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N° 3420 - 5 DE JUNIO DE 2007

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

21ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES ENRIQUE PINTADO Presidente
TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI 1er. Vicepresidente
DOREEN JAVIER IBARRA 3er. Vicepresidente
Y DANIEL MAÑANA 4to.Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y LOS PROSECRETARIOS DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

 

 

 

Texto de la citación

 

 

Montevideo, 31 de mayo de 2007.

 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 5 de junio, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA –

 

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

 

2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLVI Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997).

 

3º.- Razones que llevaron al Banco Central del Uruguay a revocar la resolución por la que se inhabilitó al economista Luis Porto para el desarrollo de actividades en el sistema financiero. (Designación de una Comisión Investigadora). (Carp. 1630/007). (Informado). Rep. 928 y Anexo I

4º.- Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación). (Carp. 654/005). (Informado). Rep. 498 y Anexo I

5º.- Reconocimiento de la Cámara de Representantes "José Nasazzi y Obdulio Varela". (Se establece con carácter anual para las personas o grupos vinculados al deporte que hayan contribuido al fortalecimiento de la identidad nacional en esa actividad). (Carp. 1548/007). (Informado). Rep. 904 y Anexo I

 

6º.- Seguro de desempleo de trabajadores zafrales o por temporada de las zonas balnearias. (Modificación del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.180). (Carp. 643/005). (Informado). Rep. 492 y Anexo I

 

7º.- Pedro Ambrosoni. (Designación a la Escuela Nº 15 de Tiempo Completo de la localidad de San Antonio, departamento de Salto). (Carp. 1294/006). (Informado). Rep. 782 y Anexo I

 

8º.- Beneficiarios del Banco de Previsión Social internados en hogares de ancianos. (Se dispone la retención de las cuotas correspondientes a los servicios que prestan). (Carp. 494/005). (Informado). Rep. 420 y Anexo I

 

9º.- Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales. (Modificación del literal D) del artículo 2º contenido en el artículo 341 de la Ley Nº 16.736). (Carp. 1501/006). (Informado). Rep. 876 y Anexo I

 

10.- Don Albérico Passadore. (Designación a la Escuela Técnica de Colón, departamento de Montevideo). (Carp. 628/005). (Informado). Rep. 484 y Anexo I

  

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN     JOSÉ PEDRO MONTERO

S e c r e t a r i o s

 

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3 y 5.- Exposiciones escritas

4.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

6.- Disparidad de criterios de los Directorios de ANTEL y ANCAP al financiar espectáculos artísticos y no realizar inversiones sociales en localidades del interior del país.

— Exposición del señor Representante Doti Genta

7.- Dificultades que enfrentan los pobladores del medio rural para acceder a la atención sanitaria.

— Exposición del señor Representante Barreiro

8.- Persecución política en la Intendencia Municipal de Canelones.

— Exposición del señor Representante Hackenbruch Legnani

9.- Necesidad de mejorar las posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

— Exposición del señor Representante Álvarez López

10.- Reclamo de una empresa representante de ANCAP en Minas de Corrales, departamento de Rivera.

— Exposición del señor Representante Machado

11.- Expresiones del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca acerca del Tribunal de Cuentas.

— Exposición del señor Representante Trobo

CUESTIONES DE ORDEN

16.- Aplazamientos

15 y 23.- Integración de Comisiones

12, 24 y 29.- Integración de la Cámara

33.- Levantamiento de la sesión

12, 24 y 29.- Licencias

27.- Preferencias

26.- Prórroga del término de la sesión

19 y 31.- Sesión extraordinaria

VARIAS

13.- Comisiones de Defensa Nacional y de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara)

14.- Día Mundial del Medio Ambiente. (Conmemoración). (Resolución de 2 de junio de 1993).

— Se resuelve que la versión taquigráfica de la sesión especial realizada en el día de hoy sea enviada a los Ministerios de Turismo y Deporte, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Relaciones Exteriores

18.- Autorización al señor Representante Semproni para realizar una exposición en la sesión ordinaria del día 11 de julio

20.- Autorización al señor Representante Germán Cardoso para realizar una exposición en la sesión ordinaria del día 4 de julio

21.- Autorización al señor Representante Posada para realizar una exposición en la sesión ordinaria del día 17 de julio

ORDEN DEL DÍA

17.- Razones que llevaron al Banco Central del Uruguay a revocar la resolución por la que se inhabilitó al economista Luis Porto para el desarrollo de actividades en el sistema financiero. (Designación de una Comisión Investigadora).

Antecedentes: Rep. Nº 928, de marzo de 2007, y Anexo I, de abril de 2007. Carp. Nº 1630 de 2007. Comisión Preinvestigadora.

— Se aprueba un proyecto de resolución

— Texto del proyecto aprobado

22, 25, 28, 30 y 32.- Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación).

Antecedentes: Rep. Nº 498, de noviembre de 2005, y Anexo I, de mayo de 2007. Carp. Nº 654 de 2005. Comisión Especial de Población y Desarrollo Social.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

 

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Álvaro Alonso, Pablo Álvarez López, José Amorín Batlle, Hugo Arambillete, Roque Arregui, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Luis Batalla, Bertil R. Bentos, Gustavo Bernini, Daniel Bianchi, Eleonora Bianchi, José Luis Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Irene Caballero, Diego Cánepa, Rodolfo Caram, Germán Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Nora Castro (2), Hebert Clavijo, Roberto Conde, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Silvana Charlone, Álvaro Delgado, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo A. Espinosa, Julio César Fernández, Luis Gallo Cantera, Carlos Gamou, Jorge Gandini (3), Javier García, Nora Gauthier, Rodrigo Goñi Romero, Gustavo Guarino (1), Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Luis Alberto Lacalle Pou, Fernando Longo Fonsalías, Álvaro F. Lorenzo, Guido Machado, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Carlos Mazzulo, Eduardo Medeiros, Artigas Melgarejo, Jorge Menéndez, Gonzalo Mujica, Adul Nebú, Lourdes Ontaneda, José Quintín Olano Llano, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Mary Pacheco, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Alberto Perdomo Gamarra, Aníbal Pereyra, Darío Pérez Brito, Esteban Pérez, Enrique Pintado, Iván Posada, Jorge Pozzi, Juan A. Roballo, Edgardo Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Gustavo Rombys, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Arthur Souza, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Hermes Toledo Antúnez, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega Llanes, Homero Viera y Horacio Yanes.

Con licencia: Gloria Benítez, Sergio Botana, Alba M. Cocco Soto, Juan José Domínguez, Luis José Gallo Imperiale, Gonzalo Novales y Pablo Pérez González.

Faltan con aviso: Washington Abdala, Beatriz Argimón, Sandra Etcheverry, Daniel García Pintos y Carlos González Álvarez.

Sin aviso: Eduardo Guadalupe y José Carlos Mahía.

Actúan en el Senado: José Carlos Cardoso y Jorge Romero Cabrera.

Observaciones:

(1) A la hora 17:06 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Eduardo Medeiros.

(2) A la hora 18:38, en virtud de haber sido convocada para integrar la Cámara de Senadores, ingresa a Sala el Sr. Hugo Arambillete.

(3) A la hora 18:38 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Irene Caballero.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 182

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Florida remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la villa Cerro Chato, ubicada en la 6ª. Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, la 4ª. Sección Judicial del departamento de Florida y la 8ª. Sección Judicial del departamento de Durazno, el día 3 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los ochenta años de la realización del plebiscito donde votó por primera vez la mujer en nuestro país. C/1687/007

La Junta Departamental de San José remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se regula la distribución de trabajo de peones prácticos y obreros no especializados en obras efectuadas por el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados. C/1257/006

La Intendencia Municipal de Salto acusa recibo de los siguientes asuntos:

  • del señor Representante Carlos Mazzulo, acerca de la próxima realización del Congreso Nacional de Deportes, en el departamento de Flores, los días 22 y 23 de junio de 2007. S/C

  • de la señora Representante Daniela Payssé, referente a un homenaje al Sacerdote Henri Groués, "Abate Pierre", fundador de Emaús, recientemente fallecido. S/C

  • del señor Representante Manuel María Barreiro, sobre la conmemoración de los cincuenta años de la inauguración de los cursos universitarios en el departamento de Salto. S/C

  • del señor Representante David Doti Genta, relacionada con diversas iniciativas presentadas por legisladores del Partido Nacional, a fin de solucionar el problema de la inseguridad pública. S/C

La Suprema Corte de Justicia contesta la exposición escrita presentada por los señores Representantes Bertil R. Bentos y David Doti Genta, acerca del cierre del Juzgado de Porvenir, en la 2ª. Sección Judicial del departamento de Paysandú. C/22/005

-     A sus antecedentes".

3.-     Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 16)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Rodrigo Goñi Romero solicita se curse una exposición escrita el Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, sobre diversas necesidades de la Escuela Nº 50 de Sarandí de Arapey, en el departamento de Salto. C/22/005

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Roque Ramos solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Paysandú; a la Asociación Paysandú; a la Asociación General de Autores del Uruguay, y a los familiares del señor Aníbal Sampayo, relacionada con su reciente fallecimiento. C/22/005

El señor Representante Bertil R. Bentos solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio a la Junta Nacional de la Granja; y de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay; y al Banco de Desarrollo Económico y Social, acerca de la situación de los productores apícolas del departamento de Paysandú. C/22/005

El señor Representante Rodolfo Caram solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Nelson Pérez Cortelezzi solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Florida y por su intermedio a la Junta Local de Sarandí Grande, relacionada con el riesgo de accidentes de tránsito existente en la intersección de la Ruta Nacional Nº 5 y las calles de acceso a la mencionada ciudad. C/22/005

El señor Representante Germán Cardoso solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior, acerca del crimen de un periodista ocurrido hace un año en el departamento de Maldonado. C/22/005

El señor Representante Jorge Romero Cabrera solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Secundaria y a la Dirección del Liceo de Vichadero; a la Asociación de Padres y Alumnos de ese Liceo; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Rivera, referente a la necesidad de realizar obras de infraestructura en el mencionado centro de estudios. C/22/005

El señor Representante Pablo Pérez González solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y al Consejo de Educación Primaria, al Consejo de Educación Secundaria, al Consejo de Educación Técnico - Profesional, a las Inspecciones Departamentales de Primaria, de Secundaria y Técnico - Profesional de Maldonado, al Liceo Nº 4 de dicho departamento, y a los gremios de docentes de Educación Primaria, Secundaria y Técnico - Profesional de Maldonado; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Maldonado, y por su intermedio a las Juntas Locales de dicho departamento, sobre el recibimiento a jóvenes estudiantes ganadores de un concurso organizado por la NASA. C/22/005

El señor Representante David Doti Genta solicita se curse una exposición escrita al Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería; a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Paysandú, de Montevideo y de Colonia; a Paycueros, a Curtifrance y a Curti Suiza, relacionada con las dificultades por las que atraviesa la industria del cuero. C/22/005

El señor Representante Carlos Enciso Christiansen solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Industria, Energía y Minería; de Transporte y Obras Públicas; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; y de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Florida, y por su intermedio a las Juntas Locales del citado departamento, acerca de la necesidad de abastecer de agua potable en forma gratuita a los jubilados y pensionistas de bajos ingresos. C/22/005

Varios señores Representantes solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, referente a la necesidad de que se disponga de una partida extraordinaria para que los Gobiernos Departamentales puedan reparar los daños en la infraestructura vial, ocasionados por los fenómenos climáticos ocurridos recientemente. C/22/005

El señor Representante José Carlos Cardoso solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a la Dirección Departamental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Rocha, con destino a la Junta Local de 18 de Julio, sobre la situación de la policlínica de la mencionada localidad. C/22/005

Varios señores Representantes solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, relacionada con una solicitud de concesión de pensión graciable a la señora Petrona Gómez. C/22/005

El señor Representante Aníbal Pereyra solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

4.-     Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el día 16 de mayo de 2007:

Con aviso: Daniel García Pintos, Eduardo Guadalupe, Daniel Mañana, Adriana Peña Hernández y Carlos Signorelli.

Sin aviso: David Fernández.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 16 de mayo

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Edgardo Rodríguez.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: David Fernández, Luis Enrique Gallo Cantera y Pablo Álvarez López.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Adriana Peña Hernández.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Julio Basanta.

TURISMO

Con aviso: Eduardo Guadalupe, Gloria Benítez, Javier Barrios Bove y Juan Andrés Roballo.

Sin aviso: Francisco Sanabria Barrios.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Carlos Signorelli.

ESPECIAL PARA EL DEPORTE

Con aviso: Eleonora Bianchi, Francisco Sanabria Barrios y Julio César Fernández.

Jueves 17 de mayo

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Tabaré Hackenbruch Legnani.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN integrada con la de GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Jorge Orrico, Nelson Rodríguez Servetto y Rodrigo Goñi Romero.

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Juan Andrés Roballo y Washington Abdala.

Martes 22 de mayo

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Alberto Scavarelli y Jaime Mario Trobo.

PRESUPUESTOS integrada con la de HACIENDA

Con aviso: José Carlos Cardoso y Silvana Charlone.

Sin aviso: Sandra Etcheverry.

Miércoles 23 de mayo

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Gustavo Borsari Brenna, Luis Alberto Lacalle Pou, Nelson Rodríguez Servetto y Sebastián Da Silva.

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Alba M. Cocco Soto y Beatriz Argimón.

HACIENDA

Con aviso: José Amorín, José Carlos Cardoso y Silvana Charlone.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Adriana Peña Hernández y Hebert Clavijo.

Jueves 24 de mayo

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN integrada con la de GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Nelson Rodríguez Servetto, Rodrigo Goñi Romero y Sebastián Da Silva.

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Adriana Peña Hernández.

Sin aviso: Beatriz Costa.

INVESTIGADORA PARA ESTUDIAR Y PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE GASTOS REALIZADOS POR DETERMINADOS ENTES AUTÓNOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS ENTRE EL 1º DE MARZO DE 2000 Y EL 1º DE MARZO DE 2005

Sin aviso: Jorge Pozzi y Rodrigo Goñi Romero.

Miércoles 30 de mayo

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Roberto Conde y Washington Abdala.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Nelson Rodríguez Servetto.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Manuel María Barreiro y Roque Arregui.

Viernes 1º de junio

PRESUPUESTOS integrada con la de HACIENDA

Sin aviso: Pablo Pérez González y Sandra Etcheverry.

Lunes 4 de junio

ESPECIAL SOBRE MARCO COOPERATIVO

Con aviso: Álvaro Delgado, Daniel Bianchi y Gonzalo Mujica".

5.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta y dos en treinta y cuatro: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Rodrigo Goñi Romero al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, sobre diversas necesidades de la Escuela Nº 50 de Sarandí de Arapey, en el departamento de Salto.

"Montevideo, 16 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En ocasión de nuestra visita a la localidad de Sarandí de Arapey, ubicada en los confines del departamento de Salto, casi en el límite con el departamento de Artigas y con la frontera con la República Federativa del Brasil, recibimos de parte de la Comisión de Fomento de la Escuela Nº 50 de dicha localidad, el planteo de una serie de necesidades que detallaremos. Nos parece oportuno destacar que Sarandí de Arapey es un centro poblado fundamental para nuestra nacionalidad, al que no se le considera debidamente. Por su ubicación geográfica y por su condición intrínsicamente rural, deberíamos dedicarle especial atención. Sin embargo, los habitantes de Sarandí de Arapey, por pertenecer al departamento de Salto, no pueden atenderse en Salud Pública de Artigas, a pesar de que residen a menos de la mitad de distancia que con la ciudad de Salto. Debe considerarse que llegar a la ciudad de Artigas requiere un viaje de 200 kilómetros por caminos generalmente malos; que en el pueblo no se dispone de ambulancia y que la policía no siempre puede llevar a los enfermos. El microbús que debe trasladar a los jóvenes al liceo en Masoller, lo solventa la Intendencia Municipal de Salto, el combustible que proporciona el Consejo Directivo Central de la ANEP, nunca alcanza, muchas veces, por problemas burocráticos. Realmente, hemos perdido la cuenta de las gestiones realizadas por causa de estos problemas. Por las circunstancias expuestas, y muchas otras que no queremos detallar, solicitamos, especialmente, que se tenga en cuenta y que se provea de los siguientes elementos al citado centro educativo: 1) Escritorios y sillas para los salones escolares. 2) Materiales didácticos (mapas, láminas, juegos de mesa, juegos didácticos, material bibliográfico, y otros). 3) Televisor y disco versátil digital (DVD). 4) Implementos mobiliarios y útiles para el uso de computadora. 5) Pintura para el local escolar. Estamos en conocimiento de la sensibilidad de las autoridades de ese organismo; por eso confiamos en el diligenciamiento eficaz de estos ítemes que, consideramos, no son de un gran volumen económico. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODRIGO GOÑI ROMERO, Representante por Salto".

2) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Educación Técnico Profesional y a la Dirección de la Escuela Técnica de Fraile Muerto; y a la Junta Departamental de Cerro Largo, relacionada con diversas mejoras necesarias para el citado centro educativo.

"Montevideo, 16 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Técnico-Profesional, a la Escuela Técnica de Fraile Muerto, del departamento de Cerro Largo; y a la Junta Departamental de Cerro Largo. En conocimiento del planteo realizado por el Edil señor Enrique Villanueva, en la media hora previa de la sesión del 27 de abril próximo pasado, en la Junta Departamental de Cerro Largo, sobre la Escuela Técnica de Fraile Muerto, nos permitimos expresar nuestro apoyo a las reivindicaciones expuestas por el mencionado Edil. Como sus palabras fueron también dirigidas al Consejo de Educación Técnico-Profesional y al Consejo Directivo Central de la ANEP, no es necesario adjuntarlas, pero sí reafirmar que esta inquietud es de toda la comunidad de Fraile Muerto y, especialmente, hemos recibido, en forma permanente, el mismo planteo por parte de la Liga de Trabajo. Estamos en conocimiento que en este año hubo avances y que existe una muy buena coordinación y disposición para cooperar entre la Directora de la Escuela Técnica y las fuerzas vivas de la localidad. Como las mejoras en infraestructura son de magnitud, nos permitimos insistir en la importancia que tendría para la localidad de Fraile Muerto la recuperación de dicha Escuela Técnica. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

3) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Dirección Nacional de Minería y Geología, acerca de la necesidad de que un geólogo determine la existencia de una cantera de piedra en la localidad de Río Branco, departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 4 de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMYGE). Por nuestro intermedio, la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco solicita a ese Ministerio que envíe un geólogo, para determinar la existencia de una cantera subterránea de piedra ahogada, ubicada en la cercanía de la ciudad de Río Branco, del departamento de Cerro Largo. Actualmente, se deben realizar fletes de más de 30 kilómetros para conseguir dicho mineral, que es muy importante para la realización de obras viales e imprescindibles para la protección de las márgenes del río Yaguarón. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

4) Exposición del señor Representante Jaime Mario Trobo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Montevideo, y por su intermedio, a la Junta Local Nº 10 y al Consejo Vecinal del Centro Comunal Zonal Nº 10, referente a la carencia de iluminación en un tramo de la Ruta Nacional Nº 7, en la zona de Avenida de las Instrucciones y José Belloni.

"Montevideo, 23 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Junta Departamental de Montevideo y a la Intendencia Municipal de Montevideo y, por su intermedio, a la Junta Local Nº 10 y al Concejo Vecinal del Centro Comunal Zonal Nº 10. Los vecinos de la zona de la intersección de las avenidas De las Instrucciones y José Belloni, reclaman que se ilumine el tramo de la Ruta Nacional Nº 7 General Aparicio Saravia, entre la avenida José Belloni y el barrio Toledo Chico. Ese tramo de la ruta ha sido reparado y tiene un intenso tránsito, lo que, en horas de la noche o de la madrugada, constituye un riesgo por la cantidad de personas que a pie, en bicicleta o en motocicletas, se desplazan desde y hacia sus hogares. La situación es especialmente grave en el tramo de la ruta mencionada, entre la avenida José Belloni y la calle Manzanilla. Los vecinos que viven en el populoso barrio que se desarrolla a ambos lados de la ruta están permanentemente expuestos a peligros, del tránsito y de su seguridad personal, dada la oscuridad existente. El día 20 de abril próximo pasado, el Ministro de Transporte y Obras Públicas visitó el barrio y tomó contacto con el reclamo, justificado, de los vecinos. En esa ocasión, informó que el proyecto estaba a punto de ejecutarse, pero las obras de iluminación llegaron desde la avenida Pedro de Mendoza hasta la avenida José Belloni, y no continuaron, dejando sin solución a los vecinos demandantes de la zona de la avenida De las Instrucciones al este. Creemos necesario que se continúen las obras mencionadas, como contribución a la seguridad y a la tranquilidad de los barrios que se extienden a lo largo de la Ruta Nacional Nº 7, en el tramo entre la avenida José Belloni y el barrio Toledo Chico, y como cumplimiento del compromiso asumido en su visita al lugar, por parte de autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo".

5) Exposición del señor Representante Jaime Mario Trobo a los Ministerios de Turismo y Deporte; y de Educación y Cultura, con destino a la Universidad de la República, y por su intermedio al Consejo Directivo Central y al Instituto Superior de Educación Física; a Organización del Fútbol del Interior y a las Ligas Departamentales de Fútbol; a la Asociación Uruguaya de Fútbol; a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Educación y Cultura; a la Comisión Especial para el Deporte de la Cámara de Representantes, y a las Juntas Departamentales del interior del país, sobre la situación de la práctica de dicho deporte en el interior del país.

"Montevideo, 23 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Universidad de la República y al Consejo Directivo Central, y al Instituto Superior de Educación Física 'Profesor Alberto Langlade' (ISEF); a la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y, por su intermedio, a las Ligas Departamentales de Fútbol del interior del país; a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF); al Ministerio de Turismo y Deporte; a la Comisión Especial para el Deporte de esta Cámara; a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Educación y Cultura, y a las Juntas Departamentales del interior del país. El fútbol del interior ha sido castigado en su desarrollo por el centralismo de Montevideo, el que en muchos aspectos de la vida del país ha influido negativamente. Ha existido una tendencia, inercial, a reproducir las consecuencias negativas de la lejanía del centro de poder del Estado radicado en la referida ciudad, que se ha puesto de manifiesto en distintas actividades privadas, y el caso del fútbol es uno de ellos. Durante décadas el desarrollo de ese deporte tuvo su epicentro en la capital del país, en la entidad rectora del deporte con jurisdicción nacional, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que ha sido una mera sociedad de instituciones radicadas en Montevideo, la que resolvió, no hace mucho tiempo, matizar esa condición capitalina con 'espasmos' de integración, para realizar un campeonato tímidamente nacional, sin dejar de ser una liga capitalina. Lo cierto es que las autoridades del deporte en la órbita privada, la Asociación Nacional representativa ante la autoridad internacional y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), poco y nada han hecho para nacionalizar el fútbol. Todo el esfuerzo con ese fin lo han efectuado las entidades de fútbol del interior, la Organización del Fútbol del Interior (OFI), en su caso, las ligas departamentales y las propias instituciones deportivas. Convengamos que poco han realizado las autoridades estatales del deporte, durante mucho tiempo, salvo esfuerzos concertados con las entidades del interior para acompañar su desarrollo. Tal es el caso del convenio, que en el año 2002, el Ministerio de Deporte y Juventud y OFI firmaron para que el ISEF, dependiente entonces del primero, realizara cursos de nivelación que permitieran que, una importante cantidad de técnicos del interior, pudieran acceder al título de entrenador. Debe señalarse que OFI o las ligas, por cuenta de los cursillistas abonaban al ISEF los costos de dicha actividad formativa para que ésta fuera posible. El desarrollo de ese proyecto permitió que una cifra cercana a las 1.500 personas asistieron a los cursos, alcanzando capacitaciones de 1er. y de 2do. nivel o titulación, lo que indudablemente redundó y redunda en beneficio del desarrollo y de la calidad de la práctica del fútbol en el interior. Por razones desconocidas e inexplicables el ISEF denunció el convenio y el fútbol del interior se ha visto impedido de contar, con continuidad, con la formación de sus recursos humanos, circunstancia que hoy afecta la vocación de capacitación, que anima a quienes desarrollan ese deporte fuera del departamento de Montevideo. Como efecto de esa decisión, en la que no se han medido consecuencias, han quedado truncos procesos de formación iniciados en los departamentos de Artigas, de Salto, de Florida, de San José, de Canelones, de Maldonado, de Lavalleja y, naturalmente, ha quedado la incertidumbre sobre el futuro de la formación de técnicos en el interior del país. Esa situación es altamente perjudicial, como respuesta a la voluntad que han expresado los cursillistas y las organizaciones que trabajan en el fútbol del interior, y como señal hacia el futuro. Si bien no conocemos adecuadamente la fundamentación, alguna informaciones indican que el ISEF, actualmente en la órbita de la Universidad de la República, exigiría para quienes realizan sus cursos de técnico deportivo la calidad de bachiller, equiparando esos cursos a las exigencias reclamadas a quienes cursan licenciaturas en dicho centro, a nuestro juicio un error. Error cuya primera consecuencia es impedir la continuación de la formación de cientos de individuos que, de buena fe, iniciaron su capacitación en condiciones curriculares, que hoy se ven aumentadas, lo que los excluye sin más trámite. Es hora de que las autoridades de la Universidad de la República o, en su caso, las del ISEF pongan los ojos en la realidad, analicen la situación con las autoridades de OFI, con quien a pesar de haberlo denunciado tienen un convenio, y resuelvan con sensatez la continuidad de los cursos y den satisfacción a los cursillistas que bien intencionados encaminaron su formación, en la mayoría de los casos con un gran esfuerzo, que merece felicitaciones. Ese es un típico tema en el cual poner en práctica el sentido común, y la voluntad para adoptar soluciones de transición, que tanto se reclaman habitualmente. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo".

6) Exposición del señor Representante Roque Ramos al Ministerio de Educación y Cultura; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Paysandú; a la Asociación Paysandú; a la Asociación General de Autores del Uruguay, y a los familiares del señor Aníbal Sampayo, relacionada con su reciente fallecimiento.

"Montevideo, 23 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura; a la Intendencia Municipal de Paysandú; a la Junta Departamental de Paysandú; a la Asociación Paysandú; a la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) y a la familia de Aníbal Sampayo. Días pasados, los diarios montevideanos titulaban: 'Murió Aníbal Sampayo, el río se quedó sin poeta' o 'El pueblo, ya se sabe, no calla ni olvida - a los 80 años de edad falleció Aníbal Sampayo'. Asimismo, en los diarios argentinos se leía: 'Poeta del río de los pájaros - Falleció Aníbal Sampayo' o 'Murió el gran Aníbal Sampayo', por citar algunos titulares. Aníbal Sampayo nació en Paysandú, el 6 de agosto de 1926; su infancia transcurrió en los campos de la estancia Los Álamos. Asistió a la Escuela Industrial, donde aprendió el oficio de tornero. Cuando cumplió 16 años de edad, comenzó a trabajar en los talleres del ferrocarril Midland, de los ingleses pero, como él mismo lo mencionó: 'duré poco, porque me peleé con los gringos. No quiero a esos patrones, le dije a mi padre y él me metió a trabajar en otro taller con otro patrón que también resultó un déspota, así que me volví al campo'. Musicalmente, comenzó en 1939, formando parte de un trío y en 1940, integró el conjunto Fulgores, como guitarrista. A los 18 años de edad se radicó en la República del Paraguay. Allí trabajó en un circo. Después, como consecuencia de la dictadura de Stroessner, se marchó a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la República de Bolivia. Posteriormente, regresó a Montevideo y trabajó en radio El Espectador hasta que, en 1956, se fue a grabar a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. En 1958, se casó y se radicó en Paysandú. Sus canciones han sido interpretadas por diversas figuras de la música internacional. En el año 1964, el tema Río de los Pájaros fue premiado en Cosquín, donde a Aníbal Sampayo se lo considera como uno de los fundadores de ese festival. En 1969, fue distinguido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como difusor de la cultura y la música popular de América Latina. Creó, en 1970, en homenaje al Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres, la Cantata a José Artigas y, en 1971, la obra poética musical Orientales al Frente. Fue un hombre de izquierda. Pagó su militancia con años de cárcel. Desde allí escribió la Cantata a Leandro Gómez, a quién definió como un artiguista. Después de la cárcel, sufrió el exilio, a fines del año 1980, cuando el Reino de Suecia fue su puerta de la libertad. El poeta decía que en Suecia lo recibieron con mucha calidez por lo que todo fue muy llevadero. Regresó en 1985. Realizó un recital en el estadio Obras Sanitarias, de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y luego en Montevideo, en el teatro El Galpón. Editó su último libro en setiembre de 2001, titulado: Aníbal Sampayo, desde Paysandú, canto y poesía. De sus canciones, él decía que: 'primero y antes que nada, que era música de pueblo. Una cosa es la canción popular y otra es la canción del pueblo y esto conviene tenerlo claro ahora que hacen popular a cualquiera. Música popular es la que se escucha mucho. Hay cantores que son populares porque el pueblo los conoce, pero no dejan nada profundo, entonces no son de pueblo'. Sus temas traspasaron fronteras y muchos de ellos, como, por ejemplo: Río de los Pájaros, Kichororo, La Cañera, La Chamarrita, Garza Viajera, Señor de Montiel, quedarán en la historia para siempre. Como oriundo de la ciudad de Paysandú, siento el deber de realizar este pequeño reconocimiento a un grande. Don Aníbal Sampayo, poeta, compositor, cantante, guitarrista, arpista, investigador de las raíces del folklore y luchador social, murió en su ciudad natal el miércoles 9 de mayo del año en curso. Extiendo mis condolencias a su esposa y a su hija Selva, a quien conocí, en mi época estudiantil, cuando, junto a otros cinco estudiantes, fuimos partícipes de un proyecto musical en el que representamos a Paysandú en un evento nacional. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE F. RAMOS ESPÍNDOLA, Representante por Montevideo".

7) Exposición del señor Representante Bertil R. Bentos a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio a la Junta Nacional de la Granja; y de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay; y al Banco de Desarrollo Económico y Social, acerca de la situación de los productores apícolas del departamento de Paysandú.

"Montevideo, 23 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su intermedio, a la Junta Nacional de la Granja; al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU); y al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes Uruguay). Hemos recibido la preocupación de los productores apícolas del departamento de Paysandú, quienes se han visto afectados en esta última zafra por una merma que ronda el 70% promedio, teniendo, la parte de cosecha de miel de forestación, una pérdida del 100%. Se trata de una situación lamentable para el sector, que viene luchando para salir de la crisis del año 2002, y a lo que se le suma lo desfavorable de la naturaleza. De un total de 800 apicultores inscriptos en Paysandú, 450 son activos, con un promedio de 2 operarios por apicultor, lo que significa un movimiento de unas 1.200 familias en torno a la apicultura. Esos productores utilizan, al año, 250.000 litros de combustible. El gasoil, en la zafra 2005-2006, tuvo un costo de entre los $ 17,20 y los $ 22,70 el litro, en la zafra 2006-2007, el litro se comercializaba a $ 23,30. Teniendo en cuenta el último incremento del combustible, la suba se sitúa en el orden del 40% con relación a la zafra anterior. Por otro lado, el precio de la madera, para la zafra 2005-2006, se ubicaba en el entorno de los $ 6, mientras que en la zafra 2006-2007, pasó a costar entre $ 8 y $ 10. Este insumo, esencial para la producción apícola, subió en el entorno del 70%. Hoy, los productores apícolas solicitan una adecuación de fechas en los compromisos asumidos ante el BROU y el Bandes Uruguay. Es decir, que los vencimientos del año 2007 se pasen, en equivalente fecha, para el año 2008, y que la generación de intereses se aplique como una cuota más al final del crédito. No solicitan perdón de deudas, sino un corrimiento de los plazos que fueran asumidos en su momento, lo que permitiría a los productores volcar ese dinero a parte del mantenimiento de las unidades productivas. De persistir esa situación, se estaría ante la pérdida de las unidades productivas; debe contarse con el dinero suficiente para realizar las tareas de mantenimiento invernal de las colmenas, lo cual implica sanidad (curas adecuadas a cada caso) y mantenimiento del apiario (visitas quincenales), con alimentación correspondiente (puede ser sustituto de polen y fructosa), dependiendo esto de cada zona o lugar; todo ello implica gasto de combustible, personal, alimentación, y demás. El tema planteado no admite demora, en cambio sí una rápida acción de los organismos correspondientes, por lo que solicitamos que se aceleren las comunicaciones con las entidades financieras mencionadas y, de esa manera, hacer lugar a lo solicitado por los productores apícolas, es decir, pagar lo adeudado, pero con corrimiento de los plazos previstos a la firma de la documentación. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. BERTIL R. BENTOS, Representante por Paysandú".

8) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Artigas; a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y por su intermedio al Banco Hipotecario del Uruguay; y a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, referente a la necesidad de solucionar el problema de la vivienda de determinados sectores de la población.

"Montevideo, 24 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU); a la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR); a la Intendencia Municipal de Artigas, a la Junta Departamental de Artigas, y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión. Los uruguayos para algunas cosas no tenemos memoria, o la que tenemos es muy escasa, de corta duración. Qué suerte que sea así, sería muy difícil poder convivir con todos los recuerdos a flor de piel. Digamos que, con respecto a algunos temas, es imposible vivir pensando en el pasado. A veces es malo recordar lo bueno y vivir en función del recuerdo de las cosas buenas. Por ejemplo, es más lindo y vibrante volver a salir campeón del mundo en fútbol y no recordar lo que no vivimos, como el 'Maracanazo'. Nos preguntamos si es bueno recordar el pasado reciente del Banco Hipotecario del Uruguay. Preferimos no tener memoria, si la hay es solo para abundar en detalles para que no se repita la historia. Lo único que debemos hacer, es solucionar los problemas de la gente con respecto a ese organismo estatal. No se ha respondido a la altura de las circunstancias, es decir, no se ha resuelto el problema de los clientes, se les han generado e incluido más problemas. Se los ha tratado muy mal, casi como delincuentes, como malas personas, que obran y actúan de mala fe. Como que tienen malas intenciones para con el Banco, que siempre quieren sacarle provecho, en detrimento de éste. No es así, claro que la inmensa mayoría de la cartera de clientes no son malos y mucho menos malas personas. Se le ha mentido a la gente, se le ha dicho y prometido lo que no se cumplió. Hay una suerte de juego perverso con el tema de la vivienda, pues es muy delicado hacer promesas con el techo de los uruguayos y no cumplir. En este tema no se ha avanzado nada, es más, pensamos que se ha retrocedido en el tiempo. Ya van dos años y medio y lo único que existe y funciona es la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR). Los otros organismos brillan por su ausencia, y ellos son: BHU, Agencia Nacional de Viviendas y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Cuánta burocracia para nada. Nos preguntamos en qué hemos avanzado, cuánto se ha resuelto. No se genera ni siquiera diálogo y el Directorio del BHU no habla con nadie. Hemos recibido el mismo reclamo del área rural y urbana, desde nuestro ingreso a la Legislatura. Hay clientes que desde hace más de veinte años pagan y aún les faltan veinte más. ¿De qué estamos hablando? Se le está robando el dinero a la gente. ¿Es justo eso? No importa de qué Gobierno se trate y si los Directores anteriores fueron buenos o malos. ¿Será que prima la idea de que como los anteriores fueron horribles, ahora, también se tiene el derecho a ser muy malos? Si fuera así, decimos que es la interpretación más mediocre y mezquina que una institución del Gobierno pueda tener. No se ha innovado en nada, solamente se les han agregado muchos problemas y dolores de cabeza a los clientes. Les exigimos a todos los organismos que tienen que ver con el tema de la vivienda a nivel gubernamental, que hagan algo que apunte a resolver dicho problema; pero, más que la vivienda, que se ayude a los seres humanos, personas uruguayas que son los clientes de esos organismos. Es necesario plantear soluciones y no dar tantas explicaciones, los ciudadanos necesitan resolver, solucionar su situación, los organismos están para eso y deben hacerlo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

9) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Artigas; a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión, y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, sobre los servicios de suministro de agua potable y de saneamiento que brinda el Organismo en el departamento de Artigas.

"Montevideo, 24 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); a la Intendencia Municipal de Artigas; a la Junta Departamental de Artigas, y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión. Los desequilibrios de una sociedad se corrigen generando otro desequilibrio, es decir, que para igualar en un sentido, no hay otra forma, sino aquella que genera diferencias en otro. La situación es válida cuando comparamos dos departamentos de nuestro país, parecidos entre sí en los aspectos económico y social. Pero, a su vez, afirmamos convencidos que las diferencias entre los municipios son mucho más profundas como, por ejemplo, el Producto Bruto Interno (PBI) individual. Ese indicador es el verdadero origen de las diferencias, pero hay otros que no son fáciles de medir o de cuantificar, que son aspectos enteramente cualitativos, se tiene o no se tiene. La concentración del PBI en la zona metropolitana es notable, y muy significativa. Pero se hace más importante en la medida que crece cada vez más el área urbana. La ciudad de Montevideo es cada vez mayor, porque se le suma la Ciudad de la Costa, la Costa de Oro, Canelones y ciudades satélites, San José, y otras. Nos referimos al área metropolitana, la que solo crece, aumenta y, por supuesto, genera mayor concentración del PBI. Es en esa superficie de nuestro país que se concentra la mayor parte de nuestro PBI. Cabe preguntarse a qué viene todo este comentario. Qué nos proponemos cuando analizamos ese aspecto del ordenamiento territorial. No nos interesa llegar al fondo del problema, simplemente, queremos generar igualdad en algunas cosas que significan calidad de vida y dignidad. Los servicios de agua potable y de saneamiento en todo el territorio le corresponden y son responsabilidad de OSE. Es lo que establece el artículo 47 de la Constitución de la República. Pero, por ejemplo, en el departamento de Artigas, no hay suficientes barométricas para atender la demanda de la población. Nos referimos a todo el departamento: localidades y capital departamental. La Intendencia Municipal de Artigas dispone de tres barométricas; además, existen empresas particulares, que son contratadas para realizar ese servicio. Los años y el uso continuo provocaron el desgaste de los camiones. Están absolutamente deteriorados, en pésimo estado de conservación, no sirven más, solo se utilizan por estricta necesidad. Por lo expuesto, reclamamos a OSE que se haga cargo de la situación, como corresponde, que compre y envíe al departamento de Artigas por lo menos tres barométricas, lo antes posible. Reiteramos, que sea cuanto antes. Hace mucho tiempo que se prometió la mejora del servicio, que a la brevedad se haga realidad. Es urgente que se resuelva ese problema que afecta a los vecinos que no tienen saneamiento. Es uno de los reclamos más comunes y frecuentes de todos los barrios. OSE conoce muy bien que los habitantes del departamento de Artigas somos los más relegados en ese tema, es el departamento que tiene menor saneamiento. Las barométricas son un desastre. No es la Intendencia Municipal la que debe proporcionar esas unidades. Reiteramos es OSE el organismo quien debe y puede, comprarlas y enviarlas a nuestro departamento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

10) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Área de Soporte Técnico y Aulas, y a los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico - Profesional; a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Artigas, y por su intermedio a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, relacionada con el denominado "Proyecto Ceibal" para la educación en informática de los alumnos de primaria.

"Montevideo, 5 de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Área de Soporte Técnico y Aulas, al Consejo de Educación Técnico-Profesional, al Consejo de Educación Primaria y al Consejo de Educación Secundaria; a la Intendencia Municipal de Artigas y, por su intermedio, a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y de Baltasar Brum; a la Junta Departamental de Artigas; y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión. Desde el Gobierno se difunde, con mucho entusiasmo, el proyecto denominado Ceibal, según el cual se supone que se entregaría, a los alumnos de educación primaria, una computadora. Es lo que entendimos como consecuencia de la información divulgada por los medios de comunicación. Hace más de un año, insistimos en que se rehabiliten y actualicen las aulas de informática, muchas de ellas conectadas a la red, comprendidas dentro del Programa Conectividad. Aún quedan muchas que no están conectadas a la red, pero funcionales, que se utilizan para impartir clases y otros fines. Es decir, que cumplen con el rol para el que fueron construidas e instaladas: educar, enseñar informática y conectarse al mundo por Internet. Sinceramente, nos llama la atención que haya transcurrido tanto tiempo y aún se concitan los mismos problemas, no hay técnicos responsables del mantenimiento de las salas, no se reparan ni se reponen máquinas, no se han conectado todas las aulas, no hay actualización del software. No son suficientes los docentes para atender a toda la demanda real como, por ejemplo, las salas ERMA (Espacios de Recursos Múltiples para el Aprendizaje). Hacemos referencia a todas las reparticiones de la educación, educación primaria, secundaria y técnica-profesional. Compartimos la idea de que cada alumno disponga de una PC (computadora personal), pero nos importa mucho más que la infraestructura actual disponible y funcional, producto de una importante inversión del Estado, se preserve, con su respectivo servicio de mantenimiento. Por supuesto que acompañado de la actualización correspondiente, acorde con lo requerido por la demanda educativa y tecnológica. Reiteramos nuestra solicitud a las autoridades de la Enseñanza: que se contraten los técnicos para reparar las máquinas descompuestas y realizar el servicio de mantenimiento necesario. Se podría efectuar por medio de contratos de obra la actualización del soporte informático y completar la conectividad, en todas las aulas del país. Se requiere, expresamente, la reposición de máquinas; en la mayoría de las aulas, la cantidad de PC que no funcionan, es mayor que la de los que funcionan. De los que no funcionan, se deben retirar de circulación una gran cantidad, por lo que hay una reposición en consecuencia. La inversión se ha efectuado, se han construido los salones o las aulas, se realizaron las correspondientes instalaciones, para iluminación y conexión eléctrica, de alto costo, incluso con acondicionamiento térmico. Las salas se acondicionaron con los muebles adecuados, en todos los casos se compró todo el mobiliario nuevo, mesas, sillas, y otros. Así que volvemos sobre el tema y reiteramos lo que oportunamente planteáramos en esta Cámara el año pasado. Se deben comprar y reponer las computadoras, impresoras, y todos los implementos para enseñar informática; aquellos necesarios para que las aulas sean eficaces, que cumplan con los objetivos para los que fueron instaladas. Además, se deben contratar a los técnicos en cantidad suficiente para el servicio de mantenimiento, en todas las salas de los centros educativos pertenecientes a los diferentes Consejos de la Educación. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

11) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Artigas, y por su intermedio a la Junta Local de Baltasar Brum, acerca de la carencia de viviendas en dicha localidad.

