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Nº 50 - TOMO 475 - 19 DE OCTUBRE DE 2010

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO DE LA XLVIIa. LEGISLATURA

49ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR DANILO ASTORI Presidente

Y

EL SEÑOR EBER DA ROSA Segundo Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y EL PROSECRETARIO MIGUEL SEJAS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- El señor Senador Solari solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a ASSE, relacionado con la representación de los usuarios y de los trabajadores en el Directorio de la citada Administración.

- Oportunamente fue tramitado.

5) Exposición escrita

- El señor Senador Larrañaga solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura; al Intendente, a la Junta Departamental y a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones; al Directorio de la Administración Nacional de Correos; al señor Alcalde, a los señores Concejales y al Director de la Banda Musical de la localidad de Tala; y a la Embajada de Italia en Uruguay, por la que manifiesta su reconocimiento a la Banda Municipal de Tala.

- Se procederá de conformidad.

6) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de que se registraron inasistencias a la última convocatoria del Cuerpo.

7) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por las señoras Senadoras Dalmás y Xavier y por los señores Senadores Bordaberry y Lacalle Herrera.

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Ana Lía Pineyrúa y los señores Roberto Conde y Gonzalo Fernández.

8) Código Aduanero del Mercosur y legislación portuaria en el Uruguay

- Exposición de treinta minutos del señor Senador Lacalle Herrera.

- Manifestaciones de varios señores Senadores.

9) Exposición sobre decisiones del Intendente de Salto

- Planteamiento del señor Senador Fonticiella.

- Manifestaciones de varios señores Senadores.

- El Senado resuelve remitir la versión taquigráfica de este tema a la Comisión de Constitución y Legislación, solicitándole el estudio de todo el régimen de pases en comisión y en particular la ley que regula el mecanismo.

10) Levantamiento de la Sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

Montevideo, 14 de octubre de 2010.

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en Sesión extraordinaria el próximo martes 19 de octubre, a la hora 16:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Exposición de treinta minutos del señor Senador Luis Alberto Lacalle, al amparo de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento del Senado, sobre el tema: “El Código Aduanero del Mercosur y la legislación portuaria con nuestro país”.

Carp. Nº 351/10

Exposición de quince minutos del señor Senador Ramón Fonticiella, al amparo de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento del Senado, sobre el tema: “Decisiones del Intendente de Salto que conspiran con el desarrollo de mi tarea como Legislador”.

Carp. Nº 362/10

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario.

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Agazzi, Amorín, Baráibar, Cardoso, Chiruchi, Couriel, Fernández Huidobro, Fonticiella, Gallinal, Gallo, Heber, Lacalle Herrera, Larrañaga, Lorier, Martínez, Michelini, Moreira (Carlos), Morodo, Nin Novoa, Pasquet, Penadés, Rubio, Saravia, Solari, Tajam, Topolansky y Viera.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Bordaberry, Dalmás y Xavier; y con aviso, la señora Senadora Moreira (Constanza).

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la Sesión.

(Es la hora 16 y 5 minutos.)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).-La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional correspondiente al período 2010 - 2014.

- A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.

La Presidencia del Senado, conforme a las disposiciones reglamentarias y en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de Calificaciones y Concursos, comunica al Cuerpo las siguientes Resoluciones:

- Nº 48/10, por la cual se designa en el grado de Director de División del Escalafón E -Serie Imprenta de la Cámara de Senadores, al señor Hugo Daniel Píriz.

- Nº 50/10, por la cual se designan en el grado de Jefe de División del Escalafón C - Secretaría de la Cámara de Senadores a las siguientes señoras funcionarias y señores funcionarios: Marisa Umpiérrez, María Isabel Macedo, Sandra Birriel, Jorge Fernández y José Sambucetti.

- TÉNGANSE PRESENTES.

El señor Senador Alfredo Solari, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), relacionado con la representación de los usuarios y de los trabajadores en el Directorio de la citada Administración.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

El señor Senador Jorge Larrañaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura, al Intendente de Canelones, a la Junta Departamental de Canelones, a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones, al Directorio de la Administración Nacional de Correos, a los señores Concejales de la localidad de Tala, al señor Alcalde de la precitada localidad, al Director de la Banda Musical de Tala y a la Embajada de Italia en Uruguay, por medio de la cual manifiesta su reconocimiento a la Banda Municipal de Tala.

- HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas:

- la solicitud de venia del Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

- la solicitud de venia de la Presidencia de la Comisión Administrativa a fin de destituir de su cargo a un funcionario de dicha Comisión.

La Comisión de Transporte y Obras Públicas eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se crea el Instituto Nacional de Logística.

- por el que se designa con el nombre “General Líber Seregni” la Ruta Interbalnearia.

- por el que se designa con el nombre “Alfredo Zitarrosa” el nuevo puente en la Ruta Nacional Nº 1 Brigadier General Manuel Oribe.

La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva informado un proyecto de ley por el que se designa “Bebel Casás” la Plaza de Deportes de la ciudad de Tala, departamento de Canelones, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa con el nombre “Maestra Ofelia de Horta Campodónico” la Escuela Nº 286 de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa con el nombre “Enriqueta Compte y Riquet” el Jardín de Infantes Nº 72, departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa con el nombre “Alfredo Zitarrosa” la Escuela Nº 177 de la localidad de Vista Linda, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa con el nombre “Luis Ramón Igarzábal” la Escuela Rural Nº 47 de la Colonia Rossell y Rius, departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se introducen ajustes al nuevo sistema tributario.

- REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN DEL SENADO.

La Junta Departamental de Artigas remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil suplente Ruben Ribeiro Luna, relacionadas con los reclamos efectuados por los trabajadores de las represas de Salto Grande y Palmar, vinculados con el pago del trabajo compensatorio.

- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

La Junta Departamental de Florida remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por los señores Ediles Margot Figueredo y Marcos Pérez, relacionada con la situación política que atraviesa la República del Ecuador.

La Junta Departamental de Tacuarembó remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Daniel Berger, relacionadas con la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas.

- TÉNGANSE PRESENTES.

La Junta Departamental de Rivera remite copia de una resolución por la cual se rechaza la figura del Coordinador Departamental.

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la versión taquigráfica:

- relacionada con el homenaje realizado a la trayectoria del profesor Darío Plada.

- A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

- de las palabras pronunciadas por la señora Edila Eva Abal, manifestando su preocupación por los hechos de violencia que acontecen día a día en todo el país, afectando a distintos sectores de la sociedad.

- TÉNGASE PRESENTE.

- de la exposición realizada por la señora Edila Alba Clavijo, titulada “Sistema de Seguridad Social, situación de Jubilados y Pensionistas”, evaluando los logros alcanzados en la materia y lo que aún falta por realizar.

- A LAS COMISIONES DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

- de las palabras pronunciadas por los señores Ediles representantes de todos los partidos políticos, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo.

- A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.

La Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de Salto (Cojupensa) remite nota por la cual comunica su plataforma reivindicativa.

- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Alfredo Solari, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), relacionado con la representación de los usuarios y de los trabajadores en el Directorio de la citada Administración.”

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores
Cr. Danilo Astori
Presente

De mi mayor consideración:

El artículo 2° de la Ley Nº 18.161, de 29 de julio de 2007 dispuso que “ASSE será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros, quienes serán designados de conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del artículo 187 de la Constitución de la República”.

A su vez, el inciso segundo de la citada disposición legal, impone al Poder Ejecutivo que cuando eleve la propuesta de integrantes del Directorio, deberá tener especialmente en cuenta, como condiciones personales de dos de los cinco miembros, “que sean representativos de los usuarios y de los trabajadores de ASSE”.

La Ley Nº 18.161 dispuso que el P.E., debía reglamentar, dentro del término de seis meses de su promulgación, “la forma en que los usuarios y los trabajadores formularán sus respectivas propuestas”.

En la Sesión de Senado de fecha 4 de agosto de 2010, en ocasión de votarse las venias para la integración del Directorio de ASSE, el suscrito expresó que si bien votaba la correspondiente a los representantes de los trabajadores y de los usuarios, por disciplina partidaria, entendía que la situación resultaba, al menos, “irregular”, por no haber sido seleccionados en virtud de lo dispuesto por la ley de creación de ASSE referida.

Dado que la irregularidad de la situación se mantiene, en tanto el Poder Ejecutivo continúa omiso en el dictado de la reglamentación que mandata la ley, se estima necesario asegurar el debido contralor que garantice, tanto a usuarios como a trabajadores, la defensa de sus derechos.

Por lo expuesto, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el presente pedido de informe, al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a la Administración de Servicios de Salud del Estado.

Se reitera lo solicitado en pedido de informe anterior respecto a si se ha elaborado el proyecto de Reglamento que establezca la forma en que los usuarios y los trabajadores seleccionarán sus candidatos a integrar el Directorio de ASSE y, en caso afirmativo, para cuándo se estima estará el mismo en condiciones de ser elevado al Poder Ejecutivo para su aprobación.

Si consta en esa Secretaría de Estado que el Movimiento de Participación de Usuarios de Servicios de Salud y. el Movimiento Nacional de Usuarios de Servicios de Salud, gocen de personería jurídica y en caso afirmativo desde cuándo.

Si dichas organizaciones han formulado ante el Directorio de ASSE planteos, quejas, sugerencias, o denuncias en defensa de los usuarios de ASSE o colectivos que representan. En caso afirmativo, se sirva expresar el número e índole de las mismas y remitir las actas en que consten los planteos presentados.

Si el representante de los usuarios en el Directorio de ASSE, señor Wilfredo Alberto López Cacciavillani, integra alguna de estas organizaciones; cargo o función que ocupa en la misma y desde cuándo.

Proyectos e iniciativas presentadas por los representantes de los usuarios y de los trabajadores ante el Directorio de ASSE, remitiendo copia de las actas donde consten dichas iniciativas.

Si se ha previsto por el Directorio de ASSE el modo de garantizar los derechos de los usuarios frente a eventuales conflictos en la atención de los pacientes que surjan entre los Directores no médicos de Centros Asistenciales (químicos, auxiliares de Enfermería, etc.) recientemente designados y el cuerpo médico.

Detalle de las denuncias formuladas por los movimientos de usuarios ya citados y por ADUSS en los últimos cinco años.

Cuáles son los criterios que permiten sostener que la Federación de Funcionarios de Salud Pública representa legítimamente a los trabajadores de ASSE (funcionarios contratados por Comisión de Apoyo, médicos, no médicos, técnicos, administrativos, etc.).

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

Alfredo Solari. Senador.

5) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar si se remite al Ministerio de Educación y Cultura, al señor Intendente de Canelones y demás destinos señalados, la exposición escrita presentada por el señor Senador Larrañaga.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Sr. Presidente del Senado
Cr. Danilo Astori
Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento del Cuerpo, solicito se dé curso a la siguiente exposición escrita y la misma sea remitida al Sr. Intendente de Canelones, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Junta Departamental de Canelones, a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones, al Directorio de la Administración Nacional de Correos, a los Sres. Concejales de la localidad de Tala, al Sr. Alcalde de la precitada localidad, así como al Director de la Banda Musical de Tala, y a la Embajada de Italia en Uruguay.

