue el resultado? Que los trabajadores tuvieron incrementos salariales durante los años 2008, 2009 y 2010. Por tanto, la experiencia demuestra que si hay voluntad política de incrementar, en una fase del crecimiento del producto, la equidad social y los ingresos de los trabajadores, esto se produce. De no existir la voluntad política, no importa lo que se pueda establecer; eso no se va a producir. En buena medida esa fue la experiencia del Uruguay en gran parte de su historia.

Por otra parte, desde el punto de vista técnico todo depende de cómo se presente la inflación porque, si es ascendente, la indexación perjudica a los trabajadores, pero si es descendente, promueve una conducta de expectativas inflacionarias.

Por todo esto considero que el artículo es bueno, ya que no solo introduce la negociación colectiva, sino que además fija las distintas posibilidades. Entonces, si llegara a presentarse ese contexto -no lo creemos, pero nadie puede asegurar que no vaya a existir un contexto internacional que pueda modificar determinadas situaciones-, aquí establecemos un conjunto de dispositivos: se asegura que habrá negociación, el trabajador recuperará salario y si es en el primer semestre y la inflación supera el 10% se dispara el referido mecanismo.

Por último, todos sabemos -lo hemos oído durante mucho tiempo y ahora no podemos tener amnesia- que es bastante complicado conjugar el impacto del disparo de los commodities, así como tratar de mantener el dólar -se ha inundado el mundo con esa moneda-, con la necesidad de que no se produzca una disparada de precios y, al mismo tiempo, la indexación salarial que, a su vez, arrastra a todas las pasividades. Conjugar y equilibrar todos estos elementos en cualquier manejo macroeconómico es verdaderamente complejo, pero aquí hay un mecanismo garantista y además existe la voluntad política de que los trabajadores ganen salario. Esa es la idea.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: estas son las normas que hacen que un Presupuesto sea consistente, sostenido en el tiempo y genere un nivel de tranquilidad porque quienes llevan el Gobierno adelante prevén todos los escenarios. Si uno sale de viaje y el chofer dice que, como no va a haber problemas, no va a llevar auxiliar, me preocupo; sin embargo, otro chofer puede decir que no va a pasar nada, pero igual lleva auxiliar porque prevé contingencias. Hay un 99% de posibilidades de que este artículo 4º no se utilice porque nadie quiere -ni el Gobierno, ni los trabajadores, ni los integrantes de este Cuerpo- que la inflación supere el 10%. En los Gobiernos del Frente Amplio los niveles de inflación estuvieron dentro de las proyecciones anuales planteadas. Entonces, más allá de que esta norma no se vaya a usar, se debe prever porque el Gobierno -y utilizo la expresión en el sentido más amplio- no tiene a mano todas las contingencias mundiales. Nosotros queremos que el salario de los trabajadores aumente, tanto en el ámbito privado como en el público. En el caso de los privados sería a través de la negociación colectiva y crecería la economía; y a nivel de los públicos, también habría negociación colectiva, la que quedaría establecida en el Presupuesto con los parámetros que se fijan. Para que los salarios suban hay que tener una economía ordenada, que vuelque recursos para que el nivel de gasto de los hogares sea mayor, es decir que el nivel del salario real de los salarios sea mayor. Si surgen inconvenientes, imponderables o situaciones no previstas, queremos que la negociación sea ordenada, hablada y conversada con la gremial de los trabajadores y no como ocurrió otras veces que durante la crisis pierden unos y ganan otros. Muchas veces ha perdido el sector privado y ganó el sector público, pero en otras ocasiones sucedió lo inverso. Como dije, queremos que el salario real crezca y, por tanto, esta norma es absolutamente de recibo. Puede ser que algún sector de trabajadores no la haya entendido sustancialmente y también que quienes no votan el Presupuesto, no se sientan comprometidos con ella. A su vez, quienes votamos el Presupuesto estamos convencidos en un 99% que esta norma no se va a utilizar, pero debe existir porque se deben prever todas las circunstancias. Es más, esta norma refuerza las posibilidades de que el Presupuesto se cumpla a cabalidad tal como estamos previendo.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: en primer lugar, creo que si la norma no se va a usar no debería incluirse. Siguiendo el símil del vehículo, estamos sacando una auxiliar que existe hoy, la estamos dejando afuera y la estamos sustituyendo por otra que decimos que no vamos a tener que usar. Entonces, parecería que no deberíamos incluir la nueva sino dejar la vieja. No entiendo por qué se está sacando esta, que creo ha sido una buena zanahoria para el Gobierno en lo que refiere a no pasar el límite del 10% de la inflación y que -hay que reconocerlo- disparó una cantidad de alarmas cuando se acercaba a dicho límite en el Gobierno pasado.

Además, se justifica esta norma diciendo que no es necesaria la anterior que establecía el reajuste después que se pasaba el 10%, porque hay un compromiso del equipo económico manifestado públicamente de que se va a respetar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. He escuchado esto en varias oportunidades y por parte de varios Ministros en este y en el período anterior. Recuerdo que el ex Ministro de Transporte y Obras Públicas llegó a decir que no era necesario el TOCAF porque ahora estaban en el Gobierno y las cosas iban a ser claras. Creo en la buena voluntad y en las palabras, pero hoy estamos aprobando una ley y esta no puede ser sustituida por un compromiso público porque el Derecho necesita lograr el fin de justicia a través de la norma establecida y respetada. No podemos sustituir una norma legal por compromisos públicos de que el Gobierno va a tomar determinadas medidas en una negociación.

En realidad, he escuchado esto en tantas oportunidades que a veces me pregunto si el equivocado no soy yo, pero esto tiene que ver con la filosofía del Derecho, con la diferencia entre el mandato jurídico y el mandato arbitrario. Una sociedad, un país, un Estado se regula y vive en la seguridad que nos dan las normas jurídicas y no por los compromisos públicos del equipo económico o de un Ministro, y eso me parece esencial. Esto tiene muchos siglos en la filosofía del Derecho y empezó, según dice Recasens Siches, en la Prusia de Federico II, en el caso del molinero de Postdam. Él destacaba la diferencia entre el mandato jurídico y el mandato arbitrario diciendo que este último es el que depende de algo discrecional, que es lo que hoy se nos está diciendo acá. Si no va a haber más de 10% de inflación, dejemos esta norma como estaba antes porque, de lo contrario, estamos diciendo a la sociedad, a los trabajadores y, en especial, a los agentes económicos, que el Gobierno no cree que vaya a ser menor.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Voy a seguir el mismo razonamiento pero tratando de incorporar un nuevo elemento, que es la disposición incluida en el inciso segundo del artículo 67 de la Constitución de la República, que comienza diciendo: “Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios”. En el régimen actual, el arrastre de este 10% no solo repercute sobre los sueldos sino también sobre las jubilaciones y pensiones. En la medida en que se le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de negociar los salarios en un Consejo superior, las jubilaciones y pensiones también quedarán libradas a una negociación de carácter colectivo y público. El problema es que se está tratando de buscar una limitación en materia salarial -que puede ser compartida o no- por las distintas previsiones que se den de la inflación, pero hay que tener en cuenta que en la Constitución se incluye el Índice Medio de Salarios, que se negocia a nivel del Poder Ejecutivo y de los sindicatos pero que tiene una naturaleza distinta con relación a las pasividades y pensiones.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABREU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- No veo de dónde se deduce que se va a producir una congelación. En realidad, se busca un mecanismo por si se llegara a dar una situación que, en principio, se prevé que no va a suceder. Simplemente se trata de curarse en salud; se genera un mecanismo que da garantía a los trabajadores de que van a recuperar el salario de acuerdo con determinadas pautas y en cierto marco, lo que arrastra a las pasividades hacia arriba.

Por otra parte, como recién se decía que se trata de un problema de voluntades, quiero aclarar que esto es una ley, es un marco jurídico que se aprueba para establecer las pautas por si se dieran determinadas situaciones no deseadas.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Más allá de las consideraciones sobre este tema, lo cierto es que hay dos regímenes diferentes. Uno es el que tiene que ver con que si el Índice Medio de Salarios supera el 10% se establece un nuevo mecanismo para negociar con los sindicatos públicos en un consejo colectivo y el otro se refiere a la suerte de las pensiones y jubilaciones que, desde el punto de vista de la Constitución, deberían tener un régimen automático. El problema en este caso es quién va a negociar en nombre de las pensiones y jubilaciones, ya que simplemente va a haber una negociación colectiva entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos. Entonces, los jubilados y pensionistas, que en el régimen actual tendrían un ajuste automático por encima del 10% en función del mecanismo del Índice Medio de Salarios, no tendrían capacidad de negociación y quedarían sometidos a la que lleven a cabo los sindicatos con el Poder Ejecutivo. Más allá de los ajustes legales, la norma constitucional sigue diciendo que las jubilaciones y pensiones variarán en función del Índice Medio de Salarios, pero según esta disposición quedarán sujetas a algo externo a sus intereses.

Sin perjuicio de que se establezcan contracautelas, cuando se advierte sobre la eventualidad de que este tema pueda ser un elemento distorsionante del equilibrio macroeconómico, quiere decir que las certezas macroeconómicas no están tan definidas en el ámbito del Presupuesto, más allá de que estos temas hayan sido discutidos en su oportunidad.

SEÑOR TAJAM.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABREU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Tajam.

SEÑOR TAJAM.- Simplemente deseo hacer una observación. El Índice Medio de Salarios se compone con el índice medio de los salarios públicos y de los salarios privados. Por lo tanto, los salarios públicos no determinan totalmente el Índice Medio de Salarios que después ajusta a las jubilaciones. Es más, el 80% de los trabajadores de este país son privados, por lo que no podemos asumir que toda esa negociación determina el ajuste de los jubilados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Acepto el argumento, pero respondo con otro del Presidente de la República. Acá los que han aumentado en forma exponencial son los salarios de los funcionarios públicos y los que están atrasados son los de los privados. Entonces, más allá de entender el argumento de carácter integral, la incidencia sobre el Índice Medio de Salarios del aumento a los funcionarios públicos es totalmente desigual que el de los privados. Sin embargo, lo que nos preocupa no es tanto el contenido, que puede ser discutido, sino de qué manera repercute sobre una cláusula que garantiza que los ajustes de las jubilaciones y pensiones de la seguridad social no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios, pues, de acuerdo con esta disposición, dicha variación estará sujeta a una negociación de carácter político, en la que no van a ser los jubilados y pensionistas los actores principales en la defensa de sus intereses.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: se justifica plenamente la inclusión de este simple artículo -podría decirse que es más que un artículo-, porque es muy importante.

En primer lugar, nunca se había establecido por ley que se mantendría el poder adquisitivo del trabajador público; esta es la primera vez que esto se instituye efectivamente. En el período pasado, el Gobierno se comprometió a recuperar el poder adquisitivo perdido de los salarios de los trabajadores públicos y lo hizo; ahora, se compromete a mantener su poder adquisitivo, y así lo va a hacer. Ayer el Instituto Nacional de Estadística publicó el Índice Medio de Salarios y la descripción de su evolución hasta el mes pasado, de donde se desprende que, en realidad, los salarios públicos aumentaron más que la inflación. O sea, mejoró el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos.

En segundo término, en la discusión se tomaron algunos incisos de este artículo, pero yo quiero referirme a otros de los que no se habló. El primer inciso dice que se va a mantener el poder adquisitivo del trabajador público, pero el segundo inciso agrega un elemento muy importante, que refiere al criterio que se empleará para los ajustes. Concretamente, se establece que los ajustes se realizarán teniendo en cuenta las metas de inflación establecidas por el Comité de Coordinación Macroeconómica. Siempre fue un tema de debate si los ajustes salariales se debían hacer después de la inflación -o sea, con relación a la inflación pasada-, o si se tenía que tomar como referencia la inflación futura. Hacerlos con relación a la inflación pasada significa una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Incluso, el tercer inciso dice: “Los ajustes deberán incluir, asimismo, un correctivo que tome en cuenta la diferencia en más” -no habla de la diferencia en menos- “que se hubiere registrado entre la variación observada del Índice de Precios al Consumo (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística”… Quiere decir que si la inflación es menor, se producirá un aumento del poder adquisitivo de los salarios, porque así lo dispone la ley.

Varios señores Senadores se preguntaban por qué hay que establecer esta norma si nosotros decimos que no se llegará a este nivel de inflación y sugerían que tenemos el temor de que en los hechos se dé esa situación. No estoy de acuerdo en cerrar el cuartel de bomberos; prefiero que no tengan nada que hacer, pero estoy seguro de que deben existir. En un pequeño país inserto en un mundo globalizado, seguramente pasarán -y pasan- muchas cosas que no dependen de nosotros. Si se produjera una inflación importante, muy alta, en mi opinión, se movería todo el edificio. En ese caso, habría que parar la máquina, porque, como muy bien se indicaba, ello daría origen a otras situaciones, que justificarían que nos detuviéramos a analizar el conjunto de medidas a adoptar.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- Entre los elementos importantes que ha señalado el señor Senador Agazzi, le faltó un pequeño fragmento del inciso segundo, que dice que los ajustes serán realizados tomando en consideración, entre otras cosas, las disponibilidades del Tesoro Nacional. Quisiera que quedara constancia de esto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede proseguir el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Ratifico que eso es lo que dice el inciso segundo y estoy de acuerdo en que así sea.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Evidentemente, quien maneja los dineros públicos tiene que tomar en cuenta la disponibilidad del Tesoro Nacional, y los Senadores y Senadoras de la República también debemos tener esto presente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º.

(Se vota:)

- 16 en 27. Afirmativa.

En esta Sección hay un solo aditivo propuesto; no hay artículos sustitutivos.

Léase el aditivo presentado por los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “En el diseño, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas a cargo de los organismos del Presupuesto Nacional será de aplicación lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 18.104, de 15 de marzo de 2007 y por el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos”.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR HEBER.- Solicito que se nos explique el contenido de esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin duda, se va a fundamentar el artículo, señor Senador.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Desde la anterior Legislatura contamos con la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres -Nº 18.104-, que da el marco para un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos en todas las áreas del desempeño público. La última Rendición de Cuentas incluía un artículo que incorporaba elementos de género y, en aquella oportunidad, habíamos discutido la necesidad de que en el Presupuesto, a efectos de que fuera más equitativo, se incluyeran estos datos.

Queda claro que los Presupuestos que incorporan una mirada de género logran una desagregación por sexo, lo que contribuye a analizar los impactos diferenciales que provoca la aplicación de determinadas políticas sobre hombres y mujeres. Esto colabora con la transparencia de los Presupuestos, pero además ayuda a que sus disposiciones sean más certeras. Me refiero, concretamente, a que hay elementos en los que los montos deben ser diferenciados y muchas veces es necesario ajustar esas políticas para que efectivamente lo dispuesto en los Presupuestos se aplique con justicia en la distribución a la que todos aspiramos.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Estaba escuchando atentamente la explicación de la señora Senadora, pero me pregunto si el artículo 2º de la Ley Nº 18.104 no incluía ya al Estado dentro de las obligaciones que supone el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Si esto es así, simplemente habría que cumplir lo dispuesto en esa Ley. No creo que seamos más eficaces porque reiteremos ese concepto, salvo que el Estado no estuviera alcanzado por esa normativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede proseguir la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Efectivamente, el artículo 2º de la Ley Nº 18.104 dice: “El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género, contando con el marco general y orientador de esta ley”. Ocurre que, como cualquiera de los integrantes de este Cuerpo puede entender, este es un elemento moderno. Muchos países en el mundo han incorporado la visión de género a sus presupuestos, no obstante, debo admitir que no es un tema fácil de abordar y que naturalmente no es común que exista voluntad de llevar a la práctica este tipo de disposiciones. Muchos elementos están contemplados en ese marco legal, pero nos ha parecido oportuno que la remisión a esa Ley sea incorporada a algunos capítulos en particular -aunque en realidad debería atravesar el conjunto del Presupuesto-, en los que el impacto diferencial entre hombres y mujeres es mayor. El Estado, en algunas de sus decisiones ha incorporado este concepto, por ejemplo, en la reforma de la salud, donde las variables etaria y de sexo son las que más impactan en la diferenciación de los costos y de los resultados.

Otro aspectos relacionados con las acciones presupuestales y los diseños de las políticas públicas no han sido incorporados adecuadamente, por eso, más allá de que en el Presupuesto se hace referencia a la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres, nos pareció que la inclusión de estos conceptos específicamente en algunos capítulos contribuirá a que se avance en ello.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: me llama la atención que estemos aprobando una norma que establece que debe cumplirse otra que está vigente; en verdad, choca un poco desde el punto de vista de la técnica legislativa. Adelantamos nuestro voto favorable a esta iniciativa, pero se debería tener en cuenta que quizás en el futuro podría surgir algún inconveniente en relación con la derogación de otras normas, pues en realidad estamos incurriendo en lo que se llama un exceso de leyes que refieren a lo mismo. No sé si existen casos específicos en los cuales no se respeta la Ley Nº 18.104; de ser así, tal vez sería mejor analizarlos y reforzar las sanciones por incumplimiento, más que considerarla como una norma programática para hacerla efectiva, pues al ser incorporada en el Presupuesto adquiere el mismo valor que esa Ley. Por tanto, pienso que si no se cumple con ella, deberíamos buscar las herramientas que aseguren su acatamiento, de forma tal de no repetir su contenido.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: quiero hacer una precisión. No nos enredemos en una cuestión de técnica legislativa porque esta norma no es de larga duración, sino que tiene un término acotado en tanto refiere al espacio fiscal, a la distribución de los recursos y sus objetivos para estos cinco años. Queda claro -todos deberían reconocerlo- que este no es un tema que surja abiertamente porque, más allá de que existe un marco legal, aparecen resistencias naturales a su incorporación, muchas veces amparadas en cuestiones de técnica, de procedimiento y de diseño del Presupuesto de cada uno de los Incisos. En realidad, nos enfrentamos a la necesidad de establecer que no debemos olvidarnos de una norma preexistente. En el caso que nos ocupa, no vamos a tener sobreabundancia de referencias porque -como verán los señores Senadores- se hará una invocación genérica y luego algunos planteos muy puntuales.

En síntesis, entiendo que existe una situación de desigualdad a nivel del Estado. Por esa razón, proponemos que en este mecanismo del Presupuesto se permita dar un empuje a este tema.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: entiendo que a lo largo de la consideración de este Presupuesto nos encontraremos con diversos artículos aditivos, por tanto, todos los Senadores debemos acostumbrarnos. Es más, la mención a la ley va a aparecer en varios Incisos; o sea que, además de la mención genérica que contiene la Sección I, se hacen referencias específicas en los Incisos respectivos.

Efectivamente, como expresaba el señor Senador Bordaberry, aquí hay una suerte de redundancia legal que traduzco como un reforzamiento de la norma y un recordatorio en esta Ley -que es la que organiza los recursos del Estado- para que sea tomada en cuenta y se cumpla. Esta es la función que cumple el aditivo que se pone a consideración del Cuerpo. Como dije antes, se trata de un reforzamiento y un recordatorio para que los Incisos del proyecto de ley de Presupuesto Nacional tomen en cuenta el dictamen de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres que fuera aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras.

Era cuanto quería expresar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: lo único que puedo señalar es que además de la Ley Nº 18.104 -relativa a la igualdad de oportunidades y derechos- tenemos, por ejemplo, la que nos hizo ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la que ratifica su Protocolo Facultativo. Me adelanto a decir que, en todas ellas, la concepción de estas normas legales e instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, implica que la inclusión de estos elementos contribuye a transparentar la eficacia y la eficiencia de los destinos presupuestales. Además, en caso de que se promueva un destino mayoritario o reforzado para las mujeres en particular -recordemos que el género es una concepción cultural que involucra hombres y mujeres-, se concebirá como una medida no discriminatoria, sino como un refuerzo transitorio hasta que la desigualdad se compense.

SEÑOR SOLARI.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: simplemente, quiero preguntar cuándo fue aprobado, renovado, etcétera, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. No debemos olvidar que el artículo 2º de la Ley Nº 18.104, establece: “El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género, contando con el marco general y orientador de esta ley”. El Plan mencionado al final del aditivo -que figura con mayúscula-, es un elemento adicional y parece establecer una política constituida. Discúlpeseme la ignorancia, pero me gustaría saber cuáles fueron las condiciones en que se adoptó y el plazo de vigencia, porque lo estaríamos incluyendo como una ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: creo que este no es el tema específico de la discusión del día de hoy, pero brevemente quiero explicar -para el mejor entendimiento de todos- que el Plan Nacional es parte de la discusión de la Ley Nº 18.104, cuyo punto de partida es la creación del Instituto Nacional de las Mujeres a nivel nacional, que convoca a organizaciones de la sociedad civil y a mujeres en general para que, desde cada uno de los departamentos, se trabaje transversalmente en los diferentes Incisos del Presupuesto. Repito que su duración es la del Período de Gobierno.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senado Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: sin perjuicio de acompañar el criterio general y de tratar de hacer un ajuste incluso técnico-legislativo, cuando se hace referencia a los cargos de los organismos del Presupuesto Nacional, no todo tiene que ver con el Estado porque, por ejemplo, en el caso del artículo 221 no estarían incluidos, pero sí en el criterio general de la ley. Es más, quizás deberíamos ver si con el mismo criterio no deberían ser escindidas las personas públicas no estatales que, en el ámbito de la Administración mixta, ya son más de 36. Quizás, como decía el señor Senador Bordaberry, este tema ya estaba incluido en la Ley, por eso quiero decir que podemos acompañar este artículo con nuestro voto, pero con la salvedad de que a veces se puede aplicar de manera parcial y no incluir a otro tipo de organismos como es el caso de los entes industriales y comerciales que tienen un régimen distinto, o por lo menos lateral, al Presupuesto Nacional.

No obstante lo expuesto, adelantamos que vamos a acompañar el criterio manejado porque consideramos que es de estricta justicia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: finalizo diciendo que me parece que estamos ante un avance y que en el mundo, los países que no son mayoritarios pero que han progresado en este sentido, han mejorado notoriamente en todo lo que tiene que ver con la distribución justa de sus recursos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo propuesto por la Bancada del Frente Amplio.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A continuación, la Mesa quisiera hacer un par de aclaraciones a los señores Senadores y señoras Senadoras.

En primer lugar, sería conveniente encomendar a la Secretaría que disponga el número correspondiente de acuerdo con las materias tratadas cuando no se indique el orden en el que deben figurar los aditivos votados en cada Sección. Obviamente, la Mesa supervisará esta tarea.

En segundo término, me ha llegado una aspiración -concretamente de la señora Senadora Dalmás-, en el sentido de que la consideración de los aditivos se realice en conjunto al final del estudio del proyecto, y no por Sección. El fundamento de esta solicitud es que puede haber un proceso de elaboración de los aditivos que no sea coherente con el tratamiento de las diferentes Secciones.

Debemos recordar que ya votamos el método de trabajo pero, si el Senado está de acuerdo, pondríamos a consideración todos los aditivos al final del tratamiento del proyecto de ley.

Se va a votar la propuesta llegada a la Mesa.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado ingresa a la consideración de la Sección II del proyecto de ley: “Funcionarios”.

Se reciben propuestas de desglose.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: solicitamos que se desglosen los artículos 6º, 7º, 11, 36, 39, 40, 41, 48, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 63, 69, 70, 71, 72 y 73.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: pido disculpas si repito algún artículo pero, a los efectos de no cometer errores, voy a enumerar los que nosotros proponemos desglosar.

En efecto, solicitamos el desglose de los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 52 y 57.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: seguramente vamos a repetir alguna disposición, pero quisiéramos el desglose de los artículos 6º, 11, 39, 40, 48, 51, 53, 56 al 59, 61, 63, 65, 67 y 71.

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, vamos a hacer un repaso general de las solicitudes de desglose, a los efectos de ver si la Mesa omitió tomar nota de algún artículo.

En síntesis, se ha solicitado el desglose de los artículos 6º, 7º, 11, 36, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72 y 73.

Se van a votar los artículos que no han sido desglosados.

(Se votan:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: solicitamos el desglose de este artículo 6º, que es el primero de la Sección II, a efectos de votarlo en contra.

A lo largo de las visitas que las autoridades de la Presidencia de la República y de los distintos Ministerios efectuaron a la Comisión, tratamos de obtener una aproximación a las bases de la reforma del Estado que se anuncia, pero, en realidad, no tuvimos mucha suerte a la hora de averiguar en qué consiste. Solamente se nos expresó que las normas sobre funcionarios que figuran en este Presupuesto son algunos adelantos de la tan mentada reforma del Estado. Al no conocer las bases sobre las que se realizará esa reforma del Estado y considerando que sería una irresponsabilidad de nuestra parte votar algo que no sabemos en qué consiste, no vamos a acompañar los artículos que anuncian una reforma de la que no tenemos detalle pues, como señalamos, no sabemos hacia dónde va ni qué persigue, salvo en lo que tiene que ver con algunos temas relativos a los funcionarios, que no catalogamos y que forman parte de la reforma del Estado. Se tratará de ajustes sobre el ordenamiento de los funcionarios públicos, pero no creemos que ello sea una reforma del Estado. Reitero que no sabemos muy bien en qué consiste ni qué alcance tiene.

Por ello, señor Presidente, a efectos de ser coherentes con lo relativo a las contrataciones y a las reestructuras que de alguna manera se implementan, vamos a votar en contra de este artículo y de otros que tienen que ver con estos temas. En su momento, evitaré hacer esta misma fundamentación y me remitiré a las palabras que estoy expresando en este momento con respecto a la tan mentada reforma del Estado que, a nuestro juicio, en este Presupuesto no existe.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: siguiendo la misma línea de razonamiento del señor Senador Heber voy a hacer algunas reflexiones. Inclusive, creo que falta cierta consistencia técnica en la definición de la reestructura. En el segundo inciso del artículo 6º se hace referencia “a las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo” y en el último se alude a “la reformulación de las reestructuras administrativas y de puestos de trabajo”. En realidad, no es lo mismo hablar de los puestos de trabajo ni del número de personas que ocupan determinados cargos, que de la reestructura de los cargos. Me explico: la reestructura administrativa en materia de funcionarios públicos es de cargos y de tipo escalafonaria. En este sentido, los puestos del Cargo Administrativo II pueden ser ocupados tanto por una persona como por 25.500 y, por lo tanto, no es lo mismo implementar una reestructura administrativa sobre los cargos que aludir exclusivamente a puestos de trabajo. Esta inconsistencia técnica responde exclusivamente a un tema de terminología de la Oficina Nacional del Servicio Civil, por lo que queda claro que no se debe hablar de reestructuras organizativas, sino de reestructuras administrativas que, en este caso, se aplican en forma puntual a los funcionarios.

Una reforma administrativa contiene racionalización administrativa, estructura escalafonaria y distribución de cargos en función de recursos humanos.

Señor Presidente: deseaba hacer esta reflexión con el fin de dar mayor precisión al tema sin perjuicio de que el señor Senador Heber ya ha adelantado nuestra posición contraria a este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Ya he culminado, señor Presidente.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: una reestructura incluye aspectos muy diversos dentro del campo de lo organizativo, de los puestos de trabajo u otros y no solo se trata de cargos o funciones. Dentro de las estructuras organizativas se incluye, por ejemplo, la creación y supresión de unidades, la creación de nuevos institutos y direcciones, en fin, todo lo que habitualmente se incluye en un Presupuesto y que ahora se llevaría a cabo en forma global remitiéndoselo al Parlamento.

En este sentido quiero señalar que, en realidad, este proceso ya viene en evolución desde que se implementó la reforma del Estado, ya no solo en algunas disposiciones sobre funcionarios y en ciertos instrumentos que figuran en este Presupuesto, sino en un conjunto de transformaciones que se han hecho como, por ejemplo, la Reforma Tributaria, el Plan de Equidad, los Consejos de Salarios, la transformación de la Administración Central, la creación de diversas Agencias y Direcciones, los Centros MEC, los Consejos Sociales del Mides, las mesas del Agro y de la seguridad pública, distintos aspectos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y de la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana.

Señor Presidente: estamos viviendo un proceso y, por supuesto, habrá cosas que funcionan mejor que otras, por lo que habrá que adoptar algunas medidas y correctivos en el camino para fortalecer ciertos asuntos, pero en este artículo estamos hablando de un punto en concreto y no nos estamos refiriendo a lo que viene después, que es cómo afianzar otro aspecto de la transformación: la introducción de informática, del expediente electrónico, de la REDuy en la Administración Pública, etcétera. Todo esto está muy claro en alguno de los artículos que figuran más adelante. Sin duda, estamos hablando de la forma de aproximación al ciudadano y del financiamiento necesario para continuar con la extensión de los centros para tales fines.

Por lo tanto, de los cinco o seis aspectos claves de la transformación del Estado, aquí se toma solo una parte que responde, en este Capítulo, a ciertas reglas sobre los funcionarios públicos, habilitándose la reestructura. En realidad, se reitera lo que ya figura en el artículo 6º de la Ley Nº 17.930 en cuanto a las posibilidades de la reestructura, pero se agrega la Ley de Negociación Colectiva, que quiero jerarquizar. Se cita la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2008, y la clave es su artículo 11, que figura en la página 331. Esta disposición refiere al Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público y a las funciones que tienen que cumplir sus 16 integrantes, 8 por el Poder Ejecutivo y 8 por las organizaciones de trabajadores que deben negociar distintos aspectos. El resultado de todo esto redundará en decisiones que se remitirán a consideración de la Asamblea General, que podrá pronunciarse tácita o expresamente, a favor o en contra. Quiere decir que este es un proceso de vasto alcance con controles y suficiente transparencia. Seguramente surgirán diversos debates políticos y, tal como ha anunciado el Gobierno, junto con esta reestructura que comenzará Ministerio por Ministerio, se implementará un nuevo estatuto del funcionario, que ingresará al Parlamento como una nueva ley durante 2011. Obviamente, no se podrán lesionar los derechos ni la carrera administrativa de los funcionarios.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: quiero precisar que fue muy claro en su comparecencia el Poder Ejecutivo cuando determinó los tres Ministerios por los que va a empezar esta reestructura piloto, donde nosotros vamos a ir midiendo las posibilidades reales del alcance de esta propuesta organizativa de funcionamiento. Estamos convencidos de que la reforma del Estado es un proceso que comenzó en la Administración anterior -tal como señaló el señor Senador Rubio- y que, probablemente, continúe después de esta. Estas reformas son largas, tienen que ir sedimentando, puesto que van transformando una cultura del hacer público que viene de muchos años y no se cambia en cinco minutos. Por lo tanto, el sentido profundo de este artículo es iniciar algunas reestructuras organizativas con una fuerte participación de la Oficina Nacional del Servicio Civil a la que, en este Presupuesto, le damos mayor fortaleza, de modo que cumpla el papel que siempre debió tener con el debido control de la Asamblea General, manteniendo consultas con quienes participan de la cuestión pública, es decir, con los funcionarios. Considero que este artículo es completo porque contempla todas las miradas y da todas las garantías para no lesionar los derechos ni la carrera administrativa de nadie.

Muchas gracias.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: estoy mirando la redacción del actual artículo y la del artículo 6º de la Ley Nº 17.930 que se sustituiría, y lo cierto es que encuentro tres diferencias.

La primera consiste en que en el artículo 6º de la Ley Nº 17.930 se establecen potestades para que cada uno de los Incisos reestructure su organización otorgándole como plazo el 31 de marzo de cada año. Por su parte, en la nueva redacción, no figuran plazos; es todo el año.

Asimismo, en la redacción anterior se establece que anualmente se evaluarán las estructuras existentes y podrán proponerse ajustes siempre que se funden en el logro de objetivos y metas. La nueva redacción no establece esa revisión, que parece ser sana. No obstante, hace referencia a la Ley Nº 18.508, que de cualquier manera está vigente, y por esa razón esa inclusión sería redundante. Creo que realmente este artículo 6º propuesto es muy inferior al artículo 6º de la Ley de Presupuesto de la primera Administración del Frente Amplio, que estaba mejor concebido.

Muchas gracias.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Vamos a votar negativamente este artículo por las razones que adelantamos en nuestra exposición de la Sesión de ayer. Todo lo que tiene que ver con la estructura de la Administración es de resorte de la ley, y tanto la creación de cargos como la definición de escalafones dentro de cada Inciso y por programa son de resorte legal, tal como lo establece expresamente el artículo 214 de la Constitución. El inciso segundo del artículo 6º, en la redacción que aquí se le da, prevé la remisión de lo que el Poder Ejecutivo elabore en esta materia a la Asamblea General. Y podría entenderse, haciendo un esfuerzo, que lo dice en sentido genérico de órgano legislativo, es decir que prevé que esto se haga a través de la ley. Sin embargo, a renglón seguido se fija un plazo a la Asamblea General, estableciendo que si no se expide en ese lapso se tendrá por aprobado el material sometido a su consideración. La ley ordinaria no puede establecer procedimientos de sanción de la ley distintos de los consagrados por la Constitución. Por esa razón, vamos a votar negativamente este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º de la Sección II: “Funcionarios”.

(Se vota:)

- 17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Este es el artículo al cual se refería el señor Senador Solari. En realidad, al aprobarse esta norma de reestructura, que viene a sustituir la anterior, va de suyo que no pueden coexistir ambas, aunque las diferencias sean menores. El Poder Ejecutivo no quiso atarse -ese fue el argumento que nos dieron cuando hablamos de este tema con los representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Presidencia de la República- a una fecha, en el entendido de que estos procesos son complejos y dinámicos, con lo que eso podría causar muchas dificultades. Obviamente, se entiende que las reestructuras son evolutivas y, evidentemente, puede haber modificaciones y ajustes a realizar en las próximas Rendiciones de Cuentas.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- A modo de constancia, quiero decir que el artículo 7º deroga el artículo 21 de la Ley Nº 18.172, que correspondía a la reestructura del doctor Vázquez. Entonces, vamos creando reestructuras, derogándolas y generando otras nuevas. Cabe destacar que esa reestructura que mencioné fue votada en 2007 y, sin embargo, no se aplicó durante 2008 ni durante 2009. Ahora me acotan que sí se aplicó, y si fue así, queda claro que estamos desandando el camino, porque ahora estamos derogando la reestructura de Vázquez. Quisiera ver si es posible que, al menos una vez, se pueda apreciar el resultado de alguna reestructura, porque esto es como si estuviéramos viviendo en una reestructura permanente.

Vamos a votar en contra este artículo porque esta iniciativa no nos parece coherente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º de la Sección II.

(Se vota:)

- 22 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Por este artículo se faculta al Poder Ejecutivo para establecer una nueva situación escalafonaria. Por nuestra parte, no hemos votado la reforma del Estado y, entonces, no vamos a aprobar este nuevo sistema escalafonario sobre el que no hemos recibido la información suficiente.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero dejar constancia de que vamos a votar porque estamos de acuerdo en que se haga una reforma del Estado profunda y permanente. Nos parece que la inclusión de un nuevo sistema escalafonario resultante de la nueva carrera administrativa corresponde a una idea que se concretará más adelante y sobre la cual hemos acordado con la Presidencia de la República. De todas maneras, cualquier parlamentario puede solicitar en la Comisión respectiva la información que considere necesaria, a fin de conocer en profundidad los lineamientos del nuevo sistema escalafonario y de la carrera administrativa. Con respecto a esto, quisiera agregar que esta iniciativa implica una reducción por niveles de responsabilidad para salir del sistema de veinte o más grados que hacen que no existan saltos importantes entre un nivel y otro. Esto, sin dudas, determina que no haya un sistema de estímulos y desestímulos para los funcionarios durante su carrera. Asimismo, en este caso se ha puesto un énfasis muy fuerte en las carreras ocupacionales que atraviesan todos los Ministerios y acentúan la transversalidad en la Administración Pública, problema que no hemos resuelto en toda la historia de nuestro país.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Vamos a votar negativamente este artículo por razones de constitucionalidad, porque lo relativo a la carrera administrativa, a los escalafones y sueldos es de resorte legal y no lo puede determinar el Poder Ejecutivo. A su vez, el Parlamento no puede delegar en el Poder Ejecutivo las facultades que la Constitución le da, porque los poderes delegados no pueden delegarse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11 de la Sección II.

(Se vota:)

- 16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 36.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: este artículo encarga a la Oficina Nacional del Servicio Civil la debida acreditación de los tres años de antigüedad para los funcionarios que pasen en comisión. En el pasado estuvimos en contra de que se impusieran estos tres años como requisito para solicitar a una persona en comisión. Quizás habría que instrumentar una medida para dejar fuera de esta limitación a los Ministros y Legisladores, así como a las personas que estén al frente de los Organismos del artículo 220 de la Constitución y de las empresas públicas, sobre todo de las comerciales. Digo esto porque, en realidad, no entiendo por qué existe el requisito de tres años. Si tenemos un funcionario del Estado y lo precisamos como asesor, ya sea que estemos en esta Casa o en un Ministerio, no entiendo por qué nos vamos a privar de contar con su apoyo o asesoramiento; además, ya tenemos un límite establecido de cinco pases en comisión. El límite ya existe, más allá de que no sé si los Ministros y los Directores de los Entes Autónomos también deben ajustarse a ese requisito. Siempre nos estamos limitando y ahora, además, se prevé un plazo de tres años que deberá ser fiscalizado por la Oficina Nacional del Servicio Civil. La verdad, señor Presidente, es que incluso para analizar este Presupuesto, que tiene más de 800 artículos, necesitamos los niveles de asesoramiento que podemos lograr con los cinco pases en comisión ya establecidos, y a veces no nos alcanzan para cubrir la vastedad de una ley de esta naturaleza.

Por lo tanto, no estoy de acuerdo con establecer una limitación de tres años, ni con encargar la tarea de control a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Considero que se debería derogar el requisito de los tres años y dejar esto a librado a los señores Legisladores y señores Ministros, aunque no sé si hay otras formas en que se pueda utilizar el pase en comisión, que es lo que hay que controlar. Además, no veo la razón de establecer que el plazo sea de tres años y no de uno, cinco o diez. ¿Eso da garantías a quien uno llama como asesor, sea este abogado, economista u otro profesional que nos pueda asistir en la tarea legislativa? ¿Nos da alguna garantía? Si se está advirtiendo alguna situación indebida en la Administración, lo podemos atender, pero me parece que esos tres años no son más que otra limitación para cumplir con nuestro trabajo.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en realidad, el sistema de pases en Comisión es bueno porque permite pasar funcionarios a otras áreas de la Administración donde se los requiere; de esta manera no es necesario contratar nuevas personas. Ahora bien, todo el país sabe que en numerosas ocasiones este sistema se ha pervertido con prácticas que son deplorables. Se podrá decir que se trata de situaciones puntuales, pero han sido muchas a lo largo de la historia de este país. Entonces, lo que aquí se procura es fijar una norma piso, que determina que un funcionario que ingrese a la Administración Pública no puede, a través del pase en Comisión, pasar a desempeñarse inmediatamente en un lugar muy diferente a aquel donde ingresó, porque consideramos que eso está mal y ocasiona una gran indignación en los sectores de la opinión pública que logran informarse de este tipo de situaciones.

Si los parlamentarios tenemos un problema, busquemos la solución, que es contar con apoyo técnico. En realidad este es uno de los Parlamentos en que los Legisladores tienen menor respaldo técnico. De todas maneras, me parece que este sistema, que fija un tiempo mínimo en la Administración antes de poder pasar en comisión, no lo debemos mirar por el lado de las excepciones. Esa es la idea. Por otra parte, los Ministros y otros jerarcas tienen límites; según recuerdo, quien no los tiene es el Presidente de la República.

Sé que todo límite es arbitrario, pero no parece poco ponderado establecer tres años, porque si hay un nuevo ingreso, con el régimen que se fija después tendrá un año y medio de provisoriato, lo que significa que recién a los 18 meses ingresará a la carrera administrativa, a lo que ahora se agrega que tendrá que transcurrir un año y medio más para que ese funcionario pueda ser pedido en comisión.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 36 de la Sección II.

(Se vota:)

- 16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 39.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Pido disculpas al Cuerpo pero, justamente, son estos los artículos que solicitamos que fueran desglosados para poder dar nuestra posición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sus exposiciones son bienvenidas, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Muchas gracias, señor Presidente.

Este artículo transforma en cargos de particular confianza algunos que para nosotros necesariamente tienen que ser técnicos. Me refiero, por ejemplo, al Auditor General de la Nación; no entendemos cómo para ese cargo, que es de confianza, no se van a exigir requisitos técnicos. Es el mismo caso del Director del Instituto Nacional de Estadística, del Director Técnico de Energía y del Director Nacional de Catastro. En fin, hay una cantidad de Direcciones para las cuales, a nuestro juicio, se deben requerir determinadas cualidades técnicas, sobre todo porque este Cuerpo tuvo discusiones importantes, y buenas, a la hora de establecer o no como requisito la idoneidad técnica para ocupar cargos de confianza política para representarnos en las empresas públicas. Podremos tener dos opiniones, pero no en el caso del Auditor Interno de la Nación, el Director Nacional de Catastro y el Director de Instituto Nacional de Estadística; para nosotros esos cargos deben ser ocupados por personas de confianza, sí, pero que también sean técnicos. Es un error dejar de lado esta característica y establecer solamente que serán cargos de particular confianza, cuando antes se los denominaba de alta prioridad y especialización.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: esto es parte de la contrarreforma del Estado -precisamente, en la discusión general hablamos al respecto- porque, en realidad, va en el sentido contrario al que nosotros entendemos debe ir.

Pretendemos -creo que como todos- la tecnificación y profesionalización del Estado. Estos cargos bien notorios, como el de Director Nacional de Estadística, no deberían ser de particular confianza, sino altamente profesionalizados, tal como decía el lunes el señor Senador Pasquet. Esto es fundamental y hace a la credibilidad del país. Solo tenemos que mirar a Argentina para ver qué pasa cuando el Gobierno empieza a designar personas en cargos de confianza sin necesidad de que cumplan ciertos requisitos técnicos y profesionales.

En definitiva, vamos a votar en contra, absolutamente convencidos de que se va por el mal camino y de que esto es una contrarreforma negativa para el país.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: con el mismo espíritu que los señores Senadores preopinantes, me gustaría hacer un comentario -que incluso tiene que ver con la experiencia personal- sobre algunos cargos que están incluidos en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Me refiero, por ejemplo, al de Director de Propiedad Industrial, al de Director de Energía y al de Director de la Pequeña y Mediana Empresa. El hecho de darles tal grado de flexibilidad en materia de particular confianza constituye, precisamente, un paso atrás -o al menos un paso al costado- en lo que son las exigencias técnicas para determinados cargos que cada día requieren una mayor especialización. De esta manera, más allá de la discrecionalidad que pueda existir, incluso desde el punto de vista político -porque cada Ministro quiere, de alguna forma, tener su personal de particular confianza, en el entendido de que la confianza también está en la idoneidad técnica-, se puede llegar a invertir ese porcentaje, con lo que va a predominar más lo político que lo técnico.

Repito que estos cargos cada día exigen una mayor especialización y pienso que estamos dando un paso atrás en estos temas, por lo menos en los que uno ha conocido y transfiere como experiencia personal.

Obviamente, otro es el caso del Director Nacional de Estadística y el del Auditor General de la Nación. Me parece que la reflexión que hacía el señor Senador Amorín es una advertencia. Nosotros no somos inmunes a que nos ocurra lo que sucede en otros países en materia de estadísticas -aunque es cierto que hemos manejado otros criterios-, y por eso deberíamos seguir siendo exigentes en la carrera administrativa en lugar de lo que aquí se prevé, que es una contrarreforma del Estado.

Por otra parte, debemos tener la máxima cautela y previsión en el caso del cargo de Director del Museo Histórico Nacional, porque en la historia y en su lectura, la particular confianza y la visión política pueden dar señales equívocas en el manejo, en la enseñanza y en la transmisión de valores históricos que, más allá de la interpretación que cada sector político pueda hacer, debe ser lo más técnica posible. Esa es la historia y, además, la enseñanza que nos han dejado los señores Directores del Museo Histórico, Profesores Pivel Devoto y Mena Segarra, que si bien nadie podía discutir sus aspiraciones políticas, dieron un aporte de carácter técnico por encima de lo que son los aspectos políticos.

Quisiera reforzar la idea de que esta visión sobre los mencionados temas va a dar una preeminencia excesivamente negativa al criterio de particular confianza en lo que hace a la relación política, e irá en desmedro de la especialización técnica de las exigencias de cargos que requieren, no solo una modernidad en sus funciones, sino también una equilibrada forma de relacionarse, incluso políticamente, en ámbitos tan importantes como es el Museo Histórico Nacional.

Votaremos en contra de este artículo con esas salvedades, y aunque sabemos que no vamos a poder convencer a la mayoría sobre estos temas, advertimos que esto va a ser fuente de futuras subjetividades que no traerán beneficios para el manejo de la Administración pública.

Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Creo que en este tema hay cuestiones de corto plazo y otras de mediano plazo. En realidad, en el sistema anterior estos cargos también son de confianza.

Según el artículo 7º de la Ley Nº 16.320 -que remite al artículo 22 de un decreto ley de la dictadura- estos son cargos técnicos que se renuevan año a año y que cesan al terminar el mandato. O sea que se trata de cargos de confianza política.

Aquí se quiso suprimir, con carácter general -esto también se ve en otros artículos-, el sistema de alta prioridad, que en algunos casos ha servido bien pero, en otros, en realidad ha encubierto situaciones de contratación de personas exclusivamente por razones de confianza política. Desde este punto de vista, se ha querido transparentar la situación: lo que es de confianza política, es de confianza política, y lo que es de carrera, es de carrera, con lo que se terminan los sistemas intermedios. Eso no quiere decir -esta es una postura personal sobre el tema- que en algún caso no sea necesario abrir una discusión -más de mediano plazo- sobre si algunos de estos institutos debería tener una inserción institucional distinta. Estoy pensando, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, y en la discusión sobre si no habría que darle una mayor autonomía -aclaro que hay una doctrina sobre este aspecto-, y no solo en lo técnico. Este es un debate que podemos encarar con posterioridad al Presupuesto, porque es un tema de fondo.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- En el mismo sentido que planteaban los señores Senadores Amorín, Abreu y Heber, creo que lo que aquí no se está asegurando es la idoneidad técnica en cargos de enorme responsabilidad, porque se está acudiendo a un criterio puramente político. Los señores Senadores han mencionado los cargos de Auditor Interno de la Nación, entre otros, pero yo quiero poner énfasis en la Dirección Nacional de Catastro, sobre todo por la importancia de su función en el tema impositivo en materia de Contribución Inmobiliaria.

Recuerdo que en la Legislatura pasada hubo un encendido debate -creo que respecto a la base imponible de los inmuebles de Montevideo- que dio lugar a un interesante intercambio de opiniones. En virtud de que tengo una dilatada experiencia como gobernante departamental, quiero decir que la reformulación de los catastros departamentales -que muchas veces debe hacerse con un criterio de modernización y de justicia tributaria- requiere, naturalmente, de la intervención de la Dirección Nacional de Catastro, además de las Direcciones Departamentales de ese organismo. Esta es una tarea de una alta especialización, que significa el establecimiento de bases imponibles de miles y miles de inmuebles en todo el país. De modo que hay que asegurar la mayor idoneidad técnica de quien dirige esa Dirección.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Puedo estar de acuerdo con el señor Senador Moreira, pero quiero advertir sobre un problema. El señor Senador dice que deben tener la mayor idoneidad técnica, y yo digo que también deben tener cabeza política. Cuando era Diputado hice dos pedidos de informes sobre por qué no se aplicaba la ley del año 1964, que estableció el catastro subjetivo en este país, por el que cada persona debía decir la cantidad de bienes que tenía, lo que sustituía a los padrones y permitía tener una idea de la distribución de la riqueza en el país. Eso hubiera tenido su impacto desde el punto de vista tributario, sobre todo después de la reforma tributaria. La respuesta que se me dio fue que en todas estas décadas no se había podido realizar porque no había condiciones técnicas. En realidad, creo que no había voluntad política, porque los suecos lo hacían desde medio siglo atrás, antes de que apareciera la birome. Ahora, con las computadoras, esto sería como un juego de niños, pero no ha habido voluntad política.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- A mi juicio, no se trata de voluntad política sino de aplicar criterios objetivos. En los Catastros departamentales hay valores fijados por la Dirección Nacional de Catastro que no se adecuan al valor real o más aproximado al valor de mercado que tienen los inmuebles. Por ejemplo, no se toma en cuenta la antigüedad, la calidad de la construcción ni la localización del inmueble lo que, naturalmente, tiene incidencia sobre su valor.