"Montevideo, 5 de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR); a la Intendencia Municipal de Artigas y, por su intermedio, a la Junta Local de Baltasar Brum; y a la Junta Departamental de Artigas. En nuestra visita, realizada en el mes de mayo, a la localidad de Baltasar Brum, en el departamento de Artigas, recibimos de parte de vecinos una fuerte demanda por viviendas, por medio de sus comisiones, de la Junta Local y por solicitudes en forma particular. Según consta en una carta de la Junta Local, se hace mención a la falta de 70 viviendas, como resultado del relevamiento que realizaron los Ediles. Si bien reconocemos que hace poco tiempo MEVIR inauguró un grupo habitacional, parece válido recordar que culminó su construcción en este Gobierno, no obstante, la resolución de construirlas data de muchos años, atendiendo una demanda que, a esta altura, se ha visto incrementada por la necesidad de muchas personas que no tienen vivienda. En síntesis, el requerimiento por soluciones habitacionales se ha incrementado en este tiempo a pesar de que ya se construyó un grupo importante. La necesidad de más viviendas surge de un relevamiento de hace unos cuantos años. A todos los efectos, se reclama que se realice, en la actualidad, un nuevo relevamiento para que se confirme lo expresado por los vecinos. A nuestro entender, sería sensato realizar una nueva evaluación por parte de MEVIR en Baltasar Brum. Constatamos que hay una gran necesidad de viviendas, por lo que solicitamos que se efectúe el relevamiento correspondiente, dado que dicha demanda es real y concreta; por ello es que insistimos en la presencia de asistentes o funcionarios de esa Comisión para que constaten en el lugar nuestro petitorio. Confiando en su buena intención y sensibilidad deseamos que Baltasar Brum sea atendido, como lo ha sido siempre, por MEVIR. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

12) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram al Ministerio de Desarrollo Social; a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Artigas, y por su intermedio a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, referente al funcionamiento del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.

"Montevideo, 5 de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Desarrollo Social; a la Intendencia Municipal de Artigas y, por su intermedio, a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y de Baltasar Brum; a la Junta Departamental de Artigas, y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión. Por mucho tiempo seguimos atentamente el desempeño y la evolución del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social (PANES). Hemos recibido muchos reclamos de como funciona, quejas de vecinos, disconformidad o disgusto, como también el beneplácito de aquellos que se sienten contemplados por el plan. Los que se encuentran al amparo del Ministerio de Desarrollo Social, se muestran satisfechos y, en general, conformes con la asistencia recibida. Pero, existen dos sectores muy disgustados con ese Ministerio: los que nunca recibieron asistencia, pero siempre creyeron que les correspondía y los que recibieron el o los beneficios por un tiempo, pero luego se les retiró la condición de beneficiarios. No haremos referencia a la opinión de las personas que no cumplen con las condiciones exigidas para aspirar a ser beneficiarios del PANES, pero como el país es muy pequeño todos sabemos cómo opina ese sector de nuestra sociedad. No compartimos el funcionamiento del plan, no se atiende a todos por igual, no se informa bien y lo poco que se informa genera dudas. Se puede sospechar que se oculta información porque se ha politizado, o para ser más claros, se hace política con el mismo. Tenemos motivos y razones que fundamentan nuestra posición. Una de ellas es muy contundente, porque el padrón de beneficiarios del plan no es abierto, no es público, porque no se informa a las Intendencias Municipales del país, quiénes son las personas que reciben el beneficio. Al principio como no le fue bien al Ministerio, se les solicitó a las Intendencias Municipales el padrón de potenciales candidatos al plan. Hacemos referencia a un padrón, o registro de personas pobres, que anteriormente recibieron algún tipo de asistencia por parte del Estado. Lo que llama la atención, es que el Ministerio de Desarrollo Social se hizo de ese registro y luego no lo comparte con la misma Intendencia Municipal que se lo proporcionó. No le dice o le informa quiénes son los beneficiarios y, por cierto, nadie más conoce quiénes son los que perciben dicha asistencia. Nos preguntamos por qué ese secreto; si se está ocultando información; si no es mejor compartir con las Intendencias Municipales el padrón de beneficiarios, trabajar y asistir en conjunto; no sería ésta la mejor manera de amparar a los más necesitados, que todos los organismos del Estado actuaran en conjunto, procurando el bienestar social y colectivo de los que necesitan de la asistencia, porque de lo contrario se cuelgan fuera del sistema. No hay inconveniente en reconocer que la inclusión social transcurre por el asistencialismo del Estado, pero de todo el Estado, sin exclusiones de ningún tipo, de ninguna institución. No reconocemos colores políticos partidarios para la acción social y mucho menos a quienes debemos asistir. Si el color de las Intendencias Municipales no es el mismo que el del Gobierno Nacional, jamás puede ser el motivo para no hacer la tarea en conjunto, tampoco es impedimento para compartir la información, máxime cuando proporcionaron desinteresadamente, como debe ser, esos padrones de potenciales aspirantes al PANES. Es una cuestión de cordialidad y de respeto, devolver a la Intendencia que corresponda, la información del registro de beneficiarios de dicho plan. Tomamos como ejemplo la Intendencia Municipal de Artigas, es uno de los casos que conocemos en profundidad, ese Municipio ha sido muy generoso con el Ministerio, pero luego nunca más esa Secretaría de Estado actuó a la altura que corresponde y no ha devuelto ninguna información del padrón de pobres. Invitamos al Ministerio de Desarrollo Social a compartir la información para un mejor desempeño de la actuación de todos los organismos que asisten a los más humildes. Es para que se pueda mejorar y ser más eficientes en la atención y amparo a los desprotegidos. De lo contrario, si no se concreta esa actitud abierta, pensaremos que no se abre el registro a otras reparticiones del Estado porque se está haciendo política partidaria deliberadamente con el Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social. Señora Ministra a usted le compete actuar con responsabilidad republicana, no se usa el Estado o el Gobierno para hacer política partidaria o sectorial. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

13) Exposición del señor Representante Nelson Pérez Cortelezzi al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Florida y por su intermedio a la Junta Local de Sarandí Grande, relacionada con el riesgo de accidentes de tránsito existente en la intersección de la Ruta Nacional Nº 5 y las calles de acceso a la mencionada ciudad.

"Montevideo, 24 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia Municipal de Florida y, por su intermedio, a la Junta Local de Sarandí Grande, y a la Junta Departamental de Florida. Es nuestra intención hacer conocer una inquietud de vecinos y de distintas organizaciones sociales, como el Rotary Club, el Centro Comercial e Industrial y el Club de Leones, de la ciudad de Sarandí Grande, del departamento de Florida. Se trata de la preocupante cantidad de accidentes -algunos con consecuencias fatales- que se han producido en la Ruta Nacional Nº 5 Brigadier General Fructuoso Rivera, en su intersección con las calles por las que se ingresa a la mencionada ciudad. La Ruta Nacional Nº 5, columna vertebral de la red vial nacional, rodea la ciudad y entronca con la Ruta Nº 42 la que, a su vez, se comunica con las Rutas Nacionales Nº 6 Joaquín Suárez, Nº 7 General Aparicio Saravia y Nº 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, por las que se accede a la costa y a la frontera con la República Federativa del Brasil. A su vez, la Ruta Nº 42, que tiene comunicación con la Ruta Nº 57, entra a la ciudad y, por esa ruta -que se une a las Rutas Nacionales Nº 3 General José Artigas y Nº 14 Brigadier General Venancio Flores- se llega al litoral uruguayo. Además de las inquietudes expresadas, válidas por la representatividad de dichas organizaciones, se han referido al mismo problema en la Junta Departamental de Florida y en la Junta Local de Sarandí Grande, con el fin de buscar soluciones al tema de la inseguridad vial en esos puntos de ingreso a la ciudad. Es, a nuestro criterio, el ingreso más peligroso el de la calle Continuación Dr. Andrés Romero, que entronca con la Ruta Nº 42. Esa vía es la más utilizada, y sin ser técnicos en la materia, estimamos que es la situación de más fácil solución. Dicha ruta termina en la Ruta Nacional Nº 5, por un acceso independiente, difícil por sus desniveles, por tanto, la salida menos utilizada. Se han planteado distintas soluciones, pero hasta ahora ninguna ha tenido el visto bueno de las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los vecinos solicitan que se efectúe en el lugar un estudio pormenorizado de la situación y que se dé una solución más o menos definitiva a la temática planteada. De esa forma, se lograría que los accidentes y sus graves consecuencias disminuyan. Aspiramos a que se realice un estudio muy profundo de la problemática planteada, por parte de los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y que la respuesta sea comunicada al señor legislador titular, Carlos Enciso Christiansen o, al suscrito, en su carácter de Diputado suplente, hoy en ejercicio de la banca por licencia del titular. Asimismo, nos ponemos a disposición de los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, si se entiende conveniente, con el fin único de ver cristalizado un viejo anhelo de la población de la zona. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. NELSON PÉREZ CORTELEZZI, Representante por Florida".

14) Exposición del señor Representante Germán Cardoso al Ministerio del Interior, acerca del crimen de un periodista ocurrido hace un año en el departamento de Maldonado.

"Montevideo, 28 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior. El sábado 6 de mayo de 2006, perplejos nos enteramos que había sido encontrado el cuerpo sin vida del periodista Mateo Kutalek, con quien algunas horas antes habíamos compartido los estudios del Canal 8 Carolino TV. Mateo fue un vecino respetuoso y respetado, muy querido por su constante labor solidaria en el desempeño de su profesión. Del mismo modo, nos constaba su ecuanimidad, su fraternidad en el trato, demostrado a todos los actores públicos y privados, del partido político que fueran. A pocas horas de sucedido tan lamentable hecho la señora Jefa de Policía de Maldonado aseguró, con su característica falta de convicción al expresarse, 'tener la certeza de que el crimen de Kutalek nada tenía que ver con su profesión, y que los motivos estaban relacionados a su vida personal'. Las declaraciones de la Jefa de Policía produjeron profunda indignación colectiva, como tantas otras veces, puesto que puso un manto de sospecha sobre el entorno privado del conocido periodista. Muchas han sido las expresiones infelices de la jerarca, en los cinco asesinatos no resueltos en el departamento de Maldonado, a lo largo del último año. Expresiones que hoy obviamos, por respeto al dolor de los familiares. Muy a nuestro pesar, no podemos evitar incursionar en la temática, al cumplirse el 6 de mayo pasado un año de lo de Mateo y, nuevamente, hace algunos días, la Jefa de Policía vuelve con sus insensatas declaraciones. Resulta que ahora sí parece ser que los motivos del asesinato tienen relación con su actividad profesional, y que las causas del mismo no estarían vinculadas al área personal y privada, como sospechosamente lo había anunciado a los cuatro vientos, anteriormente. Exhortamos a que las autoridades soliciten a la responsable del orden público en Maldonado que evite hacer declaraciones públicas, las que en casi todas las oportunidades, en vez de aclarar, oscurecen. En vez de brindar tranquilidad, las explicaciones de la Jefa de Policía producen una gran sensación de alarma y de impotencia en la población, ante tanta demostración de impericia. En anteriores ocasiones realizamos en esta Cámara un pormenorizado informe sobre el tema de seguridad en Maldonado. Luego de la renuncia del Ministro del Interior, doctor José Díaz, a quien interpelamos anteriormente, hemos hecho una pausa en nuestras acciones y testimonios públicos, pues consideramos que hay que darle tiempo y aire a la nueva conducción del Ministerio, para que tome las riendas de la seguridad pública. Nos constan las buenas intenciones de la nueva señora Ministra del Interior como, así también, su alta calidad humana y deseamos, francamente, que las medidas que va adoptando sean las adecuadas y oportunas. Este silencio conciliador de nuestra parte, no significa que no sigamos analizando la polémica gestión de la conductora de la Jefatura de Policía de Maldonado. En Maldonado desde hace muchos años contamos con un cuerpo de policías que, en sus diferentes grados y responsabilidades, tiene un gran nivel y una abnegada dedicación en el desempeño de sus funciones. Gracias a ellos se ha podido amortiguar la desastrosa gestión de la doctora López, que seguramente sea una brillante policía administrativa y mejor doctora en leyes, pero que ha fracasado rotundamente en su gestión ejecutiva. Las expresiones con las que alude al desventurado caso de Mateo Kutalek exasperan a cualquiera; no aprende de sus errores anteriores: que se dedique a trabajar e investigar y que se deje de abrir su oráculo de insensatez ciudadana. Llegó la hora de que la familia de Mateo, sus amigos y la sociedad de San Carlos obtengan respuestas concretas y coherentes acerca de lo que sucedió realmente. Seguiremos analizando cómo se maneja la señora Jefa de Policía de Maldonado, para que cuando consideremos qué es lo que corresponde, actuar en consecuencia. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado".

15) Exposición del señor Representante Jorge Romero Cabrera a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Secundaria y a la Dirección del Liceo de Vichadero; a la Asociación de Padres y Alumnos de ese Liceo; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Rivera, referente a la necesidad de realizar obras de infraestructura en el mencionado centro de estudios.

"Montevideo, 29 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Secundaria y al Liceo de Vichadero, del departamento de Rivera; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia Municipal de Rivera; a la Junta Departamental de Rivera y, por su intermedio, a las Bancadas que la integran, y a la Asociación de Padres de Alumnos del Liceo (APAL) de Vichadero. Cursamos esta exposición escrita para trasmitir la preocupación de los vecinos del departamento de Rivera y la nuestra, ante la grave problemática por la que atraviesan varios liceos del departamento de Rivera. En numerosas oportunidades, hemos alertado con respecto a la situación que afecta al departamento, sin obtener grandes logros. En el día de hoy, nos hacemos eco de una solicitud efectuada por la Comisión de APAL y por la Dirección y la Subdirección del Liceo de Vichadero. Dicho centro de estudios requiere la urgente construcción de, por lo menos, tres aulas, además de un salón destinado a biblioteca ya que este servicio se encuentra, momentáneamente, instalado en el vestíbulo del edificio, separado por una repartición de madera. Las autoridades del liceo tuvieron la necesidad de crear otro grupo para 1er. año, pero no se formalizó la iniciativa debido a la falta de espacio. Se carece de laboratorio para las asignaturas de física, química y biología; no se dispone de salón para los profesores, presentándose inconvenientes cuando se realizan reuniones. Asimismo, no se cuenta con depósito. No tienen materiales de trabajo, ni fotocopiadora dado que la que poseían fue necesario enviarla a reparar, pero sin solución hasta el momento. Ello demora el trabajo del personal docente. Actualmente, la población estudiantil es de, aproximadamente, 400 alumnos, aumentando año a año, por lo que es imperioso contemplar la solicitud planteada. No consideramos justo que tanto alumnos como funcionarios tengan que asistir a clases hacinados cuando el Gobierno prometió los recursos necesarios para la enseñanza. Asimismo, nos informan que se realizó un llamado para ocupar dos vacantes de auxiliares de servicio, lo que no ha tenido resolución alguna hasta la fecha; debiéndose contratar, en forma particular, a una persona, quien percibe un sueldo que solventa la señora Directora de su salario. Como detallamos, la situación no es favorable por lo que consideramos que la construcción de las nuevas aulas y de los salones permitirán el desarrollo de un trabajo más eficiente, teniendo en cuenta que es el único liceo de la localidad de Vichadero. Dejamos constancia que la Dirección del Liceo ha informado a la actual Directora General del Consejo de Educación Secundaria de la problemática que les afecta. Quedamos pendientes de que se adopte una resolución favorable, ya que es nuestro deber contemplar la situación y buscar las soluciones definitivas a ese difícil escenario. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JORGE ROMERO CABRERA, Representante por Rivera".

16) Exposición del señor Representante Pablo Pérez González al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y al Consejo de Educación Primaria, al Consejo de Educación Secundaria, al Consejo de Educación Técnico - Profesional, a las Inspecciones Departamentales de Primaria, de Secundaria y Técnico - Profesional de Maldonado, al Liceo Nº 4 de dicho departamento, y a los gremios de docentes de Educación Primaria, Secundaria y Técnico - Profesional de Maldonado; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Maldonado, y por su intermedio a las Juntas Locales de dicho departamento, sobre el recibimiento a jóvenes estudiantes ganadores de un concurso organizado por la NASA.

"Montevideo, 30 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Primaria y a la Inspección Departamental de Maldonado; al Consejo de Educación Secundaria, a la Inspección Departamental de Maldonado y al Liceo Nº 4 del referido departamento; al Consejo de Educación Técnico-Profesional y a la Inspección Departamental de Maldonado; a los gremios de docentes de las tres ramas de la educación del departamento de Maldonado; a la Junta Departamental de Maldonado, y a la Intendencia Municipal de Maldonado y, por su intermedio, a las Juntas Locales. Los estudiantes del Liceo Nº 4 del departamento de Maldonado, ganaron el primer premio en un concurso organizado por la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la Agencia del Espacio y Aeronáutica de los Estados Unidos de América. La versión 2007 del mencionado concurso en búsqueda de talentos jóvenes en la investigación espacial, tuvo como protagonistas a estos estudiantes de nuestro departamento, constituyendo un gran acontecimiento para nosotros y para toda nuestra comunidad, que nos enorgullece. Ganaron el Gran Premio en atención a su diseño de un establecimiento espacial para 15.000 personas, proyecto de simulación de vida humana y robótica en el espacio, compitiendo con más de mil escuelas de todo el mundo. Por la hazaña de esos jóvenes, estudiantes de la enseñanza pública y de los docentes que los apoyaron, que enorgullecen a todos los uruguayos, pero más al pueblo de Maldonado, propongo formalmente al Ministerio de Educación y Cultura que por su intermedio se dé a conocer lo acontecido y que el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Consejo de Educación Primaria, el Consejo de Educación Secundaria y el Consejo de Educación Técnico-Profesional, para el día del arribo de esos jóvenes héroes de nuestro departamento, en principio dispuesto para el 26 de julio del corriente, adopten medidas que faciliten una masiva recepción, por parte de los estudiantes y centros educativos del departamento de Maldonado, para recibirlos como se merecen, haciéndoles sentir nuestro orgullo y reconocimiento. Saludo al señor Presidente muy atentamente. PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, Representante por Maldonado".

17) Exposición del señor Representante David Doti Genta a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería; a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Paysandú, de Montevideo y de Colonia; a Paycueros, a Curtifrance y a Curti Suiza, relacionada con las dificultades por las que atraviesa la industria del cuero.

"Montevideo, 31 de mayo de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería; a las Intendencias Municipales de Paysandú, de Montevideo y de Colonia; a las Juntas Departamentales de Paysandú, de Montevideo y de Colonia; a Paycueros S.A.; a Curtifrance S.A. y a Curti Suiza Ltda. Nos referiremos, en esta oportunidad, a la problemática que vive la industria del cuero como consecuencia de las distorsiones que se generan en dicho sector por la aplicación de distintas tasas arancelarias, en función del destino final del producto terminado. En conversaciones que hemos mantenido con empresarios del sector, hemos podido palpar su real preocupación. Muchos de ellos, con una larga trayectoria empresarial, dan trabajo directo a cientos y cientos de uruguayos, son fiscalmente responsables y han apostado fuertemente al crecimiento de sus exportaciones; han realizado constantes inversiones para incorporar tecnología de última generación; ven con enorme preocupación que la continuidad de sus negocios está en serio riesgo, en el corto plazo, con todas las consecuencias que traería para el personal que depende de ellos y para los miles de trabajadores que, indirectamente, también dependen del trabajo de esas empresas. Por un lado, se nos plantea que un hecho positivo, como lo es el crecimiento de la actividad de la industria curtidora, ha traído aparejado un hecho negativo, como lo es la dificultad para la obtención de la materia prima, dificultad que se origina tanto en factores internos como externos. Dentro de los factores internos, debe mencionarse: 1) Baja protección a la industria local que exporta con alto valor agregado, lo que puede constatarse por el crecimiento de las exportaciones de materia prima sin procesar, que alcanzaron al 20% de los cueros uruguayos, lo cual, sumado al contexto mundial, trajo aparejado que, en los últimos meses, se produjera un importante aumento -estimado en el 30%- del costo de la materia prima; 2) a su vez, el régimen automotriz (Decreto Nº 316/992, de 7 de julio de 1992), que establece un subsidio especial para las exportaciones de dicho sector, equivalente al 10% del valor 'Free On Board' (FOB), pone a las curtiembres que venden cuero para el tapizado de autos, en mejores condiciones de acceso a la materia prima, ya que pueden pagar hasta un 10% más que sus competidores, a la hora de comprar materia prima uruguaya, generando suba de precios; o pueden completar su producción importando materia prima, donde el beneficio para ellas resulta aún mayor, es decir, que se acentúa la inequidad. Dentro de los factores externos, corresponde mencionar que las asimetrías regionales juegan un papel fundamental en varios aspectos, pero nos interesa mencionarlas expresamente en cuanto imposibilitan, a la industria nacional, abastecerse de materia prima en el mercado regional, ya que la República Federativa del Brasil aplica un impuesto del 9% a la exportación de materia prima, mientras que la República Argentina aplica detracciones en la materia prima, equivalentes al 30%. Un rápido análisis de la situación planteada y de los valores de exportaciones de cuero en los últimos seis años, permiten apreciar que, si bien se ha producido un aumento del total de exportaciones, las realizadas bajo el régimen automotriz han crecido más del 1.000%, mientras que las concretadas fuera de ese régimen han disminuido más del 30%, en igual período, como consecuencia de competir en desventaja. Teniendo en cuenta la trascendencia de este tema, con una notoria repercusión en las aspiraciones de construir un Uruguay Productivo, lo que, sin duda, es el anhelo de todos los uruguayos, estamos seguros de que el Poder Ejecutivo y, en especial, los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, compartirán la necesidad de restablecer las condiciones de equidad, para que toda la industria curtidora, trabajadores o empresarios, tengan igualdad de oportunidades, potenciando la industrialización en el país de la materia prima local y un acceso fluido a materias primas importadas, de manera de maximizar el uso de la capacidad industrial instalada y de incrementar la exportación de productos con alto valor agregado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú".

18) Exposición del señor Representante Carlos Enciso Christiansen a los Ministerios de Industria, Energía y Minería; de Transporte y Obras Públicas; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; y de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Florida, y por su intermedio a las Juntas Locales del citado departamento, acerca de la necesidad de abastecer de agua potable en forma gratuita a los jubilados y pensionistas de bajos ingresos.

"Montevideo, 1º de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social (BPS); al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia Municipal de Florida y, por su intermedio, a las Juntas Locales, y a la Junta Departamental de Florida. Como Representante Nacional planteamos la situación por la que atraviesan jubilados y pensionistas del departamento de Florida, que no pueden acceder al servicio de agua potable, consagrado derecho humano en el artículo 47 de la Constitución de la República. Al respecto, en el pasado mes de abril, el Edil señor Ruben Rodríguez, expuso el tema ante la Junta Departamental de Florida, reclamando de OSE la atención con respecto al tema, sugiriendo que los jubilados y pensionistas con bajos ingresos, puedan contar en forma gratuita con ese esencial servicio. Al día de la fecha, esos ciudadanos de menguados recursos económicos y edad avanzada, transportan el agua potable desde canillas públicas. Evidentemente, debe concretarse, a la brevedad posible, una solución a esa problemática. Nos referimos a personas de avanzada edad, cuyo sustento depende únicamente de los bajos ingresos que perciben en su condición de jubilado o de pensionista. Llegan al final de su vida laboral sin muchas expectativas y limitados por sus escasos ingresos que, a veces, ni siquiera le aseguran el propio mantenimiento personal. El hecho de no poder contar con un servicio de agua potable, elemento vital, es por demás demostrativo de su condición. A las angustias propias de su situación económica, se agrega el esfuerzo físico -muchas veces desmesurado para esas personas de la tercera edad- de transportar baldes y diversos recipientes para disponer de agua. Como ese recurso es imprescindible, deben hacerlo en forma reiterada durante el día e incluso durante la noche, saliendo a la intemperie, ponen en riesgo su estado de salud o su integridad física. No podemos desconocer la gravedad del tema, creemos que los jubilados y pensionistas que padecen esa dificultad deben ser atendidos en forma prioritaria y urgente, asegurándoles el acceso al agua potable en sus hogares, sin costo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Representante por Florida".

19) Exposición de varios señores Representantes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, referente a la necesidad de que se disponga de una partida extraordinaria para que los Gobiernos Departamentales puedan reparar los daños en la infraestructura vial, ocasionados por los fenómenos climáticos ocurridos recientemente.

"Montevideo, 4 de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En el transcurso del presente año, se han registrado lluvias en todo el territorio nacional, particularmente excepcionales en varios departamentos, que causaron inundaciones de mayor gravedad que las acaecidas en el año 1959. Las copiosas precipitaciones provocaron daños de gran magnitud y queremos destacar, especialmente, los provocados en la red de caminería rural de los departamentos afectados. Consideramos que los destrozos, excepcionales por su relevancia, merecen la asistencia del Poder Ejecutivo para su reparación. Buscamos con ello, entre otras cosas, que la comercialización de la producción agropecuaria no se vea afectada, principalmente, para los sectores de producción intensiva como son la granja, el cultivo de arroz, la lechería y la quesería artesanal, entre otros. Por lo expuesto, solicitamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que disponga la asignación de una partida extraordinaria para los Gobiernos Departamentales -necesaria para realizar las reparaciones indispensables y en forma urgente- acorde a los daños producidos en su infraestructura vial. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JUAN JOSÉ BRUNO, Representante por Durazno; CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Representante por Florida; ALBERTO CASAS, Representante por San José; GONZALO NOVALES, Representante por Soriano; y JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO, Representante por Treinta y Tres".

20) Exposición del señor Representante José Carlos Cardoso al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a la Dirección Departamental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Rocha, con destino a la Junta Local de 18 de Julio, sobre la situación de la policlínica de la mencionada localidad.

"Montevideo, 4 de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y al Director Regional de ASSE que comprende al departamento de Rocha; a la Junta Departamental de Rocha; y a la Intendencia Municipal de Rocha, con destino a la Junta Local de 18 de Julio. Queremos referirnos a una problemática que hemos constatado en villa 18 de Julio, del departamento de Rocha. Allí funciona una policlínica, dependiente del Ministerio de Salud Pública, que es atendida por dos personas, quienes cumplen esa función en forma honoraria, desde hace más de cuatro años en un caso y más de seis en el otro. Considerando que esas personas se hacen cargo de la gestión de la policlínica, que atiende a, aproximadamente, 300 personas por mes, debería ser prioritario corregir esa situación. Confiamos que, en el marco de la política de regularización de la función pública, que está aplicando el Gobierno, pueda resolverse esa situación. La población que se asiste en ese centro, proviene de la mencionada villa y de su zona rural de influencia. Sin embargo, se dispone de un único médico, que atiende dos veces por semana. Asimismo, se carece de ambulancia. Ello supone que, ante eventuales situaciones de urgencia, no hay médico ni posibilidad de trasladar rápidamente al paciente hasta la ciudad de Chuy. Nos imaginamos la situación de indefensión en que se encuentran quienes viven en esa localidad y dependen del Ministerio de Salud Pública para su atención. Esos problemas que describimos, nos los han planteado los vecinos, los hemos constatado y, finalmente, los trasmitimos con el ánimo de ponerlos en conocimiento de las autoridades, en cuyos cometidos está la posibilidad de resolverlos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha".

21) Exposición de varios señores Representantes al Ministerio de Educación y Cultura, relacionada con una solicitud de concesión de pensión graciable a la señora Petrona Gómez.

"Montevideo, 5 de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, por la que se plantea la necesidad de conceder una pensión graciable para la señora Petrona Gómez. En el año 1929, en la 4ta. Sección del departamento de Treinta y Tres, denominada zona de Parao, nace Petrona Gómez. Actualmente, está casada con el señor Daniel Acevedo Rodríguez, Policía ejecutivo de la Jefatura de Policía de Montevideo. La pensión graciable es solicitada en virtud de que la señora Petrona Gómez, quien reside actualmente en Montevideo, nieta del Capitán Leandro Gómez y bisnieta del General Leandro Gómez, padece una situación económica muy apremiante. Averiguaciones recientes revelaron que existen, a la fecha, muy pocos descendientes directos vivos, de quien fuera héroe de la defensa de Paysandú y de la Patria, General Leandro Gómez. Remontándonos a la historia, cuando finaliza el sitio de Paysandú, en el año 1865, con el fallecimiento de los héroes, el Gobierno de la época, en una medida de evidente justicia y llevado, sin duda, por el anhelo de reparación moral, se hizo cargo de los estudios de los hijos de los Generales Lucas Píriz y Leandro Gómez. En febrero de 1865, exactamente a un mes del fusilamiento del General Leandro Gómez, el abuelo de la señora Petrona Gómez, también llamado Leandro, es designado por un Decreto gubernamental de la época, Capitán del Ejército. El General Leandro Gómez, dio todo por la patria, convirtiéndose en un héroe nacional, por su entrega, hasta morir por la causa republicana. Considerando estos antecedentes de ayuda a tan gloriosa familia, es que solicitamos que se le otorgue una pensión graciable a la señora Petrona Gómez, quien habita una humilde unidad en un complejo de viviendas del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), ubicado en la calle Millán y avenida Lecocq, calle 5, Block 16, entrada 827, apartamento 113. La señora Petrona Gómez, realmente necesita de esa pensión graciable para poder subsistir. A la edad de 78 años, ello puede significar un aliciente y ayudarla a vivir más decorosamente su vejez. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JUAN JOSÉ BRUNO, Representante por Durazno; BERTIL R. BENTOS, Representante por Paysandú; DANIEL MAÑANA, Representante por Río Negro; JORGE ROMERO CABRERA, Representante por Rivera; y JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó".

22) Exposición del señor Representante Aníbal Pereyra al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Rocha, con destino a la Junta Local de La Coronilla, acerca de la necesidad de mejorar la visibilidad en el trébol de acceso a dicha localidad.

"Montevideo, 5 de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia Municipal de Rocha, con destino a la Junta Local de La Coronilla; y a la Junta Departamental de Rocha. La Ruta Nacional Nº 9 Coronel Leonardo Olivera, a la altura del pueblo La Coronilla, del departamento de Rocha, se ha transformado en el foco de constante preocupación, para un buen sector de la población de la localidad. La actual realidad poblacional muestra una distribución en la que la Ruta Nacional mencionada divide el sector mayoritario de la población, dejando de un lado sus hogares y del otro la concentración de los servicios de distinta naturaleza. Este hecho motiva que varias veces al día, quienes allí residen deban cruzar la ruta para desarrollar sus tareas cotidianas. Alumnos del liceo y de la escuela primaria constituyen uno de esos grupos a los que hacemos referencia. A modo de ejemplo, la Escuela Nº 29 de La Coronilla, que está ubicada al borde de la Ruta Nacional Nº 9, cuenta con un alumnado de 235 niños, quienes, en su mayoría, residen en el complejo de MEVIR o en fincas particulares ubicados al otro lado de la ruta. Cabe indicar que el pueblo se encuentra a 30 kilómetros de la frontera con la República Federativa del Brasil, por lo que la vía de tránsito mencionada tiene un movimiento importante de vehículos durante todo el día. Los vecinos que se ven enfrentados a esta situación plantean la necesidad de contar con una correcta señalización en el lugar, que alerte a los automovilistas y obligue a disminuir su velocidad por las razones expuestas. El mejoramiento de la visibilidad, con una correcta iluminación del trébol de acceso a La Coronilla, sería una medida que también contribuiría a dotar de seguridad, a las decenas de personas que cotidianamente cruzan, en reiteradas oportunidades, la citada vía de tránsito. Por lo expuesto, entendemos necesario que se instrumenten formas de concretar una solución, de acuerdo con la demanda de los vecinos de la Coronilla. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha".

23) Exposición del señor Representante Aníbal Pereyra al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Rocha, con destino a la Junta Local de Castillos, referente a la conveniencia de mejorar el acceso a dicha ciudad, en la intersección de las Rutas Nos. 9 y 16.

"Montevideo, 5 de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia Municipal de Rocha, con destino a la Junta Local de Castillos, y a la Junta Departamental de Rocha. La iluminación de los ingresos a las diferentes ciudades es una tarea que le compete al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y muy valorada por los vecinos de distintas partes del país. En efecto, en el departamento de Rocha, se han introducido cambios importantes que mejoran la vida cotidiana de muchos vecinos del entorno de la ciudad de Rocha, quienes valoran las mejores condiciones de seguridad con que se desplazan desde y hacia sus lugares de residencia. Vecinos de la ciudad de Castillos y visitantes asiduos a la misma, solicitan que se proceda a iluminar el trébol de ingreso a la referida ciudad donde se cruzan las rutas Nacionales Nº 9 Coronel Leonardo Olivera y Nº 16. Debe tenerse en cuenta que, dicho trébol, además de ser el ingreso a la ciudad de Castillos, también es el desvío para llegar al balneario Aguas Dulces y a otros lugares de la costa atlántica departamental. Pero, fundamentalmente, han formulado el planteo por estrictas razones de seguridad varios vecinos que deben desplazarse por esas rutas y cruzar el lugar señalado en horario nocturno. En las zonas cercanas a la Ruta Nacional Nº 16 desde la ruta Nº 9 existen varios barrios con un número importante de pobladores que serían los directamente beneficiados, en caso de que fuera considerada y ejecutada la mejora solicitada. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha".

24) Exposición del señor Representante Aníbal Pereyra al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Rocha, con destino a la Junta Local de La Coronilla, sobre la necesidad de instalar teléfonos públicos en dicha localidad.

"Montevideo, 5 de junio de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL); a la Junta Departamental de Rocha, y a la Intendencia Municipal de Rocha, con destino a la Junta Local de La Coronilla. El balneario La Coronilla, del departamento de Rocha, inicialmente se ubicaba en la superficie delimitada por el mar y la Ruta Nacional Nº 9 Coronel Leonardo Olivera. En los últimos años, la expansión poblacional ha llevado a que un sector más que importante de la población permanente de ese lugar se haya instalado hacia el otro lado de la referida ruta, debido a la construcción de un complejo de viviendas de la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR), y a que un importante número de vecinos edificaron en la mencionada zona. Proporcionalmente es mayor el número de usuarios de telefonía fija de ANTEL, en viviendas particulares y en establecimientos comerciales, donde el número de residentes permanentes es menor. Actualmente, no hay teléfonos públicos en el área del complejo de MEVIR, por lo que los vecinos demandan ese servicio en su barrio. Los argumentos para que se considere la instalación de teléfonos públicos están dados en las características del lugar señalado y la densidad de población permanente, entre otros. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha".

MEDIA HORA PREVIA

6.-     Disparidad de criterios de los Directorios de ANTEL y ANCAP al financiar espectáculos artísticos y no realizar inversiones sociales en localidades del interior del país.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Doti Genta.

SEÑOR DOTI GENTA.- Señor Presidente: con todo respeto, me voy a referir a una carta aparecida en la edición del semanario "Búsqueda" del 17 de mayo próximo pasado -sección "Cartas de los Lectores", página 45-, escrita por un gran cantautor uruguayo de renombre internacional. Esa carta me hizo reflexionar acerca de cómo los gobernantes de antes y de ahora hicieron y hacen inversiones -en este caso por US$ 200.000- en espectáculos de este gran cantautor, para las uruguayas y los uruguayos y, sin embargo, no actúan igual a la hora de realizar inversiones para solucionar problemas de índole social que hemos planteado y plantean otros legisladores del interior, relacionados con ciudadanos que viven en el interior del interior y tienen muy escasas posibilidades de acceder a los beneficios que sí tenemos quienes habitamos en ciudades de importantes dimensiones. Para solucionar el asunto al que nos vamos a referir la inversión sería mínima; sin embargo, comparando las dos situaciones, con relación a esto no encontramos la misma receptividad que ha tenido este gran cantautor nacional. Por lo tanto, no son de recibo sus contestaciones ni sus explicaciones, menos aún cuando uno se entera del aporte que dos empresas estatales realizaron para sus espectáculos.

En el presente ejercicio hemos planteado a ANTEL la posibilidad de instalar teléfonos tarjeteros en tres localidades del interior de nuestro departamento, y los vecinos en una cuarta. Vamos a mencionar dichas localidades y, sobre todo, su ubicación, que tiene importancia en la solicitud planteada. Una de ellas es Bella Vista, centro poblado conformado por diecisiete viviendas de MEVIR, que se encuentra al norte del departamento y, tomando como punto de referencia la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas, por camino departamental en forma paralela al río Daymán, límite con el departamento de Salto, a 40 kilómetros; otra es Federación, ubicada a 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 26, en el kilómetro 83; otra es Arbolito, ubicada al este del departamento, sobre la Ruta de los Charrúas, a 180 kilómetros de la ciudad de Paysandú, y la cuarta es Zeballos, ubicada a 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 26, también en el kilómetro 83.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Mañana)

——Tenemos la contestación que dio el Directorio de ANTEL a través de su señora Presidenta, ingeniera María Simon, por nota de fecha 20 de abril de 2006, y en forma personal el 10 de mayo de 2006, en audiencia solicitada para tratar este y otros temas. Se respondió que para centros poblados con menos de doscientos habitantes y con poco tránsito de vehículos por los caminos que accedían a ellos la inversión económica era muy alta, por lo cual no se colocarían dichos teléfonos. ¡Qué paradoja! Se potencia y se financia a una gran figura del canto nacional, pero no se realiza la inversión social para que los que menos tienen, quienes están alejados de los centros de decisión, puedan disponer de comunicación, porque es caro colocar un teléfono tarjetero. ¿Así queremos un país productivo? Esto, que puede resultar pequeño para los que podemos acceder a cualquier tipo de tecnología, es uno de los aspectos básicos para que la gente de nuestras zonas rurales siga apostando, entre otras cosas, a quedarse en su hábitat natural.

Otra paradoja: se financia a un gran artista musical, pero desde el 22 de octubre de 2005 hasta la fecha, a la localidad de Villa Tambores, que cuenta con 1.700 habitantes -parte de la misma en nuestro departamento y parte en el de Tacuarembó-, por deudas del concesionario de la estación de nafta del sello ANCAP que allí operaba no se le ha encontrado una solución al problema de la falta de combustible. Es cierto que ha habido disposición de las autoridades de dicho organismo, pero los vecinos de la villa y de la zona de influencia -zona rural-, en el siglo XXI, deben proveerse de combustible y lubricantes en la ciudad de Tacuarembó, a 40 kilómetros, o en Piedra Sola, a 28 kilómetros. Por supuesto, el costo es más elevado que el oficial, con el agravante de que algunos vecinos tienen en sus casas depósitos de combustible, por razones obvias, con lo peligroso que ello resulta. La posible solución circunstancial sería contar con un camión con distintas reparticiones; lo posee el ente estatal, pero la contestación es que se generaría un precedente. ¡Sin comentarios!

Los vecinos que están con nosotros siguen pensando que en este país no solo existen ciudadanos de primera y de segunda categoría -como se acostumbra decir-, sino que los gobernantes han perdido la sensibilidad al financiar espectáculos haciendo un gran desembolso económico y no realizar una inversión social para los más desposeídos, los que generan con su esfuerzo la producción y, por ende, son la palanca del desarrollo en el interior del interior de nuestro querido Uruguay, el tan mentado país productivo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República; a los Directorios de ANTEL y de ANCAP; a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Paysandú y Tacuarembó; a las Juntas Locales de Chapicuy, Cerro Chato y Tambores, en el departamento de Paysandú; a la Junta Local de Tambores, en el departamento de Tacuarembó, y a las Comisiones de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes y de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicio del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Mañana).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y tres en treinta y seis: AFIRMATIVA.

7.-     Dificultades que enfrentan los pobladores del medio rural para acceder a la atención sanitaria.

Tiene la palabra el señor Diputado Barreiro.

SEÑOR BARREIRO.- Señor Presidente: la asistencia sanitaria en el medio rural, especialmente en aquellos pueblos del interior profundo, distantes de centros urbanos y de difícil comunicación con ellos, presenta situaciones a mejorar sustancialmente si se quiere en realidad incorporarlos a un sistema de salud que brinde a todos iguales posibilidades de acceso.

En nuestras frecuentes recorridas por el interior de nuestro departamento -y seguramente este panorama se repite en mayor o menor grado en todo el país- hemos apreciado estas dificultades y el esfuerzo denodado de los habitantes de esos pueblos por alcanzar soluciones que los acerquen a ese ideal.

En nuestro departamento funcionan, desde hace muchos años, los Servicios Asistenciales y Sociales de Salto, en la órbita de Salud Pública, con el apoyo de la comunidad a través de múltiples instituciones del Gobierno, educativas, policiales, etcétera. Este servicio cubre un importante número de policlínicas rurales, que son visitadas periódicamente por médicos y odontólogos, con una frecuencia variable según el lugar. Esto ha permitido mantener la asistencia en grados razonables pero no exentos de dificultades, que en algunos niveles se han acrecentado.

La mayoría de estos lugares poseen enfermeras residentes, pero no todos. Muchas de ellas llevan varios años volcando su esfuerzo, experiencia y solidaridad en la comunidad, habiendo realizado cursos de auxiliar de enfermería rural. Sin embargo, a muchas no se les ha reconocido esa preparación y, lejos de implementar medidas que las acerquen a los objetivos de conocimiento y destreza que se les exige, persisten casi ignoradas, cumpliendo tareas sin remuneración alguna, cuando son los únicos referentes del lugar al cual acuden los vecinos en caso de enfermedad. Cuando existe algún medicamento básico, la decisión entre la responsabilidad y la omisión plantea duras interrogantes que las autoridades aún no han resuelto debidamente.

Pocos pueblos tienen médico residente, aunque últimamente se ha anunciado un llamado del Ministerio de Salud Pública y la Intendencia Municipal para cubrir cargos en algunos de ellos.

Por último, un problema que se viene agudizando últimamente es el del servicio de ambulancia. Un escaso parque automotor, en su mayoría vetusto y con un tremendo desgaste por la circulación por caminos no siempre en buen estado, mantenidos la mayoría de las veces por esfuerzos de los propios vecinos, donaciones de organizaciones no gubernamentales y el apoyo que los Gobiernos Municipales puedan prestar, impide el cumplimiento cabal de su finalidad. Pueblos que pasan meses sin vehículos, unidades que son trasladadas de una localidad a otra, motores que han culminado su vida útil, cubiertas en mal estado, etcétera, pautan estas dificultades. El Ministerio de Salud Pública anuncia que incorporará algunas unidades el próximo año, pero aparentemente no serán suficientes para todo el país y aún no conocemos su distribución.

Creemos que el Ministerio de Salud Pública debe tomar, a través de ASSE, debida cuenta de estos problemas e instrumentar urgentes medidas que comiencen a solucionarlos, so pena de radiar definitivamente a un importante sector de la población de la adecuada atención en salud, situación que no concuerda con las publicitadas intenciones del Gobierno en la materia.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública y a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Salto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Mañana).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

8.-     Persecución política en la Intendencia Municipal de Canelones.