Motiva la presente realizar desde el Senado de la República un justo y merecido reconocimiento a una banda musical que forma parte desde su creación, del acervo cultural de la ciudad de Tala y del Departamento de Canelones. Se trata de la Banda Municipal de Tala.

Dicha banda nace por iniciativa e impulso del Presbítero Don Luis Bettini, ilustre sacerdote que llegó a la localidad en la primera década del siglo XX.

Como buen italiano, sentía predilección por la música. Traía de su tierra el deseo de formar un conjunto que ejecutara música selecta.

En Tala encontró vasto campo de acción para llevar a feliz término sus propósitos y en tal sentido comenzó a trabajar en forma incansable.

Se trata de un ejemplo típico de integración cultural y del aporte que la colectividad italiana ha desarrollado en nuestra patria.

Los músicos de este conjunto fueron preparados con instrumental que el mismo Bettini hiciera traer expresamente de Italia, financiado en gran parte con veladas artísticas que se organizaban.

Luego de impartir sus conocimientos y agotados sus recursos, entregó los instrumentos al profesor Luis Xalambrí, quien siguió instruyendo a los integrantes de la banda hasta el momento en que a pedido del mismo sacerdote, llegó de Italia el excelente maestro Don Carlo Romagnoli, primer Director que tuvo la banda.

Así quedó constituida una Comisión que se encargó de organizar los pasos finales y a instancias del Director realizó los trámites para traer de Italia a dos de sus discípulos para incorporarse al resto de los integrantes del grupo, ellos fueron los músicos Ángel Garofali y Ascencio Arduini.

Y por fin, el 4 de noviembre de 1910, y como uno de los festejos conmemorativos de los 50 años de Tala, se inauguró la tan ansiada Banda de Música con sus 25 componentes.

El maestro Don Carlos Romagnoli la dirigió desde 1910 hasta 1915. Desde 1915 hasta 1974 es dirigida por el maestro Don Angel Garofali.

El 1° de junio de 1958 se logró que los músicos fueran contratados por la Comuna de Canelones, pasando de Banda Popular a Banda Municipal.

Desde 1974 hasta marzo de 2003 estuvo a cargo del Maestro-Director Sr. Cesar Camejo Semperena. De 1990 hasta marzo de 2001 el Sr. Carlos Camejo Patrón desempeña tareas de dirección como practicante, hasta que en mayo de 2002 es nombrado Maestro sub-Director.

A partir de marzo de 2003 y hasta el presente sigue cumpliendo funciones como Director interino de dicho conjunto.

En abril de 1991 pasa a la categoría de Banda Internacional al realizar giras de intercambio cultural con Argentina viajando en varias oportunidades, visitando ciudades de las zonas de Conrado Villegas, Trenque Lauquen y Córdoba.

Podemos afirmar ya que consta en Acta N° 2 Folio 4 del libro de actas, que es una de las Bandas más antiguas del país, actuando ininterrumpidamente por cien años.

Este primer centenario de la Banda, se enmarca en los festejos de los ciento cincuenta años de Tala. Cien años de actividad para cualquier entidad significa un mojón trascendente, máxime tratándose de una institución como esta, que difunde y genera cultura, que aporta a la conformación y fortificación de la identidad local. Es por esto que solicitamos a las autoridades departamentales y nacionales que se sumen a este aniversario y adopten medidas para un merecido destaque del mismo.

Sin otro particular, saluda atentamente

Jorge Larrañaga. Senador.

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 53 del Reglamento del Senado, dese cuenta de las inasistencias registradas a la anterior convocatoria del Cuerpo.

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- En la Sesión ordinaria del 13 de octubre no se registraron inasistencias.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

“La señora Senadora Dalmás solicita licencia por el día 19 de octubre.”

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 18 de octubre de 2010.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Don Danilo Astori
Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, para el día 19 de octubre de 2010, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente,

Susana Dalmás. Senadora.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Luis José Gallo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

“El señor Senador Bordaberry solicita licencia por el día de la fecha.”

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Cr. Danilo Astori
Presente.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos particulares, al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, sin goce de sueldo, por el día de la fecha.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente,

Pedro Bordaberry. Senador.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Germán Cardoso, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

“La señora Senadora Xavier solicita licencia por el día de la fecha.”

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores
Cr. Danilo Astori

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Usted se me conceda licencia por el día de hoy, por razones personales.

Sin otro particular lo saluda atentamente.

Mónica Xavier. Senadora.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Se comunica que los señores Roberto Conde y Gonzalo Fernández han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Walter Morodo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

“El señor Senador Lacalle Herrera solicita licencia para el día 20 del corriente.”

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 19 de octubre de 2010.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Cr. Danilo Astori

De mi mayor consideración:

Solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1° de la Ley Nº 17.827, para el día de mañana, 20 del corriente, dado que me encontraré en la ciudad de Asunción del Paraguay dictando conferencias, cuya agenda adjunto.

Saluda a usted atentamente

Luis Alberto Lacalle. Senador.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Ana Lía Piñeyrúa ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Guillermo García Costa, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) CÓDIGO ADUANERO DEL MERCOSUR Y LEGISLACIÓN PORTUARIA EN EL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: Exposición de treinta minutos del señor Senador Luis Alberto Lacalle, al amparo de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento del Senado, sobre el tema: “El Código Aduanero del Mercosur y la legislación portuaria en nuestro país”. (Carp. Nº 351/10.)

Tiene la palabra el señor Senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: “era deseo del Gobierno que el puerto de Montevideo venga a ser un día un punto importante por la concurrencia del comercio, y de aquí se siga su engrandecimiento, promoviendo la actividad y la industria, agentes conocidos del bienestar general”. La cita con la que comienzo mi breve exposición pertenece al General Juan Antonio Lavalleja, Gobernador de la Provincia Oriental en 1829. Es, entonces, desde mucho tiempo atrás que todo lo que tiene que ver con puerto, navegación y ubicación geopolítica del país nos importa, al grado que fueron determinantes de la independencia del Estado oriental. No vamos a reiterar lo que todos hemos aprendido -por suerte- en la escuela y en el liceo, pero tenemos que seguir recordando que nacimos a pesar de los vecinos, y uno de esos pesares era la existencia del Puerto de Montevideo, que generó sentido de pertenencia, independencia y libertad.

Como siempre, señor Presidente, venimos a tratar de aportar a la causa nacional, a la única que hemos servido durante nuestra vida -por supuesto, a través del instrumento histórico Partido Nacional-, con la certidumbre de que si algún tema concita unanimidad, o por lo menos un importantísimo porcentaje de coincidencia, es el de los puertos y las posibilidades que estos ofrecen para nuestra patria. Si bien podríamos abundar en citas históricas, vamos a pronunciar las palabras que nos ha enseñado ese gran amigo y compatriota Ariosto González quien, continuando la tradición de su padre, es una de las personas que sabe más sobre puertos y Derecho Aduanero. Ariosto González enumera una serie de documentos históricos en los que hay una permanencia de interés de todos los Gobiernos -de 1829, como citábamos, de 1864 y de todo el Siglo XX, como por ejemplo las obras del Puerto de Montevideo de 1909- sobre estos temas. Toda la vida del país ha estado pautada alrededor del Puerto de Montevideo y los demás puertos que a veces olvidamos mencionar. Sin lugar a dudas -aunque me comprenden las generales de la ley-, la Ley de Puertos de 1992 fue un momento cualitativamente importante, que determinó una eclosión de la actividad logística portuaria que creo puede calificarse como política de Estado. Algunos eligen hablar de “política de Estado”, pero en lo personal prefiero aludir a “política de país”, porque el país es más que el Estado; en realidad se habla del Estado como representativo de la nación. Hay una política de Estado en materia portuaria, tal como debe existir, y también existe en materia de dragado y de navegación de la Hidrovía. Si unimos estos tres puntos y los ubicamos por encima del mapa vemos que determinan o condicionan un futuro muy próspero para el Uruguay.

A continuación, vamos a citar los artículos 2º y 3º de la Ley de Puertos a la que aludíamos, que es el centro de nuestra disertación. Los voy a citar en forma conjunta y luego haré un comentario. Precisamente, el artículo 2º, “De la circulación de mercaderías”, expresa: “La circulación de mercaderías en el Puerto de Montevideo será libre. No se exigirán para ello autorizaciones ni trámites formales. Las actividades que se cumplan en dicho puerto no significarán modificaciones de la naturaleza del producto o mercaderías y quedarán limitadas a operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento. El destino de las mercaderías que ingresen al puerto podrá ser cambiado libremente. No estarán sujetos en ningún caso a restricciones, limitaciones, permisos o denuncias previas”.

El artículo 3º, en su parte medular -que es la que queremos citar-, expresa: “Durante su permanencia en el recinto aduanero portuario, las mercaderías estarán exentas de todos los tributos y recargos aplicables a la importación o en ocasión de la misma.

Cuando fueran introducidas desde el Puerto de Montevideo al territorio aduanero nacional, se considerarán importaciones o despachos de entrada procedentes del exterior a todos los efectos y deberán cumplir los trámites y pagos que correspondan”.

Por lo tanto, señor Presidente, tenemos la configuración de un exclave desde el punto de vista jurídico aduanero. Es preciso remarcar la distinción entre territorio nacional -que es, por supuesto, todo el ámbito físico en el que se desarrolla la actividad y el poder etático del Gobierno Nacional, nuestro ser físico- y el territorio aduanero nacional, que puede estar circunscripto y sometido a diferentes normativas, tal como ocurre con las zonas francas. Esa es la definición del exclave o puerto libre, como zona en la cual no rigen determinadas normas, tal como acabamos de ver. Esto que para un lego podría parecer algo sin demasiada importancia, en realidad es de extrema significación y así lo marcan las cifras, la realidad, los despachantes de aduana, los agentes marítimos, el tonelaje y la cantidad de contenedores y todo lo que conocemos del Puerto de Montevideo, que a principios de la década del noventa era un lugar donde se echaban a perder decenas de automóviles herrumbrados, enmarcado por un alambrado con una enredadera salvaje, todo lo cual caracterizaba una zona de decadencia y de penosa visión para los habitantes de la ciudad. Sin embargo, hoy encontramos un muro de contenedores y allí se desarrolla una gran actividad que a todos nos enorgullece.

Queremos detallar qué hay detrás de esto. Los principales beneficios del puerto libre son los siguientes: el destino de la mercadería se puede cambiar libremente, viene para Montevideo o para Nueva Palmira y luego es enviada a cualquier parte del mundo; el almacenaje no tiene plazo determinado; los usuarios extranjeros mantienen la propiedad de la mercadería; los usuarios pueden utilizar el depósito y almacenar en puerto libre como si fuera su propio almacén o puerto libre; la mercadería no pierde certificado de origen -esto es sumamente importante-, cualquiera sea el destino donde vaya después; el usuario puede vender, comprar o ceder los derechos sobre esa mercadería a cualquier entidad sin pagar tasa o impuesto alguno; durante la permanencia en el recinto aduanero la mercadería estará exenta de todos los tributos y recargos aplicables a la importación; las mercaderías depositadas, siempre que sus dueños sean personas jurídicas o físicas del exterior, estarán exentas del Impuesto al Patrimonio y las rentas estarán exoneradas del IRAE; la circulación de bienes también está exonerada de impuestos; los activos operativos -o sea, las gigantescas grúas que mueven contenedores de toneladas y toneladas- no están, desde el punto de vista jurídico, en el territorio nacional y por ello no han pagado ningún tipo de gravamen; y las cargas de importación y exportación en tránsito se encuentran beneficiadas por otro tipo de exoneración.