Entonces, no estamos hablando de un tema de orientación política, sino de manejo de criterios científicos y objetivos. Digo esto porque en materia de catastro existen criterios objetivos que hacen que las valoraciones tengan gran importancia en la determinación del impuesto que se debe pagar, incluido el Impuesto de Primaria, que también ha generado una enorme polémica en cuanto a la valuación que se toma en cuenta para su cálculo.

Repito que esto debe escapar a cualquier consideración política, porque en este caso hay que aplicar criterios objetivos para determinar el verdadero valor de los inmuebles. Si uno quiere saber quiénes son los propietarios, supongo que el Estado tendrá los instrumentos para ello, lo que va a incidir en que se pague con justicia, por ejemplo, el Impuesto al Patrimonio, las rentas que generan los inmuebles por concepto de alquileres, que también están gravados por el Impuesto a la Renta o la Contribución Inmobiliaria. En consecuencia, es muy importante que se modernice el Catastro Nacional y para ello debemos asegurarnos de que aquí no haya aspectos de corte político-partidario, sino de estricta idoneidad técnica, que es lo que exige una tarea de tanta responsabilidad y con tan hondas repercusiones desde el punto de vista tributario.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- En el mismo sentido que los señores Senadores preopinantes -salvo el señor Senador Rubio- me permito hacer una reflexión. Si después de aprobado el Presupuesto nos vamos a dar un tiempo para analizar este tema, ¿por qué cambiarlo en el Presupuesto? Si es necesario dictar una norma nueva y analizar el tema, ¿por qué lo vamos a modificar ahora? Creo que al transformar en cargos de particular confianza cargos que son esencialmente técnicos, estamos dando a los jerarcas -en especial a los del Poder Ejecutivo- una soltura en la designación que no es la mejor. Digo esto desde mi propia experiencia. Me tocó suceder al señor Senador Abreu al frente del Ministerio de Industria, Energía y Minería y tuve que llenar tres de estos cargos: el de Director Técnico de la Propiedad Industrial, el de Director Técnico de Energía y el de Director Nacional de Pequeña y Mediana Empresa. En los tres casos, previamente, tuve que elaborar un perfil técnico de la persona que ocuparía ese cargo, porque así me lo imponía la ley. Después se hizo un llamado público al que se presentaron muchos candidatos. Recuerdo que cuando tuvimos que designar al Director Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, la persona que seleccionamos nos dijo que nunca había pensado que efectivamente la fuéramos a entrevistar, ya que creía que debía estar afiliada a algún partido o tener algún tipo de muñeca para poder acceder al cargo. Era votante del partido del señor Senador Rubio.

En definitiva, considero que es muy malo prescindir de lo que establece la Ley Nº 16.320, en el sentido de que estos cargos deben ser desempeñados por técnicos. Me parece que eso elimina una exigencia necesaria para quien realiza los nombramientos. Es posible que, en la práctica, muchas veces se pase por encima de esa disposición y que ello no sea lo más idóneo, pero no es suprimiendo la exigencia que se soluciona el tema, sino dictando normas que efectivamente se cumplan. No podemos decir que porque en el pasado no se designaban técnicos ahora tenemos que dejar la norma sin efecto. Insisto: hay que hacerla cumplir.

Gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: me sumo a la preocupación manifestada por los señores Senadores que han cuestionado el artículo 39.

Francamente, señor Presidente, creo que no se está siendo innovador sino tremendamente conservador de una práctica que durante décadas y décadas se criticó por clientelista, no garantista, producto de favores políticos, etcétera. Cuando en la Comisión denunciamos este retroceso pusimos el énfasis en tres de los cargos que aquí se están convirtiendo en cargos de particular confianza, porque entendemos que es un grave perjuicio para el Estado, que puede resentir -y quizás generar un debate innecesario en el futuro- a instituciones que cumplen un papel central en la vida nacional, como el Auditor Interno de la Nación, el Director Nacional de Catastro y, fundamentalmente, el Director Técnico del Instituto Nacional de Estadística.

No sé si todos somos conscientes de la responsabilidad que estos funcionarios van a tener al encabezar tres organismos tan sensibles, pero quiero poner énfasis, sobre todo, en el Instituto Nacional de Estadística. En nuestro país este ha sido un organismo incuestionado e incuestionable. Al frente de su Dirección ha habido gente de todos los partidos políticos, cuya capacidad técnica nadie ha cuestionado en el pasado. Es nada más y nada menos que el organismo que calcula la pobreza, la inflación y realiza los censos. En este momento me viene a la memoria un debate que hubo en el período pasado como consecuencia de que se cambió el modo de calcular la pobreza. Dio la casualidad de que ese cambio de sistema en el cálculo de la pobreza benefició sensiblemente los datos del gobierno. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, cuestionó la idoneidad de la Directora que en aquel entonces estaba al frente del Instituto Nacional de Estadística, ni mucho menos lo que sí podía ser discutible, que era el nuevo sistema de cálculo del nivel de pobreza en nuestro país, que benefició al gobierno de turno, que luego utilizó esos datos hasta el cansancio como muestra del logro de un gobierno de bajar la pobreza y mantener la inflación. Se trata, pues, de estudios trascendentes para la vida nacional.

Creo que lo verdaderamente revolucionario hubiera sido que estos cargos se llenaran por concurso, se profesionalizaran al máximo y se dieran las más altas garantías para que estos ciudadanos se convirtieran en ombudsman en cada uno de los temas que manejen. Quiere decir que la idea es ir en la dirección contraria, o sea, separar esto de la política y tecnificar al máximo estas Direcciones, lo que permitirá que las instituciones permanezcan absolutamente inmunes a cualquier tentación de carácter gubernamental, pasibles de las presiones políticas que puede tener cualquier persona de particular confianza.

El compromiso con la Administración no puede estar relacionado con ser una persona de particular confianza del jerarca, porque eso es una falta de respeto a los cientos de miles de funcionarios públicos con que cuenta este país, quienes, tengan o no la bandera política del gobierno de turno, trabajan fielmente sirviendo al Estado. En realidad, de lo que se trata es de que estos funcionarios sirvan al Estado y no al gobierno, y que los datos que se generen desde el Estado constituyan, justamente, una espada de Damocles para el propio gobierno.

Por lo tanto, considero que hubiera sido un gran avance que se propusiera llamar a personas técnicas, con idoneidad comprobable e incuestionable, sin importarnos el pelo político -como se dice comúnmente- que tengan.

A su vez, quiero resaltar una contradicción entre el gobierno actual y el anterior, en lo que tiene que ver con la creación del cargo de Director del Museo Histórico Nacional como de particular confianza. En la Administración pasada, el Ministerio de Educación y Cultura tuvo a bien quitar a todos estos organismos la calidad de Unidades Ejecutoras. La explicación que se nos dio en aquel entonces fue que era necesario centralizar la acción que llevaban adelante el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Antropología, entre otros, creando una especie de Dirección Nacional de Museos. Resulta que ahora vamos para atrás y no quiero pensar que ello se deba a quien está al frente, persona que conozco porque juntos integramos la Comisión del Bicentenario y me parece absolutamente idónea e incuestionable desde el punto de vista de su labor. No quiero pensarlo porque quien estaba al frente de esa institución en el pasado -el profesor Mena Segarra, que en paz descanse- no era afín al gobierno y se vio obligado a renunciar, después de servir al Estado en forma incuestionable durante muchos años, en virtud de una serie de manoseos que se dieron y que, repito, lo llevaron a su alejamiento del Museo Histórico Nacional.

Señor Presidente: me parece que estas idas y venidas no le hacen bien a ninguna de estas instituciones; creo que deberíamos apostar a que sus jerarquías reunieran condiciones por encima de la media, desde todo punto de vista. Si no se quiere avanzar hacia lo que sería deseable, que es la tecnificación más absoluta, la idoneidad probada en un concurso, el currículum y los antecedentes, por lo menos establezcamos que quienes ocupen estos cargos de particular confianza deberán contar con la idoneidad técnica mínima. No puedo creer que al frente de la Dirección Nacional de Estadística se ponga a alguien que no tenga nada que ver con la materia, al igual que en la Dirección Nacional de Catastro, tal como expresó el señor Senador Moreira. A mi criterio -y esta es una sugerencia para la Bancada de gobierno- en el artículo habría que exigir, por lo menos, la mínima idoneidad técnica de estos futuros jerarcas, como para que puedan llevar adelante una gestión adecuada. La explicación de que antes no se hacía de esta manera no me sirve; francamente, el hecho de que antes no se hiciera así no es excusa para no hacerlo ahora, y si antes se hacía mal, pues empecemos a hacerlo bien.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADÉS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Hemos venido escuchando con mucha atención los argumentos dados por el señor Senador Penadés, que también fueron esgrimidos en Comisión.

Solamente quiero decir que debemos admitir que en algunos de estos casos no deberíamos mantener el régimen de alta prioridad -que tal como está formulado, desde el punto de vista legal implica confianza política-, sino plantear otro distinto, si es que realmente queremos avanzar. Pero eso requeriría la consulta de nuestra parte al Poder Ejecutivo, que estamos dispuestos a hacer. De todas maneras, votaríamos el artículo, porque al mismo tiempo estamos suprimiendo el régimen de alta prioridad. No queremos renunciar a la decisión del Poder Ejecutivo de liquidar dicho régimen, que nos parece absolutamente engañoso. No creemos que sea suficiente con agregar en algún caso que deberá tener idoneidad técnica, aunque es un requisito importante, pero pensamos que debería hacerse un estudio más en profundidad.

Quiero aclarar que vamos a hacer esa consulta, y es con ese carácter que estaríamos votando este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Cuando el señor Senador Rubio inició su intervención, pensé que iba a hacer un planteamiento concreto, que por supuesto el Partido Nacional iba a votar; podemos garantizarle que todo aquello que tenga que ver con la profesionalización, con la tecnificación y con la mejora de gestión va a contar con nuestro apoyo. Y digo más: creo que la alta especialización que tenía el sistema que se deroga es mejor que esta propuesta. Pero advertimos, además, que aquí hay un mensaje contradictorio, porque el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente llevó adelante su reforma en base a la estructura planificada en la Rendición de Cuentas del año 2007, por lo que tiene cargos de alta especialización y muchos de sus puestos jerárquicos hoy están cubiertos por personas que cumplieron con esos requisitos. ¿Qué les vamos a decir a esas personas? ¿Que no tienen la idoneidad necesaria para llevar adelante la gestión? ¿El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tiene que desandar su proyecto?

SEÑOR SOLARI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADÉS.- Enseguida se la concedo.

Íbamos a plantear en este Presupuesto Nacional, pero lo vamos a hacer en la próxima Rendición de Cuentas, una vieja idea que tenemos de crear un fondo para que el Poder Legislativo efectúe estudios sobre la eficiencia y eficacia de resultados en programas llevados a cabo puntualmente por el Poder Ejecutivo. Esta no es una novedad, ya que se hace en países como Chile, donde el Poder Legislativo elige, de todo el Presupuesto que se presenta, dos o tres lugares para hacer una especie de auditoría. Creo que una buena idea para el futuro sería investigar cuánto hemos invertido hasta ahora en reformas del Estado que nunca se han instrumentado y cuánto gastó el contribuyente en ellas en un período determinado, por ejemplo desde 1985 a la fecha, así nos cabe a todos el sayo. Reitero: creo que sería una buena idea que pudiéramos hacer un estudio sobre esto, porque con estas idas y venidas lo único que hemos hecho fue derrochar dinero del bolsillo de los contribuyentes.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADÉS.- Ahora sí voy a conceder, por su orden, las interrupciones que me han solicitado, primero al señor Senador Solari y luego al señor Senador Abreu, aclarando que he finalizado mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI.- En apoyo a lo que acaba de expresar el señor Senador Penadés, me voy a referir exclusivamente al caso del Director Técnico del Instituto Nacional de Estadística.

La Dirección Nacional de Estadística, como bien se ha dicho, produce datos que sirven tanto al sector público como al privado, para la determinación de políticas. Por tanto, estos datos tienen que estar absolutamente libres de cualquier sospecha, tal como ha sido hasta ahora. Me pregunto cuál es el criterio para determinar que un cargo debe ser de particular confianza -o sea, político- o de alta idoneidad técnica y dedicación. El cargo de particular confianza es aquel que ayuda a la gestión del jerarca que lo designa, y en este caso, ciertamente, no debe ser así; el Director Técnico del Instituto Nacional de Estadística debe ser quien dirija un instituto que produzca información útil y confiable para toda la población. No me parece de recibo que porque en el pasado se haya procedido de una determinada manera -que, dicho sea de paso, no es el caso del Instituto Nacional de Estadística-, tenga que hacerse así también ahora, porque en lugar de ir en la dirección correcta se está yendo en la opuesta. Si queremos ir hacia Colonia, no vamos primero hacia La Floresta, donde vivo, porque a pesar de que es un lugar muy lindo, no es hacia donde queremos ir. Queremos apuntar a una mayor capacitación, mayor profesionalización y mayor rigor para que el producto de ese instituto sea confiable para todos, y no me refiero a este en particular, que es el que conozco. La Dirección Técnica no debe ser, en ningún caso, un cargo de confianza política. Pido específicamente a la Bancada del partido de gobierno, que en su momento utilizó estos datos para esgrimir su propia argumentación política, que reflexione sobre este tema. Bien que utilizó esos datos y nadie salió a decir en aquel momento que no eran confiables.

En definitiva, apelo a que mantengamos, mejoremos y profundicemos la seriedad de nuestros organismos estatales y no los convirtamos en un instrumento de manipulación política.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir, ahora, el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Me gustaría que la Bancada de gobierno también reflexionara acerca de que al cargo de Director Técnico de Energía -que se intenta transformar en un cargo de particular confianza- creo que ya se le ha agregado la competencia nuclear. La Dirección Técnica Nuclear es muy importante, porque controla los consultorios, los sistemas de radiología y todo lo que tiene una especial sensibilidad en cuanto a tecnología y a avances, y se la pretende transformar en un cargo de particular confianza, cuando es un cargo de altísima especialización, para el que se buscaba específicamente a una persona con la preparación adecuada. Determinadas circunstancias sucedidas durante la Administración anterior llevaron a que el ex Director de PYME fuera el Director de Tecnología Nuclear, usufructuando un cargo de particular confianza. Esto nos hace dar cuenta de lo que estamos haciendo con los criterios. Si hoy transformamos la Dirección Técnica de Energía en un cargo de particular confianza, vamos a arrastrar aspectos importantes en materia de tecnología nuclear, que no solo son básicos desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista del control de la atención al usuario y al ciudadano, tanto en los sistemas de asistencia médica pública como privada.

Creo que es un mensaje claro de que si empezamos a flexibilizar los temas relativos a la confianza política, vamos a hacer perder al requisito técnico un aspecto muy importante, y al mismo tiempo estaremos trasmitiendo determinadas señales que no son las más adecuadas para manejar la responsabilidad en asuntos de tanta trascendencia.

Por estas razones agradezco la interrupción al señor Senador Penadés, porque quiero hacer notar que hay un elemento adicional de una reestructura que no está incluida en el Presupuesto, que arrastra a la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, cargo que hoy es de particular confianza pero que en este caso queda subsumido en el tema de la Dirección de Energía, con la importancia y las implicancias que esto tiene.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: los cargos de particular confianza fueron creados en el Presupuesto de 1960 porque, al producirse el importante cambio político de la rotación de los partidos en el poder, el Partido Nacional encontró una Administración que no necesariamente tenía jerarcas de su filiación política. Por ese motivo, consideró pertinente -y creo que fue una buena medida, por lo que defiendo los cargos de confianza- que los Directores Generales de los Ministerios -que eran funcionarios de carrera- acompañaran a los Ministros y Subsecretarios. Dado que el Director General es el tercero en el orden jerárquico, esto era bastante razonable. Como sucede siempre en nuestro país, luego esto fue creciendo.

Debo admitir que soy muy partidario de los cargos de confianza, pero creo que no podemos confesar que los partidos no tenemos técnicos de confianza; me parece que deben juntarse ambas cosas. Un ingeniero agrimensor debería ser el Director de Catastro; también podría serlo un abogado, pero vamos a no meternos en todos lados como si fuéramos los únicos indispensables en la Administración. Me parece que no se debe renunciar al hecho de que haya un compañero de confianza que, a su vez, sea técnico en estadística y Director del Instituto Nacional de Estadísticas o de la Dirección Nacional de Catastro; estimo que la aceptación tácita o no expresa del señor Senador Rubio permitiría que se agregara, por ejemplo, “cargos de confianza e idoneidad técnica”. De esta manera tendrán miles de opciones para elegir, al igual que nosotros y los señores Senadores del Partido Colorado.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Antes quisiera hacer mención a otro aspecto señalado por el señor Senador Rubio, que me preocupó más. Aunque se trate de una ley de 1964 y se hable del criterio subjetivo para los padrones, opino que hay que dar una voz de alerta. El valor catastral de los padrones no puede fijarse en función del patrimonio de su dueño; de esta manera podría haber valores diferentes para el mismo solar, para la misma propiedad inmueble. Para eso está el Impuesto al Patrimonio. A los efectos tributarios, para mí y para cualquiera, una propiedad se debe valuar en función del lugar en que está ubicada, si tiene pavimento, si cuenta con luz eléctrica, etcétera. No importa si además su dueño posee siete propiedades más o ninguna; me parece que este no es un criterio tributario lógico. El criterio tributario respecto de la propiedad que Catastro fija, tiene que ver con el valor del bien y no con el patrimonio del señor que lo ocupa, porque si mañana lo compra otra persona que no cuenta con ninguna propiedad, habrá que bajar el valor catastral.

Ese criterio del catastro subjetivo -reitero que es una ley de 1964, me hago cargo de lo que mañana pueda recordarme el señor Senador- me parece increíble. ¿En cada cuadra vamos a tener distintos valores, aun cuando se trate de la misma manzana, con propiedades mirando hacia el mismo lado y frente a la misma calle? No se puede decir “a este le damos un valor porque además tiene tal cosa”, porque mañana cambia el dueño y habrá que modificar la cédula catastral. Además de ser engorroso y casi imposible, no me parece un criterio tributario. En este caso no se tiene en cuenta la capacidad contributiva del titular, sino el valor catastral, porque para lo otro está el Impuesto al Patrimonio donde ingresa con un valor equis, a lo que suma A, B, C o D, y eso da un patrimonio sobre el cual se establece un impuesto.

Por lo menos quisiera dejar constancia de todo esto, porque si mañana se va a seguir por ese camino se desvirtuará el catastro como fijación objetiva del valor de cada inmueble; en la misma situación, el mismo barrio y la misma calle deben ser fijados por igual, deben valer igual. Quizás se quiera avanzar en un criterio catastral subjetivo pero, en ese caso, habrá un valor para cada inmueble del país.

Con mucho gusto le concedo la interrupción al señor Senador Rubio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: antes de tratar esta Sección ya teníamos la voluntad política -pero no tuvimos tiempo de hacerlo- de considerar en algunos de estos cargos ciertas exigencias complementarias que nos darían tranquilidad a todos. En consecuencia, vamos a proponer la postergación de este artículo a fin de terminar con la elaboración del texto junto con el Poder Ejecutivo.

Con respecto al tema del catastro, no estaba pensado en el valor de los bienes sino en la relación del flujo de ingresos que resulta de las propiedades, cosa que luego resolvió la reforma tributaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la postergación de la consideración del artículo 39.

(Se vota:)

- 30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 40 de la Sección II.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: hemos pedido el desglose de este artículo porque deroga el régimen de alta especialización y las funciones de alta prioridad. Pensamos que no es buena cosa que se deroguen esas funciones y por la misma razón, en caso de que se insista, votaremos en contra.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: nosotros vamos a votar, porque es voluntad del Poder Ejecutivo reducir el número de sistemas, clarificar lo que es carrera y lo que son cargos de confianza política, pero no dejar sistemas intermedios.

En definitiva, vamos a votar el artículo 40, que suprime las funciones de alta especialización, y el artículo 41, que hace lo propio con las de alta prioridad, que en realidad provienen del año 1974. Vamos a mantener este criterio por las consideraciones que hemos realizado en varias oportunidades.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: vamos a votar negativamente este artículo. No nos parece conveniente suprimir las funciones de alta especialización y de alta prioridad, además de que vemos que esto está en conexión con el artículo 59, que suprime las vacantes de cargos y funciones del escalafón de conducción, así como las vacantes de Director de División y Jefe de Departamento, pertenecientes al sistema escalafonario normal. Estimamos que esto no tiende a mejorar la especialización y la tecnificación de la función pública, y a eso se suma que se crea un paréntesis que no nos parece conveniente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 40.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 41.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: vamos a votar en contra de este artículo porque deroga el sistema de contratación de la función pública, que fue creado en el Presupuesto de la Administración del doctor Vázquez con las comisiones paritarias. Ahora viene un nuevo sistema de contratos de Derecho Público a término y de Derecho Privado. En ese sentido, señor Presidente, no estamos de acuerdo con estas alternativas. Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta derogación, que es el instrumento que tiene el Estado para resolver los requerimientos de recursos humanos que precisa cuando tiene que cumplir la función.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Este sistema ya se aplicó y refiere al conjunto de situaciones creadas, que inicialmente nos parecieron muy heterogéneas y muchas de ellas se prolongaron en el tiempo. En ese momento se creó un sistema de comisiones paritarias y se regularizó, aproximadamente, a 6.000 trabajadores. Este régimen cumplió sus cometidos y por esos fundamentos hoy lo estamos derogando. Ahora se crea un sistema diferente para hacer de puente hasta que se realicen las reestructuras correspondientes. Estamos hablando de los contratos de Derecho Público que aparecen en el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 41 de la Sección II.

(Se vota:)

- 16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 46.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: quisiera explicar lo que vamos a proponer, que es votar negativamente el artículo 46. Debo recordar a los señores Senadores que la Comisión votó en forma negativa lo aprobado en la Cámara de Representantes, eliminando los artículos 46, 47 y 48 que referían a la prohibición de tener más de un vínculo con el Estado. Posteriormente, se verificó que la eliminación de esas disposiciones repercutía sobre los artículos 46, 47, 48, 49 y 50 según la numeración que estamos utilizando en el día de hoy en el Senado.

En consecuencia, nuestra propuesta es eliminar o votar negativamente los artículos 46, 47, 48 y 49. Con respecto al artículo 50, haremos otra propuesta.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: quisiera complementar lo que acaba de señalar con mucha claridad la señora Senadora Dalmás. Se busca lograr un objetivo que, a nuestro juicio, es loable y figura en la legislación uruguaya, por lo menos desde el año 1953, que es prohibir la acumulación de más de un cargo público. Al querer extenderlo a las personas públicas no estatales, surgieron una serie de dudas sobre algunas situaciones. Ello fue así porque la naturaleza de las personas públicas no estatales es extraordinariamente diversa: pueden tener o no financiamiento privado, tener o no financiamiento privado parcial, etcétera. Por esta razón, en la Comisión decidimos -creo que de común acuerdo con todos los partidos- que este tema debía ser objeto de un tratamiento especial. Pero quedaron algunos artículos que derogaban las normas anteriores; no quisimos hacer un zafarrancho jurídico y pensamos que lo mejor sería que esos artículos en bloque pasaran a la Comisión de Constitución y Legislación para ser analizados en profundidad.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: justamente quiero dejar claro lo último que acaba de señalar el señor Senador. En realidad, los artículos no se votan en el Proyecto de Ley de Presupuesto, pero pasan -igual que sucedió con el Código de Minería- a la Comisión de Constitución y Legislación para su tratamiento específico y en profundidad, a fin de analizar todas las incompatibilidades. Específicamente nosotros registramos problemas en la ANII, donde se ha contratado a científicos que trabajan, por ejemplo, en el INIA. Reitero que el sentido de la eliminación de estos artículos del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional no es eliminar el tema en su conjunto. Me parece que tiene que quedar bien claro que el tratamiento de este asunto se hará en otro ámbito.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra,

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: celebro que se genere esta instancia dedicada a estudiar mejor estos artículos, que es lo que plantea la señora Senadora Topolansky. Todos queremos racionalidad y que no haya muchos funcionarios que tengan una doble relación con el Estado. Queremos limitar esto, aunque existan excepciones para los docentes, los médicos y el personal de la salud. En definitiva, todos coincidimos en quiénes pueden estar exceptuados de esta norma, pero nos da la sensación de que, con el poco tiempo que tenemos, con estos artículos podríamos estar lesionando los derechos de gente que fue asimilada por el Estado y que ya tenía una relación con él. Puede haber muchas situaciones que no estén comprendidas. Por lo tanto, me parece muy correcta la idea de desglosar estos artículos para que pasen a la Comisión de Constitución y Legislación en bloque.

En ese sentido, hago moción para que votemos el desglose de los artículos 46, 47, 48 y 49 y su pase a la Comisión de Constitución y Legislación para realizar un estudio pormenorizado de un tema que es delicado y que se pueda comprender toda la casuística que se ha ido generando por derechos adquiridos de mucha gente. Estoy de acuerdo con establecer que las prohibiciones se generen de ahora en más, porque tengo dudas de estar lesionando los derechos de los funcionarios si lo hacemos retroactivo.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en oportunidad de tratarse en general el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y por asesoramiento de la Cátedra de Derecho Administrativo, advertimos sobre la estatización que se produce en las treinta y seis personas públicas no estatales que existen hoy en el Uruguay. Estas incompatibilidades las asimilaban a funcionarios del Estado y podían crear -como muy bien expresó el señor Senador Rubio- dificultades en algunas personas públicas como el INIA y otras que tienen fondos privados. En esa línea, quiero señalar que es muy importante que se realice el desglose de estos artículos para estudiar el tema y evitar que la generalización y la falta de asesoramiento de los especialistas en Derecho Público, cree una situación como la que se podría generar en caso de aprobar estos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- No se trata solo de los perjuicios hacia atrás, sino que no debemos atarnos las manos en el futuro. Anteriormente mencioné el ejemplo de lo que sucedía con la ANII. Los organismos como este tienen un mecanismo de contrato que hace que a veces se precisen investigadores que forman parte de otros cuadros del Estado. Quiero dejar claro que el problema no es solo hacia atrás, sino también hacia adelante; de lo contrario, alcanzaría con hacer una lista de excepciones. En realidad, queremos dar un contenido a estas normas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- He terminado, señor Presidente.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- La señora Senadora ya había intervenido con respecto a este artículo.

SEÑORA DALMÁS.- Quiero hacer una aclaración como Miembro Informante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora, pero le aclaro que en la discusión particular puede intervenir una sola vez en cada artículo.

SEÑORA DALMÁS.- Quiero decir que deberían pasar a ser analizados por la Comisión de Constitución y Legislación los artículos 46, 47, 48 y 49, ya que el 50 fue desglosado por error y tendríamos que votarlo afirmativamente. A su vez, habría que incluir los artículos 46, 47 y 48 de la anterior numeración, ya que fueron votados negativamente en Comisión, pero se refieren al mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- De todas maneras, vamos a ir artículo por artículo y en cada caso se podrá hacer la propuesta correspondiente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 46.

(Se vota:)

- 0 en 29. Negativa.

En consideración el artículo 47.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 0 en 29. Negativa.

En consideración el artículo 48.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 0 en 29. Negativa.

En consideración el artículo 49.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 0 en 29. Negativa.

En consideración el artículo 50 que, según ha expresado la señora Senadora Dalmás, fue desglosado por error.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: el inciso quinto del artículo 50 hace referencia a una prohibición del artículo 46, que fue votado negativamente. En consecuencia, estamos exceptuando de una prohibición que no existe, por lo que me parece que debería ser redactado nuevamente.

Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Con relación a lo que señaló el señor Senador Solari, si no hacemos una modificación del inciso quinto del artículo 50, que remite al artículo 46, estamos incurriendo en un error. Por lo tanto, solicito el desglose de esta disposición para corregir su redacción y que se vote al final de la Sección.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 26 en 27. Afirmativa.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- No sé si debemos votar el envío de los artículos desglosados a la Comisión de Constitución y Legislación. Si es así, formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- No creo que sea imprescindible votarlo ahora pero, si el Senado lo desea, podemos hacerlo.

Se va a votar si se envían los artículos 46, 47, 48 y 49 a la Comisión de Constitución y Legislación.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero dejar constancia de que deberíamos agregar los antecedentes de los artículos 46, 47 y 48 provenientes de la Cámara de Representantes, que también hacían a esta temática, para que la Comisión los estudie todos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda esta constancia.

En consideración el artículo 51.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 52, que tiene un sustitutivo.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En primer lugar, quisiera saber en qué hoja está el artículo sustitutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Está en la hoja Nº 29.

SEÑOR HEBER.- Nos parece correcto este artículo que refiere a que los ascensos de los funcionarios se realizarán por concurso de méritos y antecedentes o de oposición y méritos con una supervisión de la Oficina Nacional del Servicio Civil, ya que lo consideramos un avance. También pensamos que deberíamos lograr una mayor transparencia de esta oficina y por eso hicimos una propuesta que nos gustaría que fuera analizada en algún momento por el gobierno. La Oficina Nacional del Servicio Civil tiene una Comisión asesora, pero muchas veces no es escuchada. Frente a los cuestionamientos de los concursos para los ingresos a la función pública, incluso por el propio señor Presidente, que los ha puesto en tela de juicio -creo que con razón- diciendo que muchas veces no dejan de ser un disfraz, a nuestro juicio, lo más importante es que la Comisión asesora del Servicio Civil se transforme en una Comisión en la que técnicos de todos los partidos -en la proporción que sea- puedan tener una suerte de fiscalización del ingreso a la Administración Pública, de las condiciones de los llamados a concursos para que ofrezcan plenas garantías o de la situación de los ascensos. Me parece que, de esta forma, los partidos no nos estaríamos mirando con recelo o con desconfianza y no diríamos que a veces el sistema de concursos no es más que un disfraz para ingresar a la Administración y ascender dentro de ella. Si los partidos políticos tienen técnicos, especializados en el tema, en esa Comisión, tendríamos plenas garantías de que las cosas se hacen bien y no habría por qué desconfiar.

Nosotros hicimos esa propuesta en Comisión, pero entendemos que no había tiempo para efectuar las consultas pertinentes y realizar los cambios correspondientes. De todas maneras, me parece que es una buena propuesta que merecería, al menos, una discusión en la Comisión.

De todas maneras, adelantamos que vamos a acompañar el artículo 52; lo desglosamos porque creímos que nuestra propuesta era mejor, pero lo vamos a votar porque entendemos conveniente que la Oficina Nacional del Servicio Civil controle estas situaciones. Es decir, hagamos de esta Comisión de la Oficina Nacional del Servicio Civil el ámbito de participación de técnicos de todos los partidos políticos, esa es la única forma de hacerlo para que el Estado sea transparente. De lo contrario, siempre habrá alguien que diga que los concursos están arreglados o que se dieron en condiciones tales, para que no se pueda presentar todo el mundo. Se trata de cuestionamientos que sabemos que existen no solamente respecto del ingreso, sino también de los ascensos. Si se aprobara una norma de este tipo, incluso, sería un alivio para nosotros mismos, que hemos atendido en nuestro despacho a varias personas manifestando haber sido estafadas y no respetadas en sus derechos y en su carrera funcional. Si se vota nuestra propuesta, vamos a tener a una persona especializada que va a cuidar que las cosas se hagan objetiva y correctamente.

Vuelvo a decir que acompañaremos este artículo, pero nos gustaría que la Administración estudiara la posibilidad que he referido, pues podría ser una forma de que, entre tantas desconfianzas que hay en el sistema político, hubiera una menos.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Miembro Informante.

SEÑORA DALMÁS.- Por supuesto que cualquier propuesta razonable, como la que realiza el señor Senador Heber, puede ser objeto de estudio a nivel del Poder Ejecutivo y del Parlamento, pero hoy no estamos en condiciones de ver qué rol tendría esa Comisión Sectorial, ni cómo podría desarrollarlo.

Sin embargo, nos parece muy importante que en este artículo 52 se establezca que los ascensos de los funcionarios se harán por concurso, tanto de méritos y antecedentes, como de oposición y méritos. Además, en el transcurso del trabajo de la Comisión se agregó un inciso que es, también, fundamental y dice lo siguiente: “En los casos de cargo de supervisión y dirección, los concursos serán siempre por oposición y méritos”. Quiere decir que para estos cargos se establece un requerimiento adicional o, por lo menos, se determina qué tipo de concursos se debe realizar en estos casos.

El cambio instrumentado -pues por algo el artículo fue desglosado- refiere al inciso tercero, que dispone que a los efectos de la provisión de vacantes de ascenso, se realizará un llamado al que solo podrán postularse los funcionarios presupuestados del Inciso. Concretamente, nos preguntábamos qué pasaría si ese concurso resultara desierto. Por eso se agregó el actual inciso cuarto, que expresa: “De resultar desierto el concurso, la referida vacante podrá proveerse por el procedimiento del ingreso previsto en la presente ley”.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Tal como expresó la señora Senadora Dalmás, estamos abiertos a nuevas ideas. Si se proponen sistemas de control que, a su vez, introduzcan mayores garantías, los estudiaremos. Pero se debe tener en cuenta que aquí se centraliza el sistema en la Oficina Nacional del Servicio Civil, que se va a ocupar de dicha función. Incluso, una publicación permitirá el acceso de la sociedad, no solo a las convocatorias para el ingreso, sino también a los concursos. Todos sabemos que siempre hay impugnaciones y recursos, lo que está dentro de la lógica del sistema; pero creemos que este mecanismo contribuirá a que se relegitime ante la sociedad uruguaya el sistema de concursos, que ha sido, de alguna manera, muy manoseado, a pesar de ser el mejor procedimiento para proveer cargos y acceder a funciones claves.

De todas formas, adelanto que consideraremos la idea del señor Senador Heber con posterioridad.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Sin perjuicio de que vamos a acompañar este artículo, quiero hacer una propuesta para tratar de ajustar la terminología.

Concretamente, el artículo 52 dice que los ascensos se realizarán por concursos de méritos y antecedentes, pero la realidad es que los antecedentes son equivalentes a los méritos. Los concursos se realizan por méritos o por oposición y méritos. La palabra “antecedentes”, desde el punto de vista del Derecho Administrativo, está ínsita en los méritos, y debería eliminarse para evitar cualquier tipo de interpretación subjetiva o discrecional que después pudiera ser motivo de eventuales litigios en el ámbito administrativo.

SEÑOR RUBIO.- Estamos de acuerdo.

SEÑORA DALMÁS.- Totalmente de acuerdo.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- En el aditivo propuesto que, por lo que refirió la señora Senadora Dalmás, está también en consideración, se establece que de resultar desierto el concurso, la referida vacante podrá proveerse por el procedimiento del ingreso previsto en la presente ley. Parecería darse por entendido que el concurso no queda restringido únicamente a los funcionarios del Inciso. Quisiera saber si esa es la interpretación correcta.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Miembro Informante.

SEÑORA DALMÁS.- Es tal como lo plantea el señor Senador Solari, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa propone, como criterio general, dar lectura a las propuestas sustitutivas aunque estén repartidas, para dar una mayor garantía al procedimiento.

Léase la propuesta sustitutiva para el artículo 52.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 52.- Los ascensos de los funcionarios de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional se realizarán por concurso de méritos y antecedentes o de oposición y méritos y se regirán por las disposiciones contenidas en el presente artículo.

En los casos de cargo de supervisión y dirección, los concursos serán siempre por oposición y méritos.

A los efectos de la provisión de vacantes de ascenso los jerarcas de los organismos mencionados en el inciso anterior, realizarán un llamado al que solo podrán postularse los funcionarios presupuestados del Inciso, pertenecientes a cualquier escalafón, serie y grado, siempre que reúnan el perfil y los requisitos del cargo a proveer.

De resultar desierto el concurso, la referida vacante podrá proveerse por el procedimiento del ingreso previsto en la presente Ley.

A partir de la vigencia del presente artículo no serán de aplicación para los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional las disposiciones contenidas en el Capítulo II de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo con el previo y favorable asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde aclarar que en el segundo inciso debe decir: “En los casos de cargos de supervisión y dirección”.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En su momento intervine para referirme al artículo 52 en su versión original, pero ahora tenemos un sustitutivo con una nueva frase que dice: “De resultar desierto el concurso, la referida vacante podrá proveerse por el procedimiento del ingreso previsto en la presente Ley”. ¿Qué criterio se considerará para declarar desierto el concurso? ¿Acaso será el de contrato público o privado? Me gustaría escuchar por parte de la señora Miembro Informante una explicación sobre cuál es la intención y el procedimiento de ingreso.

Estábamos dispuestos a votar el artículo 52 en su versión original, pero la referida frase no nos ofrece garantías a la hora de proceder al ingreso. ¿El ingreso se hará a “dedo”?

(Dialogados.)

- Pido que el señor Senador Rubio no se enoje por lo que acabo de expresar.

En definitiva, de no quedarnos clara la modificación que se pretende introducir en el artículo 52, me gustaría encontrar una fórmula que nos diera más garantías.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Senadores: en este caso la Mesa actuará con flexibilidad porque es la primera situación que se plantea, pero de ahora en más se podrá intervenir una única vez en cada artículo, tenga o no propuesta sustitutiva. La idea es adoptar este criterio a los efectos de aplicar las mismas reglas de juego.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: en virtud de que aquí se está hablando de una reforma y del llenado de cargos de jerarquía por concursos, quiero dejar constancia de que los Incisos 03 y 04, correspondientes a los Ministerios de Defensa Nacional e Interior respectivamente, tendrán que ajustarse a una nueva realidad. Los ascensos en cargos jerárquicos que se llevan adelante por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas no podrán estar incluidos dentro de esta norma, producto de que el sistema de ascenso es distinto al que aquí se establece. Dejo esta constancia para que quede claro que hay dependencias del Estado -me refiero especialmente a los Incisos 03 y 04- que tienen, a nivel de sus jerarquías, distintos mecanismos de ascensos respecto a los contemplados en el artículo 52 que se va a votar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Realizada la constancia por el señor Senador, la Mesa entiende que en este caso predominarán las disposiciones especiales.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en esta nueva ingeniería -por decirlo así- de vínculo con la función pública no hay, salvo los cargos de confianza que están definidos, ninguna forma de ingreso a la Administración pública que no implique concurso. Creo que en algún caso en que el sistema de concurso no puede funcionar, habría que agregar el término “sorteo”, porque se trata de funciones que no tienen calificación.

El artículo 53 establece el procedimiento para el llenado de vacantes de ingreso, apelando al concurso. Incluso, cuando más adelante consideremos los artículos relativos al contrato temporal de función pública y a aquel otro de igual carácter, pero que no implica ingreso a la misma, advertiremos que nuevamente aparecerá el concurso. En lo personal, considero que no hay otros caminos para transitar y que, desde este punto de vista, los señores Senadores pueden estar totalmente tranquilos.

Lo que, frente a una vacante de ascenso, puede suceder es que dentro del Inciso que se está considerando el concurso se declare desierto porque nadie cumplió con los requisitos. En estos casos, habrá que apelar a un llamado público abierto, por concurso. Si se quiere, se podría agregar alguna cláusula que actuara como garantista, pero me parece que sería reiterativo de un criterio que, en realidad, está expuesto a lo largo de todo el proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

Por último, aclaro que lo del “dedo” como filosofía, se terminó. Y ojalá que la vida nos demuestre que, efectivamente, así ocurrió.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: la expresión relativa a que la provisión de vacantes de ascenso se hará por el procedimiento de ingreso, quiere decir que la Oficina Nacional del Servicio Civil -tal como se establece en el proyecto de ley- buscará de antemano entre los funcionarios en actividad que estuvieran disponibles en otras dependencias del Estado, aquellos que efectivamente puedan llenar los cargos vacantes. Luego de este procedimiento, se hará un llamado abierto.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: en el mismo sentido de lo señalado por la señora Senadora Dalmás, quiero decir que inicialmente propusimos que en el artículo 52, donde se establecía que se proveerá por concurso abierto, se incorporara la frase: “previa disposición a llenar esa vacante por concurso dentro de la Administración Central”. Quiere decir que si el cargo no se llena con el personal de la unidad ejecutora correspondiente, se procedería a realizar un llamado a concurso dentro de la Administración Central, para luego efectuar un concurso abierto. Sin embargo, la Oficina Nacional del Servicio Civil nos informó que eso ya está reglamentado. Entonces, si se declara desierto el concurso, antes de llegar al concurso abierto se pasaría por esta instancia de llamado a la Administración Central.

Quería dejar constancia en la versión taquigráfica de que, como este punto forma parte de la reglamentación, no fue incluido a texto expreso.

Muchas gracias.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: la aclaración que se acaba de hacer es pertinente al artículo 52 que estamos analizando, pero en el aditivo se dice que en caso de resultar desierto el concurso, la referida vacante de ascenso podrá proveerse por el procedimiento de ingreso previsto en la presente ley. Ahora bien, en este ámbito se ha manifestado que el artículo 53 -relativo al ingreso a la función pública- establece como único mecanismo el concurso. Luego de leer atentamente la disposición, pude advertir que allí se habla del procedimiento del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En este sentido, me gustaría saber si fue a ese mecanismo de concurso al que aludieron la señora Senadora Dalmás y el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: el Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil transita distintos caminos e incluye el tema de las excedencias y de la redistribución -del que se habla más adelante-, el de las vacantes de ingreso a la carrera por el sistema del provisoriato de dieciocho meses -es un concurso más una evaluación, luego de la cual la persona puede o no cumplir funciones- y el de las convocatorias para el contrato temporal de Derecho Público y otras figuras. Entonces, en todos los casos se establece como condición el concurso, pero el Sistema como tal incluye esta diversidad.

No sé si lo que acabo de expresar aclara la inquietud planteada por el señor Senador Solari.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Quiero dejar una constancia porque este artículo es muy importante. El inciso tercero del artículo 52 expresa que a los efectos de la provisión de vacantes de ascenso se realizará un llamado al que solo podrán postularse los funcionarios presupuestados del Inciso. En la Administración Pública existe una vieja discusión sobre si en este tipo de concurso para jerarcas tienen que participar todos los funcionarios del Inciso o si solo pueden participar los del grado inmediatamente inferior. Insisto en que esto es muy importante y ha sido motivo de muchas discusiones. En un concepto de carrera administrativa fija en la que existen todos los escalafones y los grados, muchas veces parecería lógico que solo los funcionarios del grado inmediatamente inferior se puedan presentar a un concurso para ascender al cargo de jefe. Esta es una opción de política de recursos humanos en función de la realidad actual de la Administración Central que abre el concurso y que prioriza la aptitud por sobre el tiempo que se está trabajando en el cargo.

Quería dejar esta constancia porque, escrito en una forma muy simple, hay un concepto muy importante.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: me parece que las dudas que se están planteando son de recibo porque la letra que figura en negrita en el inciso cuarto del sustitutivo parece que no dice lo que aquí se quiso explicar fehacientemente. Creo que es una contradicción llenar una vacante de un cargo al cual solo pueden concurrir funcionarios presupuestados a partir de las mismas normas de ingreso de los que no son presupuestados. Si cambiáramos este inciso cuarto por uno que expresara que “De resultar desierto el concurso, la referida vacante podrá proveerse con el llamado a funcionarios presupuestados de otros Incisos”, el tema quedaría aclarado.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: el señor Senador Nin Novoa hizo referencia al primer escalón que se prevé. Después, si ese escalón resultara vacante, se llamaría a concurso abierto. En realidad, mediante este agregado nosotros quisimos prever todas las circunstancias. Es muy difícil que se llegue a esa situación, pero consideramos conveniente dejar previstas todas las hipótesis. Entonces, la primera hipótesis plantea el ascenso dentro del Inciso teniendo en cuenta el cambio que señalaba el señor Agazzi; la segunda, prevé la búsqueda de algún funcionario, de la bolsa de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que tenga el perfil para concursar para un cargo contemplado en el Presupuesto Nacional; y la última, el concurso abierto. Esto es todo lo que está previsto, claro está, siempre siguiendo la lógica del concurso. Quizás la redacción no es la más feliz, pero abarca todo lo que hemos señalado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Los señores Senadores advertirán que si bien estamos operando con flexibilidad, no podemos continuar trabajando así porque ello no mejora el funcionamiento del Plenario. Por ello, comprenderán que a partir de la consideración del próximo artículo cada señor Senador podrá intervenir solo una vez.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: creo que es importante la puntualización que hizo el señor Senador Agazzi y el criterio que estamos manejando en lo que hace al concurso, porque vamos a abrir la competencia a todos los funcionarios presupuestados dentro del propio Inciso. Esto ayuda enormemente a que la carrera administrativa no sea un elemento absolutamente cerrado ya que, además -como sucede generalmente-, para no quedar mal con los funcionarios, siempre se los califica con la nota más alta.

De todos modos, me queda la duda acerca de la distinción que hace la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre cargos y funciones. Por ejemplo, nos preguntamos si a aquellas personas que cumplen funciones después se les permitirá concursar. El hecho de que cumpla con determinados requisitos o funciones especiales luego le ayudará a aspirar a un cargo presupuestal. Sin ningún lugar a dudas, esta es materia de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En otra oportunidad haremos referencia a los distintos temas relativos a las vinculaciones de contratos. Quiero aclarar que este no es un aporte personal, sino que he consultado a la cátedra de Derecho Administrativo y a algunos connotados profesores que asesoran al Gobierno, quienes me hicieron algún comentario sobre estos temas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con algunas definiciones. El criterio de apertura para la competencia dentro de los Incisos presupuestales, sin estar exclusivamente referido a los que tienen vocación en materia del escalafón permite -valga la redundancia- una mayor apertura y competencia en la Administración. Tenía dudas respecto de las funciones, pero la Oficina Nacional del Servicio Civil dice que en materia presupuestal se pueden asimilar funciones sin denominar cargos.

Agradezco la flexibilidad del señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 52 en la redacción dada por la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda.

(Se vota:)

-0 en 27. Negativa.

Se va a votar la formulación sustitutiva que ya fue leída, con la aclaración adicional de que en el cuarto inciso en vez de decir “procedimiento del ingreso” se exprese: “procedimiento de ingreso”.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: hemos votado el artículo sin perjuicio de que a lo largo del día revisaremos las inquietudes planteadas por el señor Senador Solari, a efectos de que este tema del concurso quede suficientemente claro.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 53.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: esta disposición ahora refiere al tema del ingreso y antes aludía a los ascensos. Parte de la propuesta que presenté -y cuyo estudio fue de recibo por parte del señor Senador Rubio- abarcaba los artículos 52 y 53.