Tiene la palabra el señor Diputado Hackenbruch Legnani.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: vamos a distraer brevemente la atención del Cuerpo para informar acerca de la persecución política que se está llevando adelante en la actual Administración municipal de nuestro querido departamento de Canelones.

Leí en la prensa de hoy lo expresado en el día de ayer por el señor Presidente de la República: "Nunca más descalificaciones o violencia entre nosotros; nunca más contextos, motivos o excusas para esos enfrentamientos; nunca más desconfianza; nunca más intolerancia; nunca más discriminación; nunca más desigualdad de oportunidades".

Debo decir al señor Presidente y al Cuerpo que esto no sucede en la Intendencia Municipal de Canelones. Todo funcionario que haya ocupado un cargo importante o de confianza en las anteriores Administraciones del Partido Colorado es discriminado, investigado y/o sumariado y/o trasladado, no recontratado e, inclusive, destituido, sin contar con las garantías de un debido proceso.

Muchos de los actos administrativos por los cuales son investigados los referidos funcionarios hoy son realizados en la misma forma por la actual Administración. Entendemos que la regla para medir a los empleados debe ser igual, independientemente del pensamiento político que estos profesen. En la actual Administración municipal de Canelones los funcionarios parecen sufrir una categorización similar a la que hiciera la dictadura militar, cuando los ciudadanos eran categorizados en A, B o C, según su pensamiento político, y podríamos llegar a decir que existe una letra más: la D, que es a la que pertenecen los funcionarios colorados que participaron durante quince años en el Gobierno Municipal electo por el pueblo canario en su momento.

Todo el entorno del ex Intendente Tabaré Hackenbruch Alberti -mi padre- ha sido sometido a interrogatorios de horas, con preguntas capciosas fuera de acta y propuestas de confesiones falsas a cambio de terminar con la persecución.

Nos cuesta mucho entender cómo personas que integran una fuerza política que sufrió la persecución durante la dictadura -como la sufrieron todas las fuerzas políticas, pero que, sin lugar a dudas, fue la más castigada-, hoy, al alcanzar el poder a través de las urnas, pueden perseguir y torturar psicológicamente a funcionarios por haber integrado otras Administraciones o sostener ideas contrarias a las de los gobernantes de turno de la Intendencia Municipal.

Para finalizar, quisiera recordar las palabras que nos enseñaba un maestro judío del siglo I después de Cristo: "No hagas a los demás lo que no deseas que te hagan a ti mismo".

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Junta Departamental y la Intendencia Municipal de Canelones; a la Oficina Nacional del Servicio Civil; al señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez; a la Suprema Corte de Justicia; a las Comisiones de Derechos Humanos de la OEA y de la ONU; a ADEOM Canelones; al PIT-CNT; a la Federación Nacional de Obreros Municipales, y a los medios de prensa escrita, oral y televisiva del departamento de Canelones.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Mañana).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y cinco en treinta y siete: AFIRMATIVA.

9.-     Necesidad de mejorar las posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Tiene la palabra el señor Diputado Álvarez López.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Señor Presidente: alguna vez, "trámite" será una palabra en desuso; eso es lo que yo espero, pero es posible que aún nos falten cantidades enormes de ellos para que esto ocurra y no existan dueños de archivos.

La accesibilidad a la información pública es un derecho, pero aún lo que es publicado no es público. Esto no siempre implica voluntad de ocultar. A veces, la no comprensión de la diversidad hace que usemos las propias capacidades existentes de forma insuficiente. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación -TIC- hacen que el mundo se reduzca en el tiempo, y a veces inclusive en el espacio. Sin embargo, miles de ciudadanos siguen sin acceder a estas tecnologías. Claramente, la pobreza es el principal problema a enfrentar, y las exclusiones que ella genera, la brecha tecnológica y la brecha digital, hoy son por todos reconocidas. Pero también existen uruguayos que no pueden acceder a la información que les corresponde en el pleno ejercicio de su ciudadanía porque el soporte de esta no les resulta accesible. A esto queremos hacer referencia.

El hipertexto ha puesto al alcance de quien pueda colocarse frente a una computadora mucha más información de la que podría asimilar, y es comprensible que colocarla allí no sea nada dificultoso, como tampoco lo es cambiar la forma en que aparece. Por ejemplo, para quienes tienen dificultades visuales, la letra Times New Roman -por todos conocida- no es nada favorable si la ponemos en tamaño 12 cuando estamos escribiendo en Word o en el software libre. Cambiar esto es muy simple: solo basta con permitir que se pueda codificar la fuente a la hora de ingresar a la página. Con este simple gesto estaremos ampliando el número de ciudadanos que podrá ejercer su derecho a estar plenamente informado. Obviamente, con eso no basta; son más las discapacidades que aumentan la dificultad de acceso a la web. Sintéticamente, la accesibilidad a la web significa preparar un sitio web para la interacción plena.

Por ello, quiero plantear que las Comisiones y reparticiones vinculadas a la labor informática de este Cuerpo realicen las modificaciones necesarias para hacer accesible nuestro portal del Parlamento, esperanzado en que, poco a poco, todos los organismos públicos adopten esta práctica.

Para ello ponemos en conocimiento que la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU) tiene materiales y experiencia en la temática, y también es posible comunicarse con la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Chile, la cual ha trabajado bastante en esto.

Señalamos, por último, que tenemos en nuestro poder -también para ofrecer- un test sobre las dificultades de acceso de nuestro portal, desarrollado por Freedom Handicap, en el que se señalan algunas de las dificultades existentes, que son de fácil solución. Las discapacidades que dificultan el acceso son las visuales y motrices, sordera, déficit de atención, etcétera, y esto puede ser minimizado con una actitud que las tenga en cuenta.

El derecho a estar informado debe poder ser ejercido.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las Divisiones correspondientes de nuestro Cuerpo; a las Comisiones similares del resto de los organismos públicos; a la Comisión Honoraria de Discapacidad; a la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Chile, y a todas las Intendencias Municipales del país.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Mañana).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y cinco: AFIRMATIVA.

10.-     Reclamo de una empresa representante de ANCAP en Minas de Corrales, departamento de Rivera.

Tiene la palabra el señor Diputado Machado.

SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: de los agencieros de ANCAP de Minas de Corrales recibimos un planteamiento referido al abastecimiento de la minera San Gregorio, asunto que tratamos de solucionar hablando con los Directores de ANCAP.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Hackenbruch Legnani)

——En primer lugar, hablamos con el señor Raúl Sendic, luego con el Director señor Riet y, últimamente, tratamos de mantener contacto con el Presidente, ingeniero Daniel Martínez. Lamentablemente, nuestras gestiones fueron infructuosas y sentimos un sabor amargo en ese sentido, porque nuestro planteamiento fue hecho con la mejor buena fe para tratar de zanjar una diferencia que existía en la organización de ANCAP.

Así es que recibimos una carta de la gente que representa a ANCAP en Minas de Corrales. Quizás a muchos les resbale este tema, pero, según el dicho, son cuestiones chicas para el mundo, pero importantes para esta gente. Voy a leer en forma textual la carta, porque allí se habla en forma dura de esta Administración, que, lamentablemente, tiene un solo tono político. Por eso es importante la coparticipación de los partidos en los entes autónomos y servicios descentralizados.

Dice así: "Minas de Corrales 21/05/07.- Ingeniero Guido Machado. Agradeciendo primeramente su interés sobre nuestra situación queremos hacerle una reseña de lo que fue y es nuestra actividad comercial dentro de la villa.- Somos la empresa E. y Mario da Cunha, estación ANCAP Minas de Corrales, agentes número de comercio 112050.- Hace 60 años que la familia es concesionaria ANCAP, sufrimos durante las consecuencias del contrabando en la década del 80, lo que nos llevó a 'invertir' en la estación todo nuestro capital que en aquel entonces eran 1.000 hectáreas de campo pobladas, con la ilusión de que algún día el sueño de las minas de oro traería trabajo y prosperidad a la villa.- En el año 96 la prosperidad llegó a la villa junto con el trabajo que ofrecía la empresa minera menos para la familia Da Cunha, que vimos cómo la licitación para el abastecimiento de la compañía la ganaba Shell; no teníamos más remedio que masticar la bronca y apechugar sabiendo que algún día dada la calidad de sus productos y servicios ANCAP ganaría alguna licitación y nosotros como agentes más cercanos veríamos algún rédito a nuestra espera.- Fuimos partícipes de las negociaciones con una de las empresas que trabajan con la minera contando hasta ese momento con el visto bueno de ANCAP.- Estas negociaciones por una cuestión de precios no dieron sus frutos, pero nosotros creíamos que estábamos dentro de los planes de ANCAP, esto fue hace aproximadamente un año.- En los meses siguientes por nuestro lado tuvimos conversaciones con los directivos de la minera, los cuales nos manifestaron su intención de darle de ganar a la agente de la villa, incluso nos comunicaron la existencia en breve de una nueva licitación.- La primera señal de irregularidad ocurrió cuando a fines del 2006 nos enteramos por terceros que las negociaciones entre ANCAP y la compañía minera estaban muy avanzadas y nosotros no habíamos tenido ninguna comunicación oficial.- Nos comunicamos con nuestro representante comercial (Richard Juárez) que nos informó que todavía no había nada concreto.- A principio del 2007 nuevamente por terceros nos enteramos que las negociaciones ya estaban cerradas.- Nos comunicamos con Alejandro Adunio, funcionario de DUCSA quien estaba encargado de las negociaciones, este sorprendido de que estuviéramos al tanto de todo cerró todos los caminos y tuvo la gentileza de informamos que la estación que iba a abastecer a la empresa minera era la estación ANCAP de Buena Unión a 40 kilómetros de la ciudad de Rivera y a 60 kilómetros de la mina.- Esta estación oh casualidad es propiedad de Fernando Ganzio, hijo de quien fuera un alto funcionario de ANCAP ( Jefe del área comercial con oficina en La Teja).- A. Ardunio nos informó que el motivo por el cual no éramos nosotros los abastecedores era meramente técnico, sépase falta de capacidad, infraestructura y espacio fisico, lo cual es falso pues nunca se nos tuvo en cuenta ni siquiera como alternativa.- Este señor nos dijo que DUCSA no estaba dispuesta a hacer una inversión por dos años que es lo que dura el contrato con la minera, y esta estación de Buena Unión sí, pues ya estaba carente de capacidad y tenía intención de ampliarse este año, independientemente del contrato con la minera.- Le consultamos a este señor cuál era el costo de la inversión, ya que DUCSA nos tiene prometido un tanque para gasoil de 15.000 litros. Y los surtidores electrónicos desde hace ya más de un año.- Llegamos a la conclusión de que la inversión que tenía que hacer la empresa estatal no era más que la de un tanque de 2.000 litros y un surtidor rápido, lo cual es ridículo hablando de una empresa como DUCSA, vale aclarar que la empresa tiene en stock surtidores y tanques.- Dichos tanques en menos de una semana ya estaban instalados en la estación Buena Unión, lo cual nos indica que era una cuestión de buena voluntad.- Nos comunicamos con el señor Eduardo Mula (Gerente comercial) planteándole nuestra posición respecto al tema, le comunicamos nuestra inquietud con respecto a la inversión que había que realizar a lo cual nos contestó que eso era inversión para DUCSA (un tanque y un surtidor) pero soberbiamente nos contestó que la decisión ya estaba tomada y que iba a ver cómo hacían para damos algo de ganar, en otras palabras darnos alguna limosna para que nos quedáramos quietos, lo cual no nos interesa ya que ese negocio nos toca por derecho sin tener que repartirlo con nadie.- También nos dijo que dadas las condiciones que teníamos de cumplir con las exigencias nos iban a considerar como una alternativa en caso de que Buena Unión no pudiera cumplir, esto es totalmente falso ya que no hay la más remota posibilidad de que esto suceda, y si podemos cumplir con las exigencias, por qué no darnos el negocio desde un principio, en fin son muchas las contradicciones y el manoseo al que fuimos sometidos desde un principio.- Una semana más tarde y sin respuestas aún nos reunimos con el contador César Porrini, Director Ejecutivo de DUCSA, quien muy amablemente nos escuchó y nos aseguró que no había nada firmado con la minera. Esto fue"...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Redondee, señor Diputado.

SEÑOR MACHADO.- Disculpe, señor Presidente, pero es un tema grave.

Decía que había sido hace un mes. Prosigo leyendo: "Hace más o menos 2 semanas luego de veinte días de infructuosos intentos por comunicarnos con dicho funcionario, nos aseguró que no había nada firmado, y nos informó que la decisión de que nosotros no abasteciéramos a la minera era meramente técnica, por falta de capacidad, a lo cual nosotros dimos una solución a cada uno de sus planteos, incluso, ofrecimos pagar el tanque y el surtidor a lo cual se negó diciéndonos que la decisión ya había sido tomada y con gran soberbia no nos dio oportunidad de ningún planteo más.- Este señor Porrini trabajó bajo las órdenes de Ganzio padre [...] en las oficinas de ANCAP en La Teja, lo cual ya nos da la pauta de por qué el negocio nunca iba a ser favorable a nosotros.- Para sorpresa nuestra dos días después de la charla con dicho funcionario aparece en la minera el camión cisterna con el gasoil procedente de Buena Unión, demasiado rápido para un negocio que según Porrini estaba lejos de concretarse.- Todo eso nos lleva a pensar con total certeza que en DUCSA y ANCAP el acomodo, el clientelismo, los amiguismos políticos están a la orden del día, lo que lleva a que funcionarios incompetentes e inescrupulosos manejen situaciones con total falta de honestidad, atropellando los derechos ganados en buena ley por una familia que mientras ellos ni siquiera habían nacido ya representaba la marca ANCAP.- Todo este atropello, esta situación violenta en cierto sentido nos hace pensar que una estación pequeña como la nuestra para ANCAP y para DUCSA no existe, no es considerada a pesar de los años y de la ubicación estratégica que ocupa, que lamentablemente la gente que ocupa cargos importantes dentro de estas empresas están para hacer la suya, enlodando la imagen de una de las empresas insignia de nuestro país.- La mejor manera que teníamos de aportar nombre y expresar nuestra ira era a través de esta carta. Desde ya le damos nuestras gracias y sea cual sea el resultado de nuestro reclamo seguiremos representando orgullosos la marca ANCAP".

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Directorio de ANCAP.

Además, quiero decir que voy a cursar un pedido de informes sobre esta situación y, de acuerdo con el resultado, me reservo la posibilidad de pedir la conformación de una Comisión Preinvestigadora.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y siete: AFIRMATIVA.

11.-     Expresiones del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca acerca del Tribunal de Cuentas.

Tiene la palabra el señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: durante el desarrollo de la reunión del Consejo de Ministros del pasado 31 de mayo en villa del Carmen, Durazno, el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministro Mujica, expresó que la sequía provocó más perjuicios para la economía que las recientes inundaciones.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Pintado)

——Refiriéndose a la construcción de tajamares en varios predios del interior del país, dijo textualmente: "Tenemos la plata pero el Tribunal de Cuentas de este país no autoriza por cuestiones de papeleo", de burocracia, "y tendremos que esperar que se nos venga la sequía". Lo dijo, además, en un tono muy enojado, seguramente como respuesta a la demanda de productores que desde hace ya tiempo, desde la sequía, plantearon al Gobierno la necesidad de contar con tajamares, y de inmediato el Gobierno, a través del Ministro Mujica, se comprometió a hacerlos.

Esta información consta en toda la prensa, pero quiero citar en particular a "El Telégrafo", de Paysandú, en su edición del 1º de junio, a "La Juventud", a "Plan B" y a "La República", también del mismo día: "Tenemos la plata, pero el Tribunal de Cuentas de este país no autoriza por cuestiones de papeleo y tendremos que esperar que se nos venga la sequía".

Pocas horas después, el Presidente del Tribunal de Cuentas realizó declaraciones públicas en el sentido de que no existe en la actualidad ningún trámite pendiente en el Tribunal que refiera a esa cuestión. Agregó que tampoco existe nada pendiente sobre este asunto a consideración del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es funcionario de la Contaduría General de la Nación; porque por los montos de que se trata podría ocurrir que estuviera en manos de este funcionario y no se les hubiese dado trámite.

¿Cuál es la verdad? Se han intervenido varios expedientes para realizar gastos en la construcción de tajamares en los meses de abril y mayo de 2007, desde el 20 de abril hasta el 22 de mayo, en cuatro carpetas que suman 18 intervenciones, o sea, 18 obras que se pueden realizar. Esas intervenciones han sido realizadas por el delegado del Tribunal de Cuentas en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La última intervención se realizó el 22 de mayo del año 2007, varios días antes de que el Ministro Mujica culpara en forma pública y enojado al Tribunal de Cuentas por no poder cumplir con las obligaciones que había asumido oportunamente.

Están intervenidos los expedientes. Se pueden realizar los gastos. Los pagos no se pueden cumplir por falta de disponibilidad financiera, lo que no es responsabilidad del Tribunal de Cuentas, porque este organismo -y el Ministro Mujica, supongo, lo sabe muy bien- interviene sobre la legalidad del gasto y no es el que determina que se realice o no. Esto va por cuenta de la responsabilidad del Ministro Mujica o de quien no le da la plata al Ministro.

Lo que pasa es que, a nuestro juicio, resulta muy grave que un Ministro de Estado, que además tiene una fuerte llegada a la opinión pública, diga enojado por la televisión que la culpa es del Tribunal de Cuentas.

¿Qué es lo que pretende el Ministro? ¿Exculparse de una responsabilidad que corresponde al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca porque no tiene capacidad para gastar?

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——¿Quiere trasladar la culpa a un tercero? ¿Quiere desvirtuar la realidad? ¿Quiere desinformar a la opinión pública? ¿O su intención es atacar a una institución como es el Tribunal de Cuentas, que cumple con su rol constitucional en forma adecuada, procediendo como corresponde, y la quiere descalificar por ese medio ante la opinión pública?

Yo no sé por qué razón -y termino- el Ministro Mujica ha tenido estas expresiones descalificantes hacia el Tribunal de Cuentas en un tema que es de su pura y exclusiva responsabilidad o de los servicios que están a su cargo. Si ha sido de buena fe, ha estado muy mal informado y debe proceder de inmediato como corresponde con respecto a los funcionarios que le han informado erróneamente, haciendo públicas culpas de un tercero que no las tiene. Y si ha sido de mala fe, no está bien que un hombre de Gobierno utilice los medios públicos para informar -reitero: de mala fe- sobre un procedimiento inadecuado dentro del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es de su absoluta responsabilidad.

Señor Presidente: el Ministro Mujica sigue obligado a señalar qué pasa con las perforaciones y por qué, si tiene autorización legal, no ha procedido a ejecutar el gasto para que esos 18 productores puedan tener en sus campos los tajamares que en su momento se comprometió a hacer.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, al Tribunal de Cuentas, a la Asociación Rural del Uruguay, a la Federación Rural y a la Asociación Agropecuaria de Artigas, así como a las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca de esta Cámara y del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

12.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Gustavo Guarino, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 5 de junio de 2007, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Medeiros.

Del señor Representante Juan C. Souza, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar en el Quinto Foro Internacional sobre el Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, a realizarse en Yasmine Hammamet, Túnez, por el período comprendido entre los días 11 y 17 de junio de 2007, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Pablo Naya.

Del señor Representante Homero Viera, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 6 de junio de 2007, convocándose al suplente siguiente, señor Mario Perrachón.

Del señor Representante Horacio Yanes, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 6 y 8 de junio de 2007, convocándose al suplente siguiente, señor José Olivera.

Del señor Representante Bertil Bentos, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar en el Quinto Foro Internacional sobre el Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, a realizarse en Yasmine Hammamet, Túnez, por el período comprendido entre los días 11 y 19 de junio de 2007, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Otegui Griego.

Del señor Representante Pablo Álvarez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 6 y 7 de junio de 2007, convocándose a la suplente siguiente, señora Beatriz Costa.

Del señor Representante Eduardo Brenta, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar en el III Seminario del Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados en el Desarrollo: "El Rol del Parlamento en la Gestión Estratégica del Desarrollo", organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a desarrollarse en la ciudad de Panamá, por el período comprendido entre los días 18 y 22 de junio de 2007. Habiéndose agotado la lista de suplentes, solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Del señor Representante Luis José Gallo Imperiale, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 5 y 8 de junio de 2007, convocándose al suplente siguiente, señor Luis E. Gallo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 4 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.

Por la presente solicito licencia por el día martes 5 del corriente mes de junio. Motiva la misma, razones de índole personal.

Saluda muy atte.

GUSTAVO GUARINO
Representante por Cerro Largo."

 

"Montevideo, 4 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.

Por la presente comunico a Ud., que en ésta oportunidad no acepto la convocatoria de la Cámara de Representantes.

Saluda muy atte.

Óscar Echevarría".

 

"Montevideo, 4 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.

Por la presente comunico a Ud., que en ésta oportunidad no acepto la convocatoria de la Cámara de Representantes.

Saluda atte.

Geener Amaral".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Guarino.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 5 de junio de 2007.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria los suplentes siguientes, señores Óscar Echevarría y Geener Amaral.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, por el día 5 de junio de 2007, al señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Guarino.

2) Acéptanse las negativas presentadas por los suplentes siguientes, señores Óscar Echevarría y Geener Amaral.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 5 de junio de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Eduardo Medeiros.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, literal (C), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia desde el lunes 11 de junio hasta el domingo 17 del corriente inclusive, con motivo de haber sido convocado a participar, por la Organización Mundial del Turismo, en el Quinto Foro Internacional sobre el Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, por invitación del Gobierno de Túnez, en Yasmine Hammamet (Túnez), del 13 al 15 de junio de 2007.

Sin más, saluda atentamente,

JUAN C. SOUZA
Representante por Canelones".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi consideración:

En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca en mi carácter de suplente.

Sin mas, saluda atentamente,

Yamandú Orsi".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi consideración:

En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca en mi carácter de suplente.

Sin mas, saluda atentamente,

Matías Carámbula".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi consideración:

En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca en mi carácter de suplente.

Sin mas, saluda atentamente,

Antonio Vadell".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza, para participar en el Quinto Foro Internacional sobre el Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, a realizarse en Yasmine Hammamet, Túnez.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 17 de junio de 2007.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Yamandú Orsi, Matías Carámbula y Antonio Vadell.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 11 y 17 de junio de 2007, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza para participar en el Quinto Foro Internacional sobre el Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, a realizarse en Yasmine Hammamet, Túnez.

2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Yamandú Orsi, Matías Carámbula y Antonio Vadell.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Pablo Naya.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi consideración:

Por intermedio de esta nota remito a Ud. el presente pedido de licencia por motivos personales para el día 6 del presente mes. Solicito adermás que como consecuencia de esto se convoque al suplente respectivo Sr. Mario Perrachón.

Sin otro particular, le saluda aatentamente.

HOMERO VIERA
Representante por Colonia".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Colonia, Homero Viera.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de junio de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes:

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 6 de junio de 2007, al señor Representante por el departamento de Colonia, Homero Viera.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 6 de junio de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Mario Perrachón.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se sirva concederme el uso de licencia el día 6 de junio de 2007, por motivos personales.

Sin más saluda atentamente.

HORACIO YANES
Representante por Canelones".

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se sirva concederme el uso de licencia el día 8 de junio de 2007, por motivos personales.

Sin más saluda atentamente.

HORACIO YANES
Representante por Canelones".

"Montevideo, 6 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de las licencias presentada por el Representante Nacional don Horacio Yanes.

Saluda a Ud. muy atte.

Diego Moizo".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 6 y 8 de junio de 2007.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Diego Moizo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 6 y 8 de junio de 2007, al señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes.

2) Acéptase, por esta única vez, la denegatoria presentada por el suplente siguiente, señor Diego Moizo.

3) Convóquese para integrar la referida representación, por los días 6 y 8 de junio de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor José Olivera.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

"Montevideo, 4 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted licencia a partir del día 11 al 19 de junio inclusive, con motivo de viajar a Yasmine Hammamet –Túnez- para participar en el Quinto Foro Internacional sobre Turismo para Parlamentarios y Autoridades locales, que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de los corrientes.

Con tal motivo y de conformidad al inciso tercero de la Ley Nº 17.827, solicito se proceda convocar al suplente correspondiente, Sr. Miguel Jesús Otegui.

Sin otro particular le saluda muy atentamente.

BERTIL BENTOS
Representante por Montevideo".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Paysandú, Bertil Bentos, para participar en el Quinto Foro Internacional sobre el Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, a realizarse en Yasmine Hammamet, Túnez.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 19 de junio de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 11 y 19 de junio de 2007, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Bertil Bentos, para participar en el Quinto Foro Internacional sobre el Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, a realizarse en Yasmine Hammamet, Túnez.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señor Miguel Otegui Griego.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

"Montevideo, 31 de mayo de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle licencia por motivos personales, por los días 6 y 7 de junio del corriente, amparándome en la Ley Nº 17.827.

Sin más, saluda atentamente.

PABLO ÁLVAREZ
Representante por Montevideo".

 

"Montevideo, 31 de mayo de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

Julio Battistoni".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Álvarez.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 6 y 7 de junio de 2007.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada a su artículo primero por la Ley Nº 17.827 de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de la citada.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 6 y 7 de junio de 2007, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Álvarez.

2) Acéptase la negativa que, por esta única vez presenta el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señora Beatriz Costa.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia del 18 al 22 del corriente.

Motiva esta petición el haber sido invitado por el Programa de Implementación del Pilar Externo de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad del Desarrollo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO para participar del III Seminario del Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados en el Desarrollo: "El rol del Parlamento en la Gestión Estratégica del Desarrollo", a realizarse en Panamá del 18 al 20 de junio de 2007.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,

EDUARDO BRENTA
Representante por Montevideo".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para comunicarle que por esta vez no aceptaré la banca.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Laura Fernández".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por este intermedio comunico a usted, que por esta vez única vez, no acepto la convocatoria a la Cámara que usted preside.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Gabriel Weiss".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por este intermedio comunico a usted, que por esta vez única vez, no acepto la convocatoria a la Cámara que usted preside.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Diego Pastorín".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por este intermedio comunico a usted, que por esta vez única vez, no acepto la convocatoria a la Cámara que usted preside.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Alejandro Zavala".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por este intermedio comunico a usted, que por esta vez única vez, no acepto la convocatoria a la Cámara que usted preside.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Teresita Ayestarán".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, para participar en el III Seminario del Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados en el Desarrollo: "El Rol del Parlamento en la Gestión Estratégica del Desarrollo", organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a desarrollarse en la ciudad de Panamá, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Eduardo Brenta.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 22 de junio de 2007.

II) Que por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto, los suplentes correspondientes siguientes, señora Laura Fernández, señores Gabriel Weiss, Diego Pastorín, Alejandro Zavala y señora Teresita Ayestarán.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal de D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Eduardo Brenta, para participar en el III Seminario del Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados en el Desarrollo: "El Rol del Parlamento en la Gestión Estratégica del Desarrollo", organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a desarrollarse en la ciudad de Panamá, por el período comprendido entre los días 18 y 22 de junio de 2007.

2) Acéptanse, por esta única vez, las renuncias presentadas por los suplentes correspondientes siguientes, señora Laura Fernández, señores Gabriel Weiss, Diego Pastorín, Alejandro Zavala y señora Teresita Ayestarán.

3) Ofíciese a la Corte Electoral

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito licencia médica por 4 días, según certificado médico adjunto.

Sin otro particular, saluda atentamente.

LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Gallo Imperiale.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 8 de junio de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en de su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el literal A) de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 5 y 8 de junio de 2007, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Gallo Imperiale.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Luis E. Gallo.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

13.-     Comisiones de Defensa Nacional y de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Menéndez, García Pintos, García, Rosadilla y Espinosa.

(Se lee:)

"Mocionamos para que las Comisiones de Defensa Nacional y de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas, amparadas en el numeral 10 del artículo 50 del Reglamento, sean autorizadas a reunirse durante la sesión de la Cámara".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

14.-     Día Mundial del Medio Ambiente. (Conmemoración). (Resolución de 2 de junio de 1993).

Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Travieso y los señores Diputados Orrico y Martínez Huelmo.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la versión taquigráfica de la sesión especial de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente sea enviada al Ministerio de Turismo y Deporte, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y a la Cancillería".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

15.-     Integración de Comisiones.

Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"La señora Representante Sandra Etcheverry sustituirá a la señora Representante Adriana Peña Hernández como miembro de la Comisión de Industria, Energía y Minería.

La señora Representante Adriana Peña Hernández sustituirá a la señora Representante Sandra Etcheverry como miembro de la Comisión de Presupuestos".

16.-     Aplazamientos.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones corresponde aplazar la consideración de los asuntos que figuran en primer y segundo término del orden del día y que refieren a la elección de miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para el Tercer Período de la XLVI Legislatura.

17.-     Razones que llevaron al Banco Central del Uruguay a revocar la resolución por la que se inhabilitó al economista Luis Porto para el desarrollo de actividades en el sistema financiero. (Designación de una Comisión Investigadora).

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Razones que llevaron al Banco Central del Uruguay a revocar la resolución por la que se inhabilitó al economista Luis Porto para el desarrollo de actividades en el sistema financiero. (Designación de una Comisión Investigadora)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 928

"Montevideo, 21 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la Cámara de Representantes
Don Enrique Pintado.

Presente
De mi mayor consideración:

Amparándome en los artículos 117 y 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes que Ud. tan dignamente preside, solicito la creación de una Comisión Preinvestigadora, para analizar el tenor de las irregularidades que a continuación paso a detallar que considero ameritan la conformación de una Comisión Investigadora a todos los efectos.

Según ha trascendido a público conocimiento por un medio de prensa escrito que adjunto, el Banco Central del Uruguay en sesión en la que no estuvieron presentes ni su Presidente ni su Vicepresidente siendo sustituidos para la ocasión por dos Directores de otras empresas públicas, resolvió con el voto en contra del único miembro titular del Banco Central del Uruguay la revocación impuesta al economista Luis Porto de acuerdo al sumario llevado a cabo en su oportunidad.

Las imputaciones que llevaron a la inhabilitación de esta persona por 5 años en el desarrollo de actividades en el sistema financiero sometidos al control del Banco Central del Uruguay, eran de extrema gravedad.

Se desconoce las razones que llevaron a tal resolución así como los informes técnicos y el acta de Directorio.

Sin otro particular los saludo con mi más alta consideración y estima.

GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado".

 

 

Anexo I al
Rep. Nº 928

"Comisión Preinvestigadora sobre las razones que llevaron al Banco Central del Uruguay a revocar la resolución que inhabilitó al economista Luis Porto para el desarrollo de actividades en el sistema financiero

XLVI LEGISLATURA

T e r c e r P e r í o d o

A C T A Nº 1

En Montevideo, siendo la hora catorce y veinte minutos del día veintinueve de marzo del año dos mil siete, se reúne la Comisión Preinvestigadora para indagar sobre las razones que llevaron al Banco Central del Uruguay a revocar la resolución que inhabilitó al economista Luis Porto para el desarrollo de actividades en el sistema financiero.

ASISTEN: Los señores representantes miembros Jorge Orrico, Jorge Gandini y Juan Andrés Roballo.

CONCURRE: El señor Representante mocionante, Germán Cardoso.

MODERADOR: Señor Representante Jorge Orrico.

ACTÚAN EN SECRETARÍA: Señora Beatriz Méndez, Secretaria y señor Guillermo Geronés, Prosecretario.

Abierto el acto, se procede por secretaría a dar cuenta y proceder a la distribución del Repartido Nº 928, en el cual consta la denuncia presentada por el señor Representante Germán Cardoso.

Seguidamente, el señor Representante mocionante procede a exponer sus denuncias, de acuerdo a lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, sin corregir, que consta de siete folios los que debidamente rubricados pasan a formar parte de la presente acta.

Los señores Representantes del Frente Amplio ampliarán en el Plenario su opinión al respecto.

La Comisión entiende que, los documentos presentados por el señor Representante Germán Cardoso, más la ampliación por él realizada en la Comisión, que consta en la versión taquigráfica, avalan la denuncia.

Se pone a votación, aconsejar al Cuerpo la creación de la Comisión Investigadora.

Se vota tres votos en tres. Unanimidad.

Se acuerda por unanimidad elevar al Plenario un informe y proyecto de resolución aconsejando la designación de una Comisión Investigadora.

A la hora quince y quince minutos se da por finalizada la reunión.

Para constancia se labra la presente que firman los señores representantes miembros, conjuntamente con el señor Legislador denunciante y la señora Secretaria.

JORGE ORRICO, JORGE GANDINI, JUAN ANDRÉS ROBALLO, GERMÁN CARDOSO.

BEATRIZ MÉNDEZ, Secretaria.

Comisión Preinvestigadora sobre las razones que llevaron al Banco Central del Uruguay a revocar la resolución que inhabilitó al economista Luis Porto para el desarrollo de actividades en el sistema financiero

Versión taquigráfica

Nº 944 de 2007

Reunión realizada el día

29 de marzo de 2007

Preside: Señor Representante Jorge Orrico.

Miembros: Señores Representantes Jorge Gandini y Juan Andrés Roballo.

Denunciante: Señor Representante Germán Cardoso.

SEÑOR ORRICO.- Está abierta la reunión.

Buenas tardes y bienvenidos a este grupo de trabajo.

Hemos sido designados por nuestra Cámara a los efectos de determinar -según lo establece el Reglamento- si hay mérito o no para la creación de la Comisión Investigadora que fuera solicitada en la nota que aparece en el Repartido Nº 928, de marzo de 2007, referido a algunos sucesos acaecidos en el Banco Central del Uruguay.

Lo que corresponde en esta etapa es escuchar al miembro denunciante de la Cámara que solicitó esta investigación. En consecuencia, damos la palabra al Diputado Germán Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Creo que leer el repartido sería redundante porque todos lo tenemos y sabemos cuáles son las causas a priori que han motivado que me amparara en los artículos 117 y 118 del Reglamento para solicitar la creación de esta Comisión preinvestigadora. Vayamos al tema de fondo que entiendo que hoy nos debe convocar.

Todos sabemos la terrible crisis financiero económica que sacudió al sistema financiero del Uruguay en el año 2002 y, a partir de él, a nuestra sociedad entera. En aquella crisis, por acción del Banco Central son suspendidas las actividades del Banco de Crédito, del Banco la Caja Obrera, del Banco Comercial y de la Cooperativa CAYCU, que es el tema que hoy nos convoca. Luego de los diferentes diligenciamientos y sumarios y, en definitiva, cumplido el debido proceso, el Banco Central del Uruguay toma decisiones sancionatorias en los casos de las diferentes instituciones suspendidas, aplicando sanciones a los hermanos Rohm y a los hermanos Peirano. En el caso de la Cooperativa CAYCU, el Directorio del Banco Central, con fecha 21 de 2004, resuelve, por graves irregularidades, inhabilitar por el término de tres años a los señores Miguel Arrillaga, Daniel Prieu, Juan Antonio Graña para desempeñar los cargos de Representante, Director, Gerente, Administrador, Mandatario, Síndico y Fiscal de empresas de intermediación financiera. Con la misma fecha, el Directorio del Banco Central del Uruguay resuelve, por graves irregularidades, inhabilitar por el término de cuatro años a los señores Osvaldo Piñeiro, Ricardo Medeglia, para desempeñar los cargos de Representante, Director, Gerente, Administrador, Mandatario, Síndico y Fiscal de empresas de intermediación financiera. Con la misma fecha el Directorio del Banco Central del Uruguay resuelve, por graves irregularidades, inhabilitar por el término de cinco años al señor Luis Porto para desempeñar los cargos de Representante, Director, Gerente, Administrador, Mandatario, Síndico y Fiscal de empresas de intermediación financiera.

Evidentemente, son varias las personas sancionadas, medido el grado de gravedad, a juicio de los informes jurídicos del Banco Central, en la participación y producción de la crisis financiera de las diferentes entidades, en este caso la Cooperativa CAYCU, responsabilidad directa de todas las personas aquí nombradas. De esta manera, comienzan a correr los plazos que en el caso de la sanción más grave, impuesta al economista Luis Porto, hacen que la suspención e inhabilitación recaiga hasta octubre de 2009.

A fines del año pasado, en una sesión un tanto confusa, poco clara a nuestro modo de ver, con la ausencia y licencia del Presidente y Vicepresidente del actual Directorio del Banco Central, y con la presencia única como Director genuino de la institución del Director Correa, el Poder Ejecutivo envía a un Director de la UTE y a un Director de ANTEL para que formen parte del Directorio del Banco Central del Uruguay y dar trámite a una sesión puntual. Según la información que tenemos, en esa sesión se considera el levantamiento de la sanción que recae sobre el economista Luis Porto, lo que obtiene el voto favorable del Director de la UTE y del Director de ANTEL, actuando en el Directorio del Banco Central del Uruguay por esa sesión -amparados en el derecho que les atribuye el Poder Ejecutivo-, y el voto en contra del único Director genuino, Luis Correa.

Creemos que es un hecho muy grave el tema en cuestión. Aquí todos debemos recordar los tristes episodios que debió asumir la sociedad del Uruguay en la crisis financiera del año 2002 y todo lo que debieron vivir los ahorristas, quienes naturalmente se vieron perjudicados y dañados. Lo que a priori llama poderosamente la atención son diversos aspectos.

Primero: que se excusen de actuar en este caso el Presidente y el Vicepresidente del Banco Central, considerando que era un asunto de extrema gravedad y al ser un tema evidentemente de corte neto de decisión interna del Banco Central del Uruguay, lo que necesariamente implica tener un profundo conocimiento de la causa.

Segundo: que el único miembro permanente del Banco Central del Uruguay de este Gobierno haya votado en contra de levantar la sanción que recae sobre el economista Porto.

Tercero: que todas estas personas sancionadas -que son varias, puntualmente por el caso CAYCU-, hayan recibido sanciones de menor entidad que la del economista Porto. Vale señalar y destacar -como aquí hemos leído- que de todos los sancionados, al economista es a quien se le ha aplicado la sanción más severa en el período de tiempo de inhabilitación: cinco años. Entonces, a todas las personas que fueron sancionadas -que, evidentemente, el Banco Central llega a la conclusión de que tuvieron responsabilidad en el desfinanciamiento de la Cooperativa pero, evidentemente, menor responsabilidad que la del economista Porto- no se trata, ni se reconsidera, ni se les levanta la sanción. A la única persona a la que se le levanta estrictamente la sanción es al economista Porto en esa sesión de Directorio. A partir de allí, llama más aún poderosamente la atención que al economista Porto se lo nombre por parte del Ministro de Economía y Finanzas, contador Astori, como el nuevo Director de la Unidad de Apoyo al Desarrollo y la Inversión Privada -así fue presentado en conferencias de prensa frente a los diferentes medios-, creada en el Ministerio de Economía y Finanzas a esos efectos.

En suma: creo que los hechos son de una notoria gravedad, que se ha articulado la conformación de un Directorio ad hoc del Banco Central del Uruguay para el tratamiento de una situación muy grave, determinada, que ha sido el levantamiento de la sanción del economista Porto, para luego terminar nombrándolo al frente de una Unidad que se ha creado como novedad en la última Rendición de Cuentas. Evidentemente, va a tener a su cargo el tratamiento de temas muy sensibles e importantes, nada más ni nada menos que el tratamiento de los temas del desarrollo de la inversión privada que lleguen al Uruguay. Entre las facultades en esta Unidad de Apoyo, el economista Porto va a tener la discrecionalidad de resolver a qué proyectos de inversión privada el Poder Ejecutivo subsidia y a qué proyectos de inversión privada el Poder Ejecutivo no subsidia. Evidentemente, no creo que sea la persona -por los antecedentes que recaen sobre él- que reúna las condiciones para estar al frente de esta Unidad. Por ende, queremos investigar y saber cuáles fueron las razones por las cuales no actuaron el Presidente y el Vicepresidente del Banco Central. Creemos que es indispensable la opinión puntual del Presidente y del Vicepresidente genuinos del Banco Central con respecto al levantamiento de esta sanción. También queremos saber qué opinan sobre la sanción que le había impuesto el Directorio anterior al economista Porto. Por otra parte, naturalmente queremos saber cuáles fueron las razones y los fundamentos que llevaron al Director de UTE y al Director de ANTEL, actuando "ad hoc" al frente del Directorio del Banco Central del Uruguay, a levantar la sanción que recaía sobre el economista Luis Porto.

SEÑOR ROBALLO.- Teniendo en cuenta que es un procedimiento habitual previo a la solicitud de Comisiones Preinvestigadoras y luego Investigadoras, y como se ha hecho referencia al conocimiento que se ha tomado de estos hechos que se están planteando en esta reunión, nos gustaría saber si hubo acceso a un expediente, si son versiones de prensa o si hay un pedido de informes. Nosotros no tenemos conocimiento de eso y quisiéramos saber al respecto, porque la ley y también el Reglamento de la Cámara exigen evaluar la seriedad, por ejemplo, del origen de las denuncias. Entonces, quisiéramos saber cuáles son los fundamentos de estas apreciaciones.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Me parece que es llover sobre mojado. Los fundamentos de las apreciaciones ya los hemos detallado uno a uno hace un momento.

Es de público conocimiento, a través de la información de prensa publicada en el diario "El País", y en el semanario "Búsqueda" la semana pasada, todo el proceso de irregularidades que ha tenido este caso que, reitero, ha sido puesto en conocimiento público. En todo caso, si el señor Diputado, en uso de sus plenas facultades, quiere cotejar todo lo que acabamos de denunciar, lo puede hacer; pida los informes al Banco Central del Uruguay, pida las actas. Yo estoy denunciando y el señor Diputado debe evaluar el tenor de la denuncia. Y para que el señor Diputado coteje el tenor de la denuncia que estoy presentando, en todo su derecho puede recurrir a los procedimientos a los que el Reglamento le permite acceder.

SEÑOR ROBALLO.- Simplemente, nos interesaba saber -se ha expresado aquí que fue por versiones periodísticas- el origen de estas denuncias; si hubiéramos querido cotejar estas informaciones lo habríamos hecho antes, a través de algún pedido de informes o de algún mecanismo de ese tipo, pero no somos nosotros los denunciantes, por eso le solicité al señor Diputado Cardoso esa información. Por supuesto que es algo que nos interesa; en el trámite y en la consideraciones propias de esta Comisión vamos a evaluar los diferentes aspectos. No soy el legislador denunciante, por lo que las dudas me las quería sacar no sobre el fondo del asunto sino, en este caso, refiriéndome a la intervención anterior, sobre el origen del conocimiento de estas cuestiones.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Quiero ratificar que el origen es lo ya conocido por los medios de prensa escritos y ratificar la absoluta existencia de los hechos denunciados, que pueden cotejarse directamente recurriendo a las actas del Directorio del Banco Central del Uruguay y pidiendo los informes sumariales que llegaron a determinar las inhabilitaciones que han caído sobre el economista Porto y las demás personas mencionadas por los servicios jurídicos del Banco Central del Uruguay.