Más allá de que alguien pueda asociar que puerto libre simplemente quiere decir que se puede entrar y salir libremente, debemos tener cabal dimensión de lo que representan esas dos palabras y lo que importan para el país. Las cifras son impresionantes. En 2008, por ejemplo, por concepto de servicios portuarios conexos, almacenaje y transporte terrestre ingresaron US$ 514:000.000. Si se analiza lo que podría ser el efecto multiplicador, esa cantidad bien podría duplicarse; sin dudas, US$ 1.000:000.000 es una suma muy importante que, como todos sabemos, se ha generado alrededor del famoso país de servicios, del que mucha gente duda o lo toma como algo secundario y hasta indebido. Pues bien: hay 36.000 personas que viven de este sector, que es uno de los más grandes ocupadores de mano de obra y generador de trabajo genuino.

Todo esto refleja la adopción de ciertas medidas que, más allá del momento en que se pusieron en práctica, su continuidad ha generado los beneficios que hemos citado a nivel del mundo naviero y multimodal, pues hoy en día el transporte tiene esa característica y las mercaderías llegan en barcos, barcazas, aviones, camiones y ferrocarriles. Quiere decir que estamos ante una de las actividades clave del siglo XXI. Ese es el puerto libre al que aludimos como gran conquista y beneficio que el país debe seguir cultivando.

Se podrá no creer, pero ya en los años veinte, en la época del Presidente Serrato, en un decreto se decía que no debíamos pensar que los puertos de nuestro país se dedicarían solamente a la actividad nacional. Es más, en las Instrucciones del Año XIII la libertad de puertos figuraba como parte del destino nacional artiguista.

La vocación nacional proviene de Róterdam, Ámsterdam y Hamburgo, es decir, de las grandes ciudades portuarias, madres de las libertades de muchos países en tantos aspectos. La Liga Hanseática es una de las experiencias jurídico-políticas que dieron ese sentido de libertad a las ciudades por las que corrían los ríos Escalda y Rin. La primera mención de puerto libre, enseña Ariosto González, es de 1547, del Puerto de Livorno, en las costas de Italia. Fue el primer puerto libre en la historia del mundo, y ya desde aquel entonces nos mostraba las ventajas de constituirse en centro de intercambio de mercaderías -en realidad, lo habían inventado antes los fenicios- y ganar dinero con el comercio y el transporte.

Volviendo a nuestro país, señor Presidente, es importante recordar que somos puerto de la zona, ya que prácticamente el 50% de las mercaderías no viene para acá. Ese es uno de los problemas que vamos a analizar como contradicción entre el Código Aduanero del Mercosur y la legislación nacional. Cuando se aprobó la Ley de Puertos, el entonces Senador Posadas decía claramente que existía una situación independiente del juicio que se hiciera sobre la eficiencia o ineficiencia de nuestros puertos, en el sentido de que los mismos estarían limitados al potencial económico del país si no se hacía algo adicional. Si por la vía de aplicación y administración de la ley se consiguiera transformar todos los puertos uruguayos en lugares de enorme eficiencia y no se les diera nada más, estaríamos condenados a ser utilizados para las importaciones y exportaciones del país, que todos sabemos que tienen un límite. Lo que se buscaba era abrirles un campo mayor, mucho mayor, teniendo presente y en primer lugar -y esto iba dirigido, sobre todo, a los puertos del interior- la oportunidad que significaría la Hidrovía en el caso de Montevideo -o si se quiere de todos-, y también lo que representa el Mercosur.

Todo esto nos lleva a destacar que, para nosotros, lo importante es el sistema de puertos -saquémonos del cerebro la expresión Puerto de Montevideo-, la ubicación en la puerta del río y su utilización como el gran centro para la región: Paraguay, Bolivia, Argentina y el sur de Brasil, que son los destinos naturales de nuestro sistema portuario. Antes de las recientes medidas contrarias al Uruguay adoptadas por el Gobierno de Buenos Aires -para decirlo como lo hacía Artigas, que queda más claro-, incluso llegaban cargas de frutas o de pescado desde la Patagonia, la zona sur de la República Argentina, para ser despachadas desde el Puerto de Montevideo. Quiere decir que somos la clave de la salida portuaria de nuestro país, pero también de la región.

En cuanto a la mediterraneidad de Bolivia y Paraguay, debemos decir que se han hecho esfuerzos por resolver ese problema, aunque a veces no han sido comprendidos por estos mismos países, que no tienen otra solución que no sea una alianza portuaria con Uruguay, en la que nosotros seríamos los liberadores de esos pueblos hermanos -¡esos sí: pueblos hermanos!- del continente sudamericano, pues con el acuerdo de la Hidrovía romperíamos el cerrojo que el Gobierno de Buenos Aires mantiene sobre los ríos. Recordemos aquel libro del doctor Luis Alberto de Herrera La Clausura de los Ríos que alude, justamente, al tema de que la llave de todo el hinterland sudamericano estaba en esas manos. También sería posible venir desde San Pablo por el Tieté, por un canal que se acaba de hacer, a través del Río Paraná, para lo que habría que construir una esclusa en el Río Uruguay, específicamente en Salto Grande.

En definitiva, estamos en el lugar indicado para recolectar prosperidad a través de estos servicios.

Hay un largo listado de puertos libres en el mundo. Podemos mencionar el de Hamburgo -que he tenido la oportunidad de visitar y conocer-, que tiene 17 kilómetros y muchísimas terminales de barcos del mundo entero, todo lo cual da una sensación de enorme potencia y de prosperidad; el de Róterdam -que no conozco, pero quizás sea más parecido al nuestro-; y el de Amberes. En nuestro país, Nueva Palmira, Sauce, Fray Bentos, Colonia y La Paloma son los puertos que tenemos que desarrollar y llevar adelante.

Uruguay ingresa en el Mercosur y luego desvía su camino -hacemos hincapié en esta característica- de lo económico y comercial, tendiendo a la búsqueda de identidades políticas. Como era previsible, vemos que el Parlamento del Mercosur no va a ser igualitario; solo quien no conoce a la República Federativa del Brasil podía pensar que ese país nos iba a permitir igualdad de representación. El Parlamento del Mercosur es una mala idea para nuestro país con representación pareja, pero mucho peor lo es con la representación que acaba de consagrarse. Nuestra política exterior nos caracteriza como demasiado débiles en la relación con nuestros socios del Mercosur y así hemos permitido la bilateralidad argentino-brasileña, en un acto de omisión de Paraguay y de Uruguay por no haber reclamado con más fuerza nuestros derechos. A eso se agrega que el Consejo del Mercado Común aprueba en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010, el Código Aduanero del Mercosur, CAM. Aquí comienza lo que más me preocupa, señor Presidente, aunque voy a hacer este análisis crítico con el deseo de estar equivocado.

¡Ojalá estas reflexiones tuvieran la respuesta clara y rotunda de que el puerto libre no ha sido afectado, de que la posibilidad de prosperidad, de desarrollo y de realización nacional sigue existiendo! El nuevo nombre del nacionalismo es la prosperidad: cuanto más próspero es un país, más libre es su población. Reitero: ¡ojalá mis palabras recibieran una respuesta rotunda! En ese caso, seríamos los primeros en venir a decir que por suerte nos equivocamos. Sin embargo, el documento al que vamos a hacer referencia va en un sentido notoriamente opuesto a las virtudes que señalábamos que tienen los puertos libres.

Dejando de lado este episodio, que no es baladí ni poca cosa para nosotros, el Código Aduanero del Mercosur fue visto y vendido como una gran conquista; es más, se dijo que era un paso importante para llegar al mítico acuerdo de libre comercio con Europa. Me permito poner un gran signo de interrogación ante la posibilidad de que eso llegue a concretarse algún día, porque Europa tiene otras prioridades y una política de corte proteccionista que lo va a hacer casi imposible. Lo cierto es que se dijo que este era un paso muy importante, pero a mí me preocupa lo que sucede hoy y no lo que eventualmente se conseguiría. Además, ello no obsta; por el contrario, Uruguay entraría mucho más cómodo en un esquema de libre comercio con Europa si mantuviera estas virtudes y peculiaridades que siempre han sido envidiadas por los países vecinos y obstaculizadas de todas maneras por el Gobierno de Buenos Aires.

El artículo 4º del Código Aduanero del Mercosur, Título I, Capítulo III, establece: “Constituyen zona primaria aduanera el área terrestre o acuática, ocupada por los puertos, aeropuertos, puntos de frontera y sus áreas adyacentes, y otras áreas del territorio aduanero, delimitadas y habilitadas por la Administración Aduanera, donde se efectúa el control de la entrada, permanencia, salida o circulación de mercaderías, medios de transporte y personas”. Es claro, entonces, que este documento elimina la distinción de exclave aduanero del que hablábamos respecto del territorio. La zona primaria aduanera donde interviene la Aduana, es territorio de los países signatarios; por lo tanto, dejamos de tener esos recintos portuarios en los que podemos hacer cantidad de operaciones libres de casi todos los trámites, generando mano de obra envasando, marcando o fraccionando, y pasamos a estar regulados por el Código Aduanero del Mercosur. Es decir que para nosotros se eliminan las ventajas.

El artículo 8º, Título II, Capítulo I, dispone que la Administración Aduanera podrá, en el ejercicio de sus atribuciones, sin necesidad de autorización judicial o de cualquier otra naturaleza, fiscalizar mercaderías y retener y aprehender mercaderías.

Es decir que se vuelve a marcar aquí el hecho de que se acabó la distinción, con algunos tintes de dudosa constitucionalidad, me parece, aunque eso deberíamos dejar que lo analice algún especialista en otro momento.

La existencia de este nuevo instrumento afecta también otros aspectos de las ventajas portuarias del Uruguay. Se establece la inalterabilidad del manifiesto de carga -que era una de las ventajas que tenía el régimen que sucintamente señalamos-, y el trasbordo, que era totalmente libre en virtud del artículo 155 del Código Aduanero, pasa a ser una operación aduanera, o sea que queda bajo el control de la Aduana. En cuanto al tránsito aduanero -una de las virtudes que también señalamos-, el hecho de tener en tránsito casi el 50% de las mercaderías va contra el interés del país, ya que estorba y puede establecer responsabilidades. También se afectan las mercaderías que permanecen a bordo, los depósitos aduaneros -que para nuestro país constituyen una generación de empleo genuino-, las tolerancias en cuanto a carga y descarga -muy importante para los embarques graneleros-, y el tema relativo a los contenedores.