La observación realizada por el señor Senador Solari no deja de ser compartible en cuanto a tener cierto nivel de información -que, quizás, no tuvimos en Comisión por el gran número de artículos en consideración- que permita saber cuál es el sistema de reclutamiento y selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Pienso que sería interesante contar por lo menos con esa información de modo de poder estar tranquilos. Sin perjuicio de ello, señor Presidente, este artículo establece que el provisoriato -tal vez lo podríamos llamar de esta manera-, que en la actualidad comprende un período de seis meses, se extendería a dieciocho. La verdad es que no entiendo por qué se necesitaría tanto tiempo para darse cuenta si un funcionario sirve o no para la función; en lo personal, me parecía que seis meses era suficiente y, repito, no sé por qué ahora se propone un plazo de un año y medio. Quizás esto se deba a una experiencia que haya tenido el Frente Amplio en la Administración y que ha llevado a considerar que se necesita más tiempo para darse cuenta si un funcionario cumple debidamente o no con su función. No obstante, reitero que no entiendo el cambio y que el plazo de esta prueba me parece exagerado. Sin embargo, el artículo es acompañable dado que en él se establece un sistema de concurso para el ingreso con el que estamos de acuerdo aunque, en lo personal, creo que deberíamos fijar más garantías y una mayor transparencia en función de lo propuesto.

Nada más, muchas gracias

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 53.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 56.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: el contrato laboral de Derecho Público viene a sustituir a los llamados contrato de trabajo a término, establecidos en los artículos 29 y siguientes de la Ley Nº 17.556. Estos merecieron la unánime crítica de la doctrina, de los institutos de Derecho Administrativo y de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, porque implicaban la consagración del sistema de espoleo que suponía que al cambiar el partido que ocupa el Gobierno, también cambia el personal de su dependencia. En realidad, más allá de la sustitución, creo que este es un tema que sería bueno analizar de forma separada porque contiene aspectos en materia de Derecho Público que podrían afectar el sistema de relacionamiento y de ingreso.

Sé que estoy haciendo uso de la palabra por vía de fundamento de voto, pero acerco tardíamente esta propuesta para analizar este tema con mayor profundidad.

Gracias, señor Presidente.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: he votado afirmativamente este artículo 56, que comparto casi en su totalidad y, además, por consideración a la decisión que mi Bancada tomó al respecto. Sin embargo, quiero dejar sentado -para que conste en la versión taquigráfica- que el hecho de que, en su inciso cuarto, el Poder Ejecutivo fije la escala máxima de retribuciones a aplicar, no debería obstar para que todos los contratos de Derecho Público se remitieran al sistema de retribuciones que tiene fijado el Estado, sin permitir discrecionalidad alguna por parte de los jerarcas de los Incisos en cuanto a determinar las remuneraciones de los contratos temporales de Derecho Público.

Reitero, señor Presidente, que simplemente quería dejar sentada esta constancia.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: quiero expresar, en relación al aspecto aludido por la señora Senadora Moreira, que originalmente el artículo establecía que el Poder Ejecutivo lo “reglamentaría”, pero distintos juristas con los que se mantuvo contacto no estuvieron de acuerdo argumentando que debería decir que el Poder Ejecutivo “fijará” la escala de remuneraciones. O sea que los aspectos vinculados a la escala de remuneraciones no quedan al arbitrio de los jerarcas -y no debe ser así- sino que se fijan centralmente.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el sistema me parece que es nítido que lo que se busca es muy superior a lo que existía y que se procura eliminar. Me refiero al contrato a término, que fue una figura que se ideó en la época de la prohibición del ingreso a la función pública y que navegó en un limbo en el que no era parte del Derecho Laboral ni del Derecho Administrativo. En consecuencia, el trabajador no se beneficiaba con los derechos de uno ni de otro régimen y se veía absolutamente desprotegido. Nosotros criticamos mucho ese sistema en aquella época en la que se creó y, en esta oportunidad, lo que se pretende es avanzar por pasos. Se prohíbe el uso de esta figura en la Administración Central y la idea del Poder Ejecutivo, en este proceso de reforma, es extender esta prohibición a los entes autónomos y servicios descentralizados hasta liquidar ese sistema y, entonces, apelar al contrato temporal de Derecho Público o, para cuestiones muy puntuales, a la otra figura que aparece en el artículo siguiente, relativa al contrato laboral.

El contrato temporal de Derecho Público establece un término, realmente es un contrato con finalización, pero incluye todos los derechos del trabajador público y es parte del Derecho Administrativo. Además, se trata de una figura puente -que se busca no generalizar- pensada para que sirva para sortear las diferencias que hay entre la situación actual y la que plantea la reestructura. Hay que tener en cuenta que existe un conjunto de trabajadores que, en su mayoría, sin duda van a ser necesarios -porque desempeñan funciones permanentes y lo hacen bien- y que quedarán incluidos en la reestructura, pero no se cuenta en la actualidad con ninguna figura puente que cubra su situación. Entonces, esa función la cumpliría, entre otras figuras, el contrato temporal de Derecho Público.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la propuesta sustitutiva del artículo 57.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 57.- Los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional podrán contratar servicios personales bajo la modalidad del “contrato laboral”, el que se regirá por las normas del derecho privado del trabajo.

Dicha modalidad se documentará mediante la suscripción de un contrato en el que se establecerán las condiciones de trabajo respectivas. Sólo podrá ser utilizado por razones de necesidad, expresamente justificadas y en ningún caso para la prestación de tareas permanentes.

El plazo o condición deberá ser previsto de antemano y no podrá superar los doce meses. El vínculo se extinguirá por agotamiento del plazo o cumplimiento de la condición.

Las contrataciones se realizarán mediante concurso o sorteo a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Habilítase a la Contaduría General de la Nación a realizar las reasignaciones correspondientes a los efectos de financiar las contrataciones que se crean por el presente artículo.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley, tengan contrato vigente ya sea eventual o zafral, continuarán en funciones hasta el cumplimiento del plazo contractual establecidos en los respectivos contratos o en las resoluciones de designación correspondiente.

Deróganse las siguientes disposiciones: artículo 41 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, con las modificaciones introducidas por el artículo 4º de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008; literal m) del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 incorporado por el artículo 191 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, y artículo 62 del Decreto Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981.”

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: el único cambio en este artículo -la introducción de la expresión “o sorteo” en el inciso cuarto- responde a que pensamos que tal vez para este tipo de contrataciones y, en algunos casos, cuando la tarea no sea de calificación especial, puede darse la necesidad de contar con otra forma de selección, que en este caso sería el sorteo. Este procedimiento ya se ha incorporado en el Estado y da más amplitud a las posibilidades de concretar este tipo de contratos por distintos procedimientos.

Nada más, muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Por una sugerencia de la Oficina Nacional del Servicio Civil, vamos a proponer que se agregue la expresión “o sorteo para funciones no calificadas”, ya que se podría interpretar que es posible usar ambos sistemas en forma alternativa, incluso para funciones que requieren calificación; y ese no es el espíritu. En principio, esta es la idea. Quien planteó aquí por primera vez que el Derecho Laboral debía abarcar el conjunto del derecho al trabajo, sin perjuicio de las especificidades que tuviera el Estatuto del Funcionario Público, fue el doctor Cassinelli Muñoz en la década del sesenta, que también sostiene que este régimen está amparado por el Convenio Nº 94 de la OIT que nuestro país suscribió.

Este es un sistema especial y acotado, que ha suscitado mucho debate, pero en la próxima Rendición de Cuentas evaluaremos cómo funcionó. En nuestra opinión debe ser utilizado, pues ese es el espíritu que refleja el texto, o sea que será aplicado para cuestiones absolutamente puntuales y no para funciones permanentes. En otras palabras, se procura que los contratos que tengan menos de un año finalicen efectivamente cuando lleguen al final del período. De esta forma, se evitará que, por la vía de los hechos, terminen regularizándose al comienzo de los períodos de gobierno siguientes.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Obviamente, en el sustitutivo propuesto queda claro que el sistema de reclutamiento y selección de recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, como una entidad, permite no solo el concurso sino también otras formas de selección, como en este caso el sorteo. Eso nos lleva nuevamente al artículo 53, que refiere a los mecanismos de ingreso y al sustitutivo del artículo 52 que fue votado, porque de acuerdo con este último, de resultar desierto el concurso, las vacantes podrán proveerse por el procedimiento de ingreso y el sistema de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que no contempla únicamente el concurso, sino también otras formas de selección.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- En la misma línea, quiero insistir en que el nuevo contrato laboral que se establece traduce una voluntad de reducir el alcance constitucional del concepto funcionario público, que es quien cumple la función pública. Esto significa que se comienza a hacer una diferencia entre funcionario público y trabajador público. Está claro que esta no es una distinción semántica. Hice la misma invocación respecto de la cátedra, me preocupé por el tema y el profesor Delpiazzo -voy a leer sus expresiones para que no crean que es un aporte al culto de un Senador- me escribió que en el Derecho Comparado existen países en los cuales se diferencia entre funcionarios y empleados públicos, rigiéndose los primeros por normas estatutarias y los segundos por el régimen laboral común, por ejemplo, para tareas de obreros o zafrales. No obstante, en nuestro Derecho Positivo siempre se entendió que la Administración no podía celebrar contratos de trabajo regidos por el Derecho Laboral, razón por la cual, junto a los contratos de función pública que implican la incorporación a la Administración, se admitió la viabilidad de arrendamientos de servicios a bienes específicos sin incorporación a los cuadros de la Administración. Hago un paréntesis para indicar que todos sabemos lo que sucede después con los arrendamientos de servicios y con los funcionarios contratados. Luego, el doctor Delpiazzo agrega que el riesgo que plantea la laboralización que se pretende es que más allá de desconocer el concepto constitucional amplio de funcionario público, implica lo que ha dado en llamarse la precarización de la función pública, en términos de apartamiento del régimen estatutario para determinadas categorías de personal de la Administración. Quizás este es uno de los elementos de fondo a tener en cuenta y que motiva nuestra preocupación; estamos precarizando la situación del funcionario público con una serie de elementos provisorios que llevan a que se ingrese en un régimen distinto a lo que se supone admite el Derecho Positivo uruguayo o, por lo menos, lo que la doctrina ha recibido en forma casi unánime -no digo totalmente unánime porque de la discrepancia viven los abogados- y, en particular, los catedráticos.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: en nuestra Bancada hemos mantenido una discusión muy intensa con respecto a esta figura del contrato de Derecho Laboral. No comparto totalmente la opinión de que con esto se introduce la precarización en el Derecho Público porque esta ya está presente por las múltiples y variadas formas de contratos precarios o temporales, que determinan que en cada Presupuesto se tenga que regularizar un sinnúmero de situaciones. Por tanto, por esta vía no lo estaríamos introduciendo porque, reitero, ya existe. No obstante, debo admitir que se ha dado un gran debate entre quienes pensábamos que la figura del contrato laboral de Derecho Privado no era necesaria y que los contratos temporales de Derecho Público servían para la misma función para la que están previstos los contratos del artículo 57 y quienes opinaban lo contrario.

La opinión mayoritaria de la Bancada fue apoyar la redacción del artículo 57 que ya fue leída y, por consiguiente, vamos a acompañar esta propuesta pero con la salvedad que hice anteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en primer lugar, la formulación original del artículo 57.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

Antes de pasar a votar la formulación sustitutiva del artículo 57, quisiera hacer una consulta al señor Senador Rubio que fue quien hizo referencia al tema. En el cuarto inciso, cuando se dice “mediante concurso o sorteo”, no quedó claro si se propuso hacer un agregado para aclarar que esta era una alternativa general que siempre se podría poner en práctica o si solo sería para los casos de ausencia de especialización.

SEÑOR RUBIO.- Se aplica solo al caso de funciones no calificadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el cuarto inciso quedaría redactado de la siguiente forma: “Las contrataciones se realizarán mediante concurso o sorteo en el caso de funciones no calificadas a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.”

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: creo que habría que agregar algunas comas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es difícil redactar en Sala pero creo que hay que agregar dos comas, una de ellas después de “sorteo” y otra luego de la palabra “calificadas”.

Si se me permite una observación, creo que en el penúltimo inciso en lugar de expresarse “resoluciones de designación correspondiente”, debería decirse: “en las correspondientes resoluciones de designación” porque, de lo contrario, queda muy ambiguo.

Con este par de aclaraciones, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo del 57.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- En honor a la brevedad, queremos dejar la constancia de que, por argumentos similares a los expuestos en Sala, tenemos prevenciones sobre este artículo, pero lo hemos votado en el entendido de que en la próxima instancia de la Rendición de Cuentas se hará una evaluación importante de esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 60.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: no vamos a acompañar este artículo que corresponde a la famosa figura del adscripto, creada hace mucho tiempo para sustituir a los subdirectores. Esta norma permite que un Ministro pueda llevar un adscripto de cualquier parte de la Administración, que tendrá un complemento de remuneración del 85%. Me parece que la figura creada era correcta y, por lo tanto, no es necesaria la inclusión de este artículo 60 que en los hechos establece que el jerarca podrá tener un funcionario, pero no el adscripto, tal cual se creó en la década del noventa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de proseguir con la consideración el artículo 60, la Presidencia debe indicar que cometió un error y salteó dos artículos, que se considerarán inmediatamente, luego de votado el artículo 60.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en realidad, el propósito del Poder Ejecutivo ha sido el de transparentar situaciones. En la medida en que se termina otra serie de sistemas -como el de arrendamiento de servicios- que permitían hacer contrataciones durante todo el período de Gobierno -como el artículo 22 de la Ley de 1974-, para las cuales se utilizaban fondos bastante importantes que se fueron incrementando a lo largo del tiempo, mediante esta disposición se intenta acotar situaciones desde el punto de vista de los fondos presupuestales que se pueden emplear para tener asesores, como es el caso de los Ministros.

SEÑOR HEBER.- Advierto al señor Senador Rubio que estamos considerando el artículo 60 y no el 61.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es, señores Senadores.

SEÑOR RUBIO.- Gracias, señor Senador. Ocurre que, como salteamos la consideración de dos artículos, me confundí. Solicito que mi intervención, llegado el momento, se tome como fundamentación del artículo 61.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 60.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Formulo moción para que el Senado pase a cuarto intermedio por un lapso razonable para que podamos descansar y almorzar, para luego retomar la tarea.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin perjuicio de que las mociones de orden no admiten discusión, voy a hacer un agregado a lo dicho por el señor Senador Agazzi.

Como la Mesa salteó la consideración de dos artículos, cuyo desglose había sido solicitado por el Partido Colorado, si el Senado está de acuerdo correspondería considerarlos y luego sí pasar a cuarto intermedio.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Propongo seguir trabajando y que el cuarto intermedio se realice más adelante.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara a los señores Senadores que estamos entrando en una discusión que no está admitida por el Reglamento.

SEÑOR AGAZZI.- En realidad, estamos dispuestos a hacer el cuarto intermedio ahora, pero acepto la propuesta de la Presidencia de que antes se consideren primero los artículos salteados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar a continuación si se consideran los artículos 58 y 59 y luego se pasa a cuarto intermedio por el término de una hora.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 58.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: este artículo contempla la situación de los famosos contratados a término -creo que no me excedo si lo digo de esta manera-, que nos han visitado a todos los Senadores, provenientes de todos los Incisos de la Administración e incluso de entes que están fuera de su órbita. En virtud de la situación que se ha creado al establecerse que los plazos de los contratos vencerán el 31 de marzo de 2011, este artículo dispone que estos funcionarios se podrán volver a contratar por única vez, bajo la modalidad de contrato temporal de Derecho Público, previa conformidad del jerarca, etcétera. Aquí el tema clave es el término “podrán”, que deja librado a la discrecionalidad del jerarca una situación que en muchos casos involucra no solamente al contratado, sino a su familia y a la gente que depende de él, porque son personas que han trabajado durante años en este régimen y hoy se encuentran en una situación de precariedad que crea la consiguiente incertidumbre y zozobra.

Este tema ha sido largamente analizado en la Comisión y, en definitiva, se llegó a esta formulación, que vamos a acompañar en el entendido -y esperamos que esto se tome en cuenta- de que todo esto se evalúe con la mayor amplitud por parte de cada jerarca y que se contemplen todas estas situaciones, de las que no son responsables los contratados y, por consiguiente, no se pueden resolver en perjuicio de sus derechos y de sus expectativas. Se trata de una situación que se ha generado de hecho, de la que, reitero, ellos no son responsables.

Es cuanto quería expresar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: me parece de total recibo la propuesta del señor Senador Pasquet en cuanto al grado de incertidumbre en que pueden encontrarse todos estos funcionarios contratados, y que es acorde con la idea que compartimos en el sentido de otorgarles cierta estabilidad laboral.

En cuanto al término clave “podrán” -como lo expresó el señor Senador Pasquet-, me parece que lo mínimo que podríamos hacer en beneficio de estos funcionarios que hoy trabajan bajo la forma de contrato de función pública, es cambiarlo por “serán”.

De modo que aceptamos la sugerencia del Partido Colorado expresada por el señor Senador Pasquet.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en realidad, la facultad se introdujo porque hay una diversidad muy grande de situaciones y, por lo menos, se debería disponer de una evaluación primaria. Muchos de los funcionarios contratados a término que conozco hicieron un riguroso concurso. En la Oficina Nacional de Planeamiento y Presupuesto teníamos funcionarios con títulos de doctorado, uruguayos que habían retornado del exterior para firmar contratos a término por aquello de la camiseta uruguaya y la reinserción. Este fue el caso de economistas de primera línea que volvieron y no había manera de incorporarlos, sino a través del contrato a término. Sin duda, todas estas personas son imprescindibles, recursos humanos fundamentales que quedarán en el país.

En este artículo también hay un conjunto de situaciones distintas en las que se establece que pueden ser contratados por el régimen de contrato de Derecho Público. Se trata, por ejemplo, de arrendamiento de servicio o de situaciones que se venían prolongando por diferentes causas. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la mitad de los recursos humanos no son presupuestados, sino que son parte de arrendamientos o contratos bajo las modalidades del PNUD según programas internacionales. En el caso del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se presenta el caso de personas que trabajan bajo el régimen de “eventuales”, es decir que hay una diversidad muy grande de situaciones, y para ello se requiere una evaluación primaria.

SEÑOR PASQUET.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.-Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: consideramos este tema en Comisión y atendimos las exposiciones que se hicieron señalando, justamente, esa diversidad de situaciones; por eso nos abstuvimos de proponer un sustitutivo que estableciera el término “deberán”, confiando en el criterio y en la ponderación de la Administración para renovar aquellos contratos que lo merezcan y excluir solamente aquellos que por razones bien fundadas y de peso no merezcan tal tratamiento. No proponemos una regla de reiteración al barrer, pero dejamos establecida nuestra aspiración de que esto se haga con un criterio no solamente sensato -eso lo descontamos-, sino también de humanidad, considerando todas esas situaciones personales y familiares que se han ido construyendo a través del tiempo, no por culpa de las personas, sino por un modus operandi de la Administración, y no ocasionando un perjuicio para ellas. Reitero que no planteamos un artículo sustitutivo; simplemente, expresamos una aspiración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Ya terminé, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 58.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 59.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Al comenzar la discusión general expusimos nuestros reparos y prevenciones sobre este artículo, que suprime todas las vacantes de cargos y funciones del escalafón CO “Conducción” del Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones (SIRO), así como las vacantes del Director de División y Jefe de Departamento pertenecientes al sistema escalafonario de la Ley Nº 15.809.

Asimismo, señalamos que en el inciso segundo de este artículo se hace referencia al nuevo sistema escalafonario y a la nueva carrera administrativa, conceptos que -hasta el día de hoy- están por ser definidos.

En función de las observaciones que ayer formulamos y de las indefiniciones que acabamos de señalar, votaremos negativamente este artículo.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Recordando los aportes que se han hecho con respecto a la Universidad sobre la forma en que se ha encarado, en el ámbito de la Administración, el Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones, creo que esta es una modificación sustancial, porque implica sustituir todo el sistema por un crédito que será transferido para financiar, primero, la asignación de funciones transitorias, y luego las funciones de conducción. Quiere decir que en el ámbito de la administración pública hay una fractura del sistema de reorganización -establecido por el SIRO- con este sistema, en el que la precarización de la función pública comienza a tener aspectos preocupantes dentro de los derechos adquiridos por parte de los funcionarios, más allá de las necesidades.

Muchas gracias.

SEÑORA PINTOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PINTOS.- Voy a votar afirmativamente este artículo, de la misma manera que lo haré con los artículos 60 y 61, que tienen que ver con las situaciones antes referidas por los señores Senadores Rubio, Pasquet y Abreu. Sin embargo, debo señalar que tengo mis intranquilidades en cuanto a la solución que hemos tomado frente a estos cargos tan diferentes. Esta situación ha provocado intranquilidad en la gente y, además, es un asunto que prometimos solucionar; espero que lo podamos hacer en un corto plazo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 59.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por una hora.

(Así se hace. Es la hora 13 y 26 minutos.)

(Vueltos a Sala.)

-Se levanta el cuarto intermedio.

(Es la hora 14 y 32 minutos.)

En consideración el artículo 61.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: esta es una de las disposiciones a las que el señor Senador Rubio hacía referencia cuando discutíamos el artículo anterior. Para nosotros, que ya dimos una discusión en la Comisión, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el gobierno en cuanto a que se trata de una vieja norma, más concretamente, el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. En realidad, dicha ley proviene del Decreto-Ley Nº 14.622 del año 1976, cuando estábamos en dictadura. Si mi memoria no me falla -porque no tengo el texto adelante para leerlo- dicha disposición establecía que se podía contratar gente especializada con la posibilidad de gastar un 5% de la totalidad del Presupuesto. El gobierno sostiene que deroga esa disposición y lo que hace ahora es asignar, a cada uno de los Ministros, una partida de dinero importante para contratar gente sin un criterio claro y sin ningún tipo de exigencia técnica. A nuestro juicio, esta situación es altamente inconveniente. No sé si la Secretaría de la Comisión podría hacerme el favor de conseguir la disposición referida para, de ese modo, poder darle lectura. Reitero que por lo que recuerdo se establecía la conformación de una Comisión especial que informaría al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de contratar técnicos. Reconozco que ese proceso no se utilizó mayormente en el pasado ya que, por lo que tengo conocimiento, no se han firmado muchos contratos con esta modalidad, es decir, la que establece este artículo del decreto-ley que he citado de memoria porque sigo sin encontrarlo.

Como decía, señor Presidente, en esta instancia el gobierno asigna una cantidad de dinero que sí se va a gastar. Es así que para realizar contrataciones se destinan $ 8:000.000 para el caso de los Ministerios de Defensa Nacional, del Interior, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Transporte y Obras Públicas, y de la Secretaría; $ 6:000.000 para los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social; y $ 4:000.000 para los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Salud Pública, de Turismo y Deporte y de Industria, Energía y Minería. Repito que, a nuestro entender, es algo notoriamente diferente a lo que se disponía en aquel decreto-ley, que permitía la contratación de un técnico o un profesional, fuera nacional o extranjero, cuando el Ministro entendiera que era necesario. Ahora se destinan estas partidas pero no se señala de qué monto serán los contratos ni si serán uno, diez o veinte; no tenemos absolutamente ninguna noción. Simplemente se trata de partidas para los Ministros, de modo tal que puedan realizar contrataciones, y sin dudas esto abre el espectro para contratar gente del aparato político. Como nosotros no decimos “gre gre” para decir “Gregorio”, mencionamos las cosas por su nombre y, en consecuencia, reitero que entendemos que estas partidas son para contratar gente compañera, para apoyatura política de los señores Ministros. Es en ese sentido que estamos totalmente en contra. Distinta era la disposición que existía desde la dictadura y que se usó poco, pero para realizar estos contratos primero se requería el estudio de una Comisión que luego elevaba su informe al Poder Ejecutivo. Eso aseguraba que el técnico contratado reuniera las condiciones necesarias para cumplir su función y que se justificara plenamente la necesidad de esa contratación.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pueden interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Esta norma y la relativa a los cargos de particular confianza seguramente sean las grandes irritantes de este Proyecto de Ley de Presupuesto. En materia de vínculos laborales, no solamente se ha llegado a crear muchos de ellos, sino que, utilizada esta herramienta con prudencia, es una manera de regularizar o de dar más visos de representación a las contrataciones. Sin embargo, me pregunto cuál es la explicación de estas cantidades. Otros artículos han permitido adscribir a los Ministros la cantidad de funcionarios que estos quieran -creo que fueron los últimos que votamos-, pero aquí se presentan cantidades muy “caseras”, por decirlo de alguna manera. Si se dijera que pueden contratar a diez o a quince personas, todavía, pero aquí solo se mencionan cantidades globales con un tope del 90% del salario de Director General de Secretaría. Nos parece que esto contradice ciertos conceptos que hemos escuchado relativos al gasto. La primera vez que oímos decir esto fue el día de la toma de mando por parte del señor Presidente Mujica. Lo dijo aquí cuando pronunció su recordado discurso -que tendremos en la memoria durante mucho tiempo- en el que, con mucha valentía y mucho sentido común, habló de temas relativos a la Administración. Honestamente, debo decir que fue uno de los discursos más valientes que he escuchado. Y decía el señor Presidente Mujica: “Una macroeconomía prolija es un prerrequisito para todo lo demás. Seremos serios en la administración del gasto, serios en el manejo del déficit, serios en la política monetaria y más que serios, perros, en la vigilancia del sistema financiero”. A mi entender, esto no es ser serios en la administración del gasto, pero no solamente por el gasto que implica, sino que tampoco me parece serio fijar partidas globales para que cada Ministro pueda hacer contrataciones, por ejemplo, $ 8:000.000 para tomar a tantas o cuantas personas, aunque con el tope que hemos mencionado.

Creo que aquí habría que traer a colación el viejo concepto de la motosierra, que querría prestar al gobierno para cortar el gasto. El señor Presidente de la República fue muy enfático, pero sucede que desde el 1º de marzo hasta hoy, 1º de diciembre, han cambiado muchas cosas. Algunos de esos cambios han sido notorios porque la realidad del gobierno siempre nos transforma, y lo digo con conocimiento de causa porque me ha tocado. La situación siempre parece mucho más fácil desde afuera que estando dentro de ella. A mi juicio, este no es un gasto público justificable. ¿Cuál es la razón para que cada Ministro disponga de $ 8:000.000 para hacer contrataciones? ¿No existen las adscripciones y los pases en comisión? Se trata de una cifra muy importante, y en materia de gastos a veces no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Se pueden cortar gastos de esta clase, pero este parecería ser un acto de soberbia del poder: como tengo la posibilidad de que los Ministros dispongan de estas partidas y de votarlas, las voy a votar.

Me parece que esto no corresponde y que debería reflexionarse sobre el tema de los cargos de particular confianza. Los cálculos realizados por algunos compañeros del partido sobre lo que representan los cargos de particular confianza llevan a cifras de centenas de millones de dólares. Por más que el señor Presidente Mujica tenga sus mayorías, espero que vete alguno de estos artículos. Estoy seguro de que si el Mujica del 1º de marzo recapacita y quiere volver a los conceptos que vertió, va a ejercer la facultad de veto sobre alguna de estas disposiciones. Y creo que sería apoyado por todos porque, como dice un paisano amigo, de Cerro Colorado: es una “demasía”. Por más que haya abundancia, buena recaudación y prosperidad, no se están dando buenas señales. La prosperidad y la buena recaudación no son para esto, sino para aumentar -tal como se ha hecho- los rubros de la enseñanza, de la salud y de la vivienda. Con eso estamos de acuerdo, pero esto no condice con aquellas sabias palabras que uno pensaba que iban a ser como una guía de la Administración. La foto más importante de la Administración es el Presupuesto Nacional, y lo que nos muestra esta foto no es lo mismo que lo que se dijo en esta Casa el 1º de marzo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Como se dijo en la discusión en Comisión, esta disposición se vincula con el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, que no está relacionado y por eso me costaba ubicarlo. Esta disposición, que se dice que antes era una norma general, en el inciso segundo expresa lo siguiente: “Créase en el Programa 1.05 del Inciso 20 del Presupuesto General de Sueldos, Gastos e Inversiones, el Renglón 021 con una asignación equivalente al 5% (cinco por ciento) del total asignado por el Presupuesto Nacional en el Subrubro 01 para el Escalafón Técnico-Profesional AaA, que el Poder Ejecutivo aplicará a la contratación de técnicos nacionales o extranjeros cuya capacidad evaluará la Comisión que este Poder designará a ese efecto, para desempeñar funciones de alta especialización y prioridad en las diferentes Unidades Ejecutoras, en régimen de dedicación total”. El gobierno dice que ese 5% es mucho más de lo que está gastando, y es verdad. Pero me pregunto si en el pasado se utilizó este artículo, si se destinó el 5% del Presupuesto Nacional para hacer contrataciones. Si recorremos para atrás todas las Administraciones, ¿encontraremos que en algún momento se utilizó ese 5%? No, y si se lo hizo, fue muy poco. No sé si algunos de los ex Presidentes -tenemos uno en Sala- recuerda esta disposición, o si algún Ministro se acuerda de ella. Desde ya digo que muy lejos se está de gastar el 5% de la totalidad del Presupuesto Nacional en contrataciones, y no sé en qué casos se hizo. Habría que solicitar a la Oficina Nacional del Servicio Civil que hiciera un informe para ver qué tipos de contratos se hicieron en el pasado en virtud de una disposición de la época de la dictadura. Ahora bien, el gobierno dice que esto es para transparentar, y yo me pregunto: ¿para transparentar qué, si antes esto no se usaba?

Por otra parte, el artículo dice que ese gasto tiene que ser exclusivamente para el escalafón técnico-profesional, o sea que debe ser para contratar a un profesional que un Ministro o una unidad ejecutora precisen. En cambio, en esta disposición no se habla de un técnico profesional, sino que se menciona -tal como me acota el señor Senador Abreu- que debe tener idoneidad suficiente a juicio del jerarca. En consecuencia, el jerarca decide, por ejemplo, quien tiene idoneidad suficiente para abrir el comité o levantar la persiana; eso es algo que pensamos todos. Luego se agrega que “el Poder Ejecutivo aplicará a la contratación de técnicos nacionales o extranjeros cuya capacidad evaluará la Comisión que este Poder designará a ese efecto”. En la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda se nos dijo que esa Comisión no funcionaba, lo que no es totalmente cierto porque no lo habrá hecho durante la Administración del doctor Vázquez, pero sí lo hacía antes, en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Precisamente, fue creada por si existía este requerimiento; la Comisión evalúa al profesional de acuerdo con el jerarca. En definitiva, cambiamos todo para que el Ministro pueda decir si la persona es o no idónea, si sirve para levantar la persiana o para abrir el comité todas las mañanas.

No se puede decir que esto se hace para transparentar; no es para eso, aunque nos gustaría que se nos convenciera de lo contrario. Quisiéramos escuchar un buen informe que estableciera que todo este dinero es necesario. Uno se pregunta, ¿ahora es necesario para funcionar? ¿Qué pasó antes, con la primera Administración frentista? ¿Antes pudo funcionar sin estos contratos? Me refiero a la Administración Vázquez, para no mencionar a las del Partido Nacional o del Partido Colorado. ¿No podían trabajar los Ministros sin estas contrataciones? Estamos hablando de $ 8:000.000 por Ministerio, aunque a algunos se les asignan $ 6:000.000 y a otros $ 4:000.000 para contratar gente idónea. Realmente no se nos dio una buena explicación en la Comisión y estamos notoriamente en contra de este artículo, porque nos parece clientelista.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: el Partido Colorado va a votar en contra este artículo porque nos parece claramente negativo; es un camino por el cual el Estado no debería transitar. Los señores Senadores preopinantes han sido muy claros al decir que se trata de nombramientos de personas para trabajar con los Ministros sin ningún requisito, ya que no se les exige absolutamente nada más que “acreditar idoneidad suficiente a juicio del jerarca”. Esto quiere decir que nadie más que el jerarca -que puede designar a quien quiera- puede decir si tienen o no idoneidad. No olvidemos que se trata de un jerarca que dispone de una importante cantidad de pases en comisión y que hay una estructura administrativa en cada Ministerio que ha funcionado desde siempre. Todos los que hemos tenido el honor de ser Ministros hemos trabajado sin esta opción porque no es necesaria.

Por otro lado, se establece un sueldo que no superará el 90% de los ingresos del Director General de Secretaría, con lo que en este Presupuesto se suma a las decenas de cargos de confianza. Nos parece algo negativo; creemos que es una mala señal y por ello vamos a votar en contra.

SEÑOR VIERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AMORÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: nos llama la atención la creación de este tipo de partidas o contrataciones que se reiteran a lo largo de este proyecto de Presupuesto y que multiplican varias veces lo que en un principio habíamos comentado como negativo, que es la creación de decenas de cargos de particular confianza. Esto se hace por una vía indirecta, con otro nombre: se les llama partidas para contrataciones, partidas a cuenta de la reestructura, etcétera, pero son otro ejemplo de que el Poder Ejecutivo va a contratar, diría, a centenares de nuevos funcionarios en forma directa. Incluso, nos sorprende que las partidas para los Ministerios ni siquiera son iguales. En el análisis del tema en Comisión tuvimos oportunidad de preguntar sobre este aspecto -aunque sin obtener respuesta- a fin de conocer la razón por la que se asignan $ 8:000.000 a algunos Ministros, a otros $ 6:000.000 y a otros $ 4:000.000. Tal vez en la respuesta a esta pregunta esté la explicación de por qué se necesitan estos cargos y si las diferencias están en la cantidad o en la calidad de los adscritos a los Ministros de Estado. Si sumamos los montos que se establecen en el artículo 61, veremos de que se dispone de $ 116:000.000, que no es poco dinero, cuando por otro lado se está diciendo que no a tantos funcionarios de la Administración Central que ganan poco o a tantas otras áreas tan importantes para el desarrollo del país, como pueden ser la salud, la educación o la vivienda. Disponer de tantos millones para contrataciones de cargos de particular confianza donde el único requisito que se pide es ser aceptado por el jerarca nos parece altamente inconveniente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: no quisiera generar un debate que dure toda la tarde porque tenemos otras prioridades, pero hay algunas cosas que no se pueden dejar pasar. En realidad, durante el período del doctor Batlle recuerdo haber solicitado al contador Davrieux información sobre la cantidad de contratos de obras y servicios existentes. Como respuesta recibí dos tomos muy abundantes que están en el Poder Legislativo y a los que se puede tener acceso. Asimismo, envié 50 casos de contratos al doctor Batlle -que no se hicieron públicos porque no me gusta enchastrar el nombre de las personas-, que suponían varias decenas de millones de dólares. ¿Quién inventó esto? No lo inventamos nosotros. Ahora, cuando se hace una reducción y se transparenta el asunto, hay problemas.

Quiero destacar que me ocupé de hacer un seguimiento y sé que se utilizó parte del 5% -teniendo en cuenta esos escalafones, daba US$ 20:000.000- que se menciona en el artículo 22. Tal vez no se haya usado todo, pero se utilizó en una medida muy importante. ¿Quién no sabe que en este país los Ministros tenían una cantidad de gente a disposición para su apoyo y asesoramiento? ¿Nadie lo sabe? Es cierto que puede haber Ministros que no los utilizaron, pero muchos otros tenían ente para asesorarlos; el problema es la medida.

Creo que hay que contar con equipos de asesoramiento para poder fijar líneas programáticas. La alta prioridad fue cambiando de sentido por el camino y se convirtió en una firma; se le pasaba al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, luego al Ministro de Economía y Finanzas y por último al Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Esta es la realidad de nuestra historia que ahora se ha querido cambiar. Se podrá estar de acuerdo o no, pero se ha querido cambiar esta historia y ello implica 3,8 millones de dólares o muchísimo menos. Se trata de un promedio de cien cargos que se están creando, repartidos entre trece Ministerios. No me parece que se trate de ninguna exageración si son equipos solventes, idóneos respecto del programa que se quiera aplicar y de la capacidad política que se tenga. En las elecciones se votan programas que se tienen que concretar, y en eso tenemos una responsabilidad. No vamos a salir a realizar un concurso público de técnicos, a ver a quién encuentro, piense lo que piense en cualquier dirección, porque se trata de que las personas se identifiquen con un programa y tengan la capacidad de llevarlo adelante. Si no se cuenta con la capacidad, será mala la gestión del Ministro y la gente o el Parlamento tendrán que juzgar esas responsabilidades.

Por otro lado, se manejan cifras que no se corresponden con la realidad. Aquí se habló de sesenta cargos de confianza, pero los dieciocho coordinadores quedaron en seis y los dieciocho cargos de confianza, que se decía que eran coordinadores del señor Ministro de Trasporte y Obras Públicas, no son tales. Incluso, estamos dispuestos a que se llenen mediante concurso porque el propio Ministro así lo pidió cuando vino a la Comisión. Por tanto, si a sesenta le restamos doce y luego dieciocho, obtendremos una cifra sensiblemente menor. Además, tengan en cuenta que hay ocho que son una conversión de cargos de alta prioridad, en cargos de confianza. Asimismo, se eliminan las veintiuna vacantes de alta prioridad que se generen y dejo aparte el tema de la alta especialización. Como verán, los números son significativamente distintos, aunque se puede estar de acuerdo con ellos o no. Para mí, establecer que se podrán tener hasta tantos adscriptos, con un tope salarial de tanto dinero, fija una medida. Por ejemplo, un Ministro puede tener diez asesores, pero no más de esa cantidad. A nuestro juicio, esta es una virtud política porque establece la medida de lo que se puede hacer o no, sin categorías intermedias que ocultan distintas realidades. Digo esto porque son tantas las categorías intermedias -yo enumeré dieciocho- que, finalmente, no se puede saber en qué calidad se está, ni dónde.

Por estos motivos vamos a votar con convicción este artículo y, si se aplica mal, habrá responsabilidades porque esto redundará en una mala gestión y ya sabemos cómo puede terminar.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: se ha hablado, en general, de hechos ocurridos en gobiernos pasados. En verdad, no tengo aquí todos los datos, pero es probable y hasta seguro que se hayan hecho mal algunas cosas en gobiernos pasados, porque no hay ningún gobierno que haga todo bien o todo mal. Se ha dicho que los Ministros contrataban personas, mediante esta modalidad u otra, para asistirlos, pero yo puedo decir que en mi caso personal, no lo hice nunca. Siempre trabajé con las personas que estaban en el Ministerio y me alcanzó, aunque no puedo decir que me sobró. No tuve ninguna necesidad de realizar este tipo de contrataciones y, además, entendía que eso estaba mal. Me parecía que estaba mal entonces y me parece que está mal ahora. Es por ello que, con total convicción, voy a votar en contra este artículo pues creo que es negativo para el funcionamiento del Estado.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: también vamos a votar en contra de este artículo. Quiero decir que no son buenas las generalizaciones. Tuve el honor de ocupar tres Ministerios y nunca realicé una contratación. Creo que se va por el camino equivocado y no solo por el aumento del gasto. Quizás para el señor Senador Rubio, los US$ 3:480.000 por año -unos US$ 16:000.000 o US$ 17:000.000 en el quinquenio-, signifiquen poco, pero creo que con esa cifra se pueden construir dieciséis, diecisiete o dieciocho escuelas de tiempo completo. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿La educación o la contratación de asesores? Si alguien procedió así en el pasado -insisto en que yo no lo hice- y estaba mal, ¿por qué seguir haciéndolo hoy? Por otra parte, creo que es un pésimo mensaje para los funcionarios de los Ministerios y lo digo desde mi experiencia personal. Cuando cambian las Administraciones, llega un nuevo jerarca a un Ministerio que pone diez, quince, veinte o treinta personas por encima de los funcionarios y estos se van frustrando. Mi experiencia en el Ministerio de Turismo y en el Ministerio de Industria, Energía y Minería fue que cuando a los funcionarios se los pone a trabajar con responsabilidad, se les fijan objetivos y se reconoce su trabajo, rinden. No es cierto que los funcionarios públicos sean los culpables de todos los males; los culpables de los males son los que llegan, les ponen gente por delante y no los dirigen. Se habla de los funcionarios públicos, pero nunca de quienes ejercen los cargos de confianza; esta es una muestra más, al igual que el aumento de los salarios a los Ministros, a los Subsecretarios y a los Directores Generales. Recordemos esto, porque cuando fui Ministro de Turismo ganaba la cuarta parte de lo que van a ganar los Ministros cuando se les aumente el sueldo a través de este Presupuesto.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera saber si contrató o no a una importante agencia de publicidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- No dialoguen, señores Senadores.

Si el señor Senador Rubio finalizó su intervención, puede continuar el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- El Ministerio de Turismo, como organismo que hace promoción en el exterior, contrata agencias de publicidad y en la actualidad lo sigue haciendo, pero no es este caso. No estamos hablando de asesores, de adscriptos que colaboran directamente con el Ministro, sino de agencias de publicidad. En el caso del Ministerio de Turismo se hizo un llamado a licitación y tan buena fue la agencia de publicidad que ganó, que le fue prorrogado el contrato por el actual Ministro de esa Cartera. Sin embargo, no contraté adscriptos a la Dirección que me demostraran su idoneidad; eso no lo hice. A su vez, tampoco pedí que me subieran el sueldo un 36% o un 44% como se les va a subir a los Directores Generales de prosperar este Presupuesto, sino que me mantuve con el sueldo que me correspondía como Ministro que, como dije, sería el 25% de lo que se va a pagar hoy. Ahora se va a aprobar una norma mediante la cual en el quinquenio les van a aumentar a los Ministros un 34%, a los Subsecretarios un 36% y a los Directores Generales un 44%, mientras que a los docentes un 20%. Cuando se nos acusa diciendo que procedimos mal, creo que tenemos derecho a defendernos.

También quisiera hacer una pregunta que tal vez me pueda contestar el señor Senador Rubio. Dentro de estos adscriptos que se van a designar, algunos están destinados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hoy aparecieron en la prensa manifestaciones del Ministro de esa Cartera que refieren a mi persona, en las que se dice que yo no leo las actas de las Comisiones. En esas manifestaciones el señor Ministro asegura que todos los ingresos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas van a ser mediante concurso, y yo me pregunto si estos adscriptos que van a ingresar, también lo van a hacer por concurso. Si es así, ¿no deberíamos dejar una constancia al respecto?

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GAMOU.- Antes de que me observe el señor Presidente, voy a formular tres preguntas referidas a lo que manifestaba el señor Senador preopinante. En primer lugar, ¿considera que es más 20:000.000 que 3:800.000? Aclaro que esto no quiere decir que se vayan a gastar los 3:800.000, sino que se puede hacer hasta esa cifra.

En segundo término, en el antiguo régimen que tanto se está defendiendo ¿quién evaluaba a los evaluadores? También pregunto si no se sabe que, por lo menos en más de una ocasión, se hicieron pedidos de técnicos á la carte, en los que prácticamente se decía que se precisaba a alguien que acreditara idoneidad técnica pero, a la vez, tenía que ser un politólogo de entre 49 y 51 años de edad, preferentemente calvo y con cierta relación con el barrio Palermo.

La tercera pregunta que quiero hacer es la más importante. Todavía no entramos en la discusión del artículo correspondiente, pero quisiera saber si alguien que está en una Banca del Senado considera que su función debe ser mejor remunerada que, por ejemplo, la de un Ministro, o si es justo que un Subsecretario o Director General cobre prácticamente la cuarta parte que un Senador o un Diputado. Me parece que discutir ese tema nos llevaría a entrar en un circuito de violencia muy grande. Personalmente, como Diputado y ocasionalmente como Senador, no me animo a decir que tengo que cobrar prácticamente el doble que un Ministro, un Subsecretario o un Director General. Si se quiere hablar de remuneraciones, empecemos por las nuestras y no digamos que está mal que un Ministro cobre lo mismo que un Senador o un Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Creo que 20 siempre es más que 3, pero si 20 estaba mal, 3 también lo está y, más allá de lo que uno piensa, puede hablar en función de su experiencia personal. Podemos llenarnos la boca diciendo qué es lo que se hacía antes, pero lo que podemos ver son nuestras conductas hacia atrás. A mi entender, quien está en un cargo tiene que dar el ejemplo. Cuando en aquellos años duros de la crisis se dispuso que la mitad de la flota de automóviles no se podía usar, yo no usaba el que me correspondía; cuando en aquellos años duros nosotros seguíamos ganando mucho menos que un Senador, no pedí que se me subiera el sueldo. Creo que esto es importante, sobre todo, teniendo en cuenta que se dice públicamente que parte de los sueldos de muchos de los integrantes del gobierno se destinan a financiar un sector político, es decir que no se les paga todo el sueldo. Esto significa que al subir el sueldo de un Ministro, en realidad, estamos aumentando el ingreso de un partido político.

Me parece que no está bien que un Senador gane más que un Ministro, pero me parece que tampoco vamos a solucionar ese problema haciendo que ambos ganen lo mismo. Si se quiere, con mucho gusto podemos hablar sobre cuánto gana un Senador o una maestra, pero prefiero hacer el otro análisis. A mi entender, justicia social no es que algunos ganen lo mismo que otros sino que todos ganen de acuerdo con la tarea que realicen.

Respecto a los politólogos, supongo que no se estará haciendo referencia a una agencia que trabajó casi en exclusividad para el gobierno en los últimos cinco años.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: creo que lo que se debe discutir -lo vamos a hacer cuando consideremos el artículo 63, aunque seguramente en menor medida- es lo que tiene que ver con que los requisitos para ocupar cargos de confianza o de designación directa son cada vez menos. Diría que están hechos para las personas; seguramente ya se sabe quiénes son el Director Nacional de Hidrografía, el Director Nacional de Transporte y el Director General de Transporte por Carretera y no tienen las condiciones que tenían hasta el día de hoy.

También quiero decir algo sobre el salario de los Legisladores y de los Ministros. Me parece que no tiene mucho sentido que los Ministros ganen menos que los Legisladores pero, a la vez creo que ser un Ministro es un profundo honor y ya se sabe cuánto va a ganar y cuánto deja en esa función. Yo tuve ese honor cuando era Diputado; sabía que al pasar a ser Ministro iba a ganar una cantidad inferior, la misma diferencia que hay ahora, y podía optar por quedarme con el sueldo de Diputado o aceptar el de Ministro, que era mucho menor. Personalmente, me pareció que era mucho más honesto ganar como el resto de mis colegas porque el honor que me daba el ser Ministro compensaba la diferencia de sueldo. Por lo tanto, en la vida no todo se mide en plata y eso es importante para quienes nos dedicamos a la actividad política. Los que somos políticos estamos acá por una pasión; de lo contrario, no estaríamos desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche discutiendo estas cosas.

Esta es una constancia que me parecía que debía hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Comprendo que la calidez del debate -por calificarlo de alguna manera- puede llevar a enfrentamientos muy subjetivos; cada uno carga con sus propias mochilas, cicatrices y experiencias y, además, tampoco somos portadores de verdades reveladas. Sin embargo, también es cierto que si estamos trabajando en un Presupuesto, en una visión de futuro, y estamos hablando de una reforma del Estado -de esa reforma que está pendiente, que es tan difícil y que tiene tantas escaramuzas-, en los temas de jerarquía más importantes no podemos bajar los requisitos de carácter técnico. El artículo 8º de la Ley Nº 16.320, que es modificado por el artículo 60, dice que estos pueden ser funcionarios públicos del Inciso con un año de antigüedad. Sin embargo, si se elimina esto último, solo se alude a un funcionario público, por lo que se empieza a tener un criterio mucho más amplio. Según la filosofía de la legislación anterior, se elegía un funcionario del Inciso con un año de antigüedad porque era de confianza del jerarca y lo ayudaba trayendo la memoria y la experiencia. Sin embargo, ahora se trata de un funcionario público de cualquier lado.