SEÑOR GANDINI.- El tema reviste, por lo menos, una situación curiosa que amerita averiguar, investigar. Es llamativo que quien ha resultado sancionado de manera más severa por el Banco Central del Uruguay -según se ha podido saber; quiero decir que sobre este tema supe en su momento, no ahora, que los informes jurídicos del Banco Central del Uruguay fueron contundentes, unánimes y severos- reciba ahora un levantamiento de esa sanción e inmediatamente sea nombrado, con una responsabilidad enorme, en una dependencia estatal de reciente creación. Averiguar exactamente qué pasó es tarea del Parlamento y no necesariamente -este es un tema que siempre debe estar presente- significa condenar de antemano. Investigar es una labor que nos corresponde y a veces hasta ayuda a despejar las sospechas que pueden empañar la gestión del propio Estado. Hay que hacerlo con cuidado -este no ha sido siempre el modo que utilizó el Parlamento desde sus comisiones investigadoras- de no ensuciar la imagen de personas que merecen, a priori -como todos-, el máximo de nuestros respetos, pero hay que tratar de despejar sombras que pueden echarse sobre la Administración. Y, particularmente, cuando estamos hablando de una gestión que involucra, al final de todo, al señor Ministro de Economía y Finanzas, porque hoy esa persona ha sido nombrada, con su confianza, para estar al frente de una dependencia que recibe al inversor extranjero, es decir que tiene como cometido especial atrapar la mayor cantidad de intereses exteriores para que se queden en este país y no vayan a otros. Sabemos que en el mundo hay dinero suficiente y deseos de constituir negocios, pero los países compiten por estos. No sería bueno dejar latente una sospecha de esta naturaleza.

Me gustaría conocer de primera mano los informes jurídicos y los fundamentos que llevaron al Directorio anterior a aplicar una sanción realmente severa al señor Luis Porto y saber cuáles son los informes jurídicos con que contaron aquellos que no son Directores del sistema financiero, para cambiar su decisión. Porque es llamativo también que se hayan excusado dos de los Directores del Banco Central del Uruguay que se entienden especializados en el tema, pero que hayan sido sustituidos para esa ocasión por el Poder Ejecutivo, no por otros Directores conocedores del sistema financiero sino por Directores de confianza política del Poder Ejecutivo que se desempeñan en áreas que no pertenecen al sector financiero, cuando las sanciones emergentes están todas vinculadas a la posterior gestión en el sistema financiero.

Quiero decir esto con el absoluto conocimiento de que la Justicia archivó la denuncia penal. Aquí no estamos hablando de delitos, ni podrá surgir de la Comisión Investigadora una consecuencia penal, porque aparentemente -me sigo moviendo por lo que conozco de la prensa- la Justicia ya se ha expedido, por lo menos, acerca de una denuncia original. Si surgen otras, es otro tema.

Aquí estamos hablando de que el Parlamento conozca, y parece que esa es una tarea inherente a nuestra función. Los hechos ameritan que despejemos sospechas, con absoluta seriedad y responsabilidad -como creo que lo planteado el miembro denunciante-; esta solicitud de crear una Comisión Investigadora no ha estado rodeada de ningún show, ni circo, ni espectáculo mediático; es una denuncia austera, seria, bien planteada, que surge de lo que la prensa pone en conocimiento de la gente, lo que luego genera que la ciudadanía nos pregunte "Ustedes, sobre esto que se denuncia, ¿qué hacen?" Bueno, los que nos toca hacer es tomar lo que la voz de la gente expresa a través de los medios de comunicación e investigar. Este no es el único método; cierto que no lo es, pero es el que está planteando y siendo planteado por un legislador en el uso de sus facultades y de las potestades reglamentarias, nosotros entendemos que hay elementos suficientes como para que se constituya una Comisión Investigadora, comparezcan ante ella las autoridades que han estado vinculadas al tema y que la Comisión, además, pueda contar con los documentos que fueron avalando cada una de las decisiones. Reitero, a mí lo que más me interesa saber es con qué documentos contaron un Director de ANTEL y un Director de UTE para opinar diferente a lo que opinaron otros Directores del sistema financiero, particularmente del Banco Central del Uruguay, un tiempo antes, para levantar la sanción a esta persona y no a otras que han sido sancionadas.

Precisamente, el único que es Director del Banco Central del Uruguay votó en contra. Entonces, ¡hay que levantar la opinión del Banco Central un Director de UTE y un Director de ANTEL! Tiene que ser contundente y sólida, sobre todo para haber convencido al Ministro de Economía y Finanzas, quien inmediatamente lo mune de la confianza requerida para ocupar determinado cargo. Creo que ese es suficiente elemento para que el sistema sea creíble y trasmita que es capaz de sanearse y de revisarse a sí mismo cuando hay sombras sobre las decisiones que en temas tan delicados se toman, y particularmente cuando rozan al señor Ministro de Economía y Finanzas, que todos sabemos que en la situación en que está el Uruguay es una de las personalidades más relevantes y sobre la que debe caer mayor confianza del sistema. Lo digo desde la oposición, en tanto queremos que al país le vaya bien. Por supuesto que el señor Ministro es una figura con la que se podrá coincidir o discrepar, pero sin duda está rodeada de una confianza que no puede quedar en duda, ni bajo sospecha. En esa medida, nos parece obvio que el Parlamento haga lugar a esta solicitud.

Era cuanto quería decir.

SEÑOR ORRICO.- Voy a dejar algunas constancias que al Frente Amplio le parecen muy importantes.

En primer lugar, quiero decir -el señor Diputado Gandini me ahorró hacer esta mención- que el expediente penal fue archivado por falta de mérito. Independientemente de que tal vez diga "archivado sin perjuicio..."-que es lo que en general se hace, porque pueden aparecer nuevos elementos y los Jueces siempre se cubren con eso-, el expediente está archivado. Por lo tanto, desde el punto de vista penal, en lo que hay hasta ahora, esto está resuelto.

En segundo término, no se trata de una decisión graciosa que dispuso: "Estos dos no opinan; van a opinar estos otros dos". Creo que por delicadeza, dada su amistad con el involucrado, dos Directores del Banco Central decidieron no opinar, precisamente, para dar garantías al procedimiento.

En tercer lugar, tampoco se trata de que se elevó una nota y dijeron: "Vamos a reunirnos en una sesión de Directorio; vamos a sacar la suspensión a este muchacho". No; hubo un recurso de revocación. El procedimiento administrativo admite una primera instancia, en la cual se dicta una determinada resolución. Si el individuo se siente perjudicado por ella, puede utilizar el recurso de revocación y algún otro que la vía administrativa admite como cuestión normal. De manera que desde el punto de vista jurídico esto está correcto.

Defiendo a muerte lo que dijo el señor Diputado Gandini. El Parlamento está para investigar y para controlar; esto está muy bien. No obstante, voy a decir algunas cosas.

Considero que cuando alguien pide una Comisión Investigadora lo primero que tiene que hacer es investigar. En este caso, no se hizo. Lo primero que debe hacer quien va a pedir una Comisión Investigadora es hacer los pedidos de informes correspondientes, para dar seriedad a la denuncia que se hace. No es diciendo: "Yo agrego una hoja de 'El País digital'", en la que se hace una denuncia; se debe hacer un pedido de informes. Si no lo contestan o si lo contestan y la respuesta no es satisfactoria -u otras hipótesis que pueda haber-, se pide una Comisión Investigadora, pero siempre se hace con documentos oficiales a la vista. Me parece que no está bien pedir una Comisión Investigadora a partir de datos periodísticos.

Ahora bien, nosotros -me refiero a la bancada del Frente Amplio- hemos considerado este tema y hemos decidido que para este caso -aun cuando no nos gustan las cosas así; nos parece que hay que trabajar un poquito más para crear comisiones investigadoras-, como el Gobierno no tiene absolutamente nada que ocultar, vamos a votar la creación de una Comisión Investigadora. Lo vamos a hacer, pero advertimos que pretendemos que se trabaje un poco más cuando se pida la creación de comisiones investigadoras. Primero se tienen que hacer los pedidos de informes y evaluar las situaciones. Luego, cuando se obtiene todo ese material, o no se obtiene -porque no se quiere dar; puedo pedir una Comisión Investigadora porque me contestaron un pedido de informes y lo que dice me suena a zafarrancho o porque no me lo contestaron-, se pide que se cree una Comisión Investigadora.

Además, creo no ser adivino si digo que constituida la Comisión Investigadora lo primero que tiene que hacer son pedidos de informes. Deberá pedir a la Suprema Corte de Justicia si hay antecedentes y al Banco Central que envíe el expediente administrativo. A su vez, ese expediente administrativo va a venir con los informes jurídicos, a los que hace referencia el señor Diputado Gandini. Después vendrán los dos fallos: uno a favor y, otro, en contra; no depende del punto de vista desde el que se mire esto de "a favor o en contra".

De manera que esta es nuestra posición. Advertimos que queremos que cuando se pida la creación de una Comisión Investigadora primero se trabaje. Creo que en este caso, no sé si por inexperiencia o por apuro, se actuó muy precipitadamente. Puede pasar que la respuesta a los pedidos de informes satisfaga plenamente. Si fuera así, creamos una Comisión Investigadora para algo que se solucionaba con un pedido de informes.

Creo que una arma muy importante que tiene el Parlamento -no cada uno de los legisladores- es la creación de comisiones investigadoras. He integrado más de una y sé que son muy importantes. Está en lo correcto de lo que tiene que ser el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, pero cuando se pide una Comisión Investigadora hay que dar un poco más de elementos que los que se han dado aquí.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Voy a clarificar un poco lo que aquí se ha expresado.

En cuanto a seriedad no le doy la derecha a nadie; que quede claro.

Con respecto a que haya parlamentarios quieran discrepar, que lo hagan; es su derecho. Ahora, marcar el modo de trabajo de unos y de otros, no. Es la gente la que lo marca, votando; que también quede claro.

Cuando nos presentamos al amparo de dos artículos reglamentarios, procedimos de la forma correcta y adecuada. Por algo la denuncia fue recibida por la Secretaría de la Cámara. Si no se cumpliera con la formalidad y con los elementos que el Reglamento establece para la conformación de una Comisión Preinvestigadora, la Presidencia y la Secretaría de la Cámara deberían haber rechazado la solicitud.

(Interrupción del señor Representante Orrico)

——Sí, señor; así está establecido en el Reglamento.

En cuanto a pedir los antecedentes a la Suprema Corte de Justicia, si el señor Diputado los quiere pedir, que los pida, pero no es lo que estamos solicitando.

Con respecto a si los hechos son supuestos o no, vamos a no engañarnos: son de pública notoriedad y todos sabemos que existieron. Inclusive, sabemos a qué sector político responde cada uno de los Directores que fueron convocados a actuar "ad hoc" en esa sesión de Directorio del Banco Central. Todos sabemos quiénes son y a qué sector político responden; seguramente el señor Diputado lo sabe mejor que ninguno.

En lo que tiene que ver con actuar con seriedad y con demasiada celeridad, creo que la crítica es de recibo. También deberíamos analizar si no habrá actuado con poca seriedad el señor Ministro de Economía y Finanzas al nombrar a una persona con profusos antecedentes en el sistema financiero de Uruguay al frente de una oficina de tanta responsabilidad y si tal vez no habrá actuado con demasiada agilidad el Gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas, que inmediatamente de levantada la sanción -vaya a saber por qué y con qué celeridad- lo nombró al frente de esta unidad.

Es cuanto tenía que decir.

SEÑOR ORRICO.- Quiero aclarar que desde el punto de vista jurídico, cuando una persona presenta un recurso de revocación y este es aceptado, no hay ningún inconveniente para que sea nombrado en cualquier cargo, porque no tiene ningún antecedente. Entonces, retiremos el término "antecedente", porque tiene un preciso concepto en el derecho administrativo y en el derecho penal. Acá no hay antecedentes de ningún tipo que inhiban a nadie para nada. Se puede estar en desacuerdo con el fallo -eso está dentro de la pluralidad de opiniones que podamos tener-, pero jurídicamente no utilicemos el término "antecedente", porque no es lo que corresponde a esta situación.

SEÑOR ROBALLO.- Todos vamos adelantando nuestras posiciones. El señor Diputado Orrico ya adelantó cuál iba a ser la posición de los integrantes de la Comisión que representan al Frente Amplio: apoyar la creación de esta Comisión Investigadora. Sin perjuicio de esto, quiero referirme al instrumento parlamentario que constituyen las comisiones investigadoras.

Antes que nada, quiero que quede constancia de que mis expresiones no intentan calificar ni descalificar al denunciante; espero que el señor Diputado así lo entienda. Creo que como legislador tengo la obligación de dejar algunas constancias sobre los procedimientos y las exigencias que establecen las normativas vigentes. En mi caso, puedo afirmar con toda tranquilidad que estas constancias son objetivas y no tienen que ver con los órganos ni con las personas involucradas, y mucho menos con el legislador denunciante.

Me afilio totalmente a lo expresado por el señor Diputado Orrico. Asimismo, reitero lo que expresé en su momento. Entiendo que de acuerdo con la normativa vigente -Ley Nº 16.698, Reglamento de la Cámara- se establecen determinados requisitos que, a primera vista, no se estarían dando. Sin perjuicio de eso, en atención al estado público que ha tomado el tema, en atención a la importancia de los organismos involucrados y, especialmente, en atención a la transparencia y a la cristalinidad que siempre se quiere imprimir en este tipo de procedimientos, dejando constancia de lo que recién dijimos, vamos a habilitar con nuestro voto la formación de la Comisión Investigadora.

SEÑOR ORRICO.- Se pone a consideración si se va a recomendar a la Cámara la formación de una Comisión Investigadora, de acuerdo con lo que expresara ante esta Comisión el señor Diputado Germán Cardoso.

(Se vota)

——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Se suspende la toma de versión taquigráfica)

Comisión Preinvestigadora sobre las razones que llevaron al Banco Central del Uruguay a revocar la resolución que inhabilitó al economista Luis Porto para el desarrollo de actividades en el sistema financiero

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Comisión Preinvestigadora conformada a los efectos de analizar las denuncias relativas al levantamiento de la inhabilitación por parte del Banco Central del Uruguay (BCU), al economista Luis Porto, para desarrollar actividades en el sistema financiero que dicha Institución controla, ha concluido en que hay mérito para la conformación de una Comisión Investigadora al respecto, en base a lo expuesto en Sala por el denunciante señor Representante Germán Cardoso, sin perjuicio de las opiniones vertidas por los miembros del Frente Amplio, que constan en la versión taquigráfica.

En la sesión del plenario en que se considere el tema, los miembros de esta Comisión formularán aquellas otras consideraciones personales que crean pertinentes y no estén contenidas en la resolución.

Sala de la Comisión, 29 de marzo de 2007.

JORGE ORRICO, JORGE GANDINI, JUAN ANDRÉS ROBALLO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Representantes resuelve: Dar lugar a la formación de una Comisión Investigadora para conocer las razones que llevaron al Banco Central del Uruguay, a revocar la resolución por la que se inhabilitó al economista Luis Porto, para el desarrollo de actividades en el sistema financiero.

Sala de la Comisión, 29 de marzo de 2007.

JORGE ORRICO, JORGE GANDINI, JUAN ANDRÉS ROBALLO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: la Comisión Preinvestigadora, integrada por los señores Diputados Gandini, Roballo y quien habla, y que recibiera al miembro denunciante, señor Diputado Germán Cardoso, fue designada por esta Cámara para considerar hechos que se dieron en el Banco Central del Uruguay como consecuencia de la aprobación, por vía administrativa, de un recurso de revocación presentado por un funcionario de la institución que luego, a su vez, fuera designado para un cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas.

La Comisión designada por esta Cámara, por unanimidad de sus tres miembros, ha decidido dar curso a esta investigación.

Nosotros -ahora no estoy hablando en calidad de miembro informante de la Comisión Preinvestigadora, sino como Representante del Frente Amplio- hemos aceptado la creación de esta Comisión Investigadora, pero advertimos que para el futuro vamos a ser más exigentes con los criterios de rigurosidad que deben existir con relación a los hechos aportados por quien denuncie. Simplemente, hemos expresado en Comisión -y lo decimos acá- que el Frente Amplio no tiene nada que ocultar en esto y, en consecuencia, no hay ningún problema en iniciar la Comisión Investigadora, aunque hubiésemos preferido que los pedidos de informes y demás, que sin duda la Comisión Investigadora va a tener que elevar, ya estuvieran formulados.

En la medida en que esta es una investigación en la que se van a necesitar documentos y demás, hay que fijar un plazo para actuar. En nombre de mi bancada voy a proponer que, en principio, el plazo para su funcionamiento sea de sesenta días, independientemente de que luego se podrá hacer una evaluación y se podrá estar en condiciones de pedir una prórroga.

Por otra parte, por un acuerdo que hemos hecho en la coordinación interpartidaria, vamos a pedir al Cuerpo que apruebe una integración de nueve miembros para esta Comisión Investigadora: cinco por el Frente Amplio, tres por el Partido Nacional y uno por el Partido Colorado. Quiero dejar constancia de que, como coordinador de la bancada del Frente Amplio, he dejado en la Presidencia los cinco nombres propuestos por nuestra fuerza política para comenzar las tareas de la Comisión Investigadora. Así que nosotros estamos preparados para ello.

Por ahora, es lo que tengo que informar.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: la Comisión actuó sobre la base de la denuncia presentada por el señor Diputado Germán Cardoso. Hubo una sola reunión y se concluyó, por unanimidad, que debía hacerse lugar a la formación de una Comisión Investigadora. Con diferente énfasis, por supuesto, y con motivos en algunos casos distintos, estoy seguro de que los tres miembros de la Comisión Preinvestigadora estamos imbuidos de la misma convicción de que temas como este merecen ser despejados y analizados, en tanto la trascendencia pública y la notoriedad que ha tenido este caso amerita que los nombres de las personas que se manejen queden fuera de toda sospecha, si ese es el resultado de la investigación parlamentaria. Esta es una de las funciones esenciales del Parlamento: controlar, investigar. Hemos recibido una denuncia de un señor Diputado, respaldada en hechos de notoriedad pública, y eso ha justificado que la Cámara hoy tenga ante sí un informe favorable para la constitución de una Comisión Investigadora.

Se trata, sin duda, de un tema delicado -como siempre-, en tanto afecta la honorabilidad de personas cuyas conductas vamos a investigar. Particularmente, este caso también roza a autoridades del equipo económico y del Ministerio de Economía y Finanzas, al propio señor Ministro. Cabe, entonces, que lo hagamos con seriedad, sabiendo que la confianza que se deposita en un jerarca como el Ministro de Economía y Finanzas no se puede perder por cuestiones de transparencia ni puede estar afectada por acusaciones de amiguismo.

Los hechos denunciados están vinculados al episodio por el cual el Banco Central del Uruguay sanciona -con distinto tipo de sanciones- a varias personas responsables de instituciones financieras luego de la crisis financiera del año 2002. Entre esas instituciones, además de los conocidos bancos, había una pequeña institución, una cooperativa de ahorro y crédito -CAYCU- que también tuvo el mismo destino: quebró y cerró sus puertas.

Los servicios del Banco Central del Uruguay que realizaron la investigación recomendaron la aplicación de una serie de sanciones de diferente grado a los responsables de esa institución, que en todos los casos fueron de inhabilitación para el ejercicio de cargos en instituciones financieras. La más grave de todas fue la que recayó sobre el economista Luis Porto, quien fue sancionado con esa inhabilitación por un período de cinco años.

Hasta aquí no parece haber ningún elemento cuestionable. Lo que parece por lo menos curioso y digno de ser investigado es que quien resultara sancionado por la administración del Banco Central del anterior Gobierno, apenas conocido el resultado electoral de la última elección presentó un recurso de revocación. Este recurso se procesó de una manera también un tanto llamativa, porque dos de los Directores de ese Banco -su Presidente, economista Cancela, y su Vicepresidente, señor Failache- se excusaron de actuar en este caso, y solo quedó como miembro del Directorio del Banco para considerar el recurso de revocación el señor Correa. Fue así que el Poder Ejecutivo para este caso integró a Directores de otras dos instituciones públicas para que completaran el Directorio del Banco a los solos efectos de pronunciarse sobre el recurso de revocación. Pero. también llamativamente, siendo que las sanciones están vinculadas al ejercicio de cargos en instituciones financieras y que todo el proceso llevado a cabo por el Banco se relaciona con crisis financieras de una institución, quienes integran el Directorio son un Director de ANTEL y otro de UTE; aquí no aparece un Director del Banco de la República o un Director del Banco de Seguros, por nombrar a dos instituciones de similares características, pero de tipo financiero, que tiene el Estado. Aparece un Director de UTE y otro de ANTEL, y este Directorio, integrado de esa manera tan particular y llamativa, decide, por dos votos en tres, hacer lugar al recurso de revocación y levantar la sanción.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GANDINI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: quiero hacer dos acotaciones a lo que está informando el señor Diputado Gandini.

En primer lugar, quienes se excusan lo hacen para dar garantías al procedimiento, porque son amigos de quien presentó el recurso.

En segundo término, no se puede mencionar al Director de ANTEL aludiendo solo a eso; el Director de ANTEL es Grado IV de Derecho Administrativo. No se eligió a cualquier payador; se eligió a alguien de mucho conocimiento, y quienes conocemos su trayectoria personal ponemos las manos en el fuego por él y estamos seguros de que no nos queda ni una chamuscadita.

Creo que la Cámara tiene derecho a saber esto.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede continuar el señor Diputado Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: la Cámara va a saber muchas cosas después de que las investiguemos. Yo he tratado de no calificar las situaciones; me estoy remitiendo a los hechos. Para nada he descalificado a los dos Directores que han ingresado; sí he dicho que no pertenecen a instituciones financieras y no he mencionado las razones que han invocado para excusarse los Directores del Banco.

Lo que sí digo es que con dos votos en tres se hizo lugar a la solicitud de revocación de la sanción, y esos dos votos eran los de los Directores que no pertenecen al Banco Central del Uruguay; el único Director que sí pertenece al Banco votó confirmando la sanción que dispuso, por unanimidad, un Directorio de otra Administración, con servicios e informes del Banco en su momento coincidentes con esa decisión.

Esta es parte de la situación que merece ser investigada, sobre todo porque cuatro días después de que se produjo este hecho, el Ministro de Economía y Finanzas creó la oficina de atención al inversor y nombró en ella al economista Luis Porto. Estos son los elementos que, sin duda, generan suspicacia.

No tenemos la investigación; el Banco entiende que esta tiene la característica de secreta y que solo puede ser conocida por el Parlamento si lo solicita. Por supuesto que deberemos tenerla, y esa será la primera tarea de la Comisión.

Lo que conocemos, sin poder confirmarlo -datos que, por lo tanto, no son oficiales- es que el economista Luis Porto fue presentado por la cooperativa COFAC, otra institución de crédito similar a CAYCU, a los directivos de esta empresa ya que tenía serios problemas de viabilidad. El economista Porto fue presentado con credenciales suficientes como para salvar la empresa. La intención de COFAC, según sabemos, era sanear la empresa y luego absorberla. Para eso el economista Porto diseñó dos líneas de medidas: reducir el personal de la institución -lo que costaría alrededor de US$ 1:000.000- y comprar una base de datos para incorporar a través de ella un par de miles de socios nuevos que podrían cambiar la ecuación económica de la institución. A esto llamó campaña "Crédito 2000". Esto tuvo el conocimiento y la autorización tanto de la Superintendencia de Instituciones Financieras del Banco Central como de AEBU.

La investigación que se hizo con posterioridad respecto a estos sucesos, llevada adelante por el Banco Central del Uruguay, por lo menos en la persona del contador José Sánchez, indicó que la base de datos que compró la empresa CAYCU, por un valor de US$ 190.000, era propiedad del economista Luis Porto. El economista Porto era Director de Postal Express, la empresa propietaria de esa base de datos. Hay declaraciones muy severas -que quizás no convenga que hoy traiga aquí- de las autoridades de CAYCU de ese momento, en las que establecen que no conocían esa circunstancia cuando adquirieron por ese monto esa base de datos.

A su vez, en ese momento COFAC advirtió que perdía clientes y entendió que eso sucedía porque su base de datos estaba siendo utilizada por otra empresa que estaba en competencia; de modo que Postal Express perdió a COFAC como cliente. Postal Express distribuía los "mailings" y la correspondencia de COFAC; por eso tenía el banco de datos.

De todos modos, estos gastos y estas medidas no fueron suficientes ni los resultados alcanzaron -apenas 300 socios se incorporaron-, y la institución -que, además, tuvo que atravesar los mismos tiempos difíciles que otras entidades financieras- quebró.

Voy a agregar algunas fechas para que por lo menos los hechos que conocemos y que son objetivos queden claros.

El 21 de octubre de 2004, el Banco Central del Uruguay sancionó al economista Porto con la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos en instituciones de intermediación financiera. El 12 de diciembre de 2006 el Banco Central del Uruguay revocó esa decisión. El 16 de diciembre del mismo año -cuatro días después- el economista Luis Porto fue designado por el Ministerio de Economía y Finanzas como Director de la oficina que fue creada en esa misma fecha. En enero de 2007, según resolución del Tribunal de Cuentas de 31 de enero de ese año, el Ministerio de Economía y Finanzas contrató al economista Porto por un monto de $ 780.000 más IVA para desempeñarse al frente de esa oficina durante todo este año. La forma de pago es escalonada: 30% antes del 30 de abril, con la aprobación del plan de trabajo; 20% al 30 de junio, con el primer avance de obra; 20% con el segundo avance de obra, al 30 de setiembre, y con el informe final, al 31 de diciembre, el restante 30%.

Pero debemos decir que ya antes el Gobierno había contratado al economista Luis Porto. En marzo de 2006 se realizó un contrato de servicios personales por parte de la OPP con el economista Porto. Ese contrato resultó observado por el Tribunal de Cuentas en abril de ese año, y esa observación fue ratificada por el mismo Tribunal en diciembre de 2006. ¿Para qué fue contratado en marzo de 2006 el economista Porto? Para diseñar, junto con quien fuera Gerente General de COFAC -a esa altura ya disuelta-, el contador Gustavo Marton, la oficina que hoy dirige. O sea que, como si se supiera qué iba a pasar, como si se supiera cuál sería el resultado, en marzo de 2006 el economista Porto fue contratado por la OPP para diseñar la oficina que cuatro días después de que se le levantó la sanción fue creada y él resultó designado para dirigir.

En un informe de la OPP, en el capítulo denominado "Reorganización Institucional para una Nueva OPP", hay un numeral 8) en el que se señala: "Se colaboró estrechamente con el Ministerio de Economía y Finanzas en la implantación de una nueva oficina en este Ministerio, denominada 'Ventanilla Única de Asesoramiento al Inversor', para lo cual se habilitó que el asesor de OPP, Ec. Luis Porto, trabajase en régimen de part-time con ese cometido. [...]".

Como decía, todo parece diseñado para que las cosas se dieran como efectivamente ocurrieron. Probablemente se había resuelto antes que el economista Luis Porto integrara el equipo económico; por eso se lo contrató mientras estaba inhabilitado, aunque eso no le impedía estar al frente de esa oficina, como tampoco le impide estar al frente de la que dirige hoy porque no es una institución financiera, aunque, sin duda, el impedimento existe desde el punto de vista político.

Insisto en que se lo contrató en ese período para que diseñara esta oficina que luego dirigiría. Mientras tanto, se llevó adelante un mecanismo para revocar el único obstáculo que impedía esa designación, que era la decisión del Banco Central del Uruguay, lo que, obviamente, no fue fácil de lograr.

En definitiva, ahora el economista Porto dirige la oficina que finalmente se denomina Unidad de Promoción de Inversión y Desarrollo del Sector Privado, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Fue designado Director y contratado con un contrato de obra anual por $ 780.000. Está hoy al frente de una oficina que tiene una enorme responsabilidad: pasan por ella los proyectos de inversión que llegan al Uruguay y es la que debe informar si merecen ser contemplados en las promociones que la legislación nacional y el Poder Ejecutivo otorgan a las inversiones que llegan aquí y quieren ser promovidas, promocionadas, capturadas por un país que, obviamente, compite con otros en ese sentido. Es el economista Porto quien fue designado para esa tarea.

Como dijimos al principio, está en juego la transparencia y la conducta de jerarcas públicos, entre los que está el propio Ministro de Economía y Finanzas, además del economista Porto, quien, como todos, merece el mayor de los respetos y que no se prejuzgue su conducta sin conocer exactamente los hechos a través de un proceso ajustado.

A esta altura es bueno decir también que, paralelamente a este proceso administrativo, en la Administración anterior el Banco Central del Uruguay hizo conocer la causa a la Justicia Penal, la que la archivó sin perjuicio; es decir que la Justicia no encontró delito en la conducta del economista Luis Porto y archivó la causa sin perjuicio de futuras actuaciones. Eso no quiere decir que no puedan haber existido o existan conductas que, no siendo castigadas por el Código Penal, estén apartadas de nuestro ordenamiento jurídico, y eso es lo que la Cámara debe averiguar, desentrañando las responsabilidades que pueden caber no solo al economista Luis Porto, sino también a aquellos jerarcas de la Administración que tomaron las decisiones que posibilitaron esta circunstancia que se da hoy.

Si el Banco Central del Uruguay hubiera mantenido su decisión -como lo dispusieron todas las veces que fue necesario todos los jerarcas que pertenecen a esa institución-, el economista Luis Porto hoy todavía estaría inhabilitado para ejercer un cargo en una institución financiera, y estaría políticamente inhabilitado para estar al frente de la oficina que hoy ocupa. La decisión del Banco Central del Uruguay, tomada por funcionarios que no pertenecen a ese organismo, ha torcido el rumbo marcado por esa institución financiera que tan bien manejó las postrimerías de la crisis, y ha generado esta resultante por la cual hoy las cosas son como acabamos de detallar. Si en este caso hay responsabilidades de alguna naturaleza, la Comisión Investigadora deberá determinarlas, conocerlas, analizarlas e informarlas a este Cuerpo a la brevedad.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en primer lugar, una aclaración ya la hizo el señor Diputado Gandini cuando informó a la Cámara, como corresponde, que todo lo relativo a la situación del economista Porto pasó a la Justicia Penal, que archivó la causa por falta de mérito; el "sin perjuicio" se sabe que siempre se pone en estos casos porque puede aparecer alguien con nuevos elementos.

En segundo término, por lealtad institucional y personal tanto hacia mis compañeros de la Comisión Preinvestigadora como hacia quienes van a serlo en la Comisión Investigadora, no voy a decir cosas que conozco relativas al expediente, sobre el que bastante prolijamente se ha expresado el señor Diputado Gandini; pero me parece que en este instante hay que agregar algunas puntualizaciones, más allá de que luego la Comisión hará las evaluaciones que crea convenientes. Me refiero al hecho concreto de que todos los informes jurídicos existentes a partir del pedido de revocación de la sanción concluyen que el economista Porto padeció de indefensión cuando fue sancionado por primera vez. Esa es la razón por la cual se produjo ese fallo de la Justicia administrativa de revocación del primer acto.

De todas maneras -adelanto algo en lo que ya hay bastante acuerdo entre nosotros-, creo que lo primero que va a tener que hacer esta Comisión Investigadora será pedir todos los antecedentes, y luego distribuirlos entre sus integrantes. Y cuando digo todos los antecedentes, me refiero a todos los antecedentes administrativos pertenecientes a la primera sanción y a todos los antecedentes administrativos relativos tanto a la excusación de quienes no quisieron intervenir por razones de amistad, como al expediente armado a partir del recurso de revocación en sí y del fallo en sí. Todo lo demás forma parte de las especulaciones políticas. Tal como lo establece la Comisión Preinvestigadora, el objeto de investigación es esta situación y no otra.

Es cuanto tenía que decir por ahora.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Antes de dar la palabra al señor Diputado Germán Cardoso y a fin de cumplir y dar satisfacción a los reclamos planteados, la Mesa informa a los señores legisladores que hay varias mociones de su interés que necesitan cincuenta votos para su aprobación.

Tiene la palabra el señor Diputado Germán Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señor Presidente: voy a tratar de ser lo más ágil posible para dar trámite al asunto que estamos considerando. En virtud del prolijo y profundo análisis que ha hecho el señor Diputado Gandini sobre la situación que nos motivó a pedir la conformación de una Comisión Preinvestigadora -que luego dará lugar a la Investigadora- a fin de conocer los motivos por los cuales el Directorio del Banco Central resolvió levantar la sanción impuesta al economista Luis Porto, solo voy a hacer algunas puntualizaciones para que las cosas queden claras.

Creo que se han cumplido todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios establecidos. En el día de hoy estamos votando la conformación de una Comisión Investigadora para analizar hechos de entidad y de oportunidad, tal como lo establece claramente el artículo 118 del Reglamento. Se trata de hechos de pública notoriedad de los que, efectivamente, tomamos conocimiento a través de los medios de prensa. Creo que la prensa ha jugado un rol importantísimo en todo esto. Lamentablemente, lo jugó y lo jugará en muchos casos más, porque sabido es que este es un Gobierno que se autocontrola, ya que en la conformación de los diferentes Directorios de los entes autónomos existe unanimidad de miembros de la fuerza política que gobierna.

Cuando tomamos conocimiento de este tipo de situaciones -que son muy graves-, que hacen nada más y nada menos que al triste proceso que Uruguay recorrió en el año 2002, vemos que están involucradas varias personas y no solamente quien hoy va a ser investigado por habérsele levantado la sanción.

En la crisis del año 2002 quebraron y se cerraron bancos y esta cooperativa; fueron sancionadas muchísimas personas y suspendidas en la operatividad del sistema financiero.

Es por esta persona -por los motivos que ha dado el señor Diputado Gandini- que se conforma -a nuestro juicio, de una manera oblicua- el funcionamiento del Directorio de un ente del Estado con personas que no están entre quienes toman decisiones en los entes autónomos que integran originalmente el sistema financiero del Uruguay. Cuando aquí se señala la honorabilidad de los señores Directores de UTE y de ANTEL que votaron el levantamiento de la sanción en el Banco Central, queremos dejar en claro que no los conocemos personalmente, no sabemos de sus fojas de servicios ni de sus currículos. Tampoco sabemos si los grados en las diferentes cátedras de la Facultad de Derecho son sinónimo de personas honorables o de bien. Por ejemplo, el doctor Jorge Peirano Facio era un gran catedrático de Derecho Privado y, sin embargo, terminó sus días en la cárcel. Entonces, creemos que, cuando se pone por delante los grados o los currículos académicos sin conocer a las personas -no queremos hablar bien ni mal-, no existen garantías; que quede claro.

Nosotros estamos dispuestos a actuar con seriedad y con responsabilidad. Tenemos la plena convicción de que los hechos son de extrema gravedad. En este punto quiero hacer solo una aclaración: si de aquí en adelante se quiere exigir mayor rigurosidad para pedir la conformación de una Comisión Preinvestigadora, bienvenido sea; es una sobredosis de responsabilidad que hoy están tomando actores del Gobierno, aunque esas no eran las directivas que impartían cuando eran oposición.

(Interrupción del señor Representante Semproni)

——Tenemos en nuestro poder documentación de decenas de Comisiones Preinvestigadoras e Investigadoras solicitadas por actores del Gobierno. Por ejemplo, tengo una de la señora Diputada Nora Castro, del año 2003, quien basó gran parte de su informe en trascendidos de prensa. También tengo material sobre la Comisión Investigadora que analiza la gestión de los entes autónomos en los Gobiernos anteriores -que hoy está vigente-, que fue solicitada por el señor Diputado Mahía, quien también se basó en trascendidos de prensa y en opiniones del señor Ministro Lepra, entre otros actores de Gobierno. Creo que esto significa un reconocimiento en el sentido de que la prensa informa permanentemente y juega un rol preponderante en el accionar de las garantías constitucionales y reglamentarias que este Parlamento tiene para controlar al Poder Ejecutivo.

Esto era cuanto quería aclarar. Deseo que se vote la creación de esta Comisión Investigadora para tratar de esclarecer cómo fue este engorroso mecanismo de integración del Directorio para levantar una sanción y para que la misma persona fuera nombrada al frente de una unidad que tiene la responsabilidad nada más y nada menos que de gestionar los proyectos de inversión privada que llegan al país, que tiene la discrecionalidad de resolver a qué proyecto de inversión privada el Estado subsidia y a cuál no. Entendemos que ese cargo debe ser ocupado por la persona más calificada y que tenga una foja de servicios impecable, intachable, para que esta función sea desempeñada de la mejor manera posible y para dar la mayor cantidad de garantías a la sociedad del Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Comunicamos que en la segunda barra se encuentran estudiantes de intercambio del Programa de Estudios Latinoamericanos en el Exterior.

Continuando con el tema en discusión, tiene la palabra el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: en realidad, esta no es una intervención más en este prolongado proceso de creación de una Comisión Investigadora -no sé qué elementos utilizarán los miembros que la van a integrar porque ya han expuesto acá todas las fundamentaciones que naturalmente debieran ser vertidas en ese ámbito-, sino que mi intención es contestar una alusión política en nombre de nuestra fuerza política hoy en el Gobierno: el Frente Amplio.

En la tarde de hoy he escuchado en dos oportunidades a integrantes de este Cuerpo señalar y criticar implícitamente, en sendas intervenciones, que este Gobierno se autocontrola. Esa ha sido una crítica deslizada. Yo quiero dejar claramente establecido que si este Gobierno se autocontrola no es por su voluntad. Nada más alejado de la intencionalidad política de este Gobierno, cuando se integraron los organismos, que no dar un lugar a la oposición. Fue el rechazo y la no aceptación de la oposición lo que ha llevado a la situación actual, que quienes no los integran o no los quisieron integrar están criticando. Si hay revisión de posiciones, que nos lo comuniquen, que con mucho gusto les vamos a gestionar un lugar en esos organismos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota)

——Sesenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

Dese cuenta de la moción relativa al plazo, presentada por los señores Diputados Orrico, Gandini y Roballo.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Comisión Investigadora esté integrada por nueve miembros y tenga un plazo de sesenta días para expedirse".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Dar lugar a la formación de una Comisión Investigadora para conocer las razones que llevaron al Banco Central del Uruguay, a revocar la resolución por la que se inhabilitó al economista Luis Porto, para el desarrrollo de acrividades en el sistema financiero, que estará integrada por nueve miembros y tendrá un plazo de sesenta días para expedirse".

18.-     Autorización al señor Representante Semproni para realizar una exposición en la sesión ordinaria del día 11 de julio.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Semproni, Patrone, Varela Nestier, Bernini, Vega Llanes y Martínez Huelmo.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice al señor Representante Víctor Félix Semproni a realizar una exposición de quince minutos en la sesión ordinaria del día 11 de julio, sobre la base científica Artigas de la Antártida".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA.

19.-      Sesión extraordinaria.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Peña Hernández y los señores Diputados Cardozo Ferreira, Orrico, Casas, Delgado, Machado, Borsari Brenna y Posada.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el día 11 de julio, a la hora 15, la Cámara se reúna en sesión extraordinaria con la finalidad de rendir homenaje a los cien años de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

20.-     Autorización al señor Representante Germán Cardoso para realizar una exposición en la sesión ordinaria del día 4 de julio.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Posada, Casaretto, Machado y Orrico.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice al señor Representante Germán Cardoso a realizar una exposición de treinta minutos en la sesión ordinaria del 4 de julio, sobre los cien años de la fundación de Punta del Este".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

21.-       Autorización al señor Representante Posada para realizar una exposición en la sesión ordinaria del día 17 de julio.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Orrico, Posada, Casaretto, Machado, Roballo y Cardozo Ferreira.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice al señor Representante Iván Posada a realizar una exposición de treinta minutos en la sesión ordinaria del día 17 de julio, sobre la despenalización del aborto".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

22.-     Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 498

"PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

Principios Generales

Artículo 1º. (Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información y a fundar un medio de comunicación por radiodifusión).- La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y la libertad de información. Por ello no existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de la intervención estatal en su potestad de administrar la asignación de frecuencias.

Artículo 2º. (Derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas).- El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y por tanto el uso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración.

Artículo 3º. (Principios para la administración del espectro radioeléctrico).- El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los derechos establecidos en los artículos 1º y 2º de la presente ley, en base a los siguientes principios:

(A) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad debe ser un objetivo primordial de la legislación de radiodifusión, de esta ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado

(B) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República, a los medios de comunicación electrónicos para que puedan ejercer su derecho a la información y libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determinará con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento.

(C) Transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permita el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.

CAPÍTULO II

Servicio de Radiodifusión Comunitaria

Artículo 4º. (Servicio de Radiodifusión Comunitaria).- El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el Servicio de Radiodifusión Comunitaria en base a los derechos y principios consagrados en el Capítulo I.

4.1. Se entenderá por Servicio de Radiodifusión Comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los habitantes de la República. Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social.

4.2. En ningún caso se entenderá que el Servicio de Radiodifusión Comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión, el cual dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

Artículo 5º. (Reserva de espectro radioeléctrico).- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del Servicio de Radiodifusión Comunitaria y otros sin fines de lucro, un segmento porcentaje significativo del espectro radioeléctrico para todo el territorio nacional, en todas las bandas de frecuencias de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.

5.1. La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.

Artículo 6º. (Titulares).- Serán titulares del Servicio de Radiodifusión Comunitaria, las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.

6.1. Los titulares de un Servicio de Radiodifusión Comunitaria y sus directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión, no podrán ser beneficiarios ni participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de la adjudicación de más de una frecuencia por banda de radiodifusión.

6.2. Estas personas deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, estar domiciliados real y permanentemente en la República, en la localidad donde se instale la emisora.

Artículo 7º. (Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria.

7.1. El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

7.2. El proceso de asignación de frecuencias puede iniciarse a través de llamados públicos de acuerdo a planes nacionales de gestión del espectro o a partir de la solicitud de una entidad interesada. En este caso, y cuando la disponibilidad del recurso radioeléctrico lo permita, el Poder Ejecutivo no puede negar la apertura de un llamado a concurso público en un plazo no mayor a sesenta días desde que fuera substanciada la solicitud, el cual deberá ser ampliamente publicitado. Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará al interesado una frecuencia en las condiciones establecidas en el llamado.

7.3. El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de Servicio de Radiodifusión Comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamento.