Luego de una lectura atenta de muchos artículos del Código Aduanero del Mercosur, se puede afirmar que todo esto ha tenido y tiene un inmenso signo de interrogación, ofrece una gran duda. Incluso, el numeral 2 del artículo 101 de este Código expresa que los órganos competentes del Mercosur podrán establecer otros regímenes aduaneros especiales además de los previstos en el artículo 1º.

¿En qué condiciones de Derecho Internacional y de prácticas diplomáticas se firmó este Código? No se efectuaron reservas, o sea que no se utilizó la facultad jurídica de la reserva, que es un arma que queda a favor en momentos de firmarse un documento de esta naturaleza. Por tanto, nuestro Gobierno -que dispuso acompañarlo- lo ha aceptado plenamente. El documento tiene que venir al Parlamento porque requiere una ratificación; esperemos que nunca se lo ratifique, tal como ha pasado con tantas otras medidas de carácter internacional.

Nuestro estimado amigo -considero que puedo llamarlo así-, el Canciller Luis Almagro, refiriéndose a la inversión extranjera, al Código Aduanero del Mercosur y a las negociaciones con la Unión Europea, expresó en la publicación “El País Agropecuario”: -y lo cito textualmente-: “Primero, el Código Aduanero del Mercosur refiere a cuestiones aduaneras y no de funcionamiento portuario. Segundo, el hecho de que no se diga puerto libre en ningún lado del Código no implica que quede prohibido el puerto libre”.

(Suena el timbre indicador del tiempo.)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia estima que no es necesario prorrogar el término de que dispone el orador, ya que se puede encarar el tema con flexibilidad.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Muchas gracias, señor Presidente.

El Canciller Almagro continuó diciendo: Tercero, la propia Ley de Puertos libres de Uruguay no dice nunca la expresión “puerto libre”. No es necesario referirnos a puerto libre cada tres párrafos para decir “hay un puerto libre”. La operativa que hace un puerto libre no queda prohibida ni condicionada. Los negociadores uruguayos tuvieron especial cuidado en esto. Esa gestión no se ve afectada con la aprobación del Código Aduanero.

Más adelante, agregó: “Si vemos una estandarización de la información aduanera, acompañado el Código con los lineamientos para la eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común y la distribución de la Renta Aduanera, encontramos que eso favorece la actividad logística con base en Uruguay, y no la perjudica. Genera mejores capacidades de Uruguay para redistribuir en la región las mercaderías del puerto libre”.

Como dijimos al principio, seguramente esta es la interpretación sana, pero no veo que haya claridad en los textos, que es lo que me importa. Probablemente el Canciller Almagro lo desea y lo interpreta así, pero creo que nunca seremos lo suficientemente cuidadosos en las relaciones con la República Argentina. Me refiero al dragado de los canales y a la instalación de la planta de pulpa de celulosa, entre otros; siempre debemos poner un enorme cuidado en todos estos temas, porque existe una voluntad inequívoca y antigua contraria al desarrollo portuario de nuestro país. Creemos que en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, particularmente con Argentina y Brasil, debemos tener particular claridad y firmeza. Ya tranzamos con las detracciones, o retenciones -como las llaman ellos-, en los dragados estamos en idas y vueltas, y en cuanto al Código Aduanero del Mercosur la doctrina argentina ya está señalando que es aplicable a todos los territorios.

Honestamente, desde nuestro punto de vista -intelectual y político-, el Código Aduanero del Mercosur representa un peligro y una amenaza para el puerto libre. Tanto el puerto libre como la actividad portuaria y la logística constituyen gran parte de nuestro momento histórico de prosperidad, fruto de todos los Gobiernos -sobre todo en su continuidad-, patrimonio de todos los que trabajan en esa actividad -que son más de treinta mil personas- y fuente de ingresos de más de US$ 1.000:000.000. En consecuencia, este es un tema de suma importancia, en el que debemos ser muy cuidadosos.

En la medida en que desde la oposición podamos poner todas las piedras posibles para que no se ratifique este Tratado, lo haremos, pero esperamos que antes podamos conseguir salvaguardar de alguna manera lo que se había conquistado mediante la Ley de Puertos, aunque frente a un tratado internacional creo que va a ser muy difícil. Seguramente, como alguien ha dicho, tendremos que votar nuevamente una Ley de Puertos, pero aunque se ha propuesto, a mi criterio esa solución no es válida porque no resiste el hecho de volver a votar las características de puerto libre. Estoy dispuesto a hacer lo que fuere, pero creo que hemos dado un paso atrás. Desde el punto de vista diplomático, como medida, entiendo que se debió haber establecido una reserva.

Para continuar con el sentido positivo que queremos darle a nuestras palabras, vamos a pedir a nuestros compañeros de la Comisión de Asuntos Internacionales que oportunamente invitemos al señor Canciller Almagro y a sus asesores, a los efectos de continuar con la tarea. Debemos tener en cuenta que las vías del mar son las de la libertad; y la libertad de puertos, desde las Instrucciones del Año XIII, es patrimonio de los orientales. Vamos a entrar al año del bicentenario y las conmemoraciones patrias pueden ser de dos maneras: formales -utilizando banderas, desfiles, asambleas y discursos- o sustanciales, que implican la defensa de los intereses inalterables de la nación, que permanecen por encima de Gobiernos y de personas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay señores Senadores anotados para hacer uso de la palabra y como “me salgo de la vaina” por hacerlo, le solicito al señor Senador Da Rosa que ocupe la Presidencia por un momento.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Da Rosa.)

SEÑOR PRESIDENTE (Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Presidente del Senado.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: gracias por sustituirme en la Presidencia, aunque sea por unos minutos.

Escuché atentamente toda la exposición del señor Senador Lacalle Herrera que, como siempre, está fundada en conceptos muy importantes. En este caso, ha planteado una cuestión estratégica para el país y, a diferencia de algunas conclusiones que me interesa comentar, debo decir que comparto absolutamente la inquietud que inspira su planteo.

Digo que es una cuestión estratégica porque, en lo que puede ser un proyecto nacional para transitar por caminos hacia niveles cada vez más altos de desarrollo económico y social, hay dos características que, a mi juicio, son obligadas: la apuesta a la calidad y la apertura del país. Vivimos en un país pequeño en tamaño físico, pero con una gran capacidad para apostar a la excelencia en todos los niveles de su estructura productiva -incluyendo, por supuesto, los servicios-, así como en todo el quehacer nacional, entendido individual y colectivamente. Los parlamentarios del Uruguay estamos abocados a una tarea en la que también debemos apostar a la calidad y obtener resultados cada vez mejores en lo que hacemos aquí todos los días. Pero además debemos tener apertura, porque la potencialidad del país es tan grande que es irrealizable en los estrechos límites que nos impone nuestro tamaño físico.

Como decía, existe una enorme potencialidad en la actividad que comúnmente conocemos como industria logística, productora de servicios esenciales para el país. Me refiero, básicamente, a la trilogía fundamental de transporte, comunicaciones y servicios portuarios, tan asociados a la historia del Uruguay. Se trata de una potencialidad que nuestro país alimentó, con ventajas comparativas congénitas: nacimos con esta ubicación, entre dos grandes potencias con las que hoy compartimos un proyecto común de integración, pero nacimos con un territorio físicamente adaptable al desarrollo de estas actividades y, al mismo tiempo, con el mejor puerto natural del Atlántico Sur. Esas ventajas comparativas congénitas fueron potenciadas con ventajas competitivas y dinámicas que el país logró con políticas públicas y decisiones políticas acertadas. Esto lo viene haciendo Uruguay desde hace varios años, por encima de los Gobiernos que se han alternado, encarando -a mi juicio, acertadamente- como una verdadera cuestión de Estado aquella a la que nos estamos refiriendo. La potencialidad es enorme. Digo más: estas actividades han llegado a crecer al triple del promedio nacional en algunos de los últimos años. Cuando pongo este ejemplo me refiero a años de crecimiento importante del país. En esos años, la actividad logística triplicó el promedio nacional y hoy se plantea la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura para que se pueda continuar en expansión, y cada vez se duda menos del país de servicio. En el pasado cometimos el error de dudar y hasta de negarlo, pero los servicios son producción, empleo, inversión, crecimiento e ingresos para el país. Hoy en día ya no nos puede sorprender que más de la tercera parte de las exportaciones del Uruguay sean servicios y, en particular, que más de la tercera parte de las exportaciones de servicios corresponda a logística. Reitero: cada vez se duda menos y se confía más en la producción de servicios, que tan importantes son para el país, y en cuyo marco la industria logística está llamada a cumplir un papel más trascendente por aquellas ventajas que heredamos del pasado -las naturales-, y por las que fuimos capaces de crear con políticas públicas.

Ahora bien; en este marco -y el señor Senador Lacalle Herrera lo dijo con claridad-, para un país que es puerta de entrada a un ámbito económico muy amplio para la región -y ojalá también para afuera-, son fundamentales los tránsitos, porque es allí donde se genera el corazón de la actividad. Por eso, los regímenes de puerto libre -y aeropuerto libre, me permito agregar- han sido claves para incrementar la actividad en estas áreas. En consecuencia, en nombre del Gobierno uruguayo quiero señalar que no solo compartimos la importancia fundamental de estas herramientas e instrumentos de crecimiento, inversión y empleo, sino que nos comprometemos con ellos para un futuro. Quiero que esto quede establecido con absoluta claridad, respetando obviamente la opinión del señor Senador Lacalle Herrera, quien hace una interpretación de las normas aprobadas. Reitero: el Gobierno no solo no subestima la herramienta, sino que la cree fundamental y se compromete con ella. Es más, debería hablar en plural, porque además del régimen de puerto libre, existe el de aeropuerto libre.

En cuanto al Código Aduanero del Mercosur -reiterando mis respetos por la interpretación que ha hecho el señor Senador Lacalle Herrera-, quiero que valoremos en primer lugar el avance fundamental que significa la eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común. Para un país donde los tránsitos son tan importantes, para un país donde gran parte de esos tránsitos significa -valga la redundancia- el tránsito de bienes y de servicios hacia otras áreas económicas, eliminar el doble cobro del Arancel es un paso fundamental. Al mismo tiempo, la distribución de la renta aduanera que prevé el Código Aduanero del Mercosur también es un paso adelante.

Lo único que pido, además de establecer con claridad esta posición del Gobierno, es que se tenga en cuenta que no fue sencillo llegar a esta expresión colectiva de un Código Aduanero del Mercosur. Quiero que todos recordemos que esta aprobación estuvo frenada durante años porque la República Argentina quería institucionalizar el régimen de retención en el Código Aduanero del Mercosur, y no fue fácil llegar a un texto que evitara esa institucionalización. Precisamente, nosotros tenemos un enfoque de política económica muy diferente a aquel que incluye, por ejemplo, retenciones, que nosotros llamamos detracciones. No aceptábamos que eso se generalizara en el Código Aduanero del Mercosur y lo hemos logrado. Pero fue necesario llegar a un texto, que seguramente no es el ideal, pero quienes trabajamos en política y hemos tenido la oportunidad de trabajar en política exterior, sabemos que hay negociaciones que no son sencillas. Llega un momento en que hay que valorar y balancear el resultado general que se obtiene, precisamente, con relación a los textos que se acuerdan y se aprueban.