Por otra parte, en el otro artículo antes se definía a los profesionales universitarios, Triple A, o con educación terciaria, como decimos ahora, no con el viejo concepto de profesional de aquella carrera universalista que tanto ha caracterizado al Uruguay. Ahora, se elimina el requisito de que la gente deba estar formada en determinadas especialidades, que pueden ser administradores de empresas, programadores, diseñadores industriales o con una nueva visión de la demanda laboral que se produce al amparo de la modernidad, y solo decimos “idoneidad suficiente a juicio del jerarca”, pero entendemos que debe haber un elemento de referencia que es, por lo menos, la formación, la preparación, la educación ajustada a esos requerimientos. Como decía el señor Senador Heber, esa subjetividad puede tener un ilimitado criterio que termine afectando la profesionalidad y haciendo primar el ejercicio político de la dirección de un organismo o de un Ministerio ante el aporte técnico que deba realizar alguien contratado en estas condiciones, con los recursos que se le da. Se está cambiando el criterio, señor Presidente, más allá de que pueda haber existido en el pasado todo lo que podamos reconocer. No voy a comenzar a recordar lo que hizo cada uno, porque yo también sé lo que hice, pero trato de buscar un criterio de carácter general. No comprendo por qué el gobierno no vuelve -sin perjuicio de querer insistir en los adscriptos, con lo que podemos estar en desacuerdo- al criterio técnico, al criterio de la exigencia, no al de la idoneidad subjetiva, a juicio del jerarca, sino al de la idoneidad probada. En cualquier lugar del Uruguay donde se realice un concurso, ya sea privado o público, hoy se pide hasta el ADN y la base de su idoneidad, con certificación clara de la Universidad o de donde fuere, para poder constituir el mérito. El mérito es la formación, el estudio, el sacrificio, y no la idoneidad en función de la discrecionalidad del jerarca, porque este podrá pensar que el funcionario es una excelente persona y tiene una serie de cualidades, pero se supone que tiene que haber una relación entre jerarca, función y responsabilidad que tiene que estar vinculada a la actividad del Inciso y no a la de carácter general. Creo que es importante que analicemos este criterio para ver si ayudamos entre todos a mejorar lo que fue antes, lo que dejó de ser o lo que es ahora. La sensación que tengo es que hay una especie de reforma del Estado o de Administración paralela, donde se incorporan funcionarios, se presupuestan, se establecen todo tipo de contratos y, además, se dice que, sin perjuicio de todo esto, va a existir la posibilidad de contratar adscriptos sin requisitos profesionales. Los señores Senadores van a ver toda la discrecionalidad que existe y cuando consideremos el artículo 63 también veremos que se elimina la exigencia de ser profesional universitario para el Director de Transporte por Carretera. Entonces, hagamos un esfuerzo. Establezcamos que estamos en condiciones de hacer una reforma del Estado, pero si vamos a dedicar tantos recursos, deberíamos apuntar a que la idoneidad no sea una expresión de la discrecionalidad del jerarca, sino un requisito objetivo y a que todos podamos estar en condiciones de rectificar los equivocados o contradictorios caminos que hemos recorrido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va votar el artículo 61.

(Se vota:)

-13 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 63.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- El artículo 63 dice: “La designación de los cargos de Director Nacional de Hidrografía, Director Nacional de Transporte y Director General de Transporte por Carretera” -son tres cargos importantes y creo que incluidos eventualmente en la denominación de cargos de particular confianza- “deberá recaer en personas de notoria solvencia y conocimiento en la materia”. La norma que se deroga dice: “La designación de los cargos de Director Nacional de Hidrografía, Director Nacional de Transporte, y Director General de Transporte por Carretera, deberá recaer en profesionales universitarios de notoria solvencia”, etcétera. Es decir que el requisito objetivo de formación profesional se elimina, cediendo paso a la discrecionalidad y a la subjetividad. Insisto en que esta no es la reforma del Estado; este es un Estado para reformar en función de un criterio político de administración de poder.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- En la misma línea de lo que argumenta el señor Senador Abreu, el Partido Colorado va a votar negativamente este artículo porque entendemos que implica bajar el histórico nivel de exigencia para desempeñar estos cargos, en la medida en que, como bien se ha dicho, el artículo 313 de la Ley Nº 16.736, establecía que debían ser ocupados por profesionales universitarios. Además, sin querer asignar intenciones, vemos que en la actualidad el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene en algunos de estos cargos -como los de Encargados de Despacho- a ciudadanos que no tienen esa calidad. De manera que podemos pensar que este es un artículo poco menos que con nombre y apellido. Actualmente, el Encargado de Despacho de la Dirección Nacional de Transporte es un señor que se llama Felipe Martín, que no es profesional universitario. Asimismo, se ha designado en la Dirección Nacional de Hidrografía a oficiales de la Armada y en la Dirección General de Transporte por Carretera a personal de confianza política sin formación alguna. Entendemos que esto va a en contra de la calidad de servicios que son tan importantes para un Ministerio como el de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 63.

(Se vota:)

-16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 65.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Hemos votado afirmativamente este artículo con la reserva técnica de utilizar la terminología precisa. Creo que no alcanza con decir “hasta tanto se apruebe la reestructura organizativa”, porque los puestos de trabajo, insisto, son un tema que se adhiere a la clasificación de cargos. La expresión “reestructura organizativa” puede estar refiriéndose a la estructura orgánico-funcional, que es una de las partes de la racionalización administrativa, y a veces, al carecerse de precisión técnica, se genera cierta vaguedad en el manejo técnico, cuando se debería ser muy preciso en el ámbito de la Administración pública.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Hemos votado negativamente este artículo porque autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los créditos que resulten de los cargos vacantes, a efectos de asignar esos créditos a otros cargos mientras se espera a que se produzca la reestructura. Sobre la reestructura misma, ya hemos dicho que, a nuestro criterio, es de reserva legal, pero además el Poder Ejecutivo no puede disponer aumentos de sueldo a cargos que ya existen, porque eso también es resorte de la ley, tal como resulta del literal B) del artículo 214 de la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 67.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Por nuestra parte, votaremos en contra este artículo por los motivos ya expresados hace minutos, cuando discutíamos el artículo 61. A esto agregamos que entendemos que es un pésimo mensaje que se suba el salario a jerarcas de la Administración Central, cuando se pide un esfuerzo a muchos funcionarios públicos en materia salarial y se los posterga.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 67.

(Se vota:)

-22 en 26. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Simplemente quiero dejar una constancia.

Cuando aquellos que ejercemos la vida pública y la política tenemos remuneraciones bajas, esas actividades terminan siendo cumplidas por quienes tienen patrimonio y son ricos. No todos estamos en esas condiciones; no todos tenemos la posibilidad de ejercer nuestra labor con remuneraciones ínfimas. Mi primer acercamiento a este tema fue cuando supe lo que ganaba el doctor Álvaro Carbone que, lleno de problemas, dejó la vida en el Ministerio y a su familia en el desamparo. No estoy de acuerdo con quienes creen que los Ministros, Senadores y Diputados deben trabajar gratis, y lo digo porque no quisiera que mi silencio se interpretara como que estoy dejando pasar este artículo. Creo que, cuando no se paga, quienes terminan haciendo política son los ricos y ese es el país que no quiero.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 69.

SEÑOR HEBER.- Pido de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: no vamos a acompañar este artículo porque, a nuestro juicio, desnaturaliza el régimen establecido en el artículo 105, que expresa que ningún funcionario ganará más que su jerarca. No nos parece justo que, tal como determina el artículo, se topee la remuneración a valores del 31 de diciembre de 2010 y se eleve considerablemente el sueldo de los jerarcas, porque mediante esta norma se produce el achatamiento de la pirámide escalafonaria. Repito que no vamos a acompañar con nuestro voto este artículo porque mediante su aprobación todos los funcionarios ganarán lo mismo, en virtud de que su sueldo estará topeado. Creemos que si la remuneración del jerarca se eleva, también debe recomponerse la pirámide hacia abajo, debido a las responsabilidades que los funcionarios tienen en el escalafón de cada uno de los Ministerios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 69.

(Se vota:)

-16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 70.

SEÑOR HEBER.- Pido de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: este artículo refiere a la percepción del subsidio creado por el Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, y entendemos que interpreta ese Acto en lo que respecta a la causal jubilatoria, cambiando las reglas de juego a quienes en definitiva lo han cobrado. Pensamos que esto puede ser válido si se establece que de ahora en más se va a aplicar esta disposición, de manera que no se interprete que se lesionará a aquellas personas que han recibido subsidios por el artículo 35 del mencionado Acto. Esto puede atentar contra los derechos adquiridos de algunos funcionarios.

SEÑOR ABREU.- Pido de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: quiero plantear algunas dudas que ya fueron señaladas en Comisión. En el inciso segundo se interpreta que la causal jubilatoria es compatible con el subsidio. Es decir que un funcionario accede a la causal jubilatoria, cobra la jubilación o la pensión y, simultáneamente, tiene derecho al subsidio que se le otorga en función del ejercicio de ese cargo público. Me parece que esto no corresponde al régimen actual y no debería ser lo más adecuado. Planteo esta duda porque me parece que si el Estado está pagando por una causal jubilatoria, no debe agregar un subsidio -que pagan todos los ciudadanos-, pues representaría un acto de acumulación de recursos que no comparto. Salvo que se tenga una explicación que en el ámbito de la Comisión no hemos podido encontrar, si el criterio es el que he elaborado a partir de la lectura de este inciso, no me gustaría acompañar con mi voto el artículo.

SEÑOR RUBIO.- Pido de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: no sé si el criterio está claramente definido en esta norma: la opción es cobrar el subsidio o la jubilación. Pero el tema que estaba en discusión, sobre el que el Banco de Previsión Social tenía una interpretación distinta a la de otros organismos del Estado -como por ejemplo la Contaduría General de la Nación, entre otros-, era si teniendo causal jubilatoria se podía o no cobrar el subsidio. Es decir que había dos opiniones totalmente distintas: una contundente del Banco de Previsión Social, que estaba de acuerdo, y otra proveniente del área económica, que afirmaba lo contrario. Creo que este artículo se refiere a eso, aunque no sé si está suficientemente claro. Tal vez podríamos hacer las consultas del caso, pero entiendo que este diferendo se arrastra desde hace mucho tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores me permiten, quiero señalar que acá están en juego dos elementos: el subsidio y la compatibilidad de los dos cobros; ambas cosas están siendo aprobadas por la vía de este artículo.

SEÑOR ABREU.- Pido de la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: debe quedar claro para la discusión entre organismos públicos que la configuración de una causal jubilatoria tiene que ser excluyente en todos los casos de la acumulación de estos dos elementos. No se puede recibir un subsidio, más la jubilación. De alguna manera debe quedar claro que la causal jubilatoria es un hecho potencial, no de certeza jurídica, y una vez que se produce el acto administrativo que dice “Jubílese a fulano de tal”, cuando perciba la jubilación, no la podrá acumular al subsidio.

Señor Presidente: en la misma línea de su interpretación, me parece que en la redacción de este artículo parecería que ambas cosas son compatibles.

SEÑOR PRESIDENTE.- En esta norma no existe un problema de interpretación, porque se habla de ambas cosas: en primer lugar, no se impide el acceso al subsidio y, en segundo término, se declara compatible.

SEÑOR ABREU.- Entonces, creo que este artículo no solo no lo votaría sino que pediría su reconsideración.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: me gustaría que este tema se considerara en nuestra Bancada; nuestra interpretación ha sido distinta pero aparentemente el texto no es tan claro.

SEÑOR PRESIDENTE.- No es aparente, lo expresa claramente.

SEÑOR RUBIO.- Por lo tanto, formulo moción para que se postergue la consideración de este artículo.

SEÑOR VIERA.- Pido de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: quiero proponer -ya que se va a votar la postergación del tratamiento de este artículo- que se modifique la redacción, porque me parece percibir que hay consenso. Debería decir: “en el sentido de que la configuración de causal jubilatoria no impide el acceso al subsidio por cese en cargos políticos o de particular confianza; declarándose incompatible” -en lugar de “compatible”- “la percepción del subsidio con haberes de jubilación, pensión o retiro, provenientes de cualquier afiliación sea pública o privada”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la postergación del artículo 70.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 71.

SEÑOR HEBER.- Pido de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: a este artículo, por su numeración, le tenemos un especial cariño, pero no lo entendemos. Lo vamos a votar en contra porque desconocemos su alcance. La disposición expresa lo siguiente: “Interprétase, con carácter general, que en todos los casos en que se dispongan retribuciones cuyo monto deba determinarse en función de otras, por aplicación de porcentajes o de cualquier otro parámetro de valoración, la base de cálculo quedará establecida por las que se incluyan específicamente por la ley que las crea o modifica, o en su defecto, por las que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley”. Nunca he visto nada más farragoso para explicar no sé qué, señor Presidente. No tuvimos una explicación acorde en Comisión y, realmente, leemos y releemos la disposición y no entendemos qué significa.

Vamos a votar en contra, precisamente, por desconocimiento. Tal vez sea un artículo que beneficia a los funcionarios y, en ese caso, no tendríamos inconveniente en acompañarlo, pero tal como está redactado no lo entendemos.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: esta disposición refiere al efecto de arrastre que se produce en el momento del cambio de algunas remuneraciones que, en función de una pirámide, fueron conformando una frondosa maraña según la cual tal retribución es un porcentaje de otra, la que a su vez resulta de un porcentaje de una distinta, que está vinculada a otra, por lo que el sistema se fue extendiendo y se volvió, diríamos, enmarañado.

No sé si la redacción propuesta es la más nítida, pero ese es el problema de fondo.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: con espíritu constructivo, realmente queremos preguntar cuál es el objetivo que se persigue a través de este artículo. Como señala el señor Senador Heber, analizamos esta disposición a nivel de la Comisión y no la pudimos desentrañar. Más allá del diagnóstico de la situación enmarañada, quisiéramos saber cómo salimos de todo esto y cuál es el fin último de la disposición.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: voy a intentar explicar el objetivo de la disposición. Pido a los señores Senadores que observen, por ejemplo, el artículo 67 del proyecto de ley. Como el señor Senador sabe, la remuneración de muchos otros cargos que no están incluidos en el artículo 67 está relacionada con la percepción de un Ministro o Subsecretario. ¿Qué expresa esta disposición? Señala que, salvo que la ley lo estipule expresamente, la base de cálculo que se tomará en cuenta es el sueldo de un Ministro vigente al 1º de enero de 2010.

Sé que puede parecer farragosa y hasta barroca la redacción de la norma, pero no hay otra forma de redactarla, porque tiene que quedar bien claro que el aumento en el caso de los Ministros y Subsecretarios no va a desencadenar una indexación, entre otros, de los Magistrados. Claramente se expresa que “la base de cálculo quedará establecida por las que se incluyan específicamente por la ley que las crea o modifica,” -en este caso no hay ley que cree o modifique nada- “o en su defecto, por las que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley”, es decir, 1º de enero de 2010. Esa es la base de cálculo que va a estar vigente para todos los salarios que estaban relacionados con el de un Ministro o Subsecretario.

No sé si la explicación ha sido clara, pero en todo caso el señor Senador que tenía dudas podrá plantearlas nuevamente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: podemos citar como ejemplo el caso de un funcionario que gana el 80% de otro de mayor jerarquía. Si a este último se le otorga una partida de un 30% por concepto de incompatibilidad, el primero no recibe ese porcentaje. Ello es así, precisamente, porque en su caso no existe incompatibilidad. Se tiene que dejar bien claro que los que se encuentran enganchados por porcentajes lo están en función de las leyes específicas, pero si a un funcionario se le agrega una partida por concepto de incompatibilidad o por lo que sea, ella no se tomará como base de cálculo para los otros casos que están porcentualmente relacionados con el primero.

SEÑOR PRESIDENTE.- En pocas palabras, primero se utilizan los criterios específicos y, en su defecto, los generales vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 71.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 72.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Adelantamos que en la siguiente Sección vamos a plantear la reconsideración de un par de artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor Senador.

En consideración el artículo 73.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Vamos a votar en contra de esta disposición, que deroga el artículo 12 de la Ley Nº 18.362. Si bien esta norma parece no decir mucho, habilita la posibilidad de regularizar personal que cumple tareas permanentes. Supongo que el Gobierno plantea esta derogación en virtud de que se instrumentan el nuevo contrato de función pública a término y el contrato de función privada. Nosotros nos opusimos a esa nueva fórmula, precisamente porque la cuestionamos jurídica y políticamente -tal como me acota el señor Senador Abreu- en su esencia. Vamos a oponernos a lo que para nosotros es una forma de regularizar la situación de funcionarios que cumplen tareas permanentes.

En función de lo expuesto, vamos a votar en contra del artículo 73.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 73.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

Hemos finalizado la consideración de los artículos que fueron desglosados. Recuerdo al Senado que la consideración de los artículos 39, 50 y 70 había sido postergada.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Ya hemos entregado un sustitutivo del artículo 50 y, a continuación, vamos a pedir la reconsideración del artículo 53.

SEÑOR PRESIDENTE.- Siguiendo el orden, vamos a considerar, en primer término, el artículo 39, que había sido postergado y del que ha llegado un texto sustitutivo a la Mesa.

Léase el sustitutivo del artículo 39, que figura en la hoja Nº 51.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 39.- A partir de la vigencia de la presente ley, las funciones de Alta Prioridad y Alta Especialización que se detallan a continuación (artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974), serán cargos de particular confianza:

- Auditor Interno de la Nación.

- Director Técnico de la Propiedad Industrial.

- Director del Museo Histórico Nacional.

- Director Técnico del Instituto Nacional de Estadística.

- Inspector General de Trabajo y Seguridad Social.

- Director Técnico de Energía.

- Director Nacional de Catastro.

- Director Nacional de la Dirección Nacional de Pequeña y Mediana Empresa.

Las retribuciones de los cargos incluidos en la nómina anterior son las correspondientes a Director de unidad ejecutora, de acuerdo con lo que dispone la presente ley.

Los titulares de los presentes cargos deberán acreditar idoneidad técnica para su desempeño, mediante los mecanismos que establezca el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta la especificidad de cada función.”

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Me permito sugerir que se suprima la coma que figura luego del término “desempeño”, porque la verdad es que no es necesaria.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: considero que este artículo tendría que referir a los cargos que se designan. Por lo tanto, la redacción debería decir algo así como “Los titulares de los cargos referidos deberán acreditar idoneidad técnica”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el señor Senador Abreu está de acuerdo, la redacción del último inciso de este artículo podría comenzar diciendo: “Los titulares de los cargos referidos”.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 39 con esa modificación.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: consideramos que la incorporación del último inciso es un avance. No obstante, me quedo con las palabras del señor Senador Rubio en el sentido de avanzar y concretar, en un plazo prudencial, que cargos estratégicos como los de Auditor Interno de la Nación, Director del Instituto Nacional de Estadística o Director Nacional de Catastro, sean asignados por concurso en el que se demuestre la idoneidad técnica e imparcialidad, para darnos a todos las suficientes garantías.

En definitiva, reconocemos que se trata de un avance, lo saludamos y esperamos no quedarnos solo con esto sino proseguir en el futuro.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente para acompañar un entendimiento que se dio en Sala pero, en realidad, estamos absolutamente convencidos de que no es buena cosa que estos cargos sean de particular confianza. ¡No tienen que serlo! Estos cargos deberían llenarse por concurso, sus titulares tendrían que acreditar una especialidad y, más allá de la exigencia de la idoneidad técnica para su desempeño, nos parece que lo que expresamos es lo mejor para la Administración.

En resumen, decimos con franqueza que no creemos conveniente que el cargo de Director Nacional de Catastro o cualquiera de los otros que aquí se mencionan sean de particular confianza.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 50, que había sido postergado y tiene un texto sustitutivo.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: tal como los señores Senadores recordarán, en el día de hoy eliminamos los artículos 46, 47, 48 y 49, dado que se pretendía establecer un nuevo sistema en relación con la prohibición de detentar más de un cargo público. En ese momento mencioné también el artículo 50 y, aunque dije que me había equivocado, en realidad estaba en lo cierto, porque ahora, al haber quedado sin efecto y a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación ese nuevo sistema de prohibición de detentar más de un cargo público, la disposición donde se mencionaba este hecho debe restablecer, de alguna manera, la situación vigente anteriormente.

En definitiva, como en el artículo 50 se hace referencia a ese nuevo sistema que finalmente desistimos de instalar, se le agregan dos incisos. El primero de ellos dice: “Sólo podrán celebrarse contratos de arrendamiento de obra con personas físicas cuando estas no tengan la calidad de funcionarios públicos, salvo el caso de funcionarios docentes de enseñanza pública superior, ocupen o no otro cargo público”. Por su parte, el otro inciso establece: “Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior aquellos contratos que sean necesarios para el cumplimiento de convenios internacionales, convenios celebrados por la Universidad de la República y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas”.

Insisto en que se adoptó esta medida porque el nuevo sistema todavía no ha sido aprobado, debe volverse al anterior y, de esta manera, se tornan compatibles ambas cosas.

Debo aclarar que en el segundo inciso que hemos incorporado, donde se establece: “para el cumplimiento de convenios internacionales, convenios celebrados”, debe eliminarse el segundo término “convenios” y decirse “cumplimiento de convenios internacionales, celebrados”…

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA DALMÁS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quisiera saber si se mantiene o se elimina el inciso que dice: “Quedan exceptuados de la prohibición del artículo 46”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMÁS.- Ese inciso se elimina, porque ya no existen excepciones a una prohibición que, de alguna manera, cambió.

SEÑOR SOLARI.-Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: me surge una duda al leer el primero de los dos incisos que se incorporan.

Básicamente, se dice que solo podrán celebrarse contratos de arrendamiento de obra con personas físicas que no sean funcionarios públicos, pero se agrega: “salvo el caso de funcionarios docentes de enseñanza pública superior, ocupen o no otro cargo público”. O sea que no puede celebrarse contratos de arrendamiento de obra con funcionarios públicos, salvo que sean docentes, y se agrega que no importa si esos docentes ocupan otro cargo público o no. Ahí surge una contradicción que no logro comprender adecuadamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Desconozco si la señora Senadora Dalmás va a decir algo al respecto, pero en mi modesta opinión la frase “ocupen o no otro cargo público” podría eliminarse.

Por otra parte, habría que simplificar el inciso siguiente diciendo: “para el cumplimiento de convenios internacionales, los celebrados por la Universidad de la República y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas”, evitando la repetición del término “convenio”.

De todas formas, vamos a dar lectura al artículo 50, dado que todavía no lo hemos hecho. Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Arrendamiento de obra es el contrato que celebra la Administración con una persona física o jurídica, por el cual esta asume una obligación de resultado en un plazo determinado, recibiendo como contraprestación el pago de un precio en dinero.

En el ámbito de la Administración Central dichos contratos deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro respectivo, previo y favorable dictamen de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y de la Contaduría General de la Nación.

Los contratos de arrendamiento de obra que celebren los servicios descentralizados y los entes autónomos industriales y comerciales deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo, debiendo contar con el informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la ONSC.

La contratación de profesionales o técnicos en régimen de arrendamiento de obra, cuando el monto anual exceda el triple del límite de la contratación directa se efectuará a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la ONSC mediante el procedimiento de concurso.

Sólo podrán celebrarse contratos de arrendamiento de obra con personas físicas cuando estas no tengan la calidad de funcionarios públicos, salvo el caso de funcionarios docentes de enseñanza pública superior.

Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior aquellos contratos que sean necesarios para el cumplimiento de convenios internacionales, los celebrados por la Universidad de la República y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Las disposiciones de este artículo serán de aplicación para la renovación de los contratos de arrendamiento de obra vigentes.

Deberá dejarse expresa constancia que:

A) El contrato cumple estrictamente con la descripción legal.

B) Que el comitente no se encuentra en condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el objeto del arriendo.

Deróganse los siguientes artículos: 497 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y por el artículo 357 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991; 15 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, y 3º de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008”.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: en el segundo de los párrafos sustitutivos, la introducción del artículo “los”, precedido por una coma, varía la interpretación del texto, porque parecería que se crearan tres categorías de excepciones: los convenios internacionales, los convenios celebrados por la Universidad de la República y los convenios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. No sé si esa es la interpretación correcta o si en realidad ella refiere a los convenios internacionales celebrados por la Universidad y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, que es algo totalmente distinto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para que quede bien claro el sentido, podríamos agregar lo siguiente: “para el cumplimiento de convenios internacionales, así como los celebrados por la Universidad de la República”. Creo que así queda más nítida la separación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 50, con las modificaciones planteadas.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se ha solicitado la reconsideración del artículo 53 y se requiere mayoría absoluta para votarla.

Se va a votar si se reconsidera el artículo 53.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

Se pasa a reconsiderar el artículo 53, para el que se propone otro texto.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, señor Presidente, con esto se busca clarificar o dar más énfasis a algo que, a mi juicio, está incluido en otras disposiciones; sin embargo, lo que abunda no daña, sobre todo en un tema de alta sensibilidad.

En el caso del ingreso de funcionarios, luego de hechas las convocatorias por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil y visto que no hay personal a redistribuir que pueda ocupar el lugar para el que se llamó, se apela a la convocatoria a interesados mediante “concurso” -esa es la palabra que se agrega- a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de dicho Organismo. Esto completa el sistema que tendremos que evaluar dentro de un año, pues a partir de las normas que hemos aplicado -eliminados los contratos a término para la Administración Central, los arrendamientos de servicio, el artículo 22, la alta prioridad y alta especialización y otras categorías-, salvo los cargos de confianza y los adscriptos, el resto deberá ingresar por el sistema de concurso a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Esto es lo que creo que la ciudadanía deberá vigilar con respecto a su cumplimiento estricto.

Por lo tanto, proponemos que se vote este artículo sustitutivo.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- El sistema implica que cuando existe un requerimiento de ingreso a la función pública, se consulta a la Oficina Nacional del Servicio Civil, que señala cuántos funcionarios tiene en planilla de disponibilidad -como se dice en general-, que son aquellos declarados excedentarios y están a la espera de su redistribución en función del viejo sistema del Servicio Civil que hoy vuelve a repetirse. Estamos de acuerdo en ese aspecto, pero la respuesta que da la Oficina sobre si los excedentarios que están en planilla de disponibilidad reúnen o no las condiciones de la solicitud que se realiza, nos deja muchas dudas con relación a cuál es el criterio que se utiliza. La pregunta que surge -que seguramente sería para formular a la Presidencia de la República- es la siguiente: ¿cuántos son los funcionarios excedentarios en planilla de disponibilidad que están en la Oficina Nacional del Servicio Civil y que no han sido redistribuidos? Pueden ser decenas, cientos o miles. Debemos tener en cuenta que muchos de esos funcionarios que están en planilla de disponibilidad o son declarados excedentarios, no trabajan, están en sus casas esperando ser redistribuidos, pero cobran sus salarios. Entonces, tenemos que ver cuál es el criterio para poder aliviar a la Administración y evitar que después, obviamente, se plantee la excusa de que no se cuenta en la planilla con funcionarios que reúnan las condiciones requeridas para el cargo de que se trate, e inmediatamente se llame a concurso. Esa es una vía indirecta para aumentar la dotación de funcionarios públicos. Digo esto para que todos entendamos cómo funciona este mecanismo. No hay que olvidar que el sistema de excedentarios o de planilla de disponibilidad ya es viejo, pues viene de una estructura muy antigua de los servicios civiles, por decirlo de alguna manera, del Derecho no anglosajón.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo fundamentado oportunamente, se establece una sola modificación a la versión anterior de este artículo, en el inciso quinto, que señala lo siguiente: “mediante concurso, a través del Sistema de Reclutamiento”, etcétera. Si el Senado no estima necesario leer nuevamente todo el artículo, que es bastante extenso, lo votaríamos con esta aclaración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 53 en su nueva formulación.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El último artículo postergado fue el 70, que refiere a la relación entre el subsidio, la causal jubilatoria y las prestaciones jubilatorias. No sé si ya habrá alguna propuesta alternativa a la versión ya considerada.

En consideración el artículo 70.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que se postergue nuevamente la consideración de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa preferiría que no incrementáramos ni acumuláramos postergaciones. Si el Senado está de acuerdo, podemos disponer un breve cuarto intermedio a fin de acordar sobre este artículo.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- A fin de cumplir el orden que el señor Presidente está instrumentando y con el deseo de encontrar una redacción mejor, me parece que en vez de postergar la consideración de este artículo 70 sería conveniente votarlo negativamente y luego esperar el sustitutivo o aditivo que se proponga. Nadie quiere lo que establece el artículo 70, por lo que está claro que se va a modificar; entonces, cuando se presente la nueva redacción, lo votamos. Me parece que votarlo ahora negativamente sería mejor para el mecanismo de trabajo y así el señor Presidente quedaría tranquilo, porque no seguimos acumulando artículos postergados.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa propone, siempre que el Senado esté de acuerdo, hacer un breve cuarto intermedio.

(Apoyados.)

-El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Es la hora 16 y 9 minutos.)

(Vueltos a Sala.)

- Habiendo número, continúa la Sesión.

(Es la hora 16 y 18 minutos.)

-Continúa en consideración el artículo 70.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Hemos hecho las consultas correspondientes y debo decir que la situación estaba muy confusa. La interrogante se planteaba en cuanto a si había compatibilidad entre causal jubilatoria -o sea, tener los derechos a acceder pero no estar jubilado- y percibir el subsidio. Entonces, el texto clarifica estos aspectos.

De acuerdo con la redacción, la percepción de haberes de pasividad es compatible con la percepción del subsidio, lo que a nuestro juicio no es correcto. En realidad, esto no estaba claro desde el punto de vista jurídico y, de hecho, existen numerosos juicios ganados por todos quienes los plantearon. En definitiva, aquí se aclararía el tema, estableciendo que se declaran incompatibles.

Solicito a la Mesa que se dé lectura al texto tal como quedaría redactado con las modificaciones planteadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo fundamentado por el señor Senador Rubio, en el artículo 70, en lugar de expresarse “declarándose compatible”, se diría “declarándose incompatible”. Además, la Mesa propone sustituir el punto y coma por una coma luego de la palabra “confianza”.

Léase el artículo 70, con la modificación propuesta.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 70.- La percepción del subsidio creado por el artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, es incompatible con la percepción de haberes de actividad con cargo a fondos públicos, excepto los derivados del ejercicio de actividad docente en la enseñanza pública.

Interprétase el artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.195, de 16 de julio de 1991, en el sentido de que la configuración de causal jubilatoria no impide el acceso al subsidio por cese en cargos políticos o de particular confianza, declarándose incompatible la percepción del subsidio con haberes de jubilación, pensión o retiro, provenientes de cualquier afiliación sea pública o privada.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 70 en su nueva formulación.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Es para aclarar que, pese a que usted estaba conversando, le había dejado la moción firmada por quien habla y por el señor Senador Michelini, que era la que había hecho antes del cuarto intermedio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda constancia, señor Senador Viera.

El Senado ingresa a la Sección III del proyecto de ley de Presupuesto, “Ordenamiento Financiero”.

Se escuchan propuestas de desglose.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Solicitamos que se desglosen únicamente los artículos 83 y 84.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Solicito que se desglose el artículo 84.

SEÑOR PRESIDENTE.- Teniendo en cuenta estas consideraciones y desgloses, se va a votar el resto de la Sección III, “Ordenamiento Financiero”.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 83.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- El artículo 83 establece la derogación del artículo 60 de la Ley Nº 16.170 y también una serie de artículos y leyes más, entre los que se encuentra el artículo 45 de la Ley Nº 17.930. Mediante el artículo 60 se habilitaba la trasposición de asignaciones de un mismo programa a este proyecto, sobre todo, en materia de inversión. Por su parte, el artículo 45 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, le agregaba al viejo artículo 60 una frase que decía: “La incorporación de nuevos proyectos de inversión deberá ser aprobada por ley salvo en el caso de los Entes de enseñanza, la que será autorizada por el jerarca respectivo”. Me parece que no es bueno derogar esa incorporación. En ese sentido, señor Presidente, queremos dejar constancia que estamos en contra del artículo 83, que habilita a que el Gobierno, en materia de inversiones, pueda establecer nuevos proyectos de inversión sin estar habilitado por ley, lo que a mi juicio no corresponde.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 84.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Consideramos que esta disposición es el artículo “gatillo”, puesto que opera en caso de que no ocurran las proyecciones de crecimiento del PBI previstas por el Poder Ejecutivo. Por esta razón, son relativos todos los incrementos que estamos votando si no se cumplen esas previsiones.

Nosotros habíamos señalado nuestras dudas respecto a las proyecciones hechas por el señor Ministro ya que, pese a la crisis a nivel mundial, vivimos una situación coyuntural con un crecimiento que se mantuvo por encima del de la región. Ponemos en duda que ese crecimiento continúe en los niveles actuales, como prevé el señor Ministro. Ojalá que así sea -lo dijimos en nuestra exposición-, pero tenemos nuestras dudas y creemos que esto puede, de alguna manera, significar la posibilidad de que esta cláusula tenga que ajustarse, y mucho. De igual manera, no nos parece una mala medida relativizar y ajustar estos aumentos en función de las previsiones. Lo que no nos parece bien -y lo dijimos en su momento- es que esa proyección pueda generar una esperanza en los funcionarios públicos que puede verse frustrada si no se logra el crecimiento proyectado. Nosotros preferimos hacerlo a través del alivio fiscal, que no deja de ser un aumento salarial para mucha gente, con lo que no sería necesario aplicar una medida de este tipo, sobre todo, tomando en cuenta que con la aprobación de este Presupuesto ningún funcionario público va a ganar menos de $ 14.000. Se nos podría decir que hay funcionarios -como en las Fuerzas Armadas- que van a quedar por debajo de esa cifra, pero el resto pasaría a ganar más de $ 14.400, que es el piso que hoy está vigente para el cálculo del IRPF.

Sin embargo, en este caso, se va por el lado del gasto haciendo una proyección que, a nuestro juicio, puede no ser real; ojalá lo sea; ojalá sigamos creciendo por encima de la región.

Hacemos estos comentarios para que quede constancia de ellos. Insisto en que preferimos la otra opción, es decir, tratar de buscar alivios fiscales que generen también aumentos salariales.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Consideramos que las previsiones del Presupuesto son bastante claras. Creemos con total franqueza que no son especialmente optimistas, ya lo hemos dicho. Pensamos que son razonables como previsiones, pero también manifestamos que estamos en un momento en el que nadie sabe qué va a pasar. Por ahora parece que vamos a crecer un poco más de lo que establecían las previsiones, pero no sabemos qué ocurrirá. Realmente, no sabemos cómo va a operar el artículo 84.

En su momento le preguntamos al señor Ministro y nos respondió que se vería, que si en vez del 4% se crecía el 3%, tal vez no habría mucha diferencia, pero si se crecía menos, vendría al Parlamento en una Rendición de Cuentas a ver qué se podía hacer.

Francamente, pensamos que este artículo no nos aclara mucho y es por esa razón que no lo vamos a acompañar.

SEÑOR TAJAM.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR TAJAM.- Señor Presidente: es cierto que este artículo está supeditado a las bases materiales y económicas sobre las que se conformó la asignación de créditos en este Presupuesto. Como recordamos, el Presupuesto anterior incluyó artículos que manejaban los términos de estabilidad y sostenibilidad de las cuentas financieras, mientras que otros hacían referencia a las medidas a tomar cuando los recursos fueran inferiores a los presupuestados. De cualquier forma, estaba definido que esos límites de ejecución en ningún caso afectarían a los salarios.

Por lo tanto, entiendo que es necesaria la inclusión de este tipo de normas, pero quería efectuar esas anotaciones para dar un marco general a los dos Presupuestos.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: un señor Senador de nuestra Bancada señaló, más temprano, que si bien nadie quisiera tener bomberos, es necesario contar con ellos. En realidad, esto es lo mismo que cuando una persona que tiene un automóvil o una casa contrata un seguro. Nadie lo hace pensando en usarlo. Ahora bien; me parece que sería irresponsable si este Presupuesto no contuviera una cláusula de este tipo.

En lo que tiene que ver con las previsiones económicas, coincido con el señor Senador preopinante en cuanto a que no son excesivamente optimistas. A mi juicio, son harto realistas y eso significa no ser optimista de más en las proyecciones ni machete de más en las prevenciones.

Por otro lado, quiero destacar un aspecto que me hubiera gustado señalar en la pasada Sesión pero que no hice a fin de no alargar más su culminación. Me congratulo de contar con un Ministro y un equipo económico con esta capacidad y honestidad intelectual. ¿Qué hubiera sido más fácil que elaborar proyecciones a la baja en materia de crecimiento de la economía? ¿Qué lograba? Por un lado, conseguía que no se le pidiera tanto aumento presupuestal y, por otro, si la economía crecía más podía decir: “¡Qué Ministro fantástico que soy, qué exitoso que soy! ¡Miren cómo crece la economía que si bien yo había previsto tuviera un incremento del 3%, llegó al 8%!”

En consecuencia, señor Presidente, creo que se trata de un buen artículo que vamos a votar con absoluta convicción. Asimismo, debemos pensar en lo bueno que es tener un equipo económico como este, con un Ministro de Economía, a la cabeza, con estas condiciones, que no solamente tiene capacidad sino también honestidad intelectual y prudencia.

Gracias.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: sin duda que debemos interpretar este artículo, dentro del incremento de asignaciones presupuestales autorizadas, como un condicionamiento al cumplimiento de la previsión de crecimiento también en lo que respecta a los ajustes salariales. Al respecto, deseo citar un caso que conozco por mi experiencia al frente de la intendencia departamental. Los Presupuestos departamentales van previamente al Tribunal de Cuentas y recuerdo un período de Gobierno en el que este organismo observó el Presupuesto municipal porque contenía una cláusula de este tipo. De alguna manera se acusaba de que no había certeza en la forma de ajustar los salarios. Fue así que por cinco años, cada vez que pagábamos los salarios, llegaba una observación del Tribunal de Cuentas por la aplicación de esta norma.

Entonces, haciendo una analogía, supongo que acá también el Tribunal de Cuentas haría la misma observación ya que no estamos dando certeza de cómo va a ser el ajuste salarial porque está condicionado siempre a los resultados del crecimiento del Producto Bruto Interno.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 84 de la Sección III.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

De esta forma ha quedado finalizada la consideración de la Sección III y pasamos a la Sección IV. Advierto que a partir de ahora el tratamiento de los artículos se hará por inciso.

En consideración el Inciso 02, “Presidencia de la República”. Consulto a los señores Senadores cuáles son los artículos que desean desglosar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: solicito el desglose de los artículos 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 121, 122, 125, 128, 132, 136, 137, 138, 140, 153, 154, 155, 158, 159, 164 y 165.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: en realidad, es menor la cantidad de artículos cuyo desglose íbamos a solicitar, pero en tanto no todos coinciden con los pedidos por el señor Senador Heber, queremos agregar los artículos 126, 127, 131, 142, 143, 156 y 157.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: solicitamos el desglose de los artículos 146, 148 y 149.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el resto de los artículos del Inciso 02, “Presidencia de la República”.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 86.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: esta disposición trata de los coordinadores y es bueno recordar que en la Cámara de Representantes figuraba como el artículo 88, por el cual se habilitaba a la Presidencia de la República a crear hasta 18 cargos de Coordinador Departamental. Después decía que el Coordinador Departamental tendría como cometido coordinar y articular las políticas públicas nacionales en el territorio del departamento, lo que motivó el rechazo unánime de nuestra colectividad política. Por lo tanto, los Diputados del Partido Nacional votaron en contra de la creación de los Coordinadores Departamentales.

Durante el trámite en el Senado surgió la posibilidad de corregir la naturaleza jurídica de estos Coordinadores Departamentales, que se transformaron en Coordinadores Regionales. Por eso, en el artículo 86 se establece que la Presidencia de la República podrá crear hasta seis cargos de Coordinadores Regionales. Ellos tendrán una competencia completamente diferente porque su tarea será coordinar y articular las políticas públicas nacionales en el territorio del país por áreas regionales, es decir que su función no refiere solo al interior de la República.

Asimismo, se modificaron sustantivamente las prohibiciones, los límites y las características de estos cargos, porque se establece que los Coordinadores Regionales deberán desplegar sus competencias respetando el principio de autonomía de los gobiernos departamentales que, como todos sabemos, tiene naturaleza constitucional. Deberán respetar también los cometidos de la Comisión Sectorial a que refiere el literal B) del artículo 230 de la Constitución de la República, según la redacción dada por la reforma de 1996.

En lo que tiene que ver con la definición de estos cargos, se exige la condición de que quienes desempeñen esta tarea deberán ser personas con comprobada idoneidad técnica para cumplir con los objetivos asignados. Me parece que no es una exigencia menor, sino un elemento decisivo para la selección de estos Coordinadores Regionales.

Para culminar con esta nueva redacción que se acordó, debo agregar que conforme a lo dispuesto por el numeral 8º) del artículo 77 de la Constitución de la República, los Coordinadores Regionales estarán comprendidos en las prohibiciones establecidas en el numeral 4º) del mismo artículo, que refiere a la posibilidad de hacer política. Más allá de no estar de acuerdo con la creación de los Coordinadores Regionales, en su momento se reclamó que se establecieran prohibiciones en cuanto al ejercicio de sus funciones; estas prohibiciones están en la misma línea que las que tienen los Directores de los entes autónomos y servicios descentralizados. Además, se agregó la exigencia de que para ser candidatos a cargos electivos de cualquier naturaleza, deberán cesar en sus funciones por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección. Esta exigencia está prevista en el artículo 201 de la Constitución de la República.

En consecuencia, estos Coordinadores Regionales van a operar como meros asesores del Poder Ejecutivo en esta materia, sin que se les atribuya por medio de la norma proyectada ninguna potestad especial que pueda lesionar la autonomía de los gobiernos departamentales. Lejos está de mi intención, como ex Intendente y hombre del interior, que estos Coordinadores Regionales puedan lesionar principios inherentes a la defensa del libre ejercicio de los gobiernos departamentales o sustituir a la Comisión Sectorial de Descentralización en relación con las competencias previstas en el artículo 230 ya citado. Me parece que son límites verdaderamente importantes y se marca un avance sustancial al sustituir los Coordinadores Departamentales -uno por departamento y solo para el interior- por hasta seis Coordinadores Regionales, que tienen la posibilidad de actuar en todo el país, coordinando las políticas nacionales.

Me voy a permitir hacer referencia específicamente a la experiencia de algunos de quienes integramos este Cuerpo, porque creo que van a ser herramientas humanas -si vale la expresión- importantes para mejorar la respuesta del Gobierno nacional en las áreas regionales en lo que tiene que ver con los gobiernos departamentales. Es cierto que este Presupuesto abunda en coordinaciones y en cargos de particular confianza, pero nos parece que estos Coordinadores Regionales son de importancia para ayudar en un esquema de desarrollo local, descentralizado y para que los gobiernos departamentales puedan reclamar al Gobierno nacional con mayor eficacia el cumplimiento de algunas funciones que son nacionales pero que muchas veces terminan siendo sustituidas por el gobierno departamental en virtud de la lejanía.

Es cuanto puedo informar respecto a este artículo, aunque sé que hay diferencias y discrepancias dentro de nuestro propio partido. El Partido Nacional no tiene una posición unánime con respecto a la creación de la figura de los Coordinadores Regionales; hay compañeros que legítimamente, de acuerdo con su leal saber y entender, tienen la posición contraria. Baste citar que en su momento el Congreso de Ediles del Partido Nacional estuvo en contra de esta idea, los Diputados respondieron a ese reclamo y ahora se varía sustantivamente la propuesta, ya que de doce Intendentes del Partido Nacional, once la han respaldado.

Por estas razones, vamos a apoyar el artículo 86 con la nueva redacción que cambia sustancialmente el texto original votado en la Cámara de Representantes.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: como ha mencionado el señor Senador Larrañaga, vamos a votar en contra de este artículo 86, porque no estábamos de acuerdo con la creación de dieciocho Coordinadores, como lo había establecido en primera instancia el Poder Ejecutivo en la Cámara de Representantes, ni de seis, sin perjuicio de reconocer, como lo hemos hecho en forma pública, que el aporte del señor Senador Larrañaga ha mejorado sustancialmente la versión original de este artículo. Nosotros no estamos de acuerdo con que haya Coordinadores Regionales, porque no hemos recibido aunque sea una mínima explicación de parte del Presidente. Este es un presupuesto de coordinadores, de cargos de confianza, de contratos y de amiguismos y de una cantidad de cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo.

(Dialogados.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Diríjanse a la Mesa, señores Senadores.

SEÑOR HEBER.- El señor Senador me señala, pero no he dicho ninguna barbaridad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Reitero, señor Senador, que debe dirigirse a la Mesa.

SEÑOR HEBER.- Insisto: no he dicho ninguna barbaridad.

En esta instancia donde el Ministro de Transporte y Obras Públicas nos propone 18 Coordinadores -reitero un concepto expresado en la discusión general-, no entendemos por qué por primera vez en la historia de los Presupuestos no se presentó un plan de obras. No sabemos qué obras se van a desarrollar en este período, pero se solicita la aprobación de la creación de la figura de Coordinadores. Realmente, no vamos a acompañar la actitud de esta Administración que, por otra parte, no se vio en la anterior, que no necesitó Coordinadores para poder trabajar; ni siquiera fue planteado por la misma fuerza política cuando ejerció el Gobierno en la Legislatura anterior. Ahora resulta que se necesita contratar no sé cuántas personas por cada Ministerio pues, de lo contrario, no pueden trabajar porque no tienen asesoramiento. El Presidente necesita Coordinadores y el Ministro de Transporte y Obras Públicas solicita 18, pues al parecer son imprescindibles para el desempeño de ciertas tareas, lo que no deja de llamar la atención porque, reitero, antes para esta misma fuerza política no existía esa necesidad. No estamos hablando de un Gobierno que haya cambiado de partido. Si la Administración Vázquez hubiera planteado todas estas cuestiones, lo habríamos comprendido, porque podía suceder que, debido a que era la primera vez que esta fuerza política accedía al Gobierno, necesitara disponer de más instrumentos para ejercer el control. Sin embargo, repito, ni lo pidió, ni lo necesitó.

No vemos, entonces, la justificación de que ahora se produzca esta especie de hiperinflación de cargos de Coordinadores -cargos que antes eran prescindibles, ahora son imprescindibles-, y de que sea necesario contratar incluso una mayor cantidad de cargos de confianza.

Sin perjuicio de que reconocemos que el artículo ha tenido notorios avances respecto al original presentado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Representantes, la instrumentación de todos estos cargos se enmarca en un contexto en medio del cual a nuestro juicio no es necesaria.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: más Gobierno, no quiere decir mejor Gobierno. Ese es el fundamento central y conceptual por el cual no vamos a acompañar la creación de estos cargos de Coordinadores Regionales. Quiero aclarar que estas palabras las digo en nombre del sector Unidad Nacional.

Para un territorio pequeño y con una población de tres millones de habitantes -casi como un barrio de San Pablo o un poco más que el barrio La Matanza en Buenos Aires- tenemos una estructura de Gobierno de Presidente y Vicepresidente, 13 Ministerios, 30 Senadores, 99 Diputados, 19 Intendentes, 31 Ediles por cada Intendencia y 82 Alcaldías con sus respectivos Concejales. Por eso insisto en la idea de que la mayor creación de cargos de Gobierno no significa mejor Gobierno. Es más, diría que dificulta un buen Gobierno, porque las instancias institucionales tienen dos lecturas. Una de ellas es la instancia de lo jurídico, donde, a veces -o mejor dicho, con mucha frecuencia-, la ley parece perfecta porque utiliza verbos como coordinar o promover, que siempre encuentran un buen eco y alguien puede pensar que de ese modo se va a generar una gestión de Gobierno más eficaz. Luego está la instancia de la realidad y de la lectura política, que nos muestra que cada espacio de poder va creando más poder y que cuanto mayor es la capacidad jurídica y de toma de decisiones, también se va generando sensación y acciones de poder.