7.4. En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos administrativos y económicos, y las características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los habitantes de la República.

Artículo 8º. (Criterios para la asignación de frecuencias).- Las asignaciones de frecuencias para Servicios de Radiodifusión Comunitaria tendrán opinión preceptiva por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se otorgarán en consideración a los siguientes criterios:

(A) El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al Servicio de Radiodifusión Comunitaria (artículo 4.1).

(B) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.

(C) Los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

(D) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar.

Artículo 9º. (Plazo).- Las asignaciones de frecuencias para el Servicio de Radiodifusión Comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

9.1. Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionado al cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa, y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario, y si hubiere otros interesados, será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 10. (Sustentabilidad económica).- Las entidades sin fines de lucro que brinden Servicio de Radiodifusión Comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas.

10.1. La totalidad de los recursos que obtengan quienes brinden Servicio de Radiodifusión Comunitaria, deberá ser invertida en mejoras que garanticen la continuidad en la prestación del servicio y el desarrollo de los objetivos del Servicio de Radiodifusión Comunitario.

10.2 La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al Servicio de Radiodifusión Comunitaria (artículo 4.1).

Artículo 11. (Intransferibilidad).- Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación.

Artículo 12. (Revocatoria).- Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aun antes del plazo establecido, aquellas emisoras que, previa opinión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y el Consejo Honorario Asesor:

(A) Incumplan los objetivos y finalidades del Servicio de Radiodifusión Comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia.

(B) Incumplan el Plan de Servicios a la Comunidad y otros compromisos asumidos públicamente.

(C) Cuyos titulares, directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión incumplan las condiciones expresadas en el artículo 6º, numerales 6.1 y 6.2.

(D) Cedan, vendan, arrienden o transfieran de cualquier forma los derechos derivados de la asignación.

Artículo 13. (Frecuencias para uso experimental de carácter comunitario).- El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva de espectro prevista en el artículo 5º, identificará y reservará las frecuencias que puedan ser asignadas para el uso experimental de carácter comunitario.

13.1. Se entenderá por uso experimental de carácter comunitario, las propuestas de comunicación compatibles con la finalidad del Servicio de Radiodifusión Comunitaria y las provenientes de instituciones educativas con fines de práctica para sus estudiantes, restringidas a emisiones parciales, de cobertura local, con carácter experimental y plazo limitado menor a un año de duración, sin derecho a renovación o prórroga. En el caso de las propuestas provenientes de instituciones educativas de carácter universitario, la autoridad competente podrá otorgar autorizaciones por plazos mayores así como renovaciones o prórrogas.

13.2. Podrán acceder a las frecuencias para uso experimental de carácter comunitario, además de las asociaciones sin fines de lucro con personería jurídica (artículo 6º), aquellos grupos de personas organizados sin fines de lucro, cuya propuesta de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor, resulte compatible con la finalidad del Servicio de Radiodifusión Comunitaria.

13.3. Las frecuencias para uso experimental de carácter comunitario se compartirán entre los solicitantes que tuvieran interés, de acuerdo a los procedimientos y criterios de selección previstos en la presente ley.

13.4. Créase el Instituto para la Promoción de la Radiodifusión en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, encargado de promover y difundir el derecho a la información a través de frecuencias que previamente le serán asignadas con el objetivo de asignar espacios experimentales sin fines de lucro.

13.5. El Instituto para la Promoción de la Radiodifusión tendrá autonomía operativa y técnica para actuar, sin perjuicio de que estará incluido en el organigrama del Ministerio de Educación y Cultura a los fines presupuestales.

13.6. Todos y cada uno de los espacios experimentales y sin fines de lucro que otorgue el Instituto para la Promoción de la Radiodifusión deberán ser asignados por concurso abierto de proyectos u otro mecanismo competitivo que no suponga restricciones de especie alguna a los ciudadanos.

13.7. A los efectos de designar el Director del Instituto para la Promoción de la Radiodifusión, el Ministerio de Educación y Cultura tendrá en cuenta la opinión del Consejo Honorario Asesor de la Radiodifusión Comunitaria.

CAPÍTULO III

Consejo Honorario Asesor de
Radiodifusión Comunitaria

Artículo 14. (Participación ciudadana).- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la aplicación de la normativa sobre radiodifusión comunitaria y en la elaboración, decisión, implementación y seguimiento de las políticas hacia el sector.

Artículo 15. (Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria).- Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento a esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras.

Artículo 16. (Integración).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por siete miembros honorarios: un representante del Ministerio de Educación y Cultura que lo presidirá, un representante de la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, un representante de la Universidad de la República y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de los derechos humanos.

Artículo 17. (Cometidos).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria tendrá como cometidos:

(A) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos para la asignación de frecuencias del Servicio de Radiodifusión Comunitaria.

(B) Determinar las pautas para la evaluación de los criterios de selección en consideración a los requisitos previstos en el artículo 8º de la presente ley.

(C) Emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del Servicio de Radiodifusión Comunitaria, en relación con todos los aspectos de la solicitud de que trate y su conformidad o no con las finalidades del Servicio de Radiodifusión Comunitaria (artículo 4.1).

(D) Convocar, junto a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), las audiencias públicas previstas en la presente ley y presidirlas.

(E) Garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se substancien en los procedimientos de asignación de frecuencias de Servicio de Radiodifusión Comunitaria.

(F) Determinar los medios idóneos para la difusión y publicidad de la solicitud de asignación.

(G) Emitir opinión en todos los trámites de contralor que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido la finalidad del Servicio de Radiodifusión Comunitaria (artículos 10, 13 y 15).

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales transitorias

Artículo 18. (Normas aplicables).- En todo lo no previsto en la presente ley y en cuanto no se oponga a ésta, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión, sin perjuicio de la revisión de normas técnicas y planes de uso del espectro necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y atendiendo las especificidades del servicio.

Artículo 19. (Reglamentación de la presente ley).- El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y el funcionamiento del mismo, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

19.1. El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con opinión preceptiva del mismo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

Artículo 20. (Regularización).- Dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia la presente ley, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación de las emisoras será voluntaria, y se les proveerá de formularios adecuados para que den debida cuenta del cumplimiento de los requisitos y características previstas en la presente ley para el Servicio de Radiodifusión Comunitaria.

20.1. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización.

20.2. Durante el período de realización del censo, no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando sin autorización del Poder Ejecutivo, Servicio de Radiodifusión Comunitaria en los términos definidos por el artículo 4º, numeral 4.1, siempre y cuando hayan iniciado sus trasmisiones antes del 1º de enero de 2005 y no provoquen interferencias perjudiciales entre sí o con otros operadores.

20.3. Las emisoras comunitarias serán habilitadas temporalmente a trasmitir hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación, previo cumplimiento de los alcances de los artículos precedentes.

20.4. A partir de los siguientes sesenta días al cierre del censo nacional, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en consulta con el Consejo Honorario Asesor establecerá los mecanismos para la regularización definitiva de las emisoras identificadas como comunitarias, siguiendo los siguientes procedimientos:

A) En el caso de existir limitaciones de espectro para dar cabida a varios interesados en las condiciones solicitadas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente para un aprovechamiento óptimo del recurso escaso. En caso contrario, pasados quince días desde el inicio de las conversaciones, se habilitará automáticamente un concurso de oposición y méritos entre los mismos, siguiendo los criterios de la presente ley y su reglamento.

B) En el caso de haber disponibilidad de espectro y no ser necesario un concurso de oposición y méritos, se procederá a la habilitación definitiva del servicio, en las condiciones y plazos que establece la presente ley, adecuando si fuera necesario, las características técnicas del proyecto para el mejor cumplimiento de los objetivos y plan de servicios de la emisora, y los planes técnicos nacionales.

20.5. Los llamados o solicitudes para nuevos operadores del Servicio de Radiodifusión Comunitaria podrán realizarse a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley.

20.6 En consideración del limitado número de frecuencias disponibles en el área metropolitana, se reservarán todas las frecuencias disponibles en la banda de FM en esa zona del país al momento de la aprobación de esta ley, exclusivamente para el Servicio de Radiodifusión Comunitaria y otros sin fines de lucro, así como las frecuencias que se liberen en un futuro producto de la optimización del uso del espectro radioeléctrico u otras razones hasta ajustarse a los parámetros establecidos en el inciso primero del artículo 5º de la presente ley.

Montevideo, 16 de noviembre de 2005.

JOSÉ LUIS BLASINA, Representante por Montevideo, EDGARDO ORTUÑO, Representante por Montevideo, DIEGO CÁNEPA, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, UBERFIL HERNÁNDEZ, Representante por Montevideo, PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ, Representante por Montevideo, ALICIA PINTOS, Representante por Montevideo, ALBA M. COCCO SOTO, Representante por Salto, HORACIO YANES, Representante por Canelones, LILIAM KECHICHIÁN, Representante por Montevideo, JUAN C. SOUZA, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley para garantizar la libertad de expresión a través de los medios Comunitarios por Radiodifusión, tiene como objeto plasmar en el ámbito jurídico nacional un marco normativo básico y necesario para garantizar y hacer efectivo el derecho de los habitantes y las organizaciones sociales a la libertad de expresión a través del acceso a los medios de comunicación por radiodifusión.

La experiencia nacional nos indica que hasta el momento la tarea de fundar un medio de comunicación y desde él desarrollar actividades en el marco del ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones se encuentra en manos de la administración de turno que actúa discrecionalmente excediéndose muchas veces en su rol de administrador de un bien que pertenece a toda la comunidad.

Este proyecto es una contribución a la democratización de la comunicación en condiciones de igualdad y no discriminación, a través del reconocimiento de la radiodifusión comunitaria, no solo con el objetivo de regularizar situaciones de hecho sino con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos a vastos sectores de la sociedad uruguaya, en la actualidad y en un futuro.

Un tercer modelo de radiodifusión

Nuestra legislación reconoce el derecho de todo habitante de la República a fundar un medio de comunicación, garantizado por la Ley Nº 16.099 o Ley de Prensa, los artículos 29 y 72 de la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país y vigente con fuerza de ley del derecho interno.

Sin embargo, si se hace un rápido repaso del actual mapa comunicacional uruguayo, nos encontraremos con que más allá de la cantidad de medios, en su absoluta mayoría son emisoras comerciales con fines de lucro, existe una concentración de la propiedad de los mismos (más importante en televisión), una fuerte centralización de los contenidos y agendas informativas desde la capital.

Eso pauta una diferencia con la mayoría de países de la región y el mundo, y con el debido respeto a la diversidad de propiedades en los medios, entendido como un valor democrático en cualquier democracia moderna.

En Uruguay no existen radios y TV gestionadas por grupos sociales, vecinales, sindicales, gremiales, o cooperativos. Tampoco hay radios de universidades, institutos educativos o municipios.

El desbalance hacia una radiodifusión comercial es tan notorio como anacrónico: en el derecho comparado es común la coexistencia de tres modelos de radiodifusión: el estatal, el comercial y el comunitario.

En Uruguay es necesario implementar una política pública de comunicaciones que devuelva el equilibrio a este sistema y con ello enriquezca democráticamente el uso del espectro radioeléctrico, dando cumplimiento a los principios de gestión establecidos en nuestra normativa, que establecen los objetivos de "promover el uso del espectro radioeléctrico como factor de desarrollo económico y social" y "propiciar el acceso equitativo a los recursos radioeléctricos, mediante procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios" (Decreto 114/003 de administración y control del espectro).

Este proyecto de ley puesto a consideración busca estimular la creación de un sector sin fines de lucro y con fines sociales, reequilibrar los sectores de la radiodifusión en Uruguay y evitar que el acceso a esas frecuencias (y por tanto a expresarse e informarse o no) dependa de políticas arbitrarias del gobierno de turno. Políticas que tradicionalmente han alimentado el clientelismo y el amiguismo y le han restado transparencia al ejercicio y uso privado de los medios.

La discrecionalidad en el otorgamiento de frecuencias

La radio y la TV son soportes tecnológicos, como el papel del periódico, para ejercer las libertades de expresión e información. Es una Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) que utiliza un recurso que es patrimonio común de la humanidad, el espectro radioeléctrico.

Esta doble característica define el alcance de la potestad del Estado al administrar las frecuencias radioeléctricas. Por un lado, en cuanto al alcance de las atribuciones estatales y privadas sobre el recurso (ninguno es dueño de las frecuencias, uno administrador, los otros, usuarios de un bien público), y por otro en cuanto a los límites que se establecen a su administración para que no devenga en discriminación al acceso a determinados sectores u opiniones.

Cada vez con mayor fuerza se presenta en el debate público, la crítica a la forma discrecional en que se han otorgado las frecuencias de radio y TV en nuestro país.

Es esta misma discrecionalidad la que ha impedido que muchos sectores de la sociedad no accedieran a frecuencias radioeléctricas. Un sistema que ni siquiera brinda reglas transparentes y justas para que otros empresarios puedan presentar proyectos nuevos y competir con quienes ya gozan del usufructo de una onda radioeléctrica, pero que sobre todo ha sido usado y abusado para impedir la libertad de expresión e información al limitar el acceso a los medios que permiten ejercerla.

Este proyecto de ley es un primer paso para revertir esta situación. La misma establece mecanismos claros, justos y cristalinos para que los sectores sociales hasta hoy excluidos de los medios de comunicación electrónicos, tengan garantizado su derecho a expresarse y no quede librado a la buena voluntad de sus gobernantes.

Desarrollo social, participación ciudadana y control de la gestión pública

El aporte de la radiodifusión comunitaria es reconocido en todo el mundo como un factor positivo en la construcción de la paz, en la superación de la pobreza y la exclusión social y un componente fundamental en las estrategias de desarrollo social, tanto a nivel urbano como rural.

La radio y TV comunitarias también facilitan la participación ciudadana en nuestras democracias, el ejercicio del derecho al acceso a la información y un eficaz instrumento para el control de la gestión pública.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): "los marcos legales y regulatorios que protegen y fomentan los medios comunitarios son especialmente claves para asegurar la libertad de expresión y el acceso a la información de los grupos vulnerables".

Para el Banco Mundial: "las emisoras comunitarias pueden ser medios fundamentales para facilitar la información, la voz y la capacidad para el diálogo… La existencia de una red de emisoras comunitarias… es un medio efectivo para el compromiso cívico de la gente pobre, especialmente el analfabeto pobre".

El Relator de Libertad de Expresión de la OEA ha expresado que las radios comunitarias: "son, en muchos casos, y cuando actúan en el marco de la legalidad, las que ocupan los espacios que dejan los medios masivos; se erigen como medios que canalizan la expresión donde los integrantes del sector pobre suelen tener mayores oportunidades de acceso y participación en relación a las posibilidades que pudieran tener en los medios tradicionales".

Diversidad e igualdad de oportunidades para todos y todas

La ley para garantizar la libertad de expresión a través de los medios comunitarios por radiodifusión es expresión de un nuevo marco regulatorio que promueva la diversidad de voces en el espectro.

Aprobarla, más allá de buscar una solución democrática llenando un vacío en nuestra legislación para dar solución a la situación actual de las radios comunitarias uruguayas, es ponerse al día con recomendaciones y obligaciones internacionales que nuestro país debe considerar y cumplir. Lejos de ser un planteo corporativista, busca poner al Uruguay a la altura de las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de derechos humanos y participación ciudadana.

Entre ellas las expresadas por los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Europa y la OEA: "la promoción de la diversidad, debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. La diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión".

También los compromisos asumidos por nuestro país en la Declaración de Principios de la Cumbre de la Sociedad de la Información, donde se reafirman los principios de "independencia, pluralismo y diversidad de los medios de comunicación", y se obligan a "fomentar la diversidad de regímenes de propiedad de los medios de comunicación".

La Convención sobre Diversidad Cultural de la UNESCO aprobada en octubre con el voto de 148 países, entre ellos Uruguay, entiende que "la libertad de pensamiento, expresión e información, así como la diversidad de los medios de comunicación social, posibilitan el florecimiento de las expresiones culturales en las sociedades".

Entre las políticas y medidas que los Estados tienen el derecho y la obligación de adoptar, se incluyen acciones "para promover la diversidad de los medios de comunicación social". Este instrumento internacional será vinculante para nuestro país en breve tiempo.

En relación directa con el reconocimiento legal de los medios comunitarios, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA ha expresado reiteradamente su preocupación porque "dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias".

Y continúa: "La necesidad creciente de expresión de las mayorías y minorías sin acceso a medios de comunicación, y su reivindicación del derecho de comunicación, de libre expresión de ideas, de difusión de información hace imperante la necesidad de buscar bienes y servicios que les aseguren condiciones básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo".

Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que estas emisoras "deben actuar en un marco de legalidad facilitado por los Estados", y ha recomendado a Uruguay y los Estados miembros de la OEA quienes "en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos".

Este proyecto de ley recoge esas recomendaciones y se convierte en un paso para garantizar esa diversidad e igualdad de oportunidades para todos y todas en Uruguay. Corrige una injusticia contra muchas organizaciones sociales que han querido expresarse estos años a través de las radios comunitarias, pero sobre todo busca reconocer y ampliar derechos ciudadanos, permitiendo que el uso del espectro radioeléctrico sea un factor de desarrollo económico y social y la radiodifusión, un soporte para ejercer la libertad de expresión.

Resumen del proyecto

El presente proyecto se organiza en cuatro Capítulos: Principios Generales, Servicio de Radiodifusión Comunitaria, Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y Disposiciones Finales Transitorias.

En el Capítulo I se establecen los principios generales que orientan el espíritu de la ley y otorgan el marco para su interpretación e implementación.

En el Capítulo II se define el Servicio de Radiodifusión Comunitaria, las finalidades que orientan su accionar, quiénes serán sus titulares y los procedimientos y criterios para la asignación de las frecuencias. Complementariamente, se define el uso de frecuencias para uso experimental de carácter comunitario.

Además, se establecen las condiciones de uso, definiendo plazos para las asignaciones, los mecanismos de sustentabilidad económica que tendrán derecho a ejercer, así como las limitaciones a su uso (intransferibilidad, reinversión de los recursos y causales de revocatoria). Se establece asimismo, una reserva de espectro para la radiodifusión comunitaria.

El Capítulo III crea un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria con participación ciudadana, el cual tendrá carácter consultivo y deberá ser convocado en forma preceptiva por la URSEC.

El Capítulo IV incluye las disposiciones transitorias, dentro de lo cual se establecen plazos para su reglamentación y define los procedimientos para la regularización de las radios comunitarias que trasmiten actualmente en situación irregular.

Montevideo, 16 de noviembre de 2005.

JOSÉ LUIS BLASINA, Representante por Montevideo, EDGARDO ORTUÑO, Representante por Montevideo, DIEGO CÁNEPA, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, UBERFIL HERNÁNDEZ, Representante por Montevideo, PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ, Representante por Montevideo, ALICIA PINTOS, Representante por Montevideo, ALBA M. COCCO SOTO, Representante por Salto, HORACIO YANES, Representante por Canelones, LILIAM KECHICHIÁN, Representante por Montevideo, JUAN C. SOUZA, Representante por Canelones".

Anexo I al
Rep. Nº 498

"Comisión Especial de Población

y Desarrollo Social

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

La Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, por mayoría, aconseja a la Cámara aprobar el proyecto de ley por el cual se establece el reconocimiento del servicio de radiodifusión comunitaria.

Situación general

La radiodifusión en Uruguay está regida en particular por el Decreto-Ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977. En él se establece que se entiende por radiodifusión "el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras, televisivas o similares estén destinadas a la recepción directa del público".

Y en general, se rige también bajo lo establecido por la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, la cual dicta las normas referentes a expresión, opinión y difusión, consagradas por la Constitución de la República.

En Uruguay, la historia de la radiodifusión es la historia de la radiodifusión privada, que no es precisamente lo que en el mundo ha sido lo más corriente. Casos típicos, como algunos países europeos sobre todo luego de la posguerra, ofrecen una perspectiva diferente de predominio público o estatal: Francia, Alemania e Inglaterra.

Actualmente se reconocen dos servicios de radiodifusión, el privado comercial y el público estatal. Este proyecto propone reconocer un tercer sector, que denomina de radiodifusión comunitaria.

Origen

El proyecto tiene origen en un conjunto de organizaciones no gubernamentales y públicas que trabajan sobre la temática de la información. En particular, este proyecto tuvo su origen en la actividad conjunta de AMARC, PIT-CNT, APU, ISODE, IELSUR y UDELAR, entre otras organizaciones.

Este aspecto es de importancia para nosotros, pues reconoce las capacidades existentes en la sociedad organizada que sin pretender sustituir los poderes constitucionales, sí asume responsabilidades ciudadanas y propone ante el Poder Legislativo elementos de interés general.

Tratamiento

Ingresa a la Cámara de Representantes el 17 de noviembre de 2005, siendo primero enviada a la Comisión de Industria, Energía y Minería y luego a la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, en la que el día 7 de diciembre se da cuenta del proyecto. Siendo un tema de relevancia e interés es inmediatamente asumido por la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, la que el día 3 de mayo de 2007, finalizó su tratamiento. Esto es significativo del interés que el tema recogió en el seno de la Comisión y de los intereses que actúan.

Fueron recibidas catorce delegaciones, por su orden: AMARC, UDELAR, PIT-CNT, IELSUR, Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Cátedra de Libertad de Expresión de la UNESCO, ANDEBU, CORI, RED ORO, RAMI, UCUDAL, FEUU y ECOS, Ministerio de Industria, Energía y Minería, URSEC, Red de Radios Comunitarias Cristianas Evangélicas y se recibe por segunda vez a representantes de ANDEBU y RAMI.

La amplitud de opiniones recibidas en la Comisión difícilmente pudiera haber sido mayor, demostrando la gran cantidad de miradas existentes.

Historia de un aspecto de la Radiodifusión Comunitaria, la Radio Comunitaria.

La existencia de proyectos que utilizaran el espectro radioeléctrico para transmitir opiniones que no eran tomadas por los medios existentes no es tan reciente. Se puede reconocer en el retorno de la democracia un punto a partir del cual comienzan a aparecer proyectos de comunicación radial como las que hoy estamos reconociendo y promoviendo. Recordemos que según la legislación vigente, radiodifusión alude tanto a radio como a televisión, a la vez que prevé otras formas.

Importa reconocer que no se está tratando sobre un tema novedoso. Según cuenta el libro "Las Otras Radios", por el año 1986 con un transmisor elemental y antena artesanal un grupo de jóvenes comenzó a hacer pruebas en el barrio Aires Puros.

En 1986 y 1987 fue por el barrio Malvín y arriba de una camioneta en movimiento que transmitió Radio Luna.

Luego del verano de 1996 varias organizaciones comienzan a trabajar para poner formalmente el debate sobre la mesa. En abril se realiza el Encuentro "Con los Pies en la Tierra y la Voz en el Aire", en la Intendencia Municipal de Montevideo. Los promotores fueron algunas de las radios existentes junto a Comunicación Participativa del Cono Sur (Comcosur),

Grupo Aportes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Centro de Investigaciones Franciscano Ecológico. Según expresaban, su objetivo era "romper el silencio acerca de las radios comunitarias y abrir espacios de debate para sacar a nuestras radios los adjetivos piratas y clandestinas y pasar a los contenidos". El encuentro culminó con la "Declaración de Montevideo" en la que se reivindica el derecho de expresión, los medios de propiedad social con igual categoría que los estatales y privados comerciales y también se reclamaba la separación de la Dirección Nacional de Comunicaciones de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional. Entre otras manifestaciones solicitaban la autorización para las radios existentes, así como la reserva de una cuota de frecuencias para empresas sociales sin fines de lucro.

Pero es durante 1996 que se crea un "boom" de estas radios sin autorización de alta centralidad barrial y social, al tiempo que se recrudece el enfrentamiento con el gobierno de entonces y los reclamos de las organizaciones de radios privadas. Se da cuenta entonces de la existencia de La Esquina, Emisora de la Villa, El Puente, Intrusa, Teja Libre, Alternativa, Lejano Oeste, Espacio, Sembrando, Emisora de Emergencia, Uy uy uy, De mente, FEUU, lAVA, Subrreta (Las Piedras), 1811 (Las Piedras), El Anzuelo (El Pinar), Al Sur (Florida) y Oxígeno (Durazno).

Ese mismo año fue un año de varios allanamientos y procedimientos policiales de persecución contra las radios alternativas. En junio la Dirección Nacional de Comunicaciones realizó tres allanamientos simultáneos, que al no encontrar los equipos se llevaron las antenas. En agosto y setiembre hubo una nueva ola de allanamientos y fueron incautados la mayoría de los equipos.

En este escenario se llevó a cabo en noviembre el Foro "Medios de Comunicación Social en Democracia", impulsado por la Coordinadora de Radios Comunitarias y convocado y co-organizado por el Rectorado de la Universidad de la República (UDELAR); Obispo Auxiliar de Montevideo, Monseñor Luis del Castillo; Vicaría Pastoral de Montevideo; Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo; José D'Elía; SERPAJ; Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR); Grupo Aportes y otras organizaciones.

También durante 1997 se siguieron realizando allanamientos junto a otro tipo de acciones menos claras de persecución y amenazas a los integrantes de algunas de las radios. En ese año, es presentado un proyecto por el Poder Ejecutivo por el cual se establecía pena de cárcel para los radiodifusores no autorizados, proyecto que no fue aprobado.

Esta breve reseña que la terminamos en un período de hace exactamente diez años demuestra el interés por la radiodifusión comunitaria y la clara vinculación existente entre las organizaciones sociales sin fines de lucro y la necesidad de tener medios por los que expresarse.

Es de sumo interés destacar que durante los años posteriores las iniciativas no han sido menos y que a partir del año 2000 se nota un cambio, en términos generales, de las políticas hacia estas radios, siendo mayormente aceptadas como un mecanismo legítimo aunque no legal de radiodifusión. Legítimo en tanto viabiliza el ejercicio de un derecho consagrado sin por ello contrariar el interés general o el servicio particular de las radioemisoras privadas. Si esto último sucedía el organismo correspondiente actuaba.

Cabe decir que nadie sabe del paradero de los equipos incautados.

Hasta hoy las radios han tenido varias denominaciones: radios piratas, radios clandestinas, radios ilegales, radios comunitarias, radios alternativas, populares, participativas, etcétera. Poco a poco el concepto del contenido fue primando por sobre los otros y así este fenómeno comienza a reconocerse como radios comunitarias.

Sin embargo, el desarrollo tecnológico y la facilidad de acceso a los medios técnicos necesarios para emitir, fueron abriendo paso a otros contenidos que nada tienen que ver con la radiodifusión comunitaria. Radios que sólo emitían y emiten publicidad pero que en la total ilegalidad no pagan ningún impuesto, generan una clara competencia desleal con las otras radios comerciales que sí pagan, teniendo ambas fines de lucro. Estas radios a nuestro entender no son radios comunitarias y como se verá más adelante no son amparadas por este proyecto.

Derecho comparado en la región

Del estudio presentado por la becaria del PNUD, doctora Laura Di Mayo, queda claro que en los países de la región existe el reconocimiento explícito de la radiodifusión comunitaria en la mayoría de ellos. La reglamentación en general no reconoce limitaciones de potencia para este servicio, a la vez que se reconoce la posibilidad de emitir publicidad bajo diferentes formatos.

Sin dudas existen varios arreglos normativos y legislativos que se adecuan a condiciones nacionales, pero en general se reconoce lo que la propia UNESCO establece según lo cual las radios comunitarias deben actuar en un marco de legalidad facilitado por los Estados, ya que muchas veces "responden en la gran mayoría de los casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores muchas veces relegados discriminados y empobrecidos de la sociedad civil".

A la vez existen declaraciones específicas de recomendaciones por ejemplo, la OEA para que los Estados miembros legislen en el tema.

Principales aspectos del proyecto

El proyecto consta de veinte artículos organizados en cuatro capítulos.

Los elementos centrales del proyecto se asientan sobre la base del reconocimiento del servicio de radiodifusión comunitaria, su definición según sus objetivos y no por limitaciones de la potencia o alcance, así como la no finalidad de lucro, la sustentabilidad y la propiedad social del medio. Por otra parte se crea el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria.

El mundo, actualmente, reconoce este servicio pero es lícito preguntarse su validez. Este proyecto opta por la legislación de un aspecto que podría tener otro camino, como la exclusiva reglamentación según la normativa existente o simplemente la represión y penalización.

Se entiende como necesario y se asume estar en condiciones de ordenar todo el espectro radioeléctrico, estableciendo las garantías para todos y no dejándolo exclusivamente a la competencia de capacidades estrictamente vinculadas con lo tecnológico, fuertemente asociadas a las económicas.

El Capítulo I establece los principios generales a través de los que no se reconoce otra limitante para la utilización del espectro radioeléctrico, que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio del derecho de todos los habitantes de la República a la libertad de expresión y la libertad de información.

También dice del derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas, en tanto el espectro radioeléctrico es patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados. Se establecen los principios para la administración del espectro radioeléctrico, según promoción de pluralidad y diversidad, no discriminación, transparencia y publicidad de procedimientos.

El Capítulo II habla del servicio de radiodifusión comunitaria.

El artículo 4º define lo que se entiende como servicio de radiodifusión comunitaria, el que será un servicio no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social.

Tendrá por finalidad la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social y la convivencia pacífica. No podrá realizar proselitismo ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo.

El inciso cuarto del artículo 4º establece que en ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implique necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida y expresa que el alcance del mismo dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta de comunicación de la emisora.

Se indica, asimismo, que la promoción de la producción sea propia, nacional o local.

El artículo 5º refiere a la reserva del espectro radioeléctrico por parte del Poder Ejecutivo, previo informe de la URSEC y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, para el servicio de radiodifusión comunitaria.

El artículo 6º dice de los titulares del servicio de radiodifusión comunitaria. Éstos serán asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica. También se reconoce la titularidad a grupos o personas organizadas sin fines de lucro según se establece en el presente proyecto de ley.

En tanto que los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para este servicio. Deberán ser ciudadanos naturales o legales y estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

El artículo 7º establece el mecanismo de adjudicación del Poder Ejecutivo de los canales del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión comunitaria. Requerirá resolución del Poder Ejecutivo de acuerdo a la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la URSEC y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Como principio general para la asignación se entiende que el proceso se hará a través de llamados públicos realizados con amplia publicidad y al menos dos veces al año, sin perjuicio de lo cual, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público.

Los criterios para la asignación de frecuencias se establecen en el artículo 8º teniendo en consideración el plan de servicios a la comunidad, los mecanismos previstos para asegurar la participación en la gestión y programación; y, antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

Las frecuencias serán otorgadas por un plazo de diez años según dice el artículo 9º, con posibilidades de prórroga por períodos de cinco años.

La sustentabilidad del proyecto de radiodifusión comunitaria se trata en el artículo 10, en el cual se reconoce que las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial.

La totalidad de estos recursos deberán ser invertidos en el funcionamiento y mejoras en la prestación del servicio. Comprende a la no finalidad de lucro como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria.

Para que esto pueda ser efectivamente ejercitado, se establece en el inciso cuarto de este artículo la realización de una auditoría anual en las emisoras comunitarias.

Los titulares no podrán transferir, ceder, arrendar o vender de ninguna forma los derechos derivados de la asignación de la frecuencia, tal como dice el artículo 11.

La revocatoria de la asignación recibida se hará por lo manifiesto en el artículo 12, aun antes del plazo establecido a las emisoras que incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los que le fue asignada la frecuencia; incumplan el plan de servicios a la comunidad, cuyos titulares incumplan lo expresado en el artículo 6º; no inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 10.

Además del servicio de radiodifusión comunitaria este proyecto a través del artículo 13 reconoce las frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario. Éstas serán asignadas por el Poder Ejecutivo dentro de la reserva prevista para el servicio de radiodifusión comunitaria, actuando por el Ministerio de Educación y Cultura y con asesoramiento de la URSEC. Se asignarán una o más frecuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente y de manera compartida por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días a la semana), las organizaciones civiles sin fines de lucro y aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

En el Capítulo III se crea el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC).

El artículo 15 crea el CHARC, el que actuará de forma independiente y en la órbita administrativa de la URSEC, el que será consultado preceptivamente para la elaboración de la reglamentación de esta ley y los pliegos y mecanismos de asignación.

Estará integrado, según el artículo 16, por nueve miembros honorarios, un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que lo presidirá; un representante del Ministerio de Educación y Cultura; un representante de la Asamblea General del Poder Legislativo; dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios; un representante de la Universidad de la República; un representante rotativo de las universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y que posean carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Tendrá por cometidos participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley, emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria, convocar con la URSEC las audiencias previstas, garantizar la publicidad de los procedimientos, así como emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la URSEC que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El Capítulo IV trata de disposiciones finales transitorias.

El artículo 18 señala que en todo lo no previsto en el presente proyecto y en cuanto no se oponga a éste serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión.

Por el artículo 19 el Poder Ejecutivo reglamentará dentro de un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia de la ley, el sistema de elección de representantes para el CHARC y el funcionamiento del mismo, que deberá quedar instalado formalmente dentro del plazo de los sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la ley dentro del plazo de los sesenta días siguientes a la instalación del CHARC.

El artículo 20 trata sobre la regularización de la situación referente a la utilización del espectro radioeléctrico.

Se establece que dentro del plazo de sesenta días de entrada en vigencia de este proyecto de ley, la URSEC realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación será voluntaria.

Se indica que durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en diferentes normas contra emisoras que estén brindando servicio de radiodifusión comunitaria sin autorización del Poder Ejecutivo en los términos definidos por los artículos 4º y 13, siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales.

Las emisoras serán habilitadas a transmitir temporalmente hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación.

A partir de los sesenta días de terminado el censo, la URSEC en consulta con el CHARC establecerá los mecanismos de la regularización de las emisoras identificadas como comunitarias. Esto se realizará según los procedimientos siguientes: en el caso de existir limitaciones de espectro se abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente, en caso contrario, se habilitará un concurso de oposición y méritos, siguiendo los criterios establecidos en la ley y su reglamentación. Por otro lado, en caso de existir disponibilidad del espectro se procederá a la habilitación definitiva del servicio en las condiciones y plazos que se establecen en el proyecto.

Se señala también que a los efectos de dar cumplimiento a la reserva establecida por el artículo 5º, en reconocimiento de la existencia de localidades o bandas donde la disponibilidades técnicas de frecuencias resultan limitadas, las frecuencias aún vacantes serán asignadas exclusivamente para el servicio de radiodifusión comunitaria y medios públicos.

Por último, a sabiendas de la creciente digitalización del sector de la radiodifusión se reconoce que las nuevas frecuencias que por ello puedan ser liberadas, deberán ser asignadas con el fin de ajustarse a lo establecido por este proyecto de ley.

Luego de descripto el proyecto en sus ideas centrales y adelantando algunas modificaciones a ser realizadas en Sala, la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes recomienda al Cuerpo aprobar el proyecto de ley que se adjunta.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ, Miembro Informante, DOREEN JAVIER IBARRA, EDGARDO ORTUÑO, JUAN JOSÉ PIÑEYRÚA, JUAN ANDRÉS ROBALLO, JUAN C. SOUZA, HORACIO YANES.

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 1º. (Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información y a fundar un medio de comunicación por radiodifusión).- La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y la libertad de información. Por ello no existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de la intervención estatal en su potestad de administrar la asignación de frecuencias.

Artículo 2º. (Derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas).- El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y por tanto el uso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración.

Artículo 3º. (Principios para la administración del espectro radioeléctrico).- El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los derechos establecidos en los artículos 1º y 2º de la presente ley, en base a los siguientes principios:

A) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad debe ser un objetivo primordial de la legislación de radiodifusión, de esta ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado.

B) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República, a los medios de comunicación electrónicos para que puedan ejercer su derecho a la información y libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determinará con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento.

C) Transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permita el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.

CAPÍTULO II

Servicio de Radiodifusión Comunitaria

Artículo 4º. (Servicio de Radiodifusión Comunitaria).- El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria en base a los derechos y principios consagrados en el Capítulo I.

Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro (artículos 6º y 13 de la presente ley) y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los habitantes de la República.

Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social. No podrán realizar proselitismo, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo.

En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión, el cual dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

De acuerdo con la función y responsabilidad que poseen los servicios de radiodifusión comunitaria, su programación deberá ser preferentemente de producción propia y nacional (departamental o local).

La programación también incluirá espacios de producción independiente, preferentemente la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora y siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio.

Artículo 5º. (Reserva del espectro radioeléctrico).- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.

La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.

Artículo 6º. (Titulares).- Serán titulares del servicio de radiodifusión comunitaria, las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.

Podrán serlo también aquellos grupos de personas organizadas sin fines de lucro en los términos que prevé el artículo 13 de la presente ley. En este último caso una o más personas físicas que integren real y efectivamente la organización y ejerzan autoridad en la misma deberán hacerse enteramente responsables de los contenidos a emitir mediante declaración jurada a presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura, con formalidades análogas a las previstas en el artículo 4º de la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, en lo que sea pertinente. Todo ello sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos establecidos en los numerales siguientes del presente artículo.

1.- Los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria y sus directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisora, no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para el servicio de radiodifusión comunitaria. Dichas personas tampoco podrán ser titulares o parientes de titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de radiodifusión no comunitarios.

2.- Los directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad de la conducción y orientación de la emisora deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

Artículo 7º. (Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la URSEC y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no hacerlo en el plazo referido se interpretará en términos favorables la solicitud.

El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

El proceso de asignación de frecuencia se hará:

A) A través de llamados públicos que serán realizados con amplia publicidad y en principio al menos dos veces al año, atendiendo a planes y políticas nacionales de gestión del espectro. Sin perjuicio de lo anterior, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público ampliamente publicitado, en un plazo no mayor de ciento ochenta días desde que fuera substanciada la solicitud.

B) Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará a la asociación interesada una frecuencia en las condiciones establecidas en el llamado.

El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamentación.

En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos administrativos y económicos, y las características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los habitantes de la República.

Artículo 8º. (Criterios para la asignación de frecuencias).- Las asignaciones de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria tendrán opinión preceptiva por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se otorgarán en consideración a los siguientes criterios:

A) El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al servicio de radiodifusión comunitaria (literal A) del artículo 4º).

B) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.

C) Los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

D) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar.

Artículo 9º. (Plazo).- Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionado al cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario, y si hubiere otros interesados, será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 10. (Sustentabilidad económica).- Las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas.

La totalidad de los recursos que obtengan las entidades que brinden el servicio de radiodifusión comunitaria por y para este servicio, deberán ser invertidos en el funcionamiento y mejoras en la prestación del mismo y el desarrollo de los objetivos del servicio de radiodifusión comunitaria.

La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria (literal A) del artículo 4º).

Se realizará una auditoria anual en las emisoras comunitarias a los efectos de demostrar la correcta aplicación del inciso primero del presente artículo y su coherencia con los principios del servicio.

Artículo 11. (Intransferibilidad).- Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación.

Artículo 12. (Revocatoria).- Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aún antes del plazo establecido, aquellas emisoras que, previa opinión de la URSEC y el Consejo Honorario Asesor, y cumplidas las garantías del debido proceso:

A) Incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia.

B) Incumplan el Plan de Servicios a la Comunidad y otros compromisos asumidos públicamente.

C) Cuyos titulares, directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión incumplan las condiciones expresadas en los numerales 1 y 2, del artículo 6º de la presente ley.

D) Cedan, vendan, arrienden o transfieran de cualquier forma los derechos derivados de la asignación.

E) No inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 de la presente ley.

Artículo 13. (Frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario).- El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva de espectro prevista en el artículo 5º, actuando por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura y con asesoramiento de la URSEC, asignará una o más frecuencias por Departamento para ser utilizadas exclusivamente y de manera compartida por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días a la semana):

A) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica.

B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El uso de estos espacios compartidos se extenderá por un plazo igual o menor a un año. En el caso de las propuestas provenientes de instituciones educativas de carácter universitario o iniciativas sociales que no pudieran hacer uso completo de una frecuencia pero acrediten y justifiquen sostener la iniciativa por más tiempo, podrán renovar o prorrogar su uso por plazos iguales, previa evaluación de los compromisos asumidos, opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y aprobación de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Las frecuencias para uso de carácter comunitario se compartirán entre los solicitantes que tuvieran interés, de acuerdo a los procedimientos y criterios de selección previstos en la presente ley y la reglamentación respectiva.

Compete a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura promover y difundir la libertad de expresión y el derecho a la información, en especial a través de las frecuencias que previamente le serán asignadas, identificando y asignando el uso compartido de las mismas a iniciativa de carácter comunitario sin fines de lucro.

Todos y cada uno de los espacios de carácter comunitario deberán ser asignados por concurso abierto u otro mecanismo competitivo. Los requisitos exigidos serán compatibles con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 7º.

CAPÍTULO III

Consejo Honorario Asesor de
Radiodifusión Comunitaria

Artículo 14. (Participación ciudadana).- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la aplicación de la normativa sobre radiodifusión comunitaria y en la elaboración, decisión, implementación y seguimiento de las políticas hacia el sector.

Artículo 15. (Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria).- Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la URSEC, el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento a esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras.

Artículo 16.- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por nueve miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante de la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, un representante de la Universidad de la República, un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean las carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Artículo 17. (Cometidos).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria tendrá como cometidos:

A) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos para la asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria.

B) Determinar las pautas para la evaluación de los criterios de selección en consideración a los requisitos previstos en el artículo 8º de la presente ley.

C) Emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria, en relación con todos los aspectos de la solicitud de que trate y su conformidad o no con las finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria (inciso primero del artículo 4º de la presente ley).

D) Convocar, junto a la URSEC, las audiencias públicas previstas en la presente ley y presidirlas.

E) Garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se substancien en los procedimientos de asignación de frecuencias de servicio de radiodifusión comunitaria.

F) Determinar los medios idóneos para la difusión y publicidad de la solicitud de asignación.

G) Emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la URSEC que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria (artículos 7º, 8º,10,12,13 y 20 de la presente ley).

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales transitorias

Artículo 18. (Normas aplicables).- En todo lo no previsto en la presente ley y en cuanto no se oponga a ésta, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión, sin perjuicio de la revisión de normas técnicas y planes de uso del espectro necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y atendiendo las especificidades del servicio.

Artículo 19. (Reglamentación de la presente ley).- El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y el funcionamiento del mismo, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con opinión preceptiva del mismo y de la URSEC.

Artículo 20. (Regularización).- Dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia la presente ley, la URSEC realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación de las emisoras será voluntaria y se les proveerá de formularios adecuados para que den debida cuenta del cumplimiento de los requisitos y características previstas en la presente ley para el servicio de radiodifusión comunitaria.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización.