Ahora bien, quiero señalar que en la lectura que el señor Senador Lacalle Herrera hacía de las palabras del Canciller Almagro -que comparto totalmente-, se interpreta con mucha claridad cuál es la voluntad del país al respecto.

Finalmente, hago un comentario acerca de una reflexión que hacía el señor Senador Lacalle Herrera al final de su exposición, cuando además de hablar de la eventual ratificación del Código Aduanero del Mercosur decía que ojalá encontremos la vía para volver a reafirmar explícitamente estos regímenes con los cuales -perdonen la reiteración- el Gobierno uruguayo está comprometido. Digo con absoluta responsabilidad que esa vía existe, y es el propio Código Aduanero del Uruguay, porque en él quedará sentado, cuando sea necesario y oportuno, el compromiso del país con estos regímenes de excepción que son tan importantes, como bien demostró el señor Senador Lacalle Herrera, en un área de actividad absolutamente fundamental para el país.

Agradezco al Senado que me haya escuchado durante estos minutos, pero creo que el tema merece nuestra atención y también merece este valioso intercambio de opiniones. Ojalá todos fuéramos capaces de hacerlo con frecuencia, ya que estos son los temas de fondo, estratégicos, que debemos discutir; muchas veces esos debates no pueden concretarse porque la realidad cotidiana nos absorbe, pero ojalá nos hagamos sistemáticamente un rato para discutir asuntos de fondo que son verdaderas cuestiones de Estado, como esta que ha sido planteada a partir de la exposición del señor Senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- En realidad, no sé si puedo hacer uso de la palabra si no es para responder una alusión, pero como alusiones hubo, el estribo es lo de menos y la cosa es estribar y subir.

Antes que nada, quiero agradecer al señor Vicepresidente de la República que haya vuelto a su antigua banca de Senador para tener este diálogo, aunque me parece que no ha sido por mí, sino por el tema, razón por la cual no voy a tomar su gesto como un motivo de vanidad, porque seguramente se trata de la importancia del tema.

En segundo lugar -sé que puedo hablar en nombre del Partido Nacional-, quiero decir que para los temas importantes vamos a estar siempre y por eso los hemos planteado todas las veces que hemos podido. El Partido Nacional vive bajo la consigna de que lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional, así que en ese tema nos van a encontrar siempre en la punta, coincidiendo y abriendo caminos o reforzando huellas viejas.

En tercer término, quisiera decir que si el remedio o la manera de subsanar esos evidentes peligros que el Código Aduanero del Mercosur puede traer para nuestro sistema es actuar, hagámoslo; y cuanto antes, mejor. En un momento dado, el señor Vicepresidente dijo que así son las negociaciones y hasta hizo el gesto de estar sopesándolas, seguramente poniendo en una mano el tema de las retenciones o detracciones y en la otra el puerto libre. ¿Será que nos quedó algo por el camino? Ciertamente, en materia de negociaciones con la República Argentina, el señor Senador Abreu y quien habla podemos dedicar varias sesiones para explicar lo que fue lograr lo que finalmente logramos en el Mercosur. El señor Senador Abreu quizá es un testigo aun más privilegiado que yo de lo difícil que es siempre negociar, pero en particular con la República Argentina. Siendo así y si adecuando el Código Aduanero nacional subsanamos estos eventuales problemas -para analizarlo me gustaría llamar a los especialistas, a los Ariosto González y a toda la gente que sabe de comercio exterior, de Derecho Internacional Público y Privado-, hagámoslo cuanto antes y no demos lugar a dudas, porque ya hay doctrina escrita sobre los efectos que puede tener el Código Aduanero del Mercosur en nuestro país. No demos lugar a dudas; collera corta para que no se enrede.

Seguramente la Cancillería podrá ser alertada sobre esto, al igual que el Ministerio de Economía y Finanzas, que también tiene un rol muy importante. Entonces, que comiencen a actuar y a elaborar medidas, que nuestras manos están levantadas desde ya para salvaguardar el puerto libre, el aeropuerto libre y todo el sistema portuario. Ya están las manos para apoyar esto y seguramente puedo hablar en nombre de mis compañeros; el Partido Nacional y sin dudas el Partido Colorado también, estarán dispuestos a actuar rápidamente. Así debemos hacerlo, porque si damos espacio ya sabemos lo que puede ocurrir; yo no confío mucho en esta materia, puesto que la experiencia más que bicentenaria nos indica que debemos ser muy cuidadosos, particularmente porque es muy veleidosa la probidad de los hombres, como dijo el Jefe de los Orientales.

Entonces, una vez más agradezco las puntualizaciones realizadas, celebro las coincidencias y espero que las discrepancias que existan se puedan soldar, y si se pueden soldar rápido, mejor, porque en esto nunca se actúa con la suficiente celeridad. Si la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen el remedio, hay que utilizarlo, incluso antes de la ratificación del Código Aduanero o el mismo día; no sé cómo, pero si es que se va a subsanar esto, que se haga rápidamente, porque estamos ante una emergencia de carácter nacional por el peligro que esta situación supone para las grandes realizaciones de nuestro país, tanto presentes como futuras.

Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: mi aporte es simplemente para respaldar la inquietud planteada por el señor Senador Lacalle Herrera y a propósito de las reflexiones del Vicepresidente de la República.

Este tema es de mucha importancia, y no puede analizarse en forma aislada. En realidad, está conformado por tres aspectos: la visión estratégica del país, que es única e intransferible; la negociación política, que supone parte de nuestra política exterior; y la instrumentación jurídica, que luego pone en vigencia determinadas normas a las que se obligan los Estados, particularmente en un proceso de integración. Además, tiene una rispidez técnica y una especialidad que, como bien desarrolló el señor Senador Lacalle Herrera, presenta aspectos de definición de zonas primarias, secundarias y todo lo que son enclaves y exclaves.

(Ocupa la Presidencia el señor Danilo Astori.)

Incluso, debemos tener en cuenta la famosa discusión sobre las zonas francas o los puertos francos, tema que estaba incluido en la Ley de Puertos de 1992 y que en aquel tiempo definíamos como la franquicia aduanera territorial, es decir, una parte del territorio del Estado en el que no se aplican las normas aduaneras. Esa visión de la logística, del depósito aduanero y del puerto libre es lo que nos permite ser un centro logístico de distribución de mercaderías sin que se modifique -como decía muy bien el señor Senador Lacalle Herrera- el régimen de origen, entre otras cosas, con limitaciones respecto al cambio de naturaleza de la mercadería en cuanto a lo que significa el salto de partida. Si bien este asunto puede parecer técnico y excesivamente ríspido, hace al corazón de la estrategia del país, porque cuando estamos hablando del Código Aduanero nos referimos a un instrumento muy importante de la Unión Aduanera. ¿Qué es una Unión Aduanera? Un Arancel Externo Común -que hoy tenemos definido-, un Código Aduanero común y la renta -como bien decía el Vicepresidente de la República- del bloque. Esto último significa que la mercadería que ingresa a un país es una renta aduanera de todos los países y se distribuye de acuerdo con determinado criterio.

La otra etapa, que es muy importante, refiere a las políticas comerciales comunes de los países; por ejemplo, la política de competencia y las políticas comerciales en algunos aspectos. Estamos hablando de la profundización de una determinada estrategia común, que implica -para no decirlo en forma ampulosa, pero sí con claridad- ciertos recortes de la autonomía o de la soberanía del país cuando vamos avanzando en un proceso de integración. Cuando esto se acompaña con algunas estructuras de carácter institucional, estamos incursionando en ámbitos de la supranacionalidad que son muy cuestionados en determinados aspectos por muchos países, en particular, en el ámbito del Mercosur, por la República Federativa del Brasil, que generalmente rechaza una decisión por encima de las voluntades de los Estados porque, obviamente, en esa relación asimétrica, la intergubernamentalidad es muy útil a sus intereses. No va a pasar como sucedió en Europa; aquí no va a existir una Bruselas. En estos países no habrá un tribunal arbitral o de justicia que se pronuncie por encima de los Estados. Es más, hoy no cumplen los laudos porque los países pequeños todavía tenemos el atrevimiento de pedir que algunos árbitros nos den la razón, y como nos dan la razón y los juicios o los fallos no son ejecutables, sucede lo que siempre hemos dicho: cuando un país grande se equivoca, siempre tiene el recurso del incumplimiento y aun el de la fuerza o la amenaza, que es el que hemos sufrido y sufrimos en forma permanente.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¡Apoyado!

SEÑOR ABREU.- De manera que este planteo es estratégico, y apunta a ver hacia dónde vamos.

He leído este Código y, obviamente, por la propia formación puedo decir que tiene deficiencias jurídicas al hablar de la administración aduanera. En realidad, la administración aduanera en nuestro país es, de alguna manera, el Poder Ejecutivo, porque es una de sus Unidades Ejecutoras, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Como bien decía el señor Vicepresidente de la República, aquí hay aspectos que son parte de esta negociación: Argentina durante mucho tiempo intentó incluir el tema de las detracciones y las quiso colocar porque, obviamente, es parte de su política. Siempre he dicho -y lo he repetido en broma- que el Uruguay le debe la ganadería a Hernandarias y la agricultura a Kirchner, simplemente porque el día que decidió establecer detracciones a la agricultura de Argentina, se produjo un traslado a Uruguay de tecnología, de inversiones, e incluso la modificación de su estructura productiva -todavía se está discutiendo cuál es el espacio para la ganadería, la forestación y la agricultura, conforme van avanzando y de acuerdo con los precios importantes que tienen los productos y la comercialización- que va marcando una nueva orientación. De todas maneras, esas detracciones no las pudimos aceptar; no se aceptaron en el Código del Mercosur, ni en otros ámbitos. Creo que no deben aceptarse y es el otro tema que tenemos que analizar. Fíjense los señores Senadores que estamos avanzando en el Código Aduanero, en el Arancel Externo y en el doble arancel, pero la metodología de funcionamiento de acceso al mercado no es la que nosotros queríamos. Nos enfrentamos a un comercio administrado, cupos, cláusulas de adecuación competitivas y una voluntad casi bilateral, hasta imperativa, sobre la propia estrategia del país o de los países más pequeños. Son temas que están divorciados hasta de la filosofía del avance de un proceso de integración.

Señor Presidente: la inquietud que estoy planteando se adecua bien al tema porque en el Código Aduanero se está hablando de los enclaves excepcionales. Por ejemplo, una zona franca es una zona excepcional. ¿Qué problema tuvimos en las negociaciones con Brasil y Argentina? La Resolución Nº 8. ¿A cambio de qué la tuvimos? A cambio de la admisión temporaria -el señor Vicepresidente de la República sabe muy bien que tuvimos que hacer negociaciones en este sentido- que está contemplada en el Código Aduanero. Esa es la gran bandera del Uruguay para no transformarse en un país parte pequeña de un modelo de sustitución de importaciones ampliado del esquema de producción brasileño en aquel tiempo, o argentino, cuando Argentina soñaba con un país mucho más fuerte o que pudiera competir con Brasil como lo hace ahora. En ese tema del acceso al mercado es donde hemos tenido un retroceso, porque debemos asegurar que quien quiera invertir en el Uruguay pueda exportar a Brasil o a Argentina sin cupos, limitaciones ni restricciones arancelarias.