Cuando todo el Partido Nacional en la Cámara de Representantes votó en contra de la creación de los Coordinadores Departamentales, se eliminó del panorama una especie de jefes políticos departamentales de otrora, que en aquel entonces tenían razón de ser porque eran Gobiernos Departamentales, más específicamente se trataba de una conjunción entre el Jefe de Policía y el Intendente de ahora; era algo similar a una jefatura política que se establecía en cada territorio departamental. Pero contrariamente a lo que lo expresaba mi amigo y compañero, el Senador Larrañaga, que por tener experiencia en la materia siempre ha considerado más a los Intendentes, yo pienso en los Diputados y en que se menoscaba su poder. Si bien nunca fui electo por departamentos del interior -quizás por la sabiduría de los pueblos de Flores y Treinta y Tres que no me eligieron, a diferencia de Montevideo que tuvo esa capacidad y visión de futuro al votar por mí-, fui Diputado y conozco el interior del país. El Diputado es lo que en España se define claramente, con su título jurídico y constitucional, como Procurador de las Cortes; es el que plantea temas entrañables, como, por ejemplo, los relacionados con la escuela, el hospital, el camino o el puente. El Representante, en la otra parte de nuestra Casa, es quien presenta en la media hora previa su queja o envía su exposición escrita, que luego llegará o no a la Presidencia o al Ministerio que corresponda. Supongo que serán centenares o miles los requerimientos de aquel dicho tan lindo y tan bien definido que reza: “Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí”. Por cierto, la luz de una escuela es muy importante para sus vecinos y sus niños. A partir de ahora, van a tener a su lado una custodia regional.

Pues bien, seguramente, las regiones se agruparán de a tres o cuatro departamentos, como, por ejemplo, Salto, Paysandú y Río Negro o Colonia, San José, Flores y Soriano, buscando la homogeneidad. Todos sabemos, más o menos, cuál es la regionalización posible. Entre el Diputado y la persona que tiene contacto directo con el Presidente -porque es funcionario de la Presidencia-, el ciudadano va a elegir a este último porque tendrá la curiosidad de constatar sus potestades. Eso me hace pensar que los Diputados verán disminuida su función por una jerarquía elegida por el poder político y no por el cuerpo electoral.

En mi opinión, tenemos una larga escalera de gobernantes -porque todos lo son, desde el Alcalde al Presidente de la República-, cuya fuente de legitimidad es el voto y, por eso, no tenemos menos que respetarlos. El origen de los señores Alcaldes y de las señoras Alcaldesas es legítimo, porque los votó la ciudadanía, pero estos otros funcionarios van a ser designados con todos los requisitos que aquí están escritos. A mi juicio, esto representa un paso atrás por cuanto estos poderes no tendrán base de legitimación en el consentimiento popular. Por tanto, de aquí en más no va a depender todo de los señores Intendentes, poderosos de por sí, a quienes con estos artículos nuevos de la Constitución -los artículos 214 y 298-, con el Congreso de Intendentes, con el Consejo de Intendentes y con la Comisión Sectorial, les hemos dado un estatus casi de otra Cámara. Es al Diputado, al Procurador en Cortes, al que quiere llegar con su pedido, al que le va a restar competencia este Coordinador Regional.

Por otra parte, quiero llamar la atención sobre el penúltimo párrafo que, sin punto y aparte, en dos conceptos perfectamente separables, contiene las incompatibilidades de estos cargos. Cabe destacar que, seguramente, estas serán establecidas debido a que se lograrán los dos tercios de votos, tal como me acotaba el señor Senador Moreira, que es más experto que yo en estos temas de Derecho.

En cuanto a este tema, no sé si se les puede impedir ser candidatos a cargos electivos, porque es un menoscabo de los derechos del ciudadano; y debería tener origen constitucional, pero no lo tiene. Lo que el artículo 77 podría hacer es extender las incompatibilidades del inciso 4º) mediante la utilización del 8º), pero no se puede impedir ser candidato, ya que los atributos de la soberanía son ser elegido y elegible.

Por lo tanto, me parece que la segunda frase, que comienza diciendo: “Para poder ser candidatos a cargos electivos” va a merecer alguna tacha de inconstitucionalidad. Entiendo que es clara la incompatibilidad de esta frase con el Capítulo de Derechos de la Constitución de la República.

Respetando las decisiones de nuestros compañeros que piensan distinto en este tema, creemos que no es conveniente votar la creación de estos Coordinadores Regionales y así lo consignamos con fundamentos que, se compartirán o no, pero son política y jurídicamente entendibles.

Esta es la constancia que queríamos realizar, señor Presidente.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: el Partido Colorado va a votar negativamente este artículo. Por supuesto, reconocemos sin ninguna dificultad que esta versión es mucho mejor y preferible a la que había venido con el proyecto originario del Poder Ejecutivo, pero en los términos en que está planteado no podemos acompañarlo por varias razones.

En primer lugar, no somos partidarios de la creación de más cargos de confianza; ya hay suficientes. Entendemos que cuando el Frente Amplio llegó al Gobierno por primera vez tenía necesidad de designar gente de su confianza en su Administración, pero en este período, en el que se sucede a sí mismo, no nos parece necesaria la creación de más cargos de confianza. Nos parece inconveniente no solo por el mayor costo que eso significa sino, además, porque esos cargos tronchan las aspiraciones legítimas de quienes pretenden hacer su carrera administrativa. Esto es lo que quería expresar en términos generales y no en cuanto a los cargos específicos que se crean por esta ley.

En segundo término, tampoco nos parece necesaria la creación de estos Coordinadores por las razones que han sido señaladas. Se trata de un país de dimensión territorial perfectamente abarcable, con escasa población y con una importante estructura gubernativa, por lo que no advertimos que se necesiten nuevas instancias de coordinación que, inclusive, pueden resultar perjudiciales o conspirar contra la mejor administración debido a que serán nuevos filtros, nuevas etapas intermedias, entre la voluntad de los Ministros y sus subalternos, en cada departamento. Quiere decir que, en lugar de ser una articulación más eficaz, puede resultar un bucle burocrático adicional a recorrer para que la voluntad gubernativa se concrete en realizaciones.

Desde el punto de vista político nos parece que es una presencia del poder central en los departamentos, lo que va a significar mayor centralización, menoscabando el rol del Intendente o del Diputado.

Por todas esas razones, no vamos a acompañar con nuestro voto este artículo.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: creo que esta es una de las peores creaciones que tiene este Presupuesto. A mi entender, es inconstitucional, ya que prácticamente está generando un nuevo nivel de Gobierno sin consultar a la población, y es inconveniente, porque se aumentan los gastos. No se trata solamente de la creación del cargo ya que, seguramente, la sede que va a tener el Coordinador Regional requerirá de una oficina con algún funcionario, con limpiadores, con algún administrativo y gastos de teléfono y de luz. A mi juicio, son gastos absolutamente innecesarios. Además, en definitiva, aumenta la burocracia y no creo que facilite o simplifique ningún tipo de decisiones.

Fundamentalmente, me parece que esto va en sentido contrario a cualquier idea de descentralización del país. Quienes hemos pasado casi toda nuestra vida defendiendo, reclamando y militando por la descentralización de este Uruguay tan centralista tuvimos, en la Administración pasada, una propuesta que pomposamente se llamó “ley de descentralización política”. En realidad, se trataba apenas de la descentralización política de lo departamental que, como todos hemos concluido, nació con bastantes cosas sin esclarecer y con muchas dificultades. De todas maneras, yo fui uno de los que me afilié a la idea de ayudar a que esa ley fuera aprobada de la mejor manera posible. Nosotros hubiéramos querido que se empezara desde lo nacional, pensando qué descentralizar desde el Gobierno hacia los Gobiernos Departamentales, viendo sus nuevos roles, sus obligaciones y, sobre todo, sus recursos, para luego ir a una descentralización de carácter departamental, con las Alcaldías, con los Concejos Municipales, dejando definidos sus roles y sus recursos. Sin embargo, creímos que las cosas debían tener un comienzo y recuerdo que el hoy señor Senador Rubio -entonces Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- dijo que seguramente habría aspectos a corregir, pero que se podían ir corrigiendo con el tiempo, porque lo importante era echarlo a andar.

Esto va en sentido totalmente contrario; hay más centralización y no en el Poder Ejecutivo, sino en el Presidente de la República. Los Coordinadores Departamentales, ahora Regionales, van a depender directamente del Presidente de la República, lo que significa más poder concentrado en ese cargo, y ello, a mi entender, debe preocupar. No es bueno que tenga tanto poder y que, al igual que los emperadores romanos que tenían sus oídos en cada una de sus localidades -creo que se llamaban los sátrapas-, el Presidente de la República va a tener oídos en cada región. Me parece que esto es inconveniente desde el punto de vista político y va en contra de cualquier idea de descentralización. Para eso se crearon en 1908 las Intendencias Departamentales, para que en forma directa el pueblo del interior de la República -porque no se establecen Coordinadores para Montevideo, sino solamente para el interior, para tener allí una pata de la Presidencia de la República- eligiera a sus representantes y a sus gobiernos. Ahora vamos en un claro sentido de retroceso, ya no a los comisarios o jefes políticos, sino a una especie de gobernadores, y que a nadie le quepan dudas de que van a competir con todo el poder del Estado. En algún momento se discutió si esto podía violar la autonomía municipal y si los Coordinadores iban a intervenir en los temas de las Intendencias, pero está claro que no. ¿Para qué quieren meterse en los temas pequeños de la comarca, como la basura, las calles, los caminos o el alumbrado, si van a tener todo el poder del Gobierno central, de todos los Ministerios? Realmente, creo que es una mala idea y que va a traer, como decía, más gastos y más burocracia. De manera que es altamente inconveniente para un país ya de por sí centralizado.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- No hay duda de que este artículo está revelando que tenemos opiniones encontradas en algunos aspectos. Incluso, en el Partido Nacional vamos a votar por lo menos una parte del artículo con distinta orientación, es decir, en forma dividida. Pero creo que tampoco podemos dramatizar sobre los alcances de este artículo. Al igual que muchos de quienes están hoy aquí, en este Senado, he sido Intendente Departamental y, precisamente, siempre hemos reivindicado la descentralización y, sobre todo, el principio de autonomía departamental. Por otra parte, en cualquier caso en que se constate lesión de esa autonomía se puede recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, porque así lo autoriza la Constitución de la República. Sinceramente, no considero que esto conlleve un riesgo que atente contra un principio en el cual mucho creemos, que es el de descentralización. Este es un principio que se ha hecho realidad en el Uruguay, porque los Gobiernos Departamentales adquieren cada día más presencia e importancia en la vida de la gente, muy en particular en el interior de la República, en lo que tiene que ver con decisiones en innumerables aspectos de la vida cotidiana. Varios de quienes estamos acá nos desempeñamos durante diez años como Intendentes en el interior de la República y en mi caso, como ex Intendente de Colonia, muchas veces pude constatar, precisamente, la ausencia de un criterio general en el poder central para ejecutar o llevar a cabo proyectos o emprendimientos. Por ejemplo, la falta de coordinación entre algunos Ministerios y las empresas públicas ha sido manifiesta; con frecuencia los Gobiernos Departamentales no son consultados para el desarrollo de determinadas políticas muy importantes que llevan a cabo los Incisos de la Administración Central o las empresas públicas, como UTE y OSE. Es decir que normalmente los Gobiernos Departamentales no coparticipan de estas decisiones ni de los grandes proyectos que se llevan a cabo con inversiones multimillonarias por parte de las empresas públicas.

Por mi parte, tuve la experiencia de que cuando se trazó el proyecto del Gasoducto del Sur, a la Intendencia de Colonia no le consultaron hacia dónde debía salir el caño y resulta que había sido proyectado para salir en un excelente y bello balneario. De manera que tuvimos que protestar y llevar adelante toda una negociación para que el caño no desembocara afectando todo el paisaje y el medio ambiente de uno de los lugares más hermosos del Departamento de Colonia. Del mismo modo, cuando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hizo el proyecto de mejoramiento de la Ruta 1 “Brigadier General Manuel Oribe”, originalmente se había pensado barrer con todas las palmeras que forman parte del paisaje cuando se ingresa a Colonia del Sacramento, que es ciudad histórica y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quizás en Rivera no ocurran estas cosas, pero en Colonia han sucedido.

Entonces, me parece que la última versión de este artículo que crea la figura de estos Coordinadores Regionales -que son hasta seis; el número dependerá de la reglamentación del Poder Ejecutivo-, es positiva. Creo que pensar en términos de región no es malo; es hacerlo con sentido de modernidad. Ayer se dijo que las circunscripciones departamentales están excedidas por las realidades, que a veces demandan respuestas de corte regional. De manera que hay que pensar con la cabeza un poco más abierta y sacarla de los límites geográficos históricos de los departamentos para desarrollar políticas productivas, portuarias, de vivienda, de educación, etcétera. Considero que es una concepción moderna que se adapta a las exigencias de nuestros tiempos.

Tampoco observo que exista una inconstitucionalidad en esta norma, porque no veo cómo, articular y coordinar políticas, puede violar la autonomía departamental, en la medida en que se hable de políticas públicas nacionales por áreas regionales en esta materia. Me parece que no tienen por qué invadir la autonomía municipal y, en caso de que lo hagan, los Gobiernos Departamentales pueden recurrir ante el Poder Judicial independiente que tenemos. De manera que, si hablamos de regiones y de coordinación de políticas y pensamos estos temas con un sentido moderno, sinceramente no advierto por qué lado puede amenazarse la autonomía ni la gestión de los Gobiernos Departamentales o de los propios Diputados, que vaya si tienen obligaciones a su cargo y tareas en las cuales pensar, sobre todo, de control del Poder Ejecutivo -que tienen que llevar adelante más allá de los límites departamentales- y de legislación, que también presenta un carácter general y abstracto.

En definitiva, me parece que si nos mantenemos vigilantes con las prohibiciones e incompatibilidades que están previstas aquí, no advierto la inconveniencia, la improcedencia, la inconstitucionalidad o la inoportunidad de esta norma. Creo que si se procede correctamente, se designan personas que tengan comprobada idoneidad técnica y se respetan las prohibiciones e incompatibilidades que prevé el propio artículo, esta disposición puede ser positiva. Yo tengo también experiencia en la Comisión Sectorial de Descentralización, donde se destina un porcentaje de los recursos que se originan en los departamentos, pero nunca ha tenido ninguna incidencia en la fijación de políticas nacionales de los Ministerios. Si por esta vía podemos asegurar que los Gobiernos Departamentales tengan alguna participación en las decisiones del Gobierno Nacional, bienvenida sea. Si este instrumento funciona correctamente, no advierto asechanzas ni inconstitucionalidades, de modo que voy a votar con enorme tranquilidad este artículo con esta redacción. Quizás no lo habríamos acompañado en su versión anterior, pero el señor Senador Larrañaga ha trabajado en este tema y creo que tiene sobrados méritos en ese sentido. De modo que, insisto, voy a votar este artículo con absoluta tranquilidad.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Me parece que quizás en el inciso cuarto, en la frase que comienza diciendo: “Para poder ser candidatos a cargos electivos”, debería hacerse un punto y aparte. Creo que aun aquellos que estén en contra de los Coordinadores Regionales no se van a oponer a que se les impongan incompatibilidades y prohibiciones que en su momento reclamaron en forma pública.

En segundo lugar, parto de la base de algo que me parece central: todos quienes actuamos aquí lo hacemos bajo el principio de la buena fe -es algo que atribuyo a todos los integrantes de este Cuerpo-, y con toda buena fe quiero expresar que los coordinadores van a actuar en el ámbito del Poder Ejecutivo y no en el del Poder Legislativo; no va a existir una competencia con los señores Diputados, quienes seguirán actuando en la órbita del Parlamento, controlando y legislando de forma tal de llevar adelante la tarea que realizan -o, por lo menos, que deben realizar- en todo el país. En lo personal, no creo que haya una colisión o un choque de intereses con estos coordinadores, que serán funcionarios del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo expresado hace instantes sobre la prohibición dispuesta para los cargos electivos, claramente considero que puede establecerse porque no es aplicable al pasado. Aquí se está advirtiendo que quien acepte ser coordinador, acepta el estatuto jurídico que lo obliga a cesar en sus funciones, con doce meses de anticipación a la fecha de la elección, cuando sea candidato a un cargo electivo.

Fíjense los señores Senadores que, a la hora de buscar antecedentes sobre este tema, encontré uno idéntico en el artículo 50 de la Ley Nº 18.446 -norma que aprobamos a fines de 2008-, que expresa: “Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política, ser candidatos a cargos públicos electivos o asesores de personas que hubieran estado involucradas en denuncias ante la INDDHH, como denunciantes o denunciados”. Esto fue votado por la unanimidad de los miembros de ambas Cámaras y constituye un antecedente que inspiró el inciso final del artículo que estamos considerando. Creo que sobre este tema se ha generado una enorme polémica, porque mucho más trascendente es que el Gobierno Nacional llegue a todos los rincones de la República; mucho más importante es que los recursos puedan volcarse a las distintas regiones para que alcancen un desarrollo económico, humano y social; y mucho más lo es que se puedan realizar las obras de infraestructura imprescindibles para poder generar desarrollos en el interior del país. Con toda tranquilidad de conciencia, entiendo que esto va en línea con una mejor gobernanza; esto va en línea con un mejor gobierno; esto va en línea con un mejor funcionamiento de las estructuras del Estado. Hay mucha burocracia inútil, tanto en el Gobierno Nacional como en los Gobiernos Departamentales. ¡No miremos la realidad con un solo ojo!

(Suena el timbre indicador de tiempo.)

-Señor Presidente: con esa tranquilidad de conciencia quería realizar estas pequeñas puntualizaciones que, a mi juicio, van en línea con la fortaleza de estos coordinadores que le van a hacer bien a los Gobiernos Departamentales y al Gobierno Nacional y que no van a perjudicar las autoridades electivas, en este caso, como los Diputados, que tienen un estatus jurídico diferente, nada menos que ungido por la voluntad popular.

Muchas gracias.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: sobre este tema se ha polemizado bastante, se ha discutido a nivel de la prensa, se ha dramatizado, se han escrito novelones, como esos que vemos por la televisión, se han tejido conspiraciones y se ha hablado de virreyes y de gobernadores; en fin, se ha dicho de todo.

Quien habla es hijo de la política departamental; fui cinco años Edil departamental, cinco años Diputado y diez años Intendente Municipal; de manera que algún conocimiento de causa sobre el tema debo tener después de veinte años de ejercicio en cargos referidos a la vida departamental. Precisamente, esa experiencia me llevó a entender muy claramente la diferencia entre el carácter de jurisdicción departamental que tenía este cargo tal como estaba proyectado y se votó en la Cámara de Representantes, y la nueva redacción que aquí se ha acordado. Es evidente que en el ejercicio de una función referida a un departamento, aunque jurídicamente no se quiera y se busque evitar, se va a producir el choque o el roce, hasta por razones de hecho, con las autoridades departamentales. El hecho de darle un carácter regional aparta esa dificultad, elimina ese peligro y da una jurisdicción o un marco de coordinación tal que es lo que verdaderamente pretendemos con el ejercicio de esta función. Insisto en que se da un carácter regional, que me parece muy importante.

Las experiencias de regionalización han sido llevadas a cabo en muchos países del mundo. Aquí no estamos hablando de la creación de regiones, sino de meros coordinadores regionales de políticas de Estado a nivel público y nacional, en donde expresamente se establece que deben respetarse las competencias de los Gobiernos Departamentales. Dentro de las experiencias de regionalización o de coordinaciones regionales recogidas del pasado del país -quienes provenimos del norte lo sabemos mejor que nadie-, encontramos el Plan Norione, que fue una experiencia de coordinación, de recursos y de acciones a nivel de los distintos departamentos del norte del país, que dio resultados muy importantes tanto en Tacuarembó, como en Rivera, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Aquí no estamos hablando de la restauración del Plan Norione ni nada por el estilo, sino de que exista una mayor coordinación regional de las políticas de Estado respecto de las que llevan adelante los Gobiernos Departamentales. Simplemente se trata de eso y no de otra cosa.

Estamos de acuerdo en que en este proyecto de ley de Presupuesto Nacional se crean una enorme cantidad de cargos innecesarios, pero no todos los que se pretende crear tienen este carácter. En el caso particular que estamos considerando, la creación puede generar un mejoramiento en las relaciones entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales y, contrariamente a lo expresado por el señor Senador Viera, puede transformarse en una herramienta importante de descentralización porque, justamente, ella es más viable si se desarrolla con criterios regionales y no con criterios estrictamente departamentales. Para el Estado nacional es mucho más fácil descentralizar cometidos con un criterio regional que hacerlo en forma estrictamente departamental, con diecinueve subdivisiones departamentales como tiene el país. De manera que creo que es al revés de lo que aquí se ha manifestado: los cargos de coordinadores constituyen una herramienta que puede facilitar procesos de descentralización de los que se ha venido hablando en el país desde hace muchos años, pero en los que tan poco se ha logrado avanzar. Aclaro que no me refiero solo al Gobierno actual o al anterior, sino a los que actuaron hace muchas décadas, durante las cuales tanto se ha hablado sin que hasta ahora se haya avanzado en la descentralización de un Estado fuertemente centralizado, que todos reconocemos y decimos que tenemos. Creo que, en ese sentido, el proyecto mejora considerablemente lo que se trató a nivel de la Cámara de Representantes. Además, hay una razón de Perogrullo, que nosotros no podemos ignorar ni negar. Naturalmente, respeto absoluta y profundamente la postura de quienes no comparten esta posición -sostienen que no es conveniente- y no van a votar el artículo, pero decir que no a esta disposición sabiendo que la fuerza política de Gobierno tiene mayorías absolutas en el Senado es una forma indirecta de habilitar y decir que sí a los dieciocho Coordinadores Departamentales. Se sabe que si la fuerza política de Gobierno impone sus votos y aprueba el artículo tal como fue redactado en la Cámara de Representantes, se terminó el partido y se instalan los dieciocho Coordinadores Departamentales sin ninguna clase de limitaciones e inhibiciones como las consagradas en esta disposición, que ha sido totalmente reformulada respecto de aquella.

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑOR DA ROSA.- De manera que aquí hay razones de carácter institucional, jurídico y político, así como de respeto al realismo que, en política, es necesario comprender. Las mayorías mandan y cuando son absolutas se transforman en realidades que, nos guste o no, implican que se consagren sus soluciones. El hecho de elaborar un artículo a través de un entendimiento y un diálogo con la fuerza política mayoritaria, con el Partido de Gobierno, que reduce la cantidad de cargos y establece un montón de inhibiciones, de límites a sus competencias o atribuciones -que no estaban establecidas en el texto que se votó en la Cámara de Representantes-, es un avance importante. Menciono esto, sencillamente, porque así como hay quienes consideran que este artículo no es bueno y que votarlo significa más burocracia y crear estructuras innecesarias, también me siento en el derecho de expresar que no votarlo con esta nueva redacción supone aceptar, por una cuestión de realismo político, los dieciocho Coordinadores Departamentales que se votaron en la Cámara de Representantes. Preferimos esta nueva redacción porque es mejor, porque establece inhibiciones, límites y restricciones a sus facultades o potestades.

Por otra parte, hay una cuestión que también debe ser tenida en cuenta: los señores Intendentes, reunidos en Anchorena con el señor Presidente de la República, de alguna forma avalaron esta decisión. El hecho de que después dirigentes nacionales salieran a decir que los Intendentes no habían llegado a ese acuerdo, es otra cosa, pero lo que resultó de la reunión en Anchorena entre los Intendentes y el Presidente de la República fue que, en general, aquellos comprendían las razones esgrimidas por este y que, en función de ello, estaban dispuestos a aceptar la solución de los Coordinadores Regionales, no Departamentales. Insisto: Coordinadores Regionales, tal como lo expresa claramente este artículo que ha sido reformulado y que es sustancialmente distinto respecto del que se votó en la Cámara de Diputados.

Por todas estas razones y por las que han esgrimido otros señores Senadores, voy a acompañar esta disposición en su nueva redacción, consciente de que estoy dando un paso decisivo, claro y determinante a efectos de que no prospere la idea de los dieciocho Coordinadores Departamentales.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: en cuanto a este país, que nació centralizado y en el que a la centralización nacional se le suma la departamental con relación al interior de cada departamento, desde el primer gobierno del Frente Amplio se han venido tomando una serie de medidas en el sentido de revertir esta situación, que es histórica.

A efectos de ahorrar tiempo, voy a enumerar rápidamente algunos ejemplos. En la Legislatura pasada se aprobaron la Ley de Ordenamiento Territorial, que trató de dar una mirada regional al tema del territorio y su ordenamiento, y la ley de descentralización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que otorgó a cada departamento un Consejo y una Mesa Rural para que el productor pudiera recorrer distancias cortas para plantear sus problemas y llegar a las autoridades. Además, de algún modo se logró la descentralización del Ministerio de Educación y Cultura a través de los Centros MEC, por los que la Cartera no solo llegó a las capitales departamentales, sino a pequeños pueblos del interior de cada departamento. Asimismo, se crearon los Centros de Atención Ciudadana. El gobierno electrónico también se dirige en ese sentido, es decir, utiliza la tecnología para acortar las distancias. ¡Y ni que hablar de la ley de creación de las alcaldías! En esta línea, la segunda Administración frenteamplista pensó en la necesidad de ser más eficientes y efectivos en la coordinación de las políticas públicas porque, de algún modo, siempre se ve perjudicado el ciudadano que está más lejos. Esto fue lo que también motivó, en el período pasado, que el Gobierno nacional saliera de Suárez y Reyes y celebrara sus Consejos de Ministros en todo el interior del país, tesitura seguida por el actual.

En realidad, se trata de que ese ciudadano reciba los beneficios, porque sabemos que a veces en el aparato de gobierno se procede por chacras. En miles de ocasiones se han escuchado quejas de la gente diciendo, por ejemplo, que pasó Antel, levantó la vereda, instaló el cable y después dejó todo roto, o que la Intendencia arregló, pero vino OSE y levantó todo de nuevo. Estas situaciones se han dado muchísimas veces aunque, en mi opinión, son menores.

Como bien se ha señalado acá, nosotros tenemos políticas de infraestructura que necesariamente deben tener una mirada regional. La presencia de este Coordinador Regional va a ser de enorme utilidad para los Intendentes, quienes van a ser los primeros beneficiados por este otro granito de arena que se aporta en el trabajoso proceso de descentralización.

Aceptamos la variante propuesta por el señor Senador Larrañaga -que expuso sus razones- y, como señaló el señor Senador Da Rosa, se celebró una larga reunión entre los señores Intendentes y el señor Presidente de la República. Diría que prácticamente en su totalidad -salvo en algún caso- comprendieron la idea y la hicieron suya, precisamente porque los Intendentes a veces se ven limitados en sus funciones.

Tampoco creo que este punto choque con la autonomía municipal, porque no tiene que ver con las políticas de desarrollo departamental, que van a ser elaboradas por la Intendencia y la Junta Departamental, en lo que conforma el Gobierno Municipal, y los Alcaldes. En realidad, va a ayudar en ese sentido, porque todos esos organismos se van a servir de esta figura. Además, la ley incluye la expresión “hasta seis”. El término “hasta” indica que este proceso va a comenzar gradualmente y se va a ir desplegando en el territorio, cuando vamos a ver todas sus posibilidades. Antes de que esto ocurra vamos a estudiar Rendiciones de Cuentas y, de ser necesario, ajustaremos detalles.

Creo que esto es muy beneficioso y por eso aceptamos la nueva redacción, ya que se mantiene el espíritu de lo que queríamos establecer; es posible que no se comprendiera con la redacción inicial porque tuvo lugar una discusión con idas y vueltas, que comenzó a aclararse a partir de la reunión de Anchorena, donde se consideró el tema de la creación de estos cargos, de estas funciones, aplicado a la realidad sobre el territorio. Se agregaron algunas condiciones que dan seguridad a todos quienes integramos el Poder Legislativo, lo que me parece perfecto. No obstante, esto nada tiene que ver con la función del Diputado y en este tema me quiero extender medio segundo.

Sé, por experiencia propia -también me tocó ser Diputada- que los Diputados son electos por jurisdicción departamental y siempre sienten la presión de su electorado que, en definitiva, es el que los coloca en esa responsabilidad. Pero un Diputado, al igual que nosotros, también cumple con la función de elaborar leyes, de discutir el Presupuesto y una cantidad de normas que tienen que ver con la totalidad de la Nación. Quiere decir que no opera solo sobre las cuestiones departamentales, como sucede en el caso del Edil o del Alcalde.

Entonces, me parece que esto no colide con la función del Diputado sino que, por el contrario, le va a servir este mecanismo. En definitiva, creo que vale la pena seguir agregando a esa cadena de descentralizaciones que mencioné -es posible que me haya olvidado de alguna porque fueron muchas las acciones- un granito más que permita que, realmente, la eficiencia del Estado se note hasta en el pago más alejado.

Iremos valorando, a medida que abordemos las sucesivas Rendiciones de Cuentas, la efectividad de esta medida y me parece que la práctica nos va a dar la razón.

Finalmente, quiero dejar una constancia al pasar. Se ha mencionado a los Procuradores de Corte, y yo me declaro antimonárquica, no me sirve ese argumento.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: lo que sucede es que la señora Senadora Topolansky, al oír la palabra “Cortes” quizás haya confundido la Corte del Rey con el Parlamento español, al que se le llama “Las Cortes”. Entonces, los Procuradores en Cortes son los integrantes de la Cámara de Diputados de España, lo que nada tiene que ver con la Monarquía, sino que se trata de ese sistema parlamentario.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: he tratado de estudiar este tema, de acompañarlo e, inclusive, de analizar hasta la propia historia partidaria y la tradición de nuestra colectividad política en cuanto a la descentralización. Todo esto tiene que ver con la mención de 1908 que hizo el propio señor Senador Viera, con el 30 de julio de 1916, con la reforma del 17, pero me parece que debemos centrar este tema en el verdadero punto. Aquí no estamos hablando de una acumulación de nuevos cargos en materia burocrática, sino del concepto de coordinar y articular políticas públicas, que no es lo mismo que políticas puntuales. Las políticas públicas provienen del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, que tiene una enorme responsabilidad y que ahora se ve multiplicada por el liderazgo que debe ejercer en estos temas para poder coordinar a estos nuevos funcionarios, que tendrán que buscar una determinada sintonía con el proyecto de país que él interpreta.

Hemos venido discutiendo este Presupuesto, señor Presidente, e incluso hemos acompañado un artículo sobre la creación de una unidad estratégica que estaría en el ámbito del Poder Ejecutivo. Estos temas están muy vinculados con la articulación y la coordinación de políticas públicas porque todo es complementario. No estamos sustituyendo ni a los Intendentes, ni a los Alcaldes ni a los Diputados, sino que la visión apunta a que estamos tratando de darle un sentido integral a un proyecto estratégico de país que podrá tener su signo y se podrá compartir o no, pero que es parte de un desafío de madurez institucional que el país necesita para seguir avanzando en cuanto a la forma de encarar sus temas.

Hace poco tiempo -algunos años-, en las dictaduras militares se impulsó lo que eran las regionalizaciones y, entonces, el General Pinochet dividió su país en cuatro o cinco regiones que hoy todavía están vigentes. Allí puso al intendente regional, sustituyó autonomías y creó otra visión, entre otras cosas, de la propia geografía. En Uruguay, como bien decía el señor Senador Da Rosa, se habló del Plan Norione e, inclusive, de un proyecto de regionalización que el propio Gobierno militar trató de impulsar, haciendo coincidir -sin mucha creatividad- las regiones administrativas con las militares, lo que después quedó por el camino. Quiere decir que siempre se pensó en un criterio que pudiera complementar una visión estratégica de país, más allá de los aspectos en los que se pudiera coincidir o no.

Voy a poner un ejemplo de esto, señor Presidente. Dentro de pocos días concurriré a Treinta y Tres a compartir con su Intendente una preocupación sobre la Cuenca de la Laguna Merín. Entonces, cabe preguntarse si la Cuenca de la Laguna Merín es exclusivamente competencia departamental. ¿Cuál es el hilo conductor de la relación que se tiene en materia de política de frontera, de cuencas y de recursos con el Poder Ejecutivo? ¿Esto es competencia de un intendente aislado o de un alcalde? Hay que tener en cuenta que ese departamento es parte de la Cuenca. Entonces, ¿quién, de alguna manera, puede tener esa visión de coordinación de políticas públicas? Precisamente, no sería un coordinador que estuviera en todos los departamentos, porque de esa manera -coincido con la preocupación planteada por el señor Senador Larrañaga- se superpondrían en forma activa las competencias, lo que daría lugar a los celos tan típicos de un país como el nuestro, en el que las chacras institucionales generalmente prevalecen más allá de las competencias constitucionales.

Si vamos a hablar, por ejemplo, del recurso agua, de política ambiental o del acuífero Guaraní, cabría preguntarse si los va a manejar un solo departamento, un solo intendente.

En esa política de proyección que tiene que ver con la defensa nacional, la seguridad, la soberanía y la política exterior, en vez de tener un solo coordinador por departamento, es posible que sea apropiado pensar en alguien que fuera responsable y que incluso tuviera la posibilidad de coordinar y de acercar a determinadas partes. Eso sí, esta persona tendría bajo su responsabilidad la necesaria actividad de poner al tanto de estos temas al Presidente de la República y, como contrapartida, este debería liderarlo en lo que supone la ejecución racional de un proyecto estratégico de país. Este es el tema.

Entonces, si nosotros confundimos descentralización o regionalización con la coordinación de políticas públicas, quizás podamos estar hablando de superposición de competencias. Eso podría ser incompatible -esto lo veremos más adelante en el análisis del Presupuesto- con la instalación de 19 Coordinadores Regionales -uno para cada departamento- del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aquí sí se va a dar una superposición porque el Coordinador de ese Ministerio en cada uno de los 19 departamentos -con sus oficinas, su burocracia y todos los recursos que se les van a otorgar- quizás tenga una incompatibilidad o una visión distinta respecto de una coordinación un poco más elevada de determinadas visiones de infraestructura, de energía, de comunicaciones, de recursos naturales, de políticas de agua y de frontera, en fin, todo lo que ya sabemos.

En definitiva, sé que estos temas son opinables y, además, es muy respetable la opinión que todos podamos tener al respecto; inclusive, a veces pienso que uno debería hablar solo en serio, porque hacer bromas de carácter lateral puede terminar generando rispideces innecesarias. Sin perder el humor y el respeto, digo que esa visión de lo que significa una coordinación es un esfuerzo político que ha hecho nuestro partido, tal como decía el señor Senador Da Rosa. Planteamos nuestras discrepancias con un hecho irreversible como sería la creación de 18 Coordinadores Departamentales. Siempre existe la vieja opción del mal menor o de votar todo en contra porque somos oposición. En general, la oposición me resulta cómoda pero no me gusta ser oposición sin tener un fundamento adecuado, sin perjuicio de que habitualmente estos se discuten y son todos razonables y aceptables. Entonces, entendido el sentido de todo esto y volviendo sobre las políticas públicas, sobre la importancia de esta coordinación y la coexistencia con las otras autoridades en el ámbito nacional, quiero decir que creo que esta es una forma de experimentar la coordinación de carácter institucional que, en última instancia, quedará en manos del Poder Ejecutivo y, en particular, del Presidente de la República, quien en el futuro demostrará si es capaz de liderar, desde el punto de vista de su gerenciamiento, un proyecto de país que hasta ahora, se supone, interpreta la fuerza política que gobierna.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no entendí mal, el señor Senador Larrañaga propone separar la última oración del penúltimo inciso y poner un punto y aparte.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Así es, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si bien esa es una posibilidad, me permito sugerir que no se haga esta separación porque, en rigor, ese párrafo refiere al mismo tema y luego se pasa a otro. De todos modos, lo pongo a consideración del Senado.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En mi opinión, se trata de dos cosas diferentes: una es la prohibición de hacer política, establecida en el artículo 77 de la Constitución, y otra es la circunstancia de que, para poder ser candidato, deba cesar en sus funciones doce meses antes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Está muy claro que son dos cosas distintas pero refieren al mismo tema que es el de las inhibiciones, que están en un solo párrafo.

SEÑOR GALLINAL.- Una necesita mayoría de votos y la otra no.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, sugiero poner a votación la propuesta del señor Senador Larrañaga de separar con un punto y aparte antes de la oración que comienza: “Para poder ser candidato…”

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 86 con la modificación mencionada.

(Se vota:)

- 21 en 31. Afirmativa.

Señores Senadores y Senadoras: no es mi intención trasmitir ninguna actitud restrictiva ni mucho menos, pero estamos llegando a la hora 18 de la primera de tres jornadas de trabajo que tenemos disponibles para considerar todo el proyecto de ley de Presupuesto. Lo cierto es que todavía no hemos llegado al 10% del total de artículos. Digo esto para que todos saquemos conclusiones sobre la administración del tiempo disponible.

En consideración el artículo 89.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Creo que lo mejor es fundar el voto porque de esa forma no se genera polémica y, por tanto, no se alarga la discusión.

Simplemente quiero expresar que hemos votado en contra porque este artículo asigna una partida de $ 21:000.000, lo que para nosotros es una cifra muy elevada y entendemos que debe ser destinada a obras de carácter social y no a políticas de gobierno que no se sabe muy bien en qué consisten.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 90, cuya votación requiere mayoría absoluta.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Hemos votado negativamente este artículo, como habremos de votar del mismo modo otros de similar formato. Tal como adelantamos en la Sesión del día de ayer, no nos parece conveniente este tipo de disposiciones que se encuentran en abundancia en este proyecto de ley de Presupuesto, porque asignan partidas importantes y voluminosas para que el Poder Ejecutivo realice contrataciones temporales a la espera de reestructuras organizativas y de puestos de trabajo que no se sabe cuándo llegarán. En su momento, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, propusimos que se establecieran plazos para que, por lo menos, hubiera una definición temporal para la realización de estas reestructuras. Esa propuesta no prosperó y, francamente, nos parece inconveniente que se asigne tan amplio margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo para hacer efectivas estas contrataciones, para una situación provisional que no sabemos cuánto puede durar. En consecuencia, hemos votado este artículo negativamente y habremos de hacer lo mismo con todas las normas similares del Presupuesto, que son unas cuantas.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Brevemente, quiero recordar que se asignan $ 31:000.000 para los famosos “imprescindibles”. Con este artículo comienza la serie de “imprescindibles” que es una novedad en este Presupuesto en que se votan reestructuras que -ya se sabe- no van a finalizar. Por esa razón, se estima que se deben asignar fondos para este tipo de figuras. A nuestro juicio, esos 31:000.000 deben tener otro destino.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 91.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Presumo que las referencias que ha planteado el señor Senador Heber se van a reiterar en todos los Incisos -este artículo se repite en todos ellos- y por eso voy a desarrollar este argumento solo una vez.

Se ha previsto que las reestructuras lleven un tiempo y por eso se estima que se requerirá la incorporación de un mínimo de recursos humanos, los que aquí se califican de imprescindibles y que se prevén Ministerio por Ministerio, asignando partidas en cada caso. Me anticipo a decir que no estamos hablando de la incorporación de miles de personas a la Administración pública, sino que se trata de algunas decenas de personas que ingresarán a cada uno de los Ministerios, según los perfiles que se requieran para poder realizar los procesos de reestructura. Creo que es algo bastante ponderado y bien pensado, que requiere recursos limitados que están cuantificados y que para nada son excesivos. Además, este es un porcentaje ínfimo con relación a los volúmenes que estamos manejando en este Presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 91.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: como en la Comisión no hemos hablado de estos artículos, lo iremos haciendo a medida que se vayan considerando, reiterando que ello nos parece un exceso.

En este caso, se destinan $ 5:000.000 como compensación mensual por tareas especiales de mayor responsabilidad y horario variable. Según se desprende, están los imprescindibles y las tareas imprescindibles, razón por la cual no vamos a acompañar esto, que nos parece un derroche.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 92.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 26. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: lamentamos haber votado negativamente el artículo 92 porque en uno de los ítems se destinan $ 1:400.000 en premios para la Lucha Antidroga y Lavado de Activos. En realidad, esto lo hubiéramos votado con gusto, porque nos parece que ahí sí debemos gastar. Sin embargo, se destinan dineros a bienes de consumo que no sabemos a qué corresponden, como por ejemplo $ 29:000.000 a servicios no personales, $ 3:000.000 a gastos extraordinarios, siguiendo una lista en la que figuran combustible, lubricante, teléfono, agua, como si fuera una casa de familia. Por lo expuesto, no estamos de acuerdo con este artículo.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: quiero fundamentar el voto en este momento, particularmente, porque esta es la culminación de una serie de disposiciones por las que, en el Inciso 02 “Presidencia de la República”, el cargo de Director General de Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República pasa a denominarse Director General de la Presidencia de la República, a lo que habría que sumar los recursos que se destinan, entre los que se encuentran $ 31:000.000 para los imprescindibles, $ 21:000.000 para la parte de equipamiento informático, $ 5:000.000 para una partida anual que abarca otros aspectos, $ 51:00.000 en el que se incluyen servicios no personales por $ 30:000.000, más $ 5:500.000, para obtener, a nuestro modo de ver, la prueba más clara de lo que es un Presupuesto por Programa incremental. En realidad, bien podrían reasignarse estos ítems sin crear nuevos cargos y nuevas unidades ejecutoras a través de estas reestructuras que, al final, se convertirán en un gran instrumento de gasto y de incremento burocrático y de recursos de toda naturaleza que no nos parece lo más adecuado. Por eso votamos en contra, como lo haremos con todo este tipo de artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 93.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 94.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 99.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 100.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 101.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 102.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 103.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: voy a hacer un fundamento de voto colectivo, porque estos artículos crean la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, un órgano desconcentrado, y no estamos de acuerdo en seguir generando más temas de cooperación que se multipliquen en el Estado, con oficinas que se van superponiendo unas con otras. Los artículos anteriores no los acompañamos porque son gastos que a nuestro juicio se podrían ahorrar y darles mejor destino. No hemos acompañado ninguno de estos artículos por esas razones.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: que exista una Agencia dedicada a la cooperación internacional creemos que es un gran avance. Son ingentes los recursos que se pueden lograr y que se logran por cooperación internacional, de otros Estados, de agencias multilaterales, como de la llamada cooperación descentralizada de regiones. Muchos lugares de España, Italia y de otros países del mundo apoyan a gobiernos departamentales o regiones en nuestro país. Ahora está en desarrollo lo que se llama la Cooperación Sur-Sur; allí Uruguay está actuando mucho, por ejemplo, a través de las UPA en zonas de desastre o de grandes necesidades, como Haití, recibiendo a su vez otra forma de cooperación. Si todo esto no tiene una unidad que opere a nivel del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Relaciones Exteriores, se perderán fuentes muy importantes.

Corresponde agregar que hay una cantidad muy grande de becas que están utilizando uruguayos en Nueva Zelanda, China y otros lugares del mundo, y para ello tiene que haber una unidad. Esto antes estaba disperso y se perdían las oportunidades o se superponían las demandas, neutralizándose entre ellas. En definitiva, me parece que realmente es un avance.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 106.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 108.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 109.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 110.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 111.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 112.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 113.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 114.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Vuelvo a hacer un fundamento colectivo de los artículos 108 a 114.

A modo de constancia, digo que no nos pusimos de acuerdo en la Comisión y no los vamos a convencer en el Plenario. De todas formas, me parece importante dejar constancia de nuestro voto negativo.

Como no votamos las reestructuras, naturalmente, no acompañamos el artículo 108.

Por el artículo 109, nuevamente se destinan $ 10:000.000 a los “imprescindibles”, ya no en la Oficina de la Secretaría de la Presidencia, sino en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Parecería que ahí también hay “imprescindibles”.

Por otro lado, no votamos la creación de la Agencia y, por lo tanto, no acompañamos el artículo 110. Lo mismo ocurre con respecto al artículo 111.

En el artículo 112 se asigna dinero al Fondo de Cooperación Técnica Internacional, que no sabemos en qué va a ser usado.

Con relación al artículo 113 ya expresamos que no aceptamos la transformación de cargos especializados en cargos de confianza. Entonces, para ser coherentes, votamos en contra el artículo 113, al igual que el 114.

Estas son las razones por las que el Partido Nacional votó en contra de estos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 118.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- No voy a fundar el voto en forma colectiva respecto de estos artículos, porque cada uno de ellos es importante.

En lo que tiene que ver con la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua -URSEA-, entendemos que se concentra mucha información y, por lo tanto, poder, en la Presidencia de la República.

Por esta razón, hemos cuestionado en Comisión algunos de los artículos que siguen y, en consecuencia, los vamos a votar en contra.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 120.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 121.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- No hemos votado el artículo 121, como tampoco votaremos el 122. Entendemos que en ambos casos se recortan de manera innecesaria e inconveniente las facultades de la URSEA. Entendemos que el recorte es innecesario para sostener la definición política del Poder Ejecutivo en esta materia, según la cual a este le corresponde la definición de las políticas y a la URSEA, la regulación. Estamos de acuerdo con ese criterio, pero pensamos que para llevarlo a la práctica no es preciso el recorte de competencias y objetivos de la URSEA que se establece en los artículos 121 y 122. En ese sentido, hicimos algún planteo en la Comisión -y luego también fuera de ella-, pero no ha sido de recibo para la Bancada de gobierno. Por lo tanto, votamos negativamente ambos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 122.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Por las mismas razones y consideraciones que señaló el señor Senador Pasquet respecto a estos artículos, nosotros también los votamos negativamente. Creo que se restringen competencias a la Unidad Reguladora, desnaturalizándola. Por ese motivo, votamos en contra de estos tres artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 125.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 126.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 127.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

Se ha solicitado la rectificación.

Se va a rectificar la votación del artículo 127.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 128.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Respecto al artículo 125, hemos votado en contra porque establece $ 19:000.000 para la contratación de “imprescindibles”. Vayan llevando la cuenta; yo ya la hice. ¡Y después se nos cuestionan los números!

El artículo 128 también refiere a la contratación de “imprescindibles” y el artículo 132, que todavía no hemos considerado, también tiene que ver con lo mismo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 131.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 132.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 136.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 137.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 138.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Voy a fundar el voto de los artículos 136, 137 y 138. En ellos se disponen montos para realizar contrataciones, asignaciones de personal y otros servicios no personales, con lo que no estamos de acuerdo. Se trata de mucho dinero que podría destinarse, sobre todo, a gastos sociales, pero parecería que el Poder Ejecutivo no coincide con nosotros y prefiere hacer este gasto. Por lo expuesto, votamos en contra de esos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 140.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Voy a hacer una fundamentación genérica de los artículos que refieren a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Hoy hemos discutido mucho en materia de modalidades de ingreso a la función pública, de contratos, de registros de funcionarios y de los llamados funcionarios “imprescindibles”. Estos funcionarios están disponibles -mientras se procesa la reestructura- de acuerdo con las necesidades de los distintos Incisos. Para todo eso precisamos una Oficina Nacional del Servicio Civil jerarquizada y más fuerte. Creo que estos recursos son necesarios para obtener, no una oficina sino, en todo caso, un lugar que será la Dirección de los Recursos Humanos en el Poder Ejecutivo.

De modo que he votado afirmativamente estos artículos porque me parece imprescindible transformar la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 142.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 143.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 146, para el cual se presentó un texto sustitutivo.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Tal como adelantó el señor Presidente, el artículo 146 tiene un texto sustitutivo que figura en la hoja N° 1, aclaro que planteado por el señor Senador Larrañaga y apoyado por el Partido Nacional y el Partido Colorado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo sustitutivo que figura en la hoja N° 1.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 146.- Incorpórese el siguiente, como inciso final al artículo 91 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001:

“A los mismos efectos, toda remisión efectuada a la Dirección Nacional de Comunicaciones en leyes, decretos y resoluciones, deberán entenderse realizadas a la Ursec”.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Sugiero decir “Incorpórase” en lugar de “Incorpórese”.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: en la misma línea de hacer sugerencias de redacción, planteo cambiar “deberán entenderse” por “deberá entenderse”, ya que hace referencia a “toda remisión”.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 146 en su redacción original.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: en realidad, debe decir “deberá entenderse realizada” y no “deberá entenderse realizadas”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo del artículo 146 que figura en la hoja Nº 1, con las correcciones mencionadas en Sala.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 148.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: hoy habíamos desglosado este artículo con la idea de presentar un sustitutivo, pero vamos a sugerir su votación con el texto original.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, no hay texto sustitutivo para el artículo 148, sino para el 149.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 148.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 149 que, como fue dicho, tiene un texto sustitutivo en la hoja Nº 52.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Creo que fue mal proclamada la votación del artículo anterior, ya que no puede haber salido aprobado por unanimidad cuando personalmente voté en contra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación del artículo 148.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

Léase el sustitutivo del artículo 149 que figura en la hoja Nº 52.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 149.- Derógase el artículo 93 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001.”