Durante el período de realización del censo, no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria en los términos definidos por los artículos 4º y 13 de la presente ley y concordantes, siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales entre si o a otros operadores.

Las emisoras comunitarias serán habilitadas temporalmente a trasmitir hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación, previo cumplimiento de los alcances de los artículos precedentes.

A partir de los siguientes sesenta días al cierre del censo nacional, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en consulta con el Consejo Honorario Asesor establecerá los mecanismos para la regularización definitiva de las emisoras identificadas como comunitarias, siguiendo los siguientes procedimientos:

A) En el caso de existir limitaciones de espectro para dar cabida a varios interesados en las condiciones solicitadas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente para un aprovechamiento óptimo del recurso escaso. En caso contrario, pasados quince días desde el inicio de las conversaciones, se habilitará automáticamente un concurso de oposición y méritos entre los mismos, siguiendo los criterios de la presente ley y su reglamentación.

B) En el caso de haber disponibilidad de espectro y no ser necesario un concurso de oposición y méritos, se procederá a la habilitación definitiva del servicio, en las condiciones y plazos que establece la presente ley, adecuando si fuera necesario, las características técnicas del proyecto para el mejor cumplimiento de los objetivos y plan de servicios de la emisora y los planes técnicos nacionales.

Los llamados o solicitudes para nuevos operadores del servicio de radiodifusión comunitaria podrán realizarse a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley.

A los efectos de dar cumplimiento a la reserva de espectro prevista en el artículo 5º de la presente ley, y en consideración que existen localidades o bandas donde actualmente la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada para cumplir con dicha reserva, las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas exclusivamente para el servicio de radiodifusión comunitaria.

Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser asignadas con el fin de ajustarse al porcentaje establecido en la presente ley.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ, Miembro Informante, DOREEN JAVIER IBARRA, EDGARDO ORTUÑO, JUAN JOSÉ PIÑEYRÚA, JUAN ANDRÉS ROBALLO, JUAN C. SOUZA, HORACIO YANES.

Comisión Especial de Población

y Desarrollo Social

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación. Actualmente es utilizado por un gran número de operadores de frecuencias diferentes, en bandas distintas. Las más notorias, AM y FM, son emisoras con fines de lucro, y las autorizaciones para operar, han sido siempre provisorias y revocables. Las adjudicaciones de estas emisoras es una competencia del Poder Ejecutivo, a través de Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En tal sentido, dejamos constancia que este tema debió ser analizado por la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes.

Desde tiempo atrás, en distintos lugares del país, en forma irregular, sin un marco legal que las autorice a funcionar, han operado radioemisoras de corto alcance, con motivaciones vinculadas a determinados entorno geográfico (barriales o locales) o incluso temático. Este proyecto, que ponemos a consideración de la Cámara de Representantes, tiene como objeto regular la actividad de las radioemisoras conocidas como radios comunitarias.

La regulación de estos espacios debe ser parte de un marco normativo de carácter general que actualice la regulación del espacio radioeléctrico en su totalidad, tarea que debiera encarar la URSEC a la brevedad. No obstante, la inacción de la URSEC en particular, y del Poder Ejecutivo en general, a este respecto, determina la necesidad de encarar un marco regulatorio básico para las radios comunitarias, de forma tal de estimular la acción de los órganos competentes y desalentar las crecientes expectativas alentadas por el propio gobierno.

A nuestro juicio, el proyecto impulsado por la mayoría de la Comisión, pone la "carreta delante de los bueyes", porque en lugar de establecer un marco legal que regule el espectro radioeléctrico en su globalidad, se preocupa exclusivamente por desarrollar un amplio marco normativo que solo refiere a las llamadas radios comunitarias.

En nuestra opinión, es necesario regular la situación de las radios comunitarias (el primer proyecto presentado en el ámbito legislativo en noviembre de 1998 lleva nuestra firma) para evitar un uso caótico del espectro radioeléctrico, al tiempo que el Poder Ejecutivo (por supuesto, con el asesoramiento de la URSEC) promueve un marco general que regule el conjunto del espectro radioeléctrico.

El proyecto que promovemos define a los servicios de radiodifusión comunitarios como aquellos comprendidos dentro del espectro radioeléctrico a que refiere la presente ley, cuyas emisiones sonoras operen en la banda de Frecuencia Modulada (FM), con baja potencia y cobertura restringida, cuyos fines se adecuen a los establecidos en los estatutos de las organizaciones referidas en el siguiente artículo.

Establece los requisitos indispensables para su autorización a funcionar:

a) los usuarios deben ser asociaciones civiles sin fines de lucro.

b) no podrán tener carácter comercial ni emitir publicidad.

Para autorizar el funcionamiento de estas emisoras, se manejan diversos criterios que tienen que ver con aspectos técnicos, con la posibilidad abierta para los interesados en la instalación de este tipo de radioemisoras, e incluso la forma de utilización de horarios y frecuencias. En este sentido se trata de establecer normas absolutamente equitativas para todos, con las garantías técnicas que correspondan al tipo de radioemisoras.

A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones del presente proyecto se plantea la creación de la Comisión Honoraria Administradora del Espacio Radioeléctrico, con una integración plural, donde estén representados los radiodifusores, comerciales y comunitarios, lo que redundará en mayores garantías para todos.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

IVÁN POSADA, Miembro Informante.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Definición).- Se consideran servicios de radiodifusión comunitaria, a los servicios de radio comunicación comprendidos dentro del espectro radioeléctrico a que refiere la presente ley, cuyas emisiones sonoras operen en la banda de Frecuencia Modulada (FM), con baja potencia y cobertura restringida, cuyos fines se adecuen a los establecidos en los estatutos de las organizaciones referidas en el siguiente artículo.

Artículo 2º.- (Autorización).- Sólo podrán solicitar autorización para operar una emisora de radio comunitaria las asociaciones civiles sin fines de lucro, con estatutos debidamente autorizados por la autoridad competente.

Artículo 3º.- (Prohibición).- Las emisoras de radio de carácter comunitario no podrán desarrollar actividad comercial de ninguna naturaleza ni emitir publicidad bajo ninguna forma.

Artículo 4º.- (Criterios).- Las autorizaciones de funcionamiento de las emisoras de radio comunitarias deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

A) El Poder Ejecutivo, asignará en cada departamento, un rango de frecuencias no menor a tres canales consecutivos, estableciéndose las normas técnicas correspondientes teniéndose en cuenta las disposiciones vigentes y lo dispuesto en la presente ley.

B) La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) llamará a interesados, mediante un comunicado público, que se difundirá al menos, por medio de dos órganos de prensa escrita de circulación nacional, el Diario Oficial, cinco informativos radiales y dos informativos televisivos. Además, en los departamentos del interior del país, el comunicado se difundirá al menos en un órgano, de prensa escrita, radial y televisiva, del lugar correspondiente al llamado.

C) La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la URSEC, establecerá los procedimientos técnicos para la calificación de los interesados.

D) En caso de existir más de un interesado para el mismo espacio la adjudicación a estos, deberá ajustarse a los siguientes criterios:

1) Asignar segmentos horarios, no menores a veinte horas semanales.

2) En cada segmento, no menos de cuatro horas que corresponderán a sábado o domingo.

3) Los segmentos serán individualizados mediante una letra, y se reglamentará un procedimiento de rotación tal, que cada asociación civil responsable de la emisión pueda acceder a distintos horarios y días, por período semanal.

Artículo 5º. (Autorizaciones extraordinarias).- El Poder Ejecutivo podrá autorizar en forma extraordinaria, por razones fundadas, previo asesoramiento de la URSEC, solicitudes para operar emisoras dentro del Espacio Eléctrico Comunitario, cuando se trate de un área temática específicamente determinada y por un período de emisión menor a treinta días.

Artículo 6º. (Creación).- Créase la Comisión Asesora Honoraria de Radiodifusión, que funcionará en el ámbito administrativo de la URSEC y estará integrada por cinco miembros: un representante del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá, dos representantes de las radioemisoras comunitarias y dos representantes de las entidades más representativas que agrupen a la radiodifusores privados.

Artículo 7º. (Cometidos).- Los cometidos de la Comisión referida en el artículo anterior serán los de asesorar preceptivamente a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación en los llamados a interesados, adjudicación de las frecuencias, determinación de las zonas, de los horarios de emisión, del sistema de rotación y, en general, de la administración del uso del espacio autorizado.

Artículo 8º. (Registro).- Cométase a la URSEC la creación de un registro de las autorizaciones concedidas para operar a radioemisoras comunitarias.

Artículo 9º. (Sanciones).- Será aplicable a las radioemisoras comunitarias el régimen de sanciones previsto en el Decreto-Ley Nº 14.670, de 15 de junio de 1977.

Artículo 10. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la URSEC, reglamentará la presente ley en un plazo de 120 (ciento veinte) días, contados a partir de la promulgación de la misma.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

IVÁN POSADA, Miembro Informante.

Comisión Especial de Población

y Desarrollo Social

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

La minoría de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, recomienda a la Cámara la no aprobación del proyecto de ley que regula la utilización del espacio radioeléctrico y consagra el servicio de radiodifusión comunitaria.

Quienes suscriben no se oponen a legislar en la materia, porque son conscientes del fenómeno en expansión que, desde el punto de vista social y de la comunicación, representan en el mundo las radios comunitarias. Sin embargo entienden, a su vez, que la iniciativa a estudio implica una mala e inconveniente resolución del tema, por las razones que se dirán.

En primer lugar, la definición del ámbito comunitario de radiodifusión en términos irrestrictos, de ilimitación geográfica, constituye una condición riesgosa -por lo menos-, que puede conducir a una situación tanto de interferencia, como de competencia desleal, con las radios legalmente establecidas en la actualidad. En nuestra visión, como su nombre lo indica, la comunicación comunitaria debe estar circunscripta a la cobertura local, y prestar servicios a un entorno territorial acotado. Por lo dicho, no parece prudente admitir legalmente, bajo esta modalidad, el otorgamiento de frecuencias y de potencias en forma indiscriminada.

Por los mismos fundamentos, el plazo inicial de asignación de 10 años parece exagerado. Uno menor, incluso prorrogable sucesivamente, podría resultar más prudente. No debe olvidarse que es el Estado quien otorga las frecuencias, y velar por su interés supone, entre otros aspectos, prever aquellas situaciones en las que eventualmente pueda llegar a ser demandado por responsabilidad.

Por otra parte, el régimen de sustentabilidad económica que contiene el proyecto, conduce a la misma consecuencia de injusticia y desigualdad mencionada anteriormente. La posibilidad de que las radios comunitarias obtengan recursos, entre otras fuentes, de la venta de publicidad -"incluso oficial"- desvirtúa absolutamente el sentido de las mismas. Se entiende que ellas, razonablemente, financien su actividad a partir de distintas formas de contribuciones solidarias, pero no es comprensible que puedan comerciar, y menos, que reciban avisos del Estado.

En otro orden, la institucionalidad consagrada en la iniciativa a consideración de la Cámara, motivó otra diferencia importante en el análisis realizado por la Comisión. En efecto, los legisladores firmantes fuimos particularmente críticos con la creación de nuevos organismos. Si bien fue eliminado el llamado "Instituto para la promoción de la radiodifusión" que se proponía conformar en la versión original, en la órbita del Ministerio de Ecuación y Cultura, no compartimos la invención del denominado "Consejo honorario asesor de radiodifusión comunitaria", que se mantiene. Tal entidad, en función de los cometidos que se le acuerdan, podría invadir las competencias de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). En nuestro concepto, dicho ente regulador debería ser la exclusiva autoridad en cuanto concierne a la administración del espacio radioeléctrico, y sería oportuno y conveniente que la ley lo protegiera y afirmara en esa condición. Ello no ocurrirá, sino lo contrario, con la iniciativa legal aprobada por la Comisión, en la medida en que llegara a prosperar.

Por estas razones fundamentales, entre otras que serán expuestas en Sala, se recomienda a la Cámara el rechazo del proyecto de ley a estudio, aprobando el proyecto de resolución adjunto.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

PABLO ABDALA, Miembro Informante, BEATRIZ ARGIMÓN, MIGUEL ASQUETA SÓÑORA, SANDRA ETCHEVERRY.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Recházase el proyecto de ley denominado "Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión". (Carpeta 654/2005).

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

PABLO ABDALA, Miembro Informante, BEATRIZ ARGIMÓN, MIGUEL ASQUETA SÓÑORA, SANDRA ETCHEVERRY".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Álvarez López.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Señor Presidente: la Comisión Especial de Población y Desarrollo, por mayoría, aconseja a la Cámara aprobar el proyecto de ley por el cual se establece el reconocimiento del servicio de radiodifusión comunitaria.

La idea es informar de manera general acerca de la situación actual y de lo que claramente se establece en el proyecto.

La radiodifusión en Uruguay está regida en particular por el Decreto-Ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977. En él se establece que se entiende por radiodifusión "el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras, televisivas o similares estén destinadas a la recepción directa del público". En general, también se rige por lo establecido por la Ley Nº 16.099, la cual dicta normas referentes a expresión, opinión y difusión, consagradas por la Constitución de la República.

En Uruguay, la historia de la radiodifusión es la historia de la radiodifusión privada, que no es precisamente lo que en el mundo ha sido lo más corriente. Casos típicos, como los de algunos países europeos, sobre todo en la posguerra, ofrecen una perspectiva diferente de predominio público o estatal.

Actualmente se reconocen dos servicios de radiodifusión: el privado comercial y el público estatal. Este proyecto propone reconocer un tercer sector, que se denomina radiodifusión comunitaria.

El proyecto tiene origen en un conjunto de organizaciones no gubernamentales y públicas que trabajan sobre la temática de la información. En particular, este proyecto tuvo su origen en la actividad conjunta de AMARC, PIT-CNT, APU, ISODE, IELSUR y UDELAR, entre otras organizaciones. Este aspecto es de importancia para nosotros, pues reconoce las capacidades existentes en la sociedad organizada, que, sin pretender sustituir los poderes constitucionales, sí asume responsabilidades ciudadanas y propone ante el Poder Legislativo aspectos de interés general.

El proyecto ingresó a la Cámara de Representantes el día 17 de noviembre de 2005, habiendo sido primero enviado a la Comisión de Industria, Energía y Minería y luego a la Comisión Especial de Población y Desarrollo, que el día 7 de diciembre dio cuenta del proyecto. Siendo un tema de relevancia e interés, es inmediatamente asumido por la Comisión Especial de Población y Desarrollo. El tratamiento en Comisión finalizó el 3 de mayo de 2007. Esto demuestra el interés que el tema recogió en el seno de la Comisión y los intereses que actúan a la hora de discutir esta temática.

Fueron recibidas catorce delegaciones, que fueron, por su orden: AMARC, UDELAR, PIT-CNT, IELSUR, Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Cátedra de Libertad de Expresión de la UNESCO, ANDEBU, CORI, RED ORO, RAMI, UCUDAL, FEUU Y ECOS, Ministerio de Industria, Energía y Minería, URSEC, Red de Radios Comunitarias Cristianas Evangélicas, y se recibe por segunda vez a representantes de ANDEBU y RAMI. La amplitud de opiniones recibidas en la Comisión difícilmente podría haber sido mayor, dando cuenta de la cantidad de miradas existentes sobre el punto.

La existencia de proyectos que utilizaron el espectro radioeléctrico para trasmitir opiniones que no eran tomadas por los medios existentes no es tan reciente. Se puede reconocer en el retorno de la democracia un punto a partir del cual comienzan a aparecer proyectos de comunicación radial como los que hoy estamos reconociendo y promoviendo. Recordemos que, según la legislación vigente, la radiodifusión alude tanto a la radio como a la televisión, a la vez que prevé otras formas.

Importa reconocer que no se trata de un tema novedoso. Según cuenta el libro "Las otras radios", por el año 1986, con un trasmisor elemental y una antena artesanal, un grupo de jóvenes comenzó a hacer pruebas en el barrio Aires Puros.

En 1986 y 1987 fue por el barrio Malvín y arriba de una camioneta en movimiento que trasmitió Radio Luna.

Luego del verano de 1996, varias organizaciones comenzaron a trabajar para poner formalmente el debate sobre la mesa. En abril se realizó el Encuentro "Con los Pies en la Tierra y la Voz en el Aire", en la Intendencia Municipal de Montevideo. Los promotores fueron algunas de las radios existentes junto a Comunicación Participativa del Cono Sur (COMCOSUR), Grupo Aportes de la Asociación Cristiana de Jóvenes y Centro de Investigaciones Franciscano Ecológico; según expresaban, su objetivo era "romper el silencio acerca de las radios Comunitarias y abrir espacios de debate para sacar a nuestras radios los adjetivos piratas y clandestinas y pasar a los contenidos". El Encuentro culminó con la "Declaración de Montevideo", en la que se reivindica el derecho de expresión, los medios de propiedad social con igual categoría que los estatales y privados comerciales, y también se reclamaba la separación de la Dirección Nacional de Comunicaciones de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional. Entre otras manifestaciones, se solicitaba también la autorización para las radios existentes, así como la reserva de una cuota de frecuencias para empresas sociales sin fines de lucro.

Pero fue durante 1996 que se generó un "boom" de estas radios sin autorización, de alta centralidad barrial y social, al tiempo que recrudeció el enfrentamiento con el Gobierno de entonces y los reclamos de las organizaciones de radios privadas. Se dio cuenta de la existencia de La Esquina, Emisora de La Villa, El Puente, Intrusa, Teja Libre, Alternativa, Lejano Oeste, Espacio, Sembrando Emisora de Emergencia, Uy uy uy, De mente, Feuu, Iava, Subrreta, 1811, El Anzuelo, Al Sur y Oxígeno. Ese mismo año hubo varios allanamientos y procedimientos policiales de persecución contra las radios alternativas. En junio, la Dirección Nacional de Comunicaciones realizó tres allanamientos simultáneos y, al no encontrar los equipos, se llevaron las antenas. En agosto y setiembre hubo una nueva ola de allanamientos y fue incautada la mayoría de los equipos.

En ese escenario se llevó a cabo, en noviembre, el foro "Medios de comunicación social en democracia", impulsado por la Coordinadora de Radios Comunitarias y convocado y coorganizado por el Rector de la Universidad de la República; Monseñor Luis del Castillo, Obispo Auxiliar de Montevideo; la Vicaría Pastoral de Montevideo; la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo; José D'Elía; SERPAJ; el Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay y el Grupo Aportes, entre otras organizaciones.

También durante 1997 se siguió realizando allanamientos, junto a otro tipo de acciones menos claras de persecución y amenazas a los integrantes de algunas de las radios. Y en ese año fue presentado un proyecto por el Poder Ejecutivo por el cual se establecía pena de cárcel para los radiodifusores no autorizados, que no fue aprobado.

Esta breve reseña que terminamos de hacer, de un período de exactamente diez años, demuestra el interés por la radiodifusión comunitaria y la clara vinculación existente, a nuestro entender, entre las organizaciones sociales sin fines de lucro y la necesidad de tener medios por los cuales expresarse.

Es de sumo interés destacar que durante los años posteriores las iniciativas no han sido menos y que a partir del año 2000 se nota un cambio, en términos generales, de las políticas respecto a estas radios, siendo mayormente aceptadas como un mecanismo legítimo, aunque no legal, de radiodifusión; legítimo, en tanto viabiliza el ejercicio de un derecho consagrado, sin por ello contrariar el interés general o el servicio particular de las radioemisoras privadas. Si esto último sucedía, el organismo correspondiente actuaba.

Cabe decir que nadie sabe el paradero de los equipos incautados durante todo este período.

Hasta hoy las radios han tenido varias denominaciones: radios piratas, radios clandestinas, radios ilegales, radios comunitarias, radios alternativas, radios populares, radios participativas, etcétera. Por suerte, poco a poco el concepto del contenido fue primando sobre los otros, y así este fenómeno comienza a reconocerse a nivel general como radios comunitarias.

Sin embargo, el desarrollo tecnológico y la facilidad de acceso a los medios técnicos necesarios para emitir fueron abriendo paso a otros contenidos que nada tienen que ver con la radiodifusión comunitaria. Hablo de radios que solo emitían y emiten publicidad, pero que en la total ilegalidad no pagan impuesto alguno, generando una clara competencia desleal a las otras radios comerciales que sí pagan, teniendo ambas fines de lucro. Estas radios, a nuestro entender, no son comunitarias y, como se verá más adelante, no son amparadas por este proyecto.

Del estudio presentado por la becaria del PNUD que trabajó en la Comisión, doctora Laura Di Mayo, surge claramente que en la mayoría de los países de la región existe el reconocimiento explícito de la radiodifusión comunitaria. La reglamentación en general no reconoce limitaciones de potencia para este servicio, a la vez que se reconoce la posibilidad de emitir publicidad bajo diferentes formatos.

Sin duda, existen varios arreglos normativos y legislativos que se adecuan a condiciones nacionales, pero en general se reconoce lo que la UNESCO establece: las radios comunitarias deben actuar en un marco de legalidad facilitado por los Estados, ya que "responden en la gran mayoría de los casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores muchas veces relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil". A la vez, existen declaraciones específicas de recomendaciones, por ejemplo de la OEA, para que los Estados miembro legislen sobre el tema.

Los principales aspectos del proyecto son los siguientes.

Consta de 20 artículos, organizados en cuatro capítulos.

Los aspectos centrales del proyecto se asientan sobre la base del reconocimiento del servicio de radiodifusión comunitaria, su definición según sus objetivos y no por limitaciones de la potencia o el alcance, así como también en la no finalidad de lucro, la sustentabilidad y la propiedad social del medio. Por otra parte, se crea el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria.

Actualmente, el mundo reconoce este servicio, pero es lícito preguntarse sobre su validez. Este proyecto opta por la legislación de un aspecto que podría tener otro camino, como la exclusiva reglamentación según la normativa existente o simplemente la represión y penalización.

Se entiende como necesario y se asume estar en condiciones de ordenar todo el espectro radioeléctrico, estableciendo las garantías para todos y no dejándolo librado solo a la competencia de capacidades estrictamente vinculadas con lo tecnológico, que están muy asociadas a las económicas.

El Capítulo I establece los principios generales, a través de los cuales no se reconoce otra limitante para la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio del derecho de todos los habitantes de la República a la libertad de expresión y la libertad de información. También habla del derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas, en tanto el espectro radioeléctrico es patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados.

Se establecen los principios para la administración del espectro radioeléctrico, según promoción de pluralidad y diversidad, no discriminación, transparencia y publicidad de procedimientos.

El Capítulo II habla del servicio de radiodifusión comunitaria. El artículo 4º define lo que se entiende por este servicio: será un servicio no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social. Tendrá por finalidad la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social y la convivencia pacífica. No podrá realizar proselitismo ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo. El cuarto inciso de este artículo 4º establece que en ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitario implique necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, y expresa que el alcance de él dependerá de la disponibilidad y de los planes de uso del espectro de la propuesta de comunicación de la emisora.

Se indica la promoción de la producción propia, nacional o local.

El artículo 5º refiere a la reserva del espectro radioeléctrico por parte del Poder Ejecutivo, previo informe de la URSEC y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria para el SRC.

El artículo 6º habla de los titulares del servicio de radiodifusión, que serán asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica; también se reconoce la titularidad a grupos o personas organizadas sin fines de lucro, según se establece en otro artículo, al que haremos referencia más adelante. Los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para el servicio de radiodifusión comunitaria. Deberán ser ciudadanos naturales o legales y estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

El artículo 7º establece el mecanismo de adjudicación por parte del Poder Ejecutivo de los canales del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión comunitaria. Requerirá resolución del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la URSEC y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Como principio general para la asignación, se entiende que el proceso se hará a través de llamados públicos, realizados con amplia publicidad y al menos dos veces al año. Sin perjuicio de ello, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público.

Los criterios para la asignación de frecuencias se establecen en el artículo 8º, teniendo en consideración el plan de servicios a la comunidad, los mecanismos previstos para asegurar la participación en la gestión y programación y los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

Las frecuencias serán otorgadas por un plazo de diez años, según se establece en el artículo 9º, con posibilidad de prórroga por períodos de cinco años.

La sustentabilidad del proyecto de radiodifusión comunitaria se trata en el artículo 10, en el cual se reconoce que las entidades sin fines de lucro que presten el servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo. A tales efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad, incluso oficial.

La totalidad de estos recursos deberá ser invertida en el funcionamiento y mejoras en la prestación del servicio; y se entiende la no finalidad de lucro como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación, su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria. Para que esto pueda ser efectivamente ejercitado, se establece en el cuarto inciso de este artículo la realización de una auditoría anual en las emisoras comunitarias.

Los titulares no podrán transferir, ceder, arrendar o vender de ninguna forma los derechos derivados de la asignación de la frecuencia, tal como establece el artículo 11.

La revocatoria de la asignación recibida se hará por lo manifestado en el artículo 12, aun antes del plazo establecido, a las emisoras que incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los que les fue asignada la frecuencia; que incumplan el plan de servicios a la comunidad; y cuyos titulares incumplan lo expresado en el artículo 6º o no inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 10.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Ibarra)

¾ ¾ Además del servicio de radiodifusión comunitaria, este proyecto, a través del artículo 13, reconoce las frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario. Estas serán asignadas por el Poder Ejecutivo dentro de la reserva prevista para el servicio de radiodifusión comunitaria, actuando con el Ministerio de Educación y Cultura y con asesoramiento de la URSEC. Se asignarán una o más frecuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente, y de manera compartida, por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para usos de carácter comunitario, algunas horas o días a la semana, las organizaciones civiles sin fines de lucro y aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria. Aquí sí se diferencia el carácter exclusivamente local en un proyecto de radiodifusión comunitaria.

En el Capítulo III se crea el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria.

El artículo 15 crea este Consejo, que actuará de forma independiente y en la órbita administrativa de la URSEC, que será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento de esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación, etcétera. Estará integrado, según establece el artículo 16, por nueve miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que lo presidirá; un representante del Ministerio de Educación y Cultura; un representante de la Asamblea General del Poder Legislativo; dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios; un representante de la Universidad de la República; un representante rotativo de las universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean carreras de comunicación, y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, la promoción y la defensa de la libertad de expresión. Entendemos que una integración plural que incorpore actores más allá de lo técnico es necesaria para encarar un sector novedoso como la radiodifusión comunitaria. Tendrá por cometidos participar en la elaboración del reglamento de la presente ley, emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias de este servicio, convocar con la URSEC las audiencias previstas y garantizar la publicidad de los procedimientos, así como emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la URSEC que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El Capítulo IV trata las disposiciones finales transitorias.

El artículo 18 establece que en todo lo no previsto en el presente proyecto, y en tanto no se opongan a este, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión. Entiendo que este artículo elimina la sospecha de una competencia desleal, pues todo lo que aquí no está establecido se regirá por las normas existentes.

Por el artículo 19 el Poder Ejecutivo reglamentará, dentro de un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia de la ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor y su funcionamiento; deberá quedar instalado formalmente dentro de un plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la ley. El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la ley dentro del plazo de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor.

El artículo 20 trata sobre la regularización de la situación referente a la utilización del espectro radioeléctrico.

Se establece que, dentro del plazo de sesenta días desde la entrada en vigencia de esta ley, la URSEC realizará un censo para establecer la cantidad y la ubicación de las radios comunitarias. La presentación será voluntaria.

Se indica que durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en diferentes normas a las emisoras que estén prestando, sin autorización del Poder Ejecutivo, un servicio de radiodifusión comunitaria en los términos definidos por los artículos 4º y 13 de este proyecto, siempre y cuando hayan iniciado sus trasmisiones antes de los doce meses de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales.

Las emisoras serán habilitadas a trasmitir temporalmente hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación.

A partir de los sesenta días de terminado el censo, la URSEC, en consulta con el Consejo Asesor, establecerá los mecanismos de la regularización de las emisoras identificadas como comunitarias. Esto se realizará según los procedimientos siguientes: en el caso de existir limitaciones de espectro, se abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente; en caso contrario, se habilitará un concurso de oposición y méritos, siguiendo los criterios establecidos en la ley y su reglamentación. Por otro lado, en caso de existir disponibilidad del espectro se procederá a la habilitación definitiva del servicio en las condiciones y plazos que se establezcan en el proyecto.

Se señala también que, a los efectos de dar cumplimiento a la reserva de un tercio del espectro establecida en el artículo 5º, en reconocimiento de la existencia de localidades o bandas en las cuales la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada, las frecuencias aún vacantes serán asignadas exclusivamente al servicio de radiodifusión comunitaria y a medios públicos.

A sabiendas de la creciente digitalización del sector de la radiodifusión se reconoce que las nuevas frecuencias que por ello puedan ser liberadas deberán ser asignadas con el fin de ajustarse a lo establecido por este proyecto.

Luego de descrito el proyecto en sus ideas centrales y adelantando algunas modificaciones a ser realizadas, quiero destacar que durante el transcurso del debate en Comisión fue notorio cómo se avanzó globalmente acerca de la comprensión del tema. Entre otros aspectos, todos coincidimos finalmente en la necesidad de legislar sobre la existencia de este sector, tanto los partidos como las organizaciones y gremiales del ramo.

Esta iniciativa no se materializa para perjudicar a ningún proyecto de radiodifusión.

Entendemos que aún queda materia por tratar en cuanto al reconocimiento de servicios de radiodifusión que no fueran públicos, comerciales o comunitarios; ojalá lleguemos a una legislación general que incorpore estos nuevos aspectos.

Por último, ninguna organización social con personería jurídica sin fines de lucro está privada de presentarse para obtener los permisos a fin de hacer uso del servicio de radiodifusión comunitaria; tampoco los religiosos, pues no es su actividad sino su propuesta de uso y programación la que será reconocida por el servicio de radiodifusión comunitaria.

Por estas razones, la Comisión Especial de Población y Desarrollo, por mayoría, recomienda al Cuerpo aprobar el proyecto de ley en tratamiento.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: el Partido Nacional va a votar en contra en general este proyecto de ley y también la mayoría de sus artículos, salvo el 1º, 2º y 3º, por las razones que nosotros vamos a expresar y en el afán de legislar, en este como en todos los temas, de la manera que entendamos, honesta y conscientemente, que es la más correcta a los efectos de la mejor resolución de las cuestiones que se ponen a consideración del Cuerpo. Quiero aclarar verdaderamente el estilo de nuestra posición o el tenor de nuestra actitud política en este caso.

Con el Gobierno, en muchos temas -diría que en la mayoría- hemos tenido discrepancias de distinto orden. Muchas veces ha habido discrepancias de carácter filosófico profundo, han mediado -por qué no decirlo- cuestiones ideológicas; otras veces, sin embargo, lo que ha habido es una diferencia en el alcance de las soluciones, en su tenor, en los instrumentos o en las herramientas que se escogen a la hora de implementar determinadas soluciones de carácter legislativo en la persecución de determinados objetivos. Esto no es menor, porque algunas veces en la elección de los instrumentos nos hemos opuesto en la medida en que esas decisiones terminan por afectar valores fundamentales del sistema de convivencia y muchas veces principios de rango constitucional; por ejemplo, el principio de la libertad y el propio principio de igualdad en materia jurídica. En ese sentido, creemos que en este proyecto de ley, desde el punto de vista de determinadas situaciones generadoras de discriminación a la hora de definir muchos alcances de esta iniciativa, ese principio puede llegar a verse afectado.

Estamos de acuerdo en reconocer el fenómeno de la radiodifusión comunitaria y, por lo tanto, en darle consagración legislativa. Nos parece bien y razonable proponernos legislar en la materia, pero, como decíamos hace un rato, debemos hacerlo de manera correcta, respecto a lo cual -naturalmente quedará evidenciado en este debate- puede haber distintas interpretaciones, y de hecho las hay.

Estamos de acuerdo con los tres primeros artículos porque en los principios generales coincidimos. Por supuesto que nos parece bien -más allá de que ya tenga consagración en el sistema jurídico- reafirmar la vigencia de la libertad de expresión, de la libertad de información; nos parece muy bien consagrar el derecho al uso equitativo de las frecuencias radioeléctricas; coincidimos en los principios de pluralidad, de diversidad, de no discriminación, de transparencia y de publicidad. Todo esto, por cierto, lo entendemos bueno y oportuno.

Creo que oportuno es también reafirmar en este momento el principio de la libertad de expresión, inclusive asociado a los aspectos vinculados con la radiodifusión, cuando el continente, lamentablemente, está ofreciendo o ha ofrecido ejemplos negativos en los últimos días. Me estoy refiriendo al caso notorio, público y conocido de la revocación de concesiones en la República Bolivariana de Venezuela, un ejemplo latente y palmario de cómo los gobiernos, cuando no se apegan a criterios de estilo democrático, pueden llegar a avasallar la libertad de expresión.

Sin embargo, también entendemos correcto hacerlo en los términos debidos, y desde ese punto de vista, cuando el proyecto de ley proclama que la única limitación a los principios generales es aquella que tenga que ver con asegurar y dar garantías a todos los operadores y a todos los ciudadanos de que pueden gozar de esos principios en términos de equidad, creemos que empieza a demostrar que no cumple con su finalidad.

Nosotros habríamos sido partidarios -yendo a lo concreto, a los contenidos específicos de este proyecto de ley- de encarar este tema con un sentido mucho más general, abarcativo o abarcatorio, planteándonos legislar para una regulación completa en materia del uso del espacio radioeléctrico, y no solo crear un estatuto -como aquí se está proponiendo- para este fenómeno que reconocemos como tal, es decir, el llamado tercer sector -como decía el Diputado Álvarez López-, diferenciándolo de las radios privadas, comerciales, y de las que son de naturaleza pública y estatal. Habríamos entendido, y entendemos, que esta era una buena oportunidad para actualizar la normativa vigente en esta materia, que, como todos sabemos, es el Decreto-Ley Nº 14.670, de 1977, que apenas implica un cuerpo normativo de siete u ocho artículos y que, yo diría, desde ese punto de vista está indicando un vacío o una verdadera necesidad de avanzar en una regulación más completa, pero completa en serio, incluyendo las distintas modalidades y formas de comunicación y no solo estas. Por lo tanto, esto es algo que indica o marca una objeción a este proyecto, que nosotros queremos señalar.

En cuanto a los contenidos, que pueden agruparse en tres grandes capítulos o aspectos fundamentales que nos distancian de esta solución, cada uno por sí mismo y los tres analizados en forma conjunta y complementaria, nos llevan a la conclusión de que este proyecto de ley implica una solución imprudente y peligrosa. Desde ese punto de vista -no lo vamos a negar- también nos genera una suerte de desconfianza con relación a lo que después será la aplicación, utilización y administración de los instrumentos que se están creando.

La primera objeción central tiene que ver con la definición de ilimitación territorial. El artículo 4º establece claramente que podrán otorgarse y asignarse ondas y frecuencias sin el más mínimo límite territorial o geográfico. Si bien la condición de comunitario está asociada, primero que nada, a la propia naturaleza de la información y de los contenidos de la actividad y de la comunicación, también está indisolublemente asociada -en nuestra perspectiva- a aspectos que tienen que ver con los alcances territoriales y con las limitaciones geográficas, que aquí no se prevén.

La posibilidad -posibilidad no es probabilidad, pero sí es una alternativa, y esta futura ley habrá de permitirlo- de que se otorguen ondas de alcance nacional, por ejemplo, es algo que nos determina a oponernos a esta solución y a sostener que la misma es inconveniente y se aleja del sentido de la naturaleza comunitaria que el propio proyecto de ley desde un comienzo proclama y dice perseguir.

Otro tanto ocurre con los aspectos de sustentabilidad económica, es decir, con las fuentes de recursos que las llamadas radios comunitarias podrán utilizar a los efectos de su propio financiamiento. También en esto creemos que en la solución hay una clara extralimitación, que en este caso nosotros -el legislador- cometeríamos si procediéramos a aprobar el artículo 10, como aquí se ha mencionado, en términos de habilitar a las radios comunitarias para contar con donaciones, patrocinios, publicidad, fundamentalmente lo que implica la alternativa de comerciar; esto podría poner en entredicho y cuestionar la ausencia del lucro, que se supone está implícita e inmersa en la condición de la radio comunitaria.

Nos parece peor que el concepto de venta de publicidad también sea irrestricto, a tal punto que no se limita, por ejemplo, como ocurre en otros países, a la alternativa de que las radios vendan publicidad a industrias o comercios de su propio entorno, sino que no hay limitación; tanto no la hay que inclusive la publicidad podrá ser del Estado. Estas radios podrán contar con el patrocinio o la publicidad oficial en algo que termina por desvirtuar completamente el verdadero alcance y limitación que, en este caso específico, desde el punto de vista de la sustentabilidad económica, estas formas de comunicación comunitaria deberían tener y exhibir como tales.

Hay un tercer aspecto -dijimos que eran tres grandes capítulos que nos han llevado a definir esta posición política en la sesión del día de hoy- que queremos señalar y que nos parece tan grave o, en todo caso, tan delicado como los anteriores. Es el de la institucionalidad. Este Gobierno ha sido muy afecto -lo hemos visto en distintas instancias parlamentarias- a crear nuevas instituciones, nuevos consejos, nuevas organizaciones oficiales, gubernamentales, paragubernamentales, públicas, no estatales, o más o menos estatales o públicas, que supuestamente convocan a la participación de los sectores interesados y donde supuestamente se definen las políticas. Yo diría que estos ámbitos -y en este caso particular tengo ese temor- están llamados a licuar en algún sentido las verdaderas responsabilidades a la hora de la administración, en este caso, del espacio radioeléctrico, y a disimular determinadas situaciones que, eventualmente, detrás de esa fachada pueden llegar a darse.

A través del proyecto de ley se crea el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, que creemos verdaderamente inconveniente, no tanto por la forma de su integración -en definitiva, eso no es lo medular del análisis en este aspecto-, pero sí por los cometidos y competencias que se le asignan. Creemos que este Consejo, esta innovación que este proyecto de ley contiene, va a conducir a una interferencia con las facultades, cometidos y atribuciones de la entidad reguladora, que en esta materia debería ser la que verdadera y exclusivamente interviniera, es decir, la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

A la hora de plantearnos esto en términos de globalidad, como una ley que regule todos los aspectos vinculados con la radiodifusión, el país, en este contexto, debería estar procurando fortalecer el papel de la URSEC, darle la mayor autonomía posible para administrar el espacio radioeléctrico y separar todo lo posible estas decisiones de las definiciones de carácter político, del poder político o del sistema político. Sin embargo, creemos que se avanza en la dirección contraria. Creo que, en lo que tiene que ver con la institucionalidad, se avanza en una dirección que no es la correcta.

Me parece que este Consejo que se está creando determinará que en el futuro advirtamos una gran concentración de los poderes de decisión, disimulados por un supuesto ámbito, ámbito legitimador, en el que participaría la sociedad civil, el Estado, la Universidad, las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la radiodifusión comunitaria, pero que en última instancia no desconocerá el férreo control que con respecto a todos estos temas va a mantener, reafirmar y consolidar el Poder Ejecutivo a la hora de otorgar ondas o a la hora de revocarlas.

Eso nos parece verdaderamente inconveniente.

Queremos destacar que de la versión original se eliminó una segunda institución que se intentaba crear, denominada de Promoción de Radiodifusión Comunitaria. Queremos destacar esto como algo que, por lo menos, alivia el resultado. Lamentamos que se haya eliminado todo el capítulo por el cual se creaba ese instituto de Promoción de Radiodifusión Comunitaria, porque en algún aspecto en el artículo 13 se lo asociaba a las ondas de uso experimental y a las emisiones de carácter educativo, con cobertura local, en un concepto que se aproxima bastante al que tenemos con relación a estos temas.

No entendemos muy bien por qué algo que convocaba a la unanimidad, que establecía un concepto verdaderamente comunitario en cuanto a un alcance limitado y acotado desde el punto de vista del otorgamiento de las ondas y frecuencias, se eliminó, en una definición que supongo vinculada a que esas experiencias de comunicación se regirán por las normas generales, pero, a nuestro juicio, hubiera sido bueno establecerlo a texto expreso.

Nosotros no nos afiliamos al discurso esquizofrénico de decir que todo está mal y que esta solución avanza hacia la regulación de un fenómeno como el de las radios comunitarias que nosotros no aceptamos. Por el contrario, sí aceptamos que las haya y que se legisle en esta materia. En distintas instancias se presentaron a la Comisión otros proyectos que cuentan con nuestro visto bueno, con nuestra simpatía o, en todo caso, se aproximan bastante a lo que el Partido Nacional entiende que sería la solución más conveniente.

El Partido Independiente ha impulsado un proyecto de ley en este sentido -al que, seguramente, se va a referir el señor Diputado Posada- que desde el punto de vista de las regulaciones, de las limitaciones o de los aspectos reglamentarios se acerca bastante a lo que nosotros pensamos.

Por su parte, ANDEBU y RAMI presentaron iniciativas en el mismo sentido, estableciendo limitaciones razonables al alcance del otorgamiento de las frecuencias y, por lo tanto, de la potencia que se otorgaría a estas formas de comunicación.

Quiero estribar brevemente en el proyecto que la URSEC elaboró en el período pasado a partir de una Comisión que se creó en 2001. Según tenemos entendido, en ella participaron todos los sectores de la sociedad civil vinculados con el tema, porque fueron consultados ANDEBU, RAMI y la propia AMARC, que ha sido impulsora del proyecto de ley que hoy estamos analizando. Esta iniciativa también fue objeto de una consulta pública que se realizó en 2002, y diría que desde el punto de vista de los contenidos -terminó de redactarse en 2003- define claramente lo que nosotros entendemos como una adecuada concepción de lo que deben ser el marco jurídico y el marco regulatorio de los servicios de radiodifusión comunitarios.

Así, se habla de servicio de radiodifusión sonora de baja potencia, se establecen los conceptos de baja potencia y cobertura restringida, se establece para la potencia un límite máximo de 50 watts, una altura media de antena de 30 metros y una cobertura restringida desde el punto de vista del alcance territorial, de 1,5 kilómetros.

Diría que esto es la expresión de una alternativa razonable con relación a estos temas. Más allá de ajustes que pudieran haberse formulado a ese proyecto de ley en la discusión legislativa, nos habríamos aproximado bastante a apoyarlo, porque compartimos sus términos generales. Además, es el que oportunamente elaboró la URSEC, con el asesoramiento de sus servicios, y en algún sentido realiza lo que podría ser la definición institucional de la entidad reguladora.