Por lo tanto, la gran pregunta no solo es si el Código Aduanero tiene ese tipo de deficiencia o falta de claridad, sino si los instrumentos que estamos aprobando son la consecuencia natural de un proceso de maduración de la integración o una manera de distraer los incumplimientos y las dificultades que tenemos dentro del propio proceso. Ahí está, diría, el gran tema. ¿Qué nos pasa con la Resolución Nº 8? Que cuando vamos a exportar desde zonas francas uruguayas, cualesquiera sean ellas, no podemos ingresar al Mercosur porque la mercadería tiene que pagar el Arancel Externo Común. Pero, ¿cuál es la excepción que tienen Brasil y Argentina? Manaos y Tierra del Fuego. La zona franca de Manaos -para dar una frase o una cifra que ya hemos conversado- factura anualmente el PIB uruguayo, más los subsidios de transporte y todo lo que significa una política destinada a vincular sus canales de comunicación con la salida al Atlántico y a los puertos brasileños, en detrimento de nuestra política de los meridianos.

Cuando el señor Senador Lacalle Herrera planteó esta inquietud y el señor Vicepresidente de la República reflexionó sobre ella, creo que no hablan de cosas nimias que haya que dejar en manos de especialistas; se trata de temas de política estratégica de fondo, donde la competencia va a ser muy clara, porque los intereses argentinos son distintos a los brasileños, y legítimamente es así. Cuando tengamos un puerto de aguas profundas, Nueva Palmira, funcionando a 36”“o determinadas políticas de puerto libre con visión logística, ello no va a ser compartido por nuestros socios porque, legítimamente, tienen otros intereses. Entonces, si bien es una negociación importante, tenemos que seguir adelante considerando otro gran tema, señor Presidente, que tiene que ver con las excepciones y perforaciones que tiene el Arancel Externo Común. Si no definimos eso -tengo en mi poder las cifras de lo que es el comercio que se realiza con las excepciones del Arancel Externo Común-, vamos por un camino que desnaturaliza el concepto de integración.

Por otro lado, considero que tenemos que seguir trabajando con respecto al tema de las inversiones. La inquietud planteada por el señor Senador Lacalle Herrera y recogida por el Gobierno -como dijo el señor Vicepresidente de la República- radica en que no podemos fragilizar nuestras líneas estratégicas, porque una vez que avanzan los países más grandes, la interpretación jurídica podrá ser útil, pero a veces el incumplimiento es más fuerte, y eso lo hemos venido sufriendo desde largo tiempo. Tenemos que buscar nuevamente la seguridad jurídica, que es el gran instrumento que tiene el país para defenderse de las conductas y caprichos de nuestros socios, ya se trate de un tema o de otro. Sigo increpando a nuestros grandes socios, porque cuando Argentina nos bloqueó, violando los derechos humanos básicos, el otro gran socio miró para el costado, y cuando miran para el costado quienes deben defender un proyecto de integración, en última instancia lo que le están diciendo al Uruguay es que su destino no lo define su Gobierno, sino los Gobiernos extranjeros. Debemos trabajar esto en conjunto, y creo que técnica y políticamente es muy oportuno el planteo del señor Senador Lacalle Herrera, porque así vamos a lograr entender algunos aspectos que parecen ríspidos, como por ejemplo el Código Aduanero, la negociación comercial, los documentos de comercio exterior -que a veces parecen temas difíciles- o lo que puede manejarse a nivel de un puerto libre que constituye, desde el punto de vista del comercio internacional, un elemento clave para la definición estratégica del país.

Creo que es importante que nos comprometamos en ese sentido y es bueno que tengamos este intercambio de ideas porque nos ayuda a madurar el proyecto estratégico de país y a salir, de vez en cuando, de una coyuntura muy atractiva, pero que a veces nos distrae de nuestro interés nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: quiero hacer unos breves comentarios sobre las exposiciones que se han realizado y, en particular, sobre la del señor Senador Lacalle Herrera, que me pareció muy importante.

En la tarde de hoy se ha avanzado en un tema que es fundamental y, diría, esencial para el futuro del país; además, es la historia del país. Me parece que si bien tuvimos algunas duras discusiones y enfrentamientos sobre estos temas, a esta altura todos pensamos en forma bastante parecida. El Gobierno debe tener claro que cuenta con nuestro apoyo en todas las negociaciones que está realizando acerca de estos temas.

Parece bastante claro que el tema del Código Aduanero del Mercosur ha despertado enorme preocupación. No pasa una semana sin que me encuentre con gente que me dice que este tema le preocupa mucho y que está amargada por lo del puerto libre. Estuve reunido con algunos empresarios y trabajadores que se desempeñan en el área logística, quienes me dijeron que están muy preocupados por este asunto. Por eso considero especialmente valiosa la intervención del señor Vicepresidente de la República aclarando cuál es la posición del Gobierno. Creo que cuanto antes pasemos a letra de ley las expresiones del señor Presidente del Senado y del señor Ministro de Relaciones Exteriores -que fueron leídas por el señor Senador Lacalle Herrera-, mejor, porque así se va a dar tranquilidad y certezas. Es un tema que, además, involucra a una enorme cantidad de gente que se mueve alrededor de un puerto que cambia y avanza todos los días; las cifras que ha dado el señor Vicepresidente de la República son exactas y asombrosas. Cuando uno pasa por allí nota los cambios fenomenales que se han producido en los últimos veinte años.

Creemos y sentimos que el puerto tiene mucho más para dar porque es un área en la que el Uruguay se está desarrollando y lo seguirá haciendo; y no nos referimos solo al Puerto de Montevideo, sino también a los del litoral, como el de Nueva Palmira, y a los canales. En ese sentido, hay una cantidad muy importante de negociaciones que hay que encarar y entablar con Argentina, y cuanto antes quede claro que el sistema portuario y el puerto van a seguir funcionando como hasta ahora, mejor será para el país.

Desde el Partido Colorado queremos decir que estamos dispuestos, desde ya, a trabajar en estos temas.

Muchas gracias.

9) EXPOSICIÓN SOBRE DECISIONES DEL INTENDENTE DE SALTO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del segundo punto del Orden del Día: Exposición de quince minutos del señor Senador Ramón Fonticiella, al amparo de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento del Senado, sobre el tema: “Decisiones del Intendente de Salto que conspiran con el desarrollo de mi tarea como Legislador”. (Carp. Nº 362/10).

Tiene la palabra el señor Senador Fonticiella.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: agradezco al Cuerpo la posibilidad de realizar esta exposición, que tiene por objeto poner en su conocimiento una situación que afecta al Poder Legislativo en su conjunto, en la medida en que constituye la inobservancia de una ley; no se trata de un planteo en defensa de intereses personales, lo cual constituiría una conducta equivocada y, además, censurable.

Este espacio ha sido solicitado para dar noticia al Senado del incumplimiento de disposiciones legales a través de decisiones del Intendente de Salto que conspiran con el desarrollo de mi tarea como Legislador”.

No pensaba expresarme en los términos en que lo haré después, pero en honor a la verdad debo hacerlo, habida cuenta de duras manifestaciones públicas realizadas por el Intendente de Salto en las últimas semanas, censurando anticipada y públicamente esta exposición, atribuyendo intenciones y adelantando contenidos. Haré precisiones que, insisto, no pensaba realizar, y daré explicaciones de las razones que me llevaron a hacer esta solicitud, para que la ciudadanía sepa cuál es el verdadero objetivo.

En primer lugar, aclaro que quizás por razones de formación profesional -ya que soy maestro-, he usado el método inductivo, es decir, ir de lo particular a lo general para ilustrar la situación. He utilizado un caso concreto y real que me ha ocurrido para prevenir que se genere una conducta que, obviamente, no comparto. Quiero establecer que no anuncio en abstracto sino sobre un hecho real una conducta que no debe generalizarse, y no por eso se trata de un interés personal, ya que la defensa de la ley es siempre un interés general.

En segundo término, quiero establecer que el vocablo “conspiración” está utilizado en el sentido figurado que contiene, por lo menos, el Diccionario Larousse. Este vocablo significa: “concurrir a una cosa”, y es diferente a la segunda acepción que aparece en el mismo diccionario, es decir: “unirse contra alguien”. Aunque parezca fuera de lugar lo que estoy diciendo, es necesario que haga esta precisión pues esta misma mañana leí que el Intendente de Salto interpreta que denunciaré una conspiración. Nada más lejano a la realidad; pretendo hacer un aporte al general estado de concordia política que se cultiva en este momento en el país. Entiendo que para que fructifique es necesario que, además de expresar buenas intenciones, todos cumplamos con la Constitución y la ley.

Sin duda, en momentos en que nos preparamos para discutir asuntos trascendentes como las nuevas normas fiscales, la ilegalidad manifiesta de la Ley de Caducidad, la creación del Instituto Nacional de Logística o la figura del Coordinador Gubernamental, puede parecer poco oportuno este planteo. Lo hago porque de nada serviría un magnífico Presupuesto o el fenomenal crecimiento del país si la nación no velara por el cumplimiento de todas sus normas jurídicas.

Como decía el maestro Justino Jiménez de Aréchaga refiriéndose al ataque público de un miembro del primer Parlamento, las ofensas inferidas a un miembro del Parlamento en actos de su función deben ser consideradas como un agravio al Parlamento. Me permito agregar, respetuosamente, que la omisión de una autoridad hacia un Legislador en el cumplimiento de la ley, más que una ofensa, es una omisión a los deberes del cargo.

Como Legislador he sido objeto de decisiones que concurren, o conspiran, contra mi tarea parlamentaria, pero en lo personal eso es muy poco significativo comparado con lo que constituyen esas conductas equivocadas hacia la institución Parlamento. Concretamente, el Intendente de Salto ha privado a un parlamentario -y, por lo tanto, al Parlamento- del derecho que otorga el artículo 67 de la Ley Nº 17.556 de tener un funcionario en comisión, al haberlo cesado en el transcurso del período de traslado en comisión debidamente tramitado y otorgado. Ese cese no ha sido único; una veintena de ciudadanos y ciudadanas contratados legítima y legalmente por la anterior Administración han quedado cesantes por decisión discrecional del Intendente actual. No es este el ámbito para comentar ese hecho que no comparto, pero más allá de lo humano y personal -que los funcionarios defenderán en el escenario que corresponda-, como Legislador señalo la actitud de ignorancia de la norma jurídica hacia el Poder Legislativo, observada con uno de sus miembros y realizada en forma discriminatoria.

En el mes de junio solicité al Presidente de la Cámara de Senadores la gestión del traslado en comisión de una funcionaria del Gobierno Departamental de Salto hacia el Senado. El pedido, que no era para nada novedoso, cumplió con su trámite, fue autorizado por el Intendente en ejercicio y notificado a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Es importante destacar que lo fue en el mismo marco legal en que habían sido autorizados por el Gobierno Departamental anterior los pases en comisión de varios empleados municipales, contratados y presupuestados, que solicitaron Legisladores de Salto, incluido el propio Intendente -entonces Senador-, sin hacer ninguna discriminación ni diferenciar entre funcionarios presupuestados y contratados, porque la ley no lo hace, y sin ninguna consideración especial por la firma del solicitante.