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Me parece que merecemos una explicación por parte de la Miembro Informante o de algún señor Senador del oficialismo, ya que habíamos acordado el texto del artículo 149 por el cual se sustituye el artículo 93 y se establece que la Unidad Reguladora y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones asesorarán al Poder Ejecutivo. En esta nueva redacción simplemente se deroga el artículo 93 y no entendemos su alcance.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en la Comisión respectiva hicimos una serie de modificaciones y alcanzamos ciertos acuerdos sobre algunos artículos en función de un planteo del señor Senador Larrañaga. Ocurre que allí quedaron cosas contrapuestas. Es así que la formulación que damos a la disposición que sustituye el artículo 93 -que en el texto anterior tenía la función de asesorar al Poder Ejecutivo- es menos detallada en lo que tiene que ver con lo que hace a la competencia del Poder Ejecutivo, del Ministerio, de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y de la Ursec. En tanto en ese artículo de la Ley Nº 17.296 está establecido todo lo relativo a la Ursec y lo sustituimos a través de una norma en la que decimos cuál es la potestad de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, parecía más lógico que las facultades de dicha Dirección se mantuvieran en los artículos que acordamos, entre ellos el 415 y el 416 del proyecto de ley de la Cámara de Representantes. En ese sentido, al establecer que la Dirección Nacional de Telecomunicaciones asesora -eso se fue negociando palabra por palabra-, no parece lógico que en la ley de la Ursec haya un artículo que vincule a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, cuando en este Presupuesto estamos determinando, detalle por detalle, cuál es la potestad de dicha Dirección. Es así que se nos hizo ver por parte del Poder Ejecutivo que lo mejor es no incluir las potestades de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones en la ley de la Ursec y suprimir el artículo, tal como estamos proponiendo, dado que existe una relación taxativa de las facultades de dicha Dirección.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: los integrantes de la Comisión recordarán que este punto fue motivo de una ardua discusión y negociación en la que participamos Senadores de todos los partidos políticos. Luego de superar enormes dificultades, llegamos a un acuerdo para modificar los artículos 145, 146, 147, 149 y 150. Todos buscábamos preservar las facultades reguladoras que, en este caso, tiene la Ursec. Creo que la propia ley de la Ursec ya se remitía a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Lo único que hicimos en el proyectado artículo 149, que sustituía el artículo 93 de la Ley Nº 17.296, fue agregar “asesorar al Poder Ejecutivo en la” y luego seguía como estaba.

Más allá de las funciones específicas y detalladas que muy bien relata el señor Senador Michelini, me parece -y es un planteo que estamos haciendo- que debería mantenerse, porque para nosotros ambas unidades, la Dinatel y la Ursec, tienen la característica -que es de origen legal- de asesorar al Poder Ejecutivo. Francamente, creo que no hay una contradicción entre este artículo 149 y el anterior, que detalla las competencias específicas de la Dinatel. La remisión a la Dinatel ya figuraba en la ley de la Ursec.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto, aunque ya culminé mi intervención.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En primer lugar, señor Presidente, hubo un acuerdo, y quienes firmamos esta modificación en ningún momento pensamos que lo violentaría. Aunque todavía no hemos llegado a considerar el artículo 421 propuesto, voy a dar lectura a su numeral 4), que fue elaborado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Y expresa: “Asesorar al Poder Ejecutivo en las políticas y criterios”, etcétera. Por su parte, el artículo 93 de la Ley Nº 17.296 -que estamos derogando mediante el artículo 149- dice: “La Ursec ejercerá todos los cometidos que las distintas leyes, decretos y resoluciones establecieron de cargo de la Dirección Nacional de Comunicaciones,” -la vieja Dirección Nacional de Comunicaciones- “pudiendo ejercer todas las facultades determinadas en los mismos, por lo que toda remisión efectuada en dicha normativa a la Dirección Nacional de Comunicaciones deberá entenderse efectuada a la Ursec”. Como este artículo estaba vinculado con la Ursec, el señor Senador Larrañaga nos advirtió que si borrábamos la última frase la dejábamos sin recursos, pero los acabamos de votar en el artículo 146. A renglón seguido, en el artículo 149 sustituíamos el artículo 93 por el siguiente: “Sin perjuicio de los cometidos asignados por la presente ley a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, son competencias de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación”, etcétera. Quiere decir que estábamos hablando de la Ursec y se nombraba a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que fue creada por otra ley. Acordado el texto, lo incluimos en el artículo 421. Podíamos dejarlo tal como estaba, pero los asesores del Poder Ejecutivo nos aconsejaron que, por buena técnica legislativa, dejáramos la ley de la Ursec para la Ursec y lo mismo con la de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.

Sinceramente, agradecemos al señor Senador Larrañaga su señalamiento porque si él no hubiera puesto énfasis en la última frase del artículo 93, el 1º de enero tendríamos un lío con los recursos de la Ursec.

Reitero: en ningún momento pensamos que, en la medida en que el artículo 421 quedaba, se violentaría el acuerdo al que se llegó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Como ya expresé, he finalizado mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 149 en su texto original.

(Se vota:)

-0 en 28. Negativa.

Se va a votar el texto sustitutivo del artículo 149.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 153.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- No hemos acompañado el artículo 153, relativo a la clasificación de información, porque consideramos que aumenta el poder y la centralización de la información en la Presidencia de la República, con lo cual no estamos de acuerdo. Hemos advertido de esta situación durante el tratamiento del Presupuesto. Vemos que hay una excesiva concentración y centralización de poder en la Presidencia de la República y, reitero, estamos en contra de ello.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Hemos votado negativamente este artículo y lo mismo haremos con el siguiente, ocasión en la que pediremos la palabra, no para fundar el voto, sino para debatir acerca de él porque nos parece que es un tema importante.

La Ley Nº 18.381, sancionada en el período anterior, fue positiva en tanto representó un paso importante en el camino de la transparencia y la democratización de la información. Una de sus disposiciones establecía, razonablemente, un elenco de causales de reserva de la información y ponía un plazo para su aplicación, lo cual tiene una función importante en la economía de la ley. Si una persona va a pedir cualquier información y desde la administración se le puede responder en cualquier momento que esa información es reservada, se desvirtúa el sentido y la finalidad de la ley. La administración tiene que hacer de antemano, a priori, una lista de la información que es reservada, para después oponer válidamente la excepción de información reservada cuando se la pidan. Por este motivo, la ley pone a la administración un plazo de un año para completar la clasificación de la información, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Nº 18.381, sancionada en octubre de 2008. Ya han pasado dos años -no uno solo- y ahora esta norma prorroga el plazo hasta el 31 de julio de 2012 a los efectos de componer el elenco de información reservada. Obviamente, debió haberse cumplido con el plazo, pero como ello no se hizo, ante el hecho consumado está bien que se establezca una prórroga; sin embargo, no compartimos que sea de un año y medio cuando ya han transcurrido dos y el plazo original era de un año. Francamente, esto nos parece excesivo e inconveniente y por eso no hemos votado la disposición.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Concordamos con los fundamentos expresados por el señor Senador Pasquet. Además, queremos manifestar que si hay algo que no tiene absolutamente nada que ver con la materia presupuestal son, justamente, estos artículos. Si se quiere discutir sobre un tema tan delicado como el manejo de la información -a este respecto se sancionó una ley en el período pasado-, estas disposiciones deberían haber sido enviadas en un proyecto de ley aparte. A quienes en algún momento criticaron las leyes de Presupuesto llamándolas “leyes ómnibus”, les decimos que estamos frente a un pasajero que no debería estar en ese ómnibus; creemos que no le hace nada bien a una ley que refiere a un tema tan delicado como el manejo de la información, que haya modificaciones de esta naturaleza en el Presupuesto Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 154.

Tiene la palabra el señor Senador Pasquet, quien ya había pedido la palabra al fundamentar el voto del artículo anterior.

SEÑOR PASQUET.- Reitero que me parece de especial importancia todo lo que tenga que ver con la Ley Nº 18.381, Derecho de Acceso a la Información Pública que, a mi juicio, fue una de las más positivas e importantes que se sancionaron en el período pasado.

El artículo 34 establece que los sujetos obligados por ella disponen de un plazo de dos años para adecuar sus registros, durante el cual no serán pasibles de sanciones en caso de denegación de acceso fundada en la imposibilidad de ubicar la información. Quiere decir que si una persona requería a cualquiera de los sujetos obligados por esta ley que le brindase cierta información, se preveía que durante dos años a partir de la promulgación de esta ley el sujeto obligado pudiera defenderse diciendo que no había podido ubicarla. Esto parece perfectamente razonable para una ley que en su momento fue muy novedosa, por lo que había que dar un tiempo a la Administración para prepararse a los efectos de su aplicación.

Ahora bien, los dos años ya pasaron y, por este artículo 154 de la Ley de Presupuesto, estamos estableciendo un nuevo plazo de cuatro años durante el cual el sujeto requerido podrá defenderse diciendo lo mismo, es decir, que no brinda la información porque no ha podido ubicarla. Adviértase la absoluta generalidad de la excepción; no se trata de decir -como en el caso anterior- que la información es reservada, porque hay un elenco taxativo de causales para declarar reservada la información, lo que tiene ciertos límites; por más taxativo que sea, se puede interpretar y siempre hay un margen de discrecionalidad en la aplicación de esto. En cambio, la excepción de decir “no se ubicó la información” es ubicua, en el sentido de que puede hacerse jugar en cualquier momento. O sea que constituye una especie de comodín que tiene la Administración; si no quiere dar una información, dice que no la puede ubicar. Prácticamente llegamos a la conclusión de que la Administración da la información si quiere, lo cual desvirtúa absolutamente el propósito, el sentido y la finalidad tan encomiables de esta Ley Nº 18.381. Nótese que en algunos casos puede tener sentido pensar que es necesario establecer un plazo muy amplio para que la Administración ubique la información, disponga de ella y esté en condiciones de aportarla a quien la solicite. Si a un investigador, por ejemplo, con fines académicos se le ocurre pedir ciertos datos de hace veinte, treinta o cuarenta años en cualquier Ministerio o Intendencia, es muy razonable pensar -teniendo en cuenta las más débiles- que la Administración tenga dificultades para organizar toda esa información que obra, de pronto, en vetustos libracos archivados en quién sabe qué depósitos. Sin embargo, la forma en que esto se establece acá es de absoluta generalidad; puede ocurrir que alguien solicite información por hechos de hace seis meses o un año y le respondan lo mismo: “no hemos podido ubicarla”.

No olvidemos que se dispone de cuatro años para contestar, porque esto no se declara con efecto retroactivo a la fecha de sanción de la ley, sino que se sustituye un artículo por otro y los cuatro años corren desde que entra en vigencia esta Ley de Presupuesto. O sea que desde 2011 hasta 2015 se podrá hacer valer la excepción de la información no ubicada. Francamente, me parece excesivo y dudo que en el propósito del Poder Ejecutivo y de los proponentes haya estado el establecer márgenes tan amplios durante los cuales la Administración se reserva el derecho de informar o no, en definitiva, si quiere.

¿Cómo se controvierte este tipo de excepción, donde la información “no se ubica”? Sabemos que esta Ley Nº 18.381 tiene un valioso e importantísimo componente, que es la garantía jurisdiccional. Si la Administración no aporta la información, quien la pide puede acudir al Juez y reclamar que la obligue a brindar lo que se le solicita. El Juez tendrá que controlar si se cumplen o no los supuestos en virtud de los cuales la Administración podría eventualmente denegar la información solicitada. Supongamos que esgrime alguna de las causales indicadas taxativamente entre las causales de reserva de la información, como por ejemplo, que hay razones de seguridad por las cuales no la puede brindar. Eso lo puede controlar el Juez; se equivocará o no, será más o menos fácil el control pero, de alguna manera, será objetivo. El Juez puede estimar que realmente la información pedida tiene que ver o no con la seguridad. Pero si la causa que puede esgrimir la Administración para no brindarla es que no la ubica, ¿qué control puede ejercer el Juez? Ninguno; tiene que estar a lo que la Administración le diga. Si le dice “no encontré la información”, pues paciencia; quien la pida tendrá que volver a su casa con las manos vacías.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PASQUET.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- En la misma línea de razonamiento del señor Senador Pasquet, debo decir que nos estamos ubicando en un nuevo órgano desconcentrado que va a depender de la Presidencia de la República y tendrá cinco miembros. Todavía no he podido ver la distinción entre un representante de la Presidencia de la República y tres miembros designados por el Presidente de la República; creo que los cuatro son representantes del Presidente de la República.

Cuando este órgano desconcentrado se maneja dentro del marco de la ley a que se refiere el señor Senador Pasquet y habla sobre los sujetos obligados en el ámbito de lo que es la información reservada, dando esta discrecionalidad al Poder Ejecutivo -es decir, a la Presidencia de la República en la esfera institucional, con su integración-, lo que hace es manipular los derechos que tiene el ciudadano de recabar una información por parte del Poder Ejecutivo o de la Administración. Por lo tanto, es más grave todavía, no solo por los artículos aislados, sino porque esta disposición está incluida en la visión institucional de un órgano desconcentrado con esta integración y, además, porque dispone -como dice la ley- de autonomía técnica para funcionar.

En consecuencia, más allá de que con relación a esto existan motivos de carácter político -que podrán ser compartidos o no-, debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, que esto tiene la fragilidad -incluso jurisdiccional- de transmitir una gran debilidad al administrado respecto de los derechos que le otorga la Ley Nº 18.381.

Trato de acompañar la interpretación del señor Senador Pasquet porque, sin perjuicio de lo establecido en el artículo, se trata de un tema de carácter institucional y de visión política.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: a mi juicio, si se quiere establecer una prórroga para el plazo que estamos refiriendo, primero tendría que estar limitado y, segundo, debería distinguir entre distintos tipos de información. Reitero que una cosa es la información de tiempos remotos, de hace veinte, treinta o más años, y otra es la de hace meses o un año. Si no se establece distinción alguna, la Administración puede jugar este comodín -como lo he llamado- toda vez que no quiera brindar los datos que se le pidan.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Da Rosa.)

-En definitiva, de sancionarse esto tal como está, implicaría poco menos que borrar con el codo lo que tan bien se escribió en el período pasado y representó -sin duda- un gran avance en esa transparencia democrática que todos queremos para nuestro país.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Eber Da Rosa).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: la ley a la que le estamos introduciendo algunas modificaciones, tal como se dijo aquí, fue muy importante. Además, fue muy discutida y llevó muchos meses de trabajo en la Comisión respectiva. Recuerdo -porque tuve oportunidad de participar en esa discusión- que fue muy difícil fijar los plazos de adecuación, porque era algo totalmente nuevo para la lógica del país. Evidentemente los archivos y los registros no estaban preparados para lo que establecía esta ley, y esa es una de las razones por las que se pide la prórroga. Cuando se organiza un archivo o un registro para este tipo de acceso, debe existir una lógica determinada.

(Ocupa la Presidencia el señor Danilo Astori.)

-Por otro lado, señalo que como estamos modificando la ley, en realidad los cuatro años empezarían a regir a partir de 2008 y se extenderían hasta 2012, o sea que no es a partir de la vigencia de la Ley de Presupuesto.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GAMOU.- Seré muy breve, tal como el señor Presidente lo ha solicitado.

La señora Senadora Topolansky tiene razón. Como a la hora de aprobar una ley son muy importantes las discusiones en Comisión y en el Plenario, la misma inquietud manifestada por el señor Senador Pasquet fue planteada a los representantes de la Presidencia, y efectivamente, como bien expresó la señora Senadora Topolansky, por tratarse de la sustitución de un artículo, en realidad esto vence el 17 de octubre de 2012.

Queríamos dejar esta constancia porque se trata de un punto que fue claramente establecido por los representantes de la Presidencia de la República cuando concurrieron a la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 154.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 155.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: hemos votado negativamente este artículo y procederemos de la misma manera con otros que vienen a continuación y modifican disposiciones de la Ley Nº 18.331, de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas data. Lo hemos hecho no por consideraciones que tengan que ver con el fondo de cada disposición que se modifica, sino porque nos parece que esta no es una norma para ser modificada mediante una Ley de Presupuesto. Además, hay una razón constitucional y formal para ello.

Todos sabemos que en las Leyes de Presupuesto no deberían introducirse normas ajenas a su contenido que no sean necesarias para su aplicación y ejecución. Pero, más allá de esta razón formal -absolutamente válida, aunque poco respetada por la tradición legislativa del país-, hay una razón de fondo. La Ley Nº 18.331 es una norma importantísima, que regula un aspecto cada vez más relevante, como es la protección de la intimidad de los datos personales. Creemos que todo lo que tenga que ver con eso merece una cuidadosa atención legislativa. Quizás en una Sesión como esta, en la que estamos sobrecargados de trabajo, inspirados por las musas podamos encontrar las mejores soluciones, pero dudo que sea así porque es evidente que no estamos en clima ni en situación para hallar respuestas meditadas, afinadas y enriquecidas por el debate y el aporte de todos los Legisladores. En estas condiciones me parece profundamente inconveniente modificar una ley de esta importancia, que tiene que ver con derechos individuales singularmente relevantes. Lamento que otra conquista del período anterior pueda verse afectada y estropeada por legislar sobre ella en ocasión de sancionarse una Ley de Presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 156.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 157.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 158.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 159.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 164.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: sobre el final del primer inciso estaría faltando una coma, que debería agregarse después de: “Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales”, y luego la frase continuaría: “del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública y del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Certificación Electrónica”, etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 164, con la modificación propuesta por el señor Senador Gamou.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 165.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: a modo de fundamento de voto colectivo, diré que el Partido Nacional no acompañó los artículos 158 y 159 por razones obvias, ya que nos opusimos -tal como fue manifestado por el señor Senador Abreu y quien habla- al artículo 153, que tiene relación directa con ellos.

A su vez, votamos negativamente los artículos 164 y 165, que establecen $ 40:000.000 para los “imprescindibles”, que siguen apareciendo muchísimo en este Presupuesto. Parecería ser que todo el personal de Presidencia es imprescindible, o “inmortal”, según me agregan. Lo cierto es que no creemos que este gasto se justifique y por eso hemos votado en contra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hemos finalizado la consideración del Inciso 02 “Presidencia de la República”.

Se pasa a considerar el Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”.

Se oyen las propuestas de desglose.

SEÑOR HEBER.- Vamos a solicitar el desglose de los artículos 176, 177, 183, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 199 y 205.

SEÑOR AMORÍN.- Por nuestra parte, agregamos los artículos 166, 174, 175, 178 y 179.

SEÑORA DALMÁS.- Solo pediríamos el desglose del artículo 196, que ya fue solicitado por el Partido Nacional.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: me gustaría realizar una serie de consideraciones generales sobre el Inciso 03.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador podrá hacerlas al considerarse los artículos en particular; por supuesto que la Mesa le dará la palabra, para que exponga los fundamentos del caso. Si el señor Senador está de acuerdo, en oportunidad de tratarse el primer artículo desglosado, podrá disponer del lapso necesario para realizar esas consideraciones generales.

SEÑOR PENADÉS.- De acuerdo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos del Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, que no fueron desglosados.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 166.

Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: vamos a votar afirmativamente este artículo, pero también queremos realizar una serie de apreciaciones que creemos importante plantear en el Senado de la República, producto de la situación por la que atraviesa el Inciso de que se trata.

En el período pasado votamos una nueva ley de defensa nacional con la esperanza -que aún mantenemos- de que el tema ingresara en la agenda política con una consideración diferente a la que había tenido -quizás, producto de las situaciones coyunturales que le había tocado vivir al país-, es decir, de ser un factor de ajuste presupuestal.

Las Fuerzas Armadas de nuestro país -especialmente el Inciso 03- han padecido durante sucesivas Administraciones una situación de pauperización y han llegado a un punto límite tal que, si no prestamos especial atención, con toda seguridad vamos a pagar muy caro sus consecuencias.

En este Presupuesto, que se pasa de un gasto de US$ 9.000:000.000 a US$ 12.000:000.000 en el quinquenio, el Inciso 03 es apenas atendido. Debemos partir de un dato que no es menor, señores Senadores: el 70% de los funcionarios que revisten en este Ministerio, militares o no, se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Al respecto, no quiero llegar a pensar que existe una especie de animadversión hacia esta Cartera -producto de que en ella están las Fuerzas Armadas- que lleva a que no merezca una atención especial del Poder Ejecutivo, en un momento en que hay una expansión en el gasto del Presupuesto que lleva a algunos señores Senadores del gobierno a manifestar que es el más grande en la historia del país.

Cuando se habla del Ministerio de Defensa Nacional, muchas veces se dice para qué se tiene tal o cual cosa, pero lo importante es decir lo siguiente: en su composición presupuestal, el 80% de los rubros se destina a pago de salarios y, reitero -porque no es un dato menor-, el 70% del personal se encuentra por debajo de los niveles de pobreza.

Debemos reconocer que el artículo 166 otorga un aumento al personal de $ 2.000 en el quinquenio y, con toda seguridad, alguien está pensando en revertir mis argumentos diciendo que hay otros artículos que habilitan la posibilidad de nuevos aumentos a través de procesos de reestructura como consecuencia de la generación de vacantes. Sin embargo, me permito decir que es al único Ministerio al que se le dice que la mejora salarial de sus funcionarios debe darse como consecuencia de la reestructura que el mismo debe llevar adelante, ya que a todos los demás Incisos, a través de los “imprescindibles”, de las reestructuras y de una financiación, se les permite hacer una paulatina mejora. Tanto es así que el salario mínimo de los funcionarios públicos es llevado a $ 14.000, salvo para el personal de las Fuerzas Armadas, que es justamente al que el gobierno recurre para tratar de solucionar una situación que lo ha desbordado, que es el ingreso a las cárceles de drogas u otras cosas. Además, lo que está reconociendo el gobierno no es que por falta de personal no puede solucionar estos problemas, sino que se debe a cuestiones mucho más complejas. De todas maneras, no vamos a discutir aquí este tema porque ya lo fue en el momento de su consideración.

Debemos ser conscientes de que vamos a encomendar esta tarea a un personal subalterno que gana en torno a los $ 10.000 -me dicen que se trata de $ 7.000, pero si se agrega una serie de beneficios se llega a esa cifra- y al que le vamos a dar $ 2.500 en el quinquenio. Luego podrá haber otros aumentos, pero están atados a otras circunstancias que tendrán consecuencias para las Fuerzas Armadas. Aquí se ha empezado a hablar irresponsablemente de la disminución del personal, siendo también esta una política de ajuste. Ante la ausencia de definición de roles y de la misión que se quiere encargar a cada una de las Fuerzas, no podemos saber si necesita más o menos personal. Se está empezando a tratar el tema al revés; en lugar de definir qué Fuerzas Armadas queremos, decimos cuánto personal subalterno menos debería tener en el quinquenio.

Reconozco que estos temas son tremendamente extraños para los civiles, quienes creen que se trata solo de un problema de sumatoria, de que si se ponen menos soldados en un lugar y más vacantes en otro se puede lograr un resultado. Sin embargo, en la organización de las Fuerzas Armadas estos temas tienen que ver con el alistamiento y con el cumplimiento de la misión asignada. Por ejemplo, en el año 1995 había 342 Capitanes Jefes de Sección -siendo la Sección la célula de la organización militar, que está compuesta por un Oficial, dos Suboficiales y diecisiete personal subalterno- y en el 2009 había 217, es decir, 137% menos, lo que ha llevado a un alto nivel de pauperización. Además, quien crea que esto genera economías, se equivoca, porque estamos formando Oficiales que pasan a retiro poco tiempo después de tener causal jubilatoria, y todos saben que cuando un Oficial se retira lo hace con un salario mayor que el que percibe en actividad. Lo cierto es que en la Fuerza Aérea dentro de poco tiempo habrá plataformas aéreas, aviones, que no podrán operar por falta de tripulantes, y que en las unidades de la Armada Nacional se hace difícil alistar tripulaciones para el cumplimiento de una de las misiones básicas que el poder político le asigna, que es custodiar el mar territorial.

Por otra parte, creo que aquí hay un mensaje muy contradictorio del Poder Ejecutivo, que ha generado el pase masivo a retiro de Oficiales superiores. No se trata de cualquier funcionario público que pasa a retiro, sino de hombres y mujeres profesionales y capacitados durante décadas que deciden tomar esa opción. Para que todos sepan, señor Presidente, en lo que va de este año han pasado 70 coroneles a situación de retiro. Quien crea que eso además genera una economía, se equivoca doblemente, en primer lugar, porque esos coroneles en situación de retiro empiezan a cobrar un salario de general y, en segundo término, porque hay que ascender a más tenientes coroneles para llenar las vacantes. Ahora bien, esto está sucediendo no solo en el grado de coroneles. En la Fuerza Aérea se está dando una situación inédita: se van de baja oficiales que todavía no tienen causal jubilatoria debido al desánimo generalizado y a la rebaja sustantiva en las horas de vuelo. Todo oficial que ingresa en las escuelas de formación de oficiales en nuestro país sabe que no se va a hacer millonario, pero la situación es mucho peor si a esto le sumamos una crítica permanente, una situación social acusatoria -que a esta altura es totalmente incomprensible porque no tienen responsabilidad alguna sobre los aciagos sucesos ocurridos durante las décadas del 60 y 70-, que no pueden volar o desarrollar sus capacidades y que se les hostiga permanentemente por la ausencia de directivas claras de hacia dónde se quiere ir.

La capacitación que brinda el Estado a estos oficiales cuesta millones de dólares; por ejemplo, preparar a un alférez de la Fuerza Aérea cuesta más de US$ 2:000.000. A su vez, la situación del personal subalterno es mucho más compleja aún porque se capacita a soldados, por ejemplo, en la Escuela Técnica de Aeronáutica, en la Escuela de Especialidades de la Armada, y una vez que egresan, el sector privado les ofrece un salario un poco mayor y los roba -dicho esto entre comillas-, sabiendo que, por su capacitación, estos funcionarios pueden prestar servicios en ese ámbito.

Es así, señor Presidente, que vamos a votar afirmativamente este artículo porque lo reconocemos como un pequeño avance, aunque el Partido Nacional había presentado un aditivo para mejorar esta situación en $ 1.000. De todos modos creo que se comete un error que deberemos corregir en las próximas Rendiciones de Cuentas. Aspiro a que el señor Ministro Rosadilla -con quien tengo una relación especial de consideración y creo que es un hombre bien intencionado- pueda enfrentar esta situación, que ya ha dejado de ser un tema menor para pasar a tener una importancia nacional. Por un lado, queremos que los militares cumplan las funciones que les corresponden, que no son pocas: por ejemplo, la custodia del mar territorial, del espacio aéreo, de las fronteras, etcétera. Confieso que no entiendo cómo profesionales, a quienes la Universidad de la República reconoce titulación universitaria, en muchos casos terminan ganando menos que lo que percibe el personal que con escasa formación reviste en algunas dependencias estatales.

Vamos a decir las cosas como son. Tenemos que ponernos a trabajar en un tema central, que está afectando directamente a uno de los principales Incisos de la Administración Central, porque el Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, el Inciso 04 “Ministerio del Interior” y el Inciso 25 “ANEP” son los tres mayores de la Administración pública y los que concentran la mayor cantidad de funcionarios. Entonces, si no les damos la atención que deben tener y una mejora indiscutida en los salarios -vamos a reconocer que en este sentido ha habido un avance; al principio se pensaba solo en el personal subalterno y ahora, a partir del año 2012, se va a intentar dar un aumento a los oficiales-, la situación va a ser absolutamente incontrolable para nuestro país y los perjuicios van a ser muy grandes. Si vamos a destinar seiscientos efectivos, entre personal subalterno y oficiales, para la custodia de las cárceles, y tenemos más de tres mil soldados en las misiones de paz, bastaría recorrer las unidades militares del interior para comprobar que la situación, en cuanto al personal, es totalmente insostenible.

Entonces, discutamos en serio el tema para poder, en estos cinco años, componer una estrategia a fin de lograr lo que queremos del Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”. Además, los mensajes son bastante contradictorios. Por un lado, en este mismo Inciso se dice que se va a aumentar en $ 2.500 los salarios de los soldados y, por otro, se crean cargos de particular confianza por todas partes. Eso es contradictorio con lo que debería ser la atención de este Ministerio. Lo digo, señor Presidente, porque en el Partido Nacional existe una gran preocupación a este respecto. Reitero que nos hemos hecho una falsa idea. Hay que recorrer las unidades para ver a los soldados picando guardia de championes o uniformados con chancletas. Hay que ir a Sanidad Militar para comprobar que el 70% de quienes se atienden allí son tan pobres como los que van al Hospital Maciel o al Pasteur, y no logro entender por qué a unos se les da y a otros no. No quiero pensar que no se les da porque son militares, pero realmente esta situación es injustificada y está afectando los intereses nacionales en forma muy sensible. Y en este tema la sensibilidad está asociada nada más ni nada menos que con los más altos intereses nacionales. Además, hacia el futuro esto está teniendo una lectura más complicada que la de quienes se van a dedicar a ingresar a la carrera militar. Debemos saber que de la última promoción de la Escuela Militar egresaron 48 Alférez. Esta situación es absolutamente insostenible, porque estos hombres son los que van a ser destinados a las distintas unidades militares a comandar las secciones o a integrar secciones comandadas por Capitanes.

En definitiva, creo que en el tema salarial se ha cometido una gran injusticia y en el futuro vamos a tener que trabajar para corregir la situación actual, que es más que delicada. Y no hablemos de la inversión -tema al que nos referiremos en otros artículos- porque también la situación es muy comprometida. Considero que debemos trabajar para mejorar y mucho el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Nosotros compartimos lo expresado por el señor Senador preopinante. Entendemos que el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional es muy exiguo y no contempla siquiera algunos compromisos asumidos por el señor Ministro y por el propio Presidente de la República en cuanto a la recuperación salarial de los funcionarios públicos peor pagos de este país. Además, la estructura del presupuesto no solo es deficitaria o insuficiente en materia de salarios, sino que rebaja en un 40% el monto de inversiones de este Ministerio. Esa cifra ya era baja, pero con esta disminución pasa de US$ 36:000.000 a US$ 22:000.000. Estamos hablando apenas del 5% del Presupuesto. Entonces, realmente no sé cómo nuestras Fuerzas Armadas van a cumplir con su misión, que no es menor. Supongo que las queremos para defender nuestra soberanía, nuestro territorio continental, nuestro espacio aéreo y marítimo y la riqueza ictícola del país y para ello necesitan tener material. Aunque retuviéramos al personal -cosa imposible, diría yo, en estas condiciones, como lo ha expresado el señor Senador preopinante- y dispusiéramos del mejor personal militar, no podrían cumplir con sus funciones porque no tienen cómo hacerlo, en la medida en que carecen de aviones, lanchas, material de desplazamiento, etcétera. Tampoco se va a mantener el número de efectivos. Hay una reducción prevista de 6.500 vacantes, esto es, un 26% del total de efectivos de las Fuerzas Armadas. Se argumenta que habrá menos efectivos pero mejor pagos. Podríamos hasta compartir esa idea, pero para ello necesariamente es previa la planificación, la definición de qué tipo de Fuerzas Armadas queremos y cuál es el número ideal de efectivos. No se puede comenzar por reducir el número de efectivos para después ver qué se va a cerrar, porque con un 26% menos, algunas de las funciones que hoy cumplen muchas de las unidades deberán dejar de prestarse o redistribuirse. Nos llama mucho la atención que mientras se propone una reducción de 6.500 vacantes al barrer, como una manera sacrificada para generar recursos con la finalidad de mayores aumentos salariales, se crean cargos o se amplían compensaciones. Si hacemos una rápida suma de las nuevas partidas que se destinan, el resultado es de 124:000.000, que es exactamente la suma que se podría destinar a esas 6.500 vacantes. Teniendo en cuenta que muchos de esos cargos que se crean en este proyecto de ley de Presupuesto son de particular confianza y técnicos, que por supuesto son civiles, la duda razonable que planteamos es si de esta manera se está cambiando militares de línea por civiles administrativos, lo cual obviamente sería muy grave.

En este proyecto de Presupuesto se establece un salario mínimo de $ 14.400 para los funcionarios públicos. Me pregunto, ¿por qué a las Fuerzas Armadas no se les da el mismo tratamiento? En este Presupuesto se crean 55 cargos, un número indefinido a discreción de partidas especiales, 8 cargos de particular confianza y se destinan $ 8:000.000 para adscriptos al Ministro. Algunos de estos cargos se establecen para cubrir o sustituir a militares que durante toda su vida realizaron una correcta administración con su salario de General u Oficial, como es el caso del Director Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, que es la unidad de atención en la salud más eficiente del país, teniendo en cuenta el cálculo del gasto por paciente. ¿Se sustituye por un cargo de particular confianza, es decir, por un civil? ¿Es necesaria la creación de esos cargos?

El capítulo de las Fuerzas Armadas es especialmente dañado en este proyecto de ley de Presupuesto, entre otras cosas, porque se reducen en un 4% los recursos, si tomamos como referencia los que tenía asignados en el período 2005-2010. Esta Dirección elevó al Ministerio ocho propuestas de las cuales seis no tenían ningún costo, pero, tal como sucedió en el seno de la Comisión, ni siquiera fueron atendidas.

Se han eliminado los cargos equiparados en Sanidad Militar, que durante muchos años permitió atender a sus usuarios con técnicos y médicos, tema sobre el que tampoco hemos recibido una respuesta coherente, o una explicación satisfactoria. Esto significa que en Sanidad Militar se pierden 250 vacantes de cargos técnicos.

Incluso, se han dispuesto una cantidad de actos administrativos que atentan contra el buen funcionamiento de esta Dirección que atiende a 140.000 pacientes de todo el país que, como bien se ha dicho, se trata de personas muy humildes y de escasos recursos, que recibían una atención de primera calidad.

Señor Presidente: el Partido Colorado va a acompañar con su voto el artículo 166 porque no va a votar en contra de un aumento, aunque, repito, consideramos es absolutamente insuficiente. Es más, el señor Ministro se comprometió en la Comisión de la Cámara de Representantes y ante los Comandantes de las Fuerzas Armadas, a otorgar un aumento de $ 3.000 para las categorías de Soldado de 1ra. y de Alférez, pero esto tampoco se ve reflejado en el presente Presupuesto. Este es otro punto que nos preocupa, al que se agrega que solo se establece un aumento de $ 2000 para el período 2011 a 2014 y un monto de $ 500 con posterioridad que, de acuerdo con la cláusula gatillo aprobada, ante cualquier dificultad podría no efectivizarse.

Por lo tanto, vamos a votar afirmativamente dejando la constancia de que el aumento salarial otorgado a las Fuerzas Armadas es absolutamente insuficiente.

Muchas gracias.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: una vez más voy a referirme al pronunciamiento presidencial realizado el 1º de marzo. Como dije anteriormente, le asigno una gran importancia a este discurso, que además fue leído, o sea, estaba escrito, lo que le da el carácter de documento. Hay tres documentos que debemos tener en cuenta: el discurso presidencial, el Presupuesto -como concreción o no de las metas- y las Rendiciones de Cuentas del Presidente o el mensaje que brinde cada 1º de marzo. Reitero: me gustó mucho -creo no ser el único en el Uruguay- el discurso del señor Presidente. Fue audaz, valiente, empírico, concreto, rompió moldes de su propio sector político. Me pareció ver a un hombre dispuesto a ser transgresor aun de los propios esquemas programáticos del Frente Amplio. En un momento de su exposición, señaló: “No quiero olvidarme de nuestros pobres de uniforme.

Las FF. AA. llenas de pobres, van a ser parte del Plan de Emergencia Habitacional y vamos a movernos rápido para aliviar en algo la penuria salarial que las aflige”.

Los que hemos estado en algún momento al mando de la Administración -el señor Presidente del Cuerpo lo tiene que conocer porque el Ministerio de Economía y Finanzas es cómplice, o compañero, en este tipo de recortes-, sabemos que el Ministerio de Defensa Nacional es el más fácil para recortar recursos. Muchas veces, allí donde no hay gremio ni sindicato, ni siquiera una posibilidad de protestar, porque existe un orden jerárquico que se debe respetar y, por lo tanto, no se puede hacer reclamos, hemos sido muy duros a la hora de implementar recortes. En más de una oportunidad, en tiempos de escasez, los recortes en las Fuerzas Armadas fueron mayores a los de otros Incisos. Si estamos en medio del presupuesto más grande, del país más próspero, más rico, de la abundancia fiscal mayor, con un espacio fiscal de US$ 1.000:000.000 -según se ha dicho en la nueva terminología-, con un sobrante, deberíamos detenernos en los aspectos sociológicos de la situación. Desde el Comandante en Jefe de cualquiera de las Fuerzas hasta el más bajo en el escalafón militar, el soldado, seguramente habrán oído en la radio o visto en televisión que a nivel de determinados sectores había problemas por trabajar 6 horas con un salario mínimo de $ 14.400. La comparación y el reproche interno son inevitables en la familia del soldado e, incluso, de los suboficiales, que son el tesoro tecnológico y humano de las Fuerzas Armadas. Soldados se pueden conseguir, pero suboficiales no. Por supuesto, un suboficial o un sargento veterano saben más que un alférez o un capitán; por eso, el capitán se va a respaldar en ese veterano. Podemos adivinar el diálogo familiar en el que se dice, por ejemplo: “Viejo, mirá lo que van a ganar estos”. Todo esto en medio de un Presupuesto de abundancia, en el que al soldado y al oficial, justamente a quienes se va a llamar cuando vengan las situaciones de apuro que puedan surgir, se les dice: “No”. Los sueldos de los generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores y capitanes tampoco están en consonancia con lo que representa la dedicación total y la imposibilidad casi general de ocuparse de otras actividades, porque cumplen horarios a la orden y deben hacer guardias.

Un primer tema a plantear es cómo hará el gobierno para decirles, y ser creíble, que en medio de esta prosperidad no hay lugar para lo que el señor Presidente prometió en el sentido de aliviar su penuria salarial.

El segundo punto a tener en cuenta es el siguiente. Es muy común comparar al Ministerio del Interior con el de Defensa Nacional. Siempre he librado una lucha para distinguir uno de otro, pero sé que tienen algún punto de contacto. Este es un Presupuesto notoriamente propolicía y antidefensa. Así lo indican las cifras de los aumentos en todos los grados en general, que son muy escasos o ninguno en los niveles militares. Esa es otra comparación entre el guardia civil, el soldado y los grados de ambas instituciones.

Durante el gobierno pasado se aprobó una ley para cuya elaboración fuimos consultados todos, y el Partido Nacional, por mi intermedio, presentó un proyecto -es un tema que me interesa, que me gusta, entre otras cosas porque tengo el honor y el orgullo de poseer antepasados militares en las dos familias, paterna y materna- para la creación del Estado Mayor de la Defensa, aunque luego se concretó en términos distintos de los que nosotros entendíamos convenientes; seguramente, en el caso de los Comandantes se generarán conflictos. Con total displicencia se designó a una persona que no se debía -dando a entender que “hacemos lo que queremos”-, porque el Teniente General Bonilla no podía ser Jefe del Estado Mayor Conjunto debido a que había pasado a retiro. En ese sentido también hay como una especie de poco respeto hacia esas carreras.

El señor Senador me nombra al Coronel Barreiro, por supuesto, conoce muy bien todo eso. Hay una cuestión de ordenamiento, de ser encuadrado, de respeto a las jerarquías, los honores, la procedencia y las precedencias. Pero no: para el Estado Mayor Conjunto se nombra a alguien que había pasado a retiro. Hasta un buen nacionalista, como lo es el Representante Javier García, presentó un proyecto de ley por el que se buscaba remendar lo irremendable, porque el Teniente General Bonilla, a quien aprecio y conozco bastante, no puede ejercer ese cargo.

En este estado de cosas, el Día de la Armada Nacional el Comandante en Jefe Caramés pronunció un discurso reduccionista de la Fuerza que más tendría que crecer. En más de una acepción el Uruguay tendría que ser un país marinero y marítimo. Tenemos más territorio en el agua que en la tierra, pero nos hemos negado a ello y hemos vivido de espaldas, lo que no nos quita las responsabilidades. Uruguay debería ser un país de una gran Marina Mercante, más pescador, más navegante y más explotador de los recursos del mar porque, reitero, la responsabilidad jurídica a partir de la nueva medición de la plataforma continental nos va a hacer llegar a casi 200.000 kilómetros cuadrados de agua. El Comandante en Jefe de la Armada, Contraalmirante Caramés, señaló que iba a ir reduciendo las embarcaciones porque a veces no hay combustible para salir. Todos hemos visto cómo se practica la pesca de la corvina cerca de la costa -no se puede decir que es clandestina, pero sí ofensivamente ilegal-, allí al alcance de la mano; de noche se ven las luces de los pescadores, a los que no se puede perseguir porque las embarcaciones no tienen combustible, no pueden zarpar. En lugar de haber comprado las viejas y obsoletas “Commandant Rivière”, tendríamos que haber hecho un esfuerzo para comprar embarcaciones de océano. En nuestro plan de Gobierno habíamos sugerido utilizar el leasing para comprar embarcaciones a través de un sistema bancario que no nos obligara a pagarlas enseguida, sino a lo largo de los quince años siguientes de uso. Al carecer de medios -repito, aun en la prosperidad, no en Gobiernos como el nuestro que comenzó con un 7% de déficit en el Producto Bruto Interno-, en este momento no se les da material, ni salarios, ni jerarquía social.

En síntesis, suscribo en un mil por ciento todo lo que ha expresado el señor Senador Penadés en este sentido. Pienso que todavía estamos a tiempo y si el Señor Presidente de la República vuelve a ser el Presidente del 1º de marzo, ¡déjenlo que lo sea! ¡Ojalá muchas de las fuerzas que lo están jaqueando se lo permitan! En ese caso, seguramente se va a atrever a vetar alguno de estos artículos para poder tener recursos para las Fuerzas Armadas, porque sé que siente lo que expresó en su discurso; sé que cuando se reunió en Durazno dijo lo que sentía. Conozco poco al Señor Presidente, pero en algunas cosas lo veo actuar con sinceridad. Sin embargo, el Presidente del 1º de marzo ha quedado por el camino. Quiero un Presidente que se anime a decir: “Voy a vetar tantos cargos de confianza para que nuestros pobres de uniformes tengan $ 2.000 más de lo que se expresa en este Presupuesto”. Creo que se puede financiar, pero obviamente se requiere el uso de la motosierra y que nos atrevamos a cortar. Pues bien, eso es mandar, señor Presidente. Aspiro a volver a ver al Presidente del 1º de marzo en la acción y no solamente en el compromiso.

Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: mantuvimos una parte de esta discusión a nivel de la Comisión, pero de cualquier manera quiero manifestar mi sorpresa con respecto a alguna de las declaraciones aquí vertidas sobre el presupuesto que se le asigna al Ministerio de Defensa Nacional.

La participación, el peso del presupuesto de este Inciso en el total del Presupuesto Nacional apenas si ha variado respecto al período anterior. Se pasa de un 4,6% a un 4,4%. Insisto: su participación apenas ha variado en el total del Presupuesto Nacional. Es el segundo Inciso de la Administración Central después del Ministerio del Interior y equivale a algo así como a cuatro Ministerios de Desarrollo Social, dos Poderes Judiciales enteros y cuatro Cancillerías, lo que no me parece poco para un país pobre como el nuestro. Pero más me asombra porque los datos proporcionados por la Contaduría General de la Nación -nada sospechables, por cierto- indican que, desde 1985 hasta ahora, los Gobiernos de todos los partidos políticos han ido reduciendo progresivamente el Presupuesto en Defensa -que era altísimo a la salida de la dictadura-, tratando de llevarlo a lo que ha sido la cifra histórica de los años 60 o 70, que era mucho más baja que la que hoy tenemos.

Según datos consignados en el diario El País -que dejo a disposición de todos los señores Senadores-, durante el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, en el Ministerio de Defensa Nacional el Presupuesto cayó un 20%; en el transcurso de la Administración del Presidente Lacalle cayó un 15%; a lo largo del segundo período del doctor Julio María Sanguinetti descendió un 14%; cayó un poco menos durante el Gobierno del doctor Batlle -3%- y durante la Administración del doctor Vázquez, un 8,2%.

Por consiguiente, ha habido una baja sistemática del peso de este Inciso en el total del Presupuesto Nacional como resultado de la voluntad inequívoca expresada por todos los partidos políticos. A su vez, en las encuestas a parlamentarios que se realizan en este país desde el año 2000, la inmensa mayoría ha manifestado su preferencia por reducir el Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional. Por supuesto que se trata de números promediales y es posible que no reflejen la opinión de los señores Senadores, que se ha manifestado contraria.

Es cierto que el Presupuesto de este Inciso cae con relación al del Ministerio del Interior, que es el más importante de los de la Administración Central, superado solamente por el de ANEP. Pero si la democracia tiene algo que ver con que el Gobierno atiende las preferencias de sus gobernados, quiero recordar que las demandas por seguridad han estado presentes en la opinión de estos gobernados, cuyos representantes somos nosotros y, por consiguiente, quienes debemos plasmar estas preferencias en la ley más importante del país, que es el Presupuesto Nacional. Por ende, considero que las demandas por seguridad pública están siendo muy bien atendidas en este Presupuesto y van de la mano, insisto, con las preferencias de los gobernados, quienes no han manifestado, en cambio, intensos requerimientos por contar con Fuerzas Armadas más robustas, mejor equipadas o superiores en número de efectivos. En este sentido, quiero recordar que contamos con el número de efectivos per cápita -no podría ser nunca en términos absolutos- más alto de América Latina.

Señor Presidente: otro dato que quiero proporcionar es que las Fuerzas Armadas, por este Presupuesto, reciben un incremento presupuestal del 12% que es mayor al de Cancillería, que es de un 8% o al del Ministerio de Economía y Finanzas, que es del 6%. Es cierto que por las razones que he dado perciben menos que el Ministerio del Interior y que otros Incisos, pero lo cierto es que, en definitiva, reciben un incremento presupuestal.

Por otra parte, en el discurso pronunciado por el señor Presidente Mujica respecto de las Fuerzas Armadas se hizo especial énfasis en la situación de los que están más abajo en la escala salarial, es decir, aquellos que ganan diez veces menos. En este sentido, cabe señalar que, al final del período, el incremento presupuestal para los escalafones inferiores es de un 40%, lo que indica que están recibiendo uno de los Presupuestos salariales más importantes de todo el Estado uruguayo. Creo que esto indica una coherencia absoluta entre las palabras pronunciadas por el señor Presidente Mujica sobre la situación de los más pobres en las Fuerzas Armadas y las medidas presupuestales que se han adoptado.

Finalmente, quiero señalar que al Ministerio de Defensa Nacional se le ha otorgado una atribución que no tiene ninguno de los Incisos que vamos a votar en este Presupuesto y es que lo ahorrado por vacantes podrá ser redistribuido dentro del mismo Inciso. Repito, esta atribución no se le da a otros Incisos de este Presupuesto y solo se le permite a las Fuerzas Armadas para mejorar su situación salarial. Las vacantes no serán compulsivas; se realizará una proyección y muchas de ellas tendrán que ver con un sistema de retiro donde la tasa de reemplazo para cualquier ciudadano normal que se jubila es sensiblemente inferior a la que obtienen los efectivos de las Fuerzas Armadas. Por ahora este sistema no piensa ser modificado y, por consiguiente, los retiros están motivados por esos incentivos.