Hay temas de procedimiento que también cuestionamos y que nos llevan a votar en contra este proyecto de ley. El artículo 7º, que regula los mecanismos y las formas de la adjudicación de las ondas y las frecuencias, merece una serie de objeciones muy claras y contundentes. No entiendo muy bien por qué se incluye aquí la convocatoria a una audiencia pública, cuando el procedimiento regular que se establece para la adjudicación del espacio radioeléctrico es el de un llamado a licitación de carácter general y con la mayor publicidad. Pero allí está dicho y me parece que no están muy claros ni especificados los verdaderos motivos.

Tampoco nos parece bien establecer legalmente la obligación de que el Poder Ejecutivo realice todos los años por lo menos dos llamados públicos para otorgar ondas de radiodifusión comunitaria. El espacio radioeléctrico es por definición un espacio finito, y creo que no debería establecerse en forma rígida que el Poder Ejecutivo tiene la obligación, cuando en realidad dependerá o estará condicionado por las posibilidades que ofrezca el espectro en cada circunstancia. Entonces, yo diría que cuando el artículo 7º consagra esa alternativa no lo hace en términos convenientes ni prudentes; por eso hablábamos anteriormente de la imprudencia.

Fundamentalmente, creo que se establece un enorme poder para el ya mencionado Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, pues frente a cualquier pedido o planteo de un interesado o asociación civil sin fines de lucro que presente un proyecto de radiodifusión comunitaria, el Poder Ejecutivo está obligado a otorgar la onda cuando medie informe favorable de este órgano. Me parece que es darle un inconmensurable poder. Francamente, me preocupa, y entiendo que debería haberse previsto una solución claramente diferente.

También hay disposiciones transitorias que tienen que ver con la regularización -concretamente, me refiero al artículo 20- de situaciones que hoy están planteadas en los hechos, como aquí se reseñó, desde hace algunos años. La propia expectativa de que un proyecto de ley de estas características se presentara en 2005 fue como una suerte de disparador para que empezaran a pulular radios comunitarias ilegales a lo largo y ancho del territorio nacional en una resultante que considero peligrosa. Además, hay que tener mucho cuidado a la hora de regularizar, de legitimar o de sanear.

En ese sentido -se lo manifestamos al señor Lev cuando concurrió junto con el Directorio de la URSEC a la Comisión Especial de Población y Desarrollo-, creo que la actual conducción de la URSEC -lo digo con enorme respeto, pero con toda convicción- ha estado verdaderamente omisa a la hora de cumplir con sus cometidos, porque no ha aplicado la ley. Frente a las denuncias que por decenas presentaron, por ejemplo, las radios del interior, los particulares, los titulares, los permisarios de las radios comerciales legalmente establecidas en todo el país, la respuesta de la URSEC fue el silencio y la inacción. En nada intervino, en nada tomó cartas en el asunto, siempre con el pretexto de que esperaba esta ley para regularizar esas situaciones que se venían dando. Son tremendamente irregulares, tanto que la propia AMARC, la organización no gubernamental que, como dije hace un rato, ha corredactado -si no redactado totalmente- la versión original del proyecto de ley que estamos analizando, alertó sobre esta situación, en términos que comparto perfectamente. Expresó su preocupación por el surgimiento de radios, según ellos, sin autorización -yo puedo llegar a compartirlo- que nada tienen que ver con los principios y objetivos auténticos de la radiodifusión comunitaria. Sin embargo, hoy están actuando en forma absolutamente ilegal en nuestro país, de manera absolutamente especulativa y -yo diría- procurando lograr a futuro un derecho, o presunto derecho, para realizar actividades que, reitero, nada tienen que ver con lo que se supone debe ser la tarea noble de la radiodifusión comunitaria y que pueden ser mucho más para obtener un provecho económico indebido, una especulación totalmente ilegítima e injustificada.

Frente a todo esto, el señor León Lev y el Directorio de la URSEC no hicieron nada. La propia RAMI alertó al Directorio del organismo -la señora Diputada Peña Hernández va a abundar en algunos ejemplos que se han venido dando en distintos departamentos del interior- en el sentido de que esto podía poner a los propios jerarcas de la URSEC a los límites de su responsabilidad personal. El artículo 500, que regula el procedimiento administrativo, establece que con este tipo de omisión se puede incurrir en una falta grave por parte de los jerarcas o de las autoridades de la Administración que, debiendo intervenir, no lo hacen.

El departamento de Rocha es ejemplo de una situación verdaderamente insólita. Frente a una denuncia que llegó al Juzgado del departamento, este solicitó informes a la URSEC con relación a una situación irregular que se vivía en la sociedad de Castillos. La URSEC contestó un oficio del Juzgado diciendo que, efectivamente, esa radio comunitaria no contaba con la autorización legal correspondiente y que en esos casos correspondían las sanciones que establece claramente el decreto-ley correspondiente. Sin embargo, la URSEC, que es responsable no solamente de investigar y de prevenir sino de sancionar, no puso sanción alguna. Creo que esto está indicando claramente por lo menos una responsabilidad política muy seria y muy evidente de quienes se supone que están para controlar la vigencia del derecho y, en este caso, el normal funcionamiento del espacio radioeléctrico.

Por todas estas razones, y sin perjuicio de ahondar en la discusión, en función de que el debate parlamentario desde ese punto de vista avanza con el intercambio de ideas, vamos a votar negativamente en general este proyecto de ley. Creo que el debate de hoy puede ser interesante respecto a todos los temas vinculados con los medios de comunicación, con la libertad de expresión, y seguramente merecerá la atención de esta Cámara en los próximos días con relación a lo que ya mencionamos, que fue el verdadero atropello cometido por el Presidente Chávez en Venezuela al revocar una concesión de un canal de televisión.

Reafirmamos desde ya que siempre estamos dispuestos, en este tema como en todos, a legislar y a enfrentar situaciones con absoluta objetividad, pero procurando, como corresponde, que las soluciones a las que arribemos sean razonables y que nos permitan legislar estimulando lo que tengamos que estimular, pero preservando la plena vigencia de los derechos individuales de todos los habitantes de la República sin discriminación, y, por lo tanto, preservando los principios de rango constitucional.

23.-      Integración de Comisiones.

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"Los señores Representantes Jaime Mario Trobo, Jorge Gandini, Adriana Peña Hernández, Silvana Charlone, Juan Andrés Roballo, Jorge Orrico, Jorge Pozzi, Víctor Semproni y José Amorín integrarán la Comisión Investigadora de las razones que llevaron al Banco Central del Uruguay a revocar la resolución por la que se inhabilitó al economista Luis Porto para el desarrollo de actividades en el sistema financiero".

24.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

En virtud de la convocatoria del señor Representante Jorge Romero Cabrera a la Cámara de Senadores, se convoca al suplente siguiente, señor Eduardo Guadalupe, por los períodos comprendidos entre los días 5 y 7, y 12 y 14 de junio de 2007.

En virtud de la convocatoria de la señora Representante Nora Castro a la Cámara de Senadores, se convoca al suplente siguiente, señor Hugo Arambillete, por el período comprendido entre los días 5 y 19 de junio de 2007.

Del señor Representante Miguel Asqueta, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar en la Conferencia de las partes en el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, integrando la Delegación Oficial, a realizarse en la ciudad de Bangkok, Tailandia, por el período comprendido entre los días 26 de junio y 7 de julio de 2007. Habiéndose agotado la lista de suplentes, solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

De la señora Representante Daniela Payssé, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar del Seminario "El papel de los parlamentos en América Latina para promover la reconciliación, fortaleciendo así una sociedad de derecho más equitativa e inclusiva", organizado por la Unión Interparlamentaria y la Cámara de Diputados de Bolivia, a realizarse en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, por los días 6 y 7 de junio de 2007, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Carlos Varela Ubal.

Visto la licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante José Carlos Cardoso, por el día 5 de junio de 2007 y en virtud de la convocatoria a la Cámara de Senadores por la fecha mencionada, modifícase la causal de la resolución aprobada.

Del señor Representante Jorge Gandini, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 5 de junio de 2007, convocándose a la suplente siguiente, señora Irene Caballero".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 4 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted licencia por los días 5, 6 y 7 de junio y los días 12, 13 y 14 de junio. Motiva la presente que he sido convocado por la Cámara de Senadores.

Le saluda a usted muy atentamente.

JORGE ROMERO CABRERA
Representante por Rivera".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Que el señor Representante por el departamento de Rivera, Jorge Romero Cabrera, se incorporó a la Cámara de Senadores por los períodos comprendidos entre los días 5 y 7, y 12 y 14 de junio de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el artículo 4º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Rivera, por los períodos comprendidos entre los días 5 y 7, y 12 y 14 de junio de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2, del Lema Partido Nacional, señor Eduardo Guadalupe.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
Señor Presidente:

He sido convocada a ocupar la Banca en el Senado por licencia del titular. Por tal motivo solicito licencia en Cámara de Diputados por los días 5 al 19 del corriente.

Saludo a usted atentamente,

NORA CASTRO
Representante por Montevideo".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

De mi consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca.

Saludo a Ud. muy atentamente.

Julio Battistoni".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

De mi consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca.

Saludo a Ud. muy atentamente.

Beatriz Costa".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: I) Que la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro, se incorporó a la Cámara de Senadores por el período comprendido entre los días 5 y 19 de junio de 2007.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señor Julio Battistoni y señora Beatriz Costa.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el artículo 4º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptase por esta única vez, la negativa presentada por los suplentes siguientes, señor Julio Battistoni y señora Beatriz Costa.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Montevideo, por el período comprendido entre los días 5 y 19 de junio de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Hugo Arambillete.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, literal D) solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia en carácter oficial por el período comprendido entre el 26 de junio al 7 de julio de 2007. Motiva la misma, haber sido invitado a participar en la "Conferencia de las partes en el convenio marco de la OMS para el control del tabaco", segunda reunión, a realizarse en Bangkok. Tailandia.

Sin más lo saluda atentamente.

MIGUEL ASQUETA SÓÑORA
Representante por Colonia". 

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante por Colonia Dr. Miguel Asqueta Sóñora por el período comprendido entre el 26 de junio al 7 de julio de 2007.

Sin más, saluda atentamente.

Héctor Blanco".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante de Colonia Dr. Miguel Asqueta Sóñora por el período comprendido entre el 26 de junio al 7 de julio de 2007.

Sin más, saluda atentamente.

Rossana Dufour".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante de Colonia Dr. Miguel Asqueta Sóñora por el período comprendido entre el 26 de junio al 7 de julio de 2007.

Sin más, saluda atentamente.

Julio Basanta".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, del señor Representante por el departamento de Colonia, Miguel Asqueta Sóñora, para asistir a la "Conferencia de las partes en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el Control del Tabaco", a realizarse en la ciudad de Bangkok, Tailandia.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 26 de junio y 7 de julio de 2007.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señor Héctor Blanco, señora Rossana Dufour y señor Julio Basanta.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, para asistir a la "Conferencia de las partes en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el Control del Tabaco", a realizarse en la ciudad de Bangkok, Tailandia, por el período comprendido entre los días 26 de junio y 7 de julio de 2007, al señor Representante por el departamento de Colonia, Miguel Asqueta Sóñora.

2) Acéptanse por esta única vez, las negativas presentadas por los suplentes siguientes, señor Héctor Blanco, señora Rossana Dufour y señor Julio Basanta, de la Hoja de Votación Nº 1919 del Lema Partido Nacional.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside, licencia por los días 6 y 7 de junio, convocando a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827, literal D (misión oficial).

Durante esos días participaré del Seminario "El papel de los parlamentos en América Latina para promover la reconciliación, fortaleciendo así una sociedad de derecho más equitativa e inclusiva" organizado por la Unión Interparlamentaria y la Cámara de Diputados de Bolivia, en la ciudad de La Paz.

Saluda atentamente,

DANIELA PAYSSÉ
Representante por Montevideo".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daniela Payssé, para asistir al Seminario "El papel de los parlamentos en América Latina para promover la reconciliación, fortaleciendo así una sociedad de derecho más equitativa e inclusiva", a llevarse a cabo en la ciudad de La Paz, República de Bolivia.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 7 de junio de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de junio de 2007, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daniela Payssé, para asistir al Seminario "El papel de los parlamentos en América Latina para promover la reconciliación, fortaleciendo así una sociedad de derecho más equitativa e inclusiva", a llevarse a cabo en la ciudad de La Paz, República de Bolivia.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Carlos Varela Ubal.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

"SECRETARÍA DEL SENADO

Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Representante Nacional
José Carlos Cardoso

Por la presente convocamos a usted para integrar la Cámara de Senadores por los días 4 y 5 de junio, con motivo de la licencia concedida al señor Senador Gustavo Penadés.

Saludo muy atentamente.

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: I) La licencia por motivos personales oportunamente votada al señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso.

II) Que con fecha 5 de junio de 2007, se incorporó a la Cámara de Senadores.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el artículo 4º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Modifícase la causal de la resolución por motivos personales en virtud de haber sido convocado a la Cámara de Senadores el señor Representante José Carlos Cardoso, por el día 5 de junio de 2007, ocupando la representación la suplente convocada, señora Mary Pacheco.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 1º de la Ley Nº 17.827, solicito se me conceda el uso de licencia por motivos personales por el día 5 de junio de 2007.

Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida.

JORGE GANDINI
Representante por Montevideo".

 

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Jorge Gandini.

Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida.

Álvaro Viviano Baldi".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 5 de junio de 2007.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Viviano.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 5 de junio de 2007, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Viviano.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 5 de junio de 2007, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004 del Lema Partido Nacional, señora Irene Caballero.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

25.-     Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: el Partido Independiente ha planteado en el seno de la Comisión Especial de Población y Desarrollo un proyecto alternativo al promovido por el oficialismo. Ese proyecto alternativo está basado en el primer antecedente que reconoce el ámbito legislativo en materia de proyectos de ley que tiendan a regular lo que se ha dado en llamar radios comunitarias. Desde ese punto de vista, este proyecto que propicia el Partido Independiente plantea la regulación del espacio radioeléctrico, en el cual se incluyen las radios comunitarias, a través de diez artículos.

En primer lugar, define los servicios de radiodifusión comunitaria y luego plantea que para operar una emisora de radio comunitaria es requisito indispensable que sea una asociación civil sin fines de lucro, con estatutos debidamente autorizados por la autoridad competente, esto es, el Ministerio de Educación y Cultura. Como un aspecto que a nuestro juicio es sustancial para regular este espacio radioeléctrico, se prohíbe a estas radios la emisión de todo tipo de publicidad. Es decir que, en definitiva, estas emisoras comunitarias no podrán desarrollar ninguna actividad de carácter comercial.

Como se ve, el proyecto que, repito, tiene su base en el que entre otros firmó quien habla en el año 1998, difiere sustancialmente del que ha planteado el oficialismo.

En especial, nos parece un contrasentido que, cuando la ley que regula el espacio radioeléctrico tiene ocho artículos, se plantee, a través de veinte disposiciones, la regulación de los servicios de radios comunitarias. En todo caso, debería ser una tarea de la URSEC -por cierto, ha estado bastante ajena a todo este proceso de discusión, como también lo ha estado en lo que refiere al cumplimiento de la normativa legal vigente- promover o redactar un proyecto de ley que revise lo establecido en el Decreto-Ley Nº 14.670 y formule con carácter general un nuevo marco legal que abarque, entre otras cosas, la situación de las radios comunitarias.

(Murmullos)

——Señor Presidente: es absolutamente imposible seguir con la intervención en las condiciones en que se está desarrollando esta sesión.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Solicitamos a los señores legisladores que tomen asiento y hagan silencio para que se pueda tomar la versión taquigráfica.

Puede continuar el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: por otra parte -este también es un aspecto importante-, no terminamos de entender por qué razón un proyecto de ley que estaba vinculado a la regulación de parte del espacio radioeléctrico culminó siendo tratado por la Comisión Especial de Población y Desarrollo. Está bien claro que desde la instancia de la aprobación de la ley de Presupuesto Nacional de 2005 la URSEC quedó dentro del ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Por lo tanto, lo lógico hubiera sido que, en el Poder Legislativo, este tema, vinculado a la regulación de un subconjunto del espacio radioeléctrico, se tratara en el seno de la Comisión respectiva. Entonces, también desde ese punto de vista queríamos anotar la inconsistencia que ha tenido el tratamiento de este tema en la Cámara de Representantes.

En suma, señor Presidente, nos ratificamos en la propuesta del proyecto de ley que está acompañado por nuestra firma y que refiere a una regulación sencilla pero, a nuestro juicio, efectiva de lo que corresponde a este subconjunto del espacio radioeléctrico que está a consideración de la Cámara en el día de hoy.

Somos partidarios, como hemos demostrado a través del tiempo -el primer antecedente en este sentido fue de un proyecto que lleva nuestra firma-, de regular este espacio, pero consideramos realmente una desproporción el proyecto que está a consideración de la Cámara, cuando en este período no se ha presentado ninguna propuesta tendiente a establecer un nuevo marco general para lo que debe ser la regulación del espacio radioeléctrico en su conjunto.

Muchas gracias.

(Murmullos)

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- La Mesa solicita a la Cámara que haga silencio ya que hay dificultades para tomar la versión taquigráfica.

Tiene la palabra el señor Diputado Ortuño.

SEÑOR ORTUÑO.- Señor Presidente: nos sumamos a quienes aconsejan a la Cámara votar este proyecto de ley que hemos presentado conjuntamente con los compañeros y las compañeras de la bancada del Frente Amplio. Nos hicimos eco y trabajamos con iniciativas que se gestaron en el ámbito de la sociedad civil, que una vez más demuestra que tiene vitalidad, capacidad de propuesta y, sobre todo, demuestra lo fermental que es la interacción entre el Parlamento, el sistema político y las organizaciones sociales. Lo hicimos con convicción, y hoy vamos a votar con mucha satisfacción porque creemos que la Cámara va a sancionar un proyecto de ley extremadamente importante, por tres razones. Una de ellas es que contribuye a garantizar la libertad de expresión. Yo creo que está muy bien que legislemos con relación al avance de la libertad de expresión en este país. Comparto que haya preocupación en el país y en este Parlamento por la libertad de expresión en el mundo, en países de la región y de otros continentes. Me parece bien, pero entiendo más importante que asumamos la agenda de trabajo y de reforma de la legislación nacional para avanzar con la libertad de expresión en el Uruguay. Primero hay que mirar en casa; creo que aquí tenemos mucho para avanzar en ese sentido, y este es un paso muy importante.

Entonces, mi fundamento va en la línea de lo que daba título al proyecto de ley presentado, que luego sufrió modificaciones y que, de alguna manera, habla de la esencia de esta iniciativa, porque su título era "Ley para garantizar la libertad de expresión a través de los medios comunitarios de radiodifusión".

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Pintado)

——La segunda razón, tanto o más importante que la primera, es que creemos que este proyecto contribuye también a avanzar en la agenda de la democratización del sistema de medios de comunicación en el Uruguay. ¡Qué tema, señor Presidente! Todavía hoy en nuestro país los medios están regulados por una ley veterana, de tiempos de la dictadura, que, como bien decía el señor Diputado preopinante, tiene un pequeño puñado de artículos. ¡Vaya si este tema de los medios de comunicación es clave en los tiempos que vivimos! ¡Vaya si es clave para la democracia y para su desarrollo, y vaya si lo es para el desarrollo de esta sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos! ¡Qué atrasados estamos en este tema! Yo celebro que se ponga en la agenda parlamentaria y que desde distintas bancadas se exprese que debemos generar y aprovechar oportunidades para renovar, modernizar y ampliar el marco legal sobre los medios de comunicación; este proyecto debe formar parte de ello, y seguramente eso se hará cuando avancemos en otras áreas. Me he referido al avance de las garantías para la libertad de expresión y a contribuir a la democratización del sistema de medios.

La tercera razón por la que voy a votar este proyecto de ley es que creo que este texto viene a llenar un enorme vacío legal y a superar un atraso realmente flagrante de nuestro país sobre estos temas en el análisis comparativo con la situación mundial. Lamentablemente, señor Presidente, con este proyecto de ley no estamos inventando nada; estamos llegando tarde a incorporar una legislación relativa a un sector de los medios de comunicación que en el mundo y en el continente americano hace tiempo existe.

Voy a referirme al tema clave de la libertad de expresión. El proyecto nace con la inspiración de colaborar en su desarrollo y establece, a nivel legal, la prioridad de la garantía de la libertad de expresión y el derecho a informarse y a informar que tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas en un sistema democrático, y parte de la base de que este es un derecho preexistente, uno de los principales derechos humanos que el Estado debe reconocer y reglamentar para garantizar el acceso equitativo de todos a su usufructo. Asimismo, establece que este derecho de las personas también lo es de los grupos y de las organizaciones de la sociedad civil y que además de reconocerse formalmente deben establecerse mecanismos para que este pueda, en efecto, llevarse adelante.

Me parece particularmente importante que se asigne como sujeto del uso de los medios de radiodifusión comunitaria a las organizaciones sociales sin fines de lucro y que se defina a las radios comunitarias por su finalidad pública y social y no por su alcance o sustento económico, que creemos, más allá de lo que se declare, que limitan en su esencia el ejercicio de estos derechos tan importantes. Dice el proyecto: "Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro [...] y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los habitantes de la República". Esto es absolutamente relevante; es hora de asumir con fuerza el papel protagónico que las organizaciones de la sociedad civil tienen en un sistema democrático y de fomentar no solo su desarrollo, sino los mecanismos para su funcionamiento y para que cumplan con ese rol importante que -como decíamos- tienen.

Asimismo, creo que por los mecanismos que establece y por la instrumentación que se da a estos principios y objetivos -que entiendo adecuada-, el proyecto no solo cuida nuestra libertad de expresión y la de nuestros contemporáneos, sino que está salvaguardando ese derecho fundamental para las próximas generaciones. Digo esto porque, lamentablemente, a la hora de reconocer que el uso de los medios de radiodifusión debe estar al servicio del ejercicio del derecho de expresión y de información, debemos asumir que nos encontramos con las limitaciones físicas del espectro radioeléctrico, que es finito. Por lo tanto, para garantizar ese derecho no solo a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que vivimos hoy, sino también a quienes lo harán en el futuro, tiene que haber mecanismos de regulación que aseguren el acceso a ese espacio.

Lamentablemente, en nuestro país y en el mundo no siempre se ha administrado con racionalidad y con criterios de equidad ese espectro finito. En este sentido, a mi juicio, al habilitar el funcionamiento de medios de radiodifusión comunitaria, de alguna manera estamos abriendo espacios para reequilibrar una situación que, sin duda, comprometió y compromete el ejercicio libre de estos derechos con relación a la comunicación.

El segundo conjunto de fundamentos tiene que ver con un tema clave, como es el de la democratización de los medios de comunicación; inclusive, yo hablaría de democratización y modernización del sistema de medios de comunicación del país. En este sentido, exhorto a la Cámara a detenerse a pensar un poco en estos temas, que son realmente relevantes.

Cuando hablamos de la democratización de los medios de comunicación y de su sistema en el Uruguay tenemos que analizar críticamente cuál es la estructura de medios y compararla con la que existe a nivel mundial. Esto nos permite advertir que, por su génesis y desarrollo, nuestro sistema de medios tiene un desequilibrio estructural, que creo no permite el mejor desarrollo en clave democrática de esta área tan importante de la vida de las sociedades. ¿A qué me refiero? En el mundo existen tres sistemas o modalidades de medios: en primer lugar reconocemos -porque es el que predomina ampliamente en el Uruguay- el de medios privados, comerciales, de radiodifusión; en segundo término están los público-estatales que, lamentablemente, son débiles en esta parte del mundo; por último, tenemos un tercer sector, de extraordinaria importancia, que es el social-comunitario.

Pues bien; de estas tres modalidades, en el Uruguay prevalece y tiene un enorme peso sobre los demás el sector privado comercial de medios, que ha cumplido, y cumple -téngase claro-, un rol importantísimo en nuestra sociedad y en el desarrollo de la comunicación. Pero esta modalidad no debe ser la única si pensamos en un sistema de medios de comunicación saludable, diverso, dinámico, en un sistema democrático. Si uno mira la experiencia internacional, encuentra que, por ejemplo, en los países de Europa -que en tantos temas han sido referencia para nuestra República y para nuestra región- la fortaleza está en los sistemas basados en el esquema público-estatal; todavía hoy -por suerte- siguen siendo referencia medios como la BBC de Londres. También hay medios similares, estatales, públicos, que tienen una larga vida en países como Francia y Alemania, en general en Europa, donde luego de la experiencia traumática del autoritarismo se percibió la importancia central de los medios de comunicación para la vida democrática y se encomendó al Estado -creo que sabiamente- bregar por ese espacio de comunicación al servicio de la democracia y salvaguardarlo.

La observación permite advertir que aparece desarrollada en el mundo, de larga data, la modalidad de medios comunitarios de comunicación, que también cumple objetivos públicos, pero no desde lo estatal. Y es bueno que asumamos aquí, desde el Parlamento y el sistema político, que se pueden desarrollar objetivos y finalidades públicas desde el Estado y también desde fuera de él, desde las organizaciones de la sociedad civil.

Pues bien; creo que este proyecto contribuye, en clave de democratización, a equilibrar un poco más ese sistema de medios, fortaleciendo, instituyendo, legalizando los medios social-comunitarios, que ahora trabajarán juntos, en colaboración, en complementación con los otros sistemas y no contrapuestos a las modalidades de comunicación privado-comercial ni al sistema público-estatal que estamos empeñados en fortalecer -es bueno decirlo; no quiero perder la oportunidad de recordarlo-, tanto en lo que hace a Canal 5 como a los demás canales y radios estatales, porque creemos que todos son fundamentales para el funcionamiento armónico y democrático de los medios de comunicación.

Por otra parte, se contribuye a la diversidad de medios. ¡Qué importante es la diversidad de voces, señor Presidente, cuando hablamos de democracia y de la libertad de expresión de los ciudadanos! Yo creo que la diversidad y la pluralidad de ofertas comunicacionales es lo contrario a la concentración. No me gusta la concentración en los medios de comunicación; creo que una sociedad democrática tiene que avanzar hacia la diversificación de medios, y en este sentido el abrir espacios al funcionamiento de las radios comunitarias -mal llamadas piratas en alguna época- creo que contribuye.

Insisto: estoy hablando de diversidad, de pluralismo y de diversificación de la oferta cultural; de aporte al desarrollo de la identidad nacional a partir de canales para la producción, la elaboración y la difusión de contenidos comunicacionales propios, nuestros.

En estas semanas también ha habido preocupación a nivel público y privado por los contenidos que se emiten en la televisión, por los contenidos de determinados productos que, se dice, llegan en forma de "enlatado" a nuestro país. Ha empezado un intercambio -esperamos que siga, porque es realmente importante para todos nosotros- que ha llevado a algunos compañeros a plantear la posibilidad de una censura. Yo no creo en la censura, soy opositor a la censura, pero estas cosas surgen cuando hay ausencia de políticas. Entonces, tiene que haber políticas que fomenten, que estimulen y que se comprometan con la creación de contenidos nacionales y con la proliferación de una oferta de contenidos de calidad que den más opciones a ese aparatito que nos permite hacer "zapping" en la televisión y también en la radio. Con este tipo de proyectos, que es el opuesto al de la censura y es el de la ampliación, de más posibilidades de comunicación, de mayor oferta para que sea el ciudadano en última instancia el que elija y tenga opciones de calidad, vamos en el camino adecuado.

En el capítulo relativo a la democratización del sistema de radios hay un tema fundamental que no podemos soslayar. Este proyecto innova y hace aportes respecto de algo que ha sido clave en la historia de este país: la asignación de las ondas. Establece criterios claros y transparentes como, por ejemplo, el concurso abierto, las audiencias públicas, en base a propuestas o proyectos y no a conocimientos personales, amistades o quién sabe qué otros criterios. La iniciativa hace referencia a propuestas o a proyectos de comunicación que serán otorgados a plazo, no sine die, y evaluables en base a criterios técnicos, partiendo del principio de que todos los medios -también estos que ahora se suman- harán uso de un patrimonio que es común a la sociedad, a la humanidad, como es el espectro radioeléctrico. Por lo tanto, tienen que hacerlo no solo con responsabilidad, sino también con mecanismos de transparencia y con la mejor productividad y riqueza en beneficio del colectivo.

Como adelantaba, además de las referencias estrictas a las radios comunitarias hay un capítulo de principios orientadores que creo que nos pone en la buena senda para asumir el desafío que planteaba algún legislador de la oposición. Yo recojo el guante, lo asumo y digo que nuestra fuerza política está comprometida a trabajar en la línea de la actualización y modernización del conjunto de la legislación referente a medios de radiodifusión en el país. Un legislador preguntaba: "¿Por qué, en vez de empezar por las radios comunitarias y hacer una ley tan articulada, no empezaron por la revisión de esa ley de tan pocos artículos" -yo agrego: ese decreto-ley de la dictadura- "que regula los medios de radiodifusión?". Y yo respondo: bienvenido, vamos a hacerlo, pero lo mejor no es enemigo de lo bueno. Si hay compromiso para trabajar en esos temas, que se vote este proyecto y mañana mismo comenzaremos a pensar y a trabajar para aprobar cuanto antes esa nueva ley marco de radiodifusión nacional que el país se debe desde hace tanto tiempo. A través de esta iniciativa se avanza y se plantean algunos criterios que me adelanto a decir que deben formar parte de esa ley marco. Por ejemplo, se establece como principio que la radiodifusión está al servicio del derecho, de la libre expresión de los ciudadanos. También se dispone que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad y que, sin lugar a dudas, debe ser administrado por el Estado porque es un bien finito, pero en base a criterios claros, democráticos y transparentes. Estos son: promover la pluralidad y la diversidad, el combate a la discriminación, la igualdad de oportunidades y la transparencia en la asignación de frecuencias. Creo que en este capítulo de principios estamos adelantando trabajo de cara a la ley marco de medios de radiodifusión. Y este es otro de los fundamentos que nos lleva a acompañar calurosamente este proyecto.

El tercer capítulo tiene que ver con los argumentos, con la referencia comparativa a nivel internacional. Varias veces he dicho -pido disculpas a la Cámara, pero voy a insistir todo el período con el mismo concepto- que Uruguay debe retomar la vanguardia en materia de legislación social y en garantía de derechos para los ciudadanos. Hace un siglo fuimos vanguardia en América Latina y en el mundo, garantizando derechos y protección social. Por eso debemos hacerlo; es un desafío colectivo que asumimos, en particular en nuestra bancada del Frente Amplio. Pero en los últimos cincuenta, sesenta o setenta años el país ha retrocedido tanto que lo primero que tenemos que hacer es ponernos a tono con la legislación de vanguardia a nivel internacional, que hace rato viene consagrando algunos derechos que en Uruguay todavía no están instituidos en la ley.

Como decía el señor Diputado Álvarez López en su excelente informe en mayoría, de una revisión somera de la situación internacional surgen algunos aspectos que realmente rompen los ojos: las radios y televisiones comunitarias son comunes en todas partes del mundo y en Europa. Hay legislación, subsidios en Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Australia, Sudáfrica, Mali, Burkina Faso, Canadá, Estados Unidos de América, y siguen nombres en la lista. Es decir que en la legislación en esta materia estamos llegando tarde, así como también en el reconocimiento de estos derechos que, insisto, son preexistentes y que es responsabilidad de los Poderes Públicos garantizar.

Pero no solo se ha avanzado en cuanto a las legislaciones nacionales. Desde hace tiempo, en el concierto internacional diversas declaraciones y convenciones recomiendan y exhortan a los Estados miembro a legislar en este sentido. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirmaba, en el año 2003, que "Los marcos legales y regulatorios que protegen y fomentan los medios comunitarios son especialmente claves para asegurar la libertad de expresión y el acceso a la información de los grupos vulnerables". También hay declaraciones en el mismo sentido de organizaciones e instituciones como el Banco Mundial. Me voy a referir a aquellas de las cuales el país es Estado Parte, como la Organización de los Estados Americanos. En la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el Principio 12 se establece: "Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos".

Asimismo, la Relatoría Libertad de Expresión de la OEA, al referirse al ejercicio de la libertad de expresión por medios comunitarios, manifiesta: "Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias".

Podríamos seguir citando recomendaciones y textos de organismos internacionales que demuestran que con el proyecto de ley que hoy estamos considerando estamos colocando al país en esa senda de la que nunca debió alejarse y en la que están aquellos países que se preocupan por garantizar los derechos humanos fundamentales; y vaya si el derecho a la libertad de expresión lo es.

Se han planteado argumentos válidos, aunque contradictorios desde mi humilde punto de vista, que postulan una posición favorable a la legislación de las radios comunitarias. Por suerte, se abandona aquello de penalizar a estos medios con motes como "radios piratas" y demás. Se dice que se está de acuerdo con la legislación, pero que se discrepa con los mecanismos y con los instrumentos y formas que se dan en esta ley. Por ejemplo, se dice: "Legislemos, legalicemos las radios comunitarias, pero limitemos su alcance de antena. Que puedan emitir para que solo sean escuchadas en una localidad reducida". Bueno, esto es claramente contradictorio. O damos el derecho y garantizamos que todos puedan expresar sus opiniones y comunicarse con quienes deseen, o no lo hacemos. Pero me parece más preocupante, si bien entiendo las razones de quienes lo sostienen, que se diga: "Autorícese el funcionamiento de estos medios de comunicación, pero ahógueseles económica y financieramente. Prohíbaseles la venta de publicidad, prohíbaseles la sustentación económica que propone este proyecto de ley". Esto es francamente contradictorio. Creemos -como creen muchos legisladores que en diversos países del mundo han legislado en el mismo sentido- que la posibilidad de financiamiento, de sustento económico de estos medios por diversas vías que incluyan la contratación de publicidad, no va en desmedro de que sean medios sin fines de lucro, lo cual hace a su esencia, junto con su finalidad comunitaria y social. Es más: como sabemos que es un tema delicado, que requiere la custodia y el celo de la Administración, establecemos la posibilidad de revocar esos permisos si no se hace un uso adecuado no solo de los medios económicos, sino del cumplimiento de sus fines. Se establece con claridad que los recursos económicos, en la hipótesis de publicidad o de cualquier otra asignación, deben reinvertirse en el mismo medio y utilizarse para el desarrollo de los fines de la organización social sin fines de lucro y del medio para el cual se vierten.

Termino diciendo que la Cámara hace bien en aprobar este proyecto de ley por las razones expuestas y, fundamentalmente, porque es un primer paso hacia la modernización del marco legal de los medios de comunicación en el país, de cara a su democratización, en lo cual seguiremos trabajando. Esperemos contar con el concurso de todos los integrantes de la Cámara.

Gracias, señor Presidente.

26.-     Prórroga del término de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Orrico.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el término de la sesión".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

27.-     Preferencias.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Orrico, Enciso Christiansen y Bianchi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el asunto contenido en la Carpeta Nº 1544/007, Repartido Nº 900 y Anexo I, 'Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Creación como servicio descentralizado)', se incluya como tercer punto del orden del día de la sesión del martes 12 de junio".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y ocho en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

28.-     Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación).

——Continúa la discusión del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Yanes.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: si bien me siento completamente representado por el informe dado por el compañero Diputado Álvarez López, quien contextualizó el proyecto, lo explicó y fundamentó en forma excelente, como Presidente de la Comisión Especial de Población y Desarrollo me siento obligado a hacer algunas puntualizaciones.

En primer lugar, me refiero al cuestionamiento que se hizo en Sala respecto a que este tema se tratara en la Comisión Especial de Población y Desarrollo y no en la de Industria, Energía y Minería. Creo que sería bueno empezar a acostumbrarnos a dar una dimensión humana a las leyes; es verdad que el señor Diputado Posada en su momento lo planteó. Profundizando acerca de por qué este proyecto estaba en esa Comisión, encontramos que muchas iniciativas van a parar a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, a la de Industria, Energía y Minería, etcétera, donde se pierde la dimensión humana y social que tienen los proyectos.

Reivindicamos, entonces, que la Comisión Especial de Población y Desarrollo tenga a consideración este proyecto, como otros a los que hasta ahora no se les ha dado esta dimensión. Voy a citar un ejemplo. Mañana empezamos a tratar el tema de los diabéticos e invitamos a los miembros de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, porque es un asunto que tiene que ver con la salud, pero también con el desarrollo humano.

Sin duda este ha sido un tema muy polémico. Quiero reconocer en todos los miembros de la Comisión -de la oposición, fundamentalmente- que no se bajó el nivel de esta discusión, más allá de que cada uno defendió los intereses que se tenían que defender. Como este proyecto de ley va a seguir estando en discusión no solo en esta Cámara, sino en el Senado, todos los que hemos participado de esto vamos a tratar de que ese nivel no baje. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer demagogia, hacer política, generar títulos de prensa; hay muchos intereses políticos, ideológicos y económicos detrás de todo esto. Los que hemos trabajado hasta ahora, por suerte hemos mantenido ese equilibrio de decir lo que pensamos, pero no con esos códigos ocultos de la política, sino transparentes hacia la opinión pública.

Existió un caos total, y a gritos todos los actores estaban pidiendo regulación. Obviamente, algunos querían una regulación que limitaba y otros querían una regulación para que todos tuviéramos una radio en casa. Nosotros estamos convencidos de que este proyecto de ley genera un equilibrio, moderniza -como aquí se dijo- y, fundamentalmente, pone al espectro radiofónico en igualdad de condiciones respecto a quienes hemos trabajado en el periodismo y la comunicación. Quien quiere sacar un pasquín, un diario o una revista lo puede hacer en cualquier lado; lo regala, lo vende, lo vende caro, lo vende barato, a color, en papel de diario o satinado, ¿y por qué, entonces, no hacer lo mismo con las radios?

Quiero contar que ANDEBU -esa Asociación histórica en el país con respecto a todos estos temas- comenzó la discusión en la Comisión negando la necesidad de una ley que regulara las radios comunitarias, como se las llamaba en ese momento. En más de un año de proceso, en el trabajo que todos fuimos haciendo, ANDEBU presentó un proyecto alternativo, reconociendo la existencia y haciendo aportes. Obviamente, en parte llegó tarde al proceso de discusión que teníamos y, además, había elementos en los que no coincidíamos, pero solo voy a poner un ejemplo. El Presidente de ANDEBU, doctor Inchausti, puso el ejemplo de Chile como alternativa a la venta de publicidad oficial. En ese país existe un fondo. Cuando el Estado entiende que una radio comunitaria es necesaria -debido a su ubicación en una región, una zona o a lo que va a comunicar-, esa aceptación y otorgamiento de la onda viene con el financiamiento del Estado, y lo plantea como alternativa. Nosotros no llegamos a tratar esa alternativa porque llegó tarde, pero es uno de los ejemplos de que siempre en el diálogo y las negociaciones hay alternativas. ANDEBU empezó diciendo: "Señores, la legislación actual permite al Gobierno darle a quien quiera las ondas que quiera". Y se puso el ejemplo del PIT-CNT y el de las Universidades y se le dijo: "Este Gobierno no quiere seguir en la misma rutina y con las mismas reglas de juego que se venían llevando adelante ante los otorgamientos de ondas; queremos cambiarlas". Y en el proyecto queda claro que la mayoría del Parlamento no ha planteado una iniciativa que dé la oportunidad de manejar a diestra y siniestra las ondas.

Por otra parte, queremos hacer un reconocimiento a ANDEBU, que en todo este proceso nos acompañó desde la discrepancia; estoy convencido de que a partir de este proyecto de ley se genera una nueva realidad, posibilitando la convivencia entre las radios comunitarias y no comunitarias, articulándose y complementándose.

También quiero hacer referencia a RAMI, que tuvo una actividad importante, aportando determinados elementos a la Comisión; tal como expresó el señor Diputado Pablo Abdala, esta asociación presentó un proyecto alternativo. Ellos tenían un eslogan que todos escuchamos: que las verdaderas radios comunitarias en el interior eran las que estaban afiliadas a RAMI. Entonces, quiero hacer un reconocimiento personal a ese trabajo y a ese aporte social y comunitario que han hecho las radios del interior. Obviamente, este proyecto cambia algunas reglas de juego, pero no va en detrimento de eso. Vaya, pues, este reconocimiento a ANDEBU y a RAMI.

Asimismo, quiero marcar el mojón que nos habíamos propuesto cuando presidimos este debate en la Comisión y algunos nos acusaron de que se había demorado por intereses espurios; en los corrillos se comentaba que vaya a saber qué intereses había para frenar el proyecto, y otros se preguntaban qué intereses había para apurarlo. En fin, la responsabilidad que condicionó mi trabajo pasaba por ir dando los tiempos para que esta idea madurara y no chocara. Sepamos que en muy poco tiempo la televisión y la radio digitales también nos van a generar un salto cualitativo y cuantitativo en lo que tiene que ver con este tema, así que tenemos que abrir la cabeza en este sentido. Esta no es la batalla final por este asunto; es una batalla intermedia para ganar tiempo, porque sabemos que se viene la era digital y nuevamente eso nos va a cambiar las condiciones.

Reitero lo que expresaba al comienzo. Este proyecto toca muchísimos intereses -no voy a descubrirlos yo-, y creemos que el tema no va a finalizar con la votación de hoy; obviamente, se rediscutirá en el Senado de la República. Ahora bien: en este país, la democracia, la pluralidad, iban a seguir rengas si no se separaban los bagres de las tarariras. Esto resultaba fundamental.

Sabemos que por el caos generado en el pasado -no responsabilizamos a nadie- hay radios comunitarias y hay radios ilegales. Y algunos de los que firmamos el proyecto y hablamos públicamente al respecto a veces no fuimos entendidos. Nosotros sí hablamos de radios ilegales en defensa de ANDEBU, de RAMI y de los buenos empresarios de la comunicación, porque hay empresas que hoy están generando una competencia desleal. En ese sentido, estamos respaldando lo hecho por la URSEC al no salir a cobrar al grito, no salir a requisar. Aquí se planteó que se ha visto como una actitud de desidia o de dejar pasar las cosas por parte de la URSEC; yo entiendo que ha desarrollado una política correcta de dar los pasos dentro de la legalidad. Y si hay algo que asumir -con el orgullo y la alegría que tengo de que hoy se trate este tema- en cuanto a esas críticas por la demora en que se votara una ley y se pudiera arreglar esto antes, yo quiero reconocer mi parte de responsabilidad. Si la URSEC no pudo actuar -y estoy convencido de que no pudo, porque quiso hacerlo con prudencia y dentro de la legalidad, en el acierto o en el error-, entiendo que la demora en el debate de este asunto en la Comisión que yo presidí quizás haya tenido mucho que ver. Obviamente, libero de responsabilidad al resto de los miembros de la Comisión y me hago cargo de la parte que me corresponda en esa demora.

Ahora bien: comparto el celo que ha tenido la URSEC para tratar este tema; reitero que puede ser en el acierto o en el error, pero si hay una responsabilidad, asumo parte de ella.