Según la búsqueda que he podido realizar en los materiales que he solicitado a este Cuerpo, la figura del traslado en comisión al servicio del Presidente, del Vicepresidente, de los Ministros, de los Subsecretarios y de los Legisladores se consolida en el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986. El texto original ha sufrido modificaciones, pero todas han reforzado la facultad de la Presidencia, Ministerios y parlamentarios de contar con esos funcionarios en comisión, fortaleciendo además los derechos de los trabajadores que aceptan ser trasladados. Lo primero se prueba claramente a través de los sucesivos aumentos del número de empleados que es posible solicitar. Inicialmente, en 1986, los Legisladores podían tener dos funcionarios en comisión; actualmente, la ley da derecho a cinco. En el texto inicial se indicaba que el plazo se extendería a todo el período de ejercicio del cargo por quien efectuara la solicitud, salvo que este o el jerarca del organismo de origen resolvieran dejar sin efecto el pase en comisión por razones inherentes al servicio. En el citado texto -en 1986- se indicaba que el jerarca de origen podía revocar el traslado, pero ahora, en 2010, eso no puede hacerse. Desde el 10 de noviembre de 1987, solo el solicitante puede resolver dejar sin efecto el pase, de acuerdo con lo quedó establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 15.903.

La evolución de la figura del pase en comisión es constante en nuestra legislación. Todos los cambios que practican las leyes fortalecen los derechos del solicitante y del funcionario. Por el artículo 67 de la Ley Nº 17.556 se sustituye el artículo 32 de la Ley Nº 15.851 y en el inciso sexto de su nuevo texto -que es el vigente- se dice: “Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud. Los funcionarios mantendrán su condición, ya sea de presupuestados o de contratados, debiendo considerárseles como si prestaran servicios en su lugar de origen, en particular en cuanto refiera a la carrera administrativa, a la renovación de sus contratos, a la bonificación de sus servicios a los efectos jubilatorios, y a su remuneración, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas en el organismo. Lo dispuesto no será de aplicación para aquellas partidas que por norma legal expresa tuviesen un tratamiento diferente”. El Intendente de Salto no tuvo en cuenta esta norma legal al emitir la resolución por la cual cesó a la funcionaria en comisión por estar vencido su contrato y por no ser necesarios sus servicios para esa Intendencia. Hoy por la mañana, criticando anticipadamente esta exposición, el Intendente dijo a la prensa que cuando llegó a la Intendencia la funcionaria ya no estaba, “por lo que lo único que hice fue cesarla”. Y agregó: “En verdad, el señor”, Fonticiella, “me tiene cansado”. Más allá de ignorancias y de cansancios, la ley es clara: la persona estaba al servicio de otro poder del Estado y debió renovarle el contrato.

Señor Presidente: no se trata de un asunto personal, sino del incumplimiento de una ley, desconociendo dos artículos de la Constitución: el 275, en su ordinal 1º), y el 8º. El citado artículo 275 es claro; la primera de las atribuciones que determina al Intendente es: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes”. El profesor Daniel Hugo Martins, en su libro El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con referencia a esta disposición, dice: “No está de más especificar que es un poder-deber del Intendente cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes”.

Por su parte, el doctor Carlos Delpiazzo, en su obra Autoridades Departamentales y Municipales, califica de “cometidos y poderes jurídicos la enumeración que realiza el artículo 275”.

La Ley Orgánica Municipal, en el ordinal 2º) del artículo 35, dice: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las ordenanzas y resoluciones de la Junta Departamental”. Está probado que, por lo menos en este caso, el Intendente no ha cumplido con su poder-deber, con sus cometidos y poderes jurídicos. En definitiva, no ha cumplido con la Constitución y la ley.

Por su parte, el artículo 8º de la Carta Magna señala: “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. El Intendente de Salto no ha tenido en cuenta este precepto constitucional; para con este Legislador no ha procedido en el cumplimiento del artículo 67 de la Ley Nº 17.556, a diferencia de lo que ocurrió con otros señores Legisladores, e inclusive consigo mismo cuando fue Senador.

De mi parte, señor Presidente, existe la convicción de que no poner este tema en conocimiento del Senado hubiera sido un acto de omisión ante el Poder Legislativo, aun a riesgo de que sea calificado como un asunto personal. El reclamo personal lo siguen los destituidos por el camino legal que entienden conveniente. La ignorancia de las normas y de sus modificaciones daña la armonía democrática. Hay que dar noticia de estas situaciones y corregirlas constructivamente. El señor Intendente de Salto, en un gesto de grandeza democrática, crecerá en consideración si procede a rever sus decisiones y emite nuevas resoluciones que restauren los derechos de quienes reclaman ante la Administración y la Justicia con razón jurídica y humana.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR CARDOSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARDOSO.- Señor Presidente: dicho con sinceridad, después del nivel de la profunda exposición del señor Senador Lacalle Herrera en el Pleno de este Cuerpo, y de la oportuna participación en cuanto a la aplicación de políticas de Estado e intereses en los que el país debe enmarcarse, no resulta fácil pasar a analizar este tema tan particular. Naturalmente, nos vemos obligados a hacer algunas precisiones, porque lo que se acaba de exponer nos parece que es un coletazo de la campaña electoral departamental de mayo y más digno de ser planteado en el ámbito de la Junta Departamental de Salto que en el Pleno de esta Cámara. Pensamos que existe una distancia institucional muy importante a la hora de hacer algunos planteos, pero ahora debemos abocarnos a ello.

El ex Intendente Fonticiella asumió el Gobierno Departamental de Salto con 1.250 funcionarios y durante su gestión de cinco años ordenó el ingreso de otros 908. Ha traído aquí un planteo acerca de un tema que, naturalmente, atañe a su interés personal; así lo ha manifestado cuando declaró que esto lo afectaba en su función como Legislador. Estas apreciaciones se basan en algunas decisiones que tomó nuestro compañero Germán Coutinho, Intendente de Salto, que no hizo otra cosa que responder a la realidad con la que se encontró a la hora de asumir el Gobierno Departamental.

Con fecha 3 de junio de 2010, con absoluto y pleno conocimiento del resultado electoral en Salto, la anterior Administración, presidida por el Intendente Gabrielli, a mi juicio -asumo la responsabilidad de lo que digo- inducido por el ex Intendente Fonticiella, realiza una readecuación del personal que involucra a 574 funcionarios. Esto genera al Gobierno Departamental de Salto un costo aproximado de US$ 2:000.000 al año, a sabiendas del pedido público y privado de quien estaba a treinta días de asumir como Intendente, que solicitó -lo que parece absolutamente lógico- que no se concretara esa readecuación, sino que quedara para el análisis de la nueva Administración, que tomaría resolución en ese sentido.

En virtud de esa readecuación se convierten varios cargos de confianza en administrativos. Lo cierto es que, por un lado, el sector liderado por el ex Intendente Fonticiella anunciaba la no participación del Gobierno Departamental de Salto ni de su Administración, pero por otro, le dejaba al Intendente que asumía a sus funcionarios de confianza convertidos en administrativos.

Realmente pienso que estos son temas a los que debemos hacer referencia, porque se nos ha puesto en conocimiento de esta situación y la hemos analizado y conversado. Considero que el señor Senador Fonticiella tiene todo el derecho del mundo a hacer sus reclamos, pero contando la absoluta realidad de los hechos y no una verdad a medias.

Cuando el señor Senador Fonticiella habla de la transparencia de la gestión y del cumplimiento de las normas, la Constitución y la ley, el Senado de la República debe saber que la persona de particular confianza que él está citando logró en cuatro años el Grado XI, que es el máximo en la carrera administrativa.

Al leer el título de la exposición que se haría en el día de hoy, advertí que se catalogaba de “conspiración” lo actuado por parte del Intendente de Salto con respecto a las funciones que el señor Senador Fonticiella desarrolla como Legislador y, con toda sinceridad, debo confesar que esperaba otro tipo de planteo.

Por analogía, señor Presidente, nos vemos en la obligación de plantear una situación idéntica a la que trae a colación el señor Senador Fonticiella. Me llama la atención, por lo que ha expresado, que compartamos varios conceptos. Realmente no se me ocurrió hacer un planteo de esta naturaleza en el Plenario de la Cámara de Representantes cuando el Intendente Oscar de los Santos -compañero de sector de los señores Senadores Fonticiella y Nin Novoa-, de manera arbitraria, cesó a un funcionario de mi Secretaría que había prestado funciones en esa Comuna durante los cinco años de la Legislatura anterior. Violentando la Ley que acaba de citar el señor Senador Fonticiella se adujo que, como había finalizado la Legislatura, tenían derecho a cesarle el contrato.

Nos sentimos en la obligación de citar esta circunstancia porque hoy nos tocó actuar en el Senado de la República y el señor Senador Fonticiella ha traído el tema, pero consideramos que la Cámara de Senadores y la de Representantes no son los ámbitos adecuados para este tipo de planteos.

Quiero señalar que los funcionarios tienen absolutamente todos los derechos y las garantías para defenderse, y para eso están los órganos competentes en la materia; de hecho, el funcionario de mi Secretaría en la Intendencia de Maldonado ha recorrido estos caminos. Deseo que lo que digo conste en la versión taquigráfica para que se me interprete con claridad. Estoy hablando del funcionario Federico Eduardo Martínez Viera, Ficha Nº 13.169, con ingreso en el año 2004 a la Intendencia de Maldonado, y cesado por el Intendente Enrique Pérez Morad, a consejo de Oscar de los Santos, el 15 de febrero de 2010.

Finalizando mi intervención, señor Presidente -me sentí obligado a realizar algunas puntualizaciones-, me gustaría preguntar al señor Senador Fonticiella, para que me responda con sinceridad, si cree que el Intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, está conspirando contra el desarrollo de la tarea de este Legislador.

SEÑOR FONTICIELLA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: usé la fórmula de contestar una alusión, pero he dicho que soy maestro, que tengo una formación determinada y si hay algo que los maestros no podemos pasar por alto son los errores; que no aparezca ojo con hache o vaca con b. Aquí se ha dicho que se presentaron argumentos extraños y que ha habido una inducción -además, atribuyendo intencionalidad, y eso es algo que, por lo menos, viola la cortesía parlamentaria-, ante lo que debo contestar que los $ 2:000.000 adicionales que debe gastar la Intendencia por la suba de grados, fruto de una resolución que viene desde hace muchos meses y hasta años -el señor Senador preopinante no es de Salto, por lo que no tiene por qué conocer estos detalles-, forma parte de decisiones que surgen del acuerdo con el sindicato, logrado en el año 2008. No parece que esto vaya a pesar tanto en las arcas municipales, habida cuenta de que, por un lado fueron despedidos veinte funcionarios y, por otro, ingresaron treinta. Además, hay lugares donde había un Director de Departamento y ahora hay tres o cuatro personas que desempeñan la función.