Por lo expuesto, considero que el Ministerio de Defensa Nacional está bien contemplado en este Presupuesto y lo dicho por el señor Presidente de la República es bastante coherente con los instrumentos que aprobaremos. Como sabemos, todo país tiene sus prioridades presupuestales y las nuestras refieren a seguridad, educación, salud y vivienda. Este es el programa de un Gobierno que ha sido votado para implementarlo y no tengo la menor duda de que, en su mayoría, será acompañado por la mayor parte de los aquí presentes.

SEÑOR PENADÉS.-Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: la falsa contradicción entre seguridad y defensa que la señora Senadora Moreira pretende atribuirnos, es equivocada, errónea y hasta picaresca, porque el hecho de que pretendamos que al Ministerio de Defensa Nacional se le otorgue un mayor porcentaje para salarios, no quiere decir que no estemos de acuerdo en la mejora del Presupuesto para seguridad.

Se ha dicho que el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional crecerá un 40%, pero el 40% de la nada, es nada. Digo esto porque si un soldado percibe $ 7.000 y recibe un aumento de $ 2.500, resulta significativo porcentualmente, pero en términos reales -el señor Senador Tajam, que es economista, lo debe saber muy bien-, no es nada.

Por lo tanto, si se desea hablar del Ministerio de Defensa Nacional y de su tamaño, ¡hagámoslo! Es lo que venimos reclamando desde hace años, es más; votamos la Ley de Defensa justamente para eso. Pero lo que resulta realmente inexplicable es que se manejen porcentajes que no reflejan la realidad y aluden a comparaciones inexactas. Si se dijera que la oposición pretende hacer una inversión millonaria en armamento, justificaría la crítica porque, evidentemente, la prioridad es la educación, pero estamos hablando de otra cosa totalmente distinta: de atender a más de 25.000 funcionarios públicos. No es serio comparar el Ministerio de Relaciones Exteriores con el de Defensa; nosotros estamos hablando de que en un Presupuesto expansivo como nunca se ha vivido -y estoy parafraseando a señores Senadores del Gobierno- se debe tratar adecuadamente a funcionarios que se dedican a su profesión y que están muy mal pagos.

Por otra parte, muchas veces -y no voy a ser Procurador de nadie-, desde la academia se tiene una visión que subestima bastante. Quien conoce a las Fuerzas Armadas por dentro y a sus profesionales, sabe que nadie pasa a retiro para mejorar su salario, es hasta ofensivo decir eso. Quienes lo hacen -y en la cantidad actual- es por una sensación de disconformidad con una serie de aspectos que posiblemente no incluyan sustancialmente lo salarial. Debemos reconocer que los Gobiernos anteriores han incurrido en un proceso de ajuste ya que, como bien decía el señor Senador Lacalle Herrera, como no pueden oponerse, criticar ni hacer paro, generalmente se le metía tijera a un Presupuesto que a la salida de la dictadura era importante.

¿Queremos hablar de la cantidad de personas que integran las Fuerzas Armadas? ¡Hagámoslo, pero en el contexto de las definiciones políticas, y digamos que estamos dispuestos a reducir unidades, y reduzcámoslas! Ahora bien; vayamos a los departamentos y a las ciudades donde se anuncia que se van a cerrar unidades y veamos lo que sucede. Vayamos a Paso de los Toros a ver qué puede llegar a opinar la gente sobre el cierre del Grupo de Artillería y el Batallón de Infantería. Pero el hecho de que la semana pasada en la División de Ejército III, que es la parte que controla toda la frontera terrestre con Brasil, todos los soldados estaban fuera de servicio debido a la ausencia de suministros para poder hacer un mantenimiento acorde, es no estar cumpliendo ni siquiera con las misiones que nosotros mismos les asignamos. Si nos quejamos de que hay una disminución sustantiva en la pesca por el deterioro medioambiental que sufre nuestra plataforma continental, especialmente en el Río de la Plata, tengamos presente que eso ocurre porque la Armada no está en condiciones de controlar, en virtud de que le damos el combustible suficiente solo para que se navegue un día a la semana. Esto es así.

Quiero aclarar que la nuestra no es una posición desmelenada ni irresponsable, y que además reconocemos los errores pasados porque no tenemos inconveniente en hacerlo. Pero también quiero manifestar que vamos a decir las cosas como son, y en ese sentido estamos hablando de que el 70% de los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y ese es un dato incuestionable que deberíamos tratar de revertir.

Nada más, muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Senadores: como es la segunda vez que ocurre en la jornada de hoy, permítanme sugerir que nos atengamos a las reglas de juego del debate. El señor Senador Penadés pidió la palabra para contestar una alusión, pero no lo hizo, sino que profundizó el debate, aun teniendo otros mecanismos para hacerlo. Pero las respuestas a las alusiones son otra cosa en el Reglamento; por lo tanto, pido que se soliciten interrupciones o que se empleen los métodos a los que todos tenemos que atenernos, porque si actuamos de esa manera estamos alterando, de hecho, la lista de oradores.

Por consiguiente, ruego que utilicemos el mecanismo de la respuesta a la alusión para contestar alusiones y no para seguir insistiendo en argumentos en el debate, a lo que todos tenemos derecho, por supuesto; pero, repito, debemos utilizar los mecanismos que están a disposición de todos.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: era previsible que el Inciso 03 diera lugar a este debate. En un Presupuesto en el que hay asignaciones bastante importantes para varios Incisos, no hay duda, a la luz de lo que se observa y de las cifras que se manejan, de que este es un Inciso que no puedo denominar olvidado, pero sí postergado. Este artículo 166 contiene la asignación de partidas fijas; concretamente, a partir del año 2011 se propone una partida para la franja de Soldado 1ra. a Alférez de $ 1.000, para el 2013 la asignación es de $ 500 y de otros $ 500 para el 2014. Para los Grados de Teniente 2do. a Capitán la partida es de $ 700 para el 2011, de cero para el 2013 y de cero para el 2014. Hace un momento estuve releyendo las versiones taquigráficas de las Sesiones de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, y me detuve en lo que en un momento expresó el señor Ministro Rosadilla, que es una persona a la que respeto mucho y de quién tengo claro -en esto coincido con el señor Senador Penadés- que conoce de estos temas y siente un especial respeto y una gran consideración por las Fuerzas Armadas del Uruguay. Voy a leer ese texto, porque me parece que refleja el pensamiento del señor Ministro y las contradicciones que nosotros observamos en los hechos, en la traducción de ese pensamiento en este Presupuesto. El señor Ministro decía lo siguiente: “En diversas ocasiones hemos escuchado a través de la prensa comentarios acerca de este presupuesto. En ese sentido, con mucha claridad, con mucha humildad -la mayoría de los que están aquí nos conocen bien- y sin ninguna soberbia, decimos que en este presupuesto puede haber errores, diferencias y opiniones distintas, pero lo que no podemos aceptar -no lo señalamos en la prensa pero lo hacemos ahora en este ámbito- es que se diga que haya sido realizado con la finalidad de liquidar a las Fuerzas Armadas. Este presupuesto se elaboró con el cometido de dotar al país de la mejor defensa que, a nuestro juicio, debe tener, y transformar a las Fuerzas Armadas de la manera que consideramos más positiva”. Y más adelante continuó diciendo: “Personalmente, admito discrepancias, planteos, cuestionamientos o debilidades, pero de ninguna manera acepto -no es de recibo para el señor Ministro ni para el Ministerio de Defensa Nacional- que se pongan en tela de juicio los objetivos que perseguimos al plantear lo que se propone desde nuestra visión, nuestro programa, nuestro compromiso con la gente y desde nuestra autoridad, en el sentido institucional”. Quiero decir que respeto la opinión del Ministro Rosadilla y me parece notable, pero veo que esas afirmaciones no se traducen en los hechos. Pido que se preste atención a lo siguiente. En un momento en que el país está convulsionado por el conflicto de los funcionarios del Banco de la República que paraliza el Clearing -todo el mundo conoce la retribución de esos funcionarios- y cuando se ven comunicados de ADEOM en los que se hacen reclamaciones y se dice cuánto gana y cuánto necesita un trabajador uruguayo hoy para vivir en el Uruguay, voy a traer a colación algo que mencionó el Ministro Rosadilla. Me refiero a cuánto gana el personal de las Fuerzas Armadas, cuál es el ingreso líquido de esos funcionarios al día de hoy. Voy a mencionar esas cifras para que tengamos idea de cómo pueden vivir decorosamente estos 32.000 uruguayos, o más bien, cómo no pueden vivir dignamente 32.000 uruguayos, que tienen que emigrar desde ese Inciso hacia otros lugares de trabajo. Un cadete aspirante tiene un ingreso líquido de $ 1.573; un aprendiz, gana $ 1.659; un soldado de 1ra., a diferencia de lo que afirmó el señor Senador Penadés, que dijo que ganaba $ 7.000, hoy percibe un salario de $ 6.501; un cabo de 2da. cobra $ 6.485 líquidos; el cabo de 1ra., $ 8.672; el sargento de 2da., $ 10.001; el sargento de Primera $ 13.181 y un suboficial mayor, recibe una remuneración de $ 14.461. Ahora voy a mencionar lo que ganan los oficiales, que no están en esta tabla porque, eventualmente, comenzarían a tener un aumento a partir del año 2012 por la vía de supresión de vacantes. Un alférez, que es el grado más bajo, hoy gana $ 15.008; un teniente 2do., $ 17.565; un teniente 1ro., $ 19.600; un capitán, $ 21.974 y un mayor $ 25.447. Eso es lo que ganan las personas que tienen grados de una carrera profesional que lleva años, en la que además están sometidos a un estatuto muy especial, en el que la obediencia -tal como señalaba hace unos días-, según Jiménez de Aréchaga, es un verdadero dogma, y se desempeñan en un medio laboral donde no hay derecho a sindicalizarse ni se pueden hacer reivindicaciones colectivas. Pido que se preste atención a las retribuciones de las que estamos hablando. Realmente en este punto pongo en duda si este Presupuesto no va por la vía, no digo de liquidar, pero sí de hacer, por lo menos, casi imposible la sustentación de las Fuerzas Armadas en el Uruguay. Obsérvese que a quien gana $ 6.500 el año que viene se le va a aumentar el salario a $ 7.500 líquidos. Realmente me pregunto si se puede vivir en el Uruguay con $ 7.500. Incluso, imagino que quien juega con pelotitas en los semáforos debe ganar más de $ 10.000. ¿Puede un Soldado de 1ra., que tiene dedicación exclusiva, vivir este año con $ 6.500? ¿Y el año que viene podrá mantenerse con $ 7.500? Quiero recordar que, además, la semana pasada estábamos discutiendo sobre el tema del control de acceso a las cárceles, el ingreso y el egreso a los establecimientos penitenciarios, y al respecto el propio Ministro del Interior argumentaba que teníamos que terminar con la corrupción en la puerta de acceso de las cárceles y, precisamente, para hacer ese control vamos a encargar a personas que ganan $ 6.500 por mes. Entonces, me pregunto si por esta vía indirecta de la asignación presupuestal -aunque ya no es tan indirecta- no estaremos yendo a una reducción notable de las Fuerza Armadas que, en realidad, ya se está dando pues no solamente el personal subalterno migra hacia la Policía Nacional -donde los salarios son casi el doble y, si se suma el Servicio 222, los triplican-, sino que también lo están haciendo los oficiales. Justamente, aquí se citaba la cantidad de oficiales superiores que están pasando a retiro y se mencionaba también que los pilotos de la Fuerza Aérea, luego de recibir una instrucción que tiene un costo para el Estado -no solo por los salarios, que es lo de menos, sino por la formación y el equipamiento-, se están yendo a las aerolíneas. Es decir que se preparan en la Fuerza Aérea para luego tener una oportunidad laboral en otro lugar. Y me pregunto: ¿esta es la Fuerza Aérea que el Uruguay quiere? ¿No cumple la Fuerza Aérea una función esencial para el país, estratégica, de custodia del espacio aéreo? A su vez, ¿la Armada Nacional no cumple una función esencial en el mar territorial? A esto se debe agregar que ahora estamos pagando el Servicio 222 para que se cumpla con la policía aeroportuaria.

Cabe preguntarse hacia dónde nos dirigimos por este camino retributivo de las Fuerzas Armadas; yo creo que vamos a su liquidación efectiva. Admito que es absolutamente legítimo -está instalado en la política uruguaya y en la consideración de la sociedad- pensar que debemos hacer una reforma en cuanto al tamaño y rol de las Fuerzas Armadas, pero este no es el ámbito en el que tenemos que procesar y analizar estos aspectos. Al respecto, recordemos que en el período pasado se aprobó una ley a través de la cual se cuenta con un Consejo Superior. A su vez, el señor Ministro Rosadilla mencionaba también que no era este el ámbito para discutir estos temas y que él, junto al Estado Mayor de la Defensa, iba a procesar una discusión a futuro para analizar -en consulta con los integrantes de las Fuerzas Armadas- qué Fuerzas Armadas queremos, con qué número de integrantes, con qué roles y cometidos. En definitiva, la reestructuración de las Fuerzas Armadas no debe procesarse en el ámbito del Presupuesto Nacional.

Tal como mencionaba el señor Senador Penadés, no se puede comparar el Ministerio de Defensa Nacional con otras Carteras, pues tiene 32.000 funcionarios. Entonces, obviamente, dentro del Presupuesto Nacional el porcentaje que corresponde a las Fuerzas Armadas es muy importante. No podemos comparar el Ministerio de Defensa Nacional con el de Relaciones Exteriores o con el nuevo Mides. Reitero que, sin duda, si queremos dar la discusión sobre qué nuevas Fuerzas Armadas queremos, esta no es la instancia para hacerlo porque aquí se envía un proyecto de ley de Presupuesto para cuya elaboración, según nos dijeron los propios oficiales, ni siquiera fueron consultados -tampoco lo fue el personal subalterno-, manejándose solamente a nivel político. En instancias de asumir el Contraalmirante Caramés como Comandante en Jefe de la Armada, el señor Ministro Rosadilla dijo que no había tenido tiempo -dadas todas las dificultades relacionadas con las investigaciones judiciales y los procesamientos en la Armada- de intervenir en el tema presupuestal. Entonces, acá tenemos un producto que no satisface a nadie, pero como no hay derecho al pataleo, no hay sindicatos y lo único que hay que hacer es callar y obedecer, no hay voces que se alcen contra esto.

Otro tema que está planteado es el de la Sanidad Militar y, en este sentido, creo que por primera vez se da una manifestación callejera -de parte de personas en condición de retiro, aunque seguramente había también personal en actividad- para protestar contra el estado actual de la Sanidad Militar. ¡Vaya si hay problemas a resolver!

Me parece que esta forma de retribuir, lo que aquí está pergeñado, lleva a un camino que no es el deseado. Nosotros queremos seguir teniendo Fuerzas Armadas de la Nación, que se encarguen de la defensa de la soberanía y cumplan sus cometidos, tanto los tradicionales como los nuevos, entre los cuales se encuentran el combate al narcotráfico y la defensa del espacio aéreo, del mar territorial y de nuestros recursos, que son cuantiosos. Por tanto, consideramos que esto debería haber tenido otro tipo de contemplaciones y que llevará a un achicamiento, a un debilitamiento y a una verdadera desvalorización de las Fuerzas Armadas, que son tan viejas como el país y la Nación. Creo que todos los uruguayos tenemos, más allá de nuestra ideología, el deber de considerar, proteger, estimular y tender a una profesionalización y modernización cada vez mayores.

En cuanto a la capacidad operativa de la Fuerza Aérea, creo que solo el 30% de las aeronaves están operativas y el resto no vuela. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de las Fuerzas Armadas, con una Armada que no navega y una Fuerza Aérea que no vuela? Así, es lógico que los pilotos se vayan a las aerolíneas, como COPA, LAN o PLUNA. Ese es el camino que estamos siguiendo.

Por lo expuesto, vemos con enorme preocupación el tratamiento que se le dispensa a este Inciso en este Presupuesto, que es muy generoso con otros Incisos que consideramos trascendentales, como el Ministerio del Interior -coincidimos en que se tenga en cuenta de buena forma-, pero que tiene un olvidado, que es el Ministerio de Defensa Nacional.

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GAMOU.- No es mi intención saltearme la lista de oradores, pero el señor Senador Moreira hizo algunas reflexiones sobre las cuales quisiera hacer algunas puntualizaciones.

En primer lugar, es cierto que los soldados y los demás ven por televisión las manifestaciones de los bancarios y de ADEOM, pero también deben ver las de los anestesistas, los cirujanos y los escribanos.

En segundo término, es verdad que el 40% de un salario muy bajo no es un aumento muy sustancial, pero también es cierto que esos salarios bajos que lamentablemente sufren nuestros soldados, no surgieron como un hongo, pues hace muchísimos años que están postergados y las soluciones no siempre vienen de manera inmediata.

En tercer lugar, es cierto que hubiéramos deseado poder aumentar más, en este presupuesto, los salarios de los soldados al año 2015, pero existe un compromiso del Poder Ejecutivo -de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Defensa Nacional- en cuanto a que en ese momento se van a aumentar por Decreto, aunque esto no puede ser incorporado al Presupuesto.

En cuarto término, el señor Senador que está haciendo uso de la palabra leyó los dichos del señor Ministro Rosadilla en la Comisión de Defensa Nacional y, en este sentido, quiero decir con meridiana claridad que los suscribo pues lo conozco perfectamente. Si el Ministro dice que no puede amparar un presupuesto dirigido a liquidar a las Fuerza Armadas por inanición, no debe quedar la menor duda -les aseguro que se trata de un hombre de honor- de que si creyera o estuviera convencido de que el actual, el que estamos considerando va por ese camino, renunciaría de forma inmediata.

Gracias señor Presidente y señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira, a quien le restan tres minutos.

SEÑOR VIERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Disculpe, señor Senador Viera, pero no se la puedo conceder.

Los anestesistas y los escribanos no son funcionarios públicos; en algunos casos lo serán, pero la mayoría tiene actividad privada, de manera que no me parecen situaciones comparables. He visto otros funcionarios públicos mucho mejor retribuidos haciendo manifestaciones, deteniendo la economía nacional y las transacciones en el Uruguay.

A mi juicio, esto es muy grave. Yo no digo que el Ministro Rosadilla no haya sido sincero en su declaración; lo que afirmo es que del dicho al hecho hay un gran trecho, y en este caso se confirma. Yo no adjudico propósitos y objetivos, pero me parece que el resultado que se va a obtener va a ser ese o algo similar. Lo lamento, pero es así.

Por otro lado, no se puede comparar esta situación con la de otros gobiernos. El gobierno que siguió a la dictadura estaba viviendo una etapa muy particular, había Fuerzas Armadas notablemente bien retribuidas porque eran las que, además, habían tenido la capacidad de gobernar. Después, por supuesto, la consideración varió. También es cierto que el país ha atravesado situaciones de crisis en las cuales no había aumentos para nadie y sí disminuciones del salario real, pero hoy vivimos una época de prosperidad. Me estaban diciendo recién que las exportaciones en este año han crecido aproximadamente un 30% y que el PBI se multiplicó por tres; este Presupuesto refleja esa situación con el crecimiento de los gastos del Estado. Felizmente la refleja, pero no en el caso de este Inciso, es decir, del Ministerio de Defensa Nacional, ya que lo que aquí se establece constituye un absoluto desestímulo que atenta contra la profesionalización de las Fuerzas Armadas y creo que pone en peligro hasta su propia existencia como institución. Lamentablemente, tenemos que decir estas cosas porque es lo que observamos y recogemos cuando vemos esa migración continua de personal subalterno y de oficiales de una institución que nació con la Patria.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Lo cierto es que desearía empezar a votar los artículos.

En realidad, aquí se proponen incrementos y partidas muy importantes. No comparto la visión catastrofista de las Fuerzas Armadas que se ha manejado. Me parece que imputar al Gobierno una especie de afán liquidacionista es lo mismo que si el Gobierno dijera que los sectores de la oposición que están diciendo esto tienen una concepción militarista acerca del desarrollo de la sociedad uruguaya, lo que me parece un reverendo disparate.

Aquí hay un problema que está instalado desde hace muchos años -lo ha dicho el señor Senador Moreira-, ya que pasamos de 14.000 a 32.000 funcionarios entre efectivos, civiles y demás. Hay un conjunto de previsiones para mantener la Caja Militar, que recibe subsidios de enorme proporción por parte de la sociedad uruguaya; existen medidas en Sanidad Policial que procuran, por la vía del acto médico y demás, dar salida a situaciones porque se ha producido un desnivel -lo que también ocurre en el Hospital Policial- con el resto del sistema. También hay artículos imprescindibles y espero que el señor Senador, que se ha referido a esta cuestión, los vote. Asimismo, se plantea un incremento global de alrededor de US$ 80:000.000 -según el Ministro Rosadilla- y también se incluye un artículo que han solicitado todos los que han venido al Parlamento a reclamar algo -como, por ejemplo, los funcionarios judiciales- respecto a la distribución de las economías.

Por otro lado, hay una previsión que tiene que ver con la redimensión de las Fuerzas Armadas, otorgando incrementos, fundamentalmente a los que están más postergados.

De modo que entiendo que deberíamos tener una visión más equilibrada y no desatar tantas pasiones porque, en realidad, esta situación se reitera en el caso de muchos funcionarios públicos que tienen un piso bastante deprimido.

Me parece que ahora deberíamos votar los artículos y, después, en un debate más general, podremos ver cuál es el destino, la estrategia nacional con relación a Defensa y las medidas que se pueden adoptar.

Muchas gracias.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 1º de diciembre de 2010.

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores
Cr. Danilo Astori
Presente.

Por la presente y de acuerdo a la Ley Nº 17.827, solicito a usted me conceda licencia por asuntos personales por el día de la fecha.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

Rafael Michelini. Senador.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar la licencia solicitada por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento informando que por esta única vez no acepta la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocado al señor Antonio Gallicchio, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

8) PRESUPUESTO NACIONAL - PERÍODO 2010-2014

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado continúa con la consideración del proyecto de ley de Pesupuesto Nacional - Período 2010-2014.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: voy a ser breve, aunque quizás no lo logre.

Quiero compartir con el Senado otra visión u otra forma de analizar el Presupuesto a través de las Fuerzas Armadas. Hace tres años visitó la Comisión de Asuntos Internacionales el Ministro Jobim de Brasil y nos dijo cuál era la visión que tenían la República Federativa del Brasil, el Presidente Lula y el Mercosur en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas en el ámbito de este proyecto regional. Entonces dijo -creo que más de un Senador que está acá y que estaba en la Comisión lo recordará- que el proyecto que ellos tienen es muy sencillo: la industria militar y la industria brasileña están, de alguna forma, complementándose y, entonces, sus Fuerzas Armadas forman parte de un proyecto industrial-militar-estratégico. Asimismo, señaló que las Fuerzas Armadas argentinas pueden trabajar muy bien -tienen unos estupendos uniformes- y que podrían aportar a este proyecto del Mercosur unas telas de primer nivel para hacer los uniformes de los que van a participar en la complementación. También dijo que el Uruguay, con sus Fuerzas Armadas, podría hacer un aporte muy importante en todo lo que es software. Con ello quedó clara la definición de una estrategia en materia regional de lo que es la expresión más genuina y auténtica del sentido de nuestro principal socio. Obviamente, hubo discusiones sobre este tema.

Hago estos comentarios porque el problema no está en qué porcentaje del Presupuesto tenemos, sino en un aspecto social -lo que decía el señor Senador Penadés en el sentido de que el 70% de las retribuciones están por debajo de la línea de pobreza, de indigencia, es algo muy gráfico y muy fuerte- y también en cómo defendemos la carrera profesional, lo que no es poca cosa. Se aprobó una Ley Marco de Defensa Nacional y recuerdo que el abanderado en este tema fue, durante mucho tiempo, el señor Senador Fernández Huidobro, con quien participamos en más de un seminario y de algún trabajo e incluso fuimos al propio CALEN a discutir los temas que nos parecían adecuados. Pero lo fundamental está en la forma en que, incluso, esta propia Administración ha tratado de encarar el tema: estoy hablando de las Fuerzas Armadas del Uruguay o de la Defensa Nacional, miradas desde el punto de vista de su inserción externa. Se trata de la estrategia del país y ya no es un sentido corporativo; ya no es aquello de pelear por los sueldos, por los rubros, sino de definir el sentido estratégico que tiene una determinada unidad ejecutora que, en este caso, es absolutamente prioritaria y cuyas Fuerzas nacen hace más de doscientos años, junto con la independencia de la República. A esta altura, ni siquiera están en condiciones de festejar; creo que algún cartelito han puesto por el camino.

La visión que existe del Uruguay, de su proyección y de su inserción externa es absolutamente negativa. No estoy diciendo esto simplemente porque estemos discutiendo el Presupuesto, sino porque he tenido la oportunidad de conversar hace pocos días, fuera del país, con jerarcas de primer nivel del Mercosur -estamos hablando de los socios, amigos si se quiere, también hasta en la afinidad política-, quienes se preguntan qué estamos haciendo por nuestras Fuerzas Armadas, con su proyecto estratégico y con esa visión moderna de lo que es hoy la inserción de la defensa en la soberanía. Mientras algunos juegan a la carrera armamentista y están comprando Leopard 1, Leopard 2, submarinos nucleares y destinan entre US$ 60.000:000.000 y US$ 70.000:000.000, nosotros no planteamos un tema de compra de armamento sino de cómo defender la soberanía nacional y cómo vamos a proyectarla en el territorio marítimo, extendiéndola a 320 millas. Tenemos el barco Oyarvide que hizo toda la batimetría y realizó un esfuerzo enorme en la Marina Nacional pero hoy no tiene recursos ni siquiera para embarcarse. Vamos a multiplicar la soberanía en términos mucho más importantes de lo que nosotros pensamos. A su vez, los recursos pesqueros van a ser multiplicados y a todo esto debemos sumar lo que se habla en materia energética. Sin embargo, no vamos a contar con recursos suficientes porque no estamos mirando el sentido estratégico de este tema. La inversión de la carrera profesional es un elemento muy fuerte en materia de motivación. Si en el presupuesto creamos cargos de particular confianza para el Ministerio de Defensa Nacional, para la Dirección de Frontera y para la Dirección de Asuntos Internacionales Estratégicos y Humanitarios, más allá de los recursos, lo que estamos haciendo es poner en el corazón de una institución que forma parte de la memoria y del patrimonio nacional un elemento de desmotivación. No digo que esto vaya a poner en peligro a las instituciones ni nada que se le parezca, pero sí va a fragilizar todo lo que supone la política exterior del país, de la que las Fuerzas Armadas deben constituir una parte fundamental según la visión moderna, y no de aquella del que sale a correr a comprar barcos, tanques y aviones. Quiero trasmitir esta preocupación porque, más allá de que se pueda compartir o no la idea que existe a nivel de socios muy cercanos, el nuestro no es el mejor camino. Tampoco se mira al Uruguay como que esté desarrollando una estrategia que internamente puede ser mirada de una forma pero que representa la nueva visión de la defensa nacional y de la inserción externa. Es bueno destacar que esto fue lo que motivó la ley marco de defensa nacional y que plantea cómo vamos a buscar relacionamiento en temas de fondo -reitero que no hablamos de armamento-, insisto, con un concepto moderno de soberanía y estrategia. No obstante, hoy la motivación está instalada en forma negativa en todos los estratos de las Fuerzas Armadas del país. Y no entro a referirme a lo que es el sistema social; tenemos 180.000 usuarios y 4.000 funcionarios de las fuerzas de sanidad militar a los que se les ha quitado la equiparación, las dietas y se registra una emigración muy importante en materia de profesionales. Como dije, lo que estamos haciendo es eliminar la motivación fundamental que posee una institución que no tiene que ver con la política, más allá de los aspectos puntuales, sino con la identidad nacional. Hay 3.000 soldados en las Fuerzas de Paz, fuera del Uruguay. Todos saben -incluso el señor ex Vicepresidente- el aprecio que en todos lados tienen por nuestro país en función de su presencia en el exterior y no se trata de una visión exclusivamente económica y corporativa, sino de la imagen de un país que aporta su seriedad a la paz internacional y a los principios del Derecho Internacional, que son nuestra columna vertebral en materia ética. Repito que no se está mirando de esta manera y les puedo asegurar que no es una visión positiva -cada uno dirá si está de acuerdo o no- en el sentido de que no se sabe qué política tiene el Uruguay en esta materia. Esto está siendo visto por Brasil, Chile y Argentina. Mientras tanto, nosotros estamos discutiendo sobre recursos y comparando porcentajes cuando, en realidad, lo que debemos hacer es profesionalizar a las Fuerzas Armadas, darles una visión más moderna, centralizar las compras y, sobre todo, eliminar todo lo que se pueda de imprescindibles y cargos de particular confianza porque son los que van a afectar esta motivación.

Por otro lado, es absolutamente cierto y preocupante lo que manifestaba el señor Senador Penadés. Se han recibido más de 40 alférez y casi la mitad de ellos tiene trabajo afuera. ¿Qué vamos a hacer de una carrera profesional? Todos los uruguayos aportamos recursos para profesionalizar determinada actividad que no tiene que ver con una corporación sino con una política, pero esto simplemente queda en un vaciamiento institucional que, entre otras cosas, hace a la motivación y orgullo del país. Me refiero al orgullo bien entendido y no en el sentido más aldeano del nacionalismo; se trata de la contribución que hacemos a la paz, al dialogo, a la seguridad y a la estrategia de carácter nacional.

Si seguimos con esta línea, señor Presidente, no vamos a poder sacar un solo barco para custodiar nuestra soberanía, no habrá un solo avión que tenga la posibilidad de volar el territorio nacional y ya no digo nada sobre lo que es una política de frontera en la que las Fuerzas Armadas tienen una labor absolutamente intransferible. Eso sí, tendremos el 70% por debajo del salario mínimo, al menos, o de la indigencia pero para la periferia de las cárceles le damos el 50% y generamos una rispidez institucional frente al Inciso presupuestal al que vamos a otorgar más recursos. Esa es una gran contradicción y un elemento más de desmotivación en el ámbito de esta Unidad Ejecutora.

Por estos motivos, señor Presidente, hacía esta reflexión que va más allá de los aspectos porcentuales, pero queríamos trasmitir esta preocupación para que el Uruguay, que cuida su imagen en tantos aspectos, no la deteriore en la forma en que trata, desarrolla y defiende su estrategia nacional y su inserción. Debemos definir si nos preocupa la mirada con que nos ven nuestros vecinos más cercanos y con los que comprometemos, incluso, nuestro destino común en materia de integración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 166.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: simplemente quisiera agregar a los argumentos…

SEÑOR PRESIDENTE.- Usted solicitó la palabra para fundamentar el voto y no para agregar argumentos.

SEÑOR VIERA.- Hemos votado afirmativamente pero nuevamente dejamos constancia de que estamos en desacuerdo con el monto asignado para los aumentos salariales, ya que es insuficiente. Además, queremos destacar que son montos fijos y entendemos que debían haber sido porcentuales porque, obviamente, en 2014 estos $ 500 van a representar bastante menos que en la actualidad.

De esta forma he fundado el voto, señor Presidente, si le parece.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 174.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: consulto a la Mesa si el artículo 178 fue desglosado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí.

En consideración el artículo 175.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 176, para el que se ha presentado una propuesta sustitutiva por parte del Partido Nacional.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 176.- Autorízase, por única vez, al personal subalterno del escalafón JM con título de abogado o escribano público a concursar para la provisión de seis cargos vacantes en la jerarquía de Alférez (JM), mediante concurso de oposición y méritos que será objeto de reglamentación por el Supremo Tribunal Militar en un plazo máximo de 6 meses desde la aprobación de la presente ley.”

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- El texto sustitutivo presentado tiene por objeto fijar un plazo para la reglamentación. ¿Cuál es el motivo? En el Presupuesto anterior, correspondiente al período 2005-2010, fue aprobado este mismo artículo pero la situación no fue regularizada en el quinquenio. Lo que se pretende es, simplemente, dar un plazo de seis meses para que se efectúe la reglamentación y se pueda hacer el llamado a concurso de oposición y méritos. Ese es el único objetivo que se persigue.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte que la fijación de ese plazo de seis meses es la única diferencia entre la propuesta original y el texto sustitutivo.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Simplemente quería decir que parece de recibo, teniendo en cuenta la experiencia anterior, fijar un plazo a esos efectos. Por lo tanto, parecería razonable votar el texto sustitutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 176, en su texto original.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

Se va a votar el artículo 176, sustitutivo.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 177.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 178.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Este artículo dispone de los fondos que la Organización de las Naciones Unidas obliga a entregar como reembolso por la participación de las Fuerzas Armadas en las Misiones de Paz. Consideramos razonable que el Ministerio de Defensa Nacional supervise y apruebe los gastos, pero no estamos de acuerdo con ampliar los destinos de esos fondos. Nos parece interesante, bueno y correcto que el mencionado Ministerio administre y controle todos estos fondos; sin embargo, si hubiera disposición por parte de los señores Senadores, podríamos desglosar este artículo a los efectos de presentar un aditivo que dijera lo siguiente: “Los referidos montos serán destinados a la unidad ejecutora que genere dichos reembolsos por su participación en las diferentes misiones”. De lo contrario, los montos generados podrían ser destinados a otras unidades ejecutoras.

Esta es la propuesta concreta que estamos haciendo.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Me gustaría poder conversar con la Bancada de Gobierno sobre lo que ha expresado el señor Senador Viera. El señor Ministro de Defensa Nacional se había manifestado a favor de esta propuesta, que consiste en que los fondos generados por las Misiones de Paz pasen por todos los controles a que refiere el artículo -en eso, por supuesto, estamos todos de acuerdo- y vuelvan a las unidades ejecutoras que los generaron, porque es en este último aspecto donde existe preocupación.

¿Con qué objetivo se quiere garantizar esto? Estos fondos tienen como objeto, justamente, el pago de salarios y la reposición de los equipos, que naturalmente se desgastan y quedan inutilizados en el cumplimiento de las diferentes Misiones de Paz. El señor Ministro Rosadilla manifestó en Comisión que estaba de acuerdo con que estos fondos se destinen únicamente a las unidades ejecutoras que los generaron, y así se lo hizo saber a los señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Además, me parece que esto tiene un principio de justicia esencial.

En cuanto a los controles y a todo lo que tiene que ver con la transparencia que se establece en el artículo, estamos totalmente de acuerdo. Lo único que pretende el aditivo que se va a presentar es garantizar que los fondos percibidos vuelvan a las unidades ejecutoras que los generaron, a los efectos de que sean utilizados para reequipamiento, pago de salarios, etcétera; por ejemplo, que los fondos que paga la Organización de las Naciones Unidas por la Misión de Paz que cumplen nuestras Fuerzas Armadas en Haití, sea destinado al mantenimiento de los equipos que son utilizados para cumplir dicha Misión.

En definitiva, lo que el Ejército solicita al Ministerio de Defensa Nacional -este está de acuerdo pero, lamentablemente, la solicitud no se concretó en el articulado- es la garantía de que los fondos generados, luego de pasar por los controles correspondientes que establece el artículo para el Inciso 03, vuelvan al Ejército Nacional, a la Armada o a la Fuerza Aérea.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Voy a solicitar el desglose de este artículo a los efectos de que la Bancada de Gobierno pueda hacer la consulta correspondiente al señor Ministro de Defensa Nacional.

SEÑORA DALMÁS.- ¡Apoyado!

SEÑOR PRESIDENTE.- A juicio de la Presidencia, en este caso no se trata de un aditivo, como señaló el señor Senador Penadés, sino de un texto sustitutivo, que se podrá elaborar si postergamos la consideración del original, ojalá que hasta la finalización de este Inciso, para no acumular desgloses. Entonces, solicito a quienes compartan esta idea que formulen esa redacción alternativa para poder considerarla una vez que finalicemos el tratamiento de este Inciso.

En consecuencia, se va a votar si se posterga la consideración del artículo 178.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 179.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 183.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: tal como habíamos dicho antes, la creación de estos cargos de particular confianza -Director General de Política y Defensa, Director de Formación Militar, Director Nacional de Pasos de Frontera y Director de Asuntos Internacionales, Cooperación y Derecho Internacional Humanitario- nos parece un exceso y una sobreabundancia en un Inciso que debería contar con más cargos vinculados a la carrera profesional y no con tanta perforación, sobre todo cuando después se suprimen -por el primer Título- los Consejeros del Instituto de Formación Militar, sumado a los recursos para los demás “imprescindibles” e “infaltables” en todos los Incisos presupuestales.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 189.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: en este artículo se está creando un cargo de particular confianza que es el de Director Nacional de Sanidad. Ya se han hecho referencias al estado de la Sanidad Militar, pero me gustaría insistir sobre algunos puntos. El primero de ellos tiene relación con las 180.000 personas que se atienden allí. Si bien se atienden más usuarios en Sanidad Militar que en ASSE, el 40% del personal técnico del Hospital Militar se ha ido a consecuencia de los bajos salarios, que no se han equiparado con los de ASSE. En este mes se fueron 40 médicos y el CTI del Hospital Militar dejaría de funcionar al finalizar este año si no se incorporan los técnicos necesarios. De más está decir que la cápita que hoy recibe el Hospital Militar es $ 280 menos que la que recibe ASSE por paciente y no necesitamos ir al Hospital Pasteur para darnos cuenta cuál de los dos está mejor administrado. Ojalá todos los hospitales estuvieran administrados como lo está el Militar. Por supuesto que hay cosas para mejorar, pero también debemos ser conscientes de que la situación es de una gravedad inusitada.

El Gobierno está preocupado, vamos a reconocerlo, y ha hecho un acuerdo para que el Hospital Militar pueda prestar servicios a ASSE. Sin embargo, se trata de un artículo absolutamente inaplicable, porque para poder equilibrar su presupuesto el Servicio de Sanidad Militar debería crecer en un 1.300% y recibir los ingresos de ASSE que hoy le hacen falta para funcionar. Actualmente el Hospital Militar solo podría brindar 3.000 prestaciones, lo que es absolutamente insuficiente para su funcionamiento. Se trata de un tema muy delicado en virtud de la composición a la que hacíamos referencia, ya que el 70% del personal militar está por debajo de la línea de pobreza. Este es un elemento central, porque hay que recordar que este personal, también con bajas retribuciones, se quedaba justamente por la calidad de la Sanidad Militar que, además, no es cualquier sanidad. No debemos confundir los servicios que brinda Sanidad Militar -que además es la última barrera ante cualquier situación de catástrofe que el país pudiera sufrir-, con el hospital que funciona comúnmente atendiendo a los ciudadanos. El antiguo Hospital de Sangre, que es el Hospital Militar, debería contar con una atención especial que lamentablemente no tiene.

Con relación a este artículo, no logro entender por qué, acertadamente, al crear el mismo cargo de particular confianza en el Ministerio del Interior para Sanidad Policial, se establecen requisitos que aquí no están. Por ejemplo, para acceder al cargo de Director Nacional de Sanidad Policial se deberá cumplir los siguientes requisitos: título universitario en el área de la salud; posgrado en Administración de Servicios de Salud en la Universidad de la República u otras instituciones terciarias aprobadas por el Ministerio de Educación y Cultura por actuación documentada o competencia notoria; y experiencia debidamente acreditada en la administración de servicios de salud por un período no inferior a tres años y con evaluación satisfactoria otorgada por autoridad competente. En Sanidad Militar, para la creación del mismo cargo, no se pide lo mismo; sin embargo debería exigirse todo esto, porque allí hay una especialización que es la Medicina Militar, producto de la particularidad de la sanidad militar, que no es una mutualista o un hospital público que brinda la atención que todos conocemos, sino una institución especializada para la atención de cualquier situación en que el sistema público se vea desbordado.

Por lo tanto, pediría que la Bancada de Gobierno reflexione sobre esto. Recuerdo que cuando en Comisión propusimos el tema al señor Ministro de Defensa Nacional, dijo que estaría dispuesto a aceptar que se exigieran en este caso los mismos requisitos que se exigen en Sanidad Policial para los cargos de particular confianza que el mismo Gobierno y el mismo Presupuesto crean.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: el Partido Colorado va a votar negativamente este artículo por las mismas consideraciones que hemos hecho con respecto a otros artículos que también crean cargos de particular confianza en diversos Incisos. Como dije en mi exposición general sobre el Inciso del Ministerio de Defensa Nacional, creo que en forma bastante masiva los cargos ocupados por militares se están sustituyendo por civiles, algunos sin justificación aparente, por lo menos manifiesta o entendible. En este caso, la Dirección de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas siempre fue ejercida por un General en actividad, que ya tiene su sueldo cubierto por el presupuesto militar. Además, siempre ha desempeñado funciones con total eficacia y eficiencia; si tenemos en cuenta los costos por paciente, Sanidad de las Fuerzas Armadas es la Unidad Ejecutora más eficaz y eficiente del Uruguay. Por lo tanto, creemos absolutamente innecesario crear un cargo de particular confianza política que seguramente será ocupado -porque acá no se establece ningún otro criterio o característica profesional para quien lo ocupe- por un político o algún militar retirado afín al Gobierno, lo que nos parece de muy mala práctica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 189.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 192.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 193.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 194.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 195.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 196, que tiene una formulación sustitutiva.

Léase el artículo sustitutivo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículo 196.- Autorízase en el Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, unidad ejecutora 041 “Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica”, en el grupo 0 “servicios personales” con cargo a la financiación 1.1 “Rentas Generales” una partida de $ 5:000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales, para la contratación del personal que se considere imprescindible, hasta la aprobación de las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo en esa unidad ejecutora. Estos créditos serán utilizados para la financiación de dichas reestructuras, por lo que, una vez aprobadas las mismas, la Contaduría General de la Nación realizará las trasposiciones pertinentes.

Autorízase una partida de $ 10:695.586 (diez millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos ochenta y seis pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales para compensar la actividad de los Controladores de Tránsito Aéreo en dicha unidad ejecutora. El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de la referida partida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para fundamentar la presentación de la redacción sustitutiva, tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: en este caso, en el segundo inciso del artículo, se incrementa la partida para los controladores aéreos -de $ 5:000.000 a $ 10:695.586, incluido aguinaldo y cargas legales-, por entender que era necesario remunerarlos mejor -por el monto adjudicado a este artículo en general- dada la delicadeza de su trabajo. Para ello, se bajó a $ 5:000.000 la partida establecida en el primer inciso para la contratación del personal, que también se considera imprescindible, quedando invertidos los montos iniciales.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: consulto a la Mesa si se podrá desglosar el artículo en incisos para su votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Entonces lo voy a solicitar, porque vamos a votar el segundo inciso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Aclaro que lo que el señor Senador está pidiendo es una votación por incisos.

Tengamos en cuenta que vamos a votar -por lo menos, quien ha hecho la propuesta- por la negativa la formulación original y, luego, el sustitutivo por incisos.

Se va a votar la formulación original del artículo 196.

(Se vota:)

-0 en 28. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primer inciso del artículo sustitutivo.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo inciso del artículo sustitutivo.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: quisiera dejar una constancia. Quienes hace mucho tiempo conocemos a las personas que trabajan como controladores aéreos, debemos reconocer que, por primera vez, han presentado una propuesta de reestructura más que interesante, que tendría que ser debidamente atendida, pues no se circunscribe exclusivamente a la materia presupuestal, sino a algo mucho más delicado como es la seguridad del tránsito aéreo. Aquí tenemos un grave problema de seguridad en el tránsito aéreo, que no solo está relacionada con los bajos salarios que perciben estos funcionarios -los peores pagos de toda la región-, sino también con la escasez.

Vamos a poner un ejemplo para que se vea cómo puede afectar la industria del turismo. En el Aeropuerto Internacional de Punta del Este hay un solo operador aéreo en enero y a las ocho de la noche se cierra el aeropuerto. Debemos estar debidamente conscientes de esta situación, ya que la expansión del tránsito aéreo en Uruguay es muy importante dada la utilización de nuevos aeropuertos, producto de que una nueva línea aérea comercial está llevando gente a Salto y a Rivera. La necesidad de acompasar esa demanda con más controladores y, además, con el equipamiento debido, hace que debamos prestar una atención especial a este tema.

Para que los señores Senadores puedan entender la delicadeza de esta situación, quiero señalar que el servicio de contralor aéreo nacional le genera a Rentas Generales US$ 70:000.000 al año. Esto quiere decir que debemos ser conscientes de que este es un servicio que Uruguay debe mantener. Hay riesgos que acechan, producto de que Brasil y Argentina se disputan permanentemente la superintendencia del contralor aéreo nacional, como consecuencia de lo vetusto de nuestros equipos y de la carencia de personal. Este es un llamado de atención del que queríamos dejar constancia en este fundamento de voto, para que se atienda debidamente en el futuro.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: he votado afirmativamente el inciso referido a los controladores aéreos por las razones expuestas por el señor Senador Penadés, que compartimos, y además porque tenemos presente la visita que nos hicieron a la Comisión de Constitución y Legislación, planteando distintos aspectos de la situación que están viviendo, así como también los problemas que padecen. En aquella oportunidad, retuvimos un dato que nos pareció muy relevante: en este momento los controladores aéreos están emigrando a Sudáfrica; allí los contratan porque quieren aprovechar su excelente nivel de capacitación y, por supuesto, les ofrecen salarios muy superiores a los que tienen en Uruguay. Con este aporte sabemos que no resolvemos todos los problemas pero, por lo menos, es una señal de que hemos tomado debida nota de la situación y, en la medida que nos es posible, procuramos atender su problema.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 199.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 205.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 27. Afirmativa.

Hemos finalizado la votación del Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, pero tenemos un artículo postergado que es el 178. Informo a los señores Senadores que la Mesa aguarda la formulación del artículo sustitutivo correspondiente.

Se ha presentado una formulación alternativa al texto original postergado, que agrega un inciso.

Léase el artículo 178 sustitutivo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 178.- Sustitúyese el artículo 88 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:

“ARTÍCULO 88.- Los fondos que la Organización de las Naciones Unidas se obliga a entregar como reembolso por la participación de las Fuerzas Armadas en las Misiones de Paz, así como cualquier otro tipo de fondos que con estos mismos fines abonen otros organismos internacionales, constituirán Fondos de Terceros. La totalidad de dichos fondos, tendrán como único destino la financiación de gastos de funcionamiento e inversión del Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, que los administrará a través de la unidad ejecutora 001 “Dirección General de Secretaría de Estado”, la que deberá presentar anualmente un informe de auditoría ante el Poder Ejecutivo.

Los referidos fondos tendrán como destino final la unidad ejecutora que generó dicho reembolso por su participación en las diferentes Misiones de Paz sin perjuicio de resoluciones que al respecto podrá adoptar el jerarca del Inciso.

Créase la Unidad de Gestión Económico Financiera, con dependencia directa del Director General de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional, la que tendrá como objetivo coordinar la administración y control de los referidos fondos.

Las partidas que perciban los efectivos que se desempeñen en misiones operativas para el mantenimiento de la paz, financiadas a través de los fondos a que refiere el inciso primero del presente artículo, serán consideradas rentas de fuente extranjera”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo con la formulación original.

(Se vota:)

-0 en 26. Negativa.

Se va a votar el texto sustitutivo recién leído.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde pasar a la consideración del Inciso 04 “Ministerio del Interior”. Se escuchan propuestas de desglose.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Nosotros no vamos a pedir ningún desglose. Después de votar afirmativamente los artículos, vamos a fundamentar nuestro voto.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Nosotros solicitamos que se desglosen los artículos 225 y 261.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑORA DALMÁS.- Solicitamos el desglose del artículo 221.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el conjunto de los artículos correspondientes al Inciso 04 “Ministerio del Interior” que no han sido desglosados.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: como es público, los Senadores del Partido Nacional hemos decidido acompañar in totum los artículos presentados por el Gobierno. En realidad, este es un claro mensaje de respaldo a una gestión que tenga como resultado el combate frontal, con eficacia y eficiencia, a la criminalidad del país. Es una carta de crédito que estamos dando, pero en la próxima Rendición de Cuentas revisaremos debidamente la gestión que se debe llevar adelante por parte del Ministerio del Interior.