Hoy siento alegría ante lo planteado por el señor Diputado Pablo Abdala, quien ya había demostrado su actitud en la Comisión, actuando con altura, porque está convencido de lo que piensa, al igual que el señor Diputado Posada.

Estoy terminando con la tarea de responsabilidad que me dieron mis compañeros. Las expresiones del señor Diputado Ortuño y el informe del señor Diputado Álvarez López me llenan de orgullo y compromiso, sabiendo que en lo que tiene que ver con la democracia, la pluralidad y el manejo de los medios públicos de comunicación, este no es el fin de la historia, sino el comienzo de discusiones públicas, que se deben dar en un espacio de tolerancia, de responsabilidad, porque se vienen épocas nuevas y tenemos que estar a la altura de esos requerimientos.

29.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución:

En virtud de la licencia por motivos personales oportunamente otorgada al señor Representante Horacio Yanes y ante la negativa presentada por el suplente convocado, señor José Olivera, se convoca por los días 6 y 8 de junio de 2007, al suplente siguiente, señor Edgardo Duarte".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo,6 de junio de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia presentada por el señor Representante Nacional Don Horacio Yanes.

Saluda a Ud. muy atentamente.

José Olivera".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: I) La licencia por motivos personales, oportunamente concedida por los días 6 y 8 de junio de 2007, al señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes.

II) Que la Cámara de Representantes, con fecha 5 de junio de 2007, convocó al señor José Olivera, para ejercer la suplencia correspondiente.

III) Que, por esta vez, el señor José Olivera presenta la negativa correspondiente a la convocatoria.

RESULTANDO: Que procede convocar al suplente siguiente para ejercer la representación referida por los días 6 y 8 de junio de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente siguiente, señor José Olivera, por los días 6 y 8 de junio de 2007.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Canelones, por los días 6 y 8 de junio de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Edgardo Duarte.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA".

30.-      Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Roballo.

SEÑOR ROBALLO.- Señor Presidente: seremos muy breves, porque nos sentimos absolutamente representados por lo que ha expresado el señor miembro informante en mayoría y los compañeros legisladores Ortuño y Yanes, pero nos importa reafirmar algunos aspectos.

Esta es una de esas oportunidades para discernir prioridades y expresar claramente qué entendemos por una buena sociedad. Nuestra óptica parte de la perspectiva del bien común; para ello es necesario mucho diálogo y un mínimo de consenso a los efectos de garantizar la mejor convivencia posible. Creemos que ese diálogo necesario se ha dado en el proceso de discusión de este proyecto de ley. Hablar de una buena sociedad implica cuestionarnos, definir valores, actitudes, comportamientos y también instituciones que ayuden en el camino de una sociedad más democrática.

El término comunitario refiere al espacio de los intereses compartidos y esto implica derechos, pero también responsabilidades; derechos individuales, inalienables sí, pero también responsabilidades sociales para con los demás. Necesitamos profundizar el concepto de que la democracia no es solamente un procedimiento, no es el trámite de ir a votar cada tanto, sino la construcción cotidiana de actitudes y hábitos, instrumentos que estimulen la creatividad y la diversidad, el desarrollo de la complejidad de intereses y conflictos que hoy se suscitan en el entramado social de nuestras comunidades.

La democracia requiere de nuevos espacios donde realizarse: nos referimos, precisamente, a su dimensión participativa, y hoy estamos ante una circunstancia que hace a la democracia, a instancias de desarrollo social y político.

El presente proyecto de ley sobre radios comunitarias tiene como fin democratizar el término, para democratizar la sociedad, representando y abriendo la posibilidad en la representación de intereses de la sociedad, del barrio, de la pequeña localidad. Es así, señor Presidente, que votaremos con mucho gusto el presente proyecto de ley.

No podemos dejar de referirnos a algunas cosas que se han expresado. Sabemos bien que se han puesto en funcionamiento muchas radios comunitarias, quizá con las expectativas que generan estos procesos. Uno de los objetivos principales de este proyecto es, precisamente, regular y distinguir entre las diferentes situaciones y actuar en consecuencia, no solo para autorizar, sino también para velar por el cumplimiento de los fines establecidos.

Así evitaremos diversas situaciones. Se ha hecho referencia aquí a la inactividad de la URSEC, que está integrada también por la oposición y recibe denuncias, por ejemplo, del Presidente de CORI, en las que se expresa que las radios formales en el departamento de Durazno estaban abocadas a la atención de la situación de emergencia por las inundaciones, mientras que las radios comunitarias estaban preocupadas por un evento electoral.

También hay otras situaciones. Por ejemplo, en otro departamento del interior, por interferencias se procedió a cerrar una radio y al poco tiempo recibe la URSEC una nota firmada por vecinos, pero encabezada por la firma de un legislador -no de la bancada oficialista-, solicitando la reconsideración del asunto. Se lo llama, se le explica y se entiende, pero, precisamente, para evitar estas situaciones es que nos merecemos un marco legal adecuado, moderno, que nos ayude a ver todos estos casos y a avanzar en todos estos temas.

Con mucha alegría, señor Presidente, votamos este proyecto de ley, porque nos modernizamos. Somos uno de los pocos países que no tienen regulado el tema de las radios comunitarias. Es un avance en comunicación, en la democracia y en la difusión. Se termina con la arbitrariedad en la adjudicación. Se garantiza un mecanismo transparente y creemos que a treinta años del decreto-ley que regula estos temas, Uruguay se merece una norma como la que estamos votando.

SEÑOR IBARRA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ROBALLO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Gracias, señor Diputado.

Señor Presidente: para no alargar este análisis del proyecto de ley sobre utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión, solo quiero expresar que estoy absolutamente representado por las opiniones vertidas hasta el momento por los compañeros Diputados del Frente Amplio. Creemos que es imprescindible apoyar a las radios comunitarias porque estas, como ya se ha demostrado, podrán bajar la información que más convenga a su barrio, a su villa, a su zona de influencia. A su vez, quienes conduzcan las emisoras escucharán a los vecinos hablar de sus preocupaciones y de sus necesidades, de modo que nosotros podremos ir conociéndolas.

Además, tengo un informe aquí -no me voy a extender porque ya fue mencionado- sobre la conferencia patrocinada por la UNESCO en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Colombo, Sri Lanka, el 2 de mayo del año 2006, donde se pregunta qué se hace con una radio comunitaria y hay una respuesta muy categórica a nivel mundial que dice: "Radio comunitaria, radio rural, radio cooperativa, radio participativa, radio libre, alternativa, popular, educativa, barrial... Si las estaciones de radio, las redes y los grupos de producción que constituyen la Asociación Mundial de Radiodifusores Comunitarios, se refieren a sí mismos por medio de una variedad de nombres, sus prácticas y perfiles son aún más variados".

Esta frase es muy importante para definir de alguna manera a nivel de la UNESCO, a nivel mundial, lo que significan las radios comunitarias.

Para culminar, digo que, una vez más, mi fuerza política, el Frente Amplio, es absolutamente coherente con los temas que presenta en este Parlamento, en especial con el que estamos tratando, ya que en el IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio, denominado "Héctor Rodríguez" -cuyo documento final viene a ser el programa del Frente Amplio presentado a la ciudadanía-, cuando refiere a los medios de comunicación expresa: "Otro aspecto en donde se puede ver la debilidad del Estado" -estoy hablando del año 2004- "en cuanto al desarrollo de políticas claras de comunicación es la inexistencia de una normativa sistemática en relación con los medios que propenda a la democratización de la comunicación".

Considero que con este proyecto de ley de alguna manera se está resolviendo una normativa imprescindible.

Asimismo dice ese documento: "Tampoco han existido históricamente mecanismos de estímulo importantes para la producción nacional o local en el ámbito de los medios de comunicación y en el decisivo sector audiovisual".

En la propuesta sobre radios comunitarias se expresa: "Hay también un incipiente sector comunitario, especialmente en radio, que podría constituir una alternativa interesante, pero que ha sido perseguido aplicando -en este caso sí- los aspectos más negativos de la legislación existente. Aunque en el último período ha existido una mayor voluntad de diálogo desde el gobierno en este tema, las propuestas conocidas hasta el momento no parecen resolverlo adecuadamente".

Termina expresando que hay que trabajar para una "Promoción de una mayor participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas de comunicación. Fuerte estímulo al desarrollo de la producción nacional e independiente y al desarrollo de un sector educativo, social y comunitario. Promoción de la Educación para el consumo crítico de los medios y de la formación de comunicadores con sentido crítico y ciudadano. Promoción de los movimientos ciudadanos en torno al derecho a la comunicación y del debate público sobre el tema".

Considero, entonces, que es un gran avance el que estamos logrando en la noche de hoy con la media sanción del proyecto que estamos estudiando, en el que están contenidos, en términos generales, los lineamientos de mi fuerza política.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede continuar el señor Diputado Roballo.

SEÑOR ROBALLO.- Es cuanto tenía para decir, señor Presidente.

SEÑOR YANES.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: en mi alocución hice referencia a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración como un ejemplo, porque había sido cuestionado que el proyecto no hubiera ido a la Comisión de Industria, Energía y Minería. Como algún miembro de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración -sin duda porque yo me expresé en forma errónea- entendió mal lo que quise decir, quiero aclarar que no pienso que los compañeros de esa Comisión no tengan sensibilidad social como para tratar los temas sociales. Quise decir que por una cuestión de costumbre muchas veces se derivan asuntos a las Comisiones sin tomar en cuenta este tema.

Así que pido disculpas a los señores Diputados que integran la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra la señora Diputada Peña Hernández.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: en realidad, me encuentro satisfecha con que todos estemos de acuerdo en que hay que regular este tema. Las radios comunitarias son una realidad en todo el país. Es una realidad que está desde hace un tiempo provocando deficiencias, fricciones entre las radios instaladas legalmente y las radios comunitarias. Sin embargo, creo que este no es el articulado ideal para llevar adelante ni solucionar este problema que tiene la sociedad uruguaya, en primer lugar, porque pienso que todos los que han pensado en el tema de las radios comunitarias dejaron de lado una realidad clara y contundente que se da en el interior del país. Se preguntarán por qué hablo del interior. Mi deber no solo es hablar del interior a todos aquellos que viven en el área metropolitana, que tienen una ciudad grande donde vive casi medio país, sino volver a intentar que todos los legisladores presentes -que no son noventa y nueve- tomemos conciencia de lo que vive el interior del país.

Voy a leer una frase de RAMI que aclara muy bien este concepto: "[...] las radios del interior fueron equiparadas a instituciones culturales y este es un tema que también queremos resaltar, porque la expresión de la radiodifusión del interior tiene características singulares; si bien tienen una base sustancial muy parecida a la de Montevideo, tienen singularidades muy particulares. Es decir, para la vida comunitaria en el interior -como ustedes saben, las poblaciones en general son pequeñas y nos conocemos todos-, la radio es la verdadera caja de resonancia de todo lo que pasa. A la radio del interior tiene acceso todo el mundo, no solamente en los aspectos políticos, sino culturales, sociales, deportivos, religiosos". Tanto es así que compañeros de Montevideo, del partido de Gobierno, tienen espacio en cualquiera de nuestras radios del interior. Escuchamos su voz semana a semana, por teléfono, comunicándose y trasmitiendo su pensamiento a toda la población.

No estamos planteando coartar la libertad de expresión. En cualquier radio de nuestro país, especialmente en las radios del interior, que son radios comunitarias, pero que pagan sus impuestos y mantienen muchos empleos -esa es la gran realidad que se vive-, tiene posibilidad de expresarse cualquier tipo de política, de cultura, de religión o de persona. En ese sentido, me parece que estamos equivocados si queremos enfrentar con este proyecto la realidad que vive medio país.

Realmente, esto me preocupa, y mucho, porque quien va a presidir o a tener en cuenta al Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, será el Director de la URSEC. El año pasado tuvimos oportunidad de participar por primera y única vez en una reunión en ANDEBU y ante una denuncia real de una radio de un poblado de nuestro departamento, más precisamente de Batlle y Ordóñez -poblado del interior que tiene muchos problemas económicos, de trabajo, de inserción social de mucha gente; se trata de una radio que da trabajo directamente a más de seis personas y sigue en una preocupante situación económica-, el Director de la URSEC nos contestó: "No me interesa". Preguntamos al señor León Lev por qué no le interesaba una empresa que paga sus tributos, que sostiene al Estado -porque todas las empresas que pagan tributos en este país sostienen al Estado, entre ellos a nosotros-, que hace sus aportes, que tiene a sus empleados registrados en los organismos públicos -como debe ser-, pero su respuesta siguió siendo que no le interesaba. Ni siquiera le interesaba cumplir con la ley. Esto sucedió el año pasado.

De ninguna manera puede dejar de interesarnos que seis personas que son empleadas directamente queden sin trabajo. Esa radio tiene problemas económicos, y una de las razones es la falta de publicidad local, por estar instalada en un pueblo chico.

Pongo este ejemplo de la radio del poblado Batlle y Ordóñez porque me parece que es el que podemos replicar en muchas localidades del interior del país. Esas radios -al igual que las de la ciudad de Minas, Varela y todas las del interior- no solo cumplen funciones periodísticas que les corresponden, sino también sociales. En la misma radio que la señora Diputada Payssé y el señor Diputado Ortuño hablan una vez por semana -los he escuchado varias veces-, a la hora 5 de la mañana hay un programa que no solo dice cuánto valen los chanchos y las gallinas, sino quién está enfermo e internado en el sanatorio, en el hospital, quién necesita sangre, a qué lugar se puede ir para hablar sobre diferentes temas que tienen que ver con la vida social de nuestro departamento, y abre sus micrófonos para que la gente pueda opinar. Si eso no es libertad de expresión, ¿qué es? Eso es libertad de expresión cumpliendo con la normativa vigente en este país, que permite saber a qué atenernos cuando se adjudica una radio o competimos en cualquier nivel; normativa respecto a cuya modificación RAMI, desde 1994 -hablo de 1994 y no de este período de Gobierno; estoy hablando de hace muchos años-, ha intentado influir, porque esto es lo que deberíamos estar haciendo en este momento: aprobar un proyecto que establezca cómo se adjudican los espacios de radiodifusión de este país.

(Interrupciones)

——Sí, ahora. Puede ser ahora. Yo lo pido ahora, porque estoy aquí, y creo que es lo justo, y por eso digo que está perfecto que hablemos de esto -estoy totalmente de acuerdo-, pero no considero que crear una competencia desleal sea lo indicado.

Por lo tanto, me parece muy bien que ataquemos este problema, pero debemos hacerlo marcando pautas parejas para todo el mundo.

Conviene pensar un poco en que en este país, si no queremos cumplir la ley, no debemos hacer de cuenta que no existe; este mensaje va para León Lev. Si queremos competir económicamente y que haya buenas empresas, hagamos reglas claras de juego. Si queremos libertad, permitamos que haya nuevas radios que estén reguladas, pero con los mismos parámetros de juego para todo el mundo; creo que por allí debemos plantearnos la igualdad.

Pienso que este articulado también tiene un defecto: ese Consejo Honorario del cual estamos hablando está integrada por muchos actores que tienen que ver con este tema, pero le falta la palabra y la voz de las radios institucionalizadas, reglamentadas y legales que este país tiene, porque ahora vamos a empezar a poner mordaza a la libertad de prensa de un sector de la población, de la economía. Creo que por ese lado estamos dejando rengo a un Consejo Honorario que es voluntad de todos los legisladores que sea lo más justo posible.

SEÑOR ORTUÑO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- La Mesa aclara que a la señora Diputada Peña Hernández le restan dos minutos de su tiempo.

Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ORTUÑO.- Señor Presidente: quisiera hacer algunas aclaraciones.

En primer lugar, creo que es un error asociar la suerte de la viabilidad económica de las radios comerciales -ya hemos reconocido el papel que juegan, han jugado y seguirán jugando en la sociedad uruguaya- con la existencia de radios comunitarias. Considero que la pluralidad de oferta de medios también va a generar complementariedad, competencia y llegada a distintos públicos. Por lo tanto, podrán darse o no las situaciones que se plantean en Sala, que yo descarto que se deban estrictamente a la presencia u operación de radios comunitarias. Si las radios comerciales o las comunitarias ofrecen buenos productos, buenas ofertas de comunicación y la gente siente atracción por ellas, van a tener viabilidad económica como sucede en muchas otras áreas de la actividad social y económica donde -en el sistema que tenemos en el país, de libre competencia- los ciudadanos optan por las mejores propuestas.

En segundo término, no puedo dejar pasar las referencias al Director de la URSEC ni a eventuales omisiones en cuanto a la legalidad. Nuestro Gobierno -una vez más lo decimos- trabaja absoluta y totalmente apegado a la ley y, en particular, en el área de las comunicaciones. En este período se ha avanzado, se ha mejorado la gestión en forma notoria y, en gran medida, eso tiene que ver con la buena gestión de nuestro compañero León Lev.

Por último, efectivamente existen distintas experiencias sobre radios con las que cualquiera de nosotros puede haber tenido contacto. Existen -lo hemos reconocido- radios comerciales que, sin lugar a dudas, cumplen un papel comunitario y social muy importante en sus localidades. A mí me ha tocado participar en algunas de ellas; también me ha tocado en algunos departamentos del interior quedarme fuera de algunas radios por ser del Frente Amplio y no se me permitió hacer uso de esos medios en campañas electorales pasadas. Existen casuísticas distintas. Por lo tanto, la tarea nuestra como legisladores es enfocar y dar soluciones generales, y no centrarnos y quedarnos en las anécdotas particulares.

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede continuar la señora Diputada Peña Hernández.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: no creo que haya igualdad de condiciones de juego cuando a este tipo de radio se le permite inclusive recibir publicidad oficial. Cuando tratamos en forma igualitaria a diferentes, estamos cometiendo una gran injusticia y, en este caso, lo estamos haciendo con las radios legalmente establecidas porque, además de recibir beneficios económicos, estamos permitiendo que el Estado tenga contratos con ellas.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: creo que en las postrimerías de este debate -porque tengo entendido que no hay más anotados en la lista de oradores- estamos llegando a la verdadera diferencia de fondo o de concepción que tenemos con relación a los alcances de lo que debería ser una adecuada concepción de las radios comunitarias. Me parece que está mal plantear el tema en términos de competencia entre radios comerciales y radios comunitarias porque no están llamadas a competir; en todo caso, están llamadas a coexistir, a cohabitar o a convivir. En función de eso -es lo que venimos reclamando desde el comienzo de esta discusión-, cada una debería tener el estatuto y el marco jurídico que se adaptara a su propia característica y perfil de comunicación. Unas tienen naturaleza privada y comercial; otras cumplen una función comunitaria y por ello se les consagra determinado estatuto. Por eso, hablar de la posibilidad de que las radios comunitarias ofrezcan un producto y que por eso tengan viabilidad económica, me parece que es mercantilizar lo que se supone que está llamado a cumplir una función mucho más noble en la comunicación, que es la comunicación comunitaria. Ahí es donde afloran nuestras objeciones al artículo 10 y a los conceptos de la sustentabilidad económica. Es una objeción por la ilimitación en cuanto a los conceptos o a los rubros que las radios comunitarias podrán manejar de acuerdo con este proyecto de ley: donaciones, aportes, contribuciones, publicidad e, inclusive, publicidad oficial. También es una discrepancia en cuanto al alcance de cada uno de estos conceptos.

En el derecho comparado -lo vimos en la Comisión- hay países que admiten que las radios comunitarias vendan publicidad. Creo que eso puede llegar a admitirse, pero en forma limitada como, por ejemplo -voy a mencionar dos ejemplos que sé que son muy caros a la bancada de Gobierno-, lo hacen Bolivia y Venezuela -más allá de que después Venezuela no cumpla con lo que manda la normativa y viole la libertad de expresión, como lo hemos visto en los últimos días-, que por lo menos en el papel consagran una solución que estoy dispuesto a admitir: que las radios comunitarias vendan publicidad a los pequeños comercios, a las pequeñas o grandes industrias de su entorno territorial. Ahí está la objeción fundamental que hacemos; por eso cuestionamos esta indiscriminada ilimitación.

Me parece que no puede hablarse de que las radios comunitarias ofrecen un producto, porque además eso está fuera de lo que dice el proyecto. Esta iniciativa habla de un proyecto de comunicación que deberá ser de interés público y de naturaleza comunitaria, así que llamemos las cosas por su nombre y fijemos los temas en sus justos términos, entre ellos el de la legalidad, porque que la URSEC no ha cumplido con la ley es algo que el Presidente de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social acaba de admitir. Ha dicho que él asume la responsabilidad en nombre de la bancada de Gobierno -lo hizo con una gran honestidad- y que eso es imputable a que se esperaba que este proyecto de ley se aprobara. Es una justificación que no me resulta para nada suficiente porque quienes tienen responsabilidades de gobierno, en este caso el Directorio de la URSEC y, en particular, su Presidente, deben cumplir la ley les guste o no. Si no la cumplen se ponen al borde de lo que establece el sistema jurídico en cuanto a incurrir en falta grave. Esto es así aunque lo queramos vestir o disfrazar de una manera diferente. Todos, o por lo menos quienes integramos la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, tenemos la nómina de más de treinta radios ilegales que a lo largo y ancho del país han pululado, fundamentalmente en los últimos tiempos. Todos sabemos -porque cuando se lo preguntamos al señor Lev en la Comisión guardó silencio- que la URSEC frente a eso guardó silencio y nada hizo. Eso es así, señor Presidente, guste o no. Asumámoslo como tal y, por lo tanto, llamemos a las cosas por su nombre.

Nada más. Muchas gracias.

31.-      Sesión extraordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Orrico y Arregui.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el día miércoles 1º de agosto, a la hora 15, a los efectos de rendir homenaje al maestro Julio Castro a treinta años de su desaparición forzada".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

32.-     Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Juan C. Souza.

SEÑOR SOUZA (don Juan C.).- Señor Presidente: en realidad, no pensaba hacer uso de la palabra, más allá de ser integrante de la Comisión Especial de Población y Desarrollo que trató este proyecto de ley que está a consideración del Cuerpo. Los compañeros que nos antecedieron en el uso de la palabra han fundamentado extensamente los criterios y los conceptos que nos llevaron a apoyarlo con absoluta convicción, pero es imposible abstraerse del debate cuando se escuchan en Sala planteos que realmente no dejan de llamarnos a asombro.

El espectro radioeléctrico es propiedad del Estado uruguayo y, por lo tanto, de todos los orientales. El Estado, a través de la concesión, otorga su explotación, su uso a particulares. No quiero entrar en un marasmo de ver de qué manera, en el transcurso de los años, se fue asignando el espectro de la radiotelefonía uruguaya a distintos particulares. Entonces, cuando uno escucha acusaciones de carácter grave que involucran a las actuales autoridades de la URSEC, se pregunta si no está escuchando mal, porque en ese organismo, si mal no estamos informados, hay integración de la oposición, más concretamente del Partido Nacional. No quiero entrar a revisar el pasado y de qué manera se otorgó a particulares esos medios de comunicación para su explotación comercial, con el objetivo, sin lugar a dudas, de facilitar los medios de comunicación a la sociedad, pero también con un objetivo de lucro, de comercio. Eso está bien, porque quien invierte tiene derecho a resarcirse de su inversión y, por ende, obtener una ganancia. Pero equiparar y plantear que con esta norma que estamos considerando en la noche de hoy se desequilibra la balanza, me parece que raya con lo absurdo. ¿O es que estamos planteando que el Estado tiene que asegurar, aparte de darle la concesión de uso de algo que es del colectivo nacional, la ganancia a quien fue beneficiario de esas concesiones? Reitero que sería bueno revisar de qué manera se otorgaron y si se ajustaron a derecho o a lo que establece la norma actualmente vigente para la concesión del uso del espectro radioeléctrico en Uruguay.

Este proyecto no está destinado a ser un instrumento para que el Estado lo entregue con nombre y apellido, a alguien en particular -amigo, pariente o lo que fuere-, sino que está destinado a un colectivo claramente delineado en los distintos artículos, que debe revestir determinadas características para poder acceder a él. Lo que está haciendo el Estado es democratizar -cuando se apruebe esta norma- el acceso a la comunicación a todos aquellos uruguayos y uruguayas que sientan la vocación de servir a la sociedad, a sus semejantes, más allá de su condición económica, más allá del poderío económico o del avance tecnológico al que puedan acceder, poniendo en un pie de igualdad a una comisión de fomento, a una organización no gubernamental de un barrio, de una villa o de cualquier pueblo de nuestro país.

Esto es democratizar realmente los medios de comunicación, sin que tenga que ser amigo, pariente o allegado al gobernante de turno para que se le asigne la onda y sin que deba tener una cuenta bancaria abultada para poder hacer frente a la instalación de esos medios de comunicación.

Cuando esta norma, en alguna medida, habilita la venta de publicidad, el subsidio a través de la publicidad del propio Estado, también delimita claramente cuál es el objetivo de eso, que no es a los efectos de engrosar las cuentas bancarias de nadie en particular, de ningún empresario que, a partir del uso de la frecuencia de radio, pretenda erigirse en un zar de la comunicación. Lo que estamos haciendo es facilitar a la gente de a pie, a la gente del pueblo la posibilidad de contar también con los medios de comunicación que le permitan difundir su cultura, sus creencias, sus propuestas hacia la propia comunidad, hacia el vecino del barrio o de la localidad, y para nada va en desmedro de las empresas que hoy usufructúan las frecuencias de radio del espectro nacional. En ningún lado está establecido en la norma que el Estado tiene que asegurar ganancia a ningún empresario de la radiodifusión nacional.

No dejamos de reconocer con esto -como bien dijo algún compañero legislador- que las radios han cumplido un papel importante, pero creo que es hora de más democracia y de que el pueblo también tenga la posibilidad de acceder a esos medios de comunicación en igualdad de condiciones, lo que implica que puedan participar de la oferta de publicidad y que los pequeños almacenes y los pequeños comercios -o los grandes, si así lo quieren, porque sienten que están haciendo una obra de bien para la comunidad- aporten para solventar el funcionamiento y la reinversión en tecnología para el mejor funcionamiento de ese medio comunitario.

Queríamos precisar esto y reafirmar que votamos con muchísima convicción. Terminó la hora de que solamente pueda liderar un círculo de privilegio, de que un círculo de gente adinerada pueda hacerse de un medio de comunicación. Cuando esta ley entre en vigencia las organizaciones sociales y, en definitiva, el pueblo van a tener la posibilidad de contar con un medio para expresar su sentir, su cultura y su forma de construir este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: el Partido Nacional ha sido aludido en términos de que ejerce la oposición en el ámbito de la URSEC. Me parece una afirmación por lo menos exagerada. Creo que está claro que el Partido Nacional, en función de la realidad política que ha transitado este país desde el año 2005, ha quedado fuera -seguramente por su propia voluntad, seguramente porque los acuerdos políticos no prosperaron en ese sentido- de todos los ámbitos de contralor de la Administración Pública. Si se arrastra la situación de un Director que fue designado en el período pasado, en aquel momento a propuesta del Partido Nacional, obedece a razones que tienen que ver con la propia ley estatutaria de la URSEC, en función de los mecanismos de designación que allí se mencionan.

Todos sabemos que la conducción de la URSEC, como la conducción de todos los órganos públicos y de todos los ámbitos de gestión pública en este país, está en manos exclusivamente del partido del Gobierno, y que la impronta en la política de la URSEC la marca ese partido a través de su Presidente, el señor León Lev. Pero aun si tuviéramos que admitir o asumir que el Partido Nacional integra, a través de alguna peregrina vía de razonamiento, el Directorio de la URSEC, que quede claro que allí, como aquí se dijo, ejerce la oposición, controla y, llegado el caso, denuncia, en la medida de lo factible o de lo posible, este tipo de situaciones de descontrol de la ilegalidad. De manera que desde ese punto de vista no nos duelen prendas y nos reafirmamos en lo que expresábamos antes.

En cuanto a las referencias al pasado, Vaz Ferreira hablaba del paralogismo de falsa oposición: pretender contraponer cosas para llegar a determinada conclusión o a determinada verdad aparente, a determinado sofisma. En este caso, pretender justificar todo lo de hoy en base a lo que ocurrió en el pasado, es un paralelismo falso. Cuando se trata de hablar del pasado, hablamos con mucho gusto y lo discutimos en profundidad. No nos duelen prendas desde ningún punto de vista, porque además pasados hubo muchos. Seguramente en el pasado vivimos todos, algunos gobernando, otros en la oposición, que también sus responsabilidades habrán tenido. Pero me parece realmente un expediente bastante frágil y, en buena medida, triste tener que recurrir al pasado para tratar de explicar los alcances de un proyecto de ley de la importancia de este, en el mismo momento en que lo estamos analizando y resolviendo. Porque si de asegurar ganancias u otorgar discrecional o indiscriminadamente ondas o frecuencias se trata, este proyecto que se está aprobando lo permite, tal vez con alguna fachada, que es la de los proyectos de comunicación comunitaria -tal vez-, pero es la misma facultad que se ejerce de la misma manera, por el mismo Poder Ejecutivo, y es la misma publicidad oficial que también se estará otorgando en forma absolutamente discrecional. Podríamos ahondar y, por supuesto, nos internaremos con mucho gusto en ese debate, que seguramente tendremos que tener, diría, con tracto sucesivo, porque esta historia empieza hoy, en el momento en que se aprueba el proyecto de ley. Vamos a ver cómo se implementa, cómo se aplica, hasta dónde llega el alcance comunitario y dónde en todo caso empiezan otros criterios, que están bastante más allá de los de la actividad comunitaria.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR ORTUÑO.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORTUÑO.- Señor Presidente: mociono para que se suprima la lectura del proyecto y se vote en bloque todo el articulado, salvo que haya planteos de la oposición de algún desglose, que con gusto acompañaremos.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Sí, señor Diputado; si hay algún planteo de desglose, se debe aceptar la solicitud.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: sobre la base de lo que ha planteado el señor Diputado Ortuño, pediríamos el desglose de los artículos 1º, 2º y 3º, para que se voten separadamente.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Señor Presidente: solicito que se desglosen también los artículos 8º, 10, 15 y 20, porque hay que hacer unas correcciones a referencias que están incluidas en el texto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar lo propuesto por el señor Diputado Ortuño, en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos y se voten en bloque los que no han sido desglosados.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: seguramente, el señor Diputado Orrico va a coincidir conmigo. Me parece que quizás no sea la mejor técnica legislativa que los artículos figuren como 4.1, 4.2, sino que cuando se pase al texto definitivo, diga numeral 1º y numeral 2º. Creo que es la forma correcta que debería tener el texto legal. Lo planteo como una propuesta.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Señor Presidente: creo que el señor legislador está leyendo una versión primitiva del texto, porque eso ya fue modificado en el informe. Pero es correcto lo que dice y, efectivamente, en ese sentido se modificó.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- En discusión los artículos 4º a 7º, 9º, 11 a 14 y 16 a 19.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 8º.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Señor Presidente: en este artículo, al final del literal A) dice: "[...] servicio de radiodifusión comunitaria (literal A) del artículo 4º)." Propongo que se elimine la referencia al literal A) y diga "[...] servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4º)".

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar el artículo 8º con la modificación propuesta por el señor Diputado Álvarez López.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 10.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Señor Presidente: hay una situación similar. Al final de inciso tercero pasa exactamente lo mismo, pues dice -entre paréntesis- "(literal A) del artículo 4º)". Propongo que se sustituya por "(artículo 4º)".

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar el artículo 10 con la modificación planteada por el señor Diputado Álvarez López.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 20.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ.- Señor Presidente: en el final del penúltimo inciso, luego de la última coma dice: "[...] las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas exclusivamente para el servicio de radiodifusión comunitaria". Propongo que, después de "comunitaria", se agregue "y público".

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar el artículo 20 con la modificación planteada por el señor miembro informante en mayoría.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

SEÑOR YANES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: en el proceso de la discusión en forma expresa hice algunos reconocimientos a la oposición, a ANDEBU, a RAMI, pero esperé simbólicamente al final de la discusión para homenajear a AMARC por la constancia, por la propuesta que hizo, que como legisladores suscribimos y a la que le hicimos algunos aportes. Este es el broche de oro -nosotros pensamos así- para esta Asociación que tanto ha trabajado a nivel nacional e internacional para actualizar la legislación del país. No me había olvidado; lo había dejado para el final y lo quería usar como fundamento de voto. Vaya nuestro reconocimiento a AMARC y a todos sus integrantes.

SEÑOR SALSAMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: voy a ser breve y pido disculpas al resto de los compañeros, que sé que pretenden terminar rápidamente esta sesión.

En primer lugar, en lo que tiene que ver con alguno de los temas que se han planteado quiero destacar especialmente la solución que se ha dado en los artículos 10 y 12 en relación, precisamente, con la manida discusión sobre la finalidad o no de lucro. Creo que es una solución más que correcta.

En segundo término, está claro que este proyecto viene a cubrir en realidad un derecho humano fundamental preexistente, y que en todo caso siempre será posible perfeccionarlo.

Fundamentalmente, quería señalar estas cosas y dejar muy en claro, como hemos dicho tantas veces, que en definitiva, quienes deban optar por un medio u otro, a efectos de poner su publicidad, etcétera, como es obvio van a elegir en función de las razones que asistan a su mejor conveniencia, y esto no implica desmedro absoluto de ningún medio en particular.

En definitiva, señor Presidente, apoyamos plenamente este proyecto porque de modo claro amplía y no reduce.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(Texto del proyecto aprobado:)

"CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. (Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información y a fundar un medio de comunicación por radiodifusión).- La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información. Por ello no existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de la intervención estatal en su potestad de administrar la asignación de frecuencias.

Artículo 2º. (Derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas).- El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y, por tanto, el uso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración.

Artículo 3º. (Principios para la administración del espectro radioeléctrico).- El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los derechos establecidos en los artículos 1º y 2º de la presente ley, en base a los siguientes principios:

A) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad debe ser un objetivo primordial de la legislación de radiodifusión, de esta ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado.

B) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República a los medios de comunicación electrónicos, para que puedan ejercer su derecho a la información y a la libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determinará con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento.

C) Transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permitan el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.

CAPÍTULO II

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA

Artículo 4º. (Servicio de radiodifusión comunitaria).- El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria en base a los derechos y principios consagrados en el Capítulo I.

Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro (artículos 6º y 13 de la presente ley) y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República.

Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social. No podrán realizar proselitismo, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo.

En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión, el cual dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

De acuerdo con la función y responsabilidad que poseen los servicios de radiodifusión comunitaria, su programación deberá ser preferentemente de producción propia y nacional (departamental o local).

La programación también incluirá espacios de producción independiente, preferentemente la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora y siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio.

Artículo 5º. (Reserva del espectro radioeléctrico).- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.

La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.

Artículo 6º. (Titulares).- Serán titulares del servicio de radiodifusión comunitaria las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.

Podrán serlo también aquellos grupos de personas organizadas sin fines de lucro, en los términos que prevé el artículo 13 de la presente ley. En este último caso, una o más personas físicas, que integren real y efectivamente la organización y ejerzan autoridad en la misma, deberán hacerse enteramente responsables de los contenidos a emitir mediante declaración jurada a presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura, con formalidades análogas a las previstas en el artículo 4º de la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, en lo que sea pertinente. Todo ello sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos establecidos en los numerales siguientes del presente artículo.

1) Los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria y sus directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisora, no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para el servicio de radiodifusión comunitaria. Dichas personas tampoco podrán ser titulares o parientes de titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de radiodifusión no comunitarios.

2) Los directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad de la conducción y orientación de la emisora deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

Artículo 7º. (Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no hacerlo en el plazo referido se interpretará en términos favorables la solicitud.

El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

El proceso de asignación de frecuencia se hará:

A) A través de llamados públicos que serán realizados con amplia publicidad y en principio al menos dos veces al año, atendiendo a planes y políticas nacionales de gestión del espectro. Sin perjuicio de lo anterior, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público ampliamente publicitado, en un plazo no mayor de ciento ochenta días desde que fuera substanciada la solicitud.

B) Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará a la asociación interesada una frecuencia en las condiciones establecidas en el llamado.

El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamentación.

En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos administrativos y económicos y las características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los habitantes de la República.

Artículo 8º. (Criterios para la asignación de frecuencias).- Las asignaciones de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria tendrán opinión preceptiva por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se otorgarán en consideración a los siguientes criterios:

A) El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4º).

B) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.

C) Los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

D) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar.

Artículo 9º. (Plazo).- Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionado al cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario, y si hubiere otros interesados, será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 10. (Sustentabilidad económica).- Las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas.

La totalidad de los recursos que obtengan las entidades que brinden el servicio de radiodifusión comunitaria, por y para este servicio, deberán ser invertidos en el funcionamiento y en mejoras en la prestación del mismo y en el desarrollo de los objetivos del servicio de radiodifusión comunitaria.

La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4º).

Se realizará una auditoria anual en las emisoras comunitarias a los efectos de demostrar la correcta aplicación del inciso primero del presente artículo y su coherencia con los principios del servicio.

Artículo 11. (Intransferibilidad).- Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación.

Artículo 12. (Revocatoria).- Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aun antes del plazo establecido, aquellas emisoras que, previa opinión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, y cumplidas las garantías del debido proceso:

A) Incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia.

B) Incumplan el Plan de Servicios a la Comunidad y otros compromisos asumidos públicamente.

C) Cuyos titulares, directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión incumplan las condiciones expresadas en los numerales 1) y 2), del artículo 6º de la presente ley.

D) Cedan, vendan, arrienden o transfieran de cualquier forma los derechos derivados de la asignación.

E) No inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 10.

Artículo 13. (Frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario).- El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva de espectro prevista en el artículo 5º, actuando por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura y con asesoramiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), asignará una o más frecuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente y de manera compartida por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días a la semana):

A) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica.

B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El uso de estos espacios compartidos se extenderá por un plazo igual o menor a un año. En el caso de las propuestas provenientes de instituciones educativas de carácter universitario o iniciativas sociales que no pudieran hacer uso completo de una frecuencia pero acrediten y justifiquen sostener la iniciativa por más tiempo, podrán renovar o prorrogar su uso por plazos iguales, previa evaluación de los compromisos asumidos, opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y aprobación de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Las frecuencias para uso de carácter comunitario se compartirán entre los solicitantes que tuvieran interés, de acuerdo a los procedimientos y criterios de selección previstos en la presente ley y en la reglamentación respectiva.

Compete a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura promover y difundir la libertad de expresión y el derecho a la información, en especial a través de las frecuencias que previamente le serán asignadas, identificando y asignando el uso compartido de las mismas a iniciativa de carácter comunitario sin fines de lucro.

Todos y cada uno de los espacios de carácter comunitario deberán ser asignados por concurso abierto u otro mecanismo competitivo. Los requisitos exigidos serán compatibles con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 7º de la presente ley.

CAPÍTULO III

CONSEJO HONORARIO ASESOR
DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA

Artículo 14. (Participación ciudadana).- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la aplicación de la normativa sobre radiodifusión comunitaria y en la elaboración, decisión, implementación y seguimiento de las políticas hacia el sector.

Artículo 15. (Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria).- Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento de esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras.

Artículo 16.- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por nueve miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante de la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, un representante de la Universidad de la República, un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean las carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Artículo 17. (Cometidos).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria tendrá como cometidos:

A) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos para la asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria.

B) Determinar las pautas para la evaluación de los criterios de selección, en consideración a los requisitos previstos en el artículo 8º de la presente ley.

C) Emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria, en relación con todos los aspectos de la solicitud de que trate y su conformidad o no con las finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria (inciso primero del artículo 4º).

D) Convocar, junto a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, las audiencias públicas previstas en la presente ley y presidirlas.

E) Garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se substancien en los procedimientos de asignación de frecuencias de servicio de radiodifusión comunitaria.

F) Determinar los medios idóneos para la difusión y publicidad de la solicitud de asignación.

G) Emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria (artículos 7º, 8º, 10, 12, 13 y 20).

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

Artículo 18. (Normas aplicables).- En todo lo no previsto en la presente ley y en cuanto no se oponga a ésta, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión, sin perjuicio de la revisión de normas técnicas y planes de uso del espectro necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y atendiendo las especificidades del servicio.

Artículo 19. (Reglamentación de la presente ley).- El Poder Ejecutivo reglamentará, dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y el funcionamiento del mismo, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con opinión preceptiva del mismo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

Artículo 20. (Regularización).- Dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación de las emisoras será voluntaria y se les proveerá de formularios adecuados para que den debida cuenta del cumplimiento de los requisitos y características previstas en la presente ley para el servicio de radiodifusión comunitaria.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización.

Durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando, sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria en los términos definidos por los artículos 4º y 13 de la presente ley y concordantes, siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales entre sí o a otros operadores.

Las emisoras comunitarias serán habilitadas temporalmente a transmitir hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación, previo cumplimiento de los alcances de los artículos precedentes.

A partir de los siguientes sesenta días al cierre del censo nacional, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en consulta con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, establecerá los mecanismos para la regularización definitiva de las emisoras identificadas como comunitarias, siguiendo los siguientes procedimientos:

A) En el caso de existir limitaciones de espectro para dar cabida a varios interesados en las condiciones solicitadas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente para un aprovechamiento óptimo del recurso escaso. En caso contrario, pasados quince días desde el inicio de las conversaciones, se habilitará automáticamente un concurso de oposición y méritos entre los mismos, siguiendo los criterios de la presente ley y su reglamentación.

B) En el caso de haber disponibilidad de espectro y no ser necesario un concurso de oposición y méritos, se procederá a la habilitación definitiva del servicio, en las condiciones y en los plazos que establece la presente ley, adecuando, si fuera necesario, las características técnicas del proyecto para el mejor cumplimiento de los objetivos y plan de servicios de la emisora y los planes técnicos nacionales.

Los llamados o solicitudes para nuevos operadores del servicio de radiodifusión comunitaria podrán realizarse a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley.

A los efectos de dar cumplimiento a la reserva de espectro prevista en el artículo 5º de la presente ley y en consideración que existen localidades o bandas donde actualmente la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada para cumplir con dicha reserva, las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas exclusivamente para el servicio de radiodifusión comunitaria y público.

Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser asignadas con el fin de ajustarse al porcentaje establecido en la presente ley".

33.-     Levantamiento de la sesión.

¾ ¾ El señor Diputado Longo Fonsalías ha presentado una moción para que se levante la sesión.

Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 20 y 27)

 

 

ENRIQUE PINTADO

PRESIDENTE

 

Dr. José Pedro Montero

Secretario Relator
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.