Sin embargo, no venimos al Senado a hablar de estas cosas; me permití abordar estos temas porque el señor Senador los ha puesto de manifiesto y no creo correcto que a la opinión pública le quede la idea de que pusimos 960 funcionarios a dedo, tal como manifestó en la Cámara de Representantes. Esto fue dicho en oportunidad de discutir el Presupuesto, cuando se hablaba de los cargos de confianza. Entonces, me permito decir al señor Senador preopinante que sería muy bueno que analizara las resoluciones de la Intendencia de Salto antes de afirmar que esos ingresos fueron a dedo. Históricamente, nunca ingresó tanta gente por concurso o sorteo a esta Intendencia como en el Gobierno del Frente Amplio.

Insisto en que todo esto lo digo porque no puedo contener mi ímpetu de enseñar. Y si hablamos de transparencia, podríamos citar algunos otros detalles.

(Intervención del señor Senador Cardoso que no se escucha.)

- He dejado hablar al señor Senador Cardoso…

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero hacer algunas aclaraciones. La única posibilidad de intervención que tiene el señor Senador Fonticiella y tendrá el señor Senador Cardoso es para contestar alusiones, porque ya hicieron uso de la palabra. Además, en la respuesta a alusiones no se puede interrumpir.

Puede culminar su comentario el señor Senador Fonticiella.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: quiero dejar muy claro que los fueros parlamentarios -como dicen los maestros, los señores Legisladores jamás serán responsables de sus dichos- son el amparo que permite decir que en la Intendencia de Salto hemos convertido cargos de confianza en administrativos; eso no es cierto y solo el tema de los fueros parlamentarios impide que se vaya por otra vía.

Muchas gracias.

SEÑOR CARDOSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- No sé si el pedido es para una aclaración o para contestar una alusión, pero les advierto a los señores Senadores que ya han hecho uso de la palabra.

Tiene la palabra el señor Senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señor Presidente: el señor Senador Fonticiella hace referencia a mi intervención durante la discusión del Presupuesto Nacional en la Cámara de Representantes, descubriendo un nuevo sistema de concurso y sorteo en el Uruguay porque, ¡qué casualidad!, de los 960 ingresos a la Intendencia de Salto, masivamente lo hicieron primos, hermanos y parientes de Ediles, Directores y dirigentes del Frente Amplio. A tal punto fue así, que una Comisión de la Junta Departamental de Salto, encargada del tema e integrada por Ediles del Frente Amplio, renunció por sentirse traicionada.

Dejando esto de lado -aunque no hago más que remitirme a los hechos y a la verdad-, me gustaría reiterarle al señor Senador Fonticiella la pregunta que hice en cuanto a si cree que el Intendente de Maldonado, el señor Oscar De Los Santos, ha conspirado en el desarrollo de mi tarea como Legislador cuando me tocó vivir una circunstancia idéntica a la de él. Le pediría al señor Senador que contestara mi pregunta.

SEÑOR PRESIDENTE.- No sé si se va a seguir con esta cadena de alusiones políticas. Voy a habilitar una nueva intervención del señor Senador Fonticiella, pero le pido a los señores Senadores que terminen con esta cadena de alusiones.

Tiene la palabra el señor Senador Fonticiella.

SEÑOR FONTICIELLA.- Gracias, señor Presidente, por su generosidad.

Entiendo que es absolutamente improcedente que me transforme en interrogado, en lugar de expositor, siendo que estamos hablando de un tema relativo a la otra Cámara. Por tanto, entiendo que no corresponde dar una contestación.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el señor Senador Fonticiella realizó un planteo muy minucioso y fundado y el señor Senador Cardoso puso de manifiesto sus opiniones e inquietudes. Incluso, al referirse al tema del pase en comisión dijo que se podrían dar otras circunstancias, aunque no en el Senado, sino en la Cámara de Representantes. Lo cierto es, señor Presidente, que independientemente de la situación de Salto -no es el momento de discutir el tema-, tenemos que observar si hay cortapisas en el trabajo de un Legislador, en función del cumplimiento o no de la ley, y en este caso nos referimos a un Intendente o a alguien de más jerarquía. Si bien esto no lo vamos a resolver en este ámbito, sería bueno que no hubiera ningún obstáculo para el buen funcionamiento del trabajo de la Cámara de Senadores, ya que con respecto a la Cámara de Representantes no podemos opinar.

Por todo ello, entiendo que las palabras del señor Senador Fonticiella, como las del resto de los señores Senadores, deberían pasar a la Comisión de Constitución y Legislación para que las pueda analizar con más detenimiento, y con posterioridad informar a este Cuerpo sobre las conclusiones a las que pueda llegar. Creo que es lo único que este Senado puede hacer con respecto a situaciones en que se ponen cortapisas al trabajo de los integrantes de este Cuerpo, sin importar el Partido.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: trataré de hacer un aporte a un tema bastante particular. Voy a tomar la idea del señor Senador Michelini en cuanto a que la Comisión de Constitución y Legislación trate este tema. Sin embargo, no diría que se analizara puntualmente el planteo del señor Senador Fonticiella, porque no corresponde que una Comisión del Senado analice un tema relacionado con una labor puntual, sino que sería bueno que analizara lo referente a los pases en comisión.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¡Apoyado!

SEÑOR PENADÉS.- Desde hace mucho tiempo -en esta Administración y en la pasada- es tentación del Poder Ejecutivo ir retaceando lo que la ley obliga. La ley es clara al establecer quiénes y cuántos son y cómo deben pasar, pero desde hace un tiempo a esta parte, diversas interpretaciones atentan contra el trabajo de los Legisladores. Entonces, me parecería bueno que el tema no se circunscribiera a un chisporroteo de carácter departamental, y que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado analizara con mucha seriedad y premura un tema trascendente como este. Estamos hablando de un asunto satanizado por muchos -como, por ejemplo, la prensa- y que cuenta con la incomprensión de la opinión pública -hay que tener la valentía de decir las cosas como son-, pero que para nosotros es una herramienta de trabajo fundamental. Con sorpresa vemos que hay Entes Autónomos que se arrogan para sí la posibilidad de fijar cuántos funcionarios pueden pasar en comisión para cada Legislador. Creemos que esto es entendible, porque si todos los Legisladores pidiéramos a un organismo los cinco pases en comisión que cada uno puede hacer, este se quedaría sin funcionarios. También es discutible el tema de los beneficios económicos, porque la ley es clarísima al establecer que no se puede perjudicar en nada el salario de los funcionarios que pasan a desempeñar funciones en los despachos de los Legisladores; sin embargo, eso no se cumple.

Entonces, aprovechando esta oportunidad y para que esta situación no quede en un simple chisporroteo, con mucha seriedad y altura deberíamos analizar este asunto para tomar definiciones de carácter político y terminar de aclarar cuál es el objetivo de los pases en comisión de los funcionarios que los Legisladores tenemos trabajando en nuestros despachos.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: tengo frente a mí el dictamen jurídico emitido por el doctor Julio Gutiérrez, funcionario presupuestado de la Dirección Jurídica de la Intendencia de Salto, relativo al cese del pase en comisión y del contrato a que ha hecho referencia el señor Senador Fonticiella. Quiero expresarle al referido Senador mi solidaridad, porque ninguno de los Senadores queremos que nuestra labor parlamentaria se vea interferida. Este dictamen, que consta de unas diez páginas, analiza todos los aspectos jurídicos de la decisión tomada por el Intendente de Salto, el compañero Germán Coutinho; puedo decir que está muy bien fundamentado y es muy claro en cuanto al respaldo que le da al actual Intendente de ese Departamento por la decisión que tomó. Mis palabras van en la línea de apoyar el planteo del señor Senador Michelini y del señor Senador Penadés, porque entiendo que sería bueno que la Comisión de Constitución y Legislación abordara la situación general de los pases en comisión -no solo este caso particular, que es uno en muchos-, que tienen dos caras: la de nuestras necesidades y la de las necesidades de los organismos de los cuales nosotros tomamos funcionarios. No hace mucho escuché una intervención muy apasionada de la señora Carmen Tornaría, que en un programa radial decía que los excesivos pases en comisión de maestros al Poder Legislativo planteaban dificultades a la ANEP al momentos de cumplir con regularidad la función docente que le cabe.

Quería poner en conocimiento del Cuerpo el dictamen jurídico que respalda plenamente y sin cortapisa la decisión adoptada por el Intendente de Salto. Asimismo, quería respaldar la moción presentada por los señores Senadores Michelini y Penadés, reafirmando que no se debería hablar solo de este caso, sino del régimen general de pases en comisión.

Muchas gracias.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: me parece que esta discusión está virando hacia un resultado positivo. En realidad, los problemas políticos derivados de las elecciones municipales en el departamento de Salto comenzaron hace mucho tiempo y no fue el señor Senador Fonticiella quien los inició. Pero eso no importa; vamos a tratar de pensar de aquí hacia adelante.

Me parece bien que la Comisión de Constitución y Legislación estudie el cumplimiento de la ley y quizás en ese momento podamos reunir una información que está dispersa, porque en el Palacio Legislativo debe haber cientos de pases en comisión. Tal vez esto nos ayude a reflexionar, señor Presidente. En realidad, hay 650 personas -me aporta el número el señor Senador Lacalle Herrera- que están cobrando el sueldo como si trabajaran en OSE, UTE o el Banco de la República, pero lo están haciendo aquí. Entonces, el Palacio Legislativo se está ahorrando un presupuesto que se lo estamos cargando a entes y organismos del Estado, lo que en una organización racional no corresponde. Quizás tener la información justa nos permita analizar con cuidado y delicadeza este asunto, porque tal vez hasta pueda quedar en cuestión la figura del pase en comisión, por lo menos para cumplir nuestro trabajo en el Parlamento. De manera que quiero pensar de aquí hacia adelante también este aspecto. No lo discutí con mi Bancada y el tema no ha sido considerado nunca en el Senado, pero pienso que el pase en comisión debería ser materia de financiamiento del Poder Legislativo, que es el lugar donde efectivamente trabaja la persona. Lo discutiremos en su momento, pero tengamos la información de aquí hacia adelante. Y desde luego habrá que incluir en la discusión lo que se planteó aquí, que va a ser una particularidad dentro de un tema más importante en la organización, el financiamiento y los gastos del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Consulto a los señores Senadores acerca de la posibilidad de articular todas las propuestas en una sola moción, por la que se resolvería remitir la versión taquigráfica de esta Sesión a la Comisión de Constitución y Legislación y solicitarle el estudio del tema en su conjunto. Me refiero, por supuesto, a todo el régimen de pases en comisión y, en particular, a la ley que regula este mecanismo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción a la que acabo de referirme.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR FONTICIELLA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: como dije al iniciar mi exposición, no se trata de una cuestión personal. Por lo tanto, me siento realmente congratulado de que el Senado tome esta decisión de hacer un análisis general.

10) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la Sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 3 minutos, presidiendo el señor Astori y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Baráibar, Cardoso, Couriel, Fernández Huidobro, Fonticiella, Lacalle Herrera, Martínez, Michelini, Moreira (Carlos), Nin Novoa, Pasquet, Penadés, Rubio, Saravia, Solari, Topolansky y Viera.)

DANILO ASTORI Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Walter Alex Cofone Director General

Sergio Pereira Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.