Ponemos la atención en algo que nos ha preocupado mucho, que es la responsabilidad en el manejo de los fondos. Hemos escuchado que se pretende invertir en la compra de helicópteros para la Policía. Realmente, me parece un despropósito. Es una vieja aspiración de la Policía Nacional, pero no deberíamos permitir que se logre. Cuando preguntamos al señor Ministro cuál era el motivo, no quisimos profundizar, porque la explicación que nos dio -debido al asesoramiento que en ese momento había recibido- fue que la Fuerza Aérea Uruguaya no tiene helicópteros que puedan volar de noche. El señor Ministro no tiene por qué conocer el tema -sí los asesores-, pero todos sabemos que la Fuerza Aérea Uruguaya tiene helicópteros y personal idóneo para pilotearlos y que las operaciones conjuntas entre la Policía y la Fuerza Aérea no son una novedad. Por otro lado, la compra de helicópteros por parte de la Policía implicaría la creación de un escalafón de pilotos aviadores policiales, una cadena logística y un helipuerto. O sea que implicaría una cantidad de gastos que, producto de la bondad que el Presupuesto tiene, cualquier ordenador del gasto podría sentirse tentado de gastar en forma vilipendiosa.

Por lo expuesto, hemos decidido votar todos estos artículos del Ministerio del Interior, dándole una carta de crédito, pero desde ya anunciamos que vamos a ser particularmente vigilantes -sobre todo en la próxima Rendición de Cuentas- de los resultados de este Presupuesto en la mejora de la seguridad pública de nuestra población.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: el Partido Colorado ha votado favorablemente todos estos artículos porque somos conscientes de que lo que la sociedad demanda hoy es una mejor atención a sus problemas de seguridad y queremos acompañar al Poder Ejecutivo en su esfuerzo por satisfacer esa demanda popular evidente y ostensible. Hemos antepuesto esa consideración a toda otra, salvo en los dos artículos cuyo desglose hemos pedido, porque disponen la creación de cargos de particular confianza que, manteniendo la línea que anunciamos al comienzo del tratamiento de este Presupuesto, vamos a votar negativamente.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Suscribiendo las opiniones que han vertido los señores Senadores preopinantes y manifestando la misma preocupación y el mismo énfasis sobre el tema de la seguridad pública, quiero decir que estos artículos recogen algunos de los consensos que se lograron en la Comisión multipartidaria de seguridad. En ese momento se hablaba de duplicar la asignación presupuestal, y si bien no sé si se llega a tanto, sin ninguna duda recoge un elemento sustancial en lo que tiene que ver con las retribuciones y la creación de nuevas vacantes que van a fortalecer el instituto Policial y su profesionalización.

Nos han preocupado algunas declaraciones de los sindicatos que existen en la Policía Nacional en cuanto a que no ven con buenos ojos la disminución de las horas que realizan por el Servicio de Vigilancia Especial de Seguridad 222. Me parece que el Gobierno, con los incrementos salariales que está disponiendo, debe exigir con absoluta y total autoridad el cumplimiento de este cronograma de horas del Servicio de Vigilancia Especial, que hace que los policías, en lugar de trabajar ocho o diez horas para cuidar la vida y la propiedad de los uruguayos, estén protegiendo los valores en los Bancos, en las agencias de cobro o en infinidad de lugares. Esa no es la función de la Policía, sino la de las agencias privadas de seguridad. Confiamos en que las autoridades del Ministerio hagan cumplir esto a rajatabla, así como lo que se suscribió en el documento de consenso de la multipartidaria, en el sentido de que la Policía no es un Cuerpo deliberante, sino un Cuerpo vertical sujeto a obediencia, en el que las órdenes, cuando están bien dadas, no deben discutirse y el servicio tiene que ser esencial y permanente.

Además, se dispone la efectiva creación -aunque ya fue encargada en la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario- del Instituto de Rehabilitación, para la solución definitiva del problema del sistema carcelario uruguayo. Creemos que la solución no pasa por que el control de acceso lo hagan los militares, sino por una profunda reestructura del sistema penitenciario uruguayo, que aquí se encara a través de la creación del Instituto de Rehabilitación y de un subescalafón especializado de guardia penitenciaria que, además, tiene retribuciones especiales. Uno de los puntales de una sociedad segura es tener un sistema carcelario que rehabilite, y espero que la creación de este Instituto sea la solución, por lo menos en el mediano plazo, para este problema.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 221, que tiene una formulación sustitutiva.

En la medida en que resulta un artículo difícil de leer, porque es un gran cuadro con la definición de cargos, escalafones, grados, etcétera, quiero decir que la propuesta sustitutiva figura en la hoja Nº 3 y que la diferencia entre este nuevo artículo y el texto original consiste en que se eliminan las filas dos y tres de la tabla correspondiente.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Miembro Informante.

SEÑORA DALMÁS.- Efectivamente, esa es la diferencia. Lo que ocurrió fue que no alcanzaba la partida asignada para la creación de todos esos cargos, por lo cual el Ministerio del Interior resolvió priorizar algunos de ellos y eliminar los cargos de Profesional de Seguridad de la Información e ingeniero en Telecomunicaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 221 en su redacción original.

(Se vota:)

-0 en 28. Negativa.

Se va a votar el artículo 221 sustitutivo, que figura en la hoja Nº 3.

(Se vota:)

-26 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 225.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 261.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

Se pasa a considerar el Inciso 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Solicitamos que se desglosen los artículos 279, 280, 281, 282, 283, 294, 295, 299 al 308 inclusive, 310, 311, 313, 314, 315, 326, 328, 329 y 330.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Solamente queremos agregar el artículo 322.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos no desglosados.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GALLICCHIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLICCHIO.- A título de fundamento de voto del artículo 325, que ya fue votado, quiero decir lo siguiente.

Casinos del Estado se encuentra desarrollando hoy un programa de modernización de su operativa y presencia comercial, de su perfil institucional, de su funcionamiento, y también, con especial atención, de su política de recursos humanos y capacitación, y es en el contexto de esta última -en lo que concierne a los recursos humanos- que resulta de vital importancia formalizar, reorganizar y racionalizar la relación laboral de este organismo con su componente humano a través de la elaboración de un estatuto. Elaborar y aprobar un estatuto del funcionario de la Dirección General de Casinos va en línea con la histórica aspiración de esa Unidad Ejecutora de contar con un presupuesto operativo y de inversiones propio, y representa un paso fundamental para subsanar un grave atraso en la formalización de su organización interna. Casinos del Estado ha registrado, con el paso del tiempo, un crecimiento aluvional en lo que respecta a sus recursos humanos, a partir del desarrollo del sistema mixto y la apertura de salas muy importantes en cuanto a su dotación de personal, tales como las de Punta del Este, la de Hípica Rioplatense y la del Casino Victoria Plaza. Pero el crecimiento de su plantilla y, por ende, también de su cuerpo administrativo no fue acompañado por una correcta racionalización y formalización de los vínculos laborales de la carrera administrativa en curso y de los derechos de sus funcionarios. En Casinos del Estado existen funcionarios presupuestados, contratados y zafrales, con distintos grados y escalafones, y con una carrera administrativa prolongada y consolidada, pues más allá de encierros formalistas o ritualista-juridicistas, ha sido consagrada por el imperio de la propia realidad de los últimos cuarenta años de funcionamiento, donde generaciones de funcionarios han pasado por el organismo, ascendiendo por los distintos cargos y responsabilidades previstos en su estructura de funcionamiento.

Por tal razón, este artículo plantea, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas y previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, cubrir y poner al día esa deuda prolongada en el tiempo con la carrera administrativa de los funcionarios de Casinos del Estado, para habilitar la elaboración del necesario cuerpo legal que rija su vida interna y funcional, brindando el correcto ordenamiento formal a lo que la propia trayectoria práctica de ascensos de los funcionarios en este organismo ha marcado, y asignándole claridad, transparencia y certeza a su carrera administrativa y al sistema escalafonario de sus funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 279.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Desde la Administración anterior mantenemos una diferencia de criterio muy importante con el Ministerio de Economía y Finanzas y, en particular, como después lo veremos, con la acción de la Dirección General Impositiva. Nosotros tenemos otra visión con respecto a la forma de proteger la intimidad, tanto en lo que hace a las personas físicas como a las personas jurídicas. En consecuencia, no compartimos lo que se crea a través del artículo que estamos considerando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 279.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 280.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 281.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: no hemos votado este artículo de “imprescindibles” para reestructura, entre otras cosas, porque daría la impresión de que ella no se concretaría en este período de Gobierno, habida cuenta de que hay $ 34:000.000 al 2014. Además, está planificada una reestructura a nivel de la Dirección Nacional de Aduanas. Ese es el motivo por el que no hemos acompañado con nuestro voto la disposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 282.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 283.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 294.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR GALLINAL.- Pido excusas al señor Presidente, pero me parece que se ha salteado el artículo 286.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese artículo no ha sido desglosado, por lo que ya fue votado.

SEÑOR GALLINAL.- Entonces, simplemente quiero dejar constancia de que si en ese caso aparece nuestro voto afirmativo, ha sido por error, porque en realidad no compartimos los “imprescindibles” de ese artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda hecha la constancia.

En consideración el artículo 295.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 299.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 300.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 301.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 302.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 303.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 304.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 305.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: hemos presentado un artículo sustitutivo de esta disposición, entre otras razones, porque consideramos que esta nueva forma de distribución de los recursos que se obtienen a partir de la mercadería incautada no beneficiará el combate contra las faltas o delitos que se cometen. En su oportunidad, solicitamos y promovimos que se mantuviera un porcentaje de lo que se obtiene como consecuencia de esta mercadería para destinarlo a los denunciantes. En esa medida incluimos no solo a los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, sino también, entre otros, a la Policía, que eventualmente al día de hoy tiene derecho a una participación de esos recursos en función de la acción promovida para dejar al descubierto la infracción.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa comunica al señor Senador que no ha llegado ninguna formulación sustitutiva relativa al artículo 305.

SEÑOR GALLINAL.- Quizá lo que sucedió fue que presentamos el sustitutivo en la Comisión y fue descartado. De todas maneras, ese fue el fundamento por el que pretendíamos modificar la norma.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda hecha la constancia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 305.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 306.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 307.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 308.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 310.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 311.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 313.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 314.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: simplemente quiero señalar que a este respecto caben consideraciones de carácter similar a las expuestas con relación al artículo 305.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda hecha la constancia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 314.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 315.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 322.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 326.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 328.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 329.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 330.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

Ha culminado el tratamiento del Inciso 05, correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: quedé un poco rezagado, pero a modo de fundamento de voto quiero explicar la razón de nuestro voto negativo al artículo 294 correspondiente a este Inciso, referido a los encargados de Departamento.

El tema de las encargaturas en la Dirección General Impositiva motivó una amplia discusión en el ámbito de la Comisión. Para ahorrar tiempo al Cuerpo, nos permitimos solicitar que se tengan por reproducidas las argumentaciones que en su momento establecimos con respecto a nuestra oposición, ya que, a nuestro juicio, se vulneran derechos adquiridos de muchos funcionarios.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el Inciso 06, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Solicitamos el desglose de los artículos 333, 335, 337, 338, 342, 343, 344, 345, 350, 358 y 360.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: solicitamos que se agregue a los desgloses ya propuestos solo el del artículo 349.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el conjunto de artículos correspondientes al Inciso 06 “Ministerio de Relaciones Exteriores” que no fueron desglosados.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 333.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: hemos votado negativamente este artículo. En su momento, en la Comisión, propusimos un sustitutivo que sugería algunas otras modificaciones pero, en sustancia, suprimía la referencia al Consejero que figura en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 14.206. Hicimos el planteamiento porque nos parece que el texto actual rebaja la jerarquía del destino de Jefe de Misión permanente, al permitir que puedan acceder a él quienes recién se encuentran en los primeros tramos de la carrera diplomática. Por el contrario, nos parece que la jerarquización de esa carrera reclama que la posibilidad de acceso a la Jefatura de Misión permanente quede acotada a quienes ocupan los rangos de mayor importancia: Embajador, Ministro o, a lo sumo, Ministro Consejero.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 335.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 337.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 338.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 342.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 343.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: este tema de la prima por productividad, en el ámbito de algunos otros Ministerios puede ser cuantificable, pero en la Cancillería todo va a depender del criterio subjetivo que disponga la reglamentación. En muchos lugares y sectores del país se piensa que la productividad del funcionario debe medirse por los resultados que pueda tener, por ejemplo, el comercio exterior o el aumento de las ventas. Creo que, en este caso, una prima por productividad va a crear una distorsión importante, porque será absolutamente subjetiva, traerá aparejadas muchas dificultades en el ámbito interno y, sobre todo, generará una serie de presiones típicas en una institución de esta naturaleza. En definitiva, me refiero a la creación de un incentivo que no necesariamente puede ser medido con la objetividad con que puede hacerse en otro tipo de actividades. Francamente, en esta no va a ser de fácil aplicación.

Insisto en que no vamos a votar esta prima por productividad porque creemos que va a ser un elemento de distorsión, más que de incentivo y estímulo a los funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 343.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 344.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: sobre este tema ya conversamos en Comisión; estamos hablando aproximadamente de US$ 400.000 a US$ 500.000 anuales para trabajos de Consultoría en la Cancillería. En Comisión, el señor Ministro señaló que, en su interpretación, esa cifra podría ser destinada para los cinco años de gobierno y no para uno solo. Me parece que transformar un trabajo de Consultoría en la Cancillería, de US$ 400.000 a casi US$ 2:000.000, es una exageración y, además, un elemento de distorsión en el funcionamiento del propio Ministerio, porque una Consultoría que trabaje externamente va a generar no solo un gasto innecesario, sino dificultades de toda naturaleza. Entonces, pensamos que esto podría ser atendible si se tratara de los recursos votados para los cinco años de gobierno, tal como lo interpretara el señor Canciller en su oportunidad.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: tal como adelantamos en Comisión, nos parece que el monto es excesivo y, además, las tareas para cuya realización ha de contratarse a esta Consultoría son las propias y específicas que debe cumplir la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Puede entenderse que cuando se trata de una organización pública muy numerosa y compleja se requiera el concurso de algún agente externo que coopere en la materia, pero estamos hablando de uno de los Incisos con menor cantidad de personal y con tareas más acotadas y homogéneas. Inclusive, si a través de esta Ley de Presupuesto estamos fortaleciendo a la Oficina Nacional del Servicio Civil y confiándole cometidos que realcen su importancia, es en Incisos como el del Ministerio de Relaciones Exteriores donde tiene que demostrar su nueva capacidad y aptitudes pues, de lo contrario, pocas tareas podrá desempeñar.

Por esa razón votamos negativamente este artículo.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: voy a votar afirmativamente esta disposición porque entiendo que se trata de algo necesario para el Ministerio de Relaciones Exteriores. En nuestra experiencia en la gestión anterior, pudimos verificar que el nivel de atraso que existe desde el punto de vista técnico, en cuanto a la interconexión entre todas las misiones que tenemos en el mundo, era muy importante. En las reuniones donde se evaluó la crisis mundial de 2008 y 2009 se pudo constatar los niveles absolutamente desparejos en este sentido y, al mismo tiempo, lo reconfortados que estaban los Embajadores y demás funcionarios de la Cancillería en la medida en que la introducción de algunos elementos de tecnología básica les permitía tener una acción mucho más eficaz. Creo que hay una Consultoría de UTE que está trabajando en esta materia, pero aclaro que estas cosas no se llevan adelante con muy poco dinero.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una formulación sustitutiva del artículo 344, que convierte la partida anual en partida única.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Artículo 344.- Habilítase una única partida de $ 9:813.500 (nueve millones ochocientos trece mil quinientos pesos uruguayos), para la contratación de una Consultoría para que planifique, instrumente, ejecute y evalúe el proceso de mejora continua del Inciso 06, “Ministerio de Relaciones Exteriores”, tendiente a la consolidación de una organización cuya gestión esté fundada en la definición, compromiso y obtención de resultados. Las pautas para el proceso del nuevo sistema de gestión deberán ser coordinadas con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el Ministerio de Economía y Finanzas.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 344, en su formulación original.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 345.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 349.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 350.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: el artículo ahora numerado como 350 fue muy discutido en la Comisión. El señor Ministro nos informó que era el reflejo de un delicadísimo acuerdo que había logrado entre los distintos sectores o gremiales en el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. Como hubo algunos intentos de modificación que podían desbaratar ese equilibrio, nos sugirió -y aceptamos de buena voluntad- que votáramos negativamente este artículo porque cualquier intento de alteración de esta norma podría ser negativo para el Ministerio.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: no sé qué tipo de equilibrio se ha buscado internamente en la Cancillería, pero lo único que nosotros aportamos en este artículo -que estamos dispuestos a acompañar- es que, a través de una consulta con la cátedra de Derecho Administrativo, se evitara cualquier posible perjuicio a los derechos adquiridos de algunos funcionarios -que no son más que seis o siete- y que simplemente se habilitaba la posibilidad de que pudieran recurrir frente a ese Ministerio. El hecho de eliminar todo este artículo no me parece, desde el punto de vista de la Cancillería, lo más adecuado. Estamos dispuestos a acompañar una política de carácter general, pero resulta que por un tema muy puntual y particular, el Canciller retira este artículo, lo que nos parece un error. De todas maneras entendemos que se quiera mantener ese equilibrio -tan frágil y delicado- que se ha alcanzado entre el Ministro y los funcionarios; ojala hubiera existido también ese equilibrio en el Ministerio de Defensa Nacional, donde es posible que esto hubiera tenido un mejor resultado.

En definitiva, si el señor Ministro ha decidido retirar este artículo, nos atenemos a lo que establece, pero que quede constancia de que se ha perdido la oportunidad de orientar y de profesionalizar esta carrera por un pequeño problema planteado en torno a seis o siete funcionarios que tenían todo el derecho adquirido para recurrir por quedar fuera.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: nosotros habíamos planteado en Comisión un texto sustitutivo que no prosperó y en este caso, discrepando con el señor Senador Abreu, quiero decir sinceramente que me alegro de que no se apruebe este artículo. Prefiero esto a la solución que venía desde la Cámara de Representantes.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: saludamos la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido de promover el retiro de este artículo. Nos parece que esta es la mejor solución y no porque contemple solamente las aspiraciones o derechos adquiridos de seis o siete personas que integran el escalafón A desde hace mucho años, sino porque tiene en cuenta el interés legítimo y las expectativas de los funcionarios diplomáticos del escalafón M del servicio exterior, que razonablemente aspiran a desarrollar las funciones para las que se han preparado y a ocupar cargos en el exterior del país, ya que es así que cumplen más cabalmente con su función. Ellos saben que si se habilita la salida de funcionarios del escalafón A Técnico-Profesional, eso fatalmente iría en desmedro de las posiciones que ellos puedan ocupar, no por razones administrativas, ni porque se trate de confundir un escalafón con otro, sino por razones económicas. El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con escasos recursos, es una de las Carteras que recibe menores incrementos en este Presupuesto y, a la hora de enviar funcionarios al exterior dispone, repito, de muy escasos recursos. En consecuencia, si debe repartir esos recursos entre funcionarios diplomáticos, administrativos -cuyo artículo votamos negativamente- y, además, los del escalafón Técnico-Profesional, entonces, esas personas que ven que por otro lado también ocupan posiciones los Embajadores políticos, etcétera, cada vez van a ver más recortada y restringida la posibilidad de desarrollar su carrera y de desempeñar las funciones para las cuales se han preparado.

En definitiva, nos parece que la decisión del Ministerio en el sentido de retirar este artículo es correcta, atinada y le hace bien al servicio exterior.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 350.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: simplemente quiero decir que con el retiro de este artículo va a quedar en manos de la consultoría que se contratará -por un monto de US$ 2:000.000 durante cinco años- el crear las condiciones de mejora continua para el funcionamiento de la Cancillería, con las dificultades que esto acarreará.

Consideramos que en este sentido no podemos hacer más.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Pero está fundando el voto o lo que no votó, señor Senador Abreu?

En consideración el artículo 358.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: como se recordará, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se creó una Comisión Interministerial para Asuntos Estratégicos de Política y Comercio Exterior, por lo que el artículo 358 debería decir lo siguiente: Sustitúyese el inciso segundo del artículo 203 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente: “El Instituto se comunicará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través de la Comisión Interministerial para Asuntos Estratégicos de Política y Comercio Exterior”. Digo esto porque este es el nombre que se aprobó en la Comisión; fue una propuesta original del Partido Colorado y se cambió la denominación para darle una proyección un poco más integral.

Hago esta aclaración, simplemente, para ajustar el texto a lo que se aprobó en Comisión y para que el Instituto se pueda comunicar con esa Comisión Interministerial con el nuevo nombre que se le dio.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 358.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: estaba tratando de corregir una incongruencia. Si leemos el artículo 358, advertimos que allí se establece: “El Instituto se comunicará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través de la Comisión Interministerial para asuntos de comercio exterior”. Como decía, esa Comisión Interministerial cambió de nombre porque se aprobó que se llamara Comisión Interministerial para Asuntos Estratégicos de Política y Comercio Exterior.

Entonces, para que la redacción no sea incongruente, la propuesta es que la Comisión con la que se contactará aquel Instituto tenga este nuevo nombre. Así, repito, en vez de hacerse referencia a la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, debería decir Comisión Interministerial para Asuntos Estratégicos de Política y Comercio Exterior.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se reconsidera el artículo 358.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 358 con la propuesta modificativa formulada por el señor Senador Abreu.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 360.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- En esta disposición se establece lo siguiente: “El Director Ejecutivo del Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios será designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior..”. Aquí también deberíamos cambiar el nombre de esta Comisión por Comisión Interministerial para Asuntos Estratégicos de Política y Comercio Exterior. Como se podrá advertir, se trata de la misma modificación planteada en el artículo que consideramos anteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 360 con la modificación propuesta por el señor Senador Abreu.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Hemos culminado la consideración del Inciso 06 “Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Corresponde ahora abordar el Inciso 07 “Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Vamos a solicitar el desglose de los artículos 363, 364, 365, 369, 375, 376, 384, 385 y 389.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Nosotros solicitamos el desglose de los artículos 366, 367, 368, 372, 373, 379, 380, 382 y 386.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el conjunto de artículos del Inciso 07 que no han sido desglosados.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 363.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 364.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 365.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 366.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 367.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 368.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 369.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 372.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 373.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 375.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 376.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 379.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 380.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 382.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 384.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Deseo señalar que en Comisión presentamos un artículo sustitutivo por el que planteábamos que se necesitaba una cifra de $ 3:000.000 a ser destinada a la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. En realidad, compartimos que se destinen recursos pero consideramos que los montos fijados en este artículo están muy por debajo de lo que se necesita en ese destino.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Quiero aclarar que nosotros también consideramos este tema en la Comisión porque allí recibimos a una delegación que vino a hacernos un planteamiento. Por este artículo se deroga un impuesto que pagaban los apicultores y que representaba el 0,5% de la primera venta, correspondiente a los exportadores. Con ese dinero hacían funcionar la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. La verdad es que no sé por qué se deroga, ya que ellos mismos nos pedían que siguiera funcionando. Hice un planteamiento en la Comisión, me dijeron que se lo iban a plantear al Ministro, no hemos tenido una respuesta y por esa razón ahora no acompañamos este artículo. Además, nosotros también pretendíamos que la cifra a asignar fuera mayor a $ 1:000.000.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 385.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Por razones obvias de celeridad no hemos fundamentado antes nuestro voto negativo a una cantidad de estos artículos. Es muy claro que la mayoría de ellos corresponde a la creación de cargos de particular confianza o a los llamados “imprescindibles”, al aumento de contrataciones, algunas de ellas transitorias y al aumento de gastos. A su vez, en su mayoría no se especifica qué es lo que se va a hacer dentro de cada Programa. Ese ha sido el motivo principal por el que no hemos votado los artículos precedentes. Desde ya adelanto que posteriormente solicitaré la palabra para fundamentar el voto del artículo 386.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 386.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Quizás pueda parecer algo menor, pero pienso que si hay algo que se puede corregir lo mejor es hacerlo. En el literal D) de este artículo relativo a la creación del Fondo de Desarrollo Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural, se establece el cometido de establecer subsidios diferenciales. Dado que este artículo refiere al sector rural, creo que hablar de subsidios puede dejarnos expuestos a algún tipo de acción futura por parte de la Organización Mundial del Comercio. Es sabido que la palabra subsidio es muy rastreada por la OMC en los buscadores de palabras en Internet. Por tanto, dado que se trata del desarrollo rural, considero que sería bueno utilizar la palabra “apoyos diferenciales para atender el riesgo que no estén atendidos por otros planes o programas” en lugar de utilizar la palabra “subsidios”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero recordar a los señores Senadores que estamos considerando el artículo 386, que tiene un texto sustitutivo en la hoja 34. Dado que es un artículo casi imposible de leer, solicito a la señora Senadora Moreira que explique claramente en qué consiste la diferencia entre la formulación original y la sustitutiva.

SEÑORA MOREIRA.- La diferencia entre el texto original y el sustitutivo está al final del literal K), donde se agrega una oración que dice: “El Fondo de Desarrollo Rural atenderá en sus cometidos lo dispuesto por la Ley Nº 18.104 de 15 de marzo de 2007.” La frase que se agrega como sustitutivo al final del literal K tiene como objetivo recordar que en la implementación del Fondo de Desarrollo Rural deberá atenderse lo establecido en la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres, tal como se fundamentó para el aditivo general que presentáramos, que refuerza la idea de que dicha ley debe, además, ser recordada en particular en algunos incisos que reglamentan Fondos, como en este caso.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia propone que se haga una sola propuesta alternativa.

En primer lugar, el señor Senador Bordaberry propone sustituir, en el literal D), la palabra “subsidios” por “apoyos”.

En segundo término, como acaba de explicar la señora Senadora Moreira, en el literal K) se agrega una frase -que quedó al otro lado de la página, aunque es un punto y seguido- que dice: “El Fondo de Desarrollo Rural atenderá en sus cometidos lo dispuesto por la Ley Nº 18.104, del 15 de marzo de 2007”.

SEÑORA MOREIRA.- Advierto que se trata de un punto y aparte y no forma parte del literal K); es un inciso independiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Había entendido que formaba parte del literal K). De modo que es un punto y aparte y no forma parte del literal K), es simplemente un inciso independiente.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- En el literal D) de este artículo se expresaría: “Establecer apoyos diferenciales para atender el riesgo que no estén atendidos por otros planes o programas”. Creo que aquí debe expresarse “el riesgo que no esté atendido” o “los riesgos que no estén atendidos”, pues no se puede poner plurales y singulares en forma diferenciada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que se abarca más si establecemos “los riesgos”, que es una manera de arriesgarnos menos a cometer errores. Por lo tanto, el literal D) quedaría redactado de la siguiente manera: “Establecer apoyos diferenciales para atender los riesgos que no estén atendidos por otros planes o programas”. En realidad, en este texto se utilizan los términos “atender” y “atendidos”, por cuanto se sugiere cambiar “atendidos” por “cubiertos”.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la formulación original del artículo 386.

(Se vota:)

-0 en 30. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 386 en su formulación alternativa.

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 389.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

Culmina así el tratamiento del Inciso 07 “Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, por lo que corresponde abordar el Inciso 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería”.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Solicito que se desglosen los artículos 393 y 420.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se desglosen los artículos 391, 395, 397, 400, 401,405, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419 y 421.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el conjunto de artículos del Inciso 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería” que no han sido desglosados.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 391.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 393.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 395.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 397.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 400.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 401.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 405.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 412.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 413.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Hemos votado negativamente este artículo y los anteriores, principalmente porque no se ha especificado ni se explica la distribución del gasto. Se deja esta tarea al Poder Ejecutivo, es decir, se delegan facultades que son propias del Parlamento.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 414.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 415.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 416, que tiene una propuesta sustitutiva.

Léase el artículo sustitutivo del 416, que figura en la hoja 31.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).-Artículo 416: Asígnase al Inciso 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería”, programa 320 “Fortalecimiento de la Base Productiva de Bienes y Servicios”, unidad ejecutora 009 “Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas”, financiación 1.1 “Rentas Generales”, una partida anual de $ 3.000.000 (tres millones de pesos uruguayos) para el programa “Evaluación y Monitoreo de Impactos de Políticas hacia MIPYMES y Comunicación y Divulgación Interna y Externa”, integrando al mismo una evaluación de impacto de género.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- En lo que tiene que ver con la ejecución del Presupuesto, es relevante generar información que permita identificar el impacto de género de diversas políticas y proyectos. Todos sabemos que en las PYME hay una importante participación de mujeres, por eso estamos pidiendo que, entre las dimensiones a estudiar, se incorpore la de género y se realice una evaluación sobre el impacto que tiene en las mujeres el hecho de ser destinatarias de recursos dirigidos hacia las Mipyme.

SEÑOR PRESIDENTE.- De esta manera, quedó claro cuál es la diferencia entre la formulación original y la propuesta alternativa del artículo 416.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la formulación original del artículo 416.

(Se vota:)

-0 en 28. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto sustitutivo del artículo 416.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

Léase artículo 417, cuya propuesta alternativa figura en la Hoja Nº 35.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).-Artículo 417.- Asígnase al Inciso 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería”, programa 320 “Fortalecimiento de la Base Productiva de Bienes y Servicios”, unidad ejecutora 009 “Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas”, financiación 1.1 “Rentas Generales”, una partida anual de $ 1:500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos) para el programa de “Asistencia en Diseño de MIPYMES”. A efectos del procedimiento de asignación de recursos será de aplicación lo dispuesto por la Ley Nº 18.104, de 15 de marzo de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Este artículo sustitutivo va en similar dirección de los otros que presentamos anteriormente y tiene que ver con el procedimiento de asignación de recursos para el programa de asistencia en diseño de MIPYME a la Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas, donde nuevamente las mujeres tienen una participación relevante. Lo que se pide a través de este artículo es que en el procedimiento de asignación de recursos se tome en cuenta lo expresado en la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombre y Mujeres.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 417 en su formulación original.

(Se vota:)

-0 en 28. Negativa.

Se va a votar el artículo 417 sustitutivo.

(Se vota:)

-25 en 28. Afirmativa.

Léase el artículo 419, que tiene una formulación alternativa que figura en la Hoja Nº 36.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).-Artículo 419.- Increméntase en el Inciso 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería”, programa 320 “Fortalecimiento de la Base Productiva de Bienes y Servicios”, unidad ejecutora 009 “Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas”, financiación 1.1 “Rentas Generales”, el Proyecto de Funcionamiento 202 “Proyecto PACPYMES II”, en un monto de $ 12:600.000 (doce millones seiscientos mil pesos uruguayos) anuales por los ejercicios 2011 a 2013 y en $ 10:200.000 (diez millones doscientos mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2014. A efectos del procedimiento de asignación de recursos será de aplicación lo dispuesto por la Ley Nº 18.104 de 15 de marzo de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- La fundamentación de este artículo sustitutivo va en la misma dirección de los anteriores, por lo tanto considero innecesaria repetirla.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 419 en su formulación original.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

Se va a votar el texto sustitutivo del artículo 419.

(Se vota:)

-26 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 420.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- He pedido la palabra porque creo que hay que corregir la redacción del artículo 420, a no ser que me convenzan de lo contrario. Consulto a la Miembro Informante y a los integrantes de la Comisión porque mediante este artículo se crean la Administración de la Política de Telecomunicaciones, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual -lo que está bien-, pero después agrega una frase que establece: “el Poder Ejecutivo adecuará sus cometidos a la nueva denominación”. Creo que hemos acordado con la Bancada de Legisladores los cometidos de la nueva Dirección en lo que refiere a la nueva denominación.

En tanto hemos acordado cuál es el alcance de cada uno de ellos, me parece contradictorio el texto tal como está redactado y sería como firmar un cheque en blanco estableciendo que el Poder Ejecutivo adecuará sus cometidos. Si hemos acordado en los otros artículos los cometidos de uno y de otro, votaría este artículo sin la última frase. No tengo inconveniente en crear el área y la Dirección pero, en función de los acuerdos celebrados, considero que no debería estar la última frase.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Creo que a lo sumo podemos dejar este artículo en consulta, porque forma parte de un paquete de acuerdos. Ahora bien, el inciso que menciona el señor Senador Heber responde a la mecánica de adecuar la nueva denominación y cometidos, porque seguramente la nueva denominación no estaba incluida en los cometidos de la anterior Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Creo que más que de una razón de fondo, se trata de adecuar los cometidos a la nueva denominación, porque antes tenía otro nombre. Admito que sería bueno analizarlo y consultarlo.

Otra opción sería votarlo y luego analizar este punto. Me parece que la idea no es traer una innovación al acuerdo arribado; creo que se trata de un problema semántico.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Se ha propuesto votar este artículo para discutirlo después pero también podríamos estudiarlo y votarlo después. En este sentido, hay dos bibliotecas. Me parece que si vamos a establecer los cometidos, tendríamos que hacer una referencia a los artículos ya votados y acordados. De esa manera, se podría decir que el Poder Ejecutivo adecuará sus cometidos según los artículos tal y cual de esta Ley de Presupuesto a las nuevas denominaciones. Si es así, votaría este artículo y solicitaría que se diera a la Secretaría de la Comisión la potestad de que hagan las referencias correspondientes a los artículos que ya hemos votado y acordado, como muchas veces sucede en el Presupuesto. La otra opción sería postergar la votación y hacer las consultas correspondientes.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- En razón de las dos bibliotecas que mencionaba el señor Senador Heber, creo que lo más sensato es postergar la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- No me agrada mucho la idea de postergar artículos, pero estoy a lo que disponga el Senado.

SEÑOR AGAZZI.- La excepción confirma la regla, señor Presidente.

SEÑORA DALMÁS.- Propongo que se postergue la consideración de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se posterga la consideración del artículo 420.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda postergada la consideración del artículo 420.

En consideración el artículo 421.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado analizado el Inciso 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería”.

Pasamos a considerar el Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Tal como habíamos acordado, este es el último Inciso que trataremos en el día de hoy, que llega hasta el artículo 458.

Los artículos que deseamos desglosar son los siguientes: 429, 431, 432, 435, 444 y 451.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicitamos el desglose de los artículos 430, 434, 436, 443, 447, 452 y 455.

SEÑOR PRESIDENTE.- Los artículos 446 y 448 tienen sustitutivos, pero su desglose aún no fue solicitado.

SEÑORA DALMÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Solicito el desglose de los artículos 444, 446, 447 y 448.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el conjunto de artículos correspondientes al Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte” que no han sido desglosados.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: entre los artículos aprobados hemos votado afirmativamente el 458. En la Legislatura pasada, junto con el señor Senador Larrañaga, trabajamos por alcanzar una solución de estas características. Asimismo, en el transcurso de la actual Legislatura tuvimos oportunidad de reunirnos con el señor Presidente del INAU y con el señor Senador Martínez, con el mismo propósito. Hoy vemos que, finalmente, se logra concretar una reglamentación que va a significar una fuente de trabajo muy importante.

Por lo expuesto, hemos votado con gran satisfacción.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: en el mismo sentido que ha expresado el señor Senador Gallinal, quiero decir que se ha trabajado durante mucho tiempo con respecto a un artículo de estas características. Recuerdo haber tenido una reunión con toda la gente interesada en turf y con el entonces Presidente del INAU, señor Giorgi. También tengo presentes las intervenciones del señor Diputado por Canelones, Lacalle Pou. Como decía, entonces, junto con el señor Senador Gallinal hemos venido trabajando en un tema que es de justicia y que ha permitido tener, sin lugar a dudas, a verdaderos profesionales en el marco del turf, quienes a través de este artículo tendrán la posibilidad de aprender un oficio a corta edad.

En consecuencia, me sumo con satisfacción a la votación de este Capítulo y, en especial, del artículo referido por el señor Senador preopinante.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: quiero señalar que hemos votado con particular agrado el artículo 458 en tanto recoge una solución que había sido materia de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes por nuestro correligionario, el Diputado Vázquez. Una de las primeras iniciativas que presentó en la Legislatura tenía que ver, precisamente, con este tema que aborda y regula -satisfactoriamente a nuestro juicio- el artículo 458.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 429.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: como es lógico y en la misma línea en que hemos venido votando, estamos en contra de estos $ 10:000.000 para contratos de “imprescindibles”.

Por otro lado, aprovecho la oportunidad para referirme al artículo 393 -no lo hice antes para ahorrar tiempo al Senado-, relativo al Ministerio de Industria, Energía y Minería, en donde se gastan $ 74:000.000 para contratos de “imprescindibles” en el año 2011, $ 105:000.000 en 2012, $ 123:000.000 en 2013 y $123:000.000 en 2014. Quiere decir que “los imprescindibles” son eternos, la reestructura que se anuncia nunca se va a terminar y, por lo tanto, continuaremos permanentemente con “los imprescindibles” de aquí en más, siempre y cuando siga esta Administración en el gobierno.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: por razones de brevedad hacemos nuestra la fundamentación del señor Senador Heber.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 430.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 431.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 432.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 434.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 435.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 436, que tiene un texto sustitutivo que figura en la hoja N° 37.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- Artículo 436.- Autorízase en el Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, con cargo a financiación 1.1 “Rentas Generales”, una partida de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos) para el ejercicio 2011 y de $ 38.000.000 (treinta y ocho millones de pesos uruguayos) para cada uno de los ejercicios 2012 a 2014, con destino a la unidad ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte”, programa 282 “Deporte Comunitario”.

A los efectos de esta asignación será de aplicación lo dispuesto por la Ley Nº 18.104, de 15 de marzo de 2007, destinándose los recursos necesarios para la promoción del deporte de las mujeres.

La partida autorizada será utilizada para la realización de convenios con organismos públicos o asociaciones civiles interesados en colaborar con el mantenimiento y la vigilancia de los equipamientos deportivos comunitarios. Excepcionalmente, y cuando no sea posible la realización de dichos convenios, se podrá utilizar la misma para la contratación del personal bajo la modalidad de contrato laboral que se considere imprescindible, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

La Contaduría General de la Nación realizará la reasignaciones que correspondan.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: hay un error porque, en realidad, no se trata de un sustitutivo del artículo 436 sino del 444. Pensábamos que había llegado el texto correcto a la Mesa pero, como no es así, pedimos que se voten los artículos anteriores y cuando llegue la consideración del artículo 444 se lo dé por leído y en ese momento haré la fundamentación correspondiente.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- La frase final del primer inciso del artículo 436 dice que el destino de estos fondos es la regularización de partidas. Esto, de alguna manera, está dando a entender que en el Ministerio de Turismo y Deporte existen partidas irregulares o se han dispuesto fondos de manera irregular. Si hay partidas que se deben regularizar, evidentemente ha habido un desvío en el destino de los fondos.

Quisiera saber si la Bancada oficialista me puede aclarar los motivos que originaron esta situación, y desde ya adelantamos nuestro voto afirmativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 436.

(Se vota:)

-25 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 443.

(Se vota:)

-25 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 444, que tiene un texto sustitutivo al que ya se dio lectura.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar en su redacción original.

(Se vota:)

-0 en 28. Negativa.

Se va a votar el artículo 444 sustitutivo.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Hemos venido votando casi religiosamente todos los artículos relativos a cuestiones de género y apoyando todas las propuestas presentadas por las señoras Senadoras Moreira y Xavier al respecto. El motivo de no acompañar este artículo tiene que ver con “los imprescindibles”, aunque en este caso serían “las imprescindibles”. De todas maneras, el gasto no se justifica, por más cuestión de género de que se trate.

En consecuencia, hemos votado en contra debido a “las imprescindibles”

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Como en su momento no tuve oportunidad de fundar el voto, ahora quiero decir que la contribución de género a este artículo no está relacionada con “los imprescindibles”, sino con incentivar el deporte también en las mujeres, además de en los hombres. Este es el motivo por el cual presentamos un texto sustitutivo relativo a la cuestión de género.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Solicito que se rectifique la votación de este artículo porque cometí un error al votar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente el artículo 444, en su texto sustitutivo.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

SEÑOR FONTICIELLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: no es para fundar el voto, sino para dar respuesta a una interrogante que se planteó.

SEÑOR PRESIDENTE.- No le puedo conceder el uso de la palabra a esos efectos; en este momento solamente puede fundar el voto.

SEÑOR FONTICIELLA.- En realidad, es para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FONTICIELLA.- Quisiera hacer una aclaración con respecto al artículo 436, ya que se ha hecho un planteamiento en base a una suposición.

Si se está aprobando esta disposición a los efectos de regularizar partidas en el Ministerio de Turismo y Deporte, no es porque haya habido irregularidades, sino para cubrir gastos que provienen de varias Administraciones anteriores. Lo que hacen estas partidas es generar los créditos para ello, e históricamente siempre se hizo así. Entonces, la razón es regularizar y crear el crédito para disponer de estas partidas. Quiero que quede claro que no hubo ninguna irregularidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 446.

Léase el texto sustitutivo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- Artículo 446.- Asígnase al Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, unidad ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte” programa 282 “Deporte Comunitario”, una partida anual de $ 6:000.000 (seis millones de pesos uruguayos) en el objeto del gasto 299 “Otros Servicios no Personales no incluidos en los Anteriores”, financiación 1.1 “Rentas Generales”, con destino a la promoción de valores y formas de relacionamiento así como a la revisión de los roles de género con vistas a prevenir y desalentar el uso de la violencia en ocasión de eventos deportivos.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- La redacción original ya expresaba “con destino a la promoción de valores y formas de relacionamiento que tiendan a desalentar el uso de la violencia en ocasión de eventos deportivos” y le agregamos “así como a la revisión de los roles de género con vistas a prevenir”, porque en los roles de género no se incluye solo el de la mujer, sino también el del hombre. Pensamos que es importante efectuar una cierta deconstrucción de los valores culturales y los roles de género que están socialmente aceptados como parte de la conducta violenta de los hombres, en este caso, en los eventos deportivos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 446, en su redacción original.

(Se vota:)

- 0 en 28. Negativa.

Se va a votar el artículo 446 sustitutivo.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 447.

Léase el texto sustitutivo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- Artículo 447.- El “Programa Nacional para la Formación Integral del/la Futbolista Juvenil” estará a cargo de la unidad ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte”, programa 282 “Deporte Comunitario”, del Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, a cuyos efectos se asigna una partida anual de $ 21:000.000 (veintiún millones de pesos uruguayos) en el grupo 5 “Transferencias”, con cargo a financiación 1.1 “Rentas Generales”, promoviéndose el deporte de hombres y mujeres.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte a la señora Senadora que la expresión “del/la” no existe en el idioma español. Por lo tanto, habría que buscar un término alternativo.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Con respecto a la sustitución de esa expresión, sugiero poner “Programa Nacional para la Formación Integral del Futbolista y la Futbolista Juvenil”.

Me quiero referir, sobre todo, al agregado que propusimos en la última frase: “promoviéndose el deporte de hombres y mujeres”, ya que explicita el interés por promover la incorporación de más mujeres jóvenes a esta práctica deportiva y la formación integral de las futbolistas que de manera creciente practican este deporte.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 447, en su texto original.

(Se vota:)

-1 en 28. Negativa.

Se va a votar el artículo 447 sustitutivo, con la sugerencia de que diga “Programa Nacional para la Formación Integral de los y las Futbolistas Juveniles”.

(Se vota:)

-25 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 448, que también tiene una formulación alternativa.

Léase la hoja 40.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- Artículo 448.- Increméntanse en $ 5:500.000 (cinco millones quinientos mil pesos uruguayos) anuales, las asignaciones presupuestales previstas en el artículo 236 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y en el artículo 254 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, con destino a la unidad ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte”, programa 282 “Deporte Comunitario” del Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, a efectos de financiar las contrataciones temporales realizadas en el marco de los programas de natación, recreación y tiempo libre. Dichas contrataciones se efectuarán por un plazo máximo de ciento ochenta días y tendrán como objeto cubrir cargos de personal docente y no docente, ocupándose para tales fines a mujeres y varones. El Ministerio de Turismo y Deporte reglamentará esta disposición tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley Nº 18.104, de 15 de marzo de 2007.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: la fundamentación de este artículo es que resulta importante que quienes trabajen en las plazas de deportes también puedan ser mujeres para que dejen de ser ámbitos masculinos o masculinizados. Se pretende que los trabajos de mantenimiento de las plazas también puedan ser llevados a cabo por mujeres, en particular en las ciudades del interior del país, porque allí hay pocas posibilidades para que consigan empleos acordes a sus posibilidades a lo que se suma que la tasa de desempleo femenina es casi el doble que la masculina.

Finalmente, la participación de docentes mujeres en el deporte puede contribuir a disminuir la violencia, a revisar los roles de género frente a ella y a que se potencie el deporte como instrumento para la educación en igualdad y la transmisión de valores como el juego limpio, la comprensión y el respeto mutuo, la solidaridad y la amistad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 448 en su formulación original.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

Deberíamos votar la formulación alternativa del artículo 448 con una sugerencia: en lugar de decir “El Ministerio de Turismo y Deporte reglamentará”, debería expresarse “El Poder Ejecutivo reglamentará”, etcétera.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa

En consideración el artículo 451.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 452.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 455.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

Queda finalizado el Inciso 09, “Ministerio de Turismo y Deporte”.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: simplemente quiero hacer una referencia porque hemos presentado una serie de aditivos que luego serán considerados. Es importante el significado que tiene para el país el Comité Olímpico Uruguayo, que ha sido subsidiado por el Estado desde 1960 y es parte de la imagen que Uruguay tiene. Es muy importante el esfuerzo que realiza este Comité, sobre todo por la contribución de las federaciones deportivas. Por otro lado, a partir de 2001 existe la Fundación Deporte Uruguay, en la que no solo participa el Estado, sino también el sector privado, repitiendo las experiencias que se realizan en el mundo, donde el deporte de alto rendimiento se fortalece.

En su debido momento, y teniendo en cuenta los aditivos presentados, deberíamos tratar este tema porque no hemos podido lograr que el Ministerio incluya al Comité Olímpico Uruguayo y a la Fundación Deporte Uruguay en este Presupuesto. Entre otras cosas, me parece importante porque estamos dejando por el camino el esfuerzo de todas las federaciones deportivas del país, que hacen un enorme aporte. No olvidemos el sacrificio que significa poder participar en el exterior para los padres y las familias que apoyan este esfuerzo con su propio bolsillo. Pensamos que ello podría ser respaldado por el propio Estado uruguayo, y no solo me refiero a la Fundación, sino también al Comité Olímpico Uruguayo, como tradicionalmente ha sucedido.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: compartimos la valoración que hace el señor Senador Abreu con respecto a la tarea que cumple el Comité Olímpico Uruguayo y la Fundación mencionada. En su momento el tema fue tratado en la Comisión y hubo representantes del oficialismo que nos señalaron que será objeto de una ley especial. Confiamos en que así ha de ser porque, naturalmente, el Comité Olímpico Uruguayo y la Fundación que lo respalda merecen todo el apoyo que se les pueda brindar.

9) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Mocionamos para pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 9 y 30 horas.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 9 y 30 horas.

(Así se hace, a la hora 22 y 46 minutos presidiendo el señor Astori, y estando presentes los señores Senadores Abreu, Agazzi, Amorín, Antognazza, Barreiro, Bordaberry, Da Rosa, Fonticiella, Gallicchio, Gamou, Heber, Larrañaga, Moreira (Constanza), Morodo, Nin Novoa, Pasquet, Pintos, Rubio, Saravia, Tajam, Topolansky, Viera y Xavier.)

DANILO ASTORI Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Walter Alex Cofone Director General

Sergio Pereira Